Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados para conocer si existe el quórum reglamentario.
Existen registrados 290 diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
Voy a dar lectura al orden del día. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000.
El siguiente punto del orden del día es
la discusión del acta de la sesión anterior.
Se consulta a la Asamblea si se le
dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con veinticinco minutos del martes nueve de noviembre de mil
novecientos noventa y nueve, con la asistencia de doscientos noventa y cinco diputados, el
Presidente declara abierta la sesión. 1821,1822,1823 La Asamblea le dispensa la lectura y se somete
a discusión y votación de inmediato.
Francisco Javier Morales Aceves, del
Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera la proposición de
urgente resolución por doscientos sesenta y ocho votos en pro y noventa y ocho en contra.
Y acepta interpelaciones de los
diputados Ramírez Rodríguez y Morgan Franco.
Se concede el uso de la palabra al
diputado Sergio Valdés Arias, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta
punto de acuerdo sobre la reforma electoral en el Estado de México y hace una
declaración política en la que solicita que se turne a comisiones el punto de acuerdo al
que da lectura. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Por instrucciones de la Vicepresidencia,
se da lectura al artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se levantó la sesión
anterior por falta de quórum se va a proceder a recoger la votación sobre si se admite o
se desecha la proposición con punto de acuerdo sobre la situación legal del general
José Francisco Gallardo Rodríguez.
Se emitieron 175 votos en pro, 143 votos
en contra.
Túrnese a la Comisión de Derechos
Humanos.
Voy a dar lectura a diversas
comunicaciones: Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F. 1824,1825,1826 La honorable IX Legislatura del Estado, en
cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite
comunicar que en sesión solemne celebrada el día 8 del presente mes y año, declaró
abierto su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio
constitucional, previa elección de la mesa directiva que fungirá del 8 de octubre al 15
de diciembre de 1999, quedando integrada de la siguiente forma:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura. CONSIDERANDO 1. Que el artículo 74 fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es facultad exclusiva
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otras, la de examinar,
discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo
primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. ACUERDO Primero. La Cámara de
Diputados recibirá del Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, en el
transcurso de la sesión ordinaria programada para el 11 de noviembre. f) En cada caso, se tendrá derecho de
réplica, hasta por cinco minutos, si así lo estima conveniente cada grupo parlamentario.
«Escudo.- Cámara de Diputados.- LVII
Legislatura.- Junta de Coordinación Política. 1827,1828,1829 Adjunto al presente oficio GPPRD/VG /0189/99
de fecha 9 de noviembre de 1999, firmado por el diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, donde solicita el siguiente cambio en la Comisión de Patrimonio y Fomento
Industrial:
«Escudo del Estado de Nuevo León.-
Honorable Congreso.- LXVIII Legislatura.- Secretaría. ACUERDO Primero. Con fundamento en la
fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en relación con el diverso 135 de este mismo ordenamiento, así como el
artículo 63 fracción II de la Constitución Política del Estado, se aprueba que esta
LXVIII Legislatura al Congreso de Nuevo León, envíe al Congreso de la Unión, la
iniciativa de reformas de los artículos 10-b, 24, 27, 70 y 80 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta; 12 fracciones III y IV; 15, 17, 19, 222 de la Ley del Seguro Social; 6o.,
8o., 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, en los términos que establece el artículo segundo del presente dictamen. 1830,1831,1832 Artículo 16. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. PROYECTO DE ACUERDO Primero. Con fundamento en la
fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en relación con el diverso 135 de este mismo ordenamiento, así como el
artículo 63 fracción II de la Constitución Política del Estado, se aprueba que esta
LXVIII Legislatura al Congreso de Nuevo León, envié al Congreso de la Unión la
iniciativa de reformas a los artículos 10-b, 24, 27, 70 y 80 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta; 12 fracciones III y IV; 15, 17, 19 y 222 de la Ley del Seguro Social; 6o., 8o. y
16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, en los términos que establece el artículo segundo del presente dictamen. II a la XXIII. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 1833,1834,1835 La incorporación voluntaria al régimen
obligatorio se extiende a las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad
intelectual, con la constancia o certificado médico que se expida en los términos de la
Ley sobre la Readaptación Profesional y el Trabajo para Personas con Discapacidad
Intelectual, presten o no servicios personales subordinados o independientes. ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. *El documento se transcribe tal y como fue enviado a la Cámara de Diputados. ...El Presidente expresó: "al estar
suficientemente discutido el dictamen presentado por la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, se pone a consideración de ustedes; si están de acuerdo sírvanse a
manifestarlo en la forma acostumbrada". PROYECTO DE ACUERDO Primero. Con fundamento en la
fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el diverso 135 de este mismo ordenamiento, así como el
artículo 63 fracción II de la Constitución Política del Estado, se aprueba que esta
LXVIII Legislatura al Congreso de Nuevo León, envíe al Congreso de la Unión, la
iniciativa de reformas de los artículos 10-b, 24, 27, 70 y 80 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta; 12 fracciones III y IV, 15, 17, 19 y 222 de la Ley del Seguro Social; 6o.,
8o. y 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, en los términos que establece el artículo segundo del presente dictamen. 1836,1837,1838 Artículo 70.. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artículo tercero. Se reforma
por adición los artículos 6o., 8o., y 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. EXPOSICION DE MOTIVOS En iniciativas por separado se ha propuesto a
este Congreso para los efectos de que en los términos del artículo 71 fracción III de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se presenten ante el Congreso
de la Unión, acudiendo, a la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, una ley que
tiende a regular y lograr la readaptación profesional y el trabajo para personas con
discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual, a la vez de proponer un
capítulo dentro del título de los trabajos especiales de la Ley Federal del Trabajo. 1839,1840,1841 Se establecen medidas para que tanto en las
administraciones públicas de la Federación, entidades federativas, Distrito Federal y
municipios, así como en toda clase de patrones, se logre establecer un porcentaje de
ocupación de personas con discapacidad, en especial con discapacidad intelectual, dentro
de la planta total de trabajadores y para ello es necesario que quienes cuenten con esta
clase de trabajadores tengan los incentivos, prerrogativas y privilegios que permitan la
utilización de esas personas, haciendo las adaptaciones necesarias en los centros de
trabajo correspondientes. DECRETO Artículo primero. Se
reforman, por adición, los artículos 10-b con los incisos g y h; 24 con el inciso g; 27,
70 con la fracción XIX y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar en la
siguiente forma: Artículo segundo. Se
reforman por adición los artículos 13, 19, 20, 22, 24 y 198 de la Ley del Seguro Social
para quedar como sigue: En los anteriores términos queda expreso este
proyecto de decreto que suplicamos sea aprobado y, hecho, que sea remitido a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión para que inicie el procedimiento legislativo que
concluya con la expedición del decreto que reforme las leyes federales citadas.
Queremos suplicar a las señoras
diputadas y diputados se sirvan tomar sus asientos para poder escuchar las iniciativas que
presentarán sus compañeros a continuación.
Tiene la palabra, en el capítulo de iniciativas de los diputados, el diputado Samuel Gustavo Villanueva García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados: CONSIDERANDOS Las relaciones entre trabajadores y patrones deben darse, dentro de un marco basado en los principios de justicia y legalidad, en un ambiente social de civilidad y respeto a la persona y traducirse en una remuneración suficiente para llevar una vida digna, lo que permita la restitución del deterioro físico, la previsión del futuro y la participación equitativa de los bienes producidos. 1842,1843,1844 Las normas de la Ley Federal del Trabajo hacen
señalamientos importantes, que en parte propician las buenas relaciones obrero-patronales
y atienden las necesidades de los trabajadores, pero dentro de ellas, también se
encuentran disposiciones que han permitido por décadas, a algunos dirigentes sindicales
faltos de escrúpulos y de ética, haberse aprovechado de esas deficiencias de la ley y
haber defraudado a los trabajadores. Siempre quedará la duda ¿Es con recursos de
aquellos a quien dicen proteger, con lo que se han hecho de las grandes fortunas que
poseen?, fortunas que ofenden a los trabajadores, los que en su mayoría están sumidos en
la más profunda miseria. INICIATIVA DE LEY Que reforma diversos artículos de la Ley
Federal del Trabajo, para quedar como sigue: I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrara en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 1845,1846,1847 Por estas razones, señoras y señores
diputados, presento esta iniciativa ante esta soberanía, para los efectos a que haya
lugar en lo subsecuente.
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Julio Faesler Carlisle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa para adicionar el artículo 9o.-bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y una a la fracción XXII al artículo 47 y el artículo 64-bis, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Muchas gracias, señor Presidente y con
su venia, estimados colegas: ARTICULO TRANSITORIO Unico. El Presente decreto
entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Insértese en el Diario de los Debates. EXPOSICION DE MOTIVOS La labor del legislador exige no solamente un
amplio conocimiento y capacidad de interpretación de las leyes, sino además un profundo
sentido de la realidad económica y social del país. 1848,1849,1850 Como consecuencia de la responsabilidad
específica que al tenor de esta propuesta tendrían los titulares de las dependencias y
entidades públicas, surge el imperativo de sujetar dicha responsabilidad a la aplicación
de sanciones cuando se origine el incumplimiento. INICIATIVA DE DECRETO Por la que se adicionan el artículo 9o.-bis a
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la fracción XXII al artículo 47
y el artículo 64-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. Se derogan todas
aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Gracias, diputado Faesler.
Tiene la palabra el diputado José Luis Sánchez Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la fracción V del artículo 24 y III del artículo 75, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras legisladoras, compañeros legisladores: En el ámbito laboral, la mujer ha tenido que
enfrentarse a múltiples discriminaciones e injusticias. La igualdad de derechos a que
hace referencia el texto constitucional quedaba anulado por la vía de los hechos, a grado
tal, que la Ley Federal del Trabajo de 1931 estableció expresamente el derecho de la
mujer casada de celebrar contrato de trabajo sin la autorización del marido. En el mismo
sentido y dada las injusticias de las que estaba siendo objeto la mujer, sobre todo, en lo
relativo al salario, la Ley Federal del Trabajo de 1970 contempló la prohibición de
discriminación por razón de sexo y la disposición tendiente a que las mujeres
disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los hombres en el centro de
trabajo. 1 El artículo 24 de la Ley del ISSSTE remite a la fracción I del artículo 23 que se transcribe. 1851,1852,1853 De acuerdo con este artículo, el trabajador
tiene derecho a asegurar a su esposa o concubina sin necesidad de que éstas cumplan
ningún requisito y la trabajadora sólo puede asegurar a su cónyuge o concubinario
siempre que éste sea mayor de 55 años o esté incapacitado y además, que dependa
económicamente de la trabajadora. INICIATIVA DE DECRETO Que reforma la fracción V del artículo 24 y
III del artículo 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. Este decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. "Comparativo de los artículos 24 y 73 de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: INICIATIVA Artículo 24. También
tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo anterior en caso
de enfermedad, los familiares derechohabientes del trabajador o del pensionista que
enseguida se enumeran:
Gracias, diputado José Luis Sánchez
Campos.
Tiene la palabra el diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
«Señor Presidente; señores
secretarios del honorable Congreso de la Unión: CONSIDERANDO En este periodo legislativo nos hemos dado a
la tarea de analizar diferentes iniciativas de ley o de decreto, que tratan cuestiones de
importancia para la vida nacional; sin embargo, hemos dejado a un lado la consideración
de uno de los grandes temas para el desarrollo democrático del país. Nos referimos al
Presupuesto de Egresos de la Federación. 1854,1855,1856 A mayor abundamiento, acontece que una vez
aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación y a medida que corre el año fiscal,
diversas partidas de él se aplican a renglones que previamente no se habían contemplado,
mediante la figura de la modificación de partidas y de las transferencias. ¿Qué certeza
tiene, entonces, el documento que se presenta a la Cámara de Diputados y la aprobación
que, en su caso, se hace de él? Para que lo vertido en los puntos que preceden sea una realidad, se requiere una reforma al artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual se presenta la siguiente INICIATIVA DE DECRETO Que reforma y adiciona la fracción IV del
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ARTICULO TRANSITORIO Unico. Este decreto entrará
en vigor el 1o. de enero del año 2000. 1857,1858,1859
Gracias, diputado Héctor Francisco
Castañeda.
Tiene la palabra el diputado Juan José García de Alba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar dos iniciativas, una que deroga la fracción IV del artículo 59 de la Ley Aduanera y que reforma y adiciona la Ley del Registro Nacional de Vehículos, otra.
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados: EXPOSICION DE MOTIVOS Las autoridades de nuestro país requieren de
consolidar el régimen de seguridad jurídica en el que funciona la sociedad mexicana, por
lo que es necesario subsanar los obstáculos al comercio internacional existentes en la
ley. INICIATIVA Que deroga la fracción IV del artículo 59 de
la Ley Aduanera.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
La segunda iniciativa que reforma y
adiciona a la Ley del Registro Nacional de Vehículos. Con fundamento en la fracción II del artículo 71 y en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVII Legislatura, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona la Ley del Registro Nacional de Vehículos de conformidad con la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Las autoridades de nuestro país tienen la obligación de consolidar el régimen de seguridad jurídica en el que funciona la sociedad mexicana, dotando al Estado de un sistema mediante el cual se contribuya a combatir frontalmente a las organizaciones criminales y se consiga la persecución y el oportuno castigo de los delitos. 1. Honorable Cámara de Diputados,
LVII Legislatura. Gaceta Parlamentaria, año II, número 178-bis. Dictamen de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que modifica la Ley Aduanera.
Página 57. 1860,1861,1862 Uno de los delitos de mayor incidencia en la
sociedad mexicana es el robo de vehículos el cual es cometido y fomentado por la
delincuencia organizada, obteniendo grandes ganancias a través de su posterior
comercialización ilícita. INICIATIVA Con proyecto de decreto que reforma y
adiciona.
Gracias, diputado Juan José García de
Alba.
Tiene la palabra el diputado Juan Bueno Torio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar tres iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Muchas gracias, señor Presidente con su
venia; compañeras y compañeros diputados: 1863,1864,1865 El camino hacia una reforma fiscal clara,
sencilla, equitativa y eficiente se ha detenido, por lo que nos vemos en la necesidad de
presentar algunas alternativas en tanto el Ejecutivo no muestre su voluntad política y
proponga su iniciativa de reforma fiscal integral que no obstante el interés de la
nación entera en este asunto, tenemos prácticamente más de diez años esperándolos; no
sabemos cuánto tiempo más los vamos a esperar. 1866,1867,1868 Una de las facultades de las autoridades
fiscales es la de revisar, en el domicilio del contribuyente, la información y
documentación relacionada con las operaciones del negocio del contribuyente, con objeto
de verificar la correcta determinación de las contribuciones y el pago de las mismas. XII. Solicitud de autorización para pago en
parcialidades. Artículo 29-A. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1869,1870,1871 Artículo 47. Las autoridades
fiscales concluirán anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales que hayan
ordenado, cuando el visitado hubiere presentado dentro del plazo a que se refiere el
párrafo quinto del artículo 32-A de este código, aviso ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público manifestando su deseo de optar por presentar sus estados financieros
dictaminados por contador público autorizado, tratándose de contribuyentes que se
ubiquen en los supuestos a que se refiere el párrafo cuarto del mencionado artículo y
siempre que dicho aviso haya surtido efectos de conformidad con el reglamento de este
código. d) La exhibición de los sistemas y registros
contables y documentación original, en aquellos casos en que así se considere necesario. ARTICULO TRANSITORIO Unico. Estas disposiciones
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA «Iniciativa de ley que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones EXPOSICION DE MOTIVOS I. Tarifa progresiva. 1872,1873,1874 IV. Pagos provisionales. Segundo párrafo. Los contribuyentes que, de
acuerdo a la clasificación emitida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
se encuentren dentro de los niveles micro, pequeño y mediano, deberán determinar los
intereses acumulables y deducibles en el ejercicio, aplicando el factor de acumulación y
deducción trimestral que al efecto dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en lugar de aplicar lo dispuesto en las fracciones I, II, III, IV y V de este
artículo. Ello estará condicionado a que en el ejercicio tampoco acumulen o deduzcan
ganancia o pérdida inflacionaria. TEXTO PROPUESTO
Segundo párrafo y tercer
párrafo se derogan. 1875,1876,1877 Artículo 10 último
párrafo. Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de
las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e, de la fracción IX del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo
120 de la Ley Federal del Trabajo, es el resultado fiscal establecido en este artículo. Artículo 12 segundo
párrafo. Al monto de los pagos provisionales determinados se le podrán acreditar los
pagos efectivamente enterados, así como la retención que le hubieran efectuado al
contribuyente en el periodo, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 126. I a la XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 1878,1879,1880 Tercer párrafo. Estos contribuyentes podrán
restar de las entradas a que se refiere el párrafo anterior, las salidas en efectivo,
bienes o servicios efectuados en el ejercicio, que se señalan en el artículo 119-E de
esta ley, a excepción de la prevista en la fracción XII de dicho precepto. Artículo 109. Se deroga. 1881,1882,1883 Artículo 111. Cuando el
monto del ajuste en el impuesto sea menor que el monto de los pagos provisionales
efectivamente enterados que correspondan al periodo de dicho ajuste, la diferencia que
resulte a favor del contribuyente se podrá acreditar contra el impuesto que resulte a su
cargo en los pagos provisionales del mismo ejercicio que se efectúen posteriormente.
Contra el impuesto determinado conforme al artículo 10 de esta ley, sólo serán
acreditables los pagos provisionales y la diferencia del ajuste, efectivamente enterados. ARTICULO TRANSITORIO Unico. Estas disposiciones
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. LEY
DEL IMPUESTO AL VALOR «Iniciativa de ley que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. EXPOSICION DE MOTIVOS I. Obligación de pago y/o derecho de
acreditamiento del impuesto al momento del cobro o pago. 1884,1885,1886 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
proyecto: ARTICULO TRANSITORIO Unico. Estas disposiciones
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Gracias, diputado Juan Bueno Torio.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México D.F. MINUTA Artículo primero. Se concede
permiso al soldado auxiliar escribiente Julio Cesar García Cuautle, para aceptar y usar
la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere
el gobierno de la República de Nicaragua. 1887,1888,1889 Artículo tercero. Se concede
permiso al soldado auxiliar electricista Lázaro Hernández Bernal, para aceptar y usar la
condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el
gobierno de la República de Nicaragua. MINUTA Artículo primero. Se concede
permiso al cabo almacenista Gabino Salazar Avila, para aceptar y usar la condecoración
Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua. Artículo cuarto. Se concede permiso al
ciudadano Moisés Alfonso Rosas Silva, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Nacional del Mérito, en grado de oficial, que le confiere el gobierno de la República
Francesa.
Gracias, Secretaria.
Gracias, señor Presidente: ACUERDO "Modificar y ajustar los contenidos y procedimientos vigentes en los sistemas educativos de los países de América Latina, a fin de que dichos sistemas se conviertan en agentes transmisores de valores y pautas de comportamiento, que hagan de los latinoamericanos individuos conscientes, positivos, dinámicos y constructivos en los procesos de desarrollo e integración, tanto del continente en general como de cada país en particular". 1890,1891,1892 La propuesta no tiene por finalidad abultar
innecesariamente los programas de educación existentes, pretende incorporar a través de
los mismos en forma explícita los conceptos de desarrollo e integración y los valores
relacionados con ellos, privilegiando ajustes en contenidos y en los métodos didácticos
desde una perspectiva histórica latinoamericana. PUNTO DE ACUERDO Unico. Túrnese a la
Comisión de Educación, la proposición de incorporar en los programas de estudio de
educación básica, contenidos que promuevan la generación de valores y principios, con
el fin de alcanzar la integración y desarrollo de los países de América Latina, tal y
como lo ha propuesto el Parlatino y la UNESCO.
Gracias, diputado Martín del Campo.
Tiene la palabra el diputado Luis Meneses Murillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, sobre la posición de México en la Organización Mundial de Comercio.
Con su permiso, señor Presidente: CONSIDERACIONES Que se realice un análisis sistemático de
los acuerdos sobre agricultura de la Organización Mundial del Comercio y su impacto en
nuestro país, que se realice una evaluación de políticas de ajustes del Banco Mundial,
ya que la liberalización ha sido acompañada de la alineación de la tierra y reducción
de capacidades ambientales; que la seguridad alimentaria y la de los pueblos sea la base
de los acuerdos internacionales del comercio agrícola, que se nivelen las distorsiones en
la producción y en el comercio agrícola antes de llegar a la liberalización total; que
se fomente un acceso equilibrado a mercados dando un trato diferenciado apoyando a los
pequeños productores, a ejidatarios e indígenas y a sus organizaciones; que se
equilibren los precios de los productos y los costos de producción; que se evite la
concentración de las transacciones económicas en los monopolios; que se evite la
destrucción del ambiente y se promueva la agricultura sustentable; que se evite la
distorsión de los mercados por las subvenciones y los subsidios; que se conjunte la
seguridad alimentaria de los pueblos con los acuerdos internacionales del comercio
agrícola; que se retomen los cuatro puntos de acuerdo sobre agricultura, de la ronda de
Uruguay, que consistían en el acceso a los mercados, las subvenciones domésticas, los
subsidios diferenciados a la exportación y los mecanismos de negociación; que se lleve a
cabo un balance de la relación entre los intereses ambientales y los de los consumidores
y las nuevas barreras para el acceso a mercados y que se creen nuevas instancias para
regular el comercio de los productos básicos en el mercado interno, que garanticen su
comercialización a precios rentables y permitan la capitalización de los productores y
recuperen la soberanía alimentaria; que se planteen los asuntos prácticos de
cooperación futura considerando los ajustes de los evidentes desequilibrios que existen
actualmente entre los diversos países y entre empresas transnacionales y productores
rurales. «PUNTO DE ACUERDO Unico. Túrnese a la
Comisión de Comercio de esta soberanía, para que con fundamento en el párrafo segundo
del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha
comisión convoque al secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco
Mendoza, para que informe ampliamente en persona y por escrito, sobre la posición que el
Gobierno mexicano llevará a la reunión de la Organización Mundial del Comercio, a
celebrarse en Seattle, Estados Unidos, el 30 de noviembre del presente y para hacer una
evacuación precisa de la posible posición mexicana en dicha reunión ministerial.
Gracias, diputado Meneses.
También están con nosotros 40
estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc, de Querétaro, invitados del diputado Ruperto
Alvarado Gudiño. Un saludo desde esta mesa directiva. 1893,1894,1895 En virtud de que se encuentra en el salón de
recepción de esta Cámara, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado
José Angel Gurría Treviño, se designa en comisión para recibirlo e introducirlo a este
recinto hasta el lugar que tiene asignado en la tribuna, a los diputados vicepresidente de
la mesa directiva, Luis Meneses Murillo y secretario de la misma, diputado Francisco Loyo
Ramos.
Con su venia, señor Presidente;
señoras y señores diputados: Asimismo, la tasa de desempleo abierto se
encuentra en su nivel más bajo desde diciembre de 1992. 1896,1897,1898 En materia del combate a la pobreza, los
recursos asignados en el presupuesto aumentarían el 8.4% real, lo que reflejaría un
aumento acumulado del 19.4% en la administración, que contrasta con el incremento del
gasto programable de 4.9% en el mismo periodo, es decir, los recursos asignados al combate
a la pobreza han crecido casi cuatro veces más que el crecimiento del gasto programable
durante la administración del presidente Zedillo.
1899,1900,1901 México es hoy uno de los países exportadores
más grandes del mundo y el 90% de nuestras ventas al exterior están conformadas por
manufacturas.
Gracias por su presentación, señor
Secretario. CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOMICA Con el propósito de facilitar el examen de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año entrante, se presentan al Honorable Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica para el año 2000. I. Introducción En este documento se plantean los objetivos en materia económica para el año 2000, en congruencia con la estrategia de desarrollo nacional: sentar las bases para consolidar el crecimiento sostenido de la producción, el empleo y las remuneraciones reales, continuar con la reducción sostenible de la tasa de crecimiento de los precios, fortalecer la economía ante cambios abruptos en las condiciones externas, y proporcionar una transición ordenada hacia la siguiente Administración. Para avanzar en la consecución de estos objetivos, en el documento se detallan las acciones que el Gobierno Federal propone adoptar en materia de política económica, así como las metas macroeconómicas cuantitativas para el año 2000. II. Objetivos de la política económica y evolución de la economía en 1999 1. Antecedentes Durante la presente Administración, el objetivo fundamental de la política económica ha sido la promoción de un crecimiento económico sustancial y sostenido, que se traduzca en un aumento permanente de los niveles de bienestar de la población. El crecimiento económico conduce a la creación de más y mejores fuentes de trabajo y, al permitir el sano financiamiento de un mayor gasto social, contribuye a revertir la situación de atraso y desigualdad que todavía aqueja a un número importante de mexicanos. Con esta finalidad, la estrategia económica ha comprendido la prudencia fiscal y monetaria, el fortalecimiento del sistema financiero y la promoción del cambio estructural. Dichos elementos han permitido que, una vez superada la crisis de 1994-1995, la producción y el empleo hayan registrado un continuo crecimiento. A finales de 1997 comenzó a registrarse un deterioro en el entorno externo, el cual incidió negativamente sobre el comportamiento de los principales indicadores económicos. Los problemas en el sureste de Asia y su extensión a otros países, condujeron a una crisis financiera en el ámbito internacional, la cual se recrudeció en el segundo semestre de 1998 a raíz del colapso del rublo ruso, de los frecuentes ataques especulativos contra la moneda brasileña, y de la caída de los mercados accionarios en la mayoría de los países industrializados. La inestabilidad financiera mundial se tradujo en una importante disminución en el flujo de recursos destinado a las economías emergentes, entre las que se encuentra México; en el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico mundial, y en una drástica reducción de las cotizaciones internacionales de las materias primas. Esta crisis internacional afectó a nuestro país, sobre todo en 1998, en dos aspectos principales: * por un lado, el país enfrentó una mayor restricción en el acceso al financiamiento externo; y, * por el otro, la reducción en los precios del petróleo disminuyó los ingresos del sector público en un monto superior al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) respecto de lo previsto. Frente a esta situación, el Gobierno de México utilizó todos los instrumentos de política económica a su alcance, con el fin de propiciar un ajuste ordenado de nuestra economía ante los choques del exterior y, de esa forma, proteger al máximo el crecimiento de la producción y el empleo, así como aminorar el impacto sobre el nivel de precios. En particular, y dada la importancia que para el crecimiento económico reviste mantener sanas las finanzas gubernamentales, se efectuaron diversos ajustes al gasto público, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la meta fiscal establecida. Al analizar los resultados obtenidos por México en materia económica durante ese año, resulta evidente la pertinencia de una reacción oportuna de la política económica ante un contexto internacional rápidamente cambiante. 2. Evolución de la económica en 1999 2.1 Contexto internacional y política económica Si bien durante 1999 se han revertido parcialmente los choques externos registrados en 1998, la economía mexicana continuó enfrentando un entorno internacional incierto. En particular, se presentaron diversos episodios de volatilidad financiera, tales como: * el recrudecimiento a principios de año de la crisis financiera en Brasil; * los ataques especulativos en contra de las monedas argentina y colombiana, así como el deterioro de la situación económica en otros países de América Latina, como Ecuador y Venezuela; y, * los incrementos en las tasas de interés de la Reserva Federal y la incertidumbre en torno a la política monetaria en ese país. No obstante, como resultado de una política económica que descansa principalmente en el mantenimiento de finanzas públicas sanas, el impacto de estos eventos sobre la estabilidad de los mercados financieros nacionales, la actividad productiva y la inflación ha sido, hasta ahora, moderado y de corta duración. Cabe señalar que la reciente recuperación del precio internacional del petróleo, así como el crecimiento de los EE.UU., también han contribuido a la favorable evolución de nuestra economía. En este contexto, durante 1999 la actividad económica en México ha mostrado una tendencia positiva, con un crecimiento anual del PIB y una tasa de inflación que, inclusive, pudiesen mejorar las metas originalmente planteadas. Al obtener resultados alentadores en materia de crecimiento económico, también se han creado espacios para incrementar los recursos canalizados al gasto social. De esta manera, la estrategia económica ha permitido continuar con el esfuerzo por elevar los niveles de bienestar social de la población y atender, en particular, a los grupos sociales con mayores carencias. 2.2 Evolución de las principales variables macroeconómicas durante 1999 1. Se estima que el PIB registre un crecimiento real anual de 3.4 por ciento, cifra que resulta superior a la meta de 3.0 por ciento planteada para el año. El dinamismo de la actividad productiva se fundamenta tanto en un mayor nivel de gasto interno, en particular del sector privado, como en el desempeño favorable de las exportaciones de bienes y servicios. 2. El crecimiento del producto se ha reflejado en la continua creación de fuentes de empleo y en una reducción en la tasa de desempleo: * al cierre de octubre d1|34346 1999, el número total de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se situó en un máximo histórico de 12, 078,121 personas, lo que representó un aumento de 767 mil 242 trabajadores con respecto al cierre de 1998; y, * la Tasa de Desempleo Abierto se redujo a 2.61 por ciento en promedio en los primeros nueve meses de 1999, la tasa promedio más baja para un periodo similar desde que se empezó a calcular este indicador hace 14 años. 3. La aplicación de una política monetaria restrictiva por parte del Banco de México, contribuyó a reducir la inflación y las expectativas inflacionarias. De esta manera, se espera que el incremento acumulado del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) al cierre de 1999 resulte ligeramente inferior a la meta de 13.0 por ciento para el año. 4. La mayor estabilidad de precios registrada durante 1999 ha propiciado un ligero incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores. En particular: * los salarios manufactureros y las remuneraciones medias otorgadas en la industria maquiladora de exportación, registraron incrementos anuales promedio de 2.5 y 2.9 por ciento real, respectivamente, en los primeros ocho meses del año; y, * las remuneraciones reales en establecimiento comerciales al menudeo aumentaron 0.9 por ciento anual, en promedio, en el periodo enero-agosto del presente año. 5. El dinamismo de las exportaciones no petroleras y la recuperación del precio internacional del crudo, permiten anticipar un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de alrededor de 2.8 puntos del PIB para 1999, lo cual es congruente con la disponibilidad de recursos externos de largo plazo durante el año. 1902,1903,1904
3. Fortalecimiento de la economía Durante los últimos años, la política económica ha tenido como uno de sus principales objetivos fortalecer las bases de nuestra economía, ante la posibilidad de que se registren cambios repentinos en el entorno externo o interno. En virtud de ello, es importante destacar algunas de las actuales características de nuestra economía, que permiten aseverar que ésta es menos vulnerable ante cambios inesperados en las condiciones internacionales: a) El déficit fiscal se mantiene en niveles sanamente financiables, lo que ha contribuido de manera fundamental a preservar las condiciones de estabilidad necesarias para promover un crecimiento económico vigoroso y sostenido. Para el año en curso, se espera el pleno cumplimiento de la meta fiscal aprobada por el H. Congreso. b) A la luz de un manejo responsable de las finanzas y de la deuda públicas, se ha logrado mantener a esta última como proporción del PIB en niveles moderados, lo que aminora la carga de la deuda sobre las generaciones futuras, al tiempo que se han eliminado concentraciones en su perfil de vencimientos. c) En junio de 1999 se formalizó el Programa de fortalecimiento Financiero 1999-2000, con el cual se asegura el refinanciamiento de la mayor parte de los vencimientos de deuda pública externa en el periodo 1999-2001, y se cuenta con recurso para hacer frente a posibles eventualidades. El programa incluye recursos por 16 mil 900 millones de dólares en forma de líneas de crédito y al comercio exterior, de los cuales 4 mil 200 millones fueron negociados con el Fondo Monetario Internacional al amparo de un Acuerdo de Derecho de Giro, 5 mil 200 millones provienen del programa de préstamos con el Banco Mundial, 3 mil 500 corresponden al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y 4 mil millones son líneas de crédito al comercio internacional del Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos. Además de estos recursos, el Gobierno Mexicano cuenta con 6 mil 800 millones de dólares en líneas contingentes bajo el Acuerdo Financiero de América del Norte. Es importante mencionar que el uso de los recurso de este programa, se apegará en todo momento a los límites de endeudamiento aprobados por el H. Congreso. d) El régimen cambiario de libre flotación disuade la especulación en contra de la paridad, y hace menos probable la acumulación de desequilibrios en la balanza de pagos. Este régimen ha constituido un elemento fundamental para reducir el costo de choques del exterior sobre la actividad productiva. e) El sistema financiero ha incrementado gradualmente su solvencia, en virtud de los programas de apoyo a ahorradores y deudores aplicados por el Gobierno Federal, así como del continuo mejoramiento de la supervisión y regulación bancaria. En este contexto, destacan las reformas aprobadas por el H. Congreso a finales de 1998, con las cuales se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como las nuevas reglas de capitalización y calificación de cartera emitidas en septiembre del presente año. f) La proporción del ahorro interno en el ahorro total ha mostrado un incremento significativo respecto a los niveles previos a la crisis de 1994-1995, por lo que la inversión productiva y el crecimiento económico han reducido su dependencia del ahorro externo. g) El déficit en cuenta corriente como proporción del producto se mantiene en niveles moderados y congruentes con la disponibilidad de recursos financieros de largo plazo. En efecto, se espera que en 1999 la inversión extranjera directa haya financiado más del 80 por ciento de dicho déficit. h) Las reservas internacionales del banco de México se encuentran en la actualidad en uno de sus niveles más altos en la historia. Estos elementos han permitido a los agentes económicos aumentar la confianza en nuestra economía e iniciar un procesos de diferenciación de la misma con respecto a otras economías emergentes. Por ello, México se encuentra hoy mejor preparado para enfrentar cambios repentinos de las circunstancias externas e internas de la economía y, de esa manera, asegurar un cambio ordenado hacia la siguiente Administración.
e/ Estimado, excepto donde se
indica III. La política económica en el año 2000 1. Objetivos de política económica en el año 2000 La política económica tiene como propósito fundamental incrementar de manera permanente el nivel de bienestar de nuestra sociedad. Para alcanzar este fin, es imprescindible promover el crecimiento económico sostenido con estabilidad de precios, que propicie la creación de empleos, que permita atender las necesidades de alimentación, salud y educación de la población, y que genere los recursos necesarios para combatir las condiciones de marginación que aún aquejan a diversos sectores y regiones de nuestro país. Para México, el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos son prioridades fundamentales. Hacer frente a este reto es una tarea de elemental justicia y entraña un gran desafío económico. En este contexto, durante el año 2000 la política económica tendrá los siguientes objetivos: 1) Proporcionar la mayor expansión posible de la actividad productiva y del empleo. 2) Perseverar en el esfuerzo de reducción sostenible de la inflación. 3) Canalizar mayores recursos al gasto social. 4) Continuar dotando a la economía de la fortaleza fiscal y financiera necesarias para evitar una crisis como las que México ha sufrido en los últimos cuatro cambios de Administración. 1905,1906,1907 2. Estrategia de política en el año 2000 Si bien recientemente se ha registrado una mejoría en las condiciones del entorno externo que enfrenta nuestra economía, como consecuencia de perspectivas de crecimiento mundial más favorables y de la recuperación del precio del petróleo, aún persisten elementos de incertidumbre. Entre éstos, destaca por sus posibles efectos sobre nuestra economía, la posibilidad de una desaceleración abrupta de la actividad productiva en los Estados Unidos. Estos elementos imponen restricciones sobre la formulación de la política económica. Ante todo, ésta continuará diseñándose con el objetivo de fortalecer las bases de la economía, al tiempo que estará atenta para reaccionar con oportunidad y firmeza si así se requiriese. En particular, en el 2000 la estrategia económica continuará sustentándose en las siguientes líneas de acción: 1. Solidez de las finanzas públicas: Al mantener sanas las finanzas del sector público, se promueve la estabilidad macroeconómica. Esto fortalece el ahorro, la inversión y el crecimiento de la economía y el empleo. Asimismo, permite la ampliación permanente de los programas de gasto público dirigidos hacia las necesidades más apremiantes de la población. Así, un balance presupuestario compatible con la estabilidad de los mercados financiero y cambiario, y con una tasa de inflación a la baja, crea el ambiente los empleos que la población demanda. Al mismo tiempo, el Gobierno tiene un mayor control sobre su gasto, abriendo espacios para mejorar la distribución del ingreso e incrementar el bienestar de los mexicanos. 2. Avances en el cambio estructural. La estabilidad económica es una condición necesaria para un crecimiento sano, pero no es una condición suficiente. Un crecimiento económico sustentable, generador de empleos productivos bien remunerados, requiere apoyarse en un aparato productivo eficiente y competitivo. Por ello, durante el año 2000 se avanzará en el proceso de cambio estructural, de mejoramiento del marco regulatorio y de fortalecimiento de nuestras instituciones. 3. Política monetaria. El Banco de México ha anunciado su compromiso de mantener una política monetaria consecuente con el objetivo de reducir la inflación. 3. Lineamientos de política económica para el año 2000 3.1 Política fiscal El estricto compromiso del gobierno Federal por preservar la fortaleza de las finanzas públicas ha constituido un elemento fundamental para reducir el impacto de los choques externos y, de esa manera, propiciar las condiciones de estabilidad necesarias para promover un crecimiento sostenido de la actividad productiva y del empleo. Este compromiso cobra particular relevancia en vista del cambio de Administración. En virtud de lo anterior, se toma imperativo fortalecer las finanzas públicas en el año 2000, fijando un déficit objetivo en las finanzas gubernamentales menor al de 1999. Este esfuerzo reitera el compromiso ineludible del Gobierno por proporcionar una transición de Administración ordenada, al contribuir a que el déficit de la cuenta corriente se mantenga en niveles congruentes con la disponibilidad de recursos de largo plazo para su financiamiento. Al mismo tiempo, se evitan presiones sobre los mercados financieros y las tasas de interés y, en general, se promueve un aumento en el monto de recursos disponibles para financiar el crecimiento de la actividad productiva. Al respecto, es pertinente destacar los siguientes elementos relacionados con el manejo de las finanzas públicas durante el próximo año: 1. La meta propuesta para el déficit económico del sector público en el año 2000 es equivalente a 1.0 por ciento del PIB. 2. El balance fiscal previsto para el próximo año propiciará una ligera reducción de la razón deuda pública a PIB con relación a la de 1999. 3. El déficit público objetivo implica un superávit primario de 2.86 por ciento del producto, nivel superior en 0.36 puntos del PIB al estimado en 1999. 1 4. Se estima que el déficit operacional se ubique en 0.19 por ciento del PIB el año entrante. Por ello, la presión real de las finanzas públicas sobre la demanda agregada, las cuentas externas y los mercados financieros domésticos, será muy reducida.2 5. Con base en la situación actual en los mercados petroleros, se ha establecido un supuesto de precio del crudo mexicano de exportación de 15.5 dólares por barril para el año entrante. Es importante resaltar que este nivel es congruente con las cotizaciones recientes en el mercado de futuros del petróleo. 3.1.1 Política de gasto La política de gasto público ha sido un instrumento estratégico para cumplir con los objetivos de crecimiento con estabilidad. En el 2000, su nivel es compatible con las metas fiscales y económicas que se plantean; su asignación entre los diferentes rubros, dependencias, entidades y funciones públicas guarda una estrecha relación con los propósitos de desarrollo con equidad; y, su manejo se realizará en apego a criterios de estricta disciplina fiscal y de transparencia. Los objetivos de la política de gasto son: 1) Fortalecer el gasto social y el combate a la pobreza La política social para el año 2000 se orientará a consolidar los programas que incrementan y mejoran la cobertura de los servicios sociales básicos, con énfasis en educación, salud y la infraestructura social básica a nivel local. Para ello, el gasto social aumentará a una tasa real de 5.9 por ciento con respecto a 1999; destaca la propuesta para aumentar en 8.4 por ciento real el gasto de los programas orientados al abatimiento de las condiciones de marginación que persisten en diversas regiones. Al término de la presente Administración, los recursos destinados al gasto social habrán acumulado un crecimiento 4.6 veces mayor que el del gasto programable, alcanzando la mayor proporción dentro de este rubro, así como un máximo histórico en términos per cápita. Por su parte, el gasto destinado a los programas para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza extrema, se habrán incrementado en casi 20 por ciento en términos reales, entre 1994 y el 2000. 2) Avanzar de manera sustancial en la seguridad pública En el 2000, se redoblarán los esfuerzos para consolidar los programas dirigidos a abatir las condiciones de inseguridad pública que vulneran tanto la convivencia social, como el patrimonio de los individuos; ésta es una tarea que involucra a la sociedad y a los tres órdenes de gobierno. Para estos propósitos, se propone destinar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recursos federales que representan un incremento de 17.7 por ciento en términos reales con respecto a 1999, y un crecimiento real de 209.1 por ciento durante los cuatro años de vigencia del Programa nacional de Seguridad Pública. 3) Fomento a la inversión y al crecimiento económico Con el propósito de alcanzar las metas de crecimiento económico en el 2000, el presupuesto propone recursos para ampliar y modernizar la infraestructura productiva en renglones estratégicos para el país. La inversión pública se concentrará en el sector energético, hidrocarburos y electricidad, en obras de infraestructura carretera, así como en proyectos de agua urbanos y agropecuarios. La inversión total impulsada por el sector público, presupuestaria y financiada, aumentará en 14.4 por ciento real en el 2000 con relación al año anterior. Con ello, la inversión física impulsada por el sector público respecto al PIB será la más alta de la última década. 4) Impulsar el desarrollo rural integral Durante el próximo año, se otorgará un impulso importante a la estrategia de desarrollo rural, con lo cual se consolidará el enfoque integral de los programas destinados a incrementar las actividades productivas del campo, así como de los orientados a abatir las condiciones de marginación que afectan a la población en el medio rural. El Proyecto de Presupuesto propone recursos para impulsar el desarrollo rural integral que representan un incremento de 6.7 por ciento en términos reales con respecto a 1999. 5) Consolidar los avances en el Federalismo El Federalismo representa una de las mejores estrategias para avanzar de forma decidida en el fortalecimiento de la democracia como régimen de convivencia social, y en el bienestar de la población como característica de su desarrollo. Los recursos federalizados que serán canalizados a los estados y municipios, a través de aportaciones, participantes federales y convenios de descentralización, aumentarán en 5.9 por ciento real con relación a 1999. En particular, el gasto programable federalizado aumentará en términos reales en 8.4 por ciento, en tanto que el que dispondrá el Ejecutivo Federal lo hará en tan sólo 1.3 por ciento real, ambas cifras con respecto a 1999. 3.1.2 Transferencias presupuestarias al Instituto para la protección al Ahorro Bancario El Gobierno Federal ha realizado en los últimos años un esfuerzo importante por sufragar el costo fiscal de los programas de apoyo ahorradores y deudores. Con este propósito, se ha planteado una estrategia que gira en torno a servir anualmente el componente real del pago de intereses sobre las obligaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, lo cual permite cumplir con dos objetivos: 1. Evitar que estos pasivos se incrementen en términos reales, induciendo a que vayan reduciéndose en términos del PIB a través del tiempo. Esto permite disminuir gradualmente la carga de la deuda con relación a la capacidad de pago de nuestra economía. 1 El balance primario es igual a la diferencia
entre los ingresos del sector público y sus gastos totales distintos del costo financiero
de la deuda pública. 1908,1909,1910 2. Aminorar en el tiempo las presiones provenientes del costo fiscal de los programas de apoyo a ahorradores, de manera que no constituyan una presión excesiva sobre las finanzas públicas. Los resultados de esta estrategia se ilustran en las siguientes láminas. Con relación al año 2000, se estima que el pago de los intereses reales del IPAB ascenderá a 59 mil 471 millones de pesos. Esta cifra resulta de multiplicar: ° un saldo estimado de los pasivos del IPAB al cierre de 1999 de 725 mil 260 millones de pesos. Cabe destacar que este monto se obtiene al sustraer de las obligaciones brutas:
° un supuesto de tasa de interés real de 7.0 por ciento, y una sobretasa de financiamiento al IPAB estimada en 1.2 por ciento. De acuerdo con la estrategia delineada, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2000 se plantea asignar un monto de transferencias presupuestarias al IPAB de 35 mil millones de pesos. Por su parte, se espera que los ingresos por recuperación de activos asciendan a 20 mil millones de pesos, mientras que se estima que el monto de las cuotas bancarias pagadas al IPAB, susceptibles de ser utilizadas para cubrir las obligaciones del Instituto, se ubique en alrededor de 4 mil 500 millones de pesos.4 La suma de estas tres cifras implicaría que el monto de recursos que el IPAB asignaría para el servicio de sus obligaciones ascendería a 59 mil 500 millones de pesos, suficiente para cubrir el componente real del pago de intereses sobre sus pasivos.
En adición a los recursos que serían canalizados al IPAB para hacer frente a sus obligaciones, el Gobierno Federal propone asignar 5 mil 418 millones de pesos dentro del ramo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el fin de sufragar el costo fiscal de los programas de apoyo a deudores correspondiente al año 2000. Este monto permitirá cubrir los beneficios otorgados a la población a través de los diversos esquemas de apoyo, contribuyendo así a aminorar los problemas de sobrendeudamiento de un número importante de empresas y familias. 3.1.3 Política de ingresos En esta Administración se ha avanzado en el proceso de modernización del sistema fiscal, eliminando distorsiones que afectaban el desarrollo de las actividades productivas, así como simplificando los procedimientos de cumplimiento tributario y fortalecimiento la seguridad jurídica del contribuyente. Asimismo, se han dado pasos significativos para iniciar la recuperación de la recaudación tributaria, que se había venido debilitando con la incorporación al sistema fiscal de tratamientos de excepción y estímulos de poca efectividad, pero de alto costo. Destacan en este esfuerzo la modificación a la tasa del impuesto al valor agregado y las medidas orientadas a reducir el alcance de los regímenes preferenciales y de los estímulos fiscales que benefician a un pequeño segmento de contribuyentes. Las modificaciones fiscales que se proponen al H. Congreso para el año 2000, se orientan a fortalecer la seguridad jurídica del contribuyente y a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Se encaminan también a mantener la pertinencia de las disposiciones fiscales para lograr su adecuada aplicación y a combatir las prácticas de elusión y evasión fiscales. Finalmente, se busca fortalecer el Federalismo fiscal, otorgando mayores potestades a las entidades federativas. 1) Medidas para simplificar el sistema fiscal y fortalecer la seguridad jurídica del contribuyente En materia de seguridad jurídica, se propone una serie de adecuaciones para dotar de certeza, tanto a la autoridad fiscal, como al propio contribuyente, respecto de la interpretación de las disposiciones fiscales y de las contribuciones que se deben pagar; ello se traducirá en un mejor cumplimiento. En materia de simplificación, se propone adecuar algunas obligaciones formales para hacer más sencillos los trámites y reducir los costos de cumplimiento para los contribuyentes. 2) Medidas para combatir la evasión y elusión fiscales Con el fin de reducir la evasión fiscal y mejorar la recaudación, se plantean medidas medidas orientadas a fortalecer las facultades de la autoridad para combatir la informalidad, y a cerrar lagunas que dan lugar a la evasión. 3) Medidas para adecuar las disposiciones fiscales al entorno económico En este ámbito, se presentan algunas modificaciones con el propósito de adecuar diversas disposiciones del sistema tributario a las prácticas comerciales, y para eliminar distorsiones que se han detectado en la operación de algunos impuestos. 4) Medidas para fortalecer el Federalismo fiscal En lo relativo al Federalismo fiscal, en atención a la solicitud que han venido haciendo las entidades federativas por contar con mayores recursos, se propone dar mayor flexibilidad al Sistema de Coordinación Fiscal, abriendo la posibilidad a los estados y al Distrito Federal de aplicar un impuesto al consumo local. La recaudación resultante, de aprobarse por los Congresos locales respectivos, reflejaría plenamente el vigor económico de cada entidad federativa. Esta propuesta es resultado de la convicción de que el fortalecimiento de las haciendas estatales en un contexto de restricción de las finanzas públicas federales, y en el ámbito de una nueva realidad política en el país, debe darse por la vía de lograr una mayor autonomía financiera de las entidades federativas y no por el de ampliar la dependencia de éstas hacia la Federación. 3.1.4 Situación de las finanzas públicas 1999-2000 Con base en las consideraciones anteriores, en el siguiente cuadro se presentan los resultados esperados de las finanzas gubernamentales en el año 2000. 3 Las obligaciones del IPAB con el Banco de México, de acuerdo al Artículo Octavo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se irán extinguiendo sin cargo a dicho Instituto, en la medida en que los resultados del Banco así lo permitan, sin afectar el capital y reservas del propio Banco, de acuerdo con la Ley que lo rige. 4 De conformidad con el Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con el fin de servir sus obligaciones el IPAB dispondrá de las tres cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al ahorro paguen las instituciones bancarias. 1911,1912,1913
3.2 Política de cambio estructural Durante el año 2000, la política de cambio estructural se centrará en dos objetivos principales: 1) Avanzar en el procesos de apertura a la inversión privada en actividades previamente reservadas al Estado. La participación privada en estos sectores tiene un doble propósito: por un lado, canalizar recursos crecientes de inversión para fortalecer la infraestructura y, con ello, propiciar un mayor crecimiento económico; y, por otro, generar recursos públicos y reducir las transferencias a las empresas paraestatales, lo que permite renovar la infraestructura pública restante que presente mayores rezagos. En particular, en el año 2000 se planea concluir los procesos de desincorporación actualmente en marcha. Entre ellos destaca la colocación bursátil de las acciones de los Grupos Aeroportuarios del Sureste y del Pacífico, así como la enajenación del 15 por ciento de las acciones del Grupo Aeroportuario Centro-Norte. Asimismo, se concluirá la desincorporación de los ferrocarriles. Cabe mencionar que, en atención a las recomendaciones del H. Congreso, se constituyó la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que tendrá a su cargo la operación de la vía Coatzacoalcos-Salina Cruz. 2) Fortalecer el marco jurídico del sistema financiero, con base en una estrategia dirigida a contribuir a que el crédito fluya hacia las actividades productivas y de consumo con mayor oportunidad y menores márgenes, para así apoyar el crecimiento de la economía. Es este sentido, debe mencionarse que para impulsar de manera definitiva el crédito, se debe contar con un marco jurídico apropiado que tome en cuenta la modernización del aparato productivo y, a la vez, ofrezca certidumbre en la solución de conflictos entre particulares. En este contexto, el pasado 7 de abril el Ejecutivo Federal sometió a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso, el proyecto de Ley Federal de Garantías de Crédito, mientras que actualmente está trabajando, junto con el Poder Legislativo, en un proyecto que contemple la creación de la Ley de Concursos Mercantiles, la cual sustituiría a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. La legislación concursal establece un procedimiento colectivo que permite la satisfacción ordenada de los derechos de los distintos agentes económicos que participan en los procesos productivos, a la vez que procura maximizar el valor social de las empresas. 3.3 Política monetaria El Banco de México ha comunicado al Ejecutivo Federal que el objetivo primordial de la política monetaria en el año 2000 será coadyuvar a la consecución de una tasa de inflación que no exceda 10 por ciento. Para lograr este fin, el Banco ha determinado que preservará la política monetaria congruente con la reducción de la inflación, y permanecerá alerta para responder oportunamente a eventos inesperados que pudiesen incidir negativamente sobre las expectativas inflacionarias y el crecimiento del nivel de precios. 4. Metas macroeconómicas para el año 2000 Considerando la estrategia y lineamientos de política económica descritos en este documento, las metas macroeconómicas para el año 2000 son las siguientes: 1. Se propone alcanzar un crecimiento real del PIB de 4.5 por ciento en el año 2000. 2. El Banco de México y el Ejecutivo Federal han acordado como meta que la inflación para el año 2000 no exceda de 10 por ciento. 3. En virtud del objetivo fiscal propuesto, así como el comportamiento esperado del gasto privado, se estima un déficit de la cuenta corriente de aproximadamente 3.1 por ciento del PIB en el año 2000. Este nivel es congruente con el monto de recursos externos de largo plazo que se prevé ingresarán a nuestra economía durante el año entrante. En los siguientes cuadros se presenta un resumen de las proyecciones para el año 2000.
El crecimiento económico sostenido y la generación de empleos mejor remunerados requieren de la aplicación de una política económica responsable, que brinde certidumbre a los agentes económicos y promueva la competitividad del aparato productivo. En los últimos cinco años, la disciplina en materia fiscal y monetaria, así como las diversas reformas estructurales, han permitido avanzar significativamente hacia la estabilidad, elevar la eficiencia de la economía y, en un ambiente internacional particularmente difícil, alcanzar tasas significativas de crecimiento económico. Gracias a ello, en el año 2000 el país podrá enfrentar el cambio de Administración y las eventuales modificaciones en el entorno externo en una posición mucho más sólida que antaño. Así, merced a la responsabilidad y al esfuerzo de todos los mexicanos, estamos en condiciones de romper el ciclo de crisis sexenales y de consolidar una etapa de desarrollo sostenido. Las acciones en materia económica delineadas en este documento constituyen la base de una política económica congruente, que nos permita promover la inversión, elevar la productividad y generar los empleos bien remunerados que tenemos que crear en los próximos años. 1914,1915,1916
La disciplina fiscal es fundamental para promover el crecimiento
económico. El mantenimiento de finanzas públicas sanas y de niveles de deuda moderados,
permitirá consolidar la estabilidad de la economía y mejorar el clima para la inversión
y el ahorro durante el próximo año. La política de gasto es fundamental para promover el desarrollo
social. En los últimos años, se han alcanzado mejoras sustanciales para asignar y
ejercer el gasto público, de manera más transparente y eficiente. Para el año 2000, la
política de gasto estará destinada a fortalecer las erogaciones sociales y el combate a
la pobreza, mejorar la seguridad pública, impulsar el desarrollo rural y consolidar el
Federalismo. Por su parte, las modificaciones fiscales que se proponen buscan
estimular el cumplimiento de las obligaciones con el fisco, fortalecer la seguridad
jurídica y mantener la pertinencia de las disposiciones fiscales. En suma, los Criterios Generales de Política Económica que se
someten a la consideración del H. Congreso, contienen un conjunto de medidas que buscan
afianzar los avances alcanzados en los últimos años, consolidar las condiciones para el
crecimiento económico sostenido, y sentar las bases de estabilidad y certidumbre para una
transición económica ordenada hacia la próxima Administración Federal. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL AÑO 2000
Se ruega a las señoras y señores diputados, permanecer en el salón, a fin de continuar y agotar los asuntos en cartera. Se va a proceder a turnar a comisión las iniciativas presentadas.
< Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Presentes.
Con base en lo dispuesto por los artículos 27 fracción 1 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 74 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración y en su
caso, aprobación de la siguiente: iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del año 2000. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección
México, D.F., a 11 de noviembre de 1999. Por acuerdo del
Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.» Ciudadanos
Secretarios de la Cámara de Diputados
del
Honorable Congreso de la Unión,
Presentes.
En ejercicio de la facultad que concede al Ejecutivo Federal el
artículo 71 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con relación al artículo 73 fracción VII, y en cumplimiento del artículo 74 fracción
IV del mismo ordenamiento, así como del artículo 7o. de la Ley de Planeación, por su
digno conducto someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000. Para tales efectos, se expresan a continuación los motivos que
sustentan esta Ley en los rubros siguientes: I. Entorno Económico I. Entorno Económico
Política económica
El objetivo central de la estrategia seguida durante la presente
Administración ha sido generar las condiciones necesarias para alcanzar un crecimiento
económico vigoroso y sostenido, que permita elevar permanentemente los niveles de empleo
y las remuneraciones reales, generar un monto creciente de recursos asignados al gasto
social y, con ello, elevar el nivel de vida de cada uno de los mexicanos. Con esta
finalidad, la política económica se ha orientado a mantener una postura fiscal y
monetaria prudente, a fortalecer el sistema financiero y a promover el cambio estructural
en nuestra economía. Dichos elementos permitieron superar la emergencia económica de
1994-1995 y propiciar un crecimiento continuo de la producción y el empleo desde 1996. A finales de 1997 empezó a registrarse un importante deterioro en
el entorno externo que enfrenta la economía mexicana, el cual afectó temporalmente la
evolución de algunos indicadores económicos de nuestro país. La crisis en el Sureste
Asiático y su extensión a otras economías generaron diversos episodios de volatilidad a
nivel internacional, la cual se recrudeció a raíz del colapso del rubio ruso, de los
frecuentes ataques especulativos contra la moneda brasileña y de la caída de los
mercados accionarlos en la mayoría de los países industrializados. En el caso de
México, la incertidumbre prevaleciente en el entorno externo propició una mayor
restricción de financiamiento externo, así como una importante disminución en los
ingresos del sector público, a raíz de la reducción de los precios del petróleo. Con el fin de propiciar un ajuste ordenado de nuestra economía y
acotar el impacto negativo de los choques externos sobre la actividad productiva, la
generación de empleos y la inflación, el Gobierno de México actuó con toda oportunidad
para fortalecer la política económica. Dada la necesidad de mantener una sana postura
fiscal para promover la estabilidad de precios y el crecimiento económico, se aplicaron
diversos ajustes al gasto público con el propósito de asegurar el cumplimiento de la
meta fiscal establecida para 1998, al tiempo que el Banco de México restringió la
política monetaria. Al analizar los resultados en materia económica obtenidos por
México durante 1998, resulta evidente la pertinencia de una reacción oportuna de la
política económica ante un contexto internacional rápidamente cambiante. Si bien durante 1999 se revirtieron parcialmente los choques
externos registrados en 1998, la economía mexicana continuó enfrentando un entorno
internacional incierto. A pesar de lo anterior, y con base en una política económica que
descansa principalmente en el mantenimiento de una sana postura fiscal, el impacto de los
choques del exterior sobre la estabilidad de los mercados financieros nacionales, la
actividad productiva y la inflación, ha sido moderado y de corta duración. En particular, se estima que el Producto Interno Bruto registrará
un incremento real de 3.4 por ciento en 1999, cifra que resulta superior a la meta de 3.0
por ciento planteada para el año. Esta expansión se fundamenta tanto en un mayor nivel
de gasto interno, en particular del sector privado, como en el desempeño favorable de las
exportaciones de bienes y servicios. El dinamismo de la actividad productiva, a su vez, se
ha reflejado en la continua creación de fuentes de empleo. En este particular, cabe
señalar que al cierre de la primera quincena de octubre de 1999 el número total de
asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se situó en un máximo histórico
de 12,007,768 personas, lo que representó un aumento de 696 mil 889 trabajadores respecto
a diciembre de 1998. El comportamiento favorable del empleo se tradujo en una trayectoria
descendente de la Tasa de Desempleo Abierto y se vio acompañado por una ligera
recuperación de los salarios reales. Por su parte, la aplicación de una política monetaria restrictiva
por parte del Banco de México, permitió reducir la inflación y las expectativas
inflacionarias. De esta manera se espera que el incremento acumulado del índice Nacional
de Precios al Consumidor al cierre de 1999 resulte ligeramente inferior a la meta de 13.0
por ciento programada para el año. Durante el presente año se ha registrado una mejoría en las
condiciones internacionales que enfrenta nuestra economía, lo cual se ha manifestado en
un incremento en el flujo de recursos externos hacia las economías emergentes, un aumento
en las expectativas de crecimiento mundial y una recuperación del precio internacional
del petróleo. No obstante, aún persisten elementos de incertidumbre en el entorno
externo, entre los cuales destacan la posibilidad de una desaceleración abrupta de la
actividad productiva en los Estados Unidos, así como de un mayor deterioro en las
condiciones económicas y financieras en algunos países de América del Sur. Estos factores imponen fuertes restricciones sobre la formulación
de la política económica. Ante todo, ésta continuará diseñándose con el objetivo de
fortalecer las bases de la economía, al tiempo que estará atenta para reaccionar con
oportunidad y firmeza si así se requiriese. Por ello, la estrategia de política para el
año 2000 continuará sustentándose en las siguientes líneas de acción: 1. Preservar la
solidez de las finanzas públicas.
2. Promover el cambio
estructural.
3. En el ámbito
monetario, el Banco de México continuará con el esfuerzo de reducción sostenible de la
inflación.
Considerando estos elementos, las metas
macroeconómicas para el año 2000 son las siguientes:
1. Alcanzar un crecimiento real del Producto
Interno Bruto de 4.5 por ciento durante el periodo referido.
2. El Banco de México y el Ejecutivo Federal
han acordado una meta de inflación de 10.0 por ciento para el año entrante.
1917,1918,1919
3. Mantener
un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de aproximadamente 3.1 por
ciento del Producto Interno Bruto, congruente con la disponibilidad de recursos externos
de largo plazo.
Para la consecución de estos objetivos, las acciones tendientes a
mantener la disciplina fiscal serán un elemento fundamental Para la promoción del
crecimiento económico. Estas medidas, aunadas a la aplicación de una política monetaria
orientada a reducir de manera sostenible la inflación, así como a la política de cambio
estructura, permitirán afianzar los avances alcanzados en los últimos años, romper con
el ciclo de crisis sexenales, consolidar las condiciones para el crecimiento económico
sostenido, y sentar las bases de estabilidad y certidumbre para una transición económica
ordenada al próximo milenio. II. Política de Ingresos
A. Medidas Tributarias
En la presente Administración la política tributada se ha
orientado conforme a los objetivos fundamentales que se establecieron en el Plan Nacional
de Desarrollo. De acuerdo con los lineamientos de dicho plan, el sistema tributario,
además de cumplir su objetivo principal consistente en asegurar ingresos públicos
suficientes para financiar niveles adecuados de gasto público, debe fomentar el ahorro
privado, promover la inversión y simplificar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales. Para subsanar esta reducción en los ingresos, se optó por ajustar
los precios y tarifas de los bienes y servicios suministrados por el sector público.
Además, en abril de 1995, se incremento la tasa general del impuesto al valor agregado de
10 a 1 5 por ciento. Esta última medida no sólo contribuyó a fortalecer los ingresos en
una situación de emergencia, sino que permitió avanzar en el propósito de lograr un
sistema fiscal promotor del ahorro, al elevar la participación en los ingresos públicos
de los impuestos al consumo. El anuncio de estas medidas, junto con otras en diversos ámbitos de
la política económica, tuvo un efecto muy favorable sobre las expectativas de
recuperación económica. Tan sólo diez meses después de haber puesto en marcha el
programa de ajuste, se registraron avances significativos en los principales indicadores
macroeconómicos. No obstante, las familias y las empresas continuaron resintiendo los
efectos de la crisis, por lo que se introdujeron medidas que ayudaron a fortalecer al
sector real de la economía. Así, en 1996 se transitó de un escenario de administración
de la crisis a un proceso de recuperación de la producción y de la capacidad
adquisitiva. En este sentido, se establecieron estímulos fiscales temporales
para la creación de empleos y para aumentar la inversión: (i) se aplicó una exención
en el impuesto al activo a empresas pequeñas; (ii) se permitió la deducción al 100 por
ciento del monto de las inversiones adicionales que se realizaran en 1996; (iii) se
otorgó un crédito fiscal a las empresas que emplearan trabajadores por arriba del
promedio registrado el año anterior, y (iv) se exentó la adquisición de vehículos del
impuesto sobre automóviles nuevos. Adicionalmente, para aliviar los problemas de liquidez
que enfrentaban lis empresas como resultado de la emergencia económica, se estableció un
programa de apoyo a deudores del fisco federal (PROAFI). Estas medidas de política fiscal contribuyeron a revertir los
efectos de la crisis y a retomar la senda del crecimiento económico. Una vez cumplido el
objetivo de estas medidas tributarías, se hizo posible su gradual eliminación. No obstante la necesidad de instrumentar medidas de coyuntura para
superar la emergencia económica al inicio de la Administración, en ningún momento se
dejó de lado el objetivo de continuar de manera decidida con la modernización del
sistema tributario. En este ámbito se lograron avances significativos, siendo los
principales en las áreas que a continuación se señalan: Fortalecimiento de la estructura impositiva.
Simplificación, seguridad jurídica y
eficiencia administrativa.
Fortalecimiento del Federalismo Fiscal.
1. Fortalecimiento
de la estructura impositiva
El proceso de reformas tributarías iniciado en 1980 ha contribuido
a reducir distorsiones que afectaban sustancialmente las actividades productivas y a
facilitar con ello la transformación económica del país. Hoy, México cuenta con una
estructura impositiva moderna que descansa básicamente en dos impuestos de aplicación
amplia: el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. La introducción del impuesto al valor agregado permitió dar inicio
al proceso de mejorar el balance entre impuestos directos e indirectos, transfiriendo la
carga de impuestos que incidían sobre las actividades productivas a uno cuya base es el
consumo. Ello, asimismo, permitió eliminar la distorsión existente sobre los precios
relativos entre bienes de producción nacional y bienes importados, así como el sesgo
antiexportador prevaleciente hasta entonces. Por otro lado, el impuesto al valor agregado
permitió uniformar la imposición a nivel nacional y dio las bases para el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal que armonizó la tribulación a nivel nacional. La estructura del impuesta sobre la renta fue modernizada con
modificaciones en los siguientes ámbitos: (i) se eliminó el esquema cedular que aplicaba
tasas diferenciadas a distintos tipos de ingreso; (ii) se reconoció el impuesto pagado a
nivel empresarial para efectos de la determinación del impuesto personal, eliminando con
ello la doble tribulación; (iii) se introdujo el reconocimiento integral de la
inflación, y (iv) se redujeron las tasas para mejorar la competitividad fiscal a nivel
internacional. No obstante sus ventajas sobre la eficiencia productiva, la
modernización del sistema tributario realizada hasta 1994 no permitió elevar los
ingresos fiscales. De hecho, se introdujeron diversas excepciones en los distintos
gravámenes que debilitaron su capacidad recaudatoria. En la actualidad, nuestro país
cuenta con una carga fiscal que es de las menores de Occidente. Ante la insuficiencia de fuentes estables de ingreso, a lo largo de
los años ha sido necesario hacer uso de ingresos no recurrentes (por privatizaciones) o
altamente volátiles (provenientes del petróleo) para financiar el gasto público, lo que
le imprime inestabilidad, al tiempo que reduce su efectividad. Esta Administración ha emprendido importantes acciones para iniciar
un proceso de fortalecimiento de la recaudación de ingresos estables, al tiempo que ha
continuado con la modernización del sistema tributario, tarea indispensable en un
contexto de globalizacíón económica. Para poner en perspectiva las medidas que más
adelante se proponen a esa Soberanía, a continuación se hace un breve recuento de las
principales medidas instrumentadas por esta Administración en materia fiscal. Recuperación de la capacidad
recaudatoria del sistema tributario
El incremento de la tasa general del impuesto al valor agregado a 15
por ciento al inicio de esta Administración permitió elevar la ingresos fiscales, aumentando
la participación en la recaudación de la imposición al consumo. Esta estrategia es
patente a nivel internacional debido, en primer lugar, a su contribución al incremento
del ahorro y de la inversión y, en segundo, a la integración económica que
conduce a gravar relativamente menos las actividades productivas. Al mismo tiempo, un mayor peso de los gravámenes al consumo permite
captar una mayor recaudación de los agentes económicos que participan en el sector
informal de la economía, quienes al adquirir bienes y servicios en el sector formal se
ven obligados al pago del impuesto. Ello contribuye a una mayor generalidad y equidad del
sistema tributario. En función de la creciente competencia internacional y de la
importancia de seguir impulsando el ahorro y la inversión, resulta conveniente continuar
en los próximos años con el esfuerzo para elevar el peso de la imposición indirecta en
el total de los ingresos. Otra línea de acción que ha contribuido al fortalecimiento de la
capacidad recaudatoria, es la eliminación o acotamiento de los estímulos fiscales y de
los regímenes preferenciales. Los esquemas de deducción inmediata y de consolidación
fiscal significaban un alto sacrificio fiscal y daban lugar a iniquidad, pues si bien eran
accesibles de manera general, solamente se aprovechaban por un número muy pequeño de
contribuyentes. Por esta razón, se eliminó la deducción inmediata y se acotaron los
beneficios del régimen de consolidación fiscal, aumentando la recaudación, y
posibilitando así una reducción en las tasas del impuesto sobre la renta, que conlleva
un estímulo generalizado aplicable a todas las actividades económicas En este mismo tenor se revisó el régimen aplicable a las empresas
maquiladoras, de modo que se eleve su contribución en nuestro país, en concordancia con
la riqueza que aquí generan. Sin embargo, ello se ha hecho asegurando una mejor
distribución de la carga entre México y los países de los que son residentes los
propietarios del activo que en ellas se emplea, sin elevar la carga total que enfrentan. Mejorar la eficiencia del sistema
tributario
Para promover la inversión y el crecimiento económico en un
contexto de globalización y de fuerte competencia por atraer capital productivo, las
principales características que debe observar un sistema fiscal son la solidez de los
ingresos que genera, así como la amplitud de su base impositiva y la aplicación de tasas
moderadas. Con la eliminación del estímulo de la deducción inmediata y con
la limitación al régimen preferencial de consolidación fiscal, se amplió la base
gravable del impuesto sobre la renta. Ello permitió reducir la tasa empresarial de 34 a
30 por ciento para las utilidades reinvertidas. La reducción de la tasa efectiva promedio
para la economía que se logró como resultado de la ampliación de la base gravable y de
la menor tasa empresarial, contribuye, por una parte, a promover una mayor inversión y,
por otra, a que ésta se ubique en los sectores más productivos, sin que existan sesgos
derivados de factores fiscales. 1920,1921,1922
Paralelamente, se avanzó en la introducción de esquemas que evitan
la doble tribulación internacional y que dan mayor neutralidad a los movimientos de
capital entre México y otros países, a través de dos estrategias. En primer lugar, se
ha ampliado la red de tratados para evitar la doble tribulación: durante la
Administración actual se han firmado diez nuevos tratados para llegar a un total de
veintiséis, y trece más están en proceso de negociación. En segundo lugar, se adecuó
el sistema fiscal a las prácticas internacionales que limitan el uso de las
jurisdicciones de baja imposición fiscal como un mecanismo para reducir el pago de los
impuestos. Con el mismo objetivo de eficiencia, en materia del impuesto al
activo de las empresas, se incorporaron medidas para hacerlo más neutral. Estas medidas
consistieron en la reducción de la tasa de 2 a 1.8 por ciento, la exención de este
gravamen durante los periodos de maduración de los proyectos de inversión y la
incorporación de un mecanismo que evita el pago del impuesto cuando las empresas
presentan pérdidas de manera temporal. Adicionalmente, para generalizar su aplicación y en atención al
señalamiento de la Suprema Corte de Justicia, se incorporó al sistema financiero como
sujeto de este gravamen por los activos fijos que emplean en su operación, únicos que no
estaban incluidos en la base del impuesto. Otras medidas orientadas a lograr un sistema fiscal más eficiente,
son las relacionadas con la promoción de las inversiones en investigación y desarrollo
de tecnología, así como en materia ambiental. Para fomentar el desarrollo de tecnología propia, que permita a las
empresas mexicanas competir en los mercados internacionales, se amplió la deducibilidad
de los gastos relacionados con esta actividad y se estableció un crédito fiscal
equivalente al 20 por ciento de la inversión adicional en este rubro. También se
permitió la deducción de los recursos destinados a programas de capacitación de los
trabajadores, con lo que se estimula la acumulación de capital humano. Por otra parte, se incremento el porcentaje deducible de las
inversiones en equipo destinado al control de la contaminación ambiental, con el objetivo
de promover el uso de tecnologías más limpias. Además, se hicieron deducibles los
donativos a las asociaciones dedicadas a la conservación de las áreas naturales
protegidas. En el mismo sentido, para estimular la conversión de vehículos de gasolina a
gas natural, se modificó el impuesto aplicable a este último combustible, de manera que
se mantenga el diferencial necesario entre su precio y el de la gasolina. Mejorar la equidad del sistema
tributario
La presente Administración ha procurado lograr una mayor equidad en
la distribución de la carga fiscal, implementando reformas tendientes a promover que
todos los sectores de la sociedad contribuyan al gasto público. Asimismo, se ha buscado
que los contribuyentes con mayor capacidad económica sean objeto de una contribución
mayor. Un elemento importante para lograr la equidad en el sistema
tributado es la ampliación del padrón de contribuyentes. Así, para simplificar la
tribulación de los pequeños contribuyentes y propiciar la incorporación al padrón
fiscal de los agentes económicos que operan en la informalidad, se sustituyeron diversos
esquemas de tribulación aplicables a contribuyentes con ingresos reducidos (régimen
simplificado, de contribuyentes menores y de retención), por el Régimen de Pequeños
Contribuyentes, el cual incorpora a las personas físicas que realizan actividades
empresariales con ingresos de hasta 2.2 millones de pesos. Para lograr que sea
verdaderamente sencillo, este esquema se aplica sobre los ingresos brutos, estableciendo,
acorde con ello, tasas reducidas que reconocen los costos en que se incurre para el
desarrollo de esas actividades. Así, se establece un esquema progresivo de tasas, que
oscila de 0.25 a 2.5 por ciento, en función de los ingresos del contribuyente y se aplica
un tramo de exención. En el mismo sentido, con el fin de apoyar el poder adquisitivo de
los trabajadores de menores ingresos, se amplió el crédito al salario en el impuesto
sobre la renta de personas físicas, desgravando totalmente a los trabajadores con
percepciones de hasta 3 salados mínimos. Con esta medida, más del 70 por ciento de ellos
no son sujetos del impuesto y, de hecho, reciben una bonificación fiscal (impuesto
negativo), con cargo a los recursos públicos. Por otra parte, se redujo la tasa impositiva a personas con niveles
medios de ingreso y se elevaron las tasas para las personas de altos ingresos. Así, en
1999 se amplió de 350 mil a 500 mil pesos el umbral al que aplica la tasa de 35 por
ciento, al tiempo que se incremento la tasa máxima de personas físicas a 37.5 por ciento
para ingresos superiores a 1.5 millones de pesos al año y a 40 por ciento para ingresos
superiores a 2 millones. Además, se aplica una retención de 5 por ciento para las
utilidades o dividendos percibidos por las personas físicas. Estas medidas mantienen la competitividad del sistema tributario, ya
que la tasa máxima del impuesto sobre la renta de personas físicas que aplicaba a
ingresos altos hasta 1998, era menor a la vigente en la mayoría de los países de donde
proviene la inversión extranjera directa. Ello implicaba que el sacrificio fiscal no se
traducía en mayor rentabilidad para la inversión extranjera, sino en un traslado de
recursos fiscales a otros países. Debe señalarse que el esquema de integración entre el
impuesto sobre la renta empresarial y personal se mantiene con el objeto de evitar la
doble tribulación y de preservar la neutralidad que ha logrado nuestro sistema fiscal. No obstante el avance logrado en esta Administración para alcanzar
una mejor distribución de la carga fiscal en favor de los contribuyentes de menores
ingresos, aún se requieren modificaciones para lograr la aplicación de un impuesto
general de base amplia y con niveles adecuados de tasas, lo cual permitiría mejorar los
incentivos al esfuerzo laboral y a la capacitación, elevando la productividad y, con
ello, los ingresos de los trabajadores. Otro elemento indispensable para contar con un sistema fiscal
equitativo es la adecuada vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con el
fin de lograr que cada ciudadano contribuya al financiamiento del gasto público de manera
equitativa, esta Administración ha combatido las prácticas de evasión y elusión
fiscales. Para ello, se han reforzado las facultades y los instrumentos con que cuenta la
administración tributaria, al tiempo que se han eliminado áreas grises de la
legislación fiscal. Entre las medidas más relevantes se encuentran las siguientes: el
cambio del sujeto obligado al pago en el impuesto al valor agregado en los sectores de
difícil fiscalización, de modo que quien retiene el impuesto lo entere al fisco; en el
impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a las bebidas alcohólicas se
transitó a un esquema en el que sólo se grava en la primera enajenación, de modo que su
fiscalización sea más efectiva; también se reestructuraron las sanciones aplicables a
la defraudación fiscal, adecuando las penas y las multas a la gravedad del delito o de la
infracción. 2. Simplificación,
seguridad jurídica y eficiencia administrativa
En esta Administración se ha avanzado sustancialmente en reforzar
la seguridad jurídica del contribuyente a través de una mayor claridad en las
disposiciones que establecen las obligaciones de los contribuyentes y en aquéllas que
regulan la actuación de la autoridad.
Además, se establecieron procedimientos que garantizan a los particulares la resolución
expedita de problemas derivados de la imposición, por parte de la autoridad, de multas o
requerimientos. Como resultado de una revisión estructural de los trámites y
procedimientos fiscales, se introdujeron diversas medidas en materia de simplificación,
aprovechando los avances tecnológicos que permiten emplear fuentes de información
alternativa y sustituir procesos manuales por electrónicos. En este ámbito, además de realizar una serie de modificaciones a
las disposiciones legales, se efectuaron cambios en los trámites, en los procesos de
atención al contribuyente y en los procedimientos de la administración tributario. Todo
esto se realizó buscando mantener un balance adecuado entre los objetivos de contar con
la información necesaria para realizar la labor recaudatoria y hacer más eficientes los
esfuerzos para combatir la evasión fiscal, con los de reducir al mínimo, tanto las
molestias a los contribuyentes, como los costos de cumplimiento. Por otro lado, para facilitar el cumplimiento voluntario de las
obligaciones fiscales, se autorizó el pago en parcialidades de las contribuciones con
esquemas de pago mas acordes con la situación financiera de los contribuyentes, y con
mecanismos que favorecen a los deudores que cubren oportunamente sus pagos. Uno de los pasos decisivos para fortalecer la administración
tributada y lograr una reducción gradual pero continua de la evasión fiscal, ha sido la
creación, en 1997, del Servicio de Administración Tributaría (SAT). Éste constituye un
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cuenta con
autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de sus labores y autonomía
técnica para dictar sus resoluciones. Este nuevo organismo ha emprendido una labor más
eficiente en la recaudación de contribuciones federales y en la operación de los
servicios aduaneros. Por otra parte, se ha buscado que los trabajadores del SAT alcancen
un alto nivel de profesionalismo y especialización a través de un programa continuo de
capacitación y actualización y a través de la instrumentación del servicio fiscal de
carrera. La incorporación del SAT ha contribuido a mejorar la percepción
que el público tiene sobre la transparencia y eficiencia de la administración tributada. 3. Fortalecimiento
del Federalismo Fiscal
Durante la presente Administración se han llevado a cabo
importantes esfuerzos para fortalecer las haciendas públicas estatales y municipales,
mediante el incremento en el monto de recursos transferidos y el otorgamiento de mayores
potestades tributarias. 1923,1924,1925
La mayor, transferencia de recursos se ha dado mediante los
siguientes mecanismos: Por otro lado, se han instrumentado medidas para ampliar las
potestades tributarios de las Entidades Federativas, destacando las siguientes: Finalmente, se han instrumentado medidas para permitir que las
entidades obtengan mayores recursos a través de su esfuerzo recaudatorio y de
fiscalización: A casi veinte años de la instauración del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, el balance ha sido sumamente positivo, pues todas las Entidades
Federativas han ganado por su adhesión al mismo. Ello se ha reflejado en un aumento de
104 por ciento en términos reales en sus participaciones totales desde el inicio del
sistema a la fecha. En relación con la Recaudación Federal Participable, mientras que en
1980 la Federación transfería 17 por ciento en participaciones a entidades y municipios,
en 1999 transfirió 25 por ciento. Este porcentaje se eleva a 58 por ciento al considerar
las aportaciones federales. Política de ingresos 2000
Como se señaló anteriormente, el sistema tributario ha sido
objeto, en las últimas dos décadas, de una serie de cambios con el fin de hacerlo más
eficiente y equitativo. Si bien en este ámbito el avance ha sido significativo, dicha
transformación no se reflejó en una mejora en el nivel recaudatorio de los ingresos
tributarios. En el esquema fiscal aún persisten tratos de excepción que limitan su
capacidad recaudatoria, conduciendo a que el país tenga una de las cargas fiscales más
bajas de Occidente. El sistema fiscal tiene como objetivo fundamental obtener los
recursos suficientes para financiar el gasto público, factor esencial para satisfacer de
manera adecuada los niveles de infraestructura pública y de gasto social que demanda la
sociedad. La suficiencia de ingresos derivados de fuentes permanentes es determinante para
lograr un desarrollo sostenido del país. En 1999, la aprobación de la reforma fiscal y las medidas adoptadas
en materia de precios y tarifas y de aranceles, permitieron incrementar significativamente
el nivel de la recaudación. Así, la recaudación procedente de los impuestos, que se
agrupa en los ingresos tributarios, pasó de representar el 10.7 por ciento del Producto
Interno Bruto (FIIB) en 1998, al 11.3 por ciento en que se estima cerrará en 1999. En el año 2000, sin embargo, habrá una reducción en los ingresos
tributarios asociada, básicamente, a los siguientes conceptos: En este sentido, deberá profundizarse en el
fortalecimiento de los niveles recaudatorios, acotando y eliminando las excepciones y
tratos especiales que aún prevalecen en la estructura impositiva.
Más allá de lo anterior, es fundamental continuar con la tarea
permanente de revisión del sistema tributario para fortalecerle, brindando mayor claridad
al contribuyente respecto de sus obligaciones fiscales, y una mayor simplicidad en el
cumplimiento. Asimismo, debe continuarse con la tarea de adaptar nuestro sistema fiscal a
las condiciones económicas cambiantes y mantener su competitividad internacional, así
como eliminar lagunas legales que dan pie a la elusión fiscal en perjuicio de la
capacidad del Estado para atender carencias sociales y las necesidades de mayor educación
e infraestructura. Propuesta de Modificación a diversas
Disposiciones Fiscales
Las medidas que se ponen a su consideración se clasifican en
cuatro: 1. Medidas para simplificar el
sistema fiscal y fortalecer la seguridad jurídica del contribuyente La simplificación del sistema fiscal ha sido un esfuerzo constante
en esta Administración. Simplificar trámites y procedimientos permite incorporar a más
contribuyentes al padrón fiscal y conduce a una reducción de los costos del
cumplimiento. En 2000 se propone continuar avanzando en el esfuerzo por lograr una mayor
simplificación administrativa a través de la eliminación de trámites que puedan ser
sustituidos con otras fuentes de información, así como mediante la modificación de
estructuras tributarías que resultan onerosas para el contribuyente, sin que con ello la
autoridad pierda elementos para el adecuado ejercicio de sus facultades de revisión y
fiscalización. Asimismo, el Ejecutivo a mi cargo considera necesario continuar
avanzando en dotar de mayor seguridad jurídica a la legislación fiscal. Ello propicia
una mejor disposición al pago y conduce a una mayor equidad tributaria. Además, un marco
legal que limita el margen de interpretación de las disposiciones fiscales en perjuicio
de algunos contribuyentes y en beneficio de otros, provee de mayor simetría al sistema
tributario, permitiendo una competencia sana y en igualdad de circunstancias. En este sentido, con el objetivo de simplificar las obligaciones
fiscales de los contribuyentes y dado que el sector empresarial ha solicitado reducir la
periodicidad con que se presentan algunas declaraciones informativas, se propone modificar
el periodo de presentación, de semestral a anual, de las declaraciones informativas de
préstamos otorgados o garantizados por residentes en el extranjero y de donativos
otorgados. Asimismo, se propone eliminar la declaración informativa relativa a las
asociaciones en participación en que participa el contribuyente. La Ley permite la deducción del interés real en los casos en que
los créditos o deudas están denominados en unidades de inversión. No obstante, algunos
contribuyentes han interpretado incorrectamente la disposición y han considerado que el
ajuste que se realiza al principal (inflación) constituye un gasto estrictamente
indispensable, con lo cual proceden a deducir el interés nominal. Para evitar caer en una
asimetría en el tratamiento fiscal, se propone modificar la Ley del Impuesto sobre la
Renta a efecto de que el ajuste de la unidad de inversión en la que está denominado el
crédito o deuda se considere como parte del interés y dé lugar al cálculo del
componente inflacionario, dejando en claro que el tratamiento de estos créditos o deudas
es el mismo que el aplicable al resto. El beneficio de la tasa reducida en el impuesto sobre la renta
empresarial de 30 por ciento se otorga sólo a las utilidades reinvertidas, por lo que se
propone aclarar que en el ajuste semestral a los pagos provisionales, dicha tasa
únicamente aplica a tales utilidades y no a conceptos que por su naturaleza no pueden
reinvertirse, tales como las partidas no deducibles o los ingresos de fuente de riqueza
ubicada en el extranjero. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece un régimen cedular
para las pérdidas obtenidas por los contribuyentes en la enajenación de acciones. Si
bien esta limitante no se aplica en el régimen de consolidación lo cual se explica por
ser la actividad principal de la controladora pura la de ser tenedora de acciones, algunos
contribuyentes interpretan erróneamente que la cedularidad del régimen aplica también
tratándose de la enajenación de acciones realizadas por las sociedades controladas, lo
cual no está establecido en la Ley ni cumple con el espíritu de la excepción. Por ello,
se propone a esa Soberanía aclarar que el régimen no cedular aplica únicamente a la
sociedad controladora y sólo por la participación accionaría cuya enajenación no
implique la desincorporación de la sociedad controlada de que se trata. 1926,1927,1928
El Código Fiscal de la Federación establece un plazo máximo de 30
días para que las autoridades fiscales soliciten datos o informes a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros, para aclarar la información contenida en las
declaraciones. El esquema se construyó considerando que la autoridad fiscal recibe
directamente la declaración, lo cual no sucede en la actualidad ya que los pagos se
realizan en instituciones de crédito. lo anterior ha conducido a que la autoridad fiscal,
al determinar la necesidad de mayor información en un plazo superior a 30 días, tenga
que iniciar el ejercicio de las facultades de comprobación para poder aclarar los datos
asentados en las declaraciones, con las molestias que esto ocasiona al particular y
perdiéndose la posibilidad del cumplimiento espontáneo que evita la imposición de
sanciones. Por lo anterior, se sugiere ampliar de 30 días a 3 meses el plazo
en que las autoridades fiscales pueden solicitar los datos, informes o documentos
adicionales .necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones. Atendiendo al principio de seguridad jurídica, el Código Fiscal de
la Federación establece que las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete se
deberán concluir dentro de un plazo máximo de seis meses, prorrogables por periodos
iguales hasta por dos ocasiones. No obstante lo anterior, el ejercicio de las facultades
de comprobación se ve afectado por diversas circunstancias no atribuibles a la autoridad
que impiden el adecuado desarrollo del acto administrativo. Por lo anterior, se propone establecer que el plazo señalado se
suspenderá cuando concurran circunstancias tales como huelga, cuando el contribuyente
desocupe el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio de domicilio, cuando
el domicilio señalado por el contribuyente resulte falso y cuando el contribuyente se
oponga u obstaculice el ejercicio de las facultades de comprobación. La ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable
a bebidas alcohólicas, establece actualmente un esquema de tasas diferenciadas según el
grado de alcohol que contenga la bebida, siendo la primera enajenación la única etapa en
que se aplica el gravamen. La base gravable se determina a partir del precio de venta del
detallista que es fijado por el productor. Este esquema, si bien es un avance respecto del
que operaba anteriormente, al llevar el gravamen a la última enajenación, presenta
problemas operativos para los comercializadores de estos bienes. El sector de bebidas alcohólicas ha solicitado que se mantenga la
aplicación del impuesto en la primera enajenación pero que se modifique su estructura
para evitar distorsiones en la comercialización. Por ello, se propone establecer un
mecanismo de cuota fija por litro aplicable por tipo de producto, que se cause en la etapa
de producción, envasamiento o importación, con la opción de poderlo pagar en el momento
de la enajenación. Cabe señalar que las cuotas establecidas en el nuevo esquema que se
somete a consideración de ese H. Congreso, se determinaron tomando como base la carga
impositiva que actualmente tienen las bebidas alcohólicas. Ello, con el objeto de
mantener el nivel recaudatorio de este tributo. En este sentido, de adaptarse esta nueva
mecánica, el Gobierno Federal no sufriría menoscabo alguno en los ingresos obtenidos por
este concepto. 2. Medidas para combatir la
evasión y elusión fiscales
El combate a la evasión y elusión fiscales debe ser una tarea
continua. Por ello, tanto la legislación, como la administración, deben mantenerse lo
más actualizadas posible para combatir estas prácticas. Es necesario persistir en los
esfuerzos en esta materia, de manera que se cierren oportunamente vías que algunos
contribuyentes han encontrado para reducir su pago de impuestos, evitando con ello una
disminución en los ingresos públicos. Para eliminar la práctica que se da en algunos casos de contratos
de arrendamiento financiero, de considerar injustificadamente que la deducción del costo
de los terrenos puede realizarse en un sólo ejercicio, mientras que se difiere la
acumulación del ingreso, se propone precisar que cuando se ejerza la opción de acumular
como ingreso la parte del precio exigible, la deducción del costo de los terrenos se debe
realizar en proporción a los ingresos que acumule el contribuyente en el ejercicio. Se han detectado una serie de operaciones por las que un residente
en el extranjera eleva artificialmente los ingresos que obtiene en México derivados de la
enajenación de créditos comerciales. Ello, manipulando el precio de la negociación
mercantil, otorgándole un valor menor a los activos y un valor mayor a la persona moral
por su reputación, participación en el mercado o clientela establecida, de los que
corresponden. Como consecuencia, el impuesto correspondiente se pierde, toda vez que los
ingresos por la enajenación de créditos comerciales no se encuentran gravados con el
impuesto sobre la renta. Considerando que con esta práctica algunos residentes en el
extranjero han venido evadiendo el pago del impuesto en territorio nacional y
transfiriendo recaudación al extranjero, se propone incluir expresamente la enajenación
del crédito comercial como ingreso gravable. Por otra parte, en el impuesto sobre la renta se propone establecer
la obligación de presentar declaración informativa de las operaciones realizadas por el
contribuyente con partes relacionadas residentes en el extranjero. Esto, con la finalidad
de dotar a las autoridades fiscales de elementos adicionales para verificar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de precios de transferencia y así
evitar que se trasladen impuestos a los riscos de otros países. En los últimos años las autoridades mexicanos, en colaboración
con las autoridades fiscales extranjeras, han buscado formas eficaces para combatir la
evasión y elusión fiscales, así como mecanismos para recuperar los créditos fiscales
de contribuyentes omisos. Con el objetivo de fortalecer esta política, se propone a esa
Soberanía establecer las bases jurídicas para que el Estado Mexicano y los Estados
Extranjeros, puedan celebrar convenios de asistencia en el cobro y recaudación de los
impuestos y sus accesorios, en un marco internacional de cooperación y ayuda mutua.
La aceptación de la propuesta permitirá que México solicite la
ayuda de las autoridades fiscales extranjeras para el cobro de contribuciones causadas en
nuestro país que no fueron pagadas, y cuyo cobro resulta imposible para la autoridad
nacional por tratarse de un contribuyente que se encuentra residiendo en un país
extranjero. A su vez, nuestro país dará un trato recíproco para el cobro de impuestos
causados en el extranjero. La aceptación de la propuesta permitirá que México solicite la
ayuda de las autoridades fiscales extranjeras para el cobro de contribuciones causadas en
nuestro país que no fueron pagadas, y cuyo cobro resulta imposible para la autoridad
nacional por tratarse de un contribuyente que se encuentra residiendo en un país
extranjero. A su vez, nuestro país dará un trato recíproco para el cobro de impuestos
causados en el extranjero. Para reducir la evasión fiscal en sectores de difícil
fiscalización, esa Soberanía aprobó en diciembre pasado un esquema de retención del
impuesto al valor agregado, mediante el cual se cambia al sujeto obligado al pago y se
hace recaer la obligación de enterar el gravamen sobre contribuyentes sujetos a un mayor
control. Esta medida arrojó resultados inmediatos, tanto en la mejor administración del
gravamen, como en la disminución del margen de competencia desleal de contribuyentes
incumplidos respecto de los cumplidas. Por lo anterior, y para fortalecer los instrumentos
que efectivamente reducen la evasión y elusión fiscales, se propone a esa Soberanía
incorporar al esquema de retención al servicio de autotransporte terrestre de carga, así
como a los comisionistas personas físicas por las comisiones que perciban de personas
morales. Con objeto de combatir el contrabando, la piratería, la venta de
mercancías robadas, y la competencia desleal del comercio informal, esa Soberanía
aprobó en diciembre pasado establecer la obligación para los contribuyentes con puestos
fijos o semifijos en la vía pública, de tener en dichos lugares su cédula de
identificación fiscal o la solicitud de inscripción en el registro federal de
contribuyentes, así como los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de
las mercancías, y estableció un procedimiento ágil para que la autoridad fiscal pudiese
verificar el cumplimiento del mandato legal con estricto apego a las garantías del
ciudadano. Este instrumento resulta fundamental para el combate a las
actividades ilícitas (venta de mercancías robadas, piratería y contrabando) y a la
competencia desleal que genera la informalidad. Sin embargo, la práctica ha demostrado
que quienes realizan estas actividades buscan deficiencias en el ámbito jurídico que les
permitan continuar operando en un marco de impunidad. Así, resulta necesario complementar el esfuerzo emprendido el año
pasado y establecer en el Código Fiscal de la Federación las adecuaciones necesarias
para fortalecer los programas en contra de las actividades señaladas, en un marco
jurídico que permita la eficacia en la actuación de la autoridad con estricto apego a
las garantías individuales de los contribuyentes. Por ello, se propone señalar que los
contribuyentes que cuenten con locales y, en su caso, con bodegas para almacenar
mercancías, también deberán tener a disposición de las autoridades fiscales en esos
lugares la copia de su cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y
la documentación que ampare la legal posesión o propiedad de las mercancías. Para no
ocasionar molestias innecesarias a los contribuyentes cumplidos, se propone que quienes se
hayan registrado debidamente ante la autoridad fiscal y cuenten en dichos lugares con
copia certificada del registro correspondiente, no estén obligados a conservar en los
mismos la documentación que ampare la propiedad de sus mercancías, la cual, en este
último caso, deberá estar en su domicilio fiscal. Atendiendo a las peticiones de la industria de bebidas alcohólicas
y con el propósito de combatir la adulteración, el contrabando y la venta de bebidas
alcohólicas robadas, se propone a esa Soberanía facultar a las autoridades fiscales para
que puedan verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas
cuenten con el marbete o precinto a que obliga la Ley, logrando con ello una mayor
efectividad de la obligación de adherir dichos signos distintivos de control fiscal. 3. Medidas para adecuar las
disposiciones fiscales al entorno económico
Los constantes cambios en el entorno económico obligan a la
autoridad tributario a adecuar diversas disposiciones del sistema tributario a las
prácticas comerciales, así como a eliminar distorsiones que se han detectado en la
operación de algunos impuestos. Las propuestas que se plantean en este apartado obedecen
a este objetivo. 1929,1930,1931
Las tasas de deducción de las inversiones que actualmente contiene
la Ley del Impuesto sobre la Renta fueron establecidas por el Legislador considerando el
tipo de activos utilizados básicamente en las empresas privadas. Sin embargo, en los
últimos años el sector privado se ha incorporado a diversas actividades que
anteriormente realizaba el Estado. Por ello, la legislación ha quedado desactualizada en
cuanto a los porcentajes de depreciación, ya que los activos no considerados expresamente
se deducen conforme al porcentaje aplicable al rubro de 'otros", es decir, a una tasa
de 10 por ciento anual. Ello, sin embargo, no guarda relación con la vida útil de los
activos de que se trata. Por lo anterior, se propone establecer categorías de deducción
para diversos activos que actualmente se deducen con la tasa general, y adecuar algunas
tasas vigentes, tomando en consideración la vida útil u obsolescencia tecnológica del
bien que se deduce. Cabe señalar que con esta medida algunos activos verían incrementado
su porcentaje de deducción, mientras que otros experimentarían reducciones. Asimismo, la Ley del Impuesto sobre la Renta no establece
expresamente cómo deducir las erogaciones realizadas por la adquisición de títulos de
concesión. Esto ha generado incertidumbre en los contribuyentes y propiciado que se
apliquen porcentajes que en algunos casos son muy superiores a los que corresponde a su
vida útil. Ello puede conducir a que las empresas beneficiarias de concesiones no paguen
impuesto sobre la renta por largos periodos de tiempo, de manera indebida. Por ello, se propone a esa Soberanía establecer expresamente la
deducción de las erogaciones para la adquisición del título de concesión como un gasto
diferido, lo cual es congruente con el tipo de inversión de que se trata. El porcentaje
de deducción anual que se propone obedece al periodo en que se obtiene la concesión y el
periodo por el cual puede prorrogarse, lo cual guarda estricta relación con el tiempo en
que se pueden aprovechar los activos en concesión. Actualmente, la industria productora de películas puede deducir los
gastos y las inversiones realizadas para la producción de películas hasta el momento en
que obtiene los ingresos por su exhibición y explotación, únicamente por el monto de
dichos ingresos y en un plazo máximo de cinco años. Con el objeto de adecuar el
tratamiento fiscal aplicable a esta industria, se propone permitir la deducción de los
gastos en el propio ejercicio en que se eroguen y las inversiones en los porcentajes
anuales que correspondan, de acuerdo al bien de que se trate. En la búsqueda de mecanismos que fomenten el ahorro de largo plazo
para financiar el desarrollo nacional, se propone a esa Soberanía establecer la exención
sobre los intereses que se paguen por títulos de crédito cuyo vencimiento sea a un plazo
mayor de tres años y cuyo período de revisión de la tasa de interés sea de cuando
menos seis meses. Cabe señalar que, para evitar el abuso y la manipulación que pudiera
darse respecto de estos títulos de crédito, se propone establecer que cuando los mismos
sean redimidos o adquiridos, total o parcialmente por el emisor, antes del plazo citado,
el impuesto se deberá pagar en los términos del Titulo IV de la propia Ley del Impuesto
sobre la Renta. En congruencia con la medida anterior, se propone homologar el trato
que se aplica en el impuesto sobre la renta a los intereses derivados de créditos o
deudas denominadas en unidades de inversión, de manera que les sea aplicable lo dispuesta
.para el resto de los intereses. En las reformas aprobadas en diciembre pasado por esa Soberanía, se
estableció una nueva mecánica de acreditamiento del impuesto al valor agregado
trasladado a los contribuyentes, tomando como base un factor de prorrateo determinado como
la proporción del valor de sus actos gravados en el valor total de los actos realizados
por el contribuyente. Ello con el propósito de impedir el sobreacreditarniento que de
este gravamen venían aplicando diversos contribuyentes, y la evasión y elusión fiscales
resultantes. Sin embargo, se ha detectado que contiene algunas imprevisiones técnicas. Por lo anterior, se propone a esa Soberanía una adecuación a dicho
esquema, estableciendo la identificación y acreditamiento del impuesto que le sea
trasladado a los contribuyentes en la adquisición de materias primas, productos
terminados o semiterminados, que se relacionen con la enajenación o prestación de
servicios por la que se esté obligado al pago del impuesto, así como del impuesto
correspondiente a sus adquisiciones, gastos e inversiones que se destinen a la
exportación de bienes tangibles o en operaciones de maquila para exportación. Lo anterior implica que el esquema de prorrateo aplique para el
impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente que no se pueda identificar con
actos gravados ni con actos por los que no se esté obligado al pago del impuesto. Como
complemento de ello, se propone un ajuste en la determinación del factor de prorrateo que
lo haga neutral y elimine los márgenes de maniobra en perjuicio del fisco federal. Para hacer técnicamente operativo el esquema propuesto, se requiere
un ajuste a la mecánica de determinación de los pagos provisionales del impuesto al
valor agregado, por lo que se propone un esquema de pagos que considere los datos
acumulados desde el primer día del ejercicio y hasta el último día del mes al que
corresponde el pago provisional. Igualmente, se requiere ajustar la mecánica que deberán
observar los contribuyentes que obtengan descuentas, bonificaciones o devuelvan los
productos que hubiesen adquirido, a efecto de que el impuesto que en su caso se cancele o
restituya sea igual al que se hubiese acreditado. En el impuesto sobre tenencia existen algunas distorsiones derivadas
de que la base gravable no refleja adecuadamente el precio del mercado del vehículo y de
que la estructura del impuesto no da la posibilidad para que ante la reducción en el
precio de los autos usados, se ajuste la tasa del impuesto. Por lo anterior, se plantea un esquema opcional consistente en
aplicar al valor de adquisición del vehículo, calculado con base en la factura original,
un factor de ajuste que reconozca una depreciación más acentuada en los primeros años,
al tiempo que permita la reclasificación de un vehículo usado en un segmento menor de
tasa en función a su valor, cuando proceda. 4. Medidas para Fortalecer
el Federalismo Fiscal
En esta Administración, el Ejecutivo a mi cargo ha hecho patente la
importancia que tiene el fortalecimiento del federalismo en la agenda de prioridades
nacionales. Ello se evidencia con las diversas medidas que se han instrumentado
para fortalecer a las Entidades Federativas y a los Municipios; lo mismo en lo relativo a
la descentralización del gasto, como en lo referente a la coordinación tributaría. En
esta Administración se registra el avance más notable en materia de federalismo
hacendario en la historia moderna del país. Para el ejercicio fiscal de 1999, el Ejecutivo a mi cargo, ante la
solicitud reiterada de las entidades federativas por fortalecer sus ingresos para hacer
frente a las crecientes necesidades de su ciudadanía, propuso a esa Soberanía iniciar
una segunda etapa en el fortalecimiento del federalismo. Una nueva etapa congruente con la
necesidad de fortalecer el gasto público federal en su ámbito de competencia y,
particularmente, con el avance democrático del país. la nueva realidad política de
México exige que para satisfacer la demanda por servicios públicos municipales y
estatales, que es distinta en cada región y localidad, los órdenes municipal y estatal
de gobierno cuenten con los instrumentos suficientes. La falta de correspondencia entre
quienes contribuyen y quienes se benefician de los servicios públicos estatales v
municipales frena el avance democrático del país. Por ello, con la convicción de que fortalecer la estructura
financiera de las Entidades Federativas y Municipios es el camino a seguir, y no el de
ampliar su dependencia hacia el Gobierno Federal, el Ejecutivo a mi cargo, atendiendo a
las solicitudes de las Entidades Federativas por contar con mayores recursos, pone a
consideración de ese H. Congreso la propuesta de dar mayor flexibilidad a nuestro sistema
de coordinación fiscal, estableciendo la posibilidad para que los Estados y el Distrito
Federal puedan aplicar un impuesto al consumo local. Debe señalarse que la ampliación de las potestades tributarías
que pueden aplicar las entidades y municipios, particularmente en lo relativo a impuestos
de base amplia, es la vía que se ha venido adoptando en diversos países de América
Latina para fortalecer las haciendas locales, por ser congruente con una mayor pluralidad
política. El gravamen mencionado aplicaría a la enajenación de bienes, a la
prestación de servicios y al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles,
llevados a cabo por personas que no realicen actividades empresariales. Con objeto de
mantener balance entre autonomía financiera estatal y armonización tributaría, se
propone que la tasa aplicable en los Estados que opten por incorporar este gravamen no
exceda del 2 por ciento. Por otro lado, para hacer operativo el esquema que otorga un
incentivo a los gobiernos municipales por incorporar al sector informal en el padrón de
contribuyentes y, por tanto, a la tributación, se plantea otorgar a las entidades un
incentivo de 10 por ciento de la recaudación obtenida de estos contribuyentes cuando el
Municipio celebre con el Estado un convenio para facilitar la entrega de los recursos
correspondientes. Los municipios mantendrían su participación del 70 por ciento de la
misma, siempre que celebren dichos convenios. Con ello se dará más efectividad a este
incentivo para combatir la informalidad, al tiempo que se fortalecen las finanzas
municipales. Finalmente, ante la necesidad de evitar el grave daño ecológico
que deriva de las descargas de aguas residuales no tratadas, en los distintos cuerpos
acuíferos por parte de los municipios y buscando un uso racional del agua, se propone
tomar una serie de medidas que induzcan tanto a la realización de las obras necesarias
para contar con plantas de tratamiento que permitan descargar agua limpia en los cuerpos
receptores, como a reconocer el costa social que deriva del uso ineficiente de las aguas
nacionales. La ley Federal de Derechos establece el cobro por el uso o
aprovechamiento de aguas nacionales y por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio
público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, con
el fin de propiciar un uso adecuado del agua en el primer caso, y fomentar el tratamiento
de las aguas residuales en el segundo, al resultar más oneroso que las inversiones
necesarias para llevar a cabo su tratamiento. No obstante, el cumplimiento de estas
disposiciones no ha sido el adecuado, llevando ello a un problema ecológico de
proporciones significativas. lo anterior se hace patente si se considera que actualmente
el 80 por ciento de las aguas residuales se descargan sin ser tratadas y que se presentan
importantes mermas superiores al 40 por ciento en las redes de distribución del agua. 1932,1933,1934
Por ello, se propone reformar el artículo 38 de la Ley de
Coordinación Fiscal, de manera que se permita la compensación de las aportaciones del
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios contra adeudos por el derecho de uso o
aprovechamiento de aguas nacionales y el derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de
dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales.
Como complemento a la medida anterior, se instrumentaría un
programa de regularización mediante Decreto Presidencial, en el que se establecería un
mecanismo que permitiera la condonación de una parte de los adeudos generados por el
derecho asociado al aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación como
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, así como el acreditamiento de la
inversión contra los cargos corrientes del mismo derecho. Ambos beneficios se aplicarían
conforme se registre el avance efectivo en la realización de las obras de infraestructura
municipales para el tratamiento de las aguas residuales, que deberán realizarse en un
periodo máximo de tres años. Este esquema mantiene como principio fundamental, la necesidad de
distinguir a los municipios que hayan cumplido con las obras de infraestructura necesaria
y el pago oportuno de los derechos antes mencionados, respecto de aquéllos que hubieran
incurrido en adeudos. Lo anterior buscando no desalentar el cumplimiento futuro de los
primeros y generando así una señal adecuada para los segundos. B. Ingresos para 2000
Esta iniciativa presenta, de manera desglosada, los ingresos del
sector público para 2000. Para ese año. se estima que los ingresos del sector público
federal, sin incluir los provenientes de financiamientos, ascenderán a 1,116.8 miles de
millones de pesos. Medido como proporción del Producto Interno Bruto, este nivel de
ingresos representará el 21.3 por ciento de dicho indicador, con lo cual se ubicarán 0.3
puntos porcentuales por arriba del porcentaje que se estima alcanzarán estos ingresos al
concluir 1999. De los ingresos del sector público, los ingresos del Gobierno
Federal ascenderán a 81 1.1 miles de millones de pesos, lo que representa 72.6 por ciento
del total y 15.5 por ciento corno proporción del Producto Interno Bruto, superior en 0.7
puntos porcentuales al porcentaje estimado para el cierre de 1999. Los ingresos procedentes de los organismos sujetos a control
presupuestal directo, por su parte, se estima ascenderán a 305.7 miles de millones de
pesos, es decir, el 27.4% del total de los ingresos del sector público. Respecto al
Producto Interno Bruto representarán el 5.8%. Así, el total de ingresos que se estima
obtendrá el sector público federal durante el año 2000 es consistente con la estrategia
planteada en los Criterios Generales de Política Económica para ese año, que entre
otros lineamientos establece que el déficit de las finanzas públicas no rebasará un
monto equivalente a 1% del Producto Interno Bruto. C. Crédito Público
La política de crédito público que se plantea llevar a cabo
durante el ejercicio fiscal del año 2600, tendrá como objetivos fundamentales los
siguientes: a)
Captar los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones derivadas de la deuda
pública vigente, así
como para el
financiamiento del déficit público.
b)
Contribuir al fortalecimiento financiero de la economía mexicana, a fin de garantizar la
estabilidad de nuestra
economía durante el período de cambio de Administración.
Para el logro de ambos objetivos, se considera necesario dar
continuidad a las líneas de acción emprendidas desde el inicio de la presente
Administración, para el manejo del crédito público, conforme a lo siguiente: i) Mejorar
el perfil de vencimientos de la deuda, distribuyendo adecuadamente en el tiempo sus
vencimientos y evitando la acumulación en plazos cortos de montos importantes de
amortizaciones; y ii) Disminuir el costo financiero del débito público, y reducir la
sensibilidad del mismo ante variaciones de las tasas de interés y paridades cambiarías. En términos generales, se propone en esta Iniciativa un aumento de
la deuda interna con el objeto de que el Gobierno Federal esté en posibilidad de
financiar su déficit fiscal, fundamentalmente en el mercado doméstico. Asimismo, se
solicita un incremento moderado de la deuda externa del sector público, que se
encontraría asociado principalmente a la promoción por parte de la banca de desarrollo
del sector exportador y de proyectos productivos en Estados y Municipios, así como a la
realización de proyectos de inversión en el sector energético. Para esto último, se
buscará maximizar la obtención de recursos provenientes de organismos financieros
multilaterales, en particular del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo,
así como de organismos bilaterales dedicados a la promoción del comercio exterior, que
ofrecen financiamientos en condiciones favorables en cuanto a plazo y costo. Con relación al débito interno, en la presente Iniciativa de Ley
se solicita un endeudamiento neto interno para el Gobierno Federal por 90 mil millones de
pesos. Dicho monto es congruente con las metas fiscales establecidas en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente al año 2000,
que considera un déficit del sector público presupuestario para ese año por 52 mil 616
millones de pesos, resultado de un déficit del Gobierno Federal por 86 mil 397 millones
de pesos y un superávit del sector paraestatal de 33 mil 781 millones de pesos. El endeudamiento neta interno solicitado para el Gobierno Federal
resulta ligeramente superior a su déficit, en virtud de que por las características
propias de ciertos valores gubernamentales (BONDES y UDIBONOS), el flujo de efectivo que
se obtiene de su colocación resulta generalmente menor a su valor nominal, que
corresponde a su valor de registro. Por lo que se refiere al débito externo, la iniciativa propone un
limite al endeudamiento neto externo del sector público por el equivalente en moneda
nacional de 3 mil 500 millones de dólares de los Estados Unidos de América. El
incremento propuesto en la deuda pública externa, que resulta menor a lo solicitado en
ejercicios fiscales anteriores, obedece a la necesidad de apoyar las siguientes
actividades: Respecto a BANOBRAS, como se recordará, recientemente se
firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito para el Programa de Apoyo a
Estados y Municipios, que incluye un monto de 400 millones de dólares para que esta
Institución otorgue a las Entidades y Municipios del país créditos en condiciones
favorables en cuanto a plazo y costo. Actualmente, se encuentra en negociación un
crédito con el Banco Mundial con características similares.
Los programas de inversión del sector energético, es decir, de
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Se tiene considerado que
tales programas generarán un endeudamiento directo externo neto cercano a los 700
misiones de dólares. En dicho monto se incluye tanto la disminución de las obligaciones
externas vigentes como resultado de la posición superavitaria que presentarán dichas
entidades en el próximo ejercicio fiscal, como los requerimientos de endeudamiento de los
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo autorizados en los últimos años. Respecto a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo
Plazo, cabe destacar que a partir de 1999 entraron ya en operación este tipo de
proyectos, a los cuales se sumarán los que se tiene previsto inicien operaciones durante
el año 2000. En términos de la normatividad aplicable a estos proyectos, el registro
diferido tanto de la inversión como de su financiamiento respectivo, se realiza una vez
efectuada la recepción de las obras concluidas, lo que implica que para el próximo
ejercicio fiscal se presente un endeudamiento neto externo estimado de poco más de 1 mil
1 00 millones de dólares por este concepto de pasivo. Al igual que en años anteriores, con el fin de mejorar las
condiciones financieras de los pasivos públicos, la presente Iniciativa de Ley contempla
la posibilidad de que se lleven a cabo operaciones de intercambio de deuda siempre y
cuando no se rebase el nivel de endeudamiento neto total autorizado. Asimismo, se propone
que pueda emitirse deuda interna adicional para compensar un menor endeudamiento externo
neto, situación que podría presentarse en el caso de un eventual deterioro de las
condiciones globales de liquidez en los mercados internacionales, lo que podría
dificultar la obtención de los recursos externos solicitamos. Con respecto al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario es
de gran importancia que este último se encuentre en posibilidades de celebrar operaciones
de refinanciamiento. Con lo anterior se reduciría de manera importante la presión sobre
el presupuesto, al mismo tiempo de permitir al Instituto cumplir con las obligaciones
vinculadas a los programas de saneamiento. De esta forma, la solicitud para realizar operaciones de
refinanciamiento tiene como objetivo otorgar al Instituto la posibilidad de mejorar el
perfil de vencimiento de su deuda que de otra manera implicaría concentraciones y
requerimientos presupuestases que impactarían de manera desfavorable en la situación de
las finanzas públicas del país. Finalmente, en lo que respecta al Distrito Federal se propone, a
solicitud del Gobierno del Distrito Federal, que su endeudamiento neto para el año 2000
sea de 9 mil millones de pesos, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal para ese ejercicio fiscal. Por
lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos Secretarios, me
permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente
Iniciativa de
Ley
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000
Artículo
1o. En el ejercicio fiscal de 2000, la Federación percibirá los ingresos
provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se
enumeran:
1935,1936,1937
A. Gasolina y diesel.
B. Bebidas alcohólicas.
C. Cervezas y bebidas refrescantes.
D. Tabacos labrados.
A. A la importación
B. A la exportación
1938,1939,1940
Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en
este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se
considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere
este artículo. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los
ingresos pagados en especie o en servicios por contribuciones, así como en su caso el
destino de los mismos. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, informará al Congreso de la Unión, trimestralmente, dentro de los 45
días siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos percibidos por la Federación en
el ejercicio fiscal de 2000, en relación con las estimaciones que se señalan en este
artículo. Artículo 2o. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión a
más tardar el último día de marzo del 2001, de los empréstitos contratados durante el
presente ejercicio fiscal en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción VIII
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la
propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y
contrate empréstitos, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal,
en los términos de la Ley General de Deuda Pública. Así mismo, el Ejecutivo
Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el
objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo. El Ejecutivo Federal queda autorizado en caso de que así se
requiera, para emitir en el mercado nacional, en el ejercicio fiscal del año 2000,
valores u otros instrumentos indizados al tipo de cambio del peso mexicano respecto de
monedas del exterior, siempre que el saldo total de los mismos durante el citado ejercicio
no exceda del 10 por ciento del saldo promedio de la deuda pública interna registrada en
dicho ejercicio y que, adicionalmente, estos valores o instrumentos sean emitidos a un
plazo de vencimiento no menor a 365 días. Las operaciones a las que se refieren el tercero y cuarto párrafo
de este articulo no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el
presente ejercicio. Se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos,
empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público por un endeudamiento neto
de 9 mil millones de pesos para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el ejercicio fiscal de 2000. Del ejercicio de estas facultades, el Ejecutivo Federal, dará
cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público dentro de los 45 días siguientes al trimestre vencido,
especificando las características de las operaciones realizadas. El Ejecutivo Federal también informará trimestralmente en lo
referente a aquellos pasivos contingentes que se hubieran asumido con la garantía del
Gobierno Federal, durante el ejercicio fiscal del año 2000. Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a
contratar créditos 0 emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus
obligaciones financieras. las operaciones que realice el Instituto deberán mantenerse en
todo momento dentro de los limites autorizados en la Ley de Protección al Ahorro
Bancario. Articulo 3o. Artículo 4o. I.
Derecho sobre la extracción de
petróleo.
Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios pagarán el derecho que establece esta fracción por cada región petrolera
de explotación de petróleo y gas natural, aplicando la tasa del 52.3% al resultado que
se obtenga de restar
al total de los ingresos por ventas de bienes o servicios que tenga Pemex-Exploración y
Producción por cada región, el total de los costos y gastos efectuados en bienes o
servicios con motivo de la exploración y explotación de dicha región por el citado
organismo, considerando dentro de estos últimos las inversiones en bienes de activo fijo
y los gastos y cargos diferidos efectuados con motivo de la exploración y explotación de
la región petrolera de que se trate, sin que exceda el monto del presupuesto autorizado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Pemex-Exploración y Producción para
el ejercicio de 2000.
Para los efectos de esta fracción, se estará a lo siguiente: a) El
precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de petróleo
crudo no podrá ser inferior al precio promedio ponderado de la mezcla de petróleo
crudo mexicano de exportación del periodo correspondiente.
b) El
precio que se tomará en cuenta para determinar los ingresos por la venta de gas natural
no podrá ser inferior al precio del mercado internacional relevante que al efecto fije la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la expedición de reglas de carácter
general.
c)
Las mermas por derramas o quema de petróleo o gas natural se considerarán corno ventas
de exportación y el precio que se utilizará para el cálculo del derecho será el que
corresponda de acuerdo a los incisos a) o b) anteriores, respectivamente.
d)
Las
regiones petroleras de explotación de petróleo y gas natural serán las que de a conocer
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Pemex-Exploración y Producción enterará diariamente, incluyendo
los días inhábiles, anticipas a cuenta de este derecho como mínimo, por 84 millones 4
mil pesos durante el año. Además, Pemex-Exploración y Producción enterará el primer
día hábil de cada semana un anticipo de 591 millones 257 mil pesos. El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de
Pemex- Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración
correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil
del segundo mes posterior a aquel al que correspondan los pagos provisionales. Contra el
monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Pemex-Exploración y
Producción podrá acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los
términos del párrafo anterior, sin que causen recargos las diferencias que, en su caso,
resulten. las diferencias que resulten a cargo de Pemex-Exploración y Producción con
posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate
deberán enterarse mediante declaración complementada que presentará ante la Tesorería
de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en los términos
del Código Fiscal de la Federación. 1941,1942,1943
Pemex-Exploración
y Producción calculará y enterará el monta del derecho sobre la extracción de
petróleo que resulte a su cargo por el ejercicio fiscal de 2000, mediante declaración
que presentará ante la Tesorería de la Federación a más tardar el último día hábil
del mes de marzo de 2001. Contra el monto que resulte a su cargo, Pemex-Exploración y
Producción podrá acreditar los pagos provisionales efectuados durante el año en
los términos de esta fracción.
II. Derecho extraordinario sobre la
extracción de petróleo.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el
derecho que establece esta fracción aplicando la tasa del 25.5% sobre la base del derecho
sobre la extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior y lo enterará
por conducto de Pemex-Exploración y Producción, conjuntamente con este último derecho. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios enterarán
diariamente incluyendo los días inhábiles, por conducto de Pemex-Exploración y
Producción, anticipos a cuenta de este derecho, como mínimo, por 49 millones 692 mil
pesos durante el año. Además, Pemex-Exploración y Producción enterará el primer día
hábil de cada semana un anticipo de 349 millones 760 mil pesos. El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de
Pemex- Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración
correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil
del segundo mes posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el
monto del derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Pemex-Exploración y
Producción podrá acreditar los anticipas efectuados por el mes de que se trate en los
términos del párrafo anterior, sin que causen recargos las diferencias que, en su caso,
resulten. Las diferencias que resulten a cargo de Pemex-Exploración y Producción con
posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional de que se trate
deberán enterarse mediante declaración complementaria que se presentará ante la
Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los recargos aplicables en
los términos del Código Fiscal de la Federación. Los
ingresos que la Federación obtenga por este derecho extraordinario no serán
participables a los Estados, Municipios y al Distrito Federal.
III.
Derecho adicional sobre la extracción de petróleo.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el
derecho que establece esta fracción aplicando la tasa del 1.1% sobre la base del derecho
sobre la extracción de petróleo a que se refiere la fracción I anterior. El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de
Pemex- Exploración y Producción, mediante la presentación de la declaración
correspondiente ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil
del segundo mes posterior a aquél al que corresponda. las diferencias que resulten a
cargo de Pemex-Exploración y Producción con posterioridad a la presentación de la
declaración del pago provisional de que se trate deberán enterarse mediante declaración
complementaria que presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la
actualización y los recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la
Federación. Pemex-Exploración y Producción calculará y enterará el monto del
derecho adicional sobre la extracción de petróleo que resulte a su cargo por el
ejercicio de 2000, mediante declaración que presentará ante la Tesorería de la
Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2001. Contra el
monto que resulte a su cargo, Pemex-Exploración y Producción podrá acreditar los pagos
provisionales efectuados durante el año en los términos de esta fracción. IV.
Impuesto a los rendimientos petróleos.
Petróleos
mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el impuesto a los rendimientos
petróleos, de conformidad con lo siguiente:
a)
Cada organismo deberá calcular el impuesto a que se refiere esta fracción aplicando al
rendimiento neto del ejercicio la tasa del 35%. El rendimiento neto a que se refiere este
párrafo, se determinará restando de la totalidad de los ingresos del ejercicio, el total
de las deducciones autorizadas que se efectúen en el mismo, siempre que los ingresos sean
superiores a las deducciones. Cuando el manto de los ingresos sea inferior a las
deducciones autorizadas, se determinará una pérdida neta.
b)
Cada organismo efectuará dos anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar
el último día hábil de los meses de agosto y noviembre de 2000 aplicando la tasa del
35% al rendimiento neto determinado conforme al apartado anterior, correspondiente a los
periodos comprendidos de enero a junio, en el primer caso y de enero a septiembre, en el
segundo caso.
El monto de los pagos provisionales efectuados durante el año se
acreditará contra el monto del impuesto del ejercicio, el cual se pagará mediante
declaración que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el
último día hábil del mes de marzo de 2001. c)
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán determinar el impuesto a que se
refiere esta fracción en forma consolidada. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos
calculará el rendimiento neto o la pérdida neta consolidados aplicando los
procedimientos que establecen las disposiciones fiscales y las reglas específicas que al
efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción se
aplicarán, en lo conducente, las disposiciones fiscales y las reglas de carácter general
expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de ingresos,
deducciones, cumplimiento de obligaciones y facultades de las autoridades fiscales. IV.
Derecho sobre hidrocarburos.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán el
derecho sobre hidrocarburos aplicando la tasa del 60.8%, al total de los ingresos por las
ventas de hidrocarburos y petroquímicos a terceros, que efectúen en el ejercicio de
2000. Los ingresos antes citados se determinarán incluyendo el impuesto especial sobre
producción y servicios por enajenaciones y autoconsumos de Pemex-Refinación sin tomar en
consideración el impuesto al valor agregado. El derecho se calculará y enterará mensualmente por conducto de
Petróleos Mexicanos, mediante la presentación de la declaración correspondiente ante la
Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil del segundo mes
posterior a aquél al que correspondan los pagos provisionales. Contra el monto del
derecho que resulte a su cargo en la declaración mensual, Petróleos Mexicanos podrá
acreditar las cantidades efectivamente pagadas de acuerdo con lo establecido en las
fracciones I, lI, III y IV de este artículo y en la ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, correspondientes al periodo de que se trate. Cuando el monto a
acreditar en los términos de este párrafo sea superior o inferior al derecho sobre
hidrocarburos a pagar por el periodo de que se trate, se reducirán o incrementarán
respectivamente, las tasas de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este
artículo para dicho periodo, en el porcentaje necesario para que el monto acreditable sea
igual a la cantidad a pagar por el derecho sobre hidrocarburos, de acuerdo con las reglas
que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las diferencias que resulten a cargo de Petróleos Mexicanos con
posterioridad a la presentación de la declaración del pago provisional a que se refiere
el párrafo anterior deberán enterarse mediante declaración complementada que se
presentará ante la Tesorería de la Federación, incluyendo la actualización y los
recargos aplicables en los términos del Código Fiscal de la Federación. Petróleos Mexicanos calculará y enterará el monto del derecho
sobre hidrocarburos que resulte a su cargo por el ejercicio de 2000, mediante declaración
que presentará ante la Tesorería de la Federación, a más tardar el último día hábil
del mes de marzo de 2001. Contra el monto que resulte a su cargo en la declaración anual,
Petróleos Mexicanos podrá acreditar las cantidades efectivamente pagadas en el
ejercicio, de acuerdo con lo establecido en las fracciones I, lI, III y IV de este
artículo y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Cuando el monto
a acreditar en los términos de este párrafo sea superior o inferior al derecho sobre
hidrocarburos a pagar en el ejercicio, se reducirán o incrementarán, respectivamente,
las tasas de los derechos a que se refieren las fracción es I y II de este articulo para
el ejercicio, en el porcentaje necesario para que el monto acreditable sea igual a la
cantidad a pagar por el derecho sobre hidrocarburos, de acuerdo con las reglas que al
efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. V.
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por la
enajenación de gasolinas y diesel, enterarán por conducto de Pemex-Refinación,
diariamente, incluyendo los días inhábiles, anticipas por un monto de 212 millones 243
mil pesos, como mínimo, a cuenta del impuesto especial sobre producción y servicios,
mismos que se acreditarán contra el pago provisional que establece la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, correspondiente al mes por el que se efectuaron
los anticipos. El pago provisional de dicho impuesto deberá presentarse a más tardar el
último día hábil del mes posterior a aquel al que corresponda el pago, mismo que podrá
modificarse mediante declaración complementada que se presentará a más tardar el
último día hábil del tercer mes siguiente a aquel en que se presentó la declaración
que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso,
resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando estas
últimas diferencias excedan a dicho 1944,1945,1946
Por lo que se refiere a la enajenación de gas natural para
combustión automotriz, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios por conducto de
Pemex-Gas y Petroquímica Básica deberán efectuar los pagos provisionales de este
impuesto a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que
corresponda el pago, mismo que podrá mortificarse mediante declaración complementaria
que se presentará a más tardar el último día hábil del tercer mes siguiente a aquél
en que se presentó la declaración que se complementa, sin que se causen recargos por las
diferencias que, en su casa, resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto
declarado. Cuando estas últimas diferencias excedan a dicho porcentaje, se pagarán
recargos por el total de las mismas. Todas estas declaraciones se presentarán en la
Tesorería de la Federación. Los pagos mínimos diarios por concepto del impuesto especial sobre
producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel, se modificarán cuando
los precios de dichos productos varíen, para lo cual se aplicará sobre los pagos
mínimos diarios un factor que será equivalente al aumento o disminución porcentual que
registren los productos antes señalados, el cual será determinado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a más tardar el tercer día posterior a su modificación. Cuando las gasolinas y el diesel registren diferentes porcentajes de
incremento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el factor a que se
refiere el párrafo anterior, tomando en consideración el aumento o la disminución
promedio ponderada de dichos productos, de acuerdo con el consumo que de los mismos se
haya presentado durante el trimestre inmediato anterior a la fecha de incremento de los
precios. El Banco de México deducirá los pagos diarios y semanales que
establecen las fracciones anteriores de los depósitos que Petróleos Mexicanos o sus
organismos subsidiarios deben hacer en dicha institución, conforme a la Ley del propio
Banco de México y los concentrará en la Tesorería de la Federación. Cuando en un lugar o región del país se establezca un sobreprecio
al precio de la gasolina, no se estará obligado al pago del impuesto especial sobre
producción y servicios por dicho sobreprecio en la enajenación de este combustible. VI.
Impuesto al Valor Agregado.
Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios efectuarán individualmente los pagos
provisionales de este impuesto en la Tesorería de la Federación, mediante declaraciones
que presentarán a más tardar el último día hábil del mes siguiente, las que podrán
mortificarse mediante declaración complementaria que presentarán a más tardar el
último día hábil del tercer mes siguiente a aquél en que se presentó la declaración
que se complementa, sin que se causen recargos por las diferencias que, en su caso,
resulten, siempre que éstas no excedan del 3% del impuesto declarado. Cuando estas
últimas diferencias excedan a dicho porcentaje, se pagarán recargos por el total de las
mismas. VII.
Contribuciones causadas por la importación de mercancías.
Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios determinarán individualmente los impuestos a la
importación y las demás contribuciones que se causen con motivo de las importaciones que
realicen, debiendo pagarlas ante la Tesorería de la federación a más tardar el último
día hábil del mes posterior a aquél en que se efectúe la importación.
VII.
Impuestos a la Exportación.
Cuando
el Ejecutivo Federal, en ejercicios de las facultades que le confiere el Artículo 131 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca impuestos a la
exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios deberán determinarlos y pagarlos a más tardar el último día
hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la exportación.
VIII.
Derechos.
Los derechos que causen Petróleos Mexicanos y sus
organismos subsidiarios se determinan y pagarán en los términos de esta Ley y de la Ley
federal de Derechos.
IX.
Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes.
Cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado
acumulado mensual del barril del petróleo crudo mexicano exceda de 15.50 dólares de los
Estados Unidos de América, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán un
aprovechamiento que se calculará aplicando la tasa del 39.2% sobre el rendimiento
excedente acumulado, que se determinará multiplicando la diferencia entre el valor
promedio ponderado acumulado del barril de crudo y 15.50 dólares de los Estados Unidos de
América por el volumen total de exportación acumulado de hidrocarburos. Para efectos de lo establecido en esta fracción, Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios calcularán y efectuarán anticipas trimestrales a
cuenta del aprovechamiento anual, que se pagarán el último día hábil de los meses de
abril, julio y octubre de 2000 y enero de 2001. Pemex y sus organismos subsidiarios
presentarán ante la Tesorería de la Federación una declaración anual por este concepto
a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2001, en la que podrán acreditar
los anticipos trimestrales enterados en el ejercicio. X.
Otras Obligaciones.
Petróleos Mexicanos será quien cumpla por sí y por cuenta de sus
subsidiarias las obligaciones señaladas en esta Ley, excepto la de efectuar pagos
provisionales diarios y semanales cuando así se prevea expresamente. Para tal efecto,
Petróleos Mexicanos será solidariamente responsable del pago de contribuciones,
aprovechamientos y productos que correspondan a sus organismos subsidiarios. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios presentarán las
declaraciones, harán los pagos y cumplirán con las obligaciones de retener y enterar las
contribuciones y aprovechamientos a cargo de terceros, incluyendo los establecidos en la
Ley del Impuesto sobre la Renta, ante la Tesorería de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para
variar el monto de los pagos provisionales, diarios y semanales, establecidos en este
artículo, cuando existan modificaciones en los ingresos de Petróleos Mexicanos o de sus
organismos subsidiarios que así lo ameriten; así como para expedir las reglas
específicas para la aplicación y cumplimiento de las fracciones I, II, III, V y XIl de
este artículo. Petróleos Mexicanos presentará, una declaración a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en los meses de abril, julio y octubre de 2000 y enero de
2001, en la que informará sobre los pagos por contribuciones y los accesorios a su cargo
o a cargo de sus organismos subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior. Petróleos Mexicanos presentará conjuntamente con su declaración
anual del impuesto a los rendimientos petroleros, declaración informativa sobre la
totalidad de las contribuciones causadas o enteradas durante el ejercicio anterior, por
sí y por sus organismos subsidiarios. Artículo 5o. Articulo 6o. En los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales se causarán recargos al 2.0% mensual sobre los saldos insolutos, durante el año
de 2000. Esta tasa se reducirá, en su caso, a la que resulte mayor entre: a) Aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la tasa de
interés interbancaria de equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federación del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se
calculan los recargos y de dividir entre doce el resultado de dicha multiplicación. A la
tasa anterior se le restará el incremento porcentual del índice Nacional de Precios al
Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los
recargos, y b)
Sumar 8 puntos porcentuales al promedio mensual de la tasa de interés interbancaria de
equilibrio (TIIE) que publica el banco de México en el Diario Oficial de la Federación
del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de
dividir entre doce el resultado de dicha suma. A la tasa anterior se le restará el
incremento porcentual del Indice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes
inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos.
La reducción a que se refiere el primer párrafo del presente
artículo también será aplicable a los intereses a cargo del fisco federal a que se
refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. 1947,1948,1949
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los
cálculos a que se refiere este articulo y publicará la tasa de recargos vigente para
cada mes en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 7o. Artículo 8o. Artículo 9o. Para establecer el monto de los aprovechamientos a que hace
referencia este artículo, por la prestación de servicios, y por el uso o aprovechamiento
de bienes, se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y saneamiento
financiero de los organismos públicos que realicen dichos actos conforme a lo siguiente: I. La cantidad que deba cubrirse por concepto de usa o
aprovechamiento de bienes y servicios que tienen referencia internacional, se fijará
considerando el cobro que se efectúe por el uso o aprovechamiento o la prestación del
servicio de similares características en países con los que México mantiene vínculos
comerciales. II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso o disfrute
de bienes y por la prestación de servicios que no tengan referencia internacional, se
fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de
dichos costos en los términos de eficiencia económica y saneamiento financiero. III.
Se
podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso o aprovechamiento de bienes o
prestación de servicios, cuando éstas respondan a estrategias de comercialización o
racionalización y se otorguen de manera general. A los organismos que omitan total o
parcialmente el cobro o entero de los aprovechamientos establecidos en los términos de
esta Ley, se les disminuirá del presupuesto que les haya sido asignado para el ejercicio
a las entidades correspondientes, una cantidad equivalente a dos veces el valor de la
omisión efectuada.
Durante el ejercicio de 2000, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, aun cuando su cobro se encuentre
previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias o entidades interesadas
estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero a febrero de
2000, los montos de los aprovechamientos que tengan una cuota fija o se cobren de manera
regular. los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación o que no sean
aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por
la dependencia o entidad de que se trate a partir del lo. de marzo de dicho año, salvo que se trate de aprovechamientos por
concepto de multas o cuotas compensatorias. Tratándose de aprovechamientos distintos a
los antes señalados, las dependencias y entidades interesadas deberán someter para su
aprobación a la citada Secretaria el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar,
en un plazo no menor a diez días anteriores a la fecha de su entrada en vigor. En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere
este artículo para el ejercicio fiscal en curso, se aplicarán los vigentes al 31 de
diciembre de 1999, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron
autorizados en el ejercicio fiscal de 1 999, conforme a la siguiente tabla: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar en el mes
de marzo de 2000, los conceptos y montos de los ingresos que por Asimismo,
las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe durante el mes de agosto de
2000 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos
durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan
programado percibir durante el segundo semestre.
Artículo
10. Los ingresos por aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior, se
destinarán, previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
cubrir los gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión hasta por el
monto autorizado en el presupuesto de la entidad para la unidad generadora de dichos
ingresos.
Se
entiende por unidad generadora de los ingresos de la entidad, cada uno de los
establecimientos de la misma, en los que se otorga o proporciona de manera autónoma e
integral el uso o aprovechamiento de bienes o el servicio por el cual se cobra el
aprovechamiento. Cuando no exista una asignación presupuestal específica por unidad
generadora, se considerará el presupuesto total asignado a la entidad en la proporción
que representen los ingresos de la unidad generadora respecto del total de ingresos de la
entidad.
Las
entidades a las que se les apruebe destinar los ingresos por aprovechamientos para cubrir
sus gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión en los términos del
primer párrafo de este artículo, lo harán en forma mensual y hasta el monto
presupuestal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el mismo
periodo. La parte de los ingresos que exceda el límite autorizado para el mes que
corresponda, se enterará a la Tesorería de la Federación a más tardar el décimo día
del mes siguiente a aquel en que obtuvo el ingresos la entidad de que se trate.
Las
autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la
Secretaría de Hacienda y crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2000, sólo
surtirán sus efectos para dicho año y en las mismas se señalará el destino que se
apruebe para los aprovechamientos que perciba la entidad correspondiente.
Artículo
11. Los ingresos que se obtengan por los productos señalados en la fracción VI del
artículo 1o. de esta Ley, se podrán destinar a las dependencias que enajenen los bienes,
otorguen su uso o goce o presten los servicios, para cubrir sus gastos de operación,
conservación, mantenimiento e inversión, hasta por el monto que señale el presupuesto
de egresos de la entidad para la unidad generadora de dichos ingresos, que excedan del
límite señalado no tendrán fin específico y se enterarán a la Tesorería de la
Federación a más tardar el décimo día del mes siguiente a aquél en que se obtuvo el
ingreso.
Se
entiende por unidad generadora de los ingresos de la entidad, cada uno de los
establecimientos de la misma, en los que se enejena el bien o se otorga o proporciona de
manera autónoma e integral el uso o goce de bienes o el servicio por el cual se cobra el
producto. Cuando no exista una asignación presupuestal específica por unidad generadora,
se considerará el presupuesto total asignado a la entidad en la proporción que
representen los ingresos de la unidad generadora respecto del total de ingresos de la
entidad.
1950,1951,1952
El
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
autorizará para el ejercicio fiscal de 2000, las modificaciones y las cuotas de los
productos, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes, así como el destino
de los mismos a la dependencia correspondiente.
Para
tal efecto las dependencias o entidades interesadas estarán obligadas a someter para su
aprobación, durante los meses de enero a febrero del 2000, los montos de los productos
que tengan una cuota fija o se cobren de manera regular. Los productos que no sean
sometidos a la aprobación o que no sean aprobados por Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, no podrán ser cobrados por la dependencia o entidad de que se trate apartir del
1o. de marzo de dicho año. tratándose de productos distintos a los antes señalados, las
dependencias y entidades interesadas deberán someter para su aprobación a la citada
Secretaría el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor de diez
días anteriores a la fecha de entrada en vigor.
En
tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio
fiscal en curso, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 1999, multiplicados por
el factor que corresponda según el mes que fueron autorizados en el ejercicio fiscal de
1999, conforme a la siguiente tabla:
Las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán informar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar en el mes de marzo de 2000, los
conceptos y montos de los ingresos que por productos hayan percibido así como de los
enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el
ejercicio fiscal inmediato anterior.
Asimismo,
las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe durante el mes de agosto de
2000 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el
primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado
percibir durante el segundo semestre.
Artículo
12. Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que establece esta
Ley se concentrarán en la Tesorería de la Federación, y deberán reflejarse, cualquiera
que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la
cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Las oficinas cuentadantes de la Tesorería de la Federación,
deberán conservar durante dos años, la cuenta comprobada y los documentos justificativos
de los ingresos que recauden por los diversos conceptos que establece esta Ley. No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos
provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del
Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que
podrán ser recaudados por las oficinas de los propios Institutos y por las instituciones
de crédito que autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse
con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la cuenta de la Hacienda
Pública Federal. Tampoco se concentrarán en la Tesorería de la Federación los
ingresos provenientes de las aportaciones y de los abonos retenidos a trabajadores por
patrones para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Las
contribuciones o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una
naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza
establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo
previsto en este artículo, en su parte conducente.
Quedan sin efectos los convenios en los que se permita que
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal no concentren en la
Tesorería de la Federación las contribuciones o aprovechamientos que cobren. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
presentarán, a más tardar en el mes de marzo de 2000, ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, una declaración informativa sobre los ingresos percibidos durante el
ejercicio de 1999 por concepto de contribuciones, aprovechamientos y productos Artículo 13. Salvo lo dispuesto en el
artículo anterior, se aplicará el régimen establecido en esta ley, a los ingresos que
por cualquier concepto reciban las entidades de la administración pública paraestatal
federal que estén sujetas a control presupuestario en los términos de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 2000, entre las que se comprende, de manera
enumerativa a las siguientes: Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Comisión
Federal de Electricidad.
Caminos
y Puentes Federales de ingresos y Servicios Conexos.
Aeropuertos
y Servicios Auxiliares.
Ferrocarriles
Nacionales de México.
Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Lotería
Nacional para la Asistencia Pública.
Luz
y Fuerza del Centro.
las entidades a que se refiere este artículo deberá estar
inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en términos de
las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que
correspondan en los términos de dichas disposiciones, aun cuando se sujeten al régimen
establecido en esta Ley Artículo
14. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cancelar por
incosteabilidad los créditos cuyo importe al 30 de junio de 2000 hubiera sido inferior o
igual al equivalente en moneda nacional a 2,500 unidades de inversión. La cancelación de
dichos créditos por única vez libera al contribuyente de su pago.
Artículo
15. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2000 se
estará a lo siguiente:
l.
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes de los
sectores agropecuario y forestal que tributen en el régimen simplificado, consistente en
permitir el acreditamiento de la inversión realizada contra una cantidad equivalente al
impuesto al activo determinado en el ejercicio, mismo que podrá acreditarse en ejercicios
posteriores hasta agotarse.
ll.
Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los
contribuyentes residentes en México que se dediquen al transporte aéreo o marítimo de
personas o bienes por los aviones o embarcaciones que tengan concesión o permiso
del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, en los siguientes términos:
a) Tratándose de aviones o embarcaciones arrendados, acreditarán
contra el impuesto al activo a su cargo, el impuesto sobre la renta que se hubiera
retenido de aplicarse la tasa del 21% en lugar de la tasa del 5% que establece el
artículo 149 de la Ley del impuesto sobre la Renta a los pagos por el uso o gose de
dichos bienes, siempre que se hubiera efectuado la retención y entero de ese último
impuesto y que los aviones o embarcaciones sean explotados comercialmente por el
arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes.
b) En el caso de aviones o embarcaciones propiedad del
contribuyente, el valor de dichos activos que se determine conforme a la fracción ll del
artículo 2°. de la Ley del Impuesto al Activo, se multiplicará por el factor de 0.1
tratándose de aviones y por el factor 0.2 tratándose de embarcaciones, y el monto que
resulte será el que se utilizará para determinar el valor del activo de esos
contribuyentes respecto de dichos bienes conforme al artículo mencionado.
Los
contribuyente a que se refiere esta fracción que hubieran ejercido la opción a que se
refiere el artículo 5-A de la Ley del impuesto al Activo, podrán efectuar el cálculo
del impuesto que les corresponda, aplicando para tal efecto lo dispuesto en esta
fracción.
Los
contribuyentes a que se refiere esta fracción, no podrán reducir del valor del activo
del ejercicio las deudas contratadas para la obtención del uso a goce o la adquisición
de los aviones o embarcaciones, ni aquellas que se contraten para financiar el
mantenimiento de los mismos, por los que se aplique el estímulo a que la misma se
refiere.
lll.
Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los
Almacenes Generales e Depósito por los inmuebles de su propiedad que utilicen para el
almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías, consiste en permitir que
el valor de dichos activos que se determine conforme a la fracción ll del artículo 2°de
la Ley del impuesto al Activo,se multiplique por el factor de 0.2; el monto que resulte
será el que se utilizará para determinar el valor del activo de esos contribuyentes
respecto de dichos bienes, conforme al artículo mencionado.
1953,1954,1955
Los contribuyentes a que se refiere esta fracción, que hubieran
ejercido la opción a que se refiere el articulo 5-A de la ley del impuesto al Activo,
podrán efectuar el cálculo del impuesto que les corresponda, aplicando para tal efecto
lo dispuesto en esta fracción. IV. Se otorga un estímulo fiscal en el
impuesto al activo a las personas físicas que tributen conforme a la Sección III, del
Capítulo VI, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en el
impuesto que hubiere causado.
V. Se
otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo por el, monto total del mismo que se
derive de la propiedad de cuentas por cobrar derivadas de contratos que celebren los
contribuyentes con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, respecto de
inversiones de infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias, autorizada
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 18 de la
Ley de Deuda Pública.
VI. Se
otorga este beneficio a los contribuyentes de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y
minero que adquieran diesel para su consumo final, y siempre que dicho combustible no sea
para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte de personas o efectos a
través de carreteras o caminos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto
especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios hayan causado por la enajenación de este combustible, siempre que se utilice
exclusivamente como combustible en:
a)
Maquinaria fija de combustión interna, maquinaria de flama abierta y locomotoras.
b)
Vehículos
marinos y en maquinaria utilizada en las actividades de acuacultura.
c)
Tractores, motocultores, combinadas,
empacadoras de forraje, revolvedoras, desgranadoras, molinos, cosechadoras o máquinas de
combustión interna para aserrío, bombeo de agua o generación de energía eléctrica,
que se utilicen en actividades de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas;
cría y engorda de ganado, aves de corral y animales; cultivo de los bosques o montes,
así como en la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la
vegetación de los mismos.
d)
Vehículos
de baja velocidad o bajo perfil, que por sus características no estén autorizados para
circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas, y siempre que se cumplan
los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
VII.
Para
efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, las personas que adquieran diesel para
su consumo final en los términos de dicha fracción, estarán a lo siguiente:
a)
Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del
diesel, para estos efectos, el monto que dichas personas podrán acreditar será el que se
señale expresamente y por separado en el comprobante correspondiente.
En los casos en que el diesel se adquiera de agencias o
distribuidores autorizados, el impuesto que las personas antes mencionadas podrán
acreditar, será el que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que
les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas
agencias o distribuidores del diese], en la parte que corresponda al combustible que las
mencionadas agencias o distribuidores comercialicen a esas personas. En ningún caso
procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este inciso. b)
Las personas que utilicen el diesel en las actividades agropecuarias o silvícolas
señaladas en el inciso c), fracción VI de este articulo, podrán acreditar un monto
equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diesel
en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el
impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el
inciso anterior.
Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo
final en los términos del beneficio mencionado, Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente
y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y
servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la
enajenación de que se trate. Para efectos de esta fracción las personas que tengan derecho a
efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, deberá efectuarse contra el ISR que
tenga el contribuyente a su cargo o las retenciones del mismo efectuadas a terceros, el
IMPAC o el IVA, que se deba enterar utilizando la forma oficial que mediante reglas de
carácter general de a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública. VIII.
Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o
silvícolas a que se refiere el inciso c) de la fracción VI del presente artículo,
podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y
servicios que tuvieran derecho a acreditar en términos de la fracción VII que antecede,
en lugar de efectuar el acreditamiento a que el mismo se refiere, siempre que cumplan con
lo dispuesto en esta fracción.
Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán
solicitar la devolución, serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio
inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general
correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el
monto de la devolución podrá ser superior a $534.44 mensuales por cada persona física,
salvo que se trate de personas físicas que registren sus operaciones en el cuaderno
de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la Ley del Impuesto sobre
la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta $1,068.89 mensuales. Las personas morales que podrán solicitar la devolución serán
aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior, no hayan excedido de veinte
veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente
elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces
dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a $534.44
mensuales, por cada uno de los socios o asociados sin que exceda en su totalidad de
$5,342.25 mensuales, salvo que se trate de personas morales que registren sus operaciones
en el cuaderno de entradas y salidas previsto para el régimen simplificado en la ley del
Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta $1,068.89
mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en
su totalidad de $10,684.50 mensuales. Las cantidades en moneda nacional establecidas en los párrafos
anteriores, se actualizarán en los meses de enero y julio con el factor de actualización
correspondiente al periodo comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el
último mes inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo
que se obtendrá de conformidad con el articulo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas
previstas en este artículo y publicará los resultados de la actualización en el Diario
Oficial de la Federación a más tardar el día 10 de los meses citados. La devolución correspondiente deberá ser solicitada
trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre del mismo año y enero del
siguiente. Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción,
deberán llevar un registro de control de consumo de diesel, en el que asienten
mensualmente la totalidad del diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o
silvícolas en los términos del inciso c), fracción VI de este artículo, distinguiendo
entre el diesel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicho inciso, del
diesel utilizado para otros fines. Dicho registro deberá estar a disposición de las
autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en
los términos de las disposiciones fiscales. Para obtener la devolución a que se refiere esta fracción, se
deberá presentar la forma oficial 32 de devoluciones, ante la Administración de
Recaudación que corresponda, acompañada de la documentación que la misma solicite, así
como la establecida en la presente fracción. El derecho para la recuperación mediante acreditamiento o
devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, tendrá una vigencia de
un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del
diesel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que
quien no lo acredite o solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de
realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio. Los derechos previstos en esta fracción no serán aplicables a los
contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de personas o
efectos a través de carreteras o caminos. Los beneficiarios del estimulo previsto en la fracción VI del
presente artículo, quedarán obligados a proporcionar la información que le requieran
las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto le señalen. Los beneficios que se otorgan en las fracciones VI, VII y VIII del
presente artículo, no podrán ser acumulabas con ningún otro estímulo fiscal y está
condicionado a que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en las
mismas. 1956,1957,1958
Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
emitir las reglas generales que sean necesarias para la obtención de los beneficios
previstos en este precepto. IX. Se
otorga un estimulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, por los
proyectos en investigación y desarrollo que realicen, consistente en aplicar un crédito
fiscal por los gastos e inversiones
adicionales en investigación y desarrollo de tecnología que realicen en el ejercicio,
siempre que dichos gastos e inversiones no se financien con recursos provenientes del
fondo a que se refieren los artículos 27 y 108 fracción VII de la Ley del Impuesto sobre
la Renta. Dicho crédito fiscal será del 20% de la diferencia que resulte de restar al
monto de los conceptos a que se refiere esta fracción, realizados en el ejercicio de que
se trate, el monto total promedio actualizado de las inversiones y gastos realizados por
tales conceptos en los ejercicios de 1997 y 1998, siempre que el primer monto sea mayor
que el segundo, conforme a lo siguiente:
El monto total promedio de los gastos e inversiones realizados, se
obtendrá dividiendo la suma de los gastos e inversiones realizados en dichos ejercicios,
actualizados, entre el número de ejercicios en que se hayan realizado dichos gastos e
inversiones. Los gastos e inversiones se actualizarán por el periodo comprendido
desde el mes de su realización o adquisición y hasta el último mes de la primera mitad
del ejercicio por el que se determina el crédito fiscal a que se refiere esta fracción. El contribuyente podrá aplicar el crédito fiscal a que se refiere
esta fracción, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tenga a su
cargo, en la declaración anual del ejercicio en el que se determinó dicho crédito o en
los ejercicios siguientes hasta agotarlo. La parte del crédito fiscal no aplicada se
actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se presentó la declaración
del ejercicio en que se determinó el crédito fiscal y hasta el mes inmediato anterior a
aquel en que se aplique. La parte de crédito fiscal actualizada pendiente de aplicar, se
actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez
y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se aplique.
Para la aplicación del estímulo a que se refiere esta fracción,
se estará a lo siguiente: 1. Se
creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del
Conacyt, uno de la SECOFI, uno de la SHCP y uno de la SEP, el cual deberá dar a conocer a
más tardar el 31 de marzo de 2000, las reglas generales con que operará dicho Comité
así como los sectores prioritarios susceptibles de obtener el beneficio, las
Características de las empresas y los requisitos adicionales que se deberán cumplir para
poder solicitar el beneficio del estimulo.
2. El monto total del estímulo a distribuir
entre los aspirantes del beneficio, no excederá de $500 millones de pesos para el año
2000.
3. El
Comité lnterinstitucional estará obligado a publicar a más tardar el último día de
los meses de julio y diciembre de 2000, el monto erogado durante el primer y segundo
semestres, según corresponda, así como las empresas beneficiarias del estímulo fiscal y
los proyectos por los cuales fueron merecedoras de este beneficio.
Artículo 16. Articulo 17. l.
los relacionados con el comercio exterior:
a)
A la importación de artículos de consumo en las regiones fronterizas.
b)
A la importación de equipo y maquinaria a las regiones fronterizas
ll.
A cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo.
Se aprueban los estímulos fiscales y subsidios con cargo a
impuestos federales, así como las devoluciones de impuestos concedidos para fomentar las
exportaciones de bienes y servicios o la venta de productos nacionales a las regiones
fronterizas del país en los porcientos o cantidades otorgados o pagadas en su caso, que
se hubieran otorgado durante el ejercicio fiscal de 1999. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará, para
conceder los estímulos a que se refiere este artículo, en su caso, la opinión de las
dependencias competentes en los términos de la ley Orgánica de la Administración
Pública Federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las
disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido por este artículo en
materia de estímulos fiscales y subsidios. Artículo 18. Artículo 10. Artículo 20. Artículo 21. El monto de la exención que se otorga de conformidad con lo
establecido en el párrafo anterior, se determinará a través del mecanismo que a
continuación se señala: 1. Cuando los préstamos hubieran sido otorgados a tasas de interés
anuales inferiores al 20%, la exención será por una cantidad equivalente al 67% de la
diferencia entre: b)
El impuesto calculado en los mismos términos que les corresponderla de considerar como
ingresos en servicios la cantidad que resulte de aplicar al importe de los préstamos
obtenidos del empleador, disminuido con la parte que del mismo se haya reembolsado, una
tasa equivalente a la diferencia entre una tasa anual de interés del 20% y la tasa
pactada por dichos préstamos.
ll.
Cuando los préstamos hubieran sido otorgados a tasas de interés anuales del 20% o
superiores, la exención será por una cantidad equivalente al 67% de la diferencia entre:
a)
El impuesto sobre la renta que corresponda a los contribuyentes por el ejercicio de que
se.trate, por los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio
personal subordinado, después de disminuirle el subsidio y el crédito al salario anuales
que, en su caso, resulten aplicables, y
b)
El
impuesto calculado en los mismos términos que les correspondería sin acumular los
ingresos en servicios a que se refiere el artículo 78-A de la ley del Impuesto sobre la
Renta.
lll. En ningún caso la exención del impuesto prevista en este
artículo excederá de la cantidad de $10,720.00 Asimismo, para que proceda la exención que establece este
artículo, el empleador que hubiera otorgado el préstamo del cual deriva el ingreso en
servicios pagará por cuenta de sus trabajadores, el 33% de la diferencia a 1959,1960,1961
La
cantidad pagada por el empleador conforme al párrafo anterior, en ningún caso será
deducible ni acreditable para este último para los efectos del impuesto sobre la renta o
de cualquier otra contribución. Cuando el trabajador que goce de la exención que este
articulo establece, presente declaración del impuesto sobre la renta por el ejercicio de
que se trate, podrá acreditar contra el impuesto determinado a su cargo, la parte que
hubiera sido pagada por su cuenta por el empleador, en los términos del párrafo
anterior, sin que dicho acreditamiento pueda dar lugar a devolución o compensación del
impuesto a favor del trabajador.
lV.
Los empleadores que ejerzan las opciones previstas en este artículo, deberán cumplir los
requisitos siguientes:
a)
Que a más tardar en el mes de enero del año de que se trate, determinen conforme al
artículo 83 fracción ll de la Ley del impuesto sobre la Renta, el impuesto anual que
para el ejercicio inmediato anterior les correspondió por su salario y demás
presentaciones que deriven de la relación laboral, a los trabajadores por os que ejerzan
la opción prevista en este artículo.
Dicha
determinación la efectuarán aun en el supuesto de que los trabajadores les comuniquen
por escrito que presentarán declaración anual por el citado ejercicio. Para efectuar la
determinación del impuesto anual a cargo del trabajador, considerarán el ingreso en
servicios calculado en los términos del artículo 78-A de la propia Ley del Impuesto
sobre la Renta, así como la cantidad pagada por el empleador conforme a este artículo.
En el caso de que alguna de las personas por las que hubieran
ejercido la opción prevista en este artículo, deje de prestarles servicios antes del 31
de diciembre del año de que se trate, deberán calcular y darle a conocer el impuesto
causado en el periodo comprendido en el citado año, durante el cual le hubiera prestado
servicios, y la exención que de dicho impuesto le corresponda a la fecha de terminación
de la prestación de servicios personales, como si esa fuera la fecha de terminación del
ejercicio, utilizando para ello las tarifas del impuesto y tablas de subsidio y crédito
al salario, vigentes en los meses correspondientes al periodo comprendido entre el lo. de
enero del año de que se trate y la fecha en que deje de prestarle servicios, las cuales
serán dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que en las constancias que en los términos del artículo 83
fracción 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, proporcione en el año de que se
trate a sus trabajadores que gocen de la exención prevista en este articulo,
adicionalmente a los datos que conforme al mismo deben contener, se señalen los ingresos
en servicios obtenidos conforme al artículo 78-A de la citada Ley, el importe del
impuesto que se exenta en los términos de este artículo y la cantidad que el empleador
pagó. Cuando los empleadores opten por pagar las cantidades conforme a
este artículo, para la determinación de las retenciones por concepto de pago provisional
del impuesto sobre la renta, durante el ejercicio de que se trate, a cargo de los
trabajadores que gocen de la exención parcial a que se refiere este artículo, estarán a
lo dispuesto por este precepto. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 78-A de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en el año de 2000 la tasa aplicable será del 15%. Articulo 22. A. La
condonación y ajuste a que se refiere el párrafo anterior, se sujetará al cumplimiento,
por parte del contribuyente, de los siguientes requisitos:
I. Exhibir dictamen de contador público registrado en los
términos del Código Fiscal de la Federación, en el que se haga constar cuando menos
que: a) Los
activos del contribuyente son insuficientes para cubrir el crédito fiscal de que se trate
o que la carga financiera que representan los recargos y los demás créditos a cargo del
contribuyente implique que pueda entrar en estado de insolvencia o lo conduzca a la
suspensión de pagos o quiebra; y
b) Los
recargos cuya condonación se solicita, deriven de créditos fiscales a cargo del
contribuyente relativos a contribuciones que debieron cubrirse hasta el 31 de diciembre de
1997.
II. Acreditar
que todos sus acreedores, integrantes del sistema financiero y, en su caso, al menos 5 de
sus principales acreedores diversos, le hayan otorgado condiciones preferenciales y
celebrado convenios con él, coincidentes en sus condiciones de pago, plazo y tasas de
interés, entre otros.
B. La condonación y ajuste a que se refiere este artículo, se
sujetará a las siguientes reglas: I. Sólo
procederá la condonación total de recargos, cuando el contribuyente, además de cumplir
con los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores, no se encuentre en los
siguientes supuestos:
a) La
determinación de los créditos fiscales respecto de los que se causaron los recargos
derive de actos u omisiones que impliquen la existencia de agravantes en la comisión de
infracciones en términos del Código Fiscal de la Federación.
b) Los
créditos se hayan determinado presuntivamente de acuerdo con lo que señala el Código
Fiscal de la Federación.
c) Se
hayan formulado querellas o declaratorias de perjuicio por la posible comisión de delitos
fiscales.
II. El
porcentaje de condonación parcial de recargos y el ajuste a que se refiere el párrafo
primero de este artículo, se hará atendiendo a la situación financiera del
contribuyente y a su posibilidad de pago, en razón del volumen de sus operaciones, el
monto de sus ingresos y los créditos que hubiese contraído y tuviese pendientes de pago
con los acreedores a que se refiere la fracción 11 del apartado A. En ningún caso el
beneficio que se otorgue conforme a esta fracción podrá ser superior al que el resto de
sus acreedores le hubieran otorgado, conforme a la fracción 11 del apartado A previo.
La
autoridad podrá requerir al contribuyente todos los datos, informes o documentos que resulten necesarios
para determinar que efectivamente se encuentra en los
supuestos previstos en este artículo. Esto con independencia del ejercicio de sus
facultades de verificación.
Sólo procederá la condonación de recargos que hayan quedado
firmes y siempre que el acto o actos administrativos que resulten conexos a su Las resoluciones en las materias a que se refiere este artículo
serán emitidas por un Comité del Servicio de Administración Tributaría que estará
constituido por, al menos, 5 titulares de las unidades administrativas de nivel inmediato
inferior al del Presidente de dicho órgano y serán designados por él. Lo previsto en este artículo no constituye instancia y no reinicia,
interrumpe o suspende la interposición de los medios de defensa que debieron o pudieron
hacerse valer en contra de los créditos fiscales que hubiesen dado lugar a la causación
de los recargos a que se refiere este precepto. Transitorios
Primero. Segundo. Tercero. Palacio
Nacional, a 11 de noviembre de 1999.
SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN.
Recibo
y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
1962,1963,1964
CONTINUACION DE LA SESION DEL
DE NOVIEMBRE DE 1999 DEL DIARIO No.
23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2000 1965-2065
IV. IMPULSO AL BIENESTAR SOCIAL.
A justicia social es principio y meta esencial a la que aspira el
pueblo de México. Alcanzar un desarrollo social justo, sostenido y homogéneo, es una de
las más altas prioridades del Gobierno de la República. Con tal propósito, se ha
diseñado una política social cuyos objetivos son crear y ampliar oportunidades para la
mejora continua en la calidad de vida de todos, y propiciar su participación en las
actividades sociales y productivas del país en igualdad de circunstancias. Para lograr lo anterior, se promueve la integralidad de acciones y
programas, la inclusión y corresponsabilidad de los distintos sectores sociales, y la
concurrencia de los tres órdenes de gobierno. Así, en la presente Administración se han
impulsado cambios a las instituciones públicas con el fin de que respondan de manera más
eficiente y con mayor calidad a las justas demandas de las familias mejicanas, y en
especial de aquéllas que viven en condiciones de pobreza. Al mismo tiempo, se han
descentralizado competencias, recursos y capacidad de decisión a la autoridad que está
más cerca de las necesidades de la población. Como parte de este proceso, el Gobierno Federal ha procurado hacer
más transparentes los criterios y requisitos de asignación de los recursos mediante la
publicación de los lineamientos específicos que los norman, en concordancia con el
avance democrático del país, y ante las demandas de una sociedad cada vez más informada
y participativa. En paralelo, la estrategia de desarrollo social se fortalece desde
1996, una vez superada la emergencia económica de 1994-95, con recursos presupuestases
crecientes. Para continuar impulsando los programas y acciones que contribuyen a elevar el
bienestar de la población se propone a esa H. Soberanía que por quinto año consecutivo
el gasto para desarrollo social aumente más rápidamente que el PIB y que el gasto
programaba. En consecuencia, se somete a su alta consideración que el gasto social en el
año 2000 sea de 491,178.3 millones de pesos, lo que representa un aumento de 5.9 por
ciento real respecto al que se ejercerá en 1999. De ser aprobada la propuesta, durante el año 2000 se observará el
mayor nivel de gasto social en la historia reciente del país, de acuerdo a los siguientes
indicadores: I) el gasto en términos reales; II) su participación dentro del gasto
programaba federal; III) su participación en el Producto Interno Bruto; y IV) su monto
per cápita, como se puede apreciar en los paneles (a)-(d) de la Gráfica IV.1 y en el
Cuadro IV.1. 2066,2067,2068
Así, con base en una estrategia que conjuga cambios institucionales
con aumentos sostenidos al presupuesto destinado al desarrolló social, se amplían y
potencian los alcances de las políticas públicas para atender las necesidades de
educación, cuidado de la salud, seguridad social, capacitación para el empleo y la
vivienda de los mexicanos. De otro lado, la estrategia de desarrollo social reconoce los
problemas de desigualdad y exclusión que padece una parte importante de la población del
país. Para afrontados, dentro del conjunto de programas que conforman la política
social, el Gobierno Federal pone en práctica intervenciones diferenciadas que combaten
las causas que originan la pobreza extrema, para obtener resultados favorables en el corto
plazo y sustentabas a largo plazo. El objetivo de estas intervenciones es, además de
coadyuvar a satisfacer las necesidades inmediatas de la población marginada, apoyada en
un marco de corresponsabilidad para acelerar su incorporación a la vida productiva del
país, e impedir que la pobreza continúe transmitiéndose de generación en generación. Por ello, la política social despliega sus acciones a través de
dos grandes vertientes: a las acciones amplias; y, o las acciones dirigidas. Gráfica
IV.2
Vertientes
de la Política Social
En la Vertiente de las acciones amplias se han impulsado cambios
estructurales como la reforma a la seguridad social; la federalización, ampliación y
mejora de la calidad de los servicios de educación y salud; el crecimiento y
modernización de programas pagara la capacitación para el trabajo; y el replanteamiento
de los programas de vivienda. Estas acciones son respaldadas por presupuestos crecientes. La vertiente de acciones dirigidas a combatir la pobreza ha recibido
un gran impulso presupuestario durante la presente Administración. Con el fin de incidir
de manera inmediata en la posibilidad de inclusión de las familias pobres al desarrollo
nacional, y en la ampliación de sus capacidades productivas, se han hecho esfuerzos
simultáneos y complementados. Por un lado, se han multiplicado los apoyos directos al
ingreso familiar, pero ligados a la nutrición, la salud y la educación de la población
beneficiada. Estos apoyos más integrales buscan inducir una transformación cualitativa
permanente, y romper así el círculo vicioso de
ingresos escasos, deficiente nutrición, mala salud y falta de educación que reproduce y
transfiere la pobreza de padres a hijos. Por el otro lado, se han generado oportunidades
de ingreso vinculadas con la actividad productiva, y se ha ampliado la infraestructura
social básica. El presupuesto que se propone para el año 2000 mantiene esta tendencia
creciente. Una vez remontada la emergencia económica de 1994-1995, los
programas sociales de la presente Administración han tenido un ambiente institucional
más propicio para su ampliación, diversificación y modernización. A partir de
entonces, la estrategia de desarrollo social se ha instrumentado en condiciones de
crecimiento económico, estabilidad de precios y finalizas internas y externas sanas,
requisitos imprescindibles todos para elevar el nivel de vida de la población y combatir
la pobreza y la desigualdad en forma permanente. El crecimiento que se propone a esa H. Soberanía de 5.9 por ciento
en el gasto social resulta del esfuerzo por aumentar en 5.6 por ciento el presupuesto para
las acciones amplias, y en 8.4 por ciento el correspondiente a las acciones dirigidas. la
Gráfica IV.3 ilustra la composición propuesta. En el presente capítulo se exponen los principales programas,
acciones y montos propuestos para el año 2000, en las dos vertientes antes señaladas, y
en cada una de las líneas de acción que las integran. IV.1 Acciones Amplias de la Política Social De ser aprobado el Proyecto de Presupuesto, en el año 2000 los
programas que integran las acciones amplias de la política social, contarán con un
presupuesto de 438,293.9 millones de pesos. Este nivel de gasto permitirá avanzar en la prestación de los bienes y servicios a
cargo del Estado en materia de seguridad social, cuidado de la salud, educación,
capacitación laboral y vivienda. IV.1.1 Reforma a la seguridad social Como parte del proceso de modernización de las instituciones de
seguridad social, en 1997 entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social. El nuevo
ordenamiento modificó el esquema financiero de las aportaciones, la operación y las
obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, al mismo tiempo que mejor los
derechos de la población adscrita al lnstimo. Asimismo, desde el inicio de la actual
Administración se ha procurado fortalecer la capacidad financiera del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, bajo la misma
premisa de preservar y ampliar las prestaciones a su población afiliada. Para el año
2000 se propone a esa H. Soberanía ejercer un presupuesto de 185,395.7 millones de pesos
en seguridad social, 4.5 por ciento más en términos reales que en 1999. 2069,2070,2071
Reforma al Instituto Mexicano del Seguro Social La nueva Ley del Seguro Social, vigente a partir de 1° de julio de
1997, ha provisto al Instituto de los elementos económicos y financieros que aseguran la
adecuada atención a las crecientes demandas de salud, prestaciones sociales y derechos de
jubilación de la población afiliada. Con la reforma se fortaleció financieramente al
IMSS, se expandió la capacidad de atención a los beneficiados, y se facilitó el acceso
a los servicios de salud a pobla6i6n que antes carecía de él. La nueva Ley separó el manejo de cada uno de los ramos de
aseguramiento. Con base en ello, hoy cada ramo se presupuesta y contabiliza por separado
y, cuando así lo establece la Ley, constituye sus propias reservas. El costo presupuestal
de la reforma, con respecto a las obligaciones de la Ley anterior, se ubica en poco más
de 1 punto porcentual del PIB; ascendió a 0.49 por ciento del PIB en los seis meses en
que estuvo vigente durante 1997, 1.07 por ciento en 1998 y 1.10 por ciento en 1999. En el
año 2000 este costo adicional se espera sea equivalente a 1. 11 por ciento del PlB. La reforma impulsada por el Ejecutivo Federal dio respuesta al
agotamiento de] sistema de pensiones anterior, ocasionado por la evolución demográfica y
socioeconómica del país. En efecto, el sistema de reparto anual anterior tomaba la
aportación de los trabajadores en activo para pagar las pensiones de los jubilados, y no
creaba reservas financieras para los esquemas de retiro. Este esquema funcionó mientras
la relación de trabajadores activos a jubilados se mantenía alta. En los años previos a
la reforma, sin embargo, esta relación se redujo, provocando que los ingresos del IMSS
resultaran insuficientes para atender al creciente número de trabajadores que anualmente
se jubilaba. Así, se generaba una deuda pública oculta y creciente. Además, en
situaciones de elevada inflación las pensiones sufrían un rápido deterioro que
menoscababa la capacidad para afrontar las obligaciones contraídas. La nueva Ley transformó el modelo de aportaciones de reparto anual
en uno que deposita recursos directamente en cuentas individuales a nombre de cada
trabajador. El nuevo esquema tiene un fuerte efecto redistributivo. Como se comenta más
adelante, a través de él se transfieren ingresos presentes y futuros a los trabajadores. La nueva Ley disminuyó las cuotas de los trabajadores y de los
patrones al IMSS y aumentó concomitantemente las del Gobierno Federal. En el anterior
esquema las aportaciones del Gobierno Federal eran del 4 por ciento del monto total de
todos los seguros; con la nueva Ley, el porcentaje se elevó a 39 por ciento. Por su
parte, los trabajadores redujeron sus aportaciones del 20 al 9 por ciento y las empresas
de 76 a 52 por ciento, como se aprecia en la Gráfica IV.4. Para contribuir a que los trabajadores tengan un nivel de vida digno
al momento de su retiro, del total de los recursos canalizados por el Gobierno Federal al
IMSS y a las cuentas individuales de los trabajadores, alrededor de 62 por ciento se
destinan al esquema de prestaciones en dinero, que incluye la nómina de pensiones en
curso de pago, correspondiente a las pensiones de los trabajadores jubilados bajo la ley
anterior, y las aportaciones al sistema de cuentas individuales a cargo de las
Administradoras de Fondos para el Retiro, correspondiente a las futuras pensiones de los
trabajadores en activo bajo la nueva ley. El 38 por ciento restante se destina a cubrir
las obligaciones legales para con los otros seguros, principalmente el Seguro de
Enfermedades y Maternidad, SEM. Sistema de pensiones Como resultado de la nueva Ley, el Gobierno Federal asumió el costo
total de la nómina de pensiones registrada al 30 de junio de 1997, y la que en lo futuro
derive de aquellos trabajadores en activo a esa fecha y que al momento de su retiro
decidan hacerlo bajo el ordenamiento anterior. Así, la nueva ley establece un sistema de
pensiones que comprende, por un lado, el esquema de las prestaciones económicas de retiro
que se generaron con la Ley anterior, por el otro, un nuevo esquema de cuentas
individualizado, en las que se depositan las aportaciones piratas a nombre de cada
trabajador, y que al momento de su retiro son utilizadas para adquirir un seguro
específico con una compañía de seguros en función de los casos que la nueva Ley
prevé. Bajo este último esquema, los trabajadores tienen la garantía de que sus
pensiones se actualizan de acuerdo con el comportamiento que registra el índice Nacional
de Precios al Consumidor, INPC. Se estima que a fines del año 2000 los beneficiados de
una pensión, bajo cualquiera de las dos opciones, ascenderá a 1,854,489, y las cuentas
individuales registradas con aportación en las Afores alcanzarán 13.3 millones, 3.3 por
ciento más que en 1999. De otro lado, con la nueva Ley el Gobierno Federal hace una
aportación al sistema de pensiones por concepto de la denominada cuota social, a fin de
incrementar los saldos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores al
momento de su retiro. En 1999 aportó por este concepto al esquema de pensiones 7,948.4
millones de pesos. Para el año 2000, de aprobarse el Proyecto de Presupuesto, dicha
cantidad se elevará a 8,343.2 millones de pesos, lo que significa un aumento de 5.0 por
ciento real. la cuota social es equivalente al 5.5 por ciento del salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal al 30 de junio de 1997, y se deposita a la cuenta
individual del trabajador por cada día laborado; para conservar su valor se indicó al
comportamiento trimestral del INPC. Así, se estima que en el año 2000 diariamente se
canalizarán a cada trabajador 1.70 pesos en promedio, o un, total de 628.7 pesos al año. 2072,2073,2074
Debe destacarse que en el sistema anterior aquellos trabajadores que
cotizaban al IMSS por un período menor de 10 años, o que no llegaban cotizando a la edad
de retiro, perdían totalmente los derechos sobre sus cuotas y las que en su favor
hubiesen depositado los patrones. Esto se subsana bajo la nueva Ley, donde los
trabajadores nunca pierden lo que se acumula en sus cuentas. Dado que esta situación
afectaba sobre todo a las mujeres y a los trabajadores menos calificados, la reforma al
sistema de pensiones mejora la equidad y fortalece el papel redistributivo de la seguridad
social. Seguro
de enfermedades y maternidad, SEM
La
nueva Ley modificó la composición de las cuotas tripartitas del SEM, ya que por una
parte se acrecenta la participación del Gobierno Federal, y por la otra, disminuye la de
los trabajadores y las empresas. La participación gubernamental se eleva de 6 a 34 por
ciento del total; por su parte, los trabajadores disminuyen sus aportaciones del 24 al 8
por ciento y las empresas de 71 a 58 por ciento.
El conjunto de las empresas también resultó beneficiado por la
desgravación al SEM. Su cuota se redujo de 8.75 a 7.30 por ciento del salario base de
cotización. Al menos 750 mil empresas se verán beneficiadas en 1999 con la reducción de
sus contribuciones, lo que significa una reducción en el costo de la nómina de 8,140.0
millones de pesos. Además de la desgravación inicial que se dio con la entrada en
vigor de la nueva ley, durante los siguientes años y hasta el 2008, las cuotas al SEM
para aquellos trabajadores que se ubiquen en el rango de más de 3 salados mínimos
continuarán declinando. En el caso de las aportaciones de los trabajadores, pasarán de 2
a 0.40 por ciento, y las de los patrones de 6 a 1.10 por ciento. En cuanto a las cuotas
que corresponde pagar al Gobierno Federal, la Ley establece que sean equivalentes al 13.9
por ciento de un mínimo general vigente en el D.F., el cual queda indizado de manera
trimestral al INPC. Al cabo de este período, patrones y trabajadores con ingresos de más
de 3 salados mínimos verán reducidas sus aportaciones en cuatro quintas partes con
respecto a las de 1998, como se aprecia en la Gráfica IV.7. Por lo anterior, de aprobarse el Proyecto de Presupuesto, el
Gobierno Federal erogará por concepto de este seguro 23,790.1 millones de pesos en el
2000, 10.1 por ciento real más que en 1999, en beneficio de 13,160,353 trabajadores y sus
familias. 2075,2076,2077
Ampliación de la seguridad social a nueva población Seguro de salud para la familia De otro lado, la reforma del IMSS amplió la cobertura a los
trabajadores y familias que no cuentan con una relación contractual, mediante la
creación del Seguro de Salud para la Familia que puede ser adquirido, de manera
voluntaria y a bajo costo por la población no derechohabiente con el fin de tener acceso
al servicio de salud del Instituto. Su costo en el año 2000 será de 3,131 pesos anuales,
o 22.4 por ciento de un salado mínimo anual. Se estima que durante 1999 alrededor de 238
mil personas lo habrán adquirido, 129 por ciento más que en el año anterior, para lo
cual el Gobierno Federal erogará 443.6 millones de pesos. Para el año 2000 se espera
beneficiar mediante este seguro a 245 mil familias y, de merecer la aprobación de esa H.
Cámara de Diputados, se ejercerán 532.2 millones de pesos, que representan 20 por ciento
real más que en 1999. Seguro para jornaleros Agrícolas La reforma estableció que a un año de que la nueva Ley entrara en
vigor, los trabajadores eventuales y estacionases del campo podrían acceder al esquema
integral de prestaciones que otorga el Seguro Social, ya que en la Ley anterior la
protección se limitaba a cubrir la atención médica por enfermedad y maternidad y
riesgos de trabajo, y en su caso, un subsidio del 50 por ciento por accidentes laborales. Para el año 2000 se espera que la cobertura de trabajadores
estacionases del campo y cañeros alcance el millones de personas, 2 veces lo esperado al
cierre del año 1999. Para estos propósitos se arraigarán por concepto de cuotas y
aportaciones 195.4 millones de pesos, casi el doble de lo estimado para 1999. Seguro facultativo para estudiantes El Gobierno Federal contribuye también a asegurar servicios
médicos a los estudiantes que cursan los niveles de educación media superior, superior y
postrado a través del Seguro Facultativo para Estudiantes, cubriendo el costo de los
servicios médicos que el IMSS otorga a los estudiantes que al momento de inscribirse en
su plantel escolar solicitan su registro en este seguro. Para el ejercicio del año 2000
se prevé que estén afiliados 1,974,850 estudiantes de todo el país, 57,520 más que el
año anterior, y para lo cual se propone erogar 475.6 millones de pesos; un crecimiento
real de 3.6 por ciento respecto a 1999. Efectos de la Reforma en los ingresos de los traba4adores, el empleo
y el ahorro interno Amén de fortalecer financieramente al Instituto, la nueva ley ha
aumentado los ingresos de los trabajadores, la generación de empleos y el ahorro interno.
Como se señaló en el Cuadro IV.3, la reforma ha tenido un carácter redistributivo a
favor de los trabajadores de menores ingresos derivado de dos efectos: por un lado, de la
desgravación de sus cuotas al SEM; por el otro, de las mayores aportaciones de] Gobierno
Federal a sus cuentas individuales a través de la cuota social. la suma total de las
transferencias de ingreso a los trabajadores por estos dos efectos para el año 2000, en
caso de aprobarse el Proyecto de F5 presupuesto, es de 19,006.8 millones de pesos, 7.8 por
ciento mayor a lo que se espera ejercer en 1 999, como se ilustra en el Cuadro IV.5. Cuadro
IV.5
Transferencias de Ingreso a los Trabajadores por la Nueva Ley del Seguro Social
(millones de pesos del 2000)
El efecto positivo de la nueva Ley sobre la generación de empleo
deriva de la disminución para las empresas de casi 18 por ciento en el costo de
contratación de los trabajadores. Esto no solo reduce los costos laborales de las
empresas relativo a otros insumos, sino que también les permite disponer de mayores
recursos para expandir sus niveles de operación. Estos dos efectos implican que, para una
tasa determinada de crecimiento del PIB, se generen más empleos en el sector formal de la
economía, en comparación con la situación que se observaría bajo la Ley anterior. De
ahí que, como se observa en la Gráfica IV.8, desde que entró en vigor la nueva ley se
perciba una tendencia más acelerada de incremento en el empleo formal. Se estima que por
estas razones el número de trabajadores permanentes afiliados al IMSS al finalizar la
presente Administración será superior en 260,000 al que se hubiese observado bajo el
ordenamiento anterior. Gráfica
IV.8
Evolución
del número de Trabajadores Formales Afiliados al IMSS
(miles
de asegurados totales)
La reforma también ha contribuido a la
elevación del ahorro interno,lo que fortalece a la economía. En efecto, se estima que al
31 de diciembre de 1999 el saldo total de las cuentas individuales de los trabajadores en
las Afores será de 209,052.8 millones de pesos, y de ser aprobado el Proyecto de
Presupuesto, al 31 de diciembre del 2000 será de 289,573.3 millones de pesos. En
adición, ahora cada trabajador conoce el monto de sus ahorros, y decide qué fondo para
el retiro se los administra. Su pensión está garantizada y a resguardo de los efectos de
la inflación.
Debe destacarse que el efecto sobre el ahorro total es muy
sustantivo: los depósitos en las cuentas individuales de los trabajadores pasaron de
11,469.9 millones de pesos en diciembre de 1997, a 209,052.8 millones de pesos en
diciembre de 1999, y se estima que el saldo acumulado aumentará 38.5 por ciento en
términos reales a fines del año 2000. A la fecha, la acumulación de estos recursos
equivale a más de 5.5 puntos porcentuales del PIB, incluidos los fondos del SAR y el
lnfonavit. 2078,2079,2080
Fortalecimiento
financiero y de la infraestructura física
El Fortalecimiento
financiera el IMSS ha hecho posible la recuperación progresiva de sus programas de
inversión y la expansión de su capacidad de atención. Sobre este particular se abunda
en el apartado IV.1.2, referente a los Avances en la reforma al Sector Salud. De igual
forma, desde 1998 el Instituto ha empezado a crear reservas para afrontar los pasivos
laborales de su propios trabajadores, así como las reservas que aseguren en el futuro el
pago de las prestaciones a los trabajadores afiliados. En el Proyecto de Presupuesto se
propone canalizar a estos rubros 8,413.8 millones de pesos, 68.5 por ciento más que en
1999.
Por todo ello, se pone a consideración de esa H. Soberanía un
presupuesto para el Instituto Mexicano del Seguro Social para el año 2000 de 121,800
millones de pesos, que representa un crecimiento real de 4.6 por ciento respecto a 1999. Fortalecimiento de la seguridad social de los trabajadores del
Estado El proceso de reestructuración de la Administración Pública
Centralizada ha implicado que el número de trabajadores en activo se mantenga
relativamente constante. Esto, aunado al crecimiento acelerado del número de trabajadores
que pasan a retiro, ha generado una tendencia en los últimos años a que los ingresos del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, sean
menores a sus erogaciones. Como se desprende de la Gráfica IV.12, mientras que en 1980
existían 21 trabajadores en activo por cada pensionado, en 1999 esta relación ha
disminuido a 6 trabajadores por pensionado. Hasta 1992 el Instituto financiaba su gasto con recursos propios
provenientes de cuotas y aportaciones complementadas con el capital de la reserva
actuarial del Fondo de Pensiones. A
partir de 1993 las aportaciones resultaron insuficientes y las reservas se agotaron, por
lo que se registró un déficit que el Gobierno Federal tuvo que compensar. Para
contribuir a fortalecer las finanzas del Instituto, el Gobierno Federal realizó una
adecuación de su estructura funciona, de sus ISSSTE Asegurador El ISSSTE-Asegurador está conformado por diversos fondos:
Pensiones, Servicios Médicos, Administrativo, de Préstamos a Corto y Mediano Plazos, y
Apoyo de Actividades Sociales y Culturales, cada uno con su propia misión y su fuente de
ingresos. De ellos, como se ha señalado, el Fondo de Pensiones presenta un déficit
creciente, como se ilustra en la Gráfica IV.13. Dos factores adicionales han contribuido a dificultar la situación
financiera de este Fondo: la reducción en la edad a la que se jubilan los trabajadores,
de 62 años en 1997 a 51 en 1998; y el aumento de la expectativa de vida de los jubilados,
que pasó de 2.5 a 1 9 años, en el mismo periodo. Por estos factores, y de ser aprobado
el Proyecto de Presupuesto, el subsidio del Gobierno Federal a la nómina de pensiones del
ISSSTE en el año 2000 será de 9,107.4 millones de pesos, que representan un aumento de
5.8 por ciento real respecto a 1999, y un incremento de 166.2 por ciento de 1994 a la
fecha. Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Fovissste A principios de esta Administración, los fondos para préstamos
para vivienda se hallaban depositados y comprometidos en fideicomisos para la
construcción de casas-habitación en distintas instituciones bancadas o en esquemas de
cofinanciamiento con otras instituciones promotores de vivienda. Para proteger los
depósitos de los trabajadores, el Gobierno Federal a partir de 1995 canceló los
fideicomisos y los compromiso contraidos, y reconstruyó el Fondo de la Vivienda del
ISSSTE. Posteriormente, para garantizar que en el futuro los recursos del Fondo estén a
salvo de contingencias económicas o financieras, y después de una amplia discusión
entre representaciones de los trabajadores y las autoridades del Instituto, se impulsó la
reestructuración del Fovissste y se crearon nuevas reglas de operación que fortalecen la
situación financiera del Fondo y contribuyen a asegurar, transparentar y agilizar la
asignación de los créditos. 2081,2082,2083
Por lo anterior, y para que los trabajadores del Estado y sus
familias continúen recibiendo los servicios y las prestaciones del Instituto con calidad
y oportunidad, se somete a la aprobación de esa H. Soberanía un presupuesto para el
ISSSTE en su conjunto, de 36,886.9 millones de pesos, 2.9 por ciento más en términos
reales que en 1999. IV.1.2 Avances en la reforma del sector salud El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 estableció el compromiso
de realizar la reforma del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de ofrecer servicios
a toda la población del país, y en especial a aquélla que por sus condiciones
sociodemográficas no podía acceder a ellos. Para lograr este propósito se diseñó una
reforma que transformara las instituciones, ampliara la capacidad de los programas y
acciones, y transfiriera los recursos a los órdenes de gobierno que por su cercanía
estuvieran en mejor posición para atender las necesidades de la población. La reforma se impulsó en un contexto de cambios en los perfiles
demográfico y epidemiológico nacionales, caracterizados por la conformación de una
población crecientemente urbana, y un aumento importante en la esperanza de vida. Estos factores modifican los patrones de morbilidad hacia una creciente
incidencia de enfermedades y accidentes propios de las ciudades, conjuntamente con otros
padecimientos crónico degenerativos que requieren un periodo más largo de tratamiento y
suelen ser de alto costo de atención. En cumplimiento del compromiso adquirido, el Gobierno Federal
estableció tres líneas de acción: o o o Para sustentar estas líneas de acción, desde 1996 el Gobierno
Federal ha elevado en términos reales, año con año, el presupuesto destinado al sector.
Con el propósito de seguir impulsando la política de salud, se somete a la
consideración de esa H. Soberanía un presupuesto de 128,649.7 millones de pesos para el
año 2000 que representa un crecimiento real de 4.6 por ciento respecto al ejercido en
1999. 2084,2085,2086
VER DATOS ( PAGINAS 2087- 2154 )
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