PRESIDENTE

Diputado Francisco José Paoli  Bolio

AÑO III                  México, D.F., jueves 25 de noviembre de 1999             No.27

ASISTENCIA

2995

Año lll  No.27    PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS         NOVIEMBRE 25, 1999

ASISTENCIA

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputados; por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de noviembre de 1999.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Congreso del Estado de Coahuila invita a la sesión solemne en la que el licenciado Enrique Martínez y Martínez rendirá la protesta de ley como gobernador constitucional del Estado, la que tendrá lugar el próximo 1o. de diciembre a las 11:00 horas.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Zacatecas.

Proposición de la Junta de Coordinación Política para crear una comisión investigadora con objeto de analizar el sistema de jubilaciones de Nacional Financiera, SNC, institución de banca de desarrollo. (Votación.)

Iniciativa de diputados

Que adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de discapacitados, a cargo del diputado Felipe Rodríguez Aguirre, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que deroga el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Luis Guillermo Villanueva Valdovinos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que adiciona las fracciones II y XII del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a los artículos 7o., 22, 32-bis, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Rafael Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que adiciona una fracción XIII al artículo 7o., de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Adoración Martínez Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Dictamen

De la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 23 de noviembre.) (Discusión y votación.)

Minuta

Proyecto de decreto que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 10 de diciembre de 1999, a efecto de que realice una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos de América. (Turno a comisión.)

Agenda política

Votación para determinar si se encuentra suficientemente discutido el tema, comentarios sobre el discurso del Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, en la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en La Habana, Cuba, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la política de comercio, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado.)

Comentarios sobre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a cargo de la Comisión de Equidad y Género. (Debate pactado.)

Comentarios sobre la actuación de la Policía Federal Preventiva, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado.)»

Señor Presidente...

Terminamos los puntos reglamentarios, diputado y en seguida le atendemos.

Es para una cuestión del orden del día, en cuanto a la votación...

El orden del día no se pone a votación, lo presenta la mesa para conocimiento de la Asamblea, lo elabora la mesa y lo aprueba.

Quiero hacer una moción suspensiva, señor Presidente.

¿Suspensiva, de... Adelante.

Activen el micrófono del diputado Ricardo Cantú, por favor.

Sí, mire, diputado Presidente, el artículo decimoprimero del acuerdo parlamentario a la letra dice: "el orden del día se publicará por lo menos con 24 horas de anticipación a la hora de inicio de la sesión y deberá diferenciar claramente los asuntos que requieran votación de aquellos meramente deliberativos o de información".

Quiero señalarle que en el orden del día que se acaba de leer, está incluido un punto que es el de proposición de la Junta de Coordinación Política para crear una comisión investigadora con el objeto de analizar el sistema de jubilaciones de Nacional Financiera.

En la publicación que se hizo con más de 24 horas de anticipación, no aparece este punto del orden del día; en la publicación del orden del día de hoy sí aparece, entonces habría que señalar que la mesa directiva, de acuerdo con el artículo 23... perdón, de acuerdo con el artículo 20, tiene como atribuciones cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones y comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación, de tal manera que el orden del día no cumple con el requisito de haber sido publicado con 24 horas de anticipación, aquí tengo yo los diferentes órdenes del día que se han publicado como prueba de lo que señalo.

Diputado Cantú, debemos entender que está usted presentando una moción suspensiva del punto relativo del orden del día; el Reglamento establece que cuando hay estas mociones pueden intervenir un diputado a favor y otro en contra de la moción suspensiva. Deberíamos preguntarle si considera que con lo expuesto en la moción desde su curul es suficiente o quiere ampliar la propuesta y después ofreceríamos la palabra para un orador en contra y otro a favor.

Señor Presidente, de procedimiento...

Diga...

Activen el micrófono del diputado Pablo Gómez.

El trámite, el trámite suspensivo, diputado Presidente, me parece que se tiene que hacer en el momento en que entremos al punto. En este momento no estamos en ningún punto del orden del día; llegado el momento en ese punto, si hay una moción suspensiva que deba presentarse, naturalmente que la mesa directiva tendrá que darle trámite.

El artículo 110, diputado Pablo Gómez, no establece que sea en el mismo punto. Se lo voy a leer para que fundemos la instrucción dada de inmediato, pidiendo una excusa por no hacerlo a través de la Secretaría ahorrando tiempo.

Dice el artículo 110 del Reglamento: "en el caso de moción suspensiva se leerá la proposición sin otro requisito que oír a su autor. Si la quiere fundar y algún impugnador si lo hubiera, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo, se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada".

Por tanto, procede en este momento... Diputado Gómez.

Diputado Presidente, ¿en qué punto del orden del día estamos en este momento? Evidentemente en ningún punto del orden del día...

En el orden del día estamos.

No estamos en ningún punto del orden del día, porque no existe un punto en el orden del día que se llame orden del día, de donde se sigue que en este momento no estamos en ningún punto del orden del día; estamos escuchando la decisión del diputado Cantú de presentar una moción suspensiva en el punto relacionado con la proposición de la Junta de Coordinación Política, para la integración de una comisión de investigación. Cuando lleguemos a ese punto me parece a mí que es el momento en que la propuesta sea consultada a la Asamblea si se debe votar o debe entrar en suspensión, pero no en este momento.

Diputado Gómez. La mesa directiva interpreta que el punto del orden del día es el primer punto de la misma, por tanto, nos encontramos en él y procede la moción suspensiva que ha presentado el diputado Ricardo Cantú.

Por favor, activen el micrófono del diputado Ricardo Cantú.

Puede usar la tribuna, si quiere utilizarla.

Sí, era solamente para informarle que quería hacer uso de la tribuna para presentar la moción.

2995, 2996 y 2997

Proceda, diputado Ricardo Cantú.

Ha pedido la palabra el diputado Sadot Sánchez. Por favor, activen el micrófono del diputado Sadot Sánchez.

Señor Presidente, en este momento se había sometido a la consideración el orden del día, y fue precisamente con motivo de esta presentación que el señor diputado Ricardo Cantú solicitó hacer una moción suspensiva.

En primer lugar, aún no se aprueba el orden del día...

Está aprobado.

Los puntos como se encontraban previstos, pero en el supuesto caso que ya se hubiera declarado formalmente, la moción suspensiva tendría que presentarse en el momento en que estuviésemos discutiendo y presentando este orden del día. Y señalar que esta moción tendrá que ser presentada por escrito, que es una formalidad que exige el artículo 110 del Reglamento.

Gracias, diputado Sadot Sánchez.

Quiero nada más aclararle, antes de la intervención del diputado Ricardo Cantú, que de acuerdo con las disposiciones, tales como las interpreta la mesa directiva, cual es su facultad, el orden del día no es aprobado por la Asamblea, según las disposiciones de la nueva ley, sino por la propia mesa directiva, y se da a conocer al pleno como el primer punto de cada sesión. Es el primer punto del orden del día el dar a conocer este orden del día, que pudo haber tenido cambios entre el que se publicó en la Gaceta y el que se enuncia, por diversas razones. Por tanto, no es necesario que se llegue al punto y se trata del mismo orden del día sobre el cual se quiere presentar la moción.

En consecuencia, usted tiene razón en términos de que presente por escrito su propuesta, pero en lo demás la mesa directiva asume la responsabilidad de que presente en este momento el diputado Ricardo Cantú su moción suspensiva y seguir con el trámite que indica el artículo 110 del Reglamento.

Gracias. Proceda, diputado Cantú.

Gracias, señor Presidente. Traigo la moción suspensiva por escrito, con firmas de cinco diputados.

Para presentar una moción suspensiva, en los términos que dispone el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo vigesimosegundo del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, ya que no se da cumplimiento a lo que establece el artículo decimoprimero del mismo acuerdo, que a la letra prescribe: "el orden del día se publicará, por lo menos, con 24 horas de anticipación a la hora de inicio de la sesión y deberá diferenciar claramente los asuntos que requieran votación de aquellos meramente deliberativos o de información...".

Es el caso, compañeras y compañeros diputados, que en la sesión del martes 23, al término de la sesión y en la lectura que se hizo del orden del día, para hoy 25 de noviembre, no se agendó el tema de propuesta de la Junta de Coordinación Política para crear una comisión investigadora, con objeto de analizar el sistema de jubilaciones de Nacional Financiera.

Tampoco en la Gaceta Parlamentaria, del miércoles 24, se encuentra publicada la propuesta que se señala, sino que es hasta hoy, jueves 25, tanto en la Gaceta Parlamentaria como en las hojas del orden del día, que se distribuyen, donde aparece agendado, por lo que resulta evidente que no se cumple con lo establecido en el artículo decimoprimero del acuerdo antes citado.

Por ello, me permito recordarle que el artículo 20 de la Ley Orgánica, en su inciso e, señala como atribuciones de la mesa directiva, la de cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación, por lo que resulta claro que en lo referente a las propuestas, las normas que regulan su formulación y presentación, son las que se señalan en el acuerdo parlamentario supracitado.

Además, el artículo 23 de la Ley Orgánica establece: "...entre las atribuciones del Presidente de la mesa directiva, en el inciso p, las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a las actividades parlamentarias...".

Por ello, y toda vez que se ha acreditado fehacientemente que no se ha respetado la normatividad del artículo decimoprimero, del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, le solicito retire del orden del día este punto y ahora, que ya fue publicado, se agende para sesión posterior.

Atentamente suscribimos los diputados Ricardo Cantú Garza, Rogelio Chabolla García, Baldemar Dzul Noh, Felipe Rodríguez y Verónica Velasco. Es cuanto, señor Presidente y entrego las copias de los diferentes órdenes del día publicados.

Gracias, diputado.

En términos del Reglamento, según acaba de ser informado, la moción suspensiva está a discusión. Pueden intervenir tres diputados en contra y hasta tres a favor. Y estaría pidiendo la inscripción de los diputados. Diputado Pablo Gómez, en contra. ¿Algún diputado a favor? Bien. Entonces, procede la intervención del diputado Pablo Gómez, en contra de la proposición.

Antes, me permiten dar una información a la Asamblea, en el sentido de que este punto del orden del día fue incluido por la mesa directiva, atendiendo a lo que señala la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 82, que atribuye a la Junta de Coordinación Política las siguientes facultades:

Entre ellas, la primera, impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación del pleno y segundo, presentar al pleno, por conducto de la mesa directiva, lo que hizo la Junta de Coordinación Política ayer, propuestas de punto de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición política de la misma.

Con base en este artículo, la mesa directiva decidió incluir el punto que fue leído en la sesión de hoy porque los órdenes del día que se publican con anticipación siempre advierten que además podrá haber otros asuntos que pudieran surgir para incluir en el punto del orden del día.

Esta es la aclaración y si quiere el diputado Pablo Gómez, puede hacer intervención. ¿La quiere hacer desde su curul? Adelante, active el micrófono del diputado Pablo Gómez.

Diputado Presidente, gracias:

En primer lugar si se lee bien el artículo 110, el trámite consiste en que la persona que presenta la moción habla, si quiere, y algún impugnador si lo hubiere; a continuación se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente.

En el caso de que se tomara en consideración esta moción suspensiva, en efecto ya podría haber un debate de tres a favor y tres en contra, pero no antes, la votación debe ser primero.

Segundo lugar, el Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, la Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, señala lo siguiente:

En su artículo decimotercero: "solamente por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se incluirá extraordinariamente un punto no contenido en el orden del día publicado".

Como esta comisión ya no existe por la nueva ley, bien sabido es que varias de las funciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, pasaron a la Junta de Coordinación Política y así lo señala la Ley Orgánica nueva.

Si aplicamos el artículo decimoprimero que está argumentando el diputado Cantú, en el sentido de que el orden del día deberá publicarse por lo menos con 24 horas de anticipación a la hora de inicio de la sesión, también tenemos que aplicar el decimotercero, que es justamente una excepción del decimosegundo, y la excepción consiste en que aún después de las 24 horas de plazo que señala este Acuerdo Relativo a las Sesiones para publicar el orden del día, y fuera de ese plazo sólo la Comisión de Régimen Interno que para estas funciones me parece que podría ser la Junta de Coordinación Política y si no lo fuera lo sería la mesa directiva, cualquiera de las dos, se podrá incluir extraordinariamente un punto no contenido en el orden del día publicado.

Suponiendo que en esta función, a la CRICP la sustituya la mesa directiva se ha cumplido con la exigencia del acuerdo. Si en esta función, cosa que después averiguaremos cuando revisemos estas normas, es la junta la que está sustituyendo a la CRICP, entonces se ha cumplido también, porque tanto la Junta de Coordinación Política como la mesa directiva, han puesto en el orden del día el punto relativo a la comisión de investigación de Nacional Financiera.

En tal virtud, solicito a la Asamblea que no se admita la moción suspensiva presentada por el diputado Cantú.

Muchas gracias.

Esta mesa directiva considera que la interpretación que acaba de hacer el diputado Pablo Gómez es correcta, por tanto procede pasar a votación sobre la moción suspensiva, en el caso de que ésta sea admitida se hará el turno de hasta tres oradores en contra y tres a favor.

Solicito a la Secretaría que en votación económica pregunte a la Asamblea si es de aceptarse o desecharse la moción suspensiva presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza.

En votación económica, se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Gracias, señor Secretario.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta, tomando en consideración que ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda de inmediato a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

2998, 2999, 3000

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y cinco minutos del martes veintitrés de noviembre de 1999, con la asistencia de 303 diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos, en votación económica.

Se pone a consideración de la Asamblea la solicitud de licencia del diputado Fernando Castellanos Pacheco, misma que se aprueba en votación económica.

Diversas comunicaciones del Congreso del Estado de Chiapas, con las que informan de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Se da lectura al informe del diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, en relación al estado de salud del diputado Maximiano Barbosa Llamas. De enterado.

Un oficio de la Cámara de Senadores, con el que informa la aprobación de los nombramientos del secretario General de Servicios Administrativos y de la Tesorera de la colegisladora. De enterado.

Una comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de las comisiones legislativas. De enterado.

Desde sus curules, los diputados Deniz Macías y Cantú Garza, hacen aclaraciones respecto al informe sobre la salud del diputado Maximiano Barbosa y el Presidente precisa que sus comentarios podrán incluirse en la próxima sesión, pues no están incluidos en el orden del día.

Para presentar diversas iniciativas, se concede el uso de la palabra a los diputados: Juan Moisés Calleja Castañón, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Trabajo y Previsión Social.

Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, a nombre de diputados integrantes de la LVII Legislatura, de Ley para el Fomento de la Micro, Mediana y Pequeña Empresas y de reformas a la Ley Federal de las Entidades Para estatales. Se turna a las comisiones de Comercio y a la de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Agapito Hernández Oaxaca, del Partido de la Revolución Democrática, de ley que crea el Instituto Mexicano del Café. Se turna a la Comisión de Agricultura, con la opinión de la de Comercio.

El Presidente da la bienvenida a una delegación de legisladores de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Salud de la Asamblea Popular Nacional de la República de China, presidida por la diputada Wang Jialiú, miembro del comité permanente y vicepresidenta de la misma comisión, y acompañados por el excelentísimo señor Shen Yunao, embajador de la República Popular de China en México.

Isabel Villers Aispuro, del Partido Revolucionario Institucional, de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Hacienda y Crédito Público, con la opinión de la de Equidad y Género.

Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista de México, de reformas a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Dos minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto:

Proyecto de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, para los efectos del inciso e del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Proyecto de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para los mismos efectos que la anterior. Se turna a la misma comisión que la anterior.

Se dispensa la lectura y se someten a discusión y votación de inmediato, cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos:

Puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua. Se reserva para su votación nominal en conjunto.

Puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de Nicaragua, del Reino Unido de España y de la República Francesa, respectivamente. Se reserva para su votación nominal en conjunto.

Para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se reserva para su votación nominal en conjunto.

Para prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. Se reserva para su votación nominal en conjunto.

Para prestar sus servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Nogales, Sonora.

No habiendo discusión, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y un votos en pro y uno en contra. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República, para los efectos constitucionales, respectivamente.

Presentan diversas proposiciones, los diputados:

Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo, relacionado con la denuncia de una agrupación nacional contra el gobierno del Estado de Yucatán, por presuntas violaciones a leyes y la afectación a la industria mexicana. Se turna a las comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial y a la de Comercio.

Samuel Lara Villa del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los pagos de marcha a militares que cambian de residencia.

La Asamblea no lo considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de la Defensa Nacional.

La Secretaría da lectura a la proposición, con punto de acuerdo firmado por diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura, solicitando que se integre una comisión especial que investigue las jubilaciones de Nacional Financiera. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Jesús Francisco Martínez Ortega del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo con el que se solicita la integración de una comisión especial que investigue las jubilaciones en México, para su análisis y evaluación. Se turna a las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda y Crédito Público.

Norma Gabriela Argaiz Zurita, del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para los damnificados por desastres naturales en el Estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en lo que se refiere a la exención de impuestos, créditos y estímulos fiscales y a la de Protección Civil, para solicitar información respecto a los programas que está aplicando.

Francisco Rabelo Cupido, del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para impulsar medidas adicionales para afrontar las contingencias por desastres naturales en el país. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Para solicitar excitativas a diversas comisiones, se concede el uso de la palabra a los diputados:

Elsa Patria Jiménez Flores, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa presentada el veintitrés de abril, sobre personas desplazadas internamente y que se turne a la Comisión de Derechos Humanos.

El Presidente ordena la lectura del artículo veintiuno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y excita a la comisión a que presente dictamen el primero de diciembre del presente año.

Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, a la Comisión de Justicia, para que dictamine la iniciativa presentada sobre reformas al Código Civil, presentada el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Claudia Carmen Fragoso López, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que dictamine la iniciativa sobre la Ley Monetaria y Ley de Instituciones de Crédito, presentada el once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

En cada caso, el Presidente obra en consecuencia.

Desde su curul el diputado Oceguera Ramos solicita que se retiren los puntos sobre los conflictos en la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre el posible desvío de recursos del gobierno del Distrito Federal durante el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática y el Presidente, no habiendo opinión en contra, así lo determina.

Habla sobre el discurso del Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, en la Novena Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en La Habana, Cuba, la diputada: Margarita Pérez Gavilán Torres, del Partido Acción Nacional. Desde su curul, el diputado Oceguera Ramos, solicita que el Presidente pida a la oradora que se ciña al tema y el Presidente informa que no ha lugar a la solicitud.

Se da lectura al artículo ciento trece del Reglamento y al vigesimoprimero del acuerdo parlamentario que rige los debates y el Presidente considera que no hay desvío en el tema, por lo que pide a la oradora que continúe, quien es interrumpida nuevamente por el diputado Oceguera Ramos, quien solicita que se dé lectura a la versión estenográfica de las palabras del Presidente de la República, durante la ceremonia de clausura de la Novena Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y el Presidente da instrucciones para que, al término de la exposición de la diputada Pérez Gavilán, se dé lectura a dicho documento, lo que así se hace por la Secretaría.

Continúan el debate los diputados: Carlos Antonio Heredia Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática;

Carlos Martín Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional; Julio Faesler Carlisle, del Partido Acción Nacional, quien acepta dos interpelaciones del diputado Jiménez Macías y otra del diputado Oceguera Ramos; Carlos Antonio Heredia Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática y Orlando Arvizu Lara, del Partido Revolucionario Institucional.

Quien contesta una interpelación del diputado Juan Carlos Espina von Roehrich.

Para contestar alusiones personales o rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados: Gil Rafael Oceguera Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita la lectura de algunos párrafos de un artículo del periódico Reforma, lo que así hace la Secretaría; Juan Carlos Espina von Roehrich, del Partido Acción Nacional; Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los diputados Jiménez Macías y Oceguera Ramos; Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Oceguera Ramos y Juan García de Quevedo Baeza, del Partido Revolucionario Institucional.

3001, 3002 y 3003

La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto y desde su curul, el diputado Oceguera Ramos se inconforma con la decisión, por lo que el Presidente ordena que se abra el sistema electrónico de votación para aclarar la misma, que muestra que no hay quorum. Desde sus respectivas curules, los diputados: Pérez Gavilán opina que debe descontarse el día a quienes no votaron y Oceguera Ramos, declina.

El Presidente ordena que se hagan los descuentos correspondientes y clausura la sesión a las diecisiete horas con veintitrés minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve a las dieciséis horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

VALENTIN CAMPA SALAZAR

Gracias, diputado.

Esta Presidencia tiene la pena de participar a la Asamblea que el día de hoy falleció Valentín Campa Salazar, quien fuera diputado en la LI Legislatura, un hombre que siempre luchó por sus ideas, presente siempre en la vida política del país durante el presente siglo y quiero solicitarles que en su honor guardamos un minuto de silencio.

Les rogamos ponerse de pie.

(Minuto de silencio.)

Muchas gracias.

Se encuentra en este recinto una delegación de senadores españoles, los integrantes de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado Español, invitados por las comisiones de Relaciones Exteriores y de Fortalecimiento Municipal.

Ellos son, los senadores: Joaquín Espert Pérez-Caballero, presidente de la comisión; Jaime Cardona I. Villa., Antonio García Miralles, Pedro José Ardaiz Egües, Joaquín Bascuñana García, Gregorio Garzarán García, María Antonia Martínez García, José Manuel Martiarena Lizarazu y Pedro Luis Padrón Rodríguez.

Desde esta mesa directiva un saludo de la Cámara de Diputados de México.

ESTADO DE COAHUILA

«Escudo.- Coahuila de Zaragoza.- Poder Legislativo.

Ciudadano José Francisco Paoli y Bolio, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 67 fracción XXII y 77 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el próximo 1o. de diciembre del año en curso tomará protesta el licenciado Enrique Martínez y Martínez como gobernador constitucional del Estado.

Este acto se realizará a las 11:00 horas, en sesión solemne de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, en el parque "Francisco I. Madero" de esta ciudad, declarado recinto oficial para tal efecto.

Por lo anterior expuesto, solicito a esa Cámara de Diputados se sirva designar una comisión de legisladores para que asistan y den realce a este importante evento.

Sin otro particular por el momento, me es grato reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 15 de noviembre de 1999.- El Presidente de la Gran Comisión, diputado Fernando Orozco Cortés.»

Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: Eduardo Guadalupe Martínez, en representación de la mesa directiva; Héctor Valdés Romo, América Soto López y José Antonio Estefan Garfias.

ESTADO DE CAMPECHE

«Escudo.- Poder Legislativo.- LVI Legislatura.- Campeche.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche comunica la clausura de su segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, así como la instalación de la diputación permanente que coordinará los trabajos correspondientes al segundo periodo de receso que comprende del 1o. de junio al 30 de septiembre del año en curso, misma que fue integrada de la siguiente manera:

Diputados: Jorge Luis Lavalle Azar, presidente; Salvador López Espínola, secretario; Salvador Gaspar Arteaga Trillo, vocal.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines legales conducentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"1999, año de Manuel Crescencio García Rejón y Alcala, padre del juicio de amparo."

Campeche, Campeche, a 30 de junio de 1999.- Diputados: Rosaura González Castillo, Lilia Concepción Aguilar Lugo, secretarias.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- LVI Legislatura.- Campeche.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche comunica que el día de hoy se realizó la apertura de su primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, así como la elección de mesa directiva, misma que se integró de la siguiente manera:

Diputados: Jorge Luis Lavalle Azar, presidente; Salvador López Espínola, vicepresidente; Salvador Gaspar Arteaga Trillo y Jorge Alberto Baqueiro Cáceres, secretarios.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines legales conducentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"1999, año de Manuel Crescencio García Rejón y Alcala, padre del juicio de amparo."

Campeche, Campeche, a 23 de julio de 1999.- Diputados: Salvador Gaspar Arteaga Trillo y Jorge Baqueiro Cáceres, secretarios.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- LVI Legislatura.- Campeche.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche comunica que el día de hoy clausuró su primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines legales conducentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"1999, año de Manuel Crescencio García Rejón y Alcala, padre del juicio de amparo."

Campeche, Campeche, a 7 de agosto de 1999.- Diputados: Salvador Gaspar Arteaga Trillo y Jorge Baqueiro Cáceres, secretarios.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- LVI Legislatura.- Campeche.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche comunica que el día de hoy se realizó la apertura y clausura de su segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, así como la elección de mesa directiva, misma que se integró de la siguiente manera:

Diputados: Eddie Guilbardo Lara Hernández, presidente; Arturo Gerardo Goytia Ochoa, vicepresidente; María Luisa Morales Caballero y Victorio Ballina Alejo, secretarios.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines legales conducentes.

Atentamente.

"1999, año de Manuel Crescencio García Rejón y Alcala, padre del juicio de amparo."

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Campeche, Campeche, a 27 de agosto de 1999.- Diputados: María Luisa Morales Caballero y Victorio Ballina Alejo, secretarios.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- LVI Legislatura.- Campeche.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica que el día de hoy se realizó la apertura de su tercer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, así como la elección de mesa directiva, misma que se integró de la siguiente manera:

Diputados: Salvador López Espínola, presidente; Guillermo Cisneros Lara, vicepresidente; Laura Lizbeth Escalante Canto y Jorge Lara López, secretarios.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines legales conducentes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"1999, año de Manuel Crescencio García Rejón y Alcala, padre del juicio de amparo."

Campeche, Campeche, a 17 de septiembre de 1999.- Diputados: Laura Lizbeth Escalante Canto, Jorge Lara López, secretarios.»

De enterado.

ESTADO DE ZACATECAS

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- LVI Legislatura.- Zacatecas.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Adjunto nos permitimos remitir a ustedes el acuerdo número 39, aprobado por la LVI Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual esta soberanía popular se pronuncia en apoyo de la cabalgata integrada por productores de granos básicos del Estado de Chihuahua y la incorporación de productores de esta entidad federativa, con destino a la capital del país, para buscar mejores alternativas en la comercialización de los granos básicos.

Lo anterior para los efectos correspondientes en cumplimiento al contenido del referido documento.

3004, 3005 y 3006

Nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, a 4 de noviembre de 1999.- La LVI Legislatura del Estado.- Diputados: Juan Alberto Gutiérrez Arellano y Mario Rivera Solís, secretarios.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado Libre y Soberano.- Zacatecas.- LVI Legislatura del Estado.

ACUERDO No. 39

La LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

CONSIDERANDO

Primero. Que en sesión ordinaria de esta misma fecha, la diputada María Edith Ortega González presentó a la consideración de esta soberanía popular, un punto de acuerdo en apoyo y respaldo a la cabalgata integrada por productores de granos básicos del Estado de Chihuahua, que partieron de la frontera de Ciudad Juárez y que concluirá en la capital del país; ello con la finalidad de que se regule de manera adecuada los canales de comercialización de granos básicos del país.

Segundo. Que el pleno de este cuerpo colegiado, en atención a la propuesta formulada por la diputada y después de haber conocido su contenido, aprobó por unanimidad de los presentes el punto de acuerdo a que se ha hecho referencia.

Por lo anteriormente expuesto, es de acordarse y se

ACUERDA

Primero. La LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se pronuncia en apoyo y respaldo a la cabalgata integrada por productores de granos básicos del Estado de Chihuahua y la incorporación de productores del Estado de Zacatecas, a partir del día 30 de octubre del año en curso, además de otras organizaciones involucradas en el sector agropecuario, como una medida de solidaridad para que se regule de manera adecuada los canales de comercialización e introducción de granos básicos al país, la que inició el día 6 de octubre del presente año, partiendo de la frontera de Ciudad Juárez y que concluirá en la capital del país.

Segundo. Enviar el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al Senado de la República, así como a los congresos de cada una de las entidades federativas, a efecto de que los legisladores nacionales nos sumemos al respaldo popular que ha recibido esta cabalgata durante el trayecto recorrido y con la voluntad política encaminada a resolver este grave problema por el que atraviesa el campo mexicano.

Dado en la sala de sesiones de la LVI Legislatura del Estado, a 4 de noviembre de 1999.- Diputados: Juan Alberto Gutiérrez Arellano y Mario Rivera Solís, secretarios.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Agricultura, para su conocimiento.

JUBILACIONES Y PENSIONES

«Acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se crea una comisión investigadora con objeto de analizar el sistema de jubilaciones de Nacional Financiera, SNC, institución de banca de desarrollo

ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de noviembre, diversos diputados presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo para crear una comisión que investigue las jubilaciones de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo. Dicha proposición fue turnada a la Junta de Coordinación Política, para los efectos conducentes.

2. De igual manera, en la sesión citada en el punto anterior, diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometieron a la consideración del pleno una propuesta con punto de acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se instruye a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, soliciten de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y demás autoridades competentes, la información relacionada con el sistema de jubilaciones y pensiones de Nacional Financiera, SNC, institución de banca de desarrollo, así como a crear una subcomisión para su análisis y evaluación. Esta proposición fue turnada a las comisiones de referencia.

3. Finalmente, es de mencionarse que el pasado 29 de septiembre de 1999, diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron al pleno una proposición con punto de acuerdo, con objeto de que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda recabara la información correspondiente al registro o relación oficial actual de las jubilaciones tempranas del Banco Nacional de Comercio Exterior, de Nacional Financiera, SC y del Banco de México.

La citada proposición fue turnada a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, la que de inmediato giró el oficio CVCMH/320/99 al Contador Mayor de Hacienda, a efecto de que conforme a las atribuciones de la propia Contaduría relativas a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, le proporcione la información correspondiente. A este pedimento, el Contador Mayor de Hacienda inició los trámites correspondientes a la obtención de la información solicitada.

CONSIDERANDO

1. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo. Asimismo, es de su competencia proponer al pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas.

2. Que una vez analizada la proposición dirigida a la creación de una comisión de investigación en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 93 constitucional y previo acuerdo de los grupos parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política, se convino en proponer al pleno de la Cámara la creación de una comisión investigadora, con objeto específico de analizar el funcionamiento de Nacional Financiera, SNC, en lo relativo a su sistema de jubilaciones, además de que dicha comisión deberá cumplir con su encomienda en un plazo que no exceda a la terminación del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LVII Legislatura.

Con base en los antecedentes y consideraciones expresados y con fundamento en lo establecido en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución, y 34 párrafo primero, incisos a y c 41, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política propone a la Cámara de Diputados emita el siguiente

ACUERDO

Primero. Se crea una comisión cuyo objeto específico y único será el de investigar el funcionamiento de Nacional Financiera, SNC, institución de banca de desarrollo, respecto a su régimen de jubilaciones, a la luz de las disposiciones laborales y administrativas aplicables.

Segundo. La comisión quedará integrada por siete diputados, de los cuales tres serán nombrados por el grupo parlamentario del PRI, dos por el grupo parlamentario del PRD y dos por el grupo parlamentario del PAN.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, los grupos parlamentarios han designado a los siguientes diputados: por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Estefan Chidiac, Sadot Sánchez Carreño y Alberto Curi Naime; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Martín del Campo y Ricardo García Sainz; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Ramón María Nava y Edgar Ramírez Pech.

Tercero. La comisión estará presidida por el diputado Jesús Martín del Campo y fungirán como secretarios los diputados Jorge Estefan Chidiac y Ramón María Nava.

Cuarto. La comisión, materia del presente acuerdo, deberá entregar al pleno de la Cámara de Diputados el informe con los resultados de su investigación en un plazo que no excederá del 15 de diciembre de 1999, para efectos de su envío al Ejecutivo Federal, en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución.

En todo momento, los integrantes de la comisión habrán de guardar el sigilo y reserva correspondientes a sus trabajos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 1999.- Por la Junta de Coordinación Política.- Diputados: Arturo Núñez Jiménez, presidente y coordinador del grupo parlamentario del PRI; Carlos Medina Plascencia, coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Jorge Emilio González Martínez, coordinador del grupo parlamentario del PVEM y Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del PT.»

Se encuentran en este salón de sesiones, en Galerías, diversas organizaciones de personas con discapacidad, invitadas por el diputado Felipe Rodríguez Aguirre.

Desde esta mesa directiva un saludo a todos ellos.

Activen el micrófono del diputado Ricardo Cantú, por favor.

Con el propósito, señor Presidente, de hacer una propuesta de adición al artículo 2o. que se somete a la consideración de este pleno por parte de la Junta de Coordinación. Esto con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Con mucho gusto atenderemos a su propuesta después de la discusión o durante ella si usted quiere presentarla por escrito en el curso de la misma.

Procedemos entonces a la discusión de esta proposición. ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra?

El diputado Cantú.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo viene a esta tribuna para, con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior, presentar una adición al artículo 2o. del acuerdo que se somete a consideración del pleno.

El propósito de este acuerdo con el cual coincidimos plenamente, es el de constituir una comisión investigadora, con objeto de analizar el sistema de jubilaciones de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo. Sin embargo, y como ya se señaló, coincidimos en el fondo mas no en la forma y en eso nos referimos a los representantes de grupos parlamentarios que la integrarían.

Es claro que en la conformación de esta comisión se excluye tajantemente la representación de los dos grupos parlamentarios con menor número de diputados, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Esta actitud excluyente no tiene justificación ni legal ni política alguna, ya que la Ley Orgánica del Congreso, si bien es cierto faculta en el inciso c del artículo 34 a la Junta de Coordinación Política, para proponer al pleno la integración de las comisiones con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas, no le da la facultad para determinar por sí misma el número de integrantes, ya que en el caso de las comisiones ordinarias, el artículo 43 numeral uno, indican que éstas tendrán hasta 30 miembros.

Además, el artículo 42 de la Ley Orgánica reconoce como facultad única del pleno, reitero, facultad única del pleno acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, pero aquí se debe reconocer lo que indica el numeral dos del artículo 43, en lo que se refiere a que para la integración de las comisiones la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y conformación de comisiones.

3007, 3008 y 3009

Resulta claro que este criterio de proporcionalidad y pluralidad no se siguió y por ello pregunto: ¿cuál es la razón para que en esta comisión únicamente haya diputados del PRI, del PRD y del PAN? ¿Cuál es la razón para que no se incluya a diputados del PT y del Partido Verde Ecologista?

Además, el propio numeral tres del artículo 43 señala: "al proponer la integración de las comisiones, la junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios", lo cual si aparece publicado, pero el numeral agrega: "al hacerlo cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios de tal forma que se refleje la proporción que representan en el pleno y tomen en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados". Por lo que aparece en el acuerdo publicado, este criterio de proporcionalidad y pluralidad no se respeta.

Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la adición al artículo 2o. del acuerdo a votación para quedar como sigue:

"Artículo 2o. La comisión quedará integrada por nueve diputados de los cuales tres serán nombrados por el grupo parlamentario del PRI, dos por el grupo parlamentario del PRD, dos por el grupo parlamentario del PAN, uno por el grupo parlamentario del PT y uno por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Atentamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 1999.- Diputados: Ricardo Cantú Garza, Rogelio Chabolla, Baldemar Dzul, Felipe Rodríguez, Verónica Velasco y Juan Cruz Martínez.»

Queremos, compañeros diputados, que si el pleno, mayoritariamente toma una resolución de exclusión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, vamos a diseñar una campaña permanente de protesta en este recinto por la exclusión de que seriamos objeto.

Muchas gracias por su atención.

Gracias, diputado.

Presentada la propuesta de modificación, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se ofrece la palabra hasta a dos miembros de la Cámara para hablar en contra y a favor de la propuesta de modificación del artículo 2o. del acuerdo presentado.

En contra, el diputado Fidel Herrera ¿Habría algún diputado a favor?

Proceda, diputado Fidel Herrera a su intervención; puede hacerla desde el micrófono de su curul. Activen el micrófono del diputado Fidel Herrera.

Señor Presidente, si no tuviera usted inconveniente, me gustaría desahogar mi intervención desde mi curul.

Hemos escuchado una propuesta de modificación a la proposición presentada por la Junta de Coordinación, asentando criterios relacionados con la pluralidad en la integración de las comisiones y la proporcionalidad de esta comisión de investigación, que fundada en el artículo 93 de la Constitución se ha presentado.

La propuesta de la Junta de Coordinación es impecable por lo que hace al principio de pluralidad. Hay en la proposición a debate, la integración de diversos grupos parlamentarios, hay en consecuencia la expresión de la correlación de fuerzas de esta Cámara. Existe también proporcionalidad por cuanto a que en la integración, los grupos parlamentarios distintos al del grupo del Partido Revolucionario Institucional, ocupando en suma cuatro de los siete lugares que forman una mayoría que refleja también la composición de esta Cámara en su conjunto.

En efecto, resultaría atentatoria del principio de proporcionalidad la propuesta que está siendo ahora elevada, porque la integración que nos sugiere hablaría de que figuraran tres miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido de la Revolución Democrática, dos del de Acción Nacional, uno del Trabajo y uno del Verde Ecologista, lo que haría una sobrerrepresentación exagerada al integrarse con seis miembros de los diferentes partidos distintos al del Revolucionario Institucional, la comisión constitucional que estamos ahora debatiendo.

Por estas consideraciones, por las consideraciones también relacionadas con el trabajo y la organización y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de esta Cámara, es que nosotros sostenemos que la propuesta atiende a todos los principios que nuestra Ley Orgánica y su Reglamento y los diversos acuerdos parlamentarios registran y que en consecuencia, para darle cumplimiento a la proposición, procedería someter a votación y en todo caso el rechazo de esta proposición para considerar que ha quedado constituida la comisión de investigación a que se refiere la proposición.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias, diputado.

En los términos del artículo 58 fracción II, existe la posibilidad de un orador a favor y se debe preferir a quien presentó el proyecto o proposición. Por tanto, preguntamos al diputado Cantú, si quiere, él debe intervenir a favor, usar la tribuna.

Gracias, señor Presidente...

Voy a ser muy breve diputados. En atención a lo que señalaba el diputado Fidel Herrera, qué casualidad que en todas las demás comisiones especiales que se habían integrado, participábamos el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo ¿Por qué ahora en esta comisión ya se nos está excluyendo? Nos parece que hay un cambio de actitud en los grupos parlamentarios más numerosos que integran esta Cámara de Diputados, porque no habíamos sentido esa exclusión en ninguna otra de las comisiones especiales, que en los más de dos años que llevamos trabajando en esta Cámara de Diputados, nunca antes se nos había excluido. Hoy por primera ocasión se toma esta actitud de exclusión que creemos es grave, porque es atentatoria a la pluralidad y a la proporcionalidad que la misma normatividad nos exige.

Desde ese punto de vista nosotros creemos que sí hay un cambio de actitud diferente al que se había mantenido anteriormente y esto no deja otra interpretación más que una cerrazón de parte de algunos grupos parlamentarios, a que los grupos más pequeños continuemos participando corresponsablemente con ustedes en los trabajos de esta legislatura.

Creemos que la democracia no solamente es el respeto o la decisión de las mayorías, sino también el respeto a las minorías y creemos que al excluirnos no se nos está respetando y no se nos está permitiendo cumplir con nuestra obligación de diputados de la nación y creemos que eso no es correcto y por eso les hacemos el llamado a que no cambien de actitud, que continuemos trabajando como empezamos en esta Cámara, sin exclusiones, para que todos podamos contribuir con nuestro mejor esfuerzo.

Muchas gracias, diputados.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Ricardo Cantú Garza, al artículo 2o. del proyecto de acuerdo...

Activen el micrófono del diputado Pablo Gómez.

Señor Presidente, me parece que es facultad exclusiva de la Junta de Coordinación Política, proponer la integración de las comisiones. Si en este momento se acepta que alguna propuesta de integración de comisiones provenga de un mismo instrumento diferente al de la junta, vamos a estar sentando un precedente de que en cualquier otro momento, pues provengan de donde sea las proposiciones y vamos a estar violando sistemáticamente la ley.

Para no caer en una inobservancia de la Ley Orgánica, yo propondría que se pusiera a consideración de la Asamblea, la propuesta de la junta, si la propuesta de la junta no se admite, se regresa el asunto a la junta y la junta tendrá que tomar en cuenta la propuesta del diputado Cantú.

Ese es el procedimiento parlamentario.

Gracias.

Gracias, diputado Gómez.

Es correcta su apreciación a juicio de la mesa directiva y en consecuencia pondremos a consideración de la Asamblea, si se acepta o se desecha la propuesta de acuerdo presentada por la Junta de Coordinación Política, para lo cual pedimos se abra el sistema electrónico de votación, hasta por 10 minutos.

Se instruye a la Oficialía Mayor para que haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para tomar la votación nominal de la proposición.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 294 votos en pro y 34 en contra.

Aprobada la proposición de la Junta de Coordinación Política, señor Presidente.

Gracias, señor Secretario.

DISCAPACITADOS

Continúa el capítulo de iniciativas de los diputados.

Tiene la palabra el diputado Felipe Rodríguez Aguirre, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de discapacitados.

Quiero rogar a los señores diputados que se encuentran en diversos corrillos de este salón de sesiones se sirvan tomar sus lugares y poner atención al orador para poder continuar adecuadamente esta sesión.

Con su permiso, señor Presidente:

Iniciativa de decreto que adiciona el inciso c, del artículo 2o.; la fracción VI del artículo 20 y la fracción IX del artículo 25 de la Ley del Impuestos al Valor Agregado.

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la Legislatura LVII.

Los suscritos diputados a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad generar un marco fiscal que coadyuve a que las personas con discapacidad tengan acceso a los implementos y mercancías que les permita subsanar o disminuir su discapacidad.

Los diputados que proponemos estas adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado consideramos injusto a todas luces que los implementos que utilizan las personas con discapacidad para subsanar o disminuir su discapacidad estén gravados con impuesto que los encarece más de lo que ya de por sí están.

3010, 3011 y 3012

Los implementos a los que proponemos aplicarles la tasa 0%, son a todos aquellos que garantizan el pleno desarrollo humano de las personas con discapacidad y los integren a la vida social y productiva de la nación.

Es necesario que se aplique esta disposición a los implementos que se utilicen en arrendamiento, considerando que la falta de los recursos económicos impiden comprarlos, cuando se trata de una discapacidad transitoria. Dentro de este supuesto se encuentra, por ejemplo: la renta de una silla de ruedas, un respirador artificial, unas muletas etcétera.

Pongamos ejemplos para ilustrar esta problemática:

Una silla de ruedas ortopédica

Acto: compra.

Origen: importación.

Precio 5 mil 500 pesos con el IVA incluido.

Origen: nacional.

Precio 980 pesos con el IVA incluido.

Silla de ruedas eléctrica

Acto: compra.

Precio 32 mil pesos con el IVA incluido.

El precio también depende de los accesorios que necesite la persona:

Reclinable, con tracción potente, control en boca o cuello

Cabe destacar que estas sillas no son alquilables, por lo que es obligatorio comprarlas.

Silla de ruedas deportiva

Precio 10 mil pesos más el 15% del IVA

Estos ejemplos tan sólo ilustran el alto costo que representa para las personas con discapacidad y sus familias la adquisición de estos implementos ortopédicos y que impacta considerablemente la economía de sus familias.

Recordemos también que los gobiernos estatales y municipales adquieren estos implementos ortopédicos y con la aprobación de esta iniciativa de ley ahorrarían un 15% de sus presupuestos, lo que implicaría la posibilidad de comprar más aparatos y beneficiar a más personas con discapacidad de escasos recursos económicos.

Como es por todos conocido, el desarrollo tecnológico en nuestro país en esta materia es precario y en muchos de los casos se tiene que recurrir a la importación de implementos y/o mercancías, por no producirse en nuestro país.

No es un lujo tener una discapacidad ni tener la necesidad de adquirir estos implementos, que bien podrían equiparase con un medicamento para sanar un padecimiento físico.

La estrategia legislativa de una reforma integral en la materia nos permite recordar que ya ha habido avances legislativos en materia fiscal relacionados con la discapacidad, un ejemplo, lo es la Ley Aduanera que fue reformada para exentar del impuesto al comercio exterior las mercancías que importan las personas con discapacidad.

Exhortamos a las diputadas y a los diputados para que apoyen este importante esfuerzo legislativo, que no sabemos si en cualquier momento podemos ser beneficiarios directos de este decreto.

Los costos fiscales serán muy inferiores al beneficio social que producirá esta iniciativa de ley.

El precio de estas sillas de ruedas depende de los accesorios que necesite la persona:

El material tipo de rodamiento, accesorios extras, tipo de llanta, material del fin, tipo de pintura.

A estos costos debemos sumarle:

Precio de llantas, mantenimiento, accesorios como: cojín, protectores de rayos, refacciones mecánicas y eléctricas etcétera.

Silla de ruedas ortopédica

Acto: renta.

Tipo: nacional.

Costo 298 pesos más 15% de IVA, más 750 pesos de depósito.

Tipo: importada.

Costo 1 mil 990 pesos más el 15% de IVA.

Aparatos auditivos:

Precio 13 mil 600 pesos con IVA incluido por unidad.

Si la discapacidad auditiva es en los dos oídos, el costo se duplicara a 27 mil 200 pesos. Ahora, estos aparatos auxiliares para personas sordas necesitan de baterías que tienen un costo de 36 pesos más el IVA, cada paquete con cuatro baterías. Las baterías tienen una vida útil, en promedio, de un mes. Lo que significa que el sordo tendrá que comprar 12 paquetes de baterías al año.

Estos aparatos auditivos no están en renta, requieren de estudio audiométrico que cuesta en promedio 200 pesos más IVA y son personalizados

VI. Los bienes que arrienden o cualquier otro acto por el que una persona permita a otra con discapacidad usar o gozar temporalmente estos que subsanen o disminuyan su discapacidad, a cambio de una contraprestación.

Artículo 25. No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes:

I a la VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Los bienes que introduzcan al país las personas con discapacidad que tengan como fin subsanar o disminuir su discapacidad y que sea de uso estrictamente personal.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos del presente decreto se entenderá por persona con discapacidad lo señalado por el artículo 61 fracción XV párrafo segundo de la Ley Aduanera.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico contará con plazo de 120 días naturales a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para la emisión de la política fiscal en la materia.

No olvidemos que la discapacidad es una circunstancia inherente a la condición humana y que en cualquier momento la podemos contraer. La discapacidad no distingue raza, sexo, condición social, credo religioso o filiación partidista. Por lo que las diputadas y los diputados firmantes de la presente iniciativa ponemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se adiciona el inciso c del artículo 2o.-a, la fracción VI del artículo 20 y la fracción IX del artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Los bienes o mercancías que enajene una persona física o moral para subsanar la discapacidad de la persona que lo requiera y que sea estrictamente de uso personal.

Artículo 20. No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes:

I a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por lo anteriormente expuesto, solicito sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen en los tiempos que señalan nuestros ordenamientos jurídicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 1999.- Diputados: Felipe Rodríguez Aguirre, Héctor Larios Córdova, Elodia Gutiérrez Estrada, José Luis Acosta Herrera, Lourdes Angelina Muñoz Fernández, Gustavo Espinosa Plata, Eliher Saúl Flores Prieto, José Jesús Montejo Blanco, Carlos Iñiguez Cervantes, Alfonso Carrillo Zavala, Luisa Cortés Carrillo, Emilia García Guzmán, Bertha Hernández Rodríguez, Salomón Elías Jauli y Dávila, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, María de las Mercedes Martha Juan López, María Guadalupe Francisca Martínez Cruz, María Verónica Muñoz Parra, Martha Palafox Gutiérrez, José Jesús Villalobos Sáenz, Felipe Jarero Escobedo, Jaime Castro López, Abraham Bagdadi Estrella, José Octavio Díaz Reyes, José Luis García Cortés, Bonfilio Peñaloza García, María de Lourdes Rojo e Incháustegui y Julieta Gallardo Mora.»

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Atención y Apoyo a Personas con Discapacidad.

CREDITOS A TRABAJADORES

Tiene la palabra el diputado Luis Guillermo Villanueva Valdovinos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que deroga el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

«Los que suscribimos, diputados federales a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que deroga el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta por la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el año de 1992 se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta adicionando un artículo 78-A, a efecto de considerar que los trabajadores que obtuvieran de sus patrones algún préstamo o crédito con una tasa de interés preferencial, obtienen un ingreso extra por el hecho de que el patrón o empresa les cobra intereses menores a los que prevalecen en el mercado y por lo tanto esa diferencia existente en los intereses es sumada al salario del trabajador para fines de cálculo y retención del ISR.

El artículo 78-A considera como tasa de interés de mercado, la tasa de Certificados de la Tesorería de la Federación a 91 días (Cetes), que da a conocer semanalmente el Banco de México, por lo que de acuerdo con el artículo 78-A de la Ley del ISR, cualquier trabajador que obtenga de su empleador un crédito con una tasa de interés menor a la de los Cetes, está recibiendo un ingreso extra por el cual deberá pagar impuestos.

Durante varios años esta disposición pasó prácticamente inadvertida, ya que las tasas de interés de los Cetes se mantuvieron relativamente bajas, al grado de que la diferencia de tasas entre las cobradas por los empleadores a sus trabajadores y las de Cetes eran poco significativas, por lo que el impuesto pagado por el "ingreso extra" era apenas perceptible.

Sin embargo, a partir de la crisis financiera de diciembre de 1994, las tasas de interés de los Cetes crecieron abruptamente, ocasionando que la diferencia entre las tasas de interés cobradas por los patrones sobre créditos a sus trabajadores y las de los Cetes creciera de manera desproporcionada, lo cual convirtió al impuesto establecido por el artículo 78-A de la Ley del ISR en un impuesto excesivo que daña severamente la economía de aquellos trabajadores que por necesidad tuvieron que adquirir créditos de sus empresas.

No se desconoce que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todos los mexicanos de "...IV contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Pero el caso que nos ocupa no cumple con el calificativo sustancial de proporcionalidad, pues las circunstancias económicas han hecho que el impuesto en comento no guarde proporción con la capacidad contributiva del ciudadano.

3013, 3014 y 3015

Por otro lado el pretender cobrar impuestos a prestaciones que los obreros obtienen para satisfacer necesidades básicas y que representan un esfuerzo solidario de los empleadores y no un subterfugio para evadir impuestos, cancela vías subsidiarias de la sociedad para lograr mejores niveles de vida y una mejor distribución de los bienes.

A lo anterior había que sumar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso de 14 empleados bancarios que, sobre el artículo en comento, solicitaron el amparo, determinando que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional, debido a que se utilizan las tasas de Cetes emitidas por el Banco de México, para efectuar el cálculo del impuesto, violando el principio de legalidad tributaria, según el cual todos los elementos de un impuesto deben provenir de leyes emitidas por el Congreso de la Unión y de ninguna forma por el Banco de México.

Por las consideraciones mencionadas, proponemos a esta honorable Asamblea, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Unico. Se deroga el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 25 de noviembre de 1999.- Diputados: Alberto Cifuentes Negrete, Luis Guillermo Villanueva Valdovinos, Javier Algara, Adalberto Balderrama y Margarita Chávez Murguía.»

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

DISCAPACITADOS (II)

Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona las fracciones II y XII del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con su autorización, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores; señores secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

«Los que suscribimos, diputados federales de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 y del artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de ley que contiene sendas adiciones a las fracciones II y XII del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativa a establecer incentivos fiscales a las empresas que contraten a mexicanos con discapacidad y autorizar la total deducción de este impuesto en los casos en que las empresas invierten en las construcciones, instalaciones, adaptaciones, adquisición de equipo y de transporte que sean necesarios para que las personas discapacitadas, puedan desempeñarse en su trabajo, lo anterior, con el fin de propiciar la incorporación laboral de personas con discapacidad a la población económicamente activa de nuestro país.

La presente iniciativa de ley se presenta con arreglo, en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el 10% de los hogares del país existe al menos una persona con discapacidad y se estima que la población con discapacidad alcanza un monto de 10 millones, esto, el 10% del total de habitantes del país.

Considerando la declaración de la población, es decir, sin tener como sustento un diagnóstico médico, los principales tipos de discapacidad son: de tipo auditivo, con el 30%; neuromotoras, con el 23%; de lenguaje también con el 23%, de tipo mental, con el 14% y de la vista, con el 13%.

El porcentaje de población con discapacidad disminuye al aumentar el tamaño de la localidad de residencia. Así, en las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes ese indicador es del 2.6%, mientras que en los de 100 mil y más disminuye a 2.1%.

Con respecto a la entidad federativa, las que reportan el mayor porcentaje de población con discapacidad son: Zacatecas, con el 37% Durango con el 3.5%; Nayarit y Yucatán con el 3.4%; Colima con el 3.3% y Sonora, con el 3.1%.

Las personas con discapacidad forman parte de hogares que en promedio tienen más miembros que el promedio nacional. Así, el porcentaje de los hogares con seis o más miembros para el total nacional es de 46%, mientras que para los hogares con personas discapacitadas es del 54%.

El nivel de instrucción de los jefes de familia de los hogares con personas discapacitadas es menor que el indicador nacional. El porcentaje de jefes sin instrucción en los hogares con discapacitados es casi el doble de la cifra que se registra para el total de los hogares a nivel nacional (24% contra 13%) y los jefes sin primaria completa superan en nueve puntos la cifra correspondiente al total nacional.

Por otra parte, el nivel de ingresos de los hogares con discapacitados es menor que el correspondiente al resto de la población. En los primeros, el 26% percibe menos de un salario mínimo y en los segundos el indicador es del 18% adicionalmente, el 37% de los hogares con discapacitados el porcentaje es del 45%.

Las discapacidades presentan causas y orígenes diversos. De acuerdo con lo declarado por la población entre las principales se pueden mencionar: secuela de una enfermedad con 31% nacimiento, con 28% accidente, con 20% la vejez, con 14% de origen hereditario, con 7% por adiciones 4% y por algún hecho violento 1%.

El 35% de la población con discapacidad no ha recibido ningún tipo de tratamiento. El 65% ha recibido diversos apoyos, entre los principales se pueden mencionar: atención médica 85%; rehabilitación física, 21%; educación especial, 12%; orientación sicológica, 8% y terapia ocupacional 3%.

El 43% de la población discapacitada no necesita aparatos o aditamentos para realizar sus actividades diarias; el 26% lo necesita y lo usa y el 31% lo necesita pero no lo usa.

Los apoyos más frecuentes utilizados son: la silla de ruedas 21%, el bastón de apoyo 20%, las muletas 13%, el bastón blanco 11%, la andadera 9% y el auxiliar auditivo 8%.

Las razones principales por las que la tercera parte de los discapacitados no usan aparato, necesitándolo son: por no poder adquirirlo 46%, no le ayuda 28% y no se lo recetaron 26%.

El 24% de los discapacitados de 12 años y más son económicamente activos. De éstos, el 85% está ocupado y el 15% busca empleo.

La población económicamente inactiva está integrada por estudiantes (6%), deportistas, (8%), quehaceres domésticos, (26%) y principalmente por personas que no trabajan queriendo hacerlo (60%).

Las causas por las que este grupo no labora son: por su discapacidad (52%), por su edad avanzada (28%) y por su salud.

La población discapacitada que no trabaja recibe ingresos para su subsistencia proveniente de diversas fuentes, siendo las principales familiares y los amigos, 82% pensión, 11% jubilación, 2% rentas, negocios 2% y limosna 1%.

Todo lo anterior como muestra de un universo de cifras y nada más.

Se ha relegado de la oportunidad para obtener un empleo regular, conforme lo marca la ley actualmente, a cerca de 5 millones de personas que aún con una discapacidad podrían estar ejerciéndolo, incluso, con altos índices de productividad para el país y las empresas.

Factores como la discriminación social y empresarial, vacíos legales que propician la explotación y el abuso sobre las personas, segregación impuesta por los sindicatos y la no aceptación en México de modelos internacionales en materia de rehabilitación laboral, son los que han retrasado este importante proceso, probado y comprobado en otras latitudes.

Las reformas legislativas que propicien la incorporación laboral de personas con discapacidad, son una tarea que debemos calificar de urgente en el país, porque de ellas depende el presente y futuro de varias generaciones de mexicanos y sus familias.

Aquellos países que han logrado traspasar las barreras que impiden estos avances, todavía se enfrentan a la ineludible decisión para destinar de sus recursos públicos millones de dólares que alternativamente eviten la mortalidad y segregación pronunciada de estas personas.

Hoy la realidad para obtener un empleo, aun para quienes no viven con una discapacidad, es difícil e infructuosa, ya que simple y sencillamente los empleos no existen.

En la situación específica de personas con algún tipo de limitación física, mental o sensorial, las barreras a que se enfrentan cotidianamente son:

Negación del empleo, sólo por el hecho de tener una discapacidad.

No importa si es una persona capacitada o no, su condición física mental o sensorial prevalece como un indicativo de desconfianza al empleador.

Generalmente, los empleadores violan las leyes existentes en materia de empleo, incluso sobre los acuerdos sindicales y las disposiciones del IMSS.

Los empleadores utilizan los vacíos de la Ley Federal del Trabajo para contratar personas con discapacidad en condiciones desventajosas y ocasionando explotación de las personas e incluso hasta el límite de no ser remuneradas.

Las empresas del país no están sujetas a ninguna restricción legal para establecer condiciones de accesibilidad y desplazamiento en sus espacios laborales.

Ninguna autoridad es el país, ejerce penalidades o sanciones a los empresarios que comprobadamente ejercen actitudes discriminatorias o de explotación en contra de personas con discapacidad.

Por todo lo anteriormente expuesto y buscando la aplicación solidaria de medidas que se traduzcan en apoyos reales y tangibles que promuevan la dignidad de las personas que padecen algún tipo de incapacidad, se concretiza en lo propuesto en esta iniciativa, asimismo con el fin de impulsar a las empresas privadas para que contraten trabajadores mexicanos con discapacidad, solicitamos se privilegie la presentación de esta iniciativa ante esta honorable Asamblea, de manera que la sede del Poder Legislativo sea el conducto del fortalecimiento necesario, responsable, afectuoso y respetuoso de tan vital iniciativa.

Establecer una disposición legal en el capítulo denominado de las "deducciones" correspondiente a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que se otorguen incentivos fiscales para el pago de contribuciones al Gobierno Federal, en favor de las empresas, sean éstas personas físicas o personas morales; que contraten a personas con discapacidad, para lo que será necesario adicionar una fracción XII al artículo 22 del Capítulo II, para quedar como sigue:

"Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I a la XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. El 30% adicional al importe de los salarios pagados a personas con discapacidad."

Asimismo, en la fracción II del citado ordenamiento se deberá adicionar un párrafo en el que también autorice la total deducción en los siguientes términos:

El importe total de las construcciones, instalaciones, adaptaciones; adquisición de equipo y de transporte que se hagan necesarios para que las personas con discapacidad, puedan desempeñarse en su trabajo, deducción que se deberá hacer en el mismo ejercicio en que se realicen.

3016, 3017 y 3018

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 1999.- Diputados: Leonardo García Camarena, Luis Fernando González, Felipe Jarero Escobedo, José Frausto Ortiz, Rafael Sánchez Pérez, Juan Ignacio Fuentes, Felipe de Jesús Vicencio, Mario Haro Rodríguez, Juan García de Alba, Gustavo Espinosa Plata, Carlos Iñiguez Cervantes, Felipe de Jesús Rangel Vargas, María Elena Cruz Muñoz, Raúl Monjarás Hernández, Rocío del Carmen Morgan, Nicolás Jiménez Carrillo, Jorge López Vergara, Emilio González Márquez, María Antonia Durán López y Felipe de Jesús Preciado.»

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados.

PRODUCTORES AGRICOLAS
Y FORESTALES

Tiene la palabra el diputado Rafael Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 7o., 22, 32-bis, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 71, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta respetable Asamblea la siguiente iniciativa de ley que modifica los artículos 7o., 22, 32-bis, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de conocer las facultades que en agricultura, ganadería y materias relativas deben tener los estados que forman parte de la Federación, los municipios y los productores.

Me voy a permitir nada más leer un resumen de la exposición de motivos, ya que ésta viene publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy.

Como legisladores panistas, estamos conscientes que a Acción Nacional siempre le ha preocupado la problemática que se presenta en el campo mexicano. Sin embargo, debido a criterios y tendencias de intereses políticos de otros partidos no hemos podido realizar ampliamente dicho objetivo.

«La propuesta de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que en estos momentos vengo a presentar y someter a su consideración, tiene como fundamento social, jurídico y moral la necesidad de reconocer, apoyar y buscar soluciones reales a los conflictos de productores agropecuarios y forestales mediante la instalación de políticas establecidas entre los diversos niveles de Gobierno Federal, estatal y municipal, aunada con la participación directa de los mismos productores.

En dicha exposición de motivos referimos como partido la inminente situación reflejada en el campo, la cual se resume en crisis estructurales reflejadas en pérdida de crecimiento productivo, disminución de contribución al producto interno bruto nacional, discapacitación de los productores, pérdida de ingresos y subordinación de productores a prácticas injustas para poder comercializar sus productos y hacer producir sus tierras, lo cual además de todo incita a incrementar el fenómeno de alta inmigración de la población rural a áreas urbanas y al extranjero, provocando con ello un abandono visiblemente perjudicial al agro mexicano.

Creemos que uno de los mayores problemas no sólo en lo agropecuario, también en lo político, social y económico, es ante todo el centralismo de funciones por parte del Estado, que tanto ha caracterizado a nuestro país, mismo que no concluirá hasta adoptar nuevas formas de transferir facultades equitativamente a los otros niveles de gobierno.

No debemos olvidar que en la década de los ochenta, el objetivo central de la política agrícola del país se justificaba con el aseguramiento de una oferta abundante y económica de alimentos a los consumidores, mediante la situación de importaciones y el proteccionismo comercial.

Posteriormente el objetivo se transformó en búsqueda para mejorar la productividad del sector, orientándose más tarde a la liberación comercial, la privatización de entidades y empresas públicas, pero más importante aún la disminución de intervención del Estado en las actividades económicas.

De la precisión anterior se desprende que esta causa ha dado origen a vivir hasta nuestros días bajo la tutela y protección de un Gobierno de tipo paternalista, que involucra además de un gran retraso económico, político y social, la detentación de atribuciones en materia, lineamientos, proyectos, instrumentos, técnicas y formas de comercialización en manos de solo unos cuantos sujetos y organismos involucrados con la materia agropecuaria y forestal. Dicho monopolio de atribuciones se ejemplifica por parte del Ejecutivo Federal y a través de secretarías de Estado, lo cual provoca discriminación en la participación activa que es limitada e inexistente en ocasiones por parte de los gobiernos de los estados, los municipios y más aún de los productores agrícolas y forestales, los cuales a fin de cuenta son los sujetos ligados con dichas actividades y los más perjudicados por la ampliación de propuestas y alternativas aplicables por el Gobierno Federal.

Ahora bien, no negamos que se ha apreciado en ciertas etapas el fenómeno de extensionismo de ciertas funciones. Sin embargo, éstas han sido detenidas únicamente por técnicos y asesores privados, mermando con ello la capacitación técnica de operación y coadyuvando en el descenso del impacto económico productivo, lo cual genera un crédito aplicable al campo casi inexistente o sujeto a ciertos caprichos de autoridades o empresas privadas que impiden la participación de productores para la comercialización de los artículos que ellos mismos elaboran o producen.

La crítica realizada al Gobierno Federal en materia agropecuaria y forestal estriba principalmente en la previsión de operación continua de muchas instituciones en el campo, las cuales en ocasiones tienen conferidas funciones inoperantes e incluso duplicidad de las mismas.

La propuesta presente en esencia, más allá de una simple formalidad, toda vez que busca la compenetración de opiniones en la ejecución de las acciones, así como la participación activa y directa en la toma de decisiones por parte de los productores agropecuarios y forestales, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los municipios en tareas tendientes a enriquecer la producción del campo.

Por los factores antes expuestos resulta indispensable auxiliar mediante reformas a diversos ordenamientos de la generación de una auténtica descentralización política territorial que implica por naturaleza el replanteamiento de las relaciones entre los organismos centrales, las entidades federativas, los municipios y los productores en el mejor de los recursos a nivel local, otorgándoles presupuestos y normas propias para el funcionamiento real, objetivo e intensificador de la descentralización y auténtico federalismo.

Mediante la consigna de atribuciones específicas a cada nivel de gobierno y productores debemos contemplar las reformas conducentes a ordenamientos legales de naturaleza federal, para que pueda ser de aplicación y observación general en el territorio nacional, en coadyuvancia con las secretarías de Estado correspondientes en la esfera de su propia competencia y materia, para con ello generar el logro de políticas sanas, además de un modelo de gestión pública a partir de los bienes y servicios otorgados a la sociedad rural.

La iniciativa de modificación a los artículos 7o., 22, 32-bis, 34 y 35 de la citada Ley Orgánica, pretende establecer los mecanismos de planeación, coordinación y operación y evaluación de los programas para el sector en la corresponsabilidad de los niveles de gobierno y los productores.

Contempla el traspaso de capacidad de decisión y manejo del presupuesto en donde corresponda a los distintos niveles de gobierno en las siguientes atribuciones:

Que las instituciones federales normen la actividad productiva mediante el fomento y definición de propiedades en políticas públicas nacionales relacionadas con el campo.

Que los gobiernos estatales y municipales puedan establecer normas, así como reglamentos que regulen la actividad del sector y participen en las políticas nacionales que propongan programas y acciones conjuntas, administrando la operación del presupuesto federal.

Que los productores rurales cuenten con la calidad de participantes activos en todas y cada una de las etapas que conlleven a la ejecución de los programas implementados para los fines benéficos de la actividad agropecuaria y forestal, es decir, desde la etapa de planeación, formulación de los planes de desarrollo en la materia y su administración, la operación de los mismos y hasta la evaluación de éstos.

Así pues, a grandes rasgos es lo que pretende esta iniciativa, misma que someto a consideración y aprobación, en su caso, de esta respetable Asamblea.

En virtud de los argumentos vertidos proponemos el siguiente decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

Artículo único. Se reforma para quedar como siguen los siguientes artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Y me voy a permitir enumerarlos, porque son demasiados y ya que están publicados en la Gaceta.

Al artículo 7o. se adicionan dos párrafos; el artículo 22 se adiciona un párrafo; artículo 32-bis se reforman y adicionan las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL; artículo 34 se reforman y adicionan las fracciones II, V, IX, X, Xl, XV, XVIII, XXII y XXIV; artículo 35 se reforman y adicionan las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Xll, XIII, XIV, XV, XVI y XVIII.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Cuando los estados así lo requieran el Gobierno Federal los apoyará en la realización y aplicación de los programas sectoriales y programas regionales.

Segundo. Las partidas presupuestales que estaban destinadas al Gobierno Federal y que resultaron afectadas por las reformas realizadas a la presente ley, deberán de ser transferidas a las entidades federativas, las cuales tendrán la obligación de asignarlas a los municipios a efecto de que puedan realizar y operar los correspondientes programas sectoriales y planes regionales.

Tercero. El presente decreto deberá entrar en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Le solicito señora Presidenta, darle el turno correspondiente y hago entrega del proyecto completo a la Secretaría.

Esta iniciativa la firman los diputados: Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, Felipe de Jesús Preciado Coronado, Jorge López Vergara, Gustavo Espinosa Plata, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Rocío del Carmen Morgan Franco, Juan José García de Alba Bustamante, Luis Fernando González Corona, José Angel Ortiz, Felipe Jarero Escobedo, Mario Guillermo Haro Rodríguez, María Elena Cruz Muñoz, Juan Ignacio Fuentes Larios, María Antonia Durán López, José Antonio Alvarez Hernández, Leonardo García Camarena, Raúl Monjarás Hernández, Nicolás Jiménez Carrillo, Carlos Iñiguez Cervantes, Emilio González Márquez y el de la voz.»

Muchas gracias.

«Iniciativa de reforma a los artículos 7o., 22 32-bis, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con fundamento en la fracción I del artículo 71, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta respetable Asamblea la siguiente iniciativa de la ley que modifica los artículos 7o., 22, 32-bis, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de reconocer la facultades que en agricultura, ganadería y materia relativas deban tener los estados que forman parte de la Federación, los municipios y los productores, al tenor de la siguiente

3019, 3020 y 3021

EXPOSICION DE MOTIVOS

Acción Nacional, consciente de la problemática por la que atraviesa el campo, reconoce la necesidad de apoyar y buscar soluciones a los problemas de los productores agropecuarios y forestales mediante políticas instrumentadas entre los niveles de gobierno y la participación de sector rural que coadyuven a igualar al proceso general de desarrollo del país con el desarrollo agropecuario y forestal.

El campo mexicano, como es de conocimiento general, desde mediados de la década de los sesenta ha enfrentado una crisis estructural caracterizada, entre otras cosas, por la pérdida del crecimiento, una baja contribución al PIB nacional, la disminución de la productividad, la descapitalización de los productores, la pérdida de ingresos y depauperización de los campesinos, la insuficiencia para satisfacer las necesidades del mercado interno y por la fuerte migración de la población rural a las áreas urbanas y hacia al extranjero.

Tal crisis es el resultado no solamente de los modelos de desarrollo económico que ha adoptado el país, sino también de la aplicación de la política gubernamental caracterizada por su variabilidad, imprevisibilidad y con una fuerte intervención centralizada del Estado.

En este marco, los objetivos de las políticas para el campo han variado a lo largo del tiempo, reflejando los cambios de la política del país en su conjunto. Hasta 1980, el objetivo central de la política agrícola del país era asegurar una oferta abundante y barata de alimentos a los consumidores basada en el modelo de sustitución de importaciones y el proteccionismo comercial; con el auge petrolero, a mediados y fines de la década, el principal objetivo de la política agrícola fue el de mejorar la productividad del sector y en los noventa, el enfoque cambió radicalmente para orientarse hacia el mercado a través de la liberalización comercial, la reducción de la intervención del Estado en las actividades económicas, la privatización de entidades y empresas públicas, racionalización de subsidios, la disminución de la inversión y el gasto público y el adecuamiento del marco legal para permitir la participación de la inversión privada en el campo.

En estas etapas, las políticas públicas han sido instrumentadas por un gran número de secretarías y organismos públicos, abarcando aspectos relacionados con la educación, la investigación, la producción y comercialización, el extensionismo y capacitación, que han estado sujetas a cambios y ajustes continuos a lo largo de los años.

Con los cambios de prioridades en la política sectorial rural, las secretarías y organismos que intervienen en la instrumentación de las políticas agropecuarias y forestales sufrieron modificaciones estructurales que implicaron la fusión de diversas entidades, la creación de nuevas instancias gubernamentales y el refuncionamiento operativo de otras más; sin embargo, dichos cambios no se tradujeron en una mayor eficiencia y eficacia de las instituciones encargadas de la atención al campo.

En este proceso, algunas de las funciones más importantes que realizaban las instituciones se han modificado sustancialmente, como la labor de extensionismo que ha quedado prácticamente en manos de técnicos y asesores privados, la capacitación con un alcance limitado y de poco impacto y el crédito al campo casi inexistente o sujeto a fuertes restricciones.

En cuanto a los organismos públicos, involucrados en el apoyo a la comercialización de los productos agropecuarios y forestales, muchos de ellos fueron liquidados, como Tabamex, Conafrut, ANDSA y Conasupo recientemente y otros fueron privatizados o transferidos a secretarías diversas.

Los programas de ajuste estructural de las entidades y organismos relacionados con las políticas para el campo fueron un efecto de los compromisos adquiridos, con la incorporación del país a los acuerdos del GATT, el Tratado de Libre Comercio entre México, Cánada y los Estados Unidos de América y con la adhesión al Organismo Mundial de Comercio (OMC) y a la APEC, e implicaron el desmantelamiento de los apoyos y subsidios al agro y la adecuación del sistema de soporte institucional a las actividades agropecuarias y forestales.

Esta adecuación estructural buscaba reestructurar las instituciones públicas de fomento al campo, fortalecer la organización de los productores e implementar programas específicos para resolver problemas muy focalizados del sector rural.

No obstante los cambios y ajustes realizados en las instituciones del sector público, aún continúan operando muchas instituciones en el campo y las políticas de desarrollo instrumentadas continúan siendo fuertemente centralizadas en el ámbito federal sin una participación activa de los estados, municipios y productores en la planeación de las prioridades nacionales y en la elaboración de los planes y programas de desarrollo agropecuario y forestal, dejando de lado el fomento al desarrollo y con una operación centrada en el cumplimiento de funciones y requisitos internos y no en la generación de respuestas eficaces ante las condiciones de los productores rurales y de la problemática del campo.

La instrumentación de las políticas, planes y programas para el campo, a pesar de los diversos mecanismos implementados, como los foros de consulta a los productores y organizaciones, iniciativas y propuestas de los gobiernos de los estados y la descentralización de algunas funciones al nivel estatal, sigue estando en manos del gabinete agropecuario, con un carácter centralista que no incorpora las demandas de los estados, municipios y productores en la fijación de prioridades y recursos para el campo.

Las instituciones que tienen injerencia en el campo realizan programas y acciones descoordinadas entre sí, con poco impacto y desarticuladas para instrumentar las acciones gubernamentales en el sector y en el establecimiento de condiciones para su gestión, además de contar con escasos recursos para la operación, lo que reduce la eficiencia de las acciones.

De ahí que las instituciones que permanecen no hayan sido repensadas cualitativamente en función de los cambios ocurridos en el sector para alcanzar internamente mayores niveles de eficiencia, la identificación de las posibilidades reales para el desarrollo rural y una mayor calidad en los servicios que prestan al sector rural.

Las reformas estructurales se han traducido prácticamente en una reducción presupuestal para atender la problemática del campo, en el tránsito de un gobierno paternalista y protector que intervenía en todos los aspectos de la actividad agropecuaria y forestal, a un gobierno que sólo establece normas y canaliza apoyos mínimos, sin alcanzar a transformar las condiciones que en los estados y municipios caracterizan al sector rural por la indefinición de funciones y atribuciones claras y específicas para cada uno de los niveles de gobierno y de la función que deben asumir, como protagonistas principales, los productores y la población rural.

En función de estas circunstancias, se requiere generar un proceso de auténtica descentralización política y territorial que implica un replanteamiento de las relaciones entre organismos centrales y las entidades federativas, los municipios y los productores, el en manejo de los recursos en el ámbito local, reconociendo a estas entidades presupuesto y normas propias de funcionamiento para lograr la generación de políticas públicas y un modelo de gestión pública a partir de los bienes y servicios que otorgue el Estado a la sociedad rural para construir políticas, programas, planes y acciones basados en la participación ciudadana y los gobiernos locales, dotando a los municipios, gobiernos de los estados y a los productores, de mayores facultades y ámbitos de competencia, para generar relaciones intergubernamentales y sociales basadas en la cooperación, cogestión, complementación de esfuerzos y la construcción de consensos básicos.

Para hacer y ser más eficaz este proceso de descentralización se requiere, entre otras cosas, una adecuada identificación de la problemática del sector, de las tendencias internacionales y nacionales que lo impactan y de las relaciones de los sujetos de las políticas públicas, los programas y acciones gubernamentales, la construcción de una visión de futuro común compartida entre los agentes que intervienen a nivel gobierno y sociedad y el establecimiento de estrategias y sistemas que den soporte a la gestión.

La iniciativa de modificaciones a los artículos 32, 32-bis, 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal busca establecer que los mecanismos de la planeación, coordinación, operación y evaluación de los programas para el sector sean corresponsabilidad de los niveles de gobierno y de los productores, para generar las condiciones que posibiliten un desarrollo más armónico, integral endógeno y justo, acorde a las transformaciones que requiere el país.

La adecuación de la gestión gubernamental debe establecer, para su consolidación, la definición de una serie de tránsitos de lo actual a lo deseado: de instituciones centradas en sí mismas a instituciones definidas con base en su esencia en relación con el proceso de generación de bienes y servicios al sector rural; de la subvaloración de las capacidades planificadoras, administrativas y operativas de los agentes que intervienen en el proceso, a una institución abierta a retroalimentarse permanentemente con las aportaciones de los beneficiarios y capaz de construir con las comunidades procesos de cogestión, mutuo aprendizaje y profesionalización de la actividad pública con base en una evaluación constante de sus acciones e impactos y de una institución centralista a una institución que cuenta con criterios generales normativos pero capaz de adaptarse y dar respuestas flexibles y oportunas.

La instrumentación de las políticas, programas y acciones agropecuarias y forestales debe basarse en la diferenciación y diversidad de las regiones, retomando como base la planeación regional, la descentralización de funciones y atribuciones a los estados, municipios y productores, traspasándoles capacidad de decisión y el manejo del presupuesto, en un sistema en el que las instituciones federales normen, fomenten la actividad productiva y definan las prioridades de las políticas públicas nacionales con relación al campo, los gobiernos estatales y municipales puedan establecer normas y reglamentos que regulen la actividad del sector, participen en la formulación de las políticas nacionales, propongan programas y acciones conjuntas y administren la operación del presupuesto federal asignado a los programas y los productores rurales como participantes activos en todas y cada una de las etapas que conlleven a la ejecución de los programas, es decir, desde la planeación y formulación de los planes de desarrollo agropecuario y forestal, su administración y operación, hasta la evaluación de los mismos.

La federalización plena de las funciones y atribuciones de las actividades y programas del sector entre los niveles de gobierno y los productores, propiciará instituciones que actúen de manera congruente bajo estrategias comunes, con una administración ágil para ofrecer respuestas oportunas, con un papel protagónico de los productores y un estado que propicie la estructura de soporte a la producción agropecuaria y forestal brindando apoyos, tanto transitorios como permanentes, en capacitación, asistencia técnica, investigación, comercialización, información de mercados y de fomento a la organización de los productores, entre otros.

En ese contexto, la reducción, transferencia y traspaso de funciones y atribuciones de las instituciones federales a los estados, municipios y productores no debe quedar como una simple delegación de facultades, sino que debe servir de base para la elaboración de una nueva política agropecuaria y forestal que dé respuesta y certidumbre a la problemática del campo y de los productores, así como el desarrollo de un modelo de gestión pública acorde al proceso de descentralización propuesto.

En virtud de los argumentos vertidos, proponemos el siguiente decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo único. Se reforman para quedar como siguen los siguientes artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Actual

Artículo 7o. El Presidente de la República podrá convocar a reuniones de secretarios de Estado, jefes de departamentos administrativos y demás funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el titular del Ejecutivo Federal y el secretariado técnico de las mismas estará adscrito a la Presidencia de la República.

Propuesta

Adicionar dos párrafos más:

"Asimismo, el Presidente de la República convocará a reuniones a las autoridades competentes cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Federal en materia que sean de la competencia concurrente de los estados y municipios, con el fin de que participen tanto en la evaluación como en la realización de programas y acciones conjuntas de acuerdo a las prioridades nacionales.

3022, 3023 y 3024

Estas reuniones estarán presididas por el Presidente de la República y el secretariado técnico estará conformado por un representante de cada uno de los niveles de gobierno involucrados, ya sea federal, estatal o municipal. "

Actual

Artículo 22. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá celebrar convenios en coordinación de acciones con los gobiernos estatales y con su participación, en los casos necesarios, con los municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, a fin de favorecer el desarrollo integral de las propias entidades federativas.

Propuesta

Adicionar un párrafo:

"Los gobiernos estatales y municipales para la realización de las facultades que le corresponden podrán solicitar al Gobierno Federal, la celebración de convenios a fin de favorecer el desarrollo integral de dichas entidades federativas."

Semarnap

Actual

32-bis. A la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

Semarnap

Propuesta

"32-bis. A la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, con la participación activa de los gobiernos estatales y municipales, para la mejor calidad de vida de su población."

Actual

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y desarrollo de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades.

Propuesta

"II. Formular y conducir conjuntamente con los gobiernos estatales y municipales la política nacional en materia de recursos naturales, ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y desarrollo de la actividad pesquera."

Actual

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radiactivos.

Propuesta

"III. Administrar, regular y promover, conjuntamente con los estados y municipios, el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la nación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos, líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radiactivos."

Actual

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestres, terrestre y acuática y pesca, y demás materias de competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes.

Propuesta

"V. Vigilar y estimular, conjuntamente con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestres, terrestre y acuática y pesca y demás materias de competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer por medio de las autoridades estatales las sanciones procedentes."

Actual

VI. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas y promover para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales y de universidades, centros de investigación y particulares.

Propuesta

"VI. Proponer al Ejecutivo Federal, conjuntamente con las autoridades estatales y municipales, el establecimiento de áreas naturales protegidas y promover para su administración y vigilancia la participación de las autoridades locales, de universidades, centros de investigación y particulares."

Actual

VII. Organizar y administrar las áreas naturales protegidas y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas, cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales.

Propuesta

"VII. Supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de las áreas naturales protegidas, que serán realizadas por los gobiernos estatales o municipales y por personas físicas o morales."

Actual

VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.

Propuesta

"VIII. Ejercer a través de las autoridades estatales o municipales la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar, lagos y ríos."

Actual

IX. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias. Queda igual.

Propuesta

"IX. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias."

Actual

X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales y con la participación de los particulares.

Propuesta

"X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, conjuntamente con las autoridades federales, estatales y municipales y con la participación de los particulares."

Actual

XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica.

Propuesta

"XI. Supervisar la evaluación y dictaminación realizada por las autoridades estatales de las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo públicos, sociales y privados, de los estudios de riesgo ambiental, así como programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica."

Actual

XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte.

Propuesta

"XII. Promover la elaboración y difusión de las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte, todo ello con la participación de universidades y centros de investigación, así como de los gobiernos estatales y municipales."

Actual

XIII. Fomentar y realizar programas de reforestación y restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Propuesta

"XIII. Fomentar y apoyar a través de los gobiernos estatales y municipales, la realización de programas de reforestación y restauración ecológica, con la cooperación, en su caso, de las dependencias federales correspondientes."

Actual

XIV. Evaluar la calidad del medio y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de Jurisdicción Federal y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades estatales y municipales, las instituciones de investigación y de educación superior y las dependencias y entidades que correspondan.

Propuesta

"XIV. Promover la participación de los estados en el establecimiento de un sistema nacional de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las instituciones de investigación y de educación superior y de las dependencias y entidades que correspondan".

Actual

XV. Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación económica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta y cooperar con las dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económica.

Propuesta

"XV. Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación económica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta y cooperar con las dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económica, con la participación de instituciones de investigación."

Actual

XVI. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono;

Propuesta

"XVI. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono, en coordinación con las autoridades estatales y municipales."

Actual

XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del medio ambiente.

Propuesta

"XVII. Impulsar y apoyar las acciones de los gobiernos estatales y municipales en la promoción de la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental y en la concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración del medio ambiente."

3025, 3026 y 3027

Actual

XVIII. Realizar el censo de predios forestales y silvopastoriles y de sus productos; levantar, organizar y manejar la cartografía y estadística forestal, así como llevar el registro y cuidar la conservación de los árboles históricos y notables del país

Propuesta

"XVIII. Realizar el censo de predios forestales y silvopastoriles y de sus productos; levantar, organizar y manejar la cartografía y estadística forestal, así como llevar el registro y cuidar la conservación de los árboles históricos y notables del país, todo ello conjuntamente con los gobiernos estatales y municipales."

Actual

XIX. Proponer y en su caso resolver sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legislación aplicable y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato.

Propuesta

"XIX. Proponer a los gobiernos estatales el establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la legislación vigente y establecer en coordinación con las entidades federativas el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato".

Actual

XX. Imponer las restricciones que establezcan las disposiciones, sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero y promover ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación, cuando se requisa para su conservación o aprovechamiento

Propuesta

"XX. Imponer las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero y promover ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su conservación o aprovechamiento."

Actual

XXI. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional y participar en los convenios internacionales sobre la materia.

Propuesta

"XXI. Realizar en coordinación con los gobiernos estatales, los estudios y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos y establecer conjuntamente el servicio meteorológico nacional. Participar en los convenios internacionales sobre la materia."

Actual

XXII. Coordinar, concertar y ejecutar los proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación.

Propuesta

"XXII. Promover conjuntamente con los estados proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación."

Actual

XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas.

Propuesta

"XXIV. Reglamentar y mediante participación de las autoridades estatales y municipales, controlar y administrar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional y de las zonas federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y a través de las autoridades estatales y municipales, vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas residuales. Reglamentar y por medio de las autoridades estatales y/o municipales, autorizar en su caso, vertimiento de aguas residuales en el mar, cuando provenga de fuentes permanentes, móviles o plataformas fijas; promover y a través de las autoridades estatales y/o municipales o de las organizaciones de productores, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas."

Actual

XXV. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares.

Propuesta

"XXV. Estudiar, proyectar y por medio de las autoridades estatales, municipales y las organizaciones de productores, construir y conservar, con la participación que corresponda a otras autoridades federales, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados con la participación de las autoridades estatales, municipales y de las organizaciones de productores."

Actual

XXVI. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial.

Propuesta

"XXVI. Reglamentar y a través de las autoridades estatales y/o municipales vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas, al igual que la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial."

Actual

XXVII. Manejar el sistema hidrológico del valle de México.

Propuesta

"XXVII. Por medio de las autoridades del Distrito Federal y otras autoridades locales que correspondan, manejar el sistema hidrológico del valle de México."

Actual

XXVIII. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra las inundaciones.

Propuesta

"XXVIII. Reglamentar y conjuntamente con las autoridades de los estados y los usuarios en los consejos de cuenca, participar en las acciones para el control de ríos y demás corrientes; por medio de gobiernos estatales, municipales, organizaciones de productores e iniciativa privada, ejecutar las obras defensa contra inundaciones."

Actual

XXIX. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación, en su caso con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Propuesta

"XXIX. Reglamentar la explotación de los sistemas nacionales de riego y participar conjuntamente con los gobiernos estatales y los usuarios en los consejos de cuenca, en coordinación, en su caso, con otras dependencias federales, conforme lo determinen las leyes respectivas, para regular el manejo de los sistemas de riego."

Actual

XXX. Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de los tratados internacionales.

Propuesta

"XXX. Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de los tratados internacionales."

Actual

XXXI. Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales; así como programar, proyectar, construir, administrar operar y conservar por sí o mediante otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal.

Propuesta

"XXXI. Promover la reglamentación estatal y municipal para la dotación de agua a los centros de población e industrias, en los términos que establezca la ley. Fomentar y asesorar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales, así como apoyar a dichas autoridades en la programación, proyecto, construcción, administración, operación y conservación cuando así lo requieran. Otorgar conjuntamente con las autoridades estatales en los consejos de cuenca, la concesión o asignación de las aguas conforme a la ley respectiva y aprobar el convenio que se celebre, para la realización de obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal."

Actual

XXXII. Regular la explotación pesquera y expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan, así como promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de sus productos en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes.

Propuesta

"XXXII. Regular la explotación pesquera y expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan, así como apoyar a las autoridades estatales, cuando así lo requieran, en la promoción reglamentación, fomento y asesoría técnica para la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros, en coordinación con otras autoridades competentes."

3028, 3029 y 3030

Actual

XXXIII. Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiera el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares.

Propuesta

"XXXIII. Establecer las normas oficiales mexicanas para los estudios y proyectos de infraestructura pesquera. Apoyar a las autoridades estatales, cuando así lo requieran en la preparación de estudios, proyectos y en la construcción y conservación de las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura, con la participación, en su caso, de autoridades municipales o de particulares."

Actual

XXXIV. Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, expidiendo al efecto las normas oficiales mexicanas que corresponda;

Propuesta

"XXXIV. Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, expidiendo al efecto las normas oficiales mexicanas que corresponda; aplicar dichas normas a través de las autoridades estatales, proporcionando el apoyo que estas autoridades requieran para ello."

Actual

XXXV. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.

Propuesta

"XXXV. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Apoyar a los gobiernos estatales para promover la participación de las organizaciones económicas de productores en la preparación de propuestas al respecto."

Actual

XXXVI. Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas, con la participación en su caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Propuesta

"XXXVI. Establecer, conforme a la ley, las normas oficiales mexicanas en lo referente a acuacultura, viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas, con la participación, en su caso de otras dependencias federales. Otorgar a los gobiernos estatales que así lo requieran, apoyo y asesoría técnica sobre el tema."

Actual

XXXVII. Promover la creación de zonas portuarias pesqueras, así como su conservación y mantenimiento.

Propuesta

"XXXVII. Establecer las normas oficiales mexicanas con relación a zonas portuarias pesqueras. Apoyar a las autoridades estatales que así lo requieran en la aplicación de dichas normas y en la creación, conservación y mantenimiento de las mismas, con la participación, en su caso, de las autoridades municipales y los particulares."

Actual

XXXVIII. Promover, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional.

Propuesta

"XXXVIII. Apoyar a las autoridades estatales que así lo requieran, en la promoción del consumo humano de productos pesqueros y para el aseguramiento del abasto y distribución de dichos productos para uso humano e industrial."

Actual

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, pesquera, explotación de la flora y fauna silvestre y sobre las playas, zona federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar.

Propuesta

"XXXIX. Otorgar conjuntamente con las autoridades estatales, contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocimiento de derechos según corresponda, en materias de aguas, forestal, ecológica, pesquera, explotación de la flora y fauna silvestre y sobre las playas, zona federal y terrenos ganados al mar."

Actual

XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente.

Propuesta

"XL. Diseñar y operar conjuntamente con las autoridades estatales y otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente."

Actual

XLI. Y los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Propuesta

"XLI. Y los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos".

Actual

34-III. Establecer la política de industrialización, distribución y consumo de productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros y pesqueros, escuchando la opinión de las dependencias competentes.

Propuesta

"34-III. Establecer la política de industrialización, distribución y consumo de productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes y las entidades federativas. Auxiliar a los estados cuando así lo requieran en la formulación de las leyes y reglamentos correspondientes."

Actual

V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior.

Propuesta

"V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas, considerando la opinión de los productores. Estudiar y determinar las restricciones para los artículos de importación y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior. En caso de productos agropecuarios, lo anterior se realizará en concurrencia con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y los productores."

Actual

IX. Participar con la secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;

Propuesta

"IX. En coordinación con las secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, las entidades federativas y los municipios, apoyarán al sector social y privado en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población."

Actual

X. Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo.

Propuesta

"X. Apoyar a las entidades federativas con el propósito de fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo."

Actual

XI. Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos y Pesca, el sistema nacional para el Abasto, con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población.

Propuesta

"XI. Derogado."

Actual

XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Propuesta

"XV. Apoyar a los estados y municipios en el fomento al desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las entidades federativas."

Actual

XVIII. Organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de productos y servicios.

Propuesta

"XVIII. Organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de productos y servicios. En caso de productos y servicios del sector agropecuario y agroalimentario se aplicará lo dispuesto en la fracción IX del presente artículo."

Actual

XXII. Fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares.

Propuesta

"XXII. Apoyar a los estados y municipios a fin de fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares."

Actual

XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña, mediana y rural y regular la organización de productores industriales.

Propuesta

"XXIV. Apoyar a los estados y municipios con el propósito de promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña, mediana y rural."

Actual

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan el campo, en coordinación con las dependencias competentes.

Propuesta

"Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

3031, 3032 y 3033

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan el campo, en concurrencia con las autoridades estatales, municipales y en coordinación con otras dependencias federales."

Actual

II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;

Propuesta

"II. A solicitud de los gobiernos estatales, apoyar las acciones de promoción del empleo en el medio rural, así como el establecimiento de programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales."

Actual

III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado.

Propuesta

"III. Apoyar a los gobiernos estatales en el diseño y aplicación de programas y acciones orientados a impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural y crear empresas que asocien a grupos de productores rurales. Proporcionar asistencia técnica a solicitud de los gobiernos estatales en lo referente a la planeación, programación, concertación, coordinación, así como en la aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; todo ello en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal que correspondan, con participación de las autoridades municipales, de los propios productores rurales y del sector privado."

Actual

IV. Fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal, así como atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad.

Propuesta

"IV. Elaborar las normas oficiales de sanidad animal y vegetal y en concurrencia con las autoridades estatales y municipales, así como de los propios productores, coordinar la realización, supervisión y evaluación de las campañas de sanidad."

Actual

V. Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y demanda de productos relacionados con las actividades del sector rural.

Propuesta

"V. Establecer un sistema nacional de información estadística y geográfica para los productos relacionados con las actividades del sector rural. En concurrencia con las autoridades estatales, municipales y de los productores rurales, obtener, procesar y difundir dicha información en cada municipio."

Actual

VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura y silvicultura, en los lugares que proceda.

Propuesta

"VI. Apoyar a los gobiernos estatales, para el establecimiento de centros de educación agrícola media superior y superior y de escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, con la participación de los productores rurales y del sector privado, así como de otras dependencias federales."

Actual

VII. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Propuesta

"VII. En concurrencia con los gobiernos estatales y las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, así como de los productores usuarios, fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, apoyándolos para el establecimiento de institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros. Todo ello, en coordinación con las dependencias federales y municipales que correspondan."

Actual

VIII. Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades relacionadas con la asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales;

Propuesta

"VIII. Formular la política nacional con relación a la capacitación y asistencia técnica para los productores rurales. Apoyar a los gobiernos estatales que lo soliciten, en el diseño, dirección, supervisión y evaluación de los programas y las actividades de capacitación y asistencia técnica, con la participación de los propios productores, del sector privado y de las instituciones educativas."

Actual

IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Propuesta

"IX. Formular la política nacional con relación a industrialización y comercialización de la producción agropecuaria y apoyar a los gobiernos estatales que lo soliciten en la promoción para el j desarrollo de la infraestructura, con la participación de los productores rurales y del sector privado y en coordinación con las autoridades municipales y de otras dependencias federales."

Actual

X. Promover la integración de asociaciones rurales;

Propuesta

"X. Establecer la política nacional con relación a las asociaciones de productores rurales. Apoyar a los gobiernos estatales que así lo soliciten en la formulación de la reglamentación correspondiente, así como en la supervisión y evaluación de la misma, en coordinación con las autoridades municipales y los productores rurales."

Actual

XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural.

Propuesta

"XI. Establecer la política nacional sobre fomento de proyectos de inversión en el sector rural. Apoyar a los gobiernos estatales que así lo soliciten en la formulación de la reglamentación respectiva, así como en la supervisión y evaluación de la misma, en coordinación con las autoridades municipales y los productores rurales y el sector privado."

Actual

XII. Participar, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes.

Propuesta

"XII. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, las políticas nacionales en relación con la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques. Apoyar a los gobiernos estatales que así lo requieran en el establecimiento de la reglamentación respectiva y en la aplicación y supervisión de las técnicas y procedimientos conducentes, en coordinación con las autoridades municipales y con la participación de los productores rurales y el sector privado."

Actual

XIII. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares y del sector rural, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades.

Propuesta

"XIII. Establecer la política nacional relacionada con el fomento a la producción de artesanías en zonas rurales. Apoyar a los gobiernos estatales que lo soliciten para la formulación de la reglamentación respectiva y el diseño y puesta en práctica de los programas y acciones requeridos, en coordinación con las autoridades municipales y de otras dependencias federales que correspondan, con la participación de los productores rurales y el sector privado."

Actual

XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo rural de las diversas regiones del país.

Propuesta

"XIV. Coordinar las acciones de las dependencias federales, que resulten de convenios de los gobiernos estatales con el Ejecutivo Federal para el desarrollo rural de algunas regiones de sus respectivos estados."

Actual

XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuario.

Propuesta

"XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuario, en concurrencia con los gobiernos estatales y los productores rurales."

Actual

XVI. Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre vida rural, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla;

Propuesta

"XVI. En concurrencia con los gobiernos estatales y municipales, organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre vida rural, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla, con la participación de los productores rurales y el sector privado."

Actual

XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así como evaluar sus resultados.

Propuesta

"XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así como evaluar sus resultados, tomando en cuenta las propuestas de los gobiernos estatales, municipales, de los productores y el sector privado."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Cuando los estados así lo requieran, el Gobierno Federal los apoyará en la realización y aplicación de los programas sectoriales y programas regionales.

Segundo. Las partidas presupuestales que estaban destinadas al Gobierno Federal y que resultaron afectadas por las reformas realizadas a la presente ley, deberán ser transferidas, las cuales tendrán la obligación de asignarlas a los municipios, a efecto de que puedan realizar y operar los correspondientes programas sectoriales y planes regionales.

3034, 3035 y 3036

Tercero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente se su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firmas de los que suscribimos la presente iniciativa de ley del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Diputados: Mario Guillermo Haro Rodríguez, Nicolás Jiménez Carrillo, Rocío Morgan Franco, Jorge López Vergara, María Antonia Durán, Felipe de Jesús Preciado, Juan Ignacio Fuentes, José Antonio Alvarez Hernández, María Elena Cruz Muñoz, Adalberto Balderrama Fernández, José Angel Frausto Ortiz, Carlos Iñiguez Cervantes, Raúl Monjarás Hernández, Jose Antonio Herrán Cabrera, Felipe Jarero Ecobedo, Felipe Vicencio Alvarez, Rafael Sánchez y Felipe de Jesús Rangel Vargas."

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

Tiene la palabra la diputada Adoración Martínez Torres del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona la fracción XIII al artículo 7o. de la Ley General de Educación.

Con su venia, señora Presidenta.

Adelante, señora diputada.

«La suscrita, diputada federal a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad de iniciativa consagrada por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación pública es el elemento que cohesiona la vida nacional dándole sentido de unidad al proyecto de país que los mexicanos constituimos a diario.

La educación pública ha pasado por varias etapas la positivista, la socialista, la científica, que han obedecido a diversas circunstancias históricas y a distintos criterios políticos que postulan que la educación es una herramienta ideológica y conceptual de enorme relevancia.

A partir de la separación del Estado y de la Iglesia Católica, se optó por una educación que se constriñera a destacar los conocimientos objetivos, derivados del método científico de experimentación y análisis de la realidad, empleando la dialéctica como máxima para sostener verdades inobjetables. Este esquema, apoyado por los avances de la pedagogía, ha propiciado la construcción de un sistema educativo relativamente homogéneo que le ha permitido al país mostrar su identidad y avanzar en los caminos más destacados del desarrollo propuesto en la Carta Constitucional de 1917.

A pesar de lo anterior, se han destacado fallas que radican no sólo en el modelo planteado, sino en la operación del mismo: los maestros han sido objeto de preparación más intensa y orientada a los criterios de enseñanza más modernos, pero distintas deficiencias estructurales de la economía y la política educativa, bajos salarios, control corporativo y falta de cursos continuos y coherentes, han postergado el ideal de maestros óptimamente preparados. El país no ha logrado aún el anhelo de invertir en la educación la parte proporcional del producto interno bruto que recomiendan los organismos mundiales especializados en la materia (8% anual) y las dificultades que derivan de una larga crisis económica en México y el mundo han impedido que nuestras niñas y niños reciban la mejor opción en materia educativa. A los problemas anteriores se suma el hecho incuestionable de que México ha visto deteriorarse de manera significativa su capacidad para prestar, ampliar y mejorar sus servicios públicos a partir de un incremento poblacional que sigue siendo preocupante.

En este escenario el país se debate en problemas coyunturales y olvida el andamiaje conceptual que estructura su esfuerzo real, en este sentido el problema de la moral pública sigue siendo prioritario y no es atendido o considerado adecuadamente.

La ética social determina nuestro comportamiento como nación y no hemos sabido fortalecerla u orientarla adecuadamente. Nuestras niñas y niños no reciben en las escuelas oficiales una orientación integral en torno a los valores morales que deben prevenir y corregir las conductas de nuestros futuros ciudadanos. La creciente impunidad con que se dan las conductas antisociales es una muestra de que no hemos sido capaces de comprender los efectos preventivos y disuasivos de una moral socialmente difundida y aceptada.

Se asocia, equivocadamente, el concepto de "moral" a los ámbitos de la religión. Se consiera que es un espacio de lo privado que debe constreñirse a la familia. Grave error que se ha traducido en un concepto equívoco que ha propiciado violencia y crimen, en el marco de la aceptación del éxito económico, el patrimonialismo, el cinismo y el despego general de las conductas sociales a la ética pública.

Esta iniciativa propone una adición al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para establecer expresamente, entre los fines y objetivos que busca la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, logre que a los educandos del sistema educativo nacional se les inculquen valores, estrictamente cívicos y de ética social, a efecto de que se revierta la tendencia de conceptos invertidos que ha prevalecido en nuestra sociedad de fin de siglo. Una cátedra de valores que le permitan a nuestras niñas y niños conocer una especie de cartilla moral (como la elaborada por don Alfonso Reyes) que sea producto del consenso de nuestros mejores maestros e intelectuales y que afirme un código ético que ponga en la perspectiva más actual conceptos como la honestidad, el trabajo, la libertad, la necesidad de erradicar violencia y crimen, el apego a la legalidad, al respeto a la persona humana en su más amplio sentido, la convivencia social pacífica y civilizada, el respeto por los valores patrios y la solidaridad internacional, el aprecio por los menores y los ancianos, los derechos de género y minoría y un código ético basado en el humanismo como fuente y razón del propio ser. Si se les enseña a los menores a respetar la vida, se evitarán muchos asesinatos; si se le enseña el respeto la propiedad ajena, bajará el índice de latrocinios; si se le educa en el respeto al medio ambiente, la ecología del país se verá beneficiada.

La ontología de la política verdadera es la ética y esto debe inculcarse a todos los niveles para evitar un pernicioso ejemplo de nuestra lamentable cotidianeidad magnificada por los medios masivos de comunicación y la falta de ejemplos edificantes en una sociedad corroída por la ambición y el cinismo, por la ilegalidad y la impunidad.

La materia propuesta puede crear una base social que apoye el cambio y revierta las tendencias actuales que ponderan el éxito económico y el poder como únicos valores apreciados socialmente.

En materia de educación sexual, si bien se han experimentado avances, sigue prevaleciendo una visión jacobina que limita las referencias a la materia, a sus aspectos meramente biológicos, orgánicos y funcionales; sin tratar sus connotaciones sociológicas y la vinculación necesaria del sexo con los valores y el amor, como medios para evitar la lamentable situación que hoy prevalece en la que el sexo es parte de un hedonismo irreflexivo, de una patología social y sus consecuencias visibles, por ejemplo, la deshumanización de los seres que son vistos como objetos de placer; la pornografía y la proliferación de enfermedades, la violencia y el abuso criminal en contra de niñas y niños.

La propuesta enfrenta el reto de parecer una intromisión a los valores que tradicionalmente se han dejado como responsabilidad familiar, pero ha llegado la hora de afrontar el difícil escenario de una aguda descomposición social que tensa las relaciones de la vida pública y oprime las posibilidades de una convivencia adecuada.

México ocupa un lugar ominoso entre los países con prácticas sociales corruptas y es la hora de corregir esta tendencia para poder aspirar a otros logros que aunque prioritarios, se subordinan a los esquemas jerarquizados de valores necesarios.

Nuestra educación pública, por ser nacional y por ser el producto de la voluntad política de todo un pueblo, no puede ser parcial, limitada ni cercenada por prejuicios formales que impidan una visión integral de la formación del hombre.

El hilo conductor del avance en los países más desarrollados, es una ética pública que permite que la articulación social se desenvuelva de manera tal, que los actores no posterguen sus responsabilidades por otros factores ajenos al bien genérico.

La educación es el instrumento de cambio más duradero, efectivo y real que puede lograr transformar radicalmente una sociedad. No hay inversión más redituable ni más justa, pero su orientación debe ser integral y humana. Una educación técnica y científica, ajena al humanismo resulta insuficiente para desarrollar al hombre que ha de vivir en el próximo milenio.

Esta iniciativa convoca la mejor parte del hombre, aquella que busca un desarrollo integral de su personalidad y requiere de una comprensión ajena a la coyuntura política y electoral y a los intereses partisanos.

México requiere, hoy, una visión, un rumbo que parte, necesariamente de la educación como estructura organizada en beneficio de sus habitantes. El avance científico deshumanizado, la globalización de los conceptos y la universalización de las actitudes, ha degradado la discusión de los temas educativos a meros lugares comunes que al simplificar la realidad la empobrecen y al parcializarla la deforman. El antídoto es regresar a los valores como esencia formativa de hombres y mujeres integrales que basen su éxito, no sólo en lo material e intelectual sino en la calidad y cantidad de sus logros morales y en el crecimiento espiritual que armonice la conciencia social y dignifiquen a la mujer y al hombre de nuestra patria.

Por los motivos antes expuestos se propone la siguiente
INICIATIVA

De adición de una fracción XIII al artículo 7o., de la Ley General de Educación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 7o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII. Contribuir a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte al educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, así como los valores apegados a la ética social que serán inculcados por el sistema educativo nacional, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el ciudadano, que se ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, atendiendo a la moral, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas realizarán las acciones necesarias para la incorporación, en los planes y programas oficiales de estudio, los conceptos, fines y objetivos que se persiguen con la reforma materia del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 1999.- Adoración Martínez Torres, diputada federal.»

Túrnese a la Comisión de Educación.

PETROLEO

Tiene la palabra el diputado Jose Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 2o.-A, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Señora Presidenta:

3037, 3038 y 3039

En virtud de que el articulado de esta iniciativa y la iniciativa completa se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, solicito a usted que sea incluida íntegramente en el Diario de los Debates y que esta iniciativa, firmada por 14 diputados del Partido Acción Nacional, sea turnada a las comisiones de Hacienda y Energéticos, respectivamente.

Muchas gracias.

Gracias, diputado.

Se instruye a la Oficialía Mayor para que incluya en el Diario de los Debates el articulado de la citada iniciativa y se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energéticos.

«Los diputados que suscriben, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por la que se reforma el primer párrafo y la fracción II del artículo 2o.-A, se adiciona también una fracción II-bis y se modifica el último párrafo del mismo artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En abril pasado el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional expuso en esta Cámara de Diputados una serie de consideraciones en torno al inequitativo trato fiscal que reciben las entidades federativas donde se realiza la extracción de petróleo, especialmente el caso del Estado de Campeche. En esa ocasión también se denunció la discrecionalidad de Petróleos Mexicanos para otorgar recursos a los gobiernos estatales donde opera esta paraestatal.

Si bien la actividad petrolera juega un papel importante en las finanzas públicas y la economía del país en su conjunto, esta situación no se ve reflejada en los ámbitos locales y estatales donde opera Pemex.

Desde que en los años setenta Petróleos Mexicanos realiza sus labores de explotación en las diferentes regiones petroleras, el balance entre los beneficios y los costos que estas actividades le han reportado a las diferentes entidades federativas resulta negativo: daños en los sistemas ecológicos, afectación a las actividades productivas locales, distorsión en los mercados laborales etcétera.

El Gobierno Federal ha dado clara muestra de la falta de voluntad política para corregir esta situación, lo que se ha traducido en ausencia de medidas de política pública para revertirla. Igualmente, las posibles iniciativas de reforma para brindar un mejor y más justo trato hacia los estados petroleros, no han sido plasmadas en los cambios a las leyes fiscales que permitan una situación más equitativa.

El fortalecimiento de las haciendas públicas locales y municipales, sin embargo, no pueden estar al margen o ignorar las propuestas y los reclamos de estos órdenes de gobierno ni de sus sociedades, que son los actores más interesados en las transformaciones económicas y fiscales hacia un desarrollo más sostenible.

El caso específico del Estado de Campeche muestra las distorsiones a las que ha dado paso el sistema fiscal actual, así como la discrecionalidad con la que Pemex puede establecer negociaciones y acuerdos con un gobierno estatal para otorgarle recursos. Lo anterior se puede observar cuando se analizan los montos de las participaciones por extracción de petróleo: para 1997 éstas fueron del orden de 21 millones 300 mil pesos y para 1998 de 12 millones 600 mil pesos. La importancia de dichos recursos dentro del total de las participaciones pagadas a esta entidad federativa resulta sumamente baja y variable: para 1997 representó 1.94% y sólo fue de 0.96% en 1998. En contraste con lo anterior, en 1997 Pemex entregó al gobierno del Estado a través de la firma un convenio, donde se incluyó la entrega de recursos en especie y en efectivo, 149 millones 600 mil pesos, cifra que ascendió en 1998 a 158 millones 800 mil pesos.

Campeche es hoy la principal entidad productora de petróleo de la República Mexicana, además de su aportación superior a la tercera parte de la producción de gas natural. Sin embargo, a pesar de la riqueza generada, prácticamente no refleja beneficios al Estado.

El ejemplo de Campeche puede generalizarse para la situación que viven los demás estados petroleros como Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas, a los cuales el actual sistema de coordinación fiscal no recompensa respecto a su contribución a la hacienda pública por la extracción de petróleo.

La intervención de Pemex para entregar recursos, a través de convenios que rebasan con mucho los montos de las participaciones federales, demuestra que existe la capacidad financiera del Gobierno Federal para aumentar considerablemente los recursos a las entidades federativas y municipios donde se realizan actividades de extracción de petróleo. El problema de fondo, por tanto, radica precisamente en el deficiente marco legal e institucional en el cual se hace esta asignación y en las prácticas clientelares y discrecionales con los que hasta la fecha se ha llevado a cabo el otorgamiento de beneficios para estas entidades federativas.

Esta situación ha sido expuesta desde hace varios años por los gobiernos de los estados. En este sentido, resulta interesante subrayar los propósitos que se fijó el gobierno del Estado de Campeche en su Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003, en el cual se resalta la contribución que hace el Estado con 75% de la producción nacional del petróleo crudo y de 37% del gas natural, situándose como el principal productor de petróleo en el ámbito nacional.

En el plan también se destacan algunas críticas como la de los pocos beneficios que la actividad petrolera deja al Estado, la creciente demanda de servicios públicos, la acelerada explosión demográfica y los problemas socio-económicos derivados de la misma como el desplazamiento de la mano de obra local, el poco encadenamiento con otras actividades productivas o las repercusiones negativas que se han generado en las actividades pesqueras y agrícolas, sin contar los daños ecológicos generados en la entidad a partir de los problemas del Ixtoc. Todo lo anterior, además de incrementar los niveles de pobreza, ha generado un creciente descontento de la población del Estado con Petróleos Mexicanos.

Entre las propuestas que se manejan en el plan, para mejorar esta situación, se encuentran: promover "entre los gobiernos estatal y municipal, con Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un nuevo trato fiscal con la Federación, para el incremento de participaciones equitativas derivadas del petróleo" y la creación de la oficina de coordinación con Pemex, con el fin de "tener una ventanilla única para negociaciones con la paraestatal", así como la gestión de mayores recursos de Pemex para atenuar el problema de la migración hacia esta entidad, principalmente.

Sin embargo, las propuestas y reclamos planteados por el gobierno de Campeche se han ido diluyendo conforme avanza el tiempo. En el I Informe de Gobierno todavía se insistió en lo justo e inequitativo del trato fiscal que recibe el Estado, apuntándose que:

"En el marco de coordinación con Pemex, el Gobierno del Estado ha procurado en todo momento que la aportación de recursos de esta paraestatal a la entidad, trascienda la mera formalidad financiera. En sentir del pueblo y gobierno de Campeche, esto debe conllevar a una nueva concepción de las relaciones fiscales de la Federación para con el Estado, que reflejen el verdadero impacto que la actividad petrolera ha tenido en las condiciones socio-económicos de la entidad, hecho que implica para el gobierno de Campeche lograr un trato más justo y equitativo de las participaciones derivadas del petróleo, toda vez que somos los principales productores de petróleo y gas natural en el país."

Pero para el II Informe de Gobierno la referencia sobre este aspecto prácticamente queda olvidada y sólo se hace referencia a los recursos que fueron otorgados por Pemex a través del "Convenio Pemex Gobierno del Estado".

El pasado 7 de octubre, la legislatura local impulsó nuevamente el debate en torno a este tema y se pronunció en el sentido de "reclamar ante las instancias federales responsables, Pemex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el trato justo y equitativo que le corresponde al Estado como principal productor de petróleo del país, sirviendo como referencia los recursos que reciben las otras entidades que aportan petróleo y gas a la nación, propugnando además por la creación de programas de desarrollo que guarden proporción con el problema social y ecológico ocasionado por la presencia de Pemex en la sonda de Campeche". Con este objetivo, solicito formalmente apoyo a esta Cámara de Diputados para impulsar las medidas que permitan arribar a reformas legales tendientes a mejorar la situación fiscal del Estado de Campeche.

Lo expuesto anteriormente, nos señala la urgencia de proponer reformas que permitan lograr una mayor equidad en el trato fiscal que reciben los estados petroleros. La anhelada reforma fiscal integral ha sido pospuesta durante este sexenio y no hay señales claras de que se pueda concretar en el corto o mediano plazo. Los cambios que se han dado en la Ley de Coordinación Fiscal para transferir más recursos a entidades federativas y municipios, si bien han posibilitado su crecimiento, éste aún es muy bajo.

En resumen, esta propuesta pretende cubrir la necesidad de introducir reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, que no afecten al sistema de coordinación fiscal y que a la vez se constituyan como un instrumento de equidad y de justicia para los estados petroleros y da pie para compensar los desequilibrios e injusticias señalados anteriormente.

La propuesta que se hace considera la reforma de la fracción II al artículo 2o.-A y la adición de una fracción II-bis del mismo artículo de la Ley de Coordinación Fiscal para aumentar significativamente las participaciones a los municipios por concepto de extracción de petróleo. Esta reforma contempla clarificar los criterios con los cuales se asignan estos recursos, ser un instrumento compensatorio y resarcitorio para los estados y municipios donde se realizan actividades petroleras, así como un elemento redistribuidor de beneficios a los demás municipios de la entidad respectiva. Así, 50% de los recursos por concepto del derecho adicional sobre la extracción de petróleo se canalizaría a las entidades respectivas tomando en cuenta la contribución que dicha entidad realiza en la producción total; para lo anterior se propone considerar el criterio previsto en la fracción I del artículo 4o. de la Ley de Ingresos de la Federación. Al mismo tiempo, se propone que el 60% de estos recursos sean distribuidos a los municipios por la entidad que corresponda y el 40% restante sea manejado por la propia entidad.

Finalmente se propone reformar el último párrafo del artículo 2o.-A, ya que en el texto actual de la ley se establece que la Federación pagará directamente a los municipios las cantidades correspondientes por concepto de este derecho.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los abajo firmantes, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se reforma el primer párrafo y la fracción II del artículo 2o.-A, se adiciona también una fracción II-bis y se modifica el último párrafo del mismo artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

"Artículo 2o.-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán las entidades y los municipios, en la forma siguiente:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Recibirán el 25% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, las entidades petroleras que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.

II-bis. 25% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo para las entidades federativas petroleras de explotación de petróleo, gas natural y sus derivados, que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Dichos recursos se distribuirán proporcionalmente al porcentaje con que contribuyan a la producción nacional, a las entidades tomando en cuenta lo establecido en la fracción I del artículo 4o. de la Ley de Ingresos de la Federación.

El 40% de esos recursos corresponderá a las entidades señaladas en las fracciones II y II-bis de este artículo.

Los municipios de las entidades que establece el párrafo anterior, recibirán el restante 60% de los recursos que se distribuirán entre ellos de la forma siguiente:

3040, 3041 y 3042

a) 50% corresponderá a los municipios donde se realice la explotación de petróleo, gas natural o sus derivados o sean colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos.

b) 50% a los municipios restantes de la entidad.

Los recursos se enterarán mensualmente a los estados por conducto de la Federación y a los municipios por conducto de los estados.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Petróleos Mexicanos, informarán mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y municipios a que se refieren los párrafos anteriores.

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las cantidades que correspondan a los municipios en los términos de la fracción I, se pagarán por la Federación directamente a dichos municipios."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 1999.- Diputados: José Jesús Montejo Blanco, Sergio A. Salazar, Julio Faesler Carliesle, Gustavo A. Vicencio A., Pilar Valdés, Juan José Rodríguez Prats, Francisco Javier Reynoso, Edgar Ramírez Pech, Carlos Iñiguez Cervantes, Ricardo Arturo Ontiveros y Romo, Rafael Castilla Peniche, Felipe Rangel Vargas, Juan Bueno Torio y María de la Soledad Baltazar Segura.»

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE

El siguiente punto del orden del día es el dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o.; la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 23 de noviembre, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

Dictamen sobre la iniciativa de ley por la que se adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa que adiciona la fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, presentada por un grupo de diputados en ejercicio de su facultad establecida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las prevenciones de los artículos 39, 45 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en las que se derivan de los artículos 55, 56, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento Interior del Congreso General, esta Comisión de Ecología y Medio Ambiente se abocó al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, labor de la que se da cuenta en el presente dictamen, de acuerdo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 11 de diciembre de 1998, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Lino Cárdenas Sandoval, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa de decreto por la que se adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, misma que fue turnada a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

Segundo. Los diputados integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, una vez que tuvieron conocimiento de dicha iniciativa, acordaron celebrar reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista para la discusión, aprobación o modificación, en su caso, de la misma.

Tercero. Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen, se recibieron importantes propuestas de legisladores federales, académicos y ciudadanos que fueron aceptadas y con ello enriquecieron el presente dictamen.

Cuarto. En sesión de trabajo de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente celebrada el 4 de noviembre de 1999, se discutió la iniciativa, las aportaciones a que se refiere en el antecedente 4o. y se aprobó el presente dictamen.

De acuerdo con esos antecedentes, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con las atribuciones señaladas al rubro, presenta a consideración de esta soberanía el presente dictamen, bajo la siguiente

MOTIVACION

Como se destaca en la iniciativa que se dictamina, la preocupación en el ámbito internacional en materia de educación ambiental quedó plasmada en primera instancia en los principios emanados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente celebrada en 1972 en Estocolmo, Suecia.

Posteriormente, con la celebración de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, llevada a cabo en Tbilisi y en otros foros internacionales, hasta la Conferencia de Río de Janeiro celebrada en 1992, han quedado sentadas las bases del Programa Internacional de Educación Ambiental.

Entre los logros de mayor importancia emanados de dichos foros, se destaca el papel primordial en la creación de pautas de comportamiento tendientes a la modificación de patrones de conducta depredatorios y que atentan contra el equilibrio ecológico y la preservación del medio ambiente.

Adicionalmente, coincidimos en la necesidad de dar mayor impulso a la educación ambiental en nuestro país, siguiendo las recomendaciones de alcance internacional, a fin de que la población reciba a través de la educación formal e informal la formación suficiente y adecuada que le permita no sólo conocer la problemática ambiental que se está viviendo actualmente y que se manifiesta en el incremento en los niveles de contaminación del agua, la tierra, el aire, en la extinción de numerosas especies animales y vegetales, la destrucción de especies forestales etcétera, entre los más importantes, sino también las acciones que le permitan tomar conciencia del papel social que le corresponde, a fin de ir abatiendo las tendencias del deterioro ambiental en el ámbito nacional e internacional.

La agenda 21, resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 1992, señala que la educación académica o extraacadémica tienen un papel primordial en la gestación de pautas de comportamiento, para modificar los patrones de conducta primitivos y depredatorios del ser humano en contra de su entorno ambiental.

Los esfuerzos realizados en México en materia ambiental han sido importantes, pero son resultado de decisiones aisladas con alcances limitados y a pesar del reconocimiento internacional que tiene la educación ambiental en nuestro país, aún no es valorada en su justa medida.

A partir de la emisión de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se ha generado un proceso de legislación local conformada a partir de la legislación federal, empero en materia de política de educación ambiental no ha avanzado.

La educación ambiental no solamente es un problema de contenidos; es necesario innovar un proyecto educativo ambiental que contemple el desarrollo de conocimientos, valores y competencias. Es importante no reducir la educación ambiental a contenidos ecológicos ni mucho menos solo a la educación básica y es necesario insertar metodologías que permitan una mayor comprensión y solución de los asuntos ambientales.

El establecimiento de una política ambiental es garantía para avanzar en la preservación de la vida y la realización de proyectos de desarrollo en un marco de sustentabilidad, lograr lo anterior involucra a todos los actores sociales.

Es importante comprometer a los medios masivos de comunicación en tareas de educación ambiental, los mensajes que puedan proporcionar a la sociedad son vitales para alcanzar estos objetivos.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71 y 73 fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión emite el siguiente proyecto de dictamen, de acuerdo a los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero. Es aceptable y necesaria la iniciativa tomando en cuenta el deterioro ambiental que se ha estado fabricando a partir de la falta de concientización y educación en la materia, así como de nuestro sistema de valores que no necesariamente ha sido de respeto hacia nuestro medio ambiente, además dicha iniciativa no se encuentra en contradicción con relación a otras disposiciones legales.

Segundo. Que la adición de una fracción XXVI al artículo 3o., introduce un concepto claro de educación ambiental.

Tercero. Que la adición de una fracción XXVI al artículo 3o., es una innovación normativa que incorpora un concepto que expresa con mayor precisión la necesidad de promover una educación ambiental, cuyo propósito es fomentar y crear un nuevo sistema de valores, el conocimiento de nuestro medio y la conciencia y respeto del modo en como interactuamos con los demás elementos de la naturaleza.

Cuarto. Que en lo relativo a la adición de una fracción XX al artículo 15, se fortalecen los principios para alcanzar el desarrollo sustentable. La educación ambiental planteada en términos de una política educativa es un instrumento para promover en el ser humano la valoración, aprovechamiento y preservación de su hábitat y los recursos renovables y no renovables que en él existen.

Quinto. Es procedente la adición a la que se alude en el punto anterior y se considera necesario estudiar la forma de insertarla también en la legislación educativa, a fin de implementar y promover la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo nacional. Asimismo el diseño de programas de estudio deberá contemplar contenidos de educación ambiental en forma obligatoria y no facultativa u opcional.

Sexto. La reforma amplía el contenido del precepto, objeto de análisis, pues mientras el no reformado solamente refiere que las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud; la iniciativa incorpora la promoción de conocimientos, valores y competencias ambientales en los diferentes niveles y modalidades educativas, es decir, el planteamiento rebasa el enfoque tradicional de la educación, que reduce la educación a un proceso informativo y en lugar de ello se plantea un proceso que tienda a lograr tres aspiraciones básicas: saber, saber hacer y ser.

Séptimo. Que el numeral 39, intenta establecer los modelos de trabajo docentes enfocados al fortalecimiento de aptitudes en materia ambiental, lo cual se debe corresponder en forma más amplia en la Ley General de Educación. Se puntualiza asimismo en la reforma a ese artículo, que el Gobierno promueva la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en proyectos de educación ambiental y la inclusión de mensajes ambientales, a fin de promover entre la población la asimilación de conocimientos, formación de valores y el desarrollo de competencias en materia ambiental, aspectos no previstos en la normatividad actual. Con relación a sustentar la participación de los medios de comunicación en materia de educación ambiental, como resultado del análisis y estudio realizado por los diputados integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, se concluyó la necesidad de establecer lo conducente en la Ley Federal de Radio y Televisión.

3043, 3044 y 3045

Con fundamento en lo expuesto, esta Comisión de Ecología y Medio Ambiente, una vez que ha analizado la iniciativa puesta a la consideración del honorable Congreso de la Unión y con los fundamentos anteriormente señalados, somete al pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

DICTAMEN APROBATORIO

Decreto mediante el cual se adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

Unico. Se adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., una fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la XXXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXXVI. Educación ambiental: proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del medio ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del medio ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.

Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como la formación cultural de la niñez y la juventud.

Asimismo, propiciarán la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento de la conciencia ecológica y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable.

La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.

La Secretaría mediante diversas acciones promoverá la generación de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y transformación de los mismos, a fin de contar con información para la elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección del medio ambiente.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 1999.- Comisión de Ecología y Medio Ambiente.- Diputados: Jorge Alejandro Jiménez Taboada, presidente; Lino Cárdenas Sandoval, Roselia M. Barajas Olea, Francisco X. Salazar Díez de Sollano, Baldemar Dzul Noh, secretarios; Fernando Castro Suárez, Irma Chedraui Obeso, Vicente de la Cruz Santiago, José Agapito Domínguez Lacroix, Pilar C. Cabrera Hernández, Francisco Javier Gil Castañeda, Enoé González Cabrera, Víctor Manuel López Cruz, Arely Madrid Tovilla, Orlando Alberto Paredes Lara, Noé Paredes Salazar, Agustín Santiago Albores, Juan Jaramillo Fricas, María Elena Cruz Muñoz, Porfirio Durán Reveles, Fernando Castellanos Pacheco, Pablo Gutiérrez Jiménez, Ricardo Arturo Ontiveros y Romo, Francisco Vera González, Elba Margarita Capuchino Herrera, José Antonio Alemán García, Martín Mora Aguirre, David Miguel Noyola Martínez, María Victoria Peñaloza Izazaga y Miguel Angel Solares Chávez.»

En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

A nombre de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Lino Cárdenas Sandoval.

Señora Presidenta; señoras y señores diputados:

A nombre de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, vengo a presentar estos antecedentes del dictamen que hoy se pone a votación.

A la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la presente legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa presentada a esta soberanía el día 11 de diciembre de 1998, por la que se adiciona la fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Con fundamento en los artículos 42, 48 y 56 de la Ley Orgánica, 55, 56, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior, ambos ordenamientos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente se avocó a realizar el estudio y análisis de la misma de acuerdo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 11 de diciembre de 1998, en sesión celebrada en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el de la voz, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa de decreto por la que se adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, misma que fue turnada a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

Segundo. Los diputados integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de esta legislatura, una vez que tuvieron conocimiento de dicha iniciativa, acordaron celebrar reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista para la discusión y aprobación o modificación, en su caso, de la misma.

Tercero. Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen se recibieron importantes propuestas de legisladores federales, académicos y ciudadanos, que fueron aceptadas y con ello enriquecieron el presente dictamen.

Cuarto. En sesión de trabajo de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, celebrada el 4 de noviembre de 1999, se discutió la iniciativa, las aportaciones a las que se refiere el antecedente cuarto y se aprobó el presente dictamen a partir de los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero. Es aceptable y necesaria la iniciativa tomando en cuenta el deterioro ambiental que se ha estado fabricando a partir de la falta de conscientización y educación en la materia, así como de nuestro sistema de valores, que no necesariamente han sido de respeto hacia el medio ambiente. Además, dicha iniciativa no se encuentra en contradicción con relación a otras disposiciones legales.

Segundo. Que la adición a la fracción XXVI del artículo 3o., introduce un concepto claro de educación ambiental.

Tercero. Que la adición a la fracción XXXVI del artículo 3o., es una innovación normativa que incorpora un concepto que expresa con mayor precisión la necesidad de promover una educación ambiental, cuyo propósito es fomentar y crear un nuevo sistema de valores, el conocimiento de nuestro medio y la conciencia y respeto del modo en como interactuamos con los demás elementos de la naturaleza.

Cuarto. En lo relativo a la adición a la fracción XX al artículo 15, se fortalecen los principios para alcanzar el desarrollo sustentable. La educación ambiental planteada en términos de una política educativa, es un instrumento para promover en el ser humano la valoración, aprovechamiento y preservación de su hábitat y de los recursos renovables y no renovables que en él existen.

Quinto. Es procedente la adición a la que se alude el punto anterior y se considera necesario estudiar la forma de insertarla también en la legislación educativa, a fin de implementar y promover la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo nacional.

Asimismo, el diseño de programas de estudio deberá contemplar contenidos de educación ambiental en forma obligatoria y no facultativa u opcional.

Sexto. La reforma amplia el contenido del precepto objeto de análisis, pues mientras en lo reformado solamente se refiere que las autoridades competentes promoverán la incorporación de los contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez, la juventud, la iniciativa incorpora la promoción de conocimientos, valores y competencias ambientales en los diferentes niveles y modalidades educativas, es decir, el planteamiento rebasa el enfoque tradicional de la educación, que reduce a la educación a un proceso informativo y en lugar de ello se plantea un proceso que tienda a lograr tres aspiraciones básicas: saber, saber hacer y ser.

Séptimo. Que el numeral 39 intenta establecer los modelos de trabajo docente enfocados al fortalecimiento de aptitudes en materia ambiental, lo cual se debe corresponder en forma más amplia en la Ley General de Educación.

Se puntualiza, asimismo, en la reforma a ese artículo, que el Gobierno promueva la participación comprometida de los medios de comunicación masiva en proyectos de educación ambiental y la inclusión de mensajes ambientales, a fin de promover entre la población la asimilación de conocimientos, formación de valores y el desarrollo de competencias en materia ambiental; aspectos no previstos en la normatividad actual.

Con relación a sustentar la participación de los medios de comunicación en materia de educación ambiental, como resultado del análisis y estudio realizado por los diputados integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, se concluyó en la necesidad de establecer lo conducente en la Ley Federal de Radio y Televisión.

Con fundamento en lo expuesto, esta Comisión de Ecología y Medio Ambiente, una vez analizada la iniciativa puesta a la consideración del honorable Congreso de la Unión y con los fundamentos anteriores señalados, somete al pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente dictamen, publicado y que les solicitamos su voto aprobatorio.

Muchas gracias.

Está a discusión el dictamen... No habiendo oradores que se hubieran inscrito para el uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para proceder a la misma en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

Se pide a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

3046, 3047 y 3048

                       
(Votación.)

Se emitieron 327 votos en pro y ninguno en contra.

Aprobado en lo general y en lo particular por 327 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVI al artículo 3o., la fracción XX al artículo 15 y se reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO
NACIONAL

Por acuerdo de la mesa directiva, se va a dar turno a la minuta proyecto de decreto que remite la Cámara de Senadores.

Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 10 de diciembre de 1999, a efecto de que realice una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos de América.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 25 de noviembre de 1999.- La Presidencia.- Senador Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 10 de diciembre de 1999, a efecto de que realice una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos de América.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 25 de noviembre de 1999.- Senadores: Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones y Porfirio Camarena Castro, secretario.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Licenciado Adalberto Campuzano Rivera»

Recibo y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

IX CUMBRE IBEROAMERICANA DE
JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

En virtud de que se suspendió la sesión del día 23 de noviembre por falta de quorum, el siguiente punto del orden del día es la votación para determinar si se encuentra suficientemente discutido el tema de comentarios sobre el discurso del Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, en la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de La Habana, Cuba.

En consecuencia, se instruye a la Secretaría para que active el sistema de votación electrónica, por cinco minutos, para determinar si se encuentra suficientemente discutido el tema.

Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.

(Votación.)

Se emitieron 280 votos en pro y cuatro en contra.

Suficientemente discutido, señor Presidente.

Gracias, señor Secretario.

POLITICA DE COMERCIO

El siguiente punto del orden del día son comentarios sobre la política de comercio. Hay un debate pactado por los grupos parlamentarios.

Tiene la palabra el diputado Sergio Marcelino George Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

Buenas noches señoras y señores diputados; con su venia, señor Presidente:

La LVII Legislatura ha marcado una nueva etapa en la vida institucional de nuestro país, en especial por los trabajos realizados y responsabilidades asumidas por la Cámara de Diputados durante el desempeño de sus funciones.

Hemos roto, las señoras y señores diputados, con el monopolio del poder en la toma de decisiones, en especial en lo relativo a la impunidad, a la elaboración del presupuesto, legislación y del quehacer político nacional. Hemos dejado atrás la sumisión del Poder Legislativo ante el Poder Ejecutivo que tanto daño ha hecho a la vida republicana de nuestro país y sobre todo hemos empezado a marcar una nueva pauta con un nuevo ritmo en la rendición de cuentas de los actos de gobierno.

Todo funcionario de gobierno tiene la responsabilidad de transparentar el ejercicio de su función pública, tiene la obligación de actuar en beneficio de los intereses de los mexicanos y tiene la obligación de respetar y hacer respetar lo que establece nuestra Constitución.

Estas obligaciones no se han cumplido por el responsable de una de las principales secretarías con que cuenta la Administración Pública Federal; por el contrario, este servidor se ha alejado del interés nacional, ha traicionado la confianza que se le ha conferido, ha vulnerado y tomado acuerdos a espaldas de los intereses de la nación deteriorando el estado del ramo del cual es responsable de hacer florecer, lo que ha significado el desmantelamiento de la planta productiva nacional.

Este servidor público ha desdeñado y menos-preciado al Poder Legislativo Federal al incumplir los mandatos constitucionales y legales, norma suprema que entre otra serie de hechos hace insostenible ya su permanencia en el cargo que hoy ostenta, me refiero al doctor Herminio Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial.

El encargado del despacho de Comercio y Fomento Industrial, se ha empeñado en desvirtuar la situación que vive uno de los sectores más importantes de la sociedad mexicana. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial el pasado 22 de septiembre de 1999, compareció ante las comisiones unidas de Comercio, Patrimonio y Fomento Industrial y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y de Servicios, en la que sólo informó lo relativo a los supuestos logros que ha impulsado desde la Secretaría a su cargo.

La verdad es otra, los resultados macroeconómicos expuestos por el doctor Herminio Blanco Mendoza, contrastan con la realidad que viven los 3 millones 600 mil micros, pequeños y medianos empresarios; el 73% de los trabajadores mexicanos y sus familias en realidad es el producto de actos, omisiones y malas acciones en la dirección de este órgano de la administración pública centralizada.

¿Cómo se puede hablar de logros en materia de política industrial? ¿Cómo quiere el Secretario de Comercio que aceptemos que en México existe una política industrial, si tan sólo se destinan para este rubro como gasto de inversión la insuficiente cantidad de 112 millones de pesos, que en este año se pagó por concepto, perdón, comparado con los 18 mil millones de pesos que este año se pagó por concepto de intereses al rescate bancario y que para el año 2000 será la cantidad prevista de 48 mil millones de pesos.

Cabe señalar que aun cuando el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, hay que mencionar que la nula asignación de recursos a la planta productiva es parte de un modelo económico que ha devastado la planta productiva, implantado por el Ejecutivo Federal en contubernio con el partido oficial. Con esto demostramos que la política de fomento industrial no existe ni es asunto prioritario y fundamental para quien hoy gobierna este Ejecutivo Federal.

La teoría económica que subyace en términos generales dentro del oficialismo deja a su suerte a la mayoría de las empresas mexicanas sin el apoyo de un Estado responsable. Estas son las recomendaciones que hacen los organismos internacionales y que son perfectamente aplicadas por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial que recibió la instrucción en el extranjero, la inexistencia de un paradigma alternativo al que nos imponen el Banco Mundial y los monopolios extranjeros.

Aunado a lo anterior, otro elemento que apoya nuestra tesis en la que ha incurrido en graves responsabilidades el doctor Herminio Blanco, se ubica en los acuerdos comerciales y tratados internacionales que conceden a los inversionistas extranjeros y corporaciones transnacionales, facultades para litigar en contra de un estado nacional. De esta forma no sólo se otorga a los inversionistas extranjeros los mismos derechos y status legal que a los gobiernos soberanos, sino incluso mayores, toda vez que no está planteada la hipótesis de que uno de éstos entablen una demanda en contra de un inversionista. Este derecho no lo tienen los mexicanos, salvo los que tengan inversiones en los países exportadores de capital que en los hechos son apenas unos cuantos, pues México es fundamentalmente un receptor de capitales, por ende los extranjeros gozan más de derechos que los nacionales.

El respeto y aplicación del sistema legal mexicano es uno de los elementos constitutivos de la soberanía nacional reconocido por el derecho internacional.

La independencia nacional es irrenunciable y tal como lo establece el artículo 133 de nuestra Carta Magna, los acuerdos y tratados internacionales no están acordes con lo dispuesto en la Constitución; son nulos de pleno derecho y en consecuencia no deben ser ratificados por el Senado de la República, además de violar la denominada Cláusula Calvo que ha sido norma de la política exterior de México, que prohibe a las empresas extranjeras invocar la protección de sus gobiernos, así como a respetar el orden jurídico nacional.

Cabe destacar que lo anterior contraviene lo establecido en la fracción I del artículo 104 constitucional que atribuye a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los contratos y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.

Por el otro lado el artículo 25 de la Constitución otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional con el fin de lograr diversos objetivos: que sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y el régimen democrático, entre otros.

Para lograr esto, el Estado planeará, conducirá, coordinará, orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la recuperación y fomento de las actividades que demande el interés general.

Con los acuerdos comerciales celebrados, el Estado se abstiene de utilizar mecanismos primordiales para la rectoría económica, ya que las cláusulas establecidas se rompen con el principio constitucional que delega al Estado la planeación, conducción, coordinación y orientación de la economía nacional.

En las negociaciones a las que se ha hecho referencia, existe una contradicción de las facultades legislativas del Estado a través del Congreso de la Unión. Además con los acuerdos comerciales, el Congreso de la Unión pierde la facultad enmarcada en el artículo 73 fracción XXIX-F, en lo que se refiere a la expedición de leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

3049, 3050 y 3051

Es claro entonces que la inversión recibida de los países firmantes de estos acuerdos, no se le aplican las leyes emanadas del Congreso de la Unión. En ello la Cámara de Diputados no participa en la facultad constitucional establecida a su favor.

También se aplica esta restricción en lo referente a las facultades establecidas en el artículo 25 constitucional de leyes que tienen el fin de facilitar mecanismos, alentar y promover los sectores social y privado de la economía que tiene su contraparte en el artículo 73 fracción XXIX-D y XXIX-E, en lo que hace a la planeación económica y a la concertación, programación, promoción y ejecución de las acciones de orden económico.

Lo más grave es que a cinco años de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la agricultura mexicana no ha podido salir de la crisis más profunda en la que se encuentra.

Asimismo nos encontramos por encima de lo que establece el capítulo agropecuario denominado "arancel de cuota" que significa el compromiso de México de importar anualmente hasta 2 millones de toneladas de maíz, sin que los exportadores paguen impuestos compensatorios, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial autorizó unilateralmente desde hace cinco años la importación anual adicional de 2.5 millones más de toneladas de maíz con cero pago de arancel.

La grave violación existe cuando el Secretario de Comercio y Fomento Industrial autoriza unilateralmente importar dichos granos con arancel cero.

Bien, ya por último quiero al señor Presidente que me permita concluir. Es por ello que diversos diputados y senadores de diferentes grupos parlamentarios, por los graves actos y omisiones cometidas por el doctor Herminio Blanco, hemos decidido impulsar juicio político por los daños cometidos contra la nación, su pueblo y, principalmente el sector productivo nacional.

Para finalizar, solicito que este órgano soberano, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 93 de la Constitución Política, se integre una comisión investigadora que audite a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por tanto solicito se turne a la comisión correspondiente para posteriormente ser considerada por el pleno de esta Cámara.

Señor Presidente, muchas gracias; compañeros diputados, muchas gracias.

Gracias, diputado George.

Tiene la palabra para el mismo asunto, hasta por 10 minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo expresa su acuerdo con la denuncia de juicio político promovido en contra del señor Herminio Blanco Mendoza, ya que consideramos que se cumplen los supuestos previstos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los artículos 6o. y 7o. de este ordenamiento.

Resulta claro que los actos y omisiones en que ha incurrido el Secretario de Comercio en el manejo de la política comercial e industrial en nuestro país, han redundado en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho de los mismos.

El Secretario de Comercio ha sido negligente en el ejercicio de las atribuciones de la dependencia de la cual es titular otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de lo que se deduce plenamente que la hipótesis prevista en la fracción VI del artículo 7o. que la Ley de Responsabilidades acredita, ya que estas omisiones redundan en infracciones a las leyes federales y causan graves perjuicios a la sociedad.

Como se acredita en la demanda de juicio político en la comparecencia del Secretario de Comercio ante comisiones unidas de esta Cámara, no sólo ha logrado acreditar beneficios reales para los productores nacionales en el ámbito del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.

Lejos de ello se ha visto vulnerada la planta productiva nacional y varios ramos productivos del sector agropecuario. En este último sector los productos no sólo no tienen utilidades sino que la propia inversión realizada ni siquiera se recupera. Además en la práctica no existe reciprocidad, particularmente con los Estados Unidos, en el trato a los productores, ya que por la política seguida por la Secretaría de Comercio a los norteamericanos se les otorgan mayores facilidades que las que reciben los mexicanos en ese país. Debemos recordar tan sólo los boicots de los que han sido objeto en el mercado norteamericano productos nacionales, tal es el caso del atún y el aguacate y alguna vez el tomate, entre otros.

Debemos recordar también el trato que en Estados Unidos se da a los transportistas mexicanos que tratan de circular por ese país, para sólo mencionar algunos casos.

A lo anterior habría que agregar otras cuestiones en las que el titular en materia de comercio y fomento industrial ha actuado en contra de la normatividad establecida en el marco constitucional, en contra de los intereses de los productores nacionales y en contra de los intereses del pueblo mexicano.

En la denuncia de hechos, relativa al juicio político, se mencionan tres cuestiones que queremos destacar, porque definen con toda claridad la actuación ilegal del señor Herminio Blanco.

Primero. Se atentó contra los productores nacionales de maíz y frijol, otorgando permisos de importación de esos granos básicos cuando existían en el mercado reservas suficientes para abastecer el consumo interno.

Como es sabido, los productores extranjeros, particularmente en los Estados Unidos, los gobiernos han establecido una política de subsidios que colocan en una posición favorable y de alta competitividad a dichos productos en el mercado internacional. No obstante esas condiciones de iniquidad en el mercado de granos básicos, el titular de la Secofi autorizó indebidamente la importación de dichos productos, causando un severo daño a los campesinos mexicanos que no pudieron vender su producto.

Las consecuencias de esta medida son por demás obvias. Los agricultores nacionales enfrentan una grave situación económica que los ha llevado a la quiebra.

No menos delicada es la situación por la que atraviesan los micro, pequeños y en algunos casos medianos empresarios dedicados a la industria y los servicios. El Ejecutivo no ha cumplido con los lineamientos que él mismo expresó en el plan nacional de desarrollo y en los programas que se derivan de él. Hasta ahora, este importantísimo sector de la economía mexicana ha tenido que sufrir las consecuencias de una política parcial e injusta que lo coloca en condiciones de amplia desventaja con relación a la competencia externa. El resultado de ello, como lo constatan las propias cifras oficiales, es la quiebra de ese tipo de empresas.

Por último, queremos referirnos a la errónea y equívoca conducción del titular de la Secofi en materia de promoción de nuestras exportaciones con otras áreas geográficas del comercio mundial, distintas al TLC.

Nadie discute que el TLC es una realidad insoslayable, que es producto de las condiciones geográficas, históricas y de las nuevas condiciones que presenta la economía mundial, pero también es insoslayable que nuestro país requiere de una mayor diversificación en su comercio internacional, y es en esta materia en donde nuevamente el señor Herminio Blanco incumple con las funciones que tiene asignadas.

Estamos casi al término del sexenio y esa diversificación comercial tan necesaria al país no se ha dado. Tan sólo en 1989 lo denuncian los hechos: el 80% de nuestras exportaciones se dirigía a los Estados Unidos del Norte; hoy ese monto se ha incrementado hasta el 89%.

Compañeras y compañeros legisladores, la demanda de juicio político que se ha presentado en contra del titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cumple plenamente con los requisitos de forma y fondo que se señalan en la Ley de Responsabilidades, por lo que consideramos que es plenamente procedente y que la subcomisión de examen previo debe abocarse a su conocimiento y posteriormente acordar su turno a la sección instructora.

Los legisladores tenemos la alta responsabilidad de dar cabal cumplimiento a los mecanismos de control constitucional previsto en nuestra Norma Suprema. No mueve a los promotores ni a quienes con ellos coincidimos, ningún ánimo que no sea el de que los servidores públicos entiendan claramente que en nuestro régimen jurídico no pueden actuar con impunidad. Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoya plenamente esta demanda y en las instancias correspondientes de esta propia Cámara hará lo necesario para impulsar debidamente y que se apliquen al servidor público demandado las sanciones previstas en nuestra norma fundamental.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Joaquín Montaño Yamuni, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para el mismo asunto, hasta por 10 minutos.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con fecha 1o. de enero de 1994, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se inició la eliminación total de aranceles en un plazo no mayor de 15 años de los granos básicos, en aras de una liberación comercial guiada por el principio de ventajas comparativas y de las expectativas de obtener mayores beneficios para el sector agropecuario en su conjunto, así como para la economía nacional.

El Tratado de Libre Comercio establece compromisos para el comercio de productos agropecuarios; en ambos casos se reconocen las diferencias estructurales de los sectores agropecuarios y se incluye un mecanismo transitorio especial de salvaguarda: los aranceles cuota.

Los aranceles facilitan en cada país la transición de los productos sensibles a la competencia de las importaciones y es a través de este esquema como se establecen cuotas de importación libres de arancel con base en los niveles promedio de comercio reciente. Estas cuotas se incrementan generalmente en 3% anual, aplicándose un arancel a las importaciones que sobrepasen dicha cantidad, la cual se calcula como la razón entre el promedio reciente de los precios internos y externos. Este arancel se reducirá gradualmente hasta llegar a cero durante un periodo de 10 ó 15 años dependiendo del producto.

La liberación total de aranceles para los granos se da en plazos de 10 y 15 años y es el caso que para los productos más sensibles como el maíz, el frijol y la cebada; el texto del documento de marras acuerda aranceles cuotas de importación de acceso libre de arancel en la siguiente forma:

Para el maíz, 2 millones y medio de toneladas provenientes de los Estados Unidos y 1 mil 500 toneladas para Canadá; para el frijol 50 mil y 1 mil 500 toneladas respectivamente; cebada 120 mil y 30 mil toneladas respectivamente con un arancel fuera de cuota en la siguiente forma: maíz 215%, frijol 138% y cebada 128%.

Los hechos muestran que en los cinco años y 11 meses de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte estos acuerdos no se han cumplido. Las importaciones realizadas sin pago de arancel en función de las cifras oficiales disponibles de 1994 a 1998, tanto del Banco de México como de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y comparativamente con las del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en lo referente a las exportaciones como: el maíz, el frijol y la cebada, demuestran que las importaciones del producto más sensible, el maíz, proveniente de los Estados Unidos, no ha pagado arancel alguno en los años de 1994 a 1998.

3052, 3053 y 3054

De acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las exportaciones de maíz provenientes de ese país a México en los años de 1994 y 1995, fueron de 3 millones 54 mil y 2 millones 858 mil 800 toneladas respectivamente, por lo que tomando en cuenta estas cifras en lugar de las del Banco de México y las cuotas de importación de 1994 y 1995, los cupos fueron sobrepasados en 554 mil y 325 mil toneladas respectivamente.

Por otra parte, con base en las cifras del propio Banco de México, en 1995 se sobrepasó la cuota de importación libre de arancel en 85 mil 755 toneladas y para 1996 en 3 millones de toneladas, siendo significativo que dichas importaciones fuera de cuota no pagaron el arancel pactado de 186% o 181 dólares por tonelada, lo que significó que el erario federal no cobrara por concepto de derechos una cantidad cercana a 550 millones de dólares, únicamente en ese año. Este hecho incumple lo acordado dañando gravemente a la economía nacional y consecuentemente a los productores, ya que a la fecha estamos en condiciones de liberalización total para las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos, por lo que si se toma como base las estadísticas norteamericanas de exportación de maíz de Estados Unidos a México, la conclusión es: para fines prácticos el país se clasifica en la categoría A, es decir de grabación inmediata, productos no sensibles en lugar de categoría C, que es la de grabación a 15 años. Pero lo más grave aún es que estas importaciones fuera de cuota no pagaron el arancel correspondiente, por lo que es obvia de que para los años comprendidos de 1997 a 1999, este grave incumplimiento por parte de las autoridades administrativas responsables de la hacienda pública por una parte y las de comercio por otra, continúan sin aplicar el pago de derechos, en función del arancel pactado en el cuerpo del texto del Tratado de Libre Comercio.

Para los casos del frijol y la cebada, la situación es muy similar a la descrita, ya que las importaciones procedentes tanto de los Estados Unidos como de Canadá, sobrepasaron los cupos de importación pactados sin pagar el arancel correspondiente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha pronunciado sin lugar a dudas, por un sistema pleno de responsabilidades. Todo servidor público por el hecho de serlo, está obligado a conducirse en forma responsable, eficiente, honrada, legal, imparcial y lealmente a su país.

Asimismo, ha establecido guías para determinar que se cumplan esos extremos y procedimientos para exigir responsabilidades. La naturaleza jurídica de juicio político, es la figura idónea para que la autoridad administrativa que resulte responsable de la autorización y/o permiso para la importación de granos básicos provenientes de los Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio, sin pago de aranceles por importaciones realizadas fuera de cuota, sea juzgada a la luz de lo dispuesto en el artículo 7o. fracciones VII y VIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en lo dispuesto en los artículos 2o., 3o., 5o., 12, 13 y 14 de la Ley de Comercio Exterior, en los artículos 52 y 176 de la Ley Aduanera y en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación.

Por cuanto al daño causado al patrimonio de los productores al violentar las disposiciones sustantivas del artículo 131 constitucional, en lo relativo a mantener la estabilidad de la producción nacional y en la contribución a la elaboración del bienestar de la población, es obvio de que a la luz de lo que dispone el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República, en Materia de Fuero Federal en su artículo 253 fracción I inciso c, se deriva que la autoridad administrativa al no haber tomado como criterio sustantivo las características específicas de las cadenas productivas del maíz y otros productos al autorizar las cuotas de importación sin tomar en cuenta de que el ciclo productivo no había concluido, motivó que la producción nacional en este concepto, no se pueda comercializar, ya que los mercados respectivos se encuentran se encuentran saturados por los sobrecupos de importación autorizados, lo que ha causado un grave daño a la economía y patrimonio de los productores.

En virtud de las consideraciones anteriores, es válido concluir que jurídicamente es procedente dar curso a esta denuncia de juicio político contra Herminio Blanco, por lo que toca a los casos específicos en materia de ella, ya que existen normas que prevén en forma clara y específica, la responsabilidad en los actos que se denuncian.

Compañeras y compañeros diputados: el titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pretende seguir ejerciendo permanentemente un poder hipnótico colectivo, que adormece los juicios y las conciencias para poder obtener una receptividad a crítica de todo lo que diga y haga el Ejecutivo Federal.

La sociedad rural ejerce su voluntad participativa y está pendiente de no sólo de la legalidad y la legitimidad, sino de algo que no se ha hecho: la equidad. Hay que aprender a vivir con la crítica como prospectiva. La ironía y la falta de respeto hacia la sociedad rural agraviada por Herminio Blanco, ha dañado la moral de los productores al proporcionarle una ofensa de carácter económico a la calidad de vida que éstos merecen.

No juzgar la omisión punible constituye una ofensa moral a la sociedad y va en contra de la voluntad ciudadana por la ineficacia social de quien ha sido designado y no electo.

En este sentido de ahí la urgencia de sancionar los delitos económicos que ofenden por sus consecuencias y agravian permanentemente a la sociedad.

El país necesita cerrar todo un ciclo de vida que no ha estado sometida a la ley, a la responsabilidad ni a la rendición de cuentas. Es necesario poner fin a la impunidad. Tal parece que las leyes están concebidas en este país para proteger a la autoridad y no para fortalecer el estado de derecho.

Muchas gracias.

Gracias, diputado Montaño.

Tiene la palabra el diputado Arturo Jairo García Quintanar, del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, para el mismo punto, hasta por 10 minutos.

Con su permiso, señor Presidente:

Antes de iniciar mis observaciones sobre el punto que aquí se discute, quiero destacar la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de nuestro país con la Unión Europea que el día de hoy fue difundida por los medios de comunicación.

En cambio, mi partido no comparte los juicios y el posesionamiento inicial de los demás partidos sobre esta política comercial.

Con relación a las observaciones expresadas por los diputados del Partido de la Revolución Democrática, sobre la responsabilidad del señor secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza, al participar en el Salón Legisladores de este órgano legislativo el pasado 22 de septiembre del año en curso, en la glosa del V Informe del Ejecutivo, me permito expresar las siguientes consideraciones.

En todo estado de derecho la fuente de obligación está en la Constitución y en las leyes, así como en los reglamentos y decretos derivados de las primeras. Por lo tanto, para que pueda existir una obligación a cargo de un servidor público, en este caso a cargo del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, ésta debe estar consignada en algún precepto jurídico de los ordenamientos señalados.

Así, en el artículo 93 de la Constitución se señalan dos obligaciones a cargo de los secretarios de despacho. Primero, dar cuenta al Congreso del Estado que guardan sus respectivos ramos e informar a cualquiera de las cámaras y a solicitud de éstas, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos.

Ambas obligaciones se encuentran reguladas por los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso, mismos que fueron citados por los mencionados diputados y sin embargo, resulta que no hacen más que confirmar lo anterior.

Por un lado, la Cámara solicita información y por otro, el Secretario responde pero, por lógica, no puede darse por no respondido el que sus respuestas no sean en el sentido y con el contenido que un grupo de diputados lo deseen. Es como si el derecho de petición establecido en el artículo 8o. constitucional se interpretara en el sentido de que debe responderse afirmativamente a lo que un ciudadano solicite para que se considere respetado, pero la jurisprudencia ha establecido que esta garantía lo que exige es la respuesta, ya sea positiva o negativa.

Con relación a las negociaciones internacionales y su implicación con el señor Secretario de Comercio menciono lo siguiente: que supuestamente estos acuerdos y conceden a los inversionistas extranjeros y corporaciones transnacionales facultades para litigar en contra de un estado natural.

Es falso que los tratados de libre comercio y los acuerdos para la promoción y la protección recíproca de las inversiones suscrita por México sean violatorios al artículo 27 constitucional, como se asevera. La mencionada cláusula Calvo contenida en el artículo 27 de la Constitución, prohibe que los extranjeros recurran al auxilio de sus gobiernos para resolver una controversia con el Estado mexicano. Precisamente los tratados de libre comercio y los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones están redactados en concordancia con el espíritu que anima dicha cláusula, ya que se consigna en ellos la posibilidad de acudir a un panel arbitral imparcial, en el cual evidentemente no tendrá injerencia ningún Estado extranjero.

De esta manera, se asegura de eliminar la intervención de gobiernos extranjeros en controversia entre inversionistas y el Estado mexicano, tal y como lo establece el mencionado artículo 27, al señalar un procedimiento jurídico que mantiene la controversia en su debida y apropiada dimensión, inversionista contra Estado y no como se menciona Estado contra Estado.

Otro de los capítulos sobre la violación a las garantías de igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros que se incluyen en los comentarios anteriores, plantea el supuesto problema en que los inversionistas privados y a las corporaciones, sólo a ellos, se les confieren los mismos derechos y el mismo status legal que a los gobiernos soberanos, pudiendo las empresas transnacionales llevarlos al banco de los acusados.

Atendiendo lo anterior, se hace necesario señalar que el contexto material negociado en los tratados de libre comercio y en los acuerdos mencionados, se refieren necesariamente a aspectos internacionales. Por lo cual, la reciprocidad que se genera es en ese ámbito.

De lo anterior, se desprende que de este tipo de acuerdos internacionales no generan situaciones de desigualdad entre los inversionistas de los países firmantes, ya que se asegura trato igualitario a nivel internacional, tanto a los inversionistas que vengan a nuestro país, como a los mexicanos que inviertan en el extranjero.

En relación a las estadísticas que escuchamos el día de hoy sobre los productos agropecuarios, quiero recordar que la evaluación sobre el TLC iniciado por el Senado de la República ha concluido.

Por todo lo anterior, estamos en posibilidades de afirmar que las facultades de la Secofi en materia de acuerdos internacionales están establecidas en los siguientes preceptos:

1o. La Constitución, según el artículo 89, faculta al Ejecutivo Federal para dirigir la política exterior y celebrar los tratados, así como al Senado para aprobarlos. Artículo 76 fracción I, mismos que una vez publicados pasan a ser Ley Suprema, con base al artículo 133.

En la negociación y firma de tratados de acuerdos internacionales en materia comercial y de promoción y protección recíproca de las inversiones, el Secretario ha cumplido con las facultades que la confiere la Constitución al Ejecutivo Federal, en su artículo 89 fracción X.

El Senado por su parte ha ratificado estos acuerdos de conformidad con lo establecido por el artículo 76 fracción I de la Constitución.

La Ley de Celebración de Tratados y la Ley de Comercio Exterior, por lo que hace a las negociaciones comerciales internacionales también son aplicables en lo conducente y el escrito de los diputados mencionados no cita violación alguna a sus preceptos lo que es importante para efecto de su razonamiento sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos cuyo artículo 7 fracción VI habla de una infracción a las leyes que cause los perjuicios graves que indica el precepto y dicho escrito resalta los prejuicios sin ahondar en las infracciones legales.

3055, 3056 y 3057

También en el documento presentado se afirma que el Secretario de Comercio no debe aumentar, disminuir o suprimir aranceles, ya que estas facultades no son del Poder Ejecutivo.

Sobre el particular queremos recordar que en los términos del artículo 131 constitucional segundo párrafo se establece: "el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otra, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito que beneficie al país.

Con relación a los aranceles cupo de productos agropecuarios, podemos afirmar que previa opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, de acuerdo al artículo 6o. de esa ley, los cupos de cebada, frijol, maíz y leche en polvo se asignan de manera conjunta por la Secofi y la Sagar, con base en las recomendaciones de comités en los que también participan productores e industriales.

En el caso de granos básicos la producción nacional ha sido afectada recurrentemente por problemas climatológicos. Además el consumo de maíz, en particular el del sector pecuario, se ha incrementado en los últimos años, lo cual ha obligado a que la asignación de cupos de importación se dé por encima de los volúmenes establecidos en el Tratado de Libre Comercio.

Lo anterior ha permitido a los sectores productivos cubrir sus necesidades de abasto complementario y a Liconsa cumplir con su programa de abasto social de leche.

Se ha dicho, finalmente, que el Secretario de Comercio y Fomento Industrial no ha dado una razón sobre lo cual no se cobre los aranceles de importaciones. Sin embargo, el fundamento económico de lo anterior es que no se cobran debido a que la mayoría de éstas se destinan como insumos al sector pecuario.

Por último, señor Presidente, quiero mencionar que las observaciones de los legisladores de los demás partidos serán motivo de un serio análisis posterior de mi grupo parlamentario a los ataques con motivo de la participación del señor secretario Herminio Blanco, encargado del despacho de los asuntos de comercio y fomento industrial.

Muchas gracias.

Gracias, señor diputado.

Ha concluido el primer turno de oradores dentro del debate pactado.

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, hasta por cinco minutos, para el segundo turno.

Señoras diputadas; señores diputados:

El tema largamente pospuesto en esta Cámara sobre la política comercial y la actitud del Secretario de Comercio, debe atraer la atención de la legislatura, porque es uno de los asuntos más importantes de nuestro país.

En días pasados las delegaciones de México y de la Unión Europea culminaron una larga serie de negociaciones para un tratado comercial. El Secretario de Comercio adoptó la misma línea de su antecesor y un poco peor, porque nunca consultó con las fuerzas políticas del país y ni siquiera con las agrupaciones de productores y de comerciantes que van a ser directamente afectados por ése, como sería el caso de cualquier otro tratado comercial.

El señor Blanco ha negociado, probablemente con instrucciones del Presidente, pero nada más.

Un tratado comercial es una cosa bastante trascendente como para dejar todo en manos de una o dos personas. Esto es lo que se hace en México, aunque en pocos países como en México.

El señor Blanco aplica no una política comercial, que en realidad no se puede considerar que existe en México una política comercial, como tampoco hay una política industrial; lo que aplica son disposiciones que él dicta. El uso que ha hecho de la facultad que el Congreso le da o le traslada al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, es algo que no ha tenido las suficientes explicaciones.

Hace unos días recibimos del Ejecutivo un informe de cómo ha modificado los aranceles. Yo le pido a la Cámara que en la revisión del proyecto de Ley de Ingresos de este año se le establezcan límites al Ejecutivo en materia de política arancelaria.

Es necesario que por lo menos esta soberanía discuta en cada momento sobre importantes decisiones cual debe ser la actitud del país, porque éstas afectan a la nación entera.

La crisis comercial de los granos no es cierto que sólo afecte a los productores de granos; afecta a todo el país, porque genera situaciones de crisis y de tensión social, afecta a estados enteros, no solamente a los productores. Pero aunque sólo afectara a los productores, éstos son bastantes en nuestro país como para poder deliberar y resolver sobre la actitud que en materia arancelaria debe tener el país cuando se trata de productos tan importantes y de decisiones tan trascendentales.

El señor Blanco, detrás de las huellas de su antecesor, que renunció a los pocos días de ser Secretario de Hacienda como chivo expiatorio, por los errores de diciembre del 1994, se comporta más bien como agente de los competidores comerciales mexicanos que como representante de un país que tiene severos problemas en su comercio internacional. Todo para que sigan aumentando las exportaciones de manufacturas que de todas maneras probablemente seguirían aumentando por la inmensa ventaja comparativa que representan los bajos salarios de los trabajadores mexicanos.

Pero ni de eso se preocupa el señor Blanco, como ya lo ha demostrado, hay un planteamiento aquí en la Cámara depositado para abrir un juicio político, el juicio político que debe hacérsele a un funcionario irresponsable e inepto como ha sido el señor Blanco.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Armando Rangel Hernández, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para su intervención hasta por cinco minutos.

Muchas gracias, con su permiso señor Presidente; compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

Un tratado de libre comercio sin duda alguna representa oportunidades para el desarrollo de un país, pero también representa riesgos, riesgos que pueden ser minimizados y pueden ser combatidos con una buena negociación, pero además de ello posterior a la misma y bajo la implementación del mismo con la adopción de políticas de fomento que ayuden a disminuir las diferencias estructurales entre las naciones firmantes.

En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se señalaron errores graves en la negociación; seguimos señalando a la fecha la desatención del Gobierno Federal para atenuar esas diferencias estructurales, pero lo que es peor, hoy venimos a señalar también la falta de utilización de las salvaguardas que el propio mismo Tratado de Libre Comercio nos dio a fin de proteger la planta productiva.

Todos estos factores, señales inequívocas de una política inadecuada, han dejado deteriorado el campo mexicano, han dejado deteriorado al sector del cual depende el 35% de la población de este país y la falta de utilización de estas salvaguardas, de estos mecanismos de defensa, se arguye muy fácilmente, como hace unos momentos en la tribuna nos vinieron a decir: hay que controlar los precios, hay que abatir la inflación, finalmente son productos de consumo, finalmente son productos que se utilizan en la producción de otros artículos.

Sin embargo la pregunta es, ¿estos productos son más baratos? ¿Es accesible al pueblo mexicano la leche, el pan, la harina, la tortilla? ¿No son cada día más inaccesibles y más faltante en la mesa del mexicano estos productos? Entonces, ¿en dónde está esa justificación hipócrita que hace unos momentos nos dicen y que en los últimos años nos han repetido?

Compañeros diputados, esta política de importaciones, esta política agropecuaria ha tenido costos fuertes para la economía del país; por una parte cada año estamos dedicando ingresos fiscales en cantidad suficiente para atender problemas de comercialización, situación que no hace más que, si hubiera voluntad para proteger la planta productiva, no estaríamos tirando el dinero que necesita nuestro pueblo para subsistir en otras áreas,

Como hemos mencionado, se ha desmantelado la planta productiva agropecuaria y, ¿qué es esto, no es un mérito suficiente el que ha hecho el Gobierno Federal, el que ha hecho la Secofi para ser sujeto de juicio político? ¿No es esto equivalente a traición a la patria también, señores? ¿No es el hambre, no es la necesidad del pueblo la que el día de hoy nos exige a todos los legisladores a actuar con más prudencia y con más compromiso?

Es cierto que no estamos en este momento evaluando la actuación o los resultados del Tratado de Libre Comercio, es sólo como vino lo acaban de decir lo va a hacer el Senado.

No estamos tampoco poniendo en duda las facultades que tienen la Secofi y el Ejecutivo; estamos recordando que el artículo 131 constitucional permite que seamos el Congreso de la Unión quienes otorguemos estas facultades al Ejecutivo.

Es tiempo de exigirle al Ejecutivo, como también prevé la Constitución, que nos reporte qué está haciendo con estas facultades; es tiempo de decirle al Ejecutivo que si él no está dispuesto a utilizarlas en beneficio de la planta productiva mexicana, este Congreso, como se acaba de señalar, sí está dispuesto a analizar seriamente el seguirle dando a gente tan irresponsable estas facultades.

Afortunadamente la coyuntura está sumamente favorable, estamos por discutir el Presupuesto de Ingresos; estamos por discutir el paquete fiscal y desde aquí queremos decirle a la gente del campo mexicano, que lo que no ha encontrado en la Secofi, que lo que no ha encontrado en el Presidente de la República, lo va a encontrar en este Congreso de la Unión: una actitud responsable y comprometida con el campo mexicano.

Muchas gracias.

Gracias, diputado.

Tiene la palabra, por último, el diputado Augusto Rafael Carrión Alvarez, del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Debemos reconocer en el comercio uno de los pilares del crecimiento económico y el bienestar de nuestro pueblo. Sin el comercio en todas sus manifestaciones el funcionamiento de la economía sería imposible, es así que no podemos perder de vista lo que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ha instrumentado en materia de política económica y que la actual administración impulsa buscando un crecimiento económico sostenible que se traduzca en el aumento del nivel de bienestar de los mexicanos.

Por ello, debemos llamar la atención que en el desarrollo de esta política económica se han implementado medidas de fundamental importancia en el comercio y en la industria que quiero destacar: los tratados de libre comercio, que están convirtiendo a nuestro país en una plataforma para que empresas nacionales y extranjeras inviertan y exporten a otros países, estos tratados implican en mucho el gran crecimiento que han tenido nuestras exportaciones en los últimos años.

No debemos olvidar que un millón de mexicanas y mexicanos han conseguido empleo debido a las inversiones que ha generado el TLC de América del Norte.

La Unión Europea representa el mercado más grande del mundo y una de las principales potencias a nivel mundial en materia de comercio e inversión; es un proveedor estratégico de insumos y maquinaria para nuestros sectores productivos.

3058, 3059 y 3060

Precisamente el día de ayer, concluyeron formalmente las negociaciones técnicas del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Este acuerdo permitirá a México garantizar un acceso amplio preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al bloque comercial más grande del mundo: diversificar las relaciones económicas de México, el destino de nuestras exportaciones y nuestras fuentes, generar mayores flujos de inversión extranjera y promover alianzas estratégicas, lo que permitirá la creación de nuevos empleos en la economía mexicana, fortalecer la presencia de México en el exterior y nuestra posición estratégica en un comercio mundial. México será el único país con acceso preferencial a los dos mayores mercados del mundo: Europa y Estados Unidos, además de América Latina.

Aportar la seguridad jurídica en las condiciones de acceso preferencial que requiere la pequeña y mediana empresas para incorporarse al sector exportador.

Definitivamente cuando se lleva a cabo un Tratado de Libre Comercio, no todo son ventajas, ni es el panacea ni se van a lograr resolver todos los problemas; ofrece ventajas, ofrece desventajas.

Yo quiero dejar claro que la bancada de mi partido, el Revolucionario Institucional, se está replanteando también y está también revaluando muchas situaciones y muchas actividades que han recibido fuerte impacto en contra y por ello... y los seguiremos estudiando y revaluando para ver qué políticas se pueden implementar a favor de esas actividades.

Por otro lado, el programa de mejora regulatoria que ha permitido disminuir los costos para el establecimiento y la operación de las empresas en nuestro país, hoy en día los compromisos de mejora regulatoria de las diversas secretarías del Gobierno Federal representan una mejora del 97% de las regulaciones y la eliminación de casi el 50% de los trámites vigentes en 1995.

Permítame, diputado Rafael Carrión.
Diputado Villanueva, activen el micrófono, por favor. ¿Para qué propósito?

Señor Presidente, para que si por su conducto nos permita una interpelación el señor diputado.

¿Acepta usted la interpelación, diputado Carrión?

Sí, señor.

Señor diputado, ¿está usted de acuerdo en la política que ha implementado la Secretaría de Comercio en cuanto a las importaciones en el tiempo de cosecha?

Mire usted. Hay un Tratado de Libre Comercio que está vigente. En ese sentido debemos someternos a él, porque fue formalmente establecido.

Por otra parte, yo le quiero recordar a usted y leer que las facultades del Ejecutivo Federal son del Ejecutivo Federal en materia de aranceles, cupo, y cupos de importación, de acuerdo al artículo 131 constitucional, segundo párrafo, que establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación expedidas por el propio Congreso. Es una facultad del Ejecutivo. Es todo.

La política industrial que el Gobierno Federal ha instrumentado tiene dos estrategias centrales: ampliar los mercados y disminuir los costos de operación de las empresas. Estas dos estrategias han sido implementadas a través de programas y acciones destinados a transformar el entorno en el que trabajan los empresarios mexicanos.

En materia de empleo, la industria manufacturera se ha convertido en la fuente más dinámica de la generación de empleos formales en la economía.

En la industria manufacturera ha dado lugar a un importante proceso de descentralización de la actividad económica. Se está llevando a cabo un gran proceso de modernización.

Y a manera de ejemplificación aquí señalo algunos casos de éxito de la actual política de comercio y fomento industrial:

Uno. Durante los cinco primeros años del TLC, el comercio trilateral creció 75%.

Dos. Con el Tratado de Libre Comercio, el comercio entre México y Estados Unidos se ha duplicado.

Tres. En 1998 México se convirtió en el segundo socio comercial de los Estados Unidos, es en su segundo mercado de exportación y en su tercer proveedor de bienes.

Para concluir...

Le rogamos concluir su intervención, señor diputado.

Señoras y señores diputados:

Los legisladores tenemos el imperativo político y moral de volver al sentido original de nuestra tarea como representantes de nuestra sociedad.

Compañeros: seamos propositivos, no confundamos este mandato con rencillas políticas, es por esto que los convido a darnos a la tarea conjunta de sumar esfuerzos para multiplicar resultados. Es así y sólo así como lograremos, como legisladores, un papel decisivo en el fortalecimiento de una política económica-industrial que sea para bienestar de los mexicanos.

Muchas gracias.

Gracias, diputado.

Tiene la palabra, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Marcelino George.

Señor diputado Jairo y señor Augusto Rafael Carrión, poco han defendido lo indefendible.

Señoras y señores priístas: la Secretaría sigue practicando políticas que frenan el desarrollo del sector productivo, tiene implicaciones sociales y económicas y de soberanía nacional, y esto no lo dicen diputados del PRD ni del PAN ni de otra fracción parlamentaria; lo dice el diputado José Gascón Mercado, de la fracción parlamentaria del PRI.

Y yo les pregunto: ¿Dónde está el millón y medio de empleos anuales producto del Tratado de Libre Comercio?, ¿cómo explicar a las mexicanas y a los mexicanos que es más importante para el Ejecutivo Federal comprar armas y mantener un ejército que fomentar el empleo y generar la economía y con ello el bienestar social? ¿Cómo explicar a los 40 millones de pobres que es más importante para el Ejecutivo Federal pagarle a los banqueros que fomentar la planta productiva? ¿Cómo explicarle a los campesinos que es más importante importar de Estados Unidos maíz, frijol, arroz, sorgo, soya y fructuosa, manipulados genéticamente, que comprar estos productos a los nacionales? ¿Cómo explicar al 99% de los micro, pequeño y mediano empresarios, que se están abriendo las puertas como logro máximo de su gestión, mientras nuestra planta productiva se encuentra devastada y sin posibilidad de competir en el mercado interno, mucho menos en el externo.

No quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un reconocimiento y una calurosa felicitación a quien ha dado la última estocada a la planta productiva nacional. Felicidades por comprometer nuestra soberanía y los poderes de la Unión. Felicidades, mister Herminio White Mendoza.

DIA INTERNACIONAL DE LA NO
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Concluido el punto a discusión, pasamos al tema del Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer.

Tienen la palabra las diputadas María Elena Cruz Muñoz, Alma Angelina Vucovich Seele y María del Carmen Moreno y Contreras, en este orden, por cinco minutos.

Rogamos a la diputada María Elena Cruz Muñoz, del grupo parlamentario de Acción Nacional, pase a esta tribuna.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Durante el régimen de Rafael Trujillo, en República Dominicana, una mujer llamada Minerva Miraval, de 33 años de edad, participó en una organización opositora al gobierno. En diversas ocasiones la encarcelaron, pero gracias a la intervención de la Organización de Estados Americanos, fue liberada.

Un 25 de noviembre de 1960, Minerva, junto con sus hermanas, Patria y María Teresa, visitaron a sus esposos e hijos encarcelados y fueron asesinadas por el gobierno de Trujillo.

Veintiún años después, durante un encuentro internacional de mujeres en Colombia, en 1981 y en memoria de las hermanas Miraval, se declaró el 25 de noviembre como Día de Acción Internacional de Denuncia contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde entonces, cada año se realizan en todo el mundo acciones y campañas para alertar sobre la violencia, que de manera específica, sistemática y múltiple, se ejerce contra las mujeres en todo el mundo.
En los últimos cinco años, las campañas contra la violencia de género se expandieron y en diferentes países como Pakistán, Estados Unidos, México o en naciones de América Latina, las campañas se realizan durante varios días o meses a través de foros de reflexión sobre las formas de violencia hacia la mujer, difusión sobre derechos y protección a víctimas de violencia o creación de tribunales civiles.

Como parte de la campaña mundial, la Unión Europea declaró este año, 1999, el año europeo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Contrario a lo que desearíamos, cada año el balance señala que después de tres décadas del homicidio cometido contra las hermanas Miraval, la violencia en general y hacia las mujeres y niños en particular, se agudiza e incrementa.

La violencia, entendida como toda acción ejercida en deterioro de la integridad y estabilidad física, sexual, espiritual, sicológica o patrimonial, cuenta entre sus principales víctimas a las niñas, niños, ancianos discapacitados y mujeres.

La existencia de formas específicas de violencia dirigida contra mujeres, fue reconocida internacionalmente en diversos foros desde la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, 1993; en la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 1994, hasta la Conferencia Voces Esenciales de las Américas; la Mujer en la Democracia, organizada en Uruguay el año pasado.

En dichas conferencias se reconoce la agudización de prácticas violentas contra mujeres como un problema mundial y de atención prioritaria y se destaca la necesidad de aplicar medidas preventivas y correctivas desde las políticas públicas de estado.

En muchos países el hogar deja de fungir como el espacio protector formador de valores, generador de cooperación y convivencia para convertirse en un lugar donde acontecen agresiones sicológicas, físicas y emocionales cotidianas.

Por dependencia económica, principalmente, pero también por miedo y abandono de la dignidad y autoestima, muchas mujeres conciben y toleran como legítimo el uso de la violencia que se ejerce al interior de su familia, especialmente dirigida contra sus hijas e hijos y contra ellas mismas.

3061, 3062 y 3063

La violencia termina por enfermar y contaminar a toda la familia y la mujer se convierte en víctima pero también en agresora y los hijos en seres auto y socialmente destructivos.

La ONU calcula que 70 millones de mujeres padecen violencia de género y que sólo 44 países del mundo tienen legislación contra la violencia doméstica, entre 3 y 4 millones de mujeres son golpeadas cada año en el mundo. En un estudio de la Organización Panamericana de la Salud en 1993, indica que del 45% al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa y que la mayoría de estos homicidios se cometen por el marido o conviviente.

El Banco Interamericano de Desarrollo reporta que entre el 25% y el 50% de las mujeres de América Latina y del Caribe, dependiendo del país, son víctimas de alguna forma de violencia doméstica.

Igualmente en un estudio practicado a 30 padres de familia de niños preescolares de condición socioeconómica y edad semejante en el que se pretendió conocer la conceptualización y el ejercicio del castigo como pauta de crianza infantil, podemos afirmar que los resultados son reveladores y que requerimos evitar y prevenir los castigos físicos y psicológicos y utilizar la imaginación y la ternura en los procesos educativos familiares.

El grupo parlamentario de Acción Nacional considera que las familias mexicanas requieren atención central del gobierno a través de la aplicación permanente de acciones preventivas contra la violencia doméstica y la implementación de políticas sociales para el desarrollo económico, educativo y formativo de una cultura de respeto, equidad y confianza al interior de la familia y por ende de la sociedad.

De igual manera se requiere la permanente intervención y contribución del Legislativo, desde este ámbito en México existe una historia relativamente reciente sobre las medidas tendientes a eliminar en el terreno jurídico la legitimidad de actos violentos al interior de la familia y la creación de disposiciones que propician la prevención, atención y sanción de los delitos al interior de la familia, así como la protección de las víctimas.

Diputada Cruz Muñoz ha concluido el tiempo asignado, quiere concluir su intervención.

Sí, con todo gusto.

Es importante señalar que el ámbito legislativo del cual formamos parte tiene participación reciente y dentro de la LVII Legislatura de la cual formamos parte ha sido la detonadora para que a nivel de los estados empiece a generarse también en la legislación que corresponde en materia de fuero común. Por lo tanto nos congratulamos este día a nivel del legislativo por este logro que ha sido reconocido también en los avances que se están revisando en Pekín.

Muchas gracias.

Tiene la palabra la diputada Alma Angelina Vucovich Seele, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Donde quiera que me escuchen y si es que me escuchan, es una verdadera lástima que en estos momentos en que la Comisión de Equidad y Género acude a esta tribuna para hablar del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, no haya un número suficiente de curules ocupadas para escucharnos.

Ello es una muestra de que para muchas personas el hecho de que exista un Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, es motivo solamente de cumplir con un acto protocolario en que una o varias mujeres vengamos aquí a echar nuestro rollo. Para ponerlo en otras palabras, es penoso que se siga pensando que esta intervención se solicitó para recordar una efemérides más.

Yo quisiera decirles, señoras y señores legisladores, que esto no es así. El interés de nosotras las diputadas que representamos a millones de mujeres de nuestro país, es realizar un acto de justicia, no sólo para recordar a todas aquellas mujeres que han perdido la vida por causa de la violencia ya sea en el hogar, en la calle, como es el caso de las más de 200 mujeres jóvenes muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La violencia sistemática que padecen a diario miles de mujeres y niñas en nuestro país, adoptan muchas formas, es decir, es un problema que presenta diversas caras.

Violencia no es solamente agredir físicamente a una persona, violencia es también ignorar, hacer menos, no reconocer los méritos que esa persona tiene; es insultarla, hacerle sentir que no sirve para nada, herirla física, emocional y psicológicamente.

Y frente a este panorama yo me pregunto ¿Cuánto ha cambiado la condición de las mujeres en las últimas décadas? Y como respuesta creo que podría decir que nuestra condición ha cambiado mucho. Ahora las mujeres tenemos cada vez un mayor nivel educativo, nos hemos ganado un amplio reconocimiento en las artes, las humanidades y las ciencias. Nuestra vida no se limita hoy solamente a realizar el trabajo doméstico ni a la crianza y cuidado de los hijos, nos hemos incorporado con éxito al mundo del trabajo, de los negocios y hemos podido acceder a las esferas de la política.

Asimismo, muchos de nuestros derechos están cautelados por leyes racionales en concordancia en un sinnúmero de instrumentos jurídicos internacionales como la convención interamericana para prevenir, castigar y erradicar la discriminación hacia las mujeres, Convención de Belem do Porra.

Sin embargo, señoras y señores legisladores, podría yo afirmar que en los albores del tercer milenio, las mujeres seguimos siendo discriminadas, subestimadas y violentadas en la mayoría de las sociedades del orbe.
Una prueba fehaciente de esto, es el hecho de que si bien las mujeres llegamos al mercado laboral cada vez en un número mayor, lo hacemos siempre ganando menos que los hombres, aún ocupando el mismo cargo y desempeñando el mismo trabajo, principalmente en el mercado informal o en labores domésticas que no son sino una prolongación del interés creado de que las mujeres no podamos desprendernos del pesado yugo de nuestro tradicional rola de cuidadoras de la familia y los bienes.

Por otro lado, sabemos que en cuanto a la representación política que aunque existe, como ustedes lo pueden constatar en el caso de los cargos parlamentarios ocupados por mujeres, son mínimos o escasos, lo cual nos hace luchar contra la desventaja de ser minoría ante la mayoría de legisladores hombres.

Por cuanto hace al rubro de educación, se siguen reproduciendo mensajes culturales cargados del viejo estereotipo del rol de la mujer que lo único que propician es su estancamiento e impiden que se nos reconozcan habilidades y cualidades para alcanzar un desarrollo pleno tanto en el aspecto individual como en lo concerniente al desarrollo de nuestro país.

En este círculo vicioso de desvirtuar continuamente el papel de las mujeres, los medios masivos de comunicación son en su mayor parte los responsables de proyectarnos como un objeto sexual, de poca inteligencia y creatividad, así como inferiores en cuanto a capacidades en comparación con los hombres.

Basta caminar por las calles y observar carteles y espectaculares o bien atender a las imágenes que den las mujeres.

Le rogamos concluir su intervención, ha terminado el tiempo asignado para ella.

Gracias.

Por último, quisiera concluir con el testimonio de una mujer víctima de abuso sexual a los cinco años de edad: "voy cayendo por una espiral de sangre, oigo mi propio llanto no queriendo hacer ruido, vergüenza, culpa. Dios, ¿en dónde estás? El dolor ahuyenta mi alma de su cuerpo, me doy por vencida, la lucha no me salvó, la esperanza murió, el amor no existe, nunca existió. Yo sólo quería jugar, muerta y mucho peor que eso, loca, monstruo, sería dormir para siempre. Dios, ¿en dónde estás?". Y les pregunto: ¿en dónde estamos nosotros ajenos, ausentes e insensibles?

Muchas gracias.

Gracias.

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Moreno Contreras del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos para el mismo tema.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Acudo a esta honorable tribuna para expresar a nombre de mis compañeras y compañeros diputados de mi partido el Revolucionario Institucional, nuestro beneplácito por la conmemoración hoy, 25 de noviembre de 1999, del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres.

Al iniciar los trabajos de la presente legislatura, en un acto histórico para el país, un significativo número de diputadas federales, suscribimos junto con el Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, una iniciativa de reformas legislativas, encaminadas a prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar en México.

La menciono porque con esta iniciativa, culminó un esforzado y minucioso proceso de análisis de nuestra legislación nacional en la materia, para promover disposiciones más precisas y procedimientos más ágiles que disuadan y castiguen con la debida severidad la violencia en el seno de las familias mexicanas.

Estoy convencida de que como seres humanos debemos formar mujeres y hombres capaces y libres, procurando ambientes que propicien la convivencia armónica y nunca la sumisión y el dominio por la violencia.

Nos debe quedar claro que la lucha contra la violencia intrafamiliar invariablemente debe darse de manera simultánea en varios frentes. De nada sirve este tipo de esfuerzos legislativos, quedando expuesto un compromiso con la nación si la aplicación de la norma no es la adecuada o justa o los órganos de administración de justicia tanto federales como de los estados.

Y por ello debemos de compartir responsabilidades con los grupos sociales organizados, trabajando de manera decidida en la apertura de espacios para la protección y rehabilitación de casos de violencia intrafamiliar.

La iniciativa recogió en su momento una parte esencial de las aspiraciones comprendidas en el Programa Nacional de la Mujer ahora Comisión Nacional, que fueron resultado de la participación muy importante y decidida de muchas mujeres mexicanas de diferentes sectores, incluyendo campesinas, trabajadoras, profesionistas, amas de casa y en muchos casos jefes de familia, que representan la nueva dinámica presencia de la mujer en la vida nacional.

Para nadie es ajeno que la violencia familiar o la amenaza de su aplicación se ven en quienes sufren daños físicos, sexuales o psicólogos, limitando sus opciones en casi todas las esferas de la vida pública y privada.

Conmemoramos hoy el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres aunque debemos ser realistas y reconocer que aunque somos las mujeres las que más lo sufrimos no es privativo de nosotras. A las niñas y a los niños, que también suelen ser la mayoría de las víctimas, les cancela su potencial de desarrollo al minar su salud física y emocional, al perturbar su vida, reducir su ámbito de actividad que en muchos de los casos erosiona de manera severa su autoestima, en el extremo se traduce en conductas de autodestrucción.

Estamos muy preocupados por buscar incremento en penas para disminuir la violencia en las calles la inseguridad y nos preocupa la sociedad en que vivimos, pero no vamos al origen de este problema, pues el que siembra violencia cosecha violencia.

3064, 3065 y 3066

No es posible cerrar los ojos ante una formación familiar, en donde los niños reciben diariamente el mensaje de lo que prevalece en nuestra sociedad, es la ley del más fuerte y ésa opera para mujeres y para hombres.

No es posible que hablemos de integridad de la familia y desconozcamos el concepto básico de ella, que se trata de un grupo formado para ofrecer las condiciones idóneas que protejan la reproducción biológica y social. Si una sociedad ha de continuar existiendo, debe de proteger a la familia y a los miembros de la misma; por ello la violencia intrafamiliar es el proceso más directo y efectiva para destruir a la sociedad y al Estado. Para evitarlo debemos de considerar que la procreación sólo garantiza la continuidad de la especie biológica, mientras que la estructura social y cultural es la que lleva un logro de desarrollo y trascendencia a los grupos humanos, pero esto depende de la socialización de la familia, que no sólo lleva intrínseco el atractivo físico de la pareja, sino el respeto mutuo, el apoyo solidario, el diálogo y el amor a la prole.

Este amor a la prole se manifiesta más en la madre, por esa simbiosis que da durante el embarazo y por ello el maltrato a la mujer repercute directamente en el maltrato a los hijos. Las relaciones familiares han sido objeto de interés y discusión, han sido estudiadas por disciplinas tan diferentes como la teología, las humanidades, el derecho y la filosofía. En este caso México ha decidido legislar para proteger al núcleo familiar origen de nuestra sociedad. Por ello éste y todos los días hagamos conciencia de que la violencia intrafamiliar dará por resultado la violencia social y luchemos contra la inseguridad apoyando todos los programas que tiendan a respaldar la integración de la familia, el respeto a nosotros mismos y a los que nos rodean.

Hoy es el día; lucharemos mañana porque sea el año y ¿por qué no decirlo?, esperemos que el Siglo XXI sea el de la erradicación de la violencia en la humanidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, diputada María del Carmen Moreno.

POLICIA FEDERAL PREVENTIVA

Ha concluido el punto Violencia contra la Mujer y pasamos a la actuación de la Policía Federal Preventiva.

Tiene la palabra el diputado Benito Mirón Lince, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos, para plantear el tema.

Muchas gracias, señor Presidente y a ustedes compañeras y compañeros diputados por su atención.

En esta ocasión vamos a hablar del arbitrario y alarmante proceder de la anticonstitucional Policía Federal Preventiva.

A contrario con la teoría constitucional que establece el monopolio del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, la Ley de la Policía Federal Preventiva en su artículo 4o. fracción IV, otorga a esa policía la atribución de auxiliar a las autoridades competentes en la investigación y persecución de delitos, infringiendo la norma constitucional que establece indubitablemente que no hay diversas autoridades encargadas de la investigación y persecución de delitos, sino que la única institución facultada para ello es precisamente el Ministerio Público y que la única policía que la Constitución autoriza para auxiliar a esa representación social resulta ser precisamente la Policía Judicial, que deberá estar bajo su autoridad y mando.

Cierto es que la reforma constitucional de 1994, contenida en los dos últimos párrafos del citado artículo 21, señala la necesidad de establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero debe de quedar muy claro que el concepto de seguridad pública, según el criterio de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comprende desde la prevención del delito hasta la ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, pasando por supuesto por la investigación y persecución de los delitos y la impartición de justicia, de manera que en materia de seguridad pública se encuentran involucradas diversas autoridades y poderes del Estado, de donde es imperioso tener muy claro cuáles son las atribuciones de cada autoridad.

Acorde con lo anterior, vale decir con la teoría constitucional del monopolio del Ministerio Público en materia de investigación y persecución del delito, que la única policía que puede auxiliarlo en esa tarea es la Policía Judicial bajo su mando.

En concordancia con el concepto de seguridad pública que incorpora la mencionada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública a las policías preventivas, incluyendo la Federal, deberá corresponderles la facultad de prevenir el delito, no de investigarlo ni perseguirlo. Al Ministerio Público investigarlo y perseguirlo; al Poder Judicial administrar justicia, penalizando a los infractores y, a las autoridades administrativas correspondientes, la aplicación de las penas respectivas.

No podemos permitir que los mandos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se sirvan perversamente y fomenten la confusión teórica entre seguridad nacional y seguridad pública para crear esta policía política desde las oficinas de los servicios de inteligencia.

Se debe señalar que la Comisión de Justicia de esta Cámara, al analizar el dictamen relativo a la Ley de la Policía Federal Preventiva, acertadamente comenta que se trata ante todo de evitar que el delito se cometa y que la parte de este proceso que más interesa y preocupa a la sociedad es la preventiva. Muy atinadamente también apunta que la función en un solo órgano y mando de las estructuras policiales destinadas a la prevención del delito y las destinadas a su persecución, son propias de las policías nacionales de estados centralizados, totalitarios, agregaría yo.

En el mismo estudio de la Comisión de Justicia, se manifiesta la preocupación de que la Policía Federal Preventiva cobre un carácter de policía política, carácter que por su origen y su actuación práctica ya ha asumido como consecuencia también de la tremenda confusión que existe entre el concepto de "seguridad pública" y de "seguridad nacional", por lo que no es casual el papel preponderante que jugó el Cisen en la creación de la Policía Federal Preventiva.

En efecto, en declaración pública en un conocido semanario de circulación nacional, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, señor Jorge Tello Peón, sin recato alguno, informa que la iniciativa que crea a la Policía Federal Preventiva, no surgió ni en la Presidencia de la República ni en la academia, sino en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen y que tal proyecto se estuvo desarrollando desde hace cuatro años de manera muy intensa, según declara dicho funcionario, desde la aparición del EPR. Con igual desenfado el señor Jorge Tello Peón, con pleno desconocimiento de nuestra Constitución o con un arrogante cinismo declara que cuando hay denuncia interviene el Ministerio Público, pero cuando no la hay, entonces la Policía Federal Preventiva se encuentra facultada para investigar y perseguir el delito.

Para el señor Tello Peón el artículo 16 de la Constitución no existe, el texto del artículo 16 son ideas utópicas, irrelevantes, en completa desarmonía con la necesidad práctica de responder no a la seguridad pública, sino a la seguridad del Estado. Vemos aquí la sombría y tétrica razón de estado en la que buscan su apoyo los gobiernos totalitarios para atropellar la ley y violar los derechos humanos de la ciudadanía.

Se podrá decir que el uso de esta tribuna para controvertir una publicación periodística relativa a las declaraciones del señor Tello Peón resulta inadecuada y fuera de lugar, pero no vengo aquí a eso, sino a expresar que el hecho de que como legisladores hayamos creado el 13 de diciembre del año pasado la Policía Federal Preventiva, pasando por alto la Constitución Política de nuestro país cuando menos en los artículos 14, 16, 21, 73, 102 apartado "A" y 115, ha provocado ya las graves consecuencias que preveíamos en esta alta tribuna en la sesión en que se aprobó la Ley de la Policía Federal Preventiva y que nosotros votamos en contra.

En efecto, son múltiples y en diversos puntos de nuestro territorio, la serie de felonías que está realizando dicho cuerpo policiaco; ha efectuado cateos sin orden judicial, ha establecido retenes en caminos y carreteras, interviene en el traslado de reos de un penal a otro. Tenemos información de que en el operativo ilegal en contra de presuntos dirigentes del ERPI, las detenciones no se efectuaron en Guerrero como se hizo público, sino en el Distrito Federal y en San Luis Potosí, habiendo sido los detenidos, antes de ser presentados, salvajemente golpeados por la Policía Federal Preventiva.

Estos operativos obedecen exactamente al mismo esquema que practicaba la tristemente célebre "brigada blanca de los años setenta".

La Policía Federal Preventiva, en lugar de prevenir el delito, se ha lanzado por cuenta propia, al margen del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial, a una lucha antiguerrillera, que la configura como un cuerpo político-militar anticonstitucional que con la ley que la crea únicamente obtiene una cobertura legal para actuar al margen y por encima de nuestra Carta Magna, lanzando por todo nuestro territorio 5 mil policías militares.

En mérito de lo anterior tengo que alertar sobre las funestas consecuencias que puede traer para nuestro país la violación a los derechos humanos que tan escandalosamente está cometiendo la Policía Federal Preventiva y el grave riesgo para el tránsito hacia la democracia y la legalidad, que constituye el fortalecimiento de un cuerpo político-militar con un mando centralizado, al margen de la Constitución y desvinculado por completo de las órdenes del Ministerio Público y del Poder Judicial Federal y con cobertura para actuar sin limitación alguna en todo el territorio nacional, con desprecio absoluto a la soberanía de los estados y a la libertad de los municipios, atropellando con ello el inciso h de la fracción III del artículo 115 constitucional, que encomienda al municipio la tarea de la seguridad pública.

Esta policía se ha lanzado por cuenta propia a una lucha antiguerrillera, lo que demuestra indudablemente que es un engendro concebido por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con objetivos de persecución y represión políticas y para cuya operatividad el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2000, pretende escandalosamente aumentarle de 1 mil 703 millones 900 mil pesos que ejerce este año, a 3 mil 104 millones 300 mil pesos, lo que representa un incremento real del 82%, mientras que en educación se incrementa el 3.6%.

Concluyo, señor Presidente.

Concluya, por favor.

Así como antes advertimos de las graves asechanzas que acompañaban a la creación de la Policía Federal Preventiva, hoy también advertimos de los riesgos que hay para el año 2000.

Nos opondremos firme, obcecadamente, a que en nuestro territorio se practique impunemente el terrorismo de estado y que las instituciones armadas tengan luz verde para actuar al margen de nuestra Constitución y en defensa de los intereses del grupo político y económico en el poder.

Gracias, diputado.

Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado Francisco Javier Reynoso Nuño, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

Con su venia, señor Presidente:

Muchas gracias que podemos platicar un poco de este tema de la Policía Federal Preventiva y muy buenas noches, compañeros diputados.

En el mes de diciembre de 1998 en esta Cámara de Diputados, aprobamos una trascendental ley y anteriormente a ello una reforma constitucional al artículo 123.

Y desde luego en todo esto nuestro posicionamiento como grupo parlamentario en apoyo a esta ley, de la Policía Federal Preventiva tuvo eco, se llegó precisamente a consensos importantes y desde luego gratamente aprobamos el dictamen aludido en donde estas consideraciones y propuestas, tanto de senadores como diputados nuestros, de nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional, se tomaron en cuenta.

3067, 3068 y 3069

Y habría que recordar qué fue lo que nosotros analizamos, lo que, conjuntamente con mis demás compañeros diputados, establecimos como aportación al espíritu de esta ley en sus partes fundamentales.

Primero establecimos una policía con autonomía operativa y con un total respeto a la autonomía de los municipios y a la soberanía de los estados y que sólo su actuación sería en zonas de jurisdicción federal, hecho que se ha cumplido.

Asimismo, en la ley, en su artículo 4o., establece que en el ámbito de sus facultades la Policía Federal Preventiva puede intervenir en materia de seguridad pública en cuadyuvancia con las autoridades competentes y garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicas, salvaguardando la integridad de las personas, así como la de prevenir la comisión de delitos en zonas de jurisdicción federal.

En donde nuestro grupo parlamentario estuvo de acuerdo fue precisamente en que puede esta policía participar en auxilio de autoridades competentes, tanto locales como municipales, cuando así lo soliciten, siempre y cuando se trate de persecución de delitos que sean objeto y que aquí exista sobre todo un actuar netamente constitucional de respeto absoluto a la soberanía de los estados y a la autonomía de los propios municipios.

Consideramos que esto fue una gran aportación que hicimos valer nosotros y que de alguna manera esto ya forma parte del espíritu de la ley.

También señalamos que la policía podía actuar en detener a personas cuando había delitos en flagrancia, en caso de flagrancia. Todavía robustece esta oportunidad cuando se respetan los derechos humanos y ahí está inscrito en la ley.

Repetimos, creo que la parte que más centramos a todo esto es el respeto al pacto federal. Ahí sentimos que es la parte medular de esta policía y es lo que nosotros imprimimos cuando, tanto en la Comisión de Justicia, se trabajó en este conjunto de normas que forman la Ley Federal de la Policía Preventiva.

Señalaba en esta ley, así queda inscrito, participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales federales, estatales y municipales, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Otra propuesta consensuada fue que la Policía Federal Preventiva pudiera trabajar, a solicitud de autoridades competentes, en acciones de protección civil en caso de calamidades públicas, desastres naturales etcétera.

Por todas estas propuestas que hoy son ley y que nos congratula, como grupo parlamentario de Acción Nacional, ya que se respeta la autonomía de las autoridades municipales y la soberanía de los estados, dejando su margen competencial de esta Policía Federal únicamente a zonas de jurisdicción federal, solamente queda intervenir la citada policía cuando así lo solicitan las autoridades municipales o estatales.

Así fuimos y fuimos muy claros al señalar qué perfil de policía queríamos para el pueblo de México y así en la ley señalamos claramente que la actuación de la Policía Federal Preventiva invariablemente debe de sujetarse a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; es decir, hacer del perfil de la Policía Federal un profesional.

Sin embargo, en esta parte, el Ejecutivo Federal nos ha fallado al integrar con más de 5 mil militares a esta nueva institución policiaca en las que ciframos muchas esperanzas todos los legisladores de Acción Nacional.

Hago este comentario salvaguardando mi respeto absoluto a las fuerzas militares de nuestro país. Sin embargo, esto viola el espíritu constitucional del artículo 129, cuando nuestros militares, en tiempos de paz, deben de estar en sus cuarteles y deben de dejar que la autoridad civil intervenga para decidir lo que mejor convenga. Se podrá discutir lo contrario, pero lo que no es posible es que los militares integrados a este órgano policial permanezcan de manera absoluta y total en tiempo dentro de este nuevo instituto.

Nuestra pregunta es: ¿Bajo que circunstancia, convenio o términos ingresaron estos militares a esta Policía Federal Preventiva, cuando el espíritu de la ley establece el servicio civil de carrera policiaca, cuando los integrantes que forman parte de dicho instituto deben de aprobar programas de formación y actualización de acuerdo con un trabajo netamente civil? Y que además señalamos que los miembros de esta policía deben por lo menos haber acreditado estudios correspondientes a la enseñanza media y superior. No lo sabemos. ¿Qué pasa?

Nuestro grupo parlamentario del Partido Acción Nacional tiene en este posicionamiento el no estar de acuerdo con que esta policía se integre por su gran mayoría por militares, ya que la vida castrense por su disciplina y acción es totalmente diferente al trabajo profesional que solamente un policía de carrera civil puede hacer.

Es importante que esta Cámara, a través de sus comisiones respectivas investiguemos y evaluemos todas estas consideraciones que están sucediendo. Sabemos y estamos de acuerdo en la gran angustia y preocupación, en el grave problema de seguridad pública que arrastra al país en sangre, preocupación y angustia y para ello nuestro grupo parlamentario estará de acuerdo en crear todas las normas legislativas tendientes a aminorar este grave mal.

Sin embargo, se ha militarizado todo nuestro país. Y tan es así que como el caso de la PGR, o Procuraduría General de la República, existen militares. Hay retenes militares en el país que de alguna manera es benéfico cuando se trata de tráfico de drogas. Sin embargo, no es lo más conveniente, pues que esto prueba el fracaso del Gobierno Federal al no existir un trabajo concienzudo en materia de policía de carrera civil.

Por eso el grupo parlamentario no está de acuerdo ni estará en la práctica de esta policía que en su integración viole lo que dio origen y que viole nuestra Carta Magna en su artículo 129, cuando en tiempos de paz las fuerzas militares deben de estar en sus cuarteles.

Muchas gracias.

Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, para el mismo tema, hasta por 10 minutos.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Se han formulado nuevamente aquí algunas imputaciones a un instrumento jurídico que creamos en esta soberanía, congruentes con la vocación que tenemos para defender el estado de derecho y éste no solamente se sostiene en las leyes, sino en la voluntad de aplicar esas leyes. Sin embargo, quedaría solamente en un vacío de retórica si a esa decisión no la acompañamos de la voluntad de crear los instrumentos que permitan el estado de derecho, precisamente, aplicar la ley, perseguir al delito y castigar a los delincuentes.

Congruentes con esta decisión, el 13 de diciembre aprobamos en esta soberanía y fue voluntad de esta soberanía aprobar la creación de la Policía Federal Preventiva. Se han señalado imputaciones a esta institución, mencionando que es anticonstitucional porque usurpa competencia del Ministerio Público en la investigación y persecución del delito. Se ha señalado que es una policía política. Se ha señalado que ha tenido una actuación arbitraria por cometer una serie de felonías, que se han mencionado aquí. Se ha señalado también que de ninguna forma se justifica la incorporación en esta policía de miembros del Ejército mexicano.

Esas imputaciones son totalmente infundadas. Pretendidamente se establece que la inconstitucionalidad y anticonstitucionalidad de esta policía se debe a que al señalar en el artículo 4o. del instrumento que lo crea, publicado el 4 de enero de este año en el Diario Oficial, establece que esta policía será un instrumento que auxilie a las autoridades competentes en la investigación y persecución de los delitos.

No viola el artículo 21 constitucional, porque en el artículo 21 constitucional se establece, de una manera específica pero no general, que el Ministerio Público será quien ejercite la acción penal y quien cuente para esta acción penal y para la investigación de los delitos con una policía que estará bajo su mando. Pero de ninguna forma se establece que exista un monopolio del ejercicio de la acción penal y tan es así que en las reformas que hicimos también en 1994 se determinó que precisamente la acción penal al no ser monopolio del Ministerio Público, queda sujeta incluso a impugnaciones de los particulares cuando éstos se sientan lesionados porque el Ministerio Público o no ha ejercitado la acción penal o ha decidido a través de una determinación no continuar con el ejercicio de la acción penal.

La acción penal no es pues un monopolio exclusivo del Ministerio Público. Y así como el Ministerio Público tiene la facultad y tiene desde el punto de vista funcional y operativo la necesidad de contar con auxiliares de éste, así, congruente y atento a la legalidad de este punto, se establece un instrumento como puede ser la policía de cada uno de los estados, la Policía Preventiva que auxilia al Ministerio Público. Pero quien dirige, quien conduce, quien orienta la investigación en el ejercicio de la acción penal es indiscutiblemente el Ministerio Público.

Si nosotros hubiésemos dado a la Policía Federal Preventiva facultades para investigar, para conducir, para orientar la investigación, ahí sí estaríamos ante una franca violación anticonstitucional. Pero le estamos dando a la Policía Federal lo que tienen otras instituciones policiacas: el auxilio, cuando así lo solicite el Ministerio Público, en funciones que son propias del Ministerio Público. No existe, pues, esta usurpación pretendidamente que se señala aquí.

Por otra parte, tampoco se trata de una policía política. En ninguna de las fracciones de las que se señalan en el artículo 4o. se establece facultad alguna que presuma alguna injerencia en términos o en actividades políticas e incluso existe en el artículo 12 una serie de prohibiciones que nosotros los legisladores les pusimos como una serie de controles.

Quiero recordarles y ustedes deberán de hacerlo y tener muy presente, que esta iniciativa que vino del Ejecutivo ha sido una de las iniciativas que tuvo el mayor número de modificaciones tanto en el Senado de la República como en esta Cámara, por una serie de propuestas que a nuestro juicio las considerábamos pertinentes para evitar crear una acción que pudiera quedar al arbitrio o a la discrecionalidad.

Las felonías que supuestamente se señalan nosotros estamos en una total y una franca contradicción, porque los hechos revelan que la actuación de la Policía Preventiva en apenas estos 11 meses ha sido determinante. Gracias a la actuación, a la coordinación que han tenido en todos los casos para someterse a peticiones de las autoridades estatales y municipales, se ha logrado en este corto plazo una atención a delitos como el secuestro, en donde han logrado intervenir en 73 secuestros, lográndose en ellos en muchos casos liberación de las víctimas y el aseguramiento de los inculpados.

Se han destruido o se han desarticulado y asegurado bandas tan peligrosas como la banda de José Luis Sánchez Canchola, conocida como "Los jarochos"; la banda de "La víbora" y de Andrés Caletri; se ha logrado salvaguardar los intereses y bienes de personas en algo que les compete, que es la protección de las carreteras. No nos extrañe que tenga retenes la Policía Federal Preventiva, para eso, ésa es una de las finalidades y precisamente porque no queremos que esté el Ejército cuidando las carreteras es que necesitamos preparar a la policía que realmente venga a sustituir esta función. Por eso es que estamos en una completa y una franca contradicción con lo que supuestamente señalan en una serie de actos que comentan son arbitrarios.

En materia de armas de fuego hemos tenido un aseguramiento muy significativo para lograr una de las finalidades, que es desarticular y quitarles los elementos que sirven a la delincuencia organizada.

Se ha mencionado también que la Policía Federal Preventiva usurpa funciones a los municipios. El artículo 21 constitucional cuando establece la función que tiene el Estado para desarrollar la seguridad pública se la señala a los municipios, a la Federación y a los estados y con ello se establece la coordinación.

Yo estoy de acuerdo con el diputado de Acción Nacional en que debemos de hacer una evaluación. Precisamente en la Comisión de Justicia hemos llevado y hemos presentado un punto de acuerdo para que sean los funcionarios responsables de esta institución, como es el subsecretario, el comisionado, quienes presenten ante esta Comisión y que sea ella el instrumento para que lo conozca esta soberanía, los informes del avance de la actuación del desarrollo de esta Policía Federal Preventiva y estoy de acuerdo también en que establezcamos de manera legislativa a través de controles específicos la actuación para que esta policía quede circunscrita a los fines, los que nosotros determinamos, que es la salvaguarda de los intereses con un respeto a las libertades y a los intereses respetando los derechos humanos.

3070, 3071 y 3072

Quiero recordarle finalmente a mi amigo el diputado Francisco Reynoso cuando habla de que los militares no deben incorporarse a funciones de seguridad pública, que hay tesis jurisprudenciales que señalan que no se viola el artículo 129 constitucional cuando los militares se integran a actividades de seguridad pública, existen ya seis tesis relacionadas aprobadas por los 11 ministros del pleno de la Corte en el sentido de señalar que no es anticonstitucional la incorporación o el Ejército en funciones de seguridad pública.

Hoy aun cuando nosotros abonemos en discursos, en palabras o en imputaciones, tenemos una realidad, hemos creado un instrumento pertinente para la seguridad y ese instrumento debemos de fortalecerlo en el campo y en el respeto irrestricto al derecho.

Muchas gracias.

Gracias, diputado Sadot Sánchez Carreño.

Ha concluido el turno de oradores y con él el punto. A solicitud de los diversos grupos parlamentarios, esta mesa directiva acuerda trasladar los dos últimos puntos incluidos, en la agenda política para la próxima sesión.

Voy a solicitarle al Secretario se sirva leer el orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Martes 30 de noviembre de 1999.

Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, San Luis Potosí y Yucatán.

Comunicación de la Cámara de Senadores, con el que se remite acuerdo parlamentario relativo a la comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Informe de resultados de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y Empresas Filiales. (Conasupo.)

Iniciativas de diputados

Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Variedades Vegetales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Dionisio Alfredo Meade García de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio, fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Dictámenes

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos Alberto de Icaza González, César Jiménez López y Rubén García Llaguno, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confiere el gobierno de la República de Bolivia. (Discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Gerardo Garay Herrera, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 22 de noviembre.) (Discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jesús Benito Sánchez Martínez, Inocencio López Martínez, Edgar Sandoval González, Eulalio de los Santos González, Herminio Alvarez Flores, Joel del Carmen Ibáñez y Carlos Martínez Rojas, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua. (Discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Norberto Sandoval Toledo, Ramón Castillo Rubio, Alberto Vázquez Daniel, Eleuterio Luna Valente, Julio César de los Santos Vicente, Saúl Correa Pérez, David Bolaños Cruz, Eliseo Marcos Cornelio, Eloy López Santiago, Enedelio Albañil Osto, Fiacaro Villanueva del Carmen y Juan Arnulfo Hernández, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 23 de noviembre.) (Discusión y votación).

Agenda política

Comentarios sobre los créditos reportables entregados por el IPAB en su primera etapa, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado.)

Comentarios sobre el proceso electoral del pasado 14 de noviembre, en el Estado de Hidalgo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Debate pactado.)

Comentarios sobre las peticiones de los productores que vienen en cabalgata, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la situación política en Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Debate pactado.)

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 30 de noviembre, a las 10:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

  3073, 3074, 3075 y 3076