DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Francisco José Paoli  Bolio

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO III                           México, D.F., miércoles 22 de marzo de 2000                        No.4

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

69

ORDEN DEL DIA 69
ACTA DE LA SESION ANTERIOR 70
HORARIO DE VERANO 73
Comunicaciones de los diputados: Ramón Corral Avila, Javier Corral Jurado y Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, para separarse de sus cargos. Aprobados los puntos de acuerdo respectivos. 73
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA 73
Comunicaciones de los diputados: Ramón Corral Avila, Javier Corral Jurado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, para separarse de sus cargos. Aprobados los puntos de acuerso respectivos. 73
DIPUTADO QUE SE REINCORPORA 75
Comunicación del diputado Israel Hurtado Acosta, con la que informa del término de su licencia. De enterado. 75
CAMARA DE SENADORES 75
Oficio de la colegisladora, con la que informa del inicio de sus trabajos dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año deejercicio. De enterado. 75
COMISIONES DE TRABAJO 75
Cuatro comunicaciones sobre cambios en las mesas directivas del Comité de Administración y las comisiones: especial de seguimiento en torno a las atentados en contra de los ciudadanos  Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu; Turismo y Educación, con miembros de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente. Aprobadas. 75
Dos comunicaciones del secretario General, con las que informa de cambios en la integraciooón de las comisiones de Asuntos Hidráulicos y de la especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos en el proceso electoral del año 2000, con miembros de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente. De enterado. 77
MEDIOS ELECTRONICOS 78
El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos presenta iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la republica en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Civiles; del Código de Comercio y de la Ley Federal de PRotección al Consumidor, sobre concedeer efectos jurídicos, validez y fuerza probatoria a la información que conste en medios electrónicos así como proteger a los consumidores. Se turna a la Comisión de Comercio, con opinión de la Distribución y Manejo  Consumo y Servicios. 78
AHORRO Y PRESTAMO POPULAR 88
La diputada Lourdes Angelina Muñoz Fernández, presenta iniciativa de reformas a las leyes: General de Sociedades Cooperativas y General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 88
DELITOS INFORMATICOS 98
El diputado Francisco Suárez Tánori presenta iniciativa que reforma al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, respecto a dichos delitos. Se turna a las comisiones de Justicia y de Comunicaciones y Transportes 98
MEDIOS ELECTRONICOS -AHORRO Y PRESTAMO POPULAR 102
El Presidente rectifica el turno dado a las iniciativas presentadas previamente y turna la correspondiente al diputado Oceguera Ramos a la Comisión de Justicia y de Comercio con opinión de la Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios y la de la diputada Muñoz Fernández a la de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión de Fomento Cooperativo. 102
INFORMACIÓN 102
El diputado Ramón María Nava gonzález presenta iniciativa de reformas a los artículos 6o.,73, 89, 115, 116 y 122 de la Constitición Política de los Estados Unidos   Mexiacnos, respecto al derecho a la información. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 102
AGUAS NACIONALES 105
El diputado Héctor Francisco Castañeda Jiménez presenta iniciativa de reformas a los artículos 27 y 73 de la Constitución Politica de los Estados  Unidos Mexicanos. Se truna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 105
LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 107
Dictam,en de las comisiones unidas de Educación y de Cultura, con proyecto de dicha ley. Se les dispensa la segunda lectura. 107
Expresan la opinión de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: 113
Ricardo Cantú Garza 113
Luis David Gálvez Gasca 114
María Beatriz Zavala Peniche 116
Francisco Agustín Arroyo Vieyra 118
Salvador Moctezuma Andrade 119
Suficientemente discutido el dictamen, es aprobado. Se turna a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.
120
NARCOTRAFICO 120
La diputada María Guadalupe Sánchez Martínez propone la creación de una Comisión Especial que evalúe el desempeño que la creación de una Comisión Especial que evalúe el desempeño que la Procuraduría General da la Républica ha tenido en la lucha contra el narcotráfico en el Estado de Michoacan e informe al Pleno. Se turna a la Junta de Coordinación Política. 120
CAFE 122
El diputado Luis Meneses Murillo presenta punto de acuerdo sobre cafeticultores. Se turna a las comisiones de Comercio y de Agricultura. 122
REGISTRO PUBLICO NACIONAL SINDICAL 123
El diputado Javier PAz Zarza solicita excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a fin de que dictamine sobre la inicativa presentada el 30 de agosto de 1999, con reformas a los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de constituir dicho registro. 123
El Vicepresidente realiza la excitativa y pone como plazo 10 días para la presentación del distamen. 125
CAFE(II) 125
Presenta excitativa a la Comisión de Agricultura el Diputado Agapito Hernández Oaxaca, para que se dictamine la iniciativa presentada en relación con el ramo del café, el 18 de noviembre de 1999, que crea el Instituto Mexicano del Café. 125
El Vicepresidente realiza le excitativa y pone como plazo 10 días para la presentación del dictamen. 129
INSTITUTO DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 129
Comentar sobre la lista de deudores de dicho Instituto, los diputados: 129
Alfonso Ramíres Cuéllar 129
Santiago Gustavo Pedro Cortés 131
Humberto Treviño Landois 133
Omar Alvarez Arronte 134
En el segundo turno de oradores, se otorga el uso de la palabra a los diputados: 138
María de los Dolores Padierna Luna 138
Juan José Rodríguez Prats 140
Miguel Antonio Rubiano Reyna 141
Para rectificar hechos, el diputado Arturo Saiz Calderón García 143
JUBILADOS FERROCARRILEROS 144
Se refieren a los jubilados ferrocarrileros  antes de 1982, los diputados: 144
María del Socorro Aubry Orozco 144
Javier Paz Zarza 146
Víctor Manuel López Balbuena 147
ORDEN DEL DIA 149
De la próxima sesión 149
CLAUSURA Y CITATORIO 149
RESUMEN DE TRABAJOS 150

DIARIO de los DEBATES

Año lll  No.4            SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS           MARZO 22, 2000

 

Presidencia del diputado
Francisco José Paoli y Bolio

ASISTENCIA

El Presidente

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 323 diputados.

Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.

El Presidente (a las 11:33 horas) :

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 22 de marzo de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del gobernador del Estado de Jalisco.

De diputados.

De la Cámara de Senadores, informa que dio inicio al segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional de la LVII Legislatura, que funcionará del 16 de marzo al 30 de abril.
De la Junta de Coordinación Política. (Cambio de integrantes de mesas directivas de comisiones.) (Votación.)

De la Junta de Coordinación Política. (Cambios de integrantes de comisiones.)

Iniciativas de diputados

De reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Rafael Oceguera Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Que reforma los artículos 26 y 87 y deroga el 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y reforma los artículos 38-D, 51-B y 78 y adiciona un artículo 95-bis, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, a cargo de la diputada Angelina Muñoz Fernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

De reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, (delitos informáticos), a cargo del diputado Francisco Suárez Tánori, a nombre de varios integrantes de los diversos grupos parlamentarios que integran la LVII Legislatura. (Turno a comisión.)

De reformas y adiciones a los artículos 6o., 73, 89, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón María Nava González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De adiciones al párrafo quinto del artículo 27 y la fracción II al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor F. Castañeda, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Dictamen a discusión

De las comisiones unidas de Educación y Cultura, con proyecto de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 17 de marzo, dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Proposiciones

Para la creación de una comisión especial que evalúe el desempeño que la Procuraduría General de la República ha tenido en la lucha contra el narcotráfico, en el Estado de Michoacán e informe al pleno, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Martínez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre cafeticultores, a cargo del diputado Luis Meneses Murillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Excitativas

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a cargo del diputado Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

A la Comisión de Agricultura, a cargo del diputado Agapito Hernández Oaxaca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Agenda política

Comentarios sobre la lista del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre los desvíos de recursos públicos federales, a favor de candidatos perredistas en el Estado de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre los jubilados ferrocarrileros antes de 1982, a cargo de la diputada Socorro Aubry Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ya le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ya les ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día jueves dieciséis de marzo de dos mil, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

Presidencia del diputado
Francisco José Paoli y Bolio

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y dos minutos del jueves dieciséis de marzo de dos mil, con la asistencia de trescientos dieciséis diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.

Dos invitaciones del Instituto de Cultura de la Ciudad de México:

A la ceremonia cívica conmemorativa con motivo del sexagésimo segundo aniversario de la Expropiación Petrolera.

A la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo nonagésimo cuarto aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, licenciado Benito Juárez García.

En ambos casos se designa una comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Comunicación del diputado Arturo Núñez Jiménez, solicitando licencia para separarse de su encargo.

Debaten sobre la solicitud, los diputados: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, en contra y propone un punto de acuerdo; Francisco Javier Morales Aceves, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucio nario Institucional, para rectificar hechos y responde a una interpelación del diputado Rodríguez Prats.

La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto y en relación con el punto de acuerdo presentado por el diputado Rodríguez Prats, conforme al artículo sesenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente rechaza la proposición e informa que a las puertas del salón se encuentra la ciudadana Martha Victoria Andrade Alcocer, electa como suplente en el sexto distrito electoral federal del Estado de Tabasco y designa una comisión que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta como diputada federal.

Terminado el acto protocolario, la diputada Andrade Alcocer toma posesión de su encargo de inmediato.

Se da cuenta con la comunicación del diputado Juan Marcos Gutiérrez González, informando de su reincorporación a las labores legislativas. Se le da por reincorporado.

Cinco oficios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con los que informa que los diputados:

Francisco Alberto Rabelo Cupido, Jorge Canedo Vargas, Mauricio Alejandro Rossell Abitia, Marcos Augusto Bucio Mújica y Francisco Javier Reynoso Nuño, se reincorporan a las labores legislativas. De enterado.

Otro de la Comisión Permanente, con el que remite el informe de actividades del primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso de la Unión. De enterado.

Diversas comunicaciones de la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con los que informa de cambios en la integración de las comisiones legislativas. La Asamblea aprueba los que se refieren a cambios en las mesas directivas y de enterado, según corresponde.

Desde sus respectivas curules, solicitan presentar sendas iniciativas, los diputados: Gil Rafael Oceguera Ramos, Angelina Muñoz y Francisco Suárez Tánori.

El Presidente explica los procedimientos aceptados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento para el Gobierno Interior, instruye a la Secretaría para que los textos se publiquen en la Gaceta Parlamentaria y se registren para el orden del día de la próxima sesión.

Se somete a discusión un dictamen de las comisiones unidas de Turismo y de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto que reforma diversos ordenamientos de la Ley Federal de Turismo.

Expresan las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Francisco Vera González, del Partido Acción Nacional;

Vicepresidencia del diputado
Luis Meneses Murillo

Roselia Margarita Barajas Olea, del Partido de la Revolución Democrática y Blanca Rosa García Galván, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y dos votos en pro y ninguno en contra. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.

Comenta el Día del Artesano, el diputado José Antonio Alvarez Hernández del Partido Acción Nacional, por la comisión.

69, 70 y 71

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las trece horas con cuarenta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles veintidós de marzo de dos mil a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

HORARIO DE VERANO

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Jalisco.- Poder Ejecutivo.

Ciudadano diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 50 fracciones X, XIX y XXIII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 20, 22 fracciones IV y XXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, tengo a bien manifestarles lo siguiente:

Con motivo de los diferentes puntos de vista y opiniones que se han vertido con relación al establecimiento del "Horario de Verano", han sido llevadas a cabo diversas sesiones de consulta con la participación de los distintos sectores sociales de esta entidad.

Del análisis resultante ha quedado de manifiesto que existe efectivamente un ahorro importante y significativo de energía y se ha constatado que constituye un factor que propicia la competitividad de las empresas, aunque no existe ningún ahorro directo en el consumo de energía eléctrica de la población en general y lo aprecian así en sus recibos de la CFE.

Sin embargo, se ha señalado asimismo por grupos de padres de familia, amas de casa y educadores, que se perciben también problemas de adaptación al nuevo horario, molestias de diversa naturaleza y dificultades en algunos otros aspectos, lo cual debe también de ser tomado muy en cuenta si se atiende a la importancia que debe concederse al aspecto humano de todo programa de gobierno. Se trata en el fondo de darle un rostro humano a la economía.

Por ello, el pasado mes de septiembre de 1999 envié atento oficio al ciudadano Luis Téllez Kuenzler, secretario de Energía, en donde propuse, buscando armonizar los aspectos económicos con los estrictamente humanos, el que mediante decreto del Presidente de la República, se establezca para el Estado de Jalisco que el Horario de Verano se inicie el primer domingo de mayo y concluya el último domingo de septiembre. Asimismo y para el caso no deseado de que no fuera posible establecer dicho cambio, solicité que en el Estado de Jalisco no opere el Horario de Verano, pues a pesar de los ahorros de energía existe una mayoritaria oposición de la población.

Buscando una alternativa que permita ahondar aún más en el problema, se convocó a un Foro Nacional sobre el Horario de Verano, cuya celebración propiciamos aquí en Guadalajara los días 17 y 18 de febrero pasado, con la finalidad de interiorizarnos sobre la materia, evitando así decisiones apresuradas y carentes de sustento, situación que pudieron comprobar personalmente los miembros de la Comisión de Energéticos de ese Congreso de la Unión y funcionarios de la Secretaría de Energía.

Decantadas a conciencia las opiniones y ponencias presentadas en ese foro, hacemos llegar a esa representación popular, nuestra proposición que contiene dos opciones igualmente viables:

A) La primera es que nuestra sociedad acepta el "Horario de Verano", pero con base en los husos horarios fijados en la conferencia de Washington signada por México y que liga a Jalisco al meridiano 105, por lo que durante el llamado "Horario de Verano" nos regiría el huso horario del meridiano 90, y el resto del año el correspondiente al 105.

En ese sentido abundaron diputados de las 10 legislaturas estatales presentes, además de la de Jalisco.

B) La segunda opción, bastante menos aceptada por nuestra sociedad, pero que al menos reconcilia posturas antagónicas, mientras se procura un consenso nacional a través de un plebiscito, consulta pública o figura jurídica semejante, es la presentada el pasado mes de septiembre al Secretario de Energía en el sentido de recortar a sólo cinco meses el llamado "Horario de Verano", que de esa manera se iniciaría el primer domingo de mayo, para finalizar el último domingo de septiembre.

Agradeciendo de antemano la atención y estudio que se sirva conceder a las proposiciones que anteceden, reitero a usted la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

"2000, Año de la Familia en Jalisco."

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara Jalisco, 7 de marzo de 2000.- El gobernador constitucional del Estado de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Energéticos.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Se va a dar lectura a la solicitud de licencia del diputado Ramón Corral Avila.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por medio de la presente solicitud y con fundamento en los artículos 62 y 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle tenga a bien proponer al pleno de la Cámara de Diputados que usted preside, mi solicitud de licencia al cargo de diputado federal a la LVII Legislatura; a partir del día 28 de marzo del presente año y por tiempo indefinido, asimismo, se llame a mi suplente la licenciada María Cristina Moreno Salido, para los efectos legales conducentes.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente.

México, D.F., 15 de marzo de 2000.- Diputado federal, Ramón Corral Avila.»

El Presidente:

En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ramón Corral Avila, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir del 28 de marzo.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados.

«Ciudadano diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

El suscrito, en mi carácter de diputado federal a la LVII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62, 63 y 58 fracción VIII de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted, se sirva realizar los trámites necesarios a fin de que me sea otorgada licencia del periodo comprendido del 22 de marzo al 30 de abril del presente, para separarme del cargo que ostento. Lo anterior debido a que por razones de índole personal así conviene a mis intereses.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 15 de marzo de 2000.- Diputado Javier Corral Jurado.»

El Presidente:

En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia al diputado Javier Corral Jurado, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, del 22 de marzo al 30 de abril.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto, me permito solicitarle que tenga a bien someter al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido de mi cargo como diputado federal por el Partido Acción Nacional, por motivos de índole personal. Los cuáles me imposibilitan el ejercer la función pública legislativa que he venido desempeñando dentro de la actual legislatura.

Sin más por el momento, espero mi solicitud sea proveída de conformidad a derecho, reciba mis atentos saludos.

Atentamente.

México, D.F., a 22 de marzo de 2000.- Diputado federal Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.»

El PResidente:

En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados.

72, 73 y 74

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta se considere la reincorporación del suscrito como integrante de la Cámara de Diputados a la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en virtud de mi calidad como diputado federal propietario del distrito VII federal de Nuevo León y en sustitución del diputado federal suplente en funciones Juan Carlos Ruiz García.

Le suplico se le otorgue el trámite correspondiente a la presente solicitud. Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente solicitud.

Atentamente.

México, D.F., a 22 de marzo de 2000.-Israel Hurtado Acosta.»

El Presidente:

De enterado.

CAMARA DE SENADORES

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de esa colegisladora, me permito comunicar a ustedes, que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, dio inicio el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional de la LVII Legislatura, que funcionará del 16 de marzo al 30 de abril del actual.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 16 de marzo de 2000.- Senador Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones.»

De enterado.

COMISIONES DE TRABAJO

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Ciudadano diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el diputado Jaime Hugo Talancón Escobedo ingresará como secretario en el Comité de Administración por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sustitución del diputado Enrique González Isunza.

Atentamente.

México, D.F., a 20 de marzo de 2000.- Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del PRI.»

En votación económica se pregunta si se aprueban las proposiciones.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de Junta de Coordinación Política.- Presente.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento las siguientes sustituciones de diputados priístas en la presidencia y secretaría de la comisión especial de seguimiento en torno a los atentados en contra de los ciudadanos Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu:

José Ignacio Martínez Tadeo presidente, sustituye a Manuel González Espinoza.

Héctor Mayer Soto secretario, sustituye a José Ignacio Martínez Tadeo.

Atentamente.

México, D.F., a 20 de marzo de 2000.- Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del PRI.»

En votación económica se pregunta si se aprueban las proposiciones.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobadas.

El secretario Francisco Javier Loyo Ramos:

«Ciudadano diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, adjunto al presente oficio de fecha 3 de marzo del año en curso, suscrito por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que solicita el siguiente cambio en la junta directiva de la Comisión de Turismo:

Que el diputado Mario Guillermo Haro Rodríguez sustituya a la diputada Gloria Ocampo Aranda.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 16 de marzo de 2000.- Secretaría General.- Licenciado José Fernando González Salas secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar el siguiente cambio en la Comisión de Turismo, en el cargo de secretario.

Sale la diputada Gloria Ocampo Aranda y entra el diputado Mario Guillermo Haro Rodríguez.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

México, D.F., a 16 de marzo de 2000.- Diputado federal, Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN.»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.

«Ciudadano diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, adjunto al presente oficio de fecha 3 de marzo del año en curso, suscrito por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que solicita el siguiente cambio en la secretaría de la Comisión de Educación:

Que el diputado Pablo Gutiérrez Jiménez sustituya al diputado José Ricardo Fernández Candia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 16 de marzo de 2000.- Secretaría General.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar el siguiente cambio en la Comisión de Educación en el cargo de secretario.

Sale el diputado José Ricardo Fernández Candia y entra el diputado Pablo Gutiérrez Jiménez.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

México, D.F., a 15 de marzo de 2000.- Diputado Fortunato Alvarez Enríquez.»

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.

Ciudadano diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, adjunto al presente oficio de fecha 3 de marzo del año en curso, suscrito por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que solicita el siguiente cambio en la Comisión de Asuntos Hidráulicos:

Que el diputado Alberto Ulloa Godínez sustituya al diputado Luis Fernando González Corona.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 16 de marzo de 2000.- José Fernando Franco González Salas, secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar el siguiente cambio en la Comisión de Asuntos Hidráulicos.

Que el diputado Alberto Ulloa Godínez sustituye al diputado Luis Fernando González Corona.

75, 76 y 77

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

México, D.F., a 16 de marzo de 2000.- Diputado federal, Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN.»

De enterado.

«Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, adjunto al presente oficio de fecha 3 de marzo del año en curso, suscrito por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el que solicita el siguiente cambio en la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000:

Que la diputada Cristina Portillo Ayala sustituya a la diputada Clara Marina Brugada Molina.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 16 de marzo de 2000.- Secretaría General.- Licenciado, José Fernando Franco González Salas, secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar el siguiente cambio en la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000.

La diputada Cristina Portillo Ayala sustituya a la diputada Clara Marina Brugada Molina.

Atentamente.

México, D.F., a 16 de marzo de 2000.- Diputado, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador general.»

De enterado.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, señor Secretario.

MEDIOS ELECTRONICOS

El Presidente:

Pasamos al capítulo de iniciativas de los diputados.

Tiene la palabra el diputado Gil Rafael Oceguera Ramos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a hacer uso de mi derecho establecido en el artículo 72 de la Constitución General de la República, a presentar una iniciativa que tiene por objeto modificar, reformar y adicionar distinta legislación en materia civil, en materia de procedimientos civiles y también en materia de protección al consumidor.

Es una realidad que no podemos soslayar que el mundo vive actualmente una nueva revolución tecnológica. Esta nueva revolución tecnológica ha modificado de manera sustancial los hábitos y las costumbres de las sociedades y de las naciones.

A partir de la presencia de los sistemas de información, de las redes de información electrónicas, de la Internet...

El Presidente:

Permítame diputado. Vamos a rogar a los señores diputados que tomen sus asientos y se sirvan prestar atención a la presentación de esta iniciativa.

Continúe diputado Oceguera.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos:

Actualmente es más clara la perspectiva de la nueva revolución tecnológica que enfrentamos e importantes avances en la electrónica han transformado la forma en que las sociedades trabajan, aprenden y se comunican entre sí. Las redes de información no sólo han transformado los hábitos de las sociedades sino han transformado también el modus operandi de las empresas.

Cada vez es mayor la evidencia internacional de cómo las tecnologías de la información contribuyen a mejorar la productividad de las empresas. Así, podemos afirmar que el comercio electrónico es un elemento que permitirá al sector productivo de nuestro país aprovechar la revolución informática actual, pues representa una poderosa estrategia para impulsar la competitividad y eficiencia de las empresas mexicanas de todos tamaños. Sin embargo, constituye un enorme reto para el sector empresarial de nuestro país, para los empresarios mexicanos, el competir exitosamente en los mercados globales utilizando las herramientas tecnológicas más convenientes.

En 1997, les doy este dato compañeras y compañeros, diputadas y diputados, en nuestro país había 3 millones 500 mil computadoras y se espera que en 1999 la cifra supere los 4.millones 200 mil. Si estas proyecciones han sido atinadas, podemos decir que en el país existen ya funcionando 4 millones 200 mil computadoras, mientras que los usuarios de Internet se estima que ya están por arriba de los 2 millones 200 mil en este año, es decir, ha habido un crecimiento de un 65% y este crecimiento es una de las tasas de más alto nivel en el plan internacional. Luego entonces, las empresas mexicanas han comenzado a modernizarse.

El 70% de las operaciones de comercio electrónico en México se realizan en el segmento empresa-empresa. En México se estima también que hay más de 4 mil empresas que han incorporado a sus operaciones transacciones a través de medios electrónicos. La mayoría de estas empresas utilizan el intercambio electrónico de datos (EDI) y muy pocas realizan transacciones a través de Internet.

El Gobierno también juega en este proceso un papel importante en la tarea de promoción y desarrollo en el uso de la informática para mejorar el servicio a los usuarios. La utilización de sistemas electrónicos e informáticos que hagan más eficientes las relaciones entre gobierno-empresas y ciudadanía en general, tiene un impacto positivo en la economía del país. En ese sentido, las dependencias gubernamentales trabajan para ofrecer mejores servicios a través de diferentes sistemas que están al servicio de los empresarios y entre los que destacan: el Sistema de Compras Gubernamentales, Compranet; el Sistema de Información Empresarial, Siem; el Sistema de Modernización Registral, Siger; el Sistema de Comercialización, Precios y Promoción Interna, Sicomepipi y próximamente el Registro Nacional de Vehículos, Renave.

Frente a este hecho tendríamos que destacar lo siguiente. La legislación mexicana que está vigente, se limita a prever como únicos medios para contratar entre personas no presentes, al correo y al telégrafo. A la luz de tal disposición las partes de un contrato pueden acordar como mecanismo para dar el consentimiento, el uso de medios electrónicos, previa celebración de un contrato marco por escrito, a fin de evitar la repudiación o la violación de las obligaciones contraídas por las partes. Sin embargo, el uso de los medios electrónicos estaría limitado a lo exclusivamente previsto en el contrato marco, habida cuenta -insisto-, que en el Código Civil, que en el Código de Procedimientos Civiles, no existe ninguna disposición que constituya el marco para realizar transacciones comerciales vía Internet o vía electrónica. Entonces habría necesidad y ésa es la razón de que yo presente esta iniciativa a la consideración de ustedes, integrantes de este pleno, para adicionar o celebrar un nuevo..., para cualquier modalidad de las obligaciones originalmente contraídas, realizar un conjunto de reformas.

En términos generales -insisto-, la legislación actual no reconoce al uso de los medios electrónicos de manera universal y en caso de un litigio -aquí en esta Asamblea hay muy buenos abogados-, el juez o el tribunal competente tendrán que allegarse de medios de prueba indirectos para determinar que una operación realizada por medios electrónicos es válida o no es válida. Esta situación ha originado que empresas frenen sus inversiones orientadas a realizar transacciones por medios electrónicos, debido a la incertidumbre legal en caso de que se den las controversias entre las partes.

A nivel internacional se han hecho importantes esfuerzos jurídicos por regular lo que se ha denominado "comercio electrónico" por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, la cual elaboró y ha sido la Ley Modelo o la ley tipo que se recomienda para que las naciones soberanamente puedan legislar en la materia, se trata de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico propuesta por Naciones Unidas a todos los estados del mundo, como guía para establecer o fortalecer la legislación que rige el uso de métodos de comunicación y almacenamiento de información sustitutivos del papel y con ello dar valor jurídico a la utilización de esos medios digitales.

Adicionalmente deben apreciarse los avances logrados en otros ámbitos como es el ámbito financiero y en general el ámbito común para que se reconozca la utilización de medios electrónicos como una forma de manifestación de la voluntad de empresas y particulares para contraer obligaciones.

Por lo anterior, la presente iniciativa que me estoy permitiendo poner a la consideración de ustedes compañeros representantes populares, ha considerado que el Sistema Jurídico Mexicano debe incluir las menciones necesarias para aprovechar los avances logrados no sólo en el ámbito comercial sino también en otros campos para que pueda lograrse una interacción en todos esos campos y los considere en su conjunto y no de manera aislada.

Es necesario dar valor probatorio al uso de medios electrónicos en los procesos administrativos y judiciales también sin que quede al arbitrio del juez o considerar su validez probatoria en caso de controversia debido a una ausencia de regulación expresa como es el caso.

Por lo anterior, se considera conveniente adecuar el marco jurídico mexicano a través de esta iniciativa para lograr tres objetivos que consideramos fundamentales:

Primero. Dar seguridad jurídica al uso de medios electrónicos;

Segundo. Facilitar las transacciones por estos medios, los medios digitales o los medios electrónicos y

Tercero. Lograr la interacción global e integral de los campos en que se utilizan los medios electrónicos.

Es por lo expuesto que resulta necesario y por demás importante, sentar las bases legales, lo suficientemente flexibles para lograr los objetivos anteriormente mencionados, lograrlos de una manera genérica que no sea superada por los nuevos avances tecnológicos que en un futuro nos alcancen, los cuales en todo caso estarán previstos en lo estrictamente indispensable en un nivel normativo inferior.

¿Qué se propone en materia de Código Civil? Resulta necesario reconocer la posibilidad de que las partes puedan externar su voluntad o solicitar algún bien o servicio mediante la Intranet o mediante el uso de medios electrónicos e incluso dar validez jurídica al uso de medios de identificación electrónica también.

Asimismo, se requiere actualizar este instrumento, el Código Civil, para actualizar los alcances de la legislación civil vigente en lo relativo a los actos que requieren de la forma escrita otorgada ante un fedatario público y que bien pueden conservar e incluso fortalecer la seguridad jurídica en beneficio de los obligados si se utilizan los medios electrónicos ópticos o cualquier otra tecnología conforme a un procedimiento claro y particularmente descriptivo que acredite la atribución de información a una persona y asegure que ésta será susceptible de consulta posterior.

78, 79 y 80

Lo anterior entonces hace indispensable determinar con claridad el ordenamiento civil aplicable en materia federal por lo cual estoy proponiendo adecuar la denominación del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, por la de Código Civil Federal en estricto apego al precepto constitucional que otorga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal competencia para legislar en materia civil para esa entidad federativa.

Por lo que hace al Código Federal de Procedimientos Civiles, estoy proponiendo una adición con el fin de conceder efectos jurídicos, validez y fuerza probatoria a la información que conste en medios electrónicos y con ello se reconocerán efectos jurídicos a las obligaciones que de conformidad con el Código Civil, contraigan las partes mediante el uso, insisto, de los medios electrónicos o de la Intranet.

Por lo que hace al Código de Comercio, con la iniciativa que estoy presentando se propone una amplia reforma al texto que nos está rigiendo con lo cual se conseguiría una legislación mercantil innovadora y al día en aspectos informáticos y con ello se concedería la posibilidad de que los comerciantes puedan ofertar bienes o servicios a través de medios electrónicos y también podrán conservar la información que por ley deben llevar mediante medios electrónicos y con ello se abriría un título de "obligaciones mercantiles" y con ello retomaríamos los conceptos manejados por el derecho común, pero aplicados a actos de comercio.

Por otra parte, también si bien debe reconocerse la necesidad de contar con un marco jurídico que reconozca el uso de medios electrónicos, también dicho marco no debe olvidar la protección del consumidor en el uso de estos medios electrónicos al momento de consumir o de contratar bienes y servicios.

En tal virtud, esta iniciativa me lleva a proponer una adecuación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ordenamiento que en nuestro país tiene por objeto promover y proteger los derechos del consumidor para incorporar las disposiciones mínimas que aseguren los derechos básicos del consumidor en las operaciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología con base en los lineamientos emitidos por la OMC, (Organización Mundial del Comercio).

Dentro de este contexto, compañeras y compañeros diputadas y diputados, debe recordarse que en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), dentro de su comité de política del consumidor, se empezó a tratar el tema del comercio electrónico en 1996; en marzo de 1997, la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en marzo de 1997, celebró en París el Foro Internacional denominado caminos al mercado global, los consumidores y el comercio electrónico (What Ways of the Global Market the Consumers in Electronic Commerce...) al menos lo hablo mejor que Fox, ¿eh?.. En el que se reunieron expertos de Norteamérica, Europa y la región Asia-Pacífico para analizar, entre otros temas, el del comercio electrónico.

En mayo de 1997, hay que anotarlo, se conformó un grupo de trabajo para reelaborar una propuesta de lineamientos enfocados a la protección del consumidor en materia de comercio electrónico, que comprendiera los temas de privacidad, de jurisdicción legal y de protección al consumidor. Los objetivos de aquellos lineamientos serían: promover, éstos fueron los resultados de aquella conferencia, el desarrollo de iniciativas, como es el caso, constituir una referencia para los gobiernos en el desarrollo o actualización de leyes y mecanismos para la protección del consumidor. Su finalidad es desarrollar las características esenciales de una efectiva protección al consumidor en el comercio electrónico. A partir de entonces se han celebrado diversas reuniones, en las que México ha participado activamente.

Del contenido de los lineamientos surgidos de esos trabajos destaca que los proveedores deben y esto es muy importante, por eso promovemos la reforma de la Ley de Protección al Consumidor los consumidores, los proveedores, deben cumplir con cuatro criterios básicos:

Primero. Hacer sus ofrecimientos de manera transparente y equitativa, evitando engaños, fraudes, prácticas desleales o prácticas que pudieran dañar al consumidor.

Segundo. Respetar la decisión de los consumidores que no deseen recibir avisos comerciales por medios electrónicos.

Tercero. Cuidar las prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como es el caso de los niños, de los ancianos o de los enfermos y

Cuarto. Proporcionar información clara y accesible, de manera suficiente, que permita a los consumidores tomar una decisión con base en una información objetiva y no engañosa.

Por tanto, la propuesta integral de adecuación normativa que hoy estoy proponiendo a su consideración, comprende, como ya lo he dicho, la reforma y la adición al Código de Comercio, al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ordenamientos federales de observancia obligatoria en todo el país y es por ello que me he permitido, como está publicado ahora en la Gaceta, señor Presidente, proponer un proyecto de decreto cuyo artículo primero propone la modificación del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

En el artículo segundo del proyecto de decreto propongo se adicione el artículo 110 al Código Federal del Procedimientos Civiles.

En el artículo tercero del proyecto de decreto propongo que se adicione un título único al Libro Tercero del Código de Comercio, que se denominará "del comercio electrónico".

Este proyecto de decreto, señor Presidente, consta de tres artículos sustantivos y de dos artículos transitorios. Los transitorios proponen que el decreto, toda vez aprobado, entre en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el segundo transitorio propongo que las menciones que en otras disposiciones de carácter federal se hagan al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se entenderán referidas al Código Civil Federal.

Le pido amablemente, señor Presidente, se sirva usted dar turno a esta iniciativa a la Comisión de Comercio, con opinión de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y con la presentación de esta iniciativa invitamos a los hombres de empresa, a los comerciantes, a los profesionales, a los juristas, a la sociedad civil en términos generales, a pronunciarse en relación a esto, que constituye una proposición que, desde mi parecer, señor Presidente, es factible de ser dictaminada y aprobada en este mismo periodo de sesiones ordinarias, que concluye el próximo 30 de abril.

Es por el desarrollo del país; es por el bien de México y es por el progreso y la superación del género o de los mexicanos en lo general.

Gracias, señor Presidente.

«Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVII Legislatura, presento a consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de comercio electrónico, de conformidad con lo siguiente:

Actualmente es cada vez más clara la perspectiva de la "nueva" revolución tecnológica que enfrentamos. Importantes avances en la electrónica han transformando la forma en que las sociedades trabajan, aprenden y se comunican entre sí.

Las redes de información no sólo han transformado los hábitos de las sociedades, sino también la forma en como operan las empresas. Cada vez es mayor la evidencia internacional de cómo las tecnologías de la información contribuyen a mejorar la productividad de las empresas.

Así podemos afirmar que el comercio electrónico es un elemento que permitirá al sector productivo de nuestro país aprovechar la revolución informática actual pues representa una poderosa estrategia para impulsar la competitividad y eficiencia de las empresas mexicanas de todos tamaños; sin embargo, también constituye un enorme reto para el sector empresarial mexicano, el competir exitosamente en los mercados globales, utilizando las herramientas tecnológicas más convenientes.

En 1997 había en nuestro país cerca de 3 millones 500 mil computadoras y se espera que en 1999 la cifra supere los 4 millones, 200 mil mientras que los usuarios de Internet se estima que estarán por arriba de los 2 millones 200 mil en este año, es decir, un crecimiento del 65%, una de las tasas de crecimiento más alto a nivel internacional.

Las empresas mexicanas han comenzado a modernizarse: el 70% de las operaciones de comercio electrónico en México se realizan en el segmento empresa-empresa.

En México se estima que hay más de 4 mil empresas que han incorporado en sus operaciones transacciones a través de medios electrónicos. La mayoría de estas empresas utilizan el intercambio electrónico de datos (EDI) y muy pocas realizan transacciones a través de Internet.

El Gobierno también juega un papel importante en la tarea de promoción y desarrollo en el uso de la informática para mejorar el servicio a los usuarios. La utilización de sistemas informáticos que hagan más eficientes las relaciones entre Gobierno, empresas y ciudadanía en general tiene un impacto positivo en la economía del país.

En este sentido las dependencias gubernamentales trabajan para ofrecer mejores servicios, a través de diferentes sistemas que están al servicio de los empresarios y entre los que destacan: el Sistema de Compras Gubernamentales (Compranet), el Sistema de Información Empresarial (Siem), el Sistema de Modernización Registral (Siger), el Sistema de Comercialización, Precios y Promoción Interna (Sicomeppi) Y próximamente el Registro Nacional de Vehículos (Renave).

La legislación mexicana se limita a prever como únicos medios para contratar entre no presentes al correo y al telégrafo.

A la luz de tal disposición, las partes de un contrato pueden acordar como mecanismo para dar el consentimiento el uso de medios electrónicos, previa celebración de un contrato marco por escrito, a fin de evitar la repudiación o violación de las obligaciones contraídas por las partes; sin embargo, el uso de los medios electrónicos estaría limitado a lo exclusivamente previsto en el contrato marco y habría necesidad de adicionarlo o celebrar uno nuevo para cualquier modalidad de las obligaciones originalmente contraídas.

En términos generales la legislación actual no reconoce el uso de los medios electrónicos de manera universal y en caso de un litigio el juez o tribunal tendrán que allegarse de medios de prueba indirectos para determinar que una operación realizada por medios electrónicos es o no válida. Esta situación ha originado que empresas frenen sus inversiones orientadas a realizar transacciones por medios electrónicos, debido a la incertidumbre legal en caso de controversías.

A nivel internacional se han hecho importantes esfuerzos jurídicos por regular, lo que ha sido denominado "comercio electrónico", por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) la cual elaboró y ha sido la "Ley Modelo sobre Comercio Electrónico", propuesta a todos los estados como guía para establecer o fortalecer la legislación que rige el uso de métodos de comunicación y almacenamiento de información sustitutivos del papel y con ello dar valor jurídico a la utilización de estos medios digitales.

Adicionalmente deben apreciarse los avances logrados en otros ámbitos como el financiero y en general el ámbito común, para que se reconozca la utilización de medios electrónicos como una forma de manifestación de la voluntad de empresas y particulares para contraer obligaciones.

81, 82 y 83

Por lo anterior, la presente iniciativa ha considerado que el Sistema Jurídico Mexicano debe incluir las menciones necesarias para aprovechar los avances logrados no sólo en el ámbito comercial, sino también en otros campos, para que pueda lograrse una interacción en todos esos campos y los considere en su conjunto y no de manera aislada.

Es necesario dar valor probatorio al uso de medios electrónicos en los procesos administrativos y judiciales, sin que quede al arbitrio del juez considerar su validez probatoria en caso de controversia, debido a una ausencia de regulación expresa.

Por lo anterior, se considera conveniente adecuar el marco jurídico mexicano, para:

*Dar seguridad jurídica en el uso de medios electrónicos.

*Facilitar las transacciones por estos medios.

*Lograr la interacción global e integral de los campos en que se utilizan los medios electrónicos.

Es por lo expuesto, que resulta necesario y por demás importante sentar las bases legales lo suficientemente flexibles para lograr los objetivos mencionados, de una manera genérica que no sea superada por los nuevos avances tecnológicos que en un futuro se alcancen, los cuales en todo caso estarán previstos en lo estrictamente indispensable en un nivel normativo inferior.

En materia de Código Civil, resulta necesario reconocer la posibilidad de que las partes puedan externar su voluntad o policitar algún bien o servicio mediante el uso de medios electrónicos e incluso dar validez jurídica al uso de medios de identificación electrónica.

Asimismo se requiere actualizar los alcances de la legislación civil vigente en lo relativo a los actos que requieren de la forma escrita otorgada ante un fedatario público y que bien pueden conservar e incluso fortalecer la seguridad jurídica en beneficio de los obligados, si se utilizan medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, conforme a un procedimiento claro y particularmente descriptivo que acredite la atribución de información a una persona y asegure que ésta será susceptible de consulta posterior.

Lo anterior hace indispensable determinar con claridad al ordenamiento civil aplicable en materia federal, para lo cual se propone adecuar la denominación del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal por la de Código Civil Federal, en estricto apego al precepto constitucional que otorga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, competencia para legislar en materia civil para esa entidad federativa.

Con relación al Código Federal de Procedimientos Civiles, se propone una adición con el fin de conceder efectos jurídicos, validez y fuerza probatoria a la información que conste en medios electrónicos y con ello se reconocerán efectos jurídicos a las obligaciones que de conformidad con el Código Civil, contraigan las partes mediante el uso de medios electrónicos.

En lo que se refiere al Código de Comercio con la iniciativa que se presenta se hará una amplia reforma al texto vigente, con lo cual se conseguirá una legislación mercantil innovadora y al día en aspectos informáticos, con ello se concederá la posibilidad de que los comerciantes puedan ofertar bienes o servicios a través de medios electrónicos, también podrán conservar la información que por ley deben llevar mediante medios electrónicos, además de lo anterior se abrirá un título de obligaciones mercantiles que retome los conceptos manejados por el derecho común, pero aplicados a actos de comercio.

Por otra parte, si bien debe reconocerse la necesidad de contar con un marco jurídico que reconozca el uso de medios electrónicos, también dicho marco no debe olvidar la protección al consumidor en el uso de esos medios.

En tal virtud, la presente iniciativa propone una adecuación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ordenamiento que en nuestro país tiene por objeto promover y proteger los derechos del consumidor, para incorporar las disposiciones mínimas que aseguren los derechos básicos del consumidor en las operaciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, con base en los lineamientos emitidos por la (OMC).

Dentro de este contexto debe recordarse que en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dentro de su comité de política del consumidor, se empezó a tratar el tema del comercio electrónico en 1996. En marzo de 1997, celebró en París, el foro internacional denominado "caminos al mercado global: los consumidores y el comercio electrónico" (What Ways the Global Market in of Consumers the Electronic Commerce), en el que se reunieron expertos de Norteamérica, Europa y la región Asía-Pacífico, para analizar entre otros temas el del comercio electrónico.

En mayo de 1997 se conformó un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de lineamientos enfocados a la protección al consumidor en el comercio electrónico, que comprendiera los temas de privacidad, jurisdicción legal y protección al consumidor. Los objetivos de estos lineamientos serían promover el desarrollo de iniciativas, constituir una referencia para los gobiernos en el desarrollo o actualización de leyes y mecanismos para la protección del consumidor. Su finalidad es desarrollar las características esenciales de una efectiva protección al consumidor en el comercio electrónico. A partir de entonces se han celebrado diversas reuniones en las que México ha participado activamente.

Del contenido de los lineamientos surgidos de esos trabajos, destaca que los proveedores deben:

*Hacer sus ofrecimientos de manera transparente y equitativa, evitando engaños, fraudes, prácticas desleales o prácticas que pudieran dañar al consumidor.

*Respetar la decisión de los consumidores que no deseen recibir avisos comerciales por medios electrónicos.

*Cuidar las prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como niños, ancianos y enfermos.

*Proporcionar información clara y accesible de manera suficiente que permita a los consumidores tomar una decisión informada.

Por tanto, la propuesta integral de adecuación normativa que se propone, comprende la reforma y la adición al Código de Comercio; al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ordenamientos federales de observancia obligatoria en todo el país. Es por lo anteriormente expuesto que se presenta la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo primero. Se modifica la denominación del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y con ello se reforman sus artículos 1o., 1803 y 1805 y se le adiciona el artículo 1834-bis, para quedar como sigue

"CODIGO CIVIL FEDERAL

Artículo 1o. Las disposiciones de este código regirán en toda la República en asuntos del orden federal.

Artículo 1803. El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo siguiente:

I. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología o por signos inequívocos y

II. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.

Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través de cualquier otro medio que permita la expresión de la oferta y la aceptación de ésta en forma inmediata.

Artículo 1834-bis. Los supuestos previstos por el artículo anterior se tendrán por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta.

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba constar en instrumento otorgado ante fedatario público, las partes obligadas podrán generar y comunicar la información que contenga los términos exactos en que han decidido obligarse, mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público correspondiente, deberá hacer constar en el mismo instrumento los elementos a través de los cuales se atribuye dicha información a la persona obligada y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de la misma para su ulterior consulta."

Artículo segundo. Se adiciona el artículo 210-A al Código Federal de Procedimientos Civiles, en los términos siguientes:

"Artículo 210-A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad de la forma en que haya sido generada o comunicada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta."

Artículo tercero. Se reforman los artículos 49, 80 y 1205 y se adiciona el artículo 1298-A; un Título Unico al Libro Tercero que se denominará: "del comercio electrónico", que comprenderá los artículos 641 a 643 y se modifica la denominación del Libro Tercero del Código de Comercio, para quedar como sigue:

"Artículo 49. Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de 10 años los originales de aquellas cartas, telegramas, la información generada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología o cualesquiera otros documentos en que se consignen contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones.

Para efectos de la conservación de originales, en el caso de información generada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se requerirá que la información mencionada se mantenga íntegra a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta puede ser mostrada. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca las especificaciones técnicas de conservación de la información generada o comunicada mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Artículo 80. Los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada.

LIBRO TERCERO

TITULO UNICO

Del comercio electrónico

Artículo 641. En los actos de comercio podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

Artículo 642. Salvo pacto en contrario, se presumirá que la información generada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología proviene del emisor sí ha sido enviada:

I. Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas propias de él o

II. Por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente.

Artículo 643. El momento de recepción de la información a que se refiere el artículo anterior se determinará como sigue:

84, 85 y 86

I. Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho sistema, o

II. De enviarse a un sistema del destinatario que no sea el designado o de no haber un sistema de información designado, en el momento en que el destinatario obtenga dicha información.

Artículo 1205. Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de sonido, información que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad.

Artículo 1298-A. Se reconoce como prueba la información que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad de la forma en que haya sido generada, archivada, comunicada o conservada."

Artículo cuarto. Se reforma el párrafo primero del artículo 128 y se adiciona la fracción VIII al artículo 1o., la fracción IX-bis al artículo 24 y el Capítulo VIII-bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que contendrá los artículos 76-bis y 76-bis-1, para quedar como sigue:

"Artículo 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. La efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología evitando en todo caso el manejo fraudulento de la información proporcionada y la correcta utilización de los datos aportados.

Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX-bis. Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de ética por parte de proveedores que incorporen los principios previstos por esta ley, respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;

X a la XXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITULO VIII-BIS

De los derechos de los consumidores
en las transacciones efectuada a través
del uso de medios electrónicos, ópticos
o de cualquier otra tecnología.

Artículo 76-bis. Sin perjuicio de los demás derechos del consumidor previstos en la presente ley, en las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se cumplirá con lo siguiente:

I. El proveedor utilizará correctamente la información proporcionada por el consumidor, la cual deberá ser manejada en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores, salvo autorización expresa del propio consumidor;

II. El proveedor deberá disponer de los elementos técnicos necesarios para que la información proporcionada por el consumidor se transmita de manera segura y confidencial;

III. El consumidor tendrá derecho a saber el domicilio físico del proveedor, así como los datos de sus principales directivos y aquella información que le permita verificar al consumidor la pertenencia del proveedor como miembro de asociaciones empresariales y de organizaciones privadas para resolución de controversias, cuando así se ostente;

IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas, en las que se simulen las características de los productos, por lo que deberá cumplir en forma puntual con las previsiones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezcan, señaladas en esta ley y demás disposiciones que se deriven de ella;

V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos asociados, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor;

VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, así como la de aquellos que no deseen recibir avisos comerciales y

VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos y cuidará las prácticas de mercadotecnia dirigidas a población vulnerable, como niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población.

Artículo 76-bis-1. El plazo a que se refiere el artículo 56 de esta ley, tratándose de las transacciones previstas en el presente capítulo será de 48 horas, asimismo la revocación correspondiente podrá hacerse a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Artículo 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 8o., 10, 12, 60, 63, 65, 74, 76-bis, 80 y 121, serán sancionadas con multa por el equivalente de una y hasta 2 mil 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las menciones que en otras disposiciones de carácter federal se hagan al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se entenderán referidas al Código Civil Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2000.- Diputado Rafael Oceguera Ramos.»

El Presidente:

Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Comercio, con opinión de la Comisión de Distribución Manejo Consumo y Servicios.

AHORRO Y PRESTAMO POPULAR

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Angelina Muñoz Fernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 26 y 87 y deroga el 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como reforma los artículos 38-d, 51-b y 78 y se adiciona un artículo 95-bis a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

La diputada Lourdes Angelina Muñoz
Fernández:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:

La iniciativa que hoy aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria, y que tengo el gusto de someter a su amable consideración, tiene como propósito fundamental, simple y sencillamente perfeccionar la legislación en materia de la actividad del ahorro y préstamo popular, que actualmente se encuentra en forma dispersa, heterogénea y en diversas modalidades y el poder subsanar las discrepancias que actualmente se tienen en esta materia.

A partir de 1941, se contó en nuestro país con una regulación para las que se denominaron "instituciones y organizaciones auxiliares de crédito". Esa ley estuvo vigente hasta principios de 1985. Posteriormente y a finales de 1991, este cuerpo normativo fue reformado para incluir, como organización auxiliar de crédito, a las sociedades de ahorro y préstamo, que hasta esa fecha no contaban con contemplación legislativa.

De la iniciativa, que derivó en la incorporación de dichas sociedades como intermediarios financieros, resulta evidente que la intención era el de reconocer el importante papel que desempeñaban las cajas de ahorros en la estructura económica del país, dentro del proceso de modernización del sistema financiero, a ser mecanismos que promovían el ahorro popular, integrando igualmente zonas y sectores de la población, tradicionalmente marginados de los servicios financieros, abatiendo el agio y en fin, promoviendo el desarrollo regional y local en algunas áreas de México.

De estas reformas se concluye que la forma jurídica de adaptar las cajas de ahorro en la legislación, era precisamente a través de las sociedades de ahorro y préstamo, como organizaciones auxiliares de crédito, de naturaleza no lucrativa, que captarían recursos, exclusivamente de sus socios, para su colocación entre los mismos o en inversiones en su beneficio, aparte de disponerse de una serie de normas respecto a su forma de constitución, de publicidad, de operación, de inspección y vigilancia etcétera.

Como últimos aspectos a resaltar en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991 a esta ley, se encuentran los comprendidos en el artículo 38, inciso p, del cuerpo de la misma y en el tercero transitorio del decreto que la reformó. En el primero estableció y hasta le fecha así lo tiene, que los grupos de personas físicas que se dedicarán exclusivamente a captar recursos de sus integrantes para colocarlos entre ellos, podrían operar sin constituirse como sociedad de ahorro y préstamo, siempre que en ningún momento anunciaran, por cualquier medio, sus operaciones y que, en los documentos que constaran los actos que realizaran, hicieran notar en forma destacada que no son sociedades de ahorro y préstamo, mientras que el artículo tercero transitorio aludido, confirió un plazo de 360 días a los administradores de las cajas de ahorros, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización para constituirse y operar como sociedad de ahorro y préstamo.

Todo lo anterior permite concluir, que a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, que lo fue al día siguiente de su publicación, así como el fenecimiento del plazo para la regularización de las cajas de ahorro ya existentes, las sociedades de ahorro y préstamo son el conducto apropiado para encauzar las acciones relativas al mejoramiento de la economía que aquellos que reuniendo sus capitales personales en fines comunes, deciden emprender acciones para lograr que dichos capitales generen algún beneficio común o individual.

En este orden de ideas, pues está resaltando una dificultad para comprender la falta de homologación de criterios, entre la citada Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, con la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, pues esta última en diversos numerales, parece contener una regulación de actividades, de ahorro y préstamo que se apartan de los criterios recién expresados.

Además no debe pasarse por ignorado que la legislación abrogada en materia de sociedades cooperativas en 1991, también establecía que las mismas perseguían fines no lucrativos, mientras que en la de 1994 se eliminó esta consideración, así como el hecho de que en el artículo 9o. de la ley de 1938, se estableció la posibilidad de que las cooperativas contaran con secciones de ahorro, mismas que se normaron a detalle en el reglamento de ese mismo año, que actualmente también ya ha sido abrogado por la disposición del segundo transitorio de la ley de 1994.

Además de que los requisitos de constitución de las sociedades cooperativas que se dedican al ahorro y préstamo, así como las sociedades de ahorro y préstamo, difieren sustancialmente, pues estas últimas son las que requieren autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que las primeras no y que la única referencia que existe a la inclusión del ahorro y el préstamo como objeto de las sociedades cooperativas dentro del dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo, de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, respecto al proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas, que concluyó además con su expedición, era en el sentido de reconocer que a nivel internacional existe una clase de sociedad cooperativa denominada "de ahorro y préstamo", que maneja los pequeños capitales de sus socios en obras de acciones conjuntas que propician el ahorro y apoyan el gasto familiar. Pero careciéndose de un desarrollo normativo apropiado, como sí sucede actualmente en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, es que se concluye que es de sostenerse la posibilidad legal de que las sociedades cooperativas continúen realizando actividades de ahorro y préstamo sin sujeción a los preceptos que rigen a las sociedades de ahorro y préstamo, ya que esto está propiciando la desnaturalización de la figura del ahorro y préstamo, tal y como se concibió en la reforma de 1991 a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que varias veces ya he citado aquí.

87, 88 y 89

De tal manera que se está posibilitando actualmente lo que se conoce como fraude a la ley, para poder realizar las operaciones proscritas por la legislación citada, al amparo de un derecho, aparentemente conferido por otra norma, por lo que no hay razón jurídica para permitir a las cooperativas a continuar operando teniendo como objeto el ahorro y el préstamo, pues estas sociedades operarían válidamente con fines lucrativos sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sin la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la propia Secretaría, lo cual evidentemente contraría el espíritu de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

Por ello se propone la modificación del artículo 26 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para excluir de su texto el que las sociedades cooperativas puedan dedicarse a actividades de ahorro y préstamo y se propone igualmente la derogación del artículo 33 de la propia ley y la modificación del artículo 87 del mismo cuerpo normativo.

Por otra parte, retomando las prevenciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, quisiera llamar su atención sobre un precepto contenido en la misma ley, que si bien por una parte es notoria su buena intención, por otra desgraciadamente se queda en eso, en buena intención, ya que es carente de sanción; dicho artículo es el 51 fracción b originalmente contenido en el decreto de reformas de 1991, a que he hecho alusión como el 38-m, y que está referida únicamente a las sociedades de ahorro y préstamo.

En el texto de este artículo 51-b, el Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus socios o con terceros y estas organizaciones tienen la obligación, por ley, de mantener en un lugar visible de sus oficinas, lo dispuesto textualmente por este artículo.

Pero al analizarse el título de la ley relativo a las infracciones y delitos, es notorio cómo la contravención a dicho precepto no encuentra una cabal correspondencia con una sanción acorde con la trascendencia que tendría el incumplir precisamente este artículo, pues la imposición de una multa como pudiera derivarse de la aplicación del artículo 89 fracción XIV, por cuantiosa que ésta sea, resulta insuficiente para paliar las graves consecuencias que en un momento dado pudieran presentarse como ha sucedido, por el incumplimiento de la disposición transcrita.

Por ello, además de que por el hecho del conocimiento público de que algunas de las sociedades de ahorro y préstamo que actualmente se encuentran operando en el país han pasado y están pasando por graves crisis patrimoniales en las que se han visto involucrados los ahorros de un gran número de mexicanos, es que se sugiere que la relevancia que tiene el artículo 51-b de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, encuentre correspondencia apropiada en la parte sancionadora de dicha legislación, aparte de que se eleve a requisito indispensable para la autorización para operar las sociedades de ahorro y préstamo, el que la documentación que empleen cuente con la transcripción del texto del mismo precepto.

Por ello se propone modificar la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito en su artículo 38-d, a efecto de que se tenga en cuenta lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, aprobada por esta soberanía sobre la obligación que tienen los servidores públicos que tengan a su cargo la autorización para la operación de las instituciones financieras entre las que se encuentran las sociedades de ahorro y préstamos, de dar avisos a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros para su debida inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

Asimismo en el artículo 78 párrafo segundo se incluye la procedencia de la revocación de la autorización para operar las sociedades de ahorro y préstamo en el supuesto de que las mismas incumplan con el artículo que acabo de mencionar.

En el Capítulo II "de los delitos", para incluir como tipo penal cometido por los miembros del consejo de administración, por los integrantes del comité de vigilancia o por los gerentes generales de las sociedades de ahorro y préstamo que realicen actos tales como omitir la conducta que les impone el artículo 38-b para someter a la aprobación de la Secretaría de Hacienda los instrumentos que ahí se señalan y que tienen que hacer públicos para evitar el engaño a la gente en cuanto a que sus inversiones no están protegidas por el Gobierno Federal, el que esto tenga una atención acorde.

Finalmente la reforma que tienen ustedes en su texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria, precisamente tiene el lograr que se elimine esta discrepancia entre las dos leyes muy nocivas, por cierto y sin duda no constituye una ley de ahorro popular como tal, simplemente se trata en este momento de cerrar la puerta de una vez por todas a toda esta serie de fraudes y engaños cometidos en perjuicio, sobre todo y el abuso de confianza en contra de la población y sobre todo aquella de escasos recursos y de ese esforzado ahorrador que ha dispuesto el patrimonio de toda su vida y de pronto se le ha visto esfumado.

De aquí que la intención de la iniciativa es precisamente regular en materia de actividades de ahorro y préstamo, con respecto a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito en una forma mucho más consolidada y permitir a las empresas que en ésta se regulan el desarrollo de una actividad previamente enmarcada en la legislación financiera y que los que están funcionando en una forma ordenada y adecuada, lo sigan haciendo.

Es cuanto, señor Presidente.

«Ciudadanos secretarios de la mesa diectiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La que suscribe, legisladora de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa por la que se modifican diversos artículos de las leyes General de Sociedades Cooperativas y General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, con la finalidad de hacer congruente la regulación de la actividad de ahorro y préstamo dentro de las leyes mexicanas y de que cuenten con sanción apropiada las obligaciones de hacer del conocimiento público la falta de garantía o responsabilidad, a cargo del Gobierno Federal, en las operaciones que las sociedades de ahorro y préstamo realicen, para reforzar el marco jurídico de las mismas y que sean verdaderas impulsoras del desarrollo regional y del crecimiento de la economía nacional. Esta iniciativa se propone conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

A partir de 1941 se contó en nuestro país con una regulación para las que se denominaron "instituciones y organizaciones auxiliares de crédito", ley que estuvo vigente hasta principios de 1985 en que, tras la "nacionalización" de la banca, el Gobierno Federal estimó oportuno adecuar la legislación de la materia y fueron emitidas la "Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito" y la "Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito".

Posteriormente, a finales de 1991 y merced a una iniciativa del Ejecutivo Federal, el último cuerpo normativo mencionado sufrió reformas para incluir como organización auxiliar de crédito a las "sociedades de ahorro y préstamo", que hasta esa fecha no contaban con contemplación legislativa.

De la iniciativa que derivó en la incorporación de dichas sociedades como intermediarios financieros, resulta evidente que la intención era la de reconocer el importante papel que desempeñaban las "cajas de ahorro" en la estructura económica del país, dentro del proceso de modernización del sistema financiero, al ser mecanismos que promovían el ahorro popular, integrando igualmente zonas y sectores de la población tradicionalmente marginados de los servicios financieros, abatiendo el agio y en fin, promoviendo el desarrollo regional y local en algunas áreas de México.

Se expresaba en los siguientes términos la iniciativa presidencial:

A fines del siglo pasado y principios de éste, surgen en nuestro país las cajas de ahorro (...). El proceso de integración de estas sociedades se consolidó en el año de 1974 con la constitución de mecanismos de respaldo institucional (...). El papel de las cajas de ahorro empieza a rebasar los objetivos originalmente definidos por sus organizadores, para convertirse en potenciales promotores del desarrollo regional y local en algunas zonas del país (...). Al incorporarse formalmente las cajas de ahorro a la vida económica se espera no sólo acrecentar el espacio económico nacional integrando zonas que se han mantenido al margen de los servicios financieros, sino que además, se propiciará el abatimiento del agio (...). Contribuyendo a financiar el desarrollo con recursos internos (...).

Concluyendo que la forma jurídica de adaptar las cajas de ahorro en la legislación, era a través de las sociedades de ahorro y préstamo, organizaciones auxiliares de crédito de naturaleza no lucrativa que captarían recursos exclusivamente de sus socios para su colocación entre los mismos o en inversiones en su beneficio, aparte de disponerse una serie de normas respecto a su forma de constitución, de publicidad, de operación, de inspección y vigilancia etcétera.

Como últimos aspectos a resaltar de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991 a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, se encuentran los comprendidos en el artículo 38-P del cuerpo de la misma y tercero transitorio del decreto que la reformó; el primero estableció y lo hace hasta la fecha, que los grupos de personas físicas que se dedicaran exclusivamente a captar recursos de sus integrantes para colocarlos entre ellos, podrían operar sin constituirse como sociedad de ahorro y préstamo, siempre que en ningún momento anunciaran por cualquier medio sus operaciones y que, en los documentos en que constaran los actos que realizaran, hicieran notar en forma destacada que no son sociedades de ahorro y préstamo, mientras que el artículo tercero transitorio aludido, confirió un plazo de 360 días a los administradores de las cajas de ahorro para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización para constituirse y operar como sociedad de ahorro y préstamo.

Todo lo anterior permite concluir que, a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, que lo fue el día siguiente de su publicación, así como tras el fenecimiento del plazo para la regularización de las cajas de ahorro preexistentes, las sociedades de ahorro y préstamo son el conducto apropiado para encauzar las acciones relativas al mejoramiento de la economía de aquellos que, reuniendo sus capitales personales en fines comunes, deciden emprender acciones para lograr que dichos capitales generen algún beneficio común e individual.

En este orden de ideas, resalta la dificultad para comprender la falta de homologación de criterios entre la citada Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, con la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, pues esta última, en diversos numerales, parece contener una regulación de actividades de ahorro y préstamo que se apartan de los criterios recién expresados.

En efecto, por principio de cuentas, debe resaltarse que el artículo 8o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas prevé que las mismas podrán dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita, a diferencia de lo que se establecía en la Ley General de Sociedades Cooperativas del 15 de febrero de 1938 que aquélla abrogó, en la que se establecía, el mismo artículo 8o., que las cooperativas sólo podrían desarrollar las actividades que les hubieran sido autorizadas. En adición, los artículos 26, 33 y 87 de la legislación en vigor, establecen: el primero, que las sociedades cooperativas podrán dedicarse a actividades de ahorro y préstamo; el segundo, que las sociedades cooperativas que desarrollen, de manera preponderante o complementaria, actividades de ahorro y préstamo, se regirán por esta ley, por las demás aplicables en la materia y por las disposiciones que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la confederación nacional respectiva y la del Consejo Superior del Cooperativismo; por último, el artículo 87 indicado, establece que las sociedades cooperativas, en especial aquéllas cuyo objeto social sea precisamente el ahorro y el préstamo, podrán constituir uniones de crédito y bancos de fomento cooperativo.

90, 91 y 92

En adición, no debe ignorarse que la legislación abrogada en materia de sociedades cooperativas establecía que las mismas perseguían fines no lucrativos, mientras que en la de 1994 se eliminó esta consideración; así como el hecho de que, en el artículo 9o. de la ley de 1938, se estableció la posibilidad de que las cooperativas contaran con secciones de ahorro, mismas que se normaron a detalle en el reglamento, publicado en el Diario Oficial de 1o. de julio de 1938 y actualmente abrogado por disposición del segundo transitorio de la ley de 1994, en los artículos del 46 al 53, en los que, básicamente, se desprende que el ahorro de los socios se administraría por comisionados especiales que garantizaban su manejo, que las aportaciones se depositaban en el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial (luego Banco Nacional de Fomento Cooperativo) y que los préstamos que se concedían eran de emergencia y bajo la garantía de dos asociados, con autorización del consejo de administración, oyendo al de vigilancia y con un límite de hasta el 10% de la suma que por anticipos y participaciones en rendimientos le correspondiera al socio en el último ejercicio social, además de otorgarse con un plazo no mayor de un año.

Aunado a que los requisitos de constitución de las sociedades cooperativas y de las de ahorro y préstamo difieren sustancialmente, pues estas últimas requieren autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mientras que las primeras no; y a que la única referencia que existe a la inclusión del ahorro y el préstamo como objeto de las sociedades cooperativas, dentro del dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, respecto al proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas -que concluyó con su expedición-, es en el sentido de reconocer que: "a nivel internacional existe una clase de sociedad cooperativa denominada de ahorro y préstamo que maneja los pequeños capitales de sus socios en obras y acciones conjuntas que propician el ahorro y apoyan el gasto familiar", pero careciéndose de un desarrollo normativo apropiado, como sí sucede en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, es que se concluye que de sostenerse la posibilidad legal de que las sociedades cooperativas continúen realizando actividades de ahorro y préstamo sin sujeción a los preceptos que rigen a las sociedades de ahorro y préstamo, se propiciaría la desnaturalización de la figura del ahorro y préstamo como se concibió en la reforma de 1991 a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito varias veces citada, así como se posibilitaría lo que se conoce como "fraude a la ley", por poder realizar las operaciones proscritas por la legislación citada al amparo de un derecho aparentemente conferido por otra norma, por lo que no hay razón jurídica para permitir a las cooperativas continuar operando teniendo como objeto el ahorro y el préstamo, pues estas sociedades operarían válidamente con fines lucrativos, sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sin la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la propia Secretaría, lo cual evidentemente contraría el texto y espíritu de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

En las circunstancias apuntadas, se considera que encuentra suficiente apoyo la eliminación de la posibilidad de que las sociedades cooperativas se dediquen a actividades de ahorro y préstamo pues, si su objeto social es precisamente ése, deberán constituirse como sociedades de ahorro y préstamo, por lo que se propone la modificación del artículo 26 de la Ley General de Sociedades Cooperativas para excluir de su texto el que las sociedades cooperativas puedan dedicarse a actividades de ahorro y préstamo, se propone igualmente la derogación del artículo 33 de la propia ley, así como la modificación del artículo 87 del mismo cuerpo normativo, para eliminar de su texto la expresión, "en especial aquellas cuyo objeto social sea precisamente el ahorro y el préstamo".

En otro orden de ideas, retomando las prevenciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, se debe llamar la atención sobre un precepto contenido en la misma que, si bien por una parte es notoria su buena intención, por otra, desgraciadamente, su texto se queda precisamente en eso, en intención, por ser carente de sanción; dicho artículo es el 51-b, originalmente contenido en el decreto de reformas de 1991 a que se ha hecho alusión como 38-m y referido únicamente a las sociedades de ahorro y préstamo, y tras la modificación sufrida por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1993, en que se derogará el 38-m, su texto pasó al Capítulo IV "disposiciones comunes", en el Título Segundo "de las organizaciones auxiliares de crédito", ampliándose su campo de aplicación precisamente para todos los intermediarios financieros mencionados.

El texto de dicho numeral es como sigue:

Artículo 51-b. El Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal, no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus socios o con terceros.

Las organizaciones auxiliares de crédito y casa de cambio, deberán mantener en un lugar visible de sus oficinas lo dispuesto en el párrafo anterior, así como señalarse expresamente en su publicidad en los términos que establezca la Comisión Nacional Bancaria a través de disposiciones de carácter general.

Pero, al analizarse el título de la ley relativo a las infracciones y delitos (el sexto), es notorio cómo la contravención a dicho precepto no encuentra una cabal correspondencia con una sanción acorde con su trascendencia, pues la imposición de una multa, como pudiera derivarse de la aplicación del artículo 89 fracción XIV, por cuantiosa que ésta sea, resulta insuficiente para paliar las graves consecuencias que, en un momento dado, pudieran presentarse por el incumplimiento de la disposición transcrita.

En efecto, si se atiende que la intención tutelar que pretende la norma es la de advertir al público en general, así como a los "socios" de las organizaciones auxiliares de crédito (el empleo del término "socio" es una reminiscencia del texto original del 38-m, pues así es como se denomina a los titulares de partes sociales de las sociedades de ahorro y préstamo, cuando que, al hacer extensiva la norma a las organizaciones auxiliares de crédito y convertirla en el 51-b, lo correcto debió haber sido emplear el término "accionista"), el que las operaciones que realicen no cuentan con garantía ni responsabilidad por parte del Gobierno Federal en cuanto a su cumplimiento, resulta obvio que, en particular respecto de las sociedades de ahorro y préstamo en sus relaciones con sus socios, el conocimiento de la circunstancia apuntada por parte de quien desee invertir su capital en una sociedad de este tipo, es de primordial importancia para tomar la decisión respecto a la conveniencia de correr el riesgo, a que está expuesto todo el que efectúe inversiones, de incurrir en un estado de insolvencia o de dificultad para hacer frente a las obligaciones, lo que complicaría enormemente la recuperación del capital puesto en juego en la sociedad de ahorro y préstamo.

Por ello, además de por el hecho de conocimiento público de que algunas de las sociedades de ahorro y préstamo que actualmente se encuentran operando en el país han pasado y están pasando por graves crisis patrimoniales, en las que se han visto involucrados los ahorros de un gran número de mexicanos, es que se sugiere que la relevancia que tiene el artículo 51-b de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, encuentre correspondencia apropiada en la parte sancionadora de dicha legislación, aparte de que se eleve a requisito indispensable para la autorización para operar las sociedades de ahorro y préstamo, el que la documentación que empleen cuente con la transcripción del texto del mismo precepto.

Así es que, en resumen, se propone modificar la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito de la siguiente forma:

a) En su artículo 38-d, que se refiere a la necesaria autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la escritura constitutiva de las sociedades de ahorro y préstamo y de sus modificaciones, para incluir como instrumentos sujetos a la misma autorización, a todos aquellos que utilicen las propias sociedades para hacer constar los actos en que contraigan alguna obligación, incluidos los que contengan la forma en que sus socios aporten los recursos a que hace mención el artículo 38-b de la propia ley, no importando la denominación que reciban, así como cualquier otro documento relacionado con ellos; autorización que estará sujeta a que en el cuerpo de los mismos se encuentre transcrito el primer párrafo del artículo 51-b de dicho cuerpo legal.

b) En el mismo artículo 38-d, pues en su parte final contiene la obligación de inscripción en el Registro Público de Comercio de la escritura constitutiva de las sociedades de ahorro y préstamo, a efecto de que se tenga en cuenta lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999, sobre la obligación que tienen los servidores públicos que tengan a su cargo la autorización para la operación de las instituciones financieras, entre las que se encuentran las sociedades de ahorro y préstamo, acorde con la fracción IV del artículo 2o. de la última legislación invocada, de dar aviso a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, para su debida inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

c) En el artículo 51-b para, en la parte final de su segundo párrafo, correlacionar la facultad que confiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de establecer los términos en que debe mantenerse en un lugar visible de las oficinas y de señalarse expresamente en la publicidad de las organizaciones auxiliares de crédito la circunstancia de que el Gobierno Federal no se responsabiliza ni garantiza sus operaciones, con la facultad que a su vez confiere la fracción XV del artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a la Comisión Nacional para la Defensa de dichos usuarios, de analizar y autorizar la publicidad que las instituciones financieras emitan, estableciendo la expresa remisión a la misma.

d) En el artículo 78, párrafo segundo, para hacer procedente la revocación de autorización para operar a las sociedades de ahorro y préstamo, en el supuesto de que las mismas incumplan con las obligaciones que les impone el artículo 38-d, en los términos que se propone modificarlo.

e) En el Capítulo II "de los delitos", del Título Sexto "de las infracciones y delitos", para incluir como tipo penal, cometido por los miembros del consejo de administración, por los integrantes del comité de vigilancia o por los gerentes generales de las sociedades de ahorro y préstamo, que realicen actos tales como omitir la conducta que les impone el artículo 38-d, respecto al sometimiento para aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los instrumentos que ahí se señalan; o que obtengan recursos para la sociedad, captándolos sin ampararlos con certificados de aportación o cualesquiera otra denominación que reciban, así como los documentos anexos a los mismos, cuando los hubiere, que omitan contar en su texto con la transcripción del artículo 51-b de esta ley; así como que intervengan en la suscripción de cualquier acto jurídico que contenga una obligación a cargo de la sociedad de ahorro y préstamo y se omita igualmente la inclusión del texto del citado artículo 51-b.

En virtud de lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 26 y 87 y se deroga el 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y se reforman los artículos 38-d, 51-b y 78 y se adiciona un artículo 95-bis a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

Artículo primero. Se reforman los artículos 26 y 87 y se deroga el artículo 33 de la Ley General

de Sociedades Cooperativas para quedar como sigue:

"Artículo 26. Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda.

Artículo 33. Se deroga.

Artículo 87. Las sociedades cooperativas podrán constituir uniones de crédito y bancos de fomento cooperativo, en los términos de la legislación aplicable y sus operaciones se ajustarán a las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

Artículo segundo. Se reforman los artículos 38-d, 51-b y 78 y se adiciona un artículo 95-bis a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito para quedar como sigue:

 

"Artículo 38-d. La escritura constitutiva de las sociedades de ahorro y préstamo y cualquier modificación a la misma, así como todos aquellos instrumentos que utilicen las propias sociedades para hacer constar los actos en que contraigan alguna obligación, incluidos los en que consten las aportaciones sociales a que se refiere el artículo 38-b, independientemente de la denominación que reciban, juntamente con cualquier otro documento contenedor de algún acto jurídico que guarde relación con estos últimos, deberán ser sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que solamente se concederá, con relación a los documentos enunciados diferentes de la escritura constitutiva y de sus modificaciones, si en el cuerpo de los mismos se encuentra inserto el texto del primer párrafo del artículo 51-b de esta ley. Una vez aprobada la escritura o sus reformas deberán inscribirse en el Registro Público del Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial e igualmente se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 51-b.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio, deberán mantener en un lugar visible de sus oficinas lo dispuesto en el párrafo anterior, así como señalarse expresamente en su publicidad, en los términos que establezca la Comisión Nacional Bancaria a través de disposiciones de carácter general y dándosele a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros la intervención que le corresponda, de conformidad con lo establecido por la fracción XV del artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 78.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En lo referente a las sociedades de ahorro y préstamo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria podrá revocar la autorización correspondiente cuando se ubique en cualquiera de los supuestos señalados en las fracciones I en lo conducente y V a la X del presente artículo, o cuando se incumpla con la obligación de someter a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los instrumentos a que hace referencia el artículo 38-d o cuando las mismas no operen conforme a lo dispuesto en el Capítulo II-bis, del Título Segundo de esta ley, así como cuando el número de socios llegare a ser inferior al fijado como mínimo por la propia Secretaría. Para los efectos de este párrafo deberá escucharse previamente a las sociedades de ahorro y préstamo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 95-bis. Se impondrá pena de prisión de dos a 10 años y multa de 500 a 4 mil días de salario, a los miembros del consejo de administración, a los integrantes del comité de vigilancia o a los gerentes generales de las sociedades de ahorro y préstamo, que omitan someter a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos aquellos instrumentos que utilicen las propias sociedades para hacer constar los actos en que contraigan alguna obligación, incluidos los en que consten las aportaciones sociales a que se refiere el artículo 38-b, independientemente de la denominación que reciban, juntamente con cualquier otro documento contenedor de algún acto jurídico que guarde relación con estos últimos.

La pena se incrementará en dos años más de prisión si los instrumentos que se utilicen para hacer constar las aportaciones sociales a que se refiere el artículo 38-b, independientemente de la denominación que reciban, juntamente con cualquier otro documento contenedor de algún acto jurídico que guarde relación con los mismos, son efectivamente colocados entre el público y se logran captar recursos por ese conducto. Si la mitad de los ingresos obtenidos de esta manera son inferiores a la mínima multa contemplada en el primer párrafo de este artículo, se impondrá, en adición a la pena corporal, la multa mínima ahí estipulada; en caso de que la mitad de los ingresos obtenidos de la manera indicada excedan la mínima multa a que se alude en el primer párrafo de este precepto, el juez podrá optar por imponer, en adición a la pena corporal, una multa que oscile entre la mínima y la máxima ahí establecidas, u optar por imponer una multa mayor, la que nunca excederá a la mitad de los ingresos que se hubieren obtenido en la forma que se ha establecido, motivando cuidadosamente esta parte de su resolución.

Se impondrá la misma pena y la misma multa indicadas en el párrafo anterior, a los miembros del consejo de administración, a los integrantes del comité de vigilancia o a los gerentes generales de las sociedades de ahorro y préstamo, si de los instrumentos en que se hagan constar actos en que las sociedades contraigan alguna obligación, diferentes a los que se refieren el citado párrafo, deriva algún incumplimiento a cargo de la sociedad e imputable a ella misma, en perjuicio de terceros, en este supuesto, el monto a considerar para el establecimientos de la multa en los términos que indica el párrafo anterior, será, en lugar de la mitad de los recursos captados, la mitad del monto de la obligación incumplida, accesorios incluidos. En este último supuesto no se impondrá pena alguna si se comprueba, indubitablemente, que los instrumentos a que en este párrafo se alude, aunque no se hubieren sometido a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contaban con la inserción en su cuerpo, del texto del párrafo primero del artículo 51-b de esta ley."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las sociedades cooperativas que, antes de la entrada en vigor del presente decreto, hubieren estado constituidas teniendo como objeto el ahorro y el préstamo, podrán optar voluntariamente, tal y como se establece en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, por disolverse y liquidarse para constituirse posteriormente como sociedades de ahorro y préstamo. Para el ejercicio de esta opción, las sociedades contarán con un término de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, aplicándose el procedimiento establecido en los artículos del 68 al 71 de la propia Ley General de Sociedades Cooperativas.

Las sociedades que una vez fenecido el plazo establecido en el párrafo anterior, no hubieran iniciado el trámite para su disolución y liquidación, serán sometidas a la evaluación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la intervención que legalmente le corresponda a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y, si la opinión de la primera comisión mencionada es en el sentido de que sus finanzas no son sanas, se pondrán en estado de disolución y liquidación a solicitud de la segunda comisión mencionada, la que acudirá ante la autoridad jurisdiccional que indican los artículos 9o. y 68 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, continuándose el procedimiento como se establece en los artículos del 69 al 71 de dicha ley, o los conducentes de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con la salvedad de que los socios no podrán hacer la designación de liquidadores, sino que éstos serán nombrados por el juez, de entre los que proponga la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.

Si la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sentido de que las finanzas de la sociedad cooperativa son sanas, el plazo para ejercer la opción de transformarse en sociedad de ahorro y préstamo se ampliará en 240 días adicionales. Concluido este segundo término, se someterán a una segunda evaluación, tras la cual, si la opinión es en el sentido de que las finanzas continúan sanas, tendrán un último plazo de 360 días para concluir sus operaciones y colocarse en estado de disolución y liquidación, ante la imposibilidad de continuar efectuando su objeto social pero, si la opinión es que las finanzas no son sanas, se procederá en los términos que indica el párrafo anterior.

El tiempo que tome la evaluación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la intervención que legalmente competa a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, no se contará dentro de los plazos contenidos.

Si la sociedad cooperativa impidiere la realización de la evaluación, se procederá a su disolución y liquidación a solicitud de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, como se establece en el segundo párrafo de este artículo.

Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo no se aplicará a las sociedades cooperativas que se encuentren en suspensión de pagos o en quiebra, pues a éstas les empezará a correr el término dispuesto en dicho primer párrafo, a partir de la declaratoria de rehabilitación.

Tercero. Mientras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no emita las disposiciones de carácter general relativas a la expresión de la publicidad a que se refiere el artículo 51-b de esta ley, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ejercerá las atribuciones que le confiere la fracción XV del artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en correlación con el 51-b de esta ley, cerciorándose de que la publicidad de las organizaciones auxiliares de crédito contenga el señalamiento expreso de lo dispuesto en el primer párrafo de dicho artículo.

En mérito de lo expuesto, solicito que se dé curso a la presente iniciativa, turnándose a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2000.- Diputada federal, Angelina Muñoz Fernández.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa de la diputada Angelina Muñoz.

DELITOS INFORMATICOS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Francisco Suárez Tánori, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

El diputado Francisco Suárez Tánori:

Con su venia señor:

En virtud de que estas reformas y adiciones se han reproducido íntegramente en la Gaceta Parlamentaria, voy a omitir leerlas.

Agradezco mucho su atención, concluyo. Gracias.

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Los que suscribimos, diputados federales Francisco Suárez Tánori, Adalberto Balderrama Fernández y compañeros de varios grupos parlamentarios de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 y del artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el proyecto de iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, con objeto de penalizar lo referente a delitos informáticos.

La presente iniciativa de ley, se presenta con arreglos, en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las telecomunicaciones a nivel mundial han registrado un notorio avance en los últimos años, es evidente el beneficio que para la vida diaria significan estos adelantos; su utilización va desde la información continua a todo el orbe, hasta el manejo a gran escala de las transacciones de las principales bolsas comerciales y de valores, pasando naturalmente por las diversas opciones de entretenimiento, hasta los prácticos e individuales intercambios de correos electrónicos; ha sido tan impresionante el cambio, que algunos sociólogos han llegado a llamar a esta reciente etapa de la historia, como la sociedad de la información.

Simultáneamente, la aparición de Internet ha venido a revolucionar estos sucesos, sobre todo si consideramos que hoy día es reconocida como el más importante conjunto de redes computacionales entrelazadas gracias a los llamados proveedores de conectividad, lo que determina el sorprendente nivel de velocidad de muchas operaciones. Para entrar a Internet la gente puede accesar de distintas maneras, pero en la mayoría de los casos se hace tan fácilmente como tener una conexión llamada dialin, un modem y una línea telefónica. Una de las características más importantes de estas redes es que funcionan las 24 horas, los 365 días del año y sin las tradicionales fronteras físicas creadas entre los países.

Podemos decir, con toda certeza, que no existe ningún otro medio de comunicación que tenga la fuerza y potencia que ofrece Internet, ya que permite la difusión de conocimientos a un precio muy bajo y a nivel mundial. Además es una nueva forma de hacer negocio a través de la venta de toda clase de productos, desde libros y vinos hasta la reservación y pago de hoteles, restaurantes, renta de autos etcétera.

96, 97 y 98

Paralelamente se destaca que a esta altura del desarrollo de la "sociedad de información" y de las tecnologías computacionales, debemos abordar otro tipo de situaciones que deben regularse de manera necesaria en todo el mundo, toda vez que pueden cambiar totalmente el sentido positivo de la expansión de la tecnología informática y transformarla en una manera fácil de vulnerar los derechos de individualidad de las personas que accesan a este sistema.

Para ser más precisos, la red se maneja en un mundo virtual, pero los conflictos comienzan a ser muy reales. El hecho de que Internet sea virtual, no le ha impedido que arrastre todos los vicios del mundo real en el que vivimos. Internet puede ser portador de contenidos potencialmente nocivos o ilegales o bien puede ser utilizado como vehículo para actividades criminales que pueden afectar a distintos ámbitos.

Los delitos que se cometen en la informática no pueden convertirse en nuestro país en sinónimo de impunidad. De no tomar las medidas necesarias en este momento, corremos el riesgo de que un instrumento tecnológico maravilloso se transforme en una herramienta de ilícitos. Para evitar esta situación los culpables deben ser sancionados.

El delito informático implica actividades criminales que en determinado momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robo, perjuicios, sabotaje etcétera. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras, lo que ha propiciado a su vez la necesidad de regulación.

A nivel internacional se considera que no existe una definición propia del delito informático, sin embargo, muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han ocupado del tema y aun cuando no existe una definición de carácter universal, se han formulado conceptos funcionales atendiendo a realidades nacionales concretas.

En esta iniciativa se entenderán como "delitos informáticos", todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen referencia al uso indebido de cualquier medio informático.

Por otro lado, recordemos que las facilidades para la comisión de delitos en la red son cada vez mayores: por el hecho de que la red trasciende las fronteras nacionales, por la velocidad de las comunicaciones.

Ahora bien, podemos afirmar que la lucha contra el delito en la red es especialmente complicada, porque la legislación contra el delito en esta materia no avanza a la misma velocidad que la tecnología de la que se sirven los delincuentes cibernautas, porque no existe una autoridad mundial que supervise la red, facilitándose de esta manera las complicidades.

Resulta necesario, independientemente de las modificaciones que con esta iniciativa se están sugiriendo para penalizar en nuestro país los delitos informáticos, una cooperación internacional para la lucha contra el delito en la red, ya que una legislación global resultaría actualmente imposible.

Para ejemplificar esta situación, bastaría referir la desarticulación de una banda de delincuentes cibernautas que fueron sorprendidos por la Interpol, distribuyendo fotografías pornográficas de niños menores de un año, donde cooperaron de manera decisiva los cuerpos de policía de Europa y los Estados Unidos de América. Gracias a la regulación que en este sentido se ha dado en estos países, se puede procesar a este tipo de delincuentes.

Para concluir, resulta muy útil esquematizar lo que se desea lograr con este tipo de normas:

1. Respeto a la integridad humana en los espacios virtuales, evitando la intromisión de agentes externos no deseados, como el abuso de la publicidad no solicitada o el recibir correos electrónicos que no se desean etcétera.

2. Protección a los menores, evitando en la medida de lo posible que se comercie con la pornografía infantil, la violencia, formas abusivas de mercado etcétera, que lesionan los derechos humanos fundamentales de la niñez.

3. Fomentar la protección, independientemente de los sistemas particulares que para este fin se determinen, de la información confidencial generada por el Gobierno Federal, las fuerzas armadas, la marina etcétera. (Instrucciones para la fabricación de bombas, producción de drogas, actividades terroristas etcétera.)

4. Salvaguardar la propiedad intelectual. Distribución no autorizada de trabajos protegidos mediante derechos reservados. (Copyright de software, música etcétera.)

Es por lo anterior, que sometemos a la apreciable consideración de este pleno, la siguiente

INICIATIVA

De reformas y adiciones sobre diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Artículo único. Se reforma del Título Quinto, el Capítulo I, artículo 167 párrafo sexto y del Capítulo II del mismo título, se reforman los artículos 173 y 174 y se adiciona el artículo 174-bis. Se adiciona al Título Vigesimose-gundo, Capítulo III, con el artículo 389-ter, se adiciona el Capítulo VII del mismo título con el artículo 399-ter, párrafos primero al VIII, así como una reforma al Título Vigesimosexto, artículo 424, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:

TITULO QUINTO

CAPITULO I

Artículo 167.
Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de 500 a 50 mil pesos:

I a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Al que interrumpiere la comunicación de una red pública de telecomunicaciones, de un espectro radioeléctrico, telegráfico o telefónico, alámbrico o inalámbrico o el servicio de producción o transmisión de alumbrado, gas o energía eléctrica, destruyendo o deteriorando uno o más postes o aisladores, el alambre, un equipo de cómputo, una máquina o aparato de un telégrafo, de un teléfono, de una instalación de producción o de una línea de transmisión de energía eléctrica.

CAPITULO II

Violación de la correspondencia

Artículo 173. Se aplicarán de tres a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad:

I. Al que abra indebidamente una comunicación escrita o la accese a través de medios electrónicos, electromagnéticos u ópticos, que no esté dirigida a él.

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 174. No se considera que obren delictuosamente los padres que abran o intercepten las comunicaciones escritas, a través de medios manuales, electrónicos, electromagnéticos u ópticos, dirigidas a sus hijos menores de edad y los tutores respecto de las personas que se hallen bajo su dependencia.

TITULO VIGESIMOSEGUNDO

Delitos en contra de las personas
en su patrimonio

CAPITULO III

Fraude

Artículo 389-ter.
Comete delito de fraude y se sancionará con prisión de tres meses a 12 años y multa de 150 a 500 días, al que actuando en calidad de usuario, intermediario, empresa proveedora de información, banco o cualquier empresa comercializadora, utilice el intercambio electrónico de datos para obtener con engaños ganancias indebidas, como dinero, valores o cualquier otra cosa, aprovechándose de su acceso a los sistemas de redes computacionales, adquiriendo, enajenando, transfiriendo, depositando o dando en garantía productos y servicios de toda índole.

CAPITULO VII

Delitos informáticos

Artículo 399-ter.
Se aplicará la pena de prisión de dos a cinco años y de 100 a 300 días de multa al que:

I. Sin estar autorizado, se apodere, altere, utilice o modifique, en perjuicio de un tercero, datos reservados de carácter personal, familiar o de negocios que se hallen registrados en ficheros, programas, códigos, comandos, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado.

II. Difunda, revele o ceda a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren el apartado anterior.

III. Con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realice la conducta descrita en el párrafo anterior.

IV. Teniendo la calidad de encargado o responsable de los ficheros, programas, códigos, comandos o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, incurra en lo descrito en los apartados I y II, se le impondrá la pena de tres a seis años de prisión.

V. Afecte con los hechos descritos en los apartados anteriores datos de carácter personal, que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad, se impondrán las penas de cuatro a siete años de prisión.

VI. Realice los hechos descritos de la fracción I a la III con fines lucrativos, se le impondrán penas de cinco a 10 años de prisión.

VII. Siendo proveedor de acceso a Internet, que proporcione servicios informativos que contengan material apto sólo para mayores de edad, o que puedan afectar la integridad de la familia o herir la sensibilidad de algún sector de la población, omita identificarse totalmente, incluyendo nombre o razón social, domicilio y número telefónico y no especifique claramente en su página de entrada la siguiente advertencia: "estas páginas contienen materiales aptos sólo para adultos, si usted tiene menos de 18 años, deberá salir de esta página, si usted es un adulto que está interesado en evitar que menores de edad que manejan su equipo de cómputo, tengan acceso a estas páginas, póngase en contacto con el proveedor de la información para su cancelación".

VIII. Siendo proveedor de acceso a Internet, solicite de los usuarios el derecho de uso de sus datos personales para determinados fines como inscripción para obtener un servicio, o comprar o vender un producto y los utilice para fines distintos sin su aprobación.

TITULO VIGESIMOSEXTO

De los delitos en materia de derechos
de autor

Artículo 424.
Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 300 a 500 días multa:

III. A quien produzca, reproduzca, importe, almacene, transporte, distribuya, ceda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas, programas computacionales o libros, protegidos por la Ley Federal de Derecho de Autor, en forma dolosa, a escala comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, marzo de 2000.- Diputados de la LVII Legislatura: Francisco Suárez Tánori, Alberto Ulloa Godínez, Manuel Peñúñuri Noriega, Carlos Camacho Alcázar, José Adán Deniz Macías, Maximiano Barbosa Llamas, Francisco Arroyo Vieyra, Héctor Larios Córdova, Francisco Vera González, Fortunato Alvarez Enríquez, Samuel Gustavo Villanueva García, Rafael Castilla Peniche, Baldemar Tudón Martínez, Rogelio Chabolla García, José Ignacio Martínez Tadeo, Francisco Luna, Patria Jiménez Flores, Héctor Mayer Soto, Omar Díaz González y Joaquín Montaño Yamuni.»

El Presidente:

Muchas gracias, diputado.

Túrnese a las comisiones de Justicia y de Comunicaciones y Transportes.

99, 100 y 101

MEDIOS ELECTRONICOS - AHORRO Y
PRESTAMO POPULAR

El Presidente:

Voy a hacer una enmienda de adición a los turnos dados a las iniciativas presentadas por los diputados Rafael Oceguera y Angelina Muñoz Fernández.

La del diputado Oceguera como toca una modificación al Código Penal se turna también a la Comisión de Justicia junto con la de Comercio con opinión de la Comisión de Distribución y Medios de Consumo.

La de la diputada Angelina Muñoz se turna además de la Comisión de Hacienda, que ya fue hecha para que tenga opinión de la Comisión de Fomento Cooperativo.

INFORMACION

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ramón María Nava González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 6o., 73, 89, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ramón María Nava González :

Con su venia, señor Presidente:

Que esta iniciativa cala en el derecho a la información, por su rango constitucional les pediría una atención especial a mis compañeros diputados. Por el rango que se refiere al derecho a la información les pediría también a los señores representantes de los medios de comunicación, una muy especial atención.

«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso General.- Presente.

Ramón María Nava González, diputado de la LVII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los diputados de la misma legislatura que al calce de nuestros nombres firmamos la presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71-II y 122-A-I, ambos de la Constitución Política de la República, así como en las demás normas que con dichos preceptos se relacionan, venimos a promover la iniciativa que reforma los artículos 6o., 73, 89, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de la República, según las causas que justifica la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las generaciones que durante más de 20 años han visto afectadas sus oportunidades de trabajo, el desarrollo de sus empresas y sus condiciones generales de vida, han confrontado la obsolescencia del marco legal que rige a los mexicanos y que permitió daños inimaginables, solapar delincuentes, proteger el agio, secrecías indebidas y cuanta maldad ha hecho historia negra en nuestra patria.

No es la primera ocasión que esta obsolescencia confronta la justicia con la legalidad, así, cuando asesinados el presidente y el vicepresidente de México al término de la Decena Trágica, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, con el objetivo de restaurar la vigencia de la Constitución de 1857, sin embargo, la incongruencia entre legalidad y justicia en materia agraria y laboral había sido ya anunciada, tanto por las luchas de Zapata como por las huelgas de Cananea y Río Blanco, principalmente, si bien las proclamas y escritos reivindicatorios que aparecían por toda la República fue el clamor que originó la enmienda al Plan de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1914, por lo que el movimiento armado pasó de constitucionalista a una genuina revolución, comprometida con un proyecto social que más tarde reclamaría convocar a un Congreso Constituyente que reunido en Querétaro del 21 de noviembre de 1916 al 31 de enero de 1917, produjo nuestra Constitución vigente y con ello, la primera en el mundo en insertar directrices legislativas para corregir problemas estructurales del pueblo generados por las injusticias, social, económica y política.

Este fue el primer y más importante testimonio del siglo que está concluyendo sobre el divorcio entre la justicia y la legalidad y también testimonio de un compromiso permanente a cargo del Poder Legislativo que le obliga a corregir, vigilar y adecuar los valores de la ley como exigen los tiempos.

La nueva Constitución entró en vigor y con ella su ley reglamentaria de los artículos 6o. y 7o. con un vicio técnico que produjo una ambivalencia en cuya virtud se acepta su aplicación cuando se pretende el derecho de rectificación y otras veces en cambio, se aduce su inconstitucionalidad, cuando los actores cuyos deberes regula, tienen pretensiones de escapismo al orden justo que buscó equilibrar los límites señalados por los artículos 6o. y 7o. con los valores de libertad, seguridad jurídica, justicia y bien común.

Sin embargo, han corrido 82 años desde la fecha en que vieran su luz primera las normas aludidas y resulta por demás obvio que en esas áreas se acentúa el conflicto apuntado que, compartido por otros países, dio lugar a que la UNESCO durante su XIX conferencia general reunida en Nairobi República de Kenia en 1976 ordenara hacer una reseña de todos los problemas de comunicación de la sociedad contemporánea, apreciando su complejidad y magnitud, mandato que originó la creación de una comisión que presidida por el irlandés Sean Macbride, estuvo integrada por representantes de 16 países, quienes trabajaron durante cuatro años y rindieron su informe al presidente general de la UNESCO en febrero de 1980 y a la XXI conferencia reunida en Belgrado, República de Yugoslavia, bajo el nombre de "un solo mundo, voces múltiples" con una estructura formada por amplias consideraciones, fundantes de cinco conclusiones y 82 recomendaciones de las que extraigo, en lo conducente, las citas relacionadas con el tema de esta iniciativa: "el marco legal podría salvaguardar el pluralismo, permitiendo que cada individuo obtuviera información (...) de diversas fuentes y seleccionara con entera libertad entre ellas. Sin embargo, éste es justo el principio que se viola más a menudo (...) por (...) el ejercicio de la censura y el control gubernamental".

(La construcción de un marco). En consecuencia se proponen las recomendaciones 55 y 56 que a la letra dicen: "55) que todos los países adopten medidas para el incremento de las fuentes de información que necesitan los ciudadanos en su vida diaria. Deberá emprenderse una revisión cuidadosa de las leyes y las regulaciones existentes a fin de reducir las limitaciones, las provisiones del secreto y otras restricciones en las prácticas de la información".

"56) Deberá abolirse la censura o el control arbitrario de la información. En las áreas donde puedan considerarse necesarias ciertas restricciones razonables, éstas deberán establecerse en la ley, sujetas a la revisión judicial y de acuerdo con los principios consagrados en la carta de las naciones unidas, la declaración universal de los derechos del hombre y las convenciones internacionales referentes a los derechos humanos y en otros instrumentos adoptados por la comunidad de naciones."

Hace pues, 23 años fueron registrados por las Naciones Unidas los problemas de la comunicación y los derivados de la falta de información causados por el ejercicio de la censura y por el control gubernamental, además la recomendación que hizo la UNESCO hace casi 20 años fue la de abolir la censura o el control arbitrario de la información lo que es sinónimo de un mandato de abolir la esclavitud y la antidemocracia.

Los mexicanos, no somos esclavos en el sentido románico del término porque otras generaciones lucharon y consiguieron las libertades de las que disfrutamos, pero, cuando al pueblo de México se le obliga a contribuir a los gastos públicos que derivan de causas y personas respecto de las cuales no tiene derecho de exigir información, se le está colocando en estado de esclavitud: hacer y callar, rápido y de buena manera, es decir: pague sin preguntar, pague y cállese. Esto urge la acción del Congreso de la República, especialmente de la Cámara de Diputados en función a la representación que le cumple. Urge porque es un problema que abre distancias indebidas entre la justicia y la ley, urge porque cada peso que pagan los mexicanos sin derecho a preguntar quien generó y en qué circunstancias documentadas las necesidades que reclaman financiamientos públicos, producen una cascada de inconformidades. Urge porque el informe de la comisión Macbride validado por la UNESCO, de la que México forma parte sigue reclamando vigencia, especialmente en lo relativo a la abolición de la censura y del control arbitrario de la información; pero siendo más amplia la recomendación de la UNESCO y atendible la situación que prevalece en la República sobre la temática que implica deberes de los poderes del Estado y de los medios de comunicación, requiere la modificación correspondiente de esos preceptos de manera que el derecho a la información, no sólo sea una facultad indefinida, sino con destino de mandato específico a los sujetos pasivos de las garantías individuales.

Por lo tanto, los tiempos, la problemática enunciada, la congruencia y la justicia nos imponen la propuesta de esta iniciativa que sometemos con todo respeto al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados por conducto original de la Cámara de Diputados a quien presentamos la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se modifica y adiciona el artículo 6o., se adicionan los artículos 73 y 89 y se modifican y adicionan los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de la República.

Artículo primero. Se modifica el artículo 6o. a fin de abrir un nuevo párrafo para el derecho a la información garantizado por el Estado, adicionándole un párrafo más. Se le adiciona una fracción que será la XXXI al artículo 73 y una fracción al artículo 89 que será la XIX, se modifica el párrafo segundo de la fracción II del artículo 115, se modifica el tercer párrafo del artículo 116 en la fracción II y se adiciona el inciso o de la fracción V de la base primera del artículo 122 pasando este inciso anterior al p para quedar de la manera siguiente:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

El derecho a la información será garantizado por el Estado; para ello, la que se solicite a los servidores públicos o funcionarios de los órganos autónomos será entregada de la manera requerida según obre documentada en las oficinas respectivas, sin otras reservas que las establecidas en el párrafo siguiente:

No quedan amparadas por esta garantía los primeros cuatro años de cada uno de los programas estratégicos para la persecución de la delincuencia, el narcotráfico y la seguridad exterior de la nación, que no restrinjan garantías ni contravengan esta Constitución, exclusivamente a cargo de las procuradurías de justicia y sus dependencias, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina o las oficinas que asuman sus atribuciones si llegaren a cambiar su denominación o estructura.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a la XXIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXXI. Para solicitar y recibir sin dilación alguna de los poderes ejecutivos Federal, de los estados y del Distrito Federal, así como de los servidores públicos y funcionarios titulares de las instituciones referidas en el párrafo segundo del artículo 6o. de esta Constitución, toda información y documentos no exceptuados en el mismo precepto la que podrán hacer llegar a quien la solicitare.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I a la XVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIX ordenar, vigilar y garantizar la entrega de la información que le fuere solicitada en términos del artículo sexto de esta Constitución.

Artículo 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los ayuntamientos tendrán facultades para solicitar y recibir sin dilación alguna de los poderes ejecutivos, Federal, de los estados y del Distrito Federal, así como de los servidores públicos y funcionarios titulares de las instituciones referidas en el párrafo segundo del artículo 6o. de esta Constitución, toda información y documentos no exceptuados en el mismo precepto, así como para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalen sus leyes; dichas legislaturas tendrán, además de las atribuciones señaladas en sus respectivas constituciones, facultades para solicitar y recibir sin dilación alguna de los poderes ejecutivos Federal, de los estados y del Distrito Federal, así como de los servidores públicos y funcionarios titulares de las instituciones referidas en el párrafo segundo del artículo 6o. de esta Constitución, toda información y documentos no exceptuados en el mismo precepto.

102, 103 y 104

Artículo 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) al ñ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o) Para solicitar y recibir sin dilación alguna del Poder Ejecutivo Federal y de los estados, de los servidores públicos y funcionarios titulares de las instituciones referidas en el párrafo segundo del artículo 6o. de esta Constitución, toda información y documentos no exceptuados en el mismo precepto.

p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 1o. de diciembre de 1999.- Diputados: Ramón María Nava González, Abelardo Perales Meléndez, Francisco Javier Reynoso Nuño, Juan Bueno Torio, Javier Paz Zarza, Adalberto Balderrama, José Armando Jasso Silva, Felipe Vicencio Alvarez, Carlos Arce Macías, Elodia Gutiérrez, Fernando Castellanos y Fortunato Alvarez.»

El Presidente:

Gracias, diputado Ramón María Nava González.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

AGUAS NACIONALES

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Héctor Castañeda Jiménez para presentar una iniciativa de adiciones al párrafo quinto del artículo 27 y la fracción II al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Héctor Francisco Castañeda
Jiménez:

Señor Presidente; secretarios; compañeras y compañeros diputados:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Presentes.

El suscrito diputado federal Héctor F. Castañeda Jiménez y demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción II del artículo 71 y los artículos 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía una iniciativa de reforma al párrafo quinto del artículo 27 y a la fracción II del artículo 73 constitucionales.

CONSIDERANDO

I. El párrafo quinto del artículo 27 de nuestra Constitución Política establece que son propiedad de la nación mexicana, entre otras, las aguas de los lagos de interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional.

II. El espíritu de esa disposición no ha sido otro que el hecho de que los poderes federales tuvieran en todo momento y sin restricción alguna, el pleno dominio de los recursos acuíferos de las zonas que en lo general constituyen importantes extensiones de agua y de los afluentes que las nutren y conforman.

III. El Constituyente anticipó acertadamente que dentro del territorio nacional existen recursos de diversa naturaleza como los referentes a las aguas y también anticipó que el status jurídico de aquellas que están enclavadas en dos o más territorios de entidades federativas, no podían quedar sujetas a la legislación que al respecto emitieran los estados, porque se provocarían circunstancias en las cuales podrían dañarse los legítimos derechos de los habitantes de otros estados de la República.

IV. El Constituyente depositó en los poderes federales la gran responsabilidad de determinar el destino de las aguas que llegan y corren dentro del territorio de la nación y forman lagos, con la finalidad de que éstas sirvieran a todos los mexicanos y no se utilizaran por una o pocas entidades en beneficio muy particular.

V. A la fecha, dentro del territorio nacional se están perdiendo varios depósitos inmensos de agua debido a multiplicidad de factores, entre otros, uso indiscriminado y arbitrario de sus fuentes, deforestación de las zonas aledañas a los afluentes, contaminación, falta de educación acerca del agua y otras más.

VI. Dentro de algunos de los lagos naturales que se están perdiendo en el país está el lago de Chapala, debido a las circunstancias que se han apuntado, así como a que no ha existido una instancia de autoridad que cuente con todo tipo de atribuciones y facultades para hacer frente al problema.

VII. El lago de Chapala presenta graves y serios daños que, de no ser atacados de manera frontal y directa, serán irreversibles y las generaciones futuras de mexicanos solamente podrán conocer de él a través de relatos, fotografías, pinturas y filmaciones. El lago de Chapala en los últimos lustros ha presentado disminución sensible de su nivel, proliferación de especies vegetales y animales nocivas, pérdida de calidad de sus aguas, extinción de especies acuáticas y otras a punto de perderse. Todo esto en perjuicio de los mexicanos y en especial de los habitantes del Estado de Jalisco.

VIII. Tanto las aguas de la cuenca como las del cauce de los afluentes del lago de Chapala, se han venido rigiendo hasta la fecha mediante convenios que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, celebra con los estados de la República, por cuyos territorios atraviesan; en esos convenios se establecen los topes máximos de volúmenes de agua de la que pueden disponer anualmente. Estos convenios, sin embargo, solamente consideran la necesidad que cada una de las entidades federativas manifiestan, pero no hacen consideración a las necesidades que ha futuro tendrán millones de mexicanos y, si bien es cierto que los convenios se celebran dentro del marco jurídico existente hasta la fecha en la ley referente a las aguas nacionales, es claro y cierto que un marco jurídico no puede mantenerse, sino que debe sufrir sustanciales modificaciones cuando los bienes e intereses de los ciudadanos no quedan debidamente asegurados.

IX. Es claro que la solución a los inmensos problemas que han degradado numerosas cuencas hidrológicas, como el lago de Chapala, no pueden quedar bajo la administración de un órgano desconcentrado como lo es la Comisión Nacional del Agua, sino que requiere la intervención directa de uno de los poderes federales que cuente con atribuciones para emitir todo tipo de decretos y leyes para su solución definitiva y no aglutinar al Ejecutivo Federal con responsabilidades que pueden ir más allá de las facultades y atribuciones con que cuenta.

X. Que en consideración a lo anterior, es importante que el Congreso de la Unión asuma la responsabilidad que le corresponde en la determinación del destino de recursos tan importantes de la nación mexicana, dotándosele de atribuciones para dictar las medidas que estime convenientes para salvar y recuperar afluentes y lagos de propiedad federal.

XI. Que en ese orden de ideas, es necesario que nuestra Constitución contemple la atribución del Congreso de la Unión para dictar medidas de emergencia tendientes a salvaguardar el patrimonio nacional constituido por las aguas de carácter federal.

Por las consideraciones apuntadas, es necesario adicionar la parte final del párrafo quinto del artículo 27 y la fracción II del artículo 73, ambos de nuestra Ley Fundamental. En tal sentido, sometimos a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se adiciona la parte final del párrafo quinto del artículo 27 y que adiciona la fracción II al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

Artículo 1o. Se adiciona la parte final del quinto párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se declaran de utilidad pública las medidas que las autoridades federales dicten para evitar que las aguas de propiedad de la nación se utilicen indiscriminada y excesivamente, se contaminen con sustancias químicas o biológicas, sus niveles se reduzcan o las especies acuáticas se pierdan o deterioren; las autoridades federales podrán dictar y aplicar medidas de emergencia cuando así se requiera para la conservación de afluentes y cuencas, de la calidad de sus aguas y especies. Entre las medidas de emergencia que podrán decretarse están las siguientes: prohibición total o parcial de utilización de las aguas, establecimiento de medidas para controlar el volumen, destino y desecho de aguas, establecimiento de derechos especiales por el uso del agua, conservación de los recursos forestales aledaños a los afluentes y cuencas y todas aquellas que resulten indispensables para su conservación y protección.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Artículo 2o. Se adiciona la fracción II del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Para imponer medidas de emergencia que tiendan a la conservación y protección de aguas nacionales, sus especies y las zonas aledañas a las cuencas y afluentes.

III a la XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

México, D.F., a 22 de marzo de 2000.- Diputados: Héctor F. Castañeda Jiménez, Francisco Javier Santillán Oseguera, Francisco Javier Morales Aceves, Teresa Núñez Casas, Héctor Rodolfo González Machuca, Juan García de Quevedo, María del Carmen Moreno Contreras, Salvador Rizo Ayala, Juan Arizmendi Hernández, Gerardo Sánchez García, Alejandro Alarcón Estrada, Sara Esthela Velázquez Sánchez, Eloy López Martínez, María del Rosario Citlali Marín Torres, Sabino Padilla Medina, Daniel Díaz Díaz, Abraham González Negrete, Francisco Arroyo Vieyra, Jaime Castro López, María de los Angeles Gaytán Contreras, Francisco Antonio Ordaz Hernández y Jacaranda Pineda Chávez.»

El Presidente:

Gracias, diputado Castañeda.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Vicepresidencia del diputado
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA
Y EL LIBRO

El Vicepresidente:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 17 de marzo, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura, señor Presidente.

«Comisiones unidas de Cultura y Educación.

105, 106 y 107

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Educación y Cultura fue turnada con fecha 5 de noviembre de 1998, para su estudio y dictamen la iniciativa de Ley General del Libro, presentada por los diputados al Congreso de la Unión del Partido Acción Nacional: Beatriz Zavala Peniche, Javier Algara Cossío, Patricia Espinosa Torres, J. Ricardo Fernández Candia, Francisco José Paoli y Bolio, Julio Faesler Carlisle, Sandra Lucía Segura Rangel, José de Jesús García León, Mario Guillermo Haro Rodríguez, Margarita Pérez Gavilán Torres, Felipe Vicencio Alvarez, Juan Carlos Espina von Roehrich, Alberto González Domene, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Santiago Creel Miranda, Juan José Rodríguez Prats y María del Carmen Díaz Amador, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción II del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En los términos previstos por los artículos 48, 54 y 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 78, 87, 88, 90 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Educación y Cultura que suscriben, presentan a la consideración de esta Asamblea, el siguiente dictamen con

PROYECTO DE DECRETO.

Para poner en estado de resolución el dictamen que ahora se presenta, las subcomisiones unidas de Educación y Cultura realizaron diversas acciones, entre las que destacaron reuniones y conferencias con el Secretario de Educación Pública, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como con personas relacionadas a la materia y actividad editorial.

También se procedió al análisis de la iniciativa de Ley del Libro, presentada por la diputada federal a la LVI Legislatura del Partido Acción Nacional, Margarita Villanueva Ramírez, la cual quedó a disposición de esta LVII Legislatura en calidad de proyecto y que es similar a la dictaminada.

De igual manera se procedió al análisis de la legislación vigente relacionada con la materia, destacando la Ley General de Educación, la Ley General de Bibliotecas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Imprenta y la Ley Federal de Derecho de Autor. A finales de 1998, el Ejecutivo Federal estableció el Programa Nacional Año de la Lectura 1999-2000, el cual también fue considerado en los trabajos previos a este dictamen.

En el ámbito del derecho comparado, las subcomisiones unidas de Educación y Cultura estudiaron la Ley de Fomento del Libro, la Lectura de la República de Argentina, la Ley del Libro de la República de Venezuela, la Ley de Fomento del Libro, la Lectura de la Comunidad de Madrid y la Ley del Libro de Colombia.

Del estudio y análisis antes indicados, se derivan las siguientes

CONSIDERACIONES

Que la constitucionalidad de la iniciativa y las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar en la materia, se sustenta en la fracción VIII del artículo 3o. y en las fracciones XXV y XXX del artículo 73, ambos de la Carta Magna, en los que se determina que es su competencia legislar en materia educativa y cultural, así como en la distribución de la función social educativa.

Que la iniciativa propuesta, en su aspecto general complementa y refuerza el proceso educativo a un nivel más amplio, pues la situación actual que guarda la educación en nuestro país, donde uno de los retos principales consiste en elevar su calidad, requiere de elementos innovadores que permitan incrementar los esfuerzos en este sector. Así, el fomento de la lectura resulta de gran importancia para una sociedad que padece severos atrasos y desigualdades, pues la lectura permitirá impulsar una sociedad culturalmente más rica, informada y educada.

De igual forma se pretende crear un marco normativo que explicite la importancia que tiene hoy en día el fomento de la lectura. Ante los nuevos fenómenos de reconfiguración de las instituciones y los espacios culturales y la concepción de una sociedad inserta en procesos de educación permanente, es indispensable crear instrumentos que permitan multiplicar los efectos positivos que en la cultura y educación tienen la lectura y los libros.

Que no obstante las bondades de la iniciativa, el hecho de que se haya presentado bajo el título "Ley General del Libro", motivó comentarios negativos a la misma en el sentido de favorecer principalmente su vehículo, el libro, más que a su objeto primordial, el fomento a la lectura. Esta percepción se vio fortalecida al considerar que se presentó junto con reformas fiscales para incentivar a la industria editorial.

En este sentido y siendo el fomento a la lectura la principal motivación de la iniciativa, las discusiones y deliberaciones de las subcomisiones unidas derivaron en el cambio del título original de la iniciativa, por el de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Derivado de lo anterior, se modificó el objeto de la ley hacia tres puntos principales: fomento y promoción de la lectura; promoción a la producción, distribución, difusión y aumento de la calidad del libro mexicano, facilitando así su acceso a toda la población; y la coordinación de las acciones del Estado y de los diversos actores en esta tarea.

El artículo relativo a las atribuciones de las autoridades educativas, federal, estatal y municipal, se modificó por considerarse muy amplio y que podría duplicar funciones ya contempladas en la Ley General de Bibliotecas, en particular por lo que respecta a garantizar un acervo actualizado y suficiente para todas las bibliotecas del país.

Por ello, en este dictamen se reducen las facultades propuestas en la iniciativa original, a tres: fomentar el hábito de la lectura y la formación de lectores a través de programas y técnicas adecuadas para tal fin; promover la lectura de todos los libros publicados en el país y su existencia en todas las bibliotecas del país; y organizar todo tipo de actividades y eventos que promuevan y estimulen el libro y el hábito de la lectura, en apoyo a los objetivos de la ley.

Por otra parte, se amplía este capítulo para distribuir las responsabilidades de las acciones relacionadas con la función educativa y cultural de fomento a la lectura, como son: las actividades que competen al Ejecutivo Federal, a los medios de comunicación social y al sistema educativo nacional, establecidas en el artículo 10 de la Ley General de Educación.

La personalidad jurídica del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, en la iniciativa se establece como organismo descentralizado de la Secretaría de Educación, con patrimonio propio e integrado por 15 miembros. En las discusiones que hubo al respecto, se decidió modificarlo con relación al proyecto inicial para llegar a consensos que permitieran que las instituciones vigentes pudieran participar en él, sin constituir un órgano distinto de dirección o burocracia administrativa, además de incluir a sectores de la sociedad que le dieran un carácter plural y representativo. Por ello, se plantea que sea un órgano de consulta de la SEP, conformado por las instituciones y sectores dedicados e interesados en esta tarea, así como para constituirse en un organismo que garantice la continuidad de programas, como el Programa Nacional Año de la Lectura 1999-2000 que entró en operación este año lectivo.

Así, la integración del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro se propone que esté constituida principalmente por los siguientes miembros: el titular de la Secretaría de Educación Pública como presidente, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como secretario técnico y 15 vocales invitados por el presidente del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, seleccionados de entre los presidentes de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de la Unión; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial; dos miembros de las asociaciones de carácter nacional más representativas de fomento a la lectura; dos de las asociaciones de carácter nacional más representativas dedicadas a la difusión y promoción del libro; dos de las asociaciones de carácter nacional más representativas de los escritores; dos académicos de reconocido prestigio y experiencia en la promoción de la lectura; el director de la Red Nacional de Bibliotecas; y el titular del Consejo Nacional de Participación Social de la Educación.

Asimismo, las funciones del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro se sintetizaron, recogiendo las principales propuestas vertidas al respecto, así como las que se consideraron pertinentes para México, de legislaciones similares de otros países. Igualmente, todas sus funciones tienen carácter consultivo y de coordinación a las acciones emprendidas por las diversas dependencias de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el objetivo de involucrar a todos los sectores: público, privado y social, para fomentar la lectura.

En virtud de los comentarios, sugerencias y críticas vertidas a partir de que se presentó la iniciativa de ley se consideró positivo aportar nuevos elementos a la exposición de motivos original y en concordancia con la nueva estructura y contenido de la ley. Por ello, es conveniente resaltar que el fomento a la lectura, como primera acción para formar lectores, constituye una acción estratégica para elevar el nivel educativo y cultural de los mexicanos.

Asimismo, los avances científicos y tecnológicos aluden a nuevas necesidades, especialmente cuando se trata de la sociedad de la información, que remite directamente a apropiarse de los conocimientos, para lo cual es indispensable contar con una formación más sólida de hábitos y técnicas adecuadas de lectura. Por ello, el fomento y promoción de la lectura no deben constituirse solamente en acciones aisladas dentro del ámbito estrictamente educativo, sino como un ejercicio permanente que involucre a todos los ámbitos y sectores de la sociedad.

El hecho de que varios países cuenten con una legislación en torno al libro y el fomento a la lectura, nos muestra que han tomado conciencia del problema y de la importancia que reviste en los niveles educativos y culturales de sus sociedades, como una medida que permite institucionalizar políticas públicas y tener una visión de largo alcance para fortalecer las capacidades y la proyección de la población, frente a las necesidades y requerimientos que se imponen a nivel nacional e internacional.

Contar en México con una legislación expresamente enfocada al fomento y promoción de la lectura, permitirá sentar las bases mínimas que logren potenciar las acciones que en política cultural se están realizando, integrando los diversos esfuerzos hacia un fin común. De ahí, la importancia de contar con un Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro, de carácter plural, donde cada uno de los actores desde su respectiva competencia, aporte ideas que ayuden a la formación de más y mejores lectores, al tiempo que contribuyan en las actividades relacionadas con la función educativa y cultural de fomento a la lectura y el libro.

Por las razones anteriores, las comisiones unidas dictaminadoras de Educación y Cultura, someten a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se expide la Ley de Fomento Para la Lectura y el Libro.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o
. Esta ley es de observancia general en toda la República; sus disposiciones  son de orden público e interés social y tienen por objeto:

I. Fomentar y promover la lectura;

II. Promover la producción, distribución, difusión y calidad del libro mexicano y facilitar su acceso a toda la población;

III. Distribuir y coordinar entre los gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal las actividades relacionadas con la función educativa y cultural de fomento a la lectura y al libro y

IV. Coordinar y concertar a los sectores social y privado en esta materia.

Artículo 2o. Las disposiciones de esta ley se aplicarán sin perjuicio de lo ordenado en la Ley de Imprenta, la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley General de Educación, la Ley General de Bibliotecas y sus respectivos reglamentos.

Artículo 3o. Es inviolable la libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia. Ninguna autoridad federal, estatal o municipal puede prohibir, restringir ni obstaculizar la promoción, creación, edición, producción, distribución o difusión de libros.

CAPITULO II

De la distribución de actividades
relacionadas con la función
educativa y cultural de fomento
a la lectura y al libro

Artículo 4o.
Corresponde a la autoridad educativa federal, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro, realizar el programa nacional de fomento a la lectura y al libro, a través de los siguientes medios:

108, 109 y 110

Paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores, adecuados para cada nivel de la educación básica, dirigidos a educandos, docentes y padres de familia;

Campañas educativas e informativas a través de los establecimientos de enseñanza y los medios de comunicación social;

Becas, premios y estímulos a la promoción, edición y fomento de la lectura y el libro;

Exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura;

Difusión del trabajo de los creadores y nuevos autores literarios;

Cursos de capacitación vinculados al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario;

Emisiones de programas de radio y televisión dedicados a la lectura y el libro;

Talleres literarios, rincones, círculos y salas de lectura y

Cualesquiera otras medidas conducentes al fomento de la lectura y del libro.

Artículo 5o. Corresponde al Sistema Educativo Nacional, mediante el programa nacional de fomento a la lectura y al libro:

I. Fomentar el hábito de la lectura, formando lectores en todos los niveles de educación, con base en los programas y técnicas más adecuadas de lectura y comprensión, así como en el cuidado y conservación de los libros;

II. Promover la lectura de los libros publicados en México y la existencia de ellos en todas las bibliotecas del país y

III. Organizar todo tipo de actividades y eventos que promuevan el libro y estimulen el hábito de la lectura, en apoyo a los objetivos de esta ley.

Artículo 6o. Corresponde al Ejecutivo Federal poner en práctica las políticas y estrategias que se establezcan en el programa nacional de fomento a la lectura y al libro, así como impulsar la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación del libro mexicano y de las coediciones mexicanas que satisfagan los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad, asegurando su presencia nacional e internacional.

Artículo 7o. Del tiempo oficial que le corresponde al Estado en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, se otorgarán espacios de promoción institucional para la difusión del fomento a la lectura, así como de los libros impresos y editados en México que por su valor cultural o interés científico o técnico enriquezcan la cultura nacional.

CAPITULO III

Del Consejo Nacional de Fomento
de la Lectura y del Libro

Artículo 8o.
Se crea el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro con carácter de órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública, que tiene como objeto fomentar las actividades y trabajos relacionados a crear una cultura del fomento a la lectura y el libro, así como facilitar el acceso al libro.

Artículo 9o. El Consejo Nacional de la Lectura y del Libro estará integrado por:

I. Un presidente, que será el titular de la Secretaría de Educación Pública o quien éste designe.

II. Un secretario ejecutivo, que será el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y

III. Hasta 23 vocales invitados a participar por su presidente:

*Los presidentes de las comisiones de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores;

*El representante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial;

*Dos representantes de las asociaciones de carácter nacional más representativas de fomento a la lectura;

*Dos representantes de las asociaciones de carácter nacional más representativas dedicadas a la difusión y promoción del libro;

*Dos representantes de las asociaciones de carácter nacional más representativas de los escritores;

*Dos personas del ámbito académico de reconocido prestigio y experiencia en la promoción de la lectura;

*El director general de bibliotecas;

*El titular del Consejo Nacional de Participación Social de la Educación y

*Ocho titulares de los institutos de cultura de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, que deberán ser elegidos cada año por el presidente del consejo de entre los estados miembros de cada grupo a que refiere el artículo tercero transitorio de esta ley, de tal forma que intervengan todos de manera rotativa en el consejo.

Artículo 10. El Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes funciones:

I. Contribuir en la elaboración, seguimiento, evaluación y actualización del Programa Nacional del Fomento a la Lectura y al Libro;

II. Apoyar todo tipo de actividades y eventos que promuevan y estimulen el libro y el fomento a la lectura que establezca el Programa Nacional para el Fomento a la Lectura y el Libro;

III. Promover la formación y actualización de profesionales en el fomento y promoción de la lectura;

IV. Apoyar la concertación de los intereses y esfuerzos del sector público con el sector privado para el desarrollo sostenido y democrático de la industria del libro;

V. Promover el desarrollo de sistemas integrales de información sobre el libro, su distribución, la lectura y los derechos de autor, así como crear una base de datos que contemple: catálogos y directorios colectivos de autores, obras, editoriales, industria gráfica, bibliotecas y librerías mexicanas, disponible para la consulta en red desde cualquier país;

VI. Apoyar las actividades en defensa de los derechos del autor, el traductor y del editor, dentro y fuera del territorio nacional;

VII. Impulsar el incremento y mejora de la producción editorial nacional que dé respuesta a los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de cantidad, calidad, precio y variedad;

VIII. Apoyar acciones que favorezcan el acceso a los discapacitados a las bibliotecas y a las técnicas de audición de texto;

IX. Intervenir como instancia de consulta y conciliación en todos los asuntos concernientes al seguimiento, evaluación y actualización de la política integral de la lectura y el libro y

X. Sugerir a los editores nacionales, la traducción y publicación de textos editados en lengua extranjera que contribuyan al conocimiento y a la cultura universal y

XI. Fomentar a los creadores literarios locales y regionales.

Artículo 11. El Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro sesionará como mínimo tres veces al año y sobre los asuntos que el mismo establezca.

El quorum mínimo será del 50% más uno de sus miembros y para que sus decisiones sean válidas, deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros presentes, salvo aquellos casos en que se requiera mayoría calificada según su reglamento.

Artículo 12. El Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro se regirá, además de las disposiciones contenidas en esta ley, por las que establezca su reglamento.

Artículo 13. En lo no previsto por esta ley se aplicarán supletoriamente la Ley General de Educación, la Ley Federal de Derecho de Autor y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En el término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá formarse el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro y a los 60 días de integrado éste, deberá expedir su reglamento y programa de trabajo.

Segundo. En el término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá formarse el Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro y a los 60 días de integrado éste, deberá expedir su reglamento y programa de trabajo.

Tercero. Para elegir a los titulares de los institutos de cultura, las entidades federativas y el Distrito Federal quedarán agrupados de la siguiente manera; grupo uno: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa; grupo dos: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas; grupo tres: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala; grupo cuatro: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit; grupo cinco: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí; grupo seis: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos; grupo siete: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz; grupo ocho: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, D.F., a 15 de diciembre de 1999.- Diputados: María de Lourdes Rojo e Incháustegui, presidenta de la Comisión de Cultura; Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Educación; Beatriz Zavala Peniche, José Ricardo Fernández Candia, Salvador Moctezuma Andrade, Cupertino Alejo Domínguez, Gerardo Ramírez Vidal y María del Carmen Escobedo P., secretarios; Juan Carlos Espina von Roehrich, Javier Algara Cossío, Patricia Espinosa Torres, Julio Castrillón Valdés, J. Jesús García León, Francisca Haydee García Acedo, Juan Marcos Gutiérrez González, Leonardo García Camarena, Felipe Vicencio Alvarez, Gilberto López y Rivas, Mario Guillermo Haro Rodríguez, Pablo Gutiérrez Jiménez, Margarita Pérez Gavilán Torres, Luis G. Villanueva Valdovinos, Lázaro Cárdenas Batel, Leticia Villegas Nava, Pioquinto Damián Huato, Agustín Miguel Alonso Raya, Angélica de la Peña Gómez, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Luis David Gálvez Gasca, Primitivo Ortega Olays, Alejandro Ordorica Saavedra, Miguel Angel Solares Chávez, Jorge Canedo Vargas, Ranulfo Tonche Pacheco, Vicente de la Cruz Santiago, Lino Cárdenas Sandoval, Jorge Durán Chávez, Alfonso José Gómez Sandoval Hernández, Vicente Fuente Díaz, Héctor Guevara Ramírez, Gudelia Tapia Vargas, Emilia García Guzmán, Esaú Hernández Herrera, Arquímides León Ovando, Enrique Ku Herrera, Cecilia López Rodríguez, Francisco A. Ordaz Hernández, Adoración Martínez Torres, Everardo Paiz Morales, Moisés Ignacio Mier Velasco, Martha Palafox Gutiérrez, José Marco A. Olvera Acevedo, Roberto Pérez de Alva Blanco, Carlos J. Rodríguez Velasco, Crisógono Sánchez Lara, Jaime H. Talancón Escobedo, Horacio Veloz Muñoz y Juan José Cruz Martínez.»

El Vicepresidente:

Muchas gracias, diputada Secretaria.

En consecuencia, está a discusión en lo general el proyecto de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes oradores, hasta por 10 minutos: en una primera ronda el diputado Ricardo Cantú Garza del grupo parlamentario del PT; el diputado Luis David Gálvez Gasca del PRD; la diputada Beatriz Zavala Peniche del PAN y el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra del PRI.

Tiene la palabra, en consecuencia, el diputado Ricardo Cantú Garza, hasta por 10 minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Discutimos hoy en esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General del Libro y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley Aduanera.

El proyecto de decreto tiene como objetivo fundamental establecer el marco normativo para que en nuestro país se promueva la lectura de libros, se impulse la dotación suficiente de libros a las bibliotecas públicas, apoyar a los autores mexicanos de libros, así como proporcionar a los editores y libreros mexicanos, a través de dar un impulso decidido a la distribución y difusión del libro y coediciones mexicanas a nivel nacional e internacional.

111, 1112 y 113

Sin duda alguna para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo este dictamen constituye un paso fundamental para elevar el nivel educativo, cultural, científico y de difusión de la cultura en nuestro país y que será también una plataforma importante para que los autores mexicanos sean estimulados en su trabajo intelectual y profesional; pero también será un antecedente de gran envergadura para el progreso de la vida social y cultural del México moderno.

Para nadie es desconocido que la única forma que tiene el ser humano para poder potenciar y desarrollar su inteligencia, es a través de lectura y del razonamiento de lo que se lee y en este ejercicio intelectual el libro cumple un papel de primer nivel.

Ya se ha demostrado que los libros constituyen una guía fundamental para dotar a los individuos de mayor capacidad de imaginación y conocimiento de la realidad que los circula. Sin embargo, es importante señalar que será una comisión central en la difusión de la lectura de los libros y en su misma producción, que los mexicanos tengamos acceso a ellos, para lo cual se requiere necesariamente contar con recursos económicos suficientes para la adquisición de libros, de lo contrario el ciuda-dano se quedará rezagado en su desarrollo integral y la Ley General del Libro quedará reducida a letra muerta.

Por otra parte, el Estado mexicano tiene que modificar la orientación que hasta hoy día ha venido dando a la educación en nuestro país, consistente en ir reduciendo progresivamente el acceso al sistema educativo nacional a millones de jóvenes, que ven frustrados sus deseos de continuar sus estudios a nivel medio superior y superior.

Los datos saltan a la vista. Nuestro país puede responder en un 90% a la demanda de educación para niños y jóvenes menores de 14 años; cuando se llega a los 15 años, sólo se puede satisfacer el 52%, pero cuando se llega a los 18 años, menos del 35% reciben educación. Entre los 14 y los 15 años empieza el verdadero problema de la educación para los mexicanos. La situación es aún más grave cuando se mide la eficiencia terminal; el 45% de los alumnos que ya tiene un lugar en cualesquiera de las instituciones de educación media no termina sus créditos a tiempo y de los que continúan, sólo el 2% alcanza un título universitario cada año.

En las zonas rurales de nuestro país se observa una grave deserción escolar que alcanza hasta el 80%, sin dejar de mencionar que la propia subsecretaría de Planeación y Coordinación de la SEP, reconoce que el 55% de los adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo nacional, situación que se agrava con el alto porcentaje de analfabetismo que aún prevalece en nuestro país y que es superior al 8% de la población mayor de 15 años concentrados fundamentalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.

Compañeras y compañeros diputados, las limitaciones expuestas necesitan ser revertidas, pero eso sólo se logrará si como país y fundamentalmente como Gobierno nos comprometemos a destinar mayores recursos al sistema educativo nacional que la propia UNESCO recomienda que sea cuando menos el 8% del producto interno bruto. En ese sentido, la Ley General del Libro podía operar bajo las condiciones señaladas y cumplir cabalmente con el espíritu de ampliar la lectura de libros de los mexicanos.

En tanto el dictamen que discutimos tiene como pilar fundamental el impulso de la lectura de los libros, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, considera que es un gran avance esta iniciativa con proyecto de dictamen por lo que otorga su voto a favor, porque con ello nuestro país contará con una norma que servirá para impulsar la lectura entre los ciudadanos de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Muchas gracias, diputado Cantú.

A continuación tiene el uso de la palabra por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Luis David Gálvez Gasca.

El diputado Luis David Gálvez Gasca:

Con su venia, señor Presidente:

Posición del Partido de la Revolución Democrática ante la Ley de Fomento a la Lectura y el Llbro. La problemática cultural, el libro y la lectura.

El Partido de la Revolución Democrática, comprometido con el desarrollo cultural de nuestro pueblo y con los legítimos intereses de los trabajadores de la educación, la cultura y el arte, se ha pronunciado contra las prácticas comerciales y utilitarias de aprovechamiento privado de los bienes culturales; ha defendido la educación pública, ha rechazado enérgicamente el sometimiento de la formación cultural del pueblo a los intereses del mercado y se ha manifestado por detener el crecimiento de estructuras burocráticas que absorben recursos en tareas no sustantivas.

En su programa, el PRD se ha comprometido a luchar por extender con medios tradicionales y modernos los conocimientos básicos y especializados a capas crecientes de la población y por el acceso de todos los mexicanos y todas las mexicanas a actividades culturales y artísticas de calidad en todas las regiones del país.

Por esos motivos, para el PRD, el fomento a la lectura y al libro como vehículos de comunicación, cultura y educación es fundamental para el desarrollo social de nuestra nación.

A continuación presentamos un breve panorama de la problemática del libro y la lectura en nuestro país:

El desempeño de la educación pública en esta materia, dado que dicha habilidad se adquiere fundamentalmente en la escuela y que es un indicador de pobreza: a mayor pobreza mayor analfabetismo. No ofrece sin embargo resultados muy alentadores. Pero más preocupante aún es que en los últimos nueve años el analfabetismo creció en términos absolutos, algo que no sucedía desde el periodo 1950-1960.

Si el problema del analfabetismo sigue en pie es sólo parte del problema, pues es conocido aunque no hay cifras definitivas al respecto, que el analfabetismo funcional, saber leer pero no hacerlo, leer pero no entender y la falta del hábito de lectura, son problemas más graves todavía para adquirirlo.

Los especialistas coinciden en que el principal vehículo para la lectura consciente y voluntaria con objeto de disfrute, es el libro. Cada mexicano lee un problema de 2.8 libros; en países desarrollados esta cifra asciende a 20 y la UNESCO recomienda cuatro. En una lista de 108 países elaborada por esta institución internacional, México ocupa el penúltimo lugar.

En los años cincuenta el tiraje promedio de un libro era de 3 mil ejemplares para 30 millones de habitantes; en 1996 el promedio fue de 2 mil para 90 millones. Sólo el 1% de la población, principalmente egresados universitarios, consumen la mitad de los libros editados en el país. La mitad de los hogares mexicanos donde vive un familiar con licenciatura tiene menos de 30 libros en su casa; seis de cada 10 hogares mexicanos no compraron libros en los últimos 12 meses. La cuarta parte de los profesionales mexicanos no ha visitado nunca una biblioteca pública; seis de cada 10, nunca ha estado en una.

Según la Cámara Nacional de la Industria Editorial, en 1997 se editaron 421 millones de ejemplares, el 57% de esta producción corresponde a libros de texto, el 6% a literatura. Las librerías sólo representan el 9% de los puntos de venta de libros, frente a 30 mil tiendas de autoservicio y cafeterías que alcanzan el 44%. De 100 librerías registradas en 1987, hoy sólo queda la décima parte.

El salto cualitativo, qué leer. Otro asunto es la calidad de la lectura, gran parte de nuestro pueblo, algunas historietas tienen tirajes de hasta 100 millones de ejemplares, consume lo que tiene a mano, a través del puesto de periódicos y revistas; obviamente éste no es el mejor vehículo para ejercer la lectura ni por su calidad ni por sus contenidos. De ahí la importancia no sólo de fomentar la lectura en sí misma, sino de poner al alcance otras opciones. En este sentido es muy importante la formación de lectores con respecto a los gustos e intereses personales que ofrezcan otro tipo de lecturas. De nada sirve tener escritores, bibliotecas o libros si no se van a leer.

Pero éste no debe ser producto de esfuerzos aislados sino de una política de Estado que permita tener un impacto mayor con mejor uso de recursos y con una perspectiva a largo plazo.

Formar lectores implica la difícil tarea de provocar un cambio de conducta para acceder a otra información y conocimiento de una manera más sencilla, significativa y gratificante; sin metas y con austeridad la política oficial.

El Estado ha de asumir compromisos explícitos en la formación de lectores y escritores, con miras a garantizar su propio desarrollo económico y social en el contexto de la era de la globalización. Estos compromisos deben ir más allá de favorecer la producción y circulación del libro y de garantizar la creación de bibliotecas públicas.

Hasta el momento, la política de fomento a la lectura ha quedado en sus enunciados, pese a tener planteamientos claros y hasta avanzados, los planes y programas en la materia se quedan en promesas. Un dato habla muy claro del compromiso del Gobierno con el fomento a la lectura. La red nacional de bibliotecas creció 9.2% de 1995 a 1999, cuando en el periodo 1984-1988 ésta creció 48.8%.

El Gobierno actual redujo 23%, en términos reales, el presupuesto destinado a bibliotecas.

La disminución también fue en términos relativos. En 1989 el presupuesto en bibliotecas equivalía al 0.22% del gasto educativo; en 1999 representó el 0.07% y cuando despertó el lector, el libro ya no estaba ahí. La industria editorial.

Por último, otro pendiente es el fomento a la producción de libros en nuestro país, consumida por la escasez de demanda, el incremento en costos por las crisis recurrentes de nuestra economía y la apertura comercial. La industria editorial enfrenta una severa crisis desde hace años que pone en crisis la existencia misma de esta industria. De 1980 a la fecha las ventas de libros han caído en un 10%.

Sin embargo, el Estado no ha promovido acciones que la fomenten. En este sentido, la posición oficial ha sido muy clara: nada de excepciones fiscales, cero protección y una completa falta de definición sobre temas relevantes como los derechos autorales.

El presidente Zedillo declaró el 12 de noviembre pasado: "la industria editorial mexicana, ustedes lo saben muy bien, no puede subsistir y menos aún prosperar, supeditada en buena medida a propuestas, programas y acciones de Gobierno; necesita un remedio definitivo y ese remedio no puede ser otro que multiplicar los lectores".

Si a eso se reduce la propuesta del Gobierno frente a la industria, eso significa su acta de defunción. La formación de lectores no es una tarea inmediata ni fácil. Si se escucha a los profesionales del libro, desde el autor hasta el distribuidor, queda de manifiesto que se necesitan medidas fiscales, apoyos inmediatos.

Votemos pues por ésta que es una de las más nobles iniciativas y felicitemos a nuestros compañeros de las comisiones de Cultura y Educación, a quienes no se les podrá reprochar que hayan pasado la iniciativa al vapor. Pusieron todo su afán por estudiar la tan complicada industria editorial y pusieron sus intereses al servicio más que del editor, del lector. Enhorabuena.

Es cuanto, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Muchas gracias, diputado Gálvez Gasca.

A continuación le concedemos el uso de la palabra a la diputada Beatriz Zavala Peniche, para fijar la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Saber leer es un acto de crecimiento personal y social. La lectura es una de las actividades que más contribuyen al desarrollo de la persona porque es vehículo de información y formación y el conducto más fértil para la comunicación de las ideas y del pensamiento y por tanto, con mayor número de repercusiones positivas en el ámbito cultural y educativo.

Por su parte, el libro sigue siendo el instrumento privilegiado para la educación y la difusión de la cultura, por lo que el reforzamiento, promoción y fomento de la capacidad de leer y de escribir en toda la población tiene un papel insustituible en la política cultural y educativa de nuestro país.

En México se producen diariamente 12 nuevos libros; en el mundo se publican 4 mil libros diarios. Esta cifra da cuenta de lo poco que lee el mexicano.

114,115 y 116

En 1997, de los 93 millones de mexicanos alrededor de 79 millones no asistieron a una biblioteca el año anterior. De ellos, 39 millones están alfabetizados y se encuentran en plena edad productiva.

La consulta del estudiantado a las más de 12 mil bibliotecas del país, según cifras del INEGI, es en promedio de 20 veces al año.

Aunado a lo anterior existe un problema grave de rezago educativo: 9.8% de la población es analfabeta y el promedio nacional de escolaridad es de 7.5 años para 1997. En México hay un potencial de sólo 15 millones de lectores el resto de la gente no lee.

En este orden de ideas tenemos, por un lado, un número reducido de lectores por el rezago educativo y por la falta de costumbre hacia la lectura y por el otro lado, bibliotecas con acervos no actualizados ni con todos los ejemplares que salen al mercado. No es posible que aspiremos a tener un pueblo lector sin medidas destinadas a garantizar el acceso de la población mexicana al libro, a resarcir el rezago educativo y a fomentar la lectura entre la población.

La promoción de la lectura debe apoyar la transmisión del conocimiento, la difusión de la cultura propia y la universal, así como el fomento a la investigación social, técnica y científica.

Es necesario añadir que según datos del último censo del INEGI el índice nacional de alfabetismo simple de los adultos mayores de 15 años fue de 10.6%. Esto significa que el analfabetismo funcional rebasa por mucho esta cifra, lo que refleja parte de la catástrofe silenciosa o del país de reprobados de los que hablaba Guevara Niebla.

Debemos enfrentar el desafío del analfabetismo funcional. Por ello, es conveniente resaltar que el fomento a la lectura como primera acción para formar lectores, constituye una acción estratégica para elevar el nivel educativo y cultural de los mexicanos.

Asimismo, los avances científicos y tecnológicos aluden a nuevas necesidades, especialmente cuando se trata de la sociedad de la información que remite directamente a apropiarse de los conocimientos, para lo cual es indispensable contar con una formación más sólida de hábitos y técnicas adecuadas de lectura.

El fomento y promoción de la lectura no debe constituirse solamente en acciones aisladas, dentro del ámbito estrictamente educativo, sino como un ejercicio permanente que involucre a todos los ámbitos y sectores de la sociedad.

Esfuerzos en la tarea de fomentar el hábito de la lectura ha habido muchos y durante bastante tiempo. Sin embargo, han carecido de la fuerza necesaria para convertirse en políticas de largo plazo que realmente formen a educandos y sociedad en general en el gusto por la lectura.

Impulsado por Acción Nacional el Poder Legislativo mostró voluntad por legislar en la materia en 1997. Sin embargo, quedó sólo como un proyecto de ley.

En esta LVII Legislatura presentamos otra iniciativa en 1998, con mayor ahinco y una suma mayor de voluntades y puntos de vista diversos de los involucrados e interesados en el tema, hasta constituirse en la Ley de Fomento a la Lectura y al Libro, que hoy se discute y votará en esta Cámara y donde está el trabajo de los distintos grupos parlamentarios, que supieron poner a la cultura y a la educación por encima de las diferencias de partido.

La iniciativa propuesta en noviembre de 1998, en su aspecto general complementa y refuerza el proceso educativo a un nivel más amplio, pues la situación actual que guarda la educación en nuestro país requiere de elementos innovadores que permiten incrementar los esfuerzos en este sector.

No es gratuito que a partir del impulso decidido a esta ley el Ejecutivo formule el primer programa de fomento a la lectura. Estamos convencidos de que la acción del Ejecutivo y del Legislativo permitirá sentar las bases de un pueblo educado y culto, donde el privilegio del hábito de la lectura no sea de unos cuantos sino de todos los mexicanos.

Nuestra responsabilidad como legisladores y ciudadanos comprometidos radica en lograr que un mayor número de la población en nuestro país descubra los privilegios que brinda el ejercicio de la condición del lector, así como sus repercusiones en un futuro más pleno para los mexicanos.

El hogar, la biblioteca y la escuela, espacios tradicionales de la lectura, deben ser reforzados por otros espacios no convencionales y con el apoyo de los medios de comunicación masiva.

Contar en México con una legislación expresamente enfocada al fomento y promoción de la lectura permitirá sentar las bases mínimas que logren potenciar las acciones que en política cultural se están realizando, integrando los diversos esfuerzos hacia un fín común. De ahí la importancia de contar con un Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro de carácter plural, donde cada uno de los actores, desde su respectiva competencia, aporte ideas que ayuden a la formación de más y mejores lectores, al tiempo que contribuyan en las actividades relacionadas con la función educativa y cultural de fomento a la lectura y el libro.

El acceso y aprovechamiento de la lectura debe estar por encima de intereses sectoriales, comerciales o políticos. Estamos muy lejos de haber agotado las formas y las iniciativas a efectos de llegar a todos los habitantes y asegurar su alfabetización para estimular el ejercicio cotidiano de leer.

Por la envergadura y la trascendencia de las tareas a resolver, se hace necesaria la colaboración de todos los sectores que puedan decidir e incidir sobre esta cuestión.

Esperamos que con esta ley, que es producto de muchas personas y voluntades, cumplamos el compromiso que le debemos a un gran número de mexicanos y avancemos decididamente en un mejor futuro de la educación y la cultura de nuestro país.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Muchas gracias a usted, diputada Zavala Peniche.

El grupo parlamentario del PRI nos ha solicitado fijar su posición a través de dos oradores de hasta por cinco minutos cada uno de ellos, para lo cual esta mesa directiva no tiene inconveniente.
En tal virtud, se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del PRI.

El diputado Francisco Agustín Arroyo
Vieyra:

Muchas gracias, señor Presidente Jáuregui.

Voy a tratar de ser muy breve para dar paso a la intervención de mi compañero, el doctor Moctezuma, que culminó por nuestra parte con la representación del PRI y los trabajos en la subcomisión de dictamen.

Miren, la lectura es un hábito muy agradable que afortunadamente genera adicción. Sin embargo, para entrar en el mundo de los libros es necesario de una guía y de una mano generosa que nos lleve, así como el coronel a su nieto Aureliano, a conocer el "hielo". Esto es, una vez que nosotros logramos sentarnos y una vez que logramos ir más allá de tres páginas de "Cien Años de Soledad", es imposible dejar la lectura. Cuando se termina un libro como "Cien Años de Soledad" viene otro y otro y la vista se cansa y el cerebro se enriquece.

Es necesaria una mano generosa, una guía espiritual, de tal suerte de llevar al pueblo mexicano, a la sociedad, de la mano hacia leer el primer libro de muchos más que vendrán en el resto de los días.

Conocimos, efectivamente, de muchas y de muy variadas iniciativas al respecto. Yo debo confesar que estaba en contra de este proyecto, porque una Ley del Libro me parecía que era atentatoria de una expresión de libertad. Si hay una expresión de libertad que se pueda materializar es precisamente el tener un libro, el tener un libro en la mano y no me imaginaba, ni como abogado ni como lector ni como legislador, la posibilidad de ir a normar una expresión de libertad.

Yo siempre he dicho y he sostenido que la sociedad mide el grado de sus enfermedades en la medida en que tenga muchas leyes, muchas leyes y complicados cuerpos normativos. Luego entonces, debo decir que me opuse ferozmente a que existiera una legislación en la materia.

Sin embargo debo de reconocer que luego de los trabajos de la subcomisión, que luego de un buen entendimiento entre los grupos parlamentarios, debo de reconocer aquí del trabajo y el esfuerzo de muchos meses, hemos llegado a una feliz conclusión. La ley recoge prácticamente todos los programas que tiene el Estado mexicano en materia de fomento a la lectura y en lugar de tener una Ley del Libro es ahora una Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, y eso nos gusta mucho más, porque no se abre ninguna rendija como sí se abrían en otras iniciativas de ir a manipular el contenido de los libros de texto gratuitos peor aún, parecía que andábamos litigando en favor de una industria específica y de los dueños de las editoras. No, el cuerpo de la ley me gusta, me gusta mucho como quedó, pero no es que me guste o que me deje de gustar, es que es una ley que en este año, el año de la lectura, va a dar un nuevo impulso, porque vamos a integrar al cuerpo normativo, le vamos a dar fuerza de ley a esa mano generosa, a esa guía que el Estado mexicano debe de asumir como propia para llevar a muchos miles de mexicanos a la lectura, así como el coronel llevó a su nieto a conocer el hielo.

Luego entonces y sin mayor abundamiento vengo a decirles que los señores diputados de mi partido, más allá de las consideraciones, buenas todas que haga mi querido amigo el doctor Moctezuma en esta tribuna, va a votar a favor y ojalá y que contemos con el respaldo unánime que finalmente quiere decir una sola alma para que los mexicanos tengan mejor, mayores oportunidades de lectura para que en las bibliotecas las señoras y los señores que sufren algún tipo de discapacidad tengan facilidades para que, en fin, México sea uno de esos países que estén catalogados como uno de los que fomenta la lectura que es un hábito que afortunada y felizmente genera adicción.

El Vicepresidente:

Muchas gracias, diputado Arroyo.

Nuestro último orador registrado es del grupo parlamentario del PRI y es el diputado Salvador Moctezuma Andrade.

El diputado Salvador Moctezuma Andrade:

Con su venia, señor Presidente:

Realmente mi estancia aquí en esta tribuna máxima de la nación, no es más que para estar en absoluto acuerdo con los compañeros de diferentes fracciones que me antecedieron.

Yo creo que es unánime el concepto, todos tenemos la misma ideología que en cultura no hay partidos políticos, no hay religión, no hay ninguna otra causa que pueda desvíar el sentido unánime, el sentido grandioso que es la cultura.

Todos sabemos que la cultura es el principal aliado de los pueblos y cuando la cultura no llega a ellos, están sumidos en la desgracia, en la pobreza, en la marginidad.

Los datos estadísticos que dieron los anteriores que me antecedieron en esta tribuna son concluyentes en cuanto a la falta todavía que tenemos, el pueblo mexicano, digamos, de cultura, la gran falta de atención para poder leer y la pobreza que existe en casi todos los mexicanos por este ávido deseo de ser mejor informado, es decir más cultura.

Es por eso que yo quisiera proponerles a todos ustedes y ésta es la mejor prueba que en este punto estamos unidos todos los partidos políticos, que sin ningún menoscabo, sin ninguna reticencia todos demos nuestro voto de aprobación a esta iniciativa de ley que va en beneficio para todos los mexicanos. Me congratulo y congratulo a todos los demás por esta magnífica oposición y por esta magnífica exposición.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Muchas gracias, diputado Moctezuma.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

La secretaria Martha Laura Carranza Aguayo:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

117,118 y 119

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Suficientemente discutido, señor Presidente.

El vicepresidente:

Muchas gracias.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de ley en un solo acto.

La secretaria Martha Laura Carranza Aguayo:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para tomar la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de ley en un solo acto.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 377 votos en pro y ninguno en contra.

El Vicepresidente:

Muchas gracias.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

La secretaria Martha Laura Carranza Aguayo:

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

NARCOTRAFICO

El Vicepresidente:

En el siguiente punto del orden del día, encontramos el capítulo de proposiciones, para lo cual le concedemos la palabra a la diputada Guadalupe Sánchez Martínez, del PRD, para presentar una proposición a efecto de crear la comisión especial que evalúe el desempeño que la Procuraduría General de la República ha tenido en la lucha contra el narcotráfico en el Estado de Michoacán e informe al pleno.

La diputada María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Con su permiso, señor Presidente.

Proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargada de evaluar el desempeño de la PGR en el combate al narcotráfico en el Estado de Michoacán e informe al pleno.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los acontecimientos recientes en la guerra del Gobierno mexicano contra el narcotráfico, parecen conducir al país entero a un laberinto de inseguridad, violencia y corrupción crecientes.

En la etapa final del sexenio del ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, el tráfico de drogas ha alcanzado niveles alarmantes que amenazan las bases mismas de una convivencia social civilizada.

Algunos datos resultan sumamente ilustrativos: entre 1993 y 1999 se ha incrementado en un 300% el consumo de cocaína en México. La edad promedio en la que se inician los adictos se ha reducido y se sitúa entre los 11 y 14 años de edad; adicionalmente el número de muertes violentas relacionadas con el narcotráfico se ha hecho un fenómeno común en varios estados de la República y particularmente en las zonas fronterizas.

La red de complicidades que han creado los principales cárteles de la droga con autoridades mexicanas en todos los ámbitos y niveles de gobierno, ha sido la clave para el aumento exponencial de la impunidad.

En este proceso, el poder económico del narcotráfico ha corrompido y limitado la capacidad del Estado para impartir justicia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Debemos tomar en cuenta que en lo que va de esta administración, son muchos los incidentes en los que servidores públicos incurrieron en actos ilícitos asociados con el narcotráfico. Nadie puede olvidar la forma en la que pudo escapar de la acción de la justicia un delincuente como Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, amparado por su cercanía con el poder.

Dentro de todo este contexto y en medio de la crisis que ha generado la muerte de su oficial mayor, la Procuraduría General de la República ha sido recientemente señalada por diversas notas periodísticas que han cuestionado sus actividades en el interior de la República, tal es el caso del Estado de Michoacán el cual se ha convertido en una de las rutas del Pacífico de mayor uso para el traslado de droga a los mercados del sur de los Estados Unidos.

En los últimos meses, en dicha entidad federativa ocurrieron un conjunto de incidentes que han sido escasamente aclarados y que guardan relación con la captura de embarcaciones que transportaban cocaína.

Del 14 de agosto de 1999 al 14 de marzo de este año, la Armada de México detuvo en la costa del Pacífico mexicano un total de seis embarcaciones, todas ellas de bandera mexicana que según los datos que se tienen transportaban importantes cantidades de cloridrato de cocaína; tales embarcaciones fueron remolcadas al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; éstas son la "Foroixcuintle" (sic), detenida el 14 de agosto con poco más de ocho toneladas de cocaína; la "Alfonso Martínez Domínguez", detenida el 14 de diciembre con también más o menos esa cantidad de toneladas de cocaína; el" Valeria", detenida el 24 de enero de este año, con casi tres toneladas; el "Yuqui III", detenido el 19 de febrero; el "Guerrero Negro" y el "Pámpano I".

La constante en todas esas detenciones, ha sido una serie de irregularidades que no han sido debidamente aclaradas; se menciona que la detención inicial de los cargamentos en altamar fue producto de la vigilancia del sistema de guardacostas norteamericano, quien comunicó sus coordenadas a la Armada de México y a la PGR, sin embargo esto no ha sido confirmado y aún no tenemos conocimiento del verdadero papel que jugaron las autoridades norteamericanas en estos hechos. ¿Debemos suponer acaso, que fueron ellas quienes detuvieron estas embarcaciones en aguas territoriales mexicanas?

Por otra parte, cuando esas embarcaciones han sido remolcadas al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, los operativos se han rodeado de un total hermetismo por parte de la Procuraduría General de la República. Al respecto, es poco lo que se sabe de los 18 tripulantes de la embarcación "Chucky", que según fuentes se encuentran arraigados en un hotel del puerto.

Una situación similar es la que viven los tripulantes de los barcos "Guerrero Negro" y "Pámpano I", de los cuales se sabe poco o casi nada.

A la fecha no existen comunicados o informes de los estados procesales que guardan los procedimientos que conforme a derecho debieron iniciarse. ¿Por qué no se han puesto a disposición de la justicia los tripulantes? ¿Eso significa que al poco tiempo estarán libres, gozando de impunidad? ¿Por qué la Procuraduría y su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud, no han emitido un informe detallado como corresponde? ¿Qué ha sucedido en Michoacán con el Programa Nacional para el Control de Drogas 1995-2000?

Aunado a estos antecedentes, existen claros indicios por la DEA y organismos internacionales, que señalan al Estado de Michoacán como una de las entidades que ha experimentado una de las mayores penetraciones del narcotráfico. Tan cierto es, que en el mundo de la droga comienza a reconocerse la influencia del cártel denominado "Mendoza Valencia", que tiene sus orígenes en ese Estado.

Con base en todo lo anterior, proponemos que la Cámara de Diputados constituya una comisión especial encargada de evaluar el desempeño de la Procuraduría General de la República en su lucha contra el narcotráfico en el Estado de Michoacán.

La Ley Orgánica del Congreso General otorga a la Cámara de Diputados esta facultad para crear comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 74 fracción V-A y 93, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 párrafo primero y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 58, 71 y 78 del Reglamento Interior del Congreso, los suscritos diputados federales de esta LVII Legislatura que firmamos este documento, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión acuerda constituir una comisión especial encargada de evaluar el desempeño de la Procuraduría General de la República en el combate al narcotráfico en el Estado de Michoacán.

Segundo. La comisión especial objeto del presente acuerdo se integrará por 18 diputados, de los cuales ocho serán designados por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuatro por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuatro por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, uno designado por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y uno designado por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Tercero. La comisión especial referida en los artículos anteriores, tendrá un plazo para efectuar las tareas de evaluación encomendadas a partir de su creación y hasta el 30 de junio de este año.

Cuarto. Esta comisión diseñará un plan de trabajo a fin de cumplir eficazmente con el objetivo de su creación.

Y firman compañeros diputados: la suscrita, María Guadalupe Sánchez, Plutarco García, Gonzalo de la Cruz, Agapito Hernández, Laurentino Sánchez, Samuel Maldonado, Antonio Lagunas, Julieta Gallardo, José Luis Gutiérrez Cureño, Fabiola Gallegos, Patria Jiménez y Antonio Prats García.

Es cuanto, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Gracias, señora diputada.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

CAFE

El Vicepresidente:

Tiene la palabra el diputado Luis Meneses Murillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre cafeticultores.

El diputado Luis Meneses Murillo:  

Con su permiso, señor Presidente:

Considerando que en México se producen 4 millones y medio de sacos de café al año, suficientes para abastecer el mercado interno y competir en el mercado externo, ya que el consumo nacional es de 800 mil sacos, es decir, que más del 80% de la producción nacional se exporta.

Considerando que con las importaciones se perjudica a 282 mil productores de café, de los cuales el 65% son pequeños productores, ejidatarios e indígenas de los estados de Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas y, en menor medida, Michoacán y a los 3 millones de personas que dependen de los productores de café.

Considerando que la cotización del café se encuentra entre 20 y 30 dólares por debajo de la Bolsa de Nueva York y que ésta tiene un responsable, las grandes empresas transnacionales, que comercializan la mayor parte de la producción nacional y que han apostado a exportar grandes volúmenes a costa de la calidad.

Considerando que cafeticultores de 12 estados efectuaron el 15 de marzo, frente a la Secretaría de Comercio, su primera movilización nacional en los últimos años y protestan porque sus ingresos se han visto reducidos por los bajos precios internacionales del café y la falta de apoyos gubernamentales al sector.

Considerando que una comisión de 50 representantes fue recibida por el subsecretario de la Sagar y de Normatividad, quienes reconocieron que en este sector existen serios problemas y asumieron el compromiso de instalar una mesa de trabajo para dar seguimiento a las demandas de los productores.

120, 121 y 122

 

                       
Considerando que los agricultores de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), de la Confederación Nacional de Productores Rurales, de la Confederación Mexicana de Productores de Café, de la Confederación Nacional Campesina y de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, entre otras organizaciones, realizaron en distintos estados del país movilizaciones similares bajo los mismos planteamientos y exigencias.

Considerando que los cafeticultores demandaron a las autoridades la reestructuración del Consejo Mexicano del Café, a fin de que exista mayor participación de los productores y se convierta en un organismo que defienda y aplique políticas en beneficio de los productores y de las regiones cafetaleras.

Considerando que el Gobierno se comprometió a que la Comisión Federal de Competencias realizará una investigación a las empresas exportadoras para determinar si se ponen de acuerdo en la fijación de los precios del aromático. Asimismo, las autoridades reconocieron que el Consejo Mexicano del Café no ha funcionado correctamente y que incluso se considera la posibilidad de relevar a los actuales funcionarios, puesto que su actuación ha sido parcial en apoyo de los industriales y comercializadores.

Considerando que de manera arbitraria la Secofi autoriza la importación de café bajo la norma 009, dando autoridad a los supervisores de las compañías importadoras e ignorando el riesgo sanitario.

Considerando que debido a la prohibición de la norma 006, para importar el café de los demás países productores, éste es introducido a México a través de los Estados Unidos de América, violando dicha norma y medidas arancelarias del comercio internacional, como las normas de origen y las fitosanitarias.

Bajo los considerandos que anteceden y con fundamento en el artículo 58, en la fracción III del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores que suscribimos, proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Túrnese a las comisiones de Comercio y Agricultura de esta soberanía para que, con fundamento en sus facultades y buenos despachos, dichas comisiones intervengan para que las autoridades mencionadas den seguimiento a los compromisos que han adquirido con los cafeticultores mexicanos.

Segundo. Recomiéndese a las mencionadas comisiones de Comercio y Agricultura de la Cámara de Diputados para que, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 93, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cite a comparecer a los responsables de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con el fin de que expliquen las razones por las cuales se ha negado el apoyo a los productores de café nacionales.

Atentamente.

Diputados: Pedro Magaña Guerrero, Ricardo Castillo Peralta y Luis Meneses Murillo.»

Muchas gracias.

El Vicepresidente: 

Gracias, diputado Meneses.

Se turna a las comisiones de Comercio y Agricultura.

REGISTRO PUBLICO NACIONAL SINDICAL

El Vicepresidente: 

Dentro del capítulo de excitativas, en el orden del día, se han agendado previamente el diputado Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Agapito Hernández Oaxaca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En tal virtud, le concedemos la palabra al diputado Javier Paz Zarza, para presentar una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El diputado Javier Paz Zarza:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Nuestro marco jurídico normativo debe constituir el pilar fundamental del orden y la armonía social, afirmaba don Manuel Gómez Morín y añadía que la honesta, objetiva y fecunda actuación del derecho, es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y del bien común.

Por eso, señoras y señores diputados, nuestra Ley Fundamental, los tratados internacionales de los que México sea parte, así como nuestras demás normas jurídicas, deben ser congruentes con la realidad, al tiempo que deben ser íntegramente respetados por gobernantes y gobernados.

En el mundo del trabajo, el listado de temas prioritarios son demandas crecientes de los trabajadores, seguridad social, salario justo, empleo bien remunerado, no discriminación del trabajo de la mujer, el trabajo informal, el mundo sindical, el reclamo de democracia sindical y la incuestionable exigencia de libertad sindical, entre otros, son temas que reclaman de la sociedad y del Poder Legislativo en particular, una posición definida.

Es indiscutible que en este principio de siglo no podemos ni debemos seguir permitiendo que subsistan estructuras verticales y autoritarias que nieguen en la vida cotidiana la existencia, la democracia, la representatividad y la legitimidad sindical.

La construcción de un modelo democrático en nuestra sociedad debiera empezar por coadyuvar a la libertad en las organizaciones de los trabajadores. Es evidente que el corporativismo sindical se encuentra en decadencia, tanto por el surgimiento de organizaciones alternativas, como por el desgaste de quienes comandan el sindicalismo oficial; han perdido toda credibilidad, han dejado ser interlocutores ante el Gobierno, ante los empleadores, ante los propios trabajadores.

Ya afirmaba don Efraín González Luna, en 1956, que la profunda reforma social debe empezar por poner fin a las ataduras que han paralizado al trabajador como agentes de un control despiadado. Aquellos que han considerado al trabajo como una mercancía, a los trabajadores como incapaces y a sus organizaciones para servir al estado poderoso en turno y añadía: "en Acción Nacional proponemos una auténtica democracia en la creación de funcionamiento de los auténticos sindicatos, la elección libre respetada de sus líderes y funcionarios, el voto secreto para la designación de éstos y para las resoluciones sindicales básicas, la revisión comprobada de cuentas y la responsabilidad efectiva de éstos por su actuación". En suma, decía don Efraín, "otorgando a los trabajadores sindicalizados las garantías necesarias preservando sus derechos sindicales y del trabajo".

Hoy, ante el proceso de globalización y el presunto avance del neoliberalismo brutal y materialista, es necesario que nuestro marco jurídico implemente políticas que se traduzcan con el respeto a la dignidad del trabajo y de los trabajadores.

Por eso, en Acción Nacional hemos reclamado el respeto al derecho de los trabajadores para organizarse en defensa de sus legítimos intereses, a través de dos herramientas fundamentales, el ejercicio ciudadano y la participación en sus propias organizaciones, para lograr un nuevo tipo de sindicalismo, un sindicalismo, reiteramos, democrático, humanista, plural, ético, solidario, independiente, por la justicia social.

Esta exigencia no es gratuita ni es exclusiva de los trabajadores mexicanos. El próximo 1o. de abril, dentro de 10 días, se cumple el L aniversario del Convenio 87, de la Organización Internacional del Trabajo, donde se expresa el derecho de los trabajadores, sin distinción, para organizarse y constituir sus propias organizaciones. Este convenio, como es del conocimiento de todos, fue signado en nuestro país desde 1955 y constituye el elemento fundamental de la libertad sindical.

Es evidente que haya resistencias para que este tratado internacional sea respetado íntegramente en nuestro país. El sistema corporativo del priato, de casi siete décadas, pretende mantener el control de los trabajadores mediatizando e impidiendo a la libertad sindical.

La demanda de libertad sindical es impostergable, no puede esta LVII Legislatura terminar sus periodos de sesiones sin dar una respuesta concreta a los trabajadores, seríamos cómplices del sindicalismo más nefasto, que aquí tiene algunos aciertos todavía y que ha impedido que los trabajadores desarrollen con libertad plena su responsabilidad.

El caso es, señoras y señores diputados, que el de la voz, como secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e integrante del grupo parlamentario, presenté el 30 de agosto de 1999 una iniciativa que reformaba y adicionaba los artículos 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de constituir un registro público nacional sindical para que en la medida de su ejercicio se transparentara el ejercicio legítimo de los trabajadores para constituirse en sindicato, siendo del conocimiento del que lo requiera en los términos y condiciones en que se constituya el sindicato.

Decíamos que el padrón de los miembros debe quedar públicamente conocido, el domicilio de la persona moral, el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, los integrantes de la mesa directiva, su forma de elección, los términos y condiciones en que se firma el contrato o convenio colectivo de trabajo, las fechas de iniciación y vigencia del mismo, así como el nombre y domicilio del empleador. Al mismo tiempo propusimos la actualización periódica del registro correspondiente y la declaratoria simple de la autoridad en inscripción en el caso de no actualización después de un año de su registro.

En congruencia con estos preceptos señalamos que era necesario que el registro fuera con la simple toma nota de la autoridad, sin declarar un registro respectivo.

Ciertamente las autoridades de trabajo, para el gobierno de Ernesto Zedillo, son autoridades menores. Las propias autoridades del Seguro Social son simplemente trampolín para unos cuantos vivales.

Nosotros pensamos que tiene que haber responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo, pensamos que tiene que haber responsabilidad por parte del Poder Legislativo, que tenemos que actuar en consecuencia y que las iniciativas presentadas en esta legislatura deben ser motivo de análisis y discusión en las comisiones respectivas.

No pensamos que México debe suscribir tratados internacionales y dejarlos al olvido. Este Convenio 87 signado por México, debe ser respetado íntegramente.

Sabemos que los líderes tradicionales del corporativismo sindical de la CTM de la CROC y de las demás organizaciones defastas que todavía subsisten en nuestro país, van a impedir que la Comisión de Trabajo legisle en la materia.

Creemos que esta legislatura debe de actuar en consecuencia, que tenemos que dictaminar a la brevedad esto para ser congruente con el L aniversario de este Convenio 87.

Por lo tanto, señor Presidente, habiendo transcurrido con exceso el plazo previsto por la ley para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social emita su dictamen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a usted respetuosamente que nuevamente exhorte a la citada comisión para que emita su dictamen y lo presente a este pleno para su discusión.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Gracias, diputado Javier Paz Zarza.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Trabajo y Previsión social para que emita el dictamen correspondiente en un término no mayor de 10 días contados a partir de esta fecha.

CAFE (II)

El Vicepresidente:

Tiene la palabra el diputado Agapito Hernández Oaxaca, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Agricultura.

El diputado Agapito Hernández Oaxaca:

Compañeras y compañeros diputados:

Grandes han sido los compromisos de México con el Tratado de Libre Comercio y hoy el más reciente, con la Unión Europea. Pero grandes son también los retos que tenemos en México y uno de los sectores más maltratados por estos tratados, precisamente es el ramo del café.

123, 124 y 125

La cafeticultura en México está atravesando uno de los problemas más serios: 300 mil productores a diario se están quejando precisamente porque no han encontrado el encono económico para sufragar los gastos y el mantenimiento de sus plantíos de café.

Por ello precisamente un servidor presentó una iniciativa el año pasado y hoy vengo a exponer esta excitativa a la Comisión de Agricultura a la que fue turnada. Dice el siguiente texto:

«La Comisión de Agricultura a cargo del ciudadano Enrique Bautista Villegas, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.

El suscrito en mi calidad de diputado federal de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44 y 45 párrafo sexto, inciso e de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, vengo a promover la presente excitativa, en virtud de que el 18 de noviembre de 1999 presenté una iniciativa que crea el Instituto Mexicano del Café, que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión de Agricultura a la cual fue turnada, por lo que me permito acudir a usted para los efectos procedentes en este sentido, expongo

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 18 de noviembre de 1999 el de la voz, diputado Agapito Hernández Oaxaca, presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados una iniciativa de ley que crea el Instituto Mexicano del Café.

Segundo. Tal iniciativa pretende crear un órgano rector de la cafeticultura nacional que controle la productividad de la producción y la comercialización del aromático grano.

Esta rama de nuestra agricultura de los años sesenta hasta el año de 1976 equilibró la economía de México con un ingreso de 10 mil millones de dólares por motivos de su exportación. Es por ello que a un servidor le conmueve que la cantidad de 300 mil productores de café, hoy se encuentren al algarete, sin tener el camino a seguir para la comercialización de su producto.

Es por ello que determiné pues que esta iniciativa de ley, que espero que en su oportunidad la retomen y puedan dar el voto a favor de ella.

Voy a hacer la exposición de motivos para todos ustedes y posteriormente la misma viene amparada con 50 artículos y tres transitorios que así quedó establecido en la iniciativa:

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta alta soberanía del país, la presente iniciativa de ley que crea el Instituto Mexicano del Café al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La crisis de credibilidad por parte de los productores en las organizaciones oficiales más democráticas y auténticamente representativas que más que gestoras y asesoras participan activamente en grandes problemas como la solución de las carteras vencidas, aterrizaje de proyectos productivos con el siguiente financiamiento adecuado y la conformación de una legislación para una política cafetalera nacional, que debe resistir los efectos adversos del orden globalizado de la economía que inicie en el sector.

En estos momentos la cafeticultura se caracteriza por su baja productividad, precios pocos remunerativos para el productor, desarticulación y fragmentación de las políticas oficiales en la materia, que se traducen para la gran mayoría en niveles de vida de penuria y difícil acceso a la mejoría estructural de su condición. Asimismo la desorganización productiva de los agentes económicos, propicia la concentración del negocio tanto de exportación como de doméstico en muy pocas empresas, no más de 10, fundamentalmente transnacionales, que operan hábilmente en la Bolsa de Valores de Nueva York sobre el café, azúcar y cacao, de modo que cuando hay niveles altos de cotización, el beneficio no llega directamente a los productores y cuando los indicadores son bajos, éstos cargan con el peso de sus efectos adversos, es decir, que los 4 millones 800 mil sacos de 60 kilogramos de la cosecha 1997-1998, aproximadamente el 80% se exportó y el resto se destinó a un mercado interno sumamente estrecho.

La realidad nos muestra que en México existe la crisis agrícola más profunda de toda la historia contemporánea de nuestro país. A ello se le ha pretendido atender con programas tales como el presentado a fines de 1995 a las organizaciones de productores, conocido como "Alianza para el Campo Café", que pretende el mejoramiento y renovación de cafetales cuyos objetivos son sustituir plantaciones de baja población, avanzada edad y baja productividad, con nuevas variedades de porte bajo, alta producción y alta resistencia a plagas y enfermedades, así como el aumento de densidad de la plantación de café.

Este programa ha tenido los siguientes problemas:

Primero. Los tres primeros años de recursos llegan tarde al campo. Esto tiene que ver con el esquema de operación de los recursos en los estados.

Segundo. Hay una disminución real del presupuesto, en particular lo correspondiente al Programa de Mejoramiento y Renovación de Cafetales.

Tercero. Se da una inadecuación entre lo que señalan las reglas del programa y las estrategias diseñadas por la Sagar y el Consejo Mexicano del Café y lo que finalmente acaba siendo los productores y organizaciones.

Cuarto. En la mayoría de los casos existen problemas de articulación entre técnicos y productores y organizaciones.

Quinto. Falta conjuntar más los recursos de mejoramiento de cafetales, asistencia técnica, equipamiento y empleo temporal en torno a proyectos que profundicen la estructura asociativa de los productores.

En conclusión, no podemos negar la existencia de problemas en el sector que merman las condiciones de vida de los productores, de muchos mexicanos. He aquí la importancia y urgencia de darle solución a los problemas de tan importante sector.

El sector agropecuario ha dejado de ser un área prioritaria para el Gobierno Federal, que ha dejado de asumir el mandato constitucional, de asumir la condición económica del Estado, suplantando tal obligación por políticas meramente asistenciales que subsidian, mas no fomentan la producción.

En nuestro marco jurídico no existe un órgano que atienda específicamente la problemática del sector cafetalero. El Consejo Mexicano del Café constituido en 1993, en un organismo mixto de concertación de las políticas nacionales que aglutinan a todas las organizaciones de productores, industriales y exportadores del sector cafetalero del país, los consejos estatales y regionales del café, Banca Rural y de apoyo a las exportaciones y dependencias federales de los sectores agrícolas, desarrollo social y rural, comercio y finanzas.

Las funciones que desempeña el Consejo Mexicano del Café son las siguientes: promueve y coordina la colaboración de los sectores público, social y privado en la materia; desarrolla los estudios, encuestas, evaluaciones y actividades en general, con las conducentes del cumplimiento de su objeto; celebra los actos, convenios y contratos que resulten necesarios y expide los certificados de origen válidos en los términos de las disposiciones aplicables.

Entre sus principales actividades destacan: constituyen la distancia de coordinación entre las dependencias y entidades federales y estatales, organizaciones sociales y privadas a nivel nacional para el análisis y definición de las acciones a realizar en la materia; prepara los programas tendientes al desarrollo integral de la cafeticultura mexicana; coordinar e instrumentar los programas de acciones del Gobierno Federal en materia de café.

Por tal virtud, es necesario crear un organismo público que atienda las condiciones económicas del Estado, dedicado a la coordinación de la investigación y estudios científicos y tecnológicos, geografía humana, ecosistema y mercados, organismos de alto nivel académico y libres de intereses económicos particulares. Este organismo debe ser el Instituto Mexicano del Café.

A pesar de existir una norma que contempla la ley de torrefacción (?) para determinar el café puro y mezclado, es necesario que se especifique en la etiqueta y se vigile por parte de Profeco el contenido del producto, llevándolo a evaluación a laboratorios, sancionando las adulteraciones. Se debe legislar para que la importación de café verde a nuestro país se realice siempre y cuando no se cuente con existencias en nuestro país, y de común acuerdo con los productores y comercializadores de este producto, para proteger el mercado interno y la producción nacional, ante el entorno de una política cafetalera poro consistente, cíclica, frágil y coyuntural y sin perspectiva de largo plazo, así como la poca conciencia de concepto de cadena productiva y menos aún de la importancia de consolidar a todos y cada uno de los eslabones que la integran.

Las organizaciones integrantes del Foro de Organizaciones Nacionales de Productores de Café, después de un prolongado, profundo y amplio trabajo de consulta, debate, formulación y consenso de propuestas ha planteado una reestructuración a fondo de la cafeticultura mexicana partiendo en las siguientes premisas:

1. Definir sectorialmente una política cafetalera que atienda a todos los actores de la cadena productiva con una visión clara y comprometida de corto, mediano y largo plazo, partiendo del compromiso de calidad, abasto seguro al consumidor.

2. Revisar de fondo todos los aspectos sanitarios relacionados con la producción y la comercialización de café para establecer con precisión los riesgos, métodos, normas y programas para disminuirlos y controlarlos instrumentando los compromisos sectoriales necesarios para evitarlos a futuro y erradicar los que sean posible.

3. Constituir como organismo rector de la cafeticultura mexicana al Instituto Mexicano del Café como un organismo de interés público, autónomo, que integre en su seno a todos los actores de la cadena productiva; entendiendo como tales a los representantes de las organizaciones de productores de café, los representantes empresariales y los de la Administración Pública Federal y Estatal.

4. Establecer a través de dicha institución los mecanismos de interlocución, propuestas, revisión, ejecución entre ésta y los consejos estatales del café.

5. Considerar la definición de las políticas cafetalera nacional, la problemática general de los cafeticultores, considerando todas sus características productivas, sociales y regionales para garantizar la estructuración de programas que den respuestas integrales a sus problemas posibilitándoles un mejor nivel de vida.

6. Asumir en toda la cadena productiva la necesidad de establecer compromisos de corto y mediano plazo, respecto a la sustentabilidad del café como producto, haciendo hincapié en la adecuación de los productos de procesos de beneficiado del café para garantizar la no afectación del capital natural y de preferencia su incremento.

En lo que respecta al financiamiento, requiere que la banca de desarrollo opere como institución financiera de primer piso, así como ampliar y facilitar la participación de la banca internacional.

Los pequeños productores, desde hace varias décadas, tienen sistemas informales de ahorro y crédito; la ley deberá reconocer estos sistemas de manera que puedan descontar directamente la del FIRA y Bancomext;

Crear la cultura del financiamiento de manera gradual, primero mediante un fideicomiso que transforme la cultura del subsidio a una cultura de financiamiento;

Fomentar la diversificación de cultivos, aprovechando los recursos en forma racional y sustentable, considerando la construcción de beneficios ecológicos, así como la creación de centros de ecoturismo en zonas cafetaleras.

Los participantes enunciados anteriormente garantizan que al interior de los organismos rectores de la cafeticultura, haya el suficiente conocimiento de la realidad cafetalera de sus problemas, debilidades y riesgos, así como sus oportunidades, fortalezas y perspectivas.

Para la correcta funcionalidad del Instituto Mexicano del Café, se considera a la integración de los factores de cadena productiva en un pleno en el que se presenten, debatan y acuerden las propuestas de todos los participantes, fijando los objetivos y metas de los programas, así como las directrices para la dirección general que actualmente integra el Consejo Mexicano del Café que se asignarán al nuevo organismo rector de la cafeticultura o sea el Instituto Mexicano del Café.

126,127 y128

Tendrá su contraloría interna y cuatro comisarios independientes con sus respectivos suplentes, designados dos por las organizaciones de productores, otro designado por las organizaciones de los industriales y los comercializadores y el último, designado por la Contraloría de la Federación o Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

1. Considerando que desde el 18 del mes de noviembre del año de 1999 a la fecha de presentación de la iniciativa han transcurrido evidentemente mucho más de los cinco días que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones de la Cámara presenten su dictamen en los negocios de su competencia dentro del plazo al de la fecha en que los hayan recibido.

2. En tal virtud es procedente que el Presidente de esta Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación conforme a lo dispuesto en al fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Agricultura, a fin de que emita el dictamen correspondiente.

Por el mejoramiento de una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 15 de marzo de 2000.- Su servidor Agapito Hernández, firma la presente excitativa.»

Señor Presidente, voy a agradecer a usted haga llegar esta excitativa a la Comisión de Agricultura para que de ser posible en este lapso que nos queda todavía de acción en la Cámara, pudiera ser aprobada, ya que no tan sólo se quejan los 300 mil productores de café, sino los 5 millones de mexicanos que adquieren suficientes recursos para subsistir, de este sector cafetalero.

Por su atención muchas gracias, señores diputados.

El Vicepresidente:

Gracias, diputado Agapito Hernández Oaxaca, y con todo gusto obsequiamos su petición en el sentido de turnar la excitativa a la Comisión de Agricultura y en tal virtud y con fundamento con el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Agricultura para que emita el dictamen correspondiente, en un plazo no mayor de 10 días contados a partir de esta fecha.

INSTITUTO DE PROTECCION
AL AHORRO BANCARIO

El Vicepresidente:

El siguiente punto del orden del día, ya dentro de la agenda política, es el relativo a los comentarios sobre la lista del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el cual fue agendado previamente por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del PRD. Para tal efecto se han inscrito también para hablar sobre el tema, el diputado Gustavo Pedro Cortés, del PT; el diputado Humberto Treviño Landois, del PAN y el diputado Miguel Antonio Rubiano Reyna, del PRI, en un primer turno de oradores de hasta 10 minutos.

Tiene la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:

Diputadas y diputados:

El próximo martes vamos a presentar un punto de acuerdo para darle salida a este penoso problema de la lista del Fobaproa.

Yo quisiera que todas las diputadas y todos los diputados votaran, hasta el señor Presidente, que ha hecho un juramento de abstinencia legislativa, también pudiera votar.

Hace algunos días el licenciado Francisco Labastida, candidato del PRI, dijo que Fox se había beneficiado del Fobaproa y hace tan sólo algunas horas el señor Vicente Fox dijo que el doctor Zedillo estaba en la lista y también era beneficiario del Fobaproa.

Yo me pregunto aquí, ¿el licenciado Labastida es un mentiroso y es un calumniador? ¿El señor Vicente Fox tiene la boca muy fácil y es un mentiroso al calumniar al Presidente de la República? O los dos están diciendo la verdad.

¿Es cierto lo que dice Labastida de que la familia Fox se benefició del Fobaproa? ¿Y es cierto que el presidente Zedillo se benefició del Fobaproa?

Como ven ustedes, señoras y señores legisladores, hay muchos puntos de controversia. Acá gritan que sí, allá gritan que no. Entonces tenemos que destapar esta cloaca para saber la verdad y esto es el gran imperativo de la presente legislatura.

El día 4 de noviembre las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN sacaron por mayoría en esta Cámara un punto de acuerdo para solicitarle al IPAB que nos entregara la información de la investigación que había hecho el auditor contratado por esta soberanía. Nosotros les dijimos: "lo que están haciendo con este punto de acuerdo es solamente tender una cortina de humo y las fracciones del PRI y el PAN convertirse en tapaderas para que nunca se conociera el resultado de un trabajo que nosotros mismos mandamos hacer".

Porque solamente fue una recomendación que no obligaba legalmente al instituto a entregar la información y porque, como ustedes señalaron en ese punto de acuerdo, el plazo límite era el 15 de marzo, pero si había justificaciones y excepciones, entonces la información se iba para las calendas griegas.

Entonces esta legislatura no conocería absolutamente ningún dato y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, porque el IPAB se agarra precisamente de este punto de acuerdo, que se sacó aquí por mayoría y que impide conocer la información.

Y entonces esta legislatura y esta Cámara de Diputados tienen que sacar un punto de acuerdo para que nosotros conozcamos la información de un trabajo que mandamos hacer, que nos costó 20 millones de dólares, porque ahora se quiere trasladar el secreto bancario y tratar de imponer un secreto legislativo, autoflagelándonos como Cámara e impidiéndonos conocer el resultado de nuestro propio esfuerzo.

Quieren imponer el secreto legislativo como la vía para tapar muchísimas chapucerías que se cometieron en todo este periodo.

Por eso el próximo martes vamos a presentar este punto de acuerdo, y solamente, señoras y señores, quiero decirles que le enviamos una carta al diputado Jackson. Públicamente ha dicho que no van a apuntar las claves para acceder al archivo; el diputado Medina ha dicho que sí. El archivo lo tiene Fauzi Hamdan y es "como dejar a Juan Diego en manos de Schulemburg", el ex abad de la Basílica.

Lo que necesitamos es que esta Cámara de Diputados conozca en un plazo máximo de 10 días, absolutamente toda la información. Porque miren ustedes, hay que asumir, y yo lo digo con absoluta responsabilidad, que no todos los que, están en el Fobaproa delinquieron, que muchos del Fobaproa son víctimas de la política económica, que muchos de los que están en el Fobaproa están pagando, que muchos de los que están en el Fobaproa tienen de por medio una serie de acciones legales, acciones de carácter mercantil, para establecer la recuperación de esos créditos que en su momento no fueron posibles de pagar. ¡Pero hay otros pillos, multimillonarios, que no quieren pagar..!

¡Labastida dice que es Vicente Fox! ¡Y Vicente Fox dice que es el Presidente de la República! Esos son los dos nombres que hay.

El Vicepresidente:

Por favor, le suplicaría a la Asamblea guardar el debido respeto al orador y que el orador no entable diálogos.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:

Y entonces lo que tenemos que hacer es una revisión de los propios resultados de la auditoría que se presentó. Sobre los primeros 24 mil millones de pesos de créditos que no cumplían las normas, el IPAB dice "que no ha hecho absolutamente nada y que no ha considerado establecer ninguna acción legal de investigación, a pesar de que existe la certeza de que ahí se cometieron irregularidades sustanciales en las operaciones de compra de cartera. Solamente han canjeado hasta la fecha y parece ser que en esto radicará el canje ordenado por la ley, solamente han canjeado de créditos aproximadamente 300 millones", ¡pero faltan los 40 mil millones de los créditos relacionados! ¿Quiénes son?

¡Los nombres los tiene la Cámara, pero por el acuerdo entre el PRI y el PAN se impide que la Cámara los conozca..!

¡Nosotros estamos solicitándole una información al IPAB! ¡Estamos haciendo el ridículo como legisladores, pidiendo una información que nosotros mismos tenemos!..

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:

¡A lo mejor usted también está en el Fobaproa!

El Vicepresidente:

Por favor, les suplico nuevamente no establecer ningún diálogo y el debido respeto al orador, les pediría a las señoras y señores diputados.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:

¡Y para acabar con ésta..!

El Vicepresidente:

Le solicitaría guardara silencio, señora diputada y que por favor escucháramos con atención al orador. O en caso contrario formulará su interpelación correspondiente.

Continúe por favor, señor diputado.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:

Solamente se han canjeado 300 millones y parece ser que ahí va a quedar. ¡Los cerca de 6 mil millones de créditos ilegales, los responsables prácticamente están protegidos por la impunidad, una impunidad otorgada por el actual director y presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores! ¡Y también por el gobernador del Banco de México!

Compañeras y compañeros: ¡no hagamos el ridículo! ¡No pidamos a alguien una información que nosotros tenemos! ¡No establezcamos entre nosotros el secreto legislativo, la auditoría nos costó 20 millones de dólares! ¡Demos a conocer a cada una de las diputadas y los diputados el informe de esa lista para que se acabe con muchísimas especulaciones..!

El Vicepresidente:

Concluya el orador, por favor.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:

O si no, ¿tendrá razón Labastida de que Fox se benefició? ¿Tendrá razón Fox de que el PRI se benefició? Esa es la gran incógnita...

El Vicepresidente:

Señor diputado: ha concluido su tiempo. Le solicito atentamente que concluya su exposición.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar:

¿O son mentirosos los dos o están diciendo la verdad? Quizá sean las dos cosas.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Tiene la palabra el diputado Gustavo Pedro Cortés, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Santiago Gustavo Pedro
Cortés:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

129, 130 y 131

Sobre las afirmaciones a las preguntas que hace el diputado Ramírez Cuéllar, es difícil determinar quién tiene la razón. Lo que sí podemos decir y de eso esta Cámara es testigo, es que han sido el PRI y el PAN quienes legalizaron el Fobaproa, quienes crearon el IPAB y quienes han impedido que las listas con los nombres de quienes cometieron el fraude sean conocidos por esta Cámara.

No nos asombra, pero no nos deja de indignar que el nuevo coordinador del grupo parlamentario del PRI, niegue lo que el diputado Fidel Herrera, vicecoordinador de su grupo parlamentario, aceptó públicamente, que no tendría inconveniente en que se conozca la lista de los defraudadores del Fobaproa ante los medios de comunicación.

Como bien saben los miembros de esta soberanía, la postura de dar a conocer la lista no es nueva. Nuestro grupo parlamentario desde la recepción del informe de Mackey por parte del comité técnico, planteó públicamente que era necesario que dicha lista fuera conocida por los mexicanos. Asimismo, es de todos conocido que el PRI y el PAN siempre se han opuesto a esa iniciativa y han maniobrado en pleno contubernio con el Ejecutivo Federal para impedir que el pueblo sepa la verdad.

Esta es una prueba fehaciente de que el PRI-Gobierno no tiene ninguna disposición para esclarecer ante la nación los ilícitos cometidos en el rescate bancario. La razón salta a la vista. Existen elementos fundados para reconocer que los autores materiales son funcionarios públicos y los grandes empresarios vinculados al PRI y al PAN.

Con el tercer informe del IPAB al Congreso queda agotada la estrategia de maniobras adoptadas por el titular de esta entidad, el señor Corta, en contubernio con los partidos mencionados.

El compromiso de facto que el IPAB esta obligado a honrar, era que como depositario de la lista de créditos reportables actuara como árbitro y determinara en cuales existía una base para actuar legalmente e hiciera las denuncias respectivas. Al reiterar su negativa a que no está autorizado para revelar la lista y mostrar abiertamente su renuencia a seguir la vía judicial, el IPAB queda públicamente descalificado para cumplir con este acuerdo.

Nuevamente nos enfrentamos a un proceso viciado de origen. Recordemos que el auditor en su informe señalo claramente que se vio Iimitado para realizar la auditoría solicitada por esta soberanía, porque las autoridades financieras, en particular la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el propio Fobrapoa, impidieron que no tuviera acceso a fuentes fundamentales para detallar con solidez y rigurosidad los créditos que negociaron de forma dudosa los bancos intervenidos de facto y los bancos intervenidos legalmente.

Nos hemos tenido que contentar con las investigaciones que de motu proprio han realizado legisladores de oposición e investigadores independientes, quienes han descubierto que en él participaron empresas fantasmas que desviaron recursos para beneficiar a banqueros y al PRI. Han documentado también que se beneficiaron grandes empresarios que están vinculados al Partido Acción Nacional.

Como corolario del cinismo priísta, en la lista de sus candidatos a las diputaciones y senadurías de la próxima contienda electoral, han enrolado como sus candidatos a empresarios que están directamente involucrados en este fraude a la nación, quienes de ser electos a estos puestos de representación popular no tenemos la menor duda de que seguramente impulsarán las iniciativas que favorezcan a que este fraude jamás pueda ser conocido en su verdadera dimensión por el pueblo de México; también impulsarán iniciativas que permitan que los pasivos que maneja el IPAB, puedan ser manipulados para que puedan beneficiar aún más a los banqueros que detentan esos pagarés.

Todo lo anterior demuestra claramente que el PRI y el PAN no están dispuestos bajo ningún criterio o circunstancia a que la lista de los defraudadores sea conocida públicamente, como lo ha señalado acertadamente la diputada Dolores Padierna, en el sentido de que hacerlo implicaría el desmantelamiento del sistema político mexicano, porque el PRI perdería automáticamente el poder que está en juego en las próximas elecciones federales. Y de ello tampoco estaría exento el PAN y su candidato Vicente Fox, quienes fueron los principales promotores de que este fraude bancario fuera legalizado a través de la Ley de Protección al Ahorro Bancario que facultó al IPAB.

Compañeras y compañeros diputados, el nuevo parlamentario del Partido del Trabajo reitera que está dispuesto a proporcionar la clave, que junto con las otras cuatro permitan tener acceso a la información que demanda el pueblo de México; reitera también que este perverso mecanismo de las cinco, fue ideado por el PRI y el PAN y que ellos son los responsables de elogiar cualquier intento porque estas listas sean del conocimiento público.

Por nuestra parte, ponemos a disposición de este pleno la clave que está en nuestro poder.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional hará uso de la palabra, el diputado Humberto Treviño Landois.

El diputado Humberto Treviño Landois:

Con su permiso, señor Presidente:

Oir al compañero Alfonso Ramírez Cuéllar me recuerda a una película que seguramente algunos de ustedes vieron, se llama "Regreso al Futuro", que es un refrito de lo que se ha dicho el periodo anterior y el anterior y el anterior y las mismas acusaciones y señalamientos falsos al PAN, a sus legisladores que está demostrado hasta la saciedad que fuimos los que actuamos y seguimos actuando responsablemente, que somos y seguimos siendo los que hemos denunciado, exigido, que el IPAB cumpla los compromisos que la ley le exige.

Que hemos propuesto soluciones para sacar este asunto tan lamentable, tan indignante para el pueblo de México y ya finalmente acabar con esta pesadilla de esta legislatura.

Claro, le agrega el compañero Alfonso Ramírez Cuéllar algunas novedades, que si Labastida dijo, que si Fox dijo, está muy claro lo que dijo nuestro candidato presidencial Vicente Fox, al señalar que Zedillo fue beneficiario de aquellos créditos del Fobaproa, puesto que fue su partido y su candidatura innegablemente a través de estos desvíos de fondos que se hicieron en Lomas 2000 y el PRI y todo lo demás, un beneficiario por supuesto de esos recursos que se aplicaron a su campaña, en ese sentido es como se está señalando y creo que no hay una sola duda en el pueblo de México que así es, por eso hemos exigido de que dentro de los incumplimientos del IPAB es el que corresponde al artículo séptimo transitorio en el cual se señala claramente, explícitamente en la ley que cuando hay entidades de interés público como es el PRI por ser partido político,que recibieron recursos amañados en este sistema de créditos, debe investigarse y sancionarse ese desvío como está claramente señalado en la ley y que efectivamente el IPAB, entre otras cosas, no ha cumplido.

Entonces aclaro la declaración de Vicente Fox y ratifico nuestra inconformidad sobre ese incumplimiento del IPAB.

Por otro lado, ya lo hemos dicho, de que aquellos que están en las listas de los famosos créditos de referencia, es de justicia decir que no estamos hablando de bandidos, no estamos hablando de delincuentes, cuando menos no en todos los créditos ni tampoco estamos hablando de lista de beneficiarios; en la lista de esos créditos del IPAB hay lista de afectados también; hay lista de gente que auténticamente perdió recursos patrimoniales y nosotros, no son los compañeros del PRD, no son los compañeros del PRI, pero nosotros los diputados del PAN sí nos interesa defender la dignidad de esas personas que honradamente, que justamente confiaron en el país, que se creyeron de las políticas económicas del PRI y perdieron su patrimonio, hay que respetarlos y hay que cuidarlos en su honorabilidad pública.

Por eso decimos de que al estar de acuerdo como lo han señalado, eso sí, ustedes en el PRD de que se publiquen esas listas, hay que señalar claramente estas salvedades; que no son listas exhaustivamente de beneficiarios; que no son listas exhaustivamente de bandidos y sinvergüenzas; que hay algunos ciertamente incluidos pero hay, seguramente en su mayor parte, gente honorable como muchos de los aquí presentes.

Fauzi Hamdan tiene lo mismo que tienen los otros integrantes de la Comisión de Vigilancia de otros partidos; tiene exactamente lo mismo que el secretario en esta comisión que representa al PRD o que representa el PRI; dejémonos de fantasías, por eso hemos estado de acuerdo en que se proporcionen las llaves, los paddworth para que se conozca la información al detalle y lo ratifiquemos aquí, claro que sí, ponemos nuestra quinta parte de la solución al apoyar que se entregue esa llave, no tenemos el menor interés en ocultar ninguna información de la contenida en las auditorías. Eso sí, nuestro interés, como ya lo dije, es señalar de que no son beneficiarios y bandidos todos los ahí incluidos.

El IPAB ha tenido un doble papel, una doble misión que cumplir; nosotros eso hemos señalado que en lo que respecta en la opera corriente de las actividades del IPAB, ha cumplido satisfactoriamente con su papel pero por lo que respecta al combate a la impunidad, estamos exactamente en la posición que aquí se ha señalado por otros compañeros y tenemos la misma exigencia y estamos dispuestos a cualquier esquema de colaboración para sacar este problema adelante. Ya basta del tema del IPAB.

Entonces, la disposición de nuestro partido por sacar las cosas adelante en esa parte que ha incumplido el IPAB que es el ataque a la impunidad. Precisamente por eso, nosotros en el PAN propusimos y seguramente ustedes lo recordarán, en el Presupuesto de Egresos del año 2000, un candado, un condicionamiento que hubiera sido muy saludable que hubiera sido aprobado en cuanto a la entrega de recursos al IPAB; ustedes recordarán que 14 mil 100 millones de pesos proponíamos se condicionaran a que el IPAB cumpliera lo que debía de cumplir, lamentablemente eso no se logró, entre otras cosas por lo que no se logró fue porque el compañero Pedro Gustavo Cortés y alguna compañera de él graciosamente se ausentaron en el momento clave en el cual pudimos haber logrado eso.

Claro, viene ahorita muy ufano y nos dice que el PAN y que como siempre, las complicidades y que la complicidad con el PRI y con el Ejecutivo Federal etcétera, pero a la hora de la verdad huyó por peteneras, ¿verdad?.. Así que aquí creo que está muy claro que la forma de haberlo resuelto hubiera sido precisamente con esos condicionamientos que el PAN ideó, que el PAN propuso, que el PAN defendió y que lamentablemente no se pudieron lograr.

Finalmente, yo quisiera comentar de que también ya basta de acusaciones a que el PAN y Fauzi Hamdan en la Comisión de Vigilancia presidida por él tienen información que son los únicos que tienen esa información. Esto no es cierto, la información que tiene disponible la Comisión de Vigilancia y el diputado Fauzi es la misma que está disponible para todos; son otros compañeros los que de alguna forma un poquito clandestina han conseguido versiones periodísticas, listas extraoficiales y se han encargado con esa lista de ensuciar el nombre de algunos mexicanos.

Nosotros no queremos hacer eso. Por eso algunos compañeros señalan que de haber puesto el Fobrapoa en aquella versión original, en manos de algunos compañeros aquí presentes, como el que habló por parte del PRD antes o el que va a hablar en seguida por parte del PRD, es como poner el Banco de México en manos de ustedes.

Son insaciables en buscar el desprestigio de personas que no merecen eso a base de rumores o informaciones infundadas.

Finalmente estamos en la mejor disposición de sacar las cosas adelante, el PAN está insatisfecho con la labor que ha hecho el IPAB, queremos que el IPAB cumpla sus responsabilidades de ley, que cumpla el séptimo transitorio, que se conozca la verdad, que se conozca la clasificación de los créditos y las listas de esos deudores y que se señale claramente quiénes son los que ahí haya de gente que actuó indebidamente, beneficiándose de esos créditos y lo hemos estado siempre. Seguiremos insistiendo en ello y por eso se ha señalado por parte de la coordinación, la disposición a entregar esas llaves para tener acceso a la información correspondiente.

El Vicepresidente:

Muchas gracias, diputado Treviño.

Tiene la palabra, por parte del grupo parlamentario del PRI, el diputado Omar Alvarez, también por 10 minutos.

El diputado Omar Alvarez Arronte:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

132, 133 y 134

Cuando el Partido Acción Nacional presentó su iniciativa para crear el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, compartimos con ellos los principios de responsabilidad, como ya se mencionó aquí, que le dieron origen a dicha ley. Buscábamos y compartíamos un sistema financiero fuerte, transparencia y participación del Legislativo, fortalecer el marco legal de nuestro sistema y sobretodo acabar con la impunidad.

En algo que coincidimos en ese momento el Partido Acción Nacional y el PRI, fue apoyar a la nación más allá de intereses partidistas. Recuerdo bien que un diputado de Acción Nacional dijo: "aspiramos a gobernar, pero no queremos levantar ruinas". A lo mejor ése es el punto de vista en el que coincidimos, a diferencia de otra parte de la Cámara.

En esa ocasión, como en muchas otras, diputados de Acción Nacional han sido señalados por el PRD como comparsas del PRI y aquí el PRD es donde está confundido: una cosa es la responsabilidad y otra es la irresponsabilidad.

Conozco a muchos diputados de Acción Nacional, son profesionistas, pequeños empresarios, pagan sus impuestos como muchos de nosotros y muchos millones de mexicanos. Eso tampoco el PRD lo entiende. Ellos vienen aquí y toman el papel digno de un personaje de película mexicana y no es casual y se aferran a ese papel y dicen: "nosotros los pobres y mueran los ricos".

Y entonces, en ese papel que toman tan a pecho, vienen a esta tribuna y a los diputados de Acción Nacional les avientan monedas y les dicen, los ofenden, les dicen que les gusta el dinero. Pero aquí lo interesante de fondo es, ¿quién se los dice? Un luchador social que no puede ni justificar cómo adquirió su departamento y su cochecito, como él dice.

El IPAB ha dado cumplimiento al punto de acuerdo, que el pasado mes de noviembre el pleno de esta Cámara le turnó. Ha informado, en tiempo y forma, a esta soberanía, de la si tuación que guardan las operaciones reportables, plasmadas en el informe...

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
(desde su curul):

Señor Presidente.

El icepresidente:

¿Con qué objeto, diputado Ramírez Cuéllar, está usted solicitando el uso de la palabra?

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
(desde su curul):

Si me permite el orador hacerle una pregunta.

El diputado Omar Alvarez Arronte:

Hasta el final y quiero pedirle que no me interrumpa.

El Vicepresidente:

Correcto, hasta el final aceptaría cualquier interpelación, para que con este motivo, no se le interrumpa.

El diputado Omar Alvarez Arronte:

Informa a esta soberanía de la situación que guardan las operaciones reportables. Las clasifica, el informe Mackey, en el apartado A, más de 18 mil 400 operaciones, en donde está plasmado, en el informe, no existe ilegalidad. Esos créditos ascienden a 24 mil millones de pesos.

Luego hay un apartado B, de 422 créditos y poco más de 42 mil millones de pesos, créditos que fueron otorgados entre o relacionados con accionistas, banqueros, empresas filiales y que, por supuesto, se tienen que investigar.

El IPAB hace aquí mención, en ese informe se han presentado 27 denuncias, hasta el momento y en las próximas cinco semanas se presentarán 14 más.

Y luego viene un apartado C, 64 casos, 6 mil millones de pesos, que son totalmente ilegales. Créditos que ya había identificado la autoridad y que los despachos que colaboraban con el despacho Mackey identificaron. Ahí ya se ha procedido, todos tienen procesos de averiguaciones previas; algunos ya tienen órdenes de aprehensión, tres.

El IPAB le ha dado seguimiento al exhorto y a la situación que guardan estas transacciones reportables. Pero, como diría un maestro mío, una cosa es lo deseable y otra cosa lo posible.

El IPAB, para poder cumplir con muchas de las demandas y reclamaciones, que es dar a conocer estos listados, se tiene que apegar, primero, a solicitarle la información a diversas procuradurías, la General de la República, la de Jalisco, la de Nuevo León y la del Distrito Federal y todas ellas han contestado, apelando al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que no es posible, están limitados los jueces, los ministerios públicos y la misma Policía Judicial para dar información.

Aquí no se trata de que si el IPAB quiera o no quiera, es que no puede dar esa información porque no la tiene.

Yo he escuchado, compañeras y compañeros diputados, que este asunto no es jurídico, sino político. Tal vez tengan razón y esto va a colación con una serie de señalamientos que se han hecho acá, que si dijo nuestro candidato Labastida o que si dijo el candidato Fox. Eso es lo importante. Son las únicas campañas que se ven y que se sienten. La otra ni se ve ni se siente.

Entonces los que vienen aquí a este lugar, es a buscar un discurso para elevar la campaña de su candidato. ¡Sean honestos, reconózcanlo y díganlo!

Comentan los compañeros del PRD, que el asunto de las listas está ligada al tráfico de influencias con los círculos de poder. Suponiendo, sin conceder que así fuera, entonces el procurador Samuel del Villar está encubriendo a auténticos delincuentes, porque más del 70% de las denuncias están presentadas en la Procuraduría del Distrito y es la que se ha negado a dar la información.

Esto, señoras y señores diputados, no es un asunto de listas, esto va más allá, es un asunto de marco legal, aquí está Isidoro Rodríguez, el "Divino", la semana pasada en un torneo internacional de golf, en la ciudad de Puebla, quiere decir que el señor Isidoro Rodríguez está protegido por el Procurador del Distrito Federal, ahí está, para hacer señalamientos e imputaciones, qué fácil es venir y decirlo, el señor es un protegido de Samuel del Villar.

El asunto, señoras y señores diputados, estamos hablando de un marco obsoleto, que data de más allá de 1943 y que habla sobre la Ley de Quiebras y en esta famosa Ley de Quiebras, aquí en esta misma Cámara, hay gente que se opone, gente que se va a ver afectada si se aprueban esas nuevas reformas legales que van a fortalecer el sistema bancario del país, se van a ver afectados de sus modus vivendi y andan formando uniones de deudores que no les resuelven nada y solamente los traen a la vuelta y vuelta, como carne de cañón, con un litrito de leche Betty y una despensa que les den ahí en el Departamento del Distrito y con eso creen que se va a resolver el problema financiero del país, No es así, señoras y señores diputados.

Decía nuestro compañero Ramírez Cuéllar, que el IPAB no ha cumplido su trabajo, claro que lo ha cumplido y también el Gobierno Federal ha cumplido, ahí sí hubo una decisión y dentro de ese apoyo que se dio, de los 532 mil millones que había al 30 de junio de 1998, 432 mil era para apoyo a cartera y 120 mil millones para apoyar a los programas de deudores y como lo marca el informe Mackey, ahí sí se beneficiaron los deudores que menos recursos tienen.

Decía nuestro compañero del PT, que a lo mejor en las nuevas listas de senadores, pues ya vimos ahí a Legorreta, que lo lanzó un partido, yo creo que el PT con sus ligas que tiene con Salinas, a lo mejor lanzan a Isidoro, el "Divino", de candidato a senador. La clave que él pone a disposición ahorita la acaba de recoger hace un momento.

Entonces, ¿están o no están por la transparencia?, ¿quieren participar?, quieren que este Poder Legislativo ayude y junto con la Procuraduría Fiscal, con el IPAB, con la Comisión Nacional Bancaria y con aquellas autoridades que tengan que ver, montemos un mecanismo para agilizar que aquellas operaciones, transacciones reportables se den a conocer, vamos a sentarnos, pero no haciendo ruedas de prensa difamando y calumniando, es como se va a lograr.

El Vicepresidente:

Diputado Alvarez ha concluido su tiempo, ¿desea usted contestar la interpelación que quiere formular el diputado Ramírez Cuéllar?

El diputado Omar Alvarez Arronte:

Claro que sí.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
(desde su curul):

Señor diputado, usted ha dicho que el PAN es un partido responsable. Ellos han puesto a disposición la clave para acceder a la información, ¿usted, su partido, pondría a disposición la clave para acceder a la información de un trabajo que nosotros mandamos a hacer, sí o no?

El diputado Omar Alvarez Arronte:

Mire, diputado Cuéllar, en primera ustedes no pueden poner a disposición su clave porque ni la tienen, no la han recogido, entonces primero cheque con sus compañeros diputados; segundo, el secreto bancario se puede renunciar en lo personal, si alguien se siente afectado en su moral, en su buen nombre, que renuncie por escrito ante las autoridades competentes de su secreto bancario, que dé a conocer sus pasivos y sus activos.

Muchas gracias.

El diputado Ricardo Cantú Garza
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Vicepresidente:

Diputado Ricardo Cantú, ¿con qué objeto pide usted el uso de la palabra?

El diputado Ricardo Cantú Garza
(desde su curul):

Si me acepta una pregunta el orador.

El Vicepresidente:

Diputado Omar Alvarez, ¿desea usted contestar esa pregunta?

El diputado Omar Alvarez Arronte:

Claro, claro. Adelante, diputado Garza.

El Vicepresidente:

Adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Cantú Garza
(desde su curul):

Hace rato usted señaló que el Partido del Trabajo pudiera candidatear a Isidoro Rodríguez, sólo que habría que señalarle que él públicamente dijo que daba apoyo económico y cuotas al PRI. Si ustedes son agradecidos, ¿qué no serían ustedes los que deberían de candidatearlo?

El diputado Omar Alvarez Arronte:

Se equivocó usted, diputado Garza, ése es Cabal y por ser un mal militante, está en la cárcel. A Isidoro, se los dejamos porque es de la línea del ingeniero Raúl Salinas, son de ustedes.

El Vicepresidente:

¿Con qué objeto, diputado Arturo Saiz?

El diputado Arturo Saiz Calderón Gracía
(desde su curul):

Para rectificación de hechos, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Con todo gusto lo agendamos en el turno correspondiente; simplemente avisaré que existe una nueva ronda de oradores hasta por cinco minutos, para lo cual se han registrado previamente los diputados: María de los Dolores Padierna Luna, por el PRD; Juan José Rodríguez Prats, por el PAN y Miguel Antonio Rubiano Reyna, por el PRI. Posterior a la conclusión de este turno, con todo gusto cederemos el uso de la palabra para la rectificación de hechos.

135, 136 y137

Tiene la palabra la diputada Padierna, por el grupo parlamentario del PRD.

La diputada María de los Dolores Padierna
Luna:

Cuando éramos mayoría en esta Cámara, el PAN votó en contra de abrir el disco. Hoy día que sabe que el PRI compró diputados sin escrúpulos, ya se arrepintió y ahora sí quiere que se den a conocer los nombres.

El Vicepresidente:

Le suplico por favor a la Asamblea guarde silencio para escuchar con atención a la oradora.

¡Adelante, diputada!

La diputada María de los Dolores Padierna
Luna:

Desde que Michael Mackey...

El Vicepresidente:

Permítame, diputada Padierna.

¿Con qué objeto, diputado Oceguera?

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Señor Presidente: de acuerdo con la Ley Orgánica y de acuerdo con el Reglamento, es responsabilidad de usted conducir los debates, La oradora en turno está iniciando su intervención faltándole al respeto a diputados miembros de esta Asamblea; yo creo que usted como Presidente, debe moderar a la oradora, llamarla al orden y obligarla a ocuparse del tema en que está inscrita y no discutir la honorabilidad de los compañeros diputados. Por favor, señor Presidente.

El Vicepresidente:

A juicio de esta Presidencia, que es como usted bien señala la valoración o la calificación de los adjetivos que aquí se pronuncian, es en la tolerancia de este debate como se ha permitido que fluya esta expresión. En todo caso corresponde a la Presidencia exigir el orden que hoy mismo le impongo a usted, diputado Oceguera.

Continúe usted, por favor, diputada Padierna.

La diputada María de los Dolores Padierna
Luna:

Cuando terminó la investigación de Michael Mackey, se difundió el discurso oficial, el discurso oficial de entonces, que divulgó Fauzi Hamdan, Jorge Estefan y Vicente Corta, en su momento, decía...

El Vicepresidente:

Permítame, diputada.

¿Es con el mismo objeto, diputado Oceguera, que ya desahogamos la moción anterior?

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Es de algún modo distinta. ¿Me puede respetar mi derecho de presentarle moción?

El Vicepresidente:

Por supuesto, siempre y cuando no interrumpa el debate.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Señor Presidente: el uso de mi derecho a hacerle a la Presidencia esta moción, está fundado en ley y no ha lugar a que se presuma que la intención es interrumpir a la oradora; me parece que usted no ha desahogado de manera correcta mi petición. Recuerde usted, estamos escuchando a una oradora que suele lanzar monedas a los diputados y suele agredirlos física y verbalmente. Luego entonces no me diga que no ha lugar a que usted proceda a moderarla en el uso de la palabra, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Está totalmente aclarado el punto. Continúe la diputada Padierna.

La diputada María de los Dolores Padierna
Luna:

La mayor agresión la han hecho los ladrones del presupuesto público que son los que han gobernado 70 años este país.

Decía yo que el discurso oficial que divulgaron en su momento Fauzi Hamdan, Estefan y Vicente Corta, era afirmar que los créditos que reportó Mackey, algunos eran legales y algunos ilegales. Esto es una falacia. El discurso oficial apabulló los medios de comunicación; pero Michael Mackey reporto 2 mil 250 créditos, todos ilegales, todos con algún grado o con diferente tipo de ilegalidad. Una ilegalidad y además de que Michael Mackey no revisó todos los créditos. Pedro Zamora, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nombró dos personeros de su confianza que estuvieran en cada banco escogiendo qué créditos podía revisar Michael Mackey y cuáles no y solamente recibió Mackey unos cuantos, después de muchos filtros, por cierto.

Pero dentro de los que sí revisó Mackey estos famosos 24 mil millones de pesos, es basura financiera pasada al Fobaproa sin que el Fobaproa tuviera facultades para recibir basura financiera. Aquí la responsabilidad es de las autoridades y de los banqueros, que usaron el Fobaproa sin que el Fobaproa tuviera facultades de recibir basura, ¿dónde están? Y ahora nos dice el IPAB que no considera conveniente iniciar alguna revisión de estos créditos que son chatarra y que fue ordenado por el propio presidente de la República Ernesto Zedillo y también por Guillermo Ortiz Martínez y Eduardo Fernández, que se pasara esa basura financiera al Fobaproa, eso lo dice el auditor y queremos entonces que el IPAB entregue la relación de estos créditos que pasaron así, porque de otro modo el IPAB está protegiendo y haciéndose cómplice de que quien con alevosía y ventaja, con toda premeditación hizo pasar esta basura financiera a los bancos.

Hay sin duda alguna dentro de estas listas, créditos que no reunían las características de aprobación de las sanas prácticas bancarias y entre ellas se encontraba el grupo Fox, que por cierto el 5 de octubre de 1999, por acuerdo del consejo directivo, fue retirado de las... de Mackey, porque esto nos lo platicó él también, fue retirado de Mackey estos créditos del grupo Fox para dársele un tratamiento especial.

El 5 de octubre, justo antes de que esta Cámara votara para abrir el disco o no abrirlo, y justamente el Partido Acción Nacional votó por no abrir el disco, porque ya habían negociado una serie de... habían tomado una serie de acuerdos entre Fox y el Gobierno.

Y aquí habría que señalar también, que Michael Mackey no recibió para su análisis todas las reestructuras de créditos muy grandes, toda la Ucabe, donde está Raymundo Gómez Flores, que adeuda por más de 100 millones de dólares a los bancos y está Eduardo Bours, con reestructuras de hasta de 70 millones de dólares cada uno y está Pablo Fontante, Flavio Covarrubias, que son de la gente más millonaria del país y que ahora aparecen en la lista para el Senado del PRI.

Eso es lo que indigna, que compren impunidad, que compren lealtades a cambio de hacer este tipo de operaciones totalmente ilegales, pero también ahí se hicieron reestructuras de panistas y lo tienen que reconocer, eso es ilegal, no es legal.

Pero es inmoral, porque pasaron al pueblo de México muchos, una cantidad de dólares que no van a pagar ni los hermanos de Fox ni las empresas de Medina ni Canales Clariond ni muchos otros panistas, pero que sí las va a pagar el pueblo de México.

Eso es y por eso acuden a argucias, a maniobras, para que el PAN lave la cara ante la opinión pública, pero en lo oscurito firman para que se oculte la información verdadera de este rescate bancario, que fue una cadena de complicidades, de ilegalidades y de corruptelas que el PRD no está dispuesto a convalidar.

Pero también, dentro de la información de Mackey...

El Vicepresidente:

Diputada Padierna su tiempo ha concluido, le solicitaría terminara su exposición.

La diputada María de los Dolores Padierna
Luna:

Termino señor Presidente, diciendo que los 42 mil millones de pesos que Mackey señala como autopréstamos, también tienen nombre y apellido. Que los 6 mil millones de pesos que reportó como ilegales, son los únicos que dijo: sólo en esto las autoridades iniciaron procedimiento judicial; falta hacerlo en el resto de los créditos que él reportó.

Por lo tanto, nosotros reafirmamos que se necesita hacer pública la lista de todos los créditos reportados por Mackey y que tenemos en nuestro poder los diputados.

El Vicepresidente:

Gracias.

Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:

Con su permiso señor Presidente:

Yo creo que definitivamente estamos no tan sólo ante el debate de esta legislatura, sino que tal vez sea el debate de la década, el debate del Fobaproa, el debate sobre la creación del Instituto de Protección al Ahorro, que qué bueno que se reconoce, el Partido Acción Nacional fijó objetivos muy claros, que no se pusiera en riesgo el sistema nacional de pagos, que se sustentara un sistema bancario que es necesario para el desarrollo económico, que no hubiera una crisis en todos los cuentahabientes, que no se generara incertidumbre en un año crítico en la economía, como fue el año pasado y los resultados creo que nos dieron la razón.

Y sigue habiendo una asignatura pendiente: la impunidad. Y es un debate que yo creo que también está algo contaminado. Hemos metido una serie de reflexiones; aquí mismo la oradora que me antecede en el uso de la palabra ya resulta que no es ilegal, ya resulta que ahora es inmoral. ¿Es inmoral caer en mora porque se disparan las tasas por un error del Gobierno? ¡Es inmoral cuando se contrata un crédito al 17% y a los tres o cuatro meses se dispara ese crédito por mala política del Gobierno, que por querer retener el capital extranjero dispara las tasas a más de tres cifras y cae un cuentahabiente en un crédito en mora, eso es inmoral y después ir con el banco y tratar de redocumentar esa deuda? Yo creo que tenemos que cuidar las palabras, porque desafortunadamente eso ha contaminado el debate.

El ingeniero Carlos Medina no ha tenido ninguna aportación ni ninguna negociación ni con el Fobaproa ni con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Si hay algún testimonio, no una información periodística por favor, no una suposición, no una fantasía de hubo negociaciones.

¿Cómo lo supo usted? ¿Fue usted testigo de esas negociaciones? ¿Cómo puede usted afirmar que se negoció algo en relación a Vicente Fox o que se estaba viendo algo paralelo a las negociaciones con Hacienda? Son afirmaciones que contaminan, que distorsionan, que riñen con la materia prima con la que debe trabajar un auténtico Poder Legislativo, que es la verdad y la racionalidad.

De esta forma es como un Poder Legislativo cumple su función de ser sensor, de ser factor de equilibrio, de dar transparencia a la vida pública; ésas son soluciones del Poder Legislativo, no contaminar, no obscurecer, no en negrecer, no enlodar artificialmente sin argumentos, sin sustento en la verdad.

No diputado Omar Alvarez, estamos en desacuerdo al decir usted que el IPAB ha cumplido su deber. No ha cumplido su deber. Desafortunadamente Vicente Corta corre de la Secretaría de Hacienda, va a la Secretaría de Gobernación y los integrantes de la junta de gobierno no han sido capaces, por falta de valor civil, de aplicar ese séptimo transitorio, porque de todo lo que se ha dicho una cosa si es real: hubo dinero en los fideicomisos del PRI, dinero ilegal que derivaron de créditos otorgados por el Banco Unión, dinero que fue reconocido públicamente y solamente en este país sucede un desacato de esa magnitud, que alguien dice que recibió 5 millones de dólares, que el presidente Ernesto Zedillo recibió otros 5 millones de dólares, lo cual era contrario a la legislación electoral, de créditos que provocaron quebranto en el Banco Unión y que terminaron en el Fobaproa y que no tiene por qué pagar el pueblo de México y desafortunadamente el IPAB, desafortunadamente su junta de gobierno no ha sido ni siquiera capaz de notificar al Partido Revolucionario Institucional para que devuelva este dinero. Si hubiera sentido de trascendencia y de deber, del mismo PRI debería de surgir la iniciativa de devolver ese dinero que no tiene por qué ser pagado por el pueblo de México y aquí el IPAB ha fallado.

138,139 y 140

Esto está comprobado, documentado, reconocido frente a Vicente Corta por los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria que esos créditos provocaron quebranto, que esos créditos de Lomas 1000 y de San Carlos World Trade fueron otorgados en forma ilegal, que no se cubrieron en su oportunidad; está perfectamente claro lo que señala el séptimo transitorio que ustedes se han resistido a cumplir.

Y por eso señores, no se puede fortalecer una institución. A finales del Siglo XX todos los estudiosos coinciden que los países que han logrado desarrollo, los países que han logrado democracia, es porque tienen instituciones que funcionan y las instituciones para que funcionen se requiere que sus titulares tengan valor civil y ahí es en donde el IPAB ha fallado, y esa institución que está llamada a desempeñar un papel importante para darle sustento al sistema financiero y bancario y por lo tanto al desarrollo económico, desafortunadamente ha fracasado, termino señor Presidente, ha fracasado porque con todo y que Humberto Murrieta escribe artículos y grita que hay que cumplir la ley, con todo y que Vicente Corta se cobija cada rato en los ordenamientos jurídicos, no puede cumplir con este elemental deber del artículo séptimo transitorio por falta de valor civil, ésta es la gran flaqueza de México, falta de valor civil de sus funcionarios y el PAN reitera hoy estar dispuesto a que se abran esas listas; si nosotros votamos en aquella ocasión por un punto de acuerdo que se le diera una oportunidad al IPAB, es porque se clasificaran las cuentas y no se involucrara a cuentahabientes acreditados que no estaban involucrados en ilícito, pero insiste, no está dispuesto a solapar a nadie.

El Vicepresidente:

Le solicito concluya su exposición.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:

Sí, señor Presidente.

No está dispuesto a solapar a nadie, sino que la verdad pueda, porque la verdad es lo que a final de cuentas sustenta a los sistemas, a la civilización, sustenta al estado de derecho.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Gracias.

Nuestro último orador registrado en este turno es el diputado Miguel Antonio Rubiano Reyna del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Miguel Antonio Rubiano Reyna:

Compañeras diputadas y diputados:

Participar en un debate que toca las entrañas y las partes más sensibles de la estabilidad económica del país como es en cualquier parte del mundo el sistema bancario, requiere responsabilidad, conocimiento, comprensión, inteligencia, pero también honestidad.

En la búsqueda sin límites de crear condiciones, de crear confusiones, de culpar acciones que con responsabilidad en su tiempo se tomaron y se tomaron por más de un partido, solamente debe de tener una intención sobre todo porque la historia de quienes vienen a crear estas efervescencias, confusiones, provocar lo que en el pueblo se dice "a río revuelto", es aquel partido que menos capacidad de respuesta tiene en el pueblo; que cuyo candidato no tiene las preferencias electorales en ninguna parte del país, que no tiene capacidades de llegar ni siquiera de lejos al segundo contendiente en este momento; está muy lejos de los otros dos partidos.

Claro que se trata no de resolver un problema, porque si de resolver, conociendo los nombres y no todos los nombres han sido responsables de situaciones ilegítimas y no como se señaló, de las condiciones económicas de disparo de tasas de interés y la necesidad de mantener estable al sistema bancario, que es el sistema de pagos y de conexión entre todos los agentes económicos y las actividades de nuestro país, tiene este debate la connotación de andar buscando votos, de andar buscando respuestas a través de una actitud de demagogia, de falta de integridad, de falta de veracidad, de muchas suposiciones, muchas cosas que se han dicho son suposiciones y se han desmentido algunos deudores a través de la televisión de señalamientos injustos.

En relación al señalamiento a mi partido también son meras suposiciones, las rechazamos porque no hay elementos, no hay elementos jurídicos, no hay elementos ...

El diputado Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul):

Señor, Presidente.

El Vicepresidente:

¿Me permite, diputado Rubiano?, ¿me permite?

Diputado Rodríguez Prats, ¿con que objeto quiere usted hacer uso de la palabra?

El diputado Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul):

Si le hace por su conducto una amable pregunta al orador.

El Vicepresidente:

¿Aceptaría, diputado Rubiano, una interpelación?

El diputado Miguel Antonio Rubiano Reyna:

Sí, que la haga, cómo no.

El Vicepresidente:

Adelante, diputado Rodríguez Prats. Actívese el micrófono del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul):

Señor diputado, hace usted la afirmación de que se ha hecho una imputación sin fundamento a su partido, al Partido Revolucionario Institucional.

Yo le pregunto señor diputado, ¿le parece que es intranscendente la declaración de Roberto Madrazo Pintado, de haber recibido 5 millones de dólares de Carlos Cabal, del Banco Unión? ¿Le parece que no es un testimonio suficientemente fehaciente el que nos turna Ismael Gómez Gordillo, en donde se ven las aportaciones al fideicomiso del PRI, de los créditos del Banco Unión, otorgados a Lomas 1000 y a San Carlos World Trade? ¿Le parece que si esa documentación no fuera suficiente, la declaración de los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria, de que esos créditos sí provocaron quebranto y terminaron en el fideicomiso del PRI en relación a las campañas de 1994? ¿Para usted todos estos testimonios son intrascendentes?

Por su respuesta, muchas gracias.

El Vicepresidente:

Gracias diputado. Proceda a dar respuesta y posterior a ello le cederé el uso de la palabra al diputado Omar Alvarez, para preguntarle con qué objeto.

Adelante diputado Rubiano.

El diputado Miguel Antonio Rubiano Reyna:

No traigo los documentos en mis manos, pero están ahí en mi curul. Y le puedo decir que la investigación por parte de los auditores externos contratados, señalan con claridad que no es materia del IPAB; que no hay estos elementos que usted señala y que los que están utilizándose es con fines partidistas.

Yo ya terminé con mi respuesta.

El Vicepresidente:

Diputado Omar Alvarez, ¿con qué objeto?

El diputado Omar Alvarez Arronte
(desde su curul):

Declino.

El Vicepresidente:

Adelante, continúe con el tiempo.

El diputado Miguel Antonio Rubiano Reyna:

Muchas gracias, señor Presidente:

Finalmente señalaría que el IPAB, cuyo objetivo y misión debe ser minimizar los costos fiscales a través de la adecuada recuperación de garantías, a través de la adecuada depuración de los créditos, créditos que si no están debidamente realizados por la institución bancaria, éstos deben devolverse. No es el Fobaproa y después el IPAB, un instrumento para apoyar la banca. De los 18 bancos, 15 bancos quedaron sin valor las acciones de sus banqueros; solamente tres han subsistido. A lo que se ha estado protegiendo es a la estabilidad de todo el sistema financiero para que nuestros ahorradores continúen en el sistema; para que nuestro sistema de pagos mantenga en acción la economía del país que está creciendo firme, consecutivamente, durante cuatro años. Entonces, la pregunta sería, ¿qué buscamos?, ¿buscamos el escándalo?, ¿buscamos la promoción de un partido o buscamos verdaderamente a los culpables? y ésos la Procuraduría del Distrito Federal los conoce y no da respuesta por aducir que es situación ministerial que debe guardarse con secreto. Es el gobierno del PRD aquí en el Distrito Federal, quien tiene el mayor número de acusaciones y que como Poder Ejecutivo debería realizarlo.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Gracias, diputado Rubiano.
Para rectificación de hechos se ha registrado el diputado Arturo Saiz.

El diputado Arturo Saiz Calderón García:

Gracias, señor Presidente:

Hace más de un año, este pleno ordenó la creación de la subcomisión para dar seguimiento a las auditorías, a la cartera que fue descontada en el Fobaproa. Como consta en el Diario de los Debates, nunca se dio atribuciones a los miembros de tal subcomisión, para que incriptaran la información, en relación a los nombres de los deudores o los resultados de tal auditoría.

Por los buenos oficios del entonces diputado Jorge Estefan Chidiac, quien fue premiado y es hoy flamante subsecretario de la Contraloría de la Federación, con la habilidad de que es capaz para enredar las cosas y hacer lo fácil difícil, logró reducir la subcomisión a un comité de contrataciones conformado por cinco miembros que en su origen fueron: el diputado Fauzi Hamdan, del Partido Acción Nacional; Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Instituciónal; Jorge Silva Morales, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo y Marcelo Ebrard Casaubón, del Partido Verde Ecologista, quien fue suplido aproximadamente en el mes de julio de 1999, por la diputada Gloria Lavara Mejía.

La razón de este cambio, es que el diputado Ebrard, era un diputado incómodo en el grupo de contrataciones y también fue sustituido el diputado Cantú, por el diputado Gustavo Pedro Cortés. Logró Estefan, que no se contratara una auditoría al Fobaproa, sino una simple revisión, cuyos resultados para el pueblo de México, costaron 206 millones de pesos. No obstante este costo, la información fue incriptada sin que hubiera facultades para ello, por los cinco miembros del comité. Claro está, con la protesta de Pedro y de Silva.

Algunos diputados de esta legislatura, ésos, a los que les gusta señalar, creyeron que con el nacimiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, originado por la Ley de Protección al Ahorro Bancario, saldría a la luz pública esta información, pero el sueño se ha convertido en una pesadilla.

141, 142 y 143

Y hoy, 22 de marzo de un milenio más, no hay posibilidades reales de conocer a los deudores por los que el pueblo de México está pagando. Y lo menos que ese pueblo merece es saber quiénes son los que adeudan.

No es extraño que la mayoría en esta Cámara, aunado a las complicidades que genere este silencio, se nieguen a tal publicación, que luego se convierte ese comité de contrataciones en un comité de seguimiento de las auditorías al Fobaproa y deciden, de manera muy concreta, no dar a conocer la información.

Hoy venimos a señalar que debe ser el instituto quien dé la información y se niega.

Señores diputados, los miembros de dicho comité tienen una deuda con el pueblo de México por llevarse el secreto de sus firmas electrónicas de sus claves a la tumba. Pero hoy aquí tenemos la posibilidad de resolverlo. Es tan simple, señores, como el que le pidamos una copia de la información al auditor, a Michael Mackey y lo hagamos público.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Gracias a usted, diputado Arturo Saiz.

El siguiente punto del orden del día, relativo a los comentarios sobre los desvíos de recursos públicos federales en favor de candidatos perredistas en el Estado de Tlaxcala, en su oportunidad fue retirado para este orden del día por el grupo parlamentario del PRI.

JUBILADOS FERROCARRILEROS

El Vicepresidente:

Por lo que a continuación procederemos a desahogar el último punto relativo a la situación de los jubilados ferrocarrileros antes de 1982, para lo cual le concedemos el uso de la palabra a la diputada María del Socorro Aubry Orozco, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos.

La diputada María del Socorro Aubry
Orozco:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El día viernes 31 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000.

Este decreto contiene, en su Título Sexto denominado de las reasignaciones del gasto de la Administración Pública Federal, Capítulo Unico artículo 84 fracción VI, la reasignación que corresponde al ramo general 19, aportaciones a la seguridad social, propuesta por los partidos de oposición.

El artículo dice lo siguiente:

"Artículo 84. En las asignaciones a que se refieren los artículos 4o., 5o., 9o., 10, 11, 13, 14 y 16, se realizarán las siguientes reasignaciones y se incrementan los siguientes montos del presupuesto. Sexto: en la cantidad de 3 mil millones de pesos, el ramo general 19, aportaciones a la seguridad social, distribuyéndose 2 mil 910 millones de pesos para incrementar el monto mínimo de las pensiones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y 90 millones de pesos para el pago de las pensiones a los ferrocarrileros jubilados antes de 1982; es decir, estos 3 mil millones de pesos que se reasignaron a las aportaciones a la seguridad social se dividen en dos grandes rubros: uno, la cantidad destinada a incrementar el monto de las cuantías mínimas de las pensiones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en la actualidad equivalen a un salario mínimo mensual y dos, el monto destinado para pagar las pensiones de los jubilados ferrocarrileros de antes de 1982.

La reasignación se dedicó a estos dos sectores basándonos en el principio de justicia elemental. Para tener una idea más precisa de la situación en que se encuentra este sector de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social que reciben el monto mínimo como pensión, recordemos las cifras relativas a la caída del salario mínimo, de acuerdo con datos oficiales nos reportan que entre 1977 y 1999 esta remuneración perdió el 75% de su poder adquisitivo. Tan solo en lo que va del presente régimen esta caída ha sido del 23%.

¡El salario mínimo tendría que incrementarse en 264.3% para recuperar en algo el poder de compra que tenía en 1977 y un 29.9% para volver al estado que tenía a inicios del presente régimen!

¡La pérdida es mayor si comparamos al mínimo con la canasta básica, pues sus bienes han aumentado más que la inflación! ¡En 1994 con 1.6 salarios mínimos un trabajador podía obtener la canasta básica, a la fecha se necesitan 2.3 salarios mínimos para adquirirla!

¡Con la actual pensión no se puede adquirir ni siquiera la mitad de los alimentos básicos necesarios para subsistir! ¡Para empeorar la situación, la caída de la pensión mínima ha sido mayor que la del salario mínimo! Respecto a 1995 registra un deterioro del 23.2%. Para recuperar cuatro años de pérdida tendría que incrementarse 30.1%.

¡El 10% de incremento aprobado por la Cámara de Diputados ayudará a este sector a hacer menos dramática su situación! Es un aumento que les permite seguir sobreviviendo dada la notable caída que ha tenido el salario mínimo desde 1977 y el aumento constante de los productos que integran la canasta básica alimentaria.

Por cuanto hace al caso específico de los señores ferrocarrileros jubilados antes de 1982, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos para el año 2000 han recurrido tanto a la Secretaría de Hacienda como a esta Cámara de Diputados, con objeto de que se materialice el tan anhelado pago de sus pensiones.

Como lo hemos reiterado en esta alta tribuna, antes de 1982 habían registrados 26, mil jubilados en Ferrocarriles Nacionales de México, a la fecha y por obvias razones el número se redujo a 9 mil aproximadamente.

En un acto de plena justicia social, con fecha 29 de diciembre de 1981, el entonces Presidente de la República, José López Portillo, suscribió convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Ferrocarriles Nacionales de México y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en el que se establecieron las bases para la incorporación de los trabajadores jubilados de los ferrocarriles al Instituto Mexicano del Seguro Social. El convenio establece claramente la incorporación de los trabajadores de ferrocarriles en activo al régimen obligatorio del Seguro Social y a los jubilados al de continuación voluntaria. Obligándose Ferrocarriles Nacionales a pagar a favor de éstos las cuotas obrero-patronales respectivas.

A pesar de que el Gobierno Federal aportó los capitales constitutivos correspondientes a las 500 semanas de cotización exigidas por el régimen de pensiones anterior para tener derecho a una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada para los trabajadores jubilados y 150 semanas de cotización para los trabajadores en activo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, como se comprobó posteriormente, sólo recibió lo equivalente a 150 semanas de cotización tanto para los trabajadores jubilados como para los trabajadores en activo. Con lo anterior se incumplió el convenio en lo concerniente a la obligación de aportar el pago de 500 semanas de cotización para los jubilados, dejándolos sin el derecho de una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.

De acuerdo con los cálculos actuariales que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado, el capital constitutivo para el pago de las pensiones de cesantía en edad avanzada o vejez de los jubilados ferrocarrileros antes de 1982, ascendía en 1999 a 986 millones 631 mil 926 pesos. Sin embargo, esta Cámara aprobó para este sector la cantidad de 90 millones de pesos, que servirán para cubrir el pago de las pensiones y jubilaciones de los aproximadamente 9 mil ferrocarrileros durante el año 2000. Ello significa que en el futuro o en los futuros ejercicios fiscales, la Cámara de Diputados deberá autorizar nuevos recursos para el pago de las pensiones hasta que se cubra el compromiso en su totalidad.

Señoras y señores legisladoras: está por concluir el tercer mes del año, del año 2000, del presente año y los jubilados ferrocarrileros antes de 1982 no han recibido un solo centavo por concepto de pensión. En las mismas circunstancias se encuentran los jubilados, pensionados y viudas del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes tampoco han recibido el incremento directo a sus pensiones, producto de los 2 mil 910 millones de pesos aprobados para beneficiar a este grupo de mexicanos.

Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social alegan no haber recibido los recursos suficientes para cubrir los capitales constitutivos de todos y cada uno de los beneficiarios. Hacienda mantiene en su poder los 90 millones de pesos autorizados para el pago de pensiones y el conflicto se sigue alargando.

Esta representación, por mi conducto, exige que se cumpla con el mandato contenido en el decreto de Presupuesto de Egresos para el año 2000. Desde esta alta tribuna hago un requerimiento a las autoridades involucradas, para que procedan de inmediato al pago de las pensiones a los jubilados ferrocarrileros, a los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la modalidad que pacten con ellos y dé principio a la solución de un conflicto que se ha prolongado ya por casi dos décadas.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Muchas gracias a usted, diputada Aubry.

Tiene la palabra el diputado Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El  diputado JAvier Paz Zarza:

Con su permiso, señor Presidente;

Señoras y señores diputados:

Ciertamente, como decía un respetable amigo de los medios de comunicación, en estos últimos días se dirige uno más a las curules vacías que a los diputados que deberían de estar aquí discutiendo y analizando los problemas que aquejan a los mexicanos. Y ciertamente el problema de los ferrocarrileros, de los jubilados de Ferrocarriles es algo que lastima la dignidad, que debe lastimar la dignidad de esta Cámara de Diputados.

Ciertamente hubo una modificación al presupuesto de las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, como decía el capítulo correspondiente, para buscar que hubiera justicia a los jubilados de Ferrocarriles y ya afirmaban los del cuerpo oficial que la oposición no se iba a salir con la suya. Ya afirmaban ellos de que los ferrocarrileros jubilados de antes del 1982 no se iban a salir tampoco con la suya y algún líder sindical charro, de los que subsisten todavía, se mofaba de los jubilados ferrocarrileros. Dicen, señoras y señores diputados, que en 1982 había 26 mil jubilados de la empresa IZATAL Ferrocarriles Nacionales de México; hoy oficialmente de esos 26 mil quedaban 7 mil 200 y tal parece que esperan que fallezcan todos para que entonces sí se hable de justicia en nuestro país.

Parecía que la actitud de los líderes sindicales, la actitud de los diputados del partido oficial es esperar que mueran todos los jubilados para entonces sí pasar a la tribuna y afirmar que están a favor de los derechos de ellos. Porque es el caso de que hasta este momento lo que aprobó esta legislatura no ha sido ejecutado en términos y condiciones por el Poder Ejecutivo, el propio director del Seguro Social, él hasta el viernes director del Seguro Social, en reiteradas ocasiones por escrito se le solicitó una respuesta clara tanto a los diputados como a los trabajadores, se negó como acostumbrara y acostumbra, atender a los diputados, se negó atender al requerimiento de los jubilados y pensionados.

Nosotros pensamos que no es posible que subsista esta actitud por parte del Ejecutivo Federal, no es posible que esta Cámara de Diputados haya aprobado una reasignación en el presupuesto como 90 millones de pesos y no reciban los jubilados un solo centavo.

Ya aquí anteriormente cuando se discutió el presupuesto, los líderes charros hasta tomaron aquí la tribuna, armaron un teatro ante los medios de comunicación exigiendo respeto a los trabajadores, pero son los primeros que están coludidos para pisotear los derechos de los propios trabajadores. Esto es inaceptable, nosotros pensamos que es necesario que por justicia a los trabajadores jubilados ferrocarrileros, de inmediato el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto y se haga el pago correspondiente.

144, 145 y 146

Finalmente quiero denunciar lo que ciertamente no está plenamente comprobado, no tenemos los elementos íntegros, pero todo parece indicar que el director del Seguro Social, el señor Genaro Borrego, coludido con el líder sindical en turno, le asignó la cantidad de 70 millones de pesos directamente para que teóricamente los distribuyera, los trabajadores recibieran un monto entre 4 mil a 8 mil pesos dependiendo del grado de reclamo para que se desistieran de recibir la pensión correspondiente.

Tanto en Guadalajara como en Tepic y la semana pasada en Oaxaca, los trabajadores han repudiado esta actitud del líder sindical en turno.

Nosotros pensamos que no podemos guardar silencio cómplice, es necesario que ese presupuesto que aprobó esta legislatura e históricamente representó una transformación aunque fuera del 1% para reasignar una partida de carácter social que cumpla, no podemos tolerar que el señor Ernesto Zedillo, no podemos tolerar que el Ejecutivo en turno se burle del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, en particular, y no se le haga justicia a los jubilados ferrocarrileros.

Creo entonces, señores diputados, que tenemos que tomar cartas en el asunto y exigir al Ejecutivo Federal,en particular al Seguro Social, que se haga justicia a los compañeros ferrocarrileros y se deje de solapar a líderes charros sindicales que no han tenido ni la capacidad ni la experiencia ni la voluntad de solucionar los problemas de los jubilados.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Gracias, diputado Paz Zarza.

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel López Balbuena, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.

El diputado Víctor Manuel López Balbuena:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados aquí presentes:

Antes de abordar de lleno el tema que hoy nos ocupa en este momento, quisiera hacerles un recordatorio del proceso que ha seguido el asunto que planteado aquí desde el inicio de esta legislatura por los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México antes de 1982 y cuyo expediente completo se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y específicamente el antecedente que se dio a finales del año pasado aquí en esta Cámara, en donde, en primer término, el diputado Víctor Flores propuso a esta soberanía que se estableciera una partida presupuestal para constituir o entregar mejor dicho al Instituto Mexicano del Seguro Social los capitales constitutivos para los jubilados de antes de 1982 el monto determinado por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, era una cantidad muy importante, 998 millones de pesos, de los cuales no se pudieron incluir.

El grupo parlamentario del PRI hace una propuesta de adiciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para que a este grupo de jubilados se les apoyara con una partida de 200 millones de pesos; sin embargo, la irracionalidad de la oposición hizo que se aprobara en este renglón sólo una partida de 90 millones de pesos.

Como dijo la diputada que inició el tema, efectivamente en la cláusula sexta del artículo 84 del Capítulo Unico, del Título Sexto del Decreto de... de la ley... perdón, del Presupuesto de Egresos de la Federación, establece que de esos 3 mil millones de pesos, sólo 90 se destinarían para el pago de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982, pero no especifica ni el procedimiento ni la forma en que esto se debe hacer, por lo tanto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los diputados del sector obrero pendientes precisamente de que se diera cumplimiento a esto, hemos estado negociando con las autoridades de Hacienda y, para su conocimiento, no es cosa que se pueda uno sacar de la manga porque tampoco puede uno venir aquí los sofismas, que han venido a decir los diputados de oposición, entendiéndose "sofisma" lo que reza la filosofía de que son razonamientos que enturbian la razón y confunden al pensamiento porque se basan o en suposiciones a medias o que están mal fundamentados.

Pero ya el día de hoy, para su conocimiento y para los compañeros jubilados que están aquí presentes, Ferrocarriles Nacionales de México, porque no dice el decreto de Egresos que lo deba pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social y tampoco son casi 7 mil ni casi 9 mil como dice el de... voy a decir con exactitud, compañero diputado, y no le voy a aceptar ninguna interpelación porque usted no es representante obrero y no le voy a aceptar ninguna...

El Vicepresidente:

Ya, ya. Continúe... no acepta ninguna interpelación. Adelante, adelante.

El diputado Víctor Manuel López Balbuena:

No, señor, no señor. El día de hoy, Ferrocarriles Nacionales de México en todas las oficinas pagadoras de la República Mexicana...

El Vicepresidente:

Permítame, permítame un momento diputado. Sí, diputado Javier Paz Zarza.

El diputado Javier Paz Zarza
(desde su curul):

Nada más, señor Presidente, en términos del reglamento que nos verifique si hay quorum o no en la sesión en este momento.

El Vicepresidente:

Después de escuchar al orador, con todo gusto podré tomar esa consideración pero vamos a concluir con la exposición. Adelante, diputado. Sin entablar diálogos, por favor.

El diputado Víctor Manuel López Balbuena:

Cuando usted habló nadie lo... Claro. Ya que le está afectando...
Primero, la información oficial no es ni la que manifestó la diputada ni la que manifestó el diputado que no representa a nadie...

El Vicepresidente:

Permítame diputado.

Diputada Sandra Segura, ¿con qué objeto pide la palabra?

La diputada Sandra Lucia Segura Rangel
(desde su curul):

Una pregunta.

El Vicepresidente:

Ya anticipadamente el orador ha señalado que no aceptaría ninguna interpelación y por lo tanto esta Presidencia de igual forma no determina conveniente recibir ninguna pregunta.

Es facultad de la Presidencia determinar cuáles preguntas son aceptadas y cuáles no y en tal virtud, conociendo la posición del orador no se acepta ninguna.

Adelante, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel López Balbuena:

Gracias, señor Presidente:

En relación -decía-, a estos pagos, Ferrocarriles Nacionales de México y todas sus oficinas pagadoras de la República Mexicana, encuentran ya repartidos los cheques que fueron expedidos y que ascienden a un total de 9 mil 650 cheques, para 9 mil 650 jubilados que están desde antes de 1982. Esta es la cifra oficial; 9 mil 312 cheques por un importe de 9 mil 484 pesos con 17 centavos, que alcanza una cantidad de 88 millones 316 mil 591 pesos, cuatro centavos; 166 cheques de diferentes denominaciones para jubilados a los que se les retiene pensión alimenticia, por 907 mil 457 pesos con 27 centavos; 172 cheques de diferentes denominaciones, por un importe total de 666 mil 914 pesos, 95 centavos, para jubilados que tienen la pensión alimenticia, para los familiares.

La diferencia de 109 mil 37 pesos para alcanzar los 90 millones de pesos, es la comisión que cobra el banco por la expedición de cheques, y están a la disposición de todos los jubilados, y le propongo a la Cámara de Diputados que cualquier jubilado que se encuentre en el derecho de obtener uno de estos cheques, si encuentra alguna dificultad aquí está la Cámara de Diputados, está la diputación obrera para auxiliarlos. Y le dejo aquí a la Presidencia la relación de estos cheques, la dirección y el teléfono de Ferrocarriles Nacionales de México, si tuvieran alguna duda.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Gracias, diputado.

Diputado, voy a dar trámite a su solicitud, por lo que en los términos del artículo...

En virtud de que hay una petición formulada por el diputado Javier Paz, le solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

"Artículo 109. Ninguna discusión se podrá suspender, sino por estas causas:

Primera. por ser la hora en que el Reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara.

Segunda. Porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad.

Tercera. Por graves desórdenes en la misma Cámara.

Cuarta. Por falta de quorum el cual, si es dudoso, se comprobará pasando lista y si es verdaderamente notoria, bastará la simple declaración del Presidente.

Quinta. Por proposición suspensiva que presente algún o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta se apruebe."

El Vicepresidente:

En tal virtud y conociéndose el lapso reglamentario que tiene esta Cámara para sesionar, el cual es de cinco horas, las cuales precisamente se están cumpliendo, esta Presidencia determina dar por clausurados los trabajos de la sesión del día de hoy.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.

ORDEN DEL DIA

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Jueves 23 de marzo de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura.

De diputados.

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Vicepresidente ( a las 16:37 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves, 23 de marzo, a las 11:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 1 minuto.

* Quorum a la apertura de sesión: 323 diputados.

* Diputados que solicitan licencia: 3.

* Diputado suplente que se incorporan: 1.

* Puntos de acuerdo: 2.

* Excitativas a comisiones: 2.

* Temas de agenda política: 2.

* Oradores en tribuna: 25
PRI-8; PRD-7; PAN-8; PT-2.

Se recibió:

* 1 comunicación del gobernador del Estado de Jalisco, con la que remite proposición respecto a la utilización del horario de verano en dicha entidad;

* 1 oficio de la Cámara de Senadores;

* 6 comunicaciones sobre cambios en las mesas directivas y cambios en la integración de comisiones de trabajo;

* 3 iniciativas del PRI;

* 2 iniciativas del PAN.

Se aprobó:

* 1 dictamen de las comisiones unidas de Educación y de Cultura, con proyecto de Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

Bancomex                  Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito
CFE                        Comisión Federal Electoral
CROC                         Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CTM                      Confederación de Trabajadores de México
DEA                         Agencia Federal Contra el Narcotráfico de Estados Unidos de América (por las siglas en inglés)
D.F.

Distrito Federal

FIRA                           Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
Fobaproa                   Fondo Bancario de Protección al Ahorro
INEGI                         Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Interpol                         Organización internacional de policía contra el crimen
IPAB                        Instituto de Protección al Ahorro Bancario
OCDE                           Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PAN                            Partido Acción Nacional
PGR                             Procuraduría General de la República
PRD                          Partido de la Revolución Democrática
PRI                              Partido Revolucionario Institucional
Profeco                     Procuraduría Federal del Consumidor
PT                             Partido del Trabajo
Sagar Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Secofi                             Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
SEP                            Secretaría de Educación Pública
UCABE                         Unidad coordinadora para acuerdos de bancos empresariales para reestructurar créditos sindicados importantes

UNESCO                    

Organización Educacional, Científica y Cultural de Naciones Unidas (por las siglas en inglés)