DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Francisco José Paoli  Bolio

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO III                    México, D.F., martes 11 de abril de 2000                No.9

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág

507

ORDEN DEL DIA

507
ACTA DE LA SESION ANTERIOR 509
DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA
Comunicaciones de los diputados: Daniel Díaz Díaz, Antonio Cabello Sánchez y Marcos Augusto Bucio Mújica, con las que solicitan licencia para separarse de sus cargos. Se aprueban los puntos de acuerdo respectivos.
512
ESTADO DE PUEBLA
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
514
ESTADO DE QUINTANA ROO
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
514

ESTADO DE TAMAULIPAS
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

514

COMISIONES DE TRABAJO
Tres oficios con los que proponen cambios en las mesas directivas del Comité de Administración y de las comisiones de Información, Gestoría y Quejas; Comunicación Social; Salud; Trabajo y Previsión Social y del Instituto de Investigaciones Legislativas. Se aprueban en votación económica.

515
Diversas comunicaciones con las que solicitan cambios en la integración de las comisiones y comités de: Justicia; Comercio; Distrito Federal; Gobernación y Puntos Constitucionales; Información, Gestoría y Quejas; especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000; subcomisión de examen previo; Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Administración; Asuntos de la Juventud; Bosques y Selvas; Ciencia y Tecnología; Comunicaciones y Transportes; Deporte; Derechos Humanos; Desarrollo Regional y Apoyo a la Producción; Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios; Ecología y Medio Ambiente; Equidad y Género; Estudios Legislativos; Instituto de Investigaciones Legislativas; Fomento Cooperativo; Jurisdiccional; Patrimonio y Fomento Industrial; Pesca; Pensionados y Jubilados; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; Protección Civil; Radio y Televisión; Reforma Agraria; Salud; Trabajo y Previsión Social y de la de Vivienda. De enterado. 517
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
Comunicación del diputado Alvaro Arceo Corcuera, con la que informa que se le debe seguir considerando como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De enterado.
523
ESTADO DE TLAXCALA
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite denuncia en relación con el uso de fondos públicos en el proceso electoral del Estado de Tlaxcala, presentada por el senador Luis González Pintor. Se turna a la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral de 2000.
523
MESA DIRECTIVA
Comunicación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponiendo como secretario de la mesa directiva, al diputado Jesús Gutiérrez Vargas, en sustitución del diputado Francisco Javier Loyo Ramos.
527
Se lleva a cabo la elección de secretario de la mesa directiva y resulta electo el diputado Jesús Gutiérrez Vargas. 527
DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN
El Presidente designa comisión que introduzca y acompañe en el acto de rendir su protesta de ley como diputados federales a los ciudadanos: Arturo Hernández Delgado y Cuauhtémoc Betanzos Martínez, electos como suplentes, en el XXXI distrito del Estado de México y cuarta circunscripción plurinominal, respectivamente.
527
LEY DE AMNISTIA GENERAL PARA TODOS LOS PRESOS
Y PERSEGUIDOS POR MOTIVOS POLITICOS
El diputado Adolfo González Zamora presenta iniciativa de dicha ley. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
528
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
El diputado Antonino Galaviz Oláis presenta iniciativa de reformas a los artículos 1o, 20, 24, 144 y 154 de dicha ley, referente a los derechos de los consumidores. Se turna a la Comisión de Comercio, con opinión de la de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios.
532
ARTICULOS 73, 120 Y 124 CONSTITUCIONALES
La diputada Elba Margarita Capuchino Herrera presenta iniciativa de reformas a los artículos 73, 120 y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las materias de turismo, población, cultura, forestal y pesquera. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
535
LEY DE AMNISTIA
El diputado Pablo Gómez Alvarez presenta iniciativa de dicha ley, relacionada con el conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se turna a la Comisión de Justicia.
539
GRANOS BASICOS
El diputado Javier Castelo Parada presenta iniciativa de reformas a los artículos 35 y 76, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, respecto a la comercialización de granos básicos. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la de Hacienda y Crédito Público.
540
LEY DE AMNISTIA(II)
El Presidente ratifica el trámite dado a dicha iniciativa, presentada por el diputado Pablo Gómez Alvarez. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la de Justicia.
544
PETROLEO
El diputado Sergio Benito Osorio Romero presenta iniciativa de ley que establece las reglas de operación del fondo para la estabilización de los ingresos petroleros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
544
BANCO DE MEXICO
Oficio del gobernador del Banco de México, con el que remite el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el segundo semestre de 1999 y sobre las actividades del banco en ese ejercicio. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
549
BANCO DE MEXICO (II)
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa del Poder Ejecutivo Federal para la emisión de una medalla conmemorativa del LXXV aniversario de la creación del Banco de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
550
REPUBLICA DE NICARAGUA
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 19 ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
551
LEY GENERAL DE EDUCACION
Dictamen de la Comisión de Educación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de dicha ley, respecto a la educación especial. Se dispensa la lectura.
552
A discusión se concede el uso de la palabra, a nombre de la comisión dictaminadora, al diputado Lino Cárdenas Sandoval. 556
Suficientemente discutido el dictamen es aprobado. Se turna a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 557
LEY GENERAL DEL DEPORTE
Dictamen de la Comisión del Deporte, con proyecto de dicha ley. Se dispensa la lectura.
558
Ricardo Cantú Garza 570
Luis David Gálvez Gasca 571
Bernardo Segura Rivera 572
Trinidad Escobedo Aguilar 573
Salomón Elías Jauli y Dávila, quien propone modificaciones a nombre de la comisión, las cuales son aprobadas. 574
Suficientemente discutido el dictamen es aprobado. Se turna a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 578
LEY ADUANERA
Dictamen de la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de dicha ley, con respecto a la importación de vehículos extranjeros, destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país y en los estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial del Estado de Sonora y municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora.
578
Para presentar una moción suspensiva, se otorga el uso de la palabra al diputado Jesús Ignacio Arrieta Aragón. 584
Juan José García de Alba Bustamante, en contra. 587
Se desecha la moción suspensiva. 587
Sin discusión es aprobado el dictamen presentado por la Comisión de Comercio. Se turna a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. 588
CONDECORACIONES
Cuatro oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite igual número de minutas proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que 13 ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de España, de la República de Nicaragua y de la República de El Salvador, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
588
Ocurso del ciudadano Jorge Cervantes Castro, solicitando el permiso constitucional necesario para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de Venezuela y Cuba. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 590
LAGO DE TEXCOCO
La diputada Gloria Lavara Mejía presenta punto de acuerdo, para que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente analice la posible afectación quetraería la construcción de cualquier tipo de obra que pudiera dañar la zona del ex vaso de Texcoco. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
591
FUERO DE GUERRA
El diputado Samuel Lara Villa presenta punto de acuerdo para crear una comisión especial que proponga reformas al Marco Jurídico del Fuero de Guerra Vigente. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
593
VERIFICACION DE QUORUM 595
CABORCA, SONORA
El diputado Francisco Suárez Tánori presenta punto de acuerdo para que se declare día de fiesta nacional el 6 de abril, en memoria de la Batalla de Caborca, Sonora. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
596
CAJAS DE AHORRO
La diputada Guadalupe Sánchez Martínez presenta punto de acuerdo, en relación con los problemas que enfrentan las cajas de ahorro en el Estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo.
605
ESTADO DE MEXICO
El diputado José Luis Gutiérrez Cureño presenta punto de acuerdo, para que la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso del año 2000, realice auditorias a los municipios conurbados del Estado de México, sobre recursos públicos federales. Se turna a la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000.
606
MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El diputado Fortunato Alvarez Enríquez propone punto de acuerdo sobre las repercusiones del revestimiento del canal Todo Americano y su impacto en la frontera norte del país, en los problemas de la calidad de agua. Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos.
609
VERIFICACION DE QUORUM (II) 611
ORDEN DEL DIA 611
De la próxima sesión. 611
CLAUSURA Y CITATORIO 612
RESUMEN DE TRABAJOS 612

DIARIO de los DEBATES

   Año lll     No.9                           SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS                    ABRIL 11, 2000        

 

Presidencia del diputado
Francisco José Paoli y Bolio

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 390 diputados; por lo tanto hay quorum, señor Presidente.

El Presidente (a las 11:48 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a leer el orden del día.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.-Tercer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Martes 11 de abril de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De diputados.

De los congresos de los estados de Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

De la Junta de Coordinación Política. (Cambio de Integrantes de mesas directivas de comisiones.) (Votación.)

De la Junta de Coordinación Política. (Cambios de integrantes de comisiones.)

Del diputado Alvaro Arceo Corcuera.
De la Cámara de Senadores, con la que remite denuncia en relación con el uso de fondos públicos en el proceso electoral en el Estado de Tlaxcala, presentada por el senador Luis González Pintor, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Elección de secretario de mesa directiva.

Iniciativas de diputados

De Ley de Amnistía General para todos los presos y perseguidos por motivos políticos. (Políticos de conciencia), a cargo del diputado Adolfo González Zamora, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas y adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Antonino Galaviz Oláis, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas y adiciones al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Elba Capuchino Herrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De Ley de Amnistía, a cargo del diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas a los artículos 35 fracción I inciso e y 76 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, a cargo del diputado Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que establece las reglas de operación del Fondo para la Estabilización de los Ingresos Petroleros, a cargo del diputado Sergio Benito Osorio Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Oficio del gobernador del Banco de México

Para dar cumplimiento al artículo 51 fracción III de la Ley del Banco de México, remite el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el segundo semestre de 1999 y sobre  las actividades del banco en dicho ejercicio. (Turno a comisión.)

Iniciativa del Ejecutivo

Por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del LXXV aniversario de la creación del Banco de México. (Turno a comisión.)

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Héctor Javier Hernández García, Jorge Tejeda Ruiz, José Fabián Ojeda Martínez, José Francisco Bache Mar, René Miranda Cerda, Martín Canela Alfonso, Jorge Alberto Andrade Gutiérrez, Iván Akira Falcón Saito, Luis Guillermo Tiburcio Hernández, José de Jesús Durán García, Marco Antonio Martínez Tenorio, Constantino Pérez García, Manuel Santibáñez Pérez, Marcelino González Temix, Arturo Marín Sarabia, Apolinar Jiménez Farías, Pablo Rojas Martínez, Máximino Jiménez Hernández y Luis Arturo Torres Valverde, puedan aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua. (Turno a comisión.)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Educación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el primer pá rrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 7 de abril, discusión y votación.)

De la Comisión del Deporte, con proyecto de Ley General del Deporte. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 7 de abril, discusión y votación.)

De la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 8 de abril, discusión y votación.)

De la Comisión de Fomento Cooperativo, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 8 de abril, discusión y votación.)

Minutas

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Anselmo Carretero y Jiménez y Antonia Conde Nieto, para aceptar y usar condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España. (Turno a comisión.)

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Roberto Fiel Ramírez, Hilario Guevara Hernández, José Antonio Monroy Sandoval, César Ortiz Maldonado y Gilberto Carballo Avila, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el gobierno de Nicaragua. (Turno a comisión.)

Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador. (Turno a comisión.)

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Angel Rafael San Luis Hernández, Genaro Huerta Valentín, Manuel Alejandro Castillo Nieves, Melesio Torres Uscanga y Manuel Antonio Naranjo Hernández, para aceptar y usar condecoraciones que les confiere el gobierno de Nicaragua. (Turno a comisión.)

Solicitud de particular

Del ciudadano Jorge Cervantes Castro solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de Venezuela y de Cuba. (Turno a comisión.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente analice la posible afectación que traería la construcción de cualquier tipo de obra que pudiera dañar la zona del ex vaso de Texcoco, a cargo de la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para crear una comisión especial plural que proponga las reformas, adiciones y derogaciones al marco jurídico del fuero de guerra vigente, a cargo del diputado

Samuel Lara Villa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se declare día de fiesta en los Estados Unidos Mexicanos, el día 6 de abril "Batalla de Caborca", a cargo del diputado Francisco Suárez Tánori, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso del año 2000, realice auditorías a los municipios conurbados del Estado de México, sobre los recursos públicos federales, a cargo del diputado José Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la problemática de las cajas de ahorro en el Estado de Michoacán, a cargo de la diputada Guadalupe Sánchez Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre las repercusiones del revestimiento del canal todo americano y su impacto en la frontera California-Baja California, a cargo del diputado Fortunato Alvarez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Excitativas

A la Comisión de Comercio, a cargo del diputado Edgar A. Olvera Higuera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a cargo del diputado César Lonche Castellanos. (Turno a comisión.)

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a cargo de la diputada Julieta Ortencia Gallardo Mora, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Agenda política

Comentarios sobre el programa Punto Final, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la denuncia de juicio político contra la jefa de gobierno del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre las declaraciones del señor Vicente Fox, en torno al proceso electoral, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre el general Emiliano Zapata Salazar, a cargo de los diversos grupos parlamentarios.»

Se hace la aclararión a la Asamblea y por instrucciones de la Presidencia, que las licencias de los diputados se tramitarán en el capítulo de comunicaciones de los diputados.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día, es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de abril de dos mil, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del

Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

      507,508 y 509

Presidencia del diputado
Francisco José Paoli y Bolio

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y cinco minutos del martes cuatro de abril de dos mil, con la asistencia de trescientos veinticinco diputados, el Presidente abre la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.

El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentran los ciudadanos: Leonardo Torres Duarte y José Zuppa Núñez, electos como suplentes en el decimosegundo distrito electoral federal del Estado de Michoacán y cuarto del Estado de México y designa una comisión para que los introduzcan y acompañen en el acto de rendir su protesta de ley como diputados federales.

Terminado el acto protocolario, el diputado Torres Duarte y el diputado Zuppa Núñez, entran en funciones de inmediato.

Se da cuenta con una comunicación del diputado Juan Moisés Calleja Castañón, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, relativa a la excitativa promovida por el diputado Javier Paz Zarza, sobre la presentación del dictamen de la iniciativa de reformas al artículo trescientos sesenta y cinco de la Ley Federal del Trabajo.

La mesa directiva autoriza una prórroga para que emita el dictamen correspondiente el veintisiete de abril de dos mil.

Dos oficios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con los que comunica:

El acuerdo de recomendar a la Asociación de Banqueros de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión, para ampliar el plazo de los programas de apoyo a deudores medianos y pequeños, hasta el treinta de noviembre de dos mil. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Un punto de acuerdo con el que se pronuncian en contra de la imposición del llamado horario de verano; solicita a los ejecutivos Federal y locales que realicen las acciones necesarias para que no se aplique. Se turna a la Comisión de Energéticos.

Diversas comunicaciones con las que se solicitan cambios en la integración, varias en las que se modifica la integración de las juntas directivas de las comisiones: de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios; de Energéticos; Población y Desarrollo; Especial de Asuntos de la Juventud; en la del Deporte, en la de Comercio; en la de Pensionados y Jubilados; en la de Desarrollo Social; en la Comisión Bicamaral del Canal Legislativo; de Fomento Cooperativo; de Fortalecimiento del Federalismo; en la de Comunicaciones y Transportes; en la de Gobernación y Puntos Constitucionales; en la de Salud; en la de Radio, Televisión y Cinematografía; en la de Justicia; en la de Reforma Agraria; en la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; en la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; en la de Corrección y Estilo; en el Comité de Asuntos Internacionales; en la de Asuntos Hidráulicos y en la de Turismo, así como en el Comité de Investigaciones Legislativas.

Se aprueban en votación económica o se les da el trámite de enterado, según el caso.

Del Instituto de Protección al Ahorro Bancario con el que remite copia de los estados financieros al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Se da lectura al informe de los apoyos financieros otorgados a Bancrecer y Banca Serfin, S.A. instituciones de banca múltiple, con base en el programa de saneamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Para presentar diversas iniciativas, se otorga el uso de la palabra a los diputados:

Lenia Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a la fracción primera del artículo veinte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista de México, de reformas al artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las comisiones de Educación, de Cultura y de Ciencia y Tecnología.

Olga Medina Serrano, del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a los artículos octavo-bis y veinticinco-bis de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a la Comisión de Justicia.

Una iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el quinto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo mil novecientos noventa y cinco-dos mil. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Dos minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto con los que:

Se adiciona un artículo doscientos ochenta y dos-bis-tres, de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Se conceden los permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorga el gobierno de la República de Nicaragua. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Se dispensan los trámites y se somete a discusión y votación, un dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo.

Expresan las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Susana Esquivel Farías, del Partido de la Revolución Democrática; María Gloria Ocampo Aranda, del Partido Acción Nacional y Addy Cecilia Joaquín Coldwell, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y siete votos en pro y ninguno en contra.

Vicepresidencia de la diputada
María de las Mercedes Martha Juan López

Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.

Sube a la tribuna el diputado Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo, para proponer un punto de acuerdo, a fin de que se solicite a la Secretaría de Desarrollo Social que modifique las reglas de operación de los programas Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla y el Programa de Vivienda Progresiva.

Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de Vivienda y Desarrollo Social.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado César Lonche Castellanos, independiente, en relación con la Comisión de Asuntos Indígenas y a los problemas a los que se enfrentan grupos étnicos de la costa de los loxichas y la sierra zapoteca de Oaxaca.

Se turna a las comisiones unidas de Asuntos Indígenas, Derechos Humanos, de Defensa y de Justicia.

Para solicitar excitativas, hacen uso de la palabra los diputados:

José Luis Sánchez Campos, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social, a fin de que dictaminen la iniciativa de reformas a la fracción quinta del artículo veinticuatro y la fracción tercera del artículo setenta y cinco de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por su grupo parlamentario

el once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Patricia Espinosa Torres, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que dictamine el punto de acuerdo presentado por su grupo parlamentario el once de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sobre la elaboración de cuentas satélites al trabajo doméstico.

En ambos casos, la Vicepresidenta obra en consecuencia.

Se pronuncian en relación con la construcción del aeropuerto alterno de la Ciudad de México, los diputados: Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Martínez Miranda, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, del Partido Acción Nacional y Daniel Díaz Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.

A solicitud de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, los temas de la denuncia de juicio político en contra de la jefa de gobierno del Distrito Federal; declaraciones del señor Vicente Fox, en torno al proceso electoral y los problemas de las cajas de ahorro en el Estado de Michoacán, se retiran para la siguiente sesión.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Vicepresidenta clausura la de hoy a las catorce horas con treinta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves seis de abril de dos mil, a las once horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente

El Presidente:

Gracias.

Proceda a la lectura de comunicaciones de los diputados.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presentes.

El suscrito, en mi carácter de diputado federal a la LVII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar se sirvan realizar los trámites necesarios, a fin de que me sea otorgada licencia a partir del día de hoy y por tiempo indefinido. Razones de orden profesional y personal, son los motivos para esta solicitud.

Sin otro particular, reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2000.-Diputado Daniel Díaz Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.»

El Presidente:

En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se conceda licencia por tiempo indefinido al diputado Daniel Díaz Díaz, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados, señor Presidente.

510,511 y 512

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por medio de la presente solicitud y con fundamento en los artículos 62 y 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle tenga a bien, proponerle al pleno de la Cámara de Diputados que usted preside, mi solicitud de licencia durante el periodo comprendido del 10 al 30 de abril del presente, al cargo de diputado federal a la LVII Legislatura; asimismo, se llame a mi suplente para los efectos legales conducentes.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente.

México, D.F., a 6 de abril de 2000.- Diputado Antonio Cabello Sánchez, secretario de la Comisión de Participación Ciudadana.»

El Presidente:

En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia al diputado Antonio Cabello Sánchez, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XXXI distrito del Estado de México, del 10 al 30 de abril.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presentes.

El suscrito, en mi carácter de diputado federal a la LVII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 63 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos 47, 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a ustedes, se sirvan realizar los trámites necesarios, a fin de que me sea otorgada la licencia por tiempo indefinido, que me separe del cargo que ostento como diputado federal por la Cuarta Circunscripción, a partir del día de la fecha.

Sin otro particular, reitero a ustedes la seguridades de mis más atenta y distinguida   consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 11 de abril de 2000.- Diputado federal Marcos Augusto Bucio Mújica.»

El Presidente:

En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Marcos Bucio Mújica, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en cuarta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados.

ESTADO DE PUEBLA

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado.- Puebla.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de la Constitución Política local y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar, que el LIV Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en sesión pública ordinaria, celebrada con esta fecha, tuvo a bien clausurar su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio legal. Asimismo se eligió a los integrantes de la Comisión Permanente, que actuará en el periodo de receso comprendido del 16 de marzo al 31 de mayo del año 2000.

Diputados: José Angel Pacheo Ahuatzin, presidente; Martín Fuentes Morales, secretario, Julio César Bouchot Garrido, José Felipe Velázquez Gutiérrez, Susana Wuotto Cruz, René Huerta Ramales, Ignacio Sergio Téllez Orozco, María Angélica Cacho Baena y Oscar Emilio Carranza León, miembros.

Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de marzo de 2000.- Diputados: César Augusto Reyes Cabrera, Horacio Gaspar Lima, secretarios.»

De enterado.

ESTADO DE QUINTANA ROO

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad, Chetumal, Quintana Roo.- México.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

La IX Legislatura constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión celebrada el 1o. de marzo del presente año, se clausuró el quinto periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.

Sin otro particular, me es grato reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 2 de marzo de 2000.- Diputada secretaría Martha del C. Silva Martínez.»

De enterado.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del Tamaulipas.- Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 23, 24 y 32 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos permitimos comunicarle que en sesión de junta previa convocada por la Diputación Permanente para esta fecha, fue electa la mesa directiva que dirigirá los trabajos del pleno legislativo, durante el mes de marzo del actual,

dentro del primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la LVII Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, quedando integrada de la siguiente manera:

Diputados: Libaldo Garza Moreno, presidente; Antonio Galván Loperena y Guillermo Hurtado Cruz, secretarios; Raúl Felix Galaviz Flores, suplente.

Sin otro particular, nos es grato reiterar a usted nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de marzo de 2000.- Diputación Permanente.- Diputados: Jesús Carlos Villanueva Perales y Baldo Guzmán Quinteto, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 de la Constitución Política local, 5o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 32 fracción V y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos permitimos comunicarle que en sesión pública y solemne celebrada por el pleno legislativo en esta fecha, se declaró legalmente la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la LVII Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

Sin otro particular, reiteramos a usted (es) nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de marzo de 2000.- Diputados: Antonio Galván Lobearan y Guillermo Hurtado Cruz, secretarios.»

De enterado.

COMISIONES DE TRABAJO

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Secretaría General.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente, oficio de fecha 4 de abril del año 2000, suscrito por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que solicita el siguiente cambio en la presidencia del Comité de Administración:

Que el diputado Roberto Ramírez Villares sustituya al diputado Ramón Corral Avila.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 4 de abril de 2000.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, Secretario General.»

«Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano solicito a usted gire sus apreciables instrucciones, a fin de realizar el siguiente cambio en el Comité de Administración, en el cargo de Presidente.

El diputado Roberto Ramírez Villares sustituye al diputado Ramón Corral Avila.

513,514 y 515

Sin otro más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

México, D.F., a 4 de abril de 2000.- Diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN.»

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Secretaría General.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remito a usted oficio de fecha 4 de abril del año 2000, suscrito por el diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el que solicita el siguiente cambio en la secretaría de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas:

Que la diputada Claudia Carmen Fragoso López sustituya al diputado Jorge León Díaz.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 6 de abril del 2000.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, Secretario General.»

«Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política.- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito a usted gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que la diputada Claudia Carmen Fragoso López sustituya en la secretaría de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas al diputado Jorge León Díaz.

Reciba la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2000.- Diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador.»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política.- Presente.

Por acuerdo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me estoy permitiendo solicitarle de la manera más atenta, se autoricen las sustituciones de presidencias y secretarías en las comisiones y comités de acuerdo a lo señalado en relación anexa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, D.F., a 10 de abril de 2000.- Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del PR.

Comisiones/comités

Comunicación Social: que el diputado Braulio Manuel Fernández Aguirre se incorpore como secretario en sustitución del diputado Guillermo González Martínez.

Salud: que la diputada Verónica Muñoz Parra se incorpore como secretaria en sustitución del diputado Miguel Angel Navarro Quinteto.

Trabajo y Previsión Social: que la diputada María Juana González Ortiz se incorpore como secretaria.

Instituto de Investigaciones Legislativas: se propone como secretario al diputado Gerardo Sánchez García en sustitución del diputado Eduardo Bernal Martínez.»

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Secretaría General.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo I inciso c y 43 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remito a usted oficio de fecha 4 de abril del año 2000, suscrito por el licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el que solicita los siguientes cambios de integrantes en la Comisión de Justicia:

Que el diputado Alfonso Gómez Sandoval sustituya a la diputada Marta Laura Carranza Aguayo.

Que el diputado Héctor Guevara Ramírez sustituya al diputado Jesús Gutiérrez Vargas.

Que el diputado Faustino Soacantl Amatida sustituya a la diputada Martha Sofía Tamayo Morales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 4 de abril de 2000.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, Secretario General.»

«Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política.- Presente.

Por acuerdo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito comunicarle los siguientes cambios de integrantes en la Comisión de Justicia por parte de nuestro grupo parlamentario:

Que el diputado Alfonso Gómez Sandoval sustituya a la diputada Marta Laura Carranza Aguayo.

Que el diputado Héctor Guevara Ramírez sustituya al diputado Jesús Gutiérrez Vargas.

Que el diputado Faustino Soacantl Amatida, sustituya a la diputada Martha Sofía Tamayo Morales.

Atentamente.

México, D.F., a 4 de abril de 2000.- Licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del PRI.»

De enterado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Secretaría General.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero, inciso c y 43 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente, oficio de fecha 4 de abril del año 2000, suscrito por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que solicita el siguiente   

cambio de integrantes en la Comisión de Comercio:

Que el diputado Adalberto Balderrama Fernández sustituya al diputado Edgar Ramírez Pech.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 4 de abril de 2000.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, Secretario General.»

«Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito a usted gire sus apreciables instrucciones, a fin de realizar la siguiente sustitución de integrantes en la Comisión de Comercio.

Que el diputado Adalberto Balderrama Fernández sustituya al diputado Edgar Ramírez Pech.
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

México, D.F., a 4 de abril de 2000.- Diputado federal Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN.»

De enterado.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito gire sus apreciables instrucciones, a fin de realizar el siguiente cambio en la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados.

La diputada Leticia Robles Colín sustituye al diputado Alejandro Victoriano Ordorica Saavedra.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 4 de abril de 2000.- Diputado federal José Luis Gutiérrez Cureño, coordinador de proceso legislativo.»

De enterado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Secretaría General.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remito a usted oficio de fecha 4 de abril del año 2000, suscrito por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que solicita el siguiente cambio provisional de integrantes en la Comisión de Comercio:

Que el diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado sustituya al diputado Juan Ignacio Fuentes Larios.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 5 de abril de 2000.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, Secretario General.»

«Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente. 

                                                           516,517 y 518       

Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito a usted gire sus apreciables instrucciones, a fin de realizar el siguiente cambio como integrante de manera provisional en la Comisión de Comercio.

Que el diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado sustituye al diputado Juan Ignacio Fuentes Larios.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

México, D.F., a 5 de abril de 2000.- Diputado federal Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN.»

De enterado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Secretaría General.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remito a usted oficio de fecha 4 de abril del año 2000, suscrito por el licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el que solicita el siguiente cambio de integrantes en la Comisión de Comercio:

Que el diputado José Zuppa Núñez sustituya al diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 5 de abril de 2000.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, Secretario General.»
«Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política.- Presente.

Por acuerdo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me permito hacer de su conocimiento que el diputado José Zuppa Núñez ingresará a la Comisión de Comercio como miembro integrante por parte del grupo parlamentario del PRI, en sustitución del diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

Atentamente.

México, D.F., a 4 de abril de 2000.- Licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del PRI.»

De enterado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política.- Presente.

Por acuerdo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me estoy permitiendo solicitarle de la manera más atenta se hagan las siguientes sustituciones como integrantes en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Que el diputado Juan Oscar Trinidad Palacios sustituya al diputado Arturo Núñez Jiménez;

Que la diputada Lourdes Angelina Muñoz Fernández sustituya al diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez;

Que la diputada Enoé González Cabrera sustituya al diputado Enrique Tito González Isunza.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Atentamente.

México, D.F., a 6 de abril de 2000.- Licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del PRI.»

De enterado.  

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.

Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política .- Presente.

Por acuerdo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en virtud de que la presidencia de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas es rotatoria y que dicha presidencia le corresponde en este periodo al GP del PRI, me estoy permitiendo comunicarle de la manera más atenta que nuestro grupo parlamentario ha decidido que presida dicha comisión la diputada Bertha Hernández Rodríguez.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, D.F., a 4 de abril del 2000.-Licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

De enterado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Secretaría General.

Diputado Francisco José Paoli Bolio, presidente de la mesa directiva.- Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remito a usted oficio de fecha 4 de abril del año 2000, suscrito por el diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el que solicita el siguiente cambio de integrantes en la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000:

Que el diputado Bernardo Bátiz Vázquez sustituya al diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 6 de abril del 2000.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, Secretario General.»

«Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política .- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso de General los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que el diputado Bernardo Bátiz Vázquez sustituya en la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del 2000, al diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.

Reciba la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 6 de abril de 2000.- Diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlametario del Partido de la Revolución Democrática.»

De enterado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Comisión de Justicia.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Me permito comunicar a usted que en la sesión que celebró esta comisión el día de hoy, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, acordó acreditar al diputado Alfonso Gómez Sandoval, como integrante de la subcomisión de examen previo, en sustitución de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales.  

Lo anterior para los efectos procedentes.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2000.- Diputado Francisco Javier Loyo Ramos, presidente.»

«Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Me permito comunicar a usted que en la sesión que celebró esta comisión el día de hoy, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, acordó acreditar al diputado Alfonso Gómez Sandoval, como integrante de la subcomisión de examen previo, en sustitución de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales.

Lo anterior para los efectos procedentes.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2000.- Diputado Francisco Javier Loyo Ramos, presidente.»

De enterado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Secretaría General.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 párrafo primero inciso c y 43 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remito a usted oficio de fecha 4 de abril del año 2000, suscrito por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que se solicita la ratificación del diputado Efraín Arizmendi Uribe, como integrante de las comisiones del Distrito Federal y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 6 de abril de 2000.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, Secretario General.»

«Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar la ratificación del diputado suplente en funciones Efraín Arizmendi Uribe, como integrante de las siguientes comisiones:

Distrito Federal y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Lo anterior en virtud de que el diputado Santiago Creel Miranda ha solicitado con anterioridad licencia par ausentarse de sus trabajos como legislador.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

México, D.F., a 6 de abril de 2000.- Diputado federal Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN.»

De enterado.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política.- Presente.

Por acuerdo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me estoy permitiendo solicitarle de la manera más atenta, se realicen las sustituciones de integrantes en las comisiones y comités de acuerdo a lo señalado en relación anexa.  

                                                                                         519,520 y 521  

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, D.F. a 10 de abril de 2000.- Licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del PRI.»

Comisiones/comités

Administración: diputado Ignacio Arrieta Aragón sustituye al diputado Alberto Curi Naime; la diputada Ana María de la Fuente Solís se incorpora como integrante.

Asuntos de la Juventud: diputado Francisco Javier Berganza Escorza se incorpora como integrante de la comisión.

Bosques y Selvas: diputado Eloy López Martínez sustituye al diputado Jorge Galo Medina Torres.

Ciencia y Tecnología: diputado Armando López Romero sustituye al diputado Fortunato Guzmán Rivera.

Comunicaciones y Transportes: diputados Gerardo Acosta Zavala sustituye a Fortunato Guzmán Rivera; Alejandro Alarcón Estrada sustituye a Héctor Vicario Castrejón.

Deporte: el diputado Bonfilio Peñaloza García sustituye al diputado Enrique Padilla Sánchez.

Derechos Humanos: la diputada Martha Andrade Alcocer sustituye al diputado Guillermo González Martínez.

Desarrollo Regional y Apoyo a la Producción: el diputado José Lauro Villarreal Navarro sustituye al diputado Jorge Galo Medina Torres.

Distribución y Manejo de Bienes de Consumo: el diputado Enrique Gasca Hernández se incorpore como integrante de la comisión.

Distrito Federal: la diputada Martha Irene Luna Calvo sustituye al diputado Guillermo González Martínez.

Ecología y Medio Ambiente: el diputado José Zuppa Núñez sustituye al diputado Fernando Castro Suárez.
Energéticos: el diputado Jesús Fernando Espinosa Franco se incorpore como integrante.

Equidad y Género: las diputadas Martha Andrade Alcocer, sustituye a Marta Laura Ca   rranza Aguayo; María del Rocío Citlali Marín Torres sustituye a Angelina Muñoz Fernández.

Estudios Legislativos: el diputado Manuel González Espinoza se incorpore como integrante.

Fomento Cooperativo: el diputado Enrique Gasca Hernández sustituye al diputado Janitzio Soto Elguera.

Instituto de Investigaciones Legislativas: los diputados Lilia Reyes Morales sustituye a Marta Laura Carranza Aguayo; Cuauhtémoc Salgado Romero sustituye como integrante a Eduardo Bernal Martínez.

Jurisdiccional: los diputados Manuel González Espinosa y Francisco Loyo Ramos se incorporen como integrantes.

Justicia: el diputado Alfonso José Gómez Sandoval Hernández sustituya a la diputada Marta Laura Carranza Aguayo.

Patrimonio y Fomento Industrial: los diputados Ana María de la Fuentes Solís sustituye a Fernando Castro Suárez; Víctor Lara González sustituye a José Luis Bárcena Trejo.

Pesca. el diputado Armando Galván Gascón se incorpore como integrante de la comisión.

Pensionados y Jubilados: el diputado Enrique González González se incorpore como integrante de la comisión.

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: los diputados Francisco Loyo Ramos sustituye a Enrique González Isunza; José Ernesto Manrique Villarreal sustituye a Alberto Curi Naime.

Protección Civil: los diputados Víctor Lara González sustituye a Jorge Galo Medina Torres; Armando López Romero sustituye a Enrique González Isunza.

Radio y Televisión: la diputada Martha Andrade Alcocer sustituye al diputado Guillermo González Martínez.

Reforma Agraria: el diputado Justiniano Guzmán Reyna sustituye al diputado Salvador Rizo Ayala.

Salud: los diputados María del Rocío Citlali Marín Torres sustituye a Addy Joaquín Coldwell; Fernando Espinosa Franco sustituye a Esteban Angeles Cerón.

Trabajo y Previsión Social: los diputados Francisco Javier Ponce Ortega sustituye a Marco Antonio Fernández Rodríguez; Jesús Francisco Martínez Ortega sustituye a José Janitzio Soto Elguera.

Vivienda: los diputados José Zuppa Núñez sustituye a José Janitzio Soto Elguera; Armando Galván Gascón sustituye a Lourdes Angelina Muñoz Fernández.

De enterado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura. Secretaría General.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez, remito a usted oficio suscrito por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el que solicita se realice el siguiente cambio en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, únicamente por el día martes 11 de abril del año en curso:

Que el diputado Isael Cantú Najera sustituya al diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., 10 de abril del 2000.- Licenciado José Fernando Franco González Salas, Secretario General.»

«Diputado Enrique Jackson Ramírez presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.- Presente.

Con fundamento en el articulo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar el siguiente cambio en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, únicamente por el martes 11 de abril del año en curso:

El diputado Isael Cantú Najera, sustituye al diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.

Atentamente.

México, D.F., a 10 de abril del 2000.- Diputado federal José de Jesús Martín del Campo Castañeda, vicecoordinador general.»

De enterado.

PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

En relación con su oficio de fecha 3 de abril del presente, le informo que se me debe seguir considerando como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 4 de abril de 2000.- Diputado Alvaro Arceo Corcuera.»

De enterado.

ESTADO DE TLAXCALA

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis González Pintor, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó denuncia en relación con el uso de fondos públicos en el proceso electoral en el Estado de Tlaxcala.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "túrnese la denuncia a la Cámara de Diputados, para que determine la comisión especial que tome conocimiento de la misma".

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 6 de abril de 2000.- La Presidencia.- Senador Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones.»

"El Presidente: tiene la palabra, por cinco minutos, el señor senador Luis González Pintor.

El senador Luis González Pintor: muchas gracias, señor Presidente:

Sí quisiera abundar un poco más y con la brevedad suficiente, para recordarle al señor senador Saucedo, que el gobernador de Tlaxcala se llama Alfonso Sánchez Anaya.

Esto, por supuesto, habré de permitirme recordarle que es Alfonso, no Salvador.

El senador Mario Gilberto Saucedo Pérez (desde su curul): agradezco la aclaración.

El Presidente: perdón, no se permiten los diálogos. Le ruego a la Asamblea comportarse reglamentariamente.

¡Adelante!

El senador Luis González Pintor: vine aquí cuando el señor senador Saucedo ha dicho que hemos venido a hacerle el trabajo sucio al PRI. Bueno, tal vez se entienda, porque persiste aquella simbiosis PRD-PRI.

Pero no, no señor senador, aquí lo que he venido a decir son hechos que se están dando en Tlaxcala y que por ningún motivo habremos de dejarlos pasar desapercibidos sea quien sea el gobernador en el Estado.

Mire, ciertamente que el Partido Acción Nacional tiene una excelente presencia en el Estado de Tlaxcala y si no, pues imagínense ustedes o pregúntense ustedes. ¿Dónde está el senador del Partido de la Revolución Democrática en este Senado? Pues no tienen, porque obviamente, sólo a base de esa simbiosis maquinada en donde priístas apoyaron a Alfonso Sánchez Anaya, es que pudieron acceder al gobierno. Reconózcalo de esta manera.

Y sí debo aclararle, por otra parte, que los grupos caciquiles a los que usted ha hecho referencia y los ha señalado con toda claridad, pues están ahí los grupos de maestros y no es precisamente en donde se nutre la militancia del PRD en Tlaxcala, sino que es en estos grupos representados por las bases magisteriales que tienen en jaque al Estado desde hace muchos años. ¿No es así, señor senador? Reconózcalo.

Por supuesto que si la radio pertenece al Gobierno del Estado y a usted le parece demasiado obvio que ningún gobierno debiera permitir la intromisión de los puntos de vista de otros grupos ajenos al gobierno, de la sociedad en su conjunto; bueno, pues entonces estamos hablando de un absolutismo en la información y eso, no conduce a nada positivo. Porque el temor de que se conozcan las opiniones de los diferentes grupos, organizaciones y aún políticos de la entidad. Bueno, no estamos en el absolutismo, debiera permitirse, como se me permitió en gobiernos estatales anteriores y si no, pues ahí la prueba de que se hayan cerrado todos estos programas de opinión.

Y miren, por lo que respecta al asunto de la Comisión 2000, lo que he señalado aquí, no son acusaciones falsas y por qué el interés del señor gobernador, se van a dilucidar, pero por qué el interés de aceptar la formación de una comisión local en el Congreso estatal, para dilucidar todo esto. Bueno, pues hay que tratar de ponerle, de alguna forma un freno a esta situación en la que se ha visto descubierto el gobernador.

Y, por supuesto, esto no para ahí, señor senador. Usted ha dicho, de muchas acciones, en muchos estados de la República, incluso en donde gobierna Acción Nacional. Traiga elementos, señor senador, tráigalos y discútalos en esta tribuna. Porque no es desacreditando, no es desvirtuando los hechos y los actos en que ha incurrido el gobernador de Tlaxcala, como lo va a defender en forma efectiva.

522,523 y 524

Mejor alíentelo a que dé apertura a una mayor pluralidad de expresión en el Estado de Tlaxcala.

Muchas gracias.

El senador Mario Saucedo Pérez (desde su curul): pido la palabra, para rectificar hechos.

El Presidente: para rectificar hechos, tiene la palabra el senador Mario Saucedo Pérez. Dispone de cinco minutos, señor senador.

El senador Mario Saucedo Pérez: gracias, señor Presidente:

Agradezco al senador Luis González Pintor, mi falta, en observar la falta sobre el nombre, efectivamente, es Alfonso Sánchez Anaya.

Yo quisiera puntualizar algunas cosas. Usted sabe que el Congreso en el Estado de Tlaxcala, es mayoritariamente priísta y que hay una estricta vigilancia en torno al manejo de los recursos. Me preocupa que usted, señalándose como representante de los tlaxcaltecas, maneje tan trivialmente el hecho de que en las elecciones en donde ganó, salió triunfante el gobernador, ahora Alfonso Sánchez Anaya, lo maneje como si hubiera sido una cuestión simplemente de que cambiaron de partido y no en el anhelo de la mayoría de los tlaxcaltenses, para cambiar de partido y de gobierno.

Hay y usted sabe también perfectamente que el gobernador está en un programa de radio, directamente en comunicación con la gente, con teléfono abierto; sabe usted también que tiene audiencias públicas cada 15 días el señor gobernador y hay participación libre de los ciudadanos para ir a manifestar sus demandas, sus posiciones y sabe perfectamente también que el señor gobernador está en permanente contacto y en giras en los municipios, en un contacto directo con la gente para personalmente conocer la problemática y buscar la solución de eso.

En el fondo, me parece, senador Luis González Pintor, que usted desaprueba esta forma nueva de gobierno. Usted se queja de que hay una apertura y no se conocen los distintos puntos de vista. Hay medios institucionalizados por el propio gobierno democrático de Tlaxcala, para hacer las observaciones y poder manifestar libremente cualquier ciudadano, directamente hacia el gobernador, aquello que no esté de acuerdo, no le parezca.

En el fondo, lamento, senador Luis González Pintor, que usted repruebe esta nueva forma de ser, un ejercicio democrático de gobierno.

Hay problemas, hay deficiencias, no es tan fácil con una práctica y una cultura que prevalece en toda nuestra sociedad; pero que, lo que se está haciendo en Tlaxcala es por bien de todos los tlaxcaltecas, es buscar nuevas formas e implementar nuevas formas democráticas de gobierno.

El senador Javier Alvarado Ibares (desde su curul): pido la palabra, para rectificar hechos.

El Presidente: para rectificar hechos, tiene la palabra el señor senador Javier Alvarado Ibares. Dispone usted de cinco minutos.

El senador Javier Alvarado Ibares: muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser breve:

Solamente quiero, señor senador Mario Saucedo, comentar de que, que bueno que usted viene a defender a su gobernador de Tlaxcala; tal vez lo haría cualquier priísta o lo mismo haría cualquier panista.

Sin embargo, la diferencia es, de que cuando se tienen pruebas, hay que presentarlas y sobre todo, cuando se tienen pruebas o cuando hay irregularidades también hay que comentarlas.

Debemos de ser positivos. Yo creo que de estos debates, debemos sacar lo positivo. Tenemos el caso, que aquí denunciamos en su momento los problemas que el ex gobernador tenía en Morelos, hasta que, cayó; tenemos el caso que en esta tribuna, también, el senador de Guerrero, en su momento denunció al ex gobernador Figueroa y también cayó. ¿Quiere decir esto? Que las cosas que se presentan aquí, las denuncias que se hacen aquí, deben de ser objetivas también y no debemos meter la mano al fuego nada más por que sí.

Yo creo que ése es el objetivo del debate y lo positivo que debemos de sacar de estas posiciones de los partidos políticos.

Luego entonces, si el río suena es porque agua lleva.

Muchas gracias.

El senador Héctor Sánchez López (desde su curul): pido la palabra, para rectificación de hechos.

El Presidente: para rectificar hechos, tiene la palabra y por cinco minutos, el senador Héctor Sánchez López.

El senador Héctor Sánchez López: con su permiso, señor Presidente:

Hemos escuchado al senador González Pintor, pintar mal en Tlaxcala. Parece que para el PAN, las cosas pintan mal.

Dice, que el PAN tiene una excelente presencia y por eso lo vemos como senador. Yo creo que, si tuviera esa excelente presencia, no vemos gobernador panista en Tlaxcala. Eso quiere decir que antaño, efectivamente, podrían haber tenido una presencia que han ido perdiendo no sólo en Tlaxcala, sino en muchas partes del país.

Precisamente por gobiernos como el de Jalisco, como el de Chihuahua, como el de Baja California Norte y van a seguir perdiéndolo; parece que la preocupación del senador, a lo mejor es no poder heredar su senaduría a algún familiar y le preocupa mucho, el hecho de que el PRD tenga una excelente candidata y que pueda ganar las elecciones.

También como que le molesta, que aquellos que se salen de algún partido político o del PRI, buscan espacios de participación en el PRD. Le voy a decir, señor senador, sabe por qué aquellos ciudadanos que buscan la democracia en este país, que quieren luchar con su pueblo, no se van al PAN; porque son la misma cosa, PRI y PAN, ellos quieren algo nuevo, algo diferente, una mayor participación política y por eso no se van al PAN, por eso se vienen al PRD, donde hay espacios, donde se les permite luchar junto con su pueblo para construir gobiernos democráticos.

Nos dicen que cuando hay pruebas hay que presentarlas. Deveras que me parece muy grave la ignorancia del señor senador, sabiendo que los problemas municipales no los resuelve el gobernador, ya lo dijo el senador Mario Saucedo, es una cuestión del Congreso. Si no lo sabe, las auditorías las tiene, que el Congreso mismo, las tiene que autorizar.

En los problemas religiosos, bueno pues está la Secretaría de Gobernación, tiene una subsecretaría de asuntos religiosos; usted quiere que el gobernador se meta hasta en asuntos que no lo competen, porque a usted le molesta.

Bueno, yo creo que sí hay pruebas suficientes. Pues lo que hay que hacer, señor senador, es presentarse ante las instancias, presentar la denuncia, presentar las pruebas y que se castigue y se sancione, si es que así fuera, a los responsables de lo que usted dice que está pasando allá en Tlaxcala.

Yo creo que, en esta época electoral, bueno, se sube con la intención, haber si la intención del voto pudiera cambiar en Tlaxcala. Creo que no, creo que tenemos a un gobernador que apenas tiene 15 meses, que está atacando rezagos heredados durante muchos años.

Yo no recuerdo, pero a lo mejor sí, cuando había gobierno priísta creo que el compañero nunca abrió la boca para denunciar, efectivamente, los desvíos de recursos públicos, los robos que se hacían y todas estas cuestiones.

Ahora resulta que es cuando emerge toda esa situación, cuando en realidad se busca resolver de fondo los problemas de Tlaxcala.

Entonces, pues si le preocupa que vayamos a ganar la senaduría y la primera senaduría allá, pues entonces sí puede seguir hablando, pero creo que no va a tener ningún éxito esto que pretende desacreditar y descalificar a un gobierno con apenas 15 meses tratando de mejorar la situación que vive el Estado de Tlaxcala.

El Presidente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General, la denuncia presentada por el senador Luis González Pintor, se turna a la Cámara de Diputados, la que determinará la comisión especial que tome conocimiento de la misma."

El Presidente:

Túrnese a la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso del año 2000.

MESA DIRECTIVA

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados- Presente.

A través de las presentes línea, me estoy permitiendo informarle de la manera más atenta que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acordó proponer para secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados al diputado Jesús Gutiérrez Vargas en sustitución del diputado Francisco Javier Loyo Ramos, lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos conducentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 5 de abril de 2000.- Licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del PRI.»

El Presidente:

De conformidad con el artículo 19 numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de un secretario de la mesa directiva en sustitución del diputado Francisco Javier Loyo Ramos, quien renunció a su cargo.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para tomar la votación.

(Votación.)
Señor Presidente: se emitieron 400 votos en pro y tres en contra.

El Presidente:

Aprobada la elección del diputado que sustituye al diputado Francisco Loyo Ramos en la Secretaría de esta Cámara.

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente:

Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Arturo Hernández Delgado y Cuauhtémoc Betanzos Martínez, diputados suplentes electos en el XXXI distrito del Estado de México y en la cuarta circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir su protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Martha Ortiz Guerrero, Jesús Fernando Espinosa Franco, Luis Guillermo Villanueva Valdovinos y Antonio Palomino Rivera.

(La comisión cumple su cometido.)

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente:

Ciudadanos Arturo Hernández Delgado y Cuauhtémoc Betanzos Martínez: ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Arturo Hernández Delgado
y Cuauhtémoc Betanzos Martínez:

                                                                                              525,256 Y 527

Sí, protesto.

El Presidente:

Si así no lo hicieran que la nación se los demande.

Se invita al diputado electo como secretario de la mesa directiva, Jesús Gutiérrez Vargas, a que tome posesión de su puesto en esta mesa.

Procederemos al capítulo iniciativas de los diputados.

LEY DE AMNISTIA GENERAL PARA
TODOS LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS
POR MOTIVOS POLITICOS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Adolfo González Zamora, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley de Amnistía General para todos los Presos y Perseguidos por Motivos Políticos, Políticos de Conciencia.

El diputado Adolfo González Zamora:

Con su venia, señor Presidente:

Quiero aclarar, antes de dar lectura a esta iniciativa, que esto fue producto de organizaciones sociales, de las ONG y de los familiares de los presos políticos.

Proyecto de iniciativa de Ley de Amnistía.

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II 72 y 73 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido por los artículos 55 fracción II 56 y 62 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar la siguiente iniciativa de Ley de Amnistía General para todos los Presos y Perseguidos por Motivos Políticos al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hombre soy y nada de los humanos me es ajeno: José Martí.
La libertad, la justicia y la convivencia tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrinseca y de los derechos iguales inalienables de todos los miembros de la familia humana, contraria a ellos el desconocimiento, el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, en virtud de que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos y dotados como estén por naturaleza de razón y de conciencia deben unirse fraternalmente los unos con los otros.

Vistas las cosas así, el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Deberes y derechos se integran correlativamente en toda actividad social y política del género humano.

Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad, los deberes de orden jurídico se suponen otros de orden moral que los apoyan conceptualmente y los fundamentan, es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es finalidad suprema de resistencia humana que florece en la cultura, en la moral y las buenas maneras. Así lo contemplan los postulados de la declaración americana de los Derechos Humanos y deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismos que son regidos y protegidos por nuestra Constitución General de la República.

En este mismo sentido el espíritu de nuestros Constituyentes de 1917 tutela al derecho a disentir o a tener otra perspectiva de los asuntos públicos, condición sine qua non de la democracia y de la libertad. El disenso hace emerger y pone sobre relieve ante la opinión pública injusticias y privilegios en el sistema político social, en este sentido la oportunidad de expresión a grupos marginados y discriminados se ve relegada.

En la democracia es necesario proteger el disenso y la libertad de crítica, el ejercicio de talcrítica da vitalidad y garantía a la auténtica democracia en el Estado. La protección de democracia del disenso consiste en la práctica, en la efectiva aplicación de todas las normas que garantizan el ejercicio de los derechos civiles como la libertad de prensa, de palabra, de acción y de asociación.
El disenso ofrece canales de drenaje a una insatisfacción que de otra manera podría radicalizarse y desembocar en formas abiertas y violentas de contestación y contribuye así a preservar la legitimidad del sistema político y de las políticas públicas.

Es por ello necesaria la participación del Legislativo para decretar la amnistía, para hacer olvidar al poder público el castigo de un supuesto ilícito por la razón que la provoca. De esta manera, como representantes de la soberanía nacional, debemos fomentar la democracia para avanzar en la justicia.

Cuando se habla de amnistía para presos políticos, en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes, que se han manifestado a través de distintas formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran presos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales.

Además es evidente que la mayoría de los actuales prisioneros que han sido acusados de pertenecer a organizaciones insurgentes, en realidad son parte de la población civil en contra de las que se ejercen represalias por considerar el gobierno que son base social de los insurrectos.

Es inconcebible que en el extranjero diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos señalen la existencia de presos políticos en nuestro país, en tanto que el Gobierno mexicano se niega obstinadamente a reconocer esta realidad. Continuamos constatando con una honda preocupación de que en México persiste una grave situación de derechos humanos: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y cárceles clandestinas. Son una realidad que consisten por una persistente mi- litarización.

Los órganos de la OEA han podido constatar tales violaciones, así como la falta de respuesta efectiva a las recomendaciones que se han realizado.

La persecución política lleva a prisión a personas a las que se les fabrica delito: caso de Guerrero, caso de Oaxaca, ocultando de esta manera la existencia de presos de conciencia. La Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos cuentan con 299 casos documentados de presos políticos en México, cuyos procesos se encuentran plagados de irregularidades. Chiapas ocupa el primer lugar, seguido de Oaxaca y Guerrero, respectivamente.

La mayoría de los presos son indígenas, en algunos casos miembros o simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, las recientes acciones represivas en contra de los estudiantes de la UNAM, el Mexe de Hidalgo, han incrementado al doble el número de presos de conciencia y la persecución mediante orden de aprehensión pendiente de ejecutar.

Ante la gravedad de la situación y la acción organizada del pueblo, se va generando un momento coyuntural en el que el Gobierno mexicano se ve obligado a reconocer la existencia de presos políticos y de conciencia y a favorecer recursos jurídicos que respetando las dependencias del Poder Judicial, emita medidas prontas y expeditas para su libertad.

Estamos en un periodo coyuntural sumamente favorable a una ley de amnistía, puesto que por un lado se ha incrementado sensiblemente el número de perseguidos y detenidos políticos. Diversos sectores se han pronunciado al respecto. La alta comisionada de la ONU, Marie Robinson, ha solicitado al Gobierno de México que extienda la invitación al grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias y el relator sobre independencias de jueces y magistrados y, por otro lado, los momentos electorales que buscan legitimar un incipiente proceso electoral democrático.

Si representantes del Gobierno expresan públicamente que está entrando un periodo de normalidad democrática en la vida política nacional, ello implica que se han vivido décadas en circunstancias anormales o antidemocráticas, las cuales aunadas a los graves problemas económicos, sociales y políticos, han generado inconformidad ciudadana, que se expresa de diferentes maneras. Por ello la amnistía general a los prisioneros y perseguidos por  motivos políticos es un imperativo ético, es saldar una deuda con quienes han tenido el valor de protestar contra el anormal e injusto orden de cosas que ha existido en nuestro país, es un punto de partida para continuar la transformación del país en un régimen donde impere el verdadero estado de derecho.

El preso de conciencia, según Amnistía Internacional, es una persona encarcelada a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que tales personas no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Se considera preso político a aquella persona que busca la transformación de la sociedad y que con base en condiciones políticas intenta mediante la violencia alterar o modificar la forma de su gobierno y por ello es acusada por delitos contra la seguridad de la nación y/u otros y debe de tratarse con apego a derecho internacional humanitario.

Se considera preso injustamente a aquella persona que se encuentra en prisión por la fabricación de delitos que pueden estar asociados o no a motivos políticos. Observamos entonces que existe un vacío jurídico que no se va a llenar por razones obvias y limita a determinar a quien se le considere preso político o de conciencia. Tal acepción es asignada por el mismo preso, su organización o por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que conforman la hoja de vida de la persona, se le defiende como tal basándose en la existencia de elementos para fundamentar la falsa acusación o irregularidades en el proceso, aunque se le acuse de otros delitos.

Otra dificultad estriba en la limitación para conocer todos los casos a nivel nacional y sobre todo poderlos documentar. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos regularmente se declara incompetente para atender tales casos.

Para el Gobierno de México no existen presos políticos, sino políticos presos, son éstos los funcionarios públicos caídos en desgracia, que se convierten en incómodos, a quienes se les acusa de delitos contemplados bajo el título de servidores públicos. Si bien es cierto que el Código Penal Federal tipifica los delitos denominándolos de carácter político bajo el título de "delitos contra la seguridad de la nación", la mayoría de los presos políticos y de conciencia son acusados de estos delitos.

Existe un número importante que son acusados de delitos comunes. Si se nos permite generalizar, podríamos decir que existe un rasero sumamente desigual en el catálogo de las sanciones de los delitos aplicados a los presos políticos y a los políticos presos, servidores públicos.

Si consideramos que el servicio público se ejerce como un acto en el que el pueblo deposita la confianza en los servidores públicos y que éstos tienen la obligación de vigilar y administrar los bienes de la sociedad mexicana; si tomamos en cuenta que los servidores públicos por su posición se encuentran en condiciones de actuar con premeditación, alevosía y ventaja, los delitos por ellos cometidos debieran ser tipificados como graves, puesto que su comisión puede constituir en casos graves actos equiparables a la traición a la patria, por defraudar la confianza que la soberanía deposita en ellos, se puede apreciar entonces que desde el Código Penal vigente se propicia la impunidad, puesto que las sanciones y las multas son muy bajas.

Por muy grave que sea el daño que genere la multa, va de tres días de salario mínimo hasta 500 días y de prisión de tres años hasta 14 años, se requiere una amplia discusión y participación entre los luchadores sociales y las relaciones políticas y sociales. La amnistía es una demanda que diversos sectores del pueblo y sus organizaciones están demandando al reconocer todo el valor y la parte social que los luchadores sociales están dando por mejores condiciones de vida para el pueblo y por los derechos humanos y las libertades fundamentales, la demanda social de amnistía de ninguna manera representa el que se deje en total impunidad a los violadores de los derechos humanos; de ninguna manera aceptaremos las leyes de olvido o de punto final que tanto daño han causado a los pueblos en los que se han aplicado.

Recordamos que violaciones graves a los derechos humanos tales como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura y los crímenes de guerra, son delitos de lesa humanidad, esto es, que lesionan a la humanidad en su conjunto y de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario son imperceptibles y de competencia universal.

Muchas veces se niegan a la amnistía, al considerarla como si tuvieran que reconocer que han cometido delitos o que se arrepienten de haberlos cometido, pero en realidad de acuerdo a la definición amnistía, del griego amnistía: olvido, acto formalmente voluntario del Poder Ejecutivo, porque se anula la aplicación de una pena legal, sus efectos son totales y generalmente se aplican a delitos políticos.

                                                                  528,529 y 530

Debemos de tomar muy en cuenta que el Gobierno de México no ha ratificado el protocolo II de los convenios de Ginebra, en donde se establecen las normas internacionales en caso de conflictos armados internos, eso hace que para los grupos insurgentes las acciones de enfrentamiento en contra del ejército o las policías, no se acojan a las leyes de guerra y por lo tanto se les considere como responsables de delitos.

Por otro lado, se favorece de esta manera que se les trate de aplicar la legislación vigente relacionada a la delincuencia organizada, antítesis del concepto de motivación política de conformación de los grupos insurgentes. Debemos de considerar que los presos y perseguidos tienen diversos delitos, ya sean de orden federal o sean de fuero común, acusados de delitos graves y por lo tanto los beneficios que se pudieran lograr serían limitados, pero en todos existe un común denominador, su proceso tiene serias irregularidades, sobre todo cometidas por el Ministerio Público y su Policía Judicial, ya que existen fuertes indicios de falta de independencia del Poder Judicial en relación con el Poder Ejecutivo.

Además la mayoría se encuentra en la casi total indefensión jurídica y considerando que las instituciones públicas para la protección de los derechos humanos no tiene competencia en materia jurisdiccional y el sistema de defensoría de oficio no garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso, se hace necesario impulsar una Ley de Amnistía.

Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en nuestro país, desde la lucha por la independencia encontramos esta figura jurídica cuando el 15 de octubre de 1810 las cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a su actividad.

Posteriormente, el 1o. de enero de 1831, se instaló el IV Congreso Constitucional y Anastasio Bustamante, entonces presidente de la primera República, decretó una amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que se encontraban los generales Vicente Guerrero y Juan Alvarez.

Uno de los... se registró en septiembre de 1978 cuando el ex presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Amnistía que fue aprobada y se aplicó en distintas etapas en el curso de los años 1978 y 1979. Un asunto básico de la agenda política nacional misma que no puede ser soslayada en la LVII Legislatura, es el análisis de las causas que llevan a miles de mexicanos a sublevarse en contra del gobierno establecido.

El Poder Legislativo debe asumir la responsabilidad de que los mecanismos constitucionales para transformar la realidad nacional operen, pues sólo así logrará que en un futuro ningún mexicano tenga que rebelarse para acceder a demandas legítimas.

«Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno lo siguiente

INICIATIVA DE LEY DE AMNISTIA

Artículo 1o.
Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya iniciado averiguación previa o ejercitado acción penal ante los tribunales de la Federación, ante la fecha (sic) de entrada en vigor de la presente ley; por los delitos políticos conexos con delitos políticos (sic) o delitos comunes cometidos por delitos políticos.

Artículo 2o. La Comisión de Amnistía tendrá un carácter resolutivo y estará conformada por un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Procuraduría General de la República, los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Senadores y cinco representantes de las organizaciones no gubernamentales promoventes de dicha ley.

Artículo 3o. Los individuos que se encuentran actualmente sustraídos de la acción de la jus
ticia dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo primero, podrán beneficiarse de la amnistía condicionada a la solicitud expresa dentro del plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta ley.

Artículo 4o. La amnistía tiene por efecto la resolución del no ejercicio penal en la fase de las averiguaciones previas y restringe las acciones penales y las acciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes pueden exigirla.

Artículo 5o. En el caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo por las personas a quienes beneficia esta ley, la autoridad que conozca del asunto dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo anterior.

Artículo 6o. La Comisión de Amnistía opondrá la supervisión de las correspondientes leyes de amnistía a los gobiernos de los estados de la República en los... sentenciados o acciones persecutorias por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones y que se asemejen a lo que se amnistía por esta ley.

Artículo 7o. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en lo futuro interrogados, investigados, citados a comparecer, detenidas aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los derechos que comprende esta amnistía.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. La presente ley entrará en vigor, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2000.- Diputados: José Zamora, Olga Medina, José Luis Sánchez, Angel de la Rosa, Octavio Hernández Calzada, Luis David Gálvez Gascón, Agapito Hernández, Pedro Magaña, José Octavio Díaz Reyes, Gilberto Parra, Armando Aguirre Hervis, Susana Esquivel Farías, Antonio Prats García, Martín Mora Aguirre, Carlos Heredia Zubieta, Benito Mirón Lince, Marcelino Díaz de Jesús, Joaquín Hernández Correa, Jorge Silva, Felipe Rodríguez, Pablo Sandoval, Samuel Lara Villa, Plutarco García Jiménez, José Luis Gutiérrez Cureño y Juan José González Davar.»

Muchas gracias. ¡Libertad a los presos políticos!

El Presidente:

Gracias, diputado González Zamora.

Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Justicia.

LEY FEDERAL DE PROTECCION
AL CONSUMIDOR

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Antonino Galaviz Oláis, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Antonino Galaviz Oláis:

«Compañeras diputadas y compañeros diputados; ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Los suscritos diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la finalidad de dotar de equidad a la relación entre consumidores y proveedores, asimismo, garantizar la correcta representación y respeto a los derechos del consumidor ante los tribunales, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es urgente desarrollar una verdadera política en materia de protección a los derechos del consumidor y en nuestra calidad de legisladores, podemos contribuir con los otros dos poderes a la consecución de dicho objetivo. Es una realidad innegable, que el actual modelo económico de libre mercado derivado de la globalización ha fomentado un desequilibrio entre sus actores, drama dentro del cual, la víctima resulta ser el consumidor.

Las relaciones de comercio provocan la interdependencia social, desgraciadamente, el consumidor que pretende adquirir un bien o utilizar un servicio, se encuentra, por lo general, obligado a aceptar las condiciones que impone el vendedor o suministrador; en virtud de esto, consideramos urgente, que desde la legislación se dote al consumidor de mecanismos, procedimientos e instituciones que le permitan defender sus derechos sustantivos.

Para el Partido Acción Nacional, la libre competencia económica no debe ser una lucha encarnizada que tenga como consecuencia un perdedor, sino que el Estado debe intervenir fortaleciendo las instituciones jurídicas ya existentes y creando nuevas, de acuerdo a las necesidades sociales e individuales, para que de esta manera se logre combatir el desequilibrio existente entre los factores de la relación comercial. Para conseguir lo anterior se debe atender al principio de equidad, para que la ley iguale lo que en la práctica es desigual.

Los poderes públicos se encuentran obligados a tutelar los derechos del consumidor; atendiendo a la justicia social, que no al paternalismo. En los últimos años se han venido presentando una serie de reformas tendientes a la configuración de un derecho del consumidor, el que hoy en día, para la mayoría de la doctrina es ya una rama autónoma del derecho; los jurisconsultos en la materia lo definen como "el conjunto de normas estándares e instrumentos encaminados a asegurar o mejorar la protección del consumidor en el mercado económico. Mediante el reconocimiento de una serie de derechos del consumidor y el establecimiento de un marco jurídico específico a través del cual intenta la consecución de los fines del movimiento que tiende a promover los intereses del consumidor".

En el ámbito del derecho internacional comparado, encontramos variados ejemplos de cómo diversas naciones han elevado a rango constitucional dichas prerrogativas.

Por citar sólo algunos casos, la Constitución española establece en su artículo 51 que "los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces: la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos...". Por su parte, la Constitución portuguesa en su artículo 81 recoge que "corresponde preferentemente al Estado: proteger al consumidor, especialmente mediante el apoyo de cooperativas y de asociaciones de consumidores".
En la República Argentina por reforma de 1994 en el artículo 42 de su Constitución, se dispuso que "los consumidores tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno".

Resulta evidente entonces que el problema actualmente no es de derecho sustantivo, sino de procedimientos e instituciones que garanticen en la práctica el ejercicio de las facultades y prerrogativas que se derivan de la norma. En este contexto, la presente iniciativa pretende fortalecer y garantizar el ejercicio de los derechos del consumidor, en dos vertientes, por una parte se crea la defensoría de oficio del consumidor, que tendrá como objetivo, el proporcionar de manera obligatoria y gratuita al consumidor los servicios de asistencia jurídica consistentes en la defensa, patrocinio y asesoría de los intereses y derechos del mismo y por la otra se crea un procedimiento sumario en materia en derechos del consumidor.

En este caso, la competencia del tribunal que conocerá de estos asuntos se fundamenta en la fracción I del artículo 104 constitucional. Dicho procedimiento garantizará y eficientará los procedimientos y figuras jurídicas que reivindiquen y garanticen los derechos del consumidor ante relaciones de consumo inequitativas.

Consideramos, que éstos son los mecanismos adecuados, ya que respetan la técnica legislativa y en general la estructura jurídica actual de la legislación en materia del consumidor; toda vez que no es conveniente, desde el punto de vista jurídico, facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor con atribuciones jurisdiccionales.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados abajo firmantes sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 1o. segundo párrafo, 20 y 24 fracciones I y II y se adicionan los artículos 144 al 154 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Primero. Se adicionan los artículos 1o. en su segundo párrafo, 20 y 24 fracciones I y II, para quedar como a continuación:

                                                      531,532 y 533

"Artículo 1o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El objeto de esta ley es promover, proteger y representar los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover, proteger y representar los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover, proteger y representar los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores proporcionándoles asistencia jurídica gratuita a través de la defensoría de oficio del consumidor, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan."

Segundo. Se crea el Capítulo XVI del procedimiento en materia de derechos del consumidor, para quedar redactado como sigue:

CAPITULO XVI

Del procedimiento en materia de derechos del consumidor

Artículo 144. El consumidor que considere que se le han violado los derechos que reconoce el presente ordenamiento, podrá, a su elección y sin necesidad de agotar los recursos que contempla este ordenamiento, acudir a los jueces y tribunales de la Federación o a los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal, con apego a lo dispuesto por la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 145. El consumidor presentará escrito de demanda, acompañado de los documentos respectivos y elementos de convicción necesarios para fundamentar sus pretensiones contra el proveedor. Si el juez estima que se reúnen los requisitos, en un plazo no mayor a tres días admitirá la misma y dictará auto en el cual se requiera al proveedor demandado emplazándolo a juicio.

El proveedor demandado, tendrá cinco días para dar contestación a la demanda.

En el caso de que el proveedor demandado decida allanarse, este acto producirá el efecto de que se pase el expediente a sentencia definitiva.

Artículo 146. Tanto en la demanda como en la contestación a la misma, las partes deberán ofrecer todas sus pruebas relacionándolas con los hechos que pretendan probar y deberán asimismo presentar todos los documentos respectivos.

Artículo 147. El demandado sólo podrá oponer las siguientes excepciones:

I. La alteración o falsedad de los documentos base de la acción;

II. Falta de personalidad;

III. Incompetencia;

IV. Prescripción;

V. Cumplimiento total de las obligaciones a su cargo;

VI. Litispendencia y

VII. Cosa juzgada.

Artículo 148. Sólo serán admisibles la prueba pericial y la documental, para desahogarse en el momento procesal oportuno.

Artículo 149. El juez resolverá sobre la admisión o desechamiento de pruebas en el auto que tenga por contestada o no la demanda. En el mismo auto, el juez dará vista al actor con las excepciones opuestas por el demandado, por el termino de cinco días y señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. Esta audiencia deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes a aquél en que haya concluido el plazo fijado, para que el actor desahogue la vista, a que se refiere este artículo.

Artículo 150. La preparación de las pruebas estará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar los nombres de peritos y documentos que hayan sido admitidos.

Cuando las partes tengan que rendir prueba pericial, deberán ofrecerla en los escritos de demanda o contestación señalando el nombre y apellidos de sus peritos y exhibir copia del cuestionario para dichos expertos.

Una vez desahogadas las pruebas periciales, cuyos dictámenes sean contradictorios, el juez designará a un perito tercero en discordia para que rinda dictamen por separado y en su momento el juez lo califique según su prudente estimación.

Si no se presenta un documento que haya sido admitido como prueba, por causa imputable al oferente, en la misma audiencia se declarará desierta la probanza, salvo que se compruebe causa de fuerza mayor.

Artículo 151. El juez presidirá la audiencia y ordenará el desahogo de las pruebas admitidas y preparadas y dará oportunidad a las partes para alegar lo que a su derecho convenga, por escrito o verbalmente, asentándolo en autos. Acto seguido el juez dictará sentencia.

Tercero. Se crea el Capítulo XVII del defensor de oficio del consumidor, para quedar de la siguiente manera:

"CAPITULO XVII

De la defensoría de oficio al consumidor

Artículo 152. Las disposiciones del presente capítulo tienen por objeto regular la institución de la defensoría de oficio del consumidor y proveer a su organización y funcionamiento, así como garantizar a los consumidores el acceso real y equitativo a los servicios de asistencia jurídica para la adecuada defensa y protección de los derechos del individuo en su calidad de consumidor.

Artículo 153. La defensoría de oficio del consumidor y la asesoría jurídica, son servicios cuya prestación corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor.

Artículo 154. La defensoría de oficio del consumidor tiene como finalidad la de proporcionar, obligatoria y gratuitamente, los servicios de asistencia jurídica consistentes en la defensa, patrocinio y asesoría, en los asuntos que se deriven de la violación a las disposiciones contenidas en la presente ley."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

México, D.F., a 11 de abril de 2000.-Diputados: Antonino Galaviz Oláis, Edgar A. Olvera Higuera, Fernando Covarrubias Z., Eduardo Mendoza Ayala, José Luis Delgado Bravo y Jorge López Vergara.»

El Presidente:

Muchas gracias a usted por su presentación, diputado Antonino Galaviz Oláis.

Túrnese a la Comisión de Comercio, con opinión de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios.

ARTICULOS 73, 120 Y 124
CONSTITUCIONALES

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Elba Capuchino Herrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones al artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Elba Margarita Capuchino
Herrera:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Elba Margarita Capuchino Herrera, diputada federal por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

México atraviesa por un periodo en el que los problemas acumulados del régimen, obligan a replantear algunos aspectos básicos en torno a la vida institucional y normativa del país. Por décadas se ha asumido con poca criticidad el desfase que evidencian algunos de nuestros referentes jurídicos más importantes en relación con nuestra realidad social. El tema del federalismo es un buen ejemplo al respecto.

Después de años en los que se ha desarrollado la costumbre de creer que nuestro sistema federal es una realidad oficial, hoy se hacen palpables los efectos del centralismo efectivo de nuestra historia. Bajo ese reconocimiento hemos tenido que revisar la veracidad de nuestro supuesto origen federal y hemos encontrado una realidad distinta. Sin embargo, el centralismo mexicano se encuentra severamente cuestionado; paso a paso, las entidades federativas se reivindican como dimensiones auténticas para la política regional.

Es necesario, entonces, discutir sobre la solución que debe darse a la ambigüedad constitucional que mantiene en una misma línea de validez formal a las disposiciones que sostienen un federalismo de tipo clásico, con otras que sustentan al federalismo del tipo cooperativo.

En México se ha desarrollado una variable de la tesis de las atribuciones implícitas a través de ciertas tesis jurisprudencias. Bajo el influjo de estas tendencias se ha llegado a admitir que la Federación tiene facultades para legislar en aquellas materias que la Constitución habilita su intervención, aunque no se reconozca expresamente la potestad legislativa en el artículo 73 de la Carta Magna.

La Corte Suprema de Justicia ha expuesto que "es notorio que las facultades legislativas de la Federación no son únicamente las consignadas de modo expreso en el artículo 73 de la Constitución, puesto que diversas disposiciones de la misma Carta Fundamental, se refieren a esas facultades sobre materias distintas de las especificadas en el mencionado precepto, en cuanto tales disposiciones imparten competencia y jurisdicción a la Federación".

Después de que nuestro país asumió en el texto del artículo 124 de la Constitución la fórmula clásica del federalismo dual, el articulado de la Carta ha sido retocado en varias ocasiones para otorgarle al federalismo mexicano matices peculiares.

Al respecto destaca la adopción en ciertas materias de las llamadas leyes generales o leyes marco, a partir de las cuales se autoriza la distribución de competencias por parte del legislador entre los distintos órdenes de Gobierno; tarea que antes estuvo reservada de manera exclusiva de la Federación. Tal ha sido el caso de las materias de educación, salud, asentamientos humanos, medio ambiente y recientemente del deporte.

El otro factor trascendente para la organización federal mexicana es el fortalecimiento de las atribuciones del municipio impulsado desde la Constitución. Las reformas al artículo 115 han enriquecido el marco de competencia de los ayuntamientos, aunque por regla general en detrimento de las facultades propias de las entidades federativas.

En el marco de concurrencia de tipo legislativo, nos enfrentamos al precepto de la segunda parte del artículo 120. Según sus términos, los ejecutivos locales están capacitados para aplicar disposiciones jurídicas de la Federación.

Esta norma orilla a confundir los ámbitos materiales de acción ejecutiva entre la Federación y los estados, porque según el sentido del precepto, los gobernadores actuarían como agentes de la Federación dentro de su propio territorio; ello sin excluir la acción ejecutiva de la Federación. El artículo 120 constitucional estaría apoyando la descentralización ejecutiva sin propiciar la descobertura federal.

                                                           534,535 y 536

La jurisprudencia poco o nada ha aportado para resolver el alcance de la segunda parte del artículo 120; el jurista Tena Ramírez incluso se ha pronunciado por desaparecer este precepto de la Carta Magna, ya que no encuentra ninguna fórmula inteligente para compatibilizar su sentido con el sistema del 124 constitucional, toda vez que de reconocerse una competencia ejecutiva indistinta a la Federación y a los estados, podría quedar cuestionada la certeza y la responsabilidad de los actos de autoridad. Los gobernados no tendrían cómo esperar razonablemente la acción de uno u otro de los poderes ejecutivos en el caso de la aplicación de las leyes federales.

Al hablar del marco de concurrencias de tipo legislativo, se trata de aquellas que se derivan de la atribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el Constituyente a favor de los distintos órdenes de gobierno, en relación con una materia competencial específica, a través de la distribución que se establece en una Ley del Congreso llamada Ley General.

Compañeras y compañeros diputados: es en este sentido que se requiere, en primer término, incluir concurrencias de tipo legislativo en las materias de turismo, población, cultura, forestal y pesquera, toda vez que han quedado excluidas como facultad expresa en nuestra Constitución y por lo tanto, ha provocado incluso controversias constitucionales sobre quién tiene la facultad de legislar en las materias: si es la Federación o son las entidades federativas.

Con esta reforma estaríamos porque el Congreso de la Unión tenga facultad para expedir leyes generales o marco en las materias señaladas para distribuir las competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, otorgando las bases para el desarrollo de leyes locales correlativas y establecer en su propio cuerpo normativo el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia de que se trate.

Las leyes marco son una realidad jurídica que ha probado eficiencia y por lo que toca las materias a las cuales nos hemos referido, se tendría la oportunidad de:

* Considerar los criterios rectores y las finalidades del sistema competencial que regularán las leyes que se dicten;

* Organizar el sistema de servicios, de planeación y distribución de actos de autoridad a través del objeto de ley;
* Emplear un mecanismo distribuidor de competencias;

* Dictar la atribución específica a la autoridad federal para la aplicación de la ley, que comúnmente recae en una Secretaría de Estado;

* Establecer mecanismos de coordinación entre autoridades a través de convenios y

* Establecer los mecanismos de concertación encaminados a la participación corresponsable de los ciudadanos.

En tal virtud se propone reformar las fracciones X y XVI, primer párrafo, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Congreso de la Unión tenga facultad para legislar concurrentemente en materia de turismo sustentable, así como en materia de población.

Asimismo, se plantea la adición de las fracciones XXIX-K y XXIX-L del artículo 73 constitucional para que se incluya la facultad del Congreso para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia forestal y pesca; así como en materia de cultura.

Bajo el mismo marco de ideas y como ya quedó planteado con anterioridad, es necesario eliminar del precepto del 120 constitucional lo referente a la obligación de los gobernadores de los estados para hacer cumplir las leyes federales, toda vez que no existe fórmula inteligente alguna para compatibilizarlo con el sistema del 124 constitucional, más aún que los gobernados, como ya quedó señalado, no tendrían cómo esperar razonablemente la acción de uno u otro de los poderes ejecutivos en el caso de la aplicación de las leyes federales.

Finalmente, es necesario afianzar constitucionalmente el federalismo cooperativo, estableciendo de manera expresa dentro del artículo 124 un ámbito restrictivo al sistema dual. En consecuencia, tendría que introducirse al efecto un nuevo párrafo que autorizara de manera expresa al Congreso de la Unión para que las leyes generales pudieran habilitar los convenios de traslado de atribuciones a los poderes locales.

De este modo coexistirían dos sistemas de distribución de atribuciones y no cabría duda sobre la constitucionalidad del ejercicio de las potestades descentralizadas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente

INICIATIVA

Que reforma las fracciones X y XVI primer párrafo y adiciona las fracciones XXIX-K y XXIX-L del artículo 73; que reforma el artículo 120 y adiciona un párrafo al artículo 124, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero. Se reforman las fracciones X y XVI primer párrafo del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a la IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuesta y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica, nuclear y fuentes alternativas de energía; expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123, así como las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de turismo sustentable;

XI a la XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVI. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de población; así como para dictar leyes sobre nacionalidad, migración, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización y salubridad general de la República.

1a. a la 4a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Artículo segundo.
Se adicionan las fracciones XXIX-K y XXIX-L del artículo 73 constitucional para quedar como sigue:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-K. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia forestal y pesca;

XXIX-L. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de cultura y"

Artículo tercero. Se reforma el artículo 120 constitucional para quedar como sigue:

"Artículo 120. Los gobernadores de los estados están obligados a publicar las leyes federales."

Artículo cuarto. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 124 constitucional para quedar como sigue:

"Artículo 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los contenidos de los convenios que suscriban la Federación con las entidades federativas en materia de traslado de atribuciones federales a  éstas que establezcan las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, serán habilitados como atribuciones de las entidades federativas a través de las leyes correspondientes que al efecto expidan los congresos de los estados."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico.
El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de abril de 2000.- Diputada Elba Margarita Capuchino Herrera, por el grupo parlamentario del PRD.»

Vicepresidencia del diputado
Luis Meneses Murillo

El Vicepresidente:

Gracias, diputada Capuchino Herrera.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

LEY DE AMNISTIA

El Vicepresidente:

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley de Amnistía.

El diputado Pablo Gómez Alvarez:

Señoras diputadas, señores diputados; honorable Asamblea:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con las facultades...

Ofrezco una disculpa, tenía una parte borrada la copia que tenía.

«Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Los suscritos, diputados al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente iniciativa de Ley de Amnistía, con base en la facultad que les confiere el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de aquella conferida al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos por el artículo 73 fracción XXII, de la misma Carta Magna.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El conflicto que ha aquejado a la Universidad Nacional Autónoma de México requiere un análisis sociológico profundo, pero, ante todo, un conjunto de medidas de carácter político que ayuden a encontrar una salida inmediata.

En las últimas semanas se han producido acontecimientos que han traído como consecuencia el ejercicio de la acción penal contra varias personas, acusadas de diversos delitos.

Es evidente que, independientemente de que se hayan o no cometido todos o algunos de estos delitos, el problema de la Universidad fue originado por una controversia en el seno de la comunidad universitaria, la cual debe ser resuelta dentro de ésta misma, como ha sido el deseo manifiesto del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos durante todos estos meses.

Con el propósito de promover, desde el Poder Legislativo de la Unión, una salida universitaria al conflicto de la UNAM, que no produzca nuevos rencores, se propone la expedición de una Ley de Amnistía para todos aquellos que han sido sujetos de la acción penal por parte del Ministerio Público de la Federación.

Como se sabe, la amnistía es un recurso de carácter eminente político, depositado en el Poder Legislativo, con el propósito de atemperar la aplicación directa de la ley, aunque también de los excesos en la impartición de justicia y contribuir al entendimiento entre partes enfrentadas en el terreno de las disputas de ideas e intereses de carácter social.

La amnistía no es un perdón a quienes han sido sentenciados ni pretende establecer culpabilidad o inocencia de los procesados o perseguidos, sino un recurso legítimo del legislador, cuando éste considera necesario dar un aporte a la solución de un conflicto o a dejar atrás  enfrentamientos entre partes de la sociedad o entre grupos de ésta y el Estado.

En nuestro país se han expedido numerosas leyes de amnistía, incluso relacionadas con el delito de rebelión. Más recientemente, el Congreso ha expedido leyes de amnistía a favor de los procesados con motivo del movimiento estudiantil de 1968 y de aquellos presunta o realmente involucrados en acciones armadas contra el Gobierno de la República durante los años setenta. Se trata, en efecto, de las leyes promulgadas el 20 de mayo de 1976 y el 27 de septiembre de 1978.

La experiencia demuestra que las leyes de amnistía dictadas por el Congreso mexicano han sido respuestas políticas a problemas de la misma naturaleza y, en todas las ocasiones, han sido políticamente benéficas para la República.

                                                             537,538 y 539

En el momento actual, la liberación de los detenidos en el marco del conflicto que ha afectado a la Universidad Nacional Autónoma de México ayudaría a que esta institución resuelva la situación conflictiva en la que se encuentra.

Por los anteriores motivos, los legisladores firmantes presentan la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO
DE LEY DE AMNISTIA

Artículo 1o.
Se decreta amnistía para las personas contra las que se haya ejercido acción penal ante los tribunales de la Federación por los delitos de robo, motín, lesiones, daño en propiedad ajena y despojo, por hechos ocurridos a partir del 20 de abril de 1999 y hasta la fecha del presente decreto, relacionados con el conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Artículo 2o. La presente amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.

Artículo 3o. El Procurador General de la República solicitará de oficio la aplicación de la presente ley. Las autoridades judiciales y administrativas competentes cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los procesados o sentenciados.

En el caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo por parte de las personas a quienes beneficie la presente ley, la autoridad que conozca del mismo dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al presente artículo.

Artículo 4o. Las personas a quienes aproveche la presente ley no podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los mismos hechos.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico.
La presente ley surtirá sus efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 4 de abril del 2000.- Diputados: Pablo Gómez Alvarez, Demetrio Sodi, Bernardo Bátiz V., Agapito Hernández Oaxaca, Antonio Palomino R., Antonio Lagunas A., María de la Luz Núñez Ramos, Samuel Maldonado B., Susana Esquivel Farías, Esperanza Villalobos, Rosalío Hernández B., Francisco Luna Kan, César Pineda Castillo, Fernando Elías Hernández Mendoza, David Cervantes P., Patria Jiménez Flores, Lenia Batres G., Adolfo González Z., Bruno Espejel, José Octavio Díaz R., Samuel Lara Villa, Israel Barraza A., Julieta Gallardo Mora, José Luis García Cortés, Sergio B. Osorio R. Jesús Flores Carrasco, Gonzalo A. de la Cruz, Manuel Pérez García, Germán Rufino Contreras, Claudia C. Fragoso López, Armando Aguirre Hervis, Isael Petronio Cantú Nájera, Enrique Bautista V., Leonardo Torres D., Gilberto Parra R., José Luis Sánchez C., Pedro Salcedo García y María Guadalupe Sánchez Martínez.»

Solicito, señor Presidente, que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Justicia y que sea naturalmente publicada en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Túrnese a la Comisión de Justicia.

GRANOS BASICOS

El Vicepresidente:

Tiene la palabra el diputado Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 35 fracción I inciso e y 76 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000.

El diputado Javier Castelo Parada:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

«Los suscritos diputados federales miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos presentar por su conducto, la siguiente iniciativa de decreto para modificar los artículos 35 fracción I inciso e y el 76 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El titular del Poder Ejecutivo ha expuesto en diversos documentos la política de su administración en materia agropecuaria. En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1997 manifestó: "los objetivos de la política de desarrollo del sector agropecuario se orientan a incrementar los ingresos netos de los productores. Las líneas de acción de la política sectorial están enfocadas a fortalecer la rentabilidad del sector".

En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1998, el Presidente subrayó: "el objetivo es centrar todos los esfuerzos en el aumento de la productividad y la rentabilidad. La estrategia debe estar dirigida a elevar de manera permanente los ingresos de los productores". Se cierran las citas.

La política de precios de los granos básicos, tradicionalmente en manos del gobierno por conducto de la Conasupo, sufrió un drástico cambio al decidir el gobierno retirarse de la comercialización de las cosechas, dejando a los productores más expuestos a los precios y condiciones de los mercados internacionales, aunque nuestros costos de insumos, tales como fertilizantes, energía, combustibles, semillas, refacciones, maquinaria, intereses, agroquímicos, fletes, agua etcétera, aumentan a ritmos muy por encima de los externos.

Estas diferencias no compensadas han causado la descapitalización, los desequilibrios y penurias que vive y sufre el sector agrícola productor de granos básicos. La política utilizada por la Conasupo siempre consideró el incremento de los costos para la fijación de los precios, reponía el poder adquisitivo al productor.

Una muestra palpable de la situación crítica del sector agropecuario es su cartera vencida. Los saldos al inicio del Programa de Rescate de Deudores sumaban 63 mil millones de pesos que adeudaban 802 mil productores.

El Fondo para el Rescate de Deudores Agropecuarios, Finape y el Programa Punto Final, solamente han reestructurado el 68% de los montos vencidos. Quedaron por fuera 200 mil productores por no tener efectivo para abonar o garantías adicionales que ofrecer. Sus saldos suman más de 20 mil millones de pesos.

Resulta preocupante que los deudores que reestructuraron no podrán pagar al vencimiento, por no estar generando los flujos suficientes a causa del bajo ingreso de la venta de sus cosechas de granos básicos.

La falta de redituabilidad, el no tener utilidades, impide a los productores de básicos beneficiarse de los programas de la Alianza para el Campo, por requerir éstos la aportación del productor: ejemplo: en el Programa de Mecanización, el productor que necesite comprar un tractor, debe contar con el 90% del valor.

Los ingresos resultantes de los cultivos de granos básicos, no son suficientes para sostener a la familia del productor, abonar a las carteras vencidas y, mucho menos, para renovar su maquinaria.

Para los productores de básicos, los precios de las cosechas lo que los salarios para los trabajadores, su única fuente de ingresos, el sustento de ellos y sus familias.

La actualización anual de los salarios mínimos, pretende acercar los mismos a los incrementos de la inflación, para efecto de mantener el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Los productores de granos básicos, piden un trato similar, equitativo y equiparable al del sector trabajador y además congruente con la política agropecuaria, delineada por el Ejecutivo Federal y comentada anteriormente.

Los gobiernos de todos los países apoyan a su sector primario, pero es más justificado hacerlo en países como México, donde todavía depende o está ligado al campo más del 25% de la población.

Los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, reconocen que a los productores de granos les asiste la razón en su petición de mayores precios, pero siempre les han argumentado no tener recursos para darles respuesta positiva. Ahora, agregan que la Cámara de Diputados no autorizó fondos suficientes para apoyarlos.

En seguida presentamos dos cuadros, con los montos que, por conducto de Aserca, el órgano técnico de la Secretaría de Agricultura, se destinó a cada cultivo y el volumen de toneladas apoyadas. Solamente me referiré a los totales anuales.

En 1997 se destinaron 2 mil 35 millones al Programa de Apoyos a la Comercialización; en 1998, 1 mil 931 millones; en 1999, 1 mil 500 millones, y en el proyecto que envió el presidente Zedillo, 2 mil 500 millones.

En cuanto a las toneladas que han sido apoyadas, en 1997 fueron 8 millones 91 mil toneladas; en 1998, 6 millones 531; en 1999, 5 millones 100 mil y para el 2000 estaban programadas 8 millones 203 mil toneladas.

Los recursos propuestos por el Ejecutivo para el año 2000, se incrementaron en 52% en términos reales, contra los de 1999. Pero debe hacerse notar que para el año 2000 el total de toneladas a apoyar aumenta en 61%, 3 millones de toneladas.

Los precios para los granos básicos que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por conducto de su órgano técnico, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), ha establecido para las cosechas del ciclo agrícola 1999-2000 y 2000-2000, son los mismos en términos nominales a los pagados en el ciclo agrícola 1996-1997. Es decir, éste es el cuarto año con los mismos precios nominales.

Los costos de producción se han elevado desde el ciclo agrícola 1996-1997 a la fecha, en más de 60%.
Si se reconociera el aumento de la inflación, los precios de los cultivos estarían muy por encima de los que solicitan los productores actualmente. A manera de ejemplo, diré que el maíz, los últimos cuatro años, se ha pagado la tonelada a 1 mil 350 pesos. Si a este precio le sumáramos un 60% de inflación, se debiera estar pagando a 2 mil 160. Los productores están solicitando actualmente 1 mil 700 pesos únicamente.

Además, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), durante el mes de enero de este año, revisó con la Secretaría de Fomento Agrícola y los gobiernos estatales, superficies de siembra y producción estimada para el año 2000, encontrando diferencias entre las toneladas aprobadas en el decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2000, en las siguientes entidades: en Baja California, 189 mil toneladas adicionales de trigo; en Jalisco, 221 mil toneladas con trigo; Sonora, 545 mil toneladas adicionales con trigo; Sinaloa, 417 mil toneladas adicionales de maíz, y en Tamaulipas, 411 mil toneladas adicionales de sorgo. Cuando me refiero a adicionales, es que la estimación que se hizo y que quedó plasmada en el presupuesto, quedó muy por abajo de estos volúmenes.

Para evitar problemas o enfrentamientos entre productores, se deben otorgar apoyos a toda la producción. En consecuencia, deberá corregirse las toneladas autorizadas con apoyo a las entidades federativas mencionadas y aumentar el total de toneladas a apoyar para cada cultivo.

Para pagar los precios solicitados por tonelada de trigo a 1 mil 900 pesos, de maíz a 1 mil 700 y de sorgo a 1 mil 280, se requieren 3 mil 926 millones, considerando las toneladas adicionales que se deben ajustar en el presupuesto.

Como respuesta parcial a este requerimiento, se aprobaron 1 mil millones de pesos adicionales al monto propuesto por el Ejecutivo Federal en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en diciembre 28, quedando pendiente por autorizar por esta soberanía y solicitarlos con la presente iniciativa 2 mil 926 millones de pesos.

 

Los ingresos excedentes por el mayor precio del petroleo, nos permiten dar respuesta positiva a esta injusticia social que se ha cometido durante cuatro años en contra de ejidatarios y particulares, productores de granos básicos, sin tener que sacrificar otros programas previamente autorizados.

Como información permítanme darles los siguientes datos del petróleo. El precio promedio del barril de la mezcla mexicana en noviembre de 1999 fue de 21.14 dólares; en diciembre 1999, de 22.12 dólares; en enero fue 22.53 dólares. Dado que lo vendido se cobra a los 60 días, se requiere tomar las ventas desde noviembre de 1999 para poder sacar los ingresos del año fiscal del 2000.

Tenemos un promedio para efecto del flujo efectivo del primer trimestre del 2000, de 21.93 dólares el barril; en febrero el promedio fue de 24.69 dólares y en marzo de 25.76 dólares. El promedio de noviembre de 1999 a marzo de 2000, es de 23.30 dólares el barril. Para efecto de presupuesto se fijó el precio en 16 dólares el barril.

Por cada dólar adicional en precio, le ingresan anualmente al país 15 mil millones de pesos. Considerando a 21.93 dólares el precio promedio del barril para el flujo del primer trimestre del año, se tienen ya ingresos por 22 mil 238 millones de pesos y con el promedio de barril de noviembre hasta marzo del 2000, de 23.30, se tienen ingresos asegurados por 45 mil 625 millones de pesos, ingresos adicionales.

Si se conserva ese promedio hasta octubre del 2000, de 23.30, le ingresarán a México adicional a lo presupuestado en el año 2000, 109 mil millones de pesos.

Los excedentes o los ingresos públicos por el precio del barril de petróleo, muy por encima del considerado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2000, nos permitirá otorgar a ejidatarios y particulares productores de granos básicos, mayores apoyos. Para ello, proponemos adicionar la fracción I inciso e del artículo 35 del decreto de presupuesto para el año 2000.

Realmente se producirá en varias entidades federativas y en consecuencia el nuevo total de toneladas para los cultivos de trigo, maíz y sorgo, para lo cual se modificará también el artículo 76 por el ajuste que han hecho las secretarías de fomento agrícola de los estados con Aserca, para modificar estos tonelajes debemos modificar el artículo 76 del decreto de presupuesto de egresos.

Con fundamento en lo previsto en las disposiciones constitucionales y secundarias invocadas al inicio, los diputados firmantes nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Que modifica la fracción I inciso e del artículo 35 y el artículo 76 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000.

Artículo único. Se modifica las fracciones I inciso e del artículo 35 y el artículo 76 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del Año 2000.

El artículo 35 se refiere al destino de los excentes, ahí se está adicionando un parrafito que dice: que se van a agregar o se van a separar 2 mil 926 millones de pesos para asignarse al ramo administrativo ocho, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para que sean destinados al Programa de Apoyos a la Comercialización de Granos Básicos, para efecto de que los productores del sector ejidal y particular, puedan recibir adicional al precio nominal pagado por tonelada en 1999, 500 pesos para trigo, 350 para tonelada de maíz, 315 para sorgo y 165 para arroz.

En el artículo 76, es donde viene el total de toneladas por cada cultivo que se van a apoyar y las que se van a apoyar por entidad, ahí se harían los ajustes correspondientes para que el nuevo tonelaje en trigo sume 3 millones 635 mil toneladas; 1 millón 662 mil para sorgo y 4 millones 383 mil toneladas para maíz y se ajustan también lo referente a las entidades federativas que mencioné.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los diputados: Joaquín Montaño Yamuni, Luis Guillermo Villanueva, Felipe de Jesús Preciado, César Jáuregui, Héctor Larios, Marco Adame, Felipe Vicencio, Espiridión Sánchez, Felipe de Jesús Rangel, Benjamín Gallegos, Abelardo Perales, Armando Rangel y su servidor Javier Castelo Parada, todos integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional.»

Diputado Presidente, le solicito atentamente turne la iniciativa para dictamen a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE AMNISTIA (II)

El Vicepresidente:

En relación a la iniciativa presentada por el diputado Pablo Gómez Alvarez, relacionada con la Ley de Amnistía, se corrige el turno.

Túrnese la iniciativa del diputado Pablo Gómez Alvarez sobre la Ley de Amnistía, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia.

PETROLEO

El Vicepresidente:

Tiene la palabra el diputado Sergio Benito Osorio Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que establece las reglas de operación del fondo para la estabilización de los ingresos petroleros.

El diputado Sergio Benito Osorio Romero:

Gracias, señor Presidente:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.

Iniciativa de decreto que establece las reglas de operación del fondo para la estabilización de los ingreso petroleros.

El que suscribe, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 59, 60 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que establece las reglas de operación del fondo para la estabilización de los ingresos petroleros, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros

El ingreso de divisas por la exportación de petróleo crudo tiene una gran importancia para las finanzas públicas. Estos ingresos representan más de una tercera parte de los ingresos fiscales anuales del Estado mexicano. Por ello, las finanzas públicas y por consiguiente, el cumplimiento de objetivos y metas del Gobierno y la misma estabilidad económica nacional están en riesgo si la dinámica del mercado internacional se torna en variaciones bruscas de los precios del petróleo.

Este riesgo que se tradujo en realidad durante 1998 con sus secuelas recesivas y de inestabilidad, es lo que nos obliga a tomar las providencias necesarias a fin de salvaguardar el buen curso de la economía nacional y de los organismos públicos encargados de la operación de los recursos energéticos básicos del país.

En efecto, después de que los precios de los crudos mexicanos de exportación alcanzaron un máximo de más de 22 dólares por barril, a fines de 1996 se inició su declive progresivo hasta diciembre de 1998, cuando se observaron los precios más bajos desde los años setenta.

En 1998 los ingresos ordinarios del sector público fueron menores en 2.5% al nivel previsto en la Ley de Ingresos y en 6.6%, en términos reales al alcanzado en el ejercicio anterior. Como principal respuesta a esta situación, el ejercicio del gasto durante ese año se vio afectado por tres recortes, mismos que totalizaron 29,775.3 millones de pesos, equivalentes al 4.8% del gasto programable aprobado por esta soberanía.

El 52% del ajuste al gasto público recayó en los organismos públicos del sector energético Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, a los cuales se les disminuyó en 8 mil 623 y 6 mil 910 millones de pesos el presupuesto autorizado, respectivamente, habiéndose aplicado mediante el diferimiento, cancelación y reducción en el ritmo de ejecución de obras.

El comportamiento de los precios internacionales del petróleo crudo al inicio de 1999, era la continuación del declive que se observaba desde el último trimestre de 1997. A partir de estos meses y durante todo el año de 1998, la tendencia a la baja de los precios llevó a los crudos marcadores internacionales a los niveles más bajos de su historia.

La caída general de los precios alcanzados obligaron a los principales países exportadores a convenir la limitación de la oferta global de crudo con la finalidad de revertir esa tendencia. Estos esfuerzos de reducción culminaron con los acuerdos de Riyadh y Amsterdam y en el caso de México, con la reducción de 200 mil barriles diarios en su plataforma de exportación.

Estos esfuerzos de concertación internacional realizados durante 1998 no fueron suficientes para revertir la tendencia de las cotizaciones, pero evitaron que la caída de los precios se profundizara, por lo que en diciembre de ese año tocaron fondo las cotizaciones internacionales de petróleo.

Debido a que el mercado continuó deprimido durante 1999, en los meses de febrero y marzo fue ampliándose el consenso acerca de la necesidad de ampliar los recortes a la producción de crudo. Así, en la Declaración de Amsterdam del 12 de marzo de 1999, un grupo de países productores de crudo, miembros de la OPEP y productores independientes, como México, dieron a conocer un consenso a favor de retirar del mercado un volumen total de 2 millones de barriles diarios de petróleo adicionales a los convenidos durante 1998, los cuales se repartirían en cuotas que serían confirmadas en la Reunión Ministerial de la OPEP del 23 de marzo.

De esta forma se inició la recuperación de los precios, misma que se ha mantenido casi de forma sostenida, por lo que ahora es previsible un promedio anual de la mezcla mexicana que en el año 2000 nos permita alcanzar niveles superiores a los 16 usd/barril.

Se estima que por cada dólar de variación en el precio promedio del crudo de exportación, los ingresos fiscales varían en alrededor de 8 mil millones de pesos. De hecho, los precios del petróleo para 1999 superaron, en promedio anual, los 15.5 dólares por barril. Esto significó ingresos adicionales por concepto de exportación de petróleo por más de 3 mil millones de dólares. En su totalidad, estos ingresos adicionales de Petróleos Mexicanos, se destinaron a la Tesorería de la Federación. Mientras tanto, la inversión de las entidades paraestatales del sector energía sigue llevándose adelante principalmente con el esquema de impacto diferido del gasto.

La inversión en las entidades públicas del sector energético

Después de varios años de restricción a la inversión pública en las entidades del sector energético, para el ejercicio fiscal del año 2000 se ha previsto un crecimiento del 20.1%, con respecto a 1999, sin embargo, más de la mitad de esa inversión (56%) corresponde a inversión financiada.

                                                      543,544 y 545

Desde que se inició este procedimiento de incorporación de la inversión privada a obras de infraestructura pública, su crecimiento se ha distinguido del ritmo de ampliación de la inversión presupuestal, porque ésta ha experimentado una dinámica opuesta: durante 1998 y 1999 se ha visto reducida en términos reales.

Para el año 2000, la inversión presupuestal de las entidades del sector energético mantienen el mismo comportamiento: mientras que la inversión presupuestal crece apenas el 2.8%, la inversión financiada lo hace en 38.4%.

En particular, el caso de Petróleos Mexicanos las tasas de crecimiento de la inversión presupuestal y la inversión financiada son similares: 14.2 y 15.5%, respectivamente. No así en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, cuya inversión presupuestal se reduce en 10.4%, mientras que la inversión financiada aumenta 136%.

Por esta razón, es urgente encontrar los medios que permitan satisfacer las necesidades de inversión.

Al riesgo que implica el hecho del cada vez más importante peso de la inversión financiada sobre la inversión presupuestal, se añade el incumplimiento de las metas en este renglón, lo cual pone en serio riesgo el funcionamiento de las entidades energéticas y la producción de los bienes y servicios que generan.

Según la Cuenta de la Hacienda Pública 1998, la inversión financiada del sector energético para ese año tuvo una reducción en relación con los montos programados de 46.8%. Para los casos particulares de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, los porcentajes son similares.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (véase el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000), 1999 también arroja ejercicios menores a lo programado inicialmente para este tipo de inversión. Para el pasado ejercicio fiscal, el porcentaje de recursos que se dejaron de aplicar fue de 62.6% en el caso de la Comisión Federal de Electricidad y más del 33% en el caso de Pemex.
No obstante que se ha señalado que los proyectos en los que se aplica esta modalidad de financiamiento son proyectos altamente rentables, este atractivo no es suficiente para garantizar su ejecución.

Atendiendo a esta problemática, un grupo de diputados, promovimos en diciembre pasado la creación del fondo para la estabilización de los ingresos petroleros, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año en curso. La idea persigue un doble objetivo: por una parte, evitar que las oscilaciones en el precio del petróleo crudo, sometan a las finanzas públicas y por consiguiente, a la economía en su conjunto a condiciones de emergencia que conllevan a los recortes presupuestales y al incumplimiento de programas y metas de gobierno, así como a la contracción de la demanda y amenazas de inestabilidad.

Por otro lado, el fondo debe permitir canalizar recursos a las entidades paraestatales del sector energía para su aplicación en proyectos estratégicos y de expansión, que hagan posible un desarrollo y modernización tal que les permita estar en condiciones para hacer frente al propósito de ser uno de los principales soportes del desarrollo económico del país.

Hoy, el fondo para la estabilización de los precios del petróleo se encuentra establecido por la fracción IX del artículo 84 del Presupuesto de Egresos de la Federación y cuenta ya, en el artículo 35 del mismo ordenamiento, con el  mecanismo que habrá de procurarle los recursos económicos suficientes para su función. Sin embargo, no cuenta aún con una reglamentación que le permita una operación efectiva, según sus propios objetivos.

Es menester la creación de reglas claras que permitan una operación eficaz y transparente del fondo, a fin de que no se trunque el esfuerzo realizado por esta legislatura y a la luz de la inestabilidad económica que prevalece en materia de exportación de petróleo crudo en el ámbito internacional.

Por ello, acudimos ahora a someter a la consideración del pleno, una iniciativa de decreto que establecerá las reglas mínimas de operación del fondo para la estabilización de los ingresos petroleros. Reglas que fomentan el manejo trasparente de los recursos del fondo y la eficacia en su utilización y que en resumen se expresan como sigue.

El mecanismo de estabilidad e inversión

Los objetivos del fondo se conseguirán mediante un mecanismo doble de disposición de recursos definido en los artículos 3o. y 4o. de la presente iniciativa.

Como se advierte necesario que se defina una parte del fondo, aquella destinada a cubrir contingencias económicas, como un ahorro con imposibilidad de inversión en proyectos de desarrollo, se decidió dividir la cuenta concentradora en dos partes: la primera, destinada a conservar dicho capital de contingencia y una segunda, destinada al depósito del capital que podrá orientarse a los proyectos de inversión de las empresas paraestatales del sector prioritario de la energía.

El artículo 4o. establece el mecanismo de capitalización del fondo en dos etapas:

La primera consiste en la acumulación del capital destinado a la primera subcuenta. El 75% de la recaudación aplicable al fondo se destinará a la subcuenta de contingencia, hasta alcanzar un máximo acumulable establecido en el monto que sea equivalente al 0.5% del producto interno bruto. Ello considerando que el recorte sufrido por el sector energético para enfrentar la contingencia económica de 1998 fue de un monto equivalente a un 1% del PIB.

Sin embargo, con el propósito de capitalizar la segunda subcuenta y con ello abrir las posibilidades de inversión con mayor prontitud, se reservará el restante 25% de la recaudación aplicable para ir alimentando la subcuenta destinada a la inversión.

Una vez alcanzado el nivel de acumulación que se dispone para la subcuenta de contingencia, comenzará la segunda etapa. En ella, se destinarán los montos de la recaudación aplicable, en conjunto con los rendimientos financieros del fondo y siempre que no se exceda el 75%, para recapitalizar la subcuenta de contingencia hasta cubrir el máximo acumulable, destinándose el resto a la subcuenta de inversión.

Ahora bien, en cuanto al gasto posible del fondo, es claro que de la primera subcuenta sólo podrán disponerse los montos acordados por el consejo como necesarios para hacer frente a situaciones de contingencia económica, derivadas de las variaciones en el precio del petróleo crudo de exportación y dentro de las cantidades establecidas para dicho propósito en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

De la subcuenta de inversión sólo podrá disponerse mediante la presupuestación específica de proyectos nuevos en el PEF. Para lo cual se tendrá un catálogo de proyectos prioritarios aplicables únicamente en las áreas definidas por la fracción II del artículo tercero de este decreto, es decir, en el sector prioritario de los energéticos.

La restricción relativa a la posibilidad de inversión sólo en proyectos nuevos y la imposibilidad de inversión en proyectos en proceso de ejecución y de rehabilitación, se desprende de la necesidad de impedir los recortes presupuestales a las paraestatales, en condiciones normales de estabilidad económica, con la finalidad de que dichos recortes sean cubiertos con el fondo.

La "situación de contingencia" es definida en el artículo sexto mediante el mecanismo de libe
ración de los recursos de la primera subcuenta. Entendiéndose de esta forma por situación de contingencia, un descenso de los precios de exportación del petróleo crudo del 10% promedio trimestral, por debajo del precio estimado en la ley de ingresos de cada año.

Para propiciar que la toma de decisiones con respecto al fondo reflejen los intereses de los diversos órganos encargados de administrar el área estratégica de los energéticos, el artículo séptimo confiere la dirección del fondo a un órgano colegiado denominado consejo, integrado por representantes de dichos órganos.

Por último, en el artículo noveno se establecen medios de control para que la Cámara de Diputados supervise la actuación del consejo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXIX-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 59, 60 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el abajo firmante, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Que establece las reglas de operación del fondo para la estabilización de los ingreso petroleros

Primero. En el presente decreto se establecen las reglas de operación para el fondo para la estabilización de los ingresos petroleros.

Segundo. Los recursos del fondo se integrarán de conformidad con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los recursos se concentrarán en una cuenta especial en el Banco de México, contra la que se podrá girar por resolución del consejo del fondo para el cumplimiento de los fines que para el mismo se establecen en este decreto.

Tercero. Los recursos del fondo se aplicarán:

I. Para hacer frente a las situaciones de contingencia que se deriven de las variaciones en el precio del petróleo crudo de exportación que pongan en riesgo el balance de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto de este decreto.

II. Para financiar proyectos cuya ejecución sea prioritaria para el desarrollo de las entidades públicas del sector energético. Para lo cual se deben considerar únicamente proyectos estratégicos y de expansión en las áreas siguientes.

1. Sector hidrocarburos:

a) Gas natural;

b) Refinación y

c) Petroquímica.

2. Sector eléctrico:

a) Generación y

b) Transmisión.

En ningún caso se aplicarán a acciones de rehabilitación de cualquier tipo ni a proyectos en proceso de ejecución.

Cuarto. Para efecto de lo señalado en el artículo tercero, los recursos que correspondan al fondo se depositarán en dos subcuentas separadas, según el siguiente mecanismo:

I. Hasta el 75% de la recaudación destinada al fondo, según lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación se depositará en una primera cuenta, de conformidad con la fracción I del artículo 3o. de este decreto. Montos que se sumarán hasta alcanzar un máximo acumulable equivalente al 0.5% del producto interno bruto.

Una vez alcanzado el máximo acumulable, los recursos remanentes de dicha recaudación y los rendimientos del fondo se depositarán en la segunda subcuenta.

II. La fracción restante de la recaudación destinada al fondo se depositará en la segunda subcuenta y se aplicará a los fines dispuestos por la fracción II del mismo precepto.

Quinto. Los montos disponibles para las situaciones de contingencia a que se refiere la fracción I del artículo 3o., así como los montos aplicables al fondo en lo referente a la fracción II del mismo precepto y los proyectos específicos a los que habrán de aplicarse, serán definidos y aprobados anualmente por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La determinación de los proyectos que deberán recibir recursos del fondo se realizará a partir de una cartera de proyectos prioritarios de cada una de las entidades paraestatales del sector energético.

Los recursos incorporados a la subcuenta para hacer frente a las situaciones de contingencia, descritas en la fracción I del artículo 3o., deberán mantenerse en instrumentos de alta liquidez.

                                                           546,547 y 548

Sexto. Contra la subcuenta de contingencia podrá girarse únicamente cuando los precios de exportación de petróleo crudo registren un descenso del 10% promedio trimestral por debajo del precio estimado en la Ley de Ingresos y sólo en el monto necesario para cubrir la diferencia resultante de restar el precio promedio trimestral observado, al estimado en dicha ley.

Séptimo. La administración del fondo estará a cargo de un consejo presidido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y sendos representantes de la secretarías de Energía y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

Octavo. El consejo sesionará válidamente con la concurrencia de la mayoría de sus miembros.

Los acuerdos se tomarán mediante votación paritaria de la mayoría de sus miembros. Cuando la resolución a tomar trate de asignaciones del fondo destinadas a inversiones, será necesaria la votación a favor de cuatro de sus miembros.

Noveno. Trimestralmente el consejo rendirá un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los estados financieros y las operaciones presupuestales realizadas, a fin de que sea anexado, bajo un rubro específico, al informe trimestral que esta Secretaría rinde a la Cámara de Diputados, según lo dispuesto en el presupuesto de egresos de cada año.

El consejo realizará las previsiones necesarias a fin de que las operaciones financieras y aplicaciones del fondo queden contenidas bajo un rubro específico de la Cuenta de la Hacienda Pública anual.

El consejo mantendrá bajo su cargo la vigilancia sobre el buen manejo de los recursos que se destinen a inversiones.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 11 de abril de 2000.- Diputados: Sergio Benito Osorio Romero, Pablo Gómez Alvarez, Luis Rojas Chávez, Angélica de la Peña, Ricardo García Sainz, Joaquín Antonio Hernández Correa, Arturo Hernández Delgado e Isael Petronio Cantú Nájera.»

El Vicepresidente:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Con esta intervención termina el apartado de iniciativas.

Esta Presidencia informa que se encuentran en galerías acompañándonos, un grupo de estudiantes de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, acompañados por el doctor Miguel Angel Garita Alonso. ¡Sean bienvenidos!

BANCO DE MEXICO*

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51 fracción III de la Ley del Banco de México, envío a esa Cámara el informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el segundo semestre de 1999 y sobre las actividades del banco en dicho ejercicio.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente.

México, D.F., a 5 de abril de 2000.- Banco de México.- Guillermo Ortiz.»

El Vicepresidente:

Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

BANCO DE MEXICO (II)

El secretario Jesús Gutiérrez Vargas:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presente.

Con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a usted la siguiente:

Iniciativa de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del LXXV aniversario de la creación del Banco de México.

Documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de usted.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 5 de abril de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, dispuso en su artículo 28, como una excepción a la prohibición de establecer monopolios, lo relativo a la emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el Gobierno Federal.

Fue hasta el 31 de agosto de 1925, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea al Banco de México, al que se le señalaron, entre otros objetivos, el de emitir billetes, así como los de regular la circulación monetaria en la República y la tasa de interés, a fin de propiciar el surgimiento de un nuevo sistema bancario y reconciliar a la población con el uso del papel moneda, objetivos primordiales que hasta nuestro días lleva a cabo el Banco de México.

El 1o. de septiembre del mismo año, en un acto solemne encabezado por el entonces Presidente de la República, general Plutarco Elías Calles, se formalizó la creación del Banco de México mediante la firma de su escritura constitutiva, con la presencia de los licenciados Manuel Gómez Morín y Alberto Mascareñas, primer presidente del Consejo de Administración y gerente general de dicho banco, respectivamente.

Desde entonces, el marco jurídico que regula al Banco de México ha evolucionado para responder a la dinámica social y económica nacional e internacional, consolidando el papel estratégico de la institución, a través de reformas constitucionales y legales para precisar sus atribuciones y naturaleza jurídica pasando de una sociedad anónima, a un organismo descentralizado y hasta nuestros días como un banco central con autonomía constitucional.

Por ello, el sistema financiero mexicano ha contado con una institución que a través de los años se ha venido renovando y que ha coadyuvado con el Estado en la rectoría del desarrollo nacional.

En este contexto, se considera pertinente conmemorar los 75 años de creación del Banco de México, por lo que se somete a la consideración de esa honorable soberanía la presente iniciativa de decreto, en el cual se fijarían las características de una moneda conmemorativa, para resaltar el acontecimiento histórico de trascendencia nacional que representa este evento de conformidad con el artículo 2o. inciso c de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, también redundará para el Gobierno Mexicano en beneficios económicos derivados de la comercialización de este tipo de monedas, debido a los metales finos y a la tradicional calidad en la acuñación de nuestra Casa de Moneda.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la  Unión, por el digno conducto de usted, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Artículo único.
Se autoriza la emisión de una moneda de plata conmemorativa del LXXV aniversario del Banco de México, de conformidad con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Valor nominal: 75 pesos.

b) Diámetro: 48.0 mm (cuarenta y ocho milímetros).

c) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos), mínimo de plata.

d)
Contenido: 2 (dos) onzas troy de plata pura.

e) Peso: 62.206 g (sesenta y dos gramos, doscientos seis miligramos), equivalente a 2 (dos) onzas troy.

f) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

g) Tolerancia en peso: por unidad: 0.350 g (trescientos cincuenta miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 6.1 g (seis gramos, cien miligramos), ambas en más o en menos.

h) Canto: estriado.

i) Cuños:

Anverso: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos".

El marco liso.

Reverso: en la parte central una escena que muestra la imagen del general Plutarco Elías Calles, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, firmando la escritura constitutiva del Banco de México, en la parte inferior de esta imagen la leyenda "Plutarco E. Calles" y para leerse de manera invertida el año "1925"; tomando como referencia esta imagen a su derecha en la parte superior, la imagen del licenciado Manuel Gómez Morín, primer presidente del Consejo de Administración del Banco de México con la leyenda "M. Gómez Morín" para leerse en sentido vertical y a su izquierda, la imagen del licenciado Alberto Mascareñas, primer gerente general del Banco de México con la leyenda "A. Mascareñas" para leerse en sentido vertical, sobre esta última imagen la ceca de la Casa de Moneda de México, "M". En la parte superior de la moneda el logotipo oficial del LXXV aniversario del Banco de México, que se compone con la imagen de un fragmento de la fachada del edificio principal del Banco de México, el número "75", bajo éste las leyendas "Banco de México", "Aniversario" y los años "1925-2000", franqueados por dos efigies, una masculina a la izquierda y una femenina a la derecha, que representan el trabajo y la abundancia, respectivamente. Centrada en la parte izquierda de la moneda para leerse en sentido vertical, el signo de pesos "$", seguido del número "75". El marco liso.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, 5 de abril del 2000.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»

El Vicepresidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

REPUBLICA DE NICARAGUA

El secretario Jesús Gutiérrez Vargas:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Diputado Francisco José Paoli y Bolio, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se
tramite ante el honorable Congreso de la Unión.

                                                              549,550 y 551

el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los ciudadanos que se citan a continuación puedan aceptar y usar la condecoración que se menciona:

Segundo maestre aeronáutica naval, técnico en electrónica de aviación Héctor Javier Hernández García; teniente de navío cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador helicopterista Jorge Tejeda Ruiz; primer maestre aeronáutica naval, técnico en aeronaves y motores José Fabián Ojeda Martínez; capitán de fragata cuerpo general piloto aviador José Francisco Bache Mar; teniente de fragata cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador helicopterista René Miranda Cerda; marinero aeronáutica naval, técnico en aeronaves y motores Martín Canela Alfonso; tercer maestre aeronáutica naval, técnico en aeronaves y motores Jorge Alberto Andrade Gutiérrez; teniente de navío cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador helicopterista Iván Akira Falcón Saito; teniente de fragata cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador helicopterista Luis Guillermo Tiburcio Hernández; capitán de corbeta cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador helicopterista DEM José de Jesús Durán García; capitán de corbeta cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador helicopterista Marco Antonio Martínez Tenorio; segundo maestre aeronáutica naval, técnico en aeronaves y motores Constantino Pérez García; teniente de navío cuerpo de aeronáutica naval, piloto aviador helicopterista Manuel Santibáñez Pérez; segundo maestre aeronáutica naval, técnico en aeronaves y motores Marcelino González Temix; segundo maestre aeronáutica naval, técnico en aeronaves y motores Arturo Marín Sarabia; primer maestre aeronáutica naval, técnico en aeronaves y motores Apolinar Jiménez Farías; tercer maestre aeronáutica naval, técnico en aeronaves y motores Pablo Rojas Martínez; tercer maestre aeronáutica naval, técnico en aeronaves y motores Maximino Jiménez Hernández; capitán de navío cuerpo general piloto helicopterista, Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Torres Valverde, medallas de Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Por lo anterior, me permito anexar cartas de los interesados dirigidas al honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia certificada de las actas de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que les comunican que les otorgarán la condecoración relativa.

Agradezco a usted su atención a la presente, reiterándole la seguridad de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 31 de marzo de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Vicepresidente:

Pasamos al apartado de dictámenes a discusión. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 41 de la Ley General de Educación.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 7 de abril del año en curso, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen y se somete a discusión y votación de inmediato.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVII Legislatura.- Comisión de Educación.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Educación le fue turnada para su estudio y dictamen, por el departamento de comisiones permanentes de la Dirección de Proceso Legislativo, la

iniciativa de decreto que reforma la fracción X del artículo 7o., las fracciones III, V, VI y VII del artículo 12; y que adiciona las fracciones XIV, XV, XVI y XVII del artículo 33 y que modifican el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación, presentada al pleno de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 1996, por los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVI Legislatura, en el ejercicio de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión, de conformidad con las facultades que nos confieren los artículos 45 numeral seis, 43 fracción II, 48 y 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos el presente dictamen a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

1. La iniciativa señalada en el proemio fue presentada al pleno de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 11 de diciembre de 1996, suscrita por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. El 27 de abril de 1998, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto del diputado José Ricardo Fernández Candia, secretario de esta comisión, presentó dicha iniciativa para su análisis, estudio y dictamen a la Comisión de Educación.

3. El mismo 27 de abril de 1998, la presidencia de la Comisión de Educación, envió esta iniciativa a los integrantes de la misma para su conocimiento y análisis y el 13 de mayo de 1998 la comisión dispuso la integración de una subcomisión de educación básica presidida por los diputados Lino Cárdenas Sandoval del Partido Revolucionario Institucional, Pablo Gutiérrez Jiménez del Partido Acción Nacional y María del Carmen Escobedo Pérez del Partido de la Revolución Democrática, con el propósito de que se abocarán a su análisis y en su caso a la elaboración del anteproyecto de dictamen.

4. El 19 de mayo de 1998, la subcomisión presentó las observaciones a la iniciativa y el anteproyecto de dictamen, determinándose la necesidad de realizar una última revisión a fin de presentarlo al pleno de la Comisión de Educación en fecha posterior para su posible aprobación.

5. El 30 de septiembre de 1998, en el pleno de la Comisión de Educación se decidió aprobar el anteproyecto de dictamen.

6. Según se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, el objetivo fundamental de ésta es mejorar y fortalecer el marco legislativo vigente de la educación, con el propósito de promover de manera eficiente y eficaz el servicio dirigido a la población con necesidades educativas especiales. En este sentido, se señala, "que no deben existir en nuestro país ciudadanos de primera y de segunda"; puntualizando además, que uno de los aspectos que no debemos soslayar en la construcción del México que queremos a futuro, es aquel que tiene que ver con la educación".

7. En el mismo sentido, se argumenta que se han realizado esfuerzos importantes para ofrecer una adecuada educación a las personas con necesidades educativas especiales, con discapacidad para lograr su desarrollo pleno y favorecer su acceso a la educación regular, así como satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje posibilitando la autónoma convivencia social y productiva, para aquellas personas que no logren tal integración.

8. Mencionan también, el reconocimiento a otras acciones realizadas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, para incrementar la integración de los niños con discapacidad a la escuela regular, señalando la importancia de que el proceso de integración de este sector de la población, se debe llevar a cabo de manera paulatina y siempre tomando en cuenta que deben permanecer los espacios y acciones planeadas y reguladas normativamente, para aquellos que no logren la integración pertinente a la escuela regular.

9. Es también importante resaltar, que la iniciativa puntualiza, como antecedentes  sobresalientes:

* Que la educación especial se integra jurídicamente en el país, según el decreto de fecha del 15 de abril de 1861, firmado por el señor

Presidente de la República licenciado Benito Juárez García, donde se promovió la fundación de la Escuela Nacional para Sordos y la Escuela Nacional para Ciegos.

* Que el 23 de enero de 1942 en el Diario Oficial de la Federación, se decreta la apertura de la Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal y que es hasta 1973, cuando se logra establecer el grado de licenciatura de los egresados en la Ley Federal de Educación en su artículo 18 fracción III, favoreciendo la superación profesional.

* El hecho de que en la década de los ochenta, marcan un periodo de reorientación de la educación especial, debido a la exigencia creciente de recursos financieros que demanda esta modalidad educativa.

* La importancia de que con la creación de la Ley General de Educación se contemple puntualmente el reconocimiento de la educación especial.

* Asimismo, la iniciativa contempla la importancia de otras propuestas de ley presentadas por otros señores diputados de anteriores legislaturas, destacándose entre otras, las siguientes: iniciativa que propone crear el Instituto Nacional para la Educación y Rehabilitación del Invidente, presentada el 22 de diciembre de 1979; iniciativa de reforma a la Ley Federal de Educación, presentada el 2 de julio de 1991 y la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Educación del 27 de abril de 1994.

10. Es necesario mencionar, que la iniciativa destaca el propósito de que la educación sea una alternativa de desarrollo para toda la población, sin distinciones de ninguna índole, enfatizando la necesidad de hacer realidad los principios de equidad social, pertinencia, cobertura y calidad de la educación.

11. Para tal motivo, la iniciativa propone especificar como uno más de los fines de la educación pública, el desarrollar las potencialidades de las personas con discapacidad, argumentando que para tal efecto en la Ley General de Educación se contemple: que en la elaboración y actualización de los libros de texto se incluyan contenidos relativos a la discapacidad y a su prevención, con el propósito de contar con un instrumento para desarrollar una cultura respecto a la discapacidad en el país y así sensibilizar a los mexicanos de las posibilidades de desarrollo de este sector de la población, erradicando los prejuicios y las carencias de información respecto a este sector social; a la necesidad de hacer explícito, el propósito de contar con los recursos materiales y humanos que demandan la integración educativa de las personas con y sin discapacidad, puntualizando la necesidad de integrar un sistema nacional de formación, capacitación y superación profesional para maestros de educación especial y el señalamiento de que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, fijar los lineamientos y requisitos pedagógicos en cuanto al establecimiento de este tipo de educación que impartan los particulares; que en los planes y programas del sistema educativo nacional, se incluyan contenidos relacionados a las personas con discapacidad; incluir temas en los libros de texto de educación básica; otorgar los apoyos sicopedagógicos pertinentes de educación especial a la escuela regular; establecer centros específicos de investigación para la creación de dispositivos didácticos destinados a la población con discapacidad y crear las condiciones de igualdad para este sector de nuestra población.

12. Finalmente, la iniciativa propone sustituir el término "procurará" por el término "atenderá", en el artículo 41 de la referida ley, aduciendo que es más explícito para asegurar la misión sustantiva de la educación especial.

La descripción y análisis del alcance de la iniciativa que esta comisión dictamina, forman parte de la reflexión contenida en las siguientes

CONSIDERACIONES

A. Con relación a la fracción X del artículo 7o.; las fracciones III, V, VI y VII del artículo 12 y las adiciones XIV, XV, XVI y XVII al artículo 33, se considera que se encuentran contempladas en la Ley General de Educación, por lo cual es innecesaria su reforma o adición.

B. Coincidimos en la relevancia que tiene la educación especial en nuestra sociedad a fin de hacer efectiva la equidad social y en garantizar una educación con pertinencia y calidad para toda la población.

                                                        552,553 y 554

C.
Afirmamos de manera coincidente con los autores de la iniciativa, que es imprescindible fortalecer el marco legislativo de la educación especial, a fin de garantizar, además de su integración a la educación regular, los programas, materiales, métodos y apoyos pertinentes para su mejor desarrollo y fortalecimiento en bien de este sector tan sensible de la población.

Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones expresados, consideramos oportuno señalar, a manera de síntesis las siguientes

CONCLUSIONES

Por la importancia que tiene la educación para las personas y por ser hoy una de las mejores estrategias para impulsar el desarrollo nacional; pero también, por el hecho de que es necesario que la educación, como uno de los derechos fundamentales del hombre, sea un bien al cual tengan acceso todos los habitantes de nuestro país; pero además, por que la educación es un servicio que pretende desarrollar potencialmente todas las facultades del ser humano, es de trascendencia que no se escatimen esfuerzos y recursos para hacer realidad una educación con equidad, pertinencia y calidad a la población con necesidades educativas especiales, en particular al sector de la población con discapacidad.

Asimismo, expresamos que toda iniciativa legislativa que busque asegurar que ningún ciudadano carezca de los medios para una educación plena, constituye un paso adelante en la tarea que como legisladores tenemos ante la nación.

Es por ello que coincidimos en aceptar las modificaciones propuestas al artículo 41 de la referida ley y se dictamina que son pertinentes para fortalecer el marco legislativo de la educación especial.

Como resultado de lo anterior, esta Comisión de Educación, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación.

Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

"Artículo 41. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2000.- Diputados: María del Carmen Escobedo Pérez, presidente; Pablo Gutiérrez Jiménez, Cupertino Alejo Domínguez y Primitivo Ortega Olays, secretarios; Javier Algara Cossío, Julio Castrillón Valdés, Leonardo García Camarena, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Luis Guillermo Villanueva, Leticia Villegas Nava, Agustín Miguel Alonso Raya, José de J. Martín del Campo, Armando Chavarría Barrera, Miguel Angel Solares Chávez, Ranulfo Tonche Pacheco, Lino Cárdenas Sandoval Hernández, Héctor Guevara Ramírez, Alfonso José Gómez Sandoval Hernández, Esaú Hernández Herrera, Jaime Hugo Talancón Escobedo, Enrique Ku Herrera, Francisco Antonio Ordaz Hernández, Everardo Paiz Morales, Carlos Jaime Rodríguez Velasco, Martha Palafox Gutiérrez, Roberto Pérez de Alba Blanco, Crisógono Sánchez Lara, Horacio Veloz Muñoz, Juan José Cruz Martínez, José Adán Deniz Macías.»

El Vicepresidente:

En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 41 de la Ley General de Educación.

Esta Presidencia informa que se ha registrado para su discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, a nombre de la Comisión de Educación, el diputado Lino Cárdenas Sandoval.

Tiene la palabra el diputado Lino Cárdenas Sandoval, por 10 minutos.

El diputado Lino Cárdenas Sandoval:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma la fracción X del artículo 7o., las fracciones III, V, VI y VII del artículo 12 y que se adicionan las fracciones XIV, XV, XVI y XVII del artículo 33 y se modifica el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación, presentada a este pleno de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 1996.

Previo estudio y análisis de la iniciativa mencionada por parte de los miembros de la Comisión de Educación, se procedió a elaborar el dictamen que se pone a la consideración de esta Asamblea, mismo que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria del viernes 7 del presente mes.

En obvio de tiempo y toda vez que dicho dictamen ha sido aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de Educación, procederé, a nombre de la misma, a leer las consideraciones, conclusiones y el decreto que contiene este dictamen.

CONSIDERACIONES

a)
Con relación a la fracción X del artículo 6o., las fracciones III, V, VI y VII del artículo 12 y las adiciones XIV, XV, XVI y XVII del artículo 33, se considera que se encuentran contempladas en la Ley General de Educación, por lo cual es innecesaria su reforma o adición.

b) Coincidimos en la relevancia que tiene la educación especial en nuestra sociedad, a fin de hacer efectiva la equidad social y en garantizar una educación con pertinencia y calidad para toda la población.

c) Afirmamos de manera coincidente con los autores de la iniciativa, que es imprescindible fortalecer el marco legislativo de la educación especial, a fin de garantizar además de su integración a la educación regular los programas, materiales, métodos y apoyos pertinentes para su mejor desarrollo y fortalecimiento en bien de este sector tan sensible de la población.

Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones expresadas, consideramos oportuno señalar, a manera de síntesis, las siguientes

CONCLUSIONES

Por la importancia que tiene la educación para las personas y por ser hoy una de las mejores estrategias para impulsar el desarrollo nacional, pero también por el hecho de que es necesario que la educación, como uno de los derechos fundamentales del hombre, sea un bien al cual tengan acceso todos los habitantes de nuestro país, pero además porque la educación es un servicio que pretende desarrollar potencialmente todas las facultades del ser humano, es de trascendencia que no se escatimen esfuerzos y recursos para hacer realidad una educación con equidad, pertinencia y calidad a la población con necesidades educativas especiales, en particular al sector de la población con discapacidad.

Asimismo, expresamos que toda iniciativa legislativa que busque asegurar que ningún ciudadano carezca de los medios para una educación plena constituye un paso adelante en la tarea que como legisladores tenemos ante la nación.

Es por ello que coincidimos en modificar propuestas al artículo 41 de la referida ley y se dictamina que son pertinentes para fortalecer el marco legislativo de la educación especial.
Como resultado de lo anterior, la Comisión de Educación se permite someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 41 de la Ley General de Educación.

Artículo único. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 41 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

"Artículo 41. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquéllos con aptitudes sobresalientes; atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.

Tratándose de los menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos; para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo necesarios.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico
. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por las consideraciones y razones expuestas, la comisión solicita a los miembros de esta Asamblea, su voto aprobatorio en favor de estas reformas al artículo 41 de la Ley General de Educación.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido señor Presidente.

El Vicepresidente:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 428 votos a favor.

El Vicepresidente:

Aprobado en lo general y en lo particular por 428 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 41 de la Ley General de Educación.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

                                                              555,556 y 557

LEY GENERAL DEL DEPORTE

El Vicepresidente:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley General del Deporte.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 7 de abril, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo... Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal- Cámara de Diputados.- Comisión del Deporte.

Honorable Asamblea: a la Comisión del Deporte de esta LVII Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto de Ley General del Deporte que en ejercicio de la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometieron a la consideración del honorable Congreso de la Unión los diputados Salomón Elías Jauli y Dávila, Trinidad Escobedo Aguilar, Héctor Mayer Soto y Bernardo Segura Rivera.

Esta comisión, con fundamento en el artículo 73 fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita y somete a la consideración de esta Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada el 18 de noviembre de 1999, la mesa directiva de esta Cámara de Diputados turnó la presente iniciativa a esta Comisión del Deporte para su estudio y dictamen.

Segundo. Los miembros integrantes de la Comisión del Deporte procedieron al estudio de la iniciativa presentada, efectuaron múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la iniciativa que se discute y tomaron en consideración las siguientes actividades legislativas que en materia deportiva se han realizado durante la presente legislatura en esta Cámara de Diputados:

1. El 2 de diciembre de 1997 se presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados el proyecto de decreto en el que se pretende reconocer al deporte como un derecho social de todos los mexicanos.

2. El 30 de abril de 1998 en asamblea plenaria se aprobó sin discusión y por unanimidad de 346 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-J al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se faculta al Congreso de la Unión legislar en materia deportiva.

3. Los días 21, 22 y 23 de octubre de 1998, se realizó en las instalaciones de esta Cámara de Diputados el II Congreso Internacional de Derecho del Deporte.

4. El 28 de junio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-J al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El 20 de agosto de 1999 se inauguraron los foros de consulta para la integración del anteproyecto de la Ley General del Deporte, mismos que se realizaron en estas instalaciones legislativas los días 3, 14, 22 y 29 de septiembre. Se clausuraron el 13 de octubre de 1999.

6. Se realizaron durante los meses de febrero y marzo del año 2000, tres foros regionales de consulta del presente dictamen, en las ciudades de Xalapa, Veracruz; Monterrey, Nuevo León y Villahermosa, Tabasco.

Con base en los antecedentes señalados, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. Los legisladores proponentes manifiestan en su iniciativa que el actual marco jurídico no es eficaz para resolver, hoy día, los problemas que plantea la actividad deportiva frente a la situación actual del país.

Segunda. La iniciativa plantea la abrogación de la actual Ley de Estímulo y Fomento del Deporte y su reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1990 y cuya ultima reforma fue hace cinco años.

Tercera. Que la iniciativa que ahora se dictamina cuenta ya con una referencia constitucional expresa, que permite al honorable Congreso de la Unión legislar en materia deportiva y establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Cuarta. Que la iniciativa presentada pretende la reestructuración del actual Sistema Nacional del Deporte como un instrumento administrativo, eficaz y de interés público.

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, esta Comisión del Deporte coincide con la necesidad de aprobar la iniciativa propuesta y formula las siguientes

CONCLUSIONES

Como se señala en la iniciativa, nuestro país debe actualizarse y mantenerse a la vanguardia en el ámbito deportivo. El marco jurídico actual, en su momento facilitó el cumplimiento de un buen número de las metas establecidas en las diversas etapas del desarrollo deportivo del país. Sin embargo, no resulta eficaz para resolver los problemas que plantea una actividad deportiva compleja en la actualidad, por lo que resulta necesaria una readecuación jurídica, acorde a las necesidades del deporte en el país.

El deporte en el ámbito mundial, se ha desarrollado en todos los sentidos, las modalidades deportivas, las exigencias en cuanto a la preparación física y técnica para el alto rendimiento; el deporte competitivo se rige por el mejoramiento de las marcas y las victorias espectaculares. En cambio, en el deporte popular se pretende la preservación de la salud y un desarrollo físico armónico, la realización de estos objetivos constituyen los criterios de utilidad y eficacia.

Para estar a la altura del desarrollo deportivo en el contexto de la globalización y poder enfrentar los retos cada vez más exigentes en el ámbito competitivo, poder satisfacer la demanda de personas que deseen ejercitarse con fines recreativos o de salud, se requieren programas deportivos que puedan contrarrestar de manera colateral los efectos negativos del uso de sustancias nocivas para la salud.

Nuestro país requiere un sistema sólido y actualizado, que no esté dirigido únicamente al logro de atletas de alto rendimiento, sino también al resto de la población, que la enseñanza y práctica del deporte sea incluyente de todas las personas que integran nuestra sociedad. Ello permitirá contar con una base de deportistas que puedan aspirar a formar parte de los equipos representativos nacionales, debido a que contarán desde su iniciación deportiva con la infraestructura y equipamiento adecuado para su entrenamiento y preparación física.

En este panorama, los diputados integrantes de la Comisión del Deporte consideramos necesario llevar al cabo cambios en la iniciativa presentada, tanto de forma como de fondo.

En este trabajo legislativo, coincidimos en incluir temas que no fueron considerados por el ordenamiento anterior, pero que por su importancia en cuanto a la conducción de la política deportiva, se requiere legislar y proporcionar las herramientas jurídicas para su desarrollo.

En el Capítulo II de las autoridades del deporte, lo que se busca es que la concurrencia de la Federación, estados, Distrito Federal y municipios participen de forma subsidiaria, donde la Comisión Nacional del Deporte, como órgano rector, funja como regulador de la actividad deportiva, dejando al municipio y los estados como los principales operadores.

Establece que los criterios para las competencias que se realicen dentro del territorio nacional ofrezcan a los participantes las medidas de  seguridad para la conservación de su integridad física.

El Capítulo IV, de la participación de los sectores social y privado, propone como innovación en este ordenamiento que la Comisión Nacional del Deporte concerte con la Secretaría de Hacienda los incentivos fiscales que hagan atractiva la participación del sector social y privado en la promoción del deporte.

Para lograr que los recursos públicos sean destinados a satisfacer los programas de trabajo para los que fueron solicitados, se auditará a las federaciones deportivas nacionales que reciban dichos recursos, para evitar el uso discrecional de los mismos y con esta medida beneficiar a los afiliados de dichos organismos.

En el Capítulo VI se establece que el Comité Olímpico Mexicano coordinará conjuntamente con la Confederación Deportiva Mexicana y la Comisión Nacional del Deporte, las delegaciones deportivas nacionales, que asistan a eventos internacionales oficiales y será responsable de la inscripción y participación de deportistas en competencias de juegos olímpicos y las que se celebren bajo el patrocinio y organización del Comité Olimpico Internacional.

Considerando la importancia que tiene el deporte estudiantil dentro del andamiaje del deporte nacional; en el Capítulo VII se reconoce la necesidad de fomentar el deporte extraescolar, facilitando la participación de los estudiantes en la práctica deportiva.

En relación con el deporte profesional, en el Capítulo IX se establece la contribución que hace esta ley para el deportista profesional; lo que se incluye al momento de integrarse a preselecciones o selecciones nacionales, goce de los mismos beneficios a los que se refiere el capítulo para deportistas de alto rendimiento.

En el Capítulo XI se propone hacer eficientes los mecanismos para la detección de sustancias prohibidas en deportistas. Para ello contarán con un carnet médico para su adecuado seguimiento. Los procedimientos para establecer las sanciones se aplicarán con estricto apego y a las garantías individuales.

Como parte medular de los alcances de esta ley, proponemos en el Capítulo XII, dedicado a las instalaciones deportivas, la noción e importancia que tiene la iniciación deportiva en la población, que demanda mayores y mejores servicios en las instalaciones.

Por ello, es de interés social la construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte popular, estudiantil y de alto rendimiento en el territorio nacional.

Se propone una especial atención para satisfacer las necesidades ergonómicas de deportistas con requerimientos especiales; entre las principales innovaciones que tiene esta ley en relación con la anterior y que fueron recogidas en los foros de consulta para la elaboración de este ordenamiento.

La diferencia ostensible que agregamos a las disposiciones generales establece, con distinción, que la educación física, es una materia curricular intraescolar y que por ende está sujeta a planes y programas y reservada a las atribuciones que tiene la SEP, por ello la educación física no se incluye en este ordenamiento.

Sin embargo, decidimos agregar el término de iniciación deportiva en el deporte estudiantil, a fin de permitir que el vínculo entre la educación física y el deporte, permita el desarrollo deportivo en nuestro país.

Para contar con un programa que busque talentos y logros deportivos, ya no de manera aislada, sino que sean efecto de una estructura sistemática, se propone otorgar la responsabilidad de coordinar todas las acciones necesarias a la Comisión Nacional del Deporte.

Una prerrogativa en el artículo 34, facilitará el buen funcionamiento de la Comisión del Deporte al integrar el padrón nacional del deporte de alto rendimiento, para identificar quiénes son los deportistas que por sus méritos en competencias de la especialidad, serán incluidos dentro de los beneficios del Fondo Nacional del Deporte y el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

Los controles para la detección de talentos, al instaurar el padrón nacional de deportistas, que se publicará anualmente y permitirá identificar a quienes, por sus méritos en competencias internacionales, sean considerados deportistas de interés nacional, sujetos de ser apoyados económicamente en función de la representación nacional que ostentan. Incluyen a deportistas con algún tipo de discapacidad y profesionales.

                                                            558,559 y 560

Finalmente, para lograr un marco de justicia deportiva, acorde a las necesidades actuales se establece que la Comisión de Apelación tendrá plena autonomía para dictar sus resoluciones; a efecto de mejorar la impartición de justicia en el ámbito deportivo.

Por lo anteriormente expuesto:

1. La comisión que dictamina, integrada de manera plural con miembros de las diferentes fracciones parlamentarias representativas de esta LVII Legislatura, ha considerado favorablemente la aprobación de la iniciativa presentada.

2. A efecto de precisar y de acuerdo con las conclusiones obtenidas en las diferentes actividades legislativas que en materia deportiva se realizaron durante la presente legislatura en esta Cámara de Diputados, hemos considerado conveniente establecer algunas modificaciones semánticas y de concepto, mismas que no contrarían el objetivo de los proponentes y sí complementan la iniciativa en estudio.

3. Por los razonamientos expuestos por los proponentes, resulta apropiado aprobar la iniciativa de Ley General del Deporte, que se ha analizado y discutido en los términos en que se ha acordado modificar.

Como resultado de lo anterior, esta Comisión del Deporte somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

DE LEY GENERAL DEL DEPORTE

CAPITULO I


Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto, establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de deporte.

Artículo 2o. Para efectos de la presente ley, se entenderá por deporte la actividad y ejercicios físicos, individuales o de conjunto, que con fines competitivos o recreativos se sujeten a reglas previamente establecidas y coadyuven a la formación integral de las personas y al desarrollo armónico y conservación de sus facultades físicas y mentales.

Artículo 3o. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, ejercerán sus atribuciones, en el ámbito de su competencia, en materia deportiva, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta ley, su reglamento y en otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 4o. Las autoridades competentes de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se coordinarán para:

I. Integrar el Sistema Nacional del Deporte;

II. Promover la iniciación y práctica deportiva;

III. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional del Deporte, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como integrar y mantener actualizado el registro nacional del deporte;

IV. Promover la construcción, adecuación y conservación de la infraestructura deportiva;

V. Formular programas para fomentar el deporte entre las personas con algún tipo de discapacidad;

VI. Formular programas para fomentar el deporte entre la población de la tercera edad y

VII. Fomentar la difusión de los deportes autóctonos y tradicionales que promuevan la identidad nacional.

Artículo 5o. La coordinación entre los tres ámbitos de gobierno en el país, deberá establecer uniformidad en la promoción y estímulo para la iniciación de prácticas deportivas, mediante:

I. La vinculación en la ejecución de las políticas que orienten el fomento y el desarrollo del deporte en los estados, el Distrito Federal y los municipios;

II. El establecimiento de procedimientos para la coordinación en materia de promoción deportiva;

III. La participación de los organismos deportivos y de los deportistas en la determinación y ejecución de la política deportiva en el país;

IV. La prevención de los requerimientos necesarios para la promoción del deporte y la cultura física en los estados, Distrito Federal y los municipios y

V. El impulso a la enseñanza de la educación física, que se realizará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Educación.

CAPITULO II

De las autoridades del deporte

Artículo 6o. La Federación, a través de la Secretaría de Educación Publica realizará las siguientes acciones:

I. Contribuir al desarrollo integral de las personas, para que ejerzan plenamente sus capacidades humanas;

II. Estimular la práctica y la iniciación deportiva, además de normar los programas de educación física;

III. Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden deportivo con otros países y

IV. Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia de educación física.

Artículo 7o. La Comisión Nacional del Deporte, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo la promoción y fomento del deporte y la cultura física, de acuerdo a las siguientes facultades:

I. Coordinar el Sistema Nacional del Deporte;

II. Ser el órgano rector de la política deportiva nacional;

III. Formular el Programa Nacional del Deporte, mismo que debe contemplar el deporte para todos, deporte estudiantil, deporte de alto rendimiento, deportes autóctonos y tradicionales y deportes para personas de la senectud;

IV. Normar la participación de los deportistas representantes del país en competencias oficiales, nacionales e internacionales, en coordinación con la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano;

V. Coordinar acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en lo relativo a investigación en ciencias y técnicas del deporte, así como de la medicina deportiva;

VI. Establecer los programas de formación, capacitación y los métodos de certificación en materia deportiva, de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV Sección I de la Ley General de Educación;

VII. Fomentar la construcción, conservación, adecuación y mejoramiento de instalaciones deportivas;

VIII. Promover y apoyar la inducción en materia deportiva en los planes y programas de investigación en las instituciones de educación superior;

IX. Convocar anualmente a competencias deportivas nacionales, en el ámbito estudiantil en todos sus niveles, en coordinación con los consejos nacionales del deporte estudiantil;

X. Participar en la elaboración del Programa Nacional de Educación Física;

XI. Apoyar el desarrollo de la educación física; la iniciación deportiva y la difusión de sus beneficios entre la comunidad escolar y la población abierta;

XII. Coordinar la participación mixta del deporte federado y estudiantil en competencias nacionales e internacionales;

XIII. Impulsar la práctica de actividades físicas y deportivas entre la población en general;

XIV. Identificar y seleccionar a los talentos deportivos mediante la organización de competencias que reúnan lo mejor del deporte estudiantil y federado;

XV. Integrar y actualizar el Padrón Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento, Talentos Deportivos y el Registro Nacional del Deporte;

XVI. Participar con las organizaciones deportivas nacionales, en la definición de sus programas y en lo referente a los deportistas que se desarrollan dentro del concepto de alto rendimiento y talentos deportivos, así como el estableciendo de los presupuestos, mediante la celebración de convenios específicos;

XVII. Establecer los medios para la prevención y control en el uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios en el deporte;

XVIII. Registrar la celebración dentro del territorio nacional, de competencias oficiales internacionales;

XIX. Fijar criterios para que las competencias deportivas que se realicen dentro del territorio nacional, ofrezcan a los participantes las medidas de seguridad adecuadas para la conservación de su integridad física;

XX. Emprender acciones para que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de acceso a la práctica del deporte en el país;

XXI. Formular programas para promover y fomentar el deporte realizado por personas con algún tipo de discapacidad;

XXII. Promover e incrementar conforme a las previsiones presupuestales existentes el Fondo Nacional del Deporte, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y el Fondo de Reconocimientos a Medallistas Olímpicos; así como organizar la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo en el país;

XXIII. Convocar anualmente además de los eventos deportivos correspondientes al Programa Nacional del Deporte, a la denominada olimpiada juvenil, en coordinación con las federaciones deportivas nacionales, los institutos estatales del deporte, los consejos nacionales del deporte estudiantil, la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano.

La olimpiada juvenil incluirá todos los deportes contemplados en el programa de los juegos olímpicos, panamericanos y centroamericanos, así como también aquellos deportes que son practicados de manera masiva en las entidades federativas del país.

Las convocatorias nacionales y estatales de la olimpiada juvenil deberán establecer claramente los procesos de selección para cada una de las etapas clasificatorias de este evento, a efecto de garantizar a los participantes condiciones equitativas;

XXIV. Las demás que esta ley determine y las que otras disposiciones legales atribuyan a la Federación y las requeridas para el desarrollo del deporte nacional.

Artículo 8o. La Comisión Nacional del Deporte, estará a cargo de un presidente que será designado por el titular del Ejecutivo Federal.

Artículo 9o. La Federación y los estados, habrán de celebrar convenios de coordinación para promover, unificar o desarrollar las actividades deportivas a que se refiere la presente ley.

Artículo 10. Los gobiernos estatales y los municipales entre sí, al igual que el gobierno del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, podrán celebrar convenios para coordinar sus actividades en materia deportiva.

CAPITULO III

Del Sistema Nacional del Deporte

Artículo 11. El Sistema Nacional del Deporte, tiene por objeto conjuntar las acciones, recursos y procedimientos de todas las instancias públicas y privadas con el fin de apoyar, impulsar, fomentar y desarrollar el deporte en el país, estando representado por un consejo constituido por los integrantes del sistema, en los términos que se señalen en el reglamento de la presente ley.

El consejo del Sistema Nacional del Deporte, tendrá el carácter de honorario y será presidido por el titular de la Comisión Nacional del Deporte.

Artículo 12. Son integrantes del Sistema Nacional del Deporte:

                                                              561,562 y 563

I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios;

II. El Comité Olímpico Mexicano;

III. La Confederación Deportiva Mexicana y

IV. Los consejos nacionales del deporte estudiantil.

Los sectores social y privado podrán participar conforme lo previsto en el Capítulo IV de este ordenamiento y lo que establezca su reglamento.

Artículo 13. Las funciones del Sistema Nacional del Deporte son:

I. Proponer, elaborar y ejecutar las políticas que orienten el desarrollo del deporte en el ámbito nacional;

II. Impulsar los procedimientos para la mejor coordinación en materia deportiva;

III. Promover la participación y conjunción de esfuerzos entre sus integrantes;

IV. Hacer proposiciones para integrar el Programa Nacional del Deporte y el de Educación Física y

V. Las demás que sean afines con las anteriores.

Artículo 14. Los integrantes del Sistema Nacional del Deporte deberán coordinarse, para promover entre la población lo siguiente:

I. La práctica del deporte o deportes de su elección;

II. El uso de las instalaciones destinadas para la práctica del deporte, en estricto apego a la normatividad que las rige;

III. La libre participación en el deporte estudiantil, federado y popular sin que afecte sus derechos como deportista o impida su intervención en uno u otro;

IV. La recepción de los apoyos de cualquier índole a que se haga merecedor con base en la normatividad que para tal efecto se establezca;

V. Que los deportistas infantiles y juveniles mexicanos, tengan derecho a participar en la etapa municipal de la olimpiada juvenil, sin encontrarse necesariamente afiliados a un organismo deportivo y

VI. Las demás que le otorgue esta ley u otros ordenamientos legales.

CAPITULO IV

De los sectores social y privado


Artículo 15. La Comisión Nacional del Deporte, promoverá la participación de los sectores social y privado para que se incorporen como parte activa en la promoción y desarrollo del deporte, a través de los convenios de coordinación y apoyo que al efecto celebren, con excepción de los organismos deportivos señalados en el artículo 11 de la presente ley.

Artículo 16. Los convenios a que se refiere el artículo anterior, deberán prever las actividades específicas que se realizarán para la promoción y desarrollo del deporte, así como los incentivos correspondientes.

Artículo 17. La Comisión Nacional del Deporte gestionará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, el otorgamiento de incentivos fiscales para contribuir a la participación de los sectores social y privado.

Artículo 18. Los integrantes de los sectores social y privado que celebren los convenios a que se refiere este capítulo, formarán parte del Sistema Nacional del Deporte con las mismas prerrogativas que los demás miembros, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento de la presente ley.

CAPITULO V

Del deporte federado


Artículo 19. Las federaciones deportivas nacionales, son asociaciones civiles con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo ámbito de actuación se desarrolla en todo el territorio nacional, estando integradas por asociaciones deportivas estatales, ligas deportivas, clubes deportivos, equipos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, ligas profesionales si las hubiese y otros organismos que promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte.

Las federaciones deportivas nacionales, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en esta caso como agentes colaboradores de la Administración Pública Federal.

Artículo 20. La Confederación Deportiva Mexicana es la asociación civil que aglutina a las federaciones deportivas nacionales, de acuerdo a lo establecido en la presente ley, su reglamento y a las siguientes funciones y obligaciones:

I. Operar el deporte federado;

II. Unificar a los deportistas afiliados a las federaciones deportivas nacionales;

III. Participar en la formulación de los programas deportivos de las federaciones deportivas nacionales;

IV. Atender y orientar permanentemente a las federaciones deportivas nacionales en la creación y actualización de su estructura, así como que sus estatutos no contravengan a lo dispuesto en la presente ley y su reglamento;

V. Promover la capacitación y certificación de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos, conforme lo previsto en la Sección Primera del Capítulo IV de la Ley General de Educación;

VI. Participar en las competencias nacionales multidisciplinarias convocadas por el Gobierno Federal en donde se involucren el deporte estudiantil, federado y el deporte masivo popular;

VII. Supervisar que las federaciones deportivas nacionales celebren sus asambleas conforme a sus respectivos estatutos y reglamentos y

VIII. Difundir y verificar que los reglamentos y demás códigos deportivos que expidan las federaciones deportivas nacionales, contengan con toda claridad, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de sus miembros afiliados y deportistas, así como los procedimientos disciplinarios y sanciones aplicables.

Artículo 21. La Confederación Deportiva Mexicana tendrá la facultad de reconocer y en su caso afiliar a las federaciones deportivas nacionales, que serán la máxima instancia técnica del deporte federado en su especialidad deportiva y deberán representar un solo deporte con todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación internacional.

Artículo 22. Las federaciones deportivas nacionales, para ser consideradas como organismos deportivos susceptibles de recibir los apoyos que en su caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán cumplir con lo previsto en la presente ley y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria.

Artículo 23. Las federaciones deportivas nacionales que reciban recursos del Ejecutivo Federal, estarán sujetas a auditorías financieras, así como a la presentación de informes respecto a sus ingresos y egresos.

Artículo 24. Para la realización de competencias deportivas oficiales internacionales, dentro del territorio nacional, las federaciones deportivas nacionales habrán de registrarlas ante la Comisión Nacional del Deporte y en su caso ante el Comité Olímpico Mexicano o la Confederación Deportiva Mexicana.

CAPITULO VI

Del Comité Olímpico Mexicano

Artículo 25.
El Comité Olímpico Mexicano es la asociación civil sin fines de lucro, reconocida como un organismo de utilidad pública, en virtud de que su objeto consiste en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos.

Artículo 26. El Comité Olímpico Mexicano se rige de acuerdo a su estatuto, reglamento y por los principios y normas del Comité Olímpico Internacional.

Artículo 27. El Comité Olímpico Mexicano es el organismo facultado para la inscripción y participación de los deportistas que representan al país en los juegos olímpicos y en las competencias multideportivas regionales, continentales, internacionales, polideportivas y en general, los que se celebren bajo el patrocinio u organización del Comité Olímpico Internacional.

Artículo 28. Es función del Comité Olímpico Mexicano representar al país ante el Comité Olímpico Internacional.

Artículo 29. El Comité Olímpico Mexicano promoverá la práctica dentro del país, de las actividades deportivas reconocidas por la Carta Olímpica.

Artículo 30. El Comité Olímpico Mexicano, en coordinación con la Confederación Deportiva Mexicana y la Comisión Nacional del Deporte, participará en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país en las competencias a que se refiere el artículo 27 de la presente ley.

CAPITULO VII

De los consejos nacionales del
deporte estudiantil

Artículo 31. Para los fines y propósitos de la presente ley, se reconoce la participación de los consejos nacionales del deporte estudiantil, para incrementar la participación de los estudiantes en la práctica deportiva y elevar su nivel de rendimiento.

Artículo 32. Los consejos nacionales del deporte estudiantil, a que se refiere el artículo anterior, son asociaciones civiles y su objeto es coordinar, de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades educativas competentes, los programas emanados de la Comisión Nacional del Deporte entre la comunidad estudiantil, de sus respectivos niveles.

CAPITULO VIII

Del deporte de alto rendimiento
y talentos deportivos


Artículo 33. Se considera al deporte de alto rendimiento como la práctica sistemática de especialidades deportivas, con altas exigencias de capacitación y entrenamiento para deportistas. Su desarrollo estará a cargo de la Comisión Nacional del Deporte, con la participación de los integrantes del Sistema Nacional del Deporte.

Artículo 34. La Comisión Nacional del Deporte deberá elaborar un padrón nacional del deporte de alto rendimiento y talentos deportivos, que será emitido durante los primeros tres meses del año, con la colaboración del Comité Olímpico Mexicano, la Confederación Deportiva Mexicana y de los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, de acuerdo a los lineamientos que para el fin se establezcan en el reglamento de la presente ley.

Artículo 35. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento, así como aquellos considerados como talentos deportivos que integren preselecciones y selecciones nacionales, recibirán apoyos económicos y materiales de la Comisión Nacional del Deporte, para su preparación, de acuerdo a la competencia para la que fueren convocados. Además deberán contar con un seguro de vida y gastos médicos, así como incentivos económicos con base a los resultados obtenidos. El procedimiento correspondiente quedará establecido en el reglamento de la presente ley.

Artículo 36. El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar en juegos olímpicos.

En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento concurrirán representantes del Gobierno Federal, del Comité Olímpico Mexicano, de la Confederación Deportiva Mexicana y los particulares que aporten recursos a dicho fondo, mismo que estará conformado por un comité técnico, que será la máxima instancia de este fondo y responsable de autorizar los programas de apoyo y los deportistas beneficiados, quien se auxiliará de una comisión deportiva, integrada por un panel de expertos independientes.

La comisión deportiva, se apoyará en las opiniones de asesores nombrados por especialidad deportiva, quienes deberán ser expertos en sus respectivas disciplinas y podrán emitir sus opiniones sobre los atletas propuestos y sus programas de preparación.

Artículo 37. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y materiales a que se refiere el presente capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e internacionales a que convoque la Comisión Nacional del Deporte.

                                                          564,565 Y 566

CAPITULO IX

Del deporte profesional


Artículo 38. Se entiende como deporte profesional a las actividades de promoción, organización, desarrollo o participación en materia deportiva, que se realicen con fines de lucro.

Artículo 39. Los deportistas que participen dentro del deporte profesional, se regirán por lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 40. Los deportistas profesionales mexicanos que integren preselecciones y selecciones nacionales, que involucren oficialmente la representación del país en compe tencias internacionales, gozarán de los mismos derechos e incentivos establecidos dentro de esta ley, para los deportistas de alto rendimiento.

Artículo 41. Los organismos deportivos de naturaleza profesional deberán integrarse al Sistema Nacional del Deporte, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley.

CAPITULO X

De la investigación y capacitación
deportiva

Artículo 42.
La Comisión Nacional del Deporte promoverá, coordinará e impulsará la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la aplicación de los conocimientos científicos en materia deportiva.

Artículo 43. En el desarrollo de la investigación y conocimientos científicos deberán participar los integrantes del Sistema Nacional del Deporte, de acuerdo a los lineamientos que para este fin se establezcan en el reglamento de la presente ley.

Artículo 44. La Comisión Nacional del Deporte promoverá la formación, capacitación, actualización y certificación de recursos humanos para la enseñanza y práctica del deporte, mediante la operación del sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos, con apego en lo dispuesto en la Sección I del Capítulo IV de la Ley General de Educación.

CAPITULO XI

Del control de sustancias prohibidas
y métodos no reglamentarios
en el deporte

Artículo 45.
Se declara de interés social la prohibición del consumo y uso de sustancias farmacológicas comprendidas en la lista que para este fin emita la Comisión Nacional del Deporte.

Artículo 46. Es responsabilidad de la Comisión Nacional del Deporte la difusión de las listas de sustancias prohibidas y de los métodos no reglamentarios, contenidos en el Código Médico del Comité Olímpico Internacional y de la Agencia Mundial Antidopaje.

Artículo 47. Se establece la obligación de contar con la cartilla oficial de control de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios que expedirá la Comisión Nacional del Deporte, a los deportistas que integren el registro nacional del deporte de alto rendimiento y talentos deportivos. Los requisitos para el otorgamiento de la cartilla mencionada en el presente artículo, se establecerán en el reglamento de la presente ley.

Artículo 48. Todos los deportistas que integren las preselecciones y selecciones nacionales para participar en competencias internacionales, deberán someterse a los controles para la detección de uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento de la presente ley. Los deportistas que participen en competencias nacionales oficiales podrán ser requeridos para los fines establecidos, de acuerdo al párrafo anterior y el reglamento de la presente ley.

Artículo 49. La Comisión Nacional del Deporte promoverá la participación de las autoridades del sector salud e instituciones de nivel superior, para establecer los programas necesarios sobre el estudio, medidas de prevención y control del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios.

Artículo 50. Los deportistas que, de acuerdo a los estudios a que sean sometidos, presenten positivo en el uso de sustancias prohibidas, serán sujetos de la sanción correspondiente, conforme a lo establecido en la presente ley y su reglamento.

Asimismo, serán sancionados los directivos, técnicos, entrenadores o cualquier otra autoridad deportiva, que induzcan o sean responsables del uso de dichas sustancias y/o métodos.

Artículo 51. Los métodos, prácticas y análisis para determinar el uso de sustancias y/o métodos no reglamentarios, deberán realizarse con respeto a las garantías individuales.

CAPITULO XII

De las instalaciones deportivas

Artículo 52.
Es de interés social la construcción, rehabilitación, ampliación, adecuación, mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte popular, estudiantil y de alto rendimiento, en el territorio nacional.

Artículo 53. La Comisión Nacional del Deporte intervendrá en los términos de las disposiciones legales aplicables, en la formulación de la normatividad y criterios requeridos en materia de instalaciones deportivas, sufragadas con recursos federales.

Artículo 54. La Comisión Nacional del Deporte coordinará con los estados, el Distrito Federal y los municipios la promoción del uso óptimo de instalaciones públicas deportivas, para promover entre la población, en general, la práctica del deporte.

CAPITULO XIII

De las infracciones y sanciones
administrativas

Artículo 55.
La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta ley, su reglamento y demás disposiciones que de ella emanen, corresponde a la Comisión Nacional del Deporte.

Artículo 56. Las sanciones administrativas a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 57. Contra la resolución de la autoridad que imponga sanciones administrativas, procederá el recurso de revisión o recurrir a las vías judiciales correspondientes.

CAPITULO XIV

De las infracciones y sanciones
en el ámbito deportivo

Artículo 58.
En el ámbito de la justicia deportiva, la aplicación de sanciones por infracciones a sus estatutos y reglamentos deportivos, corresponde a:

I. El Comité Olímpico Mexicano, la Confederación Deportiva Mexicana, las federaciones deportivas nacionales, las asociaciones, las ligas, los clubes y equipos deportivos y

II. A los directivos, jueces, árbitros y organizadores de competencias deportivas.

Artículo 59. Contra las resoluciones de los organismos deportivos que impongan sanciones, proceden los recursos siguientes:

I. Recurso de reconsideración, se promoverá ante la autoridad que emitió la resolución;

II. Recurso de apelación, tiene por objeto impugnar las resoluciones una vez agotado el recurso de reconsideración y se promoverá ante las instancias en orden ascendente, dentro de la estructura deportiva nacional y

III. Recurso de inconformidad, se promoverá ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, una vez agotados los recursos anteriores.

Artículo 60. Los organismos deportivos que pertenecen al Sistema Nacional del Deporte, para la aplicación de sanciones por faltas a sus estatutos y reglamentos habrán de prever lo siguiente:

I. Un código que considere las infracciones y sanciones correspondientes, de acuerdo a su disciplina deportiva;

II. Los criterios para considerar las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves y

III. Los procedimientos para interponer los recursos establecidos en el artículo anterior.

CAPITULO XV

De la Comisión de Apelación y Arbitraje

del Deporte

Artículo 61.
La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, cuenta con plena autonomía para dictar sus resoluciones.

La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte tomará sus resoluciones por mayoría de votos, debiéndose encontrar presentes, el presidente de la misma y los cuatro titulares o sus respectivos suplentes. En caso de ausencia de aquél, asumirá sus funciones temporalmente alguno de los integrantes titulares; en caso de que la ausencia del presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará a otra persona para que concluya el periodo respectivo.

Artículo 62. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte tendrá las siguientes facultades:

I. Conocer y resolver administrativamente el recurso de inconformidad, que se presente en contra de las resoluciones emitidas por los organismos deportivos que integren el Sistema Nacional del Deporte;

II. Intervenir como árbitro, entre quienes lo soliciten, para dirimir las controversias que puedan suscitarse como consecuencia de la promoción, organización y desarrollo de actividades deportivas entre los deportistas o demás participantes en éstas.

III. Las demás que establezcan las normas reglamentarias.

Artículo 63. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte tendrá un presidente que será designado por el titular del Ejecutivo Federal y para la designación de los cuatro miembros restantes y sus suplentes, considerará las propuestas de los organismos deportivos y deportistas nacionales. Los nombramientos antes citados deberán recaer en personas con profesión de licenciado en derecho y conocimientos en el ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral.

El Presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte durará tres años en su encargo, pudiendo ser ratificado por un periodo más. Los otros miembros de la misma durarán en su encargo tres años y no podrán ser designados para formar parte de la Comisión de Apelación y Arbitraje para dos periodos consecutivos.

El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarias necesarias, para la integración y funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, asimismo proporcionará anualmente el presupuesto suficiente para su correcto funcionamiento.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, de fecha 20 de diciembre de 1990, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1990 y su reglamento y se derogan las demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Tercero. El reglamento de la presente ley deberá expedirse dentro de un plazo no mayor de los 180 días siguientes a la fecha en que ésta entre en vigor.

Cuarto. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. Las referencias legales o reglamentarias a la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, se entienden hechas en lo aplicable a la presente ley.

Quinto. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta ley, que se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de la ley que se abroga.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2000.-Diputados: Salomón Elías Jauli y Dávila, Trinidad Escobedo Aguilar, Bernardo Segura Rivera, Héctor Mayer Soto, Claudio Marino Guerra López, Alejandro Guevara Cobos, Jesús Higuera Laura, Jesús Francisco Martínez Ortega, Francisco Javier Zorrilla Rabelo, Marcelo Cervantes Huerta, Bonfilio Peñaloza García, Jacaranda Pineda Chávez, Francisco Javier Ponce Ortega, Carlos Fernando Rosas Cortés, José Luis Acosta Herrera, Omar Bazán Flores, José Jesús Montejo Blanco, Rocío del Carmen Morgan Franco, Emilio González Márquez, Francisco Javier Reynoso Nuño, Carlos Iñiguez Cervantes, Baldemar Dzul Noh, Luis David Gálvez Gasca, Susana Esquivel Farías, Felipe Rodríguez Aguirre, Mariano Sánchez Farías, Antonio Cabello Sánchez.»

|567,568 y 569

El Vicepresidente:

En consecuencia está a discusión en lo general el proyecto de Ley General del Deporte.

Esta Presidencia informa que se han registrado para su discusión en lo general, los siguientes oradores, hasta por 10 minutos; diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo. Por parte del Partido de la Revolución Democrática, dos diputados que van a emplear entre los dos los 10 minutos; diputados: Luis David Gálvez Gasca, Bernardo Segura Rivera y Trinidad Escobedo Aguilar, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos, Salomón Elías Jauli y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, hasta por 10 minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Se discute hoy en este pleno el dictamen sobre la iniciativa que crea la Ley General del Deporte y en consecuencia, si se aprueba el proyecto de Ley General del Deporte se abrogará la actual Ley de Estímulo y Fomento del Deporte y su reglamento que data desde 1990, aunque se le hicieron reformas hace cinco años.

Al respecto queremos hacer las siguientes consideraciones. México es un país de jóvenes; la población que está entre el rango de los seis a los 30 años de edad es la mitad de la población. Ello quiere decir que por lo menos este amplio sector de la población requiere que el Estado proporcione y estimule la actividad deportiva como parte integral de su formación como ser humano, sin que ello suponga que rangos de edad más avanzados no deban ser considerados como sujetos para disfrutar de la actividad deportiva.

Sabemos que el deporte constituye una actividad formadora de carácter, además de ser benéfica para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; sin embargo, esto no le ha interesado a los regímenes priístas que se han dedicado a privatizar instalaciones deportivas.

Tal es el caso de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixuca y con ello limitado el ejercicio del deporte para todo público, no sólo en aquellos que históricamente han sido practicados por las élites, sino también deportes populares que tienen que desarrollarse en condiciones precarias.

En este afán de lucrar con el deporte han concesionado instalaciones que antes eran usadas con fines sociales, provocando que sean cada vez menos jóvenes los beneficiarios de la infraestructura antes pública, dando como consecuencia que los afectados sean arrastrados hacia la delincuencia y la drogadicción.

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que cualquier iniciativa gubernamental que estimule y fomente el deporte será letra muerta si no se le destinan los recursos económicos suficientes para ampliar la infraestructura deportiva.

Estamos totalmente de acuerdo en que el deporte, además de ser una actividad formativa de las personas, debe concebirse como una actividad que debe ser promovida y formada por el Estado.

Por ello es imperativo que el gobierno participe de manera activa y fundamentalmente en todo lo relacionado con el ámbito deportivo y su regulación.

Es necesario reconocer que el actual marco jurídico del deporte ha sido rebasado por las condiciones altamente competitivas en que se desenvuelven los diferentes eventos y competencias. Por ello se hace indispensable renovar este marco, para que las instituciones encargadas de fomentar y promover el deporte se adecúen a las nuevas condiciones existentes.

Tenemos que superar las tremendas carencias que hay en el deporte amateur, en el cual hemos sido testigos de la falta de apoyos institucionales para que los deportistas puedan par
ticipar en las competencias nacionales e internacionales.

La aprobación de esta ley debe constituir el primer paso para renovar las instituciones oficiales y privadas que promueven el deporte nacional.

Es muy grave que estos organismos hayan sido permeados por intereses oscuros que en muchas ocasiones sean ajenos al beneficio del deporte y sólo persiguen la ganancia económica por encima de los premios y reconocimientos deportivos.

En particular es imprescindible romper el monopolio que durante muchísimos años han detentado verdaderas mafias que se han enquistado en diversas organizaciones deportivas y que son las causantes de la enorme corrupción que se da al interior del deporte mexicano.

Si aspiramos a forjar deportistas de alto rendimiento y constituirnos en un país que tenga como uno de sus pilares al deporte, debemos apoyar este esfuerzo legislativo porque es uno de los aspectos que redundará en beneficio de los deportistas de este país.

Por todo lo anterior y considerando que esta ley constituye el inicio de un proceso que permita mejorar las condiciones que en materia deportiva tiene el país, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo vota por la afirmativa el proyecto de decreto en cuestión.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Vicepresidente:

Gracias, diputado Cantú.

Tiene la palabra el diputado Luis David Gálvez Gasca, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis David Gálvez Gasca:

Con su venia, señor Presidente:

Venimos a pedir el voto a favor de la más noble de las actividades, nadie puede estar en contra de las actividades deportivas, nadie puede estar en contra de la fuente primigenia de la organización social como es el deporte. Ningún partido político puede estar en contra de la actividad más socializadora del quehacer humano. Cualquier acto deportivo, cualquier actividad que esté vinculada al deporte son acciones educativas que estamos obligados a fomentar.

Por eso estamos frente a un acto histórico. Ofrecer instrumental jurídico a las actividades deportivas que se han quedado rezagadas, como rezagadas están numerosas actividades de nuestra vida social.

Si queremos una sociedad sana ofrezcamos los elementos para dar medicina preventiva a nuestra sociedad y no existe mejor medicina preventiva que el deporte. Ninguna de las discusiones que tuvimos en el seno de la comisión tuvo qué ver con la decisión de no mejorar la normatividad en las actividades deportivas. Todos estuvimos de acuerdo. Las discusiones fueron amplias, sí, pero todas tuvieron qué ver con la forma de modernizar, de ampliar, de enriquecer la organización; nunca nadie habló de omitir, de cancelar, de limitar, sino de abrir, de ampliar, de sumar.

Por eso, compañeras y compañeros diputados, la tardanza para la aprobación de esta iniciativa no refleja más que el proceso normal que corre todo documento jurídico y no que existan intereses que se opongan; no hay aquí litis, no hay debate en el seno de la comisión, lo que flotó permanentemente: la preocupación de sus miembros por dar a nuestra sociedad un documento que se acercara a la perfección.

Hubo discusiones, sí, pero fueron de semántica, de prosodia y hasta de ortografía. Porque hay términos deportivos como el "dopaje", que nos costaron trabajo adaptar. Pero aquí en materia deportiva no hubo debate virulento, todos coincidimos en que el deporte mexicano requiere reglas claras y aquí las tienen. No es un documento acabado, siempre habrá cuestiones que debamos perfeccionar, pero sí es un primer paso muy firme.

Quiero hablar en términos deportivos. Esta legislatura no perdia por default el cotejo para el que fuimos convocados. Esta legislatura se presentó al encuentro con todos sus miembros, que siempre fuimos puntuales. Aquí están los  resultados: el juez, llamado sociedad, deberá dar su veredicto. Aquí no hay vencedor ni vencidos, aquí todos somos ganadores porque estamos dando a la sociedad instrumentos para que puedan jugar mejor. Aquí gana la educación, la recreación y sobre todo la salud. Aquí ganaron los derechos sociales de los mexicanos, el desarrollo deportivo, los amateurs y los profesionales, los árbitros, los umpires, los jueces, los managers y también los jugadores.

Demos un banderazo de salida al nuevo resplandor deportivo que a México le espera. Mi tiempo en tribuna ha terminado, comienza hoy una nueva época deportiva. ¡Hasta la victoria siempre!

Es cuanto, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Gracias diputado.

Tiene la palabra el diputado Bernardo Segura Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Bernardo Segura Rivera:

Con la anuencia de la Presidencia.

El Vicepresidente:

Adelante, señor diputado.

El diputado Bernardo Segura Rivera:

Compañeras y compañeros diputados:

Hoy es un día muy importante para todos aquellos sectores de la población que están inmiscuidos en el mundo del deporte.

Mi partido, el de la Revolución Democrática, en sus ideales siempre le ha dado cabida a la idea de que no exista ningún mexicano alejado o marginado de la práctica deportiva, incluso para aquellos que estén mermados o disminuidos de sus facultades y capacidades físico y mentales.

El dictamen que hoy se vota es el primer gran paso para regular y ordenar jurídicamente nuestro deporte, definiéndolo como una actividad social que propicia la igualdad en la democracia, que fortalece el carácter y el ánimo de triunfo en la población y en particular el de la juventud.

Sabemos que el deporte es una de las actividades más nobles del ser humano, que conlleva al mejoramiento de la salud e integra a quienes lo practican a la sociedad, además de que contribuye al desarrollo armónico de las facultades del individuo, tal como lo marca el artículo 3o. de nuestra Constitución Política.

Que quede claro que con la aprobación de este dictamen no se solucionará a corto plazo la problemática del deporte, pero los deportistas tendrán la garantía de que el deporte se regirá por una nueva ley y un reglamento que incluyen el apoyo médico, técnico y económico para quienes por su capacidad se hagan acreedores a ello.

El organismo responsable del Ejecutivo Federal en materia de deporte vigilará, coordinará y reconocerá a las federaciones deportivas que cumplan con los requisitos que establezca el reglamento, para hacerse acreedor a los apoyos que la Conade brinda.

Avanzaremos en la instrumentación de reformas que permitan rediseñar las instituciones deportivas existentes. Estamos seguros que la Ley del Deporte que proponemos tendrá efectos positivos, porque la elaboramos con la firmeza y con la convicción de que el deporte es un medio ideal para promover el bienestar y la sociabilidad en la población.

En el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de los grandes beneficios sociales del deporte, es por ello que el día de hoy habremos de votar a favor de este dictamen que seguramente dará a aquellos deportistas que por muchos años no han sido escuchados, por aquellos deportistas que en base al esfuerzo y al sacrificio diario y continuo, no han sido escuchados. Por eso, a todos los miembros de esta Cámara de Diputados, les pido que votemos a favor de esta noble causa.

570,571 y 572

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Gracias, diputado Bernardo Segura.

Tiene la palabra el diputado Trinidad Escobedo Aguilar, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El diputado Trinidad Escobedo Aguilar:

Honorable Asamblea:

Quiero felicitar a los integrantes de la Comisión del Deporte, por la entrega y el entusiasmo que se ha puesto a lo largo de esta legislatura, para anteponer en bien del deporte cualquier interés político-partidista.

El ánimo que ha seguido en los trabajos realizados ha sido pensando siempre en el bien superior de la nación, desde luego, cada uno desde su trinchera y desde su particular punto de vista, pero siempre pensando en que el resultado fuese para todos los mexicanos, sin importar su afiliación partidista. Por eso, para Acción Nacional el Estado mexicano no debe permanecer ajeno al deporte como una actividad vital del género humano, por consiguiente es preciso replantear y delimitar el compromiso que se tiene frente a los ciudadanos que practican, enseñan o promueven alguna rama deportiva.

El tema del deporte debe dejar de ser discurso político electorero y pasar al plano ejecutivo de los presupuestos tanto federales, estatales, como municipales.

Además, debe de dejar de ocupar un lugar secundario en las prioridades nacionales y dejar de ser el primero en los recortes presupuestales.

Para Acción Nacional el tema no le es ajeno pues su doctrina, se funda en el respeto a la dignidad de las personas, se reconoce en el deporte la herramienta al servicio del ser humano para lograr el desarrollo armónico de todas las facultades físicas e intelectuales tendientes a encontrarse y revalorarse a sí mismo y a los demás.

En Acción Nacional situamos al deporte en un ámbito que trasciende su concepción meramente educativa, ése es un factor además de servir a la educación para conservar la salud, sirve en las relaciones sociales y familiares pues facilita la sana convivencia, es un factor de unidad por encima de diferentes clases sociales, raciales, religiosas o políticas, inhibe conductas antisociales, es fuente de empleo para muchos mexicanos, es sin duda, un elemento de identidad nacional, sólo basta ver cuando juega cualquier selección mexicana para ver que todo México se une en torno al deporte.

Fomenta el turismo deportivo, el turismo de aventura y por supuesto el ecológico; para nosotros la responsabilidad del Gobierno en los órdenes federal, estatal y municipal no se mide por las medallas olímpicas que se obtengan o dejen de ganarse, la valoración debe ser objetiva en el sentido de medir la calidad y la cantidad de los espacios deportivos al alcance de más mexicanos, por supuesto esto sin menoscabo del impulso a los deportistas de alto rendimiento cuyo ejemplo debe ser reconocido y promovido entre la niñez y la juventud.

Es por ello que en nuestra plataforma legislativa, para esta actual legislatura, proponemos y propusimos que el deporte se debe reglamentar adecuadamente y que se replantee la organización de las instituciones públicas que lo estimulan y lo promueven en la sociedad; por ende, al suscribir el presente dictamen, tenemos la voluntad de apoyarlo con nuestro voto favorable a fin de que la comunidad deportiva nacional disponga de un marco jurídico de pleno derecho.

En consecuencia, compañeros legisladores, pedimos que su voto sea a favor del dictamen por considerar que en este proyecto se logran los siguientes fines:

1) Establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados y los municipios respetando el principio de federalismo auténtico y que propicie el desarrollo regional y local.

2) Pretendemos mejorar la planeacion, seguimiento y evaluación en el desarrollo del deporte nacional con objeto de convertir la estructura deportiva nacional en instrumento de interés público cuyas responsabilidades claras se tornen en resultados objetivos, medibles y con una sola cabeza rectora del deporte nacional.

3) Diferenciar la educación física del deporte al fortalecer su impartición en el sistema educativo, además de unir ambos conceptos, educación física y deporte a través de la iniciación deportiva.

4) Consolidar el apoyo a los deportistas con algún tipo de discapacidad y especialmente a los de la tercera edad mediante el reconocimiento de su derecho a practicar el deporte no como un mero tratamiento de rehabilitación, sino como parte de su desarrollo personal integral.

5) Igualar las oportunidades entre hombres y mujeres para que practiquen el deporte de su preferencia respetando desde luego su dignidad individual.

6) Fortalecer el Fondo Nacional del Deporte estimulando la inversión de los particulares en el desarrollo y promoción deportiva.

7) Tratar por primera vez el tema del deporte profesional estableciendo criterios para que los deportistas profesionales tengan también derecho a los beneficios de esta ley equiparándolos con los deportistas de alto rendimiento.

8) Reconocer la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, como la instancia competente para impartir la justicia deportiva en las controversias y aplicación de sanciones a las normas y reglamentos deportivos.

9) Impulsar la medicina y las ciencias aplicadas al deporte con el fin de apoyar el desarrollo metodológico del deporte nacional, además de prevenir lesiones y el uso de sustancias prohibidas.

Por consiguiente, los integrantes de la Comisión del Deporte estamos conscientes de que toda ley es perfectible, sin embargo esperamos que las próximas generaciones habrán de mejorarla y de profundizar aún más de acuerdo a los intereses supremos de la nación.

Queda pendiente solamente un tema que no se agota con la presente ley, éste es el debate sobre reconocer el derecho inalienable de todo ser humano a la práctica de la educación física y el deporte, según lo recomienda la UNESCO en su Carta Internacional del Deporte, desde hace más de 20 años.

Por lo anteriormente expuesto, pido su voto favorable a este dictamen que tiene el proyecto de Ley General del Deporte.

El Vicepresidente:

Gracias, señor diputado.

Para intervenir respecto al mismo tema de la Ley General del Deporte, tiene la palabra el diputado Salomón Elías Jauli y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El Vicepresidente:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En virtud de que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria el texto de dictamen de proyecto de decreto de la Ley General del Deporte, expondré a ustedes, a nombre de la Comisión del Deporte, los fundamentos del mismo de acuerdo a las siguientes

CONSIDERACIONES

El 28 de junio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por lo que se adiciona la fracción XXIX-J, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 18 de noviembre de 1999 fue turnada a la Comisión del Deporte de esta LVII Legislatura, una iniciativa de ley para reglamentar la materia deportiva en nuestro país.

Es importante resaltar que tanto la iniciativa como el dictamen que hoy se somete a su consideración, tiene como sustento lo establecido en la fracción XXIX-J del artículo 73 de nuestra Carta Magna.

Este es el cambio que está orientado al desarrollo para lograr la consolidación de una cultura deportiva en nuestro país, provista de todos los apoyos provenientes de todos los sectores sociales, en particular la inducción de los municipios para destinar recursos y proporcionar
a la población en general mejores condiciones de acceso a la práctica de actividades.

El deporte ha evolucionado desde la concepción que se tenía del mismo, en todo el mundo, de tal manera que la mayoría de los países europeos lo consideran como un derecho social inalienable, destacando países como España, Francia, Bélgica y Australia.

Esta inercia y la suma de voluntad de todos los partidos políticos, ha dado resultados que son históricos para esta Cámara de Diputados y para el desarrollo del deporte del país.

El presente dictamen coincide con la necesidad de establecer bases de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, de acuerdo a las siguientes

PROPUESTAS

Que la Federación, estados, el Distrito Federal y los municipios, en sus respectivos ámbitos de gobierno, se coordinen de acuerdo a su facultad concurrente y realicen la promoción de la práctica deportiva para que ésta no recaiga solamente en la Federación.

El fortalecimiento de la Comisión Nacional del Deporte, otorgándole pleno reconocimiento como la autoridad a través de la cual el Ejecutivo Federal regula la promoción deportiva en el país, pero a su vez se le otorga la gran responsabilidad de coordinar esfuerzos y presente y además que hay resultados.

Así también se menciona la potestad de la Secretaría de Educación Pública en congruencia con la Ley General de Educación, reconociendo su responsabilidad para fomentar la enseñanza de educación física y la práctica deportiva en los niveles educativos básico y medio superior.

Es importante destacar que es aquí donde la detección a tiempo de un deportista hace la diferencia para lograr la medalla, el oro que tanto desean los deportistas.

Una parte trascendental lo integran, por una parte, la autonomía de los estados, el Distrito Federal y los municipios, para decidir cómo van a realizar la promoción deportiva en su territorio y, por otra, la facultad de hacerlo.

Señores: los estados, los municipios, tendrán la libertad de poder llevar a cabo sus programas deportivos, cosa que ahora dependían de un solo fin. Con este hecho sin precedente rompemos con un perjuicio ancestral que soslayaba a la práctica deportiva del Gobierno, por considerarse sólo un pasatiempo.

Se propone que reconozca la participación de la iniciativa privada. La iniciativa privada, señores, la parte importante para ser un elemento insustituible de la promoción deportiva, en la actualidad a través de las atribuciones de responsabilidad de órgano competente del Ejecutivo Federal, conseguir incentivos fiscales atractivos para la inversión en la promoción deportiva, abrir la puerta a la iniciativa privada para que invierta en el deporte con mejores incentivos fiscales. Esto ha sido algo que no hemos tenido y que ahora estamos proponiendo y pidiendo el apoyo de todos ustedes.

La valorización del trabajo realizado por organismos deportivos civiles y nacionales, como el Comité Olímpico Mexicano, la Confederación Deportiva Mexicana, los consejos nacionales del deporte estudiantil.

Es importante quedar bien aclarado que el punto de acuerdo por consenso en el artículo 7o. queda igual, sólo se adiciona la fracción XXIV, para quedar como sigue:

Fracción XXIV. "Otorgar reconocimiento a las federaciones deportivas en el marco del Sistema Nacional del Deporte". La actual fracción XXIV se recorre y se queda como fracción XXV. O sea, el artículo 21: "La confederación deportiva tendrá la facultad de afiliar a las federaciones deportivas nacionales, que serán la máxima instancia técnica del deporte federado, en su especialidad deportiva y deberán representar un solo deporte con todas sus modalidades especiales, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación internacional".

Se plantea reconocer plenamente como organismo que coadyuve con el Gobierno para la promoción deportiva en el país. Al alto rendimiento se le define como la práctica sistemática de especialidades deportivas con altas exigencias de entrenamientos para deportistas.

573,574 y 575

Así también, se plantea que la responsabilidad de la representación nacional, en competen
cias internacionales, sólo radica en el órgano competente del Ejecutivo Federal, siendo a su vez encargado de coordinar y desarrollar esta área.

No es posible que los colores nacionales sólo sean responsabilidad de las federaciones nacionales y del Comité Olímpico Mexicano. Es un hecho sin precedente que significa la incorporación del deporte promocional, excluido expresamente en la ley vigente hasta este momento. Hasta este momento el deporte profesional estaba totalmente excluido.

Por lo tanto, en este momento, en el entendido de que no es justificable que el deporte nacional se desarrolle al margen de esta rama de la actividad deportiva, que hoy sin duda alguna para los aquí presentes, es la actividad humana que mueve a millones de practicantes deportistas.

La capacitación y la investigación en materia deportiva, se considera indispensable para el desarrollo del deporte, por lo que el dictamen que los entrenadores, instructores, profesores de educación física, en todos los niveles educativos, directivos y quienes tienen a su cargo deportistas, realicen su trabajo en una base de capacitación eficaz.

Por otra parte, se propone que el dopaje se considere como una actividad ilícita dentro de nuestro deporte, partiendo de la implementación de acciones para su prevención y del establecimiento de las siguientes prioridades: el que el órgano competente del Ejecutivo Federal publique la lista de sustancias prohibidas y de métodos no reglamentarios en el deporte; que la misma autoridad se encargue de proporcionar a los deportistas, considerados de alto rendimiento y talentos deportivos, la cartilla nacional antidopaje.

La construcción y adecuación de infraestructura deportiva pública debe considerarse de interés social y que las personas con algún tipo de discapacidad, como ciegos y débiles visuales, sobre sillas de ruedas, sordos o deportistas especiales, utilicen las instalaciones deportivas.
Para el incremento de la construcción de infraestructura deportiva en el país, se plantea la coordinación de la facultad concurrente entre los tres ámbitos de Gobierno y que los recursos disponibles se orienten a desarrollar este aspecto tan importante.

La justicia deportiva requería de una redefinición en la que la instancia encargada de dirimir, controversiar, cuente con una plena autonomía, donde el Ejecutivo Federal deberá prever el otorgamiento de recursos para el funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje.

Diputadas y diputados: lo anteriormente expresado nos conducirá a la realización de los siguientes puntos: solamente les digo que es la definición precisa de una política de estado en materia, en los tres ámbitos de Gobierno y además de los municipios que les asignen recursos económicos; que la Secretaría de Educación Pública redefina la impartición de la materia de educación física en los niveles básico, medio superior, coadyuvando a través de los consejos nacionales del deporte estudiantil; que la obtención de medallas en eventos oficiales e internacionales se incremente, pero que esto no signifique la finalidad de nuestro deporte, sino que sirva de ejemplo para que más mexicanas y mexicanos practiquen una actividad deportiva y que esto se realice desde la edad temprana.

Lo anterior, compañeras y compañeros, debe ser nuestro verdadero reto. Se les otorga el reconocimiento a las federaciones deportivas nacionales y la máxima autoridad.

Por último, quiero agradecer a los diputados que han ayudado a que se haga posible llevar a la Constitución y llevar por primera vez en la historia a hacer una ley que esté en la Constitución.

Quiero agradecer y reconocer los trabajos del diputado Pablo Gómez Alvarez, de Carlos Medina Plascencia, de Enrique Jackson Ramírez y así también de los diputados Rafael Oceguera Ramos, Fidel Herrera Beltrán y Miguel Quiros Pérez.

También quiero agradecer... Sí, ése ha sido un trabajo de una comisión que se entregó desde hace tres años a Felipe Urbiola Ledesma y en su momento a los ciudadanos Arturo Núñez Jiménez y Santiago Creel Miranda.
Quiero agradecer a mi comisión por el gran entusiasmo y trabajo, a José Luis Acosta Herrera...

El Vicepresidente:

Diputado, su tiempo ha concluido, le ruego que concluya.

El diputado Salomón Elías Jauli y Dávila:

Y a todos los que trabajan en la comisión.

Compañeros: es un día histórico para el deporte, por primera vez en la historia estamos en la Constitución.

Muchas gracias.

El Vicepresidente:

Diputado un momento, por favor. ¿Las modificaciones que propuso usted, nada más para aclararnos bien, son relacionadas a los artículos 7o. y 21? ¿Así es?

El diputado Salomón Elías Jauli y Dávila:

Sí.

El Vicepresidente:

Por favor, nada más esa modificación.

Le vamos a pedir que lea la modificación que propone a nombre de la comisión, en relación con los artículos 7o. y 21 del dictamen.

El diputado Salomón Elías Jauli y Dávila:

Punto de acuerdo, por consenso, el artículo 7o. queda igual, sólo se le adiciona la fracción XXIV, para quedar como sigue: "otorgar reconocimiento a las federaciones deportivas en el marco del Sistema Nacional del Deporte".

La actual fracción XXIV se recorre y queda como fracción XXV.

El artículo 21 quedará como sigue: "la Confederación Deportiva Mexicana tendrá la facultad de afiliar a las federaciones deportivas nacionales, que serán la máxima instalación técnica del deporte federado en sus especialidades deportivas y deberán representar un solo deporte, con todas sus modalidades y especialidades, en los términos de reconocimiento de sus respectivas federaciones internacionales.

El Vicepresidente:

Muchas gracias, diputado Jauli.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el asunto en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Gracias.

Debido a que se ha hecho esta propuesta de modificación a nombre de la comisión, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo quien haga uso de la palabra y debido a que el diputado Jauli a nombre de la comisión ha hecho una propuesta de modificaciones, le pido que consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si acepta las modificaciones propuestas a los artículos 7o. y 21, hechas por el diputado Jauli y Dávila a nombre de la Comisión del Deporte.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión.

En votación económica se pregunta a los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de Ley General del Deporte, con las modificaciones que acaban de ser aprobadas por esta Asamblea.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para tomar la votación nominal del proyecto de ley con las modificaciones previamente aceptadas.

(Votación.)

Se emitieron 432 votos a favor.

El Presidente:

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de ley con las modificaciones hechas a los artículos 7o. y 21, por 432 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley General del Deporte.

La secretaria María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

LEY ADUANERA

El Vicepresidente:

El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 8 de abril, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen y se somete a discusión y votación de inmediato.

El secretario Jesús Gutiérrez Vargas:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.-LVII Legislatura.- Comisión de Comercio.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que adiciona y reforma la Ley Aduanera, presentada al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 21 de octubre de 1999 y suscrita por diputados miembros de diversas fracciones parlamentarias. En dicha iniciativa se propone establecer las condiciones para la importación por personas físicas de vehículos automotores usados, destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país y en los estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial del Estado de Sonora y municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora.

Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. En fecha 21 de octubre de 1999, fue presentada una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Aduanera por parte del diputado Adalberto Balderrama Fernández, del Partido Acción Nacional, así como por otros legisladores del mismo partido.

Segundo. En fecha 21 de octubre de 1999, la Secretaría de esta Cámara dictó el siguiente trámite "Túrnese a la Comisión de Comercio".

Tercero. Los diputados integrantes de la Comisión de Comercio se abocaron al estudio de la iniciativa aludida al tenor de lo siguiente

576,577 y 578

 

 

CONSIDERANDO

1. La iniciativa mencionada en el proemio establece que el objeto central de la misma es que las personas físicas residentes en la franja fronteriza norte del país y en los estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial del Estado de Sonora y Municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, puedan importar vehículos automotores usados, destinados a permanecer definitivamente en esos lugares.

La iniciativa establece los tipos de vehículos que podrán importarse, así como el uso para el cual deberán destinarse, los requisitos para realizar la importación, la tasa impositiva que se causará y demás disposiciones generales que regirán estos actos.

2. En dicha iniciativa se menciona "...que con los cambios que se dieron en las disposiciones normativas emanadas del Poder Ejecutivo, hace prácticamente una década, se suprimió (sin clarificar cuales fueron las causas para esta supresión) el derecho de las personas físicas para poder importar directamente los vehículos usados...".

3. Actualmente la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinado a permanecer en los lugares que se han mencionado únicamente puede llevarse a cabo por las empresas comerciales de autos usados.

RESULTANDO

I.
Los miembros de esta comisión coincidimos plenamente, en el sentido de la iniciativa en comento, en virtud de que considera que es plausible el propósito de permitir que las personas físicas importen vehículos automotores, con las condiciones y bajo las circunstancias que se establecen, toda vez que:

1. Resultó manifiesto el interés que tiene la ciudadanía al respecto, ya que fueron turnados a esta comisión documentos que contienen más de 7 mil firmas de ciudadanos que habitan en la franja fronteriza.

2. La situación de migratoria de ciudadanos del interior de la República hacia la zona fronteriza, que buscando mejores oportunidades de trabajo con la esperanza de una mejoría económica para su familia, buscan internarse hacia el país vecino. Sin embargo, al no lograr este propósito, se establecen de manera definitiva en nuestras ciudades fronterizas. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, permanecen un promedio de 50 mil personas al año, que la mayor de las veces encuentran trabajo en las empresas maquiladoras. Esto incrementa en gran medida las exigencias para dotar de mayor infraestructura y servicios a estos nuevos pobladores de estas zonas; paralelamente a esta situación, se requiere proporcionar mejores oportunidades de desarrollo.

Con esta iniciativa se pretende apoyar a las personas que no han tenido las oportunidades necesarias que les faciliten el acceso de un vehículo automotor usado y que de manera directa puedan importar, cubriendo todos los requisitos que las autoridades competentes establezcan.

Por lo anterior, consideramos que resulta evidente el sentido social que contiene la iniciativa.

3. Contrasta con lo expresado en el punto anterior la situación de lucro económico que presenta la situación legal actual, donde las empresas comercializadoras son las únicas autorizadas por un acuerdo administrativo para la compraventa de autos usados, toda vez que tienen acceso a los permisos que con este fin se utilizan.

En otras palabras debe ser la ley y no los acuerdos administrativos los que establezcan derechos u obligaciones y prohibiciones en su caso a los gobernados, ya que debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación el cual es supletorio de la Ley Aduanera de conformidad con su artículo 1o., en el sentido de que los acuerdos administrativos o circulares sólo pueden establecer derechos para los particulares más nunca obligaciones.

II. Para obtener mayores elementos de juicio con respecto a la iniciativa en comento, se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 23 de octubre, el "Foro de Consulta Ciudadana sobre la Fronterización de Vehículos Automotores Usados".

En este foro convergieron los grupos de mayor interés en este tema: los comercializadores de autos usados, particulares, partidos políticos, representantes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se concluyó que es necesario legislar en esta materia, con objeto de mejorar las condiciones de los particulares, toda vez que no existe razón fundamentada que excluya a los ciudadanos en lo particular, para realizar su importación directamente, siendo aplicable el razonamiento vertido en el punto tres, de la parte uno del capítulo de antecedentes de este dictamen.

Por otra parte, se presentaron datos en los que se demostró que el Gobierno está dejando de percibir una buena cantidad de recursos con la actual situación por concepto de pago de tenencia y demás impuestos por la adquisición de vehículos automotores usados, toda vez que la compra ha estado restringida a las comercializadoras de autos.

III. De la procedencia constitucional de la iniciativa en dictamen:

1. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Congreso de la Unión, en los términos del artículo 73 fracción VII, establecer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.

2. Por su parte, la fracción XXIX del citado artículo 73 constitucional, dice que es facultad del propio Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el comercio exterior.

3. Por lo anterior, corresponde al Congreso de la Unión la creación de impuestos y el establecimiento de exenciones al pago de los mismos.

IV. De la doctrina e interpretación jurídica:

1. Raúl Rodríguez Lobato, en su obra derecho fiscal, sostiene: "la exención consiste en que por disposición de la ley queda liberado de su obligación el sujeto pasivo de la obligación fiscal, es decir, la exención es, esencialmente, una liberación de la obligación por disposición de ley. En consecuencia, si con la exención se libera al contribuyente de su obligación, es obvio que aunque realizó el hecho generador, no se le puede exigir legalmente el cumplimiento de la obligación fiscal".

2. En opinión del autor antes citado, el Estado, como atributo inherente a su soberanía, está dotado de la potestad tributaria y por ella facultado no sólo para establecer los tributos que considere necesarios para satisfacer los gastos públicos, sino también para graduar la medida de la imposición. Quien puede lo más, puede lo menos y aquí lo más es establecer un tributo y lo menos es dar las reglas para la graduación de su medida, por ejemplo, limitar el objeto, elegir el tipo de tarifa, no exigir el cumplimiento de la obligación a una determinada categoría de contribuyentes etcétera. Por ello, se reconoce que así como el Estado tiene potestad para imponer cargas tributarias, tiene igualmente potestad para establecer el privilegio de la exención o para suprimirlo.

3. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el sujeto exento es la persona física o moral cuya situación legal normalmente tiene la calidad de causante, pero que no está obligado a enterar el crédito tributario por encontrarse en condiciones de privilegio o franquicia (Suprema Corte de Justicia de la Nación, informe 1980, segunda sala).

4. Por otro lado, es adecuado considerar la opinión de otro tratadista, el doctor Máximo Carvajal Contreras, en su obra de Derecho Aduanero, considera que la exención supone la existencia de una norma impositiva que define un hecho imponible, el cual al realizarse da nacimiento a una obligación tributaria, así como a una norma que ordene que dicha obligación no deberá producir los efectos de pago del gravamen, no obstante la realización del hecho imponible determinado en la ley.

5. De lo antes expuesto, se desprende que el Congreso de la Unión, está facultado para legislar un beneficio de desgravación impositiva a favor de los particulares que pretendan adquirir un vehículo automotor usado en la franja y región fronteriza especificadas.

Corresponde constitucional y originariamente al Congreso de la Unión la potestad de legislar tanto para la creación de impuesto como para su supresión, modificación, extinción o exención.

En cuanto al fondo, esta comisión ha considerado realizar las siguientes modificaciones a la iniciativa que se dictamina.  

Artículo 137-C. Que el pago del impuesto general de importación deberá ser del 60% y no del 50% como se propone en la iniciativa analizada, con el fin de procurar mayores recursos fiscales a la Federación.

Artículo 137-D. Es pertinente incrementar el valor de los automóviles de 12 mil a 13 mil dólares de los Estados Unidos de América, con objeto de adecuar esta cantidad al incremento de los precios de los vehículos en el mercado actual.

Artículo 137-E. Es adecuado, que las personas que adquieran este tipo de vehículos comprueben su mayoría de edad, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, accidentes innecesarios, por lo que se adiciona el texto contenido en la fracción II.

En cuanto a la forma, se realizaron diversas modificaciones con el fin de que la redacción sea más explícita.

Una vez expuestas las consideraciones anteriores, estimamos conveniente señalar a manera de síntesis, las siguientes

CONCLUSIONES

1.
Consideramos necesarias las adiciones que se proponen a esta soberanía.

2. Los integrantes de esta comisión que dictamina hemos hecho propio el contenido esencial de esta iniciativa, porque consideramos que contribuye de manera fundamental a la justicia y a la equidad.

DICTAMEN

Unico.
En términos de los considerandos y resultandos del presente dictamen, se aprueba la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Aduanera, presentada el 21 de octubre de 1999, por el diputado Adalberto Balderrama Fernández, del Partido Acción Nacional, así como por otros legisladores del mismo partido, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometieron a la consideración del honorable Congreso de la Unión, en virtud de lo cual sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero.
Se adiciona un último párrafo al artículo 62 y un último párrafo al artículo 137, para quedar como sigue:

"Artículo 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


En todos los casos a que se refiere este artículo la Secretaría deberá observar las disposiciones previstas en los artículos 137-A al 137-I de esta ley.

Artículo 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La importación definitiva de vehículos automotores usados por parte de personas físicas residentes en la franja fronteriza norte, así como en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, destinados a permanecer en estos lugares se sujetará a lo dispuesto por los artículos 137-bis-I al 137-bis-9 de esta ley."

Artículo segundo. Se adicionan los artículos 137-A; 137-B; 137-C; 137-D; 137-bis-E; 137-F; 137-G y 137-H a la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

"Artículo 137-A. Las personas físicas que acrediten su residencia en la franja fronteriza norte, así como en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, podrán efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos lugares.

Artículo 137-B. Para efectos del artículo anterior y de los siguientes, se entiende por:

I. Persona física: el ciudadano mexicano al que la ley ha dotado de derechos y obligaciones;

II. Franja fronteriza norte, la comprendida entre la línea divisoria internacional con los Estados Unidos de América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el golfo de México;  

579,580 y 581  

III. Región parcial del Estado de Sonora, a la comprendida en los siguientes límites: al norte la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoita, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de puerto Peñasco, de ahí siguiendo el cauce del ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional;

IV. Año modelo, al periodo comprendido entre el 1o. de noviembre de un año al 31 de octubre del año siguiente;

V. Automóvil, al vehículo destinado al transporte hasta de 10 personas, incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas "VAN" y que tenga instalado convertidor catalítico de fábrica;

VI. Vehículo comercial, al vehículo con o sin chasís para el transporte de mercancías o de más de 10 personas, con peso bruto vehícular de más de 2 mil 727 pero no mayor de 7 mil 272 kilogramos;

VII. Camión mediano, al vehículo con o sin chasís para el transporte de mercancías o de más de 10 personas, con peso bruto vehícular de más de 2 mil 272 kilogramos, pero no mayor de 8 mil 864 kilogramos;

VIII. Vehículo usado, al vehículo de cinco o más años-modelo anteriores a la fecha en que se realice la importación.

Artículo 137-C. La importación a que se refiere el artículo 137-A, causará el 60% del impuesto general de importación que corresponda a la importación de los vehículos conforme a su clasificación arancelaria.

La importación de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores, se exime del requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Artículo 137-D. Los vehículos que podrán importarse conforme a las disposiciones legales anteriores, son los siguientes:

I. Automóviles cuyo valor no exceda de 13 mil dólares de los Estados Unidos de América, excluyendo los vehículos deportivos, de lujo y convertibles.

II. Camiones comerciales ligeros y medianos, propulsados por motor de gasolina.

Los vehículos señalados en el presente artículo, deberán ser similares a los de las marcas de fabricación nacional, de conformidad con la lista que publique la secretaría del ramo competente en el Diario Oficial de la Federación, dentro del tercer trimestre de cada año, con la previa opinión de la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz.

Artículo 137-E. Las personas físicas que pretendan efectuar la importación de los vehículos en los términos de los artículos anteriores deberán cumplir con lo siguiente:

I. Acreditar la nacionalidad mexicana con acta de nacimiento o de naturalización correspondiente;

II. Presentar documento oficial que compruebe su identidad y mayoría de edad;

III. Comprobar su residencia en la franja y regiones fronterizas referidas, de seis meses anteriores a la fecha de la importación del vehículo, mediante cualquiera de los documentos oficiales expedidos a nombre del interesado, en donde conste el domicilio ubicado en la franja o región fronteriza de que se trate;

IV. Presentar el pedimento de importación correspondiente, que deberá contener las características, marca, tipo, línea, modelo y número de serie, con el que se comprobará su legal estancia en el país y

V. Presentar al momento del despacho aduanero conjuntamente con los documentos aduaneros respectivos, la constancia que acredite que el vehículo a importar cumple con las normas técnicas de emisión máxima permisible de contaminantes en su país de origen.

Artículo 137-F. La importación de vehículos automotores usados que se realicen en los términos de los artículos anteriores, se limitará a una unidad por persona.

Asimismo, la persona física que afecte la importación de una unidad vehícular usada, no podrá volver a efectuar la importación de otra unidad vehícular, en los términos de los artículos precedentes, sino después de haber transcurrido un año de la primera importación, siendo aplicables a su comercialización las limitaciones que derivan de las disposiciones aduaneras vigentes.

Un año de la primera importación, siendo aplicables a su comercialización las limitaciones que derivan de las disposiciones aduaneras vigentes.

Artículo 137-G. La internación al resto del territorio nacional de los vehículos importados conforme a las disposiciones legales que preceden, se regirá por lo dispuesto en esta Ley Aduanera y por las demás disposiciones aplicables.

Artículo 137-H. En lo conducente, serán aplicables a las importaciones de vehículos usados, a que se refieren los artículos anteriores, las disposiciones contenidas en esta ley y por las demás disposiciones aplicables."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.
El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de julio del año 2000.

Segundo.
A partir del año 2009, la importación de autos usados en las franjas y regiones fronterizas a que se refieren los artículos del presente, se realizará de conformidad con lo establecido en el apéndice 300-A.2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de abril de 2000.- Diputados: Juan J. García de Alba Bustamante, presidente; José A. Herrán Cabrera, Antonio Prats García, Jairo García Quintanar, Maximiano Barbosa Llamas, secretarios; Julio Faesler Carlisle, Benjamín Gallegos Soto, Felipe de Jesús Preciado Coronado, Adalberto Balderrama Fernández, Rogelio G. Mancillas Bartolussi, Leopoldo Enrique Bautista Villegas, Juan José González Davar, Alberto López Rosas, Sergio Benito Osorio Romero, Leticia Robles Colín, Pedro Salcedo García, María de la Fuente Solís, Enrique Padilla Sánchez, Ignacio García de la Cadena Romero, José Zuppa Núñez, Rigoberto Armando Garza Cantú, Víctor Manuel López Cruz, María Guadalupe Martínez Cruz, Gonzalo Morgado Huesca, Teresa Núñez Casas, Orlando Alberto Paredes Lara, Sara Esthela Velázquez Sánchez, Domingo Yorio Saqui y José Gascón Mercado.»

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

Señor Presidente, en virtud de existir dudas en cuanto a la votación, solicitamos que se abra el sistema electrónico de votación.

El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul):

Señor Vicepresidente.

El Vicepresidente:

A ver, permítanme.

Abran el micrófono del diputado Pablo Gómez Alvarez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez
(desde su curul):

Parece que no está claro qué es lo que la Presidencia está pidiendo que se vote y lo digo porque varios diputados del PRI ya habían votado a favor y después votaron en contra o sea, votaron dos veces y en sentido contrario. Pero me parece, señor Presidente, que no es necesario dispensar la lectura si el dictamen ha sido publicado al menos 48 horas antes de la hora y fecha de hoy en la Gaceta Parlamentaria.

Yo sé que hay una costumbre todavía en la Secretaría de la Cámara, que es la vieja costumbre de pedir dispensa de la lectura del acto mismo de la lectura; pero eso ya fue rebasado por esta legislatura. Las lecturas no son necesarias, habida cuenta de que se publique; ya existe la Gaceta Parlamentaria, que es una de las mayores instituciones de la presente legislatura. 

Por lo tanto, señor Presidente, me parece que no procede pedir ninguna dispensa de nada. Si tiene 48 horas publicado ese dictamen ya es dictamen y por lo tanto debe de ponerse a votación del pleno.

Gracias.

El Vicepresidente:

Activen el micrófono del diputado Rafael Oceguera.

El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos
(desde su curul):

Señor Presidente: ¡increíble, pero tiene la razón Pablo Gómez! Por favor proceda usted a considerar dispensada la lectura y en consecuencia déle trámite a la moción suspensiva que mi grupo pretende interponer.

El Vicepresidente:

En virtud de que ha sido publicado con más de 48 horas el dictamen, se procede a la discusión en lo general del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Ha solicitado la palabra el diputado Jesús Ignacio Arrieta Aragón, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una moción suspensiva. Tiene la palabra el diputado Jesús Ignacio Arrieta Aragón.

El diputado Jesús Ignacio Arrieta Aragón:

Gracias, señor Presidente, con su permiso.

«Señor Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados:

Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 24 del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, del 6 de noviembre de 1997, solicitamos de usted dar entrada y someter a consideración del pleno la presente moción suspensiva a la discusión del dictamen aprobado por la mayoría de la Comisión de Comercio de esta Cámara de Diputados, sobre la iniciativa de decreto que adiciona y reforma la Ley Aduanera, por la que se propone establecer las condiciones para la importación por personas físicas de vehículos automotores usados destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país.

Sustentamos la presente moción suspensiva al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

La reforma a la Ley Aduanera que se propone resulta violatoria de lo dispuesto en el artículo 131 constitucional, de la Ley de Comercio Exterior, la Ley del Impuesto General de Importaciones y de la propia Ley Aduanera, por lo siguiente: de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior corresponde al Ejecutivo Federal establecer medidas para regular y restringir la importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secofi, publicados en el Diario Oficial de la Federación en los que se identifique la clasificación arancelaria de las mercancías.

Además la Ley del Impuesto General de Importación regula los aranceles aplicables a la importación de mercancías, por lo que cualquier incremento o disminución a los aranceles, debe efectuarse en este ordenamiento o bien, por decreto del Ejecutivo Federal.

La Ley Aduanera establece asimismo los procedimientos aplicables a la importación de las mercancías, las obligaciones de los importadores, las facultades de verificación de la autoridad y las infracciones y sanciones por incumplimiento a las obligaciones, por lo que la eliminación de regulaciones y el establecimiento de aranceles, no son materia de esta ley.

Características del decreto vigente.

1.
La importación sólo la pueden realizar empresas comercializadoras registradas ante la Secofi en los conocidos como loteros, sujetos a los siguientes requisitos:   

582,583 y 584


Registro ante la Secofi, capital mínimo de 50 mil pesos, instalaciones para la atención al público, cuota máxima de 20 unidades mensuales.

2. La importación de los vehículos se sujeta al pago de un arancel mixto que se compone por el 1% sobre el valor del vehículo y una cantidad fija que va de 50 a 300 dólares, dependiendo del año del modelo del vehículo.

3. Se crea el Comité Nacional de Autos Usados para la zona fronteriza. Lo constituyen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secofi, los gobiernos estatales de la zona fronteriza y las asociaciones representantes de los comercializadores.

El comité es un órgano de consulta que tiene las siguientes funciones:

Analiza los problemas que afronta el comercio organizado de vehículos usados y propone medidas tendientes a su solución

El Vicepresidente:

Permítame, diputado.

Detengan el reloj por favor. Activen el micrófono del diputado Juan Marcos Gutiérrez.

El diputado Juan Marcos Gutiérrez
González (desde su curul):

Muchas gracias, señor Presidente, sólo para hacer una atenta y respetuosa moción a esa Presidencia, toda vez que al escuchar al compañero orador está argumentando en contra del dictamen y confundiendo a la Asamblea, puesto que no es una moción suspensiva lo que está argumentando; está argumentando en contra del dictamen, entonces va a haber una votación sobre una moción suspensiva que no tiene razonamiento, está alegando cuestiones de inconstitucionalidad del dictamen, es decir, está utilizándose una trampa, un artilugio para llevarnos a una primera votación de una aparente suspensión, una moción suspensiva aparente y de eso debe estar atenta esa Presidencia.

Lo que procede es entrar al debate del dictamen y entonces, en su momento, llegar a la votación del mismo, salvo que el orador enderece su discurso y alegue el porqué debe suspenderse esta discusión y votación, que es la naturaleza de una moción suspensiva.

El Vicepresidente:

Esta Presidencia les comunica que con base en los artículos 109 y 110 el diputado Arrieta Aragón solicitó presentar una moción suspensiva que está presentando en este momento. Entonces, lo que se va a poner a consideración es el asunto de si se acepta o no la moción suspensiva, una vez, como lo marca el reglamento, que el diputado la presente y que alguno de los diputados pueda hablar en contra de ella. Posteriormente se pondrá a votación si se admite o no la moción, como marca el reglamento.

Adelante, señor diputado.

El diputado Jesús Ignacio Arrieta Aragón:

El Comité Nacional de Autos Usados es un órgano de consulta que tiene las siguientes funciones:

Analiza los problemas que afronta el comercio organizado de vehículos usados y propone medidas tendientes a su solución.

Recibe e integra propuestas para mejorar el funcionamiento del comercio organizado de estos vehículos.

Propone medidas correctivas y establece subcomités locales en las plazas de la franja y región fronteriza del norte del país.

En razón de la complejidad que representa el tema que nos ocupa y derivado del interés de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por encontrar mecanismos ágiles y expeditos para una solución integral y satisfactoria del problema que representa la internación de vehículos de la franja fronteriza norte del país, nos hemos abocado a explorar y construir alternativas dentro del marco del estado de derecho que puedan coadyuvar a beneficiar directamente a la población de estas entidades federativas, en particular de la franja fronteriza.

Al efecto, en reuniones de trabajo con las instancias correspondientes se ha obtenido el compromiso del Ejecutivo Federal para la modificación del decreto vigente en la materia en los siguientes términos:

Característica de la propuesta de modificación al decreto vigente, consensadas con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial:

La importación la podrán realizar no solamente las empresas comercializadoras registradas ante la Secofi que cumplan con los requisitos mencionados, sino también las personas físicas, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Los estados deberán suscribir convenios con la Federación en los que se comprometan a fortalecer la fiscalización para evitar la internación ilegal de los vehículos importados a la zona fronteriza.

Se establecería un cupo de importación por Estado, tomando en cuenta el parque vehicular de cada uno y los estados recibirían incentivos y sanciones en términos del cupo, con base en lo previsto en el convenio de colaboración.

Las personas físicas deberán demostrar su residencia en la franja fronteriza norte del país y deberán tramitar la importación en el Estado en el que residan.

2. La importación de los vehículos se sujetaría al pago de un arancel mixto, previsto en el decreto vigente.

3. El Registro Nacional de Vehículos permitirá a los gobiernos de los estados monitorear el cumplimiento de sus compromisos conforme al convenio de colaboración con la Federación.

Diferencias entre la propuesta de modificación al decreto vigente y el dictamen aprobado por la Comisión de Comercio, sobre el que se presenta la moción suspensiva:

1. El dictamen implica una reforma a la Ley Aduanera que no es el ordenamiento legal adecuado, ya que trata una materia completamente diferente. El ordenamiento adecuado y específico para establecer dicha disposición es el decreto del Ejecutivo Federal que regula la importación de vehículos usados a la franja fronteriza norte del país.

2. El dictamen no contempla ningún esquema de control ni límite a los volúmenes a importar, por lo que implica un serio riesgo de internación de los vehículos al resto del país en forma ilegal. Conforme a la propuesta de modificación al decreto del Ejecutivo, los estados se comprometerían a fiscalizar la importación de los vehículos y su internación al resto del país.

3. Conforme al dictamen, el arancel aplicable a la importación de los vehículos por las personas físicas es del 50% del que corresponde al resto del país, lo que equivaldría a un 10% sobre el valor del vehículo.

4. Lo anterior acarrearía los siguientes problemas:

Los comercializadores pagarían el arancel vigente del decreto que regula la importación de vehículos usados a la franja fronteriza o región fronteriza norte del país, por lo que tendrían un tratamiento discriminatorio que ocasionaría problemas en un sector formalmente organizado.

Por último, el arancel ad valorem incentiva la subvaluación de los vehículos, mientras que el arancel mixto reduce este riesgo.

Por las anteriores consideraciones, solicitamos que le dé el trámite correspondiente a la presente moción suspensiva, a efecto de poder proceder de inmediato a la concreción del acuerdo para la modificación del decreto presidencial antes mencionado y atender de tal forma la solución integral y conforme a derecho de la problemática de referencia.

La presente se extiende en el Palacio Legislativo, a los 10 días del mes de abril de 2000.-Firman los diputados: Rafael Oceguera Ramos, Arturo Jairo García, Ricardo Castillo Peralta, Gonzalo Morgado Huesca, Sara Esthela Velázquez, Rigoberto Armando Garza, Teresa Núñez Casas, Ana María de la Fuente Solís, Orlando Paredes Lara, José Zuppa Núñez, María Guadalupe Martínez Cruz, Domingo Yorio Saqui, Angelina Muñoz Fernández y un servidor.»

Muchas gracias, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Se ha inscrito para hablar en contra de la moción suspensiva, el diputado Juan García de Alba Bustamante, del Partido Acción Nacional.

Tiene la palabra el diputado Juan García de Alba Bustamante, para hablar en contra de la moción suspensiva, hasta por 10 minutos.

El diputado Juan José García de Alba
Bustamante:

Con su permiso, señor Presidente:

Cuando nos dijeron que había una moción suspensiva para no dictaminar en este momento el dictamen que se dio en la Comisión de Comercio, suponíamos que los fundamentos eran precisamente en ese sentido, de una moción suspensiva y fundamentos que fueran a dar una razón por la cual deba de suspenderse este trámite.

Entiendo que una moción suspensiva es cuando no se ha tenido un análisis completo de un problema; cuando no se ha estudiado al respecto. Las razones que yo encuentro de mi compañero Arrieta, es precisamente razones en contra del dictamen. Yo creo que precisamente en base a eso, ¡qué bueno! invitaría al diputado Arrieta a que cuando se esté votando este dictamen, pase y exponga sus razones. Las razones son eminentemente contra el dictamen, que podrán ser o no ser, pero eso será motivo de otro debate.

En este momento estamos en el debate sobre si hay una moción suspensiva o no, en virtud de que precisamente no existe una razón para que se haya dado este pronunciamiento, yo les pediría a mis compañeros diputados del PRI, que lo rectificaran y en la comisión, precisamente cuando se votó esto, los diputados del PRI no votaron ni a favor ni en contra. Creo que es una obligación externar la manera como van. Pero que quede claro cuál es la intención del voto. Los compañeros no votaron ni a favor ni en contra; los compañeros del PRD, del PAN y del PT, votaron a favor. Yo les hago una excitativa a que realmente el trabajo que se hace en comisión lo lleven a cabo y externen su punto de vista.

Por lo tanto al no haber argumentos en base para que se proponga esta moción suspensiva, invitaría que procediéramos a votar al respecto el dictamen.

Gracias.

El Vicepresidente:

En vista de que ya no hay oradores en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación nominal, si se admite o se desecha la moción suspensiva.

El secretario Jesús Gutiérrez Vargas:

Por instrucciones de la Presidencia, se solicita que se abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para recoger la votación, si se acepta o no la moción suspensiva presentada.

(Votación.)

Señor Presidente, le informo que se emitieron 201 votos en pro y 219 en contra.

Se desecha la moción presentada.

El Vicepresidente:

No se admite la moción suspensiva por 219 votos.

En consecuencia, proseguimos con la discusión en lo general del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general del proyecto de decreto, los siguientes oradores diputados: Juan José Cruz Martínez, del Partido del Trabajo; Pedro Salcedo García, del Partido de la Revolución Democrática; Adalberto Balderrama Fernández, del Partido Acción Nacional y Arturo Jairo García, del Partido Revolucionario Institucional.

Diputados que declinan: Juan José Cruz Martínez, Pedro Salcedo García, Adalberto Balderrama Fernández y Arturo Jairo García.

En virtud de que los cuatro diputados anotados han declinado su participación y no hay discusión en lo general, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo quien haga uso de la palabra y en virtud de que no se ha reservado ningún artículo para ser discutido en lo particular, se pide a la Secretaría, se abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

585,586 y 587

El secretario Jesús Gutiérrez Vargas:

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 225 en pro y 204 en contra.

El Vicepresidente:

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 225 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

El secretario Jesús Gutiérrez Vargas:

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Vicepresidente:

Entramos al apartado de minutas.

CONDECORACIONES

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Senado de la República.-LVII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Anselmo Carretero y Jiménez y Antonia Conde Nieto, para aceptar y usar condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino España.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 4 de abril de 2000.-La Presidencia.-Senador Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO


Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Anselmo Carretero y Jiménez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Civil, en Grado de Encomienda, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Antonia Conde Nieto, para aceptar y usar la Condecoración dela Orden del Mérito Civil, en Grado de Encomienda, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.-México, D.F. a 4 de abril de 2000.-Senadores: Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones: Raúl Juárez Valencia, secretario.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.-Licenciado Adalberto Campuzano Rivera.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-Senado de la República.-LVII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos capitán de corbeta del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador Roberto Fiel Ramírez, tercer maestre
de aeronáutica naval, técnico en electrónica de aviación Hilario Guevara Hernández, segundo maestre de aeronáutica naval técnico en aeronaves y motores José Antonio Monroy Sandoval, teniente de navío del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador César Ortiz Maldonado y teniente de navío del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador Gilberto Carballo Avila, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el gobierno de Nicaragua.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 4 de abril de 2000.- La Presidencia.- Senador Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero.
Se concede permiso al capitán de corbeta del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador Roberto Fiel Ramírez, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano tercer maestre de aeronáutica naval técnico en electrónica de aviación Hilario Guevara Hernández, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano segundo maestre de aeronáutica naval técnico en aeronaves y motores José Antonio Monroy Sandoval, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano teniente de navío del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador César Ortiz Maldonado, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano y teniente de navío del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador Gilberto Carballo Avila, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.-México, D.F., a 4 de abril de 2000.- Senadores: Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones; Raúl Juárez Valencia, secretario.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Licenciado Adalberto Campuzano Rivera.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado en Grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 6 de abril de 2000.- La Presidencia.- Senador Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.
Se concede permiso a la embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado en Grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 6 de abril de 2000.- Senadores: Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones, Raúl Juárez Valencia, secretario.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Licenciado Adalberto Campuzano Rivera.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: capitán de corbeta del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador Angel Rafael San Luis Hernández, capitán de fragata del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador Genaro Huerta Valentín, teniente de fragata del cuerpo de aeronáutica naval técnico en aeronaves y motores Manuel Alejandro Castillo Nieves, tercer maestre del cuerpo de aeronáutica naval técnico en aeronaves y motores Melesio Torres Uscanga, y teniente de fragata del cuerpo general piloto aviador Manuel Antonio Naranjo Hernández, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el gobierno de Nicaragua.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 6 de abril de 2000.- La Presidencia.-Senador Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero.
Se concede permiso al capitán de corbeta del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador Angel Rafael San Luis Hernández, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo segundo. Se concede permiso al capitán de fragata del cuerpo de aeronáutica naval piloto aviador Genaro Huerta Valentín, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo tercero. Se concede permiso al teniente de fragata del cuerpo de aeronáutica naval técnico en aeronaves y motores Manuel Alejandro Castillo Nieves, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano tercer maestre del cuerpo de aeronáutica naval técnico en aeronaves y motores Melesio Torres Uscanga, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo quinto. Se concede permiso al teniente de fragata del cuerpo general piloto aviador Manuel Antonio Naranjo Hernández, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.-México D.F., a 6 de abril de 2000.- Senadores: Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones; Raúl Juárez Valencia, secretario.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Licenciado Adalberto Campuzano Rivera.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

«Honorable Congreso de la Unión.

Jorge Cervantes Castro, médico cirujano, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Sierra Itambe 109, colonia Real de las Lomas, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11920, teléfono 5596-0730 de esta ciudad, con todo respeto expongo:

588,589 y 590

1. Soy mexicano por nacimiento como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número uno.

2. En oficio del 4 de noviembre de 1991, el gobierno de Venezuela me otorgó la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, como lo acredito con la copia del oficio que acompaño como anexo número tres.

3. De acuerdo con lo dispuesto en artículo 37-B fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de ese honorable Congreso de la Unión para recibir y usar dicha condecoración.

Atentamente.

México, D.F. a 14 de marzo de 2000.- Diputado Jorge Cervantes.»

«Honorable Congreso de la Unión.

Jorge Cervantes Castro, médico cirujano, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Sierra Itambe 109, colonia Real de las Lomas, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11920, teléfono 5596-0730 de esta ciudad, con todo respeto expongo:

1. Soy mexicano por nacimiento como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número uno.

2. En oficio de 25 de junio de 1999, el comandante Fidel Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, tuvo a bien otorgarme la condecoración "Carlos J. Finlay", como lo acredito con la copia del oficio que acompaño como anexo número dos.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-B fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de ese honorable Congreso de la Unión para recibir y usar dicha condecoración.

Atentamente.

México, D.F., a 14 de marzo del 2000.-Diputado Jorge Cervantes.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

LAGO DE TEXCOCO

El Vicepresidente:

Pasamos al apartado de proposiciones.

Tiene la palabra la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente analice la posible afectación que traería la contrucción de cualquier tipo de obra que pudiera dañar la zona del ex vaso de Texcoco.

La diputada Gloria Lavara Mejía:

Con su permiso, señor Presidente: compañeras y compañeros diputados:

«Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que tenga a bien someter a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente acuerdo:

Ya ante esta misma tribuna ha sido tratado el tema de la instalación de un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, previendo su saturación calculada para dentro de cinco años, mencionándose algunas propuestas que han circulado para la construcción de sedes alternas capaces de satisfacer los requerimientos técnicos de ocupación, el transporte e infraestructura. Al respecto se ha venido manejando como alternativa por diversas fuentes la de construir el aeropuerto en la localidad de Texcoco en el Estado de México, existiendo algunas dificultades en la resistencia del suelo y en la densidad de asentamientos humanos que podrían poner en riesgo no sólo su instalación y operación, sino además el equilibrio ecológico propicio de la región, la de los habitantes de la región y en especial la protección de algunas especies que ahí habitan.

La recuperación del lago de Texcoco que se ha venido dando desde finales de 1969, ha logrado mostrar avances importantes para la protección de especies y sobre todo en la recuperación de mantos acuíferos necesarios para la población de la región y del Estado.

Establecer un aeropuerto en ese lugar o cualquier otro tipo de construcción similar que impacte negativamente a la región, sin prever las graves consecuencias que su instalación traería a los habitantes y al medio ambiente, sería un grave error con efectos difíciles de ser reparados.

Ante la paulatina desaparición de espacios libres de construcciones y asfalto en el entorno de la ciudad y zonas conurbadas, resultaba evidente desde el principio que las tierras salitrosas y desnudas del ex lago podrían y deberían ser transformadas en el gran pulmón de la ciudad, para que funcionaran como vasos de almacenamiento y de regulación.

Por ello en el proyecto de recuperación del vaso de Texcoco se procuró mantener la región como espacio libre, habilitada para la recreación, el descanso y el esparcimiento familiar.

En sus 29 años de operación el Programa de Rehabilitación del Proyecto Lago de Texcoco ha ido avanzando con éxito con los siguientes resultados:

Recuperación de canales, ríos y cinco lagos.

Protección de especies amenazadas.

Conservación de zonas arboladas y pastizales.

Constitución de un sistema de regulación hidráulica.

Mejoramiento de las zonas ambientales y recuperación de la biodiversidad.

Generación de un microclima que se traduce en pulmón para la Ciudad de México de 4 mil hectáreas con más de 25 mil árboles.

Desarrollo de parques y centros de cría de diversas especies.

Después de todo lo anterior es evidente que lo señalado tiene un gran valor para el futuro de la zona y contribuye de manera importante en la viabilidad ambiental del valle de México en general.

El Proyecto Lago de Texcoco es una muestra palpable de lo que con voluntad política, técnica, organización y recursos, se puede hacer para el rescate de un ecosistema, en este caso uno de los más importantes del valle de México, en donde las acciones y obras instrumentales se llevaron a cabo para lograr un desarrollo equilibrado, en un lugar donde el respeto a la naturaleza y supervivencia del hombre fueron premisas en la realización del proyecto.

En consecuencia el Proyecto Lago de Texcoco es un ejemplo de los impactos positivos al entorno que las acciones correctas del hombre pueden generar, como en los casos del mejoramiento y del saneamiento del ambiente y la ecología regional.

La eliminación de tolvaneras que afectan a la zona metropolitana de la Ciudad de México.

El incremento de la humedad de la zona y por consecuencia de la precipitación pluvial.

La construcción de obras de encauzamiento y rectificación de los ríos que confluyen en la zona, evitando desbordamientos y por lo tanto contaminación.

El rescate integral de la cuenca mediante acciones de conservación de suelo y el agua a través de la construcción de terrazas a nivel y reforestación de áreas inundables.

El rescate de gran parte de fauna silvestre que existía desde la época prehispánica de la gran zona lacustre del valle de México.

Por lo anterior, los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados consideramos que con este punto de acuerdo podremos evidenciar en una labor preventiva y de protección algunos inconvenientes que ocasionaría la instalación del aeropuerto alterno señalado o de cualquier otra construcción similar en el municipio de Texcoco, sobre todo por lo que toca al equilibrio ecológico del ecosistema, la recuperación de los mantos acuíferos y las especies que apenas empiezan a incrementar su población, inconvenientes que deberán ser valorados por las autoridades competentes, así como por nuestros representantes nacionales, con el fin de analizar la mejor forma de proteger la zona evitando nuevamente su depredación.
Por lo antes expuesto, los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a consideración del pleno los siguientes puntos:

1o. Que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente analice los avances y estudios que al respecto la secretarías de Ecología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Comunicaciones y Transportes realizan para valorar el indudable impacto ecológico ambiental que la instalación del aeropuerto proyectado traería, así como que evalúe las condiciones ambientales integrales de la región con el fin de procurar su adecuada protección, evitando su alteración por cualquier tipo de obra o construcción que quebrante el equilibrio ecológico que apenas se ha venido recuperando.

2o. Que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente realice foros y consultas públicas suficientes y necesarias en las que fomente la participación de los diversos sectores sociales y productivos involucrados en la protección del ex vaso de Texcoco y en su posible afectación que traería la construcción de cualquier tipo de obra que pudiera afectar la región y a sus habitantes.

3o. Que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, una vez realizado lo anterior, rinda un informe al pleno respecto del análisis y conclusiones a las que llegó.

Por lo anterior, solicitamos sea turnada nuestra propuesta a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de esta Cámara, con el fin de que emita el dictamen respectivo en la brevedad posible.

Firman la presente proposición los diputados Jorge Emilio González Martínez, Aurora Bazán López, Jorge Alejandro Jiménez Taboada y, la de la voz, Gloria Lavara Mejía.

Palacio Legislativo de San Lázaro del honorable Congreso de la Unión, a 11 de abril de 2000.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Gracias, diputada Gloria Lavara.

Túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

Vicepresidencia del diputado
Sergio César Jáuregui Robles

FUERO DE GUERRA

El Vicepresidente:

Tiene la palabra el diputado Samuel Lara Villa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial plural que proponga las reformas, adiciones y derogaciones al marco jurídico del fuero de guerra vigente.

El diputado Samuel Lara Villa:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

"Propuesta para que se forme con carácter de urgente una comisión especial para analizar el marco jurídico del fuero de guerra vigente, con el propósito de que la administración de justicia militar deje de ser facultad legal del Secretario de la Defensa Nacional, reformando el artículo 13 constitucional y efectuando las reformas, adiciones y derogaciones que proceda al Código de Justicia Militar y Marco Jurídico del Poder Judicial de la Federación y leyes del fuero común y militares que resulten involucradas.

CONSIDERANDO

Primero.
Un principio insoslayable del derecho es que nadie pueda ser juez y parte en los procesos legales encaminados a la aplicación de la justicia y esta aberración es legal en la aplicación de justicia del fuero de guerra.

Segundo. La legalidad de esta situación se soporta jurídicamente en el artículo 13 constitucional y el Libro Primero del Código de Justicia Militar vigente a partir del 1o. de enero de 1934.

Tercero. El artículo 13 constitucional al respecto dispone que subsiste el fuero de guerra
para los delitos y faltas contra la disciplina militar, limitando estrictamente la jurisdicción de los tribunales militares a las personas que pertenezcan al Ejército.

591,592 y 593

Cuarto. El Libro Primero del Código de Justicia Militar se refiere a la organización y competencia de las estructuras responsables de la administración de justicia, de la prevención y persecución del delito y de la defensoría de oficio.

Quinto. Es de hacer notar que la Constitución no contiene disposición alguna para restringir facultades o competencia de los supremos y altos mandos militares y el Código de Justicia Militar les otorga, particularmente al segundo Secretario de la Defensa Nacional de manera explícita, amplia discrecionalidad en cuanto a designar responsables para la prevención del delito y control de éste en flagrancia, para la procuración de justicia, incluyendo la defensa de oficio y para la administración de justicia en primera y segunda instancias. Además, es consuetudinario solicitar acuerdos en todas las fases de la aplicación de la justicia al marco jerárquico que proceda, llegando en su caso hasta el más alto nivel de decisión.

Sexto. Las peculiaridades jurídicas del fuero de guerra brevemente reseñadas, originan que la administración de justicia militar sea en la práctica una ficción, proclive a los errores jurídicos y al abuso de autoridad, con la consecuente y rutinaria violación de las garantías constitucionales y derechos humanos.

Séptimo. Las características individuales y conductuales propias del sector social que integran las fuerzas armadas, las exigencias del servicio público de trascendencia estratégica y de importantísima influencia en la seguridad nacional, que están obligados a analizar, prevenir, atender y cumplir hasta el límite de su resistencia individual y colectiva y la necesidad de orden y disciplina, hace imprescindible la necesidad del fuero militar, fuero de guerra, estimando que deben acotarse las facultades absolutas que actualmente tiene el Secretario de la Defensa Nacional en cuanto a la administración de la justicia militar, mediante las modificaciones, adiciones y derogaciones de los artículos constitucionales y del Código de Justicia Militar y las leyes civiles y militares que proceda.

Por los considerandos expuestos, que demuestran que es de suma urgencia y obvia resolución evitar que los abusos de autoridad y errores jurídicos sigan afectando la moral, la disciplina y desarrollo profesional del sector social armado, responsable a ultranza de la integridad, independencia, soberanía y seguridad exterior e interior de la nación, con fundamento en lo que disponen los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia se califiquen, discutan y voten los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.
Se constituya con carácter de urgente una comisión especial en la que con la participación de diputados de todos los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara de Diputados, se propongan las reformas, adiciones y derogaciones procedentes al marco jurídico involucrado.

Segundo. Esta comisión propondrá el texto que, una vez aprobado por el Poder Legislativo Federal, deba tener el artículo 13 constitucional para que subsistiendo el fuero de guerra sólo quede como facultad de los mandos Supremo y alto de las Fuerzas Armadas mexicanas, la prevención del delito, el control de éste en flagrancia y la procuración de justicia militar.

Tercero. Esta comisión especial conjunta propondrá el nuevo texto que deba tener el Libro Primero del Código de Justicia Militar, considerando la conveniencia de que:

1. La administración de justicia militar sea responsabilidad de los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación, a saber: Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito y Consejos de la Judicatura Federal.

2. Subsista como órgano para la administración de la justicia militar el Supremo Tribunal Militar, que podrá conocer de los recursos derivados de las decisiones de los jueces militares y de los consejos de guerra, debiendo sus integrantes ser nombrados a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal y aprobada por mayoría simple de esta Cámara de Diputados.

3. Los consejos de guerra ordinarios sólo serán competentes para conocer de los presuntos delitos contra la seguridad exterior e interior de la nación, contra la jerarquía y autoridad y contra el honor militar siendo sus integrantes designados, en cada caso, por el Consejo de la Judicatura Federal.

4. Subsista la organización y competencia vigentes para los consejos de guerra extraordinarios dadas las circunstancias de excepción y urgentes que para su funcionamiento privarían.

5. A efecto de no afectar la disciplina militar, los jueces continúen siendo competentes para investigar y sentenciar en los casos de delitos militares cuya penalidad media sea igual o inferior a un año de prisión, debiendo ser designados, así como los secretarios por el Consejo de la Judicatura Federal.

6. Queda expresa y claramente dispuesto que la administración de justicia militar es de la absoluta jurisdicción y competencia del Poder Judicial de la Federación y facultad de los órganos competentes de éste y del Congreso de la Unión, la designación y toma de protesta de los funcionarios civiles y militares responsables de su funcionamiento, con excepción de los consejos de guerra extraordinarios para tiempo de guerra.

7. Se fortalezca el cuerpo de defensores de oficio y se constituya en un órgano de la Administración de la Justicia Militar especializado e independiente de las Fuerzas Armadas, debiendo tener capacidad funcional equiparable al órgano de Procuración de Justicia Militar y sus funcionarios y defensores, jurisconsultos en derecho y reglamentación militar.

Cuarto. Crear en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y en las instituciones de educación superior públicas, los cursos de nivel medio superior, superior y de posgrado, especializados en jurisprudencia militar derivada de los aspectos operativos, logísticos y administrativos peculiares del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana.

Firma, el que habla.

Señor Presidente, suplico que se le dé el trámite correspondiente a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

El Vicepresidente:

Con todo gusto, diputado Lara Villa.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

A continuación, tiene la palabra el diputado Francisco Suárez Tánori, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, a efecto de que se declare día de fiesta en los Estados Unidos Mexicanos, el día 6 de abril, Batalla de Caborca.

Sí... ¿Con qué objeto solicita el uso de la palabra, diputado López Romero?

Actívese el micrófono del diputado Armando López.

El diputado Armando López Romero
(desde su curul):

Es evidente, señor Presidente, que no hay quorum y quisiéramos, en ese sentido, pues que se pasara la lista de quorum. (sic).

VERIFICACION DE QUORUM

El Vicepresidente:

Con fundamento en las disposiciones del Reglamento Interno del Gobierno Interior, consulte la Secretaría si existe el quorum reglamentario y para tal efecto, ábrase el sistema electrónico de votación, a fin de determinar el quorum correspondiente.

Diputado Suárez Tánori, le pedimos agotar primero el trámite del quorum por cinco minutos.

La secretaría Marta Laura Carranza Aguayo:

Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.

(Pase de asistencia.)

El Vicepresidente:

En virtud de que se ha acreditado el quorum correspondiente en esta sesión, suspéndase la recolección de la asistencia y continuamos con el orden del día.

CABORCA, SONORA

El Vicepresidente:

Tiene la palabra el diputado Francisco Suárez Tánori, pero previamente haría una sugerencia a los señores legisladores que de alguna manera están fumando, hay que recordar que está prohibido fumar en este recinto, por lo que les suplico atentamente se abstengan de hacerlo.

Adelante, tiene la palabra diputado Suárez Tánori.

El diputado Francisco Suárez Tánori:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Les agradezco mucho que hayan dejado de comer para venir a escuchar el mensaje que hoy les voy a dar. He solicitado el uso de la palabra para someter al pleno de esta Cámara de Diputados, la petición que por mi conducto hacen importantes grupos de ciudadanos, con el propósito fundamental de convacar a la Presidencia para que se tome un punto de acuerdo que permita fomentar la exaltación y la búsqueda de valores cívicos, haciendo mención de un hecho histórico que ejemplifica la necesidad de rendir homenaje a nivel nacional a algunos hechos que han pasado desapercibidos para la historia, como la Batalla del Heroico Caborca de Sonora.

Es necesario en este momento recordar que entre los valores fundamentales de cualquier nación se encuentra el de la defensa de la soberanía, que tanto enorgullece y fortalece el sentimiento de la más pura lealtad a la patria. Este hecho cobra vigencia hoy más que nunca, cuando estamos siendo testigos que protagonistas de los más extraordinarios cambios políticos y sociales a nivel mundial, reflejados de manera natural en nuestro país, sobre todo en las nuevas formas de organización política, culturales y económicas.

En este sentido, vale la pena destacar que los mexicanos tenemos un gran patrimonio: nuestra historia, misma que se refleja en las luchas libradas al rechazar brillantemente el asalto en diversas ocasiones de grupos armados que han pretendido apoderarse de lo que nos pertenece. Hoy, mexicanos, nos encontramos en plena efervescencia política, proyectos y programas de partidos que se enfrentan en la contienda electoral, las pasiones se exaltan y se encuentran diques del equilibrio y la cordura, es aquí, compañeros diputados, cuando tenemos la responsabilidad de engrandecer las mejores experiencias que hemos tenido como país y transformarla en símbolos que revelen nuestra distinción como ciudadanos, capaces de reconocerse a sí mismos como valerosos soldados en el momento necesario.

Rescatemos pues a nuestros héroes y soldados anónimos que aún no han sido reconocidos a nivel nacional, que aquellos hombres sin rostro que han contribuido a levantar esta nación hoy, que se enfrenta a nuevos retos para que la gloriosa jornada del 6 de abril quede inscrita con honor en las más importantes páginas de nuestra historia.

Merece nuestro homenaje el heroico pueblo de Caborca, ya que en su valentía y patriotismo demostró su grandeza. Recordar un hecho histórico en este recinto parlamentario, caja de resonancia de la nación, tiene una gran importancia, porque instala en la historia hechos, hombres y acontecimientos.

No es muy aventurado decir que esta batalla ha permanecido en el olvido nacional y su tradición corre el riesgo de irse perdiendo paulatinamente, si no se le da el lugar que le corresponde en la historia mexicana.

Lo que estamos pretendiendo conmemorar con las fiestas del 6 de abril, son precisamente los acontecimientos que se desarrollaron al repeler la agresión salvaje que hicieran en los primeros días del mes de abril, de 1857, el grupo de filibusteros que reconocía como jefe a Henry Alexander Crabb y que culminaron con el deceso de 27 personas y 25 conciudadanos que resultaron heridos y por el otro lado, por el bando contrario, más de 100 filibusteros que fueron victimados, siendo una lección muy dura para todos aquellos que intentaron volverla a repetir, violando los sagrados derechos de un pueblo soberano y libre.

594,595 y 596

Para que perdure en nuestro país sobre el inexorable paso del tiempo el recuerdo de esta sangrienta acción tantas veces mencionada a través de las generaciones que pasan, rindiendo un sincero homenaje de gratitud a este día para perpetuar el sacrificio de patriotas mexicanos.

Al dar a la publicidad la historia de los hechos de aquella época, apenas y se hace justicia a los que patriótica y desinteresadamente defendieron nuestro honor y se salda una deuda de gratitud contraída con los que heroicamente cayeron atravesados por las balas del invasor, cumpliendo con el más alto de los deberes que impone la patria: defenderla hasta morir.

Turbulenta y agitada en los tiempos que corren, no olvida, no desconoce y sabe aquilatar los sacrificios que en épocas pretéritas consumaron sus héroes y sus benefactores, para legarnos en herencia una patria libre y respetada, cuyo honor no han mancillado aún. Ese mismo pueblo tiene la ineludible obligación y el deber de conservar siempre incólume.

Investigando aquí e inquiriendo allá, se pudieron obtener copias de algunos documentos de estimable valor histórico, así como una interesante reseña histórica de los sucesos de entonces, misma que se adjunta, con los cuales se hizo posible este punto de acuerdo.

«Es por todo lo anterior, que solicito a este pleno, sea considerado el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Que pretende fomentar la exaltación y la búsqueda de los valores cívicos, declarando día de fiesta en los Estados Unidos Mexicanos, el 6 de abril, como "La Batalla de Caborca".

Artículo único. Sea declarado día de fiesta en los Estados Unidos Mexicanos, el 6 de abril, aniversario del triunfo obtenido por las guardias presidenciales de Sonora y los habitantes del distrito de Altar, sobre la expedición filibustera encabezada por Henry Alexander Crabb, hecho de armas verificando en el pueblo de Caborca el año de 1857.

"El pueblo que quiere ser libre tiene que serlo"

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de abril de 2000.- Diputado Francisco Suárez Tánori.»

«Antecedentes documentales de la batalla del 6 de abril, en Caborca, Sonora.

Carta que el jefe de los filibusteros norteamericanos, mr. Henrry Alexander Crabb, dirigió al prefecto de Altar, como preliminar de su actitud abiertamente hostil y amenazadora, al pisar nuestro territorio.

Sonoíta, marzo 26 de 1857.- Señor José María Redondo.- Prefecto del distrito de Altar.

De conformidad con las leyes de la colonización de México y por una invitación positiva de algunos de los ciudadanos más prominentes de Sonora, he pasado la línea de su Estado junto con 100 compañeros y a la vanguardia de 900 más, con la esperanza de hallar entre ustedes un lugar para formar nuestros hogares. No he venido con intenciones de ofender a nadie; no me trae una intriga pública ni privada. Desde mi llegada a este lugar no he dado ningún indicio de planes siniestros, sino por el contrario, sólo he hecho proposiciones amistosas. Es verdad que estoy bien provisto de armas y municiones, pero usted sabe muy bien que hemos tenido que atravesar regiones infestadas de apaches y por circunstancias que me imagino, para mi sorpresa usted está tomando medidas contra nosotros y está organizando una fuerza para exterminarme con mis compañeros.

Estoy bien informado de que usted ha dado orden de envenenar los pozos y que está tomando las medidas más viles y cobardes en nuestra contra. Pero tenga usted cuidado, señor, porque por cualquier cosa que tengamos que sufrir, caerá la venganza sobre la cabeza de usted y las de aquellos que le ayuden. ¡Jamás consideré que estuvieran ustedes degradados al extremo de poner en práctica tan bárbaros medios! Sé también que ustedes han intentado levantar contra nosotros a nuestros buenos amigos los pápagos; pero es muy probable, por la posición en que estoy, que sean vanos todos sus esfuerzos. He venido al país de ustedes, porque tengo el derecho de venir a difundir las ideas de la civilización. He venido puedo probarlo plenamente, esperando ser recibido con los brazos abiertos, pero hoy, creo que voy a encontrar la muerte a manos de un enemigo salvaje. Pero ante mis compañeros que se hallan a mi lado y los que tienen que venir, protesto contra todo acto reprobado. Finalmente, debe usted saber, téngalo muy presente que si se derrama sangre, esta caerá sobre la cabeza de usted y no sobre la mía. De todas maneras, usted debe guardarse de continuar con sus preparativos hostiles; por mi parte, he pensado ir. Soy el jefe y mi propósito es obrar de acuerdo con las leyes naturales de la propia conservación. Mientras nos vemos en Altar, quedo de usted su obediente servidor. Henry A. Crabb. P.D. Esta comunicación será dada al celador de Sonoíta para que sin pérdida de tiempo la mande al prefecto de Altar.

Henry Alexander Crabb.»

«Mensaje con el que el general Ignacio Pesqueira, gobernador y comandante militar del Estado, arengó a la tropa, antes de que ésta partiera a batir a los filibusteros.

¡Sonorenses libres, a las armas! Ha sonado la hora que os había anunciado hace poco, por lo cual os habéis de preparar para esa guerra sangrienta a que vais a entrar.

Acabáis de oír en esta arrogante carta, la más explícita declaración de guerra pronunciada en contra nuestra por el jefe de los invasores. ¿Qué respuesta merece? ¡la de marchar a encontrarlo!

Volvemos a encontrarnos con todo el coraje que es capaz de contener un corazón indignado. ¡Nada de compasión, nada de generosos sentimientos para ese canalla!

¡Dejadlos morir como bestias feroces, que atropellan todos los derechos del hombre y todas las leyes e instituciones sociales, que invocan las leyes naturales de la fuerza bruta como única guía!

Sonorenses: haced que nuestra reconciliación sea sincera uniéndonos para combatir esa horda de piratas sin patria, sin religión y sin honor; haced que nuestra bandera, sublime creación del genio de Iguala, sea llevado alto, muy alto; haced que en ella se escriban las palabras: libertad o muerte y que tenga para nosotros una significación más grande; la de poderosa unión de dos partidos ha poco estaban divididos por la guerra civil. Pronto volveremos llenos de gloria después de haber asegurado para siempre la prosperidad de Sonora y establecido, desafiando a la tiranía, este principio: "el pueblo que quiere ser libre tiene que serlo".

Entre tanto, conciudadanos, dad expansión al entusiasmo que embarga vuestros corazones.

¡Viva México! ¡Mueran los filibusteros!»

«Reseña histórica de los filibusteros norteamericanos en Caborca, Sonora.

Compilación del ciudadano José Jesús Valenzuela Luna, cronista municipal de Caborca, Sonora.

Estaba por terminar el año de 1856, y ya en Caborca se sabía de un grupo de norteamericanos que vendrían de un momento a otro a Sonora penetrando por Sonoíta a este distrito, autorizados por el gobierno del centro, a buscarse un terreno propio para la agricultura y donde poder ellos mismos radicarse en calidad de colonos, de acuerdo con las leyes de la materia.

Como se deja ver, el plan estaba bien trazado, de tal manera que los pacíficos moradores del lugar no pudieron por lo pronto, abrigar ninguna sospecha hostil sobre la venida de aquellos "colonos" al país.

Esta noticia había sido propagada por los señores don Jesús Rivera y don Gregorio Iñigo, entre las personas más caracterizadas del lugar y aunque ellos recomendaron el mayor sigilo para que fuera conocida de todos, sin embargo, de esa recomendación, muy pronto se hizo del dominio público.

Los señores Rivera e Iñigo, eran nativos de Hermosillo, pero ya tenían algunos años que se habían avecinado en Caborca, como comerciantes y por tal razón no causaban extrañeza alguna entre los vecinos las visitas continuas que hacían aquel lugar; pero, más tarde cuando ya se supo todo, vinieron a caer en cuenta que las hacían con el propósito de recibir órdenes directas de los jefes auxiliares de aquella expedición filibustera, encabezada por Henry A. Crabb.


Así llegó, pues, el día 26 de marzo de 1857 fecha en que Henry A. Crabb, suscribió en Sonoíta su histórica carta de desafío al prefecto de Altar y el documento muy tergiversado ya, por cierto, a consecuencia de sus reproducciones imperfectas, que nos dan los historiadores como primer antecedente de aquella expedición.

Fue una sorpresa y muy grande por cierto, para los vecinos de Caborca, ver que llegara el día 31 de marzo de Altar, el capitán don Lorenzo Rodríguez, con 200 hombres de la guardia nacional del distrito vecinos que habían reclutado a su paso por el pueblo de Pitiquito, con objeto según manifestó el mismo capitán Rodríguez a su arribo a Caborca de detener el paso de un gringo filibustero de nombre Henry A. Crabb, que con 100 más que lo acompañaban perfectamente armados y municionados, se dirigía con este rumbo desde Sonoíta, primer lugar ocupado en territorio mexicano sin resistencia alguna debido a la falsedad que venía propalando.

El arribo del mencionado capitán Rodríguez a este lugar obedecía a órdenes giradas por el prefecto del distrito don José María Redondo, quien a la vez acababa de recibir la carta firmada por el mismo Crabb, que por conducto de un pápago le mandaba el celador de Sonoíta.

El prefecto de Altar, al informarse del contenido grosero de aquella carta que Crabb, le dirigía y donde además le achacaba actos que jamás se habían imaginado, como mandar envenenar los pozos y tomar medidas viles y cobardes en contra de ellos, le causó sorpresa y a la vez indignación. En primer lugar, por los motivos inexactos que le imputaba; y en segundo, porque al saber la aparición en territorio mexicano de un grupo de extranjeros armados y bien pertrechados de municiones como venían ellos según su propia confesión, desde luego como era de suponerse, era su deber tomar las medidas necesarias para repelerlos. Por tal razón y como una disposición legal, desde luego mandó comunicar, por extraordinario, al gobernador don Ignacio Pesqueira, a Ures, que en ese entonces era la capital del Estado, el contenido de aquella carta de Crabb; y mientras recibía órdenes de aquel alto funcionario, organizó bajo el mando del capitán don Lorenzo Rodríguez, 200 hombres de la guardia nacional del distrito y los que pudiera reclutar a su paso por el pueblo de Pitiquito y de Caborca, con instrucciones de detener a como diera lugar, la marcha de aquellos fascinerosos que se habían introducido al país violando el derecho de la gente.

El general Pesqueira al informarse de aquella amenazante carta, que no era otro cosa más que una declaración abierta de las miras de intervención que traía Crabb fraguadas, desde luego organizó una pequeña fuerza y la puso bajo las órdenes del teniente coronel don José María Girón, quien se encontraba en Ures, con instrucciones de salir inmediatamente contra el invasor. Otro tanto hizo con el comandante don Hilario Gabilondo, aunque éste era español, pero se hallaba voluntariamente al servicio de las armas mexicanas, para que se incorporara a las fuerzas de Girón, con un piquete de dragones presidiales de Bavispe que se le había confiado.

Entre tanto, el capitán Rodríguez, al llegar a Caborca, en compañía del capitán don Bernardo Zúñiga, que acababa de incorporársele, mandó a éste en unión de un pequeño piquete de soldados a inspeccionar el camino por donde se suponía viniera el enemigo, los que regresaron al día siguiente (1o. de abril) con las nuevas de que un lugar llamado La Zorra, distante 12 kilómetros, se encontraba éste descansando de la fatiga de su marcha desde Sonoíta y que era muy probable que al emprender de nuevo la salida desde ahí, llegaran a Caborca para la metida del sol.

No faltaron entonces vecinos de Caborca quienes se acercaron al capitán Rodríguez y le advirtiera el peligro que corrían las familias con esperar al enemigo dentro de la población; que lo más prudente sería aguardarlo fuera.

No habían transcurrido dos horas, cuando recibió éste la noticia de que el enemigo se encontraba parapetado en las paredes de una huerta que colinda con la primera calle de la población, rumbo al norte, pues ya se habían impuesto éstos de que existían soldados y que por lo tanto les opondrían resistencia.

Al enterarse el capitán Rodríguez de la noticia que acaban de darle, sale violentamente montado en su caballo que permanecía ensillado y se dirige al lugar donde estaban sus soldados. Al llegar los encuentra ya listos esperando solamente órdenes suyas para salir. Se pone a la cabeza de ellos y parten inmediatamente rumbo a donde le habían dicho estaba el enemigo. Llega y sin tomar ninguna medida precautoria, se da cuenta perfectamente de que ahí estaba el enemigo tras unos muros con troneras hechas de antemano y como dijimos antes, sin tomar ninguna medida precautoria, le impone rendición, contestando éste con una descarga cerrada a quemarropa que lo hace caer de su caballo, muerto instantáneamente.

597,598 y 599

Los soldados viéndose ya sin jefe que los dirigiera y en condiciones muy comprometidas por la posición ventajosa que guardaba el enemigo, optaron por regresarse inmediatamente sin disparar un solo tiro, con dirección hacia el templo, con el capitán Zúñiga que desde luego se puso a la cabeza de ellos.

El templo y el exconvento estaban llenos de familias y el atrio y las alturas estaban ocupados por los vecinos, armados con rifles de chispa que pudieron agenciarse en el pueblo y otros con lanzas y flechas.

Entonces el atrio estaba circundado por un muro más o menos de un metro de altura que guarnecía perfectamente de la vista del enemigo a los que ahí se encontraban.

Crabb y los suyos, sin resistencia alguna, después de aquel acto desagradable para los nuestros, avanzaron al centro de la población sin dificultad de ninguna especie y se apoderaron, por la parte trasera, de la casahabitación de don Ramón Bojórquez que se encontraba situada como a 25 metros de distancia del templo y la cual había sido abandonada por los familiares de éste y su servidumbre. El señor Bojórquez era una de las personas acomodadas del lugar y por consiguiente allá encontró el enemigo abundancia de comestibles por varios días.

En posesión Crabb, de un punto estratégico como aquél y con todos los elementos necesarios que en aquéllos momentos se hacían indispensables, se puso desde luego a estudiar la manera más fácil de tomar el templo y después de meditarlo algún tiempo, acordó mandar a 50 de los suyos que consideró más aptos para desempeñar aquel proyecto, con instrucciones de tomar el atrio a como diera lugar. Se encaminan favorecidos por las sombras de la noche y cuando ya estaban en el lugar indicado paro Crabb, hacen una descarga sobre los muros del atrio, sorprendiendo a los que ahí se encontraban sin esperarlos. Contestan éstos el fuego haciendo otro tanto los que se hallaban en las alturas del templo, logrando con esto que el enemigo se retirara precipitadamente dejando tres muertos y no sabemos el número de heridos, porque al huir se los llevaron consigo al lugar de su procedencia.
De los nuestros hubo un muerto, don Mariano Carmelo y dos heridos don Clemente Venegas, joven de 17 años y padre del que esto escribe y don Timoteo Daniel, los tres nativos de Caborca.

Este fue el primer bautismo de sangre que hubo en Caborca defendiendo el tiempo y fue también la iniciación gloriosa de la jornada del 6 de abril de 1857.

Toda esa noche se mantuvieron listos los nuestros en espera de un nuevo movimiento agresivo del enemigo. También éste se la pasó en vela urdiendo nuevas maquinaciones para ponerlas en práctica al amanecer del día siguiente.

Apenas habían asomado las primeras luces cuando, Crabb que ya tenía listos los planes de ese día en unión de cinco portadores de un gran barril de pólvora, se encaminan rumbo al exconvento y pretenden encenderlo, junto a la puerta; mientras esto sucedía, eran protegidos desde su alojamiento por los suyos, de los ataques de los nuestros que se encontraban en las alturas del templo. También supieron evitar el ataque de los soldados del capitán Zúñiga, aprovechándose de unas paredes que estaban de por medio y que los ponía a salvo de la puntería de los nuestros.

Llegan por fin al lugar antes acordado y ponen el barril junto a la puerta para luego encender la mecha; pero antes de que esto sucediera, don Ramón Esquer, hijo de Caborca, que desde la altura del templo donde se encontraba escondido, observa las maniobras del enemigo, sale de su escondite y a pecho descubierto hace puntería certera contra el monstruo aquél sin importarle que ese acto de singular valentía le constara la vida.

Este hombre humilde, pero de alma noble y grande, merece recordársele con respeto y gratitud y, como un homenaje a su memoria, en Caborca debería erigírsele un monumento.

De los cinco gandules que vinieron acompañando a Crabb en aquella horripilante empresa, murieron tres, incluso el que encendió la mecha y el mismo Crabb, que huía aterrorizado a su improvisado cuartel, fue herido en el antebrazo por una bala de los nuestros que no cesaron ni un instante en su empeño de hostilizarlos hasta conseguir su objeto: evitar la consumación de aquella criminal intención.

Después se oía repetir a los vecinos del pueblo la siguiente conseja: que uno de los que habían escapado del lance que acabamos de narrar, había dicho que al ir su compañero a encender la mecha en el barril de pólvora, una mujer vestida de blanco muy hermosa había descendido de las alturas y la había apagado de un soplo, lo que hacía suponer a dichos vecinos que fuera la virgen de la Candelaria, patrona del pueblo.

También ese mismo día tuvimos que lamentar la muerte del joven José María Leyva, hijo también de Caborca, que se encontraba en la parte más alta de una de las torres del templo en compañía de dos jóvenes más: Jesús Nogales y Antonio Richard, de nacionalidad inglesa este último y que más tarde fuera abogado que militó al lado del presidente de la República, licenciado don Benito Juárez, regresándose en seguida a Pitiquito, Sonora, donde había pasado los días de su niñez bajo la tutela del señor don Concepción Lizárraga, para radicarse después en Altar, donde se casó y ejerció su profesión hasta su muerte hace ya algunos años.

El joven Leyva, como decíamos antes, se encontraba parapetado en las alturas del templo, y desde ahí contestaba el fuego que a intervalos hacía el enemigo, con una confianza tan temeraria que, varias veces sus compañeros le llamaron la atención y el se reía siempre. En una de tantas veces que hacía aquella peligrosa acción el enemigo se da cuenta y lo estuvo cazando hasta que por fin logró hacerlo víctima de su imprudencia.

Llega el día tres y Crabb tiene ya un nuevo plan listo que seguir. Elige a uno de los suyos y le ordena salir con un lienzo blanco en las manos en señal de parlamento. Los nuestros, al mirarlo, suspenden el fuego creyendo oír de boca de aquel emisario una proposición favorable para ellos; pero sucedió lo contrario, pues se concretó a decir en un mal español: "nosotros estamos muy fuertes y por eso consideramos inútiles los esfuerzos de defensa que ustedes están haciendo; como final de todo saldrán vencidos y entonces las consecuencias serán terribles para ustedes, por eso vengo a proponerles en nombre de mi jefe, que es tiempo todavía de arreglar la paz amigable".

No quisieron oír más los nuestros y llenos de ira reanudaron otra vez el fuego con más tesón que antes, siendo el citado emisario quien cayera muerto inmediatamente.

Entonces los soldados del capitán Zúñiga aprovechan este inesperado momento del enemigo para apoderarse de una de las casas que habían abandonado y la cual estaba en comunicación con la que desde un principio tenían de don Ramón Bojórquez. Al abandonarla por el furioso ataque de los nuestros, dejaron a un compañero herido que no pudieron llevarse por la violenta retirada que tuvieron que hacer el cual fue muerto inmediatamente por órdenes del capitán Zúñiga.

Con este nuevo avance, los defensores quedaron en mejores condiciones que las que tenían antes y listos para aprovechar otra oportunidad como aquélla, así como también lograron con eso, reducir al enemigo en sus posiciones.

Continuó el tiroteo el día cuatro entre ambas partes contendientes, pero con menos probabilidades para el enemigo, pues la mayor parte del terreno que habían avanzado lo recuperaron los nuestros.

Este mismo día cuatro, en la mañana, llegó el alférez Tautimio con un piquete de nacionales de Cucurpe, los cuales vinieron a aumentar el contingente del capitán Zúñiga y ya con este pequeño refuerzo hicieron que el enemigo desalojara otras casas de las que había logrado avanzar antes, dejándolo reducido únicamente a las que desde un principio tenía. En este movimiento murieron tres de ellos y se ignora el número de los heridos que tuvieron, porque se los llevaron consigo.

De los defensores solamente hubo un muerto, siendo un nacional de Santa Cruz y cinco heridos.

Amaneció el día cinco y todavía persiste en Crabb, como obsesión de su cerebro, la idea
de tomar a todo trance el templo, pues ése era su mayor empeño, pero, más que nunca, los nuestros, como fieras que defienden a sus hijos del enemigo, lo defendían con valor y estoicismo sin precedente.

En la mañana de ese mismo día cinco, en los momentos que estaba más nutrido el fuego, llegó el comandante don Hilario Gabilondo, acompañado del capitán don Manuel Elías Pro y de los oficiales don Manuel Romero, don Angel Elías, don Francisco López y don José María Salazar, abuelo del periodista don José Pomposo Salazar, con 35 dragones presidiarios de Bavispe y desde luego se hizo cargo de las tropas que ahí operaban y del reconocimiento de las posesiones del enemigo para disponer en seguida el ataque.

Viendo luego que el enemigo tenía el camino libre en la retaguardia, inmediatamente mandó al capitán Elías Pro desmontara su caballería y se posesionara de una tapia que estaba en la misma dirección en que éste se encontraba, quedando así Crabb encerrado por completo y sujeto solo a su propia suerte.

Como a las 2:00 de la tarde de ese mismo día cinco, llegaron 60 nacionales más de los pueblos de Opodepe y Cucurpe y desde luego se unieron al capitán Elías Pro 20 tuapes y el resto se distribuyeron unos en las torres del templo y otros en el atrio del mismo.

En seguida, como a las 3:00 de la tarde, hizo su arribo el teniente coronel José María Girón, con las fuerzas que lo acompañaban, haciéndose inmediatamente cargo de la situación como jefe supremo, nombrado por el gobernador del Estado, don Ignacio Pesqueira, en Ures.

Desde luego a la llegada de Girón a Caborca, el ánimo de los caborquenses se levantó e igual que nace en la flor marchita la lozanía cuando oportunamente le cae el agua de lo alto, del mismo modo nació en ellos la fe y la esperanza al mirarlo.

La situación que en esos momentos reinaba en Caborca era desesperante, porque las familias que permanecían encerradas tras los muros del templo y exconvento, ya comenzaban a carecer de los elementos de boca más indispensables, pues los pocos que habían almacenado empezaban a agotarse en cinco días de constante lucha y sin poder reponerlos con otros, porque la presión del enemigo no lo permitía.

Desde luego determinó Girón solucionar aquella situación amenazante, ordenando a uno de los subalternos buscase la manera de introducir los elementos que hacían falta hasta aquel lugar donde se necesitaban urgentemente.

En esos momentos llego también el teniente Pioquinto Espinoza, con una pieza de artillería de a cuatro y la coloca frente a las troneras del enemigo, pero sin resultado. Insiste luego con otra de mayor calibre que la anterior y la emplaza en las posiciones que conserva Elías Pro y ésa sí da el resultado deseado, causando mucho daño al enemigo y obligándolo a replegarse a las posesiones que de antemano tenía. Dicha pieza había sido enviada por el prefecto señor Redondo, pero hasta esos momentos no se había hecho uso de ella.

Pasó todo ese día fogoneándose a intervalos el enemigo con los nuestros, sin resultado alguno para ambas partes.

Amaneció el día seis y ya se notaba entre los filibusteros una inquietud desesperante. Quizá ya presentían éstos el trágico fin de su nefasta aventura.

Sin embargo, Girón, preocupado por la situación caótica en que se encontraban aquellas personas, faltas de víveres y sin dormir la mayor parte de ellas, opina que sólo con un asalto dado al enemigo en aquellas circunstancias terribles, podría solucionarse la situación que prometía prolongarse por más tiempo todavía y desde luego ordena se hagan los preparativos necesarios para efectuarlo. Entonces Gabilondo urde otro plan y lo somete a la consideración de su superior Girón, mereciendo la aprobación de éste: bañar con pólvora humedecida de azufre unas camisas y dejarlas un tiempo en aquellas condiciones hasta que estuviesen bien secas y luego arrojarlas encendidas sobre la casa donde estaban los filibusteros.

Mientras se secaban las camisas y se ponía en práctica aquel proyecto de Gabilondo, un indio de la tribu Pápaga, sirviente de don Ramón Bojórquez, sin que nadie se lo advirtiera, se
decidió a encender una casa llena con zacate que se encontraba anexa a la misma habitación antes aludida y que él conocía perfectamente bien. Pone un pedazo de yesca encendida en la punta de una flecha y la arroja con dirección a una ventanilla que estaba en la misma casa donde se halla el zacate. Hace varias veces la prueba y por ultimo en la séptima vez, logra introducirla a donde él se había propuesto hacerlo.

600,601 y 602

A los pocos momentos se ve arder el zacate con tal intensidad que parecía aquello un infierno. Al ver los filibusteros la lumbre que amenazaba comunicarse a las piezas que ellos ocupaban y donde también estaba el deposito de las municiones, intentaron apagarla haciendo estallar un barril con pólvora, pero sin conseguirlo. Intentan por segunda vez con otro, y pasa igual que con el primero. Por fin hacen estallar el tercero de un tamaño mayor que los anteriores y, sin embargo, no produjo éste el resultado favorable que ellos esperaban. Aquel voraz elemento se propago rápidamente por todo el edificio, dejando reducido al enemigo una sola y pequeña pieza.

El nombre del indio aquél, autor de esta oportuna hazaña, se perdió en las sombras del olvido, como se pierden otras muchas cosas de igual valor histórico que la anterior, debido a la apatía de los hombres. Sin embargo, su memoria viviría en el corazón de cada uno de los caborquenses; hoy el tiempo ha pasado como una joya de valor inestimable.

Después de aquel incidente desastroso para los filibusteros, reinó un silencio sepulcral entre todos ellos, lo que hizo abrigar a los nuestros la creencia de que habían perecido presas de las llamas.

Entonces Girón, tras el silencio que siguió en esos momentos, se aprovecha para movilizar la tropa en todas direcciones y se apodera al mismo tiempo de las troneras del enemigo. En seguida ordena al capitán Zúñiga se cerciore si es cierto que los filibusteros, como se lo suponía, habían sucumbido bajo el efecto del fuego; pero en el momento de cumplir con aquella orden que se le había dado, sale uno de los filibusteros con una bandera blanca en las manos pidiendo a grandes voces la paz.

Gabilondo, que se hallaba cerca, le contesta en nombre de su jefe Girón, que sí se la concedía con la condición de que salieran todos al momento y se presentaran desarmados en calidad de prisioneros. Así lo hicieron como unos corderitos aquellos tigres feroces que se habían considerado como invencibles.

Después fueron atados de las manos cada uno y conducidos por un grupo de tuapes y bavispes, bajo las órdenes inmediatas de los oficiales don Angel Elías y don Manuel Romero, a un lugar designado de antemano donde estuvieron perfectamente bien custodiados todo el tiempo que ahí permanecieron.

Ya en estas condiciones los piratas aquéllos, Girón les mando decir que avisaran a sus familiares, los que quisieran hacerlo, porque al día siguiente siete a las 5:00 de la mañana, serían fusilados todos, a excepción de un jovencito de 15 años que por ser menor de edad se había hecho acreedor al indulto.

Con este motivo se acordó desde luego mandar abrir una zanja en las afueras del pueblo rumbo al cementerio y a la hora indicada partió con ellos un pelotón al mando del capitán don Bernardo Zúñiga, haciendo alto al llegar a la referida zanja donde fueron formados en una fila y fusilados en seguida.

Debemos advertir que antes de que sucediera el fusilamiento, se interrogó a cada uno de ellos para que dijeran su nombre, negándose a hacerlo todos. Entonces Crabb, en aquel mismo instante, da un paso hacia adelante y con voz clara y en un buen español, se dirigió al capitán Zúñiga y le dijo: "pido a usted como jefe que es de este pelotón que pronto nos va a fusilar, haga comparecer a mi presencia al señor Jesús Rivera, vecino de aquí mismo, que aunque no tengo el gusto de conocerlo personalmente, tengo referencias de que es una persona decente y caballerosa".

El capitán Zúñiga desde luego atendió aquella petición comunicándola al superior Girón, quien inmediatamente mandó buscar al citado Rivera, el cual no se encontró porque según informaron algunos vecinos, se había escondido junto con Iñigo, tan pronto como supieron el arribo de Crabb a Caborca.

Igual cosa contestó Girón a Crabb, por conducto del mismo capitán Zúñiga. Entonces Crabb saca de su bolsillo un magnifico reloj de oro con su iniciales grabadas en la tapa y se lo entrega al capitán Zúñiga, para que éste lo mande a Girón con el siguiente recado: "favor de ponerlo en manos de Rivera tan pronto como éste se deje ver".

Girón recibió el reloj y el recado aludido y aunque tuvo las mejores intenciones de cumplimentar los deseos de Crabb, no lo hizo personalmente porque se ausentó antes de que Rivera saliera del escondite donde se hallaba pero lo dejó en manos de una persona de su confianza para que éste cumpliera con aquella disposición póstuma de Crabb.

El reloj aludido fue entregado a Rivera conforme lo dispuso Girón; pero antes de morir éste lo obsequió al señor don Antonio Ramírez, persona muy estimada en Caborca por sus prendas personales, quién antes de morir, lo dejó en poder de su esposa doña Dolores Nogales, con instrucciones de pasarlo a su hijo o hija que fuera a nacer próximamente.

El hijo agraciado que naciera fue el señor don Antonio Ramírez, hijo, persona también muy estimada como su progenitor, quien radica actualmente en Caborca, ya de una edad muy avanzada.

El jovencito que escapó de la suerte que corrieran Crabb y aquel grupo de ilusos aventureros que lo acompañaban y que vinieron a ra creyendo hallar acogida favorable a sus nefastas pretensiones de piratas, fue Charles E. Evans, quien más tarde se radicara en Yuma, Arizona, donde vivió por muchos años hasta que la muerte lo sorprendió.

Después las tropas nacionales, ya libres de las faenas pasadas, el día ocho se encargaron de recoger cadáveres que aún permanecían insepultos desde el momento que se había iniciado la lucha, incinerándolos a todos menos a los nativos de Caborca, pues aunque estaban ya descompuestos como los oros, fueron entregados a sus familiares para que éstos los sepultaran en el camposanto.

Del lugar donde había permanecido acuartelado el enemigo, se recogieron entre otros objetos, documentos al parecer de importancia y una bandera con 15 estrellas con este lema escrito en letras grandes al centro "west ward go", que traducido al español significa: "hacia el occidente".

Todo esto fue despachado al gobernador Pesqueira, para su conocimiento y fines a que hubiera lugar. El armamento y demás pertrechos de guerra quitados al enemigo, fueron repartidos equitativamente entre los soldados que tomaron participación directa en aquella lucha contra los filibusteros.

El mismo día ocho, un americano perfectamente armado, se presentó al cuartel de los nuestros creyendo tal vez al triunfo de los suyos. Pregunto por mr. Crabb y el mostrársele la cabeza de éste, según contaban los que lo vieron, en una olla con vinagre, donde la tenía metido uno que la hacía de médico de las tropas, se llenó de espanto y al momento pregunto: "¿a mí también así?" y al contestarle afirmativamente, trató de huir, pero al momento fue cogido por los soldados quienes le dieron muerte inmediatamente.

Así terminó aquella injusta y descabellada intervención que encabezara Crabb, siendo una lección muy dura para aquellos que intentaran volverla a repetir, violando los sagrados derechos de un pueblo soberano y libre.

Vamos ahora a dar a conocer quienes fueron los muertos y heridos habidos durante esta reyerta.

Muertos: capitán don Lorenzo Rodríguez, sargento primero, don Concepción Mazón, soldados Mariano Carmeno, Daniel Santa Cruz, José María Leyvas, Jesús Castillo, José Guacamea, Víctor Conde, Jesús Terrazas, Ignacio Rico, Dolores Buitimea, Gabriel Chávez, Gabriel Jobanero, Francisco Neblina, José Pedro Ortiz, Tomás Romero, Ramón Soto, Claudio Figueroa, José María Martínez, Simón Camou, José Manuel Valenzuela, Manuel B. García, Ramón Esquer, Pedro Gastelum, José Anima, Francisco Riesgo y Rafael Cervantes.

Heridos: Clemente Venegas, Timoteo Daniel, Reyes Montes, Ramón González, Agustín Sánchez, Jesús Sepúlveda, Francisco Cuchitas, José María Figueroa, Atanacio Altamirano Manuel Valencia, Mariano Molina, Jesús Iñigo, Basilio Caballero, José María Mendívil, Ramón López, Juan Manuel Burruel, Andrés Ruiz, José Mendoza y Francisco Núñez.»

Muchas gracias. Agradezco su atención.

El Vicepresidente:

Muchas gracias, diputado Suárez Tánori y le agradecemos su paciencia.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

CAJAS DE AHORRO

El Vicepresidente:

A continuación, le cedemos el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Sánchez Martínez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a la problemática de las cajas de ahorro en el Estado de Michoacán.

La diputada María Guadalupe Sánchez
Martínez:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los llamados errores de diciembre de 1994, que ocasionaron una elevación de las tasas de interés, al grado tal de que los créditos para la producción y el consumo se convirtieron en inalcanzables para la mayoría de los mexicanos, obligó a que un número importante de ciudadanos buscara vías alternas para acceder al financiamiento.

Una de estas vías es la que representan las cajas de ahorro populares, en las cuales los mexicanos de bajos recursos han encontrado una buena opción de ahorro y préstamo para resolver sus problemas inmediatos de gasto.

Sin embargo, en fecha reciente, una vez más, estos ahorradores se han visto involucrados en una problemática que ellos jamás imaginaron.

El pasado 3 de abril, un grupo de socios de la Caja Popular Cooperativa de Michoacán, específicamente de la sucursal ubicada en La Piedad, manifestaron ante esta representación su justificada preocupación por el destino de sus ahorros que, poco o mucho, representan el patrimonio familiar y el fruto de muchos años de trabajo. Esto a raíz de la aprehensión de Cirilo José Ocampo Verdugo, presidente de esta cooperativa de ahorro, quien es acusado de lavado de dinero del Cartel de Colima, que dirige los hermanos Amezcua Contreras, hecho que ha impedido que tan sólo en el Estado de Michoacán, alrededor de 18 mil socios puedan disponer de sus ahorros, los cuales ascienden a 900 millones de pesos aproximadamente.
Asimismo, cabe mencionar que se calcula que en todo el país existen más de medio millón de socios afectados, ya que las cajas de ahorro, que encabeza Ocampo Verdugo, tienen sucursales en 27 estados de la República, como son Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Durango, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y, por supuesto, en Michoacán, por mencionar sólo algunos, donde alrededor de 1 mil 875 millones de pesos están en juego.

El papel que han representado las cajas populares de ahorro en la economía nacional, no es poca cosa, si pensamos en que algunas de sus principales características han sido las de haber logrado captar el ahorro de aquellos sectores de la población que no acuden al sistema bancario y que además permiten a sus ahorradores obtener créditos a bajas tasas de interés, inferiores a las de la banca comercial. Sin embargo, hasta ahora no ha existido una ley que regule debidamente este tipo de organizaciones, ocasionando que los socios que de buena fe han invertido su capital, se vean burlados por dirigentes que aprovechan los vacíos legales para cometer actos ilícitos, muchas veces con la falta de escrúpulos de las autoridades financieras que permiten estas irregularidades.

Al respecto, se puede también citar el caso de la caja de ahorros del Arbolito, que en 1998 realizó operaciones crediticias a clientes inexistentes, así como a amigos y familiares de sus cuadros directivos, los cuales no fueron pagados de la misma forma a lo ocurrido con el ya célebre Fobaproa, ocasionando con ello la quiebra de dicha instancia crediticia y la insolvencia hacia sus respectivos socios.

Por lo anterior y por los casos que aquí no se citan pero que sabemos son de extrema gravedad, resulta impostergable que este órgano legislativo provea de un marco regulatorio que norme las funciones, servicios y operaciones que realizan estas entidades de crédito y ahorro popular.

En relación con el ya mencionado caso de la Cooperativa Caja de Ahorro Popular de Michoacán, los socios también demandan que los bienes que pudieran ser confiscados o los que ya están asegurados por la Procuraduría General de la República, después de la aprehensión de Ocampo Verdugo, sean recuperados para pagar los ahorros de los socios.

603,604 y 605

Esta soberanía no puede estar ajena a las peticiones de miles de ciudadanos que se han visto afectados por la falta de regulación de las cajas de ahorro populares.

«Por ello, con fundamento en el artículo 44 numeral cuatro, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero.
Que la Comisión de Fomento Cooperativo se aboque al conocimiento de este asunto, nombrando para tal efecto una subcomisión que analice la situación legal de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular de Michoacán y se tome las medidas que la subcomisión estime pertinentes sobre este asunto.

Segundo. Que la subcomisión referida rinda en un plazo que no deberá exceder el 30 de junio de este año, un informe a esta soberanía sobre la tarea encomendada.

Firma, una servidora, diputada María Guadalupe Sánchez.»

Es cuanto, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo.

ESTADO DE MEXICO

El Vicepresidente:

A continuación tiene la palabra el diputado José Luis Gutiérrez Cureño, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión especial encargada de vigilar que no desvíen recursos federales en el proceso del año 2000, realice una investigación sobre el uso de recursos federales en municipios conurbados del Estado de México. Tiene la palabra.

El diputado Armando López Romero
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Vicepresidente:

¿Con qué objeto solicita usted el uso de la palabra diputado Armando López? Actívese el micrófono.

El diputado Armando López Romero
(desde su curul):

De nueva cuenta, señor Presidente, se ve que no hay quorum, solicitaría, por favor, que también se declare de manera automática si existe o no el quorum, señor Presidente.

El Vicepresidente:

En virtud de que ha sido tomada la asistencia mediante el proceso electrónico de asistencia, recientemente, esta Presidencia considera que existe el quorum reglamentario y es de continuarse la sesión.

Tiene la palabra diputado José Luis Gutiérrez Cureño.

El diputado José Luis Gutiérrez Cureño:

Gracias, señor Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Especial 2000 realice una investigación sobre uso de recursos federales en municipios del Estado de México.

1o. Uno de los pilares de nuestro sistema político es la división de poderes, que tiene entre
sus objetivos evitar el abuso del poder. Para lograr ese cometido, el legislativo contemporáneo no reduce sus actividades a la emisión y reforma de las normas jurídicas, debe acometer además tareas de representación, deliberación, control, indagación, comunicación y formación.

Sin embargo, esto sólo ha sido posible a partir de que los comicios federales de 1997 establecieron el mapa político más plural de nuestra historia moderna. La composición de esta Cámara de Diputados inauguró un escenario inédito para que el Poder Legislativo, se convirtiera en un factor destacado en la transición democrática.

Antes de esta LVII Legislatura, este órgano legislativo no era más que un despacho jurídico del presidente en turno, que moldeaba a capricho las leyes, acomodándolas a modas o intereses sexenales. Hacer efectivas las facultades constitucionales del Poder Legislativo representa un reto formidable.

Uno de estas facultades consiste en vigilar que los recursos públicos federales sean utilizados única y exclusivamente para lo que fueron aprobados. El uso indebido de estos fondos, además de relegar la atención de necesidades sociales básicas, constituye un delito.

No obstante el avance democrático, conquistado muy a pesar del partido oficial, persisten en nuestro país prácticas corporativas y clientelares. La coacción del voto, su condicionamiento, está documentada, son innumerables los testimonios y evidencias que prueban que el partido oficial juega con el hambre del pueblo, con sus necesidades, para mantenerse en el poder e incluso para definir y resolver sus disputas internas.

2o. La discrecionalidad con la que se maneja la hacienda pública y la falta de supervisión social otorgan al Ejecutivo Federal un amplio margen de manipulación.

Por eso, el establecimiento de la comisión especial de esta Cámara de Diputados para evitar que se desvíen recursos federales con fines electorales es de la mayor trascendencia para la certidumbre política del país. Es un paso más en la lucha para recuperar facultades de control del Congreso sobre el uso discrecional de los fondos públicos federales; forma parte de un compromiso con la sociedad y los electores para acabar con la iniquidad, el abuso y la impunidad observados.

El hecho de que este órgano del Estado haya determinado jugar un papel más activo en la fiscalización sobre el destino de recursos públicos, lo dignifica, al erigirse en garante del equilibrio de poderes. Esto se verifica en el acuerdo alcanzado por esta soberanía el pasado 9 de diciembre para crear la comisión especial que tiene por objeto "vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000 a favor de campañas partidistas para elegir al Presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión".

3o. Por otro lado, la creación del ramo presupuestal 33, aportaciones federales a estados y municipios, significó un avance en la formulación de reglas para hacer transparente la distribución de recursos, que carecían de normatividad precisa y estaban regidos por el capricho o la compra de lealtades.

Es cierto que los criterios usados para la distribución son discutibles, pero sin duda alguna es mejor que haya reglas para evitar la discrecionalidad de los presidentes municipales o del Ejecutivo estatal.

Sin embargo, debemos reconocer que aún existen asuntos pendientes en la agenda de discusión de la transferencia y uso de los recursos federales que se destinan a estados y municipios. En primer lugar, el llamado nuevo federalismo se reduce a aspectos cuantitativos, a la conquista de más recursos y no insiste en la formación de mayores capacidades de coordinación y decisión en el ámbito municipal.

Los municipios del país reciben por concepto de fondo para la infraestructura social municipal 14 mil 51 millones de pesos, del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 15 mil 30 millones de pesos y por el fondo de aportaciones múltiples 5 mil 26 millones de pesos, es decir al menos por concepto de estos tres fondos los municipios del país reciben fondos federales por una cantidad aproximada de 34 mil 107 millones de pesos. Si en alguna instancia se podrían desviarse fondos federales con fines electorales es en los municipios, dado que la supervisión que se da a estos recursos deja mucho que desear. Po
demos ejemplificar lo anterior con la casi nula supervisión y verificación que sobre la aplicación de recursos federales se realiza en los nueve municipios más importantes del Estado de México: Ecatepec, Toluca, Tultitlán, Chimalhuacán, valle de Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Texcoco.

A pesar de que el Poder Ejecutivo Federal afirma que en 1999 los gobiernos locales recibieron 1.48 pesos, por cada peso de gasto erogado por la Administración Pública Centralizada, esto no se refleja en el bienestar de los ciudadanos: en esta tribuna se han conocido las denuncias que hemos recibido en torno a la insuficiencia y la baja calidad de servicios públicos básicos, el incremento de la inseguridad y el aumento del rezago educativo. ¿Qué está pasando con estos recursos? ¿Se respetan los criterios establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su aplicación, o dichos recursos se están reservando para su aplicación discrecional durante los meses de la campaña electoral?

Las solicitudes a la Contaduría Mayor de Hacienda para que verifique la correcta aplicación de dichos recursos no ha recibido respuesta ni tampoco entregado resultados, se escudan en la supuesta inexistencia de convenios entre el Congreso estatal y el Federal que precisen las formas de realizar dicha verificación, sin embargo el hecho es que pasa el tiempo y no existen, desde el Poder Legislativo Federal o local, los mecanismos que garanticen que los recursos federales se ocupen en aquéllo para lo que legalmente se destinaron.

Aunque la distribución de recursos federales ha mejorado, la situación en los municipios no ha cambiado sustancialmente. Los recursos que se destinan a satisfacer prioridades sociales sencillamente no se ejercen. En las denuncias presentadas por los ciudadanos de los municipios mencionados se alude a la utilización de recursos públicos para la promoción de la imagen de funcionarios y para el soporte electoral de candidatos. Es imperativo evitar que ante en el próximo proceso electoral federal, servidores públicos, partidos, candidatos y toda aquella persona que maneje recursos públicos haga un uso indebido de ellos, lucrando políticamente con las necesidades del pueblo.

El compromiso de esta Cámara de Diputados es con el avance de la democracia, con la transparencia en el uso de los recursos públicos y el apego irrestricto a la ley.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración y aprobación del pleno el siguiente

PUNTO DE ACUERDO.

Unico.
La comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000 deberá acudir a los municipios de Ecatepec, Toluca, Chimalhuacán, valle de Chalco, Tultitlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Texcoco, del Estado de México, con objeto de entrevistarse con las autoridades municipales para conocer sobre la aplicación regular y específica de los recursos federales asignados a dichos municipios, así como para difundir entre la población en general y con la sociedad civil organizada en particular, los mecanismos, conductos y procedimientos para presentar posibles quejas o denuncias relacionadas con el desvío de recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000 a favor de campañas partidistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2000.- Diputado federal José Luis Gutiérrez Cureño.»

Es cuanto tengo que proponer, señor Presidente.

El Vicepresidente:

Muchas gracias, diputado Gutiérrez Cureño.

Túrnese a la comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso del año 2000.

El diputado Gustavo Espinosa Plata
(desde su curul):

Señor Presidente.

El Vicepresidente:

¿Con qué objeto, diputado Espinosa? Actívese el micrófono del diputado Espinosa.

El diputado Gustavo Espinosa Plata
(desde su curul):

Señor Presidente: es evidente absolutamente la ausencia de quorum; ya una verificación sería inclusive hasta ridícula, sin embargo, se la solicito a usted.

606,607 y 608

El Vicepresidente:

Diputado: le informo que hace 15 minutos exactamente se procedió a verificar el quorum correspondiente. Quiero decirle que tiene conocimiento esta Presidencia del trabajo particular que están realizando algunos legisladores. Yo no tendría inconveniente en llevar a cabo una nueva verificación, con el conocimiento y la notoriedad que tendríamos el quorum correspondiente. Le pediría que desahogáramos el orden del día en lo que hace al punto correspondiente a las proposiciones que estamos celebrando y una vez agotado el término, si usted así lo considera junto con el diputado Armando López, procederé a verificar el quorum correspondiente.

MEXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Vicepresidente:

Tiene la palabra el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre las repercusiones del revestimiento del canal Todo Americano y su impacto en la frontera de Baja California.

El diputado José Oscar Aguilar González
(desde su curul):

Señor Presidente...

El Vicepresidente:

¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado José Oscar Aguilar González
(desde su curul):

Sería importante que le dé lectura a lo que establece la propia Ley General del Congreso; señala que cuando es obvio y evidente que no existe quorum, el Presidente tendrá que declarar en ese momento la suspensión de la sesión y yo creo que es más obvio que solamente habrá a lo mejor 30 ó 40 diputados.

El Vicepresidente:

Bien señala usted en cuanto que es la notoriedad un elemento a discutir, pero también y no es la ley, es el Reglamento el que faculta al Presidente a determinar esta falta de quorum, lo cual no se ha hecho así.

Adelante, señor diputado.

El diputado Fortunato Alvarez Enríquez:

Con su permiso, señor Presidente:

En el mundo entero el crecimiento demográfico y la escasez de agua tienen el potencial de desencadenar malestar social, conflictos políticos o incluso violencia. Las Naciones Unidas han reportado que más del 80% de los países del mundo tienen sistemas inadecuados de distribución de agua, el 40% de la población mundial tiene dificultades para satisfacer sus necesidades diarias básicas de agua, los suministros del vital líquido por doquier están amenazados por la contaminación, falta de infraestructura hidráulica adecuada y el mal manejo.

A nivel local, en la zona fronteriza de Baja California hay cada vez más tensiones respecto al tema del agua; a los problemas de contaminación, calidad y distribución equitativa se suma hoy otro latente derivado del anuncio hecho por el gobierno de los Estados Unidos de América sobre el inicio de las obras de revestimiento del canal Todo Americano, el cual conduce agua del río Colorado al valle Imperial en el Estado de California, modificando sustancialmente su estructura.

Las consecuencias de esta acción por parte de las autoridades norteamericanas son las siguientes:

1. Afectación de pozos agrícolas por la disminución de recarga al acuífero del subsuelo del lado mexicano por la cantidad de 100 millones de metros cúbicos de agua al año, con el consiguiente abatimiento de los niveles estáticos, dejándose de regar una superficie aproximada de 9 mil 200 hectáreas. Así entonces el valor de las cosechas disminuídas significaría la pérdida de 32 millones 405 mil dólares, afectando a más de 3 mil 630 familias.

2. Además del desastre económico señalado, se estima que el daño ecológico sea superior, en virtud de que al dejar de fluir el agua por el drenado interior de la mesa y la mesa arenosa de Andrade, desaparecerá la flora y la fauna, originándose la formación de depósitos eólicos que podrían avanzar a la zona agrícola.

3. La disminución de la recarga subterránea, con motivo del revestimiento del canal, favorecerá el aceleramiento del deterioro de la calidad de agua del subsuelo.

Los gobiernos de México y de Estados Unidos firmaron el acta número 2-42 el 30 de agosto de 1973, relativa a la solución permanente y definitiva del problema de la salinidad del Río Colorado. Dentro de otras cosas, en el punto número seis indica lo siguiente: "a fin de evitar problemas futuros, México y Estados Unidos se consultarán recíprocamente antes de emprender, en el área fronteriza de sus respectivos territorios, cualquier desarrollo de aguas superficiales o de aguas subterráneas o de emprender modificaciones de sus desarrollos actuales, que pudieran afectar adversamente al otro país".

Con lo anteriormente expuesto queda claro que existe el compromiso de no hacer cambios sustanciales que afecten al otro país, sin previamente haber llegado a un acuerdo con la otra parte. Así, en relación a la intención de revestir el canal Todo Americano por parte de las autoridades norteamericanas, no tenemos conocimiento de que nuestras autoridades mexicanas responsables, ya sea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Internacional de Límites y Aguas, hayan sido consultadas, como exigen los acuerdos firmados y hayan accedido a dichas modificaciones sustanciales.

En virtud de que las consecuencias de efectuar la obra mencionada son altamente perjudiciales para México en beneficio de los Estados Unidos, propongo el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Primero.
Que se instruya a la Comisión de Asuntos Fronterizos para que cite a los titulares de la Semarnap, de Relaciones Exteriores, así como a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, a fin de que informen sobre el proyecto ejecutivo de revestimiento del canal Todo Americano, así como de las gestiones que deban realizarse para impedir los daños que dicha obra puede causar a nuestro país.

Segundo. Las reuniones de trabajo que conforme al punto anterior se celebren, deberán ocurrir a la mayor brevedad posible, informando su resultado a este pleno y en su caso a la Comisión Permanente.

Atentamente.

Diputado Fortunato Alvarez Enríquez.»

El Vicepresidente:

Gracias, diputado Fortunato Alvarez.

Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos.

Vicepresidencia del diputado
Luis Meneses Murillo

VERIFICACION DE QUORUM (II)

El Vicepresidente:

En obsequio a la petición formulada por los diputado Armando López y Gustavo Espinosa Platas, proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico de asistencia, a efecto de verificar el quorum correspondiente, por el término de cinco minutos.

El secretario Jesús Gutiérrez Vargas:

Por instrucciones de la Presidencia solicito a la se abra el sistema electrónico para verificar el quorum reglamentario hasta por cinco minutos.

El Vicepresidente:

En virtud de que no hay quorum, se suspende la sesión.

Se instruye a la Secretaría que haga el descuento correspondiente con base en el artículo 64 de la Constitución.

ORDEN DEL DIA

El Vicepresidente:

Se le pide a la Secretaría que dé lectura al orden del día de la próxima sesión, que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de abril del año 2000 a partir de las 11:00 horas.

La secretaria Marta Laura Carranza Aguayo:

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Jueves 13 de abril de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Diputado Jorge Alejandro Jiménez Taboada, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

Iniciativas de diputados

Que crea la Comisión Nacional del Maíz, a cargo del diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De Ley de Bioseguridad, a cargo del diputado Fernando Castellanos Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 26 y 42-bis, a cargo de la diputada María Estrella Vázquez Osorno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas a los artículos 39, 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Samuel Maldonado Bautista, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 75 y séptimo transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Jesús Higuera Laura, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Dictamen a discusión

De la Comisión de Fomento Cooperativo con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 8 de abril. Discusión y votación.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para establecer la posición que el Gobierno mexicano deberá asumir en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, a cargo de la diputada Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para el establecimiento de la zona de restauración ecológica para el lago de Cuitzeo y sus zonas aledañas, a cargo de la diputada Julieta Ortencia Gallardo Mora, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se investigue el posible desvío de recursos públicos para fines electorales por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y/o del Sindicato Nacional de Trabajadores de esta institución, a cargo del diputado Gonzalo Rojas Arreola, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Excitativas

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Luis Meneses Murillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del diputado Jorge Durán Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

609,610 y 611

A las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, a cargo del diputado José de Jesús Montejo Blanco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Jorge Humberto Zamarripa Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Vicepresidente (a las 17:21 horas):

Se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 13 de abril a las 11:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

*Tiempo de duración: 5 horas 33 minutos.

* Quórum a la apertura de sesión: 390 diputados.

* Diputados que solicitan licencia: 3.

* Diputados suplentes que se incorporan: 2.

* Puntos de acuerdo: 6.

* Temas de agenda política: 1.

* Oradores en tribuna: 19
PRI-3; PRD-9; PAN-5; PT-1; PVEM-1.

Se recibió:

* 3 comunicaciones de los congresos de los estados de Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas;

* 3 oficios con los que se proponen cambios en las mesas directivas del Comité de Administración y de las comisiones de Información, Gestoría y Quejas; Comunicación Social; Salud; Trabajo y Previsión Social y del Instituto de Investigaciones Legislativas;

* 13 comunicaciones con las que solicitan cambios en la integración de comisiones y comités;

* 1 comunicación del diputado Alvaro Arceo Corcuera con la que informa que se le debe seguir considerando como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

* 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite denuncia, en relación con el uso de fondos públicos en el proceso electoral del Estado de Tlaxcala, presentada por el senador Luis González Pintor;

* 4 iniciativas del PRD;

* 1 iniciativa del Ejecutivo;

* 2 iniciativas del PAN;

* 1 oficio del gobernador del Banco de México;

* 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que 19 ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua;

* 4 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite igual número de minutas proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que 13 ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de España, de la República de Nicaragua y de la República de El Salvador, respectivamente;

* 1 ocurso de particular, solicitando el permiso constitucional necesario para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Venezuela y Cuba.

Se aprobó:

* Comunicación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponiendo como secretario de la mesa directiva;

* 1 dictamen de la Comisión de Educación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación;

* 1 dictamen de la Comisión del Deporte, con proyecto de Ley General del Deporte;

* 1 dictamen de la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de dicha Ley Aduanera.

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

Aserca            Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Bancrecer       Banco de Crédito y Crecimiento, Sociedad Anónima
Conade           Comisión Nacional del Deporte
Conasupo       Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima de Capital Variable
DEM               Diplomado de Estado Mayor
D.F.                 Distrito Federal
Fobaproa        Fondo Bancario de Protección al Ahorro
GP           Grupo parlamentario
OEA               Organización de Estados Americanos
ONG               Organizaciones no gubernamentales
ONU            Organización de las Naciones Unidas
OPEP            Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo
PAN              Partido Acción Nacional
PEF               Presupuesto de Egresos de la Federación
Pemex            Petróleos Mexicanos
PIB                  Producto interno bruto
PRD                 Partido de la Revolución Democrática
PRI                 Partido Revolucionario Institucional
PT                    Partido del Trabajo
S.A.                 Sociedad Anónima
Secofi              Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Semarnap        Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
SEP                 Secretaría de Educación Pública
Serfin                Servicios Financieros Integrados
UNAM             Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO        Organización Educacional, Científica y Cultural, de Naciones Unidas
(por las siglas en inglés)