DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso  del Primer Año de Ejercicio

DIRECTOR GENERAL DE
CRONICA PARLAMENTARIA
Héctor de Antuñano y Lora

PRESIDENTE

Diputado Ricardo Francisco García Cervantes

DIRECTOR DEL
DIARIO DE LOS DEBATES

Norberto Reyes Ayala
AÑO I                 México, D.F., miércoles 17 de enero de 2001       No. 4

S U M A R I O



ASISTENCIA

Pág.

61

ORDEN DEL DIA 61
ACTA DE LA SESION ANTERIOR 61
ANTONIO MARTINEZ BAEZ 64
El Presidente participa del fallecimiento del ex legislador michoacano. 64
Realiza comentarios al respecto, la legisladora Martha Sofía Tamayo Morales 64
Se guarda respetuoso minuto de silencio. 66
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 66
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado. 66
ESTADO DE CHIAPAS 67
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo parlamentario en relación con el impuesto al valor agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 67
ESTADO DE COLIMA 67
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo en relación con los programas de combate a la pobreza en los que se requieran insumos o productos agropecuarios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 67
ESTADO DE DURANGO 68
Comunicación del Congreso estatal, con la que solicita el incremento al subsidio ordinario de las universidades públicas y en especial a la Universidad Juárez del Estado de Durango, para hacer frente al cumplimiento de las prestaciones laborales incluidas en los contratos colectivos de trabajo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 68
ESTADO DE GUERRERO 69
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo parlamentario relativo a la problemática forestal del Estado. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 69
Comunicación del Congreso estatal, con la que propone que se considere la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 71
ESTADO DE GUANAJUATO 73
Comunicación del Congreso estatal, con la que solicita que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realice las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se tenga un incremento en el rubro educativo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 73
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo con el que solicita que se legisle en materia de trabajo, previsión y seguridad social, así como que se incrementen las pensiones de los trabajadores jubilados. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 75
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se conserve en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2001, el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 77
Comunicación del Congreso estatal, con la que solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un incremento sustancial a la partida presupuestal para la actividad agropecuaria en el ejercicio fiscal de 2001. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 79
ESTADO DE MORELOS 80
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite copia certificada del punto de acuerdo con el que se pronuncia en contra de una posible aplicación del impuesto al valor agregado en productos de primera necesidad. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 80
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo con el que se invita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para realizar la reforma fiscal integral para que se permita la generación de recursos económicos necesarios para el desarrollo nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 82
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 83
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite copia del pronunciamiento formulado por diputados del Partido Revolucionario Institucional, derivado del anuncio del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con relación a una amnistía a contribuyentes morosos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 83
CAFETICULTORES 85
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite punto de acuerdo relativo a un programa urgente de apoyo a los cafeticultores para las labores de pizca y acarreo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 85
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 87
Comunicación de las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informando de diversos acuerdos tomados por ambas comisiones en relación con el informe del presidente de dicha comisión. De enterado y recíbase el informe que se cita. 87
INSTITUTO DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 88
Oficio de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, con el que remite los informes sobre el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo del 1o. de julio al 30 de septiembre de 2000. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores 88
LEY DE COORDINACION FISCAL 121
Oficio del Congreso del Estado de Durango, con el que remite iniciativa de reformas al artículo 2o. de dicha ley, referente al Fondo General de Participaciones. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 121
REPUBLICA ARGENTINA 123
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designó a la ciudadana María del Rosario Green Macías, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de dicha nación. Se turna a la Segunda Comisión. 123
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 123
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designó al ciudadano Javier Barros Valero, para fungir como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. Se turna a la Segunda Comisión . 123
REINO DE SUECIA 124
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designó al ciudadano Jorge Enrique Castro Valle Kuehne, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de dicho Reino. Se turna a la Segunda Comisión. 124
CANADA 124
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designó al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, cónsul general de México en Toronto, Canadá. Se turna a la Segunda Comisión. 124
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 125
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designó a los ciudadanos: Manuel Rodríguez Arriaga, Rubén Alberto Beltrán Guerrero, cónsules ge-nerales de México en Miami, Florida; Phoenix, Arizona, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión. 125
REPUBLICA ITALIANA 126
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designó a la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave, cónsul general de México en Milán, Italia. Se turna a la Segunda Comisión. 126
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO 126
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan E. Olvera, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Se turna a la Primera Comisión. 126
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (Il) 127
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita los permisos constitucionales necesarios para que 21 ciudadanos, puedan prestar sus servicios a representaciones diplomáticas de dicho país y la cancelación de 20 permisos otorgados. Se turnan, en lo que se refiere a la solicitud de permisos, a la Primera Comisión y los que informan de ciudadanos mexicanos que han dejado de prestar sus servicios a representaciones diplomáticas de dicho país, a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento. 127
PERMISO A PRESIDENTE PARA AUSENTARSE
DEL TERRITORIO NACIONAL
128
Primera lectura del dictamen de la Segunda Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2001, para participar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza y realizar visitas de trabajo a Frankfurt, Alemania y Milán, Italia. Se le dispensa la segunda lectura. 128
Sin discusión es aprobado. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales. 132
REPUBLICA DE CHILE 132
El legislador Miguel Sadot Sánchez Carreño, presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice la investigación acerca del fallecimiento de María Rosario Avalos, durante el régimen militar de Augusto Pinochet, en la República de Chile. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. 132
HORARIO DE VERANO 133
Respecto a la implementación de dicho horario, presenta proposición de punto de acuerdo, la legisladora María del Rosario Tapia Medina. 133
REPUBLICA DE CHILE (Il) 134
El Presidente rectifica el turno, respecto a la proposición del legislador Sánchez Carreño y la turna a la Segunda Comisión. 134
HORARIO DE VERANO (Il) 135
Sobre el mismo tema, interviene la legisladora Sara Isabel Castellanos Cortés. 135
Se turna la proposición presentada por la legisladora Tapia Medina, a la Tercera Comisión. 136
REPUBLICA DE EL SALVADOR 136
El legislador Ernesto Gil Elorduy, presenta proposición de punto de acuerdo para manifestar la solidaridad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con el pueblo de la República de El Salvador, respecto a los daños del terremoto sufrido el pasado 13 de enero. 136
Se considera de urgente resolución. Aprobado. 137
Se guarda minuto de silencio, en memoria de los desaparecidos por el terremoto en dicho país. 138
ESTADO DE YUCATAN 138
Comentan la situación política en dicha entidad, los legisladores: 138
Sergio César Alejandro Jáuregui Robles 138
Jaime Cervantes Rivera 141
María Cristina Moctezuma Lule 142
Uuc-kib Espadas Ancona 143
César Camacho Quiroz 144
Para responder alusiones personales o rectificar hechos, los legisladores: 147
Juan José Rodríguez Prats 147
Alejandro Zapata Perogordo 147
Jorge Carlos Ramírez Marín 149
Uuc-kib Espadas Ancona 150
Fernando Pérez Noriega 151
Jorge Carlos Ramírez Marín 152
Demetrio Sodi de la Tijera 153
Uuc-kib Espadas Ancona 155
Fernando Pérez Noriega 155
Justino Eduardo Andrade Sánchez 156
Javier Corral Jurado 157
Justino Eduardo Andrade Sánchez 159
Suficientemente discutido el tema. 161
ESTADO DE CHIHUAHUA 161
Presenta proposición con punto de acuerdo sobre el atentado efectuado el día de hoy, en contra del gobernador del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, la legisladora Sara Isabel Castellanos Cortés. Se considera de urgente resolución. 161
Expresan su opinión al respecto los legisladores: 162
Beatriz Elena Paredes Rangel 162
Diego Fernández de Cevallos 162
Demetrio Sodi de la Tijera 163
Es aprobada la proposición. 163
PETROLEO 163
Expresa su opinión sobre la política petrolera del Estado mexicano, el legislador Serafín Ríos Alvarez 163
ORDEN DEL DIA 166
De la próxima sesión 166
CLAUSURA Y CITATORIO 166
RESUMEN DE TRABAJOS 167
LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION 168

DIARIO de los DEBATES

Año l  No.4    PRIMER RECESO DE LA  COMISIÓN PERMANENTE     ENERO 17, 2001

 

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

ASISTENCIA

Presidencia del diputado
José Elías Romero Apis

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.

Señor Presidente, hay una asistencia de 31 legisladores.

Hay quorum, señor Presidente.

El Presidente (a las 11:30 horas):

Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día


Miércoles 17 de enero de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones


Del Presidente de la mesa directiva.

De los congresos de los estados de: Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Morelos y San Luis Potosí.

De la Cámara de Senadores.

De los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Oficio de la secretaría ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Con el que se remiten los informes sobre el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de julio y el 30 de septiembre de 2000 y sobre los apoyos financieros otorgados al grupo financiero Serfín con base en el programa de saneamiento por el periodo transcurrido al 30 de septiembre de 2000, de conformidad con los artículos 28 y 84 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. (Turno a comisión.)

Iniciativa del Congreso del Estado
de Durango


Que reforma y adiciona el artículo 2o., de la Ley de Coordinación Fiscal en sus párrafos primero y quinto. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación


Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México, ante el gobierno de la República Argentina. (Turno a comisión.)

Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó al ciudadano Javier Barros Valero, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, para que funja como representante permanente de México, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. (Turno a comisión.)

Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó al ciudadano Jorge Enrique Castro Valle Kuehne, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno del Reino de Suecia. (Turno a comisión.)

Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, como cónsul general de México en Toronto, Canadá. (Turno a comisión.)

Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó al ciudadano Manuel Rodríguez Arriaga, como cónsul general de México en Miami, Florida, EUA. (Turno a comisión.)

Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó al ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como cónsul general de México en Phoenix, Arizona, EUA. (Turno a comisión.)

Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó a la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave, como cónsul general de México en Milán, Italia. (Turno a comisión.)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan E. Olvera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gran Ducado de Luxemburgo. (Turno a comisión.)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y la cancelación de permisos otorgados. (Turno a comisión.)

Dictamen de primera lectura


De la segunda comisión con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero del 2001, a fin de participar en el Foro Económico Mundial, en la ciudad de Davos, Suiza, así como realizar visitas de trabajo a Frankfurt, Alemania y Milán, Italia. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Proposiciones


Con punto de acuerdo para solicitar la investigación sobre el fallecimiento de María Rosario Avalos, durante el régimen militar de Augusto Pinochet, a cargo del senador Sadot Sánchez Carreño del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el Horario de Verano, a cargo de la diputada María del Rosario Tapia Medina del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el Horario de Verano, a cargo de la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo manifestando la solidaridad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el pueblo de El Salvador, a cargo del senador Ernesto Gil Elorduy del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Agenda política


Comentarios sobre la situación política en el Estado de Yucatán, a cargo del senador César Jáuregui Robles del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo sobre el atentado sufrido por el gobernador del Estado de Chihuahua, a cargo de la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, a nombre de integrantes de la Comisión Permanente. (Urgente resolución.)

Comentarios sobre la política petrolera del Estado mexicano, a cargo del senador Serafín Ríos Alvarez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente :

Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de la sesión anterior y ponerla a discusión.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el diez de enero de dos mil uno, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las catorce horas con catorce minutos del miércoles diez de enero de dos mil uno, con la asistencia de treinta y cinco legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día e inmediatamente después al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.

A consideración del cuerpo colegiado, la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. Se aprueba por treinta y siete votos en pro y ninguno en contra.

Los congresos de los estados de Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, comunican actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informa de la inauguración de su primer periodo de sesiones correspondiente al dos mil uno. De enterado.

La segunda legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informa de la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias de su primer año de ejercicio. De enterado.

Comunicaciones de los diputados:


Manuel de Jesús Espino Barrientos, solicitando licencia por tiempo indefinido. Se aprueba el punto de acuerdo respectivo; comuníquese a la Cámara de Diputados.

Enrique Priego Oropeza, quien solicita licencia por tiempo indefinido.

Desde su curul, el senador Raymundo Cárdenas Hernández, solicita que nuevamente se dé lectura a la solicitud y la Secretaría así lo hace.

La Secretaría da lectura al artículo setenta y ocho, fracción octava, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el senador Demetrio Sodi de la Tijera, desde su curul, hace observaciones a las que el Presidente da respuesta.

Debaten respecto del punto de acuerdo respectivo, los legisladores: María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Justino Eduardo Andrade Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los legisladores: Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario Institucional y Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita aclaraciones respecto a la solicitud de licencia del ciudadano Enrique Priego Oropeza, que el Presidente hace.

Desde su curul, el senador Sodi de la Tijera pide nuevas aclaraciones, mismas que el Presidente atiende.

La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y recoge la votación económica respectiva, misma que resulta aprobatoria. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien solicita licencia por tiempo indefinido. Se aprueba el punto de acuerdo respectivo en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que:

Remite la solicitud para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del veinticuatro al treinta de enero de dos mil uno, a fin de participar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza y realizar visitas de trabajo a Frankfurt, Alemania y Milán, Italia. Se turna a la segunda comisión.

Solicita el permiso constitucional necesario para que el general brigadier Genaro Sánchez Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República del Peru. Se turna a la Primera Comisión.

61,62,63

Remite las hojas de servicios de dieciocho ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.

La Cámara de Senadores remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de enero de dos mil uno. Se aprueba en votación económica. Comuníquese al Senado de la República.

Para expresar sus opiniones respecto a la situación política en el Estado de Tabasco, hablan los legisladores: Auldarico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputado
José Elías Romero Apis

Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes

Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, quien presenta una proposición con punto de acuerdo y Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente turna la proposición del senador Juan José Rodríguez Prats a la Primera Comisión.

Rectifican hechos los legisladores: Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática y Auldarico Hernández Gerónimo, del mismo partido.

La Asamblea considera suficientemente discutido el tema en votación económica.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas, citando para la que tendrá lugar el miércoles diecisiete de enero de dos mil uno, a las once horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

El Presidente :

Muchas gracias, señor Secretario

ANTONIO MARTINEZ BAEZ

El Presidente :

Tengo el penoso deber de dar cuenta formal a esta honorable Asamblea, del muy reciente fallecimiento del ilustre Jurista don Antonio Martínez Báez, quien fuera diputado en las legislaturas XLIX y LIV y senador de la República en las legislaturas LlI y LIII por el Estado de Michoacán.

Para referirse a este penoso asunto, ha solicitado el uso de la palabra y lo tiene hasta por 10 minutos, la senadora Martha Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La senadora Martha Sofía Tamayo Morales:

Gracias, señor Presidente; compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

En tiempos de cambio, los hombres de leyes y principios son brújula de la historia.

Por eso, señoras y señores legisladores, resulta lamentable la pérdida, el 22 de diciembre próximo pasado, del reconocido constitucionalista don Antonio Martínez Báez, quien dedicó su vida al estudio y aportación al campo jurídico.

Son muchas y muy valiosas las obras que legó al pueblo mexicano. Originario de Morelia, Michoacán, en donde nació el 18 de agosto de 1901, el abogado Martínez Báez mostró su erudición en materia jurídica desde su época de estudiante pues siendo alumno de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, obtuvo el primer premio en el concurso organizado por los diarios El Universal y Los Angeles, Times, con el ensayo denominado Gobierno Constitucional, en 1925.

Este ilustre michoacano, sostenía que para construir una buena sociedad era necesario formar buenos ciudadanos, creyentes de las bondades que encierra el espíritu de las normas jurídicas y defensores del estado de derecho, para que su accionar individual sea en beneficio colectivo y nunca en detrimento de la esfera de libertades de los demás.

Con esa convicción impartió cátedra a los alumnos de diversas universidades a los que inculcaba el respeto irrestricto a las leyes.

Destaca en su vasta carrera académica su cátedra de derecho constitucional en la escuela Libre de Derecho y en El Colegio de México. También, impartió clases en los cursos de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que fue profesor emérito.

De entre sus múltiples ocupaciones académicas, se dio tiempo para desempeñar muy honrosamente cargos en diferentes organismos; entre ellos, ocupó la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria, fue gerente de la Financiera Industrial Azucarera y secretario de economía en el periodo de 1948 a 1952.

En el cumplimiento de cada una de estas funciones mostró, en todo momento, su vocación legal; no cometía ni permitía acto u omisión alguna que contraviniera el marco jurídico que fijaba sus facultades. Para él, el hombre y sobre todo el hombre investido de poder, tenía en el derecho la única fuente inspiradora de su accionar.

El reconocimiento a su cualidad de jurisconsulto trascendió las fronteras ya que fue miembro de la Academia Internacional de Ciencias Políticas y de Historia Constitucional de La Sorbona, en Paris; presidente de la Comisión Económica para América Latina, en México y en Río de Janeiro; miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya; delegado de México a la Conferencia Especializada Interamericana sobre derechos humanos en Costa Rica y representante de nuestro país en el Seminario Internacional de Organizaciones de Naciones Unidas, sobre el tema "Los peligros del recrudecimiento de la intolerancia y sobre sus remedios", celebrada en Niza, en 1971.

Debemos aspirar a que en los años por venir haya en la vida pública de México, hombres y mujeres como Antonio Martínez Báez, que hagan del ordenamiento que contiene la norma jurídica una conducta cotidiana, toda vez que los tiempos de cambio que se viven en nuestro país demandan solidez en los principios y acatamiento de la ley para construir un destino cierto; hombres y mujeres que hagan posible que el cambio de nuestro país sea hacia etapas superiores y sin retrocesos.

No hay afán de cambio o transformación que justifique obrar con desapego y desconocimiento del derecho. Por supuesto que no renegamos del cambio, admitámoslo siempre pues todo régimen de gobierno está sujeto a la dinámica que impone la transformación en un conglomerado con vocación democrática.

La evolución de los proyectos y los programas son consustanciales a las aspiraciones de superación de un pueblo.

En un país de leyes como el nuestro, debe ser compromiso inalterable de quienes resultan gobernantes por mandato democrático garantizar el respeto del derecho, obrar estrictamente apegados a la ley, sólo así la democracia cumple con su cometido.

La popularidad de un gobierno no le da necesariamente ni sabiduría para gobernar ni garantiza su identificación con las responsabilidades institucionales.

La historia está plagada de gobernantes que llegaron con el apoyo popular al poder y luego se convirtieron en enemigos de quienes los eligieron, todo porque adolecían de la convicción por el derecho y de los principios que nos enseñó Antonio Martínez Báez.

La popularidad y los votos en ningún caso son portes para el ejercicio del gobierno al margen de la ley. Es entonces obligada la pregunta. ¿Qué es lo que da certeza y rumbo claro a los cambios? La respuesta es simple: el apego a las leyes y principios, la ausencia de ellos desemboca en anarquía.

En este sentido, Antonio Martínez Báez inspiró varios de sus estudios históricos en un hombre que es ejemplo de nacionalismo, José María Morelos y Pavón, de quien el destacado abogado elaboró y publicó varios ensayos, en los que reconoció la aportación de la Constitución de Apatzingán a la vida institucional de México, así como la congruencia doctrinal que dio a los principios de independencia, soberanía y división de poderes.

Puede asegurarse que la aportación más significativa del michoacano en su faceta de historiador, campo en el que incursionó con éxito, fue precisamente sobre Morelos y los Sentimientos de la Nación, compartía con él la necesidad de acotar y ejercer controles para el ejercicio del poder, su afán por moderar las distancias entre la opulencia y la indigencia y la libertad de nuestro país para decidir por sí mismo su futuro. Estos principios están vigentes hoy más que nunca, pues se ha mostrado claramente una compulsión por cambiar el estado de cosas sin que se tenga un enfoque preciso del lugar al que se aspire ni las formas para llegar a él.

Hombres como Antonio Martínez Báez, doctor honoris causa por la Universidad Michoacana; diputado y senador, son baluartes frente a la incertidumbre de un cambio sin rumbo fijo.

Señor Presidente de la mesa, solicito que a su vez pida a la señoras legisladoras y señores legisladores, integrantes de esta Comisión Permanente, se conceda un minuto de silencio en honor a la memoria de este ilustre mexicano.

Muchas gracias.

El Presidente :

Tal como se ha solicitado, guardaremos un minuto de silencio en memoria de don Antonio Martínez Báez.

(Minuto de silencio).


Se ruega a la Secretaría dar cuenta con las comunicaciones.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La secretaria diputada Lidia Madero García:

Del Congreso del Estado de Baja California Sur, comunica la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio y la elección de las directivas de la Diputación Permanente que funcionarán del 28 de diciembre de 2000 al 15 de marzo de 2001 y del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio que funcionarán del 15 de marzo al 15 de junio del año 2001.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Estado de Baja California Sur.

Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

En sesión solemne celebrada el día de hoy 28 de diciembre del presente año, fueron clausurados los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional; en la sesión citada fueron elegidas las directivas de la Diputación Permanente; así como la directiva del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 34 y 222 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

La directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el periodo de receso que inicia hoy 28 de diciembre del año 2000 al 15 de marzo del año 2001, quedó integrada de la siguiente forma:

Diputados: Soledad Saldaña Bañales, presidenta; Plácido Fidel Cota Valles, Víctor Manuel Martínez de Escobar Cobela, secretarios; Dominga Zumaya Alucano, primer suplente; José Rosario Verdugo Verduzco, segundo suplente y José Javier Santoyo Lara, tercer suplente.

La directiva del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional que fungirá del 15 de marzo al 15 de junio del año 2001, quedó integrada de la siguiente forma:

64,65,66

Diputados: Javier Gallo Reyna presidente; Irma Patricia Ramírez Gutiérrez, vicepresidenta; Luis Francisco Amador Hernández, secretario; Alejandro Félix Cota Miranda, prosecretario.

Sin otro particular, nos es grato enviar a usted, un cordial saludo.

Atentamente.

La Paz, Baja California Sur, a 28 de diciembre de 2000.- Plácido Fidel Cota Valles, secretario.»

El Presidente :

De enterado.

ESTADO DE CHIAPAS

La secretaria senadora Lidia Madero García:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Estado Libre y Soberano de Chiapas.- Honorable Congreso.

Ciudadanos diputados al Congreso de la Unión.- México, D.F.

Por medio del presente me permito comunicar a esa Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el pleno del honorable Congreso del Estado de Chiapas aprobó el siguiente

ACUERDO PARLAMENTARIO


Unico.
Que en aras de brindar bienestar a la población de Chiapas, solicitamos de manera respetuosa a los diputados federales de las fracciones representadas en el Congreso de la Unión y en especial a los legisladores chiapanecos, para que realicen las gestiones que sean necesarias a fin de que nuestra entidad federativa sea considerada en su totalidad como región fronteriza y el impuesto al valor agregado sea del 10% en todo el Estado, para que los beneficios que ello representa, aumenten considerablemente las posibilidades productivas, comerciales e industriales y se conviertan en verdaderos detonantes del desarrollo y justicia social.

Estamos seguros que con su ayuda coadyuvarán a mitigar la pobreza y la marginación de los chiapanecos al incentivar la inversión en nuestro Estado.

Sin otro particular, reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 28 de diciembre de 2000.- Por el honorable Congreso del Estado, diputado Jesús Pérez Hernández, secretario.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE COLIMA

La secretaria senadora Lidia Madero García:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- 2000-2003.- Honorable Congreso del Estado de Colima.- LIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, los integrantes de la LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política local; 22 fracción I; 83 fracción I; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emitieron y aprobaron por unanimidad de votos de sus integrantes un punto de acuerdo, el cual en su resolutivo textualmente señala:

"Solicitar al Congreso de la Unión que promueva y establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001, de manera prioritaria, que en todos los programas sociales orientados al combate a la pobreza, en los que se requieran insumos o productos agropecuarios, éstos sean adquiridos de productores y de la industria nacionales; dando preferencia a los productores de cada región o Estado en los que se apliquen, siempre que éstos sean de calidad, de acuerdo con las normas aplicables, estimulando con ello la inversión y la planta productiva del país."

Lo que comunicamos a ustedes, en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 27 de diciembre de 2000.- Diputados: Antonio Morales de la Peña y Roberto Alcaraz Andrade, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- 1997-2000.- Honorable Congreso del Estado de Colima.- LII Legislatura.

Honorable Congreso del Estado.- Presente.

En sesión pública ordinaria celebrada por esta soberanía el pasado día 18 de diciembre, se ordenó turnar a la Comisión de Gobierno para su estudio y análisis el punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Solís Aguirre, encaminado a solicitar al honorable Congreso de la Unión que analice valore y determine la posibilidad de que en los programas sociales se utilicen de preferencia insumos producido en el país y en su caso, en la región.

Que habiendo analizado las consideraciones que sirven de soporte a la propuesta, concluimos que efectivamente, una forma de alentar la inversión en el sector agropecuario, es promoviendo el consumo de productos del campo, que se han visto desplazados por las importaciones que se hacen al amparo de la apertura comercial promovida por el Tratado de Libre Comercio y que han desestabilizado el mercado interno con una sensible afectación de la balanza comercial, una desprotección de la economía y una descapitalización de los productores agropecuarios en quienes además, la falta de incentivos desalienta la inversión productiva en dicho sector.

Que por otra parte, los programas sociales promovidos por el Gobierno Federal, que se traducen en el otorgamiento de subsidios para atender las múltiples necesidades de las familias y la población en general, pueden convertirse en el motor de las acciones encaminadas a promover el consumo de productos del campo mexicano, en lugar de los de importación, desalentando ésta y reconociendo el esfuerzo de nuestros campesinos para fortalecerlos y multiplicar la inversión agropecuaria.
En síntesis, la inquietud y reclamo de los hombres del campo, es necesario apoyarla sin reservas, por lo que nos pronunciamos por la propuesta y solicitamos al pleno de esta soberanía, el voto favorable para el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Solicitar al Congreso de la Unión que promueva y establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001, de manera prioritaria, que en todos los programas sociales orientados al combate a la pobreza en los que se requieran insumos o productos agropecuarios, éstos sean adquiridos de productores y de la industria nacionales, dando preferencia a los productores de cada región o Estado en los que se apliquen, siempre que éstos sean de calidad de acuerdo con las normas aplicables, estimulando con ello la inversión y la planta productiva del país.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 22 de diciembre de 2000.- La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.- Diputados: Héctor Arturo Velasco Villa, presidente; Jorge Octavio Iñiguez Larios, Armando de la Mora Morfín, secretarios.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE DURANGO

La secretaria senadora Lidia Madero García:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado de Durango.- Honorable LXI Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo.

En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó un punto de acuerdo, el cual nos permitimos transcribir para su conocimiento y efectos legales consiguientes y que dice:

"Que esta LXI Legislatura del Congreso del Estado, aprobó solicitar al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el incremento al subsidio ordinario de las universidades públicas y en especial, a la Universidad Juárez del Estado de Durango, que sea suficiente para hacer frente al cumplimiento de las prestaciones laborales, incluidas en los contratos colectivos de trabajo."

Nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Victoria de Durango, Durango, a 14 de diciembre de 2000.- Diputados: Pedro Luna Solís y Jaime Ruiz Canaán, secretarios.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE GUERRERO

La secretaria senadora Lidia Madero García:

«Honorable Congreso del Estado de Guerrero.- LVI Legislatura

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de este día tuvo a bien aprobar, un acuerdo parlamentario, relativo a la problemática forestal en el Estado. Documento que me permito anexar al presente, para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, reitero a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Chilpancingo, Guerrero, a 19 de diciembre de 2000.- El Presidente del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, diputado Roberto Torres Aguirre.»

«La LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y

CONSIDERANDO


Primero.
Que desde que se realiza el aprovechamiento de los recursos forestales, no se han realizado estudios diagnósticos que indiquen el grado de deterioro de los mismos, a pesar de que se asegura que la superficie forestal es de 3.5 millones de hectáreas, así por ejemplo, se consigna que la superficie arbolada de Guerrero, según el inventario nacional, era para 1994: bosques de: 1 millón 945 mil 171 hectáreas, que se encuentran divididas en coníferas y coníferas latifoliadas mezcladas; de selvas 1 millón 106 mil 482 hectáreas y de áreas perturbadas de 1 millón 719 mil 541 hectáreas. Sin embargo, la producción maderable más importante es la que se extrae de las coníferas, mismas que se encuentran en 104 mil 458 hectáreas, que realmente son el área con capacidad comercial; coníferas y latifoliadas 1 millón 304 mil 071 hectáreas. En las que se encuentran mezclados tanto pinos como encinos, notablemente alterados por el proceso de extracción de los pinos y 536 mil 642 hectáreas de latifoliadas, lo cual muestra que la reducción de la superficie con capacidad productiva es importante, considerando que el 60% de la superficie del Estado es de vocación forestal.

Segundo.
Que la situación de deterioro de los recursos naturales tiene como consecuencia la disminución de los beneficios que el bosque proporciona, tales como: el abastecimiento de agua, el mantenimiento de la biodiversidad, el aprovechamiento y uso de plantas medicinales, la conservación del suelo y el equilibrio climático, por tal razón, se requiere urgentemente se aplique la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, realizando el reordenamiento ecológico del territorio, destinando el uso del suelo a su real capacidad y aprovechar integralmente los recursos naturales de manera sustentable, haciendo uso de los conocimientos que nos ofrecen la ciencia y la tecnología, de tal manera que nos permita conservar el ambiente y los recursos naturales.

67,68,69

Tercero. Que en las regiones forestales por diversas circunstancias sus habitantes se encuentran en condiciones de marginación, ante la falta de inversión que los mantiene en aislamiento, con carencias de los servicios básicos y empleo.

Cuarto. Que en algunas regiones del Estado, como en la región de la Costa Grande, de acuerdo con los datos del inventario forestal en 1994, se encuentra transformada en un 54.1% manteniendo el restante 45.9% con su cubierta vegetal natural o seminatural. Por tal razón, se requiere con urgencia se realicen acciones de conservación, ofreciendo al mismo tiempo opciones de empleo a quienes viven en la región, ya que la población de las partes bajas de la costa reclaman la conservación de la vegetación de las partes altas ante el peligro que representa la escasez del agua.

Quinto. Que el propio gobierno del Estado y Federal, a través de un pronunciamiento público, discutido y firmado por el Consejo Técnico Consultivo Forestal, ha reconocido el deterioro de los recursos forestales y la necesidad de presentar acciones para revertirlo, con acciones que garanticen el manejo adecuado de los mismos, manifestando su más amplia disposición a que la sociedad guerrerense y todos los interesados participen en el diseño de políticas que nos lleven a su solución.

Sexto. Que a partir de esta problemática, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en coordinación con dependencias federales y estatales nos hemos dado a la tarea de recoger las inquietudes de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, entre los que hemos encontrado las preocupaciones y exigencias aquí contenidas, por lo que esta comisión, en cumplimiento con su obligación expone ante esta soberanía, para hacerlo del conocimiento de las instancias de la Administración Pública Federal y estatal, para contribuir en el mejor de los casos a su solución.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I, de la Constitución Política local; 8o. fracción I y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este honorable Congreso tiene a bien expedir el siguiente

ACUERDO PARLAMENTARIO


Artículo primero. La LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta al Gobierno Federal para que, en coordinación con el gobierno del Estado, consideren como prioridad al sector ambiental y de manera urgente y en el ámbito de su competencia, implementen las acciones necesarias para atender la problemática forestal que afrontan los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios del Estado de Guerrero, buscando la solución más viable a la misma, generando las condiciones requeridas para la preservación del medio ambiente.

Artículo segundo. Para los efectos del artículo anterior, esta legislatura solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la implementación de un programa integral para el desarrollo de las áreas forestales, que permita a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios contar con apoyos para la conservación, regeneración y explotación de los bosques, sin deteriorar el medio ambiente.

Artículo tercero. El honorable Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, dará el seguimiento correspondiente al presente acuerdo ante las instancias gubernamentales competentes.

Artículo cuarto. Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal; al honorable Congreso de la Unión y al Ejecutivo del Estado, para los efectos legales procedentes.

Artículo quinto. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del gobierno del Estado, para el conocimiento general.

ARTICULO TRANSITORIO


Unico.
El presente acuerdo, surtirá efectos a partir de la fecha de su expedición.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, a 19 de diciembre de 2000.- Diputados: Roberto Torres Aguirre, presidente; Jorge Figueroa Ayala y Sebastián Alfonso de la Rosa Pelaez, secretarios.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a las comisiones de Presupuesto y de Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

La secretaria senadora Lidia Madero García:

«Honorable Congreso del Estado de Guerrero.- LVI Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de este día tuvo a bien aprobar, un acuerdo parlamentario, por el que se propone a esa alta representación se considere la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1999. Documento que me permito anexar al presente, para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

Chilpancingo, Guerrero a 11 de diciembre de 2000.- El oficial mayor, licenciado Luis Camacho Mancilla.»

«El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero en uso de las facultades que le confieren los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política local; 8o., fracción I y 127, párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en nombre del pueblo que representa tuvo a bien expedir un acuerdo parlamentario bajo los siguientes

CONSIDERANDOS


Primero. Que el nuevo escenario político en el país, exige de las diferentes instancias de gobierno, las fuerzas políticas actuantes a nivel nacional y estatal, así como de la expresión organizada de la sociedad, la búsqueda de consensos que nos permitan fortalecer el tránsito a la democracia, mediante la conformación de un nuevo pacto social que establezca una relación tanto entre la Federación y los estados como entre autoridades y ciudadanía, fundada en el reconocimiento a la diversidad, la defensa de las libertades económicas, políticas y sociales y la conformación de un modelo de desarrollo con equidad, que permita una justa distribución de la riqueza;

Segundo.
Que en función de lo anterior, existe un consenso nacional en cuanto al añejo reclamo de fortalecer el federalismo, que tendrá como consecuencia una mayor atención al municipio, en su calidad de base fundamental de dicha estructura de gobierno, como prerrequisito para garantizar su autonomía;

Tercero
. Que de la misma manera, si bien es cierto que el municipio constituye la base de desarrollo, también es cierto que existe una sujeción real hacia los gobiernos Federal y estatal; lo que ha propiciado que el ejercicio de un gobierno municipal democrático se vea limitado, sin que exista garantía suficiente, dada la falta de recursos, para atender con eficiencia la prestación de los servicios públicos que tiene asignados;

Cuarto
. Que las últimas reformas constitucionales al artículo 115, dan muestra de los avances en este sentido, al hacer efectiva la descentralización de funciones y generar las condiciones que le permitan al municipio asumir el carácter de verdaderos sujetos de gobierno y erradicar la práctica de convertirse en administradores de programas y acciones estatales;

Quinto
. Que si bien se ha venido avanzando en este terreno, tenemos que ubicar la búsqueda de estos consensos en la perspectiva de impulsar una real reforma fiscal integral y una reforma municipalista, lo que obliga a hacer una serie de planteamientos que conduzcan hacia un verdadero cambio estructural, del que sobresale la conformación de un esquema de distribución de las participaciones federales con criterios de equidad, justicia y progresividad, en función de lograr mejores condiciones para alentar el desarrollo;

Sexto.
Que en el sentido expresado en el considerando anterior, el actual esquema de integración y distribución del Fondo General de Participaciones, requiere de una revisión a fondo que vincule la satisfacción de las demandas sociales atendidas por los tres niveles de gobierno, con las posibilidades reales de crecimiento nacional;

Séptimo
. Que partiendo de estas premisas y considerando la normatividad vigente del Fondo General de Participaciones, se requiere modificar los porcentajes de distribución otorgando mayores recursos tanto a las entidades federativas como a los municipios;

Octavo
. Que de la misma manera, la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la integración del Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, creó un fondo de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas, cuya aplicación estaría destinada a la obra pública o, en su caso, a la inversión en infraestructura educativa, dependiendo de las erogaciones que cada una de las entidades federativas ejercieran en materia de educación;

Noveno.
Que dicho fondo, considerando su aplicación estricta al espíritu plasmado en el Presupuesto Federal anterior, reviste para Guerrero y para los estados más desprotegidos, un monto de recursos necesarios para abatir los rezagos que les ha generado la marginación a nivel nacional, por lo que se hace indispensable no sólo mantener su vigencia sino, incluso, considerar su incremento y

Décimo
. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, está plenamente facultada y obligada a revisar el marco jurídico y fijar los criterios necesarios para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal del Año 2001;

Decimoprimero
. Que en virtud de que los precios internacionales del petróleo han mantenido un nivel que permite proveer mayores ingresos de divisas, para el país, se considera pertinente solicitar al honorable Congreso de la Unión, se analice la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, para que estos ingresos extraordinarios, derivados de aumentos en los precios y niveles de exportación del petróleo, se destinen a la Recaudación Federal Participable. Para que los estados y municipios compartan los recursos adicionales de la producción y exportación de ese energético propiedad de los mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 47 fracción I de la Constitución Política local; 8o. fracción I y 127 párrafos primero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.

El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente

ACUERDO PARLAMENTARIO

Artículo primero.
El pleno de la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acuerda exhortar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, considere la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1999, a fin de establecer una nueva integración y estructura de distribución del Fondo General de Participaciones, misma que habría de tomar en cuenta los siguientes criterios:

* El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.

* Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 25% de las cantidades que correspondan al Estado.

* De la recaudación federal participable habrá de destinarse el 1.5% para formarse un fondo de fomento municipal con el 16.8% del total y será sujeto de incremento con el 83.2% que sólo corresponderá a las entidades que se coordinen en materia de derechos.

* Que los ingresos extraordinarios, derivados de aumentos en los precios y niveles de exportación del petróleo, se destinen a la recaudación federal participable. Para que los estados y municipios compartan los recursos adicionales de la producción y exportación de ese energético propiedad de los mexicanos.

Artículo segundo
. En el sentido anterior y tomando en cuenta los considerandos expuestos, este honorable Congreso igualmente exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que considere la vigencia del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento a las entidades federativas y en la medida de la disponibilidad presupuestaria, contemplar su posible incremento.

70,71,72

Artículo tercero. Se instruye a la Presidencia de este honorable Congreso, a fin de turnar el presente acuerdo al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a todas las legislaturas de los congresos locales en el país para su conocimiento y efectos legales procedentes.

ARTICULOS TRANSITORIOS


Primero
. El presente acuerdo parlamentario, entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

Segundo
. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del gobierno del Estado, para el conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, a 11 de diciembre de 2000.- Diputados: Héctor Apreza Patrón, presidente, Consuelo Ibancovichi Muñoz y Olga Bazán González, secretarios.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE GUANAJUATO

La secretaria senadora Lidia Madero García:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el acuerdo, mediante el cual se solicita que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realice las modificaciones presupuestales necesarias al Presupuesto de Egresos de la Federación para que tenga un incremento en el rubro educativo. Asimismo, anexo al presente el acuerdo aprobado, junto con su dictamen.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 24 de noviembre de 2000.- El presidente del Congreso del Estado, diputado Francisco Israel Pardo García.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

ACUERDO


La LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Unico
. El Congreso del Estado de Guanajuato, solicita a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, realice las modificaciones presupuestales necesarias al Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que se incremente el presupuesto destinado al rubro educativo, en por lo menos un porcentaje del 1% del producto interno bruto, en forma adicional a lo que actualmente se viene asignando y este incremento sea progresivo hasta alcanzar el 8% del producto interno bruto.

Guanajuato, Guanajuato, a 24 de noviembre de 2000.- Diputados: Francisco Israel Pardo García, presidente; Antonio Guerrero Horta y Antonio Rico Aguilera, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadano Presidente del Congreso del Estado.- Presente.

A la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, le fueron turnados para su estudio y dictamen, los escritos suscritos por la XXVI Legislatura constitucional del Estado de Nayarit, y la IX Legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo, mediante los cuales anexan copia de la aprobación de sendos puntos de acuerdo, a través de los cuales solicitan el apoyo de las legislaturas locales para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, se incremente de manera sustancial el presupuesto destinado al rubro educativo, así como para que dicho incremento sea por lo menos en un porcentaje del 1% del producto interno bruto, en forma adicional a lo que actualmente se viene asignando y este incremento se dé de manera progresiva hasta alcanzar el 8% del producto interno bruto, que permita atender esa prioridad nacional.

Analizados los escritos de referencia y con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quienes integramos la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, nos permitimos presentar el siguiente

DICTAMEN

El acceso de todos los niños y niñas a una educación completa y de calidad, que contribuya al desarrollo del país, es un anhelo nacional que ha quedado plasmado en el artículo 3o. de nuestra Constitución que estipula que todas la personas tienen derecho a recibir educación y que la Federación, los estados y los municipios la impartirán en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, decreta que la primaria y la secundaria son obligatorias y que el Estado tiene el deber de impartirlas.

La educación, constituye el medio para la formación de individuos, de ahí que la intervención del Estado es fundamental. La misión pedagógica del Estado se realiza a través de las políticas públicas educativas, dentro de las cuales se encuentra la relativa al gasto y funcionamiento de la educación pública.

Es de todos conocido que las necesidades públicas son bastantes y diversificadas, que el Estado se ve precisado a atender bastantes demandas sociales y que, además, debe hacer frente a compromisos financieros que restringen la aplicación de mayores recursos presupuestales a la educación del país, sin embargo, resulta evidente que la mayor necesidad que debe cumplir un presupuesto de egresos, es el canalizar recursos de manera preponderante a la educación.

Las legislaturas de Nayarit y Quintana Roo se han servido dirigir sendos puntos de acuerdo, donde queda plasmada la preocupación porque a nivel federal se adopten las recomendaciones de la UNESCO para que los gobiernos de los países en vías de desarrollo destinen, al menos, el 8% del producto interno bruto a educación.

La Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, ha considerado que estos pronunciamientos deben ser compartidos y suscritos por esta legislatura, porque compartimos las preocupaciones de nuestros compañeros y compañeras legisladoras, de proponer las medidas presupuestales que tiendan a mejorar notablemente la calidad, cobertura y eficiencia de la educación pública.

A nivel nacional se observa que la inversión pública de la educación, en relación al producto interno bruto, ha venido reduciéndose notablemente en los últimos años. El gasto público en educación, según el Banco Mundial, es la principal estrategia de desarrollo de los países. De acuerdo a este organismo, la expansión de la educación pública ofrece un mayor beneficio social en relación a cualquier otra inversión educativa.

Si la inversión pública en educación se realiza oportunamente, es decir, dentro del periodo de edad normativa, tiene efectos más positivos, pues si bien las insuficiencias en la formación básica pueden recuperarse mediante programas compensatorios, los costos de éstos superan los regulares.

Prevalecen pues, retos importantes, tales como continuar mejorando la calidad de la educación en todos sus niveles, promover la equidad en el acceso a los servicios, atender la demanda creciente de educación media y superior, así como superar los rezagos en la materia, entre otros.

En los últimos años, la población que recibe educación en México se ha ido incrementando como resultado de una política encaminada a extender la cobertura de los servicios básicos hacia los grupos de población marginados, así como al crecimiento de la población en edad de cursar la educación posterior a la secundaria y el interés de las y los jóvenes por seguir estudiando.

Cabe señalar que a raíz de la firma del Acuerdo Nacional para la Modemización de la Educación Básica, por parte de las autoridades educativas federales y los 31 estados de la República y el Distrito Federal, además de los compromisos para reorganizar el sistema escolar y replantear el federalismo educativo, quedó plasmado el compromiso de incrementar continuamente sus aportaciones al gasto educativo.

Las condiciones de funcionamiento de algunas de las instituciones educativas han estado determinadas por variables, entre otras, de orden económico. El financiamiento se ha vuelto parte esencial del debate sobre el tema de la educación, pues los requerimientos económicos son básicos para la eficiencia en la prestación del servicio educativo y su magnitud es tal que involucra a todos los actores poder público, comunidades académicas, sociedad civil.

En México, la disminución del gasto público destinado a la educación, motivado por las crisis periódicas, ha causado graves daños y ha dejado fuera a amplios grupos de educandos. Algunos de los indicadores de la disminución se reflejan en la deserción escolar.

En atención a ello, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, coincidimos con los legisladores de los estados de Nayarit y Quintana Roo en el sentido de que a fin de atender la grave problemática educativa, es necesario un aumento significativo de los ingresos que se destinan para el rubro educativo. Por ello y al ser este el momento idóneo por encontrarse cerca el análisis por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del Año 2001.

CONSIDERAMOS


Primero
. Es necesario para acceder a una educación integral, un incremento en el gasto educativo, en el presupuesto de egresos, a fin de dar cumplimiento cabal a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional que establece la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, misma que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentando el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en independencia y en la justicia.

Segundo. El proceso de modernización educativa, que a su vez conlleva la federalización educativa, implica una necesaria corresponsabilidad de la Federación, estados y municipios en el apoyo y financiamiento en la educación.

Tercero
. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), ha formulado la propuesta de que, los gobiernos de las naciones en desarrollo destinen por lo menos el 8% de su producto interno bruto al presupuesto de servicios educativos, ya que es el mínimo indispensable para acceder a niveles satisfactorios en materia educativa. Nuestro país, forma parte de esta organización y ha signado dichos compromisos.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, pone a consideración de la Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico
. El Congreso del Estado de Guanajuato, solicita a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, realice las modificaciones presupuestales necesarias al Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de que se incremente el presupuesto destinado al rubro educativo, en por lo menos un porcentaje del 1% del producto interno bruto, en forma adicional a lo que actualmente se viene asignando y este incremento sea progresivo hasta alcanzar el 8% del producto interno bruto.

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de noviembre del año 2000.- La Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, diputados: Enrique Ortiz Rivas, Jesús Domínguez Aranda, Alfonso Moreno Morán, Jorge Galván Gutiérrez y Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comision de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

73,74,75

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La honorable LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el acuerdo, mediante el cual se solicita se legisle en materia laboral de previsión y seguridad social, así como que se incrementen las pensiones de los trabajadores jubilados. Asimismo, anexo al presente el acuerdo aprobado, junto con su dictamen.

Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 24 de noviembre de 2000.- El presidente del Congreso del Estado, Francisco Israel Pardo García.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

ACUERDO


La LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Unico.
El Congreso del Estado de Guanajuato, se solidariza y apoya el acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Nayarit, a efecto de solicitar al Congreso de la Unión, para que considere la realización de reformas significativas en materia laboral, de previsión y seguridad social, así como la ampliación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, con la finalidad de que se refleje en el incremento de las pensiones de los trabajadores.

Remítase al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados.

Guanajuato, Guanajuato, a 24 de noviembre de 2000.- Diputados: Francisco Israel Pardo García, presidente; Antonio Guerrero Horta y Antonio Rico Aguilera, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente del Congreso del Estado.- Presente.

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnado para su estudio y dictamen, el escrito suscrito por el Presidente del Consejo Directivo del Movimiento Unificador de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Nayarit, AC, por medio del cual solicita que este Congreso se una el punto de acuerdo tomado por la XXVI Legislatura del Estado de Nayarit, relativo a solicitar el Congreso de la Unión el incremento de las pensiones de los trabajadores.

Analizado el escrito de referencia y con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, nos permitimos presentar el siguiente

DICTAMEN


Para nadie es desconocido que las pensiones que actualmente reciben las personas jubiladas es insuficiente. Ante esta situación consideramos pertinente que las políticas públicas en esta materia deben revisarse constantemente. Es incuestionable que dichas políticas públicas deben generar el bienestar social de las personas de la tercera edad, ya que merecen vivir de manera digna.

En virtud de lo anterior, consideramos que la petición del Movimiento Unificador de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Nayarit, AC, es por demás justa y merece ser atendida por las autoridades competentes, como lo es Congreso de la Unión.

Es por ello, que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se adhiere y solidariza con el acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Nayarit, en el sentido de solicitar al Congreso de la Unión se tome en consideración el apoyo a reformas significativas en materia laboral, de previsión y seguridad social, así como la ampliación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, con la finalidad de que se refleje en el incremento de las pensiones de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ponea consideración de la Asamblea la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico.
El Congreso del Estado de Guanajuato, se solidariza y apoya el acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Nayarit, a efecto de solicitar al Congreso de la Unión, para que considere la realización de reformas significativas en materia laboral, de previsión y seguridad social, así como la ampliación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, con la finalidad de que se refleje en el incremento de las pensiones de los trabajadores.

Remítase al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados.

Guanajuato, Guanajuato, a 15 de noviembre de 2000.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputados: María Beatriz Hernández Cruz, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Salvador Márquez Lozornio, Antonio Rico Aguilera, Luis Enrique Torres León, Luis Fernando García Arias y Jorge Ignacio Tapia Santamaría.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.

Anexo al presente, me permito remitir el Acuerdo aprobado junto con su dictamen, por la LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, relativo a solicitar a esa Cámara de Diputados, se conserve en el Presupuesto Federal de Egresos para el año 2001, el Programa de Apoyo a Entidades Federativas.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de noviembre de 2000.- La presidenta del Congreso del Estado diputada María Guadalupe Suárez Ponce.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

ACUERDO


La LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Unico
. La LVIII Legislatura del Estado de Guanajuato, solicita la inclusión del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001. Asimismo, solicita que en apoyo a la seguridad jurídica que representaría para los estados la permanencia del programa, se propone la adición correspondiente en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el fondo para el fortalecimiento de las entidades federativas.

Comuníquese el presente acuerdo al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados.

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de noviembre de 2000.- Diputados: María Guadalupe Suárez Ponce, presidenta; Antonio Guerrero Horta y Antonio Rico Aguilera, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadana Presidenta del Congreso del Estado.- Presente.

Los que suscribimos, diputada y diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 56, en relación con el artículo 57 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, nos permitimos, proponer a la Asamblea la aprobación de un punto de acuerdo, en atención a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS


El Ejecutivo Federal dentro del paquete de leyes fiscales que presentó ante el Congreso de la Unión y concretamente de la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, expresó que con la finalidad de continuar avanzando en el federalismo a través del fortalecimiento de los estados y municipios del país, propone la creación de un programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas, por medio del cual se destinan recursos adicionales a los fondos creados en la Ley de Coordinación Fiscal.

El nuevo esquema de recursos adicionales vía el programa, se ubica en la partida del ramo 23, el cual sirve para contribuir a solucionar los problemas de finanzas públicas que enfrentan la mayor parte de los estados del país, mejorar la calidad del gasto educativo y apoyar la creación de empleo en el ámbito regional.

La creación del programa responde a la necesidad de mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos locales, incrementar la eficiencia del uso de los recursos que ejercen y contribuir a que los gobiernos locales se conviertan en agentes promotores del desarrollo económico.

Asimismo, cabe mencionar que la propia argumentación del Ejecutivo Federal a través de la iniciativa relativa y reiterada por el legislativo al dictaminar el presupuesto de egresos, se orientó en el sentido de otorgar, con posterioridad, permanencia al programa dadas las bondades que representa, en este sentido se vislumbró que para ejercicios posteriores, se establezca el fondo y su mecanismo de distribución dentro de la Ley de Coordinación Fiscal con objeto de otorgar mayor certidumbre y seguridad jurídica a las entidades federativas.

A mayor abundamiento, podemos decir que los recursos provenientes del programa de apoyos a entidades federativas, previsto por la vigente Ley del Presupuesto General de Egresos para el año que transcurre, se destina básicamente al rubro educativo en nuestra entidad.

Una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad y el gobierno de Guanajuato es la atención y robustecimiento de los servicios educativos, que constituyen uno de los retos mayores de los guanajuatenses.

Reconociendo a la educación como el más importante medio de desarrollo de nuestras comunidades, esta Comisión de Régimen Interno considera que los recursos que se ejerzan en el Estado deben tener como área prioritaria en el quehacer de gobernar, precisamente la atención al rubro educativo.

En este orden de ideas, esta LVIII Legislatura ha expresado ya, con el acuerdo del pleno promovido por la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, la petición a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de que se fortalezca financieramente la función educativa.

Considerando que uno de los importantes fondos financieros que se destinan actualmente a los servicios educativos en Guanajuato, provienen del programa de apoyo a entidades federativas citado y ante la inminente discusión del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, esta Comisión de Régimen Interno ha considerado oportuna la intervención del honorable Congreso del Estado para plantear, específicamente, la importancia que en el renglón educativo tendrá que este programa se mantenga en beneficio de los servicios educativos de la entidad. Dado que el programa de apoyo a entidades federativas se encuentra dispuesto en una norma legal de vigencia anual, se hace indispensable dar entrada a un punto de acuerdo en el que este Poder Legislativo estatal, pida a su paralelo en el Congreso de la Unión que el programa se mantenga en la Ley del Presupuesto de Egresos Federal para el Año 2001.

Consideramos necesaria no sólo la inclusión del programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, sino la permanencia vía fondo de aportaciones dentro de la Ley de Coordinación Fiscal.

Atendiendo a la importancia y urgencia del asunto que planteamos, solicitamos que su discusión sea declarada de obvia resolución, con fundamento en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

76,77,78

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 57 de la Constitución Política local y el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de la Asamblea, el siguiente

ACUERDO


Unico.
La LVIII Legislatura del Estado de Guanajuato, solicita la inclusión del programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001. Asimismo, solicita que en apoyo a la seguridad jurídica que representaría para los estados la permanencia del programa, se propone la adición correspondiente en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el fondo para el fortalecimiento de las entidades federativas.

Comuníquese el presente acuerdo al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados.

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de noviembre de 2000.- Diputados que integran la Comisión de Régimen Interno: Ricardo Alfredo Ling Altamirano, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Antonio Rico Aguilera, Beatriz Manrique Guevara y Luis Fernando García Arias.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Anexo al presente, me permito remitir el acuerdo aprobado junto con su dictamen, por la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, mediante el cual se solicita a esa Cámara de Diputados, un incremento sustancial a la partida presupuestal para la actividad agropecuaria, en el ejercicio fiscal del año 2001.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de noviembre de 2000.- La presidenta del Congreso del Estado, diputada María Guadalupe Suárez Ponce.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

ACUERDO


La LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Unico.
El Congreso del Estado de Guanajuato, se adhiere y apoya el acuerdo aprobado por la XXVI Legislatura del Estado de Nayarit, relativo a solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un incremento sustancial a la partida presupuestal para la actividad agropecuaria, en el ejercicio fiscal del año 2001; asimismo, solicita la aplicación de dichos recursos con criterios generales equitativos preestablecidos.

Remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de noviembre de 2000.- Diputados: María Guadalupe Suárez Ponce, presidenta; Antonio Guerrero Horta y Antonio Rico Aguilera, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadano Presidente del Congreso del Estado.- Presente.

A la Comisión de Fomento Agropecuario le fue turnado para su estudio y dictamen, el escrito suscrito por los diputados secretarios del Congreso del Estado de Nayarit, al cual anexan copia del acuerdo aprobado por la XXVI Legislatura de ese Estado, relativo a solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un incremento sustancial a la partida presupuestal para la actividad agropecuaria, en el ejercicio fiscal del año 2001.

Analizado el expediente de referencia, con fundamento en los artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados que integramos la Comisión de Fomento Agropecuario, nos permitimos presentar el siguiente

DICTAMEN


La Comisión de Fomento Agropecuario, ha fijado como política prioritaria que oriente su quehacer legislativo, el apoyar y atender todas aquellas acciones que se traduzcan en beneficios para el sector agropecuario. Es incuestionable la problemática por la que atraviesa el campo mexicano y la insuficiente respuesta de las autoridades para generar alternativas de solución e impulso a una política agropecuaria rentable para los campesinos.

En este sentido, coincidimos con la motivación del acuerdo que nos ocupa, al referir que a partir de 1982, el Gobierno Federal generó una drástica caída en el gasto programable para el desarrollo rural del 12% en 1980 al 6.7% en el presente año, reorientando el gasto en la política agrícola para fortalecer los procesos de privatización y canalización de recursos al sector comercial de la agricultura de exportación, en coincidencia con el proyecto de globalización de economías abiertas, abandonando la producción de granos y permitiendo el comercio especulativo de los mismos en manos de compañías nacionales e internacionales, con lo que el país ha perdido el manejo de las reservas estratégicas de los alimentos.

Aunado a lo anterior, los diputados que suscribimos el presente dictamen consideramos que el incremento presupuestal para el sector agropecuario, debe aplicarse con criterios generales equitativos preestablecidos y por otra parte con criterios contingentes, abandonando la discrecionalidad de la autoridad del ramo.

Por las razones expuestas, la Comisión de Fomento Agropecuario se adhiere y apoya al Acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Nayarit.

Por consiguiente, sometemos a consideración de la Asamblea, el siguiente

ACUERDO

Unico
. El Congreso del Estado de Guanajuato, se adhiere y apoya el acuerdo aprobado por la XXVI Legislatura del Estado de Nayarit, relativo a solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un incremento sustancial a la partida presupuestal para la actividad agropecuaria, en el ejercicio fiscal del año 2001; asimismo, solicita la aplicación de dichos recursos con criterios generales equitativos preestablecidos.

Remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Guanajuato, Guanajuato, a 28 de noviembre de 2000.- La Comisión de Fomento Agropecuario, diputados: Carlos Vidal Rojas Yerena, Jesús Cobián Correa, Mario Ernesto Dávila Aranda, J. Miguel Luna Hernández y Lorenzo Chávez Zavala.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE MORELOS

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVIII Legislatura.-2000-2003.

Ciudadano Ricardo Francisco García Cervantes, presidente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Por instrucciones del diputado Basilides Nava Ariza, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, le remitimos copia certificada del punto de acuerdo mediante el cual esta legislatura se pronuncia en contra de una posible aplicación del impuesto al valor agregado en productos de primera necesidad.

Sin otro particular le reiteramos nuestra consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 13 de diciembre de 2000.- Los secretarios de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Morelos.- Diputados: Joel Juárez Guadarrama y Jesús Fernando Contreras Arias.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVIII Legislatura.-2000-2003.

Honorable Asamblea: en el ejercicio de las atribuciones que consagran los artículos 40 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 38, inciso n, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; 6o., fracción VIII, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política sometemos a su consideración el presente dictamen, del cual se desprenden las siguientes

CONSlDERAClONES


Que de conformidad con el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la República Mexicana se encuentra integrada por 31 estados y un Distrito Federal. Dentro del contexto nacional, el Estado de Morelos representa una de las entidades con mayor índice de pobreza, marginación y considerables rezagos en su desarrollo, lo que ha traído como resultado un alto grado de desnutrición, insalubridad y analfabetismo, así como de desempleo. Aunado a esto, Morelos registra uno de los niveles de ingresos más bajos del país, lo anterior, en detrimento de la calidad de vida de las familias morelenses.

Son de la opinión pública las declaraciones formuladas por servidores públicos de primer nivel del nuevo Gobierno Federal, en el sentido de que se pretende proponer ante el honorable Congreso de la Unión la aprobación de la aplicación, del impuesto al valor agregado en productos de primera necesidad como son medicinas y alimentos.

De ser aprobada por el Congreso de la Unión la citada propuesta, impactará en forma negativa a la economía familiar de los mexicanos y en particular la de los morelenses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a su consideración el presente

PUNTO DE ACUERDO

Primero
. La XLVIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, se pronuncia en contra de una posible aplicación del impuesto al valor agregado en productos de primera necesidad como son medicinas y alimentos.

Segundo.
Remítase el presente punto de acuerdo al honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y trámite correspondiente.

ARTICULO TRANSITORIO


Unico.
Publíquese el presente en el órgano informativo del honorable Congreso del Estado, para los efectos legales a que haya lugar.

Recinto Legislativo, a 6 de diciembre de 2000.

Asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento Interno para el Congreso del Estado de Morelos, solicitamos se califique el presente como asunto de urgente y obvia resolución.

Atentamente.

Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la XLVIII Legislatura del Congreso del Estado.- Diputados: Jorge V. Messeguer Guillén, presidente; Víctor Hugo Manzo Godínez, secretario; Sergio Alvarez Mata, vocal.»

«Los suscritos Joel Juárez Guadarrama y Jesús Fernando Contreras Arias, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos.

CERTIFICAMOS


Que el presente documento es una copia fiel y exacta del original que tuvimos a la vista, mismo que consta de tres fojas útiles, las cuales se encuentran debidamente foleadas y entreselladas, documento que se encuentra resguardado en el archivo histórico de esta soberanía, damos fe.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección. Cuenavaca, Morelos, a 13 de diciembre de 2000.- Los secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos.- Diputados: Joel Juárez Guadarrama y Jesús Fernando Contreras Arias.»

79,80,81

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVIII Legislatura.- 2000-2003.

Ciudadano Ricardo Francisco García Cervantes, presidente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Por instrucciones del diputado Basilides Nava Ariza, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, le remitimos copia certificada del punto de acuerdo por el cual esta legislatura invita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el afán de llevar a cabo la reforma fiscal integral con el propósito de que se permita la generación de recursos económicos necesarios para el desarrollo que se proyecta para nuestra nación.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 13 de diciembre de 2000.- Los secretarios de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Morelos.- Diputados: Joel Juárez Guadarrama y Jesús Fernando Contreras Arias.»

«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVIII Legislatura.-2000-2003.

Honorable Asamblea: los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos y 58 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, nos permitimos exponer las siguientes

CONSIDERACIONES

Es conocido por todos que en próximos días, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tendrá a bien aprobar la Ley de Ingresos así como el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001 por los cuales se tienen programadas diversas obras, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, por lo que se hace necesaria una adecuada captación de recursos económicos para enfrentar con éxito los planes que se tengan por parte de cada una de las dependencias de la Federación.

Cabe destacar que el presupuesto presentado por el Presidente de la República para el ejercicio constitucional de 2001 no se considera incremento alguno a los impuestos, asimismo, no habrá este año IVA para las medicinas ni para los alimentos. Aunado a esto, Acción Nacional propone que se impulse de manera decidida la reforma fiscal integral que propone el Gobierno de la República, medida que sin duda alguna, permitirá la generación de recursos necesarios para el desarrollo que se proyecta para el país. En este sentido, nos permitimos formular a esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Primero. Esta soberanía invita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con el afán de llevar a cabo la reforma fiscal integral con el propósito que se permita la generación de recursos económicos necesarios para el desarrollo que se proyecta para nuestra nación.

Segundo. Asimismo, se invita a los congresos de los estados para que se adhieran al presente acuerdo, haciéndolo del conocimiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Atentamente.

Dado en el salón de sesiones, a 13 de diciembre de 2000.- Diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional de la XLVII Legislatura: José Sigona Torres, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Tito César Sagahón Velasco, Nicolás Edmundo Venosa Peña, Rodolfo Esquivel Landa, Demetrio Román Isidoro, Joel Juárez Guadarrama, José León de la Rosa Lagunas, Salomón Salgado Urióstegui, Javier Alvarado Ibares, Sergio Alvarez Mata, Martín G. Lezama Rodríguez, Juventino López Serrano, Pablo Guzmán Sánchez y Martha Leticia Rivera Cisneros.»

«Los suscritos Joel Juárez Guadarrama y Jesús Fernando Contreras Arias, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos.

CERTIFICAMOS


Que el presente documento es una copia fiel y exacta del original que tuvimos a la vista, mismo que consta de tres fojas utiles, las cuales se encuentran debidamente foliadas y entreselladas, documento que se encuentra resguardado en el archivo historico de esta soberanía, damos fe.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuenavaca Morelos, a 13 de diciembre de 2000.- Los secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos.- Diputados: Joel Juárez Guadarrama y Jesús Fernando Contreras Arias.»

El Presidente :

Recibo y túrnese a la Comision de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF.- Presentes.

En sesión ordinaria del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí celebrada el día de la fecha, se acordó remitirle copia del pronunciamiento formulado por los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta LVI Legislatura, derivado del anuncio del secretario de Hacienda y Crédito Público Francisco Gil Díaz, en relación a una amnistía a contribuyentes morosos.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, a 7 de diciembre de 2000.- Diputados: Javier Algara Cossío, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, secretarios.»

«Los diputados locales que integramos la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, ante el anuncio del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, de una amnistía a contribuyentes morosos, realizamos el siguiente

PRONUNCIAMIENTO


El pasado 24 de noviembre, el virtual Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, declaró ante los medios de comunicación que el Gobierno de Vicente Fox Quesada prepara una amnistía fiscal para los contribuyentes que no están al corriente con sus obligaciones, que se aplicaría exclusivamente a aquellos que se registren y paguen de manera inmediata.

Afirmó el señor Gil Díaz, que con este programa la nueva administración buscará incrementar la recaudación, aunque advirtió que todo el que se mantenga fuera de la legalidad será castigado.

Explicó que el programa funcionará de la siguiente manera: "si el contribuyente cumple cabalmente en el 2001 (al presentar su declaración anual) con sus obligaciones fiscales del año 2000, entonces Hacienda no podrá revisar sus cuentas de 1999 para atrás. Si en el 2002 cumple con sus pagos de 2001, la regla sigue aplicándose. Pero el acuerdo se rompe si el contribuyente deja de cumplir correctamente con sus pagos en cualquier año hacia adelante y vuelve a ser sujeto de escrutinio fiscal".

81,82,83

Según la misma fuente, se ha estimado que los adeudos de los contribuyentes al fisco, podrían representar entre un 1.5% y 2% del producto interno bruto, que equivaldría a unos 105 mil millones de pesos.

Los diputados locales priístas potosinos expresamos:

Que esta propuesta la reconocemos como una importante medida que compromete al Ejecutivo Federal a realizar una reforma fiscal basada en una planeación seria.

Si bien representa la posibilidad de regularizar al fisco a un gran número de evasores fiscales, también representa que 105 mil millones de pesos dejarán de ingresar a las arcas de la nación. Por otro lado, la medida beneficia a un grupo importante de personas físicas y morales que no han cumplido con sus responsabilidades fiscales.

Pero ciertamente, existe un número importante de contribuyentes que se encuentran en mora sin que hayan tenido un ánimo doloso, sino la imposibilidad real para cumplir con sus obligaciones y en ellos, seguramente este tipo de medida que se le ha denominado "amnistía fiscal" es algo justo; por eso reconocemos esta medida, pero sí consideramos que es incompleta si no incluye beneficios a los contribuyentes cumplidos.

Esta medida desafortunadamente sólo beneficia a quienes incumplieron sus obligaciones, pero nada dice de los miles de mexicanos que pagaron oportunamente sus impuestos, aún a costa de grandes sacrificios. Con esta distinción existe la posibilidad de vulnerar la garantía de igualdad consagrada en la Constitución General de la República, así como los principios de certeza, proporcionalidad y equidad que toda disposición tributaría debe contener.

La propuesta que hacemos es que se establezcan los mecanismos administrativos necesarios para apoyar a quienes han cumplido con sus obligaciones fiscales y otorgarles incentivos que permita continúen cumpliendo ante la hacienda del Estado; es decir, que en la medida de las posibilidades el Gobierno Federal pueda condonar proporcionalmente y hasta un 20% del pago total de sus contribuciones anuales, durante los próximos seis años.

Por ello consideramos que de aprobarse el perdón fiscal que se propone, debe limitarse por las siguientes condiciones:
a) No podrán gozar del perdón fiscal todos aquellos que se encuentren en las listas del Fobaproa;

b) Deberá establecerse un monto máximo susceptible de ser beneficiado por esta medida, previa aprobación de una comisión revisora de carácter plural de la Cámara Federal de Diputados y

c) De igual manera deberá establecerse un incentivo a los contribuyentes cumplidos, haciéndoseles reducciones hasta de un 20% en los impuestos que deberán pagar en los próximos seis años.

Como se ha mencionado, estas medidas por sí mismas no son suficientes para lograr el objetivo planteado por el Secretario de Hacienda de hacer crecer los ingresos públicos; para ello, los diputados locales priístas potosinos creemos que es necesario plantear los siguientes mecanismos:

1. Que la economía subterránea o informal se transforme en economía formal, haciendo que las contribuciones sean más sencillas de determinar, por lo que se hace apremiante una super simplificación administrativa en materia tributaria; también es necesario que las contribuciones sean más económicas para el contribuyente, así como para el fisco; para el primero en el sentido de que no sea más gravosas para el bolsillo y para el segundo en el sentido de que el costo realizado para su obtención se reduzca al máximo procurando eliminar trámites excesivos; de igual forma se requiere consignar en nuestra legislación fiscal, criterios de flexibilidad en cuanto al trámite de pago y a la época de pago, de tal forma que el contribuyente disponga de medios accesibles para cumplir con sus obligaciones fiscales; también se hace necesario dar certidumbre al contribuyente en cuanto al uso y destino de sus contribuciones, a través de la puntual rendición de cuentas a la sociedad y a la adecuada fiscalización de los recursos.

2. El retorno de capitales mexicanos del extranjero en inversiones productivas que generen empleos y que estimulen la actividad económica en general, es un renglón que debe atenderse con especial cuidado otorgando facilidades fiscales para el logro de este objetivo, de tal forma que el contribuyente potencial se convierta en contribuyente real al traducirse sus capitales en inversiones nacionales.

3. Se considera pertinente proponer que los sectores de contribuyentes que sean dictaminados para efectos fiscales por contadores públicos independientes, reciban el beneficio de ya no ser revisados por las autoridades hacendarías.

4. El renglón de los estímulos fiscales para actividades o sectores que ameriten un mayor impulso para su desarrollo en el contexto de la economía nacional, deberá ser revisado exhaustivamente incrementando los apoyos a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y servicios turísticos principalmente.

5. Los estímulos fiscales y una más justa distribución de los recursos fiscales, son la llave que permitirá el desarrollo económico en actividades, sectores y regiones prioritarias del país, lo que debe ser tomado en cuenta para impulsar el desarrollo de estados pobres, como lo es el caso del Estado de San Luis Potosí y de las demás entidades federativas.

6. Es necesario revisarlas leyes fiscales actuales de tal forma que aquellas contribuciones federales que puedan derivarse a los estados, como es el impuesto sobre la renta a productos del trabajo, se transfieran con el objetivo de fortalecer las haciendas estatales; ello permitirá atender de manera más importante las necesidades locales, así como vigilar en forma más estrecha el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

Los diputados locales firmantes consideramos que México requiere de un Gobierno Federal comprometido con el desarrollo del país, que permita el impulso de las entidades federativas y a sus respectivos municipios a través de una gran coordinación fiscal y esto solamente se podrá lograr a través de un trato equitativo estableciendo mecanismos viables para estos efectos.

Las instituciones públicas de la nueva administración del Ejecutivo Federal, deben de propiciar el desarrollo de una política hacendaría, articulada para el desarrollo equilibrado y sustentado, que garantice los derechos sociales con el apoyo expedito a los sectores marginados y desprotegidos.
En nuestra calidad de representantes populares tenemos la alta responsabilidad de gestionar o propiciar el establecimiento de los medios necesarios y suficientes para alcanzar los anhelos de una verdadera justicia social.

Por lo tanto, exhortamos a la nueva administración del Ejecutivo Federal para que fomente el debate y discusión en tomo al proceso que vivimos; que no se tomen medidas unilaterales que afectan e impactan en nuestra convivencia diaria; definamos propuestas conjuntas, cursos de acción y alterativas que se traduzcan en alcanzar el objetivo común: México.

Atentamente.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 7 de diciembre de 2000.- Los diputados locales de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí: Miguel Angel Martínez Navarro, coordinador; Aureliano Anaya Martínez, Juan Evaristo Balderas Martínez, José Angel Castillo Torres, Felisa Montanez Rivera, José Antonio Horta Lara, Humberto Páez Galván, Ignacio Palacios Robledo, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Efraín Rodríguez Gallegos, Fernando Torranzo Fernández, Xicoténcatl Turrubiartes Flores, Marco Lucano Vázquez Rodríguez, Oziel Yudiche Lara.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

CAFETICULTORES

La secretaria senadora Lidia Madero García:

Oficios de la Cámara de Senadores.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen suscrito por las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería; de Asuntos Indígenas y de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo en relación con un programa urgente de apoyo a los cafeticultores para las labores de pizca y acarreo.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "comuníquese a la Cámara de Diputados".

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F, a 28 de diciembre de 2000- Senador, Enrique Jackson Ramírez, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México D.F.- Comisiones de Agricultura y Ganadería; de Asuntos Indígenas y de Comercio y Fomento Industrial.

Honorable Asamblea: la mesa directiva del Senado de la República, turnó a las comisiones de Agricultura y Ganadería; Asuntos Indígenas y Comercio y Fomento Industrial el punto de acuerdo para la aplicación de un programa urgente en apoyo a los cafeticultores.

Estas comisiones, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis del punto de acuerdo remitido por el pleno, con base en los siguientes

ANTECEDENTES


1. En sesión de fecha 5 de diciembre de 2000 fue presentado al pleno del Senado de la República el punto de acuerdo para la aplicación de un programa urgente en apoyo a los cafeticultores, suscrito por diversos senadores.

2. Por acuerdo de la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, se ordenó remitir el punto de acuerdo mencionado a las comisiones de Agricultura y Ganadería; Asuntos Indígenas y Comercio y Fomento Industrial.
Con base en lo anterior, los integrantes de estas comisiones nos permitimos exponer los siguientes

CONSIDERANDOS


Estas comisiones reconocen la existencia de la situación de urgencia que demanda apoyos del Gobierno Federal para los productores de café, entre los que existen diversos grupos en pobreza y pobreza extrema, problema ante el cual el Senado de la República manifiesta su atención plena, tomando en cuenta la existencia de factores de orden económico y comercial que justifican el otorgamiento de la ayuda planteada, como es el caso de la baja sistemática de los precios del café y las importaciones de café de baja calidad.

El precio del café mexicano se ubica en niveles de incosteabilidad, provocando una situación muy grave que demanda apoyos urgentes para las labores de pizca y acarreo, en las que participan un número considerable de jornaleros mexicanos. Aunado a ello, es de destacarse que, si bien es cierto se ha incrementado en áreas importantes la producción y la productividad, también lo es que se encuentran desatendidas en el sector social de la producción los diversos eslabones de las cadenas de producción, comercialización y consumo, como es el caso de la mencionada pizca, el acarreo, el acopio, el cultivo orgánico, la comercialización vinculada al comercio exterior por parte de las organizaciones campesinas, especialmente las indígenas, así como la diversificación productiva.

Asimismo, el impulso de la cafeticultura mexicana requiere de programas que incidan en su desarrollo integral y equilibrado y al mismo tiempo, promuevan prácticas equitativas de comercialización, propicien sistemas de cobertura de riesgos, determinen inventarios óptimos, certifiquen la calidad, subsidien lo necesario, procuren el almacenamiento, financien la actividad y en suma, representen un factor de apoyo y crecimiento del nivel de vida de los productores.

En este sentido, las dictaminadoras coinciden con las argumentaciones vertidas en los considerandos del punto de acuerdo que motiva el presente dictamen, en especial por cuanto a la necesidad de fortalecer la cadena producción-consumo de café; por promover un mayor orden y equidad en las fases de la cadena productiva y entre los participantes que producen, procesan, comercializan, exportan e importan café; y por la importancia de que el Ejecutivo Federal desarrolle acciones cuyos resultados no sean aislados, fragmentados o insuficientes para atender las necesidades de los productores de café y de las poblaciones ubicadas en regiones cafetaleras, fortaleciendo la capacidad de participación y gestión de las diversas instituciones encargadas de apoyar el sector cafetalero.

Finalmente, cabe mencionar que en la sesión de fecha 21 de diciembre de 2000, el senador José Carlos Cota Osuna propuso al pleno del Senado de la República un punto de acuerdo, el cual se aprobó, mediante el cual se exhorta a la colegisladora a efecto de que en el marco de sus facultades exclusivas estudie y en su caso, lleve a cabo las asignaciones presupuestales que sean procedentes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 2001, con el fin de apoyar de manera urgente e inmediata las labores de corte, acopio y comercialización de café que realizan más de 300 mil productores de 12 entidades del país, los cuales requieren del apoyo institucional por las condiciones críticas que prevalecen en este sector productivo.

Por razones que anteceden, se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores el presente

DICTAMEN


Unico.
Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a fin de que contemple la previsión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, que permita establecer y aplicar un programa urgente de apoyo a los cafeticultores para las labores de pizca y acarreo.

Sala de comisiones "Miguel Ramos Arizpe" del Senado de la República, a 27 de diciembre de 2000.- Comisión de Agricultura y Ganadería.- Senadores: Lauro Díaz Castro, presidente; Salvador Becerra Rodríguez, Rodimiro Amaya Téllez, secretarios; José Antonio Aguilar Bodegas, José Bonilla Robles, Luis Colosio Fernández, Rómulo Campuzano González, José Antonio Haghenbeck Cámara, Esteban Miguel Angeles Cerón, Joaquín Cisneros Fernández, Germán Sierra Sánchez, Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Jeffrey Max Jones Jones, Daniel López Nelio Santiago, Roberto Pérez de Alva Blanco.- Comisión de Asuntos Indígenas: senadores: Luisa María Calderón Hinojosa, presidenta; José Antonio Aguilar Bodegas, Daniel López Nelio Santiago, secretarios; Roberto Pérez de Alva Blanco, Carlos Rojas Gutiérrez, Sadot Sánchez Carreño, Francisco Fraile García, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, Lázaro Cárdenas Batel.- Comisión de Comercio y Fomento Industrial: senadores: Humberto Roque Villanueva, presidente; Ricardo Alaniz Posada, María del Carmen Ramírez García, secretarios; Esteban Miguel Angeles Cerón, Genaro Borrego Estrada, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Omar Raymundo Gómez Flores, Eduardo Bours Castelo, Wadi Amar Shabshab, Gerardo Buganza Salmerón, Benjamín Gallegos Soto, Jorge Lozano Armengol, Lidia Madero García y Demetrio Sodi de la Tijera.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

COMISION NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS

La secretaria senadora Lidia Madero García:

«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente.- Presente.

Los suscritos senador Sadot Sánchez Carreño y diputado José Elías Romero Apis, presidentes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados respectivamente, se permiten informar con fundamento en el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, han acordado que el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos rinda su informe el 30 de enero, próximo, ante las comisiones arriba citadas, las cuales sesionarán para tal efecto de forma conjunta en el recinto de la primera.

 

84,85,86,87

 

 
El Presidente :

Los anteriores acuerdos fueron tomados con base en las siguientes

CONSIDERACIONES


Primera.
Con motivo de las recientes reformas al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de septiembre de 1999, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene la obligación constitucional de rendir anualmente un informe de actividades ante las cámaras del Congreso.

Segunda
. El actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, protestó ante el Senado de la República como titular de ese organismo el día 16 de noviembre de 1999, consecuentemente se desprende que ha transcurrido el primer año de su gestión.

Tercera.
Las reformas constitucionales tiene como propósito dotar de mayor autonomía e independencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que sea plena la defensa de los derechos humanos.

Con apego a la legalidad que debe observar toda institución y con el propósito de que la ciudadanía se entere de las actividades de ese organismo, la Constitución establece la obligación de que el informe se presente anualmente ante las cámaras del Congreso de la Unión.

Cuarta
. Los acuerdos de las comisiones se deben a que en las disposiciones que contiene el marco jurídico del Senado de la República, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su reglamento interno, no existe prescripción alguna de cómo debe efectuarse el informe correspondiente.

México, D.F., a 16 de enero de 2001.- Senador Sadot Sánchez Carreño, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores; diputado José Elías Romero Apis, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de Cámara de Diputados.»

El Presidente:

De enterado y recíbase el informe citado.

INSTITUTO PARA LA PROTECCION
AL AHORRO BANCARIO

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Oficio de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fundamento en los artículos 20, 22, 26, 84 y cuarto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y 9o., 16 al I8 y 23 del estatuto orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y a las "disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario", publicadas el 31 de mayo de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, se acompaña un tanto del "aviso por el que se publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de julio y el 30 de septiembre de 2000", publicado el 29 de noviembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.

También se acompañan los estados financieros del instituto al 30 de septiembre de 2000, auditados por Ruiz, Urquiza y Cía., SC, mismos que fueron debidamente aprobados por la junta de gobierno de este organismo público descentralizado en su XX sesión ordinaria, celebrada el 22 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, les reiteramos la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 30 de noviembre de 2000.- El secretario ejecutivo, Julio César Méndez Rubio, el secretario adjunto jurídico, Eugenio González Sierra.»

«Diario Oficial de la Federación del miércoles 29 de noviembre de 2000.

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.


Aviso por el que se publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de julio y el 30 de septiembre de 2000.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 23 fracciones XIV, XXI y XXIV y 30 fracciones I y IX del estatuto orgánico de este instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de julio y el 30 de septiembre de 2000.

cuartilla 108 **

cuartilla 109

Los importes de las cuotas cubiertas por las instituciones da banca múltiple se calcularon conforme a las disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1999.

A los bancos intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se les calcularon las cuotas correspondientes conforme al párrafo anterior, al igual que a los no intervenidos.

Notas:


A partir de septiembre se deja de publicar información de Banca Promex, S.A. debido a su fusión con Bancomer, S.A.

Se deja de publicar información de Societe Generale, México, S.A. dada su revocación de autorización para operar como banca múltiple filial publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de julio de 2000.
La modificación a los principios contables aplicables por las instituciones de banca múltiple determinada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ocasionó que las cuotas definitivas cobradas a: BNP México, S.A. Bank One (México), S.A. y Bank of América México, S.A. correspondientes al mes de marzo de 2000 fueran calculadas incorrectamente por la propia comisión. A continuación se informan los montos de los pagos efectivamente cubiertos por esas tres instituciones por concepto de cuotas ordinarias definitivas correspondientes al mes de marzo de 2000: BNP México, S.A. 636,977 pesos, Bank One (México), S.A. 27,090 pesos y Bank of América México, S.A. 333,293 pesos.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F, a 22 de noviembre de 2000.- El secretario adjunto jurídico, Eugenio González Sierra; el director general de finanzas, Alfredo Vara Alonso.»

88,89,90

«Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Estados financieros al 30 de septiembre de 2000 expresados en millones de pesos con poder adquisitivo de esa fecha e informe de revisión limitada.

A la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Hemos llevado a cabo una revisión limitada del estado de activos y pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (el instituto) al 30 de septiembre de 2000 y de los estados de ingresos y egresos y de cambios en activos y pasivos, que le son relativos, por el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2000. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del instituto.

Previamente hemos examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 1999 y por el periodo comprendido del 20 de enero al 31 de diciembre de 1999, sobre los cuales emitimos un dictamen sin salvedades el 15 de marzo de 2000, haciendo énfasis en lo siguiente:

El instituto se constituyó el 20 de enero de 1999 con base en lo dispuesto por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Consecuentemente, el instituto asumió los derechos y obligaciones contraídas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) a la fecha antes indicada, excepto por los programas de capitalización y compra de cartera, los cuales serán asumidos cuando se cumplan las disposiciones establecidas en los artículos transitorios de dicha ley y que se refieren principalmente a que se deslinden las responsabilidades a que hubiere lugar, con base en la conclusión de las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados y se cancelen las operaciones que diversas instituciones de banca múltiple mantienen con el Fobaproa. En virtud de esta condición impuesta en la ley mencionada al 31 de diciembre de 1999, el instituto reconoció como un pasivo denominado "reserva para programas de capitalización y compra de cartera pendientes de asumir", la pérdida estimada que asumirá al formalizar los programas de capi talización y compra de cartera, determinada con base en los valores de dichos programas a esa fecha y que asciende a $86,314 millones de pesos.

Al 31 de diciembre de 1999, el instituto tiene cuentas por cobrar derivadas de los programas de saneamiento financiero de instituciones bancarias, por un importe de $127,385 millones de pesos, las cuales representan el valor neto estimado de los derechos de flujos a recibir a futuro afectados por las instituciones a favor del instituto, determinado por éstas con base en las reglas de valuación de dichos activos, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la comisión). La administración del instituto ha determinado al 31 de diciembre de 1999 una provisión preventiva para riesgos crediticios adicional por un importe de $88,521 millones de pesos, basada en estimaciones del valor de recuperación de dichos activos, la cual por la incertidumbre que existe sobre las condiciones de mercado en que se realizarán a futuro estos activos, pudiera no ser suficiente o ser excesiva para asegurar la recuperabilidad de dichas cuentas por cobrar al valor que se muestra en los estados financieros.

Nuestra revisión limitada consistió principalmente en la aplicación de procedimientos de revisión analítica a los diferentes elementos de los estados financieros, en entrevistas con los funcionarios del instituto que tienen responsabilidad sobre asuntos financieros y contables, en la lectura de los acuerdos tomados en las juntas de gobierno y en comprender el sistema establecido para la preparación de los estados financieros intermedios.

En virtud de que esta revisión limitada tiene un alcance reducido y no constituye un examen de estados financieros de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en México, no estamos en posibilidad de expresar una opinión sobre los estados financieros intermedios.

Durante nuestra revisión vinieron a nuestra atención las siguientes situaciones:

Como se menciona en la nota 2 a los estados financieros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número 305-295/2000 de fecha 27 de octubre de 2000, dio a conocer al instituto las reglas de operación a las que deberán ajustarse las instituciones de crédito para el reconocimiento, capitalización y/o pago de los apoyos a cargo del Gobierno Federal, que se generen mediante la aplicación de los Programas Iniciales y los programas punto final que se definen en dicho oficio. De conformidad con lo anterior, el 31 de octubre de 2000 la junta de gobierno del instituto aprobó la participación del instituto en los citados programas, bajo los términos establecidos en las reglas operativas. Consecuentemente, el instituto consideró necesario registrar en sus estados financieros al 30 de septiembre de 2000, tanto la cuenta por pagar a las instituciones bancarias sin costo para el instituto, como la cuenta por cobrar al Gobierno Federal generadas por la aplicación de dichos programas, mismas que según estimaciones de la comisión al mes de septiembre de 2000 ascendían a $25,028 millones de pesos.

De conformidad con la cláusula séptima del contrato de compraventa relativo a la adquisición de Grupo Financiero Serfin, S.A., celebrado entre el instituto y Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A. de C.V., este último presentó el 24 de agosto de 2000 la solicitud para disminuir el precio de compra respectivo por un importe de $2,405 millones de pesos. El instituto no ha registrado reserva alguna para cubrir este concepto ya que se encuentra en proceso de realizar un estudio con el fin de confirmar la procedencia del reclamo, considerando que tiene un plazo de 90 días a partir de la notificación antes citada.

Durante nuestra revisión limitada no tuvimos conocimiento de ninguna situación que requiera modificar los estados financieros intermedios que se acompañan, a fin de que estén presentados de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en México, aplicados sobre bases consistentes.

México, D.F., a 10 de noviembre de 2000.- Ruiz, Urquiza y Cía., S.C.- C.P.C Jorge Tapia del Barrio.»


******** INSERTAR TABLA FOLIOS 113 AL 117

91,92,93,94

1. Marco jurídico y disposiciones de carácter general:

El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (el instituto) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica propia. Su constitución, funcionamiento, operación, control y evaluación se rigen por lo dispuesto en la Ley de Protección al Ahorro Bancario (la ley), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, que entró en vigor a partir del 20 de enero de 1999. El instituto tiene por objeto:

1. Proporcionar a las instituciones de banca múltiple, en beneficio de los intereses de las personas que realicen operaciones garantizadas en términos de la ley, un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice (en forma subsidiaria y limitada) el pago de las obligaciones a cargo de las instituciones de banca múltiple derivadas de dichas operaciones.

2. Administrar, en términos de la ley, los programas de saneamiento financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las instituciones de banca múltiple y en salvaguarda del sistema nacional de pagos.

El patrimonio del instituto se integra con las cuotas que cubran las instituciones de banca múltiple, los productos, rendimientos y otros bienes derivados de las operaciones que realice; los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que obtenga de sus inversiones; los recursos provenientes de financiamientos; los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto; en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones del instituto, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca y los demás derechos y obligaciones que el instituto reciba, adquiera o contraiga, por cualquier titulo legal, conforme a lo previsto en la ley.

El gobierno y administración del instituto están a cargo de una junta de gobierno y un secretario ejecutivo, respectivamente. La junta de gobierno tiene, entre otras, las facultades siguientes:

* Resolver sobre la procedencia de que el instituto otorgue, en cada caso, los apoyos previstos en la ley, así como sus términos y condiciones.

* Declarar la administración cautelar en el supuesto previsto en el artículo 50 de la ley, así como aprobar la liquidación o la solicitud para pedir la suspensión de pagos o declaración de quiebra de las instituciones.

* Aprobar las cuotas ordinarias que deban cubrir las instituciones conforme a lo señalado en el artículo 22 de la ley, así como los criterios para establecer cuotas diferenciadas conforme a lo previsto en el artículo 21 de la misma.

* Aprobar, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la Secretaría de Hacienda), las cuotas extraordinarias que deban cubrir las instituciones conforme a lo señalado en el artículo 23 de la ley.

* Establecer políticas y lineamientos para la administración, conservación y enajenación de los bienes que conformen el patrimonio del instituto, así como establecer las bases para la administración y enajenación de los bienes del instituto, observando lo dispuesto en los artículos 61 a 66 de la ley.

* Aprobar las reservas que sean necesarias para el buen funcionamiento del instituto.

* Aprobar los programas de ingresos y egresos del instituto para cada año, así como las operaciones mediante las cuales el propio instituto obtenga financiamiento.

* En general, realizar todos aquellos actos y operaciones que fuesen necesarios para la mejor administración del instituto.

Reserva para la protección al ahorro bancario


Con fundamento en los artículos 25, 68, 80 y décimo transitorio de la ley, el 14 de diciembre de 1999 la junta de gobierno del instituto aprobó que con el 25% de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple después de sufragar los gastos de administración y operación, se constituyan reservas para cubrir las obligaciones garantizadas señaladas en la ley de conformidad con el "Programa de Reducción Gradual de Cobertura", con objeto de proteger a los ahorradores. Dichos recursos se mantienen depositados en una cuenta en Nacional Financiera, S.N.C.

Obligaciones garantizadas


Para efectos de la ley, se consideran obligaciones garantizadas (las obligaciones garantizadas) los depósitos bancarios de dinero (a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso), así como los préstamos y créditos aceptados por la institución.

Cuando se determine la liquidación, suspensión de pagos o quiebra de una institución de banca múltiple. el instituto procederá al pago de las obligaciones garantizadas, líquidas y exigibles, a cargo de dicha institución, con los límites y condiciones previstas por la ley.

El instituto no garantizará las operaciones siguientes.


* Las obligaciones a favor de entidades financieras, nacionales o extranjeras.

* Las obligaciones a favor de cualquier sociedad que forme parte del grupo financiero al cual, en su caso, pertenezca la institución.

* Los pasivos documentados en títulos negociables, así como los títulos emitidos al portador. Las obligaciones garantizadas, documentadas en títulos nominativos, quedarán cubiertas en términos del artículo 6o. de la ley, siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

* Las obligaciones o depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de la institución de que se trate, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales.

* Las operaciones que no se hayan sujetado a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, así como a las sanas prácticas y usos bancarios, en las que exista mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del artículo 400-bis del Codigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

El instituto pagará el saldo de las obligaciones garantizadas, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (Udis) por persona, física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución. De conformidad con lo establecido en los artículos 6o. y décimo primero transitorio de la ley, así como con el programa por el que se dan a conocer las obligaciones garantizadas en el periodo de transición por el instituto (el "Programa de Reducción Gradual de la Cobertura"), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1999, este régimen entrará en vigor el 1o. de enero de 2005.

De conformidad con el Programa de Reducción Gradual de la Cobertura, el instituto reducirá las obligaciones cubiertas de acuerdo al siguiente calendario:

A partir del 1o. de enero de 2000. Las obligaciones que las instituciones adquieran por operaciones financieras derivadas sobre acciones y metales.

A partir del 1o. de enero de 2001. Las obligaciones provenientes de operaciones financieras derivadas realizadas en las bolsas reconocidas.

A partir del 1o. de enero de 2002. Las obligaciones provenientes de depósitos en garantía, de recaudaciones de impuestos, de contribuciones a favor de la Tesorería de la Federación y de cuentas liquidadoras de valores.

A partir del 1o. de enero de 2003. El importe máximo que pagará el instituto por las obligaciones que no hayan quedado excluidas en las etapas anteriores, será el equivalente a 10 millones de Udis por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución.

A partir de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de dicho año. Unicamente quedarán garantizados los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, hasta por un importe equivalente a 5 millones de Udis por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y cargo de una misma institución.

Cuotas recibidas de los bancos


Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a pagar al instituto las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la junta de gobierno, la cual podrá establecer cuotas ordinarias diferentes para las instituciones, en función del riesgo a que se encuentren expuestas, con base en el nivel de capitalización de cada una de ellas y de otros indicadores de carácter general. Las cuotas ordinarias se deberán cubrir mensualmente y no podrán ser menores del 4 al millar, sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las instituciones. Cuando la junta de gobierno establezca cuotas extraordinarias, éstas no podrán exceder en un año del 3 al millar sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las instituciones. Las cuotas ordinarias y extraordinarias no podrán exceder, en un año, del 8 al millar sobre el importe total de las operaciones pasivas de las instituciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo transitorio, con la finalidad de concluir los programas de saneamiento financiero y la liquidación de las operaciones del Fobaproa y del fideicomiso denominado Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval), el instituto dispondrá de las tres cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al ahorro paguen las instituciones de banca múltiple, así como de los recursos provenientes de la recuperación de sus activos y aquellos derivados de los costos que al efecto se hayan convenido asuman las instituciones apoyadas.

Apoyos y programas para el saneamiento financiero de las instituciones de banca múltiple.

Excepcionalmente, el instituto, por sí o a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la comisión), podrá otorgar apoyos financieros tendientes a proveer la liquidez o el saneamiento de una institución. Los apoyos podrán otorgarse mediante suscripción de acciones y obligaciones subordinadas, asunción de obligaciones, otorgamiento de créditos o la adquisición de bienes, de acuerdo con lo previsto en la ley.
Los apoyos financieros se darán únicamente con cargo a los recursos propios del instituto y mediante los financiamientos que obtenga en los términos del artículo 46 de la ley, los cuales en ningún caso excederán del 6% cada tres años de los pasivos totales de las instituciones de banca múltiple que haya publicado la comisión en el mes inmediato anterior. Para fines del límite a que se refiere el párrafo anterior, también computarán las garantías que otorgue el instituto. Los apoyos financieros que el instituto otorgue mediante créditos, quedaran garantizados con las acciones con derecho a voto pleno representativas del capital social ordinario de la institución apoyada.

En caso de que las obligaciones derivadas de los apoyos financieros otorgados por el instituto no fueran cumplidas, podrá adjudicarse la garantía. Si la institución requiere ser capitalizada para recuperar su estabilidad, el instituto, en ejercicio de los derechos corporativos de las acciones o una vez adjudicadas estas, podrá efectuar las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a lo establecido en la ley.

En caso de que el instituto no se encuentre en condiciones de hacer frente a sus obligaciones, el Congreso de la Unión dictará las medidas que juzgue convenientes para el pago de las mismas. Esta garantía deberá hacerse constar de conformidad con la legislación aplicable, en los títulos de crédito u otros instrumentos en que están documentadas dichas obligaciones.

En la nota 5 se describen los apoyos que al 30 de septiembre de 2000 ha otorgado el instituto, los cuales se han apegado a los lineamientos de ley mencionados.

Recursos presupuestales


Con fundamento en el artículo 47 de la ley y conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados proveerá en un ramo especifico del Presupuesto de Egresos de la Federación, a propuesta del Ejecutivo Federal, la asignación presupuestaria correspondiente que, en su caso, requiera el instituto para hacer frente a sus obligaciones.

95,96,97


Los financiamientos y los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que reciba el instituto en los términos del Título Cuarto de la ley, en ningún caso podrán ser utilizados para un fin distinto al autorizado.

Operaciones asumidas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval).

De conformidad con lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la ley, el instituto (sujeto a la condición mencionada más adelante, en protección de los derechos de terceros de buena fe y para proveer a la más expedita recuperación de los bienes) asumió la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes a aquellos de capitalización y compra de cartera, realizadas por el Fobaproa y el Fameval, así como las correspondientes a las instituciones intervenidas por la comisión, salvo las operaciones que fueron exceptuadas por acuerdo de los comités técnicos del Fobaproa y el Fameval, a partir del 20 de enero de 1999. Lo anterior, sujeto a que se lleven a cabo las auditorias correspondientes para el fincamiento de las responsabilidades jurídicas y económicas que, en su caso, procedan, o a la transmisión a terceros de los mencionados bienes. En consecuencia, y también por mandato expreso de la ley (artículo octavo transitorio), a partir del 20 de enero de 1999 el instituto asumió los créditos otorgados por el Banco de México al Fobaproa y al Fameval y fue hasta el 15 de marzo de 2000 cuando celebraron un convenio donde el instituto reconoció un pasivo a esa fecha a favor del Banco de México por 23,987,953,287 Udis el cual no devenga intereses, conviniéndose extinguir el saldo insoluto sin cargo al instituto en 30 anualidades, vencidas y sucesivas, con fecha valor al último día hábil bancario de cada año. Al 30 de septiembre de 2000, el instituto no muestra en sus estados financieros este pasivo, ya que de acuerdo a lo antes mencionado, no afectará sus resultados.

En el artículo quinto transitorio de la ley se establece que, una vez concluidas las auditorias ordenadas por la Cámara de Diputados, las instituciones participantes en el "Programa de Capitalización y Compra de Cartera" del Fobaproa, podrán optar por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el Fobaproa, para lo cual deberán regresarle los títulos de crédito que éste hubiera emitido en su favor; por su parte, el instituto otorgará a los bancos una garantía o instrumento de pago que cubrirá los derechos de cobro de la cartera objeto del programa en mención, de conformidad con lo establecido en las reglas generales del nuevo programa a que se refiere el artículo quinto transitorio de la ley (las reglas generales), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 1999. En virtud de lo anterior, a partir de 1999, el instituto reconoció como un pasivo denominado "reserva para programas de capitalización y compra de cartera pendientes de asumir", la pérdida estimada que asumirá al formalizar los programas mencionados, determinada con base en los valores de dichos programas a esa fecha.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, las auditorias han concluido, las instituciones han sido informadas de sus resultados y éstas han solicitado al instituto su incorporación al nuevo programa, manifestando su conformidad con los términos y condiciones del mismo; sin embargo, aún no se han concluido los procesos legales para efectuar la cancelación de las operaciones con el Fobaproa.

Asimismo, el instituto devolverá a las instituciones los créditos que de conformidad con los resultados de las auditorias, no satisfacen los criterios originales del Fobaproa y respecto de los cuales no existe un acuerdo posterior entre la institución, el Fobaproa y la comisión. En este caso, la institución deberá designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del instituto, en caso contrario, éste reducirá el monto de la garantía o instrumento de pago respectivo.

En el artículo décimo noveno transitorio de la ley, se establece que las referencias hechas al Fobaproa y al Fameval en leyes, reglamentos, resoluciones, oficios, inscripciones y convenios referentes a la administración y funcionamiento de estos fideicomisos, se entenderán hechos al instituto, quedando incluidas las relativas a programas de apoyo a deudores. Tratándose de actos o convenios de las operaciones indicados en los artículos quinto, séptimo y octavo transitorios, la referencia se entenderá hecha al instituto, apegándose a los términos y condiciones de las auditorias indicadas en esos artículos, por lo que en ningún caso se entenderá que el instituto es causahabiente universal del Fobaproa y Fameval.

El instituto deberá concluir los procesos de recuperación o delegación de la administración de los bienes (definidos como tales en la ley) en un plazo máximo de cinco años contados a partir del 20 de enero de 1999, con excepción de la venta o delegación de la administración de los activos de las instituciones intervenidas por la comisión, que sean objeto de proceso de liquidación, el cual deberá concluirse en un plazo no mayor de tres años a partir de que empiece dicho proceso.

El instituto deberá llevar en una cuenta separada los recursos, ingresos y erogaciones que se relacionen directa o indirectamente con la liquidación de los programas de saneamiento financiero y así deberá revelarlo en sus estados financieros.

Obligaciones laborales


Con respecto a los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores, el instituto se encuentra considerado dentro del Apartado "B" del artículo 123 constitucional, el cual establece que este compromiso será asumido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El 29 de marzo de 2000, la junta de gobierno del instituto aprobó las "Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores del Instituto de Protección al Ahorro Bancario", mismas que fueron promovidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de mayo del mismo año, en las cuales se establecen obligaciones por conceptos de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. Derivado de la reciente creación del instituto, al 30 de septiembre de 2000 el pasivo por estos conceptos no es relevante.

2. Principales políticas contables:


Las políticas contables que sigue el instituto están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en México y se apegan a los principios básicos de contabilidad gubernamental y las normas de carácter general emitidas por la unidad de contabilidad gubernamental e informes sobre la gestión Pública de la Secretaría de Hacienda.

Dichas políticas requieren que la administración del instituto efectúe ciertas estimaciones y utilice diversos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Las principales políticas contables que sigue el instituto son las siguientes:

Contabilidad por fondos


Los estados financieros revelan en cuentas separadas, atendiendo las disposiciones establecidas en la ley, los recursos, ingresos y erogaciones que se relacionen directa o indirectamente con la liquidación de los programas de saneamiento financiero; consecuentemente y para dar una mayor transparencia en los registros contables a esta disposición de la ley, la administración adoptó la contabilidad por fondos que se describe a continuación:

Fondo IPAB


En las cuentas identificadas dentro del Fondo IPAB se registran las operaciones que el instituto ha realizado por cuenta propia a partir del 20 de enero de 1999, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley.

Fondo Fobaproa


En las cuentas identificadas dentro del Fondo Fobaproa se incluyen los derechos y obligaciones asumidos o que asumirá, según sea el caso, del Fobaproa y el Fameval por disposición de la ley, así como todas las operaciones realizadas por el instituto para la recuperación de los bienes asumidos, sujetándose a las disposiciones establecidas en los artículos transitorios de la ley.

Los activos y pasivos de ambos fondos se registraron como sigue:

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

Para reconocer los efectos de la inflación en términos de poder adquisitivo de moneda de cierre, se procedió como sigue:

* En el estado de activos y pasivos:

El mobiliario y equipo se actualizan con un factor derivado del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desde su fecha de adquisición. La depreciación se registra con base a la vida útil económica estimada de cada activo, sobre el valor actualizado.

* En el estado de ingresos y egresos:


Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria (inversiones en valores, prestamos bancarios y de otras entidades, obligaciones etcétera.) se actualizan del mes en que ocurren hasta el cierre, utilizando factores derivados del INPC.

Como se indica anteriormente, la depreciación se calcula sobre el valor actualizado del correspondiente mobiliario y equipo.

El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto al principio de cada mes el factor de inflación derivado del INPC y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

Efectivo e inversiones en valores


El saldo en efectivo e inversiones en valores, está representado principalmente por valores gubernamentales, valuados a su valor de mercado y dólares americanos valuados al tipo de cambio de $9.4088 pesos por dólar americano publicado por Banco de México, el 28 de septiembre de 2000.

Créditos otorgados a instituciones financieras


Están representados principalmente por créditos simples otorgados a instituciones de banca múltiple y casas de bolsa, para que éstas cumplan con las obligaciones a su cargo. Estos créditos devengan intereses capitalizables periódicamente. Los intereses moratorios se reconocen en resultados al momento de cobrarse. Dada la situación financiera de esas instituciones, se ha registrado una estimación de cuentas incobrables. Cabe resaltar que dichas instituciones se encuentran intervenidas por la comisión.

Inversiones temporales


Las inversiones temporales se registran como sigue:
* Obligaciones subordinadas convertibles obligatoriamente a capital, valuadas a su valor de realización con base en el valor esperado de conversión.

* Acciones de entidades financieras y otras empresas en donde el instituto mantiene participación, se encuentran valuadas a su valor de realización o liquidación. El instituto no consolida los estados financieros de las entidades en las que tiene una participación mayoritaria, en virtud de que estas inversiones se consideran de carácter temporal mientras se concluye el proceso de saneamiento de las mismas, para ponerlas en condiciones favorables para su venta o bien llevar a cabo su liquidación.

Adicionalmente, se han reconocido como un pasivo a cargo del instituto las aportaciones estimadas por las áreas técnicas del instituto que, en su caso, se estima se tendrán que realizar en estas entidades, por pérdidas que se incurrirán en el periodo estimado para su realización a través de su venta o liquidación. Este pasivo se muestra dentro del rubro "reconocimiento de pérdidas de instituciones financieras".

Los estados financieros auditados de estas entidades al 31 de diciembre de 1999 muestran en cuentas de orden en el rubro "otras obligaciones contingentes" un saldo a valor nominal por $7,625, mismos que el instituto no ha reservado, de acuerdo con las prácticas contables emitidas por la comisión para estas entidades, referente a pasivos contingentes. Al 30 de septiembre de 2000, con base en los últimos estados financieros no auditados disponibles, muestran un saldo a valor nominal de $8,569 en dicho rubro.

Programas de saneamiento


Los programas de saneamiento se registran como sigue:

98,99,100

a) Programas de saneamiento financiero dentro de este rubro se registran los programas de apoyo financiero implantados en función de las necesidades particulares de cada institución de banca múltiple o casa de bolsa, conforme a lo aprobado por el comité técnico del Fobaproa o Fameval, respectivamente, los cuales han sido asumidos por el instituto considerando las disposiciones del artículo séptimo transitorio de la ley el saldo de esta cuenta se encuentra representado por los siguientes conceptos:

* Derechos fideicomisarios sobre activos tales como carteras de crédito, acciones, bonos de deuda soberana, otros activos etcétera, que se encuentran afectos a fideicomisos constituidos por los propios bancos que recibieron el apoyo financiero y en los que el instituto es fideicomisario. Estos derechos están valuados con base en el valor patrimonial de los fideicomisos y se actualizan con base en los incrementos o disminuciones en el valor del patrimonio de los fideicomisos con cargo o crédito a la cuenta de resultados "Programa de Saneamiento". Al 30 de septiembre de 2000, se reconoció en los resultados un decremento por $18,989. Por otro lado, el instituto reclasifica los ingresos recibidos en efectivó de dichos fideicomisos para mostrarlos dentro de la cuenta "recuperación de derechos fideicomisarios".

* Derechos fideicomisarios sobre los "flujos" que deriven de la administración, recuperación y cobranza de diversos créditos de las carteras de las instituciones y de bienes adjudicados o que se reciban en pago de tales créditos, que sean designados por las propias instituciones en fideicomisos, en los que el instituto es fideicomisario. Estos derechos de cobro se registran con base en la estimación que sobre dichos flujos efectúan las instituciones que se encuentran administrando las carteras generadoras de flujos y sus incrementos, derivados de los intereses generados por dichos activos menos los gastos de operación correspondientes, se registran como ingresos. Cabe señalar que las instituciones son los titulares de los créditos y bienes referidos.

* Pasivos a cargo de tres fideicomisos derivados de la adquisición al instituto de cartera, los cuales en el caso de Banpaís, S.A. y Banca Promex, S.A. devengan intereses capitalizables trimestralmente y en el caso de Confía, S.A. mensualmente. Estos pasivos serán cubiertos con la cobranza de dichos créditos.

b) Programa de bienes inmuebles adjudicados o recibidos mediante dación en pago. Se encuentran representados por créditos otorgados por el instituto a fideicomisos constituidos por algunas instituciones de crédito en donde se afectaron bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en pago por las propias instituciones. El instituto a su vez recibió créditos por el mismo importe de las instituciones bancarias, por su propio derecho, con las mismas características de plazo, monto y tasa de interés. Este programa no representará costo para el instituto, en virtud de que cada institución de banca múltiple faculta al instituto a liberarse de las obligaciones a su cargo y a favor de las instituciones, mediante la transmisión de los derechos de cobro que el instituto tiene frente al fideicomiso.

Provisiones preventivas


a) En el caso de los créditos otorgados a instituciones de crédito, las reservas se calculan en función de la posibilidad de recuperación de dichos créditos con base en la posición financiera y capacidad de pago de los acreditados.

b) En el caso de los activos adquiridos como resultado de los programas de saneamiento financiero, las instituciones de crédito encargadas de administrar dichos activos determinan reservas sobre los mismos con base en las reglas establecidas que para tal efecto emitió la comisión. Ademas, se han estimado reservas adicionales a las reconocidas por las instituciones bancarias, de acuerdo con estimaciones efectuadas por el instituto, con base en la información disponible de transacciones que se han realizado en el mercado para llevar a cabo la venta de activos con condiciones similares a las de los activos asumidos en estos programas o a información disponible sobre la condición de estos activos proporcionada por las instituciones. Las estimaciones efectuadas al 30 de septiembre de 2000, arrojaron un porcentaje promedio de recuperación sobre el valor de los activos de aproximadamente un 17%, exceptuando el efectivo en bancos el cual se recuperará en su totalidad.

Al 30 de septiembre de 2000, el efecto neto en el estado de ingresos y egresos de las provisiones preventivas registradas, se analiza como sigue:

******* INSERTAR TABLA FOLIO 126

Programas de apoyo a los deudores de la banca


De conformidad con lo establecido en el artículo decimonoveno transitorio de la ley, el instituto asumió la titularidad de los siguientes programas de apoyo a deudores (programas iniciales):

* Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos de Vivienda.

* Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (Finape).

* Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fopyme).

* Programa de Apoyo Crediticio a la Planta Productiva Nacional.

* Anexo 8 del acuerdo de apoyo inmediato a los deudores de la banca relativos a créditos para la vivienda tipo Fovi.

El 3 de abril de 2000, el Banco de México en su carácter de fiduciario en el Fobaproa, comunicó al instituto que en referencia al convenio de extinción del Fobaproa, suscrito con fecha 31 de marzo de 2000, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda determinó que el "acuerdo de beneficios a los deudores de créditos para vivienda", el "Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos para el Sector Agropecuario y Pesquero" y el "Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos Empresariales" (los programas Punto Final), se consideran acuerdos modificatorios a los esquemas de descuentos en los pagos establecidos en algunos de los programas de apoyo a deudores mencionados en el artículo decimonoveno transitorio de la ley, en el entendido de que la Secretaría de Hacienda ejercerá y proveerá al instituto, conforme al procedimiento que hasta ahora se ha seguido para con los programas a que se refiere este transitorio, los recursos necesarios para la aplicación de dichos programas con cargo a los montos que anualmente se hayan autorizado en los presupuestos de egresos de la Federación para tales efectos.

Asimismo, en el citado convenio, en virtud de que los programas Punto Final comenzaron a aplicarse a partir del mes de enero de 1999, el Gobierno Federal, en su caracter de fideicomitente del Fobaproa, instruye al Banco de México como fiduciario para que, de acuerdo a las modificaciones a las reglas de operación respectivas que se le den a conocer, registre los pasivos a su cargo que correspondan del 1o. al 19 de enero de 1999.

Derivado de lo anterior, en septiembre de 2000 la Secretaría de Hacienda en su carácter de fideicomitente instruyó al Fobaproa para que registrara como pasivos a su cargo, las cifras preliminares que le proporcionara la comisión, respecto de los apoyos generados por la aplicación de los programas iniciales y los referentes a los programas Punto Final, durante el periodo antes referido. Asimismo, se hace referencia al "Esquema de Descuentos en los Pagos Oportunos y de los Pagos Anticipados" (EDAVI), en adición a los establecidos en el Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Crédito para la Vivienda, por lo que los montos del EDAVI constituyen un componente integral del costo asociado a dicho programa.

Mediante oficio Número 305-295/2000 del 27 de octubre de 2000, la Secretaría de Hacienda comunicó al instituto las reglas operativas para la aplicación de los programas Punto Final y del EDAVI, mediante las cuales la Secretaría de Hacienda establece los siguientes criterios:

a) Que los programas Punto Final son considerados acuerdos modificatorios a los esquemas de descuentos en los pagos establecidos en algunos de los programas iniciales.

b) El Programa EDAVI constituye parte integral del costo asociado al Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para la Vivienda.

c) Los descuentos que en su caso se lleguen a otorgar por la aplicación del esquema de pagos mínimos equivalentes a rentas, forman parte de los apoyos que corresponde absorber al Gobierno Federal conforme al apartado VI, individualización de créditos, del Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Crédito para la Vivienda.

d) La Secretaría de Hacienda ejercerá y proveerá al instituto los recursos necesarios para la aplicación de los programas iniciales, los programas Punto Final y el EDAVI, con cargo a los montos que anualmente se hayan autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los programas de Apoyo a Deudores.

Asimismo, en dichas reglas operativas se establecen los siguientes procedimientos:

a) El registro que hagan las instituciones de crédito en relación con los apoyos a cargo del Gobierno Federal que se generen por la aplicación de los programas iniciales y los programas Punto Final, a partir del año 2000, se deberá realizar a través de la apertura de subcuentas en las que se registrarán los apoyos que mensualmente se carguen a los financiamientos que las instituciones de crédito otorgaron al Fobaproa y que el instituto asumió de conformidad con el artículo decimonoveno transitorio de la ley.

b) Dichas subcuentas generarán intereses a la tasa de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 91 días, desde el mes en que se generen y hasta el mes de mayo del ejercicio fiscal siguiente a aquél en que se hubieran generado los apoyos. Los intereses se capitalizaran mensualmente llevando una curva de rendimiento a plazo de 28 días, la tasa de interés aplicable.

c) Anualmente la comisión, instruirá a las instituciones de crédito, la práctica de auditorias con objeto de verificar la correcta aplicación de los programas iniciales y los programas Punto Final. Para los ejercicios fiscales de 1995 a 1999, las instituciones de crédito están obligados a presentar a la comisión el informe de dichas auditorias a más tardar el último día hábil bancario del mes de mayo de 2001. A partir del ejercicio fiscal de 2000, este informe deberá de presentarse a más tardar al cierre del mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal de aquél en que se hubieran operado los apoyos.

d) El saldo insoluto de las subcuentas de los apoyos generados en los ejercicios fiscales de 1995 al 1999, se liquidará el 30 de noviembre de 2000, siempre y cuando la comisión entregue al instituto el informe consolidado, en el que, con base en el resultado de las auditorias practicadas a cada banco, se indique la correcta aplicación de los programas iniciales y los programas Punto Final.

e) El pago de los apoyos generados en cada ejercicio fiscal a partir de 2000, se realizará anualmente el primer día hábil bancario del mes de junio del ejercicio fiscal siguiente a aquél en que se hubieran generado, siempre y cuando el instituto reciba de la comisión el informe consolidado mencionado en el inciso anterior.

f) Las instituciones de crédito que no presenten a la comisión los resultados de las auditorías a más tardar el último día hábil bancario de mayo de 2000 por los ejercicios fiscales de 1995 a 1999 y el 30 de septiembre del ejercicio fiscal siguiente a aquel en que se hubieran generado los apoyos, a partir del año 2000, perderán el derecho al cobro del principal e intereses de los apoyos generados por la aplicación de los programas iniciales y los programas Punto Final. En el entendido de que las subcuentas de los ejercicios fiscales de 1995 a 1998, dejarán de generar intereses a partir del mes de noviembre de 2000.

101,102,103


g) Las instituciones de crédito deberán de manifestar mediante comunicado dirigido al instituto, a más tardar el 10 de noviembre de 2000, su consentimiento para continuar otorgando financiamiento al instituto en los términos y condiciones que se señalan en las citadas reglas operativas, así como su conformidad con las modificaciones a las estipulaciones relativas al cálculo de intereses y la forma de pago del principal e intereses de los financiamientos.

El 31 de octubre de 2000, la junta de gobierno aprobó la participación del instituto en los programas Punto Final y en el EDAVI, en los términos establecidos en las reglas operativas. Consecuentemente, el instituto registró al 30 de septiembre de 2000, tanto la cuenta por pagar a las instituciones bancarias, sin costo para el instituto, como la cuenta por cobrar al Gobierno Federal generadas por la aplicación de dichos programas, mismas que según estimaciones de la comisión al mes de septiembre de 2000 ascendían a $25,028 aproximadamente.

La administración de estos programas, antes de la emisión de las mencionadas reglas operativas, consistía en recibir mensualmente de Banco de México la información sobre los apoyos generados por las instituciones de banca múltiple e instruirlo a realizar los pagos correspondientes con cargo a las cuentas del instituto, de conformidad con las cifras determinadas por Banco de México.

Al 30 de septiembre de 2000 se han efectuado pagos por los programas iniciales a las instituciones de banca múltiple a valor nominal por $1,503 por concepto de intereses.

Recursos a ser asignadosvía Presupuesto de Egresos de la Federación largo plazo


Las partidas a ser asignadas por el Congreso de la Unión, a petición del Gobierno Federal, en caso de que el instituto no se encuentre en condiciones de hacer frente a sus obligaciones conforme al artículo 45 de la ley, se derivan de la estimación de la valuación sobre el valor de recuperación de los activos asumidos del Fobaproa y el Fameval, la cual se convertirá en un requerimiento en el momento en que dichos activos se realicen y el instituto tenga que hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de los programas de saneamiento financiero correspondientes. Esta estimación equivale al exceso de egresos sobre ingresos que ha tenido el instituto hasta el 30 de septiembre de 2000. Los recursos asignados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y que en su caso no hayan sido ejercidos se mostrarán como una cuenta por cobrar a corto plazo. Al 30 de septiembre de 2000 todos los recursos han sido asignados.

Cuotas recibidas de los bancos


El instituto recibe cuotas de las instituciones de banca múltiple las cuales son determinadas por la comisión, de conformidad con lo establecido en las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 1999, relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al instituto. Las cuotas se registran conforme se devengan. Las cuotas ordinarias recibidas por el instituto durante el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2000 ascendieron a valor nominal a $4,246.

Resultado por asunción de la titularidad de operaciones del Fobaproa y Fameval


Corresponde a los resultados generados por la Asunción de la titularidad de ciertas operaciones del Fobaproa y el Fameval en términos de la ley. El déficit mostrado por el periodo del 20 de enero al 31 de diciembre de 1999, corresponde a la diferencia entre los activos asumidos, valuados con base en estimaciones efectuadas por las instituciones de banca múltiple que los administran y las obligaciones asumidas. Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2000, el instituto reconoció en los resultados la recepción y cancelación de ciertos activos y pasivos, respectivamente, que se encontraban pendientes de reconocer en el traspaso de operaciones del Fobaproa. Asimismo, en esta cuenta se incluye el déficit que se estima que el instituto asumirá cuando se formalicen los traspasos de los programas de capitalización y compra de cartera, el cual se reconoció como un pasivo denominado "reserva para programas de capitalización y compra de cartera, pendientes de asumir".

Subsidios y transferencias corrientes


Los recursos que provienen del ramo general 34 "erogaciones por programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca", se registran como subsidios y trasferencias corrientes en el estado de resultados en el momento en que se reciben.

3. Posición en moneda extranjera:

Al 30 de septiembre de 2000, los activos y pasivos en millones de dólares americanos ascienden a:

****INSERTAR TABLA FOLIO 129

Al 10 de noviembre de 2000, la posición en moneda extranjera, no auditada, es similar a la del 30 de septiembre de 2000 y el tipo de cambio emitido por el Banco de México a esa fecha es de $9.6166 por dólar americano.

*****INSERTAR FOLIOS 130-131.

El saldo por reconocimiento de pérdidas de instituciones financieras correspondiente a Banco del Atlántico, S.A., se refiere al monto máximo actualizado a la fecha de los estados financieros, que puede ser canalizado para el saneamiento financiero de esta institución, de conformidad a lo acordado por la junta de gobierno celebrada el 28 de junio de 2000, sin embargo, dicha reserva pudiera no ser suficiente, dado que a la fecha no se han concluido las auditorías ni las negociaciones que se están llevando a cabo con Banco Internacional, S.A. en relación con Banco del Atlántico, S.A.

5. Operaciones de saneamiento financiero llevadas a cabo:

Considerando las funciones a cargo del instituto en el Capítulo IV del Título II de la ley, se llevaron las siguientes operaciones de saneamiento financiero (cifras en valores nominales):

Grupo Financiero Serfin, S.A.

Con el propósito de proveer los recursos necesarios para el saneamiento financiero de Banca Serfin, S.A., principal subsidiaria del Grupo Financiero Serfin, S.A.(GF Serfin), el instituto llevó a cabo las siguientes operaciones durante 2000 las cuales fueron aprobadas por su junta de gobierno una ves analizada la conveniencia de mantener a esta institución como un negocio en marcha:

a) Tercera capitalización.

En su décima sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 1999, la junta de gobierno del instituto tomo nota del faltante adicional de reservas crediticias de GF Serfin por un monto de $5,782 determinadas como consecuencia de las evaluaciones y estudios practicados por dos firmas independientes, dicho monto finalmente ascendió a $5,045, de acuerdo al comportamiento normal que registró la cartera de crédito. Asimismo, autorizó la sustitución de activos improductivos "activos grises" con un valor neto de $5,897. Para realizar la constitución de reservas y la compra de activos grises se utilizaron los recursos provenientes de los fideicomisos denominados tramo I, tramo II, esquema de créditos hipotecarios, bienes adjudicados y de las utilidades generadas por la venta de Garante, S.A. de C.V., subsidiaria de Banca Serfin a Citibank, S.A.; el monto restante para dicha capitalización y compra de activos se obtuvo de los recursos presupuestales, el cual ascendió a $3,064, de conformidad con las resoluciones adoptadas fuera de Asamblea el 14 de enero de 2000 por los accionistas de GF Serfin.

b) Cancelación de la obligación contingente por la venta de cartera hipotecaria.

Banca Serfin asumió una obligación de naturaleza contingente a través de la cual se estableció la obligación de pagar al Fobaproa la cantidad que este último hubiera pagado a HSBC Latino América, B.V. (LABV) por concepto del contrato de permuta y protección al valor de mercado y la obligación de pagar un monto de 466.5 millones de dólares americanos, el cual se incrementaba a razón del 11% anual. Esta obligación fue cancelada a partir del 8 de julio de 1999 mediante la firma de un convenio de fecha 21 de enero de 2000 como parte del proceso de saneamiento del GF Serfin. El monto acumulado ascendió a $5,681.

c) Compra de activos grises.

En su décima sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 1999, la junta de gobierno del instituto autorizó la sustitución de activos improductivos "activos grises". Por lo anterior el 28 de enero y el 11 y 22 de febrero de 2000, el instituto celebró contratos en los cuales recibe activos improductivos por un valor bruto de $13,323, liquidando como contraprestación el valor neto de las reservas de dichos activos por $2,334,$1,504; y $1,623 los días 31 de enero, 18 y 24 de febrero de 2000.

A las fechas de celebración de los contratos mencionados en el párrafo anterior, Banca Serfin se obligó a entregar a tres fideicomisos, en donde el instituto es fideicomisario, los flujos que se reciban de la recuperación de los activos improductivos.

Derivado de la determinación del precio definitivo que llevó a cabo Banca Serfin en cumplimiento a los contratos celebrados, se ajustó el precio de los activos improductivos, por lo que el 3 y 10 de marzo de 2000, el instituto recibió un reembolso por $5 y $11, respectivamente.

104,105,106

d) Convenio modificatorio de bienes adjudicados.

El 11 de febrero de 2000, Banca Serfin y el instituto firmaron un convenio modificatorio sobre el contrato de fideicomiso de bienes adjudicados, en donde se establece que Banca Serfin en su carácter de fideicomitente renuncia a cualquier derecho de readquisición con respecto a los bienes adjudicados, por lo que los mismos no serán revertidos a Banca Serfin en el año 2001, tal como lo establecía el contrato original. Por lo anterior Banca Serfin liberó reservas por $881, las cuales se utilizaron para cubrir el faltante de reservas detectadas.

e) Seguros Serfin Lincoln, S.A.

El instituto pagó el 31 de marzo de 2000, 100.5 millones de dólares americanos a Lincoln National Corporation (Lincoln), a nombre y cuenta del GF Serfin, quien tenía la obligación de realizar este pago para adquirir el 49% de las acciones de Seguros Serfin Lincoln, S.A. como consecuencia del ejercicio de la opción que Lincoln tenía para llevar a cabo esta operación.

La junta de gobierno del instituto autorizó el 9 de febrero de 2000 la capitalización de la cuenta por pagar a cargo de GF Serfin y en favor del instituto, que se derivó de la operación antes mencionada, contra la amortización de pérdidas acumuladas por el mismo monto, con la intención de mantener inalterado el capital social de GF Serfin. Dicha capitalización fue realizada el 31 de marzo de 2000, por lo que el instituto reconoció en resultados el efecto de esta capitalización.

f) Compra de acciones representativas del capital social de GF Serfin.

De conformidad con la cláusula tercera del convenio celebrado entre LABV y el instituto el 7 de julio de 1999 y modificado el 1o. de marzo de 2000, el instituto pagó el 22 de mayo a LABV 137 millones de dólares por la transmisión en propiedad de las acciones representativas del capital social de GF Serfin que representaban el 19.9% del capital de dicha institución.

g) Venta de Grupo Financiero Serfin, S.A.

El 8 de mayo de 2000 la junta de gobierno designó a Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A. de C.V. (Santander) como ganador en términos de las bases de licitación para la adquisición de hasta el 100% de las acciones de GF Serfin.

Como consecuencia el 23 de mayo de 2000, el instituto celebró un contrato de compraventa del 100% de los títulos representativos del capital social de GF Serfin. El precio de las acciones ascendió a $14,650. Estos recursos fueron utilizados para amortizar el pasivo con Banca Serfin, S.A. mencionado en la Nota 11, de conformidad a lo establecido en dicho contrato de compraventa.

De conformidad con la cláusula séptima del contrato de compraventa celebrado entre el instituto y Santander, en relación con la adquisición del GF Serfin, el 24 de agosto de 2000 Santander presentó la solicitud para disminuir el precio de compra por un monto total de $2,405 millones de pesos. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el instituto no ha registrado reserva alguna para cubrir este concepto ya que se encuentra en proceso de realizar un estudio con el fin de confirmar la procedencia del reclamo, considerando que tiene un plazo de 90 días a partir de la notificación antes citada.

Asimismo, en dicho contrato el instituto se obliga a responder por pasivos contingentes que surjan en GF Serfin y sus subsidiarias, incluyendo pasivos laborales, fiscales o derivados de procedimientos administrativos o judiciales, por actos u omisiones verificados antes de la fecha de transmisión de las acciones a Santander.

Bancrecer, S.A.

Con fecha 3 de noviembre de 1999, el instituto solicitó al Banco de México un crédito simple por $102,200, con objeto de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la capitalización de Bancrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer. Con esta misma fecha, el Banco de México cedió a Bancrecer, S.A. Los derechos del contrato del crédito mencionado. El saldo insoluto se pagará el 1o. de noviembre del año 2004 y causará y pagará intereses trimestralmente, aplicando la tasa que resulte mayor entre las siguientes:

* Tasa de rendimiento anual expresada en términos decimales del promedio diario durante cada periodo de interés de la tasa ponderada de fondeo bancario más 3.50 puntos porcentuales, los cuales serán revisables trimestral mente.

* El cambio porcentual en el valor de la unidad de inversión (Udis) durante cada periodo de interés, multiplicado por 360 y dividido entre el número de días efectivamente transcurridos en cada periodo de interés.

Con fecha 3 de noviembre de 1999, se celebraron las asambleas general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a las cuales asistieron los tenedores de acciones ordinarias de Bancrecer, S.A. y representantes del instituto como invitados, en la cual dentro de otros acuerdos se reconocieron pérdidas de la sociedad a valor nominal por $102,834, según estados financieros de los ejercicios 1997, 1998 y por el periodo comprendido de enero a septiembre de 1999, y se aprobó aplicar partidas positivas que conforman el capital contable por la cantidad a valor nominal de $2,509, por lo que las pérdidas se redujeron a valor nominal a S100,325. Las cuales, se cubrieron como sigue:

* Aplicación total del capital social a valor nominal por $2,451, con lo que quedaría un capital contable negativo a valor nominal de $97,874.

* Se aumenta el capital social a valor nominal por $2,344, para lo cual se adquieren 23,435,999 acciones ordinarias y nominativas de la serie "O", las cuales, son suscritas y pagadas por el instituto cubriendo el pago adicional de una prima en acciones a valor nominal de $99,856.

* Se declaró la instalación de la administración cautelar por parte del instituto en Bancrecer, S.A.

Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V.

El 26 de julio de 1996, Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., Banco Inverlat, S.A. y el Fobaproa firmaron un convenio de "Capitalización y liquidez", en el cual se establece el compromiso del Fobaproa, a cubrir los requerimientos de liquidez de Banco Inverlat, S.A. hasta el 31 de marzo de 2000 y a mantener un índice de capitalización del 9% hasta el 31 de diciembre de 1999 y del 8% al 31 de marzo de 2000. En virtud de lo anterior, el Fobaproa adquirió obligaciones subordinadas convertibles forzosamente en acciones del grupo financiero, quien a su vez adquirió obligaciones del Banco. Conforme a los acuerdos celebrados con The Bank of Nova Scotia, un grupo de personas designado por este banco, administra al Grupo Financiero y subsidiarias. El esquema original (modelo A), acordado con The Bank of Nova Scotia establecía la separación en un fideicomiso de la cartera de baja calidad crediticia. Para tal efecto, con fecha 26 de julio de 1996 se firmó un convenio de separación de cartera y un contrato de prestación de servicios de cobranza. Pese a lo anterior, las partes firmaron con fecha 10 de julio de 1997 una carta mediante la cual se comprometieron a explorar la posibilidad de aplicar un esquema de saneamiento que no implicara la transmisión de los créditos a un fideicomiso de cobranza (modelo B). Respecto al plazo para la separación de la cartera, las partes celebraron cartas convenio para ampliar dicho plazo, con vencimiento en septiembre de 2000. Actualmente la administración ha informado que las negociaciones respecto de este último esquema continúan en curso, ahora con el instituto.

El 28 de octubre de 1999, en asamblea general extraordinaria de accionistas del Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V., se aprobó la emisión de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en títulos representativos de capital social del grupo financiero, hasta por un monto a valor nominal de $7,000 que fueron adquiridas por el instituto en cumplimiento de obligaciones a su cargo originalmente contraídas por el Fobaproa. Los recursos que se obtuvieron por dicha colocación, se utilizaron para que el grupo financiero adquiriera las obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en títulos representativos de capital social de Banco Inverlat, S.A. que emitió para fortalecer su capital.

Mediante asamblea de accionistas general ordinaria y extraordinaria de Grupo Financiero Inverlat, S.A. de C.V. celebrada el 7 de abril de 2000, se acordó lo siguiente:

* La conversión anticipada de las obligaciones subordinadas propiedad del instituto, aplicando para ello la fórmula de conversión establecida en la cláusula novena de las actas de emisión de dichas obligaciones, por la cantidad necesaria para cubrir la pérdidas de Grupo Financiero.

* Se reconoce el monto de las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 1999 por $44,185, así como las pérdidas a la misma fecha, generadas por Banco Inverlat, S.A. por $44,872.

* Se aprueba la suscripción y pago del aumento de capital por el instituto por $44,872, en virtud de la conversión anticipada de las obligaciones subordinadas, para la absorción de pérdidas por la misma cantidad, mediante la reducción de capital, por lo que el capital social pagado no sufre modificación.

* Se acuerda que los recursos obtenidos por la capitalización se apliquen para capitalizar a Banco Inverlat, S.A.

* Se aprueba que el remanente del monto de las obligaciones subordinadas del instituto se pueda convertir anticipadamente en un futuro cuando se conviertan las obligaciones serie "A" y "B" emitidas en dólares y propiedad en su totalidad de The Bank of Nova Scotia.

* Se aprueba que los acuerdos tomados por estas asambleas surtan efectos con fecha valor al 1o. de enero de 2000.

En consecuencia de los acuerdos mencionados anteriormente, el remanente de las obligaciones subordinadas en poder del instituto al 30 de septiembre de 2000, asciende a $798, el cual incluye $93 de intereses capitalizados a esa fecha. A esta misma fecha, dichas obligaciones se valuaron a cero, debido a que el propósito de efectuar la conversión de las obligaciones en acciones del grupo financiero, es capitalizar a su subsidiaria Banco Inverlat, S.A. y con el producto de la capitalización serán absorbidas las pérdidas que el banco haya acumulado a la fecha de amortización.

Con fecha 24 de marzo de 2000, The Bank of Nova Scotia y el instituto celebraron una carta compromiso denominada "Summary of Discussions" por virtud de la cual se acordaron modificaciones al "modelo B" y a varios de los contratos celebrados en 1996 contenidos bajo el esquema del "modelo A". Asimismo en dicha carta se establece que The Bank of Nova Scotia pagara al instituto por la venta del 90% de las acciones representativas del capital social de grupo financiero, 40 millones de dólares americanos, el cual sera liquidado una vez que se cierren las negociaciones con dicha institución. Al 30 de septiembre de 2000, la inversión en este grupo financiero se valuó de acuerdo al precio pactado de venta.

Banca Promex, S.A.

Las operaciones celebradas por el instituto para el saneamiento y venta de Banca Promex, S.A. (Promex) se resumen a continuación:

a) Capitalización.

Con fecha 1o. de junio de 2000, Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.(GFB), Bancomer, S.A. y el instituto acordaron los actos necesarios para el saneamiento y venta de Promex de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Noveno Transitorio de la ley. En cumplimiento a dichos acuerdos, en asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 10 de agosto de 2000, el instituto aportó al capital social de Promex S16.250, con el objeto de absorber pérdidas pendientes de pago por un importe de $15,688 y suscribir prácticamente la totalidad del nuevo capital social. En esta misma fecha, Promex invirtió los recursos recibidos de la capitalización, en cuatro pagarés a cargo del instituto, mencionados en la nota 11.

b) Convenios modificatorios a los contratos con el Fobaproa.
Los términos de los contratos celebrados al amparo del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, celebrados entre Promex y el Fobaproa fueron modificados, acordándose lo siguiente:

* El saldo total de la chequera del fideicomiso al 30 de junio de 2000 fue aplicado contra el saldo del pagaré suscrito al marco de dicho programa.

* Se sustituyó al fiduciario original quedando Bancomer, S.A. como nuevo fiduciario y se designó al instituto como único fideicomisario.

107,108,109

* El fideicomiso suscribió dos pagarés; el pagaré "A" por $360 a favor de Promex, el cual es igual al valor al 30 de junio de 2000 de los créditos originadores y el pagare "B" por un monto de $8,094 a favor del instituto, el cual es igual al monto de las provisiones correspondientes de dichos créditos, con las mismas características del pagaré I que el instituto otorgó a Promex, el cual como se menciona en la nota 7 asciende al 30 de septiembre de 2000 a $8,293. Asimismo, las partes acuerdan que el monto de los pagarés podrán ser ajustados mediante la validación de un auditor externo.

* El producto de la cobranza de los créditos del fideicomiso, después de cubrir los gastos de administración, recuperación y cobranza, se destinarán durante el primer y segundo año en un 95% y 90% para cubrir el pagaré "A" y en un 5% y 10% para el pagaré "B" respectivamente hasta cubrir el valor del pagaré "A". Una vez liquidado el pagaré "A" se destinará el producto de la cobranza en un 80% para cubrir el saldo remanente del pagaré "B" y el 20% restante corresponderá a Promex por concepto de comisión de éxito en la cobranza.

c) Venta.

El 10 de agosto de 2000, GFB y el instituto, con la comparecencia de Bancomer, S.A. y Bancomer, S.A. en su carácter de fiduciario, celebraron un contrato de venta del 99.99% de los títulos representativos del capital social de Promex, para la transmisión de la propiedad de 5,621,695,000 acciones serie "O" de Promex con un valor nominal de 10 centavos de peso por cada una, GFB pagó al instituto $1,986 en efectivo más la transmisión en propiedad de 145,755,543 acciones representativas del capital social de GFB equivalentes a $697.

De conformidad con el contrato antes mencionado, el instituto está obligado al pago de partidas por concepto de activos inexistentes y/o pasivos ocultos de Promex identificadas a la fecha de celebración del contrato, una vez que sean comprobadas y/o materializadas, y que la comisión y un asesor externo designado por GFB lleven a cabo su validación. Considerando esta situación el instituto reconoció al 30 de septiembre de 2000 una provisión que asciende a $987, la cual, en caso de que las partidas procedan, podrá optar por pagar el efectivo o suscribir pagarés adicionales. Por otro lado, GFB y el instituto acordaron dentro del contrato de venta, que una vez que se obtenga la información financiera al 10 de agosto de 2000 y sea validada por un asesor externo, procederán ajustes a los montos del pagaré I y a los pagarés II y V mencionados en la nota 11, para lo cual el instituto se obliga a sustituirlos y GFB a canjearlos por los pagarés correspondientes.

Asimismo, en dicho contrato el instituto se obliga a responder por pasivos contingentes que surjan en Promex incluyendo pasivos laborales, fiscales o derivados de procedimientos administrativos o judiciales, por actos u omisiones verificados antes del 14 de mayo de 1998, fecha en la cual dio inicio la administración de Promex por GFB y a su vez GFB se obliga a no utilizar los beneficios fiscales registrados antes de dicha fecha.

6. Créditos otorgados a instituciones financieras, neto:

Los créditos otorgados al 30 de septiembre de 2000, con su correspondiente estimación de cuentas incobrables, se muestran como sigue:

**********INSERTAR TABLA 136 Y 137****

Conforme al acuerdo adoptado por la junta de gobierno del instituto en su sesión celebrada el 5 de abril de 2000 y en razón de que los créditos otorgados a instituciones financieras se encuentran vencidos, se aprobó prorrogar los créditos correspondientes a Banco Unión, S.A., Banca Cremi, S.A., y Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V. al 29 de septiembre de 2000 y suscribir un convenio de reconocimiento de adeudo con Banco Interestatal, S.A., Banco Capital, S.A., Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., estrategia bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa y Grupo Financiero Pronorte, S.A. de C.V. y ejecutar las garantías otorgadas con relación a dichos financiamientos. A la fecha de emisión de estos estados no se ha concluido este proceso.

7. Programa de saneamiento financiero:

Se integran como sigue:

***INSERTAR TABLA FOLIOS 137, 138 y 139+++++

110,111,112

De conformidad con la regla novena de las "reglas generales del nuevo programa al que se refiere el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario", las instituciones antes mencionadas que no cumplan con los niveles de cobranza de los créditos designados en el fideicomiso respectivo conforme al "esquema de incentivos", al término de este programa, condonarán el monto correspondiente del saldo insoluto de los instrumentos de pago que emita el instituto a favor de las propias instituciones de crédito, en los términos de dichas reglas. Consecuentemente, el saldo del pasivo registrado por el instituto al 30 de septiembre de 2000, incluye la disminución que representaría registrar la condonación antes mencionada, la cual fue determinada por la administración del instituto, una vez que contó con los elementos suficientes para su registro.

Las obligaciones de pago que asumirá el instituto derivadas de estos programas de capitalización, son a plazo de 10 años y devengan intereses capitalizables trimestralmente, a una tasa referenciada a la de los Cetes a 91 días, para las obligaciones en moneda nacional y para el caso de las obligaciones en dólares americanos la tasa aplicable durante 2000 fue de Libor más un punto.

Tales obligaciones vencen entre el 2005 y el 2007. En la fecha de vencimiento deberá cubrirse el principal y los intereses respectivos. Lo anterior sin perjuicio de que tales obligaciones deberán amortizarse con los flujos que se reciban por la recuperación de la cartera y de que el propio instituto tiene facultad de amortizarlas en cualquier momento, total o parcialmente.

En el mes de julio de 1999 fueron concluidas las auditorías al Fobaproa ordenadas por la Cámara de Diputados y realizadas por el señor Michael W. Mackey, por lo que se procederá en términos de lo dispuesto por los artículos quinto y séptimo transitorios de la ley.
Banco del Atlántico, S.A. y Banca Promex, S.A., que participaron en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera implantado por el Fobaproa, pasaron a ser considerados dentro de los esquemas de saneamiento que el instituto evaluará, auditará y en su caso, concluirá, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio de la ley. Por esta razón, las cuentas por cobrar derivadas de las pérdidas compartidas en los contratos de compra de cartera no han sido consideradas para determinar la reserva mencionada anteriormente al 30 de septiembre de 2000. Como se menciona en la nota 5, el 10 de agosto de 2000, el instituto concluyó el proceso de saneamiento y capitalización de Banca Promex, S.A.

En virtud de lo anterior, en las reglas generales no se mencionan a los bancos referidos, ni tampoco a Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., por lo que se refiere al tramo 1, por ser considerado éste dentro de un esquema de saneamiento y no dentro del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

9. Programa de bienes inmuebles adjudicados o recibidos mediante dación en pago:

Los créditos otorgados por el instituto a los fideicomisos y los créditos otorgados por las instituciones al instituto, son a un plazo de 5 años que vence en julio de 2001 y devengan una tasa de interés referenciada a la TIIE a 28 días, con capitalizaciones mensuales. Tanto el principal como los intereses serán liquidados al vencimiento y en esa misma fecha se extinguen los fideicomisos. Dichos créditos se documentaron a través de una apertura de crédito simple.

Al 30 de septiembre de 2000, el activo y pasivo por este programa en cada institución, se integra como sigue:

****INSERTAR TABLA 141***

El crédito que recibe el instituto tiene los mismos términos y condiciones que aquel que el instituto otorga a los fideicomisos, por lo que al cubrirse el adeudo a cargo de los fideicomisos, el instituto se liberará de sus obligaciones. Adicionalmente se pactó que el instituto podrá cumplir las obligaciones a su cargo cediendo a las instituciones de crédito, en su caso, los derechos que tenga contra los fideicomisos, por lo que el programa no representará costo para el instituto. Los recursos que obtenga cada fideicomiso por la administración y enajenación de bienes, se deben destinar para amortizar el financiamiento del instituto y éste, a su vez, para amortizar el crédito otorgado por la institución de crédito que transmitió los inmuebles.

10. Programas de apoyo a los deudores de la banca:

Al 30 de septiembre de 2000 se integran como sigue:

***INSERTAR TABLA 141 142

11. Préstamos bancarios y de otras entidades:

Al 30 de septiembre de 2000 se integra como sigue:

*****INSERTAR TABLA 142

113,114,115


Los préstamos de Banco Nacional de México, S.A., Banco Inverlat, S.A. y Nacional Financiera, S.N.C., corresponden al canje o refinanciamiento de las obligaciones financieras del instituto, conforme al artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000.

Banco del Centro, S.A.

La deuda con este banco es por $13,591 moneda nacional y 240,254,031 dólares americanos, la cual se amortizará en siete pagos anuales a partir de noviembre de 2000, causando intereses capitalizables mensualmente pagaderos trimestralmente, de conformidad con la fórmula señalada en el contrato de reconocimiento de adeudo celebrado en marzo de 1997. Durante 2000, las tasas fluctuaron del 17.11% al 20.32% y del 7.22% al 8.63% para moneda nacional y para dólares americanos, respectivamente.

Banca Cremi, S.A.

Pagaré, con el aval del Gobierno Federal, con vencimiento en enero de 2002, el cual causa intereses capitalizables mensualmente, a una tasa referida a la de los Cetes a 28 días.
Banca Serfin, S.A.

Con fecha 6 de abril de 2000, el instituto celebró un convenio con Banca Serfin, S.A. mediante el cual acordaron dar por terminado todas las obligaciones a cargo del instituto, contenidas en contratos anteriormente suscritos y fijar nuevas obligaciones, agrupándolas en un solo instrumento. Por lo anterior, el instituto reconoce deber a esa fecha $100,084, de los cuales, el instituto debería pagar de forma anticipada $5,000 y $14,000 a más tardar el 30 de abril y 31 de julio de 2000, respectivamente y la cantidad equivalente a lo que el instituto reciba por la venta de las acciones representativas de GF Serfin dentro de los cinco días hábiles siguientes a la transmisión de la propiedad de dichas acciones.

Por la cantidad adeudada el instituto suscribió seis pagarés a favor de Banca Serfin, con las siguientes características.

* Cuatro pagarés por $17,271 cada uno, que generan intereses pagaderos en 39 periodos, el primero irregular y los subsecuentes de 28 días, a una tasa de TIIE a 28 días más 0.50 puntos porcentuales, el capital se liquidará el último día de los periodos 6, 13, 20, 27, 34 y 39 por un monto igual al que resulte de dividir el saldo insoluto entre los pagos pendientes.

* Un pagaré por $15,000, que genera intereses liquidables el primer día hábil bancario de cada mes, a una tasa de TIIE a 28 días, el pago del principal se liquidará el 7 de abril de 2003.

* Un pagaré por $16,000. que genera intereses liquidables el primer día hábil de cada mes, a una tasa de TIIE a 28 días más 0.50 puntos porcentuales, el capital se liquidará el primer día hábil bancario de cada semestre por un monto igual al que resulte de dividir el saldo insoluto entre los pagos pendientes hasta el 6 de abril de 2004.

De conformidad con el convenio de reestructuración de pasivos antes mencionado, el instituto liquidó el 17 y 25 de abril y el 23 de mayo de 2000, $10,000, $9,000 y $14,650, respectivamente, este último pago representó el monto total de la venta de las acciones representativas de GF Serfin mencionado en la nota 5.

El instituto podrá pagar anticipadamente total o parcialmente el saldo insoluto de los adeudos, debiendo únicamente cubrir los intereses correspondientes a la fecha de liquidación de que se trate, pudiendo proceder a la expedición de nuevos contratos.

De acuerdo a los vencimientos establecidos en los pagarés, durante el mes de septiembre de 2000 el instituto realizó amortizaciones de capital por $5,204.

Banpaís, S.A.

Pagarés a favor de Banpaís, S.A. suscritos el 2 y 17 de diciembre de 1997 como resultado de las operaciones de capitalización, que generan intereses capitalizables mensualmente a una tasa determinada conforme a la mecánica de cálculo establecida en el contrato, las cuales durante los primeros nueve meses de 2000 fueron en promedio de 16.63%. A partir de la fecha de suscripción hasta noviembre de 1999, no se realizaron pagos y a partir de diciembre de 1999 a la fecha de vencimiento, el interés se liquidará trimestralmente. El saldo insoluto pendiente se liquidará en siete pagos anuales a partir de diciembre de 2001.
Banco del Atlántico, S.A.

Conforme al esquema acordado por la Secretaría de Hacienda, la comisión, el Fobaproa y Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V., para el saneamiento y venta de Banco del Atlántico, S.A., con fecha 27 de marzo de 1998, en asambleas a las que fueron debidamente convocados los accionistas de Banco del Atlántico, S.A., el Fobaproa realizó una aportación al capital a valor nominal por $6,600, para absorber pérdidas pendientes de pago y suscribir prácticamente la totalidad del nuevo capital social. En esa misma fecha Banco del Atlántico, S.A., invirtió los recursos, derivados de la capitalización, en dos pagarés a cargo del Fobaproa, con las siguientes características:

* Pagaré por $1.500 que genera intereses a la tasa TIIE más 0.5 puntos porcentuales capitalizables trimestralmente. El saldo insoluto será liquidable el último día hábil bancario de marzo de 2003.

* Pagaré por $5,100 que genera intereses a la tasa de Cetes a 91 días más dos puntos porcentuales capitalizables trimestralmente. El saldo insoluto será liquidable el último día hábil bancario de marzo de 2008.

Al 10 de noviembre de 2000, los acuerdos incluidos en la carta de intención de fecha 27 de diciembre de 1997, firmada por la Secretaría de Hacienda, el Fobaproa, la comisión y el Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V., para llevar a cabo la fusión de Banco del Atlántico, S.A. con esa última institución como fusionante, no se han finalizado. Esta situación será concluida por el instituto de acuerdo con el artículo noveno transitorio de la ley.

Bancrecer, S.A.

Como se explica en la nota 5, el 3 de noviembre de 1999 el instituto solicitó un crédito a Banco de México como resultado de la operación de capitalización realizada a Bancrecer, S.A. y con esa misma fecha el Banco de México cedió a Bancrecer, S.A. los derechos del citado crédito.

El 22 y 29 de junio y el 29 de septiembre de 2000 el instituto propagó a Bancrecer, S.A. a valor nominal $9,734, $14,543 y $12,595, respectivamente. Cabe hacer mención que en los contratos respectivos no existe cláusula de penalización por prepago.

Banca Promex, S.A.

Como resultado de la operación de capitalización mencionada en la nota 5, el 10 de agosto de 2000 el instituto documentó cuatro pagarés a favor de Banca Promex, S.A. (Promex) con las siguientes características:

* Pagaré II tramo I por $4,226, que generan intereses capitalizables trimestralmente, a una tasa igual al promedio aritmético de TIIE a 91 días, el pago del principal se liquidará el 11 de agosto de 2008.

* Pagaré III por $5.002 que generan intereses capitalizables trimestralmente, a una tasa igual al promedio aritmético de TIIE a 91 días, el pago del principal se liquidará el 11 de agosto de 2008. El monto original de este pagaré ascendía a $6.426 sin embargo, el instituto realizó un prepago el mismo día de la emisión del pagaré por $1,424 con los recursos recibidos de GFB por la venta de Promex.

* Pagaré IV por $562, que generan intereses capitalizables trimestralmente, a una tasa igual al promedio aritmético de TIIE a 91 días, el pago del principal se liquidará el 11 de agosto de 2008. Este pagaré fue liquidado en su totalidad el mismo día de su emisión con los recursos recibidos de GFB por la venta de Promex.

* Pagaré V por $5.036. que genera intereses liquidables el 1er. día hábil bancario de cada trimestre, a una tasa igual al promedio aritmético de TIIE a 91 días, el pago del principal se liquidará el 11 de agosto de 2008.

Banco Nacional de México, S.A.

El 14 de abril de 2000, el instituto firmó un contrato de crédito con Banco Nacional de México, S.A. por $30,000 que serán destinados a canjear o refinanciar sus obligaciones financieras.

El crédito devenga intereses pagaderos mensualmente sobre el saldo insoluto a una tasa de TIIE a 28 días más 0.45 puntos porcentuales, el principal será liquidado en 14 amortizaciones semestrales, iguales y sucesivas el último día hábil de cada semestre a partir de la fecha de la primera disposición del crédito.

Banco Inverlat, S.A.

El 28 de junio de 2000, el instituto firmó un contrato de crédito con Banco Inverlat, S.A. por $15,000 que será destinado a canjear o refinanciar sus obligaciones financieras. Este crédito fue instrumentado en cuatro pagarés firmados el 29 de junio por $3,750 cada uno.

El crédito devenga intereses pagaderos en 52 periodos a una tasa de TIIE a 28 días más 0.3 puntos porcentuales, el principal de cada uno de los pagarés será liquidado en 8 amortizaciones semestrales, iguales y sucesivas el 10, 17 y 24 de junio y el 1o. de julio de 2004.

Nacional Financiera, S.N.C.

Con fecha 3 de enero de 2000, el instituto firmó un contrato de crédito con Nacional Financiera S.N.C. como agente financiero del Gobierno Federal (Nafinsa) en relación con el contrato de préstamo 7003-ME celebrado entre Nafinsa y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por 505 millones de dólares americanos, que le serán transferidos en su equivalente en moneda nacional considerando el tipo de cambio que obtenga la tesorería de Nafinsa. Sin embargo, de conformidad con el contrato de crédito, el instituto asume el riesgo cambiario. El crédito está destinado al financiamiento parcial del proyecto de capitalización bancaria, que será ejecutado en parte por el instituto, y deberá ser totalmente amortizado incluyendo la comisión de apertura el 1o. de diciembre de 2009, pagando intereses los días 1o. de junio y el 1o. de diciembre de cada año, una vez que el instituto disponga de los recursos. La tasa de interés vigente para el semestre que inició el pasado 1o. de junio de 2000 es de 7.61%.

El instituto pagará una comisión de compromiso sobre el saldo no dispuesto, la cual iniciará en un 0.85% anual, hasta el 0.75% anual considerando los periodos establecidos en el contrato y empezará a devengarse a los 60 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato, debiéndose realizar su pago en las mismas fechas de vencimiento de los intereses. Asimismo el instituto conviene en pagar a Nafinsa, como remuneración por todos sus servicios como agente financiero, y hasta que se amortice la totalidad del crédito, un margen de intermediación del 0.0625% anual, el cual se calculará sobre los saldos insolutos del crédito y se pagará en las mismas fechas del pago de intereses. Para garantizar el pago del crédito, se está a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley. En caso de mora, el instituto deberá pagar a Nafinsa las sumas no erogadas y cubrirle intereses a las tasas que se indican en el contrato.

Al 30 de septiembre de 2000, el instituto ha dispuesto 355 millones de dólares americanos.

12. Bonos de protección al ahorro:

116,117,118

De conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2000, se autorizó al instituto a emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y en general mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Al 30 de septiembre de 2000 se integran como sigue:

******INSERTAR TABLA 146***

13. Régimen fiscal:

Mediante oficio número 330-SAT-IV-B-5779 del 5 de junio de 2000, la administración general jurídica de grandes contribuyentes del servicio de administración tributaria, confirmó el régimen fiscal correspondiente al impuesto sobre la renta, determinando que el instituto no es contribuyente de dicho impuesto y no está obligado al pago del impuesto al activo.

Para la consecución del objeto de la ley, las instituciones de banca múltiple están obligadas a pagar al instituto cuotas ordinarias y extraordinarias que establece la junta de gobierno del instituto, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la ley, asimismo, el artículo 27 del mencionado ordenamiento, establece que las cuotas a favor del instituto no tendrán carácter fiscal y toda vez que el instituto es un órgano descentralizado de la administración pública federal, encargado de la administración del sistema de protección al ahorro bancario, las cuotas ordinarias o extraordinarias no se encuentran gravadas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por otra parte, el instituto no realiza la prestación de un servicio independiente, por lo que no encuadra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 1o. y 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este criterio se encuentra pendiente de ser ratificado por la administración general jurídica de grandes contribuyentes del servicio de administración tributaria.

14. Garantías otorgadas:


Banco de Oriente, S.A.

De acuerdo con el esquema acordado por Banco de Oriente, S.A., Amresco México, S.A. de C.V. y el Fobaproa, para que el segundo preste los servicios de cobranza y administración de diversos créditos de la cartera de Banco de Oriente, S.A., con fecha 19 de junio de 1998, el Fobaproa constituyó fianza en favor de Amresco México, S.A. de C.V. hasta por la cantidad de $80 para el caso de que Banco de Oriente, S.A. no cumpliere con la obligación de indemnización que resultare a su cargo en términos de la cláusula decimacuarta del contrato de cesión de derechos y prestación de servicios de cobranza y administración, celebrado por Banco de Oriente, S.A. y Amresco México, S.A. de C.V. en la misma fecha citada.

La obligación contraída por el Fobaproa sólo será exigible a éste por Amresco México, S.A. de C.V. por los daños y perjuicios o gastos, derivados de los supuestos que se señalan expresamente en la cláusula primera del contrato de fianza referido, con las excepciones que también expresamente se indican en dicha cláusula.

Banco Obrero, S.A.

De acuerdo con el contrato celebrado el 14 de octubre de 1998 entre Banco Obrero, S.A., e Inverprim, S. de R.L. de C.V. (Inverprim), con objeto de que Inverprim preste servicios de cobranza y administración de diversos créditos de Banco Obrero, S.A., el Fobaproa otorgó una fianza hasta por un monto de $74 para cubrir cualquier contingencia por incumplimiento de pago de los servicios de Inverprim por parte del Banco Obrero, S.A.

15. Eventos subsecuentes:


Con fecha 2 de octubre de 2000, el instituto firmó un contrato de crédito con Nafinsa como agente financiero del Gobierno Federal en relación con el contrato de préstamo 1251/OC-ME celebrado entre Nafinsa y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 250 millones de dólares americanos, que le serán transferidos en su equivalente en moneda nacional considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, de conformidad con el contrato de crédito, el instituto asume el riesgo cambiario. El crédito está destinado a apoyar en la implantación de medidas que contribuyan a lograr condiciones adecuadas para la recuperación y desarrollo del sector bancario, que será ejecutado en parte por el instituto y deberá ser totalmente amortizado incluyendo la comisión de apertura el 23 de septiembre de 2015, pagando intereses los días 23 de marzo y el 23 de septiembre de cada año, una vez que el instituto disponga de los recursos. La tasa de interés vigente para el semestre que comprende del 1o. de julio al 31 de diciembre de 2000 es del 7.03%.
El instituto pagará una comisión de compromiso sobre el saldo no dispuesto, de un 0.75% anual, la cual empezará a devengarse a los 60 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato, debiéndose realizar su pago en las mismas fechas de vencimiento de los intereses. Asimismo el instituto conviene pagar a Nafinsa, como remuneración por todos sus servicios como agente financiero y hasta que se amortice la totalidad del crédito, un margen de intermediación del 0.125% anual, el cual se calculará sobre los saldos insolutos del crédito y se pagará en las mismas fechas del pago de intereses. Del monto del crédito se destinará una suma equivalente a 2.5 millones de dólares para cubrir los gastos del BID de inspección y vigilancia. Para garantizar el pago del crédito, se está sujeto a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley. En caso de mora, el instituto deberá pagar a Nafinsa las sumas no erogadas y cubrirle intereses a las tasas que se indican en el contrato.

El 27 de octubre de 2000, el instituto dispuso de 150 millones de dólares americanos.

16 Contingencias:


Cuotas

Durante 1999, Banco del Bajío, S.A., Banco Inbursa, S.A., Banco Invex, S.A., Citibank México, S.A., Banco Interacciones, S.A., Banca Mifel, S.A. y Banco Regional de Monterrey, S.A., promovieron un juicio de amparo en contra del instituto, en relación con lo dispuesto en el Título Segundo Capítulo III de la ley, en el cual se señala la obligación del instituto de cobrar cuotas como mínimo del 4 al millar sobre el importe de las operaciones pasivas que registren dichas instituciones, así como la posibilidad de que la junta de gobierno del instituto establezca cuotas ordinarias diferentes para las instituciones, en función del riesgo al que se encuentren expuestas. En opinión de los abogados externos del instituto, este amparo debe ser negado, por lo que no procedería la devolución de las cuotas ya pagadas por estas instituciones.

Litigios

El instituto tiene pasivos contingentes derivados de algunos juicios y reclamos. La administración del instituto estima que en caso de que sean resueltos en forma desfavorable, no tendrán un efecto importante en los estados financieros, sin embargo al 30 de septiembre de 2000, reconoció prudencialmente una reserva por aproximadamente $680.

Asimismo, derivado de la obligación que el instituto tiene por pasivos contingentes que surjan en GF Serfin, de conformidad a lo mencionado en la nota 5, se constituyó una provisión por el crédito fiscal determinado por la Secretaría de Hacienda a GF Serfin por la omisión de determinar y enterar el impuesto correspondiente derivado de la compra de acciones propias y reducción de capital de GF Serfin en el ejercicio de 1994. El monto del crédito fiscal asciende a $2,775.

Banco del Atlántico

Como se menciona en la nota 4, la reserva correspondiente al reconocimiento de pérdidas de Banco del Atlántico, S.A, pudiera no ser suficiente, dado que a la fecha no se han concluido las auditorías ni las negociaciones que se están llevando a cabo con Banco Internacional, S.A. en relación con Banco del Atlántico, S.A.

Impuesto al valor agregado

Como se menciona en la nota 13, a la fecha la Secretaría de Hacienda no ha emitido la resolución en relación con el criterio aplicable del impuesto al valor agregado (IVA) a los ingresos por cuotas cobradas a las instituciones de banca múltiple. La junta de gobierno del instituto celebrada el 31 de octubre de 2000, determinó que existe una contingencia en caso de que la Secretaría de Hacienda resuelva en contra, lo que obligaría al instituto a enterar el IVA que le debieron trasladar las instituciones de banca múltiple más los accesorios correspondientes.

C.P. Guillermo Téllez Gutiérrez-Topete, director general de Administración y C.P. Alvaro Alberto Calderón Jiménez, director de Contabilidad Financiera."

El Presidente:

Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado de Durango.- LXI Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- México D.F.

El pleno de la honorable LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango, en uso del derecho que le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó en sesión ordinaria, verificada el día 5 de diciembre del presente año, iniciativa de decreto, que contiene propuesta de reforma al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que nos permitimos presentar ante esa Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para el trámite parlamentario procedente.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Victoria de Durango, Durango, a 5 de diciembre de 2000.- Diputados: Pedro Luna Solís y Jaime Ruiz Canaán, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado de Durango.- LXI Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La LXI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, en uso de la competencia que le otorga el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados, iniciativa de reforma al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo los siguientes

CONSIDERANDOS


Primero
. La Coordinación Fiscal entre Federación y estados se estableció, como sistema nacional a partir de 1980, con el propósito fundamental de evitar la doble tributación y lograr una mayor eficiencia de la recaudación.
Segundo. La Ley de Coordinación Fiscal, congruente con los propósitos señalados en el considerando anterior, inicialmente incorporó los mecanismos y fórmulas apropiados para asegurar que los estados coordinados, recibieran cuando menos las cantidades que dejarían de recaudar al suprimir o dejar en suspenso algunas de sus contribuciones locales.

119,120,121

Tercero. A partir de la reforma a la citada ley aprobada en el año de 1990, se otorgó cada año, mayor efecto a un propósito redistributivo en detrimento del efecto resarcitorio, de suerte que en la actualidad los fondos participables que se distribuyen, se hace con criterios en los que no miden en forma adecuada las necesidades reales de los estados.

Cuarto
. Actualmente, diversos estados han visto progresivamente disminuidos, en términos reales, los recursos que reciben del Fondo General de Participaciones; mientras a otros, se les ha incrementado en forma desproporcionada, sin que estos cambios tengan una relación lógica con las necesidades y los rezagos sociales que presentan las entidades involucradas.

Quinto.
La presente iniciativa tiene como objetivos primordiales proponer el incremento en el porcentaje de la recaudación federal participable que constituye el Fondo General de Participaciones y la adecuación de la fórmula para su distribución en el sentido de que privilegie la marginación como única forma de lograr generar el desarrollo de las entidades federativas, en especial, el de aquéllas que hacen verdaderos esfuerzos financieros aportando una cantidad significativa de sus recursos al gasto e inversión en materia de educación. En el primer caso, se propone el aumento del 20% al 25%; y en el segundo, se pretende que la nueva fórmula permita medir la necesidad de las entidades en forma más justa, al considerar un porcentaje distribuible para entidades, en proporción directa al monto de recursos propios que destine a gasto e inversión en educación.

Por lo anteriormente considerado, nos permitimos someter a la determinación de esa Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el trámite parlamentario correspondiente, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.
Se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal en sus párrafos primero y quinto, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 2o
. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente:

I. El 40% del mismo en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.

El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, año con año, en el año que se publique.

II. El 40%, en los términos del artículo 3o. de esta ley.

III. El 9.66%, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad. Estas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate.

IV. El 10.34% restante, en proporción directa al monto de recursos propios que cada Estado destine a gasto e inversión en educación.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 3o.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULO TRANSITORIO


Unico.
La presente reforma entrará en vigor el día 1o. de enero de 2001.

Atentamente.

Victoria de Durango, Durango, a 5 de diciembre de 2000.- Diputados: Oscar García Barrón, presidente; Pedro Luna Solís y Jaime Ruiz Canaán, secretarios.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Procede la Secretaría a dar cuenta de los oficios de la Secretaría de Gobernación.

REPUBLICA DE ARGENTINA

La secretaria senadora Lidia Madero García:

Se dará lectura a los oficios por los que se comunica que el señor Presidente de la República designó a varios ciudadanos mexicanos como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México ante gobiernos extranjeros.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 4 del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Presidente de la República ha tenido a bien designar a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de la República Argentina.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento de la ciudadana Green Macías. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos de la interesada.

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 16 de enero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

La secretaria senadora Lidia Madero García:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 4 del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Javier Barros Valero, embajador extraordinario y plenipotenciario de México para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Barros Valero. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 16 de enero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

REINO DE SUECIA

La secretaria senadora Lidia Madero García:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Jorge Enrique Castro Valle Kuehne, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno del Reino de Suecia.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Castro Valle Kuehne. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 16 de enero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

CANADA

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

Oficios por los que se comunica que el señor Presidente de la República designo a varios ciudadanos mexicanos cónsules generales de México.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, cónsul general de México en Toronto, Canadá.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Uribe Castañeda. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente los documentos que en el mismo se mencionan.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

122,123,124

México, D.F., 16 de enero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Manuel Rodríguez Arriaga, cónsul general de México en Miami, Florida, EUA.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Rodríguez Arriaga. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de enero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Rubén Roberto Beltrán Guerrero, cónsul general de México en Phoenix, Arizona, EUA.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Beltrán Guerrero. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de enero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

REPUBLICA ITALIANA

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:

En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Presidente de la República ha tenido a bien designar a la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave, cónsul general de México en Milán, Italia.

En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento de la ciudadana Fuentes Beráin Villenave. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.

Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes, acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de enero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita, pueda aceptar y usar la condecoración que se menciona:

Juan E. Olvera, condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gran Ducado de Luxemburgo.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, carta del interesado dirigida al Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de enero de 2001.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)

La secretaria diputada Lidia Madero García:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso c párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Martín García, empleado de mantenimiento; Victoria Baschuk Serrano, supervisora analista financiera; Sergio Rojas Castañeda, supervisor examinador de vouchers; Jorge Luis Guerrero Barrera, mecánico; Valentín Sebastián Baena, bodeguero/chofer; Teresa Medina Herrera, asistente de personal; María de Lourdes Villarreal Lagunes, asistente en visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Laura Haydeé Rivera Reyes, auxiliar de recursos humanos; María de Lourdes Aguirre Aragón, subcajera; Juan José Leyva Rojas, empleado en el departamento de limpieza, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Julio Andrés Meza López, asistente; Cecilia Montemayor Cantú, asistente; Gabriela Guadalupe Gutiérrez Palomino, asistente de embarques; Donaciano Espinosa Salazar, afanador en el departamento de limpieza, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Angel Alejandro Chel Narváez, chofer en el Consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Martín Guerrero Portillo, mecánico en el departamento de mantenimiento; Angel Jesús Cervantes Benavente, intendente en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Gerardo Victorica Vega, especialista comercial en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Mario Fregoso García, prestar servicios en el equipo de mantenimiento en el área de servicios generales en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, B.C.

Enoch Ramos Serrano, chofer; Lourdes Georgina Gutiérrez Pérez, empleado administrativo en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.

Asimismo comunico a ustedes que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.

Ana Wonchee Peña, empleada de visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Hilda Torres Mendoza, asistente de visas; Carmen Torres Machaen, asistente de visas; Mayra Ivonne González Carballo, auxiliar de personal; Dolores Leticia Gómez Ayala, asistente de visas; Ana Margarita Rodríguez Yuen, asistente de servicios generales; Rogelio Alonso Rodríguez; GSO. Clerk/storekeeper (empleado de bodega en la oficina de servicios generales); Susana Jáuregui Domínguez, auxiliar de visas; José de Jesús Castruita, chofer; María Esperanza Carlos Rodríguez, personal de limpieza; Lorenzo Aureliano Chaparro Rubio, departamento de limpieza; Carla Judith Cuéllar Martínez, oficinista; Rosa Isela Flores Soto, asistente de visas; Gabriela Margarita Delgado Cuéllar, asistente de visas; Guadalupe Zarzosa Elizondo, asistente de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ignacio Gutiérrez Flores, supervisor de provisiones; Esperanza López Martín del Campo, asistente del área de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

125,126,127

Asimismo comunico a ustedes que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó una revisión desde 1975 en el archivo de esa dependencia y no se localizaron antecedentes de las personas que se enlistan a continuación para la cancelación del permiso que les fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios al gobierno estadounidense:

María del Carmen González de Hernández, asistente de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

José Luis Palacios Cuevas, perito en servicios consulares especiales en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Marina Ramos, asistente de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 8 de enero de 2001.- Por acuerdo del secretario.- El director general de Gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

El Presidente:

Por lo que se refiere a la solicitud de permisos, recibo y túrnese a la Primera Comisión.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Se pide a la Secretaría dar cuenta con el dictamen que aparece en el orden del día.

PERMISO A PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO
NACIONAL

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa de decreto remitida por el titular del Poder Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con objeto de que se le conceda autorización para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2001, a efecto de que participe en el Foro Económico Mundial que tendrá lugar en la ciudad de Davos, Suiza, así como para realizar visitas de trabajo a las ciudades de Milán, Italia y de Frankfurt, Alemania.

Con fundamento en los artículos 78 y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116, 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y a partir del análisis de la iniciativa referida, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

DICTAMEN


La comisión dictaminadora desea expresar que el actual contexto internacional exige a la diplomacia mexicana ser más activa y congruente con nuestros valores, principios y aspiraciones. Para ello, nuestras acciones en el plano internacional deben orientarse a fortalecer la soberanía, a estimular la cooperación y a darle prestigio a nuestro país. Es por ello que la acción internacional de México siempre ha estado inspirada y orientada por los principios fundamentales de política exterior que son producto de nuestra experiencia histórica, consagrados en el texto constitucional que nos rige. Nuestro país ha actuado en el escenario internacional guiado por esos principios invariables.
Con base en la práctica de dichos principios de política internacional, nuestro país ha impulsado la diversificación de sus relaciones con el exterior como estrategia fundamental para promover y fortalecer mejores oportunidades de desarrollo político, económico, social y cultural para México.

Resulta importante para nuestro país el fortalecer los contactos efectivos de diálogo político, los intercambios económicos y de cooperación con otros estados, regiones y continentes, lo que complementa un mejor equilibrio a nuestras relaciones con el exterior.

México ha construido una fuerte presencia que nos permite mantener un fluido y fructífero diálogo político en los principales foros regionales y mundiales. Asimismo, la reactivación del crecimiento económico de nuestro país permite impulsar nuevas iniciativas y fortalecer los nexos e intercambios con otras naciones y mecanismos de integración.

De cara a una sociedad internacional cada vez más globalizada, México se concibe como una nación muy vinculada tanto a los principales polos de crecimiento económico, como a las potencias políticas regionales de los cuatro puntos cardinales. De manera cotidiana nos entrelazamos con las más diversas culturas y mantenemos con ellas una comunicación profunda.

En la actualidad, el reordenamiento político en el escenario internacional con el surgimiento de foros y mecanismos de concertación política, la globalización de la economía y la multiplicación de los procesos de integración regional, constituyen algunos de los elementos más destacados que influyen en el diseño de un nuevo orden mundial.

Por ello, coincidimos con lo señalado en la iniciativa presentada, en el sentido de que es necesario que nuestro país participe activamente en los principales foros económicos internacionales a efecto de fomentar el comercio exterior, las inversiones productivas y la generación de empleo en el territorio nacional.

En la iniciativa se establece que el presidente Vicente Fox Quesada participará en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza. Este foro fue establecido en 1971 y se celebra anualmente, es considerado uno de los principales espacios de discusión de las políticas macroeconómicas mundiales. Además, es una institución autónoma, imparcial y no lucrativa dedicada a la promoción de los procesos de liderazgo político, económico y empresarial de la comunidad internacional.

El prestigio que caracteriza a este foro ha ido creciendo a través de los años hasta convertirlo en uno de los principales centros de proyección económica y política para la comunidad económica internacional. Tradicionalmente se celebra al inicio de cada año y en sus reuniones, se analizan los supuestos básicos que determinan las relaciones económicas y políticas del mundo. Los debates de estas reuniones se centran en el análisis del comportamiento presente y futuro del comercio internacional, las corrientes financieras, la situación económica mundial y la relación existente entre el crecimiento económico y el nivel de empleo.

El Foro Mundial congrega a jefes de Estado y de Gobierno, a personalidades políticas de gran influencia económica y política, así como a altos representantes de los sectores empresarial, financiero y académico, interesados en intercambiar puntos de vista sobre el Estado y perspectivas de la economía mundial y sobre otros temas contemporáneos que afectan a la sociedad internacional.

Resulta de la mayor importancia la presencia del Presidente de la República, porque le permitiría abordar temas de interés de la agenda internacional de México y se avanzaría en la identificación de posiciones comunes que ayuden a enfrentar, de una forma coordinada, los desafíos globales del nuevo siglo.

Algunos de los temas que se han abordado en el seno de este foro anual son los siguientes: 1991 "la nueva dirección para el liderazgo", 1992 "cooperación y megacompetición", 1993 "la recuperación global", 1994 "redefinición de los puntos básicos de la globalización", 1995 "desafíos más allá del crecimiento", 1996 "globalización de la economía mundial", 1997 "construyendo la sociedad de la red", 1998 "prioridades para el Siglo XXI: crisis asiática y el nacimiento del euro", 1999 "el impacto de la globalización" y 2000 "retos y oportunidades en el nuevo milenio". El tema del presente año será "sostener el crecimiento y eliminar las brechas: un esquema para nuestro futuro global".
Por ello, compartimos lo expresado por el presidente Fox en la iniciativa en el sentido de que "pese al retorno de la inversión extranjera directa, al avance en los esquemas de libre comercio, así como a los nuevos liderazgos políticos en nuestra región, la competitividad global de América Latina no ha mejorado suficientemente. Por ello, es necesario profundizar en los esquemas de apoyo a las iniciativas regionales con vistas a revitalizar la economía regional".

Los legisladores integrantes de la comisión compartimos la convicción de que el ejercicio de la política exterior a través de los contactos directos entre los jefes de Estado y de Gobierno, es una práctica obligada ante la globalización y es de suma importancia que esos encuentros ocurran de manera fluida y periódica. Este tipo de actividades amplían el margen de maniobra en el ámbito internacional. Asimismo, el Presidente de la República sostendrá reuniones con representantes de los sectores empresarial, financiero y académico con quienes trataría temas de interés con el propósito de avanzar en la identificación de posiciones comunes que permitan enfrentar los desafíos globales del presente siglo.

Ante la diferencia en la exposición de motivos del viaje presidencial contenida en la carta de solicitud y el documento anexo que describe los pormenores del Foro Económico Mundial, esta comisión precisa a dicho del licenciado Miguel Hakim, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el presidente Vicente Fox participa en éste con el tema de "México, el amanecer de una nueva era", lo que nos permite también solicitar a esa dependencia la necesaria claridad en la exposición sobre motivos y temas para futuras comunicaciones, a efecto de emitir un juicio informado sobre la conveniencia o no de las ausencias presidenciales.

Al término de la participación del titular del Poder Ejecutivo en el Foro Económico Mundial, realizará sendas visitas de trabajo a las ciudades de Milán, Italia y Frankfurt, Alemania.

Milán es un importante centro industrial y financiero, para nuestro país representa un factor estratégico en la búsqueda y localización de proyectos de inversión que se lleven a cabo en territorio nacional. Además es una zona en la que las actividades comerciales mexicanas de exportación e importación pueden experimentar un crecimiento significativo.

Lombardía es una de las cinco regiones más industrializadas e importantes de Europa y Milán, su capital tiene el producto per capita más alto de Italia. Esta región forma parte del grupo llamado Los Cuatro Motores de Europa, constituido, además, por las regiones de Baden-Wurtenberg, en Alemania, de Rhóne-Alpes, en Francia y de Cataluña, en España. La constitución de dicho grupo, que se reúne periódicamente, ha permitido compartir problemas y soluciones en los campos económico, de formación, de medio ambiente y de desarrollo social. Dado el florecimiento de las pequeña y mediana empresas en esas regiones, su experiencia permitiría enriquecer los programas y apoyos para la micro, pequeña y mediana industrias.

Por otra parte, la visita a Frankfurt, Alemania, brindaría la oportunidad de iniciar una gran cruzada de promoción para aprovechar los beneficios del acuerdo global con la Unión Europea. Ello constituiría un gran impulso para la diversificación de nuestras exportaciones y de la inversión extranjera directa que recibe nuestro país. Además, esta visita representaría un avance significativo en la promoción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

En la actualidad, Alemania se ha constituido en el primer socio comercial entre los países de la Unión Europea. El comercio total bilateral se incrementó entre 1995 y 1999 en 108.8%, mientras que el comercio de México con toda la UE aumentó aproximadamente 56%.

Alemania es el 5o. país inversionista y el 3o. entre los países de la Unión Europea. En el periodo de 1994 a 2000 las empresas con capital alemán en México materializaron inversiones por 2 mil 379.8 mdd este monto equivale al 5.1% de la inversión extranjera directa realizada durante estos años y al 19.7% de la inversión procedente de los países de la Unión Europea.

En su visita a Frankfurt, el presidente Fox se reunirá con el gobernador del Estado de Hesse, Roland Koch y un grupo de empresarios. Este Estado es considerado como uno de los centros económico-financiero más dinámicos de Europa. De igual forma, es señalado como uno de los más importantes ejes de la economía del continente.

128,129,130

Es el segundo centro de finanzas de Europa después de Londres y en Frankfurt, tienen su sede más de 400 bancos e instituciones financieras.

Los integrantes de la Comisión dictaminadora queremos mencionar que con el objeto de allegarnos mayores elementos de juicio para analizar la procedencia de la autorización solicitada, la Comisión dictaminadora convocó al licenciado Miguel Hakim, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores a una reunión de trabajo.

En dicha reunión, celebrada el día de hoy el funcionario invitado expuso en detalle los motivos de la iniciativa, respondió a las interrogantes manifestadas por integrantes de la Comisión y entregó información complementaria del viaje del señor Presidente.

En el intercambio de opiniones planteado en la reunión referida, los legisladores asistentes acordaron recomendar, que conforme a la práctica ya establecida, se solicite al Ejecutivo que, una vez que concluyan los viajes del Presidente de la República, autorizados por el Congreso de la Unión, se informe del resultado de los mismos al Senado de la República, a través de sus comisiones correspondientes y cuando esté reunida, también a la Comisión Permanente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la segunda comisión de trabajo de la Comisión Permanente estima que la participación del Presidente de la República resulta de la mayor importancia para la nación, motivo por el cual somete a la aprobación de esta honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO


Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2001, a efecto de que participe en el Foro Económico Mundial que tendrá lugar en la ciudad de Davos, Suiza, así como para realizar visitas de trabajo a las ciudades de Milán, Italia y de Frankfurt, Alemania.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico
. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D. F., a 16 de enero de 2001.- Segunda Comisión de Trabajo: senadora Silvia Hernández, presidenta; senador Javier Corral Jurado y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; diputados: Beatriz Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán, Julián Hernández Santillán, María Rosario Tapia Medina; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega, Juan José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández, Sara Isabel Castellanos Cortés.»

Es de primera lectura.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se aprueba la dispensa, señor Presidente.

El Presidente:

Se dispensa la segunda lectura al dictamen y dada su unicidad, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 36 votos a favor y ninguno en contra.

El Presidente:

Aprobado el proyecto de decreto por 36 votos.

El secretario senador Héctor Antonio
Astudillo Flores:

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

REPUBLICA DE CHILE

El Presidente:

Tiene la palabra el senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar la investigación sobre el fallecimiento de María del Rosario Avalos durante el régimen militar de Augusto Pinochet, hasta por 10 minutos.

El senador Miguel Sadot Sánchez Carreño:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Los suscritos, senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que proceda a realizar una investigación sobre el fallecimiento de María del Rosario Avalos Castañeda, ocurrido en 1973, durante el régimen de Augusto Pinochet, en Chile.
Esta solicitud la sustentamos en las siguientes

CONSIDERACIONES


Como es conocido de la opinión pública, los medios de comunicación han dado a conocer a la sociedad nacional los acontecimientos en los que perdió la vida la ciudadana María del Rosario Avalos Castañeda, en lamentables sucesos que tuvieron lugar en la República de Chile el 8 de diciembre de 1973, durante el régimen de Augusto Pinochet.

Con independencia de las implicaciones de naturaleza legal sobre las circunstancias en que se hayan ejecutado tales actos y aún cuando los mismos se dieron fuera del territorio nacional, los suscritos exigimos que el gobierno adopte una posición más firme en sus acciones para determinar la procedencia de la solicitud que en forma reiterada y pública ha hecho también el hijo de María del Rosario Avalos Castañeda, el señor Ernesto Lederman Avalos.

Como consecuencia del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973, México rompió relaciones diplomáticas, no sin antes, como es conocido de todos, ofrecer a través de sus servicios diplomáticos en la Embajada en la ciudad de Santiago y desde ahí, en un acto de congruencia histórica con su política, una relación al derecho que fue solicitada para asilar y salvar la vida de muchos ciudadanos chilenos y a otros que no lo eran.

México ha suscrito y en esto se ha distinguido por haberse adherido y ha aprobado más de 100 disposiciones que se encuentran contenidas en 57 tratados, acuerdos y convenciones internacionales que tienden fundamentalmente a la preservación y respeto de los derechos humanos.

También se ha adherido a los instrumentos para establecer mecanismos que van a permitir enjuiciar a quienes por motivos políticos o raciales o de cualquier naturaleza los viole.

En virtud de esas consideraciones, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de la propia Ley Orgánica, se propone el siguiente PUNTO DE ACUERDO

Unico. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por los conductos diplomáticos y en estricto apego al marco legal que le corresponde proceda a practicar una detallada investigación de las circunstancias en las que perdió la vida la ciudadana mexicana María del Rosario Avalos Castañeda y con base en dicha investigación se determine la procedencia de las acciones en contra de quien o quienes resulten responsables de su muerte. Así también tramitar la localización y traslado de los restos a México para que sean entregados a sus familiares.

Dado en el recinto de la Cámara de Senadores a 17 enero de 2001.- Senadores: Ernesto Gil Elorduy, Eduardo Ovando Martínez, Héctor Astudillo Flores, Martha Sofía Tamayo Morales y el de la voz, Sadot Sánchez Carreño.»

Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, senador Sánchez Carreño.

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.


HORARIO DE VERANO

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María del Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el horario de verano.

La diputada María del Rosario Tapia Medina:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Una vez más el asunto del horario de verano, tan controversial a nivel nacional, nos obliga a tocar el tema y a presentar esta proposición con punto de acuerdo para que esta Comisión Permanente asuma de manera inmediata una atención para la investigación de este asunto.
El tema del horario de verano por lo menos tiene, desde nuestro punto de vista, tres aspectos muy importantes que hay que poner en la mesa de debates que nos obliga a tener mayores elementos y a tomar definiciones en este momento, avanzar por parte de la Comisión Permanente y posteriormente en las propias cámaras.

¿A que me refiero? Varios diputados, independientemente del partido político al que estamos adscritos, coincidimos en que falta ahondar y que se nos den mayores elementos técnicos de investigación sobre las ventajas y desventajas para la nación, para la economía del país y para la población sobre la aplicación del horario de verano.

Necesitamos que nos den datos precisos los funcionarios involucrados sobre el ahorro real de energía. ¿Por qué comentamos esto? Porque cada vez que hemos tocado el tema y de acuerdo a la investigación que mandó a hacer el todavía secretario de Energía, Téllez; en su momento, los datos que se proporcionaron en ese momento sobre el ahorro de energía que había habido en el país, eran de 1996, no sabemos por que no pudieron entregar datos actualizados al 2000, que fue el año en que se hizo la investigación .

Necesitamos también datos precisos, técnicos, sobre un asunto que se ha manejado mucho en cuanto a la ventaja del horario de verano de evitar un asunto crítico en el que se empape la máxima demanda de energía eléctrica, lo que se llaman los puntos críticos, con la capacidad instalada les hemos pedido esta información, que para nosotros sería fundamental tenerla, para poder valorar si realmente el horario de verano tiene resultados favorables para evitar este tipo de situaciones críticas entre la demanda y la capacidad instalada de energía eléctrica en nuestro país.

Necesitamos que nos actualicen ese dato porque igualmente siempre nos han dado el dato de 1996, que fue el primer año en que inició la aplicación del horario de verano. Necesitamos ver también con especialistas, con funcionarios, el asunto ambiental que fue otro elemento también que se nos planteó como un objetivo de que iba a haber mejorías ambientales, no nos han dado datos exactos y precisos.

131,132,133

 

 

 

 

 
El Presidente :

Nosotros creemos que esta Comisión Permanente necesita de inmediato, poniéndose el punto en estos días prácticamente ya de nuevo sobre la mesa de discusión del horario de verano, que esta Comisión Permanente pueda tener elementos muy claros sobre estos aspectos fundamentales para poder tener una opinión calificada y poder también de alguna manera adoptar una posición de frente a este asunto.

El otro problema que trae aparejado el asunto del horario de verano y también lo hemos comentado entre diputados de diferentes partidos, es el asunto de la facultad que se tiene para la determinación del horario; esto es, ¿es el Presidente? ¿Es el Ejecutivo Federal el que tiene esta facultad?.. algunos decimos que no, otro dicen que sí; ¿es este Congreso?, ¿La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las que podrían, en su momento, como cámaras, legislar sobre husos horarios?

Algunos incluso defienden que los estados son autónomos para determinar su propio horario; nosotros creemos que este es un debate que tenemos que dar, que urge ya una definición, ponernos de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios y ver una salida definitiva para que no estemos cada año o cada vez que se aplique el horario de verano, metiendo la discusión, algunos cuestionando la facultad presidencial, algunos insistiendo en que sea este Congreso, o bien, algunos, como lo dije hace un momento prácticamente en la dispersión total que sea cada entidad la que defina su horario, que sería caótico para este país.

Y por último, también tenemos que pensar, como Comisión Permanente, en un tercer problema, que es parte de esta complejidad del horario de verano, que es el rechazo popular; hay un amplio rechazo popular que es innegable. Por un lado, nosotros hemos recibido en la Cámara de Diputados una cantidad importante de propuestas, de resoluciones de congresos locales que nos proponen nosotros tomar en cuenta su punto de vista para eliminar el horario de verano.

Hemos recibido estas posiciones, por ejemplo en la Comisión de Energía, pero bueno, está relacionado con el punto anterior, ¿que cauce le damos?; ellos se oponen, ocho ó 10 congresos locales pero no hay una definición jurídica al respecto y, por otro lado, se han hecho infinidad de consultas, todos nosotros las conocemos, manifestaciones, expresiones populares, la misma investigación de la que les comentaba hace un momento que mandó hacer la Secretaría de Energía, el resultado fue que alrededor del 70% de los encuestados a nivel nacional expresaron un rechazo a la implantación del horario de verano.

Entonces, esto obliga a que si nosotros tenemos bases jurídicas claras, a que si nosotros tenemos elementos técnicos muy precisos, muy convincentes, podemos en un momento dado, tener una opinión y decirle a la población "tienes razón", o definitivamente "no tienes razón". ¿Verdad?, porque hay todas estas ventajas pero nos ayudaría en gran sentido, en gran medida a darle una respuesta a esta ciudadanía a nivel nacional que cuestiona la aplicación del horario de verano.

Por estos motivos, presento el siguiente punto de acuerdo en el que hemos coincidido, subrayo, con este punto de acuerdo, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Verde Ecologista y el Partido de la Revolución Democrática:

Primero
. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerda que su Tercera Comisión se aboque al estudio inmediato de las ventajas y desventajas del horario de verano sobre la economía del país y para la población mexicana. Dicha comisión deberá entrevistarse con investigadores universitarios, expertos en el tema; funcionarios públicos relacionados con la actividad energética y todo aquél que aporte elementos relevantes sobre este programa de ahorro de energía.

Segundo.
La Tercera Comisión, deberá rendir su informe de sus trabajos, a más tardar en la sesión de la Comisión Permanente del día 7 de febrero del año en curso.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Tapia Medina.

REPUBLICA DE CHILE (II)

El Presidente:

Ruego a la Secretaría tomar nota de que se rectifique el turno de la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Sánchez Carreño hacia la Segunda Comisión de la Permanente.

HORARIO DE VERANO (II)

El Presidente:

Para referirse al mismo tema del horario de verano, tiene la palabra la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse al mismo hasta por 10 minutos.

La senadora Sara Isabel Castellanos
Cortés:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Congreso de la Unión:

Es evidente que el deterioro ambiental y la escasez de recursos naturales a nivel planetario está obligando a que se tomen medidas urgentes para su mejoramiento.

En los últimos 100 años los avances tecnológicos han provocado cambios radicales en las costumbres, entre otras, se ha alterado la manera en que nos relacionamos con la luz natural. Sin embargo, la capacidad de abastecimiento del sector de energía eléctrica se encuentra ante serias dificultades para satisfacer la demanda si el consumo mantiene su tendencia.

La modernidad implica ya más que comodidades, responsabilidades, es por eso que hoy necesitamos reducir el impacto que el consumo de energía eléctrica tiene sobre el medio ambiente.

Es increíble que sea hasta la segunda mitad de la década de los años noventa, a poco menos de 100 años de haberse aplicado por primera vez en algunos países y a más de 25 de haberse generalizado en el mundo, cuando en México se haya implantado el horario de verano a nivel nacional.

El horario de verano es uno de entre los muchos ajustes que estamos obligados a realizar como sociedad en una realidad cambiante, el problema al que nos enfrentamos es que la organización social del tiempo está más determinada por la hora que marcan los relojes y no por la posición del sol sobre el oriente.
Desde el primer año de la instrumentación del horario de verano se ha pretendido convencer a la población de las ventajas expresadas en el ahorro de energía. El problema es que éste no se ha visto reflejado en los recibos de luz de los usuarios por más que las cuentas macro sí reflejan resultados favorables.

A diferencia de muchos otros países con mayor o menor desarrollo democrático donde los horarios estacionales se han asimilado como algo socialmente necesario, en México se levantan voces de desacuerdo, se argumentan efectos en salud y se pone en duda lo que en muchos otros países proponen como una medida benéfica.

Sectores de la población afirman que el horario de verano tiene efectos desfavorables en su metabolismo debido al descontrol que se manifiesta en su reloj biológico, sin embargo, está comprobado por estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que sólo se necesita un día para acostumbrarse al nuevo horario y que no se han encontrado alteraciones orgánica significativas, al contrario, se armoniza el funcionamiento del organismo al aprovechar al máximo posible los tiempos de luz solar diaria; lo que sí afecta a la salud son los índices tan elevados de contaminación que se pueden provocar a partir de la generación de electricidad.

El sector educativo sólo se ve afectado en cuanto a los hábitos de estudio, las horas para estudiar y realizar tareas se alteran, sin afectar el rendimiento y los resultados.

Por otra parte, no se puede negar que se aprovecha más luz de día para realizar actividades productivas, sociales y de esparcimiento, inhibiendo la criminalidad y las situaciones de riesgo y accidentes asociados a la oscuridad.

Asimismo, los más beneficiados por este cambio de horario son el sector industrial y comercial, ya que se ven reducidos los conflictos que tienen debido a las diferencias de horarios con países con los que se mantiene cada día más intensas relaciones comerciales.

El horario de verano elimina los inconvenientes de comunicación entre países, facilitando y promoviendo el intercambio industrial, comercial, financiero y aeronáutico. El uso de electricidad se hace hoy en día de una manera natural y automática, sin que pensemos en el gran trabajo, esfuerzo y costo que implica generarla. El cambio de horario ha influido para que empecemos a tomar conciencia de la energía que no consumimos, pero no se ha logrado que en las personas exista la necesidad de optimizar el uso de los recursos naturales y la infraestructura energética.

La Secretaría de Energía debe buscar aumentar la productividad de la generación de energía, ya que la contribución que pueda aportar el uso de un horario de verano es limitado al reportar un impacto de sólo 0.6% en el ahorro de energía a nivel nacional. Es decir, se debe eficientizar el sector vía productividad e inversión y no sólo vía consumo.

La Secretaría de Energía debe tomar acciones paralelas a la imposición de un horario de verano, que permitan que éste sea eficaz. Dentro de ésta, está el hacer una que en todos los organismos públicos y privados utilicen poca o nula energía en horas y días no laborables, ya que no se ha podido implementar esta medida de manera uniforme.

Lo mismo sucede con el alumbrado público. Las autoridades no han unificado el mecanismo correcto de encendido y apagado de luces, de tal manera que las vemos prendidas en horas en que no deberían estarlo.

Se requiere que se haga más hincapié en el consumo limitado y sustentable de la energía. La Secretaría de Energía no puede limitar el estímulo para la disminución del consumo a un horario de verano; debe de haber un incentivo para dejar de consumir electricidad en exceso. Para ello deben de ajustarse las cuotas de aquellos que más consuman. Es una labor intensa que se ha iniciado mucho a tiempo, pero es sólo el principio de una serie de elementos que deben imponerse para el mejoramiento del sector eléctrico.

Muchas gracias, compañeros, por su atención.

El Presidente:

Muchas gracias, senadora Castellanos Cortés.

Túrnese a la Tercera Comisión de la Permanente la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Tapia Medina, así como la intervención de la senadora Castellanos Cortés.

REPUBLICA DE EL SALVADOR

El Presidente:

Tiene la palabra el senador Ernesto Gil Elorduy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo manifestando la solidaridad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con el pueblo de El Salvador, hasta por 10 minutos.

El senador José Ernesto Gil Elorduy:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

La República de El Salvador está de luto por el devastador sismo que el sábado 13 de enero de este año le asestó un duro golpe de tragedia y desolación. La sociedad salvadoreña, sin embargo, está de pie, queriendo sacarle fuerzas a la adversidad, como pueblo enhiesto que afronta con valentía su destino.

No está solo, desde luego; el pueblo mexicano, conocedor de estos infortunios, se une a su dolor y su lucha por recuperarse. Uno de los valores que siempre han orientado las relaciones del pueblo mexicano con los demás pueblos hermanos de América Latina es la solidaridad en la paz y en la cooperación, con mayor razón, los mexicanos somos solidarios frente al sufrimiento y la adversidad de comunidades humanas que sufren el embate incontrolable de las fuerzas naturales causantes de catástrofe, dolor y muerte.

México ha sido víctima frecuente de azotes de la naturaleza y ha recibido las muestras de adhesión y solidaridad de muchos pueblos y gobiernos del mundo.

En este contexto, los legisladores que suscribimos el presente documento, consideramos en tanto representantes populares, el alto valor que la solidaridad y la ayuda poseen como vínculo entre los pueblos, igual que entre estados y gobiernos.

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Por lo que resulta de la mayor oportunidad y urgencia, expresar al pueblo de la República de El Salvador, nuestros sinceros sentimientos de pena y solidaridad y exhortar al gobierno de México y a la Organización de las Naciones Unidas, a acudir con la mayor ayuda humanitaria posible en la presente emergencia salvadoreña y en las tareas de reconstrucción del país y auxilio a los familiares de las víctimas.

Los legisladores de los grupos parlamentarios representados en esta Comisión Permanente, se conduelen de la tragedia de los hermanos salvadoreños, con efectos graves en perdidas humanas y materiales esta tragedia nos obliga a reiterar el planteamiento sobre la necesidad de cerrar la brecha entre desarrollo y subdesarrollo en materia de prevención de desastres, por lo que la ayuda internacional debe obedecer tanto a los aspectos humanitarios como al principio superior de cooperación para el desarrollo.

Debemos en consecuencia, responder con eficacia, racionalidad y prontitud, al llamado de la comunidad internacional, a los pueblos latinoamericanos en general, a profundizar acerca de sus programas de protección civil para atemperar y moderar los efectos de los frecuentes embates de la naturaleza que paradójicamente afectan más a los más pobres.

En nuestra calidad de legisladores de la nación mexicana, consideramos que es deber humanitario acudir con apoyo y ayuda emergente y suficiente a los hermanos de El Salvador, haciendo votos por la pronta recuperación espiritual y material de ese generoso pueblo.

«Por lo anterior y con la petición de que en los términos reglamentarios se considere como asunto de urgente y obvia resolución, proponemos a este pleno de la Comisión Permanente, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Unico.
Los diputados y senadores integrantes de los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, expresan su solidaridad y fraternidad con el pueblo de la República de El Salvador, hermano país centroamericano que ha sufrido la pérdida de centenares de salvadoreños, con motivo del sismo ocurrido el sábado 13 de enero a las 11:35 horas.

Al mismo tiempo, exhortamos al gobierno de México y a la Organización de las Naciones Unidas, para que en los rubros de ayuda humanitaria de sus respectivos presupuestos, puedan cooperar con las autoridades y organizaciones de ayuda internacional para apoyar a la atención de la difícil circunstancia que atraviesa ese país en las tareas de su reconstrucción y de auxilio a los familiares de las víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2001.- Signan esta proposición las senadoras y senadores: del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

Muchas gracias por su atención, dejo a la Secretaría la proposición.

El Presidente:

Muchas gracias, senador Gil Elorduy. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución la proposición presentada.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad, señor Presidente.

El Presidente:

Se considera de urgente resolución y en consecuencia está a discusión la proposición.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se somete a votación.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta a los señores legisladores si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad a favor, señor Presidente.

El Presidente:

Aprobada la proposición.

Esta mesa directiva ruega a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los desaparecidos por el terremoto en la hermana República de El Salvador.

(Minuto de silencio.)


ESTADO DE YUCATAN

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día, consiste en comentarios sobre la situación política en el Estado de Yucatán. Para presentar el tema, tiene la palabra el senador César Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional hasta por 10 minutos.

El senador Sergio César Jáuregui Robles:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El pasado 12 de octubre del año 2000, la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el juicio de revisión constitucional promovido por el PRD en contra del decreto 278 del Congreso del Estado de Yucatán, de fecha 31 de agosto del 2000, relativo a la ratificación de los consejeros ciudadanos y del secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán hasta por un periodo extraordinario electoral más.

En la resolución señalada, se revocó el decreto del Congreso y se le ordenó al mismo realizar una nueva elección de consejeros dentro del plazo de 48 horas cumpliendo con lo que señalan los artículos 86 y 90 del Código Electoral del Estado. En términos generales los artículos 86 y 90 de este código, señalan que para la elección de consejeros ciudadanos las organizaciones sociales y los partidos políticos podrán proponer al Congreso hasta tres candidatos a consejeros ciudadanos anexando los documentos que acrediten que sus candidatos reúnen los requisitos del artículo 90.

En aparente cumplimiento con la ejecutoria del 12 de octubre de 2000, el Congreso del Estado publicó una relación de los documentos con los que se debía acreditar los requisitos del artículo 90. El día 14 de octubre la fracción priísta del Congreso en ausencia de la fracción del PAN y del PRD, publicó una lista de aquellos que en su concepto no cumplían con los requisitos y otra lista con los que sí los cumplían. Con estos argumentos la fracción priísta designó a los siete consejeros ciudadanos propietarios y a los siete suplentes, así como al secretario técnico.

Entre los argumentos esgrimidos por la fracción priísta, para desestimar la mayoría de las propuestas, fue que no habían acreditado de manera idónea el modo honesto de vivir, el que no fueran dirigentes de un partido político o que lo hubieran sido.

En contra de esta nueva designación el PAN y el PRD en forma separada promovieron juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación argumentando entre otras cosas que al momento de emitir la convocatoria inicial para el nombramiento de los consejeros ciudadanos, no se establecieron las formas en que debían acreditarse los requisitos señalados. También se argumentó que el Congreso tenía la obligación de requerir la presentación de los documentos originales en aquellos casos en los que se hayan exhibido copias simples y que se omitiera el requisito de acreditar con pruebas documentales, lo que se consideran hechos negativos que como todos sabemos, no son susceptibles de acreditar.

Y el tribunal declaró fundados algunos agravios expresados por los inconformes y dictó una resolución en fecha 15 de noviembre de 2000 con puntos muy específicos en cuanto a dejar sin efecto los nombramientos de consejeros ciudadanos que fueron impugnados revocando el decreto 286 y ordenando al Congreso del Estado de Yucatán, que en cumplimiento de esta nueva ejecutoria, se requiera a aquellas organizaciones o partidos políticos para que subsanen las deficiencias de los documentos que hayan exhibido con un plazo de cinco días y una vez concluido éste, se realice una nueva designación de consejeros ciudadanos.

136,137,138

Cabe señalar que la ejecutoria del tribunal precisó quiénes deben ser considerados como candidatos y quiénes no y se incluya a los anteriores consejeros ciudadanos con la posibilidad de ser ratificados.

Ante el incumplimiento por parte del Congreso del Estado de Yucatán, el PAN y el PRD presentaron ante el tribunal sendos escritos que motivaron que, por resolución del 11 de diciembre de 2000, se emitiera una amonestación para el Congreso local, especialmente para el Presidente de la mesa directiva del Congreso, y se le requiriera nuevamente para que en 24 horas, a partir de la notificación de la resolución, diera cumplimiento a la sentencia del 15 de noviembre del año 2000.

Lo anterior también originó que se iniciara un incidente de inejecución de sentencia en el que, por acuerdo del 13 de diciembre y ante el reiterado incumplimiento de parte del Congreso de Yucatán, el tribunal electoral requirió directamente a los partidos políticos y a las organizaciones sociales que presentaran propuestas de candidatos a consejeros ciudadanos en el Estado de Yucatán, así como la documentación necesaria para cumplir con los requisitos que establece la ley.

En el mismo acuerdo señalado se hizo del conocimiento del Congreso que el tribunal electoral había iniciado la ejecución de la sentencia el 15 de noviembre de 2000, sin perjuicio de que si el órgano legislativo deponía su actitud contumaz, determinara dar cumplimiento a la ejecutoria de una manera conveniente, podría hacerse cargo del procedimiento a partir del estado en que éste se encontrara.

Una vez que los partidos políticos y organizaciones sociales requeridos desahogaron en tiempo y forma los requerimientos, el tribunal, con fecha 22 de diciembre, dictó un acuerdo analizando el estado de los expedientes relativos a los candidatos y elaboró una lista con los nombres de las personas que reunían los requisitos para ser designados consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

En el mismo acuerdo el tribunal hizo del conocimiento del Congreso la lista señalada a efecto de que, dentro de las 72 horas siguientes a su notificación, designara los siete consejeros propietarios y siete suplentes conforme al procedimiento legal correspondiente, situación que no aconteció.

En la misma resolución se apercibió al Congreso del Estado de Yucatán que de no realizar la designación de los consejeros ciudadanos el Tribunal Electoral el día 29 de diciembre, a las 13:00 horas, procedería, previa convocatoria, a la insaculación de los consejeros.

Cabe hacer mención que según la fracción IV del artículo 86 del Código de Yucatán en materia electoral, en caso de no lograrse la designación de los consejeros ciudadanos por las cuatro quintas partes de los diputados presentes, se procederá al procedimiento de insaculación. Por lo tanto el tribunal, al remitirse a este procedimiento, consideró que no existe violación alguna al procedimiento ni invasión de las facultades del Poder Legislativo del Estado de Yucatán.

Ahora bien, habiéndose dado seguimiento a la actuación del Tribunal Electoral, conviene hacer memoria acerca de la conducta que han observado la mayoría de los integrantes del Congreso de Yucatán.

En primer lugar habría que recordar que, al iniciarse los trabajos de la LV Legislatura del Congreso, al momento de su instalación, el tribunal determinó, en la revisión correspondiente que la última curul disponible por la vía de la representación proporcional correspondía al PRD y no al PRI, que ya se adjudicaba ese espacio.

En esa ocasión, para evitar que se cumpliera el fallo, la mayoría priísta aceleró la toma de protesta de su candidata a diputada, la ciudadana Beatriz Peralta Chacón y prácticamente secuestró a los actuarios enviados del tribunal, pretendiendo mostrar los hechos como legítimamente consumados y así sacándole la vuelta a lo que dispone el artículo 99 constitucional.

Por supuesto que la intentona fracasó pues nadie puede invocar en su favor hechos ilícitos que uno mismo generó.

Como puede observarse, no es novedad la actitud facciosa como se conduce la mayoría en la instancia legislativa local. No asumir los mandatos de la autoridad electoral jurisdiccional, sacarles la vuelta, reconocerlos parcialmente o abiertamente rechazarlos es el signo de respuesta que ha caracterizado frente a la legalidad establecida.

Tal desacato, de prosperar, violentaría nuestro estado de derecho y generaría una situación de caos e ingobernabilidad que mucho lamentaríamos, estoy seguro, todos los aquí presentes.

Los tribunales tienen siempre la posibilidad legal de hacer efectivas sus resoluciones, pues de lo contrario éstas quedarían como simples cartas de invitación susceptibles de cumplirse o no.

Han existido fallos donde Acción Nacional ha mostrado su desacuerdo. Recuérdese la ocasión cuando se presentó la revisión a la resolución que tenía como objeto presentar un logotipo con el emblema que incluía al candidato por parte de la coalición Alianza por el Cambio.

Y en esa ocasión Acción Nacional, habiendo manifestado una inconformidad, siempre acató.

También podemos hacer mención a la sentencia que al resolver la conformación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decide otorgar curules de representación proporcional a un partido, que en aquél entonces aplaudía inclusive esta resolución, pero que no les alcanzaba conforme a la ley, en detrimento de la Alianza por el Cambio.

En ambos casos la posición de Acción Nacional fue de malestar con dichas resoluciones, pero como siempre manifestó y como hoy consta su apego y su amplia disposición a la respetabilidad de las mismas.

No podemos aceptar que cada partido político contrate a sus especialistas o a sus constitucionalistas para determinar cuáles fallos se deben de cumplir y cuáles no. Tampoco los órganos de poder pueden contratar a abogados conocedores de la materia constitucional para que, en opinión interesada, muestren cuáles sentencias se cumplen y cuáles no.

Reistac es el término que dio origen al concepto estado de derecho y que comprende la aplicación irrestricta de la legalidad, sin caer en incumplimientos; que aún con matices doctrinarios, invitan a la excepción.

En el Estado del sureste la actuación del grupo en el gobierno es no sólo de marginalidad del orden legal, sino de franca provocación, ya que se confronta pública e indebidamente al consejo electoral legalmente constituido. El gobernador Víctor Cervera Pacheco no es ajeno a esta situación, pues por un lado niega las garantías presupuestales, de auxilio de la fuerza pública, de infraestructura y sobre todo de orden político y de gobernabilidad para hacer efectivo el trabajo de los consejeros y por otro lado, promueve o instiga al enfrentamiento, incluso físico, como aconteció el pasado lunes 15 de enero.

Declaraciones en defensa de la soberanía o invocaciones a un federalismo que no se soporta en norma alguna, no puede ocultar la injusticia ni la parcial conducta que han seguido los legisladores priístas y el gobernador de Yucatán en este caso.

No vamos a litigar aquí la conveniencia o no de respetar las decisiones de un tribunal, que hoy por hoy es la majestad en la materia. Podemos en el Congreso de la Unión revisar el marco jurídico que sustenta su actuación e incluso determinar con mayor precisión los alcances de sus resoluciones, pero no podemos dar marcha atrás en escenarios faltos de imparcialidad como eran los colegios electorales y que hoy pretende reproducir el Congreso yucateco.

La calificación por un órgano autónomo de los actos en materia electoral es lo que posibilita contar con un consejo electoral acreditado, que seguramente llevará a cabo la preparación, organización y desarrollo de los comicios, haciendo valer los principios de independencia, objetividad e imparcialidad.

Quienes continúan aferrándose a prácticas primitivas para manipular la voluntad ciudadana, serán observados en los límites de su responsabilidad para que su actuar no quede impune.

Podemos concluir, porque el tiempo así termina; que más allá del debate político y aún así de toda especulación, que como tales siempre serán lícitas, nadie puede colocarse por encima de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales ni mucho menos pueden aceptarse rebeldías de instituciones del Estado frente a actos de autoridad plenamente legitimados.

El Presidente:

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Una vez más el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a manifestar nuestro rechazo a las actitudes de abierta provocación que el priísmo yucateco y las autoridades del Ejecutivo estatal, conjuntamente con la diputación priísta, han efectuado en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación referente a la integración del Consejo Estatal Electoral.

En el Diario Oficial de la Federación del día 3 de enero de 2001 se publicó en acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral relativo a la designación mediante insaculación de los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Electoral de Yucatán, en cumplimiento a la sentencia emitida en los juicios de revisión constitucional acumulados 440 y 445 del 2000.

Es pertinente recordar que el Tribunal Federal Electoral se vio precisado a efectuar dicha designación en virtud de la negativa de la legislatura del Estado a acatar la sentencia de los juicios de revisión constitucional. Con esa actitud de los diputados priístas en el Estado de Yucatán, se puso en grave riesgo la realización de las elecciones de mayo de este año para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a la elección de los ayuntamientos.

Ahora bien, para dar cumplimiento al acuerdo del 30 de diciembre pasado y ante la negativa de la diputación priísta para recibir la protesta de los consejeros insaculados tal y como se establece en el punto tercero del acuerdo citado, los consejeros insaculados debieron rendir protesta por escrito el lunes 8 de enero y presentarse a tomar posesión del cargo e instalarse en su órgano el 15 de enero.

Sin embargo, como fue del conocimiento de todo el país por la difusión que en los medios de comunicación se hizo, los consejeros fueron impedidos de entrar a las instalaciones del consejo por un conjunto de personas que de manera violenta lo impidieron, razón por la cual debieron efectuar la sesión de instalación en el parque Santa Lucía de la ciudad capital del Estado.

Compañeras y compañeros legisladores: resulta altamente preocupante la generación de violencia institucional auspiciada por el PRI yucateco que pone en riesgo el cumplimiento de las etapas del proceso electoral de este año, la negativa a dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Federal por parte de la legislatura del Estado pone de manifiesto la ausencia de voluntad para respetar las disposiciones de la Constitución Federal de la República, específicamente en lo que se refiere al contenido del artículo 99 de dicho ordenamiento.

Afirma ahora, como lo hace el PRI de que el tribunal se excede en sus funciones, es ignorar que los diputados y senadores de este partido en la LVI Legislatura aprobaron dichas reformas constitucionales que además fueron avaladas por una legislatura de los estados incluyendo por supuesto a la correspondiente legislatura del Estado de Yucatán.

Además quizá resulte innecesario, pero hay que hacerlo, recordarles que dicha iniciativa de reformas constitucionales fue enviada por el último presidente de la República emanado de su partido; sin duda en el Estado de Yucatán, lo más retardatario del priísmo pretende a toda costa evitar que el consejo electoral insaculado por el PRIFE empieza a funcionar con el claro propósito de que las elecciones del mes de mayo no puedan realizarse.

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Por ello exigimos a las autoridades correspondientes del Estado libere los recursos presupuestales a efecto de que se entregue el financiamiento público ordinario y extraordinario a los partidos políticos y para que el consejo electoral cuente con los recursos suficientes para poder preparar adecuadamente la elección.

El Partido del Trabajo exige que en el Estado de Yucatán se dé un regreso a la legalidad prevista en los ordenamientos jurídicos y que en el caso de que la legislatura local persista en su conducta rebelde, se promueva en su contra y de quien corresponda, las acciones legales pertinentes.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Cervantes Rivera.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

La diputada María Cristina Moctezuma Lule:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La situación de inestabilidad política que se ha vivido en las últimas semanas en Yucatán, respecto al problema sobre la instauración del Consejo Estatal Electoral, ha sido uno de los desafíos más importantes a resolver por nuestro nuevo sistema democrático.

El origen del problema ha sido la falta de prudencia y voluntad política de las partes involucradas en este conflicto, en donde se pusieron en juego las diferentes interpretaciones que se han hecho sobre el federalismo y sobre la integración de las autoridades electorales de carácter apartidista.

Aun cuando en Yucatán existe una cultura política apegada a la normatividad estatal, se ha propiciado que distintas fuerzas políticas hayan pretendido establecer formas de gobierno caciquil; el problema sobre la designación de los consejeros electorales en Yucatán, se ha convertido en una situación compleja pues contiene un alto grado de dificultad legal y plantea un conflicto político, referente a la autonomía de los estados respecto al Poder Federal.
Es obligado impedir que un diferendo entre el Poder Legislativo local y el Poder Judicial Federal se convierta en una mera disputa entre partidos, por lo cual el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que es necesario avanzar hacia la democracia, olvidando disputas pasadas y buscando abrir una discusión de fondo que permita corregir la deficiente normatividad jurídica, acotar con toda precisión las facultades del tribunal y establecer los límites de su competencia, en particular respecto de elecciones estatales y municipales.

Asimismo, hacemos un llamado a la mayoría del Congreso local para resolver el conflicto, respetando siempre su soberanía estatal pero también atendiendo al fallo del Poder Judicial de la Federación.

Lo fundamental en este momento es resolver este conflicto apegándose a un estado de derecho, en donde existan margenes para interpretaciones contradictorias que se invalidan o permitan la instauración (sic) de poderes incapaces de operar porque se anulan entre sí. Sin embargo, las leyes no deben de ofrecer estructuras para solapar feudos locales ni tampoco permitir las imposiciones y los caprichos de un centralismo.

La respuesta a éste y muchos otros conflictos ha sido siempre el diálogo, es necesario que exista voluntad de las partes para negociar la solución a este problema; mientras esto no suceda, se seguirá incurriendo en faltas a la normatividad local y federal.

Es fundamental que el caso de Yucatán nos sirva de experiencia para emprender una amplia reforma electoral y del Estado que logre promover formas de gobierno democráticas más equilibradas y perfectas.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Moctezuma Lule.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:

En primer lugar, quisiera yo saludar esta evolución que el Partido Acción Nacional muestra en sus concepciones sobre el respeto a la ley en el plazo de los últimos siete días; estos siete días sintetizan una transformación de concepciones que a la humanidad le llevó 350 años recorrer, y recupera así Acción Nacional una tradición de defensa de la legalidad que algunos vimos rota durante la sesión pasada de esta Comisión Permanente.

Y la vimos rota cuando al reclamo del PRD de la ruptura de la legalidad en el caso de Tabasco, Acción Nacional por voz del senador Rodríguez Prats, nos obsequio y obsequio a la nación con la siguiente perla, decía el senador Rodríguez Prats: "yo creo, señor senador Raymundo Cárdenas, que cuando hay una transición hay una tensión entre derecho y política; hay una tensión entre aplicar la norma jurídica sin importar sus consecuencias o tener que aceptar que estamos en un punto intermedio en el que estamos dejando atrás viejas prácticas".

Hoy sin embargo, Acción Nacional parece ponerse nuevamente en la tradición de Gómez Morín cuando encontraba en la acción política... cuando encontraba para la acción política una fuente en la moral y un cauce en el derecho, tal como afirmaba en 1939 como presidente de su partido.

En cuanto al PRI, no podemos sentirnos tan optimistas. Si hace una semana el Partido Revolucionario Institucional se reclamaba defensor de la legalidad, sus actos del día de hoy no son en ese mismo sentido.

Quisiera también citar el reclamo de legalidad que el Partido Revolucionario Institucional había en ese mismo recinto, por voz del senador Sadot Sánchez, la semana pasada.

Afirmaba el senador: "hoy nuevamente traemos un tema en el que hay una coincidencia fundamental y que es la observancia del estado de derecho, pero esta observancia no se da por resoluciones, sino que constituye una permanente práctica en donde gobernados y gobernantes acatemos el derecho. Hoy mi partido, el Revolucionario Institucional, decía el senador, está dando muestras de este acatamiento y de este encuentro con el derecho, al cumplir una resolución de la sala superior del Tribunal Federal Electoral. Esto es el significativo más profundo de que en el Partido Revolucionario Institucional existe la convicción firme de acatar la legalidad.

Por lo visto la firmeza de esta concepción duró apenas unos días hasta que pudimos presenciar este día 15 el bochornoso espectáculo del impedimento a la instalación de un consejo electoral en pleno en derecho en el Estado de Yucatán.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional esto no es una novedad, a diferencia del PAN, no recupera con estas acciones una tradición de legalidad, sino una vieja tradición de autoritarismo que lo ha caracterizado en su gobierno, no sólo en la nación, sino particularmente en el Estado de Yucatán.

Es particularmente grave que en toda su defensa de este consejo electoral espúreo, nombrado no por el Congreso del Estado, sino por una mayoría de diputados priístas que no son el Congreso del Estado, el Partido Revolucionario Institucional nunca argumente que esa designación fue legal, y no puede argumentar que la designación fue legal porque es a todas luces ilegal, lo único que argumentan es que el Tribunal Electoral carecía de facultades para corregir esas ilegalidades y en general el PRI se ha dolido de la existencia de medios de defensa para que los ciudadanos reclamen las violaciones constitucionales implícitas en muchas de las violaciones legales que el PRD reclamó ante el tribunal.

En esta misma línea por cierto es que realizaron y sometieron al doctor Burgoa Orihuela durante la semana pasada a una penosa exhibición en donde el doctor lamentablemente retomó la misma afirmación, no se trata de que en Yucatán no hubiera habido violaciones legales, sino que el tribunal federal, decía Burgoa, no puede revisar violaciones legales, sino sólo violaciones constitucionales.

Para colmar esta penosa exhibición, el Partido Revolucionario Institucional clausuró el mitin al que convocaron a Burgoa con la declaración de un médico que afirmó que el doctor Burgoa no padece de demencia senil.

El problema de estas violaciones legales y de esta ruptura del orden constitucional, a nuestro parecer, es un problema nacional no sólo por la forma directa en que la coyuntura política está impactando a la nación, es un problema nacional porque nos hace discutir bases fundamentales del proceso mismo de transición democrática, No podremos avanzar en los meses y años que vienen en la construcción de un nuevo sistema político, en la discusión de una nueva constitucionalidad y en la discusión de nuevas bases institucionales para el Estado, si simultáneamente no existe un compromiso real, efectivo y práctico de los actores políticos de pactar un estado de derecho y ceñirse a él.

El Tribunal Federal Electoral no ha hecho más que ejercer sus funciones y el PRD no ha sido, por cierto, en los años pasados un defensor a ultranza de las acciones de este tribunal, sin embargo, un punto al que ningún actor político había llegado antes era al de considerar que las resoluciones de este tribunal podían obedecerse según la apetencia del afectado.

El Estado de Yucatán es emblemático hoy, como lo es de Tabasco también, de cómo en este nuevo contexto nacional seremos capaces de construir bases institucionales y jurídicas para avanzar hacia nuevas formas de convivencia, de nuevas formas para dirimir los conflictos y de aceptar de una vez y por todas que el beneficiario fundamental de los derechos consagrados en nuestra Constitución general, el beneficiario fundamental del derecho a la defensa constitucional ante órganos federales, contra actos ilegales de autoridades locales, cualesquiera que éstas sean, este beneficiario tenemos que reconocer hoy, no son ni pueden ser los partidos políticos, sino los ciudadanos de la República.

¿Dónde queda en este debate el derecho de los ciudadanos yucatecos a elegir conforme a la ley, a sus gobernantes? ¿Basta con afirmar que el tribunal electoral carece de facultades de control de legalidad, para que tenga legitimidad la privación de derechos legales de los ciudadanos yucatecos? Nos parece que no, pero al mismo tiempo nos parece que no son las bases institucionales que hoy se tratan de construir con estos golpes fuera de la ley, las que podrán servir para generar un proceso armónico de transición democrática.

México tiene hoy que asumirse una vez más como una nación que discute, con una gran capacidad de profundidad, sus temas constitucionales, pero al mismo tiempo como una nación que es capaz de acordar, que es capaz de ceñirse al derecho y cuyos actores y dirigentes políticos son capaces de acatar el ejercicio de las funciones de los poderes de la Unión, tal como el Poder Judicial de la Federación.

Creo que el enrarecimiento del ambiente político en el Estado de Yucatán no contribuye en nada a este proceso, pero tampoco contribuye en nada a la sobrevivencia del PRI en esta crisis en que se halla hundido. Yo les invitaría, señores legisladores del PRI, a que atendieran lo que los medios de comunicación están diciendo sobre el Estado de Yucatán, que atendieran lo que la opinión de los ciudadanos refleja sobre los efectos que para su partido está teniendo el caso de Yucatán.

Si el PRI tenía grandes dificultades para legitimar su permanencia en una nueva elección en el gobierno del Estado de Yucatán, hoy no tiene dificultades; tiene un problema de imposible resolución. No pueden ustedes suponer que están actuando sobre las mismas bases en que actuaban hace apenas un año. La impunidad será reducida en cualquiera que sea el nuevo marco constitucional que este Congreso produzca y será a través de esas vías, de las únicas a las que podamos ocurrir, no sólo para solucionar los conflictos de la clase política, sino también para transitar como actores en el quehacer político y en la búsqueda del gobierno por las vías legítimas de la democracia.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Espadas Ancona.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el senador César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El senador César Camacho Quiroz:

Con el permiso del señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

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Un México de instituciones, sí, pero también un México justo y federalista, instituciones que trabajen por la nación y que en ello basen su prestigio y su influencia, que sean sólidas por respetadas y fuertes por confiables; que sus actos de autoridad se expresen con razón y justeza, que procuren siempre el interés general y observen escrupulosamente sus propios límites.

Nadie supone que en un país con reglas claras y procedimientos cada vez más depurados para conducir la vida pública, quepan expresiones voluntaristas ni menos decisiones avasalladoras que dificultan la concordia y agravian a la comunidad.

Esta es la esencia de nuestra organización política y la clave de nuestra coexistencia social, que cada uno haga valer sus derechos y siempre dentro de la ley, lo que debe y lo que puede, sin contenerse pero sin excederse, nada menos pero nada más.

En Yucatán se ha creado una situación preocupante, a la divergencia sobre la integración del Consejo Electoral local ha sobrevenido la radicalización de las posturas; se habla de la inminente crisis y ya se escuchan peticiones que demandan medidas espectaculares cuyos impactos son difíciles de predecir.

En el amanecer del Siglo XXI, es inconcebible volver a las pugnas del Siglo XIX, recordemos la lección; México sufrió ya las consecuencias de los afanes por controlarlo todo y en todo intervenir ni en ésta ni en ninguna otra situación, es admisible sembrar la semilla de la lucha intestina que enfrenta, que polariza, que divide, que escinde; en la pugna entre hermanos no hay vencedores sólo vencidos.

Los que claman que el Poder Público Federal haga valer la primacía de lo federal, olvida que la Federación es producto del acuerdo de los estados y que fueron ellos, en racional y civilizado acto, los que optaron por darse dos órdenes de gobierno coexistentes y a la vez complementarios, independientes entre sí pero vinculados en torno a sus propios fines y por encima de ellos un propósito colectivo superior.

Es innegable la importancia del ámbito federal, pero ello no puede llevarnos a desdeñar y mucho menos a atropellar lo local y desde luego no debe desembocar en el error de pretender superponer el primero en detrimento del segundo; ser federalista implica privilegiar a la Federación que no es lo mismo que el Gobierno Federal, aquélla representa a los estados, éste es sólo el producto de la voluntad de éstos.

El pueblo también ejerce su soberanía por medio de los poderes de los estados, que pueden tomar las decisiones más convenientes pues están cerca de sus representados y en esa medida interpretan mejor su sentir, decisiones que siempre serán válidas en tanto no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal, como lo dice la Constitución.

Nuestro federalismo es desde el triunfo de la causa liberal, una de las decisiones fundamentales de los mexicanos, que a nadie se le ocurra echar mano de la fuerza, menos a quien está obligado a mantener la salud de la República y con ella la integridad de la Unión, una salida de fuerza no es justificable en éste ni en ningún otro caso.

Seamos cuidadosos y por encima de todo seamos honrados al asumir una posición, no olvidemos que en el fondo, de lo que se trata es de hacer valer leyes e instituciones, de defender la soberanía de un Estado por encima de los actores y de las circunstancias: en este problema el agraviado no es un partido político ni un consejo electoral, es una entidad federativa y su capacidad de ejercer la misma soberanía con la que concurrió al acto fundador de la Federación. Hoy es Yucatán, mañana cualquier otro Estado de la Unión.

No hagamos descalificaciones automáticas de quienes en uso de sus facultades tomaron decisiones con las que ciertamente se podrá o no estar de acuerdo, pero no podemos negarles el derecho a actuar como lo hicieron, no anulemos tampoco las instancias que en el país y en los estados todos contribuimos a edificar para que fuesen factor de conciliación y resolución de conflictos. Reflexionemos sí, sobre la gravedad de actuar así, lo que ahora fomentan, mañana se volverá en su contra, el desgaste de las instituciones lleva inexorablemente a su debilitamiento y eso a nadie conviene.

No sirve la confrontación, menos para quienes deben poner sus buenos oficios al servicio de la concordia o preservarse como árbitros de todas las contiendas públicas.

El Poder Judicial es de la Federación y la Federación fue creada por los estados.

Lejos están, afortunadamente, los tiempos de las decisiones unilaterales y las mayorías avasalladoras, pero superada también debe de estar la época de los fallos dictados por instancias centrales o por consejos de notables.

Como ya se ha dicho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo tiene competencia para anular actos electorales de las autoridades estatales cuando violen alguna disposición de la Constitución Federal, porque es un órgano de control de esa constitucionalidad. Además de que es inobjetable que el nombramiento de los consejeros que deban conducir la próxima elección corresponde precisamente a la autoridad local. No se trata de una abrogación arbitraria, sino del fiel cumplimiento de la ley.

Ya mayor abundamiento, esa decisión, esa resolución no es de aquellas que pudieran resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado final de las elecciones. No estamos hablando de un asunto relacionado con la validez de los comicios, sino del ejercicio legítimo de una prerrogativa jurídica. Negarle esa atribución es ignorar los conceptos contenidos en la Constitución particular del Estado y es, sencillamente conculcar el federalismo.

Demos pues, paso al debate, démosle también peso a los argumentos. Es correcto discutir acerca de la calificación de los comicios, lo que no amerita réplica, es la aseveración de que la instancia federal no puede involucrarse al grado de imponer su criterio por encima del ejercicio de una libertad y una soberanía consagradas en los artículos 40 y 41 de la Constitución. De acuerdo con éstos los poderes de la Unión sólo pueden intervenir en el juicio de garantías y en las controversias constitucionales. De otra manera estaríamos permitiendo que se violente la soberanía estatal y con ella el derecho expreso de los estados a elegir a sus autoridades.

Escuchemos también las voces que hoy provienen de Yucatán y que sin duda brotan en todos los rincones del país. Son vigorosos llamados de atención, exclamaciones impregnadas de dignidad. Quien alegue que tal reclamo sólo esconde la pretensión de alguien por imponer su voluntad o sustraerse al imperio de la ley, acredita lo mismo que condena: incomprensión, intransigencia, insensibilidad.

Ni localismo disolvente ni centralismo que atropelle; impulsemos mejor un federalismo militante, un federalismo que recuerde siempre que fueron los estados los suscriptores del acuerdo fundador y que es a ellos a los que toca decidir todo lo relacionado con su régimen interior, un federalismo que quiere ser más que doctrina, factor de unidad y nunca causa de enfrentamiento.

La gobernabilidad debiendo ceñirse a lo que marca la ley, no debe desentenderse tampoco del sentir de los ciudadanos que aspiran a resolver sus divergencias en el ámbito cotidiano de su actuación y conforme a sus propias reglas.

La vida política no debe desarrollarse entre controversias, sino con certidumbres; la democracia avanza en las contiendas electorales competidas, no con expresiones quejumbrosas ni menos con posiciones de fuerza. Nadie quiere ventajas, pero seguro estoy, nadie está dispuesto a competir en situación de desventaja. Pongámonos de acuerdo ahora cuando aún no inicia propiamente el proceso electoral, estamos todos a tiempo de corregir y encauzar las condiciones de la contienda y en consecuencia de la convivencia. Lo que sea mejor para Yucatán lo será para el resto del país.

Que cada uno ejerza responsablemente sus funciones. El tribunal electoral cumpliendo con la alta expectativa que los mexicanos hemos depositado en él, sin exorbitar su ámbito de actuación ni menos pasar por encima de las instancias locales. El Congreso de Yucatán reivindicando la soberanía que su pueblo le confió, procurando mantenerse como un garante de la legalidad pero también de la concordia. Que todos acrediten mesura y hagan un sincero esfuerzo por la conciliación. Seamos una comunidad y vivamos como el término lo indica, unidos en lo común. Hagamos política siempre dentro de la ley porque la ley siendo perfectible, es, como ya dijo Morelos, superior a todo hombre.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Gracias, senador Camacho Quiroz.

Para responder a alusiones personales, tiene el uso de la palabra el senador Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El senador Juan José Rodríguez Prats:

Con su permiso, señor Presidente:

No pretendo desviar el debate que está anotado, que es el caso de Yucatán, pero sí quisiera, señor diputado, y lástima que interviene usted una semana tarde en relación al debate de Tabasco, precisar mi afirmación de que en una transición hay una tensión entre política y derecho; no lo digo yo, lo dicen todos los teóricos de las transiciones y están en los dos casos de paradigmas de transición, que son España y Chile.

Imagínese, para Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, para Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español, lo difícil que era sentarse con Adolfo Suárez, que venía de la monarquía y del franquismo.

Imagínese lo difícil que fue en Chile cuando tenían que ir en una alianza el Partido Socialista y el Partido de la Democracia Cristiana, teniendo que aceptar el marco jurídico que les estaba dando la dictadura militar de Pinochet, e ir a un plebiscito y lograr el no a esa dictadura e irse por fin a una elección.

Por eso cuando Patricio Eldwin toma el poder, es una frase que yo cito con mucha frecuencia porque me parece que es muy ilustrativa, dice Patricio Eldwin "toda la verdad que aflore, toda la justicia que sea posible; hagamos un ejercicio de reconciliación".

Imagínese el compromiso de suceder en el poder a una dictadura militar y las tantas voces que clamaban una legalidad a rajatabla, la investigación de todos los delitos y la sanción a todos los responsables, lo cual, sin duda alguna, hubiera conducido a Chile a un trastorno mayor y hubiera perdido la oportunidad de arribar nuevamente a la democracia.

Entonces, no soy yo el que lo afirma, son los teóricos. La política y el derecho tienen valores, valores afines. Alguien definía al derecho como política restringida. Pero cuando surge la violencia fracasaron la política y el derecho. Cuando surge la anarquía, fracasaron la política y el derecho. Cuando surge la falta de gobernabilidad, fracasaron la política y el derecho.

Entonces tienen valores afines y debemos preservar esos valores. Detrás de cada norma jurídica siempre hay un valor que hay que proteger.

Simplemente le quiero aclarar eso. Cita usted a Manuel Gómez Morín. Efectivamente en todos sus discursos hay una exigencia de apego a la legalidad, pero también hay una frase suya: "para solucionar un conflicto político ni tú te metas en un callejón sin salida ni metas a tu adversario en un callejón sin salida", se tienen que buscar acuerdos y se tienen que resolver los conflictos porque hay un valor superior, que es precisamente el orden social, la paz pública y buscar que prevalezca la soberanía popular, como en los asuntos electorales, que no es más que el voto de la ciudadanía.

No hay contradicción. No se puede vivir sin el derecho, pero no todo se puede esperar del derecho. Reiteramos que en el caso de Yucatán, como en el de Tabasco, deben saberse conjugar la aplicación de la ley con el trabajo político.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, senador Rodríguez Prats.

Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo:

Muchas gracias, señor Presidente:

Uno de los argumentos fundamentales que comentaba el senador Camacho Quiroz era la vulneración de la soberanía del Estado de Yucatán.

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Sobre este particular yo sí quiero referirme a la jurisprudencia de la séptima época del pleno de la Suprema Justicia de la Nación que fundamentalmente dice lo siguiente: "si bien es cierto que de conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los estados que constituyen la República son libres y soberanos, también lo es que no debe vulnerarse el pacto federal, ya que de acuerdo con el propio artículo 40, los estados deben permanecer en unión con la Federación, de acuerdo con los principios de la Ley Fundamental, es decir, de la propia Constitución".

En el particular, al reiterase el desacato de la legislatura del Estado para con la resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se respeta lo establecido por el artículo 17 constitucional. Expresamente reza: "ninguna persona podría hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, continúo en ese mismo precepto. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

Y me remito al artículo 41 también: "el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal".

Pudiera seguir para efecto de soportar y sustentar jurídica y constitucionalmente los actos del tribunal. Sin embargo, debemos abocarnos también a la conjugación, como decía quien me antecedió en el uso de la palabra, del derecho y del quehacer político siempre pensando en el bienestar común de la propia sociedad.

Y en el caso de Yucatán la realidad es que se está haciendo presente el México del pasado: el de los cacicazgos, el de la exclusión, el de la incertidumbre, el de los amagos separatistas para privilegiar la impunidad.

No podemos, de ninguna manera, justificar el llamado a la ilegalidad con la intención de evitar el desarrollo transparente, confiable y creíble de un proceso electoral que está haciendo el gobierno priísta yucateco.
Son inaceptables tanto en lo político como en el ámbito constitucional y jurídico las excusas que la administración cerverista ha invocado para evitar el cauce legal y cumplimiento de las resolución emitida por el Trife.

En otras ocasiones y ya se comentó, los diferentes partidos no han obtenido resoluciones favorables en el Trife y sin embargo, en aras de privilegiar un estado de derecho y su vigencia, las han acatado.

Hemos observado también, con atención, los aplausos y halagos del PRI en aquellos casos en que el tribunal ha coincidido con sus posturas. Ahora adoptan una actitud de rebeldía, de desacato, de confrontación, de llamado a la ilegalidad, aún a sabiendas que se trata de actos jurídicos definitivos e inatacables.

Bajo la vigencia del estado de derecho la litis ya fue resuelta y solamente resta a la administración de Cervera Pacheco, procurar las condiciones, los elementos, las garantías, los recursos y apoyos a los organismos legalmente instalados, facultados y competentes para llevar a cabo el desarrollo del proceso electoral.

En términos de ley la controversia fue dirimida. Existe solamente un consejo estatal electoral, que ha protestado, se ha instalado y está en términos constitucionales. Simplemente lo único que resta es dejarlo hacer su labor, pues entorpecer su función, también y ya que se invoca la soberanía, es impedir que donde resida ésta, que es originaria y esencialmente en el pueblo, no emita de manera libre, universal, directa y secreta el sufragio; que es el único acto soberano que tiene el ciudadano mexicano.

En consecuencia y concluyo, remitiéndome a las palabras de quien me antecedió en el uso de la palabra: apliquemos el derecho y con juguemos la legalidad y el quehacer político.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Zapata Perogordo.

Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:

Con su permiso, señor Presidente; señores diputados; señores senadores:

En los términos de lo que acabamos de escuchar, aplicar el derecho es: cumplir cabalmente la resolución del Trife. En otras palabras: aunque no les guste, cúmplanlas. En otras palabras: aunque no tenga legalidad en su fundamento, cúmplanlas. En otras palabras: aunque el Trife ignore la Constitución General de la República, cúmplanlas.

Primero es el Trife yo he oído aquí escuchar ya en dos ocasiones a quienes nos antecedieron en el uso de la palabra decir que en otras ocasiones el PRI ha aplaudido al Trife y en cambio ellos han tenido que resolver y acatar las resoluciones del PRI.

Yo me pregunto ¿y qué hubiera pasado si en lugar de suprimir el logotipo de Fox en la boleta electoral o su silueta, hubiera decidido el PRI eliminarlo porque era hijo de españoles, cuál hubiera sido nuestra actitud?, no está en la Constitución, se obra por encima de la Constitución, se violenta el pacto al que todos estamos sometidos que es la máxima ley de la República y qué hubiera pasado si eliminaban a López Obrador porque era de Tabasco y lo consideraban un extranjero, oigan Tabasco es parte de la República, si pero es una resolución del Trife definitiva e inatacable, así que cúmplase.

No caballeros, no legisladores, el derecho es primero, no encontramos una sola nota que diga en la Constitución que el Tribunal Federal Electoral puede hacer las veces de un poder constituido en un Estado Libre y Soberano como es el Estado de Yucatán; no hay una sola mención en la Constitución de la República de que para cumplir sus resoluciones se convierta en Congreso del Estado e insacule por su cuenta, añade, alega el Trife la plena jurisdicción, nada más que ésta, estimados caballeros, no se cumple en este caso, porque ninguna ley secundaria puede estar encima de la Norma Fundamental y la Norma Fundamental no le da al Trife ninguna posibilidad de erigirse en poder convertirse en Congreso e insacular al órgano electoral.

El Congreso del Estado no es órgano electoral, no está dentro de la competencia del tribunal, el Congreso del Estado no organiza elecciones, no está dentro de la competencia del tribunal y a pesar de todo, ha buscado ser sometido. Ciertamente, hay un consejo nombrado por el PRI, ciertamente hay un consejo nombrado por el Congreso del Estado de Yucatán y ciertamente tendremos que hacer un uso extraordinario de nuestros recursos políticos para dar lugar a una situación que sin vulnerar el estado de derecho, efectivamente deje a los yucatecos en condiciones de realizar elecciones.

Apliquemos el derecho, apliquemos el derecho, estoy absolutamente de acuerdo con esta disposición, con esta exposición, cuidemos sobre todo al Trife, el PRI nunca se ha opuesto a la existencia del Tribunal, nos oponemos a esta irracionalidad y esta ilegalidad de atribuciones que se toma sin tenerlas, nos oponemos a que se convierta en el hacedor de política cuando debiéramos estar ante un órgano que se yergue por encima de toda la política y cumple sus resoluciones con un sentido estrictamente constitucional y legal, cosa que hoy no hacen.

Se han mencionado aquí algunas eminentes opiniones al respecto, yo me referiría a la exposición de Hilario Medina, Constituyente de 1917, cuando pide salvar a la Corte del conocimiento de cuestiones políticas no hay intervención política del Trife, voy a poner un solo ejemplo: al resolver cambiar la sede de integración del Consejo Electoral, el Trife decide notificarlo a los integrantes del consejo formado por él, se notifica a todos, únicamente notifica personalmente a ocho de esos integrantes.

¿Bajo qué criterios legales decidió notificar sólo a esos ocho entre suplentes y propietarios? ¿Bajo qué criterios constitucionales, legales o de la ley secundaria decidió elegir su propio consejo ademas del que había insaculado y hacer que se constituyeran solamente unos? Obra en mis manos el recurso interpuesto por el ciudadano Raúl Xjab quien no fue notificado por el Trife a pesar de haber sido insaculado y resultar consejero de este órgano.

¿Quién hace la política en México? ¿Hemos decidido dejar que nuestros órganos jurisdiccionales sean ahora los órganos que resuelven las cuestiones políticas con políticas y no con el derecho? No señores, coincido con las afirmaciones que han hecho mis compañeros del PAN, apliquemos el derecho pero apliquémoslo estrictamente, sin distinciones, la justicia debe ser ciega.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Ramírez Marín.

Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Sin duda, no pretendo hacer una discusión sobre la aplicación del derecho en los contextos de transición, sin embargo, creo que hay una gran diferencia entre las medidas de amnistía que se adoptaron en algunos países que se salían de la dictadura y la violación de las normas legales para la constitución de los poderes después de la transición.

No puedo, ni creo que nadie pueda, citar un caso en que después del pacto de la monclova, las fuerzas franquistas hayan impuesto un alcalde que debía ser electo o hayan suprimido un proceso electoral que tenía que haber sido realizado.

Se afirmó reciente... en la última intervención en esta tribuna, se hicieron afirmaciones muy interesantes. Una de ellas pretende que los fallos del tribunal no deben ser cumplidos a menos que, quien debe ejecutarlos, considere que son legales.

Esto es maravilloso, en el PRD jamás habíamos tenido una reflexión de esta naturaleza, sobre esta lógica, en 1999 nosotros... a partir de las elecciones de 1999, nosotros tenemos derecho pleno de afirmar que el gobernador legal del Estado de Guerrero es Félix Salgado Macedonio y el gobernador legal del Estado de Quintana Roo es Gastón Alegre, simple y sencillamente porque consideramos que la valoración legal que hizo el tribunal en los fallos correspondientes, es imperfecta jurídicamente.
No señores. Los fallos de los tribunales no pueden ser sometidos a discusión en sus efectos. Podremos discutir durante años las condiciones de legalidad en la que se dió el fallo de Guerrero en 1999, el fallo de Quintana Roo en 1999 y el fallo de Yucatán de 2000. Lo que no podemos discutir es que tiene que ejecutarse efectivamente, tal como se dijo en esta tribuna: "cúmplase", punto.

Sin esa base mínima, cualquier posibilidad de establecer un poder judicial en este país, queda suprimida de raíz. Si basta con que yo pueda tener la opinión de un profesor de derecho constitucional en contra de la resolución de un tribunal, para que tenga pleno derecho en reclamar la no aplicación de una sentencia, no tengo idea de hacia donde se pretende llevar el proceso político de este país.

Me parece además que es de una gran irresponsabilidad política pretenderlo y más aún pretenderlo desde esta tribuna, que es la tribuna de quienes producimos las leyes a las cuales debe apegarse el ejercicio de la política en este país.

El asunto de la soberanía me parece que se ha tratado de una manera también sumamente irresponsable y sumamente irrespetuosa, quiero decir, para quienes detentan esa soberanía. La soberanía del Estado de Yucatán no reside en la diputada Mirna Hoyos de Navarrete, tampoco reside en el gobernador Víctor Cervera Pacheco; ellos, los diputados, han sido designados depositarios pero esta no es una cesión incondicional de poder, esto es una pretensión hopsiana, el pueblo delega plenamente su poder en el monarca y que a partir de ese momento, el monarca puede hacer y deshacer lo que quiera y que el pueblo no puede reclamarle porque ha depositado ya la soberanía.

Esa concepción tiene cinco siglos de atraso. La soberanía que el pueblo yucateco le ha cedido al Congreso del Estado y a este Congreso, es una soberanía que está sujeta, cuyo ejercicio está sujeto a leyes, está sujeto a normas constitucionales y está sujeta a procesos de control de constitucionalidad y de control de legalidad.

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Me sorprende la manera como el Partido Revolucionario Institucional es capaz de discutir horas y horas el asunto de Yucatán, bajo el solo argumento de la incompetencia del tribunal, sin ir nunca al fondo de la discusión y el fondo de la discusión es que ese consejo... ese pretenso consejo no es un consejo nombrado por el Congreso del Estado, porque para que se pudiera reclamar nombrado por el Congreso del Estado, este Congreso tendría que haberlo nombrado en apego precisamente a la Ley Electoral del Estado, a la Constitución del Estado y a la Constitución General de la República y eso no fue así. Y por qué puedo afirmar que no fue así y tener más autoridad para afirmar que no fue así, que quienes vienen a decir que se hizo en apego a derecho, porque una vez que surgió esa discrepancia de quienes decíamos que no se había apegado a derecho y quienes afirmaban que sí se habían apegado a derecho fuimos a la única autoridad que podía resolver el diferendo, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ese tribunal con plena jurisdicción afirmó que el consejo no había sido nombrado con apego a derecho, lo declaró institucional y en consecuencia como nunca nombrado por el Congreso.

Los atropellos cometidos por un grupo de diputados no son actos soberanos, ni son actos del Congreso del Estado de Yucatán, son las mismas arbitrariedades que este país ha padecido durante 70 años y que les trajo a ustedes el costo de perder la Presidencia de la República. Hoy están en riesgo de perder su partido y cuanta gubernatura se dispute en este país en las próximas elecciones.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Pérez Noriega:

Con su permiso, señor Presidente:

He escuchado con mucha atención la intervención del diputado Ramírez Marín y desde luego me dejó sorprendido.

La pregunta que debemos de hacernos es quién decide el derecho, quién dice la última palabra al resolver conflictos entre partes.
Para el Partido Acción Nacional es muy claro, tenemos instituciones, tenemos al Poder Judicial de la Federación, pero para el PRI por lo visto lo que se necesita es contratar a alguien para resolver los problemas, en este caso al maestro Burgoa, para ellos, para el PRI es quien decide el derecho, no los tribunales.

El debate que debemos de presentar el día de hoy es como fortalecemos las instituciones, cómo vemos la supremacía constitucional, debemos de ver hacia la transparencia electoral; debemos también buscar en su momento, cómo se manejan los principios rectores en el ejercicio de la función electoral, que de acuerdo con nuestra Constitución Federal es uno de ellos el de la legalidad.

Se ha debatido aquí de la competencia del Tribunal Federal Electoral y quiero comentarle al diputado Ramírez Marín, que el artículo 99 en su fracción IV es muy claro al establecer que existe el tribunal electoral como máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación para ver sobre las impugnaciones de actos o resoluciones de las entidades federativas para organizar y calificar los conflictos o resolver las controversias que surjan durante los mismos que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, es decir, la Constitución Federal misma que fue aprobada por el Constituyente permanente donde participaron todos los estados y también el Estado de Yucatán precisa que para resolver las controversias en materia electoral tenemos un tribunal, la Constitución no dice que sea Burgoa el que define, sino un tribunal el que va a tomar la definición.

El segundo debate que se ha presentado, dicen, puede que el tribunal tuviera competencia, pero siempre y cuando existan violaciones directas a la Constitución, qué mayor violación directa a la Constitución que violentar el principio rector de la legalidad.

No es el momento y sobre todo no tenemos el tiempo para dar toda una explicación clara de qué entiende la Constitución por legalidad, pero es que se establezcan determinados requisitos en la ley y que se cumplan los mismos.

Y si vemos lo que establece el Código Electoral del Estado de Yucatán, establece un procedimiento mediante el cual el Consejo Electoral del Estado va a ser nombrado a través del Congreso estatal.

Es evidente que no se cumplieron con esos requisitos establecidos en la ley, por lo tanto se violenta el principio de legalidad y por lo tanto se surten los extremos para la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, tendremos que debatir si las resoluciones del tribunal son obligatorias o no son obligatorias, si son simples recomendaciones como las que establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sus resoluciones son obligatorias y tienen que cumplirse por todas las partes y en lo que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se establece que las autoridades responsables deben de reparar la violación constitucional que haya cometido. Es decir, tiene la obligación de cumplir en su momento con lo que establece el tribunal.

No queda a capricho de las partes cumplir lo que establece el tribunal. Si estamos hablando de vivir dentro de un estado de derecho, si estamos hablando de fortalecer las instituciones, si estamos hablando de la transparencia electoral, debemos de aceptar las resoluciones del tribunal, porque es la última instancia. Si hubiera otra instancia posterior, tendríamos que, podríamos presentarla.

Yo quiero recordar, a menos que esté yo equivocado, que cuando se inició este proceso judicial, el Congreso del Estado de Yucatán presentó una contestación a las demandas, reconoció la competencia del tribunal y tan es así que compareció a juicio, pero si el juicio después de la resolución no le fue favorable, ahora dice: "ya no es competente", cosa que no hizo valer cuando compareció ante el tribunal.

Yo creo que lo que debemos de buscar todos en este momento es fortalecer a las instituciones, como les digo, sobre todo buscar la supremacía constitucional, en este caso para poder tener transparencia electoral.

Muchas gracias.

El Presidente:

Gracias, diputado Pérez Noriega.
Para responder alusiones personales, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diutado Jorge Carlos Ramírez Marín:

El artículo 99 aquí citado, en su fracción IV dice claramente: "las impugnaciones de actos, resoluciones definitivos y firmes de autoridades competentes, de las entidades federativas, sí, autoridades competentes, sí, para organizar y calificar los comicios".

¿El Congreso del Estado de Yucatán es el organizador de los comicios?, de ninguna manera.

Para empezar, el Código Electoral del Estado de Yucatán establece en su artículo 79 que el Instituto Electoral del Estado es el órgano que organiza las elecciones. También el Cofipe señala quiénes son órganos para organizar y calificar elecciones. La propia Ley de Medios de Impugnación reconoce quiénes son órganos para organizar, calificar y resolver elecciones, en ningún caso es un Congreso estatal. Eso es precisamente lo que alegamos.

Nuevamente se ha dicho aquí "obedezcan", y no hemos buscado a Burgoa para que resuelve el conflicto; el Congreso del Estado de Yucatán ha seguido a través de cauces legales todos los medios posibles y el único conato de violencia producido no ha sido producto de las decisiones del Congreso del Estado de Yucatán, sino más bien de la presencia de los partidos políticos en otro ánimo y condición con respecto a este conflicto estrictamente judicial.

No nos va a quedar más que aceptar la resolución del Trife; debe haber todavía una autoridad judicial que lo resuelva en esos términos. Debe ponderar la prudencia, estamos totalmente de acuerdo en esto, pero prudencia en ningún sentido debe ser claudicación.

No aceptaríamos nosotros que una autoridad que no fuera competente, tuviera ingerencia sobre las cosas de nosotros. No aceptaríamos que la Profeco nos pusiera una multa de tránsito; no aceptaríamos que cualquier clase de órgano tomara cualquier clase de resoluciones.

De eso precisamente es de lo que se trata: que el máximo tribunal de máxima competencia sobre las cuestiones electorales está basando sus razonamientos en cuestiones lejos del apego constitucional; esto es precisamente lo que decimos.

Yo creo, con uno de los oradores que me antecedían, que soberanía no es una persona, que soberanía es exactamente el poder del pueblo, pero entonces, sí vamos a pedir el respeto al poder del pueblo, pidamoslo en todos los sentidos, ¿que acaso la mayoría del Congreso del Estado de Yucatán no tiene validez porque es una mayoría del PRI?, ¿qué acaso, en este supuesto, la mayoría priísta no tenemos por qué aceptar que mayoría es la que toma la decisión del Congreso?

Eso es precisamente lo que estamos discutiendo, hay decisiones políticas manchando lo que deben ser exclusivamente decisiones judiciales. Eso es lo que estamos pidiendo, que si vamos a tener decisiones políticas llevémoslo al plano en que éstas se pueden tomar y ese plano nunca debe ser un tribunal que debe garantizar la equidad y la imparcialidad. Eso es lo que estamos pidiendo.

Yo no creo que Mirna Hoyos sea la soberanía del Estado de Yucatán, pero creo que una mayoría del Congreso del Estado, es una representante legítima de la soberanía del Estado de Yucatán, así fuera priísta, panista, perredista o ecologista, es la mayoría y tendríamos que respetarla y no tendríamos por que quitarle esa respetabilidad.

Yo creo, que no se trata de que le demos la razón o no a Burgoa, pongámonos un tiempo, pongámonos un momento en el pellejo, en los zapatos, en la responsabilidad del Congreso del Estado de Yucatán, al que además se le pide que pase por encima de la Constitución del Estado de Yucatán, que haga exactamente lo contrario de lo que la Constitución de Yucatán le dice que tiene que hacer.

Yo creo que es hora de ponernos un momento en esto, no hay, señores diputados, chabacano deseo de separarnos del país; éstas son historietas, Yucatán está más unido que nunca al país, porque comparte la preocupación de un nuevo federalismo, sí, como decía aquí un ilustre senador, estamos viendo el nacimiento a través de una nueva correlación de fuerzas, de nuevas formas de federalismo y ésta es una y no veo por qué tengamos que ridiculizar a un pueblo como el yucateco, al poder instituido de un pueblo como el Congreso del Estado, por el hecho de reclamarle a la Federación derecho que le competen, que le corresponde y que además están consagrados en la Carta que nos une, en lo único que nos une a todos por igual, la Constitución de la República.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Ramírez Marín.

Han solicitado la palabra para rectificar hechos, el senador Demetrio Sodi de la Tijera, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona y el diputado Fernández Pérez Noriega; por lo tanto tiene el uso de la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El senador Demetrio Javier Sodi de la Tijera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Yo he querido hacer uso de la tribuna no para entrar al debate constitucional de facultades o no facultades, de federalismo, no federalismo, de soberanía o no soberanía, que puede llevarnos horas y horas y horas y no se ve fácil que vayamos a llegar a un acuerdo.

Yo creo que hoy lo que está en riesgo, es la propia gobernabilidad en el Estado, la paz en el Estado y el riesgo que existe tanto en el Estado como a nivel nacional, de que se enrarezca el clima político y todo el proceso de transición en el que estamos comprometidos todos, creo que ése es el debate que deberíamos de llevar, es decir, no cómo le ponemos, cómo le echamos más leña al fuego que ha de haber y seguramente existe en Yucatán, sino como buscamos salidas, lo decía el senador César Camacho en el sentido de buscar alternativas que nos permitan resolver dentro de la ley, un problema político real.

Porque esto es real; es decir, como van las cosas, podemos llegar al extremo de que el consejo electoral que tenga el padrón, ése no tiene los recursos y el que tenga los recursos,

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ése no va a tener el padrón y se puede dar el caso que los candidatos del PRI se registren ante un consejo y los candidatos del PRD y del PAN se registren ante el otro consejo y luego tengamos casillas electorales paralelas yo no creo que vayamos a llegar a esto, sería muy irresponsable de todos. Lo que sí creo es que entre más rápido logremos una solución dentro de la ley, obviamente, más seguras van a ser las elecciones; de por sí van a ser elecciones muy competidas, con una gran confrontación política como lo están siendo en todo el país y que entre más vayamos posponiendo la solución, más leña le estamos echando a la hoguera y un clima de mayor confrontación se va a dar en el Estado y que está viciado, está afectando a todo el país.

Para el PRD es fundamental el proceso electoral y obviamente no vamos a entrar a un proceso electoral con órganos electorales en los que no haya garantía de imparcialidad y ahí en parte se ha originado todo el problema. Pero yo creo que como Comisión Permanente, como Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como legisladores, tenemos que contribuir a este debate y no ver cómo ponemos más radicales las posiciones de cada quien. Sin duda argumentos legales para cada quien defender su posición, no han salido aquí, bueno han salido de aquí pero las hemos venido leyendo en los medios, en la prensa y oyendo en los medios de comunicación en las últimas semanas y parece que no se avanza.

Finalmente en Tabasco, mal que bien se logró una solución, está avanzado el proceso electoral y cada partido se ha reservado el derecho para impugnar constitucionalmente lo que considera que es impugnable constitucionalmente.

Y yo creo que en Yucatán ya llegó el momento y ojalá, no veo que sea el momento tampoco pero ojalá esta Comisión Permanente pusiera a hacer una convocatoria, el Congreso local, pues la única alternativa que yo veo es que se restituya, se reponga desde el principio todo el procedimiento. Ya lo decía la Presidenta del Congreso local, de la Gran Comisión del Congreso local, ella señalaba la posibilidad de recurrir a la primera instancia que era el consejo electoral que se había ratificado en donde había cierto consenso de los partidos políticos. Obviamente no nos corresponde a nosotros hacer una recomendación concreta de quién si, quién no, qué consejeros si, qué consejeras no, en fin, no va por ahí. Pero yo sí creo que en este momento es ya el momento de hacer un llamado muy respetuoso llamado a todos los partidos políticos, al Congreso local, a los consejeros que han sido insaculados y a los que han sido nombrados por el Congreso local, para buscar una salida alternativa dentro de la ley.

Para el PRD obviamente el respeto a la ley es irrestricto, es decir, hay que cumplir la ley, pero también tenemos que estar muy pendientes de que se diera una elección igual que otras que se vendrán en el futuro, que son fundamentales para la transición y para la transformación política nacional u optamos por el enfrentamiento u optamos por la conciliación dentro de la ley y yo creo que ese es el reto.

Yo traigo aquí un punto de acuerdo, no creo que sea el momento de presentarlo; no se trata, de presentar puntos de acuerdo para que vayan al archivo o para que vayan a las comisiones, pero sí creo que en este momento si todos dentro de nuestros partidos y a nivel de legisladores hacemos un llamado a que se reponga el procedimiento y que se busque una salida política, creo que lograremos ese acuerdo, que lograremos que avance el proceso electoral y que lograremos que dentro de la ley avance la transición democrática mexicana.

Seguir discutiendo sobre legalidades o no legalidades eso dejémoslo en las instancias correspondientes; hay una tribuna para discutir esto, pero no creo que por ahí vaya a haber avances. Yo creo que la única alternativa es reiniciar el procedimiento y garantizar, eso sí, que es la única forma en que nos sentaremos cualquiera al proceso electoral; si hay órganos electorales que garanticen la imparcialidad, la autonomía para no apostarle desde ahorita a que la elección que se dé en mayo vaya a ser impugnada otra vez y volvamos a iniciar un proceso de conflicto. Por eso es importante que los órganos electorales y el consejo electoral que finalmente se decida, sea un órgano que salga de conseso.

Yo con eso concluyo, creo que llegó el momento en que cada quien dentro de sus partidos, cada quien como legislador y ojalá pudiera ser la Permanente, la que hiciera un llamado a todos para que se reponga el procedimiento y dejemos los conflictos atrás y vayamos a ver qué decide la población sobre quién debe de gobernar el Estado de Yucatán los próximos seis años.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, senador Sodi de la Tijera.

Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Uuc- kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:

Gracias, señor Presidente:

Seré sumamente breve. Pedí la palabra para hacer una rectificación de hechos y es exactamente lo que pretendo hacer.

El Congreso del Estado de Yucatán reconoció efectivamente la competencia del tribunal electoral, no en un momento sino en tres momentos. Reconoció su competencia cuando se declaró inconstitucional el nombramiento de un primer consejo electoral; reconoció su competencia cuando se declaró la inconstitucionalidad del Tribunal Electoral del Estado y reconoció la competencia cuando respondió a las demandas en esta última controversia para el nombramiento de este consejo electoral.

Es decir, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su mayoría en el Congreso del Estado, de manera invariable, hasta el momento de la sentencia, había reconocido la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es absolutamente inconsistente cualquier argumentación que se haga en este momento que pretenda desconocer ese hecho.

En cuanto a la regla de oro de la mayoría, tengo una fuerte discrepancia en cuanto a cómo se aplica. El que haya una mayoría priísta en el Congreso no quiere decir que esa mayoría pueda tomar las decisiones como Congreso.

Existen, por prescripción constitucional, decisiones que el Congreso sólo puede adoptar por mayoría calificada. Si los 15 diputados priístas, que son el 60% del Congreso, votan una reforma constitucional solos, esta reforma no pasará a formar parte de la Constitución aunque sean mayoría, puesto que la prescripción constitucional es que esa decisión exige mayoría calificada.

Exactamente lo mismo ocurre con la designación de los consejeros, para lo cual se requieren cuatro quintas partes del consejo.

En otras ocasiones hemos sido capaces de construir soluciones políticas a conflictos de esta naturaleza en vías estrictamente del derecho. Lo hicimos cuando pactamos con otro gobernador el consejo saliente, el consejo que terminó sus funciones al iniciarse el actual proceso electoral.

No hay razones políticas para que los cauces legales se consideren agotados y tener que recurrir a soluciones ilegales.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Espadas Ancona.

Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Pérez Noriega:

Con su permiso, señor Presidente:

Para centrar nuevamente el debate, creo que lo que estamos en este momento decidiendo es quién cumple y quién no cumple con la ley. El diputado propinante del PRI ha establecido más de una vez un sofisma: dice que acata la ley, que acata lo que resuelvan las instituciones y luego cuestiona dichas resoluciones para no cumplirla. Eso es un sofisma y eso no es querer cumplir con el estado de derecho.

No hay duda alguna de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver estos casos y para eso me permito nuevamente leer el artículo 99 en su fracción IV, que establece que es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar a los comisiones o resolver las controversias que surjan durante los mismos que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.

A su vez, el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán establece que los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado: "serán designados por el Congreso del Estado". Si esa designación no es un acto de naturaleza y de carácter electoral, estamos hablando de temas diferentes.

Y finalmente ¿quién interpreta las leyes? La ley se interpreta por el Poder Judicial, no la interpretan los legisladores y cuando hay una sentencia la sentencia no es interpretada por juristas, sino que debe de acatarse en sus términos y máxime que en este caso era una sentencia clara, que no dejaba dudas de qué tenía que hacer la autoridad responsable. ¡El no querer cumplirla es no querer vivir dentro del estado de derecho!

El Presidente:

Muchas gracias, diputado Fernando Pérez Noriega.

Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:

Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso:

Quisiera en primer término referirme a la argumentación última que acabamos de escuchar. Efectivamente, la Constitución dice "que el tribunal conocerá de impugnaciones o actos o resoluciones definitivos y firmes".
Primer problema. Nunca se recurrió ante la autoridad jurisdiccional electoral de Yucatán el acto del Congreso. En términos constitucionales no debería de haberse considerado un acto definitivo y firme.

Segundo. Dice: "que es competente para conocer de esos actos que realicen las autoridades competentes de las entidades federativas para ¡organizar y calificar! los comicios". El Congreso de Yucatán, como muy bien lo dijo el diputado Ramírez Marín ni organiza ni califica comicios o para resolver las controversias que surjan dentro de los mismos. El Congreso de Yucatán no tiene facultades para resolver controversias que surjan con motivo de los comicios. Pero el Congreso de Yucatán no está entre las autoridades que la Constitución señala como susceptibles de ser revisados sus actos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Me parece que más claro ni el agua y eso si opina y creo que no podemos descalificar al doctor Burgoa ni por su edad ni por ninguna otra razón. Puede rebatirse su punto de vista, pero no descalificarlo y creo que aquí está muy claro que el Congreso de Yucatán no está entre las autoridades que pueden ser revisadas.

Además estos actos puedan ser o resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo. ¿Era determinante para el desarrollo del proceso electoral de Yucatán que una persona que aspiraba al cargo de consejero, hubiera presentado o no una copia simple de acta de nacimiento o una credencial de elector? Evidentemente no.

Pero el punto más importante no está ahí. Yo creo que la discusión jurídica efectivamente se puede prolongar por horas. El punto más importante y más fino está en esto: la ley se cumplió. Efectivamente el Congreso admitió la jurisdicción y tan la admitió que ejecutó el fallo del tribunal electoral. Cuando el tribunal electoral determinó que estaba en falta el Congreso de Yucatán, según su punto de vista y según el mío, no teniendo competencia para ello. Pero esto es irrelevante. El caso es que hubo una decisión y hubo un acatamiento. ¡No pueden decir que el PRI esté en contra del acatamiento, pues si lo acató el Congreso, acató la resolución porque el tribunal se basó en el hecho de que la designación no se había efectuado por las cuatro quintas partes de los miembros del Congreso! ¡Ese fue el razonamiento del tribunal!

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Y ojo, aquí está la clave del asunto. El tribunal dice: "hubo ahí una violación". A mi juicio fuera de su competencia, pero eso dice el tribunal y considera que hubo una violación constitucional e incluso federal. Creo que incorrectamente, pero eso dijo, eso dijo y eso se cumplió. El Congreso del Estado lo cumple, repone el procedimiento, elige por las cuatro quintas partes de los miembros presentes, que era la mayoría calificada, que se cumplía con los miembros del PRI y, por lo tanto, era válida porque daba la mayoría calificada que la propia ley exigía.

Escrupulosamente acató el Congreso los términos de la resolución pero ¿qué pasó después? y aquí es donde viene el conflicto, cumplida la resolución hay una nueva impugnación que ya no procedía porque hay jurisprudencia y disposiciones legales que señalan que contra la ejecución de los actos del tribunal ya no procede una nueva impugnación, pero entonces el tribunal conoce y aquí vienen las dificultades y el conflicto de competencia, ya no de un asunto de legalidad o de constitucionalidad, sino que se substituye en las facultades del Congreso local y empieza a revisar la documentación de los que aspiraban a ser considerados para elegirse consejeros.

¿Con qué facultades? ¿Dónde dice la ley que el tribunal podía entrar a ese proceso interno que sólo corresponde al Congreso del Estado de Yucacán? Y empieza a efectuar tareas ya no jurisdiccionales sino tareas que competen a la parte de facultades legislativas, dicho en términos amplios, del Congreso de Yucatán y eso es lo que impugna el Congreso de Yucatán; ya no en un terreno jurídico porque está agotada por lo menos la vía del tribunal, habría que explorar si dicen otras, pero esa impugnación, ese conflicto político se da por una invasión de competencia posterior a las resoluciones jurisdiccionales.

Le pido un minuto señor Presidente para concluir mi argumentación.

En consecuencia existe un acatamiento original del Congresos pero después existe una invasión por parte del tribunal de facultades del Congreso que es lo que objeta el Congreso y eso está en un terreno político que hay que decirlo incluso, hubo aquí una argumentación en el sentido de que era parecido a que un partido no quisiera acatar una resolución y declarara que su gobernador era el que había postulado, no es el mismo caso, porque aquí lo que está defendiendo el Congreso de Yucatán es el ejercicio de la soberanía que le corresponde de acuerdo al artículo 41 constitucional y tenemos dos órganos de poder del máximo nivel que defienden sus posiciones y que han entrado a un conflicto de carácter político.

Busquemos, como aquí se dijo, por el senador Rodríguez Prats, por el senador Demetrio Sodi, busquemos como políticos el ejercicio de una salida política porque estamos en un ámbito de enfrentamiento tal de máximo nivel de poder, que lo más sensato es que los políticos asumamos también una responsabilidad y juntos, creo que hay una coincidencia aquí de las fuerzas políticas representadas en esta Comisión Permanente de que se está en ese ámbito y que justamente en ese ámbito debe buscarse una solución sensata y razonable para el bien del pueblo yucateco y de la Federación mexicana.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado, hasta por cinco minutos.

El senador Javier Corral Jurado:

Con su permiso, señor Presidente:

Y en el ánimo no de concluir una discusión jurídica que habrá simple y sencillamente de trasladarse a donde está, entre el máximo órgano jurídico que en materia electoral determina la resolución de esos conflictos que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Simplemente para hacer una síntesis y podríamos decirlo así de nuestras posiciones y algunas aclaraciones debidas a lo que los antecesores en la tribuna han venido a señalar.

A mí me parece y con todo respeto se lo digo a don Eduardo Andrade, incluso desde el punto de vista estrictamente lingüístico gramatical, ya no digamos ni constitucional ni jurídico, no pueden existir dos máximos órganos de autoridad política en una materia de conflicto. No existen dos máximos órganos de autoridad; hay uno máximo y hay otras instancias.

Las instancias competentes a las que alude el artículo 99 de la Constitución son: obviamente, el órgano electoral, obviamente el Tribunal Electoral sí, pero el Congreso del Estado que es el que origina en un primer acto fundamental la organización del proceso porque da forma y vida a la integración del principal organismo que pone en marcha la elección precisamente para el desarrollo de ésta.

La facultad del Congreso del Estado de integrar el consejo electoral y el tribunal, es el primer acto de la organización de un proceso electoral en cualquiera de las entidades federativas y por lo tanto no se da esa contradicción que aparentemente nos pretende explicar el señor diputado Eduardo Andrade.

Pero creo que es bien importante y fundamental, lo digo con sinceridad, que no permita...

El Presidente:

Con su permiso, señor orador. Pregunta el diputado Ramírez Marín si acepta usted que le formulara una pregunta.

El senador Javier Corral Jurado:

Con mucho gusto señor diputado, como no.

El Presidente:

Tiene usted la palabra señor diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

Quiero preguntarle, ahora que usted ha afirmado, que el acto de nombrar el consejo es el primer acto de organización del proceso electoral, entiendo que tendría que estar dentro del proceso electoral, pero tengo una duda porque el Cofipe dispone en su artículo 174 que el proceso electoral se inicia con la primera sesión del consejo general e igualmente, el Código Electoral del Estado de Yucatán dice que el proceso electoral se inicia con la primera sesión del consejo electoral del Estado que no se ha integrado, no con la organización, no con la integración, sino con su primera sesión.

El senador Javier Corral Jurado:

Con mucho gusto. Voy a hacer una distinción que es muy importante porque creo que entre actores políticos, pues ya lo único que nos faltara es no saber distinguir el diseño, la organización de un proceso electoral y su inicio en el calendario de actividades.

Una cosa muy distinta en materia electoral es la organización. La ley, por ejemplo, diseña la organización del proceso electoral; el Congreso del Estado realiza un primer acto fundamental de organización del acto electoral, que son los órganos electorales, al integrarlos y luego, con toda claridad hay que decir, la ley determina cuándo se inicia en el calendario ese proceso electoral.

Por eso mismo, por ejemplo, en las atribuciones que le confiere la Constitución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la fracción IV, el último párrafo, hay una única excepción a esta competencia para resolver conflictos, dice así... y bueno, lo repito, que ya lo habrá señalado el diputado Fernando Pérez Noriega, es muy claro, dice: "esta vía, procederá me refiero a la competente a la facultad del tribunal para resolver conflictos e impugnaciones... esta vía procederá solamente, dice, cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos..."

Esto es, el Tribunal interviene precisamente para resolver el conflicto derivado en tiempo y forma de las impugnaciones que los partidos presentan ante la falta de una integración imparcial, legal, del órgano que va a desarrollar el calendario electoral.

Para nosotros es muy claro y aquí cabría una reflexión de carácter político en este sentido. Siempre nos hemos preguntado qué queremos hacer de nuestra transición política a la democracia; ahora que hemos construido y tenemos instituciones fundamentales, tribunales que en definitiva resuelven los conflictos electorales, ahora es cuando vamos a contrapelo de los vientos de la democratización del país y la instauración de la legalidad.

Tabasco y Yucatán, compañeros legisladores, han puesto algo de manifiesto que es obvio y que es evidente que no van a aceptar los cacicazgos locales, que no van a aceptar los autoritarismos desenfrenados, que incluso quieren volvernos a asustar con la leyenda negra del separatismo e incluso recurrir a términos de carácter mediático, emocional para buscar una confrontación de las entidades federativas con el diseño constitucional de Federación que hemos hecho, Pero señalo esto, con toda claridad Yucatán y Tabasco nos han mostrado el papel importante que en la transición mexicana a la democracia va a jugar el Poder Judicial de la Federación.

Debemos de celebrar que tengamos una instancia constitucional definitiva como arbitro de nuestra transición, que este tipo de problemas se resuelvan, independientemente de los contenidos de las resoluciones judiciales en órganos legalmente establecidos, constitucionalmente establecidos y que pueden decir, interpretar el derecho en forma definitiva precisamente para que el derecho gane el terreno que en otros tiempos ha tenido la calle, la manifestación pública, las manifestaciones diría yo, rupestres de defensa de la soberanía, cuando se abusa en términos de la defensa de la soberanías y se atenta contra los derechos de los ciudadanos.

El caso de Tabasco y Yucatán nos plantea a todos el imperio de la ley. No se puede venir aquí a reclamar respeto por un jurista reconocido como Burgoa, no se nos puede venir a decir que no descalifiquemos la opinión del señor licenciado Burgoa Orihuela, y sí se venga a descalificar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación integrado por varios juristas tan importantes o reconocidos como Burgoa, aquí hay un contrasentido. ¿Por qué hay un contrasentido y por qué hay un doble discurso? Porque es imbatible, porque es indiscutible la competencia, en primer lugar.

Segundo, porque es indefendible la posición y el desacato del Congreso del Estado de Yucatán, por eso, porque hay un desacato contumaz, está plagado de contradicciones el discurso de la defensa en este caso.

Acción Nacional seguirá exigiendo que prevalezca y que privilegiemos el derecho y que en Yucatán, para nosotros es claro, existen dos consejos electorales; uno espurio, nacido de una voluntad caprichosa, confundida con una defensa falsa de la soberanía estatal y otro dotado de la legalidad, de la legitimidad, construido por el esfuerzo y la lucha democrática de haber llevado a la Constitución en 1998, como lo hicimos todos los partidos políticos en la reforma electoral, me refiero en el artículo 98 de la Constitución, la definitividad de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Acatar el derecho es una de las tareas más difíciles, concordar con él no, porque puede ser muy discutible en los contenidos jurídicos, pero hay que tomar la decisión o conducimos la transición democrática mexicana por la vía del derecho o permitimos esas manifestaciones rupestres, anticuadas, obsoletas de defensa de supuestas soberanías estatales que quieren pisotear la Constitución y lo que nos ha costado a los mexicanos mucho tiempo construir.

Por la atención muchas gracias, señores legisladores.

El Presidente:

Gracias, senador Corral Jurado.

Tiene el uso de la palabra para responder a alusiones personales, el diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez:

Con su permiso, señor Presidente:

Yo quisiera en primer término refutar la idea de que pudiéramos estar condenando al Tribunal Electoral o no reconociéndole la autoridad que tiene. En mi caso particular, lo recordarán algunos compañeros en la legislatura anterior, personalmente defendí la autoridad y la razón que tenía el Tribunal Electoral justamente en uno de los casos que aquí ha salido, cuando la asignación de diputados plurinominales en el Estado de Yucatán.

157,158,159

Lo que establezco, sin ningún doble discurso en consecuencia, sino haciendo el análisis jurídico de cada caso, es que efectivamente acciones concretas que ha tomado el tribunal han generado un conflicto frente a lo que por otra parte es la legítima, la justificada defensa de la soberanía estatal y no comparto el punto de vista de que no puedan existir dos órganos que tengan una supremacía en distintos ámbitos, porque efectivamente lo que existe es una Constitución Federal y la naturaleza de la Federación es precisamente ésa: que hay los poderes de la Federación, como lo dice nuestra Constitución, a través de los cuales ejerce su soberanía el pueblo mexicano y los poderes de los estados, a través de los cuales ejerce su soberanía el Estado.

Es cierto que hay a nivel federal un poder garante de la constitucionalidad que se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo para revisar la constitucionalidad de las leyes o de actos de las autoridades, pero si no hay, por ejemplo, una violación constitucional, es evidente que pongamos por caso la designación de un gobernador interino por un Congreso estatal, está dentro del máximo ámbito de soberanía de ese Estado y si pretende la Federación de una manera que no considere legítima el Estado, impugnar o violentar u obstaculizar ese acto, estamos en presencia de un conflicto, efectivamente, entre dos órganos de su máxima capacidad de poder en su respectivo ámbito. Precisamente en eso consiste la naturaleza de una Federación.

Yo controvierto también la idea de que el acto fundacional, dijo bien el señor senador Corral, el acto fundacional de una determinada situación jurídica forme parte del proceso que surge de esa situación jurídica. Es evidente que hay diferencias claras de actos. Por ejemplo, lo que son actos del poder constituyente fundacionales y los actos de los poderes constituidos y el acto fundacional de designación que hace el órgano supremo soberano u órganos de poder federales o estatales, cuando se trata por ejemplo de organismos electorales, fundan el proceso pero no forman parte de él.

Si admitiéramos la tesis que aquí se manejó, entonces fíjense lo que ocurriría: la Suprema Corte de Justicia quedaría sometida a la jurisdicción del tribunal electoral y les voy a decir por qué.
La Suprema Corte de Justicia tiene facultades para proponer a los integrantes magistrados del Tribunal Electoral, se los propone al Senado. El Senado los designa. Si el proceso de designación fundacional de un órgano que sí tiene facultades electorales, como el tribunal, fuera parte del proceso, la propuesta de la Suprema Corte al Senado sería impugnable y revisable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, lo cual constituye una aberración.

Tan está consciente el tribunal electoral, que si revisan ustedes el fallo de hoy, del día de hoy emitido en el caso de Tabasco, dice el Tribunal... el fallo emitido el día de ayer, pero publicado el día de hoy, dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no puede, que no tiene competencia para juzgar del acto de nombramiento del gobernador interino, porque ése no es un acto electoral, aunque en la Constitución del Estado de Tabasco diga que se erige el Congreso en colegio electoral. ¡Claro que tiene razón el tribunal!, no es un acto electoral; es un acto que tiene que ver con la capacidad de nombramiento que tienen los congresos y precisamente dice el tribunal: los actos que no tienen que ver directamente con el proceso electoral, no están sometidos a su jurisdicción.

Está planteando un doble criterio el tribunal, insisto, no pongo en duda su autoridad como máximo órgano jurisdiccional, pero tenemos derecho a plantear inconsistencias jurídicas y argumentos razonables para demostrar por qué consideramos que se está en esta situación irregular el tribunal tiene razón cuando dice que el acto que no tiene que ver directamente con el proceso electoral, no es de su competencia.

Y suponiendo que el acto fundacional tenga la naturaleza, señor Presidente, si me permite 30 segundos, suponiendo que el acto fundacional que aquí se mencionaba, tuviera relación con el proceso electoral, ésta sería indirecta, porque de él surgiría el proceso electoral; si no hay relación directa, evidentemente no se sostiene la competencia del tribunal electoral.

Es todo, muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias diputado Andrade Sánchez.

Honorable Asamblea, sobre este tema han hecho uso de la palabra: el senador César Jáuregui Robles, el diputado Jaime Cervantes Rivera, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, el senador César Camacho Quiroz, el senador Juan José Rodríguez Prats, el diputado Alejandro Zapata Perogordo, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, el diputado Fernando Pérez Noriega, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, el senador Demetrio Sodi de la Tijera, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, el diputado Fernando Pérez Noriega, el diputado Eduardo Andrade Sánchez, el senador Javier Corral Jurado y el diputado Eduardo Andrade Sánchez.

Se ruega a la Secretaría consultar a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el asunto.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido los comentarios sobre el asunto de Yucatán.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los señores legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad por suficientemente discutido, señor Presidente.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente:

Estando suficientemente discutido el asunto y pasando al siguiente tema, tiene el uso de la palabra, la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, para presentar en nombre de todos los grupos parlamentarios, una proposición con punto de acuerdo sobre los hechos ocurridos en el Estado de Chihuahua.

La senadora Sara Isabel Castellanos
Cortés:

Con su permiso, señor Presidente:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LVIII Legislatura.- Partido Verde Ecologista de México.
Punto de acuerdo relativo al atentado sufrido por el gobernador del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez, presentado por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en la Comisión Permanente.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Los senadores y diputados que integran la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ponemos a consideración el siguiente punto de acuerdo fundado en los siguientes:

HECHOS


En la mañana de hoy el gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez sufrió un atentado contra su vida por tres sujetos que penetraron al Palacio de Gobierno. Evidentemente es un hecho reprobable por todos los integrantes de esta Comisión Permanente y para la misma sociedad mexicana.

Por lo anterior, ponemos a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO


Artículo único. Consideramos los hechos de violencia sucedidos en el Estado de Chihuahua, en que se atentó contra la vida del gobernador del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García.

Exigimos que los órganos competentes realicen la investigación correspondiente para aclarar debidamente los hechos y castigar a los culpables.

Los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del país no permitiremos que ninguna actitud criminal, cualquiera que fuese sus motivaciones, enrarezcan el clima de convivencia en el país y deteriore el estado de derecho.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de enero de 2001.- Rúbricas.»

Es todo, señor Presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, senadora Castellanos Cortés.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.

El secretario diputado Adrián Rivera Cortés:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad por urgente y obvia resolución, señor Presidente.

El Presidente:

Considerada de urgente resolución está a discusión la proposición.

Tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes Rangel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:

De manera muy breve, señor Presidente:

Sólo para ratificar la plena solidaridad del grupo parlamentario del PRI con Patricio Martínez, un hombre que se ha evidenciado en su actitud como gobernante, como un ser humano prudente, serio, responsable, comprometido con Chihuahua y exhortar a las fuerzas políticas en el Estado de Chihuahua, que esta circunstancia no altere el ambiente de convivencia democrática que ha caracterizado el ejercicio del gobernador Patricio Martínez a quien le deseamos pronto restablecimiento y su reintegración a la normalidad de sus actividades institucionales.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada Paredes Rangel.

Tiene el uso de la palabra el senador Diego Fernández de Cevallos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

El senador Diego Fernández de Cevallos Ramos:

Señoras y señores:

Los diputados y senadores de Acción Nacional que formamos parte de esta Comisión Permanente, nos sumamos decididamente y formamos parte de este punto de acuerdo con la indignación que sentimos profunda por un atropello cobarde, inmoral, perverso que no podemos tolerar.

Todos los mexicanos tenemos aún abierta esa herida profunda de marzo de 1994, herida que no cierra y que no podrá cerrar y antes que cualquier otra consideración, está para nosotros el exigirnos todos los mexicanos el apostar al orden, a la paz, al derecho, a la justicia para poder vivir como seres humanos y prosperar en ese ámbito que de justicia, de paz y de legalidad poco a poco vamos construyendo.

Sin duda esta noticia interrumpe los trabajos de esta Comisión Permanente y esta noticia nos debe doler profundamente a todos los mexicanos por la brutalidad del acto, por su cobardía, porque todos debemos de sentirnos en este momento, heridos por esa bala y sólo en esa perspectiva podemos enfrentar la violencia y la cobardía de sus autores materiales e intelectuales.

Por ello exigimos a las autoridades de Chihuahua y a las autoridades federales, que nos den a todos los mexicanos una pronta respuesta con la ley y con el derecho para que no sea otro crimen más que cubra la impunidad.

Gracias.

160,161,162

El Presidente:

Muchas gracias, senador Fernández de Cevallos.

Tiene el uso de la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El diputado Demetrio Javier Sodi de la
Tijera:

Con su permiso, Señor Presidente:

También en forma muy breve, a nombre de los legisladores y legisladoras del PRD, condenamos este acto de vandalismo, este acto de violencia y estar conscientes todos de que amenazas reales para impedir el tránsito pacífico nacional por la democracia, hay enemigos reales que están dispuestos a cualquier cosa para sabotear este proceso que se está llevando a cabo en México.

Por eso hoy más que nunca el pronunciamiento de esta Permanente y seguramente de todos los grupos parlamentarios de todos los grupos políticos condenando este acto es una muestra de unidad, una muestra de compromiso y el trabajo que tenemos que hacer todos para garantizar que, a pesar de que existe gente decidida a impedir esta transformación política pacífica, son mucho más fuertes las fuerzas nacionales que garantizaremos este cambio político nacional.

Condenamos el acto y hacemos votos porque pronto se restablezca el gobernador y siga trabajando por el bien del país.

Gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, senador Sodi de la Tijera.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutida la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad a favor de suficientemente discutida, señor Presidente.

El Presidente:

Está lo suficientemente discutida... Sírvase la Secretaría proceder a recoger la votación en forma económica.

El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad a favor de la proposición, señor Presidente.

El Presidente:

Queda aprobada la proposición.

PETROLEO

El Presidente:

Para procesar el siguiente tema, tiene la palabra, para hacer comentarios sobre la política petrolera del Estado mexicano, el senador Serafín Ríos Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

El senador Serafín Ríos Alvarez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy, en la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en Viena, están discutiendo la reducción de la oferta mundial del petróleo crudo, que pudiera ser hasta por 1.5 millones de barriles diarios, con la finalidad de estabilizar los precios a nivel de 25, 27 dólares por barril, en la canasta de estos productores, lo que pudiera significar para la mezcla del petróleo mexicano promedios similares a los 20 dólares por barril.

Para nuestro país las decisiones que se pudieran tomar en la OPEP adquieren una gran significación, pues de ellas depende ni más ni menos que el equilibrio presupuestal de la Federación y el papel que México jugará en los equilibrios internacionales, específicamente dentro del estratégico mercado de hidrocarburos, el cual es un factor determinante de los ritmos de desenvolvimiento de la economía mundial.

Hay que recordar que México es uno de los principales exportadores de petróleo y, se quiera o no, el mercado y los principales actores en el mundo le atribuyen una gran responsabilidad a su comportamiento en esta materia.

El posicionamiento en los últimos días que ha reiterado el secretario de Energía, Ernesto Martens, en el sentido de que México puede aumentar su exportación en 200 mil barriles diarios, justamente cuando los precios internacionales se debilitan por ampliación de la sobreoferta existente y de retrasar la decisión de México rexpecto del recorte de la exportación petrolera que la OPEP está tratando de instrumentar, implica en los hechos que nuestro país pierde la iniciativa que había sostenido desde 1998 en la ordenación del mercado petrolero internacional.

Tal posicionamiento puede construir un cambio en la política de exportación petrolera, que de concretarse ocasionaría un grave perjuicio para la economía del país y para los cursos internacionales del petróleo e indicaría que el nuevo Gobierno habría cedido finalmente a las presiones del gobierno estadounidense en esta materia.

La caída de los precios internacionales en 1998 obligó al Gobierno mexicano a participar por primera vez, junto con la OPEP, en el control del mercado internacional. Entre 1998 y 1999 México retiró 325 mil barriles diarios del mercado, en un esfuerzo que llevó a los países exportadores miembros de la OPEP y de fuera de este organismo a reducir la oferta diaria de 3.4 millones de barriles. Lo que permitió que la mezcla de crudo mexicano pasara de ocho a casi 30 dólares por barril.
Para ello fue necesario que el Secretario de Energía y el director general de Pemex se comprometieran en una gran concertación, poniendo en pie un mecanismo muy intenso de consulta entre Arabia Saudita, Venezuela y México, donde cada uno de estos países actúe en lo individual desplegando un gran esfuerzo diplomático que permitiera hacer confluir las decisiones de la OPEP con las de grandes exportadores como Noruega o aún atenuar las presiones de los Estados Unidos.

El crecimiento experimentado por la economía mundial y especialmente la de los Estados Unidos, llevó a aumentar moderadamente la demanda de petróleo durante el año pasado de 2.6% hasta llegar a 76.3 millones de barriles.

Sin embargo, ese comportamiento impulsó la oferta hasta de 6.5%, pasando de 74 millones de 1999 a 78.9 millones en noviembre pasado.

De hecho el Instituto Americano de Petróleo señala que por primera vez las refinerías están trabajando al 92% de su capacidad y que la oferta de destilados y de aceites para calefacción en Estados Unidos reportan excedentes suficientes para enfrentar el invierno, por lo que el abasto de petróleo crudo no es la causa de crecimiento de los precios al consumidor, como si lo es la especulación y los altos impuestos que se cobran en los países consumidores.

La presión de los grandes consumidores para los exportadores aumentaron su producción y bajaron los precios. Dio resultado y así se incorporaron diariamente 4.8 millones de barriles adicionales al mercado durante el año pasado. Ese aumento resultó excesivo y ya para diciembre comenzó a registrarse una caída muy acelerada de los precios internacionales, como lo muestra el caso del petróleo mexicano que para los primeros días de este mes, es decir, en menos de un mes, ya había perdido cerca del 50% del valor que tenía acumulado desde 1988.

Para este año se configura una situación diferente para el mercado mundial del petróleo. Básicamente por el menor crecimiento de la economía mundial, lo que obligará a reducir relativamente la oferta y a buscar los equilibrios de precios que permitan mantener la estabilidad tanto de consumidores como de los países exportadores.

Estos equilibrios para México deben significar una banda de precios de los principales mercados, cuyo nivel mínimo no sea inferior a los 25 dólares, lo que representaría precios de 18 a 20 dólares en promedio para nuestro país.

De hecho se estima que para poder contener la caída de los precios los exportadores deberán retirar del mercado 2.5 millones de barriles diarios de petróleo, lo que implicaría que Pemex, al contrario de lo que ha sostenido el secretario Martens, deje de exportar alrededor de 150 mil barriles diarios para conservar un precio equilibrado de entre los 18 y los 20 dólares por barril.

Para lograr este objetivo es de la mayor importancia que el nuevo Gobierno actúe con claridad y oportunidad, retomando la iniciativa de orientación del mercado junto a los demás países exportadores.

A partir del Pacto de Riat, México había tomado la iniciativa de dar a conocer de manera anticipada el aumento o recorte de su exportación con la finalidad de acentuar su posición. La decisión que ahora ha adoptado la Secretaría de Energía de esperar el resultado de la OPEP y de que en su decisión estará presente la evolución de la economía mundial y en particular de los Estados Unidos, es inusitada y los mexicanos nos preguntamos: ¿dónde quedó el interés mexicano?

Declaraciones de este tipo no se le escucharon ni al anterior secretario de Energía Luis Téllez, a quien se consideraba proclive a los Estados Unidos, la posición del actual Gobierno es un movimiento de rezago que fragiliza no sólo la posición del Gobierno mexicano frente a los Estados Unidos pues los separa del resto de los exportadores, sino que debilita también a los demás exportadores y vuelve hacer aparecer a México como esquirol de la OPEP, incluso la pérdida de iniciativa de la diplomacia petrolera mexicana está en contrasentido de lo que se prefiguraría como una política exterior más activa del gobierno.

Para México, si el precio de su petróleo se ubica en 15 dólares en promedio anual, llevaría a agotar prácticamente el fondo de estabilización de ingresos petroleros constituido con los recursos adicionales del año pasado y eventualmente conduciría a restricciones en el ejercicio presupuestal e incluso recortes del mismo.
Por esa razón es inaceptable la postura del Gobierno de declinar la iniciativa que había mantenido en los últimos años para defender los precios del petroleo.

Es urgente que la Secretaría de Energía modifique su postura, que se defina un nivel de recorte a la exportación petrolera de nuestro país que acompañe adecuadamente las medidas que en este sentido tomen los países exportadores y se garantice una coordinación suficiente a fin de mantener la disciplina que requiere el mercado mundial para encontrar un equilibrio de precios remuneradores.

En los tiempos actuales del país, es indispensable que los avances de la democracia en lo político, también lleguen al ámbito económico, se deseche la discrecionalidad y el autoritarismo en la toma de decisiones estratégicas que pueden afectar al presente y futuro de todos los mexicanos, se dé curso en los hechos a compartir la toma de decisiones entre el Ejecutivo y el Legislativo; de otro modo, no sirve de nada que la Cámara de Diputados vote un presupuesto que se funda en la estimación de una variable como lo es el precio del petroleo y después el Ejecutivo Federal tome acciones que de manera discrecional afecten su evolución.

La política petrolera de México y de manera específica la plataforma de exportación por su importancia en las finanzas públicas, en la relación con los Estados Unidos y en la indispensable preservación de los recursos estratégicos y no renovables que implica, debe constituirse en una veredadera política de Estado, ello significa fundamentalmente que en su concepción y determinación participen juntos el Poder Ejecutivo y Legislativo de tal forma que reúna al más amplio consenso nacional, se eviten los bandazos y se fortalezca al Gobierno en turno frente a las ineludibles presiones externas.

Desde aquí, como en otras ocasiones la fracción parlamentaria de mi partido, invita a los demás grupos parlamentarios para que juntos podamos votar un punto de acuerdo donde esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Presidente de la República para que asuma con toda claridad la defensa de los precios de nuestro petróleo, lo que significa en este momento la coordinación con los demás países exportadores para reducir la oferta y poder estabilizar los mercados internacionales, así como invitar al secretario de Energía, Ernesto Martens, a comparecer ante la Comisión Tercera de este órgano legislativo para discutir los presentes planteamientos, así como informar sobre la Asamblea Cumbre de sus Resolutivos en esta reunión de la OPEP al cual asiste como observador.

Muchas gracias.

El Presidente:

No habiendo quien más haga uso de la palabra sobre este tema, se ruega a la Secretaría dé cuenta del orden del día,

ORDEN DEL DIA

La secretaria senadora Lidia Madero García:

Se han agotado los asuntos en cartera señor Presidente. Se va dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día


Miércoles 24 de enero de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación


Del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Oficios de la Secretaría de Gobernación


Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el embajador Andrés Leopoldo Valencia Benavides, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Colombia. (Turno a comisión.)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y la cancelación de permisos otorgados. (Turno a comisión.)

Con el que se remiten 13 hojas de servicios de miembros de la Armada de México, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Dictamen de primera lectura


De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Genaro Sánchez Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Perú.

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta»

Es todo, señor Presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 15:30 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 24 de enero a las 11:00 horas.

163,164,165,166


RESUMEN DE TRABAJOS


* Tiempo de duración: 4 horas.

* Quorum a la apertura de sesión: 31 legisladores.

* Minutos de silencio: 2.

* Proposición con punto de acuerdo: 2.

* Puntos de acuerdo aprobados: 2.

* Agenda política: 2.

* Oradores en tribuna: 26
PRI-8; PAN-7; PRD-7; PVEM-3; PT-1.

Se recibió:

* 13 comunicaciones de los congresos de los estados de: Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Morelos y San Luis Potosí;

* 1 oficio de la Cámara de Senadores;

* 1 comunicación de las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados;

* 1 oficio de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Protección al Ahorro Bancario;

* 1 iniciativa del Congreso del Estado de Durango;

* 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designó a igual número de ciudadanos como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México ante los gobiernos de Argentina y Suecia, respectivamente;

* 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designó representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

* 4 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, designó a igual número de ciudadanos como cónsules generales de México en diversas partes;

* 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que un ciudadano, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno extranjero;

* 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita los permisos constitucionales necesarios para que 21 ciudadanos, puedan prestar sus servicios a representaciones diplomáticas y la cancelación de 20 permisos otorgados.

Se aprobó:

* 1 dictamen de la Segunda Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero de 2001, para participar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza y realizar visitas de trabajo a Frankfurt, Alemania y Milán, Italia.

 

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)

* Andrade Sánchez, Justino Eduardo (PRI) en dos ocasiones

                                            Tema

Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.

* Camacho Quiroz, César (PRI) Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Castellanos Cortés, Sara Isabel (PVEM) Horario de Verano, respecto a la implementación de dicho horario.
* Castellanos Cortés, Sara Isabel (PVEM) Estado de Chihuahua, proposición con punto de acuerdo sobre el atentado efectuado el día de hoy, en contra del gobernador del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García.
* Cervantes Rivera, Jaime (PT) Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Corral Jurado, Javier (PAN) Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Espadas Ancona, Uuc-kib (PRD) en tres ocasiones Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Fernández de Cevallos Ramos,
Diego (PAN)
Estado de Chihuahua, sobre el atentado efectuado el día de hoy, en contra del gobernador del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García.
* Gil Elorduy, José Ernesto (PRI) República de El Salvador, proposición de punto de acuerdo para manifestar la solidaridad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con el pueblo de la República de El Salvador, respecto a los daños sufridos por el terremoto sufrido el pasado 13 de enero.
* Jáuregui Robles, Sergio César
Alejandro (PAN)
Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Moctezuma Lule, María Cristina (PVEM) .Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Paredes Rangel, Beatriz Elena (PRI) Estado de Chihuahua, sobre el atentado efectuado el día de hoy, en contra del gobernador del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García
* Pérez Noriega, Fernando (PAN) en dos ocasiones Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI) en dos ocasiones Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Ríos Alvarez, Serafín (PRD) Petróleo, sobre la política petrolera del Estado mexicano.
* Rodríguez Prats, Juan José (PAN) Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Sánchez Carreño, Miguel Sadot (PRI) República de Chile, proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que realice la investigación acerca del fallecimiento de María Rosario Avalos, durante el régimen militar de Augusto Pinochet, en la República de Chile.
* Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD) Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.
* Sodi de la Tijera, Demetrio (PRD) Estado de Chihuahua, sobre el atentado efectuado el día de hoy, en contra del gobernador del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García.
* Tamayo Morales, Martha (PRI) Antonio Martínez Báez, respecto al fallecimiento del ex legislador michoacano.
* Tapia Medina, María del Rosario (PRD) Horario de Verano, respecto a la implementación de dicho horario, presenta proposición de punto de acuerdo.
* Zapata Perogordo, Alejandro (PAN) Estado de Yucatán, sobre la situación política en dicha entidad.

166,167, 168

 

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

AC Asociación Civil
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
D.F. Distrito Federal
Fameval Fondo de Apoyo al Mercado de Valores
Fobaproa Fondo Bancario de Protección al Ahorro
Fovi Fondo de Operación y Fomento Bancario de la Vivienda
IPAB Instituto de Protección al Ahorro Bancario
IVA Impuesto al valor agregado
OPEP Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo
PAN Partido Acción Nacional
Pemex Petróleos Mexicanos
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
Profeco Procuraduría Federal del Consumidor
Promex Banca de la Provincia Mexicana
Udis Unidades de inversión
UE Unión Europea
UNESCO Organización Educacional, Científica y Cultural, de Naciones Unidas (por las siglas en inglés)