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Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se pide a las señoras diputadas y
diputados que no hayan registrado su firma, pasar a la mesa que se encuentra en el
vestíbulo para tal efecto.
Se informa a la Presidencia que existen registrados 350 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
| El
Presidente (a las 11:05 horas): |
Gracias, señorita Secretaria.
Se abre la sesión.
Solicito a todos, las señoras y los señores diputados, ocupar sus lugares y a los
compañeros de los medios de comunicación pasar al palco de prensa, por favor.
ORDEN DEL DIA
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 5 de septiembre de 2000
Lectura del acta de la sesión constitutiva.
Comunicaciones
Del Congreso del Estado de Baja California, en la que se transcribe Punto de Acuerdo
relativo a la Ley que Crea el Renave. (Turno a comisión.)
Del Congreso del Estado de Coahuila, en la que se transcribe Punto de Acuerdo, relativo a
la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley de Ingresos de la Federación para el
2001. (Turno a comisión.)
Oficios de la Comisión Permanente.
Oficios de la Cámara de Senadores
Por el que se comunica la elección de mesa directiva que conducirá los trabajos durante
el periodo del 1o. de septiembre de 2000 al 31 de agosto de 2001, correspondiente al
primer año de ejercicio constitucional.
Por el que comunica la protesta de ley de los senadores a la LVIII y LIX legislaturas.
Por el que comunica la integración de las comisiones de cortesía.
Iniciativas de diputados
De reformas y adiciones a la Ley del Registro Nacional de Vehículos, a cargo de la
diputada María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
De reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a
cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Iniciativa
De decreto que adiciona disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto sobre la Renta,
presentada por el senador Arturo Nava Bolaños, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Minutas
Con proyecto de Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de conformidad con el
inciso e del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Turno a comisión.)
Con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y el Código Penal Federal, de conformidad con el inciso e del artículo 7o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Solicitudes de particulares
De la ciudadana Lina María del Rosario Ramella Osuna, para que se le conceda el permiso
constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de
la República Italiana, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Italia.
(Turno a comisión.)
Del ciudadano Adrián Franco Zevada, para que se le conceda el permiso constitucional
necesario para prestar servicios como asesor jurídico en las embajadas de las repúblicas
de: Chile y Sudáfrica en México. (Turno a comisión.)
Posicionamiento de los partidos con representación en la Cámara de Diputados, en
relación al inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura.
Proposición
Proposición con punto de acuerdo en relación a las cajas de ahorro, a cargo del diputado
José Delfino Garcés Martínez, de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática.
Agenda política
Posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre cajas de ahorro. (Debate pactado.)»
ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se va a dar lectura al acta de la
sesión constitutiva.
«Acta de la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
correspondiente a la Quincuagésima Octava Legislatura.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cuarenta y dos minutos
del martes veintinueve de agosto de dos mil, el Secretario General, Fernando Franco
González Salas, informa de que cuenta con la documentación relativa a los diputados
electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de
los legisladores que integran la Cámara y la identificación de la antigüedad en cargos
de legislador federal de cada uno de ellos, y menciona por su nombre a los siguientes
diputados federales electos: presidente, Augusto Gómez Villanueva; vicepresidentes, Hilda
Josefina Amalia Anderson Nevárez, María Elena Alvarez Bernal y Héctor Sánchez López,
y como secretarios: Luis Priego Ortiz, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco y Rafael
Rodríguez Barrera; a quienes corresponde integrar la Mesa de Decanos, y solicita que
ocupen sus lugares en el presidium.
|
Presidencia
de la Mesa de Decanos
Augusto Gómez Villanueva |
El Presidente ordena la
comprobación del quorum y uno de los secretarios informa que están presentes
cuatrocientos ochenta y seis diputados electos. Se abre la sesión a las doce horas con
treinta y tres minutos.
La Secretaría da lectura al orden del día y de inmediato, el Presidente de la Mesa de
Decanos, puesto de pie, dice:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
diputado a la Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de Presidente de la
Mesa de Decanos de la Cámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
Unión".
"Si así no lo hiciere, que la nación me lo demande."
Inmediatamente, puestos todos de pie, pregunta:
"¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
diputado a la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo
les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
Los diputados electos presentes, contestan:
"Sí, protesto".
El Presidente de la Mesa de Decanos, contesta:
"Si no lo hacen así, que la nación se los demande".
Se lleva a cabo la elección de mesa directiva y después de realizados el escrutinio y
cómputo correspondientes, resultando ganadora por cuatrocientos sesenta y siete votos la
plantilla integrada por los siguientes diputados: presidente Ricardo Francisco García
Cervantes; vicepresidentes, Eloy Cantú Segovia, Eric Eber Villanueva Mukul y María Elena
Alvarez Bernal; secretarios, José Manuel Medellín Milán, Bernardo Borbón Vilches y
Alma Carolina Viggiano Austria. El Presidente de la Mesa de Decanos hace la declaración
correspondiente e invita a los diputados electos a tomar sus lugares.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
El Presidente, declara:
"La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
correspondiente a la Quincuagésima Octava Legislatura, se declara formalmente constituida
para el desempeño de sus funciones."
Y cita a la sesión de Congreso General el viernes primero de septiembre a las diecisiete
horas y a la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el martes cinco de
septiembre a las diez horas.
Puestos todos de pie, se entona el Himno Nacional Mexicano.
Se designan las comisiones protocolarias y de cortesía y agotados los asuntos del orden
del día, el Presidente cierra la sesión constitutiva a las catorce horas con siete
minutos, citando para la sesión de Congreso General que se llevará a cabo el viernes
primero de septiembre de dos mil, a las diecisiete horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba el acta leída.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor
Presidente, ha sido aprobada el acta que ha sido leída.
Muchas gracias.
DIPUTADO QUE TOMA PROTESTA
Se encuentra a las puertas de este
recinto el diputado electo Arturo Herviz Reyes, de la tercera circunscripción.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley
para entrar en funciones, a la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez y al diputado Pedro
Miguel Rosaldo Salazar.
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Se pide a la comisión cumplir con
este encargo.
(La comisión cumple con su cometido.)
Se invita a todos los presentes a ponerse de pie.
Señor Arturo Herviz Reyes:
¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
diputado a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo le ha conferido,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
| El diputado
Arturo Herviz Reyes: |
Sí, protesto.
Si así no lo hiciere, que la
nación se lo demande.
¡Felicidades, señor diputado!
Continúe la Secretaría.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Gracias, señor Presidente.
Comunicaciones.
«Escudo.- Poder Legislativo de Baja California.- XVI Legislatura.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presente.
Por este conducto nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión extraordinaria
celebrada el día 10 de agosto del año en curso por la XVI Legislatura constitucional del
Estado de Baja California, se aprobó el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Solicitar a la
LVIII Legislatura Federal que iniciará su gestión el 1o. de septiembre del año 2000,
que abrogue la Ley que crea el Renave.
Segundo. Túrnese a las legislaturas de los estados de la República, para que
elaboren puntos de acuerdo, en términos similares. (Se anexa fotocopia del punto de
acuerdo).
Agradeciendo la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad
para reiterar nuestra consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 14 de agosto de 2000.- Diputados Jaime Jiménez Mercado, presidente; David
Rubalcaba Flores, secretario.»
«Diputado Jaime Jiménez Mercado, presidente de la mesa directiva del Sexto Periodo
Extraordinario del Congreso del Estado de Baja California.
Honorable Asamblea: en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 28 en su fracción I y
36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en
correlación con los artículos 114, 115 y 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Baja California, los suscritos, diputados de esta honorable soberanía,
proponemos iniciativa de acuerdo económico en relación a la Ley Federal de Registro de
Vehículos, todo esto bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El sistema de gobierno se sustenta en el
principio de soberanía, en virtud del cual sólo al pueblo le corresponde su residencia y
ejercicio, mediante el sufragio en las elecciones ordinarias.
Los diputados, como representantes del pueblo, asumimos el mandato popular bajo el imperio
político de ser la voz de los electores para la toma de decisiones que permiten un
equilibrio en las relaciones sociales y gubernamentales.
El deber de los diputados consiste en una de sus fases en la visión, estructuración,
conformación o modificación del orden jurídico, así como en la gestión de las
demandas ciudadanas generales y de interés colectivo cuya fundamentalidad genera y
acarrea el bien común.
Por el elevado principio de orden, los legisladores estamos comprometidos no sólo a
procurarlo, sino a materializarlo, demandarlo y gestionarlo ante las autoridades
competentes.
Por ello, hoy nos ocupa un tema y proposición, delicada jurídicamente pero necesaria e
insoslayable en lo social y político.
Nos compete también una definición y reorientación de los postulados que rigen los
fines mismos del Gobierno, en cuanto a su necesaria cooperación, armonía y
coordinación, fundamentos torales de la columna vertebral de división de poderes.
Hemos establecido que el gobierno en su conjunto, debe ser solidario y subsidiario con las
necesidades sociales de los ciudadanos.
Bajo nuestra tradición pujante en lo parlamentario, hemos pugnado por la simplificación
administrativa, que significa la prestación de servicios o trámites gubernamentales de
forma tal que no perturben el ánimo de los ciudadanos.
La simplificación administrativa implica también la necesaria existencia de una
autoridad para cada materia, condición que debe alejar la dispersión de facultades entre
diversos órdenes de autoridad, ya que ello, genera la sobreregulación y la confusión y
cansancio para el cumplimiento de los más elementales deberes ciudadanos.
El Registro Federal de Vehículos, como modelo histórico, desapareció formalmente en
1989 a partir de las necesidades para no duplicar esfuerzos entre la Federación y el
Estado, condición que hoy es restablecida y reflejada en la Ley del Registro Nacional de
Vehículos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 1998, misma
que fue decretada por el Congreso de la Unión el 19 de abril de 1998.
La ley aludida, bajo una consideración sumaria de su contenido, previene las siguientes
bases normativas:
El ordenamiento "tiene por objeto crear y regular el: Registro Nacional de Vehículos
y es de observancia general en todo el territorio nacional". Condición que se
abstiene de prever que las entidades federativas ostentan especies de registros para
vehículos, que implican la estructuración de procedimientos para el ejercicio del
derecho al transito para la circulación de vehículos dentro de sus territorios. Por
esto, el precepto general antes invocado no guarda congruencia con las disposiciones y
regulaciones de las entidades federativas, situación que perturba el pacto federal,
atenta contra la; libertad y soberanía de los estados y produce perjuicios a los
ciudadanos de éstos.
En su artículo 3o. la ley en referencia dispone que, corresponde su aplicación al
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Así
entonces, destaca este mismo precepto que, para la correcta operación del registro, la
Secretaría tiene facultades para:
I. Establecer las reglas a que se sujetará la recepción, almacenamiento y transmisión
de la información del registro y, en general, la operación, funcionamiento y
administración del servicio publico que preste;
II. Operar y, en su caso concesionar y regular la operación del registro;
III. Vigilar la debida aplicación de los precios, tarifas y contraprestaciones
establecidas en ley de derechos relativas a la prestación del servicio público del
registro;
IV. Celebrar convenios de coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito
Federal, a fin de facilitar la cobertura del registro, procurar su buen funcionamiento y
efectuar intercambio de información;
V. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las actividades
de cooperación con otros países para el intercambio de información relacionada con el
registro;
VI. Coadyuvar con el sistema nacional de seguridad publica para el cumplimiento de sus
objetivos;
VII. Verificar el cumplimiento de esta ley, y en su caso, sancionar las infracciones a la
misma y
De las anteriores facultades de la Secofi, se destacan las siguientes premisas:
El precepto facultativa no respeta la autonomía de los estados y no favorece con claridad
los mecanismos de coordinación intergubernamental.
El precepto permite la concesión de un servicio gubernamental cuya orientación jurídica
en cuanto al manejo de las concesiones, implica la asunción por particulares de
información administrativa al servicio y manejo de los gobiernos.
El numeral no enfatiza obligaciones ciudadanas, privadas o particulares que equilibren las
facultades de la autoridad establecida o de los concesionarios.
En cuanto, a la facultad y necesidad de la Federación, para celebrar convenios de
coordinación con los gobiernos estatales, a fin de facilitar la cobertura del registro,
procurar su buen funcionamiento y efectuar intercambio de información; lo cual también
implica la existencia de bases de cooperación entre Federación y Estado para efectos de
no duplicar los trabajos de ambos ámbitos de autoridad. Es claro, evidente y ostensible
que tanto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como los concesionarios
escapa la intención, posibilidad y pretensión para dar vigencia y efectivo cumplimiento
a esta disposición legal, condición que perturba la eficacia de la ley y ha generado
incertidumbres y el malestar de la población en general y de la sociedad organizada.
Precisando funciones, el Registro Nacional de Vehículos según el artículo 5o. de la
referida ley, establece que:
La operación del registro es un servicio público a cargo de la Secretaría, y tiene como
fines la identificación de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan
en el territorio nacional, así como la de brindar el servicio de información al
público.
El registro contará con una base de datos, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, la
cual estará integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las
autoridades, fabricantes y ensambladores, comercializadoras, aseguradoras, particulares o
cualquier otra fuente.
Cualquier persona podrá consultar la información contenida en el registro, conforme al
procedimiento y niveles de acceso que para la consulta de la información determine el
reglamento.
De lo anterior se desprende la necesidad de un mecanismo y sistema de cooperación entre
autoridades estatales y autoridades del Registro Nacional de Vehículos para efectos del
intercambio de información respecto a los datos del registro de vehículos. Condición y
situación que no ha sido de interés de la autoridad encargada de materializar esta
disposición.
La Ley Federal en referencia establece en el artículo 6o., lo siguiente:
La inscripción de los vehículos en el registro será definitiva o provisional, conforme
a las siguientes reglas:
I. Inscripción definitiva. Es la que se efectúa por una sola vez, y estarán obligados a
solicitarla quienes:
a) Fabriquen o ensamblen vehículos en territorio nacional y destinados al mercado
nacional.
b) Importen vehículos destinados a permanecer definitivamente en territorio nacional.
II. Inscripción provisional, que estarán obligados a solicitar quienes:
a) Importen temporalmente vehículos y
b) Importen vehículos en franquicia
De lo anterior es importante enfatizar que la ley en comento, alude a los efectos y
trámites del registro, sin embargo, omite preestablecer obligaciones particulares o
específicas que establezcan los sujetos a la ley, situación que llama más a la
existencia de un ordenamiento reglamentario u orgánico que a la posibilidad o
delimitación de obligaciones legales y jurídicas.
En cuanto a las disposiciones relacionadas con los métodos y lineamientos para el
financiamiento del sistema de registro de vehículos es necesario señalar las siguientes
disposiciones.
El artículo 14 de la ley en comento, dispone que: "las autoridades fiscales deben
exigir la inscripción en el registro como requisito previo para cualquier trámite
relativo al pago de los impuestos federales relacionados con vehículos. Para tal efecto,
en los convenios que las entidades federativas adheridas al sistema nacional de
coordinación fiscal celebren con la Federación, se establecerán los mecanismos que
garanticen que en la recaudación del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos
será requisito, entre otros, la inscripción de los vehículos en el registro".
Asimismo el numeral 15, estipula que: "de los ingresos que la Federación perciba con
motivo de la prestación del servicio publico del registro", se podrá otorgar
participación a las entidades federativas, en función de los convenios de coordinación
que al efecto se celebren".
Bajo estas directrices es importante establecer la inexistencia de convenios específicos
en cuanto a coordinación de participaciones económicas entre la Federación y
concretamente el Estado de Baja California, así como la también omisión del convenio a
que refiere la ley en cuanto a convenios para facilitar la cobertura del registro, para su
buen funcionamiento y efectuar intercambio de información. Condiciones bajo las cuales es
defectible e imposible denotar la vigencia del referido ordenamiento.
Todo lo anterior expuesto, constituye el marco jurídico más trascendente encargado de
regular al Registro Nacional de Vehículos, mismo del cual hacemos la respectiva
anotación de sus deficiencias objetivas y sustantivas, toda vez que, haciendo eco de las
demandas populares de los bajacalifornianos así como de las condiciones jurídicas que
delimitan y ensombrecen el tema del Renave, nos enfrentamos ante una ley de evidentes
discordancias jurídicas, derivadas de una regulación insuficiente que en principio de
cuentas debió comprender las debidas atenciones al pacto federal que implica la
existencia de respeto a las funciones que desempeñan las entidades federativas, mismas
que no pueden subrogarse sin los debidos acuerdos, convenios y voluntades para su
ejercicio.
Por otra parte, la percepción de la sociedad sobre este tema, impresa y digitalizada en
diversos medios, eleva las confusiones sobre la materia regulada, toda vez que los mismos
concesionarios, bajo un notorio desconocimiento de la ley, han advertido sobre la
imperatividad de que todo ciudadano con vehículo deben pagar y registrarse.
Según ha señalado el coordinador del Renave en esta ciudad, se iniciaron operaciones en
Mexicali el pasado 15 de junio. Afirmando que los propietarios de vehículos usados
deberán dar de alta sus unidades, de acuerdo con información proporcionada por la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), dependencia que se encargará de
regular los centros de registro. Condición que no se ha hecho ni se hizo sustentar en
forma satisfactoria bajo elementos y disposiciones jurídicas.
Por lo que corresponde a los costos en todo el Estado, para los vehículos nuevos el
precio es de 375 pesos más 15% del IVA, más 100 pesos de gastos de trámites, más 10%
del IVA; en tanto que para los usados es de 100 pesos general con IVA de 15% porque se
factura en el D.F.
En este sentido, es importante manifestar que el padrón vehicular de Baja California va a
la vanguardia en el país, al tener bajo estricto control a un total de 662 mil
automóviles, con un porcentaje de certeza superior al 98%, condición que hace motivar la
innecesariedad del referido ordenamiento federal.
En otro orden de ideas, no resulta satisfactorio jurídicamente que la ley en comento, o
las derivaciones de ésta, hubiesen pasado por alto, no sólo la existencia de autoridades
estatales encargadas del registro de vehículos, sino la sobreregulación en cuanto a la
importación de vehículos o partes de éstos que resultan de la exclusiva competencia de
las autoridades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, habida cuenta de que
no encontramos justificación respecto de los datos que se integran mediante las
importaciones y la necesidad de un ulterior registro, ya que es la misma autoridad quien
tiene en sus manos detalladamente todos y cada uno de los datos que se pretenden
incorporar al registro de vehículos duplicando funciones dentro de la misma esfera de
Gobierno y servicio público.
Sin embargo, lo más insatisfactorio de todo esto, lo es la carencia de información
veraz, fundada y motivada sobre este asunto, que sin duda por las afirmaciones de los
encargados del Renave, se aleja del marco jurídico que establece el Registro Nacional de
Vehículos.
Por otra parte, es aberrante que el Renave en Baja California pretenda exigir el registro
y el pago de impuestos correspondientes sobre los vehículos propiedad de las autoridades
del Estado, sin que medie convenio para el intercambio de información o acuerdos sobre la
solventación de contribuciones, toda vez que hasta el momento, los vehículos propiedad
del Gobierno Federal para uso oficial, no son obligados a cumplir con las disposiciones de
la Ley de Transito y Transportes del Estado en vigor, e inclusive los vehículos cuya
documentación para circular en el Estado las expide la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes especialmente los de carga, los cuales ni se registran en la entidad ni se les
solicitan permisos ni pagan contribuciones para el mantenimiento y conservación de vías
públicas que notoriamente utilizan con una elevada incidencia diaria.
El presente asunto, es un tema que implica una clara y notoria inobservancia del estado de
derecho, así como actos de molestia y perjuicio público que deben ser atendidos de
acuerdo al sistema jurídico en vigor, mediante la abrogación del referido ordenamiento.
Con la presente iniciativa y en un ejercicio subsidiario de las responsabilidades
públicas, atendemos la incesante demanda social que afecta gravemente la paz y
tranquilidad de los mexicanos ante condiciones que se imponen sin el respeto al espíritu
constitucional de división de poderes, así como de cooperación y armonía entre éstos,
por ello, los diputados de la XVI Legislatura Constitucional del Estado de Baja
California, hacemos hoy un ejercicio responsable, solidario, de las facultades que nos
confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y
nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, para los efectos subsecuentes a que haya
lugar.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción III
y demás relativos y aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, los suscritos, diputados de esta legislatura, nos permitimos someter a
consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa de acuerdo económico que propone a las legislaturas de los estados soliciten
al Congreso de la Unión la abrogación de la Ley del Registro Nacional de Vehículos, al
tenor de los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que este Poder
Legislativo envíe atento oficio a la LVIII Legislatura Federal que iniciará su gestión
el 1o. de septiembre del año 2000, para que abrogue la Ley que crea el Renave.
Segundo. Túrnese a las legislaturas de los estados, para que elaboren puntos de
acuerdo en términos similares.
Atentamente
Mexicali, Baja California, a 10 de agosto de 2000.- Por los diputados de la XVI
Legislatura del Estado de Baja California: Aguilar Kaiten Guillermo, Arango Pérez
José Félix, Avitia Nalda Sergio, Bahena Flores Alejandro, Baltazar Chiprés Héctor,
Bastida Hernández Sócrates, Cano Jiménez Antonio Ricardo, Delfín Castro Miguel,
Domínguez Rocha Martín, Esparza Herrera Héctor, Fernández Bustamente Edgard Arturo,
Flores Muñoz Gilberto, Gómez Mora Sergio, Gutiérrez Piceno David, Jiménez Mercado
Jaime, Loperena Núñez Sergio Javier, Macías Lezama Efrén, Magaña Mosqueda Héctor,
Martínez Veloz Jaime Cleofas, Molina Rodríguez Juan Manuel, Pedrín Márquez Alejandro,
Ramos Rubio Manuel Alberto, Ruvalcaba Flores David, Villalaz Becerra María del Refugio
Olivia, Zazueta Villegas Ricardo.»
Recibo y túrnese a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
ESTADO DE COAHUILA
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo.- Poder Legislativo.-
Congreso del Estado de Coahuila.- LV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F.
El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la sexta sesión de su diputación
permanente, correspondiente al segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional
de la LV Legislatura, celebrada el día 8 de agosto del año 2000, aprobó por votación
mayoritaria de sus integrantes el siguiente
ACUERDO
1o. Envíese un exhorto al Congreso de la
Unión, a efecto de que no sea modificado el contenido del artículo 2o. de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.
2o. Envíese un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de
que en la Ley de Ingresos del Gobierno Federal para el Ejercicio Fiscal 2001, no se
incluyan contribuciones aplicables a la enajenación de medicinas y alimentos.
Le comunico lo anterior para la consideración y trámite que estime oportuno, anexando
copia fotostática simple del documento que originó el presente acuerdo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 9 de agosto del año 2000.- Diputado Ricardo López Campos,
presidente de la diputación permanente del Congreso.
PUNTO DE ACUERDO
Que presenta la Comisión de Finanzas de
la LV Legislatura del Estado de Coahuila, en relación a la aplicación de una tasa
diferente a la tasa cero del impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos.
En fechas recientes, por diversos medios de comunicación, se ha difundido información
sobre la intención de aplicar, a la enajenación de medicinas y alimentos, el Impuesto al
Valor Agregado con una tasa diferente a la tasa cero establecida en el artículo 2o.-A de
la ley que regula la aplicación de dicho impuesto, como una medida integrada al proyecto
económico del titular del Poder Ejecutivo Federal, que asumirá el cargo el día 1o. de
diciembre del año en curso.
Con la modificación de este impuesto, las personas físicas y morales estarían obligadas
a pagar el porcentaje aplicado, con lo que se encarecería el costo de la alimentación y
la salud, áreas de carácter prioritario en el combate a la pobreza y en la justa
distribución de la riqueza. El deterioro que esta medida provocaría en los niveles de
bienestar de la población, tendría su mayor repercusión en las clases más débiles de
la sociedad, ya que son éstas el último eslabón de la cadena impositiva y se encuentran
imposibilitadas para encontrar medidas compensatorias trasladando o deduciendo el citado
impuesto.
Con fundamento en lo antes expuesto, con estricto apego a lo establecido en la fracción
VIII del artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como en
la fracción VIII del artículo 182 del Reglamento Interior del Congreso y, considerando
que el Poder Legislativo es depositario de la representación popular, conferida por un
acto de elección en el que los ciudadanos entregaron su mandato a quién garantizara la
defensa de sus intereses y la toma de decisiones en su beneficio, la Comisión de Finanzas
de la LV Legislatura del Estado de Coahuila, somete a la consideración de la honorable
diputación permanente, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Envíese un
exhorto al Congreso de la Unión, a efecto de que no sea modificado el contenido del
artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Segundo. Envíese un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
a efecto de que en la Ley de Ingresos del Gobierno Federal para el Ejercicio Fiscal 2001,
no se incluyan contribuciones aplicables a la enajenación de medicinas y alimentos.
Saltillo, Coahuila, a 8 de agosto del 2000.- La Comisión de Finanzas de la LV
Legislatura.- Diputados: Héctor Manuel Estrada, Guillermo von Versen Celís, Luis Roberto
Jiménez Gutiérrez, Héctor Hernández Cortinas y Jesús Vicente Flores Morfín.»
Recibo y túrnese a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
COMISION PERMANENTE
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados de la LVII Legislatura.-
Presentes.
En cumplimiento de lo que disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica del Congreso
General; 180 y 181 del Reglamento para su Gobierno Interior, anexo al presente nos
permitimos remitir a ustedes el inventario y los expedientes correspondientes a oficios,
comunicaciones y demás asuntos que fueron recibidos por la Comisión Permanente, para la
atención y conocimiento de las comisiones de la honorable Cámara de Diputados, durante
el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LVII Legislatura.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 30 de agosto de 2000.- Senador. José de Jesús Padilla, secretario:
diputada Argelina Muñoz Fernández, secretaria.»
Inventarios de expedientes
turnados a comisiones
de la Cámara de Diputados
| Fecha |
Exp |
Asunto |
Turno a la (s)
comisión (es) |
| 9 mayo 00 |
462 |
Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública,
correspondiente al primer trimestre de 2000. |
la ciudad de
Torreón, Coahuila.
Punto de acuerdo por el que solicita |
Hacienda y Crédito
Público |
| 18 mayo 00 |
466 |
Iniciativa que reforma las fracciones III y VII del
|
que la Comisión
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados invite al licenciado |
Gobernación y Puntos
Constitucionales, y de
Trabajo y Previsión
Social |
| 18 mayo 00 |
469 |
apartado A del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Congreso
del Estado de Chihuahua. |
Vicente Corta,
secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a |
Energéticos |
| 24 mayo 00 |
470 |
Oficio suscrito
por ciudadanos integrantes del Comité Directivo de la Coalición Federal de Trabajadores
Petroleros, por el que solicitan apoyo para lograr respuesta a |
efecto de que
informe sobre el costo total del rescate de Banca Serfin.
Oficios de los congresos de los estados de Oaxaca |
Salud |
| 24 mayo 00 |
472 |
sus demandas
planteadas ante los titulares del IMSS, Infonavit y Pemex.
Punto de acuerdo por el que solicita que la Comisión de Salud de la |
y Sonora, por los
que condenan las agresiones sufridas a ciudadanos mexicanos en la zona fronteriza |
Hacienda y Crédito
Público |
| 24 mayo 00 |
Legajo
8 |
Cámara de
Diputados integre una subcomisión que dé seguimiento a las acciones emprendidas por el
Gobierno Federal |
del Estado de
Arizona, en los Estados Unidos de América.
Comunicación de |
Relaciones
Exteriores, y de Asuntos Fronterizos |
| 24 mayo 00 |
Legajo
9 |
para la atención
de los casos de la intoxicación con elementos químicos de la empresa MetMex Peñoles,
S.A. de C.V. en |
legisladores
asistentes al encuentro de amistad con una delegación del Con |
Relaciones
Exteriores |
| Fecha |
Exp |
Asunto |
Turno a la (s)
comisión (es) |
| 24 mayo 00 |
Legajo 10 |
Ingreso Nacional
de la República Federativa del Brasil.
El diputado Esau Hernández Herrera, PRI, presentó solicitud de |
la zona fronteriza
del Estado de Arizona, en los Estados Unidos de América. Se integró al legajo número 8. |
Gobernación y Puntos
Constitucionales. |
| 24 mayo 00 |
Legajo
11
|
excitativa a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a efecto
de que dictamine la iniciativa de reformas a la Ley General de Bienes Nacionales. |
Punto de acuerdo
del Congreso del Estado de Durango, por el que solicita la intervención de la Cámara de
Diputados, a efecto de |
Hacienda y Crédito
Público. |
| 1 junio 00 |
Se integró
al
legajo
8 |
La diputada María
Trinidad Emma Salinas López, PRI, presentó solicitud de excitativa a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a |
que revise la
concesión otorgada a la empresa de Teléfonos de México. |
Comisiones de Relaciones
Exteriores, y de Asuntos Fronterizos de la Cámara
de Diputados. |
| 1 junio 00 |
Legajo
12 |
efecto de que
dictamine la iniciativa de reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y a la
Ley General de Organizaciones y Actividades de Crédito. |
Punto de acuerdo
del Congreso del Estado de Baja California, por el que solicita autorización de subsidio
a la energía eléctrica |
Relaciones Exteriores
y de Asuntos
Fronterizos. |
| 1 junio 00 |
Legajo
13 |
Comunicación
suscrita por la embajadora Rosario Geen Macías, titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en relación con las |
para los
habitantes de Mexicali, de escasos recursos, pensionados, jubilados y discapacitados. |
Comunicaciones y
Transportes. |
| 1 junio 00 |
Legajo
14 |
agresiones
sufridas a ciudadanos mexicanos en la zona fronteriza del Estado de Arizona, en los
Estados Unidos de América. |
Punto de acuerdo
del Congreso del Estado de Baja California, por el que propone se |
Energéticos. |
| 1 junio 00 |
Legajo
15 |
Comunicación de la titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en relación con las agresiones sufridas a ciudadanos mexicanos en |
establezca un control para los programas infantiles que puedan
generar efectos violentos o de perversión sex |
Radio, Televisión y
Cinematografía. |
| Fecha |
Exp |
Asunto |
Turno a la (s)
comisión (es) |
|
1
junio 00 |
Legajo
16 |
ual, física o moral.
Punto de acuerdo presentado por la diputada Lenia Batres Guadarrama, del PRD, por el que
solicita que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, informe sobre
las cifras |
quincenas el pago de sus jubilaciones.
Propuesta presentada por el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, PRD, para que la |
Seguridad Pública |
| 1 junio
00 |
Legajo
18 |
anuales de incidencia delictiva, por entidad federativa y por tipo
de delito cometido del fuero común y fuero federal en al República Mexicana de 1994 a
1999, por tratarse de información de interés |
Comisión Permanente exhorte a las autoridades
federales para que establezcan una mesa de diálogo con la finalidad de re |
Gobernación y
Puntos Constitucionales. |
| 1 junio
00 |
Legajo
19 |
fundamental para las labores del Congreso de la Unión.
Excitativa presentada por el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, PRD, a efecto de la
Comisión de Gobernación y Puntos |
solver las demandas de los trabajadores de la
educación que se encuentran en la Ciudad de México.
Iniciativa con |
Seguridad Social. |
| 1 junio
00 |
Legajo
20 |
Constitucionales de la Cámara de Diputados dictamine a la brevedad
posible, la iniciativa de reforma al artículo 135 constitucional, presentada ante el
pleno de esa Cámara. |
proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 59 y 116 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos |
Segunda
Comisión.
(diputado Juan José Rodríguez Prats, PAN)
|
| 1 junio
00 |
473 |
Propuesta presentada por el diputado Jesús Martín del Campo
Castañeda, PRD, por la que solicita que la Comisión de Seguridad Social de la |
Mexicanos, presentada por el diputado Miguel
Quirós Pérez, PRI.
Iniciativa con |
Gobernación
y Puntos
Constitucionales. |
| 14 junio
00 |
483 |
Cámara de Diputados, cite al titular del IMSS para que informe los
motivos por los que más de 11 mil jubilados miembros del Sindicato Na |
proyecto de decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas fracciones del |
Gobernación y
Puntos
Constitucionales. |
| 14 junio
00 |
484 |
cional
de la Industria Azucarera no han cobrado desde hace tres |
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pre |
Hacienda
y Crédito
Público. |
| Fecha |
Exp |
Asunto |
Turno a la (s)
comisión (es) |
| 14 junio 00 |
Legajo 23 |
sentada por el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del
PRD. |
Iniciativa con proyecto de adición al inciso e |
Programación, Prepuesto
y Cuenta Pública y de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. |
| 14 junio 00 |
Legajo 25 |
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 38-P y
38-Q de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1999.
Punto de acuerdo por el que solicita que la Comisión Especial Encargada de Vigilar que no |
del artículo 35 fracción I del decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000. Presentada por el diputado
Rafael Sánchez Pérez, PRD.
Propuesta por la que solicita que la Comisión Permanente del Con |
Primera Comisión de la
Comisión Permanente;
y a la Comisión Especial
Encargada de Vigilar
que no se Desvíen
Recursos Públicos
Federales en el Proceso Electoral del Año 2000. |
| 21 junio 00 |
488 |
se Desvíen Recursos Públicos Federales en el Proceso Electoral del
Año 2000, de la Cámara de Diputados, investigue la posible utilización de recursos
humanos del Ejército a favor de las |
greso de la Unión exhorte al señor Presidente de la República a
no aumentar la plataforma de exportación petrol |
Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda
y Crédito Público. |
| 21 junio 00 |
Legajo
29 |
campañas del Partido Revolucionario Institucional; realice las
gestiones pertinentes con el fin de garantizar el acceso de los promotores del voto de los
distintos partidos políticos en el in |
era, a fin de mantener ingresos remunerativos de las exportaciones
mexicanas de petróleo crudo y proteger el uso de los recursos no |
Energéticos. |
| 21 junio 00 |
Legajo
30
(anexo) |
terior de las unidades habitacionales del Ejército en los días que
restan de campaña electoral; y realice lo conducente a fin de impedir el acuartelamiento
de los soldados el día de la elección y por lo tanto su ac |
renovables del país.
Oficio de la Comisión Federal de Electricidad, en respuesta a punto de acuerdo |
Energéticos. |
| 5 julio
00 |
Legajo
32 |
ceso libre e individual a las casillas electorales. Presentado por
la diputada Lenia Batres Guadarrama, PRD. |
por el que se solicita que se realice una auditoría independiente
sobre los sistemas de |
Salud. |
| Fecha |
Exp |
Asunto |
Turno a la (s)
comisión (es) |
|
5 julio 00 |
Legajo
33 |
seguridad y condiciones de operación de la planta nucleoélectrica
de Laguna Verde, con la participación de un grupo plural de diputados de la Comisión de
Energéticos de la Cámara de Diputados.
Punto de acuerdo por el que se exponen comentarios en relación con las modificaciones a
la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud, del Congreso del Estado de
Jalisco. |
Paisano, presentada por coordinadores de los grupos parlamentarios
representados en la Comisión Permanente.
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de
Egresos para el Año 2001, se prevea la dotación de recursos fed |
Relaciones Exteriores;
de Asuntos Fronterizos;
y de Derechos
Humanos. |
|
12 julio 00 |
495 |
Propuesta por la que se solicita que las comisiones de Relaciones
Exteriores, de Asuntos Fronterizos, y de Derechos Humanos de las cámaras de Senadores y
de Diputados citen a comparecer a los titulares |
erales necesarios para que las contadurías mayores de Hacienda de
los estados, estén en condiciones de fiscalizar adecuadamente |
Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública. |
| 12 julio 00 |
497 |
de la subsecretaría de Población y Servicios Migratorios, así
como del Instituto Nacional de Migración, con el propósito de que informen e
intercambien pun |
los recursos del ramo 33. Del Congreso del Estado de San Luis
Potosí.
Punto de acuerdo |
Hacienda y Crédito
Público. |
| 12 julio 00 |
498 |
tos de vista sobre las acciones del Gobierno mexicano en torno a las
política de protección a los migrantes de nuestro país, a la situación real que
prevalece en la frontera norte de nuestro país, al fortalecimiento de los grupos Beta, al
estado de la relación bilateral en |
por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que en las
disposiciones legales procedentes regule de manera más adecuada el marco jurídico de las
sociedades de ahorro y |
Derechos Humanos; de Asuntos
Indígenas, y de Justicia. |
| 26 julio 00 |
507 |
tre México y Estados Unidos en materia migratoria, a la política
en esta materia que aplica el país vecino y los avances del llamado Programa |
préstamo. Del Congreso del Estado de San Luis Potosí. |
Hacienda y Crédito
Público. |
| Fecha |
Exp |
Asunto |
Turno a la (s)
comisión (es) |
|
26 julio 00 |
Legajo
36 |
Proposición por la que solicita que las comisiones de Derechos
Humanos; Asuntos Indígenas, |
nuestro país. Presentada por el diputado Jesús Martín del Campo
Castañeda, PRD. |
Energéticos. |
|
2 ago. 00 |
Legajo
37 |
y de Justicia de las cámaras de Senadores y de Diputados, soliciten
a las autoridades competentes del Estado de Oaxaca, un informe del estado que guardan las
investigaciones de la denuncia penal relacionada con el asesinato del señor Artemio
Antonio Pérez, ocurrido |
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones legales convenidas en la Ley de Puertos, la Ley de
Inversión |
Comercio. |
|
9 ago. 00 |
515 |
en dicha entidad. Presentada por el senador Héctor Sánchez López,
PRD.
Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Contribución de Mejoras por Obras
Públicas Federales de In |
Extranjera y la Ley de Navegación, relacionadas con el servicio
portuario de pilotaje. Presentada por el diputado Víctor Manuel Carreto y |
Comunicaciones y
Transportes. |
|
9 ago. 00 |
516 |
fraestructura Hidráulica, presentada por el diputado Ricardo
Castillo Peralta, PRI.
Oficio por el que presentan diversas propuestas en materia de tarifas de |
Fernández de Lara, PRI.
Iniciativa con proyecto de de |
Gobernación y
Puntos
Constitucionales. |
|
9 ago. 00 |
517 |
gas natural, presentada por integrantes de organización denominada
"vértebra".
Punto de acuerdo por el |
creto por el que se adiciona un artículo 137 a la Constitución
Política de los Estados Unidos |
Comercio, y de
Hacienda
y Crédito Público. |
| 16 ago. 00 |
523 |
que se solicita que la Comisión de Comercio de la Cámara de
Diputados, cite a comparecer ante dicha comisión, al Secretario de Comercio y |
Mexicanos. Presentada por el diputado Pablo Gómez Alvarez, PRD |
Fomento
Cooperativo. |
| 16 ago. 00 |
Legajo 40 |
Fomento Industrial, para que explique las razones por las que la
concesionaria Renave, S.A. de C.V. está operando los cobros que afectan la economía de
los propietarios de automóviles de |
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Registro
Nacional de Vehículos. Presentada por el |
Asentamientos
Humanos y Obras
Públicas. |
| Fecha |
Exp |
Asunto |
Turno a la (s)
comisión (es) |
| 16 ago. 00 |
Legajo 41 |
diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, PRD.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Sociedades Cooperativas.
Presentada |
Económica, presentada por el diputado Miguel
Quirós Pérez, PRI.
Iniciativa con |
Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública. |
| 26 ago. 00 |
524 |
por el Congreso del Estado de Querétaro.
Oficio por el que solicitan información sobre las medidas de seguridad que han adoptado
por la ejecución de las obras en |
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman diversos artículos de la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados. |
Gobernación y
Puntos
Constitucionales, y
de Comunicaciones y
Transportes. |
| 26 ago. 00 |
525 |
esa zona y para la sustitución de esa presa en el
suministro de agua.
Presentada por residentes de la cuenca de la presa Madin. |
Presentada por la diputada Angelina Muñoz
Fernández, PRI.
Iniciativa con |
Justicia; con la
opinión
de la Comisión de
Hacienda y Crédito
Público. |
| 26 ago. 00 |
526 |
Solicitud de excitativa a efecto de que la
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados,
dictamine sobre la proposición presentada por el diputado Víctor Flores Morales, en
fecha 18 de abril de 2000. Presentada por la diputada Erika Luhrs Cortés, PRI. |
proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 66 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones; 77 de la Ley de Aeropuertos; 88 |
Comunicaciones y
Transportes; de
Hacienda
y Crédito Público,
y de Comercio. |
| 23 ago. 00 |
Legajo 42 |
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los estados
Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica |
de la Ley de Aviación Civil; 62 de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro; 25 de la Ley de Registro Nacional de Vehículos, y 56
de la Ley Reglamen |
Comercio. |
| 30 ago. 00 |
Legajo 43 |
de la Administración Pública Federal; La Ley de Aviación Civil;
la Ley de Aeropuertos, y la Ley Federal de Competencia |
taria del Servicio Ferroviario. Presentada por el diputado Víctor
Manuel Carreto y |
Hacienda y Crédito
Público, y de
Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública. |
| Fecha |
Exp |
Asunto |
Turno a la (s)
comisión (es) |
| 30 ago. 00 |
Legajo 44 |
Fernández de Lara, PRI.
Punto de acuerdo por el que solicita que a partir |
Oficio por el que solicitan que en el próximo periodo de sesiones
ordi |
Comercio. |
| 30 ago. 00 |
527 |
de los datos que se registran al pagar la tenencia y en
coordinación con el Gobierno Federal con los gobiernos de las entidades federativas, se |
narias, se revise la Ley Federal de Sanidad Animal. Suscrito por la
Asociación Nacional de Tiendas |
Radio, Televisión y
Cinematografía. |
| 30 ago. 00 |
528 |
elabore la base de datos única del Renave sin costo para los
propietarios de vehículos. Presentado por el diputado Jesús Martín del Campo
Castañeda, PRD. |
de Autoservicio y Departamentales.
Oficio por el que solicitan de |
Educación, y de
Hacienda y Crédito
Público. |
| 30 ago. 00 |
Legajo 45 |
Oficio por el que solicitan se haga un análisis y replanteamiento
del régimen de asignaciones |
derogue la Ley del Registro Nacional de Vehículos. Suscrito por
integrantes de la Confederación |
Ganadería. |
| 30 ago. 00 |
Legajo 46 |
presupuestales dirigidas a esa entidad federativa. Del Congreso del
Estado de Zacatecas.
Oficio por el que solicitan se reduzcan las cuotas |
de Sindicatos Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz. |
Comercio. |
| 30 ago. 00 |
Legajo 47 |
de inscripción y las multas contempladas en la Ley del Registro
Nacional de Vehículos. Del Congreso del Estado de Hidalgo.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y dero |
Punto de acuerdo por el que se solicita que las comisiones de
Ecología y Medio Ambiente, de Energéticos y de Protección Civil de la Cámara de
Diputados, con |
Ecología y Medio
Ambiente; de
Energéticos, y de
Protección Civil. |
| 30 ago. 00 |
Legajo 48 |
gan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Presentada por el diputado Benito Osorio Romero, PRD.
|
juntamente con las comisiones de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de Energía y Recursos no Renovables, de Salud y Seguridad Social del Senado de
la República, participen en la |
Energéticos. |
Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia fiscal, para el Fomento
de la Lectura y el Libro. Presentada por el diputado Bernardo Bátiz Vázquez, PRD
elaboración de los términos de referencia para la contratación de la empresa que
auditara a la Central Nuclear de Laguna Verde.
Informe de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, en relación con el
punto de acuerdo de la Comisión Permanente del 21 de junio pasado, sobre la posibilidad
de una auditoría independiente a los sistemas de seguridad y las condiciones de
operación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.
De enterado.
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión-
Presentes.
Para conocimiento de esa Cámara de Diputados, nos permitimos comunicarles que en sesión
de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada en esta fecha,
dio por concluidas su sesiones ordinarias correspondientes al Segundo Receso del Tercer
Año de Ejercicio de la LVII Legislatura.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 30 de agosto de 2000.- Senador: José de Jesús Padilla Padilla y
diputada Angelina Muñoz Fernández, secretarios.»
De enterado.
CAMARA DE SENADORES
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 62 párrafos segundo y tercero de la Ley
Orgánica del Congreso General y 15 del Reglamento para el Gobierno Interior, me permito
comunicar a ustedes que en sesión constitutiva celebrada el día de hoy, la Cámara de
Senadores de las LVIII y LIX legislaturas del honorable Congreso de la Unión, eligió la
mesa directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del 1o. de septiembre de
2000 al 31 de agosto de 2001, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional,
como sigue:
Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente; Carlos Chaurand Arzate, Gildardo Gómez
Verónica, Raymundo Cárdenas Hernández, vicepresidentes; Yolanda González Hernández,
Rita María Esquivel Reyes, Ricardo Gerardo Higuera, Sara Isabel Castellanos Córtes,
secretarios.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 29 de agosto de 2000.- Senador Enrique Jackson Ramírez,
presidente.»
De enterado.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Tengo el honor de comunicarle que en sesión constitutiva celebrada el día de hoy,
rindieron la protesta de ley como senadores a las LVIII y LIX legislaturas del Congreso de
la Unión, los siguientes ciudadanos:
Marco Antonio Adame Castillo (PAN), José Antonio Aguilar Bodegas (PRI), Micaela Aguilar
González (PAN), Adrián Alanís Quiñones (PRI), Ricardo Alaniz Posada (PAN), Luis
Ricardo Aldana Prieto (PRI)*, Wadi Amar Shabshab (PAN), Rodimiro Amaya Téllez (PRD),
Esteban Miguel Angeles Cerón (PRI), Héctor Antonio Astudillo Flores (PRI), Joel Ayala
Almeida (PRI)*, Manuel Bartlett Díaz (PRI)*, Salvador Becerra Rodríguez (PAN), Eulogio
Bonilla Robles (PRI), Genaro Borrego Estrada (PRI), Gerardo Buganza Salmerón (PAN),
Leticia Burgos Ochoa (PRD)*, Luisa Calderón Hinojosa (PAN)*, César Camacho Quiroz (PRI),
Rómulo de Jesús Campuzano Gónzalez (PAN), Ricardo Canavati Tafich (PRI), Oscar Cantón
Zetina (PRI), Rafael Cañedo Benítez (PRI), Lázaro Cárdenas Batel (PRD), Gustavo
Cárdenas Gutiérrez (PRD), Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), Sara Isabel Castellanos
Cortés (PVEM)*, Joaquín Cisneros Fernández (PRI), Luis Joaquín Colosio Fernández
(PRI)*, Ramón Corral Avila (PAN), Javier Corral Jurado (PAN), José Carlos Cota Osuna
(PRI), Marcos Carlos Cruz Martínez (PT)*, Carlos Chaurand Arzate (PRI), Armando
Chavarría Barrera (PRD), Netzahualcóyotl De la Vega García (PRI)*, Lauro Díaz Castro
(PRI), Araceli Escalante Jasso (PRI), Rutilio Escandón Cadenas (PRD), Rita María
Esquivel Reyes (PAN), Diego Fernández de Cevallos Ramos (PAN)*, Francisco José
Fernández de Cevallos y Urueta (PAN), Marco Antonio Fernández Rodríguez (PRI),
Francisco Antonio Fraile García (PAN), Benjamín Gallegos Soto (PAN), Jesús Galván
Muñoz (PAN), Emilio Gamboa Patrón (PRI)*, Antonio García Torres (PRI), Laura Alicia
Garza Galindo (PRI), Ricardo Gerardo Higuera (PRD), José Ernesto Gil Elorduy (PRI),
Emilia Patricia Gómez Bravo (PVEM), Fernando Gómez Esparza (PRI), Omar Raymundo Gómez
Flores (PRI), Gildardo Gómez Verónica (PAN), Yolanda Eugenia González Hernández (PRI),
Jorge Emilio González Martínez (PVEM)*, José Navidad González Parás (PRI)*, Mariano
González Zarur (PRI), Fernando Gutiérrez Barrios (PRI), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
(PRI), José Antonio Haghenbeck Cámara (PAN), Fauzi Hamdam Amad (PAN)*, Guillermo Herbert
Pérez (PAN), Ismael Alfredo Hernández Derás (PRI), Silvia Hernández Enríquez (PRI),
Fidel Herrera Beltrán (PRI), Jesús Enrique Jackson Ramírez (PRI)*, Sergio César
Jáuregui Robles (PAN)*, David Jiménez González (PRI), Addy Cecilia Joaquín Coldwell
(PRI), Jeffrey Max Jones Jones (PAN), Héctor Larios Córdova (PAN), Gloria Lavara Mejía
(PVEM)*, Héctor Federico Ling Altamirano (PAN)*, Daniel López Santiago (PRD), Jorge
Lozano Armengol (PAN), Oscar Luebbert Gutiérrez (PRI), Lidia Madero García (PAN)*,
Adalberto Madero Quiroga (PAN), Carlos Madraza Limón (PAN), Arely Madrid Tovilla (PRI),
Fernando Margain Berlanga (PAN), Alberto Martínez Mireles (PAN), Carlos Medina Plascencia
(PAN)*, Armando Méndez de la Luz (PCD)*, Víctor Manuel Méndez Lanz (PRI), Héctor
Michel Camarena (PRI), Elías Miguel Moreno Brizuela (PRD)*, Joaquín Montaño Yamuni
(PAN), Rafael Gilberto Morgan Alvarez (PAN), Ramón Mota Sánchez (PRI)*, Miguel Angel
Navarro Quintero (PRI), Jorge Rubén Nordhausen González (PAN), César Raúl Ojeda
Zubieta (PRD), Juan Manuel Oliva Ramírez (PAN), J. Jesús Ortega Martínez (PRD)*,
Héctor Guillermo Osuna Jaime (PAN), Eduardo Ovando Martínez (PRI), Orlando Alberto
Paredes Lara (PRI), Patricio José Patrón Laviada (PAN), Roberto Pérez de Alva Blanco
(PRI), María del Carmen Ramírez García (PRD), Alfredo Martín Reyes Velázquez (PAN),
Luis Alberto Rico Zamaniego (PRD), Serafín Ríos Alvares (PRD), José Eduardo Robinson
Bours Castelo (PRI), Juan José Rodríguez Prats (PAN)*, Carlos Rojas Gutiérrez (PRI)*,
María Guadalupe Romero Castillo (PAN)*, Humberto Roque Villanueva (PRI)*, Eric Luis Rubio
Barthell (PRI), Ulises Ernesto Ruiz Ortiz (PRI), Miguel Sadot Sánchez Carreño (PRI),
Dulce María Sauri Riancho (PRI)*, Germán Sierra Sánchez (PRI), Demetrio Javier Sodi de
la Tijera (PRD), Antonio Soto Sánchez (PRD)*, Martha Sofía Tamayo Morales (PRI), Víctor
Manuel Torres Herrera (PAN), Georgina Trujillo Zentella (PRI), Tomás Vázquez Vigil
(PRI)*, Verónica Velasco Rodríguez (PVEM)*, Héctor Vicario Castrejón (PRI), Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez (PAN), Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso (PAN), Jorge Doroteo
Zapata García (PRI), Jorge Zermeño Infante (PAN).
* Senadores de representación proporcional.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 29 de agosto de 2000.- Senador Enrique Jackson Ramírez,
presidente.»
De enterado.
La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Presentes.
Para conocimiento de esa colegisladora, tengo el honor de comunicar a ustedes, que en
sesión constitutiva celebrada en esta fecha, se designaron las siguientes comisiones de
ceremonial de la sesión de Congreso General del 1o. de septiembre próximo.
Para participar al señor Presidente de la República de la Constitución de la LVIII
Legislatura:
Senadores: Enrique Jackson Ramírez, Carlos Chaurand Arzate, Gildardo Gómez
Verónica, Raymundo Cárdenas Hernández, Yolanda González Hernández, Rita María
Esquivel Reyes, Ricardo Gerardo Higuera, Sara Isabel Castellanos Cortés.
Para participar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Constitución de la
LVIII Legislatura:
Senadores: Fauzi Hamdan Amad, Fernando Margain Berlanga, Martha Sofía Tamayo Morales,
Rafael Cañedo Benítez, Patricia Gómez Bravo, Rutilio Cruz Escandon Cadenas.
Comisión de ceremonial para acompañar al señor Presidente de la República de Palacio
Nacional a Palacio Legislativo:
Senadores: Aracely Escalente Jasso, Roberto Pérez de Alva Blanco, Alfredo Martín Reyes
Velázquez, Rodimiro Amaya Téllez, Verónica Velasco Rodríguez.
Comisión de ceremonial para recibir al señor Presidente de la República a las puertas
del Palacio Legislativo:
Senadores: Héctor Astudillo Flores, Oscar Luebbert Gutiérrez, Adalberto Madero Quiroga,
Antonio Soto Sánchez, Gloria Lavara Mejía.
Comisión de ceremonial para acompañar al señor Presidente de la República de Palacio
Legislativo al Palacio Nacional:
Senadores: Serafín Ríos Alvarez, Addy Joaquín Coldwell, Héctor Michel Camarena,
Alfredo Martín Reyes Velázquez, Jorge Emilio González Martínez.
Reitero a ustedes la seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 29 de agosto de 2000.- Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.»
De enterado.
LEY DEL REGISTRO NACIONAL
DE VEHICULOS
En el siguiente punto del orden del
día, se concede el uso de la palabra a la diputada María Miroslava García Suárez, del
Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa.
| La diputada
María Miroslava García Suárez: |
Muy buenos días.
Señoras y señores diputados:
Las suscritas, Diputadas de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en el derecho conferido en la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la
siguiente iniciativa de decreto por el que se abroga la Ley del Registro Nacional de
Vehículos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
A partir de la implementación del modelo
económico actual, se aceleró un proceso tendiente a delegar en particulares la
prestación de servicios públicos, por medio de la figura jurídica de la concesión.
Para ello se reformaron cuerpos normativos que permitieron la consecución de dicho fin.
Leyes que buscan asimilar los objetivos del gobierno con los objetivos de la iniciativa
privada con un mismo criterio. No obstante, sabemos que los fines de uno y de otro no son
los mismos. Los particulares que participan en actividades económicas, lo hacen buscando
plusvalía o ganancias.
El Estado tiene objetivos más elevados. No es el lucro, sino el mismo servicio, lo que
constituye el objeto de la actuación del Gobierno. Por eso, no creemos que todos los
servicios públicos puedan ser delegados.
Asuntos que tienen que ver con los actos de autoridad, con la seguridad pública, con la
seguridad social etcétera, no pueden encomendarse a la iniciativa privada.
Bajo el dogma neoliberal se piensa que el Estado es ineficiente, entonces, lo mejor es que
otros hagan la tarea que le corresponde al Gobierno, aunque cueste dinero a la gente.
El balance histórico de las privatizaciones, tanto de bienes como de servicios, nos
muestra, no obstante, que no toda privatización ha significado mejoras al país y a la
población. En México se han creado estructuras donde puede quebrar una empresa, pero no
el empresario o incluso ninguno de los dos; ahí está el rescate carretero y los bancos.
En el esquema anterior y de conformidad con el dictamen que se aprobó por el pleno en
junio de 1998, se creó la Ley del Registro Nacional del Vehículos (Renave); argumentando
que esa ley responde a la necesidad de consolidar un régimen de seguridad jurídica para
el patrimonio de las personas, lo que permitirá ayudar al Estado a prevenir eficazmente
la delincuencia.
Se afirma además, que aún y cuando cada entidad cuenta con registros locales de
vehículos, éstos sirven para propósitos fiscales y no se encuentran concentrados a
nivel nacional para su consulta. Además, se dice que el objetivo más importante al
respecto es brindar total seguridad jurídica al consumidor.
La concesión de la operación del registro, se justifica con la afirmación de que
permitirá el uso de tecnología de punta en su operación y la elasticidad de su
organización administrativa.
Como un mecanismo de control, se establecen figuras como la requisa, la ocupación
temporal y la revocación de la concesión por causas de utilidad e interés públicos.
El dictamen fue aprobado por el pleno, con el voto en contra en lo que respecta a la
concesión de la operación del mismo, del Partido de la Revolución Democrática.
No obstante la Ley del Registro Nacional de Vehículos padece de graves deficiencias en la
forma y contenido de la misma:
1o. Es inconstitucional que el Estado delegue funciones y facultades a particulares,
dándole jerarquía equiparable a sí mismo. La ley del Renave contraviene lo dispuesto en
el artículo 4o., del Código Fiscal de la Federación, ya que la única entidad que puede
cobrar impuestos es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no una empresa
privada. Lo que supone la abdicación de la soberanía estatal en materia tributaria.
En tal sentido, otorga al concesionario facultades coercitivas en materia de multas o
sanciones económicas, lo cual también contraviene al artículo 39 constitucional.
La fijación del monto de derechos por particulares rompe con el principio de exactitud y
estricto derecho en materia fiscal por lo que, al violentarse leyes vigentes en esta
materia, es claro que se vulnera la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16
constitucional.
El Renave crea una limitación inconstitucional al derecho de propiedad de vehículos, ya
que obliga a los consumidores a pagar derechos y a proporcionar a un privado, información
confidencial en cuanto a sus propiedades, lo cual viola flagrantemente el mandato
constitucional de que nadie puede ser molestado en sus propiedades.
Además, al incluir disposiciones como la que establece la presunción de propiedad por el
sólo hecho de registrar el vehículo, puede propiciarse "el lavado" de autos
robados.
2o. La ley del Renave establece como obligación a cargo de los propietarios registrar la
adquisición y transmisión de la propiedad de vehículos.
Al adquirir un vehículo, antes de la iniciación de la vigencia de la ley Renave, el
consumidor cumplió con todas las cargas fiscales, por lo que imponer el pago de un nuevo
derecho, implica gravar dos veces el mismo acto generador del crédito fiscal, lo cual
rompe con el principio universal en derecho tributario, de que un mismo acto no puede ser
gravado más de una vez, aunque se cambie la denominación del gravamen, toda vez que ello
resulta inequitativo y desproporcionado y contrario a lo ordenado por el artículo 31
constitucional, y leyes secundarias en materia fiscal. Además de que violenta el
artículo 14 constitucional ya que dicha ley conlleva a una aplicación retroactiva, dado
que el propietario adquirió un vehículo y cumplió con los requisitos legales en su
oportunidad.
3o. Se impone una doble tributación al ciudadano, por ser dueño de un vehículo
automotor: el pago de la tenencia, el derecho de uso del vehículo y el pago por concepto
del Renave.
4o. Queda al arbitrio del concesionario o de las personas que laboran en el registro, el
manejo de la información personal del ciudadano, sin contarse con medidas y controles
estrictos del Estado.
5o. Se plantea la suscripción de convenios de coordinación con las entidades, cuando
ninguna forma parte del comité consultivo del Renave.
6o. La forma de coordinación entre el Renave y el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
genera incertidumbre jurídica, pues se plantea un intercambio de información para
investigación de delitos, con la intervención de la concesionaria, lo cual significa una
usurpación de funciones públicas, filtración de información e impunidad por falta de
control en la misma.
7o. De conformidad con el artículo 124 constitucional, la facultad de llevar tal registro
es del Estado y las entidades del país, por lo que la Ley del Registro Nacional de
Vehículos atenta contra la Federación.
Aunado a estas consideraciones de carácter jurídico y económico, no podemos soslayar la
negligencia que se tuvo para concesionar el servicio a una empresa dirigida por una
persona sin activos morales, un genocida, secuestrador y ladrón. Aunque Herminio Blanco
diga que "sólo es un genocida".
Confiar a concesionarios el registro de aproximadamente 14 millones de autos, constituye
una audacia suicida para la seguridad publica de la población.
Por ello, proponemos abrogar la absurda Ley del Registro Nacional de Vehículos, con lo
que también quedaría abrogado el reglamento.
Consideramos que con los mecanismos actuales cada entidad federativa cuenta con registro
de los automóviles que circulan en su territorio, y por los cuales se pagan diversas
cargas impositivas. Lo procedente es que la autoridad federal suscriba convenios con los
32 gobiernos locales, a fin de proporcionar y cruzar los datos, lo cual no requiere de una
ley exprofeso.
El Renave es un monopolio que se deriva de la concesión que le otorgó el Gobierno por un
periodo de 10 años con derecho a prorroga. Con esto se viola el artículo 28
constitucional, en lo relativo a la existencia de monopolios, por lo que el Renave realiza
una función que puede cubrirse con los registros vehiculares de cada entidad federativa
sin tener que concesionarse a particulares.
Con ello la obligación de contar con un registro nacional es de la autoridad, no del
gobernado y por lo tanto, debe ser gratuito.
Por lo que respecta a la concesión otorgada, planteamos en un transitorio, que la
autoridad federal debe dar por terminada la concesión, con fundamento en la ley vigente
en el momento de otorgarla, concretamente en su artículo 21 fracción III: revocación.
Igualmente, con fundamento en el artículo 23, segundo párrafo de dicho ordenamiento y
dado el escándalo en que se vio inmersa la concesionaria en las semanas anteriores, no
procederá indemnización alguna a su favor.
«Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de
decreto, para abrogar la Ley del Registro Nacional de Vehículos, para quedar en los
siguientes términos:
Artículo único. Se abroga la Ley del Registro Nacional de Vehículos, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 1998, con todas sus reformas y
adiciones hasta esta fecha.
ARTICULOS TRANSITORIOS.
Primero. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el ámbito de las
atribuciones conferidas en la ley que se abroga, a la entrada en vigor de este decreto
llevará a cabo los procedimientos necesarios para la revocación de la concesión,
otorgada para la prestación del servicio público del Registro Nacional de Vehículos,
con fundamento en el artículo 21 fracción III de dicha normatividad, y segundo párrafo
del artículo 23.
Tercero. La información que se haya dado hasta ahora a la concesionaria de la
prestación del servicio público, denominado Registro Nacional de Vehículos, quedará
bajo la más estricta responsabilidad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Quienes hayan pagado por motivo de la inscripción de sus automóviles al Registro
Nacional de Vehículos, tienen derecho a que se les devuelva tal cantidad, como pago de lo
indebido, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de septiembre del año
2000.- diputadas Miroslava García Suárez y Petra Santos Ortíz.
Le hago entrega al Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, esta
iniciativa de ley para que sea analizada en la comisión correspondiente y se le pueda
hacer justicia al pueblo de México.
Gracias.
Gracias diputada.
La iniciativa presentada por la diputada María Miroslava García Suárez, se turna a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Se concede, hasta por cinco minutos, la palabra para rectificación de hechos, al diputado
Jaime Martínez Veloz. Tiene usted la palabra, diputado.
| El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz: |
Con su permiso, señor Presidente;
diputadas y diputados:
La ley que dispone la creación y regulación del Registro Nacional de Vehículos, mejor
conocido como Renave y que opera como una concesión a favor de una empresa privada, se
aprobó en la Cámara de Diputados el 3 de junio de 1998. Dicho registro inició sus
operaciones a nivel nacional a partir del 15 de junio del presente año y conforme al
calendario de registro, la etapa de inscripción del parque vehícular actual terminaría
el 15 de diciembre del presente año.
El registro pretende evitar el descontrol e importación ilícita de autos a territorio
nacional y fue concebido como obligatorio; quien no registre su vehículo durante la etapa
señalada, se hará acreedor a multas que serán aplicadas por la Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial.
Entre las justificaciones que se dieron en su momento, para el establecimiento de este
registro, fueron que brindaba mayor seguridad a todos los propietarios de vehículos al
certificar el origen de los mismos; reducir el comercio de unidades ilegales; facilitar la
identificación de vehículos en caso de accidente o robo y garantizar la legalidad para
vender o comprar un vehículo usado y tramitar el cobro de un seguro. Al respecto
existirá, se dijo, la necesaria comunicación entre el Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Renave.
Sin embargo, en la práctica el Renave ha resultado una medida gubernamental impopular que
ha recibido cada vez un mayor rechazo de amplios sectores de la población en toda la
República. Diversas organizaciones sociales del sector privado, empresarios, loteros,
transportistas, taxistas y ciudadanos se niegan a cumplir con la inscripción o están
promoviendo amparos en contra de lo que se considera doble tributación; también los
legisladores locales han manifestado su desacuerdo con este cobro, lo cual ha dividido,
incluso, a los gobernadores y se ha manifestado la jefa de gobierno del Distrito Federal
en contra.
Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional considera que es necesario:
Primero. Se suspenda en todo el territorio nacional el cobro a cargo de los
particulares del Renave, cubriéndose en lo sucesivo por parte del Gobierno Federal.
Segundo. El Gobierno Federal resguarde toda la información aportada por los
particulares en los módulos del Renave.
Tercero. Se reforme la ley, ya que en los términos de su vigencia que establece
el Registro Nacional de Automóviles, resulta inconstitucional por su aplicación
retroactiva y por el cobro sin fundamento legal que realiza la empresa privada con
carácter de obligatorio y sin excluir los fines de mayor seguridad pública, evitar robo
de autos, mejorar el control vehícular y defender el patrimonio familiar, se garantice
que los costos de registro, también, no correrán a cargo de los particulares.
Cuarto. Se convoque a los gobiernos de los estados y a las legislaturas locales a
coordinarse con la Federación para establecer los mecanismos que sean necesarios para
contar, a nivel nacional, con un padrón preciso del parque vehícular nacional formulado
con cargo al erario público.
Quinto. Frente a esta situación, el Partido Revolucionario Institucional hace un
llamado a la ciudadanía a no entregar mayor información a los módulos del Renave, hasta
en tanto no exista un nuevo acuerdo entre esta legislatura, el Gobierno Federal y los
gobiernos estatales que permitan diseñar un verdadero y real registro de automóviles,
con reglas claras, procedimientos transparentes, sin mayores cobros hacia los ciudadanos
que garantice el cumplimiento de los objetivos de este registro y realice las previsiones
necesarias para garantizar la devolución de los recursos a los automovilistas que ya han
pagado dicho impuesto.
Sexto. Junto a esto, el PRI plantea su objeción al procedimiento de
concesionaria en forma indiscriminada a organismos privados, a aquellos asuntos que tienen
que ver con la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. No queremos ver que en unos
cuantos meses se esté concesionando a organismos privados por ejemplo, el Registro
Federal de Contribuyentes, el Registro Federal Electoral en la elaboración de la CURP. El
problema radica en qué es lo que sí y lo que no se puede concesionar a la luz de
interés social y del de sus instituciones gubernamentales, lo cual no fue razonablemente
sopesado en el caso del Renave.
Séptimo. Es indispensable una explicación a la sociedad y a esta
representación, por parte de la Secofi y la Secodadm, mediante información documentada
con razones coherentes y de fondo.
Octavo. Se construya un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, para asumir una
posición única por parte del Congreso de la Unión, del Gobierno Federal y de los
gobiernos de los estados, frente a esta medida impopular.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra...
El diputado
Uuc-Kib Espadas Ancona
(desde su curul): |
Señor Presidente, para una moción
de orden.
Le escucho, señor diputado.
El diputado
Uuc-Kib Espadas Ancona
(desde su curul): |
Señor Presidente, sin duda para el
grupo parlamentario del PRD es muy grato constatar que el consenso en el que se avanza por
parte de las diversas fuerzas en torno al asunto del Renave, sin embargo, no podemos dejar
de hacer notar que la intervención que acabamos de escuchar no estaba prevista en el
orden del día ni hasta donde alcanza nuestro conocimiento, existe mecanismo para hacer
una rectificación de hechos o una toma de posición en relación a una iniciativa de ley.
No es el trámite que corresponde a una iniciativa de ley.
En esa medida, incitamos, exhortamos a esta Presidencia a seguir el orden reglamentario y
legal en el desahogo de los puntos de esta sesión.
Muchas gracias.
Agradezco mucho su moción. La
asumo. Sólo quiero hacer del conocimiento de la Asamblea que en este momento, para la
organización de los trabajos de la Asamblea, no contamos todavía con la colaboración de
los órganos de gobierno y preparación de las sesiones, como son la Junta de
Coordinación y la Conferencia para la Programación de los Trabajos.
El diputado Martínez Veloz solicitó el uso de la palabra para hechos, efectivamente, en
un punto del orden del día que es para presentación de iniciativas, sólo recayó un
acuerdo de la Presidencia a la iniciativa de la diputada Miroslava sobre la intervención
del diputado Martínez Veloz. La Asamblea ha apreciado su contenido y si me permiten
continuar estrictamente con el orden del día, concedo el uso de la palabra para presentar
una iniciativa...
El diputado
Héctor González Reza
(desde su curul): |
Señor Presidente.
Sí, señor diputado.
El diputado
Héctor González Reza
(desde su curul): |
Para rectificar hechos, señor
Presidente, pido la palabra.
Se la voy a conceder, señor
diputado.
Quiero insistir en la comprensión de la Asamblea, de que para la elaboración y la
conducción del orden del día de esta sesión no se cuenta con la conferencia que
posibilita ordenar los debates pactados sobre los temas que se van presentando. En esta
ocasión, con la comprensión de la Asamblea, voy a concederle en los mismos términos,
por cinco minutos, para rectificación de hechos, insistiendo en mi solicitud de que me
permitan desahogar el orden del día que hoy plantea la presentación de iniciativas.
Yo le consulto al diputado que solicita la rectificación de hechos, si estaría de
acuerdo en hacer uso de la palabra una vez terminado el punto del orden del día, de los
puntos agendados en el orden del día y usted podría retomar el tema hasta por cinco
minutos una vez agotado estrictamente el orden establecido en el orden del día de esta
sesión.
El diputado
Héctor González Reza
(desde su curul): |
Estoy de acuerdo, señor
Presidente, declino hacer uso de la palabra, pero quiero mencionar que con la explicación
y el tratamiento dado al compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional, se
nos ha dejado en indefensión; será más adelante cuando presentemos la posición del
grupo parlamentario de Acción Nacional respecto a la situación del Registro Nacional de
Vehículos.
Muchas gracias.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Yo le agradezco muchísimo su
comprensión y concedo el uso de la palabra para presentar una iniciativa al diputado
Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado
Alfredo Hernández Raigosa: |
Con su permiso, señor Presidente:
«Honorable pleno de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.- Presente.
El que suscribe, diputado a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, Alfredo
Hernández Raigosa, presenta la siguiente iniciativa de decreto de reformas a la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con motivo de las elecciones del pasado 2
de julio, en México se han iniciado cambios que no deben tener regreso.
Dentro de esta coyuntura y acorde a los nuevos tiempos políticos que vive el país, el
Poder Legislativo Federal no puede quedar a la zaga de tan importantes acontecimientos.
A partir de la instauración de un sistema presidencialista en México, el poder
metaconstitucional que tiene el Presidente ha sido fuente de innumerables abusos y sobre
todo desprecios hacia el propio Poder Legislativo y al Poder Judicial.
La división de poderes en un sistema que se llame democrático, es la condición
indispensable para el buen funcionamiento del gobierno y sobre todo para una mayor
legitimidad ante la ciudadanía.
En este contexto, una de las principales exigencias a lo largo de la historia del Poder
Legislativo Federal, ha sido que el jefe del Ejecutivo rinda cuentas ante el Congreso de
una manera transparente y republicana y que este acto deje de ser el día del Presidente,
donde sólo él se escucha sin tomar en cuenta la opinión de los representantes populares
y mucho menos recibir cuestionamientos por parte de los mismos acerca de su desempeño
como titular de la Administración Pública Federal.
Asimismo, para poder hablar de un verdadero equilibrio entre poderes es necesario que el
Poder Legislativo asuma una de sus principales tareas, la de ser un órgano fiscalizador
de las acciones del Ejecutivo, un órgano de control político y no la de una simple
oficina de trámite de documentos o propuestas del Ejecutivo.
Además, resulta necesario que en estos tiempos de cambio se asuman compromisos hechos por
el actual Presidente electo, en el sentido de comparecer ante un Congreso plural y poder
escuchar estando presente las posiciones de los diferentes partidos políticos
representados, además de permitir preguntas acerca de su gestión al frente del Ejecutivo
Federal.
Esta propuesta no es nueva, fue retomada por la pasada Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y puesta en práctica con éxito ante el jefe de gobierno, ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas y últimamente con la licenciada Rosario Robles Berlanga.
Cuando se propuso, los partidos políticos representados en la Asamblea pugnaron porque el
formato propuesto fuera más amplio, pero a nivel federal ni estatal nunca alzaron la voz
para poder aplicarlo. Incluso, el formato utilizado ha sido el único en todo el país,
que permite que los partidos políticos hagan su posicionamiento frente el jefe del
ejecutivo local y aún más, al permitir preguntas y el derecho de réplica de los
legisladores del Distrito Federal.
Es tiempo de acotar el sistema presidencialista que nos ha regido durante más de 70
años, es momento de cambiar las formas de rendir cuentas ante el Congreso.
En ese contexto es donde se inserta la iniciativa que el día de hoy presento ante esta
tribuna, para acabar con antiguos rituales que sólo servían para lucimiento personal del
Presidente en turno y para retomar el papel de un Poder Legislativo independiente,
crítico y responsable.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Mexicanos, presento la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO
De reformas a los artículo 5o. y 7o. de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue
Artículo 5o.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Para la sesión a que se refieren los artículos 83 y 87 de la Constitución, el
Presidente en funciones y el electo escucharán un posicionamiento de cada uno de los
grupos parlamentarios. En este acto, hará uso de la palabra un legislador federal por
cada partido político representado en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en
orden creciente en razón del número de diputados de cada grupo y cada una de ellas no
excederá de 15 minutos.
3. Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de
Diputados y el presidente de ésta lo será de aquél.
Artículo 7o.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. El Presidente de la República arribará al Congreso y ocupará el lugar que al efecto
designe el presidente del Congreso, para escuchar el posicionamiento de los distintos
grupos parlamentarios.
3. Acto seguido, hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los
partidos políticos representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en
orden creciente en razón del número de diputados de cada grupo parlamentario y cada una
de ellas no excederá de 15 minutos.
4. Al finalizar las intervenciones, el presidente de la República entregará formalmente
el informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal y hará uso de
la palabra para dirigir un mensaje sobre el tema.
5. A continuación se iniciará un periodo de preguntas y respuestas, para lo cual tendrá
uso de la palabra un legislador federal de cada grupo parlamentario, los cuales
formularán sus preguntas en un tiempo no mayor de tres minutos cada una. Al final de
todas ellas, el Presidente de la República hará uso de la palabra para dar respuesta y
emitir un mensaje final. El orden de intervención será de forma creciente al número de
legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios representados en el Congreso.
6. Finalizada la intervención del Jefe del Ejecutivo Federal, el Presidente del Congreso
hará uso de la palabra para dirigir un mensaje con motivo del informe presentado.
7. Las cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la República. El
análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política
económica, política social y política exterior.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2000.- Diputado Alfredo
Hernández Raigosa.»
Por su atención, señores diputados, muchas gracias. Hago entrega al Presidente de esta
Cámara.
La iniciativa presentada por el
diputado Alfredo Hernández Raigosa, se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
Proceda la Secretaría.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Con su permiso, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada el día de hoy, el senador
Arturo Nava Bolaños, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó
iniciativa de decreto que adiciona disposiciones transitorias a la Ley de Impuesto sobre
la Renta.
La Presidencia dispuso que se remitiera a la Cámara de Diputados, para los efectos del
inciso h del artículo 72 constitucional.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 29 de abril de 2000.- Senador Dionisio Eduardo Pérez Jácome,
vicepresidente en funciones.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Senadores.- Presentes.
Arturo Nava Bolaños y los suscritos senadores de la LVIII Legislatura del Congreso de la
Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento
en los artículos 71 fracción II, 72 literal H, 73 fracción XXIX-G de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, acudimos por su conducto para presentar ante la Cámara de Diputados la
siguiente iniciativa de decreto que adiciona disposiciones transitorias a la Ley de
Impuesto sobre la Renta
EXPOSICION DE MOTIVOS
El objetivo de esta iniciativa es
establecer las modificaciones necesarias en la Ley del Impuesto sobre la Renta, para
hacerla consistente con las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que permitan la inversión en empresas
dedicadas a realizar el tratamiento de aguas industriales y municipales, la generación de
energía eléctrica a partir de fuentes alternativas de energía, la producción de
vehículos automotores que utilicen energía de fuentes no fósiles o mixtos, así como el
reciclaje de residuos sólidos, peligrosos y biológico infecciosos, a la vez que se
impulsa un uso más eficiente de los recursos naturales.
La necesidad de una reforma fiscal ambiental, como parte de una política sustentable de
Estado es indispensable para prevenir y revertir el deterioro y agotamiento de los
recursos naturales en México. Desgraciadamente, no se ha podido avanzar más allá del
enfoque tradicional de permisos, inspecciones y sanciones, esquema regulatorio y no se han
instrumentado de manera relevante la aplicación de instrumentos económicos, sin los
cuales no será posible ejecutar los objetivos de política ambiental nacional. La
adopción de los instrumentos económicos de forma integral con el resto de los
instrumentos de la política ambiental permitiría una mejor distribución de los costos y
beneficios asociados al aprovechamiento de los recursos naturales.
ANTECEDENTES
Esta iniciativa pretende formar parte de
una nueva política ambiental que tiene además fundamento en el Capítulo VIII de la
agenda 21 aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, durante la Cumbre de Río de 1992, en la que se establece la necesidad de
llevar a cabo planes económicos eficientes, socialmente justos y responsables y en
armonía con el medio ambiente, a través de políticas ambientales y de desarrollo, las
que servirán como una estructura de planeación económica e igualdad en los mercados.
Un desarrollo sano y equilibrado, como parte integral del desarrollo sustentable, requiere
el uso más eficiente de los recursos. La "ecoeficiencia" sólo es viable dentro
de un sistema de mercados abiertos y competitivos, en los cuales los precios reflejen
tanto los costos del medio ambiente, como los de otros recursos. Existen tres mecanismos
que pueden ser utilizados para motivar al sector empresarial a internalizar los costos
ambientales o limitar el daño al medio ambiente a través de otros medios como: las
normas y controles, la autorregulación y los instrumentos económicos.
Estos últimos tienen que ver con la intervención del Gobierno en el mercado mediante
mecanismos como impuestos y cargas a la contaminación, permisos de contaminación
comercializables, sistemas de depósito para devolución, bonos de rendimiento, créditos
para el ahorro de recursos, precios diferenciales y provisiones especiales para
amortizaciones.
Para hacer efectivo el cumplimiento de los principios perseguidos en la legislación
ambiental nacional relativos a que las autoridades y los particulares deben asumir la
responsabilidad de la protección al medio ambiente, así como el que establece que quien
realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha
afectación implique, es condición necesaria incentivar a quien proteja el ambiente y
aproveche de manera sustentable los recursos naturales a través de estímulos o
compensaciones.
La iniciativa que hoy se presenta sería complementaria de los instrumentos de regulación
directa o también llamados de comando y control, a fin impulsar la aparición de
industrias dedicadas a lograr una mayor eficiencia energética, realizar inversiones
necesarias en equipo, cambios de tecnología y nuevos procesos que les permitan llevar a
cabo un uso más eficiente del agua, reciclar desechos industriales y reducir o evitar
emisiones a la atmósfera y de residuos sólidos y peligrosos, así como adoptar
tecnologías más limpias para la generación de energía eléctrica por medio de fuentes
alternativas.
Teniendo en cuenta los compromisos ambientales internacionales adoptados por nuestro país
al haber firmado y ratificado entre otros: la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, la Convención de Basilea sobre manejo de Desechos Peligrosos
y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esta iniciativa pretende dar los
incentivos para una mayor participación del sector privado en la tarea ambiental.
La reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1996
incorpora los instrumentos económicos dentro del capítulo de instrumentos de política
ambiental. La presente iniciativa no pretende abarcar todos los instrumentos económicos
posibles previstos en la ley y se circunscribe exclusivamente a los incentivos fiscales.
Sobre esta materia la ley establece:
Artículo 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso
estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.
Con excepción de la depreciación acelerada de equipos anticontaminantes establecidos en
la Ley del Impuesto sobre la Renta, debemos reconocer que no se han adoptado por parte de
la Federación iniciativas específicas con este propósito, es decir, no se han diseñado
y aplicado instrumentos económicos de carácter fiscal que incentiven la participación
privada en materia de tratamiento de aguas residuales, reciclaje de residuos peligrosos y
municipales, generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas, entre
otros.
Los datos más recientes sobre la situación ambiental de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca contienen información verdaderamente preocupante en
áreas críticas para la salud humana y la conservación de los recursos naturales, entre
ellos, la calidad del agua urbana en general ha descendido, la deforestación continúa
ocurriendo a una tasa anual superior al 1% y la intensidad de consumo energético en la
producción ha aumentado en lugar de haber descendido.
Esta iniciativa se encamina a promover las inversiones en la prevención, control y
reversión de los efectos ambientales adversos, así como evitar el agotamiento de los
recursos naturales. A continuación hacemos un breve diagnóstico del estado que guarda el
deterioro ambiental en diferentes medios que justifican las medidas propuestas en esta
iniciativa.
Agua
La disponibilidad de este recurso representa actualmente un problema a considerar en
cualquier proyecto de desarrollo económico, ya que éste no se da de manera sustentable
si no se considera el impacto ambiental asociado al crecimiento de la planta productiva y
de las zonas urbanas. En el 75% del país se padecen problemas de abastecimiento de agua.
En algunas regiones el abatimiento de los acuíferos se da a tasas de uno a tres metros
por año, lo cual amenaza a corto plazo el desarrollo de cualquier actividad humana.
Cabe señalar sin embargo, que la actividad agrícola es la responsable del consumo del
83% del agua utilizada y se pierde por evaporación el 35% del caudal, es decir, 21.4 km3
al año que equivale casi al doble de lo utilizado por las zonas urbanas e industriales
que este año consumirán aproximadamente 12 km3.
Con la utilización de sistemas de riego más eficientes, se pueden lograr ahorros cuando
menos del 20 % del caudal de 61.2 km3 al año, medida que frenaría el abatimiento de los
acuíferos y permitiría a mediano plazo su recuperación. La iniciativa en comento
permitirá, previa aprobación de la Semarnap, proyectos de inversión destinados al mejor
aprovechamiento del agua.
La sustitución de aguas tratadas para uso agrícola aliviaría por su parte la
extracción que actualmente se hace en zonas de riego, si se maneja adecuadamente.
El tratamiento de aguas residuales urbanas para el año 2000 alcanzará en las plantas de
tratamiento primario instaladas y en operación 1.28 km3 de un total de 12 km3 de
afluentes urbanos, que representan únicamente el 10.7% del total de las descargas, que
incluyen usos domésticos e industriales. Si consideramos que el costo de tratamiento
primario es de 5 millones de dólares por metro cúbico al año tendríamos que realizar
inversiones del orden de 1 mil 500 millones de dólares para resolver las necesidades
actuales. Según estimaciones de Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable en los
próximos 20 años se requerirán inversiones de 2 mil 780 millones de dólares a precios
de hoy, sin tomar en cuenta los costos de operación.
Adicionalmente, es conveniente señalar que los derechos por emisión de contaminantes y
los costos facturados por consumo doméstico e industrial, destinados al saneamiento no
han sido suficientes para financiar el tratamiento de las descargas.
La Semarnap asignó este año recursos para infraestructura hidráulica por únicamente 2
mil 110 millones de pesos que incluye la destinada a dotación de agua potable y
saneamiento, cantidad que es notoriamente desproporcionada en relación con la inversión
necesaria en este sector.
Es evidente que los recursos federales, estatales y municipales han sido insuficientes
para atender las necesidades crecientes de abasto de agua potable y a la vez procurar el
saneamiento de las mismas, por lo que es imperioso encontrar modelos que, adaptándose a
las disposiciones legales vigentes permitan y estimulen la inversión privada en el
proceso de aprovechamiento de este recurso tan escaso.
Suelos
Manejo y disposición de residuos sólidos municipales
De acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología, la
generación de residuos sólidos municipales para el año 2000 será de aproximadamente 34
millones de toneladas, de las cuales 11 millones se localizan en ciudades de más de 100
mil habitantes.
En 1996 se manejaron 8 mil 573 toneladas por día en 31 sitios controlados; es decir
únicamente el 10% del total de residuos municipales ha tenido un tratamiento primario. Es
lamentable la poca conciencia ambiental de la población y de las autoridades,no solamente
respecto de los riesgos para la salud derivados del manejo deficiente de la
"basura", sino además el desconocimiento de las posibilidades económicas para
que cuando menos este manejo sea autofinanciable.
Residuos industriales peligrosos
La generación de residuos peligrosos asciende aproximadamente a 8 millones de toneladas
anuales provenientes de instalaciones industriales, de las cuales únicamente se
encuentran manifestadas por los generadores alrededor de 3.18 millones de toneladas,
según información proporcionada por el INE, lo cual representa menos del 40%, es decir,
están fuera de control cerca de 5 millones de toneladas al año cuyo destino se desconoce
y con los enormes riesgos asociados a lixiviación y posterior infiltración de sustancias
tóxicas en los acuíferos. La iniciativa permitirá atraer inversiones para procesar,
reciclar y dar un destino de escaso impacto ambiental a las disposiciones finales.
Se encuentran registrados a la fecha 63 sitios para el manejo y acopio de estos residuos y
no existen a la fecha solicitudes para la instalación de plantas con tecnología moderna
como plasma o pirolisis. Asimismo, existe únicamente un solo confinamiento para la
disposición final de estos residuos.
Atmósfera
La mayor actividad económica ha incrementado el consumo de combustibles fósiles
consecuencia del incremento del parque vehícular, así como el mayor consumo industrial.
Destacan en menor medida las emisiones generadas por los sectores residenciales y de
servicios. Este incremento en el consumo ha provocado que la contaminación atmosférica,
antes fenómeno exclusivo del valle de México se haya extendido a las zonas conurbadas de
Nuevo León y Jalisco y en menor grado a otras ciudades medianas. Sin duda el problema
más grave de la contaminación de las zonas antes mencionadas es el ozono. Los estudios
de la Secretaría de Salud muestran que con niveles de ozono de 250, Imecas un 25% de la
población presenta síntomas de enfermedades respiratorias y pérdidas de salud y
laborales con un costo aproximado de 70 millones de pesos diarios. Por otra parte la
concentración de plomo en la atmósfera se ha reducido después de la introducción de la
gasolina sin plomo en 1990, sin embargo en ciertas áreas industrializadas del país la
concentración rebasa la norma establecida. Aún cuando se han tomado acciones correctivas
para atender los problemas atmosféricos más agudos, sus efectos han sido limitados. La
iniciativa permitirá incentivar inversiones que desarrollen tecnologías para la
sustitución de vehículos automotores que consumen actual y exclusivamente combustibles
fósiles, para iniciar la transición a vehículos híbridos que utilicen parcialmente gas
natural licuado a presión o bien eléctricos con pilas recargables.
Es evidente que, aun cuando no es materia de esta iniciativa, la reducción de las
emisiones se logrará en gran porcentaje con un programa de modernización del parque
vehícular que el Gobierno Federal deberá implementar para retirar de la circulación
vehículos de más antigüedad.
Los efectos devastadores del cambio climático que hemos sufrido en carne propia,
manifestados en sequías prolongadas e inundaciones, son consecuencia del calentamiento
global. La generación de energía a partir de combustibles fósiles causa emisiones de
bióxido de carbono por más del 75% del total mundial. El rápido aumento de automóviles
en el mundo hace temer un empeoramiento de la situación. El reciente informe del
Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Anann, establece la recomendación de
promover la eficiencia energética y una mejor utilización de los recursos renovables, en
este sentido es primordial desarrollar tecnologías como las turbinas eólicas, las celdas
fotovoltáicas, la producción combinada de energía y las baterías eléctricas
recargables. Esta iniciativa de ser aprobada incentivará las inversiones en este sector.
La aplicación nacional del Protocolo de Kyoto de 1997 significará un importante avance,
ya que permitirá la utilización de mecanismos de mercado que incentiven la reducción de
las emisiones y estimulen la asignación de inversiones y tecnología en países como el
nuestro.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente menciona en su artículo
22-bis, aquellas actividades que merecen ser consideradas como prioritarias para ser
beneficiarias por estímulos fiscales.
I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías
que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental,
así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;
II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización
de fuentes de energía menos contaminantes;
III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del
agua;
IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios
en áreas ambientalmente adecuadas;
V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas y
VI. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
A pesar de que la legislación ambiental señala la conveniencia de establecer los
estímulos fiscales a las actividades de mejoramiento ambiental, no ha habido respuesta de
parte de las autoridades hacendarías, preocupadas fundamentalmente en las políticas
recaudatorias. A partir de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 13
de diciembre de 1996 no ha habido ningún incentivo expresado en la Ley de Ingresos de la
Federación de los años 1997, 1998, 1999 y 2000.
Hemos considerado que los incentivos deberán otorgarse en forma de exenciones a 10 años,
las cuales serían reducidas en forma gradual, ya que muchos proyectos ambientales prevén
la recuperación de las inversiones a largo plazo.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, estima que estas medidas
de ser aprobadas no tendrán un impacto significativo en las finanzas públicas, ya que
hemos demostrado en la exposición de motivos, que las mismas autoridades reconocen la
precaria inversión privada en los sectores aludidos en la legislación ambiental y lejos
de disminuir los ingresos fiscales, el impacto económico de las inversiones nuevas
generará un efecto multiplicador en varias ramas industriales y de servicios, que a su
vez hará posible una mayor recaudación fiscal.
Por las razones expresadas anteriormente, se solicita a la mesa directiva sea enviada a la
consideración de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que adiciona disposiciones transitorias a
la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo único. A partir del 1o. de enero del año 2001 se exime del pago del
impuesto sobre la renta, durante un período de diez años, a las empresas que realicen de
manera exclusiva o preponderante las actividades siguientes:
a) Tratamiento de aguas industriales y municipales;
b) Tratamiento de residuos sólidos municipales;
c) Reciclaje de residuos industriales;
d) Tratamiento de residuos peligrosos, biológico-infecciosos y/o tóxicos;
e) Generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas de energía:
geotérmica, hídrica, fotovoltáica, eólica y combinadas;
f) Producción de vehículos automotores que utilicen energía de fuentes no fósiles y
g) Todas aquellas consideradas prioritarias contempladas en el artículo 22-bis de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, previa autorización de la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
La exención a que se refiere el primer párrafo será del 100% durante el primer año y
en forma decreciente escalonada del 10% anual, hasta llegar al 10% en el décimo.
No se considerará la exención para efectos del cálculo de las utilidades a los
trabajadores.
Atentamente
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 29 de abril del 2000.- Firman los
senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: Aladro Fernández
Benigno, Alvarado Ibares Javier, Alvarez Alvarez Luis Héctor, Alvarez de Vicencio María
Elena, Bolado del Real María del Carmen, Castro Lozano Juan de Dios, Corella Gil
Samaniego Norberto, Elizondo Torres Rodolfo, Fernández Garza Mauricio, Franco Muñoz
Enrique, Galván Moreno Jorge, García Cervantes Ricardo, García Villa Juan Antonio,
Goicoechea Luna Emilio, González Pintor Luis, Herrero Arandia José Fernando, Jiménez
Moreno José Natividad, Jiménez Remus Gabriel, Ling Altamirano Alfredo, Medina Padilla
José Ramón, Mejía Guzmán Luis, Molina Ruiz Francisco, Nava Bolaños Arturo, Payán
Cervera Ana Rosa, Pérez Zaragoza Evangelina, Rodríguez Martínez Tarcisio, Rosel Isaac
Benito, Salazar Sáenz Francisco Xavier, Santos de la Garza Luis y Villarreal Dávila
Rosendo.»
Se recibe y se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR
DE LA FEDERACION
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Minutas.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presente.
Me permito remitir a ustedes, para los efectos del inciso e, del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta
proyecto de Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 30 de abril de 2000.- La Presidencia.- Senador Dionisio Pérez Jacome,
vicepresidente en funciones.
MINUTA CON PROYECTO
DE LEY DE FISCALIZACION
SUPERIOR DE LA FEDERACION
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 1o. La
presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la revisión de la Cuenta
Pública y su fiscalización superior.
Artículo 2o. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Poderes de la Unión: los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, comprendidas en
este último las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así
como la Procuraduría General de la República;
II. Cámara: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
III. Auditoría Superior de la Federación: la entidad de fiscalización superior de la
Federación;
IV. Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Cámara encargada de la coordinación y
evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación;
V. Entes públicos federales: los organismos públicos constitucionalmente autónomos para
el desempeño de sus funciones sustantivas y las demás personas de derecho público de
carácter federal autónomas por disposición legal, así como los órganos
jurisdiccionales que determinen las leyes;
VI. Entidades fiscalizadas: los poderes de la Unión, los entes públicos federales, las
entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales y, en general,
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado,
administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales;
VII. Gestión financiera: la actividad de los poderes de la Unión y de los entes
públicos federales, respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los
ingresos, egresos, fondos y en general, de los recursos públicos que éstos utilicen para
la ejecución de los objetivos contenidos en los programas federales aprobados, en el
periodo que corresponde a una cuenta pública, sujeta a la revisión posterior de la
Cámara, a través de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de verificar que
dicha gestión se ajusta a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables, así como el cumplimiento de los programas señalados;
VIII. Cuenta pública: el informe que los poderes de la Unión y los entes públicos
federales rinden de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara,
sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración,
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio
fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los
términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los
criterios y con base en los programas aprobados;
IX. Informe de avance de gestión financiera: el informe, que como parte integrante de la
cuenta pública, rinden los poderes de la Unión y los entes públicos federales de manera
consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara sobre los avances físicos y
financieros de los programas federales aprobados, a fin de que la Auditoría Superior de
la Federación fiscalice en forma posterior a la conclusión de los procesos
correspondientes, los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus
fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en
dichos programas:
X. Proceso concluido: aquel que los poderes de la Unión y entes públicos federales
reporten como tal, en el informe de avance de gestión financiera, con base en los
informes de gasto devengado conforme a la estructura programática autorizada;
XI. Fiscalización superior: facultad ejercida por la Auditoría Superior de la
Federación, para la revisión de la cuenta pública, incluyendo el informe de avance de
gestión financiera, a cargo de la Cámara;
XII. Programas: los contenidos en los presupuestos aprobados a los que se sujeta la
gestión o actividad de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales y
XIII. Servidores públicos: los que se consideran como tales en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
Artículo 3o. La revisión de la cuenta pública, está a cargo de la Cámara, la
cual se apoya para tales efectos, en la Auditoría Superior de la Federación, misma que
tiene a su cargo la fiscalización superior de la propia cuenta pública y goza de
autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en está ley.
Artículo 4o. Son sujetos de fiscalización superior, los poderes de la Unión,
los entes públicos federales y las demás entidades fiscalizadas.
Artículo 5o. La fiscalización superior que realice la Auditoría Superior de la
Federación, se ejerce de manera posterior a la gestión financiera, tiene carácter
externo y por lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier
otra forma de control o fiscalización interna de los poderes de la Unión y de los entes
públicos federales.
Artículo 6o. A falta de disposición expresa en la ley, se aplicarán en forma
supletoria y en lo conducente, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así
como las disposiciones relativas del derecho común, sustantivo y procesal.
TITULO SEGUNDO
De la cuenta pública, su revisión
y fiscalización superior
CAPITULO I
De la cuenta pública
Artículo 7o. Para los
efectos de esta ley, la cuenta pública estará constituida por:
A) Los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos y programáticos;
B) La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación;
C) Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y
pasivo totales de la Hacienda Pública Federal y en su patrimonio neto, incluyendo el
origen y aplicación de los recursos y
D) El resultado de las operaciones de los poderes de la Unión y entes públicos
federales, además de los estados detallados de la Deuda Pública Federal.
Artículo 8o. La cuenta pública del año anterior deberá ser presentada por el
Ejecutivo Federal a la Cámara y en sus recesos, si es el caso, a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, dentro de los 10 primeros días del mes de junio. Sólo se
podrá ampliar el plazo de presentación de la cuenta pública, cuando medie solicitud del
Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente,
debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de
las razones que lo motiven. En ningún caso la prórroga excederá de 45 días naturales.
Asimismo, los poderes de la Unión y los entes públicos federales rendirán a la
Auditoría Superior de la Federación, a más tardar el 31 de agosto del año en que se
ejerza el presupuesto respectivo, el informe de avance de gestión financiera sobre los
resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el periodo comprendido
del 1o. de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso. Dicho informe será
consolidado y remitido por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Artículo 9o. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
anterior, los poderes de la Unión y los entes públicos federales harán llegar con la
debida anticipación al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la información que dicha dependencia les solicite.
Artículo 10. La cuenta pública que se rinda a la Cámara deberá consolidar la
información del informe de avance de gestión financiera, así mcomo la correspondiente
al segundo semestre del año que corresponda.
Artículo 11. El contenido del informe de avance de gestión financiera se
referirá a los programas a cargo de los poderes de la Unión y los entes públicos
federales, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción
de necesidades en ellos proyectados y contendrá:
I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el
presupuesto;
II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos
aprobados en el presupuesto y
III. Los procesos concluidos.
Artículo 12. La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, considerando
las propuestas que formulen los poderes de la Unión y de los entes públicos federales,
expedirán las bases y normas para la baja de documentos justificatorios y comprobatorios
para efecto de destrucción, guarda o custodia de los que deban conservarse, microfilmarse
o procesarse electrónicamente, sujetándose a las disposiciones legales establecidas en
la materia.
Los microfilms y los archivos guardados mediante procesamiento electrónico a que se
refiere el párrafo anterior, tendrán el valor que, en su caso, establezcan las
disposiciones legales aplicables a las operaciones en que aquellos se apliquen.
Artículo 13. La Auditoría Superior de la Federación conservará en su poder la
cuenta pública de cada ejercicio fiscal y los informes de resultados de su revisión,
mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades derivadas de las
supuestas irregularidades que se detecten en las operaciones objeto de revisión. También
se conservarán las copias autógrafas de las resoluciones en las que se finquen
responsabilidades y los documentos que contengan las denuncias o querellas penales, que se
hubieren formulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se
hubieren evidenciado durante la referida revisión.
CAPITULO II
De la revisión y fiscalización superior
de la cuenta pública
Artículo 14. La
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tienen por objeto determinar:
I. Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados;
II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, se ajustan o
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;
III. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento de los programas
con base en los indicadores aprobados en el presupuesto;
IV. Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás
disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos
respectivos;
V. En forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, el resultado de
la gestión financiera de los poderes de la Unión y los entes públicos federales;
VI. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación,
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y
demás activos y recursos materiales;
VII. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos federales, y si
los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades fiscalizadas
celebren o realicen, se ajustan a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios en
contra del Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales;
VIII. Las responsabilidades a que haya lugar y
Artículo 15. La cuenta pública será turnada a la Auditoría Superior de la
Federación para su revisión y fiscalización superior, a través de la comisión de la
Cámara.
Artículo 16. Para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública,
la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:
I. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas
necesarios para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y del informe de
avance de gestión financiera, verificando que ambos sean presentados, en los términos de
esta ley y de conformidad con los principios de contabilidad aplicables al sector
público;
II. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de
archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del
gasto público, así como todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea de
las auditorías y revisiones, de conformidad con las propuestas que formulen los poderes
de la Unión y los entes públicos federales y las características propias de su
operación;
III. Evaluar el informe de avance de gestión financiera respecto de los avances físico y
financiero de los programas autorizados y sobre procesos concluidos;
IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas en los programas
federales, conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto, a efecto
de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos
públicos;
V. Verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren recaudado, manejado, administrado
o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y
montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas
correspondientes, además con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas aplicables;
VI. Verificar que las operaciones que realicen los poderes de la Unión y los entes
públicos federales sean acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la
Federación y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal de
la Federación y leyes fiscales sustantivas; las leyes General de Deuda Pública; de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; orgánicas del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la
Federación y demás disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias;
VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las
inversiones y gastos autorizados a los poderes de la Unión y entes públicos federales se
han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas
aprobados;
VIII. Solicitar, en su caso, a los auditores externos copias de los informes o dictámenes
de las auditorías y revisiones por ellos practicadas;
IX. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios mediante
cualquier título legal con los poderes de la Unión y entes públicos federales y, en
general, a cualquier entidad o persona pública o privada que haya ejercido recursos
públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria
de la cuenta pública a efecto de realizar las compulsas correspondientes;
X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimento de sus
funciones. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo
proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todos los
servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como a los
profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la
reserva a que aluden los artículos 27 y 28 y la prohibición a que se refiere la
fracción III del artículo 80 de esta ley;
La Auditoría Superior de la Federación sólo tendrá acceso a la información que las
disposiciones legales consideren como de carácter reservado o que deba mantenerse en
secreto, cuando esté relacionada con la recaudación, administración, manejo, custodia y
aplicación de los ingresos y egresos federales, y tendrá la obligación de mantener la
misma reserva o secrecía hasta en tanto no se derive de su revisión al finamiento de
responsabilidades o el
IX. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de
esta ley.
X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimento de sus
funciones. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo
proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todos los
servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como a los
profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la
reserva a que aluden los artículos 27 y 28 y la prohibición a que se refiere la
fracción III del artículo 80 de esta ley;
La Auditoría Superior de la Federación sólo tendrá acceso a la información que las
disposiciones legales consideren como de carácter reservado o que deba mantenerse en
secreto, cuando esté relacionada con la recaudación, administración, manejo, custodia y
aplicación de los ingresos y egresos federales, y tendrá la obligación de mantener la
misma reserva o secrecía hasta en tanto no se derive de su revisión al finamiento de
responsabilidades o el señalamiento de las observaciones que correspondan en el informe
del resultado.
XI. Fiscalizar los subsidios que los poderes de la Unión y los entes públicos federales,
hayan otorgado con cargo a su presupuesto, a entidades federativas, particulares y, en
general, a cualquier entidad pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y
destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;
XII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de fondos y recursos federales;
XIII. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros
y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las
leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos;
XIV. Formular pliegos de observaciones, en los términos de esta ley;
XV. Determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado en su Hacienda Pública
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes;
XVI. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes a los
responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de información en el caso de las
revisiones que haya ordenado tratándose de las situaciones excepcionales que determina
esta ley;
XVII. Conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de
las resoluciones y sanciones que aplique, así como condonar total o parcialmente las
multas impuestas;
XVIII. Concertar y celebrar convenios con las entidades federativas, con el propósito de
dar cumplimiento al objeto de esta ley;
XIX. Elaborar estudios relacionados con las materias de su competencia y publicarlos;
XX. Celebrar convenios con organismos y participar en foros nacionales e internacionales,
cuyas funciones sean acordes con sus atribuciones, y
XXI. Las demás que le sean conferidas por esta ley o cualquier otro ordenamiento.
Artículo 17. Respecto del informe de avance de gestión financiera, la
Auditoría Superior de la Federación únicamente podrá auditar los conceptos reportados
en él como procesos concluidos por los poderes de la Unión y los entes públicos
federales.
Al efecto, la Auditoría Superior de la Federación podrá realizar observaciones,
disponiendo los poderes de la Unión y los entes públicos federales de 45 días para
formular los comentarios que procedan.
Artículo 18. Las observaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán
notificarse a los poderes de la Unión y a los entes públicos federales a más tardar el
31 de enero del año siguiente al de la presentación de dicho informe, con el propósito
de que sus comentarios se integren al informe del resultado de la revisión de la cuenta
pública correspondiente.
Artículo 19. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus
facultades de fiscalización, podrá realizar visitas y auditorías durante el ejercicio
fiscal en curso, respecto de los procesos reportados como concluidos en el informe de
avance de gestión financiera, en caso contrario, sólo podrá realizar visitas y
auditorías a partir de que la Comisión de la Cámara le haga entrega de la cuenta
pública.
Artículo 20. La fiscalización del informe de avance de gestión financiera y la
revisión de la cuenta pública están limitadas al principio de anualidad a que se
refiere la fracción IV del artículo 74 constitucional, por lo que un proceso que abarque
en su ejecución dos o más ejercicios fiscales, sólo podrá ser revisado y fiscalizado
anualmente en la parte ejecutada precisamente en ese ejercicio, al rendirse la cuenta
pública; lo mismo ocurrirá cuando el proceso se declare como concluido. En virtud de lo
anterior, la revisión de conceptos ya fiscalizado con motivo del informe de avance de
gestión financiera, no deberán duplicarse a partir de la revisión de la cuenta
pública.
Sin perjuicio del principio de anualidad a que se refiere el párrafo anterior, la
Auditoría Superior de la Federación podrá revisar de manera casuística y concreta,
información y documentos relacionados con conceptos específicos de gasto correspondiente
a ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, cuando el programa o
proyecto contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecución y pago diversos
ejercicios fiscales, sin que con este motivo se entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio correspondiente a la revisión
específica señalada.
Artículo 21. La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a los
datos, libros y documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso y gasto
público de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como a la
demás información que resulte necesaria, siempre que al solicitarla se expresen los
fines a que se destine dicha información. Por lo que hace a la relativa a las operaciones
de cualquier tipo, proporcionada por instituciones de crédito, les será aplicable a
todos los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como a
los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de gardar
la reserva a que aluden los artículos 27 y 28 y la prohibición a que se refiere la
fracción III del artículo 80 de esta ley.
Artículo 22. Cuando conforme a esta ley los órganos de control interno de los
poderes de la Unión y de los entes públicos federales, deban colaborar con la Auditoría
Superior de la Federación en lo que concierne a la revisión de la cuenta pública,
deberá establecerse una coordinación entre ambos a fin de garantizar el debido
intercambio de información que al efecto se requiera, y otorgar las facilidades que
permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberán
proporcionar la documentación que les solicite dicha Auditoría Superior de la
Federación sobre los resultados de la fiscalización que realicen o cualquier otra que se
les requiera.
Artículo 23. La información y datos que para el cumplimiento de lo previsto en
los artículos anteriores se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto de
esta ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 24. Las auditorías, visitas e inspecciones que se efectúen en los
términos de este título, se practicarán por el personal expresamente comisionado para
el efecto por la Auditoría Superior de la Federación o mediante la contratación de
profesionales de auditoría independientes, habilitados por la misma para efectuar visitas
o inspecciones, siempre y cuando no exista conflicto de intereses.
Artículo 25. Las personas a que se refiere el artículo anterior tendrán el
carácter de representantes de la Auditoría Superior de la Federación en lo concerniente
a la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar previamente el oficio de
comisión respectivo e identificarse plenamente como personal actuante de dicha Auditoría
Superior de la Federación.
Artículo 26. Durante sus actuaciones los comisionados o habilitados que hubieren
intervenido en las revisiones, deberán levantar actas circunstanciadas en presencia de
dos testigos, en las que harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las
actas, declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos harán prueba en los
términos de ley.
Artículo 27. Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación y, en su caso, los profesionales contratados para la práctica de auditorías,
deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del
objeto de esta ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones.
Artículo 28. Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación, cualesquiera que sea su categoría y los profesionales contratados para la
práctica de auditorías, serán responsables, en los términos de las disposiciones
legales aplicables, por violación a dicha reserva.
Artículo 29. La Auditoría Superior de la Federación será responsable
solidaria de los daños y perjuicios que en términos de este artículo causen los
servidores públicos y profesionales contratados para la práctica de auditorías actuando
ilícitamente.
CAPITULO III
Del informe del resultado de la revisión
y fiscalización superior de la
cuenta pública
Artículo 30. La
Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo improrrogable que vence el 31 de
marzo del año siguiente a aquél en que la Cámara, o en su caso, la Comisión
Permanente, reciba la cuenta pública, para realizar su examen y rendir en dicha fecha a
la Cámara, por conducto de la comisión, el informe del resultado correspondiente, mismo
que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la
Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones.
Artículo 31. El informe del resultado a que se refiere el artículo anterior
deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Los dictámenes de la revisión de la cuenta pública;
b) El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los
programas, con respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así
como de la satisfacción de las necesidades correspondientes, bajo criterios de
eficiencia, eficacia y economía;
c) El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones
contenidas en los ordenamientos legales correspondientes;
d) Los resultados de la gestión financiera;
e) La comprobación de que los poderes de la Unión y los entes públicos federales, se
ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación
y en las demás normas aplicables en la materia;
f) El análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso y
g) Los comentarios y observaciones de los auditados.
En el supuesto de que conforme al apartado b de este artículo, no se cumpla con los
objetivos y metas establecidas en los programas aprobados, la Auditoría Superior de la
Federación hará las observaciones y recomendaciones que a su juicio sean procedentes.
Artículo 32. La Auditoría Superior de la Federación en el informe del
resultado dará cuenta a la Cámara de los pliegos de observaciones que se hubieren
fincado, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades y de la
imposición de sanciones respectivas, así como de la promoción de otro tipo de
responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitos, que realice de
conformidad con lo dispuesto en esta ley.
TITULO TERCERO
De la fiscalización de recursos federales
ejercidos por entidades federativas,
municipios y particulares
CAPITULO UNICO
Artículo 33. Para
efectos de la fiscalización de recursos federales que se ejerzan por las entidades
federativas y por los municipios, incluyendo a sus administraciones públicas
paraestatales, la Auditoría Superior de la Federación propondrá los procedimientos de
coordinación con las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, para que en el ejercicio de las atribuciones de control que éstas tengan
conferidas, colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los
recursos federales, recibidos por dichos órdenes de gobierno.
Dichos procedimientos comprenderán además la comprobación de la aplicación adecuada de
los recursos que reciban particulares, en concepto de subsidios otorgados por las
entidades federativas y los municipios con cargo a recursos federales.
Artículo 34. El auditor superior de la Federación, con sujeción a los
convenios celebrados, acordará la forma y términos en que, en su caso, el personal a su
cargo realizará la fiscalización de los recursos de origen federal que ejerzan las
entidades federativas y los municipios.
Artículo 35. Cuando se acrediten afectaciones al Estado en su Hacienda Pública
Federal, atribuibles a las autoridades estatales, municipales o del Distrito Federal, la
Auditoría Superior de la Federación procederá a fincar directamente a los responsables
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes y promoverá ante los
órganos o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles,
políticas y penales a que hubiere lugar.
TITULO CUARTO
De la revisión de situaciones
excepcionales
CAPITULO UNICO
Artículo 36. Para los
efectos de lo previsto en el párrafo tercero de la fracción I del artículo 79
constitucional, cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras
circunstancias pueda suponerse el presunto manejo, aplicación o custodia irregular de
recursos públicos federales o de su desvío, la Auditoría Superior de la Federación
procederá a requerir a las entidades fiscalizadas, revisiones de conceptos específicos
vinculados de manera directa a las denuncias presentadas. El requerimiento deberá aportar
indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma que la irregularidad
cometida ocasionó un daño al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de
los entes públicos federales.
Artículo 37. Las entidades fiscalizadas deberán rendir a la Auditoría Superior
de la Federación, en un plazo que no excederá de 75 días contados partir de la
recepción del requerimiento, un informe del resultado de sus actuaciones y, en su caso,
de las sanciones que se hubieren impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los
servidores públicos involucrados. Este informe en ningún caso contendrá información de
carácter reservado.
Artículo 38. Para los efectos de esta ley, se entenderá por situaciones
excepcionales aquéllas en las cuales, de la denuncia que al efecto se presente, se
deduzca alguna de las circunstancias siguientes:
a) Un daño patrimonial que afecte a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos federales, por un monto que resulte superior a 100 mil veces el salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal;
b) Hechos de corrupción determinados por autoridad competente;
c) La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía;
d) El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la
comunidad o
e) El desabasto de productos de primera necesidad.
Artículo 39. Los sujetos de fiscalización estarán obligados a realizar la
revisión que la Auditoría Superior de la Federación les requiera, sin que dicha
revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que
conforme a la ley competa a las autoridades y a los servidores públicos de los poderes de
la Unión y de los entes públicos federales.
Artículo 40. Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 37 de esta ley,
la entidad fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe a que el mismo
numeral se refiere, la Auditoría Superior de la Federación procederá a fincar las
responsabilidades que corresponda e impondrá a los servidores públicos responsables una
multa de 100 a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Su
reincidencia se podrá castigar con una multa hasta del doble de la ya impuesta, además
de que podrá promover la destitución de los responsables ante las autoridades
competentes.
Artículo 41. El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones
no relevará al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones
que motivaron las multas.
Artículo 42. Cuando la Auditoría Superior de la Federación, además de imponer
la sanción respectiva, requiera al infractor para que en un plazo determinado, que nunca
será mayor a 45 días, cumpla con la obligación omitida motivo de la sanción y éste
incumpla, será sancionado como reincidente.
Artículo 43. Para imponer la multa que corresponda, la Auditoría Superior de la
Federación debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones
económicas, así como la gravedad de la infracción cometida, su nivel jerárquico y la
necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en
esta ley.
Artículo 44. Lo dispuesto en el presente capítulo no excluye la imposición de
sanciones que conforme a ésta u otras leyes fueren aplicables por la Auditoría Superior
de la Federación ni del fincamiento de otras responsabilidades.
TITULO QUINTO
De la determinación de daños y
perjuicios y del fincamiento de
responsabilidades
CAPITULO I
De la determinación de daños
y perjuicios
Artículo 45. Si de la
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, aparecieran irregularidades que
permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al
Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales,
la Auditoría Superior de la Federación procederá a:
I. Determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas;
II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;
III. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar y
V. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y
judiciales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente
la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que
dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
CAPITULO II
Del fincamiento de responsabilidades
resarcitorias
Artículo 46. Para los
efectos de esta ley incurren en responsabilidad:
I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u
omisiones que causen daño o perjuicio estimable en dinero al Estado en su Hacienda
Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales;
II. Los servidores públicos de los poderes de la Unión y entes públicos federales que
no rindan o dejen de rendir sus informes acerca de la solventación de los pliegos de
observaciones formulados y remitidos por la Auditoría Superior de la Federación, y
III. Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, cuando al
revisar la cuenta pública no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares
que detecten.
Artículo 47. Las responsabilidades que conforme a esta ley se finquen, tienen
por objeto resarcir al Estado y a los entes públicos federales, el monto de los daños y
perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, respectivamente, a su Hacienda
Pública Federal y a su patrimonio.
Artículo 48. Las responsabilidades resarcitorias a que se refiere este capítulo
se constituirán en primer término a los servidores públicos o personas físicas o
morales que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las
hayan originado y, subsidiariamente, y en ese orden al servidor público jerárquicamente
inmediato que por la índole de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado
tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.
Serán responsables solidarios con los servidores públicos, los particulares, persona
física o moral, en los casos en que hayan participado y originado una responsabilidad
resarcitoria.
Artículo 49. Las responsabilidades resarcitorias señaladas, se fincarán
independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de
carácter penal que imponga la autoridad judicial.
Artículo 50. Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de
los poderes de la Unión y de los entes públicos federales y de la Auditoría Superior de
la Federación, no eximen a éstos ni a las empresas privadas o a los particulares, de sus
obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere
hecho efectiva total o parcialmente.
Artículo 51. La Auditoría Superior de la Federación, con base en las
disposiciones de esta ley, formulará a los poderes de la Unión y entes públicos
federales los pliegos de observaciones derivados de la revisión y fiscalización superior
de la cuenta pública, en los que se determinará en cantidad líquida, la presunta
responsabilidad de los infractores, la cual deberá contabilizarse de inmediato.
Artículo 52. Los poderes de la Unión y entes públicos federales, dentro de un
plazo improrrogable de 45 días hábiles contado a partir de la fecha de recibo de los
pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos ante la Auditoría Superior de la
Federación. Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo
señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio
de la Auditoría Superior de la Federación para solventar las observaciones, iniciará el
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a que se refiere el
siguiente capítulo, y en su caso, aplicará las sanciones pecuniarias a que haya lugar,
en los términos de esta ley.
CAPITULO III
Del procedimiento para el fincamiento
de responsabilidades
resarcitorias
Artículo 53. El
fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará al procedimiento
siguiente:
I. Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables a una audiencia,
haciéndoles saber los hechos que se les imputan y que sean causa de responsabilidad en
los términos de esta ley, señalando el lugar, día y hora, en que tendrá verificativo
dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho
convenga, por sí o por medio de un defensor; apercibidos que de no comparecer sin justa
causa, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos y se
resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo.
A la audiencia podrá asistir el representante de los poderes de la Unión o de los entes
públicos federales, que para tal efecto designen.
Entre la fecha de citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco
ni mayor de 15 días hábiles;
II. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Auditoría Superior de la Federación,
resolverá dentro de los 60 días hábiles siguientes sobre la existencia o inexistencia
de responsabilidad y fincará, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en el
que se determine la indemnización correspondiente, a él o los sujetos responsables y
notificará a éstos dicho pliego, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la
Tesorería de la Federación, para el efecto de que si en un plazo de 15 días naturales
contados a partir de la notificación, éste no es cubierto, se haga efectivo en términos
de ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando los responsables
sean servidores públicos, dicho pliego será notificado al representante de los poderes
de la Unión y de los entes públicos federales, según corresponda y al órgano de
control interno respectivo.
La indemnización invariablemente deberá ser suficiente para cubrir los daños y
perjuicios causados o ambos, y se actualizará para efectos de su pago, en la forma y
términos que establece el Código Fiscal de la Federación en tratándose de
contribuciones y aprovechamientos.
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar a la Tesorería de la
Federación proceda al embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables a
efecto de garantizar el cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinada
en cantidad líquida el monto de la responsabilidad resarcitoria respectiva.
El presunto o presuntos responsables podrán solicitar la sustitución del embargo
precautorio, por cualquiera de las garantías que establece el Código Fiscal de la
Federación, a satisfacción de la Auditoría Superior de la Federación, y
III. Si en la audiencia la Auditoría Superior de la Federación encontrara que no cuentan
con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva
responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas, podrá
disponer la práctica de investigaciones y citar para otras audiencias.
Artículo 54. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en
este capítulo, así como en la apreciación de las pruebas, y desahogo del recurso de
revocación, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
Artículo 55. Las multas y sanciones resarcitorias a que se refiere la presente
ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida por la
Auditoría Superior de la Federación, haciéndose efectivas conforme al procedimiento
administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.
Artículo 56. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá informar
semestralmente a la Auditoría Superior de la Federación y a la comisión, de los
trámites que se vayan realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto
recuperado.
Artículo 57. El importe de las sanciones resarcitorias que se recuperen en los
términos de esta ley, deberá ser entregado, por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a las respectivas tesorerías de los poderes de la Unión y entes públicos
federales que sufrieron el daño o perjuicio respectivo. Dicho importe quedará en las
tesorerías en calidad de disponibilidades y sólo podrá ser ejercido de conformidad con
lo establecido en el presupuesto.
Artículo 58. La Auditoría Superior de la Federación podrá abstenerse de
sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, justificando las
causas de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni
constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y
el daño causado por éste no exceda de 100 veces el salario mínimo general mensual
vigente en el Distrito Federal en la fecha en que cometa la infracción.
CAPITULO IV
Del recurso de reconsideración
Artículo 59. Las
sanciones y demás resoluciones que emita la Auditoría Superior de la Federación
conforme a esta ley, podrán ser impugnadas por el servidor público o por los
particulares, personas físicas o morales, ante la propia Auditoría Superior de la
Federación, mediante el recurso de reconsideración o bien, mediante juicio de nulidad
ante el Tribunal Fiscal de la Federación. El recurso de reconsideración se interpondrá
dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del
pliego o resolución recurrida.
Artículo 60. La tramitación del recurso se sujetará a las disposiciones
siguientes:
I. Se iniciará mediante escrito en el que se deberán expresar los agravios que a juicio
del servidor público o del particular, persona física o moral, le cause la multa o
resolución impugnada, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la
misma, así como el ofrecimiento de pruebas que considere necesario rendir;
II. La Auditoría Superior de la Federación acordará sobre la admisión del recurso y de
las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los
hechos en que se base la resolución y
III. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de
los 60 días hábiles siguientes, notificándola al interesado.
Artículo 61. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del pliego
o resolución recurrida, si el pago de la sanción correspondiente se garantiza en
términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 62. Los servidores públicos en todo momento durante el procedimiento a
que se refiere el artículo 53 de esta ley, o bien, para la interposición del recurso de
reconsideración respectivo, podrán consultar los expedientes administrativos donde
consten los hechos que se les imputen y obtener copias certificadas de los documentos
correspondientes.
CAPITULO V
De la prescripción de responsabilidades
Artículo 63. Las
facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fincar responsabilidades e
imponer las sanciones a que se refiere este título prescribirán en cinco años.
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se
hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si
fue de ca rácter continuo.
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al
notificarse el inicio del procedimiento establecido en el artículo 53 de esta ley.
Artículo 64. Las responsabilidades de carácter civil, administrativo y penal
que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes
aplicables.
Artículo 65. Cualquier gestión de cobro que haga la autoridad competente al
responsable, interrumpe la prescripción de la sanción impuesta, prescripción que, en su
caso, comenzará a computarse a partir de dicha gestión.
TITULO SEXTO
Relaciones con la Cámara de Diputados
CAPITULO UNICO
De la Comisión de Vigilancia
Artículo 66. Para los
efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 constitucional, la Cámara
contará con una comisión que tendrá por objeto, coordinar las relaciones entre ésta y
la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el desempeño de esta última y
constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos.
Artículo 67. Son atribuciones de la comisión:
I. Ser el conducto de comunicación entre la Cámara y la Auditoría Superior de la
Federación;
II. Recibir de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el informe de avance de
gestión financiera y la Cuenta Pública y turnarlos a la Auditoría Superior de la
Federación;
III. Presentar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, el informe
del resultado de la revisión de la cuenta pública;
IV. Conocer el programa anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus
funciones, elabore la Auditoría Superior de la Federación, así como sus modificaciones,
y evaluar su cumplimiento, '
V. Citar, por conducto de su mesa directiva, al auditor superior de la Federación para
conocer en lo específico el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública;
VI. Conocer el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación,
así como el informe anual de su ejercicio y turnarlo a la Junta de Coordinación
Política de la Cámara para los efectos legales conducentes;
VII. Evaluar si la Auditoría Superior de la Federación cumple con las funciones que
conforme a la Constitución y esta ley le corresponden y proveer lo necesario para
garantizar su autonomía técnica y de gestión.
VIII. Presentar a la Cámara la propuesta de candidato a ocupar el cargo de auditor
superior de la Federación, así como la solicitud de su remoción, en términos de lo
dispuesto por el tercer párrafo del artículo 79 constitucional;
IX. Proponer al pleno de la Cámara al titular de la Unidad de Evaluación y Control y los
recursos materiales, humanos y presupuestales con los que debe contar la propia unidad;
X. Proponer al pleno de la Cámara el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y
Control;
XI. Aprobar el programa de actividades de la Unidad de Evaluación y Control y requerirle
todo tipo de información relativa a sus funciones;
XII. Ordenar a la Unidad de Evaluación y Control, la práctica de auditorías a la
entidad de fiscalización superior de la Federación;
XIII. De acuerdo a las posibilidades presupuestales, contratar asesores externos para el
adecuado cumplimiento de sus atribuciones y
XIV. Las demás que establezca esta ley y demás disposiciones aplicables.
TITULO SEPTIMO
Organización de la Auditoría Superior
de la Federación
CAPITULO I
Integración y organización
Artículo 68. Al frente
de la Auditoría Superior de la Federación habrá un auditor superior de la Federación
designado conforme a lo previsto por el párrafo tercero del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara.
Artículo 69. La designación de Auditor Superior de la Federación se sujetará
al procedimiento siguiente:
I. La Comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de recibir
durante un periodo de 10 días contados a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto de auditor superior de la Federación;
II. Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y
documentos que señale la convocatoria, la comisión, dentro de los cinco días
siguientes, procederá a la revisión y análisis de las mismas;
III. Del análisis de las solicitudes los integrantes de la comisión entrevistarán por
separado para la evaluación respectiva y dentro de los cinco días siguientes, a los
candidatos que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de una terna;
IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días, la comisión
formulará su dictamen, a fin de proponer al pleno los tres candidatos, para que éste
proceda, en los términos del artículo anterior, a la designación del auditor superior
de la Federación y
V. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el pleno de la Cámara.
Artículo 70. En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el
dictamen para ocupar el cargo de auditor superior de la Federación, haya obtenido la
votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados,
se volverá a someter una nueva propuesta en los términos del artículo anterior. Ningún
candidato propuesto en el dictamen rechazado por el pleno podrá participar de nueva
cuenta en el proceso de selección.
Artículo 71. El auditor superior de la Federación durará en el encargo ocho
años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido por la
Cámara por las causas graves a que se refiere el artículo 81 de esta ley, con la misma
votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los
procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Si esta situación se presenta estando en receso la Cámara de
Diputados, la Comisión Permanente podrá convocar a un periodo extraordinario para que
resuelva en torno a dicha remoción.
Artículo 72. Durante el receso de la Cámara, el auditor especial que
corresponda conforme al Reglamento Interior, ejercerá el cargo hasta en tanto dicha
Cámara designe al auditor superior en el siguiente periodo de sesiones.
El auditor superior será suplido en sus ausencias temporales por los auditores especiales
en el orden que señale el reglamento interior de la Auditoría Superior de la
Federación. En caso de falta definitiva, la comisión dará cuenta a la Cámara para que
designe, en términos del artículo 71 de esta ley, al auditor que concluirá el encargo.
Artículo 73. Para ser auditor superior de la Federación se requiere satisfacer
los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener por lo menos 35 años cumplidos el día de la designación;
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el
concepto público,inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación;
V. No haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, Procurador
General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal,
gobernador de algún estado o jefe del gobierno del Distrito Federal ni dirigente de
algún partido político ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los
cuatro años anteriores a la propia designación;
VI. Contar al momento de su designación con una experiencia de cinco años en el control,
manejo o fiscalización de recursos y
VII. Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de 10 años, con título
profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en
economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado
con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente
facultada para ello.
Artículo 74. El auditor superior tendrá las siguientes atribuciones:
I. Representar a la Auditoría Superior de la Federación ante las entidades fiscalizadas,
autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios y demás personas
físicas y morales;
II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación
atendiendo a las previsiones del ingreso y del Gasto Público Federal;
III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría Superior de la Federación
y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de
servicios de la entidad, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional,
sus leyes reglamentarias y a lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, así como
gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles del dominio
público de la Federación, afectos a su servicio;
IV. Aprobar el programa anual de actividades de la entidad a su cargo, así como el
programa anual de auditorías, visitas e inspecciones;
V. Expedir, de conformidad con lo establecido en esta ley, y sujeto a la ratificación de
la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación, en el que se distribuirán las atribuciones a sus
unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán
ser suplidos estos últimos en sus ausencias, debiendo ser publicado dicho reglamento
interior en el Diario Oficial de la Federación.
VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida
organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación, los que
deberán ser ratificados por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y
publicados posteriormente en el Diario Oficial de la Federación.
VII. Nombrar al personal de mandos superiores de la Auditoría Superior de la Federación;
VIII. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de
archivo de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto
público, así como todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las
auditorías y revisiones, de conformidad con las propuestas que formulen los poderes de la
Unión y los entes públicos federales y las características propias de su operación;
IX. Ser el enlace entre la Auditoría Superior de la Federación y la comisión de la
Cámara;
X. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos y a las personas físicas
y morales la información que con motivo de la revisión y fiscalización superior de la
Cuenta Pública se requiera;
XI. Solicitar a los poderes de la Unión y a los entes públicos federales el auxilio que
necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión y fiscalización
superior;
XII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación
en los términos de la Constitución, la presente ley, y del reglamento interior de la
propia Auditoría;
XIII. Resolver el recurso de revocación interpuesto en contra de sus resoluciones;
XIV. Recibir de la Comisión el Informe de Avance de la Gestión Financiera y la Cuenta
Pública para su revisión y fiscalización;
XV. Formular y entregar, por conducto de la comisión, el informe del resultado de la
revisión de la cuenta pública a la Cámara, a más tardar el 31 de marzo del año
siguiente al de su presentación;
XVI. Presentar denuncias y querellas en los términos del Código Federal de
Procedimientos Penales, en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores
públicos y en contra de particulares cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran
implicar la comisión de un delito relacionado con daños al Estado en su Hacienda
Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, así como denuncias de
juicio político de conformidad con lo señalado en la Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XVII. Celebrar convenios de coordinación o colaboración con los poderes de la Unión y
los gobiernos estatales y municipales, así como con los organismos internacionales que
agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas, con éstas directamente y con
el sector privado;
XVIII. Dar cuenta comprobada a la Cámara de la aplicación de su presupuesto aprobado,
dentro de los 30 primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio por
conducto de la comisión;
XIX. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas y sanciones
resarcitorias que se impongan en los términos de esta ley y
XX. Las demás que señale esta ley, y demás disposiciones legales aplicables.
Las atribuciones previstas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI
y XVIII son de ejercicio directo del auditor superior y, por tanto, no podrán ser
delegadas.
Artículo 75. El auditor superior será auxiliado en sus funciones por tres
auditores especiales, así como por los titulares de unidades, directores generales,
directores, subdirectores, auditores, y demás servidores públicos que al efecto señale
el Reglamento Interior, de conformidad con el presupuesto autorizado.
Artículo 76. Para ejercer el cargo de auditor especial se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Cumplir los requisitos señalados en las fracciones III a la VI del artículo 73 de
esta ley y
III. Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de siete años, con
título profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en economía,
licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las
actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada
para ello.
Artículo 77. Sin perjuicio de su ejercicio directo por el auditor superior y de
conformidad con la distribución de competencias que establezca el Reglamento Interior,
corresponden a los auditores especiales las facultades siguientes:
I. Planear, conforme a los programas aprobados por el auditor superior, las actividades
relacionadas con la revisión de la cuenta pública y elaborar los análisis temáticos
que sirvan de insumos para la preparación del informe del resultado de la revisión de la
Cuenta Pública;
II. Revisar la cuenta pública del año anterior, incluido el informe de avance de la
gestión financiera que se rinda en términos del artículo 8o. de esta ley;
III. Requerir a las entidades fiscalizadas y a los terceros que hubieren celebrado
operaciones con aquéllas, la información y documentación que sea necesaria para
realizar la función de fiscalización;
IV. Ordenar y realizar auditorías, visitas e inspecciones a los poderes de la Unión y a
los entes públicos federales conforme al programa aprobado por el auditor superior de la
Federación;
V. Designar a los inspectores, visitadores o auditores encargados de practicar las
visitas,inspecciones y auditorías a su cargo, o en su caso, celebrar los contratos de
prestación de servicios a que se refiere el artículo 24 de esta ley;
VI. Revisar, analizar y evaluar la información programática incluida en la Cuenta
Pública del Gobierno Federal;
VII. Formular las recomendaciones y los pliegos de observaciones que deriven de los
resultados de su revisión y de las auditorías, visitas o investigaciones, las que
remitirá a los poderes de la Unión y a los entes públicos federales;
VIII. Instruir los procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades
resarcitorias a que den lugar las irregularidades en que incurran los servidores públicos
por actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio estimable en dinero que
afecten al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales, conforme a los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables;
IX. Resolver el recurso de revocación que se interponga en contra de sus resoluciones;
X. Recabar e integrar la documentación y comprobación necesaria para ejercitar las
acciones legales en el ámbito penal que procedan como resultado de las irregularidades
que se detecten en la revisión, auditorías o visitas que practiquen;
XI. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades en
que incurran los servidores públicos de los poderes de la Unión y de los entes públicos
federales;
XII. Formular el proyecto de informe del resultado de la revisión de la cuenta pública,
así como de los demás documentos que se le indique y
XIII. Las demás que señale la ley, el Reglamento Interior y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 78. La Auditoría Superior de la Federación contará con una Unidad de
Asuntos Jurídicos, cuyo titular tendrá las siguientes atribuciones:
I. Asesorar en materia jurídica al auditor superior de la Federación y a los auditores
especiales, así como actuar como su órgano de consulta;
II. Instruir el recurso de revocación previsto en esta ley;
III. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y contencioso-administrativas en los
juicios en los que la Auditoría Superior de la Federación sea parte, contestar demandas,
presentar pruebas y alegatos, y actuar en defensa de los intereses jurídicos de la propia
auditoría, dando el debido seguimiento a los procesos y juicios en que actúe;
IV. Representar a la Auditoría Superior de la Federación ante el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
V. Elaborar los documentos necesarios para que la Auditoría Superior de la Federación
presente denuncias y querellas penales en el caso de conductas que pudieran constituir
ilícitos en contra de la Hacienda Pública o el patrimonio de los entes públicos
federales, así como para que promueva ante las autoridades competentes el fincamiento de
otras responsabilidades;
VI. Asesorar y expedir lineamientos sobre el levantamiento de las actas administrativas
que procedan como resultado de las visitas, inspecciones y auditorías que practique la
auditoría superior de la Federación y
VII. Las demás que señale la ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación contará con una Unidad
General de Administración que tendrá las siguientes atribuciones:
I. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Auditoría Superior de
la Federación de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que la rijan
y con las políticas y normas emitidas por el auditor superior de la Federación;
II. Prestar los servicios que en general se requieran para el debido funcionamiento de las
instalaciones en que se encuentre operando la propia Auditoría Superior de la
Federación;
III. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la
Federación, ejercer y glosar el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar la cuenta
comprobada de su aplicación, así como implantar y mantener un sistema de contabilidad de
la institución que permita registrar el conjunto de operaciones que requiera su propia
administración;
IV. Nombrar al demás personal de la Auditoría Superior de la Federación;
V. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los contratos que permitan suministrar los
recursos materiales que solicitan sus unidades administrativas para su debido
funcionamiento, y
VI. Las demás que le señale el auditor superior y las disposiciones legales y
administrativas aplicables.
Artículo 80. El auditor superior de la Federación y los auditores especiales
durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido:
I. Formar parte de partido político alguno, participar en actos políticos partidistas y
hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista;
II. Desempeñar otro empleo o encargo en los sectores público, privado o social, salvo
los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia y
III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información
confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría Superior de la
Federación para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para
los fines a que se encuentra afecta.
Artículo 81. El auditor superior de la Federación podrá ser removido de su
cargo por las siguientes causas graves de responsabilidad administrativa:
I. Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidas en el artículo anterior;
II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información
confidencial en los términos de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
III. Dejar sin causa justificada, de fincar indemnizaciones o aplicar sanciones
pecuniarias, en el ámbito de su competencia y en los casos previstos en la ley y
disposiciones reglamentarias, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e
identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que en
el ejercicio de sus atribuciones realicen;
IV. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de la Cámara;
V. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de la presente
ley, sin causa justificada, el informe del resultado de la revisión de la cuenta
pública;
VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información
que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Auditoría
Superior de la Federación, con motivo del ejercicio de sus atribuciones y
VII. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y
de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la cuenta
pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones a que se
refiere esta ley.
Artículo 82. La Cámara dictaminará sobre la existencia de los motivos de la
remoción del auditor superior de la Federación por causas graves de responsabilidad
administrativa, y deberá dar derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá
del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Los auditores especiales podrán ser removidos por las causas graves a que se refiere el
artículo anterior, por el auditor superior de la Federación o la Comisión de
Vigilancia.
Artículo 83. El auditor superior de la Federación y los auditores especiales
sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en
representación de la Auditoría Superior de la Federación o en virtud de sus funciones,
cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad
competente, misma que contestarán por escrito dentro del término establecido por dicha
autoridad.
Artículo 84. El auditor superior de la Federación podrá adscribir
orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior. Los
acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 85. La Auditoría Superior de la Federación deberá establecer un
servicio civil de carrera, que permita la objetiva y estricta selección de sus
integrantes, mediante exámenes de ingreso y que en atención a su capacidad, eficiencia,
calidad y sujeción a los ordenamientos legales aplicables, garantice, a través de
evaluaciones periódicas, su permanencia y la excelencia en la prestación del servicio a
su cargo.
Artículo 86. La Auditoría Superior de la Federación elaborará su proyecto de
presupuesto anual que contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos
necesarios para cumplir con su encargo, el cual será remitido por el auditor superior de
la Federación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para su inclusión en
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La Auditoría Superior de la
Federación ejercerá autónomamente, con sujeción a las disposiciones aplicables, su
presupuesto aprobado.
Artículo 87. Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación se clasifican como trabajadores de confianza y trabajadores de base y se
regirán por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Artículo 88. Son trabajadores de confianza: el auditor superior de la
Federación, los auditores especiales, los titulares de las unidades previstas en esta
ley, los directores generales, directores, los auditores, visitadores, inspectores, los
subdirectores, los jefes de departamento, los asesores, los secretarios particulares y los
demás trabajadores que tengan tal carácter conforme a lo previsto en la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior
de la Federación.
Artículo 89. Son trabajadores de base los que desempeñen labores en puestos no
incluidos en el párrafo anterior y que estén previstos con tal carácter en la Ley
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.
La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre la Auditoría Superior de
la Federación, a través de su auditor superior de la Federación y los trabajadores a su
servicio para todos los efectos.
CAPITULO II
De la vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación
Artículo 90. El auditor
superior de la Federación, los auditores especiales y los demás servidores públicos de
la Auditoría Superior de la Federación en el desempeño de sus funciones, se sujetarán
a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las demás
disposiciones legales aplicables.
Artículo 91. Para los efectos de la fracción VII del artículo 67 de esta ley,
existirá una unidad especializada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a
cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de
aplicar, en su caso, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas previstas en
el ordenamiento citado en el artículo anterior, denominada Unidad de Evaluación y
Control, la cual formará parte de la estructura de la comisión.
Artículo 92. La Unidad de Evaluación y Control de la comisión tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación se
conduzcan en términos de lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones legales
aplicables;
II. A instancia de la comisión, podrá practicar por sí o a través de auditores
externos, auditorías para verificar el desempeño, el cumplimiento de los objetivos y
metas de los programas anuales de la Auditoría Superior, así como la debida aplicación
de los recursos a cargo de ésta;
III. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte
del auditor superior de la Federación, auditores especiales y demás servidores públicos
de la Auditoría Superior de la Federación, iniciar investigaciones y, en su caso, con la
aprobación de la comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer
las sanciones que corresponda, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos;
IV. Conocer y resolver el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos
sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos;
V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas
instancias jurisdiccionales;
VI. A instancia de la comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad
competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito,
imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación;
VII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores
públicos adscritos a la Auditoría Superior de la Federación;
VIII. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o
contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas;
IX. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los particulares relacionadas con
servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo
dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y
X. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Los poderes de la Unión y los entes públicos federales tendrán la facultad de formular
queja ante la Unidad de Evaluación y Control sobre los actos del Auditor Superior de la
Federación que contravengan las disposiciones de esta ley, en cuyo caso dicha unidad
sustanciará la investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si ha lugar a
iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere este ordenamiento o bien el
previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, notificando
al quejoso el dictamen correspondiente.
Artículo 93. El titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia, será propuesto por la propia comisión y designado por la Cámara, mediante
el voto mayoritario de sus miembros presentes en la sesión respectiva, debiendo cumplir
los requisitos que esta ley establece para el auditor superior.
Artículo 94. El titular de la Unidad de Evaluación y Control de la comisión
será responsable administrativamente ante la propia Cámara, a la cual deberá rendir un
informe anual de su gestión, con independencia de que pueda ser citado
extraordinariamente por ésta, cuando así se requiera, para dar cuenta del ejercicio de
sus funciones.
Artículo 95. Son atribuciones del titular de la Unidad de Evaluación y Control
de la comisión:
I. Planear, programar y efectuar auditorías, inspecciones o visitas a las diversas áreas
administrativas que integran la Auditoría Superior de la Federación;
II. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los particulares relacionadas con
servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo
dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos;
III. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría Superior de la Federación,
la información necesaria para cumplir con sus atribuciones;
IV. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del órgano
interno de control y
V. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Artículo 96. Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas la
unidad de evaluación y control, contará con los servidores públicos, las unidades
administrativas y los recursos económicos que a propuesta de la Comisión de Vigilancia
apruebe la Cámara y se determinen en el presupuesto.
El reglamento que sobre dicha unidad expida la Cámara establecerá la competencia de las
áreas a que alude el párrafo anterior y aquellas otras unidades administrativas que sean
indispensables para el debido funcionamiento de la misma.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación y se aplicará lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978,
conforme a lo dispuesto en los transitorios subsecuentes y se derogarán todas las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que contravengan o se opongan a la
Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Tercero. La Auditoría Superior de la Federación iniciará sus funciones a la
entrada en vigor del presente decreto y su titular será el actual contador mayor de
Hacienda, hasta el 31 de diciembre del año 2001.
Podrá ser ratificado para continuar en dicho encargo hasta completar el periodo de ocho
años a que se refiere el artículo 79 constitucional o llevarse a cabo, por primera vez,
el nombramiento del auditor superior de la Federación, en los términos señalados por el
citado precepto, a más tardar el 15 de diciembre del año 2001, con efectos a partir del
día 1o. de enero del siguiente año.
Cuarto. La revisión de la cuenta pública, que incluye al informe de avance de
gestión financiera, conforme a las disposiciones de esta ley, se efectuará a partir de
la Cuenta Pública del año 2001. Las revisiones de las cuentas públicas de los años
1998, 1999 y 2000 se efectuarán conforme a las disposiciones vigentes en dichos
ejercicios.
Quinto. En todas las disposiciones legales o administrativas, resoluciones,
contratos, convenios o actos expedidos o celebrados con anterioridad a la vigencia de la
ley materia del presente decreto, en que se haga referencia a la Contaduría Mayor de
Hacienda, se entenderán referidos a la Auditoría Superior de la Federación.
Sexto. Todos los inmuebles, equipos, archivos, expedientes, papeles y en general
los bienes de la Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a la Auditoría Superior de la
Federación quedando destinados y afectos a su servicio. La Auditoría Superior de la
Federación igualmente se subroga en todos los derechos y obligaciones de aquélla.
Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda pasarán a formar parte de la
Auditoría Superior de la Federación y se respetarán sus derechos en los términos de
ley.
Séptimo. Los asuntos que se encuentren en trámite o en proceso en la
Contaduría Mayor de Hacienda al entrar en vigor la ley materia del presente decreto,
continuarán tramitándose por la Auditoría Superior de la Federación en los términos
de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 30 de abril de 2000.- Senador Dionisio
Pérez Jácome, vicepresidente en funciones; senador Porfirio Camarena Castro, secretario.
Se devuelve a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 inciso e de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- México, D.F., a 30 de abril de
2000.- Licenciado Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»
Recibo y túrnese a las Comisiones de Gobernación, Población, Seguridad Pública y de
Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS.
CODIGO PENAL FEDERAL
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Me permito remitir a ustedes, para los efectos del inciso e del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el expediente con la minuta
proyecto de decreto que reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y el Código Penal Federal.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 29 de abril de 2000.- La Presidencia.- Senador Dionisio Pérez Jácome,
vicepresidente en funciones.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el
Código Penal Federal:
Artículo primero. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción IX del
artículo 80 y se adiciona un último párrafo a la fracción III del artículo 81, ambos
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como
sigue:
"Artículo 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a la VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las disposiciones contenidas en el párrafo anterior se entenderán sin perjuicio de la
denuncia que proceda ante el Ministerio Público, en términos de la legislación penal
aplicable.
Artículo 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a la III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La información contenida en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
tendrá carácter confidencial, por lo que la Secretaría no podrá darla a conocer, salvo
cuando lo solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial en juicio que se
instruya con motivo de responsabilidad determinada en los términos de esta ley y en el
que el servidor público sea parte."
Artículo segundo: Se reforma y adiciona una fracción VI al artículo 247 del Código
Penal Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 100
a 300 días multa:
I a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Al que dolosamente proporcione información o datos falsos en su declaración de
situación patrimonial, ya sea inicial, anual o de conclusión del encargo."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 30 de abril de 2000.-
Senador Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente en funciones; Raúl Juárez Valencia,
secretario.
Se devuelve a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso e del artículo 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- México D.F., a 30 de abril
de 2000.- Licenciado Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios
Parlamentarios.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de
Justicia y Derechos Humanos.
REPUBLICA ITALIANA
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La Embajada de Italia en México hizo de mi conocimiento la intención de concederme la
Condecoración del Orden al Mérito de la República Italiana en grado de caballero.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, apartado B, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito atentamente al honorable
Congreso de la Unión, a través de su Comisión Permanente, permiso para aceptar y usar
dicha condecoración.
Acompaño fotocopia de mi certificado número 1462 de nacionalidad mexicana, acta de
nacimiento y curriculum vitae.
Me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 21 de agosto de 2000.- Lina María del Rosario Ramella Osuna,
asistente del cónsul honorario de Italia, Guadalajara, Jalisco.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.
REPUBLICA DE CHILE.
REPUBLICA DE SUDAFRICA
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Honorable Congreso de la Unión.
Adrián Franco Zevada, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír
notificaciones y recibir toda clase de documentos en Paseo de las Palmas 1505, colonia
Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad,
con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento como lo acredito con la copia certificada que acompaño
como anexo número 1.
2. En oficio de 16 de agosto de 2000, el señor Luis Maira, embajador de Chile en México,
tuvo a bien designarme asesor jurídico (abogado de confianza) de dicha representación
diplomática, con carácter honorario y, por tanto, sin retribución económica, como lo
acredito con la copia del oficio que acompaño como anexo número dos.
3. De acuerdo con lo dispuesto en artículo 37-B fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión
para prestar voluntariamente mis servicios a la Embajada de la República de Sudáfrica en
México, como asesor jurídico (abogado de confianza).
"Protesto mi respeto"
México, D.F., a 21 de agosto de 2000.- Licenciado Adrián Franco Zevada.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.
LVIII LEGISLATURA
El siguiente punto del orden del
día, para presentar los posicionamientos de los partidos con representación en la
Cámara de Diputados, en relación del inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura, se
concede la palabra al diputado Jose Antonio Calderón Cardoso.
El diputado José Antonio Calderón
Cardoso: |
Con el permiso de la Presidencia;
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; para el Partido Alianza Social la
expectativa que esta LVIII Legislatura tiene, está en relación directa con la copiosa,
responsable y libre participación de los millones y mexicanas y mexicanos que acudieron a
sufragar en las urnas el pasado 2 de julio.
Sin embargo, tal vez todavía no terminamos de asimilar la grave responsabilidad y el
enorme compromiso que los ciudadanos nos mandataron acudiendo a votar a las urnas.
Es por ello que para no defraudar la voluntad clara de los ciudadanos, tendríamos que
hacer una lectura adecuada de lo que el pueblo mexicano quiso, al optar por la vía
democrática a través del voto.
Sin duda, nosotros creemos que la primera señal clara y contundente, es que la mexicana y
el mexicano, que los ciudadanos piensan que es la vía política el camino y la ruta
adecuada para dirimir nuestras diferencias y también para repartir la riqueza que permite
el desarrollo.
Con esto quedó claro que la violencia no solamente que se da en lugares como Chiapas,
tampoco el pueblo mexicano quiere que se dé una especie de violencia en los órganos
políticos, como es el Congreso de la Unión.
Tenemos la grave responsabilidad de que actuemos con civilidad al momento de plantear en
esta máxima tribuna nuestras diferencias.
Otra lectura que vemos para estar a las expectativas del pueblo de México, es que debemos
trabajar en tres áreas muy importantes: debemos trabajar en profundizar una democracia
política que desconcentre el poder; debemos trabajar en una democracia económica, que
desconcentre el tener; debemos trabajar en una democracia social y educativa que
desconcentre el saber y que desconcentre la toma de decisiones. Por ello, nosotros, nos
vamos a permitir hacer en su momento propuestas en estas tres ramas.
Por lo que toca a la democracia política, pugnaremos porque avancemos en el marco
constitucional y legal, que nos permita tener nuevas instituciones que reflejen la nueva
realidad, resultante del 2 de julio.
La Constitución actual y las leyes secundarias, deben permitir que la pluralidad de este
Congreso y que la pluralidad del país, no sea un obstáculo, sino una ventaja para la
toma de decisiones.
Asimismo vamos a propugnar que el sistema de partidos políticos en el país, se siga
consolidando, queremos que la pluralidad social debe también reflejarse en una pluralidad
política y para ello no estaremos de acuerdo que solamente haya un bi o un
tribipartidismo.
Reconocemos la fuerza específica de estas opciones, pero pugnaremos porque todas las
demás tengamos los instrumentos que nos permitan constituirse como una opción política.
Asimismo vamos a pugnar porque la legislación que norma y regula la coexistencia de las
fracciones en esta Cámara, refleje la nueva pluralidad.
Es de explorado derecho, que el derecho parlamentario, una rama del derecho público, se
caracteriza por su dinamismo y por su flexibilidad.
Por ello, seremos respetuosos pero incansables luchadores, porque las nuevas expresiones
tengamos voto, ponderado desde luego, en términos de lo que representamos desde luego,
pero que seamos contados.
Por lo que toca a la democracia política-económica, es claro que el problema y el gran
rezago de nuestro país, es que la riqueza está concentrada en unas cuantas manos. Las
reformas que debemos proponer, deberán tender a que se modere la riqueza y la pobreza, no
debe haber un enorme abismo entre los millones de mexicanos que no tienen para comer y
entre un grupo de privilegiados que detentan una riqueza insultante y ahí partirán todos
los mexicanos que creamos convenientes, como la reforma fiscal integral.
Por lo que toca a la democracia social y educativa, compañeros legisladores, es muy claro
que nuestro sistema representativo, que nuestro sistema republicano, democrático y
representativo, hoy acusa una apertura que debemos cubrir. Es importante que nosotros
sigamos siendo un órgano representativo, pero debemos crear los instrumentos para que los
ciudadanos participen de manera más destacada en la toma de decisiones.
Los órganos representativos cumplen una función fundamental en la división de poderes,
pero la nueva realidad está exigiendo que el ciudadano no solamente sufrague, sino que
sea escuchado directamente en aquellos que le va a beneficiar o le va a perjudicar. Tal
vez suceda con los mexicanos aquello de que no saben hacer zapatos, pero saben cuando les
aprieta. Por ello nosotros debemos prestarles los mecanismos para que ellos participen
mediante el referendum, la iniciativa popular y el plebiscito.
Por último quiero señalar que por lo que a Alianza Social toca, creemos que la división
de poderes, ideal antiquísimo que planteara Montesquieu, hoy más que nunca es posible
que se haga realidad. No más sometimiento, pero tampoco no más diferencias con los
poderes. Debemos trabajar de manera coordinada y respetuosa; en la medida, con esto
concluyo, que seamos capaces de darle al pueblo de México una señal de que los
políticos no podemos poner de acuerdo, en esa medida seremos dignos de confianza del
pueblo.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Se concede ahora el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen, del
Partido de Convergencia por la Democracia.
| El diputado José
Manuel del Río Virgen: |
Con su permiso, señor Presidente:
Esta es una ocasión extraordinaria. Se inicia una nueva era política en nuestro país y
tocará a esta LVIII Legislatura cumplir los compromisos y lograr acuerdos que permitan
llevar a cabo las reformas necesarias para la consolidación de un sistema democrático,
en el que la coexistencia de diferentes partidos políticos nacionales sea la expresión
de un pluralismo político.
Lucharemos por la sentida demanda de la sociedad en cuanto a nuevas formas en el hacer y
en el quehacer políticos; representamos una nueva corriente que admite constructivamente
la pluralidad y desea que el mérito anteceda al privilegio.
El ejercicio del poder presupone elevados valores éticos y una nueva actitud política
que impida la formación de camarillas o grupos de intereses ajenos al pueblo, que
propicie la sana competencia electoral, sin ventajas para ningún partido político. En
suma, una nueva forma de hacer política que responda a las aspiraciones nacionales de
cara a una nueva realidad.
La legislatura debe ser la vanguardia de las luchas sociales y tener la firme voluntad de
unir sus esfuerzos con todas las expresiones políticas del país que luchen por este
cometido y tengan el ánimo de progreso.
Convergencia por la Democracia es un partido que aspira enlazar a la sociedad con el poder
institucional, para dar cumplimiento cabal a las demandas del pueblo. Nuestros principios
son: representar los intereses nacionales, proyectar las necesidades regionales y realizar
aportes para la solución de los problemas locales, a fin de contribuir a la estabilidad
política y social del país.
Debemos luchar por un modelo de desarrollo económico que privilegie al hombre sobre el
capital, porque el principal capital es el hombre. Nuestro reto histórico en la
instauración de la democracia integral radica en lograr la igualdad de oportunidades para
los ciudadanos, sin destruir su libertad.
Queremos un auténtico equilibrio en el ejercicio del poder, por eso queremos participar
en los acuerdos políticos nacionales que no privilegien sólo a tres partidos políticos.
La acumulación de facultades legales y metaconstitucionales en torno al Presidente,
acumula excesos inaceptables en la práctica, como resultado de un presidencialismo
autoritario. Por ello es una exigencia social la puesta en práctica de un auténtico
equilibrio de poderes que establezca los contrapesos indispensables.
A una institución con la trascendencia republicana de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se deberá garantizar su total independencia mediante una legislación idónea.
Debemos legislar para establecer nuevas instancias de gobierno que faciliten el desarrollo
a las comunidades dispersas o de aquellas regiones con particularidades comunes por
dificultades de la división política y territorial.
El federalismo incluyente deberá conducir a una redistribución del poder y un reparto
racional y equitativo de los recursos de la nación; el municipio debe rescatar su
condición de célula básica de la democracia y modelo de vida comunitaria; si queremos
realmente fortalecer nuestra democracia, debemos fortalecer la vida municipal.
En materia de desarrollo económico y social, el gran desafío de nuestro país es
incrementar el ingreso y la calidad de vida de todos los mexicanos. Se necesita un modelo
económico participativo que promueva y estimule y oriente el desarrollo. Lejos de
abandonar la economía a las fuerzas del mercado, el Estado debe establecer un equilibrio
entre la libertad de los individuos y las necesidades básicas de la sociedad.
Debemos legislar la reforma social que busque erradicar la pobreza y llevar a cabo un
proyecto nacional basado en el respeto a las libertades, el fortalecimiento de nuestros
valores democráticos y la ampliación de las oportunidades de ascenso social de los
mexicanos, que no permita que en las campañas políticas como la que se dio en Veracruz,
sea ésta inequitativa y también sea una elección de Estado. Se debe devolver a los
maestros mexicanos su poder adquisitivo, su condición de guías de opinión y su respeto
como formadores del espíritu y patriotismo de los mexicanos. Legislemos para que sea
realidad en México el Servicio Civil de Carrera.
Compañeras y compañeros diputados: la enorme mayoría de nuestros jubilados y
pensionados en todo el país y principalmente en el campo, no reciben ninguna prestación
o ayuda que les permita afrontar con una mínima dignidad económica esta última etapa y
aquellos que por ley deberían de recibir una pensión o jubilación, se encuentran ante
la penosa realidad de que cuando la reciben siempre es insuficiente. Legislemos para
corregirlo.
Desde luego, preservemos nuestra soberanía, porque es condición de libertad y de
justicia. En cualquier decisión deberá prevalecer el interés de la nación por encima
de cualquier otro carácter particular, inclusive sobre las pretensiones derivadas del
carácter global de la economía.
En la Cámara, ni camarillas ni acuerdos a espaldas del pueblo. Legislemos para darle a
México un nuevo rumbo, un México independiente, seguro, progresista y democrático.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Gracias, señor diputado.
Tiene ahora la palabra el diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad
Nacionalista.
| El diputado Gustavo Riojas Santana: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
El Partido de la Sociedad Nacionalista quiere reiterarles a todos y cada uno de ustedes el
compromiso que tiene nuestro instituto político para con ustedes como compañeros y para
el pueblo de México como nación entera.
Los nacionalistas pensamos que el impulso aún sano, aún moderno, a un defensor
nacionalismo de las causas de las mayorías, de las causas populares, puede ser el
elemento de unión entre todos nosotros si realmente cumplimos con nuestra obligación de
legisladores.
Definitivamente estamos viviendo nuevos tiempos, épocas inéditas. Acabamos de escuchar
las propuestas de iniciativa de legisladora, del legislador del Partido de la Revolución
Democrática, acabamos de escuchar la intervención de un compañero legislador del
Partido Revolucionario Institucional, en donde definitivamente vemos que los tiempos
están cambiando. Yo diría bienvenidos, compañeros del Partido Revolucionario
Institucional, a la defensa de las causas del pueblo.
Yo creo que lo más importante no es quien se lleve la medalla, a quien le otorguen la
estrellita de que fue quien propuso qué o cual iniciativa de ley. Yo creo que somos un
conjunto de legisladores con una gran obligación. Estamos aquí por compromiso, pero por
compromiso no a nuestros partidos. Yo creo que somos legisladores de la nación y así en
consecuencia debemos de actuar.
¿Cuál es el posicionamiento del Partido de la Sociedad Nacionalista? Lógicamente para
nosotros es imprescindible hacer una revisión justa, puntual y permanente a muchas de las
concesiones que el Gobierno o que los gobiernos anteriores han dado, han otorgado; pero
sobre todo a aquellas concesiones que de alguna manera estén otorgadas a extranacionales.
Para nosotros es importante una revisión del Tratado de Libre Comercio, en todos y cada
uno de sus aspectos. Es necesario retomar nuestra postura, levantarnos de la posición tan
incómoda que nos han dejado y poder levantar la frente y hacer valer nuestros derechos y
exigir el respeto que le damos a las demás naciones.
Los nacionalistas decimos: es necesario que el discurso se quede atrás y que los hechos
hablen por nosotros, por nosotros los legisladores. Es necesario crear los elementos
necesarios para dar un real impulso a la micro, pequeña industria, a la industria
nacional.
Alguna vez me comentaron: "oye, pero no hables tan fuerte, no sea que los países,
principalmente Estados Unidos, no sé los países europeos, se vayan a enojar y nos vayan
a quebrar la economía y de alguna manera las empresas vayan a quebrar". Y yo le
contesté: "pues será las que quieren, las de ellos porque las mexicanas ya están
quebradas". A los mexicanos los hemos olvidado; a los mexicanos no les hemos dado las
oportunidades ni los incentivos necesarios ni las leyes adecuadas para que se pueda
desarrollar realmente una industria nacional.
En eso reiteramos el compromiso los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Quisiéramos solicitarles principalmente a las fuerzas con gran mayoría como es la del
PAN, la del PRD, la del PRI, que dejaran atrás la soberbia, que dejaran atrás la
separación, la segregación; que dejaran atrás el mayoriteo. Una solicitud muy
respetuosa: quisiéramos pedirles y exhortarlos a que podamos ser el gran equipo de los
500, el gran equipo de los 500 en beneficio de las mayorías y en beneficio del pueblo
mexicano.
Muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Tiene la palabra el diputado José
Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
| El diputado José Narro Céspedes: |
Con su permiso, Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
A partir de la pasada legislatura la composición de la Cámara de Diputados observó
cambios sustanciales toda vez que ningún partido político, por sí solo, alcanzó la
mayoría absoluta, situación que se repite actualmente como resultado del proceso
electoral del pasado 2 de julio.
Esta situación debe de empujar a las distintas fracciones representadas en la Cámara de
Diputados a alcanzar consensos para impulsar las diversas iniciativas y reformas a los
ordenamientos que integren las diferentes propuestas que se traducirán en la agenda
legislativa.
Es importante en esta nueva etapa que reinstalemos la mesa que quedó suspendida y que
inicialmente se había conformado aquel 17 de enero de 1995. Que podamos avanzar en la
reforma democrática del Estado, en la agenda que le interesa a los mexicanos.
Poder culminar esa reforma electoral que en 1996 quedó inconclusa y que únicamente la
votó a favor el Partido Revolucionario Institucional, la fracción parlamentaria de ese
partido.
Que podamos avanzar también en la Ley de Participación Ciudadana para hacer realidad la
participación directa de los mexicanos en los asuntos públicos tan importantes.
Que podamos, desde aquí, fortalecer la construcción del nuevo federalismo al que aspira
nuestra patria. Que podamos culminar y hacer realidad y plasmarla en la Constitución y en
las leyes aquella iniciativa acordada y aprobada entre el Ejecutivo Federal y el EZLN, con
la coadyuvancia de la Cocopa, la Ley de Derechos y Cultura Indígena.
Necesaria es una reforma administrativa, una reforma de la Administración Pública
Federal. Poner en la mesa de debates ahora también la reforma económica, la Ley de
Ingresos, la Miscelánea y el Código Fiscal, el Presupuesto de Egresos.
Aquella reforma fiscal con equidad social. La Ley de Responsabilidades de Funcionarios
Públicos, que permite y ocasiona que permanezcan impunes muchos delitos que se cometen en
contra del pueblo de México, en contra del erario, en contra de los recursos públicos.
Y poner indudablemente, ante el gran problema que se presenta en México, que es la
pobreza y la marginación, la reforma social como un asunto prioritario para esta
legislatura.
Todo estado de derecho que aspire a la democracia debe observar necesariamente el
equilibrio de poderes, es algo fundamental. México en ese sentido no es la excepción. El
artículo 49 constitucional de nuestra Carta Magna señala claramente la división de los
mismos.
Aquí, en esta legislatura, para fortalecimiento del Poder Legislativo se acordó crear el
órgano superior de fiscalización como un mecanismo que le diera más fortaleza al Poder
Legislativo.
Este punto se trató desde la agenda de los 20 puntos, cuando era candidato el que
todavía aún hoy es Presidente de la República. Después apareció en el Plan Nacional
de Desarrollo y hasta ahora no hemos visto que este asunto se haya podido cristalizar.
Aunque ya están los cambios constitucionales, la Ley de Fiscalización Superior fue
detenida, a pesar de que fue aprobada mayoritariamente por la Cámara de Diputados
anterior, fue detenida en el Senado y fue regresada a la Cámara de Diputados.
Aunque no tenemos Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, resulta que sin ley
hay reglamento de la Contaduría Mayor de Hacienda. Dice un principio importante de
derecho: todo reglamento parte y surge de una ley. Y no hay ley y tenemos un reglamento.
Por eso hay que empezar también poniendo la casa en orden y fortaleciendo como una tarea
fundamental de la división de poderes, las tareas de control, de vigilancia, de
fiscalización que tiene constitucionalmente esta Cámara de Diputados y el Congreso de la
Unión.
Creemos, porque estamos seguros, que es importante avanzar en este tema de la división de
poderes y de evitar los poderes metaconstitucionales que ha ejercido en forma irregular el
Ejecutivo Federal. Porque es muy clara la ley: la autoridad puede hacer todo lo que la ley
le señale, no aquello que esté al margen o que no esté como parte de sus funciones y de
sus responsabilidades señalado, clara y precisamente, por la ley, por la Constitución,
por el derecho.
El voto popular nuevamente refrenda, en este pasado 2 de julio y por segunda ocasión, que
ningún partido contará en la presente legislatura con la mayoría absoluta en este
cuerpo legislativo. Este importantísimo avance en el proceso de democratización del
país es resultado del esfuerzo que han realizado los partidos de oposición, las
organizaciones sociales y la ciudadanía en general para que México aspire a un régimen
de gobierno más justo y más equitativo.
Como nos consta, desde la anterior legislatura se apreciaron con toda su fuerza los
cambios que la oposición fue configurando en este órgano de representación popular. La
enorme cantidad de iniciativas presentadas por las diferentes fracciones de oposiciones
superaron con mucho a las que presentó el PRI en aquél momento y el propio Ejecutivo.
El esfuerzo desplegado de las comisiones regulares y las especiales, que se conformaron
para tratar los asuntos que demanda la agenda nacional, como fue el caso de la
privatización de la energía eléctrica, entre otras, tuvo resultados favorables que no
se vieron cristalizados en leyes.
Este intenso trabajo legislativo, muchas veces descalificado por los medios de
comunicación y por el Poder Ejecutivo Federal rindió frutos, que en nuestra opinión no
han sido suficientemente valorados. Toca a la actual legislatura continuar esta tarea para
modificar el marco normativo que requiere nuestro país en este momento histórico
concreto, en donde la asunción del Poder Ejecutivo Federal representa un reto enorme de
imaginación y de creatividad.
Esperamos que Vicente Fox sepa estar a la altura que estos cambios reclaman para poder
concretar en toda su plenitud la reforma del Estado que hasta hoy está inconclusa.
Por otra parte, los grupos parlamentarios de la oposición hemos presentado ante el pleno
de esta Cámara de Diputados, desde la LVII Legislatura, un conjunto de iniciativas que
tienden a restablecer el equilibrio de poderes, que ha sido conculcado por el partido de
Estado, a través de los poderes metaconstitucionales que el Ejecutivo ha ejercido de
manera indiscriminada.
Al derrotar al PRI en los pasados comicios federales, se abre la posibilidad de que los
esfuerzos parciales que hemos desplegado en este trabajo legislativo, y los que seguiremos
haciendo, puedan cristalizarse en el equilibrio de poderes que hasta hoy han sido letra
muerta.
Uno de los primeros avances que se han dado en este sentido es que la LVII Legislatura se
haya planteado la creación de esa entidad superior de fiscalización.
Otra tarea importante, sin duda, es que es necesario que revisemos y adecuemos la Ley
Orgánica del Congreso de la Unión para adecuarla, no al formato que tiene el Ejecutivo
Federal en cuanto a las comisiones, sino a la situación, a la problemática, que
presentanuestro país, que es fundamentalmente, como dijo José María Morelos y Pavón,
en "Los Sentimientos de la Nación", esos sentimientos son esos anhelos que son
los que nos mandatan a los que debemos de buscar cumplir y representar con dignidad.
Muchas gracias, compañeros.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Muchas gracias, compañero
diputado.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde
Ecologista de México.
| El diputado Diego Cobo Terrazas: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El pasado 2 de julio el pueblo de México confirió a todos los aquí presentes la
representación popular, que nos compromete a la realización de los objetivos que ha
planteado la sociedad mexicana y las respectivas plataformas de los partidos políticos
que hoy concurrimos en esta Cámara de Diputados.
Así, el día de hoy inician las actividades del primer periodo de sesiones ordinarias del
primer año de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión y con ellas un gran esfuerzo
de las diferentes corrientes políticas que seguramente darán como resultado una intensa
actividad parlamentaria.
Las diputadas y los diputados del Partido Verde Ecologista de México llegamos a esta
legislatura con el ánimo de responder a quienes depositaron su confianza en nuestra
oferta política y para ello buscaremos tender los puentes de diálogo y concertación con
las diferentes fracciones parlamentarias. Y es que a partir de la constitución de la
LVIII Legislatura, en que por primera vez en la historia de nuestro país ningún partido
político contó con la mayoría absoluta en esta Cámara, inicio un proceso que se antoja
irreversible y que refleja la complejidad y diversidad de la sociedad mexicana.
Los acuerdos y las negociaciones políticas resultan indispensables para llevar a buen
término los trabajos legislativos, de esta forma el Legislativo Federal se fortalece y
contribuye al equilibrio de los poderes de la Unión.
Como nunca antes el Congreso Federal y muy especialmente la Cámara de Diputados, se ha
convertido en una tribuna activa de debate intenso, en donde se discuten y resuelven los
grandes temas nacionales. Prueba de ello es el hecho de que durante la pasada legislatura
el número de iniciativas presentadas y aprobadas por el Ejecutivo de la Unión fue
inferior a las elaboradas y aprobadas por los propios diputados.
La presente legislatura tiene la obligación de continuar el fortalecimiento del Poder
Legislativo, profesionalizando su actividad y mejorando sus resultados. Para ello los
legisladores debemos conducirnos a la altura que demanda la ciudadanía, cumpliendo
cabalmente con nuestras funciones de fiscalización y gestión y manteniendo una conducta
intachable, lejana al escándalo y al desprestigio de nuestra investidura.
Durante el periodo de sesiones que ha iniciado, los diputados del Partido Verde habremos
de presentar diversas iniciativas orientadas a resolver en alguna medida los grandes
problemas que padece nuestro país, para dar cauce y satisfacción a las legítimas
aspiraciones de bienestar, seguridad, justicia y paz de los mexicanos.
Entre los grandes desafíos que deberemos enfrentar como nación se encuentra el
progresivo deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de los mexicanos, que ocupan
un lugar preponderante en la agenda legislativa que ha planteado mi partido.
Entre las iniciativas más urgentes que se requieren para orientar una adecuada política
ambiental están aquellas encaminadas a revertir el cambio climático, la pérdida de la
biodiversidad, el aprovechamiento racional del agua y la regulación de tecnologías que
han generado un impacto negativo en el medio ambiente, como son la biotecnología y la
energía nuclear, por citar algunos.
La falta de una adecuada regulación ambiental ha propiciado la utilización irracional de
los recursos naturales de la nación, mermando con ello la salud y el patrimonio de todos
los mexicanos. Por ello es urgente que los legisladores nos aboquemos a la realización de
un marco jurídico adecuado y congruente con el principio de sustentabilidad que establece
nuestra Carta Magna.
Asimismo, otro aspecto fundamental para mi bancada, es la relativa a la participación
social, porque consideramos que es necesaria la opinión e intervención de la ciudadanía
en varias acciones de gobierno, que eviten decisiones unilaterales por parte de las
autoridades que afectan en un momento dado el interés público, como por ejemplo el
lamentable caso del Registro Nacional de Vehículos.
El plebiscito y el referendum son en este caso instrumentos que bien pueden servir para
conducir la participación social y los legisladores tendremos que explorar su
implementación.
En la defensa de los derechos humanos no debemos claudicar, es parte importante del
compromiso que tenemos con la sociedad y sobre todo con los grupos más vulnerables. Tal
es el caso de las comunidades indígenas que viven en la marginación y para quienes las
garantías individuales consagradas por el Constituyente son letra muerta, prueba de ello
son el conflicto en Chiapas o la pobreza extrema de las comunidades de la sierra
Tarahumara o el injusto caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, presos y juzgados
por el único delito de defender su medio ambiente.
Fortalecer las leyes que procuren la protección de nuestros niños y niñas, que mejoren
las oportunidades de los jóvenes y aquellas que hagan realidad la igualdad de las
mujeres, son aspectos que esta legislatura deberá abordar sin mayor tardanza y para los
cuales el Partido Verde contribuirá con sus propuestas pero, sobre todo, con su actitud
congruente de apertura y atención hacia estos sectores.
Por todo lo dicho se ratifica el permanente compromiso que anima las acciones de las
diputadas y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México y que nos esforzaremos en profundizar y mejorar para contribuir con lo mejor de
nosotros a la transición democrática que vive nuestro país.
Dicha transición se perfila para consolidarse en esta legislatura, la cual por cierto
está conformada por un abanico de opciones políticas que son el fiel reflejo de la
diversidad que conforma a la nación mexicana. En este sentido, la participación activa
de todas las fuerzas políticas aquí representadas sin exclusión alguna, será
fundamental para concretar los acuerdos necesarios que requiere el país a fin de
consolidar su sistema político.
Es por ello que debemos respetar la opinión manifestada por la ciudadanía el pasado 2 de
julio y no recurrir a prácticas excluyentes ya superadas por la sociedad.
No vislumbramos una legislatura como las anteriores, por el contrario, el grupo
parlamentario del Partido Verde y espera de esta Cámara, la realización de los objetivos
planteados por el pueblo de México en donde prive el diálogo y el respeto entre todas
las fuerzas políticas.
La verdadera democracia no es la dictadura de una mayoría, la verdadera democracia es
aquella que propicia la participación de todas las minorías.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la
Revolución Democrática.
| El diputado Eric Eber Villanueva Mukul: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados, compañeros de las fracciones parlamentarias que integran
esta LVIII Legislatura:
Al iniciar hoy los trabajos de este primer periodo de sesiones ordinarias, a nombre de la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática quiero desearles la
más cordial de las bienvenidas y al mismo tiempo expresar nuestra intención de impulsar
iniciativas que recojan el ánimo, la voluntad y el consenso de este cuerpo legislativo;
iniciativas que tengan como objetivo profundizar los anhelos de cambio que la sociedad
mandató en la pasada elección federal.
Iniciamos esta legislatura con un nuevo escenario político; el 2 de julio la sociedad no
sólo expresó su decisión de la alternancia en el Ejecutivo Federal, sino también una
nueva composición de las distintas fuerzas políticas que integran esta Cámara de
Diputados y el Senado de la República.
Esta nueva composición del Congreso fue producto del esfuerzo y de las luchas
generacionales de la sociedad civil y de las diferentes fuerzas opositoras a un régimen
político caracterizado por la hegemonía de un partido de Estado, que en su última etapa
aplicó una política económica de corte neoliberal polarizador y empobrecedor de amplias
capas de la población.
Arribamos a este nuevo escenario político por la decisión y el empuje de una nueva
sociedad civil, exigente, cuestionadora y participativa que reclama nuevas formas de
gobierno y un rumbo diferente de nación.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática expresa en esta
tribuna la voluntad y la firme convicción de que buena parte del trabajo legislativo y su
concreción en leyes, sólo será posible en la búsqueda y el logro de nuevos consensos
políticos sin olvidar que otras fracciones tienen sustentos en principios y programas
diferentes al nuestro, pero que por encima de ello predominará el interés supremo y
general de la nación.
Si bien el 2 de julio marcó el fin de la hegemonía del partido de Estado y la
concreción de la alternancia en la Presidencia de la República también el voto mandató
el fin de la mayoría absoluta de un solo partido en el Congreso de la Unión.
Por tales motivos, la Cámara de Diputados deberá ser el centro de las discusiones de las
reformas al régimen político, al sistema de partidos, a las instituciones del Estado que
el país requiere y que la sociedad demanda.
Por eso proponemos que en este primer periodo iniciemos el proceso de reforma del Estado
como una serie de iniciativas que tengan por objetivo profundizar la democracia en el
país, lograr un real equilibrio de poderes y acotar al Poder Ejecutivo Federal.
En este sentido, proponemos las siguientes iniciativas, entre otras:
Culminar la aprobación de la ley de fiscalización superior de la Federación;
La ratificación por la Cámara de Diputados, del gabinete del Poder Ejecutivo Federal;
La ratificación por la Cámara de Senadores, de los secretarios de Relaciones Exteriores
y de la Defensa Nacional;
El nombramiento del Procurador General de la República, por el Congreso de la Unión, es
decir, por ambas cámaras;
La aprobación del plan nacional de desarrollo por la Cámara de Diputados;
Y reformas a la Constitución y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal, que permita una mayor participación de la Cámara de Diputados en la
elaboración y aprobación del Presupuesto Federal.
Por último, desde esta alta tribuna de la nación, nuestra bancada quisiera convocar a
todas las fracciones parlamentarias y a la sociedad en su conjunto, a iniciar una gran
discusión sobre la pertinencia de realizar una profunda reforma del Estado de largo
aliento, durante los tres años de esta legislatura, que nos permita arribar a un nuevo
régimen y a una nueva forma de gobierno que le dé al país una mayor estabilidad
política, económica y social.
En este nuevo régimen, el Presidente de la República deberá asumir las funciones de
jefe de Estado y la Cámara de Diputados deberá nombrar a un primer ministro que asuma
las funciones de jefe de gobierno. Dicha atribución deberá recaer en la fracción
parlamentaria mayoritaria que por sí sola o en alianza logre la mayoría absoluta.
Este es el nuevo rumbo de nación que la sociedad demanda; seamos consecuentes con el
cambio democrático. Estos son y serán los propósitos fundamentales del Partido de la
Revolución Democrática y de su fracción parlamentaria, al iniciarse los trabajos de
esta LVIII Legislatura en el umbral del México democrático del Siglo XXI. ¡Democracia
ya. Patria para todos!
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada María Elena Alvarez Bernal, del Partido Acción Nacional.
| La diputada María Elena Alvarez Bernal: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras y señores legisladores:
Seguimos caminando hoy por el camino que inició Acción Nacional hace más de 60 años.
Caminamos por el sendero que conduce a la democracia, pero los legisladores de Acción
Nacional buscamos ahora transitarlo junto con los legisladores de otras fuerzas políticas
que integran esta LVIII Legislatura; los avances que logremos beneficiarán a todos y lo
que no podamos alcanzar, también nos afectará a todos.
Las diputadas y diputados de Acción Nacional, estamos aquí con el ánimo lleno de
entusiasmo, con el deseo de ser actores eficaces, de ser actores capaces de conducir la
transformación que México requiere. Hoy más que nunca, los legisladores federales
tenemos el reto de hacer de este Congreso el espacio plural en el que se reflejen todas
las expresiones sociales, culturales y políticas de la nación y para esto tendremos
sólo tres años. El tiempo es limitado, las oportunidades no se multiplican ni tampoco se
rehacen estas oportunidades todos los días.
Como primera actividad, tendremos que analizar el informe presidencial. Al hacerlo
habremos no sólo de ver al pasado, sino también veremos al futuro. Veremos todo lo que
deseamos hacer para México y que no hemos podido alcanzar; hablaremos de lo que no se
hizo y cómo lo podremos hacer; de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal y cómo
evitar que se repitan añejos errores y omisiones.
El informe ya lo conoce el pueblo, el informe está dado en los hechos que viven todos los
días los mexicanos, pero nosotros lo analizaremos con objetividad y con rigor técnico,
con la conciencia de dignificar al Poder Legislativo y con miras a construir la confianza
de la sociedad en sus gobernantes.
La nueva conformación de esta Cámara, determinada por la ciudadanía el pasado 2 de
julio, le concede al Poder Legislativo a partir de su pluralidad, una posibilidad de
decisión que sea acorde con la voluntad ciudadana. Partimos de la convicción de que
estas fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas aquí representadas, estamos
seguros, la asume el propósito de ser corresponsables con los poderes Ejecutivo y
Judicial y al mismo tiempo de cumplir la responsabilidad de hacer efectiva la disposición
constitucional de la separación de poderes.
No es nuestro propósito, no es propósito de los legisladores de Acción Nacional, hacer
de esta Cámara de Diputados trinchera para defender intereses particulares o de grupos ni
tampoco para ejercer el dominio de un grupo sobre el otro; buscaremos siempre el respeto a
la pluralidad y a la inclusión. Nuestro trabajo tendrá como sentido profundo siempre,
siempre, el servicio a la nación.
Buscaremos la gobernabilidad y la estabilidad a través del consenso. No pretenderemos la
derrota de nadie, sino la mejoría de todos.
Trabajaremos con serenidad, con prudencia y con amplia comunicación entre todos los
actores políticos. Los únicos enemigos a vencer para nosotros serán las carencias del
pueblo, de todo el pueblo sin distingo alguno y en el marco de una efectiva división de
poderes, buscaremos una vinculación democrática con el Poder Ejecutivo; evaluaremos
objetivamente sus propuestas y resolveremos sobre ellas, anteponiendo siempre el interés
nacional.
Ejerceremos, de acuerdo con la ley, una real vigilancia sobre el Poder Ejecutivo.
Nos proponemos también encontrar puntos de coincidencia e integración para construir
acuerdos, reconociendo que en la pluralidad pueden plantearse objetivos comunes, no para
mantener el poder, sino considerando para quién estamos ejerciendo este poder, a fin de
lograr con esta tarea legislativa que se traduzca siempre en beneficios concretos y al
servicio de todos.
No tendremos actitudes de revancha, nos acercaremos a todos para coincidir en propuestas y
programas, a fin de restaurar lo que divida al país.
No buscaremos la rentabilidad política del corto plazo. Los debates los daremos con un
alto sentido de responsabilidad y sobretodo fundamentados en la ética, en una ética
cívica que sea común a todos, a todos sin distinción.
La LVIII Legislatura será para Acción Nacional la legislatura del diálogo, del diálogo
entendido como el camino de la razón. Será el espacio por excelencia para el encuentro
de la diversidad y para la construcción colectiva de los acuerdos políticos, a través
de la convergencia entre las diferentes fuerzas políticas y sociales de la nación.
El diálogo lo entenderemos y lo entendemos, como lo señaló Adolfo Crislieb de Ibarrola,
el diálogo no excluirá la controversia ni la discrepancia ni la oposición ni la pasión
por las ideas; sólo se negará a usar la injuria, el prejuicio y el rencor contra los
hombres.
Queremos dialogar así, queremos dialogar porque no pensamos que en política esté
incorporada sólo a nosotros la verdad ni que el error concreto y total se encarne en los
demás.
Queremos construir una agenda legislativa de consenso nacional, que incluya, entre otros
temas, la seguridad pública, la reforma del Estado, la adecuación de la estructura
gubernamental, la paz en Chiapas y la reconciliación plena entre todos, entre todos los
mexicanos.
Urgiremos la reforma fiscal integral, impulsaremos la creación de un marco legal en el
área laboral y económica que propicie el desarrollo con igualdad a lo largo y ancho de
todo el país, sin excluir zonas ni estados ni regiones.
Nuestra agenda dará prioridad a las áreas que afectan a los que menos tienen y a los que
menos pueden; atenderá a la creación de nuevos instrumentos que promuevan el desarrollo
pleno de la persona humana; incluirá también aspectos tendientes a lograr la equidad de
género y la eliminación de toda forma de discriminación de cualquier signo que se
presentara; atenderemos a la reconstrucción y construcción de un marco legal que asegure
a las futuras generaciones la conservación del ambiente y que propicie un desarrollo
sustentable; seremos fieles vigilantes de un estado de derecho.
Nuestro propósito será también, lograr que las distintas representaciones políticas
puedan cumplirle a la ciudadanía en el mayor grado posible todas aquellas propuestas de
campañas que cada uno de los partidos hicieron a sus votantes.
Como representantes de la sociedad, los legisladores de Acción Nacional buscaremos que se
reconozca el sentir de la ciudadanía, a fin de conocer lo que a todos va a beneficiar;
nos proponemos abrir espacios políticos necesarios que ayuden a los ciudadanos y a los
municipios a que sus opiniones y propuestas sean escuchadas, sean tomadas en cuenta y
sobretodo que puedan ser atendidas.
Ofreceremos a los medios de comunicación: transparencia en la información, así como
respeto a sus personas, a su trabajo y demandaremos de ellos: objetividad, veracidad y
responsabilidad profesional, así como que esperamos también de ellos una evolución en
su trato a la nueva conformación política para servir eficazmente a toda la sociedad.
Pedimos pues y esperamos de ellos, que sean un instrumento que les permita a los mexicanos
conocer con verdad y con propósito de bien común, el trabajo legislativo que haremos
siempre los legisladores de Acción Nacional, porque ése es nuestro propósito, que
haremos siempre con gran responsabilidad y lo hacemos así, porque estamos convencidos que
el diputado no solamente puede, sino que debe poner en el ejercicio de su función
constitucional, toda la fuerza de su convicción, toda la posibilidad de su inspiración
de servicio, todo su compromiso para actuar de acuerdo con sus convicciones y sobretodo
con las necesidades de quienes representa.
Nuestra prioridad será participar con total entrega, trabajando con espíritu de equipo,
como un grupo cohesionado y tolerante, en un ambiente de responsabilidad y
profesionalismo. Contribuiremos a hacer del Congreso de la Unión el espacio para
construir las normas e instituciones que aseguren el progreso de los mexicanos y la
soberanía de la nación, a fin de poner en las manos del pueblo, cada vez mejores armas
para que luchen por la democracia a la cual solamente arribaremos cuando haya igualdad de
oportunidades para todos.
Porque para Acción Nacional, finalmente, la democracia no es simplemente un perpetuo
conteo de votos, es algo más, ya lo dice nuestra Constitución, es un sistema de
gobierno, pero es todavía más para nosotros, es un sistema de vida, es una vocación
humana que está entrañablemente unida al ser del hombre. Consolidaremos la democracia
siguiendo diversos caminos hasta llegar a su plenitud.
Compañeros legisladores: en México anida ahora la esperanza, no podemos defraudarla, los
invitamos a hacer un pacto formal que nos comprometa a todos a hacer de esta Cámara el
instrumento capaz de alcanzar los cambios que los mexicanos esperan de nosotros.
Estamos seguros de que podemos lograrlo, independientemente de la configuración tan
diversa de esta legislatura y estamos seguros porque sabemos que México no es árbol de
una sola raíz ni corriente de un solo cauce y porque estamos convencidos de que nuestro
deber mínimo, como lo dijo Gómez Morín: "nuestro deber mínimo de cada diputado
será el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un camino y un
campo común de acción, de pensamiento y el de llegar a él con honestidad, que es
siempre virtud esencial y ahora que es la más necesaria para México y la recompensa
menor que podemos esperar, será el hondo placer de darnos las manos sin reserva".
Acción Nacional extiende a todos ustedes sus manos y espera que al final de los debates,
con la riqueza que deje nuestras divergencias y entendimientos, podamos darnos estas manos
sin reservas. A eso los invitamos a todos. Esperamos que todos ustedes reciban nuestras
manos y juntos hagamos este pacto.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Eduardo Andrade, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez: |
Con el permiso de la Presidencia;
señoras diputadas y señores diputados:
El Congreso mexicano tiene que asumir con altura el mandato que le asignó el pueblo en
esta nueva etapa de la vida de México.
No inaugura este Congreso la pluralidad parlamentaria; la fortalece y la introduce a una
dimensión de equilibrio de fuerzas públicas. Fue el dictado de la voluntad popular.
Al predominio del Ejecutivo, signo de un largo periodo político, quiere que siga ahora la
prueba de un Poder Legislativo ocupante de un espacio privilegiado.
La gente quiere que formulemos una agenda legislativa a la altura de sus necesidades, no
de las nuestras, sin renunciar a la legitimidad de las ideologías, a las verdades en las
que creemos, a la historia que define nuestras conductas y nos previene derroteros;
tenemos que intentar que la alternancia en el Ejecutivo que es sucesiva, en el Legislativo
sea acompañamiento e interacción; alternando en el sentido de trabajar juntos.
El pueblo no quiere choques, no quiere discordia, no quiere enfrentamientos. Tampoco
quiere unanimidad ni uniformidades obsecuentes con nada ni con nadie.
El Congreso debe representar la lucidez y la inteligencia de la patria. Por eso la teoría
política clásica considera al conjunto de los diputados como la representación de la
nación.
Aquélla no se da aislada en cada diputada o cada diputado ni se fragmenta en
representaciones de electores por territorio o por sectores de actividad.
Es cierto que en la realidad política existen intereses concretos y demandas
específicas. No pueden ser desatendidos aquéllos ni desoídas éstas. Pero nuestro
trabajo es compatibilizarlos, jerarquizarlos, transformándolos en soluciones convenientes
para lo que con razón se llama "el interés general de la nación."
Ese interés general no es sólo frase de discursos; es realidad concreta. Cuando se
actualiza, la nación en su conjunto avanza, prospera, se engrandece. En su ausencia,
declina, se tropieza y con ella decaen el bienestar y el ánimo de sus pobladores.
El debate y la discusión aun cuando alcancen niveles de vehemencia, son instrumentos, no
fines en sí mismos.
Hay que dejar atrás la miope intención de sólo ganar los debates. El electorado que sin
exagerar seguirá atento nuestras actividades día con día, no nos trajo hasta aquí para
ver quién impone la ley de su mejor oratoria, mucho menos la de su capacidad de agresión
o de violencia. Nos dio esta honrosísima encomienda a todos para servirle como Congreso.
El Congreso es un todo: órgano del Estado en el que se deposita la voluntad del pueblo.
Para que ésta se traslade a las obras y a los hechos, es precisa nuestra labor
legislativa, la cual debe de ir más allá de la simple negociación que reúna con
frágil equilibrio las posiciones diferentes.
Ningún tema esencial de la nación puede discutirse institucionalmente al margen de este
órgano, especialmente si sus efectos habrán de ser legislativos.
Convocamos a quienes ejercen responsabilidades que la ley les atribuye, a no pretender
ignorar la fuerza, el marco legal y la vocación constructiva del Congreso mexicano.
La ley, cuando surja de este cuerpo, debe de ser síntesis que es suma y que es compendio.
Requerimos que el pensamiento y los ideales de todos los que aquí nos encontramos, no
sólo se yuxtapongan, sino que se combinen, se sinteticen.
En nuestras deliberaciones hay que partir de una premisa. Los miembros de los demás
grupos parlamentarios pueden pensar diferente y hasta de manera radicalmente opuesta a la
nuestra, pero todos queremos el bien de México.
Tenemos que considerar al adversario en todo caso, como equivocado; nunca como malvado.
Y estar dispuestos en nuestro fuero interno en la soledad del análisis de un texto legal
o de una propuesta política a considerar la posibilidad de que tenga razón. No por una
propensión a ceder ni a renunciar a la posición que se defiende, sino con el propósito
de que la pasión política no obnubile la razón ni la conciencia.
Finalmente los valores que nos orientan son los mismos, garantizar a todas las libertades
y esa garantía implica que la libertad de unos no será suprimida ni avasallada por el
ejercicio de las libertades de otros.
Nos une el afán de perfeccionar nuestra democracia, aquí el principio democrático nos
impone la formación de una mayoría, sin demérito, desprecio o ignorancia de las
minorías.
Las diferencias cuantitativas de los votos depositados en las urnas, no tienen, no pueden
tener impacto alguno sobre la calidad de la representación ni el número de los votos
recibidos ni el tamaño de los partidos ni la naturaleza de la elección, alterar la
absoluta igualdad entre todos los representantes de la nación.
Si nos faltamos al respeto entre nosotros a ella es a la que ofendamos. Si nos empeñamos
en las descalificaciones, es al pueblo al que decepcionamos.
Debemos evitar poner por delante en nuestra agenda lo que nos interesa como fuerzas
políticas. La gente ya no quiere leyes que arreglen las diferencias entre los políticos,
desea un derecho que arregle y conduzca en armonía la vida de la sociedad. Son las tareas
de la justicia las que con impaciencia apremian nuestros empeños.
La justicia para el que se ve despojado, maltratado, ignorado, vejado, desatendido y en
suma, desesperado, porque siente que no hay ley ni autoridad que lo proteja. ¡Vamos, a
veces ni siquiera que lo escuche!
La justicia que corrija los aparentemente pequeños agravios, que al sumarse se
multiplican y llevan de la impotencia finalmente a la violencia. Cada acto de violencia,
fruto de la injusticia, es también un baldón a nuestra democracia.
No menos importante y urgente es la otra justicia, la distributiva. La que exige corregir
la ancestral desigualdad que se arraiga en nuestro origen nacional, la que demanda esa ley
superior a todo hombre, que modere la opulencia y la indigencia.
Si México se ubica ya entre las potencias de la producción y el intercambio, los
trabajos de los más de 1 mil días por venir en este Congreso, deben servir para ubicarlo
entre las potencias de la distribución y de la equidad social.
Al deslumbrante despegue de nuestros índices de desarrollo económico, debe suceder la
indispensable elevación de nuestro índice de desarrollo humano. En este rubro somos el
país número 50, reducir la inflación a un dígito, sólo tiene sentido si logramos que
nuestro país, en el otro indicador, se coloque también en el rango de una sola cifra.
Nos convoca asimismo la tenaz preservación de nuestra soberanía, no para aislarnos o
apartarnos de la impetuosa corriente globalizadora de nuestros tiempos, sí para que no
nos arrastre, nos desvíe o nos destruya como nación.
La defensa de la soberanía no es bravata para satisfacer la retórica; es condición de
un verdadero desarrollo y éste sólo puede sustentarse en decisiones propias que sin
desdoro de otros traigan beneficios para los nuestros.
El Partido Revolucionario Institucional ha presentado a la nación una propuesta
legislativa completa y responsable. Para hacerla posible pretendemos edificar un Congreso
con capacidad de equilibrar al Poder Ejecutivo.
Auspiciamos el aumento y precisión de las facultades del Legislativo en materia de
vigilancia, fiscalización y control de dicho poder.
Buscaremos establecer reglas claras para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación, sometiendo su iniciativa a la revisión del Senado, para garantizar una más
activa presencia de la representación del pacto federal.
Requerimos fortalecer las atribuciones políticas y técnicas del Congreso, respecto al
control de la administración pública, así como revisar y ordenar las atribuciones que
tiene en materia de juicio político.
Tenemos que buscar que este cuerpo colegiado supervise el proceso de planeación nacional,
apruebe y dé seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
Necesitamos robustecer las facultades de esta Cámara de Diputados, para que tenga una
participación más activa en las cuestiones de política exterior.
Las comisiones legislativas habrán de ser el foro privilegiado, para que la sociedad
plantee sus preocupaciones sobre las materias de su cargo. Comisiones vivas, vinculadas a
los intereses de la sociedad y vinculados también a su temática, con apoyo técnico y de
gabinete suficiente, para respaldar las tareas de todos los diputados.
Pretendemos que se vigorice la capacidad de fiscalización de las finanzas públicas en el
Congreso de la Unión y consolidar a éste como foro de discusión de las propuestas
ciudadanas, propiciando que los representantes populares presenten informes periódicos
sobre sus tareas.
Proponemos establecer un marco definido para la relación del Parlamento con la denominada
sociedad civil, así como los procesos de vinculación e interlocución con los organismos
no gubernamentales.
Señor Presidente, le solicito un minuto más si me lo permite.
Sí, se le concede un minuto.
El diputado
Justino Eduardo Andrade
Sánchez: |
Gracias.
Es imprescindible fortalecer la imagen pública de la actividad de los Iegisladores y la
necesidad indispensable para el fortalecimiento de la cultura democrática, de prestigiar
la tarea parlamentaria y que a través de la difusión colectiva la ciudadanía conozca de
la complejidad del quehacer legislativo y se sienta cabalmente representada en sus
legisladores.
Debemos fortalecer el papel del Canal Legislativo y diseñar formas innovadoras para la
información de la ciudadanía. Nos empeñamos en servir con eficiencia y lealtad a los
electores, a todos los electores, independientemente de porquién haya sufragado. El
método electoral es el origen, no el objeto de nuestra representación.
Si desciframos bien la señal del 2 de julio, sabremos que nuestra misión, la de todos,
es dura, pero no difícil. Basta con recordar que nos eligieron para construir, no para
contender, no para perdernos en un arrabal de disputas y querellas, sino para trabajar con
tezón en la solución de problemas acuciantes.
Si cada comisión, cada grupo de trabajo, cada delegación que deba cumplir actividades
específicas se dedica con esmero al asunto que debe resolver y si cada diputado, en vez
de querer batir públicamente a su enemigo procura convencerlo con paciencia, razones y
argumentos, abundante será y muy útil el legado legislativo que de aquí surja. Ese
espíritu ha campeado sobre las naturales diferencias parlamentarias desde los primeros
discursos que se han dicho en esta legislatura. Hagamos todos, de esta oportunidad, el
punto de partida del tiempo del Congreso, del poder que legisla, del que dicta la norma,
del que marca la ruta, del que fija el destino.
De nosotros depende el tramo y la medida que nos toca, que el de México sea tan grandioso
como se lo merece.
Gracias, diputado Eduardo Andrade
Sánchez.
CAJAS DE AHORRO
Pasamos a otro punto del orden del
día y se concede la palabra al diputado José Delfino Garcés Martínez, del Partido de
la Revolución Democrática, para presentar una proposición.
| El diputado
José Delfino Garcés Martínez: |
Con su permiso, señor Presidente:
«Los suscritos diputados integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y 89 del Reglamento del Gobierno Interior del propio Congreso y
considerando que algunas cajas de ahorro constituidas bajo la modalidad de sociedades
cooperativas tuvieron un funcionamiento irregular que no fue corregido y sancionado a
tiempo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, que la Procuraduría General de la República aseguró bienes por la
presunta comisión de delito de lavado de dinero por el administrador único de las
mismas, José Cirilo Ocampo Verdugo:
Que los bienes pertenecían a más de 400 mil socios de las cajas de ahorro que se vieron
imposibilitados de realizar sus retiros y el cobro oportuno de los intereses convenidos.
Que los bienes asegurados se encuentran actualmente bajo la custodia del servicio de
administración de los bienes asegurados, órgano desconcentrado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Que para resolver el problema la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto
del director general de banca y ahorro anunció que el 27 de junio del año 2000 Cirilo
Ocampo Verdugo, actualmente procesado había otorgado un poder amplio, especial a un
abogado del despacho Araujo y Asociados, Consultores Legales, S.C., para que procediera a
aportar a un fideicomiso sus bienes indebidamente adquiridos, con recursos de miles de
personas.
Que el fideicomiso se constituyó en Nacional Financiera y a él se integraron tanto
bienes muebles, inmuebles como acciones, valores y el efecto que en cuentas bancarias
personales y de las empresas que constituyó y a cualquier otro bien o recurso que de las
investigaciones que se llevaban a cabo pudieran aparecer.
Que el 21 de julio fue designado por Nacional Financiera, en su calidad de fiduciario como
director del fideicomiso, el licenciado Manuel Pérez Cárdenas; que el 24 de julio, el
funcionario citado firmó un documento también signado por diputados del grupo especial
de la LVII Legislatura, integrado por Acción Nacional, PRD, Convergencia y el
independiente Marcelo Ebrard, que establecieron los siguientes compromisos:
1o. Pagar los saldos que resulten del valor de la inversión más los intereses, menos
adeudos a todos los ahorradores sin distinción alguna por monto o entidad federativa.
2o. Permitir la participación del Consejo Nacional de ahorradores o la dirección del
fideicomiso en los trabajos necesarios para la solución integral y equitativa del
problema.
3o. Realizar el pago antes del 24 de septiembre del año en curso.
4o. Facilitar la información necesaria al grupo especial de la Cámara de Diputados, para
garantizar la transparencia del proceso.
Que en el encuentro sostenido con los legisladores el 29 de julio, el licenciado Pérez
Cárdenas, indicó que para comenzar a pagar a los ahorradores era menester realizar
auditorías a todas las cajas involucradas y que no era requisito indispensable para el
pago, haber promovido denuncias penales; que los bienes hoy manejados por el servicio de
administración de bienes asegurados, pasarán al fideicomiso "prepago", sin que
hasta ahora se conozca el avalúo de los mismos el estado en que se encuentran y los
frutos que han rendido de la fecha de aseguramiento.
Que la posibilidad de que la Cámara de Diputados solicite información sobre este
fideicomiso privado, se encuentra respaldada en la resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de fecha 24 de agosto, que establece la no oponibilidad al secreto
fiduciario frente a las peticiones formuladas por el Legislativo.
Que el director general de banca y ahorro, señaló que para agilizar el pago de los
ahorradores afectados, se podría contratar un crédito puente que sirviera como soporte
por Nacional Financiera; que con el propósito de que exista transparencia en todo este
proceso, la debida rendición de cuentas y atención a las afectaciones sociales causadas,
nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se cree una
comisión especial para vigilar el cumplimiento de los compromisos referidos en el
considerando octavo, el esclarecimiento del manejo de bienes asegurados relacionados con
las Cajas de Ahorro Populares, cuyo administrador único era el señor José Cirilo Ocampo
Verdugo, a quien se sigue un proceso penal por lavado de dinero y para vigilar la
transparencia del procedimiento de restitución de sus inversiones a los ahorradores
afectados.
Segundo. El objeto de la comisión, será revisar el proceso a partir del
aseguramiento por parte de la Procuraduría General de la República, su administración
por el servicio de administración de bienes asegurados; la transferencia de los mismos al
fideicomiso constituido en Nacional Financiera por el propio Ocampo Verdugo y el
resarcimiento a los ahorradores.
Tercero. La comisión se integrará por un miembro de cada partido con
representación en la Cámara con sus respectivos suplentes. En la sesión de instalación
se designará al presidente de la comisión.
Cuarto. La comisión nombrará a un secretario técnico, que será responsable de
llevar las actas de las sesiones que se celebren y levantar las minutas correspondientes.
Quinto. La sede de la comisión especial, será la Cámara de Diputados, donde
sesionará regularmente, pudiendo acordar sus integrantes sesionar en cualquier otro lugar
que consideren conveniente.
Sexto. Para que la comisión pueda sesionar válidamente se requerirá de la
asistencia de por lo menos seis de sus integrantes.
La resolución de la comisión se adoptará por el voto de la mitad más uno, de los
presentes.
Séptimo. La comisión deberá concluir las tareas que se le encomienden en un
lapso de seis meses. Si por alguna razón imputable a los miembros aún no hubiese logrado
su objetivo en ese plazo, se someterá al pleno su ampliación.
Octavo. La comisión solicitará a la Procuraduría General de la República:
1o. Una copia del acta levantada en los términos de la fracción I del artículo 6o. de
la Ley de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, al momento de su aseguramiento de
los bienes, que incluya el inventario con la descripción y el estado en que se encuentran
dichos bienes.
2o. El sistema usado para la identificación de los bienes asegurados.
3o. Una descripción de las medidas conducentes e inmediatas que se adoptaron para evitar
que los bienes asegurados se destruyeran, alteraran o desaparecieran.
4o. Los datos de Ios registros públicos donde se hizo contar el aseguramiento.
5o. El monto de los bienes asegurados y copia de los avalúos realizados.
6o. Acta de entrega al Servicio de Administración de Bienes Asegurados, de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
7o. La demás documentación que requiera a juicio de la comisión
Noveno. La comisión deberá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público:
1o. El inventario de los bienes recibidos por el Servicio de Administración de Bienes
Asegurados;
2o. Descripción del estado en que se encuentran;
3o. Las medidas que se han adoptado para su custodia y conservación;
4o. Si está haciendo una administración directa o si existe depositario e interventor o
administrador de los mismos;
5o. Copia de los informes periódicos que ha rendido el administrador;
6o. Los frutos o rendimientos que han producido los bienes;
7o. Los seguros contratados;
8o. El monto destinado al mantenimiento y administración de los mismos;
9o. Si ha habido autorización de la Junta de Gobierno para utilización de los bienes.
10. La demás documentación que se requiera a juicio de la comisión.
Décimo. La comisión deberá solicitar a Nacional Financiera:
1o. Copia de la constitución del fideicomiso;
2o. Inventario de los bienes, acciones y otros valores recibidos por el fiduciario y los
avalúos correspondientes;
3o. Copia de los informes que haya rendido el director del fideicomiso;
4o. Importe y aplicación de la línea de crédito otorgada en su caso;
5o. Un informe sobre:
a) La operación del fideicomiso.
b) La formación, cómo se han aplicado los bienes de fideicomitidos.
c) Los fideicomisarios que vayan siendo beneficiados por la operación del fideicomiso;
6o. La demás documentación que se requiera a juicio de la comisión.
Decimoprimero. La comisión podrá citar a comparecer en los términos del
segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a los funcionarios que considere que puedan aportar datos relevantes para la
transparencia del proceso, el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Decimosegundo. Todo lo no previsto en el presente punto de acuerdo, será
resuelto por la comisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2000.- Diputado José Delfino
Garcés Martínez.»
Muchas gracias.
La propuesta del diputado José
Delfino Garcés Martínez, se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se ha reportado una lista de oradores sobre el tema de las cajas de ahorro, siendo éste
un debate pactado, se dará el uso de la palabra en el siguiente orden: diputados:
Rosalía Pedrero Aguilar, Daniel Esteban Martínez Enríquez, Herbert Taylor Arthur y
Lorena Martínez Rodríguez.
Tiene, en consecuencia, el uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del
Partido del Trabajo.
| La diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Con su permiso, señor Presidente,
compañeras y compañeros legisladores:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a manifestar su
posición en torno al gigantesco fraude cometido en contra de miles de pequeños
ahorradores, quienes vieron perdido su patrimonio de un plumazo ante la voracidad de
rufianes amparados por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Este quebranto financiero viene a sumarse a otros tantos que han ocurrido en México de
forma reciente. Cuando todavía la Cámara de Diputados continúa discutiendo el tema del
Fobaproa, que representa uno de los grandes fraudes bancarios en la historia de nuestro
país, aparecen al lado de éste otros fraudes financieros que cometen particulares sin el
menor recato en contra de ciudadanos que a duras penas acumulan un pequeño patrimonio que
de la noche a la mañana pierden ante supuestos inversionistas sin escrúpulos.
Ante esta situación nos preguntamos cuál es el papel que desempeñan las autoridades
financieras de este país para hacer cumplir la ley y proteger a los pequeños
ahorradores.
La respuesta ha sido la misma: luego de salir a flote cualquier irregularidad o ilícito
que se comete en nuestro sistema financiero, las autoridades siempre aparecen como
responsables directos y cómplices de los defraudadores del pueblo y en muchos casos de
los malversadores de los recursos de la nación.
En la pasada legislatura diversos grupos parlamentarios tuvieron que intervenir para hacer
ver a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores su responsabilidad directa en este fraude porque llevaron a
cabo medidas que los ubican como sospechosas de estar coludidas con los defraudadores.
Como ejemplo está la Secretaría de Hacienda que siempre actúa de forma irresponsable y
tardía para vigilar y hacer cumplir la ley con relación a la forma de operar de las
cajas populares de ahorro.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores actúa de la misma manera. Además, se carece
de medidas cautelares para impedir fraudes de este tipo y salvaguardar el patrimonio de
miles de pequeños y medianos ahorradores que son sorprendidos por delincuentes de cuello
blanco.
Ante estos problemas recurrentes en nuestro sistema financiero, queda claro que los
agentes que se mueven en este ámbito actúan al amparo de leyes y autoridades que
protegen sus maniobras fraudulentas porque promueven el riesgo moral consistente en
proteger a los grandes accionistas al rescatarlos de posibles quiebras que pudieran sufrir
sus inversiones, como ocurre en el caso del sistema bancario.
Al mismo tiempo, estas leyes financieras que regulan la actividad de la banca establecen
la obligatoriedad del Gobierno Federal de crear fondos de provisiones a través del erario
público para rescatar o sanear a los bancos que se encuentren en problemas de insolvencia
financiera, como está estipulado en el artículo 28 de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario.
Sin embargo, cuando los pequeños ahorradores que arriesgan su patrimonio a través de las
organizaciones auxiliares de crédito, lo pierden, el Gobierno Federal no hace nada por
ellos, por el contrario, lo hemos visto, es incluso la represión contra ellos por
manifestarse en la defensa de sus intereses.
Para el Partido del Trabajo es evidente que las entidades financieras, sea cual sea su
nivel o rango, no cumplen con su objetivo de canalizar recursos financieros a los medianos
y pequeños productores que no cuentan con la suficiente solvencia económica.
En cambio, los grandes beneficiarios de estas instituciones han sido los negocios de los
mismos accionistas de la banca y de otras instituciones financieras, tal como ocurrió en
el caso de la Sociedad de Crédito y Ahorro del Noroeste, denominada El Arbolito y la más
reciente, la Unión de Crédito Regional que defraudó a miles de pequeños ahorradores de
los estados de Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.
Los fraudes que han cometido los delincuentes de cuello blanco, en contubernio con las
autoridades financieras de este país, están amplia y profundamente documentados en la
historia reciente del país. Se suman varios casos, pero los más difundidos en la prensa
nacional han sido los que aquí hemos señalado.
Aunque existen otros 60 casos de cajas de ahorro cuya autorización se encuentra en
proceso de revocación conforme lo reconocen las propias autoridades, lo que salta a la
vista de todo este proceso de fraude es que los beneficiarios directos del actual modelo
de desarrollo han sido los grandes empresarios, entre los que se encuentran los
accionistas de las instituciones financieras, que pareciera ser que lo único que saben
hacer es acumular grandes sumas de riquezas que no generan con su propio esfuerzo, sino
que provienen en su gran mayoría del erario público y en contubernio con los
funcionarios gubernamentales y en detrimento de pequeños ahorradores y del pueblo en
general.
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo queda evidenciado tanto el Secretario
de Hacienda, José Angel Gurría Treviño y Eduardo Fernández García, quienes continúan
al frente de instituciones públicas y no cumplen con su función de hacer prevalecer la
ley y de desarrollar un sistema de crédito sano en nuestro país, por lo que deberá
aplicarse, en este caso, la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios
Públicos.
Compañeras y compañeros legisladores: creemos que un acto de justicia social para
proteger el patrimonio de los pequeños y medianos ahorradores que fueron defraudados por
los principales accionistas de la Unión de Crédito Regional, consiste en que el
fideicomiso creado para este fin debe acelerar su actuación para resarcir el patrimonio
de los más de 400 mil ahorradores que depositaron su dinero en manos de rufianes
amparados por el poder público.
Asimismo, consideramos que debe profundizarse la investigación en torno a todas las cajas
de ahorro que han cometido fraude, para fincar responsabilidades a los culpables del
quebranto financiero.
También se debe investigar la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyos titulares han
sido impugnados por un amplio sector de la sociedad y por tal motivo consideramos deben
ser separados de su cargo a efecto de evitar que este tipo de ilícitos, comunes ya en el
sistema financiero de nuestro país, se repitan nuevamente.
Desde luego que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor de la
creación de una comisión especial para vigilar el cumplimiento de los compromisos
referidos en el punto de acuerdo propuesto para este efecto, así como todas y cada una de
las atribuciones en el mismo planteados.
Es cuanto.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Daniel Esteban Martínez Enríquez.
El diputado Daniel Esteban Martínez
Enríquez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Este nuevo fraude bancario, este nuevo fraude, que se equipara con el Fobaproa, no ha sido
debidamente resuelto por el Gobierno actual. Mientras al Fobaproa se le inyectaron enormes
cantidades de dinero tratándose de los banqueros, en el caso de los pequeños ahorradores
el tratamiento es diferente.
Las cajas de ahorro constituidas bajo la modalidad de sociedades cooperativas, tuvieron un
funcionamiento irregular, que no fue corregido ni sancionado a tiempo por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público ni por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
A falta de esta supervisión y orientación a los socios el señor José Cirilo Ocampo
Verdugo se convirtió en administrador único de un gran número de cajas de ahorros, a
saber: 498 sucursales en 25 estados de la República. Perjudicando así a 400 mil socios.
Al iniciarse una averiguación previa por la comisión de delito de lavado de dinero en
contra de Cirilo Ocampo, los bienes fueron asegurados y se encuentran bajo la custodia del
Servicio de Administración de los Bienes Asegurados, órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En este caso, la Secretaría de Hacienda mostró negligencia porque la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito la obliga a acciones preventivas en su
artículo 95, que señala que ésta, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, dictará disposiciones de carácter general para prevenir y detectar en las
organizaciones auxiliares de crédito actos u operaciones con recursos, derechos o bienes
que procedan o representen el producto de un probable delito.
No se instrumentaron las medidas preventivas y con el aseguramiento ordenado por la PGR se
vieron perjudicados miles de pequeños ahorradores, que aproximadamente son un millón y
medio de personas que de buena fe, en su mayoría jubilados y pensionados, que vieron de
la noche a la mañana perdidas sus aportaciones.
La Secretaría de Hacienda pretende hacer creer que se trató sólo de un fraude que debe
ser denunciado ante los tribunales penales de cada entidad federativa, pero el problema es
mucho mayor. Por razones de interés público se deben proteger los intereses de los
ahorradores defraudados.
Los bienes asegurados podrían servir para resarcir el daño a los ahorradores. Para ello
es indispensable conocer el avalúo que el servicio de administración practicó a los
diversos tipos de bienes, mismo que no se ha dado a conocer a los interesados.
La Procuraduría debe informar sobretodo hecho. Además, la Secretaría de Hacienda debe
informar sobre el estado que guardan los bienes asegurados, ya que el artículo 12 de la
ley señala que la administración de éstos comprende su recepción, registro, custodia,
conservación y supervisión y que los bienes serán conservados en el estado en que se
hayan asegurado, para ser devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal
que se les cause por el transcurso del tiempo.
Asimismo la ley señala que estos bienes podrán utilizarse o ser enajenados única y
exclusivamente en los casos y cumpliendo los requisitos establecidos en esta ley.
Los ahorradores afectados, esta soberanía y la opinión pública deben conocer el
resultado de los avalúos que se hayan practicado a los bienes asegurados; el inventario
con la descripción y el estado en que se encuentran en estos momentos; las medidas que se
han adoptado para su custodia y conservación; si se está haciendo una administración
directa o si existe depositario, interventor o administrador de los mismos; los informes
periódicos que ha rendido el administrador; los frutos o rendimientos que han producido
los bienes; los seguros contratados; el monto destinado al mantenimiento y administración
de los bienes; si ha habido autorización de la Junta de Gobierno para la utilización de
estos mismos.
El Partido de la Revolución Democrática ve con buenos ojos la formación de esta
comisión especial para investigar este caso de negligencia de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y de la Comisión Nacional de Valores y también vigilar que los
acuerdos firmados por el señor Pérez Cárdenas y por el Consejo de Ahorradores, se vean
cumplidos. Por eso estamos convencidos de que esta comisión especial debe formarse y
llegar a fondo en este asunto. También creemos que debemos de citar a los funcionarios
públicos involucrados en este caso, que cayeron en negligencia en perjuicio de los miles
de ahorradores de estas cajas de ahorro popular.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Herbert Taylor Arthur, del Partido Acción
Nacional.
| El diputado Herbert Taylor Arthur: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Lo que hoy estamos discutiendo no es solamente el tema de cajas populares defraudadas o
no, estamos discutiendo de lo que tiene que ver con el movimiento económico nacional y
muy en particular de la gente de menos recursos.
La economía se da y nace desde abajo. Los ahorradores en la economía social son los
únicos que tienen la capacidad de poder autoayudarse. Hoy no podemos ni debemos permitir
que se debilite la estructura de las pequeñas cajas populares que están desarrollándose
en México.
Hoy los ahorradores pequeños, los que cuentan con pequeño capital, no tienen alternativa
ninguna en la banca institucional, no tienen posibilidades de conseguir dinero que les
pueda redituar la perdida inflacionaria y por otro lado, cuando solicitan préstamos y
están buscando dinero, su única alternativa es, sin duda, el agio y el prestamista. La
economía solidaria, aquella que es la ayuda entre iguales, aquella que les permite
avanzar y desarrollarse, se da solamente en la economía social, en la economía
solidaria.
Es por eso que el tema de hoy no radica solamente si bien en el fraude que se está
viviendo y los problemas financieros graves que se están viviendo en las cajas populares,
es fundamentalmente el no enterrar hoy con errores de la Secretaría de Hacienda y del
Gobierno, este naciente desarrollo de la economía social, de la economía popular.
Esto podemos verlo en una primera instancia en el año de 1994, cuando se crea la Ley
General de Sociedades Cooperativas, que en su artículo 33 nos dice: "las sociedades
cooperativas que desarrollan actividades de ahorro y préstamo de manera preponderante o
complementaria, se regirán por esta ley y por las leyes aplicables en la materia y por
las disposiciones que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público";
disposiciones administrativas que debió desde el año de 1994 la Secretaría de Hacienda
echar a andar, mismas que no se han cumplido.
Es por eso que el día de hoy nos encontramos con sociedades cooperativas que tienen
actividades financieras sin ningún reglamento, sin ningún marco jurídico, sin nada que
los dirija y están a la deriva. De ahí que exista la gran posibilidad de que personas
como Cirilo Ocampo hoy puedan armar empresas donde hacen con 500 pesos una caja
cooperativa, por ejemplo en Veracruz, en donde manejan millones. A él le resultó más
caro pagar la escritura que decir cuál era su capital en esta caja de ahorro en Veracruz
y esto porque la Secretaría de Hacienda ha cometido una omisión criminal que hoy tiene a
miles y a miles de familias en condiciones desesperadas.
El 29 de febrero de este año, la PGR acusa al señor Cirilo Ocampo Verduzco de lavado de
dinero proveniente del narcotráfico, se le aseguran sus bienes de más de 458 cajas
populares en toda la República que aparecían como pertenecientes a él, como de su
propiedad y que en verdad es dinero, son bienes de los ahorradores. Podemos estar hablando
de estados como Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Zacatecas, Estado de México estamos
hablando de que estos ahorradores al saber que sus bienes han sido decomisados, que sus
bienes han sido asegurados, fueron a buscar retirar lo poco que pudieran encontrar,
provocando con esto el que se vaciaran las arcas de las cajas populares, en algunos
estados definitivamente cerradas, en otros muchos operando sin ningún control, sin
ninguna guía y encontrándose cada día con mayores pérdidas.
Pero el problema no queda ahí, el problema del señor Cirilo Ocampo provoca que muchas
cajas populares que no tienen nada, absolutamente que nada tienen que ver con él entren
también en pánico y provoquen la búsqueda y la fuga de los capitales que aún había
ahí haciendo que también un efecto dominó estas cajas se encuentran en desgracia.
Cirilo Ocampo estando ya en cárcel, ya detenido, acepta entregar sus bienes a un supuesto
fideicomiso, aclaro, supuesto, nadie conoce en realidad el contenido de este fideicomiso,
para que con él sean liquidados y pagados a los ahorradores.
El daño en tan solo se calcula en más de 350 mil afectados por este caos en las cajas
populares, entre ellos ahorradores que han trabajado toda su vida en particular gente de
la tercera edad, ancianos, pensionados, viudas, gente que ha dedicado su esfuerzo al
ahorro y que de esto es de lo que están viviendo. Tenemos elementos, tenemos datos de
gente que ha prácticamente encontrado en la calle porque los réditos que conseguían
aquí era lo único que tenían para vivir, enfermos, ancianos; hoy, hoy es quebranto en
dinero aún no se puede calcular.
No han concluido los trabajos, no han concluidos los trabajos de las auditorías pero sin
duda el daño es mayor quizá no por el monto que ha de ser grande, pero si se puede por
el daño social que está provocando a la cultura del cooperativismo, a la cultura de la
economía solidaria y en particular a los más de 350 mil afectados. Esto sin duda es hoy
una omisión criminal por la Secretaría de Hacienda.
Este es un saldo sin duda que deberá de quedar y ojalá se resane antes de que salga, del
gobierno del presidente Zedillo.
Nadie ni nosotros ni la Secretaría de Hacienda ni el Gobierno puede esconder la cabeza
ante tal dolor humano, el Ejecutivo sin duda si pudo evitare este daño, el Ejecutivo si
pudo intervenir para auxiliar a las cajas populares, para ordenar a las cajas populares;
el caso del señor José Cirilo Ocampo, el Gobierno si pudo actuar, si pudo haberlo
encarcelado sin causar hoy el gran daño que estamos viviendo, no podemos afirmar ninguno
de los aquí presentes, que el señor Cirilo Ocampo hoy sea culpable o no de lo que se le
acusa, del lavado de dinero.
Pero de lo que podemos estar todos seguros es que los que no sean culpables de su
desgracia son los ahorradores porque ellos estaban buscando una forma más digna de vida
nada mas. Debemos entonces sin duda, esta Cámara de Diputados, buscar la solución no
solamente para el caso de los ahorradores de las cajas populares que encabezaba el señor
Cirilo Ocampo no solamente de las cajas populares que si bien no esta administradas por
ellos fueron afectados por este elemento o este efecto dominó.
Deberemos buscar hoy, sin duda, el que se dé una solución a los ahorradores, que se
busque la mejor manera para resarcir el daño, pero no podemos quedarnos ahí, las lagunas
jurídicas, las omisiones por Hacienda podrán ser remediadas si esta Cámara de Diputados
pone acelerador, imprime ímpetu a buscar el ordena miento y el nuevo marco jurídico que
garantice seguridad jurídica y económica y financiera a todos aquellos mexicanos y
mexicanas que con pequeñísimos capitales, con sus ahorros empiecen a hacer un trabajo de
economía social en donde pueden encontrar la solución no solamente a ganar intereses de
su pequeño capital, sino en particular también de que tengan la posibilidad, tengan la
posibilidad de conseguir financiamiento barato para su desarrollo personal. La economía
social está hoy en problemas si esta Cámara de Diputados no actúa.
Pido que esta Cámara de Diputados acepte que este asunto pase con prontitud a la
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social y que esta comisión acelere el paso a
dar solución y buscar caminos a este problema.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Lorena
Martínez Rodríguez, del PRI.
| La diputada Lorena
Martínez Rodríguez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras diputadas y diputados:
El tema que toca hoy día en la tribuna, creo que tiene tres aristas importantes que
analizar:
Primero y la más importante, porque es un tema social que a todos nos aqueja, porque
todos aquí tenemos uno o dos conocidos, familiares, que se han visto afectados por el
problema de las cajas de ahorro, que es sin duda el lograr que se pague a los ahorradores.
Segundo, es reglamentar el funcionamiento de las actuales y futuras cajas de ahorro y
Tercero, evitar que en lo sucesivo puedan ocurrir más fraudes y por otro lado fortalecer
el ahorro de los mexicanos como una práctica cotidiana y constante para el
fortalecimiento de la economía de nuestro país.
Por ello, el Partido Revolucionario Institucional se permite fijar posición respecto a
este grave problema que aqueja a más de 1 millón y medio de ahorradores que fueron
afectados con el fraude de 458 sucursales en 25 estados de la República con un monto que
asciende a 7 mil millones de pesos y respecto de lo cual me permito manifestar lo
siguiente:
Que el Gobierno Federal propuso la creación del fideicomiso liquidador integrado con los
bienes del señor José Cirilo Ocampo en fecha 13 de julio del presente año.
Que el compromiso del director del fideicomiso, Manuel Pérez Cárdenas, fue que previa
auditoría para determinar quiénes son los acreedores y con qué monto de adeudo, se
pagaría a éstos antes del 24 del presente mes.
Que por información recibida del Consejo Nacional de Ahorradores, órgano que representa
los intereses de los ahorradores, las auditorías se encuentran en proceso aunque
retrasadas en tiempo, por lo que existe el temor fundado de que los plazos no se cumplan y
lo que es más grave, que los bienes del señor José Cirilo Ocampo no alcancen para
cubrir los saldos a todos los ahorradores.
Por ello, nos permitimos proponer lo siguiente:
Primero. Nos sumamos a la propuesta que hicieron nuestros compañeros diputados,
de integrar una comisión especial plural para dar seguimiento y vigilar estrictamente el
cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno Federal de liquidar, vía el
fideicomiso, a los acreedores en el plazo fijado.
Segundo. Que la LVIII Legislatura emita un pronunciamiento público de respaldo a
los afectados por el magno fraude, que firmado por todas las fracciones parlamentarias
fortalezca la pronta solución del problema.
Tercero. Tomando en consideración que el sistema financiero del sector social en
México cuenta con un marco jurídico deficiente, contradictorio y no adecuado a su
naturaleza solidaria, es importante que la presente legislatura retome la iniciativa que
fue presentada en la pasada legislatura, denominada Ley de Sociedades Cooperativas de
Servicios Financieros, para que, previo consenso, sea aprobada lo antes posible y evitar
en lo sucesivo problemas de esta naturaleza y a la vez fomentar el ahorro de los mexicanos
y
Cuarto. Finalmente proponemos que en congruencia con los compromisos asumidos por
el Partido Revolucionario Institucional en la pasada campaña federal, que sea el Gobierno
Federal quien asuma subsidiariamente la responsabilidad del pago a los ahorradores en caso
de que los bienes asegurados por la Procuraduría General de la República para este fin,
no sean suficientes para cubrir el total de lo defraudado, dando prioridad a aquellos
ahorradores cuyo monto no exceda de los 100 mil pesos y para tal efecto se tomen las
medidas correspondientes en el Presupuesto de Egresos del año 2001.
Y último punto: que previa investigación exhaustiva de los hechos, se castigue a quien
resulte responsable, independientemente de que se trate o no de funcionarios públicos.
Es cuanto, señor Presidente.
Continúe la Secretaría con los
asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Señor Presidente, le informo que
se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 7 de septiembre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Protesta de diputados.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con
motivo del CLIII aniversario de la Defensa Heroica del Molino del Rey, tendrá lugar el 8
de septiembre, a las 10:00 horas
De los congresos de los estados de Coahuila y Morelos.
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
| El
Presidente (a las 14:08 horas): |
Se levanta la sesión y se
cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 7 de septiembre, a las 11:00 horas,
iniciando el registro de asistencia de las señoras y señores diputados, a las 9:00
horas.
|
FE DE ERRATAS
En el Diario de los Debates No. 1 de fecha 29 de agosto de
2000, en la página 70, segunda columna, primer renglón
Dice:
Preidencia del diputado
Debe decir:
Presidencia del diputado |
- Tiempo de duración: 3 horas 3 minutos.
- Quorum a la apertura de sesión: 350 diputados.
- Comisión reglamentaria y protocolaria: 1.
- Diputado que toma protesta: 1.
-
- Puntos de acuerdo: 1.
-
- Temas de agenda política: 2.
- Oradores en tribuna: 16
PRI-3; PAN-2; PRD-5; PVEM-1; PT-2; PSN-1; CDPPN-1; PAS-1
Se recibió:
- 1 comunicación del Congreso del Estado de Baja California;
- 1 comunicación del Congreso del Estado de Coahuila;
- 3 oficios de la Comisión Permanente, del segundo receso del
tercer año de ejercicio de la LVII Legislatura;
- 3 oficios de la Cámara de Senadores;
- 2 iniciativas del PRD;
- 1 iniciativa de senador del PAN;
- 2 minutas, de conformidad con el inciso e del artículo 72
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- 1 solicitud de particular para aceptar y usar condecoración
que le otorga el gobierno de la República Italiana;
- 1 solicitud de particular para poder prestar sus servicios
en las embajadas de las repúblicas de Chile y de Sudáfrica.
-
|
DIPUTADOS QUE
PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético) |
- Alvarez Bernal, María Elena (PAN)
- Andrade Sánchez, Justino Eduardo (PRI)
- Calderón Cardoso, José Antonio (PAS)
- Cobo Terrazas, Diego (PVEM)
- Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN)
- Garcés Martínez, José Delfino (PRD)
- García Suárez, María Miroslava (PRD)
- Hernández Raigosa, Alfredo (PRD)
- Martínez Enríquez, Daniel Esteban (PRD)
- Martínez Veloz, Jaime Cleofas (PRI)
- Martínez Rodríguez, Lorena (PRI)
- Narro Céspedes, José (PT)
- Peredo Aguilar, Rosalía (PT)
- Riojas Santana, Gustavo (PSN)
- Taylor Arthur, Herbert (PAN)
- Villanueva Mukul, Eric Eber (PRD)
|
Tema
Inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura.
Inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura.
Inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura.
Inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura.
Inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura.
Punto de acuerdo para la creación de comisión especial para vigilar el pago a los
ahorradores afectados y el esclarecimiento del manejo de bienes asegurados relacionados
con las cajas de ahorro populares.
Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Registro Nacional de Vehículos.
Iniciativa con proyecto de decreto de reformas a los artículos 5o. y 7o. de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, referente al formato de la
sesión de Congreso General donde el Presidente de la República presenta el Informe de
Gobierno.
Cajas de ahorro populares.
Sobre Ley del Registro Nacional de Vehículos.
Cajas de ahorro populares.
Inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura.
Cajas de ahorro populares.
Inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura.
Cajas de ahorro populares.
Inicio de los trabajos de la LVIII Legislatura. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
BC
D.F.
Fobaproa
Imecas
IMSS
INE
Infonavit
IVA
PAN
Pemex
PRD
PRI
Renave
Secofi
Semarnap
Serfin |
Baja California
Distrito Federal
Fondo Bancario de Protección al Ahorro
Indice Metropolitano de la Calidad del Aire
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Ecología
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Impuesto al valor agregado
Partido Acción Nacional
Petróleos Mexicanos
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Registro Nacional de Vehículos
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Servicios Financieros Integrados |
 
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