|
En la exposición de motivos del martes pasado
argumenté ampliamente por qué es inconstitucional. Yo le quiero pedir particularmente a
los señores de Acción Nacional, que le den una lectura a esos artículos, a la
Constitución Mexicana, para que se den cuenta que esa concesión es completamente
inconstitucional.
Con esto termino, sumándome a la propuesta de comparecencia de Herminio Blanco.
Muchas gracias.
El diputado
Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra para
rectificar hechos, por favor.
Sí, señor diputado. Me han pedido la palabra
para rectificar hechos otros diputados. Lo apunto con mucho gusto diputado.
Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Félix Castellanos Hernández,
del Partido del Trabajo.
| El diputado Félix Castellanos Hernández: |
Con el permiso del señor Presidente diputado;
compañeras y compañeros legisladores:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha manifestado categóricamente en diversas
ocasiones su rechazo a la conversión de responsabilidad y atribuciones de entidades y
dependencias de la administración pública en negocios privados.
La consideración de fondo a este respecto radica en que de ningún modo está aprobado
que la ejecución de obras y servicios públicos por la iniciativa privada sea
intrínsecamente mejor. En absoluto está documentado históricamente en el mundo y en
México que esto se haya hecho con mayor calidad, eficiencia y provecho social.
Sin duda hay algunas experiencias en las que la operación privada de las actividades
tradicionalmente adscritas al sector público ha tenido resultados positivos, pero ello ha
sido así en función de regulaciones técnicas y legales escrupulosas que establecieron
total transparencia y responsabilidad en los procedimientos de concesión y funcionamiento
correspondientes.
No obstante, hay expedientes en la última década, es decir, en el periodo que liga los
sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que prueban todo lo contrario. Para colmo
los desatinos, los resultados negativos y las complicidades entre autoridades y
empresarios privados han redundado no sólo en elevados costos para los contribuyentes,
sino en verdaderos desastres para los menguados recursos públicos que invariablemente han
repercutido en la reducción del gasto social.
Ejemplos tenemos varios. Por sólo citar tres: el rescate carretero, la conversión de
Telmex, el Fobaproa. Ahora tenemos el escandaloso caso del Renave, el cual consistió
esencialmente en la abdicación de una responsabilidad pública y su reemplazo por la
concesión a una empresa privada de la captación y de la sistematización de datos
confidenciales relativos a una parte ampliamente extendido del patrimonio de millones de
mexicanos.
Por su propia naturaleza, el Registro de Automóviles no debió en principio concederse a
la operación de una empresa privada, en virtud de la información confidencial que
implica. Este fue el gran error en las consideraciones que estuvieron en el diseño
original del Renave.
A lo anterior se agregaron otros dos graves errores, el primero relativo a cargar a los
diezmados ingresos de las familias mexicanas el costo burocrático del registro. El hecho
de que lo instrumentara una empresa privada llevaba de suyo la deducción de una ganancia
garantizada sin la cual no opera ningún negocio privado.
Por ello nos preguntamos: ¿por qué llevar a cabo el registro bajo este procedimiento,
cuando debió idearse con una plena responsabilidad pública?
Una vez desatado el vergonzoso escándalo que todos conocemos, el secretario de Comercio,
Herminio Blanco, anunció la reducción del 50% en la tarifa aplicable, lo cual hace
suponer necesariamente que el precio original fue arbitrariamente inflado.
Dos preguntas más: ¿qué extraños intereses o contubernio entre la empresa titular de
la concesión y las autoridades de la Secretaría de Comercio permiten que aún con la
reducción de la tarifa la concesionaria siga percibiendo utilidades? ¿De qué forma se
iban a distribuir las altísimas ganancias que a lo largo de 10 años se obtendrían? Esta
Cámara debe encontrar las respuestas a estas preguntas.
El segundo y más grave error consistió en otorgarlo a una empresa cuyo titular tenía en
su haber delitos de lesa humanidad, como lo son los cargos que le imputan de secuestro,
tortura y enriquecimiento ilícito, mediante el robo de los bienes de sus víctimas
durante la dictadura argentina.
El torturador, Ricardo Miguel Cavallo, debe ser juzgado y castigado con todo rigor
conforme a las leyes aplicables. El Estado pasó por alto estos hechos, evidenciando la
precaridad de la seguridad nacional en sus ámbitos de la inteligencia política. Si fue
así ha sido una deficiencia lamentable que se conocían estos hechos y no se procedió en
consecuencia, fue una maquinación atroz de las autoridades correspondientes que
evidencian las grotescas complicidades entre el poder político y los intereses
económicos que en este caso normaron la orientación de la política gubernamental
privatizadora.
En suma, si Herminio Blanco sabía, se tiene un caso de enorme complicidad; si Herminio
Blanco no sabía se tiene un caso monumental de incompetencia. Por eso sostenemos que lo
que de inmediato debió proceder era suspender la operación del Renave, la revisión de
su ley y la rectificación legal conducente.
Asimismo en lugar de proferir justificaciones absurdas el secretario de Comercio, Herminio
Blanco debió reconocer los errores y asumir la expulsión de rectificarlos. Al no
proceder de esta manera, incurrió en situaciones que cuando menos implican la
presentación de su renuncia.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reitera su planteamiento de que Herminio
Blanco debe renunciar; es más, efectivamente a su grupo parlamentario se suma al propio
acuerdo así propuesto anteriormente y a la vez se informa que el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo iniciará el procedimiento de juicio político contra Herminio Blanco.
Muchas gracias.
Se concede el uso de la palabra, por cinco
minutos, al diputado José Antonio Calderón, del Partido Alianza Social.
El diputado José Antonio Calderón
Cardoso: |
Con el permiso de la Presidencia; diputadas y
diputados:
La muerte de un ser humano en sí es un hecho lamentable que causa consternación; el
hecho de que hoy vengamos a esta tribuna a mencionar el deceso de un ser humano lo hacemos
porque tiene relevancia directa con un hecho de indiscutible interés nacional como es el
Renave, pero no abonaré en este momento a favor de lo que se ha mencionado de este Renave
de que debe cambiar nos sumamos a la propuesta y a la iniciativa.
Solamente queremos señalar que el error es que la idea de las privatizaciones también se
haya pretendido que fuera parte del poder público, espero que la actual administración,
que la administración venidera revierta la idea de que también hay que privatizar el
poder.
La reflexión que quiero hacer con ustedes amigos, es que este hecho no es aislado,
recordemos que hace unos meses otro funcionario del poder Izabal Villicaña recurrió al
suicidio como medida para resolver sus cuitas internas. Si es homicidio lo que le sucedió
al subsecretario de Comercio, habría que preguntarse: ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? y
¿qué intereses lastimó. Pero si es suicidio habría que preguntarnos ¿qué está
pasando en las más altas esferas del poder? ¿Qué sucede con los funcionarios de primer
nivel que ante los problemas que llevan en las espaldas recurran a la puerta falsa y
prefieren privarse de la vida antes que rendir cuentas al pueblo de México?
Estos hechos, amigos diputados, dejan muchas preguntas. Yo formularía tres de ellas, la
primera: ¿este proceso de transición que se dio el 2 de julio es el inicio de la
apertura de una caja de pandora de extraordinarias consecuencias?
Segunda pregunta: ¿de qué tiene que enterarse todavía el pueblo de México? A partir
del 1o. de diciembre que la actual administración deje el cargo, ¿habrá más
funcionarios que recurran a esto? ¿Qué cosas? ¿Qué hay en las esferas del poder que le
falte enterarse a este pueblo de México?
Por último, quisiera sumarme desde luego, a que se cite a Herminio Blanco a la brevedad,
para que explique puntualmente lo que ha sucedido; pero también queremos proponer que se
solicite respetuosamente a la Procuraduría General de la República, que en uso de la
atribución que le confiere la propia ley, atraiga este hecho, toda vez que es una
cuestión de indiscutible interés público.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Han solicitado también la palabra para rectificar hechos, el diputado José Manuel del
Río, de Convergencia por la Democracia, y el diputado Amador Rodríguez Lozano, del
Partido Revolucionario Institucional.
Al término del uso de la palabra de los dos diputados, preguntaré a la Asamblea si se
considera suficientemente discutido el tema.
El diputado
Héctor González Reza
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra para
rectificar hechos, si se me concede. Por favor, Héctor González Reza.
Para rectificar hechos, muy bien. Lo voy a
apuntar para rectificar hechos y sería el quinto orador para rectificar hechos y se
surtiría la especie del acuerdo parlamentario que me obligaría después del quinto
orador para rectificar hechos preguntar a la Asamblea si se considera suficientemente
discutido o si se sigue ofreciendo la palabra para rectificación de hechos.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Manuel del Río, de Convergencia
por la Democracia.
| El diputado José Manuel del Río Virgen: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras y
señores diputados; el tema es el Renave:
El Renave, ¿qué sucede en el carcomido sistema? ¿Qué sucede en las altas esferas del
gobierno? Convergencia por la Democracia, en su momento, fijamos nuestra posición a nivel
nacional, públicamente; rechazamos siempre el Renave; hoy, lamentamos el deceso del
licenciado Ramos Tercero, una condolencia a su familia y una exigencia: que Herminio
Blanco comparezca.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos,
el diputado Amador Rodríguez Lozano.
| El diputado Amador Rodríguez Lozano: |
Con su autorización, señor Presidente, amigas
y amigos diputados:
El día de hoy nos amanecimos con una noticia trágica, que consternó a México y a
muchos que conocíamos a Raúl Ramos Tercero; la muerte trágica, sorpresiva y hasta esos
momentos misteriosa de Raúl Ramos Tercero, que era subsecretario de Comercio. Un
funcionario ejemplar, responsable, probo, quien tenía un enorme compromiso con la
nación; que había ejercido esta responsabilidad en su subsecretaría al grado de que es
la única subsecretaría de todo el Gobierno Federal que tiene... él hizo 9002, el
reconocimiento a todas sus direcciones generales.
261, 262 y 263
La intervención que vengo a hacer a nombre de la
fracción parlamentaria del PRI, es para pedirles con cortesía pero también con
energía, que no medremos con este hecho, que es un hecho trágico y que duele. Que
dejemos la ganancia política, partidista y el protagonismo para otras materias, que en el
tema del Renave, no cabe duda, existe coincidencia entre los partidos políticos de que es
una institución que debe cambiar, que no se debe cobrar, ahí hay diferencias entre
algunos, pero que se debe mantener como un registro que dé seguridad y certidumbre en el
comercio de vehículos.
Pero debemos distinguir entre esta disputa política y en este problema que atañe a todos
los mexicanos y que con responsabilidad los diputados y también los senadores de todos
los partidos políticos hemos presentado claramente nuestra posición, pero no se vale
aprovechar un hecho como el que sucedió el día de hoy para venir a especular, para
obtener protagonismo y para sacar ganancia partidista.
Tampoco se vale decir que se suicidó porque no se quiso dar respuestas al pueblo de
México. Me parece que es una temeridad que no cabe bajo ninguna circunstancia. Es
necesario, sí, que se esclarezca este crimen o este suicidio, que se conozcan las causas.
Es por supuesto un tema que tiene qué ver, por su responsabilidad, con el tema del
Renave, pero en estos momentos, a tan sólo unas horas de haber acaecido este suceso,
venir a esta tribuna a plantear una serie de hipótesis es obtener una ganancia política
que no es legítima.
Yo por eso les pido con toda cortesía y con todo afecto, pero también con energía, que
dejemos que las autoridades, seguramente las autoridades federales atraerán este caso por
tratarse de un funcionario federal, dejemos que esclarezcan el caso y concentrémonos
nosotros en los temas torales que tienen qué ver con el beneficio y con el futuro del
pueblo de México.
Pongámonos de acuerdo, discutamos, presentemos propuestas, estemos en desacuerdo en
muchas de ellas, pero que lo hagamos siempre pensando que el pueblo de México nos exige
seriedad y responsabilidad.
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Héctor
González Reza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado Héctor González Reza |
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y
señores diputados:
Estamos de acuerdo: debe investigarse. Que se investigue lo que ha motivado estos
trágicos acontecimientos de hace algunas horas en la persona de un subsecretario de
Estado, pero esperemos a los resultados de esa investigación.
Han iniciado ya las diligencias, las averiguaciones previas. Seamos prudentes, señores.
¿Qué ocurre en las altas esferas del poder, decía aquí un diputado? En el aire está
esa pregunta, pero, ¿qué ocurre no sólo en las altas esferas del poder, qué ocurre en
otras esferas, aquí, por ejemplo o en la opinión pública? Creo que esta reflexión
debemos asumirla todos.
¿De dónde vinieron las presiones que orillaron al señor subsecretario Ramos Tercero a
tomar esa lamentabilísima decisión? Seamos más responsables en los juicios, en los
señalamientos. Seamos objetivos.
Yo estoy haciendo aquí una conjetura sin tener suficiente información, pero también la
han hecho sin la suficiente información quienes han venido aquí y me han antecedido en
el uso de la palabra. Entonces, si todos hemos repetido y coincidimos en que debe
investigarse, esperemos a que avance esa investigación y que se llegue a fondo. Pudo
haber sido, como se ha mencionado o pensado, la mafia internacional, los traficantes
internacionales de vehículos, los grandes controladores de esos mercados ilegales, pero
también pudieron haber sido otros grupos, otras mafias nacionales, no sólo
internacionales. Pero aunado a ello, ¿cuáles fueron las presiones?, porque sencillamente
cuando sucede un acontecimiento como el que acaba de pasar, ha ido, y al menos la
experiencia así nos permite afirmarlo, acompañado de grandes presiones, una decisión
que fue tan personal y tan difícil.
Yo creo que todos tenemos derecho a hacer alguna hipótesis, pero no caigamos en
exageraciones y no sigamos manejando este asunto con tanta irresponsabilidad .
Esperemos, señoras y señores diputados, no descartemos, eso sí, ninguna causa, pero
aguardemos el informe de la autoridad y no perdamos de vista que por otra parte para
retomar la marcha y el funcionamiento del registro, cuya validez y necesidad aquí
también se ha reiterado, es que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional les
ha propuesto solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Comercio y de
Fomento Industrial. Entre otras cosas, también lo importante es traer al funcionario
responsable aquí, a cuentas.
Reiteramos, seamos prudentes, seamos más responsables, no sigamos generando confusión y
mucho menos, irresponsabilidad.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, al diputado
Augusto Sotelo Rosas.
| El diputado David Augusto Sotelo Rosas: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras
diputadas, señores diputados:
Ernesto Zedillo asume el cargo de Presidente de la República precedido por las muertes de
Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Ernesto Zedillo es procedido al
término de su mandato por los convenientes suicidios de diversos funcionarios de su
administración.
¿Qué negocios? ¿De qué envergadura? ¿En qué conciliábulo? ¿En que Cámara? ¿En
qué país? ¿Con quiénes han sido hechos estos contratos que han privilegiado el
subsidio a casabolseros, a defraudadores de la nación, a torturadores, a mercaderes, que
hoy se está viendo como el ajuste de cuentas, como del negocio y la promesa no cumplida,
como de la complicidad que no llega a su efecto?
Unas horas después que el propio Secretario de Comercio admite la virtual muerte del
Renave, aparece convenientemente suicidado en el Estado de México, el subsecretario.
Parece, parece cuento del suicidio. Notas que aquí la diputada Miroslava García pidió
leer para ilustrar el debate y la discusión por cuanto a la contradicción en las
noticias.
Estamos de acuerdo en que se haga y realice una investigación objetiva, que demos la
oportunidad a la instancia correspondiente para deslindar responsables. Pero esta Cámara
de Diputados tiene que hacer un deslinde en favor de la nación.
El Partido de la Revolución Democrática aquí ha propuesto la abrogación del Renave.
No puede ser un registro de tal característica social y jurídica, estar en manos de
particulares, como si el Registro Público de la Propiedad pudiese ser dado en concesión.
Se ha privilegiado el rescatar a defraudadores de la nación en detrimento de los millones
de mexicanos en los subsidios a la tortilla, en los subsidios al gasto social, de ahí que
más allá del hecho criminal de la investigación que la autoridad responsable tenga que
hacer, esta Cámara de Diputados tiene que asumir el papel de representante de la nación
para rectificar el rumbo, para retomar el proyecto nacional extraviado por un régimen
autoritario.
Gracias, señor Presidente.
Gracias, diputado.
Informo a la Asamblea que han hecho uso de la palabra para rectificación de hechos, los
diputados: José Antonio Calderón, José Manuel del Río, Amador Rodríguez Lozano,
Héctor González Reza, Augusto Sotelo Rosas.
Es facultad de la Presidencia consultar a la Asamblea si se encuentra suficientemente
discutido. Y solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido este tema, para pasar de inmediato al siguiente punto del orden
del día.
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia en votación
económica, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el asunto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
ESTADO DE MEXICO
Se concede el uso de la palabra por 10 minutos
para presentar una proposición con punto de acuerdo, relativo a los hechos sucedidos en
Chimalhuacán, Estado de México, al diputado Ricardo Moreno Bastida, del PRD.
| El diputado
Ricardo Moreno Bastida: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras y
señores diputados:
Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, Convergencia por la Democracia, partido político nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior,
venimos a hacer del conocimiento del pleno una proposición con punto de acuerdo con
fundamento en los siguientes
ANTECEDENTES
1. Que la Procuraduría General de la República creó
la unidad especializada para la atención de los delitos cometidos por probables grupos
civiles armados cuyo objetivo es investigar e intervenir en los delitos cometidos por
dichas organizaciones así como encontrar el origen y procedencia de las armas en su
poder, la creación de dicha unidad especializada partió de lo acontecido el 22 de
diciembre de 1997 cuando en la comunidad de Chenalhó en el municipio de Acteal, Chiapas,
un grupo paramilitar asesinó a 45 personas en su mayoría mujeres y niños.
2. Que la transición política mandatada por la ciudadanía en las elecciones del 2 de
julio pasado y la alternancia misma, han generado la descomposición del sistema político
antes imperante y la pérdida de control sobre grupos civiles armados tolerados en sus
prácticas antidemocráticas y violentas que ponen en riesgo la estabilidad y la paz
social en diferentes puntos del país, como lo acontecido hace apenas unas horas en
Papantla, Veracruz, donde fueron asesinadas dos personas y seis más se encuentran heridas
al parecer a manos de inconformes por los resultados electorales del domingo pasado.
3. Que por esa razón, el pasado 18 de agosto en Chimalhuacán, Estado de México, se
expresó con dramática claridad el nivel de violencia de que son capaces de generar
grupos civiles violentos, que al amparo de la tolerancia del poder público, disputan como
patrimonio propio los espacios de poder y de decisión en las instancias de gobierno que
están en su esfera de influencia y control territorial.
4. Que la existencia de estos grupos, Antorcha Campesina y la Organización Popular de
Colonos de Chimalhuacán, no es un fenómeno aislado o producto de la casualidad, sino
más bien se puede asegurar que son resultados de políticas de estado bien articulados,
que tenían como objetivo preservar un sistema político predominante en su momento y al
amparo de la impunidad, como lo han señalado los dirigentes de estos mismos grupos a los
medios masivos de comunicación.
264, 265 y 266
5. Que si bien es cierto existe prueba documental de
que el presidente municipal electo de ese lugar dio aviso por escrito con anterioridad al
Ejecutivo estatal sobre indicios de hechos violentos en su toma de protesta, tan es que
ante este aviso no se tomaron medidas cautelares o de persuasión efectiva que hayan
evitado la confrontación.
6. Que los poderosos intereses económicos y políticos de los grupos civiles violentos en
ese municipio mexiquense, afectaron gravemente la gobernabilidad del municipio de
Chimalhuacán y perjudicaron sensiblemente la paz social y la credibilidad del Ejecutivo
estatal, en el fincamiento de las responsabilidades penales a quienes participaron en
estos hechos.
7. Que no obstante el destacamento de policía estatal que se encontraba en Chimalhuacán,
se negó reiteradamente a intervenir a pesar de la flagrancia de los actos delictivos y de
las peticiones de las mujeres con sus hijos, que por diversas circunstancias estaban en el
momento y en el lugar del zafarrancho y que asimismo se percibió desde antes del
enfrentamiento, claras muestras de una voluntad manifiesta de confrontarse violentamente.
8. Que en el enfrentamiento entre estos grupos violentos, se utilizaron armas de uso
exclusivo del Ejército, propiciando la muerte de al menos 10 personas, decenas de heridos
y cientos de detenidos. Aunado a lo anterior, del enfrentamiento se desprenden una serie
de actitudes, hechos y omisiones, que ponen en entredicho el estado de derecho, la
vigencia de la paz social y la estabilidad municipal, así como la gobernabilidad en dicho
lugar, provocando la afectación del interés público y privado y el deterioro de las
relaciones de convivencia armónica.
9. Que el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
General de la República, establece que las autoridades federales, podrán conocer
también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos
federales.
10. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en fecha 30 de agosto del año
en curso, aprobó punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Procuraduría General
de la República, haga uso de su facultad de atracción respecto a las investigaciones que
se desprenden del enfrentamiento en Chimalhuacán, Estado de México, sin que hasta la
fecha esto haya ocurrido.
11. Que el día de ayer por diversos medios informativos se conoció de boca del
subprocurador de Texcoco, Estado de México, licenciado Axel García, que el presidente
municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, fue llamado a declarar con
respecto a estos hechos y que dicha persona se negó a rendir declaración. De la misma
forma se conoció por los mismos medios informativos, que el señalado ciudadano negó
haber recibido citatorio oficial para llevar a cabo esa actuación indagatoria.
12. Que es obligación del Estado mexicano garantizar los derechos ciudadanos plenos,
particularmente los de carácter civil y político, así como la gobernabilidad, la
armonía y la tranquilidad de nuestras comunidades, nuestros municipios y entidades
federativas, por lo que resulta imprescindible que la coyuntura abierta por la extrema
violencia con que actuaron estos civiles armados, debe motivar en los órganos del Estado
y de Gobierno, una reacción que se refleje en las políticas públicas tendiente a
desterrar, de una vez y para siempre, la impunidad, la existencia de grupos civiles que
utilizan prácticas violentas, así como la omisión y negligencia de las autoridades en
el ánimo de fortalecer el estado de derecho, la vigencia del pacto social y preservar la
vida de los gobernados.
13. Que es función de la Policía Federal Preventiva el desmantelamiento de estos grupos,
por lo cual corresponde a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las acciones
tendientes a evitar más brotes de violencia y garantizar los derechos ciudadanos plenos,
particularmente los de carácter público, así como la gobernabilidad, la armonía y la
tranquilidad del municipio de Chimalhuacán, Estado de México.
14. Que la Cámara de Diputados es un órgano del Estado mexicano, cuya función implica
la facultad que la Constitución le otorga para responder ágil y puntualmente, a las
necesidades del país. En consecuencia se presenta proposición de punto de acuerdo para
crear una comisión especial investigadora de esta Cámara de Diputados, que tenga por
objeto coadyuvar a la investigación de los hechos, propiciar el respeto de las garantías
individuales,del estado de derecho y la gobernabilidad del municipio de Chimalhuacán,
Estado de México.
«Por lo expuesto, a esta Cámara de Diputados proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se crea la comisión
especial investigadora de los hechos del 18 de agosto, ocurridos en Chimalhuacán,
México, con objeto de coadyuvar en la investigación, en el respeto de las garantías
individuales, en el restablecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad en ese
municipio.
Segundo. La comisión será integrada por un diputado por cada uno de los
partidos representados en esta Cámara y sus respectivos suplentes.
Tercero. La comisión tendrá una duración de seis meses contados a partir de la
aprobación del presente y podrá prorrogar su duración siempre y cuando así lo apruebe
este pleno, previo informe que se rinda sobre el particular.
Cuarto. La comisión tendrá su lugar de residencia en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, Distrito Federal, pero podrá sesionar fuera de este recinto cuando así lo
acuerden sus integrantes. Contará con un secretario técnico que llevará los expedientes
que se deriven de su funcionamiento, así como las minutas de las sesiones que desarrolle.
Quinto. Por su propia y especial naturaleza, la comisión contará con el apoyo
técnico y profesional al alcance de esta Cámara de Diputados, para el cumplimiento de su
encomienda.
Sexto. Todos los acuerdos que tome la comisión serán aprobados por mayoría de
votos de los diputados presentes. El quorum respectivo se formará con la mitad más uno
de sus integrantes. La comisión contará con un presidente que será designado por el
pleno.
Séptimo. El informe final de los resultados de esta comisión será presentado
al pleno y una copia del mismo será remitido a la Procuraduría General de la República,
al Ejecutivo del Estado de México y a la opinión pública.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, D. F., a 7 de septiembre de 2000.
Diputados: Ricardo Moreno Bastida, Sergio Acosta Salazar, Rubén Aguirre, Hortensia
Aragón Castillo, Silvano Aureoles Cornejo, Miguel Barbosa Huerta, María Alejandra
Barrales Magdaleno, Martí Batres Guadarrama, Martha Angélica Bernardino Rojas, Miguel
Bortolini Castillo, Bonifacio Castillo Cruz, Víctor Hugo Cirigo Vázquez, Rodrigo
Carrillo Pérez...
Le suplico señor Presidente, un minuto más para concluir mi intervención.
Sí, concluya por favor.
| El diputado
Ricardo Moreno Bastida: |
Raquel Cortés López, Mario Cruz Andrade,
Genoveva Domínguez Rodríguez, Manuel Duarte Ramírez, Alfonso Elías Cardón, Uuc-Kib
Espadas Ancona; José Delfino Garcés Martínez, Miroslava García Suárez, Jesús Garay
García, Adela del Carmen Graniel Campos y Alejandro Gómez Olvera. Rúbricas...
Señor diputado, si me permite, se van a
incorporar todos los nombres y las rúbricas, tanto en el Diario de los Debates como en la
Gaceta.
Le pediría que termine, señor diputado.
| El diputado
Ricardo Moreno Bastida: |
Yo le suplicará, señor Presidente, estoy
dando...
Termine usted señor diputado, por favor.
| El diputado
Ricardo Moreno Bastida: |
Estoy dando cuenta al pleno de quienes sustentan
esta iniciativa. Terminarían: Rafael Fernández Estrada, Auldarico Hernández Gerónimo,
Alfredo Hernández Raigosa, Luis Herrera Jiménez, Arturo Herviz Reyes, Ramón León
Morales, Rosalinda López Hernández y José Antonio Magallanes Rodríguez.»
Señor diputado, si me permite.
| El diputado
Ricardo Moreno Bastida: |
Termino. Gracias, señor Presidente.
«Propuesta con punto de acuerdo del diputado Ricardo Moreno Bastida.
Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados. Presente.
Los suscritos, diputados federales integrantes de la fracción parlamentaria del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la
Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior, venimos a poner del conocimiento del pleno una proposición con
punto de acuerdo con fundamento en los siguientes
ANTECEDENTES
I. Que la Procuraduría General de la República creó
la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos
Civiles Armados, cuyo objetivo es investigar e intervenir en los delitos cometidos por
dichas organizaciones, así como "encontrar el origen y procedencia de las armas en
su poder".
La creación de dicha unidad especializada, partió de lo acontecido el 22 de diciembre de
1997, cuando en la comunidad de Chenalhó, en el municipio de Acteal, Chiapas, un grupo
paramilitar asesinó a 45 personas, en su mayoría mujeres y niños.
II. Que la transición política mandatada por la ciudadanía en las elecciones del 2 de
julio pasado y la alternancia misma, han generado la descomposición del sistema político
antes imperante y la pérdida de control sobre grupos civiles armados tolerados en sus
prácticas antidemocráticas y violentas, que ponen en riesgo la estabilidad y la paz
social en diferentes puntos del país; como lo acontecido hace apenas unas horas en
Papantla, Veracruz, donde fueron asesinadas dos personas y seis más se encuentran
heridas, al parecer, a manos de inconformes por los resultados electorales del pasado
domingo.
III. Que por esa razón, el pasado 18 de agosto en Chimalhuacán, Estado de México, se
expresó con dramática claridad el nivel de violencia que son capaces de generar grupos
civiles violentos que, al amparo de la tolerancia del poder público, disputan como
patrimonio propio los espacios de poder y de decisión en las instancias de gobierno que
están en su esfera de influencia y control territorial.
IV. Que la existencia de estos grupos Antorcha Campesina y la Organización Popular de
Colonos de Chimalhuacán, no es un fenómeno aislado o producto de la casualidad, sino
más bien, se puede asegurar que son resultado de políticas de Estado bien articuladas
que tenían como objetivo preservar un sistema político predominante en su momento y al
amparo de la impunidad; como lo han señalado dirigentes de estos grupos a los medios
masivos de comunicación.
V. Que si bien es cierto existe prueba documental de que el presidente municipal electo de
ese lugar, dio aviso por escrito con anterioridad al Ejecutivo estatal sobre indicios de
hechos violentos en su toma de protesta, también lo es que ante este aviso no se tomaron
medidas cautelares o de persuasión efectivas, que hayan evitado la confrontación.
VI. Que los poderosos intereses económicos y políticos de los grupos civiles violentos
de ese municipio mexiquense, afectaron gravemente la gobernabilidad del municipio de
Chimalhuacán y perjudicaron sensiblemente la paz social y la credibilidad del Ejecutivo
estatal en el fincamiento de responsabilidades penales a quienes participaron en esos
hechos.
VII. Que no obstante el destacamento de policía estatal que se encontraba en
Chimalhuacán, se negó reiteradamente a intervenir a pesar de la flagrancia de los actos
delictivos y de las peticiones de las mujeres con sus hijos que por diversas
circunstancias estaban en el momento y en el lugar del zafarrancho y que, asimismo, se
percibían desde antes del enfrentamiento claras muestras de una voluntad manifiesta de
confrontarse violentamente.
267, 268 y 269
VIII. Que en el enfrentamiento entre estos grupos
violentos se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército, propiciando la muerte de al
menos 10 personas, decenas de heridos y cientos de detenidos. Aunado a lo anterior, del
enfrentamiento se desprenden una serie de actitudes, hechos y omisiones que ponen en
entredicho el estado de derecho, la vigencia de la paz social y la estabilidad municipal,
así como la gobernabilidad en dicho lugar, provocando la afectación del interés
público y privado y el deterioro de las relaciones de convivencia armónica.
IX. Que el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "las autoridades federales
podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad
con delitos federales".
X. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en fecha 30 de agosto
del año en curso, aprobó punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la
Procuraduría General de la República haga uso de su facultad de atracción respecto a
las investigaciones que se desprenden del enfrentamiento en Chimalhuacán, Estado de
México, sin que hasta la fecha esto haya sucedido.
XI. Que el día de ayer por diversos medios informativos se conoció de boca del
subprocurador de Texcoco, licenciado Axel García, que el presidente municipal de
Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, fue llamado a declarar con respecto a
estos hechos y que dicha persona no se presentó. De la misma forma se conoció por los
mismos medios informativos, que el señalado ciudadano negó haber recibido citatorio
oficial para llevar a cabo esa actuación indagatoria.
XII. Que es obligación del Estado mexicano garantizar los derechos ciudadanos plenos.
Particularmente los de carácter civil y político, así como la gobernabilidad, la
armonía y la tranquilidad de nuestras comunidades, nuestros municipios y entidades
federativas. Por lo que resulta imprescindible que la coyuntura abierta por la extrema
violencia con que actuaron estos civiles armados, debe motivar en los órganos del Estado
y de Gobierno una reacción que se refleje en las políticas públicas tendientes a
desterrar, de una vez y para siempre, la impunidad y la existencia de grupos civiles que
utilizan prácticas violentas, así como la omisión y negligencia de las autoridades, en
el ánimo de fortalecer el estado de derecho, la vigencia del pacto social y preservar la
vida de los gobernados.
XIII. Que es función de la Policía Federal Preventiva el desmantelamiento de estos
grupos, por lo cual corresponde a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las
acciones tendientes a evitar más brotes de violencia y garantizar los derechos ciudadanos
plenos, particularmente los de carácter público, así como la gobernabilidad, la
armonía y la tranquilidad del municipio de Chimalhuacán, Estado de México.
XIV. Que la Cámara de Diputados es un órgano del Estado mexicano, cuya función implica
la facultad que la Constitución le otorga para responder ágil y puntualmente a las
necesidades sociales del país.
En consecuencia se presenta una proposición de punto de acuerdo para crear una comisión
especial investigadora de esta Cámara de Diputados, que tenga por objeto coadyuvar a la
investigación de los hechos, propiciar el respeto de las garantías individuales, del
estado de derecho y la gobernabilidad del municipio de Chimalhuacán, Estado de México.
Por lo expuesto, a esta Cámara de Diputados proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se crea la comisión
especial investigadora de los hechos del 18 de agosto ocurridos en Chimalhuacán, México,
con objeto de coadyuvar en la investigación, en el respeto de las garantías
individuales; en el restablecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad en ese
municipio.
Segundo. La comisión será integrada con un diputado por cada uno de los
partidos representados en esta Cámara y sus respectivos suplentes.
Tercero. La comisión tendrá una duración de seis meses contados a
partir de la aprobación del presente y podrá prorrogar su duración siempre y cuando
así lo apruebe este pleno, previo informe que se rinda sobre el particular.
Cuarto. La comisión tendrá su lugar de residencia en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, Distrito Federal, pero podrá sesionar fuera de este recinto cuando así lo
acuerden sus integrantes. Contará con un secretario técnico que llevará los expedientes
que se deriven de su funcionamiento, así como las minutas de las sesiones que desarrolle.
Quinto. Por su propia y especial naturaleza, la comisión contará con el apoyo
técnico y profesional al alcance de esta Cámara de Diputados, para el cumplimiento de su
encomienda.
Sexto. Todos los acuerdos que tome la comisión serán aprobados por mayoría de
votos de los diputados presentes. El quorum respectivo se formará con la mitad más uno
de sus integrantes. La comisión contará con un presidente que será designado por el
pleno.
Séptimo. El informe final con los resultados de esta comisión será presentado
al pleno y una copia del mismo será remitido a la Procuraduría General de la República,
al Ejecutivo del Estado de México y a la opinión pública.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F., a 7 de septiembre de 2000.- Diputado
Ricardo Moreno Bastida.»
«Propuesta de modificación.
Tercero. La comisión durará hasta en tanto se integra la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos de esta Cámara, a la cual deberá entregar los expedientes respectivos
e informar al pleno.
México, D.F., a 7 de septiembre de 2000.- Diputado Ricardo Moreno Bastida.»
Diputados que sustentan la propuesta con punto de acuerdo presentado por el diputado: Ricardo
Moreno Bastida, Sergio Acosta Salazar, Rubén Aguirre Ponce, Hortencia Aragón Castillo,
Silvano Aureoles Conejo, Luis Miguel Barbosa Huerta, María Alejandra Barrales Magdaleno,
Martí Batres Guadarrama, Martha Angélica Bernardino Rojas, Miguel Bortolini Castillo,
Bonifacio Castillo Cruz, Rodrigo Carrillo Pérez, Víctor Hugo Cirigo Vázquez, Raquel
Cortés López, Mario Cruz Andrade, Genoveva Domínguez Rodríguez, Manuel Duarte
Ramírez, Alfonso Elías Cardona, Uuc-Kib Espadas Ancona, José Delfino Garcés Martínez,
Miroslava García Suárez, Jesús Garibay García, Adela del Carmen Graniel Campos,
Alejandro Gómez Olvera, Rafael Hernández Estrada, Auldarico Hernández Gerónimo,
Alfredo Hernández Raigosa, Luis Herrera Jiménez, Arturo Herviz Reyes, Ramón León
Morales, Rosalinda López Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez, Esteban Daniel
Martínez Enríquez, Elías Martínez Rufino, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Rogaciano
Morales Reyes, Ricardo Moreno Bastida, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Francisco
Patiño Cardona, Norma Reyes Terán, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Félix Salgado
Macedonio, María de los Angeles Sánchez Lira, Héctor Sánchez López, Petra Santos
Ortiz, Rafael Servín Maldonado, David Augusto Sotelo Rosas, María del Rosario Tapia
Medina, Tomás Torres Mercado, Emilio Ulloa Pérez, Gregorio Urias Germán, Eric
Villanueva Mukul y José Manuel del Río Virgen.»
Se turna la proposición con punto de acuerdo a
la Junta de Coordinación Política.
Antes de proceder a dar el uso de la palabra, quisiera solicitar a todas las diputadas y
diputados, que estén seguros, de que se insertará en el Diario de los Debates y en la
Gaceta la totalidad de los nombres de quienes presentan los puntos de acuerdo y las
iniciativas, pudiéramos, en aras de aprovechar de la mejor manera el tiempo de todos
nosotros, reducir la lectura de las listas de los grupos parlamentarios que signan las
iniciativas.
Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos,
el diputado Lionel Funes Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado Lionel Funes Díaz: |
Gracias, señor Presidente; compañeras,
compañeros diputados:
En la sesión de hoy, recibimos en el punto del orden del día, el tema relacionado con el
bando solemne en relación a Vicente Fox, como Presidente de la República; esto sucedió
en la elección, como todos sabemos, el 2 de julio y tristemente 45 días después, nos
encontramos con la parte oscura del proceso electoral y estamos hablando concretamente del
proceso electoral local del Estado de México, puntualizado en el caso de Chimalhuacán.
Vale la pena comentar a esta honorable Asamblea, la descomposición política que de por
sí vive el municipio de Chimalhuacán. No es nuevo, no es de tres años, no es de cuatro
años. En Chimalhuacán existe una descomposición política y social que se ha generado
entre otras cosas, en razón de que los grupos políticos que controlan hasta la fecha el
ayuntamiento, han privilegiado en su actuar como gobierno, a los grupos caciquiles; se han
aprovechado de las agrupaciones, como ya decía nuestro compañero, armadas, para repartir
el poder político del ayuntamiento. Ya de todos es sabido cómo entre el actual
presidente municipal y la señora Buendía, existían ya acuerdos de tiempo atrás sobre
el reparto del poder político.
¿Qué quiero decir con esto? La situación que vive socialmente Chimalhuacán, es, está
agravada de origen. El problema de salud en Chimalhuacán, es un problema crítico; el
problema de la educación en Chimalhuacán es un problema critico; no existe empleo en
Chimalhuacán, es una ciudad, un municipio absolutamente dormitorio y todo esto pues, es
conclusión, consecuencia del desorden político que se vive gracias al reparto del botín
político entre los grupos que ahí viven.
También vale la pena recordar que también existe una mano del poder estatal del gobierno
del Estado de México, que también tiene contubernio con la gente que gobierna
políticamente el municipio de Chimalhuacán.
En este sentido, utilizo esta tribuna para enviar también una exigencia al gobernador
Arturo Montiel, del cumplimiento de la palabra empeñada incluso en campañas, que decía
él que todo mundo iba a ser castigado cuando se comportara de una manera irregular.
Ustedes recordarán seguramente un spot de televisión.
Concluyendo este tema, Acción Nacional está de acuerdo en que se proceda a la
investigación del caso de Chimalhuacán; pero quisiera proponer al compañero perredista
que me antecedió en el uso de la palabra, que el acuerdo fuera en el siguiente término:
Que no quedara el término de los seis meses que ha propuesto, sino que se creara esta
comisión con los términos que él manifestó pero que tuviera una vigencia hasta el
momento que esta Cámara de Diputados instale formalmente las comisiones legislativas y en
ese caso en su momento estoy solicitando al compañero perredista que ésta se dirija a la
Comisión de Derechos Humanos y Justicia. Creo que esto ayuda a fortalecer la
institucionalidad de la Cámara en el sentido de que sea una comisión legislativa de Ley
Orgánica, la que atienda el caso. Sin embargo, no nos negamos a participar previamente y
en su momento, a esta Comisión de Derechos Humanos y Justicia hacerle entrega del informe
respectivo.
Finalmente termino mi intervención pidiendo que en esta conformación de la
investigación se tome una medida muy importante para la investigación de los dos
compañeros diputados tanto diputado local como diputado federal, que no han tomado
posesión del cargo, para que investigue la situación incluso de los suplentes. Creo yo
que es un tema importante.
Sería cuanto, señor Presidente.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Tiene la palabra el diputado Gerardo de la Riva
Pinal, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
| El diputado José Gerardo de la Riva Pinal: |
Con su permiso, señor Presidente de la mesa
directiva; señoras diputadas, señores diputados:
270, 271 y 272
"El progreso de la democracia como bien ilustra
la historia, no ha sido lineal ni sencillo; por el contrario, para consolidarse ha tenido
que encontrar múltiples retos y algunos planteados desde afuera y otros desde el interior
mismo de la democracia. Para enfrentarlos y eventualmente superarlos la democracia cuenta
con un recurso del que difícilmente disponen otras formas de gobierno: el ejercicio de la
crítica". Agustín Ricoy Saldaña.
De la cita anterior vemos que en el país hemos avanzado en los procesos democráticos.
Tan es así que los problemas poselectorales en su mayoría han terminado y aquellos que
perduran se concluyen en términos de la ley y ante los tribunales electorales.
Es por ello que un asunto que no es poselectoral y que a todos los mexicanos,
principalmente los que vivimos en el Estado de México, reprobamos los hechos sucedidos en
el municipio de Chimalhuacán, donde no imperó la tolerancia, el respeto a la ley y la
pluralidad de ideas. Montesquieu afirmaba: "...que todo hombre investido de autoridad
abusaba del poder. Y para evitar ese abuso, la división limitaba el poder".
En estos términos, el Poder Legislativo es un órgano imprescindible en la limitación
del poder. Por ello, consideramos que el debate de ideas nos lleva a la confrontación de
soluciones para conflictos del sistema político.
Así, en el asunto de Chimalhuacán, todas las fuerzas políticas representadas en esta
Cámara, así como la sociedad en general, coincidimos que se debe investigar a fondo; que
debe responsabilizarse de acuerdo con las investigaciones de la autoridad competente a los
ciudadanos que así lo ameritan, para que sean castigados ejemplarmente y demostrar que
este sistema político que ha ido mejorando poco a poco, prospere y se note que rechaza la
violencia como forma de resolución de conflictos y se encuentre en la tolerancia,
entendida ésta como un medio de resolución de conflictos, a la palabra y al consenso
para llegar a acuerdos.
Sin embargo, señores diputados, no coincidimos que pueda ayudar a resolver el conflicto
así como responsabilizar a sus actores, la forma en que la fracción parlamentaria del
PRD propone. Porque como lo mencionan los antecedentes del acuerdo en discusión, hay un
punto de acuerdo en la Comisión Permanente de la legislatura del 30 de agosto del año en
curso, donde se menciona que la Procuraduría General de la República atraerá, con la
facultad constitucional que tiene, la competencia del asunto de Chimalhuacán si
existieran elementos para ello.
A la fecha no sabemos si existen elementos o no para cumplir este punto de acuerdo y al
crear una comisión de la naturaleza que se ha expresado en esta tribuna, dejaríamos sin
efecto lo propuesto por la Comisión Permanente.
Algunos dirían: "lo anterior no limita la propuesta". Si bien es cierto no se
contrapone, también es cierto que debemos esperar el resultado del punto de acuerdo.
También debemos considerar que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara
coincidimos en fortalecer al federalismo en términos del artículo 40 de la Constitución
y podría pensarse que es contradictorio lo que decimos con lo que hacemos, al aceptar un
punto de acuerdo de esta naturaleza. Es un asunto de un estado libre y soberano, el cual
ha sido atendido, tan es así que continúan las investigaciones para llegar al fondo y
aplicar la ley a los responsables y paralelamente se han dado decisiones políticas y
económicas para atender las necesidades del poblado de Chimalhuacán.
Aunado a lo anterior, la legislatura local del Estado de México en la LIII Legislatura
acordó crear una comisión especial de investigación, en donde se encuentran
representados todos los partidos políticos y ahora, en la LIV Legislatura, deberá
reanudar los trabajos en esta comisión.
Cabe mencionar que la misma estará integrada, en forma plural, con las diferentes
corrientes políticas, por estar constituida la legislatura local con 29 diputados del
PAN, 25 del PRI, 16 del PRD, 2 del PT, 2 PVEM, 1 del PDS.
En consecuencia, dará lugar a una comisión plural y representativa de las fuerzas
políticas estatales y nacionales, donde se analizará, con mucho cuidado y con toda
amplitud, el asunto Chimalhuacán.
Seguramente emitirá acuerdos y recomendaciones al Ejecutivo del Estado para llegar, como
éste lo ha expresado, a actuar con toda energía para determinar quiénes son los
responsables y que se les aplique todo el rigor de la ley.
Lo señalado tiene fundamento en nuestro régimen de derecho. Que el trabajo de esta
comisión va encaminado a evitar la impunidad para conservar el estado de derecho y
demostrar que nuestro sistema político, en cuanto a la división de poderes, sirve al
interés general de la población y no está por la violencia sino por el diálogo.
Por ello, no podemos estar de acuerdo a que se cree una comisión especial en esta Cámara
de Diputados, cuando ya hay un acuerdo de la Comisión Permanente en donde respete la
competencia jurisdiccional.
También existe una comisión especial de investigación en la Cámara de Diputados del
estado para el asunto del municipio de Chimalhuacán, donde todas las fuerzas políticas
estatales y nacionales están representadas y seguramente, como ya he expresado, emitirá
sus investigaciones y recomendaciones y que todos estamos por el fortalecimiento al
federalismo.
Así, compañeras diputadas y diputados, al estar al nivel local una representación
plural de esta naturaleza, tendrá que emerger la verdad y la justicia. La verdad para que
estos hechos no sucedan y la justicia para los familiares de las familias fallecidas en
estos lamentables hechos, que son reprobables por todos nosotros.
Señor Presidente, por lo anterior le solicito se turne el presente acuerdo, como usted lo
ha ordenado.
Muchas gracias. Es cuanto.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Gracias, señor diputado.
Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro Gómez
Olvera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Alejandro Gómez Olvera: |
Compañeras y compañeros legisladoros:
Los sucesos violentos de Chimalhuacán son un acto que vulnera la paz pública y pone en
duda el estado de derecho en el Estado de México.
Hoy, compañeros legisladores, tenemos que investigar, cuadyuvar a la investigación a
fondo de estos sucesos tan negros y tan violentos.
Damos la bienvenida a la propuesta del diputado Funes, la suma del Partido Acción
Nacional a la investigación y a la formalización de esta comisión que debe llegar hasta
el fondo de los hechos.
Nosotros, como diputados, como legisladores, tenemos una encomienda que se nos ha
conferido el pasado 2 de julio y ésta es velar y garantizar los derechos ciudadanos. No
podemos permitir en ningún lado ni en el Estado de México, que el estado de derecho se
viole.
Por eso es necesaria la congruencia. Tenemos que tener la congruencia de todos los
legisladores para que finalmente lleguemos al fondo de las cosas.
Es relatado por mi compañero de bancada que el mismo gobernador estaba avisado de los
sucesos que iban a acontecer. Todo mundo tenía claro que ahí se iba a dar un zafarrancho
y por lo tanto, tanto la policía estatal como municipal, no actuó en consecuencia.
Por eso existe la imperiosa necesidad de formar esta comisión que hoy mismo se debe de
votar, que hoy mismo debe de proceder, dado que efectivamente, por desconocimiento del
diputado que me antecedió, esa comisión se formó en la pasada legislatura y no
funcionó, no está funcionando.
A su vez, la misma Procuraduría General de la República no ha procedido, no se ha hecho
llegar el caso y por lo tanto no podemos dejar pasar este hecho sangriento que vulnera el
estado de derecho de nuestro país.
Por lo tanto, invito a todos los diputados que realmente rechazamos estos hechos
violentos, que hoy mismo votemos esta comisión y que lleguemos al fondo de los hechos,
compañeros.
Gracias.
Gracias, diputado.
Tiene ahora el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Alberto Rodríguez
Pasos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
| El diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Los hechos sangrientos ocurridos recientemente en el municipio de Chimalhuacán, Estado de
México, no hacen más que ilustrar la práctica cotidiana vivida por el pueblo de México
durante siete décadas, que aún queda como resabio y herencia de la cultura política
priísta en nuestro país, que afortunadamente está feneciendo a pasos agigantados.
Ante hechos de esta naturaleza, el Partido del Trabajo se suma a la propuesta con punto de
acuerdo para crear la comisión especial investigadora de los hechos del 18 de agosto,
ocurridos en Chimalhuacán, Estado de México.
En nuestra intervención manifestamos una enérgica protesta por los sucesos por demás
bochornosos, utilizados en la actualidad para dirimir diferencias políticas, incluso
hacia el interior de un mismo partido u organización política.
Como sabemos, el pasado 18 de agosto se suscitó la confrontación caciquil en ese
conflictivo municipio de la zona oriente del valle de México, que arrojó como saldo,
según cifras oficiales, la muerte de 14 personas y cerca de 100 heridos, entre ellos
muchos en estado de gravedad.
Esa refriega caciquil fue resultado de la lucha por el poder local entre dos fracciones
priístas claramente diferenciadas por sus métodos de control político y de pertenencia
corporativa al Partido Revolucionario Institucional. Por un lado, el grupo de Guadalupe
Buendía y por el otro, el de Antorcha Campesina.
La confrontación surgió cuando el grupo político que fue marginado en la conformación
del nuevo bloque gobernante trataba de impedir la toma de posesión del nuevo alcalde
priísta Jesús Tolentino Román Bojorges, dirigente de otra no menos impopular y
conflictiva organización priísta llamada Antorcha Campesina.
La disputa de fondo radicaba en que la dirigente de la Organización de Pueblos y
Colonias, Guadalupe Buendía Torres, alias "La Loba" y el nuevo alcalde no
llegaron a un acuerdo sobre el reparto de los puestos claves del ayuntamiento, para desde
ahí continuar beneficiándose junto con sus seguidores con recursos públicos municipales
y proseguir reproduciendo el esquema caciquil de control político en ese municipio.
Compañeras y compañeros diputados: es importante que al analizar los hechos ocurridos en
Chimalhucán tengamos en cuenta el contexto vigente en ese municipio unos días antes de
la toma de posesión del nuevo alcalde. El gobernador del Estado de México, Arturo
Montiel Rojas, tuvo conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo en Chimalhuacán,
porque desde el día miércoles 16 de agosto, a dos días de que ocurriera la matanza, 300
policías estatales de la subdirección operativa de la zona oriente del Estado de México
se concentraron en las afueras de la cabecera municipal, para resguardar el orden en caso
de algún choque entre las fracciones priístas que se disputan el poder local.
Sin embargo, nada hizo por detener el zafarrancho en el que perdieron la vida 14 personas
inocentes. La presencia policiaca tampoco fue un elemento suficiente para inhibir la
violencia entre los caciques de Chimalhuacán.
Lo más lamentable es que la función de los policías se redujo a presenciar los hechos
violentos, con los que su actuación evidenció que se trata de una banda más, que sólo
sirve para esquilmar y extorsionar a los habitantes de ese lugar.
Como sabemos, los lugareños han denunciado sistemáticamente las violaciones a sus
derechos humanos por parte de la policía del Estado de México, que ha sido caracterizada
como corrupta e ineficiente y de cuyas filas se han constituido verdaderas mafias
dedicadas al secuestro y al robo de autos.
Compañeras y compañeros diputados: resulta evidente que el gobernador del Estado de
México, Arturo Montiel, mostró una vez más su gran incapacidad para conciliar los
intereses de los priístas en pugna. Al mismo tiempo mostró también una enorme falta de
oficio político para someter a los caciques de la región aludida y en esas
circunstancias cómplice y partícipe directo de esa masacre y por lo tanto responsable de
los lamentables hechos que dejaron como saldo un gran número de muertos.
273, 274 y 275
Lo que salta a la vista de forma inmediata es que el
régimen priísta y la cultura que generó se están desmoronando, pero en ese proceso de
crisis se están arrastrando centenares de personas inocentes, que al final de cuentas son
quienes pagan los costos de un sistema político creado al amparo de la corrupción y la
impunidad caciquil.
Chimalhuacán está mostrando de forma contundente la relación de corrupción entre el
partido de Estado y sus oscuras ligas de poder con los caciques regionales.
Los escándalos priístas son la expresión de la finalización del régimen que se
mantuvo en el poder durante 71 años. Las fuerzas democráticas del país se encargaron de
darle fin en las elecciones del pasado 2 de julio y los caciques priístas que gozaron de
la protección del partido del Estado y del Gobierno Federal estan siendo llamados a
rendir cuentas a la sociedad, a la que sometieron y controlaron por varias décadas, a
través de dádivas y de servicios de gestoría proporcionados por la autoridad
priísta...
Es claro que nuestro país, está atravesando una nueva etapa en su vida democrática,
donde ya no hay lugar para caciques y funcionarios corruptos...
Permítame señor orador, permítame un minuto.
Solicito a las señoras y los señores diputados conservar la atención y el orden y al
orador le solicito que redondee su intervención lo más pronto posible, ha terminado su
tiempo.
| El diputado
Jorge Alberto Rodríguez Pasos: |
Gracias, señor Presidente.
En el Partido del Trabajo, por todas las razones señaladas, pedimos, solicitamos la
renuncia del gobernador Arturo Montiel por la incapacidad y complicidad mostradas ante los
hechos antes aludidos.
Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado.
Informo a la Asamblea que se ha agotado la lista de los diputados inscritos para este tema
y ha solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos y se le concede hasta por
cinco minutos, al diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
| El diputado Lucio Fernández González: |
Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:
No repetiré los argumentos vertidos por los diputados que han hecho uso de la tribuna
para proponer el punto de acuerdo en los términos ya expresados. Tampoco repetiré los
hechos vergonzosos que por sí solos hablan de una ausencia de autoridad en el Estado de
México. Pero no es un problema poselectoral como se ha dicho, es un problema de seguridad
nacional, toda vez de que hay grupos armados en la entidad.
La Comisión Permanente ha dejado de ejercer sus atribuciones, en virtud de que solamente
ha actuado durante los recesos y la legislatura de la entidad mexiquense ha dejado de
ejercer sus atribuciones. Fue la LIII Legislatura quien formó esta comisión. Por lo
tanto esta LVIII Legislatura Federal debe retomar este asunto, para que en el seno de sus
atribuciones dictamine, investigue y nos de a conocer datos importantes que a todos nos
interesan.
Todos deseamos que el estado de derecho impere en las entidades federativas. Este punto de
acuerdo debe ser aceptado por quienes velamos para que impere el estado de derecho en una
entidad que forma parte del pacto federal. Además, no son hechos aislados los de
Chimalhuacán, también sucedieron hechos en Huixquilucan, Ecatepec, Naucalpan, entre
otros. Por lo tanto, ratificamos los diputados del Partido Acción Nacional, para que sea
aceptado este punto de acuerdo.
Gracias, señor diputado.
Ha pedido la palabra y se le concede por cinco minutos, al diputado Ricardo Moreno
Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Ricardo Moreno Bastida: |
Con su permiso, señor Presidente:
Saludo en nombre de los diputados que suscribimos el punto de acuerdo, la decisión y la
enmienda que propone el Partido Acción Nacional al mismo, a fin de velar por el respeto
de las garantías individuales, garantizar la gobernabilidad y la paz social en
Chimalhuacán. Me parece que éste es un ejemplo vivo de los trabajos que tiene que llevar
a cabo este Congreso, esta Cámara de Diputados en lo particular.
La búsqueda de los concensos por encima de los intereses particulares dan como resultado
mejores frutos para los ciudadanos. Enhora-buena por esta decisión, compañeros
legisladores del PAN.
Propongo finalmente una modificación a la base tercera del punto de acuerdo, para que
diga lo siguiente: "la comisión durará hasta en tanto se integra la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara, a la cual deberá entregar los expedientes
respectivos e informar al pleno".
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Se turna la proposición de modificación del punto de acuerdo presentado, a la Junta de
Coordinación Política.
VEHICULOS EXTRANJEROS
Se concede para otro asunto el uso de la palabra
al diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por 10 minutos, para presentar una proposición con punto
de acuerdo, relativo a la situación de vehículos de procedencia extranjera.
| El diputado
Francisco Patiño Cardona: |
Con su venia señor Presidente; señoras
diputadas; señores diputados:
La finalidad de la presente proposición de punto de acuerdo, es crear una comisión que
exhorte al Senado de la República a que una vez que integre sus comisiones ordinarias y a
la mayor brevedad posible, se sirva dar trámite legislativo constitucional al proyecto de
Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano, así como al proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, ambos
turnados por esta Cámara de Diputados a la colegisladora con fecha 14 de diciembre de
1999.
Ambos proyectos legislativos atienden al problema de los vehículos usados de preferencia
extranjera que están en posesión de un número muy importante de ciudadanos mexicanos
especialmente en las zonas agropecuarias.
Presentamos nuestra proposición al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Con fecha 14 de diciembre de
1999 esta Cámara de Diputados aprobó sendos dictámenes de la Comisión de Comercio; del
primero que crea la Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano y
el segundo, que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
Segunda. De conformidad con el artículo 72 de la Constitución General de los
Estados Unidos Mexicanos, todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva
de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas observándose el
Reglamento y debates sobre la forma, intérvalos y modo de proceder en las discusiones y
votaciones, por lo que aprobado un proyecto en la Cámara de su origen pasará para su
discusión a la otra Cámara.
Tercera. De acuerdo con el artículo 73 fracciones VII y XXIX de la citada Ley
Fundamental, son facultades del Congreso de la Unión respectivamente imponer las
contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, así como establecer contribuciones
sobre el comercio exterior.
Cuarta. Por lo anterior la creación de impuestos, así como el establecimiento
de exenciones atado a los mismos son facultades del Congreso de la Unión y no facultades
exclusivas de alguna Cámara.
Quinta. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
en su artículo 96 establece la obligación de las comisiones ordinarias de la Cámara de
Senadores, de funcionar durante los recesos del Congreso y lo de la propia Cámara en el
despacho de los asuntos a su cargo. La misma obligación ampliada a la comisión de ambas
cámaras aparece en el artículo 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Sexta. Por otra parte, el citado Reglamento establece en su artículo 87, que
toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de
los cinco días al de la fecha en que los haya recibido, la interpretación acreditada de
lo que debe entenderse en este caso por la expresión "días" es la de los días
útiles, es decir, días en los que se reúne el Congreso.
Séptima. A la fecha el Senado de la República no ha dado trámite legislativo
que la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos prescribe, pese a que han
pasado por lo menos cinco meses y medio de recesos y mes y medio de un periodo ordinario
de sesiones en el cual hubo desde luego mucho más que cinco días útiles ni siquiera se
ha tenido noticias de que se hayan reunido, las comisiones del Senado encargadas de
dictaminar el proyecto de ley, que es la finalidad de la presente proposición.
Octava. Los proyectos de ley que son materia de esta proposición, atienden a un
problema acuciante de amplias capas de la sociedad mexicana, ya que como lo desarrolla la
motivación del dictamen que esta misma Cámara aprobó, actualmente ascienden a más de 1
millón de vehículos extranjeros irregulares que circulan en nuestro país, los que en
manos, principalmente de sectores agropecuarios, ejidatarios, comuneros o pequeños
propietarios, los cuales desprotegidos por tratados comerciales que han dañado al agro y
al carácter y recursos para allegarse de vehículos para transportar sus mercancías, se
ven obligados a introducir al país vehículos de procedencia extranjera por su bajo
costo.
El embargo de estos vehículos dañaría gravemente el patrimonio de sus propietarios y
contribuiría a descapitalizar a este sector de por sí ya muy golpeado.
De modo parecido, crecientes grupos urbanos, de bajos recursos, han encontrado en esta
vía la única forma de cubrir sus necesidades de transporte.
Novena. El estado de ilegalidad de los vehículos en comento, deja casi siempre
en estado de indefensión a sus propietarios ante las extendidas prácticas de corrupción
que son tradicionales de las autoridades fiscales y de tránsito en la mayor parte del
país.
Por otra parte, la lentitud con que se ha conducido la mayoría del Senado durante la
pasada legislatura, es injustificada desde el punto de vista del bien social, ya que un
importante sector de la economía y de la sociedad vive en la más completa incertidumbre,
por lo que es urgente que la colegisladora retome el proyecto y considere los argumentos
no solamente de esta Cámara, sino de toda la población afectada.
El deber de los representantes populares es precisamente representar los intereses del
pueblo, esperemos que un Senado renovado en el que hoy tienen mayoría las fuerzas
políticas que hace menos de un año fueron sensibles a este reclamo, cumpla lo más
pronto posible su obligación constitucional, ética y política y
Décima. El artículo 77 fracción II de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos, faculta a las cámaras a comunicarse entre sí por medio de comisiones
de su seno, mientras que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General faculta
a esta Cámara de Diputados, a crear las comisiones especiales que requiera, señalando su
objeto, el número de los integrantes que la conformarán, así como el plazo para
efectuar las tareas que se les haya encomendado.
276, 277 y 278
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en
el artículo 77 fracción II de la Constitución General; en el artículo 42 de la Ley
Orgánica del Congreso General, así como en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General, siempre de los Estados Unidos Mexicanos, el
suscrito somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición acuerdo
parlamentario, solicitando su turno a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en
cuanto ésta sea integrada.
ACUERDO PARLAMENTARIO
Unico. La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión acuerda integrar una comisión especial de su seno que exhorte a la
Cámara de Senadores la urgencia de dar trámite constitucional al proyecto de Ley para la
Renovación y Protección del Parque Vehícular Mexicano, así como al proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, ambos turnados por esta
Cámara de Diputados a la colegisladora, con fecha 14 de diciembre de 1999.
Para el efecto, la comisión contará con un integrante por cada grupo parlamentario
designado por el respectivo coordinador; asimismo, dispondrá de un plazo de tres días
útiles para cumplir con su objetivo, al cabo de los cuales deberá entregar a esta
Cámara un informe por escrito de su labor.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2000.- Firman este punto de
acuerdo parlamentario los diputados de la bancada del Partido de la Revolución
Democrática, así como del Partido del Trabajo.
Por su atención, muchas gracias.
«Proposición de punto de acuerdo para integrar una comisión que exhorte al Senado de la
República a dar trámite legislativo a los proyectos de ley que atienden al problema de
los vehículos usados de procedencia extranjera que circulan en el país.
Señoras diputadas, señores diputados: el objeto de la presente proposición de punto de
acuerdo es crear una comisión que exhorte al Senado de la República a que, una vez que
integre sus comisiones ordinarias y a la mayor brevedad posible, se sirva dar trámite
legislativo constitucional al proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque
Vehicular Mexicano, así como al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Aduanera, ambos turnados por esta Cámara de Diputados, a la
colegisladora, con fecha 14 de diciembre de 1999. Ambos proyectos legislativos atienden al
problema de los vehículos usados de procedencia extranjera que están en posesión de un
número muy im portante de ciudadanos mexicanos, especialmente en las zonas rurales.
Presentamos nuestra proposición al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Con fecha 14 de diciembre de
1999, esta Cámara de Diputados aprobó sendos dictámenes de la Comisión de Comercio: el
primero que crea la Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehícular Mexicano y
el segundo que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera;
Segunda. De conformidad con el artículo 72 de la Constitución General de los
Estados Unidos Mexicanos, todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea
exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose
el Reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones
y votaciones, por lo que, aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su
discusión a la otra;
Tercera. De acuerdo con el artículo 73 fracciones VII y XXIX, de la citada Ley
Fundamental, son facultades del Congreso de la Unión, respectivamente, imponer las
contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, así como establecer contribuciones
sobre el comercio exterior;
Cuarta. Por lo anterior, la creación de impuestos, así como el establecimiento
de exenciones al pago de los mismos son facultades del Congreso de la Unión y no
facultades exclusivas de alguna; de las cámaras;
Quinta. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 96, establece la obligación de las comisiones ordinarias de la Cámara de
Senadores, de funcionar durante los recesos del Congreso y los de la propia Cámara, en el
despacho de los asuntos a su cargo; la misma obligación, ampliada a las comisiones de
ambas cámaras, aparece en el artículo 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
Sexta. Por otra parte, el citado Reglamento establece, en su artículo 87, que
toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de
los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido; la interpretación
acreditada de lo que debe entenderse en este caso por la expresión días, es la de días
útiles, es decir, días en los que se reúne el Congreso;
Séptima. A la fecha, el Senado de la República no ha dado el trámite
legislativo que la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos prescribe, pese a
que han transcurrido, por lo menos, cinco meses y medio de recesos y mes y medio de un
periodo ordinario de sesiones, en el cual hubo, desde luego, mucho más que cinco días
útiles; ni siquiera se ha tenido noticia de que se hayan reunido las comisiones del
Senado encargadas de dictaminar los proyectos de ley, que es objeto de la presente
proposición;
Octava. Los proyectos de ley que son materia de esta proposición atienden a un
problema acuciante de amplias capas de la sociedad mexicana, ya que, como lo desarrolla la
motivación del dictamen que esta misma Cámara aprobó, actualmente ascienden a más de 1
millón los vehículos extranjeros irregulares que circulan en nuestro país, los que
están en manos principalmente de sectores agropecuarios, ejidatarios, comuneros o
pequeños propietarios, los cuales, desprotegidos por tratados comerciales que han dañado
al agro y al carecer de recursos para allegarse de vehículos para transportar sus
mercancías, se ven obligados a introducir al país, vehículos de procedencia extranjera
por su bajo costo; el embargo de estos vehículos dañaría gravemente el patrimonio de
sus propietarios y contribuiría a descapitalizar este sector, de por sí ya muy golpeado;
de modo parecido, crecientes grupos urbanos de bajos recursos han encontrado en esta vía
la única forma de cubrir sus necesidades de transporte;
Novena. El estado de ilegalidad de los vehículos en comento deja casi siempre en
estado de indefensión a sus propietarios, ante las extendidas prácticas de corrupción
que son tradicionales en las autoridades fiscales y de tránsito en la mayor parte del
país. Por otra parte, la lentitud con la que se ha conducido la mayoría del Senado
durante la pasada legislatura es, injustificada desde el punto de vista del bien social,
ya que un importante sector de la economía y de la sociedad vive en la más completa
incertidumbre, por lo que es urgente que la colegisladora retome el proyecto y considere
los argumentos no sólo de esta Cámara, sino, sobretodo, de la población afectada. El
deber de los representantes populares es, precisamente, representar los intereses del
pueblo. Esperemos que un Senado renovado, en el que hoy tienen mayoría las fuerzas
políticas que hace menos de un año fueron sensibles a este reclamo, cumpla lo más
pronto posible su obligación constitucional, ética y política y
Décima. El artículo 77 fracción II de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos, faculta a las cámaras a comunicarse entre sí, por medio de comisiones
de su seno, mientras que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General faculta
a esta Cámara de Diputados a crear las comisiones especiales que requiera, señalando su
objeto, el número de los integrantes que la conformarán, así como el plazo para
efectuar las tareas que se les haya encomendado.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 77 fracción II de la
Constitución General, en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, así
como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General,
siempre de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito somete a la consideración de esta
Asamblea, la siguiente proposición acuerdo parlamentario, solicitando su turno a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en cuanto ésta se encuentre integrada.
ACUERDO PARLAMENTARIO
Unico. La Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión acuerda integrar una comisión especial de su seno,
que exhorte a la Cámara de Senadores la urgencia de dar trámite constitucional al
proyecto de Ley Para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano, así como
al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera,
ambos turnados por esta Cámara de Diputados a la colegisladora con fecha 14 de diciembre
de 1999. Para el efecto la comisión contará con un integrante por cada grupo
parlamentario, designado por el respectivo coordinador; asimismo, dispondrá de un plazo
de tres días útiles para cumplir con su objeto, al cabo de los cuales deberá entregar a
esta Cámara un informe por escrito de su labor.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2000.- Diputados: Francisco
Patiño Cardona, Rosario Tapia Medina, Tomás Torres Mercado, Norma Reyes Terán, Pedro
Miguel Rosales, Elías Martínez Rufino, José Antonio Magallanes Rodríguez, Ricardo
Moreno Bastida, Ramón León M., Arturo Hervis Reyes, Rosa Delia Cota Montaño, Juan
Carlos Regis Adame, Jorge A. Rodríguez Pasos, Jaime Cervantes Rivera, Félix Castellanos
Hernández, María de los Angeles Sánchez, Alfonso Oliverio Elías, Magdalena Núñez
Monreal, Félix Salgado Macedonio, Genoveva Domínguez Rodríguez, Silvano Aureoles
Conejo, Manuel Duarte Ramírez, Mario Cruz Andrade, Raquel Cortés López, Bonifacio
Castillo Cruz, Miguel Bortolini, Aldaurico Hernández y Rosalinda López Hernández.»
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia considera que la materia a la que se ha referido el punto de acuerdo,
corresponde a la Junta de Coordinación Política, porque es la solicitud de integración
de una comisión especial.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se concede el uso de la palabra por cinco minutos, sobre el mismo tema, a la diputada Rosa
Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
| La diputada Rosa Delia Cota Montaño: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Discutimos en el pleno de esta Cámara de Diputados una problemática que aún no ha sido
resuelta completamente y que sigue siendo un punto de conflicto entre los ciudadanos
poseedores de vehículos de procedencia extranjera y el Gobierno Federal.
Como todos sabemos, la entrada de vehículos de procedencia extranjera a México no es
nueva, desde hace años se viene realizando esta práctica por parte de numerosos
ciudadanos en virtud de que los requieren para sus labores productivas, comerciales o de
transporte y de que prácticamente no les es posible acceder a vehículos de procedencia
nacional, nuevos o de modelo reciente, en buenas condiciones, porque los precios de los
mismos son muy elevados.
Los ciudadanos unidos en este problema tienen graves desventajas con relación a los
habitantes de otros países para adquirir vehículos nuevos o por lo menos en mejores
condiciones de funcionamiento, esto debido, entre otros factores, al elevado precio de las
unidades, además de la carga onerosa que representa el pago de impuestos sobre
automóviles nuevos y por la tremenda caída en los ingresos del grueso de la población
mexicana.
Las autoridades federales han aducido que la internación de vehículos de procedencia
extranjera de manera ilegal va en detrimento de la industria automotriz nacional, pero lo
que no ven es que los compatriotas que optan por esta opción no tienen ninguna otra
alternativa, de ella depende la supervivencia de sus familias y el poder continuar con su
actividad productiva.
Por otra parte, también es preciso recordar que esta situación fue propiciada por
quienes ostentan el poder, de manera discrecional otorgaban el ingreso de vehículos de
procedencia extranjera a sus organizaciones corporativas, particularmente cuando se
presentaban coyunturas de orden electoral o bien en un afán de legitimarse ante sus
simpatizantes.
Ante esta situación discriminatoria, la única opción viable para este sector de la
población era adquirir un vehículo automotriz que estuviera en el nivel de sus
posibilidades económicas y lo adquiría a sabiendas que la situación de dichos
automotores era irregular. Obviamente este tipo de operaciones comerciales ilícitas
estaban al amparo y contubernio de las autoridades hacendarias.
279, 280 y 281
No debemos perder de vista que un factor
fundamental del problema que discutimos tiene que ver con la desatención y el deterioro
del campo en los últimos tiempos, derivado de las políticas económicas y la profunda
crisis económica de 1995 propiciada por éstas, ha recrudecido el problema de
internación ilegal de vehículos procedentes del extranjero.
Apreciada en su conjunto, esta situación tiene que ver con el deterioro creciente de las
condiciones de vida de amplias franjas de la población rural y de las zonas fronterizas.
Asimismo, con la necesidad de elevar la productividad en las ramas automotrices para
reducir en forma sustantiva el precio de los vehículos nuevos y con la existencia de un
régimen que no coadyuve a la adquisición de autos nuevos o de años recientes.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se suma al punto de
acuerdo para que esta soberanía integre una comisión especial en su seno, que exhorte a
la Cámara de Senadores para que ésta dé trámite constitucional al proyecto de Ley Para
la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano, así como el proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
Es cuanto.
Gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, el diputado
Alonso Ulloa Vélez.
| El diputado Alonso Ulloa Vélez: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Muy brevemente para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
sobre este tema.
Esta iniciativa, como todos ustedes saben, fue presentada en la anterior legislatura,
discutida y aprobada por la Cámara de Diputados y está hoy en el ámbito de competencia
del Senado de la República.
Los diputados de Acción Nacional, sin embargo, si bien apoyamos el punto de acuerdo del
Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que debe agilizarse el proceso
legislativo en la Cámara de Senadores, consideramos que no deben formarse comisiones
especiales para todos los temas.
Creemos que en este caso lo que corresponde es que la Cámara de Diputados envíe una
excitativa por medio de su mesa directiva, señor Presidente, a la Cámara de Senadores,
para que ésta proceda al trámite legislativo correspondiente.
Eso es todo, muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
El diputado Francisco Patiño Cardona
(desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Si, señor diputado?
El diputado
Francisco Patiño Cardona
(desde su curul): |
Para rectificar hechos.
Para rectificar hechos tiene usted el uso de la
palabra por cinco minutos.
| El diputado
Francisco Patiño Cardona |
Por supuesto no voy a consumir los cinco minutos
que me ha otorgado el señor Presidente, pero sí me gustaría saludar ese gesto generoso
de los compañeros de la bancada del Partido del Trabajo y por supuesto de los compañeros
diputados del Partido Acción Nacional.
Esto quiere decir que soplan vientos democráticos, soplan vientos de justicia y qué
bueno que al menos las tres bancadas empecemos a coincidir en un tema tan importante como
es el tema de los vehículos de procedencia extranjera.
He platicado con los compañeros de la fracción parlamentaria del PT y consideramos muy
importante esta acotación que realizó hace un momento el compañero diputado del PAN,
justamente que sea esta Cámara de Diputados la que se pronuncie y exhorte a la Cámara de
Senadores para agilizar el problema.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Se han referido a la posibilidad de que sea la Cámara, a través de la directiva, la que
se dirija al Senado de la República.
Por ello, se ha turnado a la Junta de Coordinación Política para que presente a la
directiva y apruebe el pleno los términos de dicha comunicación.
CAJAS DE AHORRO
Tiene ahora para otro asunto, el uso de la
palabra, el diputado Manuel Orozco Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar un punto de acuerdo en relación a las cajas de ahorro, hasta por
10 minutos.
| El diputado
Manuel Wistano Orozco Garza: |
Señor Presidente de la Cámara de Diputados de
este honorable Congreso de la Unión; compañeras y compañeros diputados:
Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional de esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 58 y
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea los hechos que a continuación
se narran y el punto de acuerdo que se indica:
Para los suscritos, es de urgencia vital el establecimiento de un auténtico estado de
derecho fundado en el reconocimiento teórico real de los derechos esenciales de la
persona humana y promotor del bien común.
El estado de derecho presupone el ideal de que las conductas de los individuos y de las
autoridades, se rijan por lo dispuesto en las normas jurídicas.
En el ejercicio del poder, debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión,
con acendrada responsabilidad, firme, dependiente y enérgica actitud como guardián
celoso y activo agente de la protección de la ley, tanto contra las transgresiones de los
particulares como de los funcionarios.
En tal sentido se pasa a desahogar los siguientes
ANTECEDENTES
En el último año se han presentado problemas
relacionados con quebrantos de algunas cajas de ahorro y préstamo que representan un
monto considerable de dinero y que afectan el patrimonio de cientos de miles de
ahorradores.
En el caso de las cajas de ahorro y préstamo, el problema se originó por la falta de un
adecuado ordenamiento legal que regule el funcionamiento de las mismas y que faculte la
supervisión de éstas por parte de algún organismo público.
En cuanto a las sociedades de ahorro y préstamo, los depósitos no se encuentran
respaldados por el Gobierno Federal ni tampoco cuentan con una supervisión adecuada.
Ante la problemática y con base en la experiencia internacional de las cajas de ahorro
y préstamo, se debe modificar el marco jurídico y de facultades a determinados
organismos públicos que mediante la supervisión y vigilancia garanticen una
administración adecuada.
Ahora bien, uno de los problemas que más han conmocionado a la opinión pública, es el
relativo a las denominadas "cooperativas-cajas populares, administradas por el señor
José Cirilo Ocampo Verdugo.
En noviembre de 1999, la Procuraduría General de la República inició averiguaciones
previas en contra del señor Ocampo Verdugo, por el delito de lavado de dinero. Como
resultado de las averiguaciones previas, en febrero de este año 2000, la Procuraduría
General de la República aseguró bienes del señor Ocampo incluyendo las cuentas de las
cajas de ahorro. Desde entonces los socios de las cajas de ahorro se han visto
imposibilitados para retirar sus ahorros e intereses y muchos de ellos actualmente
atraviesan una situación financiera crítica en virtud de que dichos ahorros eran su
único patrimonio.
Derivado de lo anterior se creó el denominado "Grupo Federal de Trabajo", cuyo
objetivo es dar solución al problema antes referido. Dicho grupo lo conforman la
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
el Servicio de Administración de Bienes Asegurados y representantes de los 25 estados
involucrados.
El grupo de trabajo respectivo, anunció a la opinión pública, que por las gestiones
realizadas se logró que el señor Cirilo Ocampo entregara sus bienes a un fideicomiso
para que sea garantía de un crédito, con el cual se comenzaría a pagar a los
ahorradores, El pago de los ahorradores se iniciaría una vez que las auditorías a las
cajas de ahorro hubieran concluido.
Por otro lado, alrededor de la incertidumbre que causa la problemática de las
cooperativas-cajas populares, constituidas por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo,
ahorradores de otras cajas populares han intentado hacer retiros masivos de las cajas
populares a las que pertenecen, provocando con esto que varias de ellas se encuentren en
serios problemas financieros e incluso habiendo cerrado ya sus operaciones algunas de
ellas, como por ejemplo la caja popular de El Sol y algunas sociedades de ahorro y
crédito como la Sociedad de Crédito y Ahorro del Noroeste, mejor conocida como El
Arbolito.
Por todo lo anterior, es urgente dar solución al grave problema de los ahorradores
afectado por el asunto de las cajas populares administradas por el señor José Cirilo
Ocampo Verdugo y a su vez también a las cajas populares en problemas fuera de la
administración del señor Ocampo.
En tal sentido esta Cámara de Diputados como Asamblea y espacio para la solución de
problemas nacionales, tiene el interés y la responsabilidad de coadyuvar con los demás
ordenes de gobierno en la solución, para lo cual es necesario contar con la información
más completa al respecto.
Por lo anteriormente expuesto los abajos firmantes presentamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se sirva solicitar al
responsable del grupo federal de trabajo conformado por la Secretaría de Gobernación, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración de Bienes
Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados, envíe a esta Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, a la brevedad
posible la información siguiente:
Inventario, descripción y avalúo de los bienes asegurados por el señor Cirilo Ocampo,
relacionados con la indagatoria correspondiente, así como los frutos y rendimientos que
se hubieran generado.
Estructura, funcionamiento y nombres de los representantes del fideicomiso que se dice se
construyó con los bienes aportados por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo. En este
sentido se solicita se remita el testimonio público de su constitución.
Compromisos adquiridos por el fideicomiso con los ahorradores y con organizaciones
ciudadanas de ahorradores.
282, 283 y 284
Plazos o términos para cumplir los compromisos
acordados. Los canales o vínculos que se generaron o generarán con los ahorradores en
este proceso de solución. Estado actual que guardan cada una de las auditorías
realizadas, incluyendo sus resultados. Número de cajas de ahorro involucradas, sus
sucursales y número de socios ahorradores, afectados por cada una de esas cajas. Número
de deudores involucrados en dichas cajas de ahorro y préstamo. Los montos derivados de
dichas operaciones. Así como cualquier otra información que se estime pertinente y
necesaria, para que esta Cámara de Diputados cuente con los elementos de juicio respecto
a dicho problema.
Segundo. Se solicite al responsable del grupo federal de trabajo conformado por
la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
el Servicio de Administración de Bienes Asegurados y representantes de los 25 estados
involucrados, envíe a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, la información existente respecto a otros casos de cajas de ahorro
y préstamos, diferentes al caso del señor Cirilo Ocampo Verdugo con problemas similares,
así como de sociedades de ahorro y créditos tales como la Sociedad de Crédito y Ahorro
del Noroeste, mejor conocida como El Arbolito.
Tercero. Se informe si este grupo de trabajo está tomando medidas prudenciales o
preventivas, para evitar futuros problemas de esta índole.
Señor Presidente, se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente
y obvia resolución y consecuentemente se sirva someterlo al pleno de esta Cámara de
Diputados para su discusión y aprobación.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D. F., a 7 de
septiembre de 2000. Diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Gracias.
«Punto de acuerdo relativo a solicitar información al grupo federal de trabajo,
conformado por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Procuraduría General de la República y otros, creado para la solución del
problema de los ahorradores de "Cooperativas-Cajas Populares."
Señor Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión;
compañeras y compañeros diputados:
Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional en esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea los hechos que a continuación
se narran y el punto de acuerdo que se indica.
Para los suscritos es de urgencia vital el establecimiento de un auténtico estado de
derecho fundado en el reconocimiento teórico real de los derechos esenciales de la
persona humana y promotor del bien común. El estado de derecho presupone el ideal de que
las conductas de los individuos y de las autoridades se rijan por lo dispuesto en las
normas jurídicas.
El ejercicio del poder debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión, con
acendrada responsabilidad; firme, independiente y enérgica actitud, como guardián celoso
y activo agente de la protección de la ley, tanto contra las transgresiones de los
particulares como de los funcionarios. En tal sentido se pasa a desahogar los siguientes
ANTECEDENTES
1) En el último año se han presentado problemas
relacionados con quebrantos de algunas cajas de ahorro y préstamo que representan un
monto considerable de dinero y que afectan el patrimonio de cientos de miles de
ahorradores.
2) En el caso de las cajas de ahorro y préstamo, el problema se originó por la falta de
un adecuado ordenamiento legal que regule el funcionamiento de las mismas y que faculte la
supervisión de éstas por parte de algún organismo público. En cuanto a las sociedades
de ahorro y préstamo, los depósitos no se encuentran respaldados por el Gobierno Federal
ni tampoco cuentan con una supervisión adecuada.
3) Ante la problemática y con base en la experiencia internacional de las cajas de ahorro
y préstamo, se debe modificar el marco jurídico y de facultades a determinados
organismos públicos que mediante la supervisión y vigilancia garanticen una
administración adecuada.
4) Ahora bien, uno de los problemas que más han conmocionado a la opinión pública es el
relativo a las denominadas "cooperativas-cajas populares", administradas por el
señor José Cirilo Ocampo Verdugo.
5) En efecto, en noviembre de 1999, la PGR inició averiguaciones previas en contra del
señor Ocampo Verdugo por el delito de lavado de dinero.
6) Como resultado de las averiguaciones previas, en febrero del 2000 la PGR aseguró
bienes del señor Ocampo, incluyendo las cuentas de las cajas de ahorro.
7) Desde entonces los socios de las cajas de ahorro se han visto imposibilitados para
retirar sus ahorros e intereses y muchos de ellos actualmente atraviesan una situación
financiera crítica, en virtud de que dichos ahorros eran su único patrimonio.
8) Derivado de lo anterior, se creó el denominado grupo federal de trabajo, cuyo objetivo
es dar solución al problema antes referido. Dicho grupo lo conforman la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de
la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de
Administración de Bienes Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados.
9) El grupo de trabajo respectivo anunció a la opinión pública que por las gestiones
realizadas, se logró que el señor Cirilo Ocampo entregara sus bienes a un fideicomiso
para que sea garantía de un crédito con el cual se comenzaría a pagar a los
ahorradores. El pago a los ahorradores se iniciaría una vez que las auditorías a las
cajas de ahorro hubieran concluido.
10) Por otro lado, alrededor de la incertidumbre que causa la problemática de las
"cooperativas-cajas populares" constituidas por el señor José Cirilo Ocampo
Verdugo, ahorradores de otras cajas populares han intentado hacer retiros masivas de las
cajas populares a las que pertenecen, provocando con esto que varias de ellas se
encuentren en serios problemas financieros e incluso habiendo cerrado ya sus operaciones,
como por ejemplo la Caja Popular El Sol y algunas sociedades de ahorro y crédito como la
Sociedad de Crédito y Ahorro del Noroeste.
Por todo lo anterior, es urgente dar solución al grave problema de los ahorradores
afectados por el asunto de las cajas populares administradas por el señor José Cirilo
Ocampo Verdugo y a su vez también a las cajas populares en problemas fuera de la
administración del señor Ocampo. En tal sentido, esta Cámara de Diputados como Asamblea
y espacio para la solución de problemas nacionales tiene el interés y la responsabilidad
de coadyuvar con los demás órdenes de gobierno en la solución, para lo cual es
necesario contar con la información más completa al respecto.
Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes presentamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se sirva solicitar al
responsable del grupo federal de trabajo, conformado por la Secretaría de Gobernación,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración de Bienes
Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados, envíe a esta Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a la brevedad
posible información siguiente:
- Inventario, descripción y avalúo de los bienes
asegurados al señor Cirilo Ocampo relacionados con la indagatoria correspondiente,así
como los frutos y rendimientos que se hubiesen generado.
- Estructura, funcionamiento y nombres de los
responsables del fideicomiso que se dice se constituyó con los bienes aportados por el
señor José Cirilo Ocampo Verdugo. En este sentido, se solicita se remita el testimonio
público de su constitución.
- Compromisos adquiridos por el fideicomiso con los
ahorradores y con organizaciones ciudadanas de ahorradores.
- Plazos o terminos para cumplir los compromisos
acordados.
- Los canales o vínculos que se generarón o generarán
con los ahorradores, en este proceso de solución.
- Estado actual que guardan cada una de las auditorías
realizadas, incluyendo sus resultados.
- Número de cajas de ahorro involucradas, sus sucursales
y número de socios ahorradores afectados por cada una de esas cajas.
- Número de deudores involucrados en dichas cajas de
ahorro y préstamo.
- Los montos derivados de dichas operaciones.
- Así como cualquier otra información que se estime
pertinente y necesaria para que esta Cámara de Diputados cuente con los elementos de
juicio respecto a dicho problema.
Segundo. Se solicite al responsable
del grupo federal de trabajo, conformado por la Secretaría de Gobernación, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Servicio de Administración de Bienes
Asegurados y representantes de los 25 estados involucrados, envíe a esta Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la información
existente respecto a otros casos de cajas de ahorro y préstamo diferentes al caso del
señor José Cirilo Ocampo Verdugo, con problemas similares, así como de sociedades de
ahorro y crédito tales como la sociedad de crédito y ahorro del noroeste.
Tercero. Se informe si este grupo de trabajo está tomando medidas prudenciales o
preventivas para evitar futuros problemas de esta índole.
Señor Presidente, se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente
y obvia resolución y consecuentemente se sirva someterlo al pleno de esta Cámara de
Diputados para su discusión y aprobación.
Atentamente.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 7 de septiembre
de 2000.- José Medellín Milán, secretario. Diputados que firman el punto de
acuerdo sobre la caja de ahorro: Vicente Pacheco Castañeda, Orestes Eugenio Pérez
Cruz, Salvador López Orduña, Luis Miguel Santibáñez García, Herbert Taylor Arthur,
Tomás Coronado Olmos, Manuel Orozco Garza, Jaime Aceves Pérez, Germán Arturo Pellegrini
Pérez, Beatriz Guadalupe Grande López, María Isabel Velasco Ramos, José Sergio R. Vaca
Betancourt Bretón, Emilio Rafael José Goicoechea Luna, Jaime Tomás Ríos Bernal, José
Antonio Gloria Morales, Guillermo Padrés Elías, J. de Jesús Hurtado Torres, Braulio
Martínez Ramírez, Rafael Orozco Martínez, Rigoberto Romero Aceves, Alfonso Sánchez
Rodríguez, Salvador Pulido Noriega, Francisco Salvador López Brito, Miguel Angel
Torrijos Mendoza, J. Jesús Dueñas Llerenas y Abel I. Cuevas Melo.»
Señor diputado, su solicitud se considera de
urgente resolución, el punto de acuerdo se someterá a la consideración del pleno, para
ver si cuenta con la mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes, consulto
previamente si hay orador en contra, si no proceda la Secretaría a recoger la votación.
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
El diputado Sergio Acosta Salazar
(desde su curul): |
Señor Presidente, una moción...
Señor diputado usted está en el orden, si, si,
sólo que estamos ahorita en un trámite de previo especial pronunciamiento, que es saber
si la Asamblea considera de urgente resolución el punto de acuerdo. Luego seguiremos en
su procesamiento.
Continúe, señor Secretario.
285, 286 y 287
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
En votación económica se pregunta a la
Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General,
si el asunto que se discute se considera de urgente resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, si se
considera de urgente y obvia resolución.
Es de urgente y obvia resolución, por tanto
están inscritos para hablar en este tema que ahora está a discusión y que habrá que
ordenar quienes van hablar a favor y quienes hablarían en contra de la proposición.
Pregunto quiénes se inscriben para hablar en contra de la proposición. No habiendo quien
haga uso de la palabra en contra, no se registran oradores a favor y se pide a la
Secretaría dé lectura a la proposición para someterla a la votación del pleno.
El diputado
Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul): |
Señor Presidente, por favor.
Sí, señor diputado.
El diputado
Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul): |
Se había apuntado el diputado Sergio para fijar
su posición, en relación a la propuesta.
Sí, señor diputado; yo he preguntado si hay
oradores en contra y oradores en pro. No los hay. Si ustedes me permiten terminar con este
trámite, podríamos rescatar la lista de oradores que se tenía para la proposición,
para fijar sus posiciones en relación a la proposición una vez que haya sido votada, que
es el trámite que sustituye al turno a comisiones. Como el pleno lo ha considerado de
urgente resolución, tomamos la resolución y respetemos posteriormente las posiciones que
querían expresar los señores diputados.
El diputado
Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul): |
Con todo respeto, señor Presidente, la
intervención tiene que ser antes de la votación, porque precisamente tiene como
propósito fijar la posición de la bancada del PRI frente a la proposición, que ya se
aceptó que se pusiera de inmediato a consideración de la Asamblea.
Coincido con usted, solamente que no habiendo
quien se inscriba en contra, no puedo ordenar los oradores a favor y son posicionamientos.
No tengo ningún inconveniente en respetar quienes ya tenían el derecho a hacer uso de la
palabra y posteriormente volver a solicitar al Secretario que tome la votación de la
Asamblea.
Tiene entonces el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado don Sergio Acosta
Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado
Sergio Acosta Salazar : |
Con su permiso, señor Presidente; señoras y
señores diputados:
Bueno, es aplaudible realmente el hecho de que en este punto de acuerdo que propone
Acción Nacional se sume a la propuesta de nuestro compañero Delfino Garcés, que en la
primera sesión ordinaria de este Congreso tuvo este punto de acuerdo referente a las
cajas de ahorro o llamadas cajas populares.
Es importante que no únicamente se vea el caso del señor Cirilo Ocampo; hay muchos
Cirilos Ocampo en toda la República y podemos citar de que tanto en este sexenio como en
el sexenio pasado, no únicamente se dio el aspecto de las defraudaciones a varios
inversionistas, yo no llamaría ahorradores no inversionistas, de estas cajas y caso
concreto podemos hablar el hecho en el Estado de Michoacán, donde hace 10 años, bajo el
gobierno salinista, se dio precisamente de que más de 20 mil personas fueran afectadas en
sus patrimonios y en sus capitales precisamente por una caja de ahorros encabezada por el
señor Fabián Rodríguez Salcedo, Francisco Duvalí Ferra, que era prácticamente la
misma persona.
Se dio la posibilidad de encarar dos procedimientos, uno de carácter penal y otro de
carácter, civil. El señor actualmente se encuentra en Almoloya recluido, pero se dejó
en estado de indefensión a más de 20 mil personas. Catorce cajas de ahorro que afectó,
no sólo a Morelia, Zitácuaro, Uruapan, sino también al Estado de Guanajuato, ahora se
recrudece en estos años en este sexenio y lo vemos precisamente que en 25 estados han
sido privados de sus dineros propiamente más de 1 millón de personas.
Nosotros, el grupo parlamentario de nuestro partido, el PRD, a través de la voz de
nuestro diputado Delfino Garcés, hizo la propuesta en el sentido de que se nombre una
comisión investigadora.
Sabemos bien de que esto va de menor a mayor. Hace 10 años se hizo el famoso fideicomiso
liquidador y lo hicieron en los estados. La gente hasta el día de hoy ha recibido
únicamente centavos por pesos y esto es porque esperan la prescripción a los 10 años de
carácter penal. Ahora, también se pretende o ya se pretendió hacer un fideicomiso
nacional.
Esto es necesario de que se tome cartas en el asunto, en primer lugar como lo comentaba
nuestro compañero diputado del PRD, de que definitivamente se nombre esta comisión, pero
que aunado a ello, también se resuelvan las otras cajas que han quedado empantanadas y
que por ende todavía no se ha dado solución y que únicamente se han utilizado estos
movimientos de inversionistas en algunos casos, como banderas políticas.
Damos de antemano estas muestras de que realmente en este Congreso, estemos superando
estos vicios pasados; de que ahora estamos demostrando que realmente nos interesa la
ciudadanía.
El gesto que tiene Acción Nacional, para sumarse a la propuesta en este punto de acuerdo,
a la propuesta que el día martes pasado la hiciera nuestra fracción parlamentaria de
nuestro partido, es importante y yo creo que es urgente; pero que además, en lo futuro se
reglamente, porque en el caso de Michoacán, la casa que estaba de Fabián Rodríguez
Salcedo, estaba a unas esquinas donde estaba la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Tal vez esto se dice, que el banco o el Fondo Monetario Internacional, fue una de las
condiciones de que se retiraran estas casas, porque ya los bancos únicamente aceptaban
pagos de servicios como de luz, de agua etcétera y estas cajas de ahorro daban
importantes intereses.
Por último, subrayando que en el caso que nosotros, el grupo parlamentario del PRD, es no
tanto que se pida la información, porque en ocasiones ya viene filtrada, sino que
retomamos y quisiéramos que los señores de Acción Nacional también pudieran ver esta
propuesta, en el sentido de que no nada más sería la información, sino que también se
hiciera esta comisión especial donde estuvieran representantes de este honorable
Congreso.
Gracias, muy amables.
Gracias a usted, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Héctor Israel Ortíz Ortíz, por cinco minutos, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado Héctor Israel Ortíz Ortíz: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Como es del conocimiento general, nuestro partido, en distintos foros, ha expresado su
solidaridad con los miles de mexicanos que han sido defraudados por las distintas cajas de
ahorro y su determinación de impulsar las acciones necesarias para que les sean
resarcidas las cantidades depositadas en estas cajas de ahorro.
Por tal motivo, nuestra fracción no tiene inconveniente alguno en respaldar el punto de
acuerdo propuesto por el compañero diputado que en nombre del Partido Acción Nacional,
ha presentado al pleno de esta Cámara.
Nuestra fracción considera que estas cajas de ahorro popular son necesarias para fomentar
el ahorro, pero habrá de plantear oportunamente ideas que perfeccionen la legislación.
En consecuencia, estamos de acuerdo en que se envíe a esta Cámara la información aquí
solicitada respecto del fideicomiso constituido para resarcir el daño que sufrieron
quienes depositaron sus ahorros en estas cajas, así como también las medidas preventivas
que se estén tomando al respecto de las demás cajas que se encuentren en igualdad de
circunstancias.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
El diputado Herbert Taylor Arthur
(desde su curul): |
Pido la palabra para rectificar hechos.
Tiene el uso de la palabra por cinco minutos,
para rectificar hechos, el diputado Herbert Taylor.
| El diputado
Herbert Taylor Arthur |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
El día de hoy estamos tomando y parece que tomaremos una decisión importante. La
decisión de empezar los trabajos que nos conduzcan a la búsqueda de la solución del
quebranto de varios cientos de miles de ahorradores mexicanos. El día de hoy parece y
creo que así será, será el momento en que tomaremos como Cámara de Diputados la
primera determinación en consenso, la primera determinación en conjunto y
afortunadamente ésta es en ir a y en búsqueda de mejores condiciones de vida para la
gente con problemas, con la gente más necesitada.
Deberemos de congratularnos porque los grupos parlamentarios, el grupo parlamentario del
PAN, del PRI, del Verde Ecologista, del PRD y los demás grupos que así lo manifiesten,
parece que están latiendo nuestros corazones en un mismo ritmo. Eso va a permitir, sin
duda, que vayamos construyendo consensos.
Quisiera hacer dos observaciones: la primera, que la propuesta que el grupo parlamentario
de Acción Nacional ha presentado no es en sí misma una propuesta que vaya siguiendo la
de otros, si bien buenas, si bien intencionadas, intenciones de compañeros. Es un
sentimiento que rebasa por mucho el sentimiento de cualquiera de nosotros; es un llamado
de la nación que nos pide que estemos atentos y día a día trabajando por la gente que
más lo requiere.
Aplaudo estas coincidencias y sin duda este primer acuerdo podrá marcar el siguiente
rumbo y los caminos de tres años de esta legislatura. Seguramente los cientos y miles de
ahorradores defraudados, aplaudirán y verán en el grupo, en esta Cámara de Diputados,
un lugar de donde pueden empezar a encontrar soluciones viejas y nuevas a sus problemas.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Diputado secretario Medellín, por favor solicite la votación de la Asamblea.
288, 289 y 290
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