|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de
esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 405 diputados.
Por lo tanto, hay quorum.
| El
Presidente (a las 10:35 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Primer
Año. LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 12 de septiembre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política.
Iniciativas de diputados
De reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos del Código Penal Federal, Código Federal de
Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo, a cargo del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre la necesidad de actualizar y en su caso modificar la Ley
Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Enrique Herrera Bruquetas, de
Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a las elecciones en el Estado de Tabasco, a cargo de la
diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre las elecciones en el Estado de Tabasco, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Comparecencia del Secretario de Gobernación, para el análisis del VI Informe de Gobierno
política, interior.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se va a dar lectura al acta de la sesión
anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
jueves siete de septiembre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con dieciséis minutos del jueves siete de septiembre de dos
mil y la asistencia de cuatrocientos cinco diputados, el Presidente declara abierta la
sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión
anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la diputada electa en el
tercer distrito del Estado de Morelos, Maricela Sánchez Cortés
y designa una comisión que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta
de ley.
Terminado el acto protocolario, la diputada Sánchez Cortés toma posesión de su encargo
de inmediato.
El Presidente da lectura al bando solemne que da a conocer en toda la República la
declaración de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano
Vicente Fox Quesada. Publíquese en el Diario Oficial, en los periódicos oficiales de las
entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de los estados, del
Distrito Federal y de los municipios.
La Secretaría da lectura a dos comunicaciones del Presidente de la mesa directiva,
respecto a dos dictámenes de la sección instructora, relacionados con los ciudadanos:
Germán Castañeda Rodríguez y Miguel Angel Garza Vázquez, donde se anuncia que queda
sin efectos el deber de la Cámara de Diputados de erigirse en jurado de procedencia, para
conocer de los mismos. De enterado; archívense los expedientes.
Se recibe invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México para asistir a la
ceremonia cívica conmemorativa del centésimo quincuagésimo tercer aniversario de la
defensa heroica del Molino del Rey. Se designa a los diputados: Hilda Josefina Amalia
Anderson Nevárez, Mónica Serrano Peña y Gregorio Urías Germán, para representar a la
Cámara de Diputados.
Se da cuenta con las siguientes comunicaciones:
Del Poder Judicial del Estado de Coahuila, sobre trabajos propios de sus actividades. De
enterado.
Del Congreso del Estado de Morelos, con el que remite punto de acuerdo referente al
Registro Nacional de Vehículos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Para presentar diversas iniciativas, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Fanny Arellanes Cervantes, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que
reforma los artículos: treinta y cinco, treinta y seis, cuarenta, setenta y uno, setenta
y tres, ciento quince, ciento veintidós, ciento treinta y cinco de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Sistema Federal;
Alejandra Barrales Magdaleno, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de
decreto que reforma las leyes: de Vías Generales de Comunicación; Reglamentaria del
Servicio Ferroviario; de Aeropuertos; de Aviación Civil, y Federal de Telecomunicaciones.
Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes;
Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de
decreto que reforma el numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias;
Desde su curul el diputado Blake Mora solicita que su intervención sobre la iniciativa de
reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se retire y se
agende en la próxima sesión. El Presidente realiza lo conducente.
La Secretaría da lectura a oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicitan los permisos constitucionales necesarios para que diez ciudadanos puedan prestar
sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros, y se
comunica que otros cinco ciudadanos, han dejado de prestar servicios en la Embajada y
consulados generales del gobierno de los Estados Unidos de América en México. Por lo que
se refiere a la solicitud de permisos se turna a la Comisión de Gobernación, Población
y Seguridad Pública y sobre los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, se turna
a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados
y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
La Secretaría informa que al cierre de registro de asistencia, se encuentran
cuatrocientos setenta y dos diputados presentes.
El diputado Silverio López Magallanes, del Partido Revolucionario Institucional, presenta
proposición con punto de acuerdo respecto del fortalecimiento de la infraestructura
carretera en el Estado de Zacatecas. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública, a la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal.
Se concede el uso de la palabra sobre el mismo tema a los diputados: Tomás Torres
Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; Emilio Rafael José Goicoechea Luna,
del Partido Acción Nacional.
El diputado Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional, presenta proposición
con punto de acuerdo, referente al registro vehícular.
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia: |
Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a la diputada María
Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
Desde sus curules los diputados: Amador
Rodríguez Lozano y Uuc- Kib Espadas Ancona, realizan aclaraciones a las que la
Presidencia da respuesta.
Rectifican hechos sobre el mismo tema, los diputados: Félix Castellanos Hernández, del
Partido del Trabajo; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; José
Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional;
Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor González
Reza, del Partido Acción Nacional; y David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la
Revolución Democrática. Suficientemente discutido.
Sube a la tribuna el diputado Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución
Democrática, quien presenta proposición de punto de acuerdo en relación a los hechos
recientes ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Se turna a la
Junta de Coordinación Política.
Sobre el mismo tema, los diputados: Lionel Funes Díaz, del Partido Acción Nacional;
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia: |
José Gerardo de la Riva Pinal, del Partido
Revolucionario Institucional;
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
Alejandro Gómez Olvera, del Partido de la
Revolución Democrática, y Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo.
Rectifican hechos, los diputados: Lucio Fernández González, del Partido Acción
Nacional; Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática, quien
propone modificación a la proposición presentada. Se turna a la Junta de Coordinación
Política.
Hace uso de la palabra el diputado Francisco Patiño, del Partido de la Revolución
Democrática, quien presenta proposición con punto de acuerdo relativo a la situación de
vehículos extranjeros en el país. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Para el mismo tema la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo.
Rectifican hechos, los diputados: Alonso Ulloa Vélez, del Partido Acción Nacional, y
Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Manuel Orozco Garza, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con
punto de acuerdo en relación con las cajas de ahorro. Se considera de urgente
resolución.
Desde su curul el diputado Amador Rodríguez Lozano realiza aclaraciones de procedimiento
a las que el Presidente da respuesta.
Continúan con el tema de las cajas de ahorro los diputados: Sergio Acosta Zavala, del
Partido de la Revolución Democrática; Héctor Israel Ortiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, y Herbert Taylor
Arthur, del Partido Acción Nacional. Aprobado el punto de acuerdo.
Fijan la posición de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, en
relación al Sexto Informe de Gobierno, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de
Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Gustavo Riojas Santana, a
nombre de los partidos Alianza Social y Sociedad Nacionalista;
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia: |
Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo;
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
Alejandro Rafael García Sainz Arena, del
Partido Verde Ecologista de México; Gregorio Urias Germán, del Partido de la Revolución
Democrática; Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional, y Oscar
Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia: |
Sobre la problemática que confrontan los
productores sinaloenses en la comercialización del maíz, presenta pronunciamiento el
diputado Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario Institucional.
Para hablar sobre el mismo tema, los diputados: Petra Santos Ortiz, del Partido de la
Revolución Democrática; Juan Manuel Martínez Nava, del Partido Revolucionario
Institucional;
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
Librado Treviño Gutiérrez, del Partido
Revolucionario Institucional, y Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción
Nacional.
El diputado Gustavo Lugo Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, presenta
pronunciamiento en materia de política exterior.
Intervienen sobre el mismo tema, los diputados: Raúl Gracia Guzmán, del Partido Acción
Nacional; Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática; Erika
Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente da lectura a una comunicación personal del diputado José Félix Salgado
Macedonio, sobre acontecimientos ocurridos el fin de semana próximo pasado. De enterado.
El Presidente de la mesa directiva informa de la instalación de la Junta de Coordinación
Política y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cinco
minutos, citando para la que tendrá lugar el martes doce de septiembre de dos mil, a las
once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor
Presidente.
ANALISIS DEL VI INFORME DE
GOBIERNO
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Junta de Coordinación
Política.
Acuerdo parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las
comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal, ante la Cámara de Diputados, para
el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, administración
1994-2000.
La Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7o., párrafos
cuarto y quinto, del mismo ordenamiento y
CONSIDERANDO
Primero. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ordena que a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso General,
asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que
manifieste el estado que guarda la administración pública del país.
Segundo. Que el artículo 7o., párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General
establece que las cámaras del Congreso de la Unión, analizarán el informe presentado
por el Presidente de la República y que dicho análisis se desarrollará clasificándose
por materias: en política interior, política económica, política social y política
exterior.
Tercero. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política
presentar al pleno proyectos de punto de acuerdo sobre asuntos que deban ser desahogados
en ese órgano.
Cuarto. Que para realizar el análisis del VI Informe de Gobierno de la administración
1994-2000 de la mejor manera, así como para ordenar las comparecencias de los
funcionarios responsables de los diversos ramos de la Administración Pública Federal
para ese efecto, es conveniente que la Junta de Coordinación Política, en uso de sus
facultades, acuerde y proponga al pleno el formato conforme al cual se desahogarán las
mencionadas comparecencias.
Con base en las consideraciones precedentes y con fundamento en el artículo 69 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7o. y
34 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados somete a consideración del pleno el siguiente
ACUERDO
Primero. El presente acuerdo regulará exclusivamente lo relativo al formato que habrá de
observarse durante las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo Federal ante la
Cámara de Diputados, a efecto de realizar el análisis del VI Informe de Gobierno del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, administración 1994-2000.
Segundo. Las sesiones en que se desahoguen las comparecencias se desarrollarán conforme a
las siguientes bases:
I. En primer término, el funcionario compareciente expondrá el estado de su respectivo
ramo hasta por 20 minutos.
II. A continuación, un representante de cada grupo parlamentario hablará hasta por 10
minutos, para establecer la posición del grupo respecto del tema.
III. Agotada la ronda de posicionamientos a que se refiere el punto anterior, el
funcionario compareciente hará uso de la palabra nuevamente hasta por 10 minutos, para
hacer los comentarios que juzgue pertinentes.
IV. A continuación, se dará inicio a una o dos rondas de preguntas, respuestas y
réplicas según el acuerdo que para cada comparecencia adopte la Junta de Coordinación
Política, que se desarrollarán, cada una y, en su caso, sucesivamente, de la forma
siguiente:
a) Cada grupo parlamentario planteará al funcionario, por conducto de uno de sus
diputados, una pregunta en un tiempo no mayor a cuatro minutos.
b) El funcionario responderá a cada pregunta lo conducente durante un lapso que no
excederá de ocho minutos.
c) El grupo parlamentario en turno tendrá derecho a una réplica de hasta cuatro minutos.
El orden de intervención de los diputados, tanto para el posicionamiento como para las
preguntas y réplicas, será de manera ascendente, según el número de legisladores
integrantes de cada grupo parlamentario.
V. Concluida la etapa de preguntas, respuestas y réplicas, el
funcionario dirigirá a la Asamblea un mensaje final de hasta 10 minutos.
VI. El Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados concluirá la
comparecencia con un mensaje institucional de no más de cinco minutos.
Tercero. Las comparecencias que se realicen ante comisiones o grupos de trabajo, se
desarrollarán, en lo conducente, conforme a las reglas aplicables en el pleno. El mensaje
institucional final estará a cargo de quien las presida.
Cuarto. Las comparecencias en pleno, comisión o grupo de trabajo se llevarán a cabo
conforme al número y programación que acuerde la Junta de Coordinación Política,
iniciando el día martes 12 de septiembre, con la del Secretario de Gobernación ante el
pleno.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el pleno de la
Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre del año 2000. Diputada Beatriz
Paredes Rangel coordinadora del grupo parlamenterio del Partido Revolucionario
Institucional, presidenta; diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, coordinador del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Martí Batres Guadarrama,
coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado
Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.»
En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de
acuerdo.
Gracias, señor Secretario.
LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Pasando al siguiente punto del orden del día,
iniciativas de los diputados.
Tiene la palabra el diputado José
Francisco Blake Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar
una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
| El diputado
José Francisco Blake Mora: |
Con su venia, señor Presidente; honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los
suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la
consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma
los artículos: 10 segundo y tercer párrafos, 11, 12, 13 párrafo segundo, 14, 15, 16, 17
párrafo primero, 18, 19, 20, 21, 22, 23 párrafos segundo y tercero, 24 párrafo primero,
25, 26, 27, 30, 31, 33 segundo párrafo, 35, 36, 38 y 43 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es la ley reglamentaria
del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este
título se establecen los lineamientos generales que rigen a los sujetos, causales y
procedimiento en general del juicio político.
La ley secundaria desarrolla estos lineamientos generales, por lo que establece el
procedimiento que se desarrolla en ambas Cámaras del Congreso a fin de fincar o...
Señor diputado, si me permite, muy
respetuosamente quiero recordarle que conforme al Reglamento las intervenciones de los
individuos de la Cámara para presentar iniciativas deben ajustarse a un plazo de media
hora. ¿Si usted considera pertinente que se inscriba en el Diario de los Debates el
articulado completo y podamos proceder a turnar su iniciativa en este momento?
| El diputado
José Francisco Blake Mora: |
Con gusto, señor Presidente:
Por la extensión del articulado no hay inconveniente de mi parte en que ésta sea
publicada para los efectos de que se haga del conocimiento de los demás compañeros
diputados.
Muy amable. Muchas gracias.
| El diputado
José Francisco Blake Mora: |
Hago entrega del documento a la Secretaría,
misma que suscribe su servidor y demás diputadas y diputados del grupo parlamentario de
Acción Nacional.
«Iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos que
presenta el diputado José Francisco Blake Mora, a nombre del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II; 56 y 62 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
los suscritos, diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a
la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que
reforma los artículos: 10 segundo y tercer párrafo; 11; 12; 13 párrafo segundo; 14; 15;
16; 17 párrafo primero; 18; 19; 20; 21; 22; 23 párrafos segundo y tercero; 24 párrafo
primero; 25; 26; 27; 30; 31; 33 segundo párrafo; 35; 36; 38 y 43 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es la ley reglamentaria
del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este
título se establecen los lineamientos generales que rigen a los sujetos, causales y
procedimiento en general del juicio político.
La ley secundaria desarrolla estos lineamientos generales, por lo que establece el
procedimiento que se desarrolla en ambas cámaras del Congreso a fin de fincar o no
responsabilidades de carácter político a los servidores públicos mencionados en el
artículo 110 de la Constitución Federal.
Esta ley señala que una vez presentada la denuncia de juicio político se envía a la
"subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Justicia" la cual cuenta con 30 días hábiles para determinar
si el denunciado es de los servidores públicos que pueden ser sometidos a juicio
político; si la denuncia contiene los elementos de prueba que justifiquen alguna de las
causales y si la conducta que se denuncia constituye una infracción y la probable
responsabilidad del acusado.
Cuando la subcomisión de examen previo se pronuncia por la necesidad de iniciar el juicio
político, deberá remitir su resolución al pleno de las comisiones unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para formular la resolución
correspondiente y ordenar se turne la denuncia a la sección instructora.
Ahora bien, derivado de la creación de la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se redujo el número de comisiones en la Cámara de Diputados,
haciéndolas coincidir en lo general, conlos despachos del Poder Ejecutivo a fin de
fortalecer el trabajo y especialización de las mismas.
Las tareas de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales quedan incluidas en
la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública. Los asuntos relativos a
puntos constitucionales serán conocidos por otra distinta: Comisión de Puntos
Constitucionales y Sistema Federal. Por lo que se refiere a la de Justicia, ésta se une
con la de Derechos Humanos y por tanto se denominará Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.
La presente iniciativa tiene como objetivo adecuar el marco normativo de la Ley Federal de
Responsabilidades a lo establecido por la nueva Ley Orgánica del Congreso, incluyendo las
referencias que se hacen a la figura de Gran Comisión y Oficial Mayor, mismas que
deberán sustituirse por las nuevas figuras denominadas Junta de Coordinación Política y
Secretario General de la Cámara de Diputados.
En consecuencia el nombre de la subcomisión de examen previo y de las comisiones unidas
que intervienen en el desarrollo del juicio político deberá ser modificado, a saber:
"subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de Gobernación, Población y
Seguridad Pública, y Justicia y Derechos Humanos".
Consideramos que la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal no debe quedar incluida
en el conocimiento de las facultades materialmente jurisdiccionales, por la materia de su
competencia.
Por otra parte, en las aplicaciones de la ley que nos ocupa, siempre inconclusas por
cierto, resalta la necesidad de aclarar el procedimiento en materia de juicio político.
así como construir uno propio y claro para la declaración de procedencia.
Por esta razón y con la finalidad de que el procedimiento cumpla con el principio de
justicia pronta y expedita, resulta necesario establecer nuevas reglas y plazos que
generen una avance, agilizándolo en forma adecuada.
Juicio Político
Con relación al juicio político, la ley que nos ocupa contiene una serie de
imprecisiones y fórmulas inconvenientes que van desde la integración en número par de
la sección instructora y de enjuiciamiento, hasta la falta de claridad del órgano
camaral que determina su integración. Por ello proponemos que las citadas secciones se
integren a partir de un número de cinco miembros, lo cual resulta más racional que la
fórmula vigente que es sólo de cuatro. Asimismo, consideramos la reforma pertinente en
el artículo 11 para dejar en claro las funciones de integración, nombramiento y
sustitución de vacantes que de las secciones instructoras y de enjuiciamiento
respectivamente deban hacer las comisiones que la Ley Orgánica del Congreso General
denomina como jurisdiccionales.
Por otro lado, proponemos corregir la inconsistencia de los plazos y términos que del
artículo 12 al 45 se señalan en la ley vigente, en días hábiles o naturales, sin mayor
congruencia. Al efecto creemos que la solución es mantener la lógica de los días
hábiles en un número según la fase procesal que corresponda que encuentre también una
lógica racional y referentes mínimos en la teoría general del proceso. Sin embargo,
adecuándonos a la dinámica especial del Congreso de la Unión como instancia de la
aplicación de la ley en estudio, fijamos plazos para turnaciones de tres días hábiles,
plazos para emplazamientos o contestaciones en periodos que van de cinco a 10 días;
plazos para desahogo de pruebas o estudio que van hasta 30 días hábiles y, finalmente
las previsiones necesarias para las ampliaciones de términos que pudieran requerirse
durante los dos procedimientos que la ley regula.
Adicionalmente no sólo se resuelve en el artículo 19 la arcaica norma que establecía la
suspensión del procedimiento de juicio político durante los recesos de las cámaras y
que afectaba por confusión, al procedimiento de declaración de procedencia. En la
presente iniciativa dejamos clara la naturaleza de orden público de ambos procedimientos
y por tanto se modifica el párrafo del citado artículo con objeto de que las actuaciones
se puedan dar en forma sucesiva, independientemente de los periodos de sesiones o de
receso.
Como complemento de lo anterior, se faculta plenamente al Presidente de la Cámara
correspondiente a gestionar los periodos extraordinarios cuando el pleno deba reunirse en
cumplimiento de la fase procesal correspondiente, al tiempo que establecemos la
obligación de la Comisión Permanente para convocar a los periodos extraordinarios
necesarios estipulando con claridad los plazos y términos aplicables de tal manera que
sea previsible que los juicios políticos se sustancien de principio a fin en un término
moderado.
Declaración de procedencia
Por lo que toca al Capítulo III, proponemos establecer un procedimiento claro que no se
confunda en sus rasgos esenciales con el juicio político y en todo caso deslindar con
mayor nitidez la supletoriedad que dicho procedimiento pueda tener respecto de la
declaración de procedencia.
De entrada, se clarifica que el único peticionario posible puede ser el Ministerio
Público y en caso de excepción, un juez; corrigiendo la de cualquier forma aparente
acción popular que se contenía en el artículo 25 como fórmula arcaica, misma que se
negaba en los requisitos al exigirse que la denuncia de particular debía reunir los
requisitos para el ejercicio de la acción penal, misma que por su naturaleza y por
disposición del artículo 21 constitucional es propia y exclusiva del Ministerio
Público. A estas alturas es pertinente aclarar que la denegada procuración de justicia
en la que se puede reflejar este procedimiento cuando el mismo se endereza en contra de
los titulares del Ministerio Público, a bien tenemos que ya existe en el propio artículo
21 de nuestra Carta Magna, la posibilidad de recurrir en vía jurisdiccional el no
ejercicio de la acción penal.
Por lo anterior, se determina en el artículo 25, a través de seis nuevas fracciones, la
forma en la que la sección instructora actúa como mero órgano de casación de las
actuaciones del Ministerio Público, para determinar si éstas no son frívolas e
inconsistentes y si en su caso existen de las constancias los elementos que acrediten la
existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado, realizando
en todo caso un juicio de valoración jurídico política sobre la pertinencia de retirar
la protección procesal a determinado servidor público. Congruente con lo anterior se
mantiene en la ley el principio de que la eventual negativa de declaración de procedencia
no prejuzga la inocencia del inculpado y por ello es viable su procesamiento normal al
concluir en su encargo.
Finalmente se mantiene el reenvío que se hace respecto del desahogo de la sesión del
pleno erigido en jurado de procedencia respecto de los plazos y formas que establecen
tanto el artículo 18 como el 20 en materia de juicio político.
Disposiciones comunes
Siguiendo la tesis de Manuel Herrera y Lasso, de que "inmunidad es el género; fuero
y juicio político las especies", es necesario mantener el capítulo de disposiciones
comunes no sólo por economía y sobriedad legislativa, sino porque hay francas y claras
hipótesis donde las instituciones legales rigen por igual para ambos procedimientos.
Por tanto, el Capítulo IV se mantiene en los mismos términos en lo esencial, aunque se
hace una serie de correcciones y ajustes que sólo persiguen la congruencia con el resto
de las reformas ya descritas, de mera técnica legislativa; sin embargo, se refuerza el
artículo 43 con relación a las facultades tanto de las secciones como de las cámaras
para prevenir que el inculpado en uno u otro procedimiento se sustraiga del procedimiento
o de la acción de la justicia.
Respecto de este último tema conviene reflexionar que el fuero no es patente de
impunidad, sino tan sólo una inmunidad temporal y que por su parte el juicio político es
una herramienta indispensable para el control del poder público ante sus excesos u
omisiones graves. En ese sentido, medidas preventivas como las que se proponen en el
artículo 43 que se reforma no pretenden desconocer anticipadamente por ejemplo la
protección procesal convencionalmente denominada fuero, sino que tan sólo se propicia el
mantener un bien superior como lo es la sujeción de las personas a los procedimientos
legales establecidos en condiciones de equidad respecto del resto de los justiciables.
Asimismo, tenemos que el denominado fuero no es una prerrogativa intuito personae, sino
que se trata tan sólo de la protección de la función pública. Por tanto, medidas como
las que se proponen en el artículo 43, hasta la detención preventiva que en casos de
flagrancia pudiera hacerse de alguno de los servidores a los que se refiere el Título
Cuarto de la Constitución, no violan el fuero en la medida que no sean tales que impidan
el ejercicio de la función.
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del honorable Congreso de la
Unión, la presente INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos
Artículo único. Se reforman los artículos 10 segundo y tercer párrafos; 11; 12; 13
párrafo segundo; 14; 15; 16; 17 párrafo primero; 18; 19; 20: 21; 22; 23, párrafos
segundo y tercero; 24, párrafo primero; 25; 26; 27; 30; 31; 33, segundo párrafo; 35; 36;
38 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar
como sigue:
"Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento
relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación y a la
Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.
La Cámara de Diputados iniciará el procedimiento de juicio político por conducto de las
comisiones unidas de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Justicia y
Derechos Humanos, mismas que al momento de su instalación designarán a cinco miembros de
cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada
comisión, integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos
que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de
esta ley.
Las comisiones unidas a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de cumplir con las
obligaciones que les impone la presente ley, se reunirán a convocatoria que de común
acuerdo realicen los presidentes de cada una de ellas, en cuyo defecto, será convocante
la de Gobernación, Población y Seguridad Pública.
Artículo 11. La Junta de Coordinación Política de cada una de las cámaras del Congreso
de la Unión, al momento de proponer la constitución de comisiones para el despacho de
los asuntos, también propondrá la integración de una comisión para deducir de la misma
las secciones encargadas de sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y
en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, la citadas comisiones
designarán en el ámbito de su competencia cinco de sus miembros para integrar la
sección instructora en la Cámara de Diputados y la de enjuiciamiento en la de Senadores,
determinando los cargos de presidente y dos secretarios para cada una de ellas.
Las vacantes que ocurran en la sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas
por designación que haga la comisión a que se refiere el primer párrafo del presente
artículo, de entre sus propios miembros.
Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente
procedimiento:
a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara
de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días hábiles siguientes a su
presentación;
b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo
turnará a la subcomisión de examen previo a que se refiere el artículo 10 de esta ley,
en un plazo no mayor de tres días hábiles. La Secretaría General deberá dar cuenta de
dicho turno dentro del mismo plazo, a cada una de las coordinaciones de los grupos
parlamentarios representados en la Cámara de Diputados;
c) La subcomisión de examen previo procederá, en un plazo no mayor a 15 días hábiles,
a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere
el artículo 2o., de esta ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que
se relacionen con la conducta señalada y que ésta corresponde a las enumeradas en el
artículo 7o. de la propia ley. En caso de reunirse los tres requisitos mencionados la
subcomisión resolverá que sí se amerita la incoación del procedimiento, turnándolo
directamente a la sección instructora en un plazo no mayor de tres días hábiles a
partir de la fecha en que se dicte la resolución. En caso contrario la subcomisión
desechará la denuncia presentada notificándole personalmente al promovente por conducto
de la Secretaría General, si hubiere señalado domicilio en el Distrito Federal o en su
defecto, mediante publicación del acuerdo respectivo en el estrado de dicha oficina y en
la Gaceta Parlamentaria.
En caso de la presentación de pruebas supervivientes, la subcomisión de examen previo
podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado,
sólo en el caso de insuficiencia de pruebas;
d) La resolución que dicte la subcomisión de examen previo, desechando una denuncia,
podrá revisarse por el pleno de las comisiones unidas a petición de cualquiera de los
presidentes de las comisiones o a solicitud, de cuando menos, el 10% de los diputados
integrantes de ambas comisiones siempre y cuando se solicite por escrito en un plazo no
mayor de cinco días a partir del desechamiento, debiendo resolverse de plano por parte de
las comisiones unidas, en otro plazo igual contado a partir de la presentación de la
solicitud;
e) La resolución que dicte la subcomisión de examen previo declarando procedente la
denuncia, será remitida directamente a la sección instructora de la Cámara.
Artículo 13. La sección instructora practicará todas las diligencias necesarias para la
comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla; estableciendo las
características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido
el servidor público denunciado.
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de un expediente, la sección
notificará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía
de defensa y que deberá comparecer por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de
los siete días hábiles siguientes a la notificación.
Artículo 14. Concluido el plazo señalado en el artículo anterior, la sección
instructora dictará inmediatamente un acuerdo mediante el cuál admita o deseche pruebas
y abrirá un plazo de 30 días hábiles para desahogar tanto las pruebas de la defensa,
las que haya ofrecido el denunciante o las que la propia sección ordene para mejor
proveer al momento de acordar la admisión de pruebas. En dicho acuerdo se deberá fijar
prudentemente el día, hora y lugar para el desahogo de aquellas que requieran de
diligencia especial lo cual deberá ocurrir dentro del mismo plazo.
Serán admisibles todo tipo de pruebas, pero se desecharán aquéllas cuyo desahogo
implique salir del plazo señalado en el párrafo anterior.
Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible desahogar las pruebas ofrecidas
oportunamente o es preciso allegarse otras, la sección instructora podrá ampliarlo hasta
por otros 30 días hábiles, concluido el cuál se desecharán de plano las pruebas cuyo
desahogo no haya sido posible.
En todo caso, la sección instructora calificará la idoneidad de las pruebas,
desechándose las que a su juicio sean improcedentes. La resolución que admita o deseche
pruebas es inatacable.
Artículo 15. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la
vista del denunciado y su defensor acreditado por un plazo de tres días hábiles y por
otros tantos al denunciante, a fin de que tomen los datos que requieran para formular
alegatos que deberán presentar por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a
la conclusión del segundo plazo mencionado.
Artículo 16. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no
entregado éstos, la sección instructora formulará sus conclusiones en vista de las
constancias del procedimiento en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Para este efecto
analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las
consideraciones jurídicas que procedan para justificar en su caso, la conclusión o la
continuación del procedimiento.
Artículo 17. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del
encausado, las conclusiones de la sección instructora terminarán proponiendo al pleno de
la Cámara de Diputados que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la
conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento.
Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las
conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:
I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;
II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado;
III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 8o. de esta ley y
IV. Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la
declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para
los efectos legales respectivos.
De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren
concurrido en los hechos.
Artículo 18. Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos
precedentes, junto con el expediente respectivo la sección instructora las entregará al
Presidente de la Cámara de Diputados dentro de los tres días hábiles siguientes a
partir de haberse aprobado las conclusiones. El Presidente de la Cámara anunciará de
inmediato a través de la Gaceta Parlamentaria y mediante publicación que aparezca por
una sola vez en dos diarios de mayor circulación en el país, que dicha Cámara debe
reunirse y resolver sobre la imputación.
Asimismo, el Presidente de la Cámara deberá convocar a sesión del pleno, misma que se
deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de 10 días hábiles ni mayor de 15 a
partir de la recepción de las conclusiones de la sección instructora. Si las cámaras se
encontraran en receso, de inmediato el Presidente de la Cámara deberá solicitar a la
Comisión Permanente que convoque a periodo extraordinario para resolver el asunto.
En la sesión que siga al momento en que se reciba la solicitud a que se refiere el
párrafo anterior, la Comisión Permanente deberá convocar a periodo extraordinario
fijando la fecha en que deba desarrollarse, mismo periodo que deberá ocurrir dentro de un
plazo no menor de 10 días hábiles ni mayor de 15.
Fijada la fecha para la sesión a que este artículo se refiere, el Presidente enviará
notificación por conducto de la Secretaría General, para que estén presentes en la
misma, tanto al presunto responsable, su defensor acreditado, así como al denunciante en
los domicilios que en su momento hubieren señalado, en cuyo defecto la notificación les
surtirá efectos con la sola publicación de la convocatoria en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente fijará prudentemente los lugares en que deban permanecer en el recinto
durante la sesión y los podrá hacer salir en caso de desorden o desacato, haciendo
incluso uso de la fuerza pública.
Artículo 19. La sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular
sus conclusiones hasta entregarlas directamente a los secretarios de la Cámara, conforme
a los artículos anteriores, dentro del plazo de 90 días hábiles, contado desde el día
siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa
razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de
la Cámara que se amplie el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la
instrucción. El nuevo plazo que se conceda no excederá de 30 días hábiles.
En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún momento del año,
sea que las cámaras se encuentren en periodo de sesiones ordinarias o extraordinario, sea
que se encuentren en receso.
Artículo 20. El día señalado de la sesión del pleno, conforme al artículo 18, la
Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su
Presidente. Se publicarán en la Gaceta Parlamentaria una reseña amplia de las
constancias procedimentales y la Secretaría dará lectura a una síntesis que contenga
los puntos sustanciales de éstas. Acto seguido la sección instructora hará la lectura
de sus conclusiones por conducto de su presidente o el miembro de la sección que la misma
designe. Acto continuo se concederá la palabra al servidor público o a su defensor o a
ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos
por el tiempo que la mesa directiva fije prudentemente.
La sección instructora podrá réplicar y, si lo hiciere, el imputado o su defensor
podrán hacer uso de la palabra en último término.
Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y
a votar las conclusiones propuestas por la sección instructora, en los términos que
dispone la Ley Orgánica del Congreso General y su Reglamento.
Artículo 21. Si la Cámara resolviere que no procede acusar al servidor público, éste
continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se les pondrá a disposición
de la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la acusación de inmediato,
designándose una
comisión de tres diputados para que sostengan aquélla ante el
Senado.
Artículo 22. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, su Presidente la turnará
de inmediato a la sección de enjuiciamiento, la que emplazará sin demora alguna a la
comisión de diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor, para que
presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días hábiles siguientes al
emplazamiento.
Artículo 23. Transcurrido el plazo que se señala en el artículo anterior, con alegatos
o sin ellos, la sección de enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus
conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos
formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al
servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde.
Dentro del mismo plazo la sección podrá acordar escuchar directamente a la comisión de
diputados que sostienen la acusación y al acusado y su defensor, si así lo estima
conveniente la misma sección o si lo solicitan los interesados, misma audiencia que
deberá ocurrir dentro de otro plazo igual señalado.
Transcurrido el procedimiento anterior, en un plazo no mayor de 10 días hábiles la
sección resolverá sus conclusiones y las entregará a la Secretaría de la Cámara de
Senadores.
Artículo 24. Recibidas las conclusiones por la Secretaría de la Cámara, su Presidente
anunciará de inmediato que debe erigirse ésta en jurado de sentencia a través de su
órgano informativo interno o por estrados, así como mediante la publicación que se haga
en dos diarios de mayor circulación en el país. El Presidente del Senado convocará a la
sesión de jurado de sentencia en una fecha que resulte no antes de 10 días hábiles ni
mayor de 15 a partir de que haya recibido las citadas conclusiones, procediendo la
Secretaría a citar a la comisión a que se refiere el artículo 21 de esta ley, al
acusado y a su defensor, aplicando en lo conducente el artículo 18 del presente
ordenamiento incluyendo el caso en que la Cámara de Senadores se encontrare en receso.
A la hora señalada para la sesión, el Presidente de la Cámara de Senadores la
declarará erigida en jurado de sentencia y procederá de conformidad con las siguientes
normas:
I. La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la sección de
enjuiciamiento;
II. Acto continuo, se concederá la palabra a la comisión de diputados, al servidor
público o a su defensor o a ambos y
III. Retirados el servidor público y su defensor y permaneciendo los diputados en la
sesión, el jurado procederá a discutir y a votar las conclusiones y aprobar los que sean
los puntos resolutivos que en ellas se contengan y el Presidente hará la declaratoria que
corresponda y la comunicará al titular del Poder Ejecutivo para que ejecute sin demora la
resolución respectiva.
Por lo que toca a gobernadores, diputados a las legislaturas locales y magistrados de
tribunales superiores de Justicia de los estados, la Cámara de Senadores se erigirá en
jurado de sentencia conforme al procedimiento descrito. En este caso, la sentencia que se
dicte tendrá efectos declarativos y la misma se comunicará a la legislatura local
respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda.
Artículo 25. La declaración de procedencia se tramitará conforme a lo siguiente:
I. Realizada una averiguación previa en contra de cualquier servidor público de los
mencionados en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y resuelto el ejercicio de la acción penal correspondiente, el Ministerio
Público deberá solicitar la declaración de procedencia respectiva antes de consignar
ante el juez competente.
II. En la solicitud de declaración de procedencia, el Ministerio Público deberá
acompañar copia certificada de todas las constancias que integren la averiguación, así
como del pliego de consignación en el que se haya resuelto el ejercicio de la acción
penal.
III. Recibida la solicitud de declaración de procedencia y ratificada ante el Secretario
General de la Cámara, éste la turnará sin dilación a la sección instructora de la
Cámara de Diputados.
IV. La sección instructora notificará inmediatamente
por el medio más eficaz que resulte al inculpado de la pretensión punitiva en su contra
emplazándolo a que alegue lo que en su derecho convenga en un plazo no mayor de 10 días
hábiles. Acto seguido y dentro del plazo de 30 días hábiles la sección instructora se
reunirá a estudiar las constancias y petición del Ministerio Público, así como los
alegatos que haya ofrecido el inculpado y determinará si a su juicio el Ministerio
Público acredita los elementos del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del
inculpado.
V. Dentro del mismo plazo y con vista en el estudio a que se refiere la fracción
anterior, la sección instructora resolverá en un dictamen si ha lugar a proceder
penalmente en contra del inculpado y en consecuencia es procedente remover la protección
procesal al servidor público de que se trate, remitiendo el dictamen de inmediato al
Presidente de la Cámara de Diputados. Si la sección instructora requiriera de mayor
plazo, lo comunicará al pleno y en su defecto a la Comisión Permanente, a efecto de que
el mismo se le duplique por una sola ocasión.
En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún momento del año,
sea que las cámaras se encuentren en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, sea
que se encuentren en receso.
VI. Si a juicio de la sección, la imputación fuese notoriamente improcedente la
desechará de plano y lo hará saber de inmediato al peticionario, sin perjuicio de
reiniciar el procedimiento, si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.
Artículo 26. Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente de la Cámara
anunciará a ésta que debe erigirse en jurado de procedencia al día siguiente a la fecha
en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor,
así como al Ministerio Público actuando en lo conducente conforme al artículo 18 de
esta ley.
Artículo 27. El día designado, previa declaración al Presidente de la Cámara, ésta
conocerá en Asamblea del dictamen que la sección le presente y actuará en lo conducente
en los mismos términos previstos por el artículo 20 en materia de juicio político.
Artículo 30. Las declaraciones y resoluciones de trámite o definitivas de las cámaras
de Diputados y Senadores son inatacables.
Artículo 31. Las cámaras tramitarán por riguroso turno a las secciones instructoras los
requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se les presenten.
Artículo 33. Cuando alguna de las secciones o de las cámaras deba realizar una
diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a éste para
que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan; si el
inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que contesta
en sentido negativo.
La sección respectiva practicará las diligencias que no requieran la presencia del
inculpado, encomendando al juez de distrito que corresponda las que deban practicarse
dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de residencia de las cámaras, por
medio de despacho firmado por el Presidente y un secretario de la sección al que se
acompañará testimonio de las constancias conducentes.
El juez de distrito practicará las diligencias que le encomiende la sección respectiva,
con estricta sujeción a las determinaciones que aquélla le comunique.
Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias
a que se refiere este artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo,
en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier gasto.
Artículo 35. Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los tres
días hábiles siguientes en un incidente que se substanciará, ante la sección a cuyos
miembros no se hubiese señalado impedimento para actuar. Si hay excusa o recusación de
integrantes de ambas secciones, conocerá la comisión de la cual se deduce la sección
instructora. En el incidente se escucharán al promovente y al recusado y se recibirán
las pruebas correspondientes. Las cámaras calificarán en los demás casos de excusa o
recusación.
Artículo 36. Tanto el inculpado como el denunciante podrán solicitar de las oficinas o
establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer
como prueba ante la sección respectiva o ante las cámaras.
Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora y si
no lo hicieren la sección o las cámaras a instancia del interesado, señalará a la
autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle
una multa de 10 a 100 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal
sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el
interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra.
Por su parte, la sección o las cámaras solicitarán las copias certificadas de
constancias que estimen necesarias para el procedimiento y si la autoridad de quien las
solicitase no las remite dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrá la
multa a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 38. Las cámaras no podrán erigirse en órgano de acusación, jurado de
procedencia o jurado de sentencia, sin que antes se compruebe fehacientemente que el
servidor público, su defensor, el denunciante o el Ministerio Público han sido
debidamente citados en los domicilios por ellos señalados al efecto.
Artículo 40. En todo lo no previsto por esta ley, en las discusiones y votaciones se
observarán, en lo aplicable, las reglas que establecen la Constitución, la Ley Orgánica
y el Reglamento Interior del Congreso General para discusión y votación de las leyes. En
todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para tramitar, formular, aprobar o
reprobar las conclusiones o dictámenes de las secciones y para resolver incidental o
definitivamente en el procedimiento.
Artículo 43. Las secciones y las cámaras podrán disponer las medidas de apercibimiento
que estimen necesarias y podrán ordenar de plano al servidor público que no abandone el
Distrito Federal, determinado municipio o entidad federativa u ordenar el arraigo en su
propio domicilio mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión
respectiva pudiendo a su vez ordenar la vigilancia y hasta hacer uso de la fuerza si se
suscita el riesgo inminente de que el inculpado se sustraiga del procedimiento o de la
acción de la justicia."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2000. Diputadas y diputados que
integran el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: José Guillermo Anaya
Llamas, Benjamín Avila Márquez, Bernardo Borbón Vilches, Gustavo César Jesús
Buenrostro Díaz, Rodolfo Dorador Pérez, Manuel de Jesús Espino Barrientos, María
Teresa Gómez Mont y Urueta, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Jorge Alberto Lara
Rivera, Silvia América López Escoffie, María Guadalupe López Mares, José Tomás
Lozano Pardinas, Miguel Angel Martínez Cruz, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Vicente
Pacheco Castañeda, Armando Salinas Torres, Víctor Hugo Sondón Saavedra, Heidi Gertud
Storsberg Montes, Ricardo Torres Origel, José Sergio Vaca Betancourt Bretón, Fanny
Arellanes C., José Francisco Blake Mora y Cuauhtémoc Cardona Benavides.»
La iniciativa presentada por el diputado José
Francisco Blake Mora se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad
Pública. Insértese en el Diario de los Debates íntegramente.
DESAPARICION FORZADA
Tiene ahora la palabra la diputada Petra Santos
Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar
una iniciativa de reformas al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos
Penales y a la Ley de Amparo.
| La
diputada Petra Santos Ortiz: |
«Ciudadanos diputados integrantes de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión; diputadas y diputados:
Los suscritos, diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo
61 fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el
artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Cámara
de Diputados la presente iniciativa de reformas al Código Penal Federal, al Código
Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La libertad personal es uno de los bienes más preciados en nuestra sociedad. Su
privación es tenida como una de las sanciones más severas a las que puede ser sometida
una persona. Precisamente por ello se ha venido creando todo un sistema de garantías para
preservarla y evitar las arbitrariedades y los excesos por parte de quienes ejercen el
poder público. Sin embargo, a pesar de todo, en nuestro país ese bien jurídico
universalmente reconocido se ve frecuentemente violentado; los ataques van desde la
detención arbitraria hasta la desaparición forzada de personas.
Existe una estrecha vinculación entre la desprotección de la libertad personal y la
desaparición forzada de personas. Esta no es posible sin la primera. Por ello resultaría
incongruente sancionar la desaparición forzada sin hacer lo propio con el caso más
frecuente de afectación de la libertad en situaciones cotidianas.
La democracia es impensable sin la protección de la libertad personal. Esta no es sólo
un presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales como los de expresión,
reunión y asociación, sino para la protección de la vida e integridad personal. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en este sentido que a menos que el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos estén garantizados, "las demás barreras
a la acción gubernamental se convierten en esperanzas vacías y la democracia no se puede
beneficiar con el juicio libre y espontáneo de un pueblo del que debe depender para
dirigir su propia conducta".
Si el Gobierno mexicano está obligado a promover y proteger el ejercicio de los derechos
y libertades de sus habitantes, con mayor razón debe comprometerse en esta tarea cuando
son sus propios agentes quienes vulneran estos derechos.
La norma constitucional establece las garantías mediante las cuales ninguno de nosotros
puede ser privado de su libertad y señala limitativamente los supuestos en los cuales
podemos ser privados de la misma. estos son los casos de flagrancia, orden judicial de
aprehensión y orden de detención tratándose de caso urgente en delitos graves.
Para que las normas constitucionales que resguardan los derechos individuales se observen
cotidianamente, no basta una mera abstención por parte del Estado, como erróneamente se
ha creído, sino que son necesarias acciones y medidas positivas por parte de la autoridad
encargada de conducir los asuntos públicos. Se requiere de una verdadera
"ingeniería de la libertad" y ello implica la promulgación de una legislación
ordinaria idónea.
Nuestro marco jurídico presenta graves deficiencias para evitar la detención arbitraria.
Esta situación ancestral y generalizada en todo el país se ha visto favorecida por un
explicable reclamo de acciones eficaces contra la delincuencia que demanda mayores poderes
para los agentes de autoridad encargados de hacer cumplir la ley. Semejante política,
lejos de haber contribuido a una mayor seguridad pública, ha sido fuente de inseguridad
al haber prohijado fenómenos de corrupción y arbitrariedad en las policías preventivas
y judiciales. Saldo de todo ello es la frecuente afectación de la libertad personal y el
consiguiente demérito de la confianza de los habitantes en las autoridades, lo que a su
vez se traduce en una falta de colaboración e ineficacia en la prevención y persecución
de faltas y delitos.
En razón de lo anterior se propone establecer como delito la detención o encierro de
persona fuera de los supuestos constitucionales y la retención cuando la misma se
presentare voluntariamente, como tipo básico, con una atenuante en el supuesto en que la
misma se limite a presentar a una persona ante el Ministerio Público.
El orden jurídico debe asimismo comprender medidas preventivas de la afectación de los
bienes que busca proteger y en este sentido se propone desincentivar la detención
arbitraria mediante una sanción procesal
consistente en decretar la nulidad de todas las actuaciones procesales que sigan a una
ilegal detención.
De igual manera, es necesario revertir reformas que legitiman la detención arbitraria.
Este es el caso de la flagrancia equiparada prevista en el artículo 193 del Código
Federal de Procedimientos Penales, misma que restringe la garantía constitucional de la
libertad, al considerar como flagrancia lo que por su naturaleza no lo es, ya que falta el
elemento fundamental que legitima este supuesto excepcional en el que cualquier persona
puede llevar a cabo la detención de quien es sorprendido en la comisión misma de un
delito.
Este elemento es la certeza respecto de su autor, misma que no se puede dar si el supuesto
acontecimiento delictivo tuvo lugar hasta 48 horas antes. Este margen de error expone
además a los agentes de la autoridad a actos de legítima defensa y por lo tanto
plenamente justificados, por parte de la persona ajena a un hecho delictivo que repele su
detención bajo este supuesto e incluso llega a privar de la vida a quien pretende
detenerle.
Para ser consistentes con la protección sistemática y completa de la iniciativa
propuesta se restablece el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley
de Amparo para posibilitar la protección de la justicia federal en aquellos casos que,
por cambio de situación jurídica, se acarrean el sobreseimiento del amparo. Con esto se
busca contrarrestar el sentido de la última reforma del citado artículo, que de hecho,
convalida detenciones ilegales.
La desaparición forzada constituye la más grave, particular y trascendente violación de
la libertad. Esta práctica se ha llevado a cabo durante las últimas tres décadas y ha
sido ejecutada por diversos cuerpos policiacos y de seguridad del Estado, tanto a nivel
local como federal; se ha dado de manera sistemática y bajo las condiciones de impunidad
en el ejercicio arbitrario de la autoridad.
La propuesta que aquí se presenta para tipificar a la desaparición forzada como un
ilícito penal tiene como objetivo fortalecer los instrumentos jurídicos para vivir en un
verdadero estado de derecho, de manera que puedan prevenirse y sancionarse tales
conductas. Nunca más debe presentarse un caso de desaparición forzada.
El carácter permanente de la conducta hace posible también que en tanto persista el
ocultamiento del paradero de la persona se está ante acciones u omisiones presentes y,
por tanto, susceptibles de configurar el tipo delictivo, independientemente de la
temporalidad de su inicio.
Más de 500 personas a lo largo de las últimas décadas han sido ilegalmente apresadas
por miembros de cuerpos de seguridad del Estado quienes por sí, conjuntamente o
valiéndose de particulares (brigadas blancas, grupos paramilitares o parapoliciales,
"madrinas" etcétera), han sustraído a seres humanos de su entorno normal de
vida. Más no ha sido solamente la detención de la persona, sino que la privación de la
libertad conlleva, además, el ocultamiento de aquélla; no se da información sobre su
paradero a sus familiares, amigos o correligionarios; se niega incluso la propia
detención.
Esta situación trasciende a los familiares quienes viven indefinidamente en el dolor y la
incertidumbre. En medio de la total impunidad, quienes deberían proteger a las personas y
observar rigurosamente sus derechos, los violan brutalmente. Al mantener oculta la
detención impiden que las personas, sus allegados e incluso que las instituciones
públicas encargadas de la tutela de derechos puedan actuar; se elimina cualquier
posibilidad de defensa, no hay acusación, no hay juez, no hay procedimiento, no hay
sentencia. Simplemente se "desaparece" a la persona.
Los numerosos testimonios de quienes han sido víctimas o testigos de la desaparición han
permitido reconstruir el modus operandi: detenciones ordenadas y conocidas por los mandos
de las fuerzas de seguridad y aun por quienes han desempeñado funciones gubernativas, el
objetivo es eliminar la oposición de quienes disienten de los detentadores del poder, el
empleo de cárceles clandestinas, campos militares, bases navales, involucramiento de
altos mandos, coordinación de diversas fuerzas estatales (policías, cuerpos de
inteligencia, fuerzas armadas), absoluta negativa de presidentes de la República,
procuradores, gobernadores, secretarios de Estado y otros altos funcionarios para
investigar las desapariciones.
Todo esto lleva a concluir que se ha tratado de una política de Estado más que de
excesos aislados de poder. Aun cuando la legislación vigente establece tipos delictivos
para sancionar el secuestro, no existe absolutamente ningún sentenciado, es más, ningún
procesado por motivo de alguna desaparición forzada, ni
siquiera por abuso de autoridad o ejercicio indebido del servicio público.
Hoy día los habitantes de este país, ignoramos dónde están: Epifanio Avilés, José de
Jesús Corral, J. Reyes Mayoral Jáuregui, Jesús Piedra, Miguel Orlando Muñoz Guzmán,
José de Jesús Avila González, Rafael Ramírez Duar- te, Benjamín Maldonado Santos,
Eduardo Hernández Vargas, Irma Cruz Santiago, Jacob Nájera Hernández, Alicia de los
Ríos Merino, Juan Chávez Hoyos, Austreberta Hilda Ocaña, Juan Carlos Mendoza Galoz,
Candelario Campos Ramírez, Pedro Ignacio Cortés Gutiérrez, Jorge Carrasco Gutiérrez y
los demás desaparecidos.
La democracia que estamos construyendo no está completa sin ellos, una democracia con
desaparecidos se niega a sí misma, pero aún más, se convierte en cómplice y se condena
a repetir la infamia.
La conducta que amerita la creación de un tipo específico y que distingue a la
desaparición de otras modalidades de privación ilegal de la libertad es el ocultamiento
del paradero de la víctima y que se exterioriza con la ausencia o falsedad de
información sobre la misma, en la negativa de su detención o en la negativa para
informar de su paradero.
No obstante su gravedad, cuando la libertad del desaparecido tenga lugar durante los
primeros días de su captura, se prevén tipos atenuados que tienen en cuenta la libertad
y la vida de la persona como objetivo prioritario.
Si bien el elemento predominante en los casos de desaparición ocurridos en nuestro país
es el de dirigirse a opositores o disidentes políticos, el tipo propuesto no restringe a
tal calidad los posibles sujetos pasivos, puesto que la pretensión del mismo es proteger
a cualquier persona, independientemente de su posición política, inclusive a los agentes
del mismo Estado.
Consideramos que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda
sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa
humanidad. Esta propuesta retoma los estándares internacionales de protección de la
libertad y las medidas para prevenir la desaparición forzada.
Esta iniciativa tiene como antecedente la adopción en el Código Penal para el Distrito
Federal del tipo penal de desaparición forzada, el 18 de agosto del presente año, lo que
marcó el compromiso de los partidos y las fuerzas sociales con la democracia y contra la
impunidad. La aprobación de esta propuesta en el ámbito federal establecerá normas que
junto con la voluntad efectiva de combatir tales prácticas por parte de las autoridades
competentes deberán esclarecer los cientos de desapariciones practicadas por autoridades
federales y con ello este Congreso recogerá el reclamo de las madres y familiares de los
desaparecidos. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de este pleno el siguiente
DECRETO
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Amparo.
Artículo primero. Se adiciona el Capítulo III-bis al Título Décimo del Código Penal
Federal, que comprenderá los artículos 215-A al 215-H.
"CAPITULO III-BIS
Delitos contra la libertad personal y
desaparición forzada de personas
Artículo 215-A. El agente de autoridad que, fuera de los supuestos constitucionales,
detuviere o encerrare a una persona, privándola de su libertad o la retuviere cuando la
persona se hubiese presentado voluntariamente, será sancionado con pena de prisión de
ocho meses a cuatro años y destitución del cargo.
Artículo 215-B. El agente de autoridad que, fuera de los casos permitidos por los
supuestos constitucionales, aprehendiera a una persona y la presentare inmediatamente al
Ministerio Público, será sancionada con la suspensión en su cargo o empleo hasta por 30
días o 60 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
Artículo 215-C. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor
público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal
de una persona, la mantenga oculta bajo cualquier forma
de detención o encerramiento, niegue reconocer dicha privación de la libertad o no de
razón cierta y precisa de su paradero, restringiendo con ello el ejercicio de los
recursos legales y de las garantías legales pertinentes.
Artículo 215-E. A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le
impondrá una sanción de 15 a 40 años de prisión.
Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su
detención y se encontrare indemne, la sanción será de ocho meses a cuatro años de
prisión.
Si la liberación ocurriera dentro de los 10 días siguientes, la sanción aplicable será
de dos a ocho años de prisión.
Estas penas podrán ser disminuidas hasta en una tercera parte, cuando quien hubiere
participado en la comisión del delito, suministre información que permita esclarecer los
hechos, y hasta en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la
víctima.
Artículo 215-F. Al servidor público que haya sido condenado por el delito de
desaparición forzada de personas se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para
desempeñar de manera definitiva otro empleo, cargo o función públicos.
Artículo 215-G. La desaparición forzada de personas es un crimen de esa humanidad, en
consecuencia, no es susceptible de perdón, amnistía o figuras análogas ni será
considerado para efectos de extradición como delito político.
En ningún caso se admitirá la exclusión del delito por obediencia debida a órdenes o
instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada de
personas. Toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el deber de no
obedecerlas.
La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga
judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción.
La oposición o negativa por parte de quien funja como responsable de todo lugar donde
haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, para que los
agentes de autoridad o de los organismos competentes tengan libre e inmediato acceso a los
mismos, serán sancionados con la destitución de su empleo, cargo o comisión públicos,
sin perjuicio de los demás delitos en que pudieren incurrir."
Artículo segundo Se deroga la fracción III del artículo 193; se adiciona un inciso 34 a
la fracción I del artículo 194 y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 197, ambos
del Código Federal de Procedimientos Penales.
"Artículo 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Se deroga.
Artículo 194. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1) y 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34) desaparición forzada, previsto en el artículo 215-C.
Artículo 197. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Todos los actos posteriores a una detención ilegal no producirán efecto legal
alguno".
Artículo tercero. Se reforma el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la
Ley de Amparo para quedar como sigue:
"Artículo 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fracción X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 ó 20
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de
primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para
los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que
conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que
corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la
resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
México, D.F., a 12 de septiembre de 2000. Diputados: Petra Santos Ortiz, Sergio Acosta
Salazar, Miguel Bortolini Castillo, Rafael Hernández, Héctor Sánchez López, Antonio
Magállanes Rodríguez y Elías Martínez R.»
La iniciativa presentada por la diputada Petra
Santos Ortiz, se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
MEDIOS DE COMUNICACION
En otro punto del orden del día, para presentar
una proposición con punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Enrique Herrera y
Bruquetas, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, para presentar
una proposición con punto de acuerdo sobre la necesidad de actualizar, en su caso o
modificar la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado Angel Enrique Herrera y
Bruquetas: |
Señor Presidente; compañeras y compañeros
diputados:
«La necesidad de actualizar y, en su caso, modificar la Ley Federal de Radio y
Televisión, así como el reglamento relativo a la misma, son motivo de preocupación
compartida. Aún se habla de la posibilidad de legislar sobre una nueva Ley Federal de
Radio y Televisión que contemple, además de un sinnúmero de cambios tecnológicos, que
se han llevado en los últimos años y que al mismo tiempo asuma las grandes demandas
sociales sobre temas centrales de la radiodifusión.
La nueva agenda que se espera analizará, entre otros muchos puntos, el derecho a réplica
en los medios de comunicación y el derecho de información como parte fundamental de los
derechos ciudadanos.
Algunos académicos se han manifestado también por modificar el criterio de otorgamiento,
refrendo y revocación de concesiones de radio y televisión, para que no dependan
únicamente del Poder Ejecutivo. Dar un uso social a las modalidades del tiempo estatal en
apoyo de ciudadanos y organizaciones civiles, así como para utilizarlos en una mayor
difusión de la cultura, han sido también demandas de partidos políticos y de la
sociedad en general.
Sin duda que las comisiones respectivas, así como el pleno de esta Cámara, en fechas
venideras dialogarán, discutirán y orientarán sobre ésta muy importante materia.
La infraestructura fundamental de la estructura democrática es la comunicación. De ahí
su relevancia. Las nuevas circunstancias históricas, así como los importantes cambios
tecnológicos, obligan a revisar y, en su caso, modificar los marcos normativos que
permitan el desarrollo creciente y democrático de la radiodifusión nacional, precisando
las obligaciones y los derechos de todos los que en ella intervienen, sin dejar de tomar
en cuenta al radioescucha y al televidente, parte fundamental y hasta hoy muy olvidada del
triángulo de la comunicación, que va de quien produce a quien transmite para llegar
finalmente a quien recibe los contenidos.
Cabe mencionar que en los últimos 25 años se han quedado en el camino de las intenciones
y de los buenos propósitos un gran número de proyectos sobre legislación en esta
materia, que habría que asumir para rescatar concepciones que pueden resultar eficaces.
Sin embargo, no podemos esperar a una nueva ley para actuar, por lo que nos permitimos
someter a la consideración de ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Con respeto absoluto e irrestricto a la plena libertad de expresión, libertad de
libertades, como se la ha llamado y considerando que esta Cámara debe coadyuvar con los
instrumentos legales existentes, a dar respuesta a los reclamos nacionales sobre la
radiodifusión, proponemos:
Primero. Que conforme al artículo 5o. de la Ley
Federal de Radio y Televisión vigente, estos medios de comunicación tienen la función
social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, al mejoramiento de
las formas de convivencia humana, afirmando el respeto a los principios de la moral
social, la dignidad y los vínculos familiares, evitando influencias nocivas al desarrollo
armónico de la niñez y de la juventud, repito, evitando influencias nocivas al
desarrollo armónico de la niñez y de la juventud y contribuyendo a elevar el nivel
cultural del pueblo.
Segundo. Que existe una amplia y muy representativa exigencia de la sociedad en general y
de los padres de familia en particular, así como de un importante sector del magisterio,
para que los llamados talks shows dejen de transmitirse en horas de la tarde, lo que
contribuirá a disminuir en horarios infantiles la proliferación del síndrome de
fecalismo visual.
Tercero. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que este Congreso dirija una enérgica
petición a la Secretaría de Gobernación, para que cumpla con lo dispuesto en los
artículos respectivos de la Ley Federal de Radio y Televisión».
«Propuesta con punto de acuerdo del diputado Enrique Herrera y Bruquetas.
Diputado Ricardo Francisco García Cervantes; compañeras y compañeros diputados:
La necesidad de actualizar y en su caso modificar la Ley Federal de Radio y Televisión,
así como el reglamento relativo a la misma, son motivo de preocupación compartida. Aún
se habla de la posibilidad de legislar sobre una nueva Ley Federal de Radio y Televisión
que contemple un sinnúmero de cambios tecnológicos que se han llevado a cabo en los
últimos años y que al mismo tiempo asuma las grandes demandas sociales sobre temas
centrales de la radiodifusión.
La nueva agenda que se espera, analizará entre otros muchos puntos, el derecho a réplica
en los medios de comunicación y el derecho de información como parte fundamental de los
derechos ciudadanos. Algunos académicos se han manifestado también por modificar el
criterio de otorgamiento, refrendo y revocación de concesiones de radio y televisión,
para que no dependan únicamente del Poder Ejecutivo; dar un uso social a las modalidades
del tiempo estatal en apoyo de ciudadanos y organizaciones civiles, así como para
utilizarlos en una mayor difusión de la cultura, han sido también demandas de partidos
políticos y de la sociedad en general.
Sin duda que las comisiones respectivas, así como el pleno de esta Cámara, en fechas
venideras dialogarán, discutirán y orientarán sobre ésta muy importante materia. La
infraestructura fundamental de la estructura democrática es la comunicación de ahí su
relevancia.
Las nuevas circunstancias históricas, así como los importante cambios tecnológicos
obligan a revisar y, en su caso a modificar los marcos normativos que permitan el
desarrollo creciente y democrático de la radiodifusión nacional precisando las
obligaciones y los derechos de todos los que en ella intervienen, sin dejar de tomar en
cuenta al radioescucha y al televidente, parte fundamental y hasta hoy muy olvidada del
triángulo de la comunicación que va de quien produce a quien transmite para llegar
finalmente a quien recibe los contenidos.
Vale mencionar que en los últimos 25 años se han quedado en el camino de las intenciones
y los buenos propósitos un gran número de proyectos sobre legislación en esta materia
que habría que asumir para rescatar concepciones que pueden resultar eficaces. Sin
embargo no podemos esperar una nueva ley para actuar, por lo que nos permitimos someter a
la consideración de ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Con respecto absoluto e irrestricto a la plena libertad de expresión, libertad de
libertades como se le ha llamado y considerando que esta Cámara debe coadyuvar con los
instrumentos legales existentes a dar respuesta a los reclamos nacionales sobre la
radiofusión proponemos:
I. Que conforme al artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y televisión vigente, estos
medios de comunicación tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la
integración nacional, al mejoramiento de las formas de convivencia humana; afirmando el
respecto a los principios de la moral social, la dignidad y los vínculos familiares,
evitando influencias nocivas al desarrollo armónico de la niñez y de la juventud y
contribuyendo a elevar el nivel cultural del pueblo.
II. Que existe una amplia y muy representativa exigencia de la sociedad en general y de
los padres de familia en particular, así como de un importante sector del magisterio para
que los llamados talks shows dejen de transmitirse en horas de la tarde, lo que
contribuirá a disminuir en horarios infantiles la proliferación del síndrome de
fecalismo visual (Sifevi).
III. Por lo anteriormente expuesto solicitamos que este Congreso dirija una enérgica
petición a la Secretaría de Gobernación, para que cumplan con lo dispuesto en los
artículos respectivos de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 12 de septiembre de
2000. Diputado Enrique Herrera y Bruquetas.»
Gracias, señor diputado.
Se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.
ESTADO DE TABASCO
Tiene la palabra la diputada Rosalinda López
Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a las elecciones en el
Estado de Tabasco, hasta por 10 minutos.
| La diputada Rosalinda López Hernández: |
Con su permiso, señor Presidente, señoras
diputadas; señores diputados:
"Los suscritos, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del
Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido
Convergencia por la Democracia, del Partido Alianza Social, del Partido Verde Ecologista
de México, cuyos miembros firman al calce de este punto de acuerdo, con fundamento en lo
dipuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a poner del
conocimiento del pleno una proposición con punto de acuerdo, con fundamento en los
siguientes
HECHOS
El 2 de julio del 2000 marcó una nueva etapa en la historia político-electoral de
nuestro país, los ciudadanos presenciamos por primera vez un real respeto hacia los
resultados de las votaciones. Como nunca antes los electores sintieron confianza hacia las
instituciones nacionales encargadas de las elecciones, las cuales dieron muestra de su
capacidad y experiencia al momento de preparar, organizar, vigilar y resolver sobre las
controversias electorales.
El conflicto poselectoral de la elección presidencial se evitó por el reconocimiento de
la voluntad popular. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, durante años
distintos grupos políticos tuvimos que enfrentarnos a un sistema político que no
permitía ningún cambio ni permitía ningún espacio de participación política.
Los avances nacionales han sido muchos, lamentablemente éstos no han tenido un
correspondiente directo con los avances electorales que se han dado en algunos de los
estados de la República, en donde no existen las garantías mínimas para el buen
desarrollo de las elecciones y en donde incluso se pueden encontrar autoridades
electorales que tienen preferencias políticas por un determinado partido político.
Un ejemplo en concreto de esta situación es el Estado de Tabasco. Como referencia a las
irregularidades a las que hago mención, destacan las palabras que pronunció el
licenciado Arturo Núñez Jiménez ante los medios de comunicación el día 2 de abril del
año en curso."
Pido a la Presidencia, de acuerdo al artículo 113 del Reglamento del Congreso, para que
los principios de la moral social, la dignidad y los vínculos familiares, evitando
influencias nocivas al desarrollo armónico de la niñez y de la juventud y contribuyendo
a elevar el nivel cultural del pueblo.
II. Que existe una amplia y muy representativa exigencia de la sociedad en general y de
los padres de familia en particular, así como de un importante sector del magisterio para
que los llamados talks shows dejen de transmitirse en horas de la tarde, lo que
contribuirá a disminuir en horarios infantiles la proliferación del síndrome de
fecalismo visual (Sifevi).
III. Por lo anteriormente expuesto solicitamos que este Congreso dirija una enérgica
petición a la Secretaría de Gobernación, para que cumplan con lo dispuesto en los
artículos respectivos de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 12 de septiembre de
2000. Diputado Enrique Herrera y Bruquetas.»
Gracias, señor diputado.
Se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.
ESTADO DE TABASCO
Tiene la palabra la diputada Rosalinda López
Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a las elecciones en el
Estado de Tabasco, hasta por 10 minutos.
| La
diputada Rosalinda López Hernández: |
Con su permiso, señor Presidente, señoras
diputadas; señores diputados:
"Los suscritos, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del
Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido
Convergencia por la Democracia, del Partido Alianza Social, del Partido Verde Ecologista
de México, cuyos miembros firman al calce de este punto de acuerdo, con fundamento en lo
dipuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a poner del
conocimiento del pleno una proposición con punto de acuerdo, con fundamento en los
siguientes
HECHOS
El 2 de julio del 2000 marcó una nueva etapa en la historia político-electoral de
nuestro país, los ciudadanos presenciamos por primera vez un real respeto hacia los
resultados de las votaciones. Como nunca antes los electores sintieron confianza hacia las
instituciones nacionales encargadas de las elecciones, las cuales dieron muestra de su
capacidad y experiencia al momento de preparar, organizar, vigilar y resolver sobre las
controversias electorales.
El conflicto poselectoral de la elección presidencial se evitó por el reconocimiento de
la voluntad popular. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, durante años
distintos grupos políticos tuvimos que enfrentarnos a un sistema político que no
permitía ningún cambio ni permitía ningún espacio de participación política.
Los avances nacionales han sido muchos, lamentablemente éstos no han tenido un
correspondiente directo con los avances electorales que se han dado en algunos de los
estados de la República, en donde no existen las garantías mínimas para el buen
desarrollo de las elecciones y en donde incluso se pueden encontrar autoridades
electorales que tienen preferencias políticas por un determinado partido político.
Un ejemplo en concreto de esta situación es el Estado de Tabasco. Como referencia a las
irregularidades a las que hago mención, destacan las palabras que pronunció el
licenciado Arturo Núñez Jiménez ante los medios de comunicación el día 2 de abril del
año en curso."
Pido a la Presidencia, de acuerdo al artículo 113 del Reglamento del Congreso, para que
Esta Cámara no sólo interviene en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación, su tarea es más amplia, debe fiscalizar su adecuada aplicación.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados firmantes integrantes de los grupos
parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional,
del Partido Convergencia de la Democracia, del Partido Verde Ecologista de México, del
Partido Alianza Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracciones V
y VIII; 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 39,
42, 43 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y 71
y 78 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta
Asamblea y de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se acuerda la constitución de una comisión especial que tenga como objetivo la
investigación, observación y en su caso, la denuncia de irregularidades en el uso de
recursos federales durante el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo,
Congreso local y ayuntamientos en el Estado de Tabasco a celebrarse el 15 de octubre.
Esta comisión deberá instalarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la
aprobación del presente.
Segundo. La comisión especial objeto del presente acuerdo, se integrará por 10 diputados
de los cuales tres serán designados por el grupo del Partido Acción Nacional; tres por
el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; dos por el grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y uno será designado por el
Partido Verde Ecologista de México y otro, además, por el Partido del Trabajo.
Tercero. La comisión especial durará en funciones el periodo necesario, a fin de cubrir
en su totalidad el proceso electoral, incluyendo la declaración de validez
correspondiente y el tiempo suficiente para la elaboración de su informe final.
Cuarto. La comisión especial elaborará y aprobará su plan de trabajo dentro de los dos
días hábiles siguientes a la de su instalación, en el que se considerarán las
actividades que se habrán de llevar a cabo a fin de cumplir con su objeto.
Quinto. La comisión especial sesionará una vez a la semana.
Sexto. La comisión especial objeto del presente acuerdo, podrá constituir subcomisiones
en el Estado de Tabasco para el mejor desempeño de sus labores, en cuyo caso, observará
la representación correspondiente de los grupos parlamentarios.
Séptimo. La comisión especial tendrá facultades para vigilar que en el ejercicio del
gasto público y programático, se haga en cumplimiento a la ley y por ende, que por
ningún motivo dicho ejercicio sea encaminado a fines proselitistas en beneficio de algún
candidato o partido político.
Señor Presidente, respetuosamente le pido tiempo para concluir este punto de acuerdo
firmado por cinco partidos políticos...
Sí, compañera diputada, me permite.
Quiero solicitar a la Asamblea, permitamos que en un máximo de 30 segundos la oradora
pueda redondear su intervención, concluir su participación, darle trámite y abrir el
posicionamiento sobre este tema. Si son tan amables.
Continúe, señorita diputada.
| La
diputada Rosalinda López Hernández: |
Gracias. Para los efectos anteriores, la
comisión estará facultad para celebrar los convenios a que haya lugar y para coordinarse
en las instancias competentes en la consecución de sus fines.
Octavo. La comisión especial tendrá atribuciones para presentar las denuncias que
procedan ante las autoridades competentes para el fincamiento de las responsabilidades a
que haya lugar en contra de los servidores públicos que utilicen recursos públicos, ya
sea en dinero o en especie, materiales humanos, que tengan por objeto apoyar a cualquier
candidato o partido político.
TRANSITORIOS
Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día natural siguiente en que resulte
aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados.»
Señor Presidente de la mesa directiva: los diputados proponentes solicitamos atentamente,
con fundamento en el artículo 34 inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso, que el
presente punto de acuerdo se turne para su trámite a la Junta de Coordinación Política,
órgano facultado por dicho ordenamiento para proponer al pleno la creación de
comisiones.
Muchas gracias.
«Propuesta con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada de vigilar
que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del Estado de
Tabasco.
Diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la mesa directiva. de la
Cámara de Diputados. Presente.
Los suscritos, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios de los
partidos cuyos miembros firman al calce, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a poner del conocimiento del pleno una
proposición con punto de acuerdo con fundamento en los siguientes
HECHOS
El 2 de julio de 2000 marcó una nueva etapa en la historia política-electoral de nuestro
país, los ciudadanos presenciamos por primera vez un real respeto hacia los resultados de
las votaciones. Como nunca antes, los electores sintieron confianza hacia las
instituciones nacionales encargadas de las elecciones, las cuales dieron muestra de su
capacidad y experiencia al momento de preparar, organizar, vigilar y responder sobre las
controversias electorales. El conflicto poselectoral de la elección presidencial se
evitó por el reconocimiento de la voluntad popular; sin embargo, para que esto pudiera
ser posible, durante años, distintos grupos políticos tuvimos que enfrentarnos a un
sistema político que no permitía ningún cambio ni cedía ningún espacio de decisión
pública.
Los avances nacionales han sido muchos, lamentablemente éstos no han tenido un
correspondiente directo con los avances electorales que se han dado en algunos de los
estados de la República, en donde no existen las garantías mínimas para un buen
desarrollo de elecciones y en donde incluso se pueden encontrar autoridades electorales
que tienen preferencias políticas por un determinado partido político. Un ejemplo en
concreto de esta situación es el Estado de Tabasco.
Como referencia a las irregularidades a las que hago mención, destacan las palabras que
pronunció el licenciado Arturo Núñez Jiménez ante los medios de comunicación el día
2 de abril del presente año. Pido a la Presidencia, de acuerdo al artículo 113 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso para que instruya a la Secretaría se
sirva dar lectura al siguiente documento:
Fragmentos del mensaje del licenciado Arturo Núñez Jiménez el día 2 de abril del
presente año en el acto posterior a la jornada electoral de las elecciones internas del
PRI a la gubernatura del Estado.
"A pesar de advertir que no existían en Tabasco las condiciones idóneas para una
elección abierta, equitativa y democrática del candidato del PRI a la gubernatura,
decidí participar bajo el supuesto de que el gobernador Roberto Madrazo Pintado,
independientemente de sus preferencias y como públicamente lo ofreció, honraría los
mínimos compromisos necesarios para ser garante de un proceso imparcial.
Sin embargo, a lo largo del desarrollo del proceso interno fui advirtiendo, no con
ingenuidad sino con asombro, el grado de iniquidad con el que éste se estaba manejando y
de todos los recursos que se estaban invirtiendo para inducir el voto clientelar de la
marginación y la pobreza.
Haciendo gala de una falta absoluta de ética política, desde la gubernatura del Estado
se llegó al extremo de manipular, con fines electorales, los fondos destinados a aliviar
los efectos dramáticos de las inundaciones recientes, haciendo coincidir su distribución
con la actual coyuntura política.
"En la guerra sucia contra mi candidatura se
buscó también cooptar (sic) o desmovilizar a nuestros seguidores recurriendo, incluso, a
la amenaza y la represión (...).
Sin embargo, lo que vivimos en la jornada electoral de hoy fue algo francamente
inadmisible para cualquiera que aspira a hacer política de acuerdo a los principios
democráticos (...).
Recurrieron a la compra y acarreo de votantes, a la inhibición de nuestros simpatizantes
por la vía de la amenaza, a la expulsión de nuestros representantes en muchas casillas,
al robo de boletas y de urnas, así como al proselitismo abierto, disfrazado de
información en muchos medios de comunicación (...).
Mi compromiso con el nuevo PRI sigue firme. Soy hombre de convicciones que asume a
plenitud los riesgos de la democracia, aun cuando ésta sea simulada y falsificada. Por
supuesto, no confundo al partido (PRI) con el grupúsculo faccioso que las últimas
semanas ha dado en Tabasco un espectáculo tan vergonzante... dañando al proceso de
consolidación democrática que ha experimentado México en los años recientes
(...)."
El anterior es un testimonio de un priísta. Si así se tratan entre compañeros de
partido, no hay necesidad de imaginar lo que han de hacer a la oposición.
En otra intervención ante medios de comunicación, en Huimanguillo, Tabasco, Arturo
Núñez Jiménez declaró haber sido el responsable de interceder ante el entonces
secretario de Gobernación: Esteban Moctezuma Barragán, para que se detuviera la
investigación en contra de Roberto Madrazo por el excesivo gasto de campaña por la
gubernatura, que superó los recursos empleados por William Clinton en el proselitismo por
la presidencia estadounidense. Textualmente dijo: "cuando Andrés Manuel López
Obrador presentó las cajas con los gastos de campaña y Roberto ya no tenía buenas
relaciones con Esteban Moctezuma, al día siguiente de eso, a las 8:00 de la mañana,
Madrazo estaba en la casa de ustedes, preocupado porque lo de las cajas era cierto".
De acuerdo con Arturo Núñez, éste intervino cuando las oposiciones intentaron enjuiciar
políticamente al mandatario tabasqueño, "yo me atravesé, construí un acuerdo para
que no lo enjuiciaran". Cito palabras textuales de Arturo Núñez.
Las malas políticas enquistadas en el gobierno de Tabasco nos hacen suponer que las
irregularidades electorales tienen sus antecedentes en los resultados de las elecciones
del 20 de noviembre de 1994. Siendo en aquel entonces consejeros ciudadanos Santiago Creel
y José Francisco Ortiz Pinchetti, los cuales revisaron todas las actas de la elección,
descubrieron alteraciones en más del 45% de éstas, lo cual implicaba anular la elección
para gobernador y convocar a un nuevo proceso electoral.
Con documentos fehacientes se pudo probar el derroche y la ilegalidad en los gastos de
campaña de Roberto Madrazo Pintado.
Cabe destacar, compañeros diputadas y diputados, que en la integración del consejo
estatal electoral que normó el proceso electoral de ese año, los personajes importantes
fueron: Gonzalo Quintana Giordano, presidente del consejo del instituto estatal electoral,
que a su vez era el presidente del consejo de administración de Banca Unión y uno de los
principales socios de Cabal Peniche; Fulgencio Canovas Palaviccini, su imprenta sin
someterse a ningún tipo de concurso o licitación obtuvo la concesión para imprimir toda
la papelería y material electoral. El licenciado Fulgencio Canovas fue recompensado con
la administración del puerto más importante de Tabasco: el de Frontera.
El licenciado Leonardo Salas Poisot. fue el notario designado por el Instituto Estatal
Electoral para dar fe de todas las actividades del instituto y actualmente en la lógica
de recompensas es el vocal presidente del instituto mencionado. Bonifacio López Cruz,
director del Instituto Estatal Electoral y posteriormente oficial mayor del Tribunal
Superior de Justicia del Estado. Manuel Tellaeche Bosh, quien fungía como vocal
presidente del Instituto Federal Electoral, fue incorporado al inicio del gobierno de
Madrazo como su secretario de Gobernación. Oscar Sáenz Jurado, quien se desempeñaba
como secretario de finanzas del PRI estatal y representante de finanzas ante el instituto
electoral
Destaca el caso de Manuel Andrade Díaz, quien era el representante del PRI ante el
Instituto Estatal Electoral y en una controversial decisión fue premiado con una
diputación plurinominal y posteriormente se constituyó en el líder delCongreso estatal.
Hoy es conocido en Tabasco como el títere que Madrazo quiere imponer en su lugar. Es de
todos conocido que Roberto Madrazo hizo campaña para apoyar a Andrade por medio de los
recursos federales, coaccionó el apoyo para su candidato al presionar a los presidentes
municipales con la aprobación de la cuenta pública a favor de sus municipios. En las
pasadas inundaciones utilizó el blindaje del Congreso local para financiar su proyecto
político: Manuel Andrade.
Sería imposible señalar los personajes que intervinieron en el proceso electoral de 1994
para apuntalar a Madrazo y que en la actualidad son funcionarios prominentes de la
administración pública estatal y de la política en el Estado.
Otro dato que resulta de gran importancia lo encontramos en las contradicciones del propio
Roberto Madrazo sobre los recursos destinados a su campaña en 1994. En el informe oficial
que presentó ante el Instituto Estatal Electoral en la dirección de partidos políticos
y prerrogativas de este organismo, oficialmente, como lo demostraré y daré constancia
del informe a este pleno, los gastos ascendieron, según su representante financiero,
Oscar Sáenz Jurado, a la cantidad de 3 millones 718 mil 443 pesos con 87 centavos. A
fines de mayo de 1999 y al calor del proceso electoral interno del PRI para la presidencia
de la República, Carlos Cabal Peniche confirmó, en una carta enviada al Miami Herald,
que en 1994 aportó 25 millones de dólares para las campañas electorales del PRI,
incluida la de Zedillo y la de Roberto Madrazo.
Cabal Peniche, durante el salinismo había entregado 25 millones de dólares al PRI: 85%
se destinó a la campaña presidencial de 1994 y el resto se la entregó a Madrazo cuando
fue designado candidato a la gubernatura de Tabasco. Estamos hablando de 5 millones de
dólares, que no corresponden en absoluto con los 3 millones 718 mil 443 pesos declarados
ante el instituto electoral.
Los fraudes que se cometieron en Tabasco tuvieron una resonancia política especial en el
ámbito nacional; muchos de los que estuvieron involucrados en Tabasco son hoy prófugos
de la justicia o han sido procesados. Resalta el caso de Oscar Espinoza, quien se
desempeñaba en esa época como secretario de finanzas del CEN del PRI.
Esta telaraña de complicidades nos obliga con gran preocupación a reflexionar sobre el
posible desvío de recursos federales en el próximo proceso electoral de Tabasco. Ante
todas las irregularidades y prácticas antidemocráticas en el Estado de Tabasco existen
claras evidencias que se quiere vulnerar una vez más la voluntad ciudadana y la dignidad
del pueblo tabasqueño. Quiero preguntar ¿habrá confianza para que se lleven con
transparencia, legalidad e imparcialidad los próximos comicios?
Para los partidos proponentes el respeto a la voluntad ciudadana es el único camino para
construir un país justo, incluyente, digno y democrático. La transición democrática es
irreversible y prácticas fraudulentas y viciadas ya no deben tener lugar en nuestro
país.
La creación de la comisión especial que se propone representará el ejercicio de las
facultades que los ciudadanos mexicanos han otorgado a la Cámara de Diputados para
vigilar que los recursos que provienen del pueblo no sean utilizados en rubros diversos a
aquéllos para los que fueron destinados. Esta Cámara no sólo interviene en la
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, su tarea es más amplia, debe
fiscalizar su adecuada aplicación.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados firmantes integrantes de los grupos
parlamentarios del PRD, del PAN, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74
fracciones V y VIII, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 34, 39, 42, 43 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados
Unidos Mexicanos y 71 y 78 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, sometemos a
consideración de esta honorable Asamblea y de la Junta de Coordinación Política de esta
Cámara el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se acuerda la constitución de una comisión especial que tenga como objetivo la
investigación, observación y en su caso la denuncia de irregularidades en el uso de
recursos federales durante el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo,
Congreso local y ayuntamientos en el Estado de Tabasco, a celebrarse el próximo 15 de
octubre. Esta comisión deberá instalarse dentro de los tres días hábiles siguientes a
la aprobación del presente.
Segundo. La comisión especial objeto del presente
acuerdo se integrará por 10 diputados, de los cuales, tres serán designados por el grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, tres serán designados por el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dos será designados por el grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, uno será designado por el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y uno será designado por el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
Tercero. La comisión especial durará en funciones el periodo necesario a fin de cubrir
en su totalidad el proceso electoral, incluyendo la declaración de validez
correspondiente y el tiempo suficiente para la elaboración de su informe final.
Cuarto. La comisión especial elaborará y aprobará su plan de trabajo dentro de los dos
días hábiles siguientes a la de su instalación, en el que se considerarán las
actividades que habrá de llevar a cabo a fin de cumplir con su objeto.
Quinto. La comisión especial sesionará al menos una vez a la semana.
Sexto. La comisión especial objeto del presente acuerdo, podrá constituir subcomisiones
en el Estado de Tabasco, para el mejor desempeño de sus labores, en cuyo caso, observará
la representación correspondiente a los grupos parlamentarios.
Séptimo. La comisión especial tendrá facultades para vigilar que el ejercicio del gasto
público y programático se haga en cumplimiento a la ley y por ende, que por ningún
motivo dicho ejercicio sea encaminado a fines proselitistas en beneficio de algún
candidato o partidopolítico. Para los efectos anteriores, la comisión estará facultada
para celebrar los convenios a que haya lugar y para coordinarse con las instancias
competentes en la consecución de sus fines.
Octavo. La comisión especial tendrá atribuciones para presentar las denuncias que
procedan ante las autoridades competentes para el fincamiento de las responsabilidades a
que haya lugar en contra de los servidores públicos que utilicen recursos públicos, ya
sea en dinero o en especie, materiales y humanos, que tengan por objeto apoyar a cualquier
candidato o partido político.
Noveno. La comisión tendrá facultades para recibir quejas y denuncias relacionadas con
su objeto, turnarlas a la instancia legalmente competente para su trámite y resolución,
hacer el seguimiento de su trámite y, en su caso, la resolución que les recaiga.
Décimo. La comisión especial contará con los recursos materiales y humanos necesarios
para cumplir con su objeto, los cuales serán asignados a través del Secretario General
de la Cámara de Diputados, a más tardar tres días hábiles después de que le sean
requeridos por la comisión, de conformidad con su plan de trabajo.
Decimoprimero. La comisión especial presentará al pleno de la Cámara de Diputados un
informe detallado sobre los trabajos desarrollados en el proceso electoral, a fin de que
esta Cámara proceda de conformidad con sus atribuciones.
La comisión remitirá a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación una copia
del informe final, a efecto de que lo tome en cuenta en el cumplimiento de sus
atribuciones.
Decimosegundo. La comisión especial podrá llevar a cabo todos los actos que sean
necesarios para el cumplimiento de su objeto, dentro del respectivo ámbito de sus
facultades y atribuciones. En todo momento se abstendrá de intervenir directamente en el
desarrollo y resultado del proceso electoral.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero..El presente acuerdo entrará en vigor al día natural siguiente en que resulte
aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. El Presidente de la mesa directiva, notificará la constitución de la comisión
especial objeto del presente acuerdo a los poderes del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para los efectos a los que haya lugar.
Tercero. Publíquese de inmediato en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión y debida aplicación y observancia.
Señor Presidente de la mesa directiva, los diputados proponentes solicitamos atentamente,
con fundamento en el artículo 34, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso que el
presente punto de acuerdo se turne para su trámite a la Junta de Coordinación Política,
órgano facultado por dicho ordenamiento para proponer al pleno la creación de
comisiones.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 11 de septiembre de
2000. Diputados: Rosalinda López Hernández, Jorge Alberto Lara Rivera, Jesús López
Sandoval, Valdemar Romero Reyna, Ulises Ramírez Núñez, José César Nava Vázquez,
José Luis Novales A., Alfonso Ulloa V., Manuel Castro y del V., María Guadalupe López
M., Hortensia Enríquez, José Manuel del Río C., Beatriz P. Lorenzo, José A. Calderón
Cardoso, Francisco Agundis Arias y Alejandro R. García Sainz A.»
Gracias, diputada.
De acuerdo al artículo 24 del Acuerdo Parlamentario que Regula las Sesiones, se turna a
la Junta de Coordinación Política para su atención.
Se concede el uso de la palabra para referirse a este tema, con el posicionamiento del
Partido Revolucionario Institucional, al diputado Feliciano Calzada Padrón, por cinco
minutos.
| El diputado Feliciano Calzada Padrón: |
Señor Presidente; diputadas y diputados:
Los procesos internos electorales de mi partido en Tabasco ya han sido juzgados por el
pueblo: perdió Arturo Núñez y ganó Manuel Andrade.
El proceso interno fue un esfuerzo por avanzar democráticamente, fue vigilado y
supervisado por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Diputados y senadores
fueron comisionados y periodistas nacionales y extranjeros dieron fe del fenómeno que se
presentó en Tabasco.
En los 71 años de vida de nuestro partido y sobre todo en los últimos años, hemos
venido avanzando democráticamente, tanto a nivel nacional como a nivel de estados.
¿Quién no recuerda a Carlos Madrazo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional,
demandando la democratización interna de nuestro partido? Después, Carlos Sansores, con
la democracia transparente, sentó un gran precedente. Tabasco se adelantó a otros
estados. Desde hace 20 años, con la democracia de carne y hueso, avanzó la democracia
interna y al mismo tiempo, ¿porqué no decirlo?, las deserciones empezaron a darse.
Lamentamos que por los procesos internos todavía haya compañeros priístas que no
acepten su derrota, es decir, la democracia vale si ganan.
Aún con los descalabros que hemos tenido por la falta de conciencia democrática de
algunos de nuestros líderes, con satisfacción decimos que seguiremos corriendo los
riesgos con tal de alcanzar la plenitud democrática de nuestro partido.
Con relación a esta propuesta de acuerdo, la diputación priísta acatará la decisión
del pleno.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado Calzada Padrón.
Tiene ahora el uso de la palabra, para referirse al mismo tema, porque así lo ha
solicitado en los términos del artículo 24 del Acuerdo que rige el desahogo de las
sesiones, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.
El diputado
Jorge Alberto Lara Rivera
(desde su curul): |
Señor Presidente.
Señor diputado, usted está inscrito para
presentar...
El diputado
Jorge Alberto Lara Rivera
(desde su curul): |
Para desahogar el debate.
Usted está inscrito para presentar un punto de
acuerdo sobre el tema de Tabasco. Así está en el orden del día, de tal manera que,
desahogado este punto de acuerdo, que aunque se refiere a la misma materia, fue presentado
por separado, si usted quiere hacer en este debate uso de la palabra, me la puede
solicitar para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, cuando hayan terminado los
oradores que estaban inscritos para presentar sus posiciones. Es lo que regula este punto
del orden del día en los acuerdos que rigen a la Asamblea.
Tiene usted la palabra, señora diputada.
| La diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Gracias. Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Como todos sabemos, el Estado de Tabasco se halla en los tiempos sometido a un proceso
electoral intenso, que culminará el próximo 15 de octubre con la elección del nuevo
mandatario estatal, pero este proceso no está exento de irregularidades e ilícitos, como
ha ocurrido en todos los procesos electorales que se han celebrado a lo largo y ancho de
nuestra nación.
En estas circunstancias, para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo esta
soberanía tiene el ineludible compromiso político de tomar cartas en el asunto del
proceso electoral que se vive en esta entidad, para evitar que lo sucedido en otros
procesos electorales pueda manchar el desarrollo de la competencia política en Tabasco.
Desterrar la cultura del fraude priísta en los procesos electorales le ha costado a la
nación mexicana una lucha prolongada de más de 70 años y muchas muertes en todo el
territorio nacional. Asimismo, hemos visto cómo los gobernadores y los funcionarios
públicos federales han metido las manos de forma directa en estos procesos, apoyando con
recursos del pueblo a los candidatos del partido tricolor.
La disputa electoral que se desarrolla actualmente en ese Estado, no está desvinculada de
estas prácticas priístas ni de los mapaches electorales o de caciques que presionan a
los habitantes de las comunidades para votar a favor del partido que ha vivido de los
recursos públicos durante varias décadas.
En el caso de Tabasco no está garantizada la limpieza del proceso electoral...
El diputado
Víctor Emanuel Díaz Palacios
(desde su curul): |
Señor Presidente. Señor Presidente.
Me permite señora oradora, me permite por
favor,
El diputado
Víctor Emanuel Díaz Palacios
(desde su curul): |
Señor Presidente, sería tan amable de
preguntarle a la diputada, si me acepta una interpelación.
| La diputada
Rosalía Peredo Aguilar: |
No, no la acepto.
No la acepta, señor diputado. Continúe usted,
diputada.
El diputado
Víctor Emanuel Díaz Palacios
(desde su curul): |
Gracias.
| La diputada
Rosalía Peredo Aguilar: |
En el caso de Tabasco no está garantizada la
limpieza del proceso electoral, dadas las circunstancias en las que arribó el actual
mandatario, Roberto Madrazo Pintado, que como se recordará, fue financiada su campaña
electoral con recursos públicos que derivaron del Banco Unión, propiedad en éste
entonces de Cabal Peniche y que a la postre terminaron en la panza del Fobaproa.
Y hoy, como sabemos, fueron absorbidos por el IPAB como deuda pública que estamos pagando
los mexicanos y como resultado de ello han quedado canceladas las posibilidades para que
millones de nuestros compatriotas puedan acceder en el presente y por muchos años en el
futuro, a mejores oportunidades de educación y de servicios básicos.
Dadas las características y la personalidad política del actual mandatario tabasqueño,
de representar una corriente de opinión de gran fuerza al interior del partido tricolor y
de su interés personal de mostrar su capacidad de liderazgo para conducir la
reestructuración del PRI, no tenemos la menor duda de que los recursos públicos del
erario estatal, estén fluyendo a favor de su candidato Manuel Andrade. Tampoco tenemos la
menor duda de que el caciquismo priísta enraízado en la sociedad tabasqueña esté
haciendo de las suyas para favorecer por todos los medios y a cualquier precio, el triunfo
del candidato del Partido Revolucionario Institucional, porque, como sabemos, el
gobernador Madrazo Pintado y los caciques de la región, están empeñados en mostrar a
toda costa que Tabasco es una pasión priísta que se niega recibir los aires del cambio
que soplan en nuestro país.
Tenemos claro que es de vital importancia para la sociedad mexicana, impulsar el cambio
democrático en todas las entidades del país. El pueblo de Tabasco se lo merece, es
tiempo de romper con la inercia de la cultura priísta social al fraude y al uso de los
recursos públicos en los procesos electorales.
Nuestro país no puede continuar mostrando una imagen de modernización económica en el
exterior y con un atraso político en regiones gobernadas por caciques que se niegan a
transitar hacia la democracia y que en última instancia frena la transformación de
nuestra nación y hacen inviable su objetivo de convertirse en próspera y democrática.
Por todas las consideraciones señaladas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo
propone ante este pleno de esta soberanía la constitución de una comisión especial con
la participación de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados
de la actual legislatura, con el propósito de evitar el uso de los recursos públicos
federales y estatales a favor de algún partido o candidato, así como de inhibir el uso
de medios ilícitos e irregulares que puedan manchar el proceso y la jornada electoral que
habrá de culminar el próximo 15 de octubre.
Muchas gracias.
Gracias, señorita diputada.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Alberto Lara
Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
| El diputado Jorge Alberto Lara Rivera: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras y
señores representantes populares:
Como ustedes pueden observar, la bancada del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional ha coincidido con otros grupos parlamentarios de esta soberanía a efecto de
constituir esta comisión especial que vigile el ejercicio y la aplicación de los
recursos federales en el Estado de Tabasco con miras a fiscalizar esta aplicación hacia
las elecciones que tendrán que realizarse en dicha entidad el 15 de octubre próximo.
La nación, el pueblo mexicano y esta soberanía ya han atestiguado el debate que a
propósito de este tipo de comisiones se ha desarrollado en esta tribuna. Se trata
finalmente de reivindicar para el Poder Legislativo la potestad de ser garantes y
vigilantes de los recursos federales que el pueblo de México genera como tributo así
como hacerse cargo de la vigilancia del buen uso y aplicación de tales erogaciones.
En la Legislatura LVII que precedió a ésta, se decidió la realización hace tres años
exactamente, de un grupo de trabajo de diputados que fuesen a fiscalizar los recursos
federales en el proceso electoral de aquel entonces.
La respuesta del Congreso del Estado de Tabasco resultó ser una controversia
constitucional. Se querellaba entonces de que se vulneraba la soberanía de Tabasco.
Sin embargo y previos los trámites de la controversia constitucional ante la Suprema
Corte de Justicia, ésta decidió y dio la razón conforme a la letra constitucional, a
esta Cámara de Diputados disponiendo que esta Cámara cuando investiga el posible uso
indebido de recursos federales, sólo pretende constatar un hecho, el uso indebido de esos
recursos para que en su caso y con base en ese hecho, iniciar o continuar un juicio
político y no para con base en la prueba del hecho, hacer efectiva una responsabilidad
penal o administrativa o incluso para invalidar un proceso electoral.
Concluía la Corte, compañeros, que la Cámara de Diputados es competente para investigar
el uso indebido de recursos federales para efectos exclusivos de la dilucidación de la
existencia de responsabilidad política en los términos del artículo 74 fracción V
relacionado con el artículo 110 de nuestra Carta Magna.
En esta ocasión, compañeros, se pretende de nueva cuenta ejercer al máximo de sus
posibilidades la facultad fiscalizadora de esta soberanía enviando un grupo de
compañeros, en donde se encuentren representadas todas las fuerzas políticas a efecto de
cuidar que en el proceso electoral de Tabasco, no haya manipulación, no haya desvío de
recursos federales.
Desafortunadamente la normalidad democrática que hemos alcanzado a nivel federal, no se
ha logrado precisamente en las instancias locales.
Al sexenio todavía le faltan algunos meses; el régimen que tuvo su condena el 2 de
julio, aún no concluye y tenemos que ser todos garantes de que concluya y de que con él
se acaben las manipulaciones y los fraudes al pueblo de México.
Muchas gracias.
Señor diputado: en el orden del día está
usted inscrito para presentar una propuesta.
| El diputado Jorge Alberto Lara Rivera |
Declino, señor Presidente.
Declina. Gracias, señor diputado.
ANALISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA INTERIOR
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara, el licenciado Diódoro Carrasco
Altamirano.
Secretario de Gobernación, invitado a la sesión de esta fecha en que se llevará a cabo
el análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior.
Se designa en comisión, para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto a los
siguientes diputados: Augusto Gómez Villanueva, Federico Granja Ricalde, María Eugenia
Galván Antillón, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Ricardo Moreno Bastida, Julieta Prieto
Fuhrken y Jaime Cervantes Rivera.
Se pide a la comisión cumpla con su cometido.
(La comisión cumple su cometido.)
ASISTENCIA II
Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea
del cierre de registro de asistencias y el número de asistencias registradas.
El secretario José Manuel Medellín Milán:
Señor Presidente, atendiendo a su solicitud informo a usted que al cierre de la mesa de
registro existen 477 diputados registrados.
Gracias, señor Secretario.
ANALISIS DEL VI INFORME DE
GOBIERNO.
POLITICA INTERIOR II
De conformidad con el Acuerdo Parlamentario
aprobado por esta Asamblea y que norma el procedimiento para el análisis del VI Informe
de Gobierno en materia de política interior, nos acompaña el licenciado Diódoro
Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación, a quien le damos la bienvenida.
Para dar cumplimiento al punto segundo, numerales 1, 2 y 3 del mencionado acuerdo, se le
concede el uso de la palabra al ciudadano Diódoro Carrasco Altamirano, hasta por 20
minutos.
Puede hacer uso de la palabra, señor Secretario.
El secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Muchas gracias, señor Presidente de la mesa
directiva de esta Cámara de Diputados; señoras y señores diputados:
Es muy grato acudir a la Cámara de Diputados para glosar y analizar en el ámbito de mi
competencia el VI Informe del Presidente de la República, Ernesto Zedillo, cumpliendo
así con el mandato constitucional.
Por la profundidad, por la trascendencia del quehacer político, encaminado a consolidar
la democracia plena, el balance final del sexenio corresponderá a la historia, pero entre
los saldos que ya podemos aquilatar con claridad a lo largo de los años recientes,
destaca la estabilidad política que goza el país, la reafirmación de la democracia como
propósito constante de gobierno, que culminó en la transparencia, civilidad y
credibilidad de las elecciones federales y estatales recientes y el fortalecimiento de la
vida republicana, expresado en el equilibrio real y el respeto entre los poderes de la
Unión.
Estos rasgos que hoy nos definen y caracterizan, tienen su asentamiento en un nuevo
federalismo auténtico y en una presidencia genuinamente republicana apegada estrictamente
a la ley.
La virtud reconocida del gobierno del Presidente Zedillo, ha sido hacer suyas y encabezar
las transformaciones políticas que se agitaban como anhelo de la sociedad, así como
compartir la vocación de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.
Aquí con el consenso mayoritario de los partidos, se pactaron las reformas que explican
hoy la nueva era electoral, que es signo histórico de nuestra democracia.
Por eso es posible afirmar que el sustento de la estabilidad de México son las
instituciones políticas y sociales, que forjó el pueblo mexicano a lo largo de 70 años
del periodo posrevo lucionario, negarlo es pueril.
Estas instituciones cobijan a todos los mexicanos, sin distinción de partido. Hoy la
estabilidad se afianza con una gobernabilidad democrática que a todos beneficia y de
todos requiere.
La reforma electoral de 1996 fue una reforma visionaria, aprobada por consenso mayoritario
de los partidos políticos, desterró de nuestra vida política los conflictos
poselectorales, que degastaban a la República.
Dio certidumbre a los procesos, aportó condiciones de equidad y garantía de
transparencia y confirió objetividad e independencia a las instituciones electorales.
Con la reforma electoral de 1996 se instituyeron los mecanismos jurídicos necesarios,
para dar total certidumbre a la participación ciudadana. Se consolida el Instituto
Federal Electoral bajo los principios de autonomía y plena ciudadanización.
Al promover y con la posterior aprobación de las reformas a las leyes electorales, el
Ejecutivo Federal cumplió con el compromiso de establecer un nuevo marco para el
desarrollo de sistema de partido.
La composición en las cámaras definió un nuevo
esquema de gobernabilidad, centrado en la construcción de acuerdos que ha implicado un
importante cambio en los procedimientos legislativos y un vasto incremento de iniciativas
generadas y aprobadas por los legisladores. La administración del presidente Zedillo
será reconocida en la historia, sin duda y sin regateo, como un periodo democratizador.
Es preciso aquilatar y aprovechar las lecciones que nos deja el ejercicio democrático
recientemente concluido. En primer lugar, destaquemos la importancia del electorado
compuesto por jóvenes, que por vez primera sufragaron y mujeres que en su gran mayoría
se volcó a las urnas, con plena confianza de que su voto sería respetado y
meticulosamente contado, como en efecto sucedió.
En segundo término, el alto grado de participación ciudadana, la pasión de los actores
políticos y la serenidad y eficiencia de las autoridades electorales, propiciaron el
reconocimiento y el prestigio internacional del país, no por el resultado en sí, sino
por la vocación democrática expresada por la sociedad mexicana, la calidad del proceso
electoral y la solidez de sus instituciones.
En ningún momento, como lo advertimos oportunamente, estuvo en riesgo la gobernabilidad
democrática.
En tercer lugar, las elecciones demostraron la necesidad inaplazable para que todos los
actores políticos se preparen con mayor responsabilidad y compromiso a enfrentar una
competencia política cada vez más dinámica, madura y moderna.
En cuarto lugar, finalmente, observamos un claro mensaje por parte del electorado que no
concedió triunfos absolutos a los contendientes, sino que diferenció su voto para elegir
a los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto en el plano local como
federal, estableciendo así nuevos equilibrios y contrapesos reales en nuestro sistema
político. La sociedad marcó la ruta que obliga a continuar con el acuerdo y con el
consenso político.
En la presente administración se dio un impulso decisivo al nuevo federalismo y al
fortalecimiento de las capacidades de gobierno y de administración de los municipios del
país. En diciembre de 1994 se inició la construcción del Sistema Nacional de
Información Municipal y se creó el ramo 33 del presupuesto federal, por vía del cual el
70% del gasto del Gobierno hoy se destina directamente a los municipios.
En este marco las modificaciones al 115 constitucional, aprobadas por el honorable
Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales en 1999, constituyen un decidido
impulso plural y representativo al municipio, al ampliar sus facultades en materia
administrativa y reglamentaria, en la posibilidad de realizar convenios también con los
gobiernos estatales.
Con el propósito de que los municipios ejerzan plenamente las facultades que les concede
la reforma, se pusieron en marcha programas de apoyo a la renovación municipal, a la
modernización jurídica municipal, al desarrollo institucional de los ayuntamientos y a
la profesionalización, así como el programa de difusión de la cultura municipalista.
El Sistema Nacional de Protección Civil ha recibido un impulso decidido para proteger
mejor a las personas y a la sociedad, ante la eventualidad de un desastre provocado por
fenómenos naturales o humanos. Ese sistema opera en tres etapas: prevención, atención a
la emergencia y reconstrucción. En cada una de ellas se ha logrado incorporar y coordinar
el esfuerzo de científicos, técnicos, tomadores de decisiones, medios de comunicación y
población.
La decisión oportuna ha sido el elemento clave de las modificaciones orientadas a hacer
más eficiente el sistema. Hemos impulsado así la educación para la autoprotección,
difundiendo y socializando la información que facilita la toma de decisiones. También se
ha trabajado en coordinar las acciones conjuntas del Gobierno Federal con gobiernos
estatales, municipales, comunidades y grupos organizados.
La estrategia ha implicado estandarizar los programas operativos en el ámbito estatal y
municipal, instalar los consejos municipales de protección civil, establecer normas
oficiales mexicanas en la materia y homologar las estructuras y el servicio civil de
carrera.
Política migratoria. La política migratoria en México se sustenta en la defensa de la
soberanía y la seguridad nacionales y mantiene un profundo sentido humanista y un
estricto respeto a los derechos humanos, alentando corrientes migratorias que contribuyen
a nuestro desarrollo.
Se han otorgado más de 9 mil 500 declaratorias de inmigrados a extranjeros que han
decidido establecer su residencia permanente en el país y aportar de esta forma su
esfuerzo al desarrollo nacional.
Una prioridad de la política migratoria es contribuir a la protección a migrantes
connacionales en el extranjero. En congruencia con esta postura era necesario cumplir este
propósito primero en nuestro propio territorio, por ello la actual administración
reinició el Programa Paisano en los periodos de alto flujo de retorno de nuestros
connacionales provenientes de los Estados Unidos.
Durante el sexenio se asistió a 5 millones 675 mil connacionales, ampliando las
facilidades para internar sus bienes y garantizarles seguridad, respeto y buen trato por
parte de las autoridades en su visita o retorno a México.
Con el apoyo de los grupos Beta de protección a migrantes que actualmente operan en el
país, se logró atender en el transcurso de este gobierno a 1 millón de personas,
brindándoles orientación y asistencia jurídica.
En 1996 se anunció el Programa de Estabilización Migratoria, con el cual se otorgó la
calidad de inmigrantes a 10 mil 864 guatemaltecos que optaron por quedarse, y a 3 mil 984
se les extendió la naturalización; casi 43 mil más, con casi 43 mil más, se culminó
un exitoso proceso de repatriación. Esta es una muestra palpable de la política de asilo
solidario que ha caracterizado a México y le ha dado prestigio ante el mundo, de lo cual
nos sentimos orgullosos.
Con el fin de simplificar la identificación de los mexicanos, se ha procedido a la
modernización e integración del Registro Civil, a la integración de la base de datos
del Registro Nacional de Población y a la asignación de la Clave Unica de Registro de
Población (CURP). Esperamos que a fines de este año se integre la CURP a todos los
documentos oficiales. A la fecha se ha asignado casi 63 millones de claves y se estima que
tres de cada cuatro mexicanos cuenten con ella a finales del presente año.
En 1996 se instituyó el Programa Nacional de la Mujer; entre los avances más destacados
en materia de equidad de género alcanzados hasta este año, cabe mencionar los
siguientes, porque son resultado de amplias discusiones y consensos: el establecimiento de
las comisiones de Equidad de Género en las cámaras de Diputados y Senadores, así como
una comisión bicamaral denominada "Parlamento de Mujeres de México". Se cuenta
ahora con una nueva legislación sobre violencia intrafamiliar y se crearon instancias de
apoyo a la mujer en 27 entidades federativas. También se concluyó este año la Norma
Oficial Mexicana para la prestación de los servicios de salud que establecen los
criterios para la atención de la violencia intrafamiliar.
La preservación del carácter laico del Estado mexicano es uno de los compromisos
políticos institucionales básicos de este Gobierno. Por ello, la actual administración
ha consolidado las relaciones entre el Estado y las iglesias conformadas por casi 6 mil
asociaciones religiosas con registro.
Lo anterior demuestra la diversidad religiosa que existe en el país y, por tanto, la
necesidad de una coexistencia tolerante, respetuosa, entre el poder público y las
iglesias en el país.
Ningún país en el mundo que ha padecido conflictos con grupos armados, ha practicado una
política tan extensa e intensa para su solución en cuanto a la atención de las causas
que lo motivaron, como lo ha hecho México al tratar el conflicto en el Estado de Chiapas.
En casos similares se ha buscado lograr un acuerdo de paz tras muchos años de lucha y un
elevado costo en vidas humanas, para después comenzar a atender las causas que los
motivaron sobre las cenizas de miles de muertos. México no ha actuado de esa manera.
Por ello, el Ejecutivo Federal ha reiterado su voluntad de seguir insistiendo en la vía
del diálogo y la negociación con el EZLN, con el propósito de alcanzar el Acuerdo de
Concordia y Pacificación a que se refiere la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la
Paz Digna en Chiapas. Junto con ello, se ha emprendido una política social de gran
alcance, orientada a revertir la marginación de los pueblos indígenas y promover el
desarrollo de la entidad, independientemente de filiaciones partidarias, religiosas o
políticas.
En una expresión más de voluntad política, el 7 de septiembre de 1999, se dio a conocer
públicamente la carta abierta al EZLN, denominada "un paso más", para
solucionar el conflicto en Chiapas. A partir de entonces se dio respuesta positiva a los
cinco requerimientos para retornar a la mesa de las negociaciones que estableció el EZLN,
incluyendo la liberación de ex zapatistas presos y la instalación de la Comisión de
Seguridad y Verificación de los Acuerdos de San Andrés.
La propuesta y las acciones que sustentan la estrategia "un paso más", cuyo
contenido fue previamente comentado con la Cocopa y otras organizaciones civiles y
religiosas, hasta la fecha no ha recibido respuesta del EZLN. Es necesario que existan
mejores condiciones de confianza mutua para avanzar hacia la paz, pero sobre todo para
avanzar hacia la reivindicación plena de las demandas sociales de los chiapanecos más
pobres, porque la ausencia de diálogo perjudica particularmente a las comunidades
indígenas en la zona de conflicto.
La presencia del Ejército mexicano en Chiapas obedece a funciones sustanciales de
protección fronteriza, a resguardo de reservas ecológicas y de combate al narcotráfico.
También, no lo olvidemos, el desempeño de sus tareas en emergencias ha sido decisivo,
como durante las tormentas de septiembre de 1998 en la entidad, ayudando ejemplarmente a
la población.
Su acción en la zona de conflicto responde a una declaración de guerra que no ha sido
retirada y a una estrategia de acotamiento cuyos frutos son la inexistencia de
confrontaciones armadas, después de la suspensión al fuego por parte del Gobierno
Federal.
Actualmente en la región prevalecen aún tensiones inter e intracomunitarias y frágiles
equilibrios, además de factores de inseguridad, por lo que su reposicionamiento no puede
darse si no hay diálogo y garantías plenas a la población civil. De otro modo se
tendría posiblemente que lamentar graves consecuencias.
El Gobierno del presidente Ernesto Zedillo ha actuado en forma contundente para que
Chiapas no haya sido ni sea, escenario de conflicto armado. El desafío en el Estado es la
desigualdad, la pobreza, la marginación; contra ella y contra ello estamos todos los
mexicanos.
Por su parte la máxima casa de estudios del país: la Universidad Nacional, ha superado
la difícil circunstancia por la que atravesó el año pasado. No hay ahora un solo
estudiante encarcelado y la institución ha ido recobrando totalmente su normalidad
docente de investigación y de definición de la cultura.
El país vive en paz social pues los conflictos más graves son atendidos dentro de las
vías democráticas, dentro de los cauces legales a través de las instituciones
correspondientes. En ello radica la gobernabilidad democrática que compartimos y
beneficia a todos.
No obstante, para la mayoría de los mexicanos el problema más grave que enfrenta nuestra
sociedad es la inseguridad pública derivada de una delincuencia tanto ordinaria como
organizada, cada vez más sofisticada y agresiva. La complejidad de la criminalidad ha
hecho necesaria la planeación y organización de nuevas medidas para fortalecer a los
cuerpos policiacos, así como a las estructuras responsables de procurar e impartir
justicia. El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como objetivo fundamental
conducir las políticas y programas para prevenir la comisión de delitos y combatir el
crimen organizado a través de una coordinación más eficiente entre los tres órdenes de
gobierno.
Los recursos asignados a la presente administración para la seguridad pública, no tienen
precedente; en los últimos cinco años el gasto acumulado para la seguridad pública
asciende a 27 mil millones de pesos; tan sólo en este año se destinaron a estas tareas
la cifra histórica de 12 mil 255 millones de pesos, fortaleciendo el equipamiento,
infraestructura y el uso de tecnología para combatir el delito; se ha profesionalizado y
capacitado a 97 mil elementos de seguridad pública y de procuración de justicia en todo
el territorio nacional; se ha incrementado la cobertura y capacidad de respuesta de las
instituciones de seguridad y se ha conformado un sistema nacional de información sobre
seguridad pública, que cuenta ya con distintos bancos de datos, de huellas dactiares, de
policías, de armas, de delincuentes, de procesos.
Hoy el Estado mexicano cuenta con la Policía Federal Preventiva, como un cuerpo altamente
entrenado para prevenir la comisión de delitos en el plano federal. La Policía Federal
Preventiva vigila las zonas federales, los puertos, aeropuertos, las carreteras y las
fronteras; su accionar ha permitido la captura de peligrosas bandas de secuestradores y de
traficantes de personas, la reducción sensible de asaltos en las carreteras del país, el
rescate y orden de penales que se encontraban bajo formas ilegales e inaceptables de
autogobierno y la restauración de la normalidad académica en sitios estratégicos como
la propia UNAM, entre otros resultados ampliamente reconocidos por la sociedad.
Como resultado de estas acciones ha disminuido la comisión de crímenes; en 1997 se
llegaron a registrar 15.7 delitos por cada 1 mil habitantes, habiéndose denunciado
entonces cerca de 1 millón y medio de actos delictivos. El crimen llegó entonces a su
máximo nivel. Para 1999 se logró contener esta tendencia y comenzó a operar la
disminución de la criminalidad; se denunciaron 1 millón 318 mil ilícitos, lo cual
representa un índice de 13.4 por cada mil habitantes, monto inferior en casi el 15% al de
1997.
El Gobierno Federal emprendió las tareas estratégicas en materia de seguridad pública
porque significan una política de Estado concebida más allá de un sexenio o de una
coyuntura. Buscamos así, certeza de perdurabilidad y alcance transexenal a las políticas
y a las acciones de seguridad pública que a todos nos conciernen sin distinción de
partido o de orientación ideológica porque se trata de la calidad de vida colectiva, de
la violencia del Estado como orden jurídico y del mejor futuro que deseamos asegurar como
sociedad.
Señoras y señores legisladores: un concepto de gobernabilidad basado en el control
corporativo, en la hegemonía de un partido casi único, en un sistema de reglas no
escritas hemos transitado hacia una gobernabilidad centrada en resolver las causas de las
demandas sociales.
Un régimen político plural y una vida democrática participativa basada esencialmente en
el estado de derecho y en la vocación republicana de los mexicanos.
Hoy las cuentas de la gobernabilidad son claras: México tiene estabilidad y sólidas
instituciones. Vivimos en paz y en pleno ejercicio de las libertades ciudadanas. México
ingresa al Siglo XXI con una democracia consolidada y por ello más fuerte, más fuerte
para enfrentar sus desafíos y para vencerlos. Esta será la tarea cumplida de todos, la
tarea de nuestra República.
Muchas gracias.
Gracias, señor Secretario.
Están inscritos para fijar la posición general de su grupo parlamentario, los siguientes
diputados: del Partido del Trabajo, Félix Castellanos Hernández; del Partido Verde
Ecologista de México, María Cristina Moctezuma Lule; del Partido de la Revolución
Democrática, Tomás Torres Mercado; del Partido Acción Nacional, Armando Salinas Torre y
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Melitón Morales
Sánchez.
Tiene entonces el uso de la palabra el diputado
Félix Castellanos Hernández, por 10 minutos.
| El diputado
Félix Castellanos Hernández: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados; señor Secretario:
Esta soberanía inicia la glosa del VI informe presidencial, presentado el pasado 1o. de
septiembre.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que el análisis debe ir más
allá del periodo que abarca el informe, ya que se debe evaluar la gestión de los seis
años de la actual administración.
En la evaluación integral de este periodo, el balance resulta deficitario y vamos a
explicar por qué.
Tal y como lo establece el informe en el Capítulo II, el concepto de estado de derecho
supone la sujeción de los titulares de los órganos del poder público al mandato expreso
de la ley. Esto es precisamente a lo que aspiramos los mexicanos, a que los funcionarios
no hagan más de lo que la ley los faculta, pero que tampoco hagan menos.
Específicamente nos referimos al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Siendo usted, señor Secretario, quien preside dicho consejo, sabrá que la determinación
de los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en materia de
seguridad pública ha resultado poco menos que ineficaz.
Los mexicanos vivimos en una constante y alarmante inseguridad. Los cuerpos policiales
preventivos son insuficientes e ineficaces. Las policías encargadas de perseguir los
delitos carecen de la debida preparación y eso se traduce en un alto porcentaje de
delitos que quedan sin castigo.
La sociedad mexicana reciente continuamente el ataque de la delincuencia organizada o de
la que actúa en forma individual a su seguridad y patrimonio. Pero también le llena de
indignación el que la justicia se aplique de forma selectiva y en ocasiones para que los
autores intelectuales de delitos queden impunes. Tales son los casos de Aguas Blancas,
Acteal, El Charco, que esperan aún el castigo de los verdaderos responsables.
En el VI informe se señala la creación de la Policía Federal Preventiva como paradigma
del combate a la delincuencia en la previsión de los delitos. Aquí quisiera leer
textualmente algunas líneas del Informe:
"Asimismo, dice el informe, se logró la detección de 51 organizaciones criminales
que trafican con personas, la desarticulación de dos bandas que se dedicaban al tráfico
de armas, el restablecimiento del orden en diversos centros de readaptación social y en
el campus de la UNAM".
Ante ello nos preguntamos: ¿qué el Presidente de la República asimila la función de la
institución de educación superior más importante de este país a la de un centro de
readaptación social?
Señor Secretario, resulta vergonzoso para una institución centenaria como lo es la UNAM
el que se le coloque en el mismo apartado que a los ceresos.
Cuando la Policía Federal Preventiva ingresó a la Universidad, ¿qué orden restableció
si a muchos de los detenidos no se les probó, por parte del Ministerio Público Federal,
responsabilidad alguna?
Otro ejemplo de la impunidad con la que actúan los altos funcionarios federales lo
tenemos en el caso del ex secretario de Turismo. Por medio de la dependencia de la que
usted es responsable, tramitó la licencia para separarse de su encargo, presuntamente
para comparecer a juicio por las implicaciones que el gobierno del Distrito Federal
presentara en su contra.
Cuando por fin decide presentar su renuncia, sencillamente huye. Por cierto, señor
Secretario, ¿los órganos de inteligencia de la Secretaría de Gobernación sabrán
dónde se encuentra Oscar Espinosa para que la Procuraduría pueda aprehenderlo?
En el apartado denominado "del desarrollo democrático", nosotros, a diferencia
de ustedes, consideramos que el resultado de este logro fue gracias a las innumerables
luchas que miles de mexicanos desde hace décadas libraron en contra del partido de
Estado, del autoritarismo gubernamental y del uso de los recursos públicos en beneficio
de unos cuantos.
Debemos señalar en esta dirección, que los partidos políticos decidimos impulsar en
1995 la reforma del Estado y acudimos con el titular del Ejecutivo para pactar esta
inaplazable demanda del pueblo de México.
Sin embargo, en los hechos no hubo voluntad política por parte del presidente Zedillo
para cumplir dicho compromiso. Sólo logramos una reforma electoral de carácter parcial
que implicó modificaciones constitucionales y legales, pero que desde luego no es una
reforma electoral definitiva como lo sostiene el Presidente de la República.
Esta es una asignatura pendiente de impulsar en esta nueva legislatura y queremos
aprovechar esta alta tribuna para convocar a todos los partidos políticos y a todas las
fuerzas políticas y sociales de nuestro país a iniciar un profundo debate que permita,
ahora sí, arribar a una verdadera reforma electoral sí definitiva pero también
equitativa.
Queremos recordarle también, señor Secretario, que los grupos parlamentarios diferentes
al partido al que usted pertenece, en la pasada legislatura impulsaron la creación de una
comisión especial encargada de que no se desviaran recursos públicos federales en el
proceso electoral de este año. Dicha comisión intentó infructuosamente, por la
sistemática negativa de usted a firmar un convenio de colaboración para evitar el uso
clientelar de los recursos públicos.
Debemos también mencionarle la negativa de la Secretaría de Gobernación a transmitir,
dentro de los tiempos del Estado, los mensajes del Instituto Federal Electoral.
Consideramos que esto también debería de haberse presentado en el informe de Gobierno.
Por ello sostenemos que los resultados electorales del 2 de julio fueron posible gracias a
la alta participación ciudadana y el reconocimiento de dicho resultado fue simplemente el
respeto a la voluntad popular.
Pero lo verdaderamente inadmisible en el recuento de la actuación federal respecto al
conflicto en Chiapas, es el siguiente:
Como muchos otros problemas ancestrales no resueltos la cuestión indígena le estalló en
las manos al Estado mexicano el 1o. de enero de 1994. Paradójicamente el mismo día que
se estrenaban dos signos de la globalización neoliberal en México: la entrada en vigor
del TLC con Estados Unidos y Canadá y nuestra supuesta incorporación al club de los
países ricos: la OCDE.
El Ejecutivo hacía ostentación afuera de lo que aquí carecíamos. ¿Cómo ocultar que
la historia indígena real está llena de violentos despojos de tierra, expropiación de
su patrimonio cultural, trabajos forzados, segregación, vejaciones, injusticias,
marginación y muertes por causas absurdas?
Frente a esto, la tecnocracia neoliberal adoptó y ha mantenido un modelo económico
social excluyente respecto a la población indígena. En compensación los modernizadores
zedillistas refuncionalizaron las viejas políticas integracionistas del indigenismo, es
decir, la de destinar limitados recursos económicos, los cuales por cierto se van
quedando en una enorme red burocrática, acompañados del inefable control político
encarnado en los cacicazgos regionales.
En este marco es en donde Zedillo presenta su balance sexenal sobre la problemática
indígena nacional y el conflicto en Chiapas. En el texto del informe nos habla de una
serie de acciones de gobierno dirigidas a atender asuntos agrarios, judiciales,
productivos y asistenciales, de combate a la pobreza, de seguridad pública, civiles,
religiosos, ambientales y de derecho de la mujer.
En el informe también se señala que se promovieron reformas legislativas en los ámbitos
federal, local y municipal, en el marco de reconocimiento a la diversidad cultural de la
nación.
En sí mismas, todas las acciones y medidas antes enunciadas presentan un pobre y muy
discutible panorama del desempeño gubernamental en la materia.
Miente Zedillo al decir que desde el primer día de su administración ha sido inequívoco
el compromiso para alcanzar por la vía del diálogo una paz justa, digna y definitiva. La
aparente disposición del Ejecutivo de resolver el conflicto por la acción trazada en la
Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz Digna en Chiapas, de marzo de 1995, fue
precedida por la celada atroz y cobarde con que se intentó capturar al subcomandante
Marcos y descabezar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en febrero de ese
año.
Con la participación, debemos recordar, del entonces flamante procurador Lozano Gracia.
Posteriormente esa vía fue abandonada totalmente por el Gobierno Federal cuando en agosto
de 1996 se suspendieron las negociaciones con el EZLN y en diciembre de ese año Zedillo
rechazó la propuesta de la Cocopa, derivada de los Acuerdos de San Andrés de febrero de
1996, para legislar en materia de derechos y cultura indígena.
Este "golpe de timón", como suele decir el Ejecutivo, fue acompañado de la
instrumentación de estrategias contrainsurgentes propias de una guerra de baja
intensidad, que se expresaron en la formación de numerosos grupos paramilitares, el mayor
cercamiento militar sobre territorios de influencia zapatista y el intento de promover y
multiplicar conflictos interétnicos.
La masacre de Acteal, perpetrada principalmente sobre mujeres y niños por un grupo
paramilitar y la presentación unilateral de una iniciativa de reformas constitucionales
en materia de derechos y cultura indígenas en marzo de 1998 por parte de Zedillo,
reflejaron claramente la concepción y los propósitos verdaderos del Presidente.
Nada cambió desde entonces, salvo que dicha política se fue intensificando gradualmente.
Pero el pueblo chiapaneco apoyado y alentado por amplias capas de la sociedad civil y por
la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas, decidió el pasado 20 de
agosto, sacudirse el yugo del opresivo régimen y darle la oportunidad a un proceso real
para resolver el conflicto por la vía democrática y avanzar paralelamente por el camino
del desarrollo económico y social para todos los chiapanecos.
En el Partido del Trabajo se refrenda su compromiso absoluto con el pueblo chiapaneco y
con las políticas encaminadas a alcanzar estos fines bajo el próximo gobierno de Pablo
Salazar Mendiguchia.
Finalmente el Partido del Trabajo sostiene categóricamente que la solución del conflicto
en Chiapas allanará sin duda el camino para atender y solucionar los aspectos centrales
de la cuestión indígena como parte fundamental de la agenda nacional. Este es también
el reto del próximo gobierno foxista y la ciudadanía espera que lo cumpla sin trampas y
sin engaños retóricos, en beneficio de la nación.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Castellanos Hernández.
Tiene el uso de la palabra la diputada
María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, por 10 minutos.
| La diputada
María Cristina Moctezuma Lule: |
Con su permiso, señor Presidente; licenciado
Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación; señoras y señores
legisladores:
La instalación de esta nueva legislatura definitivamente inaugura una nueva era política
en México, con un Congreso de la Unión más plural que nunca, pero con la autonomía y
fortaleza suficiente para participar directamente en las decisiones de Gobierno.
Los tiempos en que en las cámaras la glosa del informe era simplemente una defensa a
ultranza de las políticas de gobierno por parte del partido en el poder y una
descalificación en ocasiones intransigente por parte de la oposición, son actitudes que
tienen que quedar en el pasado para romper los cánones a los que estábamos
acostumbrados.
Nuevo Congreso, nuevos tiempos, nuevas formas de hacer política. Hoy cumplimos un mandato
de ley analizando la glosa del informe del gobierno del Presidente Ernesto Zedillo. El
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha hecho una evaluación de
los problemas que enfrenta nuestro país, reconociendo con honestidad y objetividad los
avances logrados y analizando con serenidad los rezagos.
Si hacemos un análisis de la política interior a lo largo de estos seis años de
gobierno, no puede negarse el hecho de que hubo avances políticos importantes. Haber
transitado de un régimen unipartidista a uno plural, haber dado paso a la alternancia sin
que se presentara la violencia, es la muestra más clara del cambio que vive el país.
Los mexicanos estamos por alcanzar un sistema político lo suficientemente maduro y
congruente con la realidad de los nuevos tiempos.
Memorable este año 2000 por la calidad de las elecciones federales. La opinión pública
ha orientado dos vertientes del proceso de transición democrática, ambas centradas en el
Presidente de la República. La primera en donde se reconoce al Presidente como un
competido impulsor de la transición democrática y la segunda tan desmesurada como la
primera, que lo acusa de entregar el poder.
Hay que destacar que el impulso principal de este proceso democratizador no provino desde
Los Pinos ni comenzó en este sexenio, fueron otros actores. Muchos mexicanos que luchamos
por este sueño y que fuimos generando nuevas leyes e instituciones electorales con
fiables que garantizaran contiendas más equitativas y transparentes.
Una vez constituidas estas instituciones, garantes del respeto al sufragio, la elección
del 2 de julio fue un proceso eminentemente plebiscitario en el cambio del régimen. La
noche de la elección el presidente Zedillo sólo cumplió su deber y aceptó el resultado
electoral anunciándolo al país entero, a diferencia de otros mandatarios que en el
pasado se resistieron e incluso combatían los resultados electorales. Ese es tal vez el
mérito de Ernesto Zedillo y por el cual seguramente ocupará una página importante en la
historia moderna del país, que habrá que confrontar con muchas otras páginas reflexivas
ya escritas o que pronto vendrán.
En la presente administración destaca el apoyo que hubo para dotar a las mujeres de una
más amplia y profunda cobertura para asuntos de equidad y así evitar la discriminación
por razones de género. Asimismo, el Gobierno Federal promovió la labor de la Comisión
Nacional de la Mujer, dicha comisión representa un primer paso para impulsar un trato
equitativo entre mujeres y hombres, para una convivencia justa y armónica en todos los
planos de la vida social.
El Partido Verde Ecologista de México reconoce y comparte estos avances, pues siempre
hemos creído y trabajado en pro de los derechos de la mujer. No obstante, no se pueden
ocultar los grandes rezagos en materia social de seguridad pública y el clima de
violencia política que ha vivido el país en muchas regiones de la República.
Dichos asuntos han sido en muchos casos atendidos con tardanza e insuficiencia,
circunstancia que ha dejado insatisfecha a buena parte del pueblo de México. Tenemos el
caso de Chiapas, en donde permanece el conflicto contra el orden institucional alimentado
por las terribles carencias sociales, los cacicazgos políticos y las diferencias étnicas
y religiosas.
No podemos dejar de reconocer que fue un acierto del Gobierno evitar el uso de la
violencia para resolver el conflicto; sin embargo, no se atacaron tampoco las causas que
lo originaron y mantienen. Las masacres de Aguas Blancas, Acteal y El Bosque no han sido
resueltos y tanto los deudos de las víctimas como la sociedad demandan el esclarecimiento
de estos lamentables sucesos.
Por lo que respecta al tema de seguridad, en el informe que analizamos se argumenta que en
razón de la necesidad de enfrentar con toda determinación a la delincuencia
particularmente al crimen organizado, la presente administración impulsó un sistema
nacional de seguridad pública que da respuesta dicen a la exigencia de protección que
tanto anhela la sociedad.
No obstante, como el propio Presidente de la República lo reconociera ante esta
soberanía el pasado 1o. de septiembre, la actual administración fracasó en su intento
de llevar seguridad pública a la ciudadanía. Los ciudadanos están preocupados no sólo
por el mantenimiento del orden y la paz pública, también les alarma el grave deterioro
del medio ambiente y la impunidad de los delincuentes ambientales.
Señor Secretario, probablemente considere usted que lo anterior no es un asunto de su
competencia; no obstante en el artículo 4o. de la Ley que Otorga Facultades a la
Política Federal Preventiva, se establece con toda claridad que los parques nacionales,
las instalaciones hidráulicas, los vasos de las presas, los embalses de los lagos y los
cauces de los ríos, están bajo la vigilancia preventiva de la citada policía.
En el VI Informe se argumentó mucho a favor de la participación de la Política Federal
Preventiva; sin embargo, la responsabilidad tan relevante para la vigilancia y protección
de los recursos naturales de la nación, a tributo de Estado, simplemente ha sido ignorado
y en el informe no hay ninguna mención al respecto. Para el Partido Verde Ecologista de
México la deforestación, la contaminación de las aguas y la invasión ilegal de cauces
de ríos entre otros, son asuntos de seguridad nacional. El problema de la deforestación
y sus alcances no es competencia exclusiva de la Secretaría de Medio Ambiente por su
importancia como recursos renovables e incluso por estar íntimamente ligados a desastres
naturales, los bosques y selvas constituyen un asunto que amerita la atención de la
Secretaría a su cargo y, por ende, de los cuerpos policiacos que de ella dependen.
Las razones y argumentos que sostenemos los legisladores del Partido Verde tienen la
siguiente referencia: el impacto ambiental tiene que ver con el narcotráfico, los
procesos de urbanización derivado de los movimientos migratorios, los desastres
naturales, la dotación de agua a nuestras comunidades etcétera, no existen o no se nos
han sido presentados, respecto a los incendios forestales provocados por bandas o grupos
criminales asociados al narcotráfico, en buena parte de las laderas de la Sierra Madre.
Por ejemplo, el último incendio grave en la zona boscosa de los chimalapas, muy
probablemente fue intencional provocando un impacto ambiental y social; ahora, las
comunidades indígenas que habían habitado en esa selva durante 2 mil años, han tenido
que emigrar debido a ese siniestro, lo que implica una expulsión migratoria terminal
porque ya no hay comunidad a la cual regresar por el irreversible proceso de
reforestación.
Mas aún, la deforestación agrava y magnifica las lluvias; de hecho, el motivo de las
inundaciones no es únicamente la precipitación pluvial, sino la incapacidad del suelo
para encauzar hacia los ríos o filtrarle.
Debido a la deforestación, se han provocado sensibles daños a la población que
repercuten económicamente en el erario público, pues en lo que va del sexenio, el
titular del Ejecutivo ha tenido que declarar en emergencia a múltiples localidades del
país.
Todas estas referencias nos indican la importancia del tema de la protección del medio
ambiente y su íntima relación con la política interior. Para el grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, la deforestación debe ser tratada con una
estratégia de prevención, no con tácticas de rescate y socorro.
México necesita un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto de desarrollo sustentable,
un nuevo pacto social, un nuevo esquema de relación con el poder y una reforma en el
ejercicio del poder político; el reto histórico es enorme y asumirlo implica no sólo
llevar a cuestas un pasado que nos ha impulsado hacia formas inéditas u olvidadas de
hacer política en México, sino también a la recuperación de todos aquellos elementos
de política que puedan operar en la reconstrucción de la nación por un México
sustentable.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Cristina Moctezuma
Lule.
Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, por 10 minutos.
| El diputado Tomás Torres Mercado: |
Con su permiso, señor Presidente; con el de las
señoras diputadas, con el de los señores diputados miembros de esta legislatura.
Licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación:
Tengo el deseo firme de que con la intervención en la voz de un servidor, despierte
alguna inquietud en su serena expresión y comparecencia.
Es así, señor Secretario, que continuamos ante el pleno de esta Asamblea con la glosa
del VI Informe de Gobierno, que el día 1o. de septiembre en curso presentó el doctor
Ernesto Zedillo ante el Congreso General. Lo hacemos luego de analizar el propio informe y
además en el marco de su intervención respecto de los asuntos de la Secretaría que
usted dirige.
El análisis del documento y su intervención de hoy, sería más que limitada si se hace
desde la perspectiva de este último año de la gestión gubernamental. Es preciso
circunscribirla en los objetivos y propósitos que se plantearon en el Plan Nacional de
Desarrollo y en los compromisos que el Presidente de México adquirió ante los mexicanos.
Bajo esta perspectiva, deben abordarse aspectos que a nuestro juicio resultan del interés
nacional, tanto por su importancia cuanto por la omisión en el propio informe.
En efecto, ciertamente el Presupuesto de Egresos que la Federación destinó en los
ejercicios fiscales próximos pasados, fueron significativos en cuanto a recursos
económicos para ser aplicados en el rubro de la seguridad pública. Sin embargo, se
prestigiaron e impulsaron acciones a instituciones con una vocación investigatoria
circunstancial y de atención contingente; poco o nada se hizo en el aspecto preventivo,
tampoco en el capítulo de ejecución de penas y de la readaptación social de la
responsabilidad por la Secretaría de Gobernación. Se insistía especialmente en el
fortalecimiento de corporaciones policiacas con principios de actuación espectaculares y
eminentemente centralistas, anteponiendo a la denominación "federales" para
destacar su nivel de autoridad, sin que ello representara garantía de respeto y eficacia
ante la sociedad. Dichas corporaciones, hay que destacarlo, son el resultado de la
amalgama de diversos cuerpos policiacos, inclusive de las fuerzas armadas.
En algunos casos se violentaron derechos laborales adquiridos y en otros se degradó el
rango y la jerarquía de sus miembros.
La seguridad nacional permanentemente se puso en riesgo, hechos previsibles y evitables
como las muertes de Acteal, Aguas Blancas y Chimalhuacán, así como las actividades
ilícitas, ahora comprobadas, de altos funcionarios civiles y militares, quedan
registradas como hechos que deterioran severamente la fortaleza de las instituciones
nacionales.
Se optó por una política criminal retribucionistas, se dejaron de lado a las instancias
básicas de prevención de las conductas antisociales, como lo son las policías
preventivas municipales y la justicia en ese nivel de competencia.
No existe visión más limitada y reducida que concebir a la justicia y al estado de
derecho desde la perspectiva de la investigación penal, pues ésta, la materia penal, es
la más negativa en el conjunto de una justicia integral.
Se dejaron de lado, se reveló incapacidad para impulsar y definir políticas públicas de
justicia laboral, de justicia agraria, de justicia familiar, de justicia fiscal, entre
otras, que finalmente conforman y concurren al estado de derecho; seguridad pública,
procuración y administración de justicia fueron actividades cuyas fronteras en momento
alguno fueron delimitadas.
Por otra parte, los principios contenidos en la Ley Fundamental que recoge la voluntad del
pueblo de México, de constituirse en una República Federal, deben ser rescatados. En la
práctica, el Gobierno Federal se ha limitado a desconcentrar procesos administrativos,
impidiendo una auténtica descentralización de funciones y facultades en la que los
estados asuman la responsabilidad de decidir y priorizar el destino de los recursos y
atención de sus necesidades.
En el contexto de estas desconcentraciones los estados se han convertido en meros
operadores de nóminas de plantilla de personal. El Ejecutivo Federal dispone aún de
amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo y aplicación de los recursos fiscales
federales, lo que ha provocado señaladas diferencias en el desarrollo regional de nuestro
país.
Desde aquí reitero el llamado a las autoridades federales y estatales para que en el
marco de los procesos políticoelectorales en que se encuentran inmersas algunas entidades
del país, particularmente el que se vive en el Estado de Tabasco, se conduzca por el
camino de la legalidad, es decir, hacer sólo lo que la ley le permite y ordena.
En suma, señor Secretario, recapitular omisiones, y en casos particulares negligencias en
el ejercicio de la política interior del país, pudiera resultar ocioso; son hechos, son
circunstancias que la historia ya registra, el dejar pasar, el dejar crecer problemas
nacionales abrigando la esperanza de que con el transcurso del tiempo se diluirían, como
los casos de la Universidad Nacional, el desdén del que son objeto las universidades
públicas del país, la permanente y cotidiana migración de los connacionales a la Unión
Americana en busca de oportunidades de vida y su correspondencia, su incorrespondencia con
la frontera sur, con nuestros hermanos latinoamericanos.
Sin duda alguna, el tema de Chiapas representa para la administración del presidente
Zedillo uno de los saldos pendientes hoy día para todos los mexicanos. No pudo salvarse
la honra de la palabra y del compromiso político de traer a la vigencia los Acuerdos de
San Andrés Larráinzar.
El reconocimiento de los resultados electorales en la elección presidencial del pasado 2
de julio, no fue un acto generoso; era intrínseca, era moral y políticamente
obligatorio. Los compromisos incumplidos sobre la reforma del Estado se convirtieron en
una asignatura omitida. La estructura y el marco constitucional de competencia de los
poderes del Estado mexicano habrán, seguramente, de replantearse nuevamente.
Finalmente, compañeras y compañeros diputados, asumamos la responsabilidad histórica
como poder constituido para la reforma del Estado en el marco de la Ley Fundamental
vigente y conforme a los principios políticos básicos e irrenunciables.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Tomás Torres Mercado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, por 10 minutos.
| El diputado
Armando Salinas Torre: |
Con su venia, diputado Presidente; compañeras y
compañeros legisladores; señor secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco
Altamirano:
Usted acude a esta tribuna cuando finaliza la administración del presidente Zedillo,
quien no se caracterizó por su capacidad para atender y resolver los problemas políticos
del país. Muestra de ello es que la dependencia a su cargo ha sido ocupada hasta ahora
por cuatro titulares, quienes no pudieron, no supieron o no quisieron controlar los
cacicazgos existentes en su propio partido; se dedicaron a combatir a sus enemigos
considerando como tales a quienes no coincidían con su postura, menospreciaron y
olvidaron el grave problema social que existía en Chiapas, incluso hubo quien consideró
una pantomima lo que ahora se califica como un asunto de seguridad nacional. Hicieron poco
o nada por la política interior del país o se preocuparon más por su candidatura
presidencial que de los problemas políticos de México.
El actual Gobierno ha establecido como estrategia hablar de la importancia de la
democracia, pero ésta no siempre fue refrendada por los hechos. La sociedad mexicana ha
demandado que platicar la democracia es mucho menos importante que llevarla a cabo y
vivirla cotidianamente.
Aceptar los acontecimientos importantes sólo por el mandato superior e ineludible, como
fue el resultado del pasado 2 de julio, no es una actitud democrática. La transición en
México no es obra del doctor Zedillo, ésta no fue pactada, ésta fue a pesar, ésta fue
votada y el mérito de ello es única y exclusivamente del pueblo de México.
El Presidente inició su mandato con la promesa de una auténtica división de poderes,
habiendo ofrecido gobernar dialogando con el Poder Legislativo, prometiendo fortalecer ese
diálogo por medio del respeto y la verdad.
Desde la instalación de la pasada legislatura, el Ejecutivo realizó un desdén
permanente en cuanto perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, negó en forma
sistemática y selectivamente información al Congreso.
El Ejecutivo Federal se rehusó a proporcionar la información solicitada por la Cámara
de Diputados sobre el rescate bancario; fue necesaria la intervención de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación para que se le ordenara al Presidente de la República que
cumpliera con la solicitud antes mencionada.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral, del cual ahora resalta el Ejecutivo en
su informe su carácter imparcial y democrático, solicitó al Gobierno Federal la
suspensión de ta difusión de las obras públicas realizadas por la administración
zedillista, porque se trataba de promocionales electorales veladamente en favor del
candidato oficial que vulneraban principios elementales de equidad y de democracia.
Usted, señor Secretario, desdeñó tal solicitud y declaró más, aun ante los medios de
comunicación, que no se vislumbraba el triunfo de la oposición.
No obstante que se ha destacado en forma reiterada que México vive en un estado social y
democrático de derecho, existen algunos casos que cuestionan seriamente dicha
afirmación.
Titulares del Ejecutivo locales ahora se encuentran prófugos de la justicia o en vías de
ser sometidos a un proceso penal por el desempeño de sus funciones. Tal es el caso de
Mario Villanueva, Jorge Carrillo Olea y Oscar Espinosa Villarreal, quienes como muchos
otros, han utilizado el fuero constitucional como escudo de impunidad.
La ausencia de un estado de derecho se percibe por la violencia ocurrida en Aguas Blancas,
Acteal e incluso Chimalhuacán, originada con motivo del conflicto entre los distintos
grupos de poder.
Podemos decir que estamos ante un Gobierno que pretende minimizar los acontecimientos, de
retirarse de la responsabilidad que el ejercicio democrático demanda y la ley impone.
Al respecto, la sociedad condena el silencio que se guardó en todos y cada uno de los
informes de gobierno respecto a los problemas de enorme relevancia para el país.
Señor Secretario: aún faltando dos meses y medio para que concluya la presente
administración, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional le hace patente una
inquietud importante: no queremos que se acentúe esa despreocupación con que siempre se
actuó ni que se deje a su libre albedrío por vacío de autoridad, a las fuerzas de los
diversos intereses que se niegan a aceptar la nueva realidad política por la que transita
México.
Se aproximan dos procesos electorales de carácter local y lo conminamos a vigilar que la
actuación del Gobierno Federal sea con respeto a la ley y a los principios de la
democracia; pero no sólo en el tema electoral, sino en toda la esfera de atribuciones de
la Administración Pública Federal y en especial de la dependencia a su cargo.
Uno de los temas que más agravia y preocupa a los habitantes de este país, que
constituye una de las razones que legitiman la existencia del Estado, de los principales
compromisos de Ernesto Zedillo cuando en este recinto tomó posesión como Presidente de
la República, de las responsabilidades más importantes de la Secretaría de
Gobernación, es la coordinación de las acciones de seguridad nacional, seguridad
pública, prevención y readaptación social, así como organizar y dirigir la Policía
Federal Preventiva.
Nunca antes, hay que reconocerlo, el Poder Ejecutivo Federal había contado con tantos
recursos para combatir la inseguridad, pero también nunca antes la sociedad había
manifestado tanto temor al delito, como lo hace ahora.
Ernesto Zedillo Ponce de León, como él mismo lo ha reconocido, fracasó en su tarea de
garantizar la tranquilidad a las familias mexicanas.
Desde 1996 al año 2000, los recursos con los que contaba el Sistema Nacional de Seguridad
Pública crecieron más de 470 veces. Al menos los recursos asignados a las dependencias
federales responsables de la seguridad pública crecieron 10 veces más. No obstante ello,
al parecer, no fueron suficientes, de acuerdo con el informe del Presidente de la
República, ni siquiera, según los datos oficiales, para detener el incremento de los
delitos federales denunciados.
El Ejecutivo Federal insistió cuantas veces pudo que el 95% de los delitos denunciados
son responsabilidad de los gobiernos estatales. Este argumento no es legítimo por dos
razones:
Primero. Porque el Gobierno Federal no ha disminuido la delincuencia que le corresponde
enfrentar y
Segundo. Porque dispone a través de las dependencias federales, de casi el 50% de los
recursos totales asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
¿Cómo explicar a la sociedad que aun incrementando aceleradamente los recursos, aun
habiendo creado una ley y un Sistema de Coordinación Nacional, la inseguridad haya
aumentado, tanto en términos objetivos como en la percepción de todos los mexicanos?
Si la ineficiencia no fue por recursos ni por falta de instrumentos jurídicos ni por
falta de reformas administrativas, ¿entonces cuál es la causa del fracaso?
Señor Secretario, la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla de que
el Sistema Nacional opera desde 1996. Esto se desmiente, por el solo reconocimiento de que
recientemente el año pasado, se puso, se instaló y empezó a operar el centro de proceso
central requerido para administrar el Registro Nacional de Huellas Dactilares y Centro
Nacional de Conversión, lo contempla el mismo informe, que son nada menos que los
registros de los responsables de los delitos de las personas de seguridad nacional.
Mas aún, no se informó si los elementos que fueron transferidos del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a la Policía Federal Preventiva, cumplen con
los requisitos y procesos de selección establecidos en la ley que aprobó este Congreso,
insisto señor Secretario, de eso tampoco se informó.
La ausencia de una policía civil que cumpla con los principios constitucionales de
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, aunado a una deficiente estrategia del
combate al narcotráfico, ha motivado que se coloque a nuestras fuerzas armadas en una
situación delicada para el Estado mexicano.
Desde hace algunos años se ha denunciado el grave riesgo y los inconvenientes de utilizar
al Ejército y la Armada en el combate a la delincuencia y al narcotráfico, y en general
en las tareas que en principio no deben de ser de su competencia, toda vez que no están
formados como policías, sino como militares.
Los casos de los generales Gutiérrez Rebollo, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo,
constituyen una llamada más de atención para modificar dichas estrategias. Una más de
muchas omisiones que encontramos en el informe del Presidente de la República, es el
número de mexicanos que han muerto en el combate a la delincuencia, desde aquí nuestro
reconocimiento y gratitud.
Señor Secretario; compañeras y compañeros legisladores: la democracia de la cual nos
enorgullecemos en estos días, debe de ser refrendada en los hechos, de nuestra parte, el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la disposición de hacerla
efectiva y construirla cotidianamente.
Lo mismo esperamos de nuestros interlocutores como de este Gobierno, que junto con un
sistema político termine.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Armando Salinas Torre.
Tiene el uso de la palabra el diputado Melitón Morales Sánchez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, por 10 minutos.
| El diputado
J. Melitón Morales Sánchez: |
Señor Presidente; señoras y señores
diputados; señor secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano:
Lo saludamos con respeto, con afecto, es usted bien recibido.
En nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a fijar
la posición en relación con temas que tienen que ver con la política interior del
país, con la reforma democrática y la estabilidad social y con esa sentida demanda de la
ciudadanía, que es la seguridad pública.
El informe presidencial contiene precisiones claras, sobre logros y dificultades que
vivió la República en los últimos años, que fueron tiempos de cambios profundos.
Desde el Gobierno los priístas hemos conducido la construcción del México moderno,
procurando que sea un país de leyes, de instituciones, de libertades, no somos aún una
sociedad perfecta, pero nuestras conquistas son enormes, nada tiene que ver el México de
hoy con la injusta, aldeana y débil República del porfiriato.
A lo largo de décadas de estabilidad y paz social y de progreso continuo, creamos una
enorme infraestructura de servicios y facilidades para la vida comunitaria que hoy nos
permiten a los mexicanos vivir por lo menos el doble de lo que vivieron nuestros padres en
aquellos tiempos anteriores a la Revolución.
Nuestro pueblo tiene hoy, hasta en el más apartado
rincón de la geografía mexicana, acceso a la educación, a los servicios de salud y
comunicaciones con el resto del mundo. Hay, no obstante, pobreza sobre todo en el campo,
pero la nación crece, la nación se desarrolla; los obreros, los campesinos y los demás
sectores populares gozamos de las garantías ciudadanas contenidas en la Constitución
Política que nos dio la Revolución de 1917. Tenemos que reconocer cifras rojas en lo que
a equidad y equilibrio socioeconómico se refiere; subsiste la pobreza extrema en amplios
sectores del pueblo. En esos desequilibrios se funda sin duda, el crecimiento de la
inseguridad ciudadana, porque la pobreza y las necesidades extremas son el caldo de
cultivo universal de todos los desajustes y todas las violencias.
No entendemos la seguridad pública como un problema puramente policíaco, como un
fenómeno social aislado o sólo como producto de influencias externas o tendencias
delincuenciales. La vemos como un producto de múltiples causas y factores, por eso en
nuestra agenda parlamentaria el combate a la pobreza y las desigualdades extremas tienen
la más alta prioridad y será nuestra principal y permanente línea de acción, en
íntima relación con los sectores más afectados y agraviados.
Ahora bien, tenemos que reconocer que el campo de la madurez cívica y política de
nación ha sido en estos últimos años, la mejor expresión de nuestro esfuerzo hacia la
modernidad. Está también el sólido andamiaje de las leyes e instituciones que articulan
y hacen viable la paz, la gobernabilidad y el progreso de la nación y sobre todo se
sustenta en la norma suprema que es la Constitución Política que nos rige y que a pesar
de los cambios y modificaciones que ha sufrido en los 83 años de su espléndida vigencia,
contiene y expresa los principios y los valores de un proyecto mexicano de nación que
surgió con Juárez y la generación de la Reforma.
La democracia que impulsa los cambios político-electorales y nuestras transformaciones
sociales, son parte de ese proyecto de nación; no es copia ni mandato venidos de fuera,
es parte muy íntima y sustancial del modelo de sociedad que nos encargaron construir los
padres constitucionalistas en 1917.
La democracia no es para nosotros los priístas, sólo una moda o un compromiso pasajero;
es parte innegociable de nuestras convicciones y de nuestro proyecto de nación. El
mandato democrático del pueblo es para sumar, no para restar; para alternar, no para
desplazar ni destruir, por eso los mismos electores nos dieron a los priístas la mayoría
en esta Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores.
Queremos a México económicamente próspero, socialmente justo e internacionalmente
soberano, pero lo queremos también profundamente democrático, más allá del simple
ritual electoral. Para nosotros el mayor valor del ejercicio democrático radica en su
capacidad de abrir el poder al pueblo en el Gobierno de la República, en todos sus
niveles, en todos sus órdenes. La gobernabilidad democrática se sustenta en la paz y en
la seguridad de la sociedad.
La seguridad pública tiene como fin el salvaguardar la integridad y derecho de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. A este concepto
amplio de seguridad pública, queremos arribar los mexicanos, queremos sentirnos
protegidos y seguros. No queremos padecer más atentados contra la integridad de nuestras
familias y nuestros patrimonios, pero comprendemos que esa seguridad sólo puede ser
consistente y perdurable en una sociedad justa, libre y democrática.
Reconocemos los esfuerzos del Gobierno en estos rubros. Hay ahora bases sólidas para
construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cuenta con corporaciones
capacitadas en proceso de consolidación; instrumentos y mecanismos legales y
administrativos para enfrentar la lucha contra el crimen en forma coordinada entre los
tres órdenes de gobierno, pero debemos ser enfáticos.
La sociedad se siente agraviada; sin duda tenemos también una responsabilidad para
impulsar nuevas medidas específicas que permitan combatir a fondo la delincuencia y el
crimen organizado. En ello tenemos una gran corresponsabilidad los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Tenemos que recuperar como patrimonio social, la seguridad
pública que nos arrebata la delincuencia; asidos a los valores sociales y cívicos, así
como al respeto a la legalidad, lograremos que en nuestra sociedad deje de permear
el sentimiento de inseguridad y angustia que hasta ahora hemos enfrentado.
Convocamos a todos los grupos parlamentarios a combatir juntos este flagelo, profundizando
en las reformas sociales del Poder Judicial y del marco legal de los cuerpos de seguridad;
exijamos a las autoridades eficacia en el combate a la delincuencia. Convoquemos a la
sociedad a tener mayor participación y contribuyamos a ello cumpliendo cabalmente con
nuestra función legislativa.
Asimismo, manifestamos que resulta de la mayor relevancia para los migrantes mexicanos,
garantizar una política migratoria de protección a nuestros connacionales y explorar
ordenamientos innovadores en la materia. Los miles, millones de trabajadores migratorios
mexicanos, deben de saber que en el PRI encontrarán respaldo y compromiso para la
solución de sus demandas.
Señoras y señores diputados: el grupo parlamentario priísta en esta Cámara, valora
responsablemente los avances en materia de política interior, pero también es consciente
de que aún hay grandes temas nacionales que requieren mayor atención. En materia de
política interior, las cuestiones nunca están resueltas de una vez ni para siempre. A
una etapa de estabilidad y paz interna, pueden proseguir momentos de agitación y
conflicto; a un periodo de aprecio por los derechos humanos, situaciones de represión
selectiva generalizada; a una etapa de conducción institucional y democrática de la
autoridad, circunstancias de excesos, arbitrariedades y autoritarismos.
Queremos refrendar ante la nación, que el compromiso del priísmo en materia de política
interior, es cuidar la vigencia de nuestro estado de derecho; propiciar el eficaz
desempeño de las instituciones de Estado para garantizar la convivencia armónica y
respetuosa en el marco de la ley; estar vigilantes para que quienes ejerzan el gobierno,
no importa su signo ideológico, no tiren por la borda las conquistas en materia de
garantías individuales y derechos de asociación y libertad de expresión que tanto han
costado a nuestro pueblo y que los gobiernos priístas han sabido preservar.
A acrecentar el ambiente de tolerancia, convivencia pacífica y participación
democrática, es a lo que nos comprometemos; es el signo de los tiempos, es la visión del
PRI.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
En los términos del acuerdo que rige esta comparecencia, hará uso de la palabra el
licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación, por 10 minutos.
Tiene usted la palabra, señor Secretario.
El secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Muchas gracias, señor Presidente:
En las distintas intervenciones que hemos escuchado del señor diputado Félix
Castellanos, del Partido del Trabajo; de la diputada María Cristina Moctezuma, del
Partido Verde Ecologista de México; del diputado Tomás Torres Mercado, del PRD; del
diputado Armando Salinas, del Partido Acción Nacional y del diputado Melitón Morales,
del PRI; hay un denominador común que me gustaría abordar en esta oportunidad. Dos temas
de manera particular destacan y se insisten en cada una de las inter venciones: uno es el
que tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, su concepción, sus
alcances, sus logros y los distintos cuestionamientos que aquí se han planteado. Y el
otro de manera especial hace énfasis en Chiapas, en la política que se ha adoptado en
Chiapas para poder atacar a fondo las causas que motivan el levantamiento, así como la
postura del Gobierno del presidente Zedillo en relación a los Acuerdos de San Andrés.
Permítanme abordar en primer término estos dos grandes temas. El Sistema Nacional de
Seguridad Pública y creo que vale la pena subrayarlo porque nos puede evitar muchas
confusiones, no es un órgano de autoridad; no es un órgano que sustituya a una
institución o instituciones de seguridad pública en los estados de la República; no es
un órgano operativo que intervenga en operativos policiacos; no suple a ninguna autoridad
en materia de prevención, procuración o administración de justicia y no realiza
investigaciones ni labores de inteligencia; no otorga licencias ni credenciales. El
Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia de coordinación, para coordinar
justamente acciones de seguridad pública entre dependencias federales, dependencias
estatales y dependencias municipales; es una instancia que sesiona para discutir
prioridades de la Agenda Nacional de Seguridad Pública y en consecuencia plantear
demandas de recursos financieros al Congreso de la Unión, como lo haremos próximamente
cuando se discuta este tema. Es una instancia que busca y provee recursos tecnológicos
para apuntalar las tareas de prevención, de investigación, de procuración y de
administración de justicia, así como de readaptación social a las instancias operativas
responsables que en este caso son fundamentalmente los gobiernos de los estados de la
República y el gobierno del Distrito Federal.
Y comento esto porque el 95% efectivamente, de los delitos que alimentan el índice
nacional delictivo son delitos que corresponden al fuero común, que compete atender,
prevenir, resolver, a las propias autoridades estatales a través de sus cuerpos de
seguridad pública, de sus ministerios públicos, y esto no es aludir el problema, es
reconocer un fenómeno que tiene diferentes significados, alcances y tamaños en la
República. Así como hay estados en la República que tienen indicadores de inseguridad
muy por debajo de la media nacional, como pueden ser algunos estados del sureste, hay
entidades de la República que jalan el promedio de inseguridad hacia arriba, como son
estados del centro del país o como son estados del norte del país, notablemente Baja
California y Jalisco o el Distrito Federal y es un fenómeno que tenemos en el país y lo
que se busca es enfrentarlo y atenderlo en coordinación con las autoridades estatales,
señores legisladores.
¿Qué hace el Sistema Nacional de Seguridad Pública en consecuencia?, es un esfuerzo de
corresponsabilidad; es un esfuerzo de corresponsabilidad que abre vías para contribuir a
resolver el tema de la seguridad pública entre todos, no solamente al Gobierno Federal
que tiene su parte por supuesto y para eso ha constituido y ha creado la Policía Federal
Preventiva, cuyo nombre federal no tiene otra connotación que no es el hecho justamente
de lo que la propia definición de la policía federal tiene como atribución y función:
prevenir y atender delitos de carácter federal, atender esfuerzos preventivos en zonas
federales, carreteras federales, puertos, aeropuertos, fronteras. Esa es la tarea de la
Policía Federal Preventiva y delitos que tienen que ver con el orden federal como los
delitos de "cuello blanco", contribuir en la tarea contra el narcotráfico,
sobretodo en materia de investigación y por supuesto el tema que tiene que ver con grupos
armados y secuestros, entre otros delitos particulares que ahora referiré cuál es el
resultado de esta policía en cada uno de estos temas.
El presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hace apenas tres años,
señores legisladores, no teníamos efectivamente un Sistema Nacional de Seguridad
Pública, motivado por muy distintas razones que quizá no vengan al caso comentar en esta
tribuna, pero entre otras cosas por descuido, por abandono; se dejaron crear problemas que
pusieron en riesgo la seguridad pública en el país.
Se comprometió este Gobierno y el presidente Zedillo con la sociedad, con los gobiernos
de los estados, con el Congreso, a impulsar una gran cruzada nacional contra el crimen y
la delincuencia organizada.
Así se planteó este propósito. Esta gran cruzada implicaba, entre otras cosas, diseñar
un sistema, instrumentos, mecanismos de información, contar con los recursos humanos, con
las técnicas de información, con los avances tecnológicos necesarios que posibilitaran,
en coordinación, insisto, con autoridades estatales y municipales, diseñar y poner a
operar un sistema nacional de seguridad pública.
Tenemos tres años que se inició este esfuerzo, que se inició coordinado desde la
Secretaría de Gobernación, en una tarea institucional, con una visión de Estado y, por
supuesto, con una visión, en consecuencia, de largo aliento, de largo plazo para un reto
mayúsculo en la República.
¿Cuáles son los resultados hoy?, cuando se habla de más de 12 mil millones que se
están ejerciendo en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se cuestionan
los resultados. Estamos construyendo un mecanismo para combatir al crimen y a la
delincuencia organizada.
Y quiero decirles muy rápidamente que para qué están sirviendo estos recursos. En
primer lugar, para atender el tema central, que es preocupación de todos: la
profesionalización de los cuerpos policiacos. No podíamos partir con un esfuerzo
profesional si tenemos cuerpos policiacos con una enorme heterogeneidad, mal pagados, peor
preparados y pésima mente equipados.
la primera tarea fue dedicarnos a impulsar, con los gobiernos de los estados, un sistema
que nos permitiera evaluar el nivel académico, técnico, operativo de los cuerpos de
policía en el país, en todo el país, en coordinación con los gobernadores de los
estados.
Esto ha significado un monto muy significativo, muy importante de recursos, recursos que
se han destinado a evaluar a más de 106 mil elementos policiacos a la fecha en todo el
país y a capacitar, hoy tenemos ya capacitados, juntos 135 mil elementos que equivalen
casi al 47.5% del personal de seguridad pública en el país.
Cinco academias regionales de capacitación para la seguridad pública están
terminándose. La primera, en Sinaloa, ya fue inaugurada; cuatro más inauguraremos en el
transcurso de las próximas semanas para dar cobertura regional a las demandas de
capacitación de los distintos estados y municipios del país.
Se ha incrementado también la cobertura y capacidad de respuesta de los cuerpos de
seguridad pública. Por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo con los gobiernos de
los estados para que aquellos cuerpos policiacos que han sido evaluados y capacitados
puedan tener una mayor remuneración que refleje el esfuerzo que están haciendo para
profesionalizar su actividad.
Se ha incrementado sustancialmente el equipamiento en corporaciones. Se han destinado
recursos muy importantes para la adquisición de patrullas, helicópteros, lanchas; se han
destinado recursos muy significativos para comprar los implementos básicos que tienen los
cuerpos policiacos: chalecos, radios, armamento que cotidianamente y ustedes lo ven
reflejado en los medios de comunicación, están haciéndose entrega por parte de los
respectivos ejecutivos estatales y del propio Gobierno Federal.
Se ha impulsado otro eje fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la
construcción de un sistema nacional de información. Un sistema nacional de información
que no teníamos para combatir la delincuencia organizada. Que no teníamos para contar
con bancos de datos fundamentales. El banco de huellas decadactilares, el banco de armas,
banco y registro de armas, el banco de procesos, el banco de policías, entre otras cosas
fundamentales, así como los mecanismos de información que, de acuerdo a las
características y necesidades de cada entidad, se han venido implementando en este
sistema nacional de información que evidentemente no ha requerido pocos recursos; ha
requerido una gran inversión por la tecnología encriptada, especializada, que hoy nos
permite operar con un sistema de voz, de datos y de imagen para la seguridad pública en
el país.
Se ha echado a andar una red nacional de telecomunicaciones, que es justamente este
esfuerzo por crear una red que enlace a todas las entidades del país en materia de
seguridad pública. Se han instalado 16 redes estatales; estamos instalando 10 redes
básicas más y estamos enlazando los mecanismos de información para la seguridad con la
Sedena, con la PGR, con la propia Secretaría de Gobernación y, por supuesto, con este
instrumento operativo que es la Policía Federal Preventiva.
Y finalmente se están destinando recursos fundamentales al tema de la construcción y
dignificación de estructura penitenciaria que está permitiendo que se construyan en este
Gobierno prácticamente 46 mil espacios más.
Ese es el destino de los recursos. Termino mi comentario porque se ha acabado el tiempo
con este primer tema señalando lo siguiente:
Si bien compartimos la opinión y la preocupación de que el monto de los recursos cuando
se está construyendo un sistema, no se refleja necesariamente en los rápidos resultados
que requiere la ciudadanía para tener confianza y certidumbre en el combate al crimen y
la delincuencia organizada. Tampoco permanecen estáticas las cifras y los indicadores.
Hemos pasado, como comenté hace unos momentos, de
15.4% a 13.5% en el índice delictivo nacional y en algunos estados de la República ha
sido muy sensible la disminución de este índice delictivo, merced a la operación de los
nuevos mecanismos de seguridad.
Este no es un esfuerzo sexenal. Este no es un esfuerzo partidista. Este no es un esfuerzo
que reconozca frontera física. Es un esfuerzo que tiene que visualizarse como está
visualizado: con una visión de Estado y de largo plazo, que esperamos se continúe en los
próximos años para el bien del pueblo de México.
Muchas gracias, señor Secretario.
PRIMER TURNO DE PREGUNTAS
Pasaremos a dar cumplimiento a lo establecido en
el acuerdo que regula y rige esta comparecencia.
En el turno de preguntas y respuestas están inscritos
por los grupos parlamentarios para formular sus preguntas, por cuatro minutos, los
diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; María Cristina Moctezuma
Lule, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Miguel Barbosa Huerta, del Partido de
la Revolución Democrática; José Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional y Patricia Aguilar García, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Quiero solicitarles su apego a las normas que rigen esta comparecencia, procurando
apegarse al tiempo establecido y votado por esta Asamblea.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.
| La
diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Con su permiso, señor Presidente:
Señor Secretario: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene particular
interés en que usted explique las determinaciones aplicadas respecto de algunos temas
adicionales, no tratados por razones de tiempo en nuestra intervención inicial. La
similar situación estructural de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que en el discurso oficial
se toma para explicar buena parte de los problemas sociales y económicos, de marginación
y pobreza extrema en esas entidades estaría en la base para comprender el surgimiento y
las acciones de grupos armados. En un caso el EZLN, en los otros dos el EPR, el ERPI y
otros grupos.
En los hechos específicos de El Charco, municipio de Ayutla, Guerrero, el Ejército
Mexicano llevó a cabo una operación de exterminio en contra de integrantes del ERPI y
civiles que se encontraban en la escuela de esa localidad. Esta acción mostró la
negativa del Gobierno Federal para encontrar por la vía de la negociación política
soluciones a los problemas sociales.
La acción del Ejército Mexicano se tradujo en flagrantes violaciones a las garantías
indivi duales y a los derechos humanos de estos mexicanos que se rebelaron frente a causas
sociales que el propio Gobierno reconoce en otros lugares del territorio nacional.
Señor Secretario: ¿no le parece que existe un divorcio entre el discurso de la propuesta
de la supuesta tolerancia que formulara el Ejecutivo y la decisión represiva aplicada por
los cuerpos de seguridad? ¿Cuántos hechos más como los de El Charco, Aguas Blancas,
Acteal, la UNAM y otros tendrán que ocurrir para cambiar en un genuino sentido social las
políticas públicas?
Señor Secretario: todos sabemos que cerca de 1 millón de mexicanos indocumentados se
dirigen anualmente hacia los Estados Unidos para cruzar la frontera en busca de
oportunidades económicas que no encuentran en nuestro país. En este intento
frecuentemente son víctimas de enganchadores, polleros y cuerpos policiacos, quienes
impunemente los roban, agreden física y eventualmente los matan.
Nada al parecer se ha hecho por parte de las autoridades para acabar con esta situación y
para aquellos que por fortuna logran sortear estos problemas, les aguarda el riesgo de
morir en algunas de las múltiples vías que rigen para cruzar la frontera.
Señor Secretario: más allá del limitado paliativo que representa la acción del grupo
Beta, ¿de qué manera las políticas implementadas por la dependencia a su cargo han
contribuido a atender debidamente esta problemática?
Señor Secretario: refiriéndome a otro asunto, le solicito atentamente que explique ante
esta soberanía ¿qué ha hecho la Secretaría de Gobernación en contra de las graves
atrocidades cometidas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la
Policía Federal Preventiva y la Judicial Federal y otros cuerpos policiacos sobre los
migrantes centroamericanos que diariamente se internan en nuestro país en busca de las
oportunidades de mejoramiento para ellos y sus familias que no tienen en sus lugares de
origen?
Hablamos de detenciones violentas, maltratos, violaciones sexuales contra mujeres,
vejaciones de todo tipo y retención en lugares clandestinos en condiciones infrahumanas,
tal como ha sido ampliamente documentado por una empresa televisiva en días recientes.
Señor Secretario, ¿qué nos puede decir al respecto?
Finalmente le pedimos una explicación respecto de la expulsión apresurada de supuestos
miembros del ETA a España, sin la previa solicitud de extradición por el gobierno de ese
país. El procedimiento así seguido hace suponer que se ha pasado por alto garantías
individuales consagradas en nuestra Carta Magna y los derechos humanos más elementales.
Gracias.
Muchas gracias, señora diputada.
Tiene, para dar respuesta, el uso de la palabra el señor Diódoro Carrasco, secretario de
Gobernación, hasta por ocho minutos.
El
secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora diputada Rosalía Peredo Aguilar nos ha planteado la preocupación que hay en
relación a la situación social de rezago, de marginación, en estados del sursureste de
la República, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas y plantea que si esto, como se afirma en
algún párrafo del VI Informe de Gobierno, es o ha sido una de las causas que explican el
surgimiento de grupos armados como EPR, ERPI, EZLN.
Permítame abordar primero este primer tema, porque me parece que se ha insistido como una
tesis que queda perfectamente explícita en el informe del presidente Zedillo, de que el
compromiso, la preocupación central, además de las medidas de contención, además de
los esquemas de acotamiento, pero sobre todo además del esfuerzo político por impulsar y
recuperar espacios de confianza y de diálogo a los que me he referido con la carta de
1999 en el caso particular de Chiapas, que es un muy buen ejemplo para contestar este
comentario, ha sido precisamente la búsqueda de alternativas de solución a las razones,
a las causas que a juicio del Gobierno de la República explican en buena medida el
surgimiento de este tipo de conflictos.
En el caso de Chiapas en particular, se ha desplegado una muy intensa, profunda política
social, que ha significado no solamente recursos muy importantes, sino un esquema de
coordinación y de participación de dependencias federales y estatales, para atender los
retos principales en materia de rezago social.
Entre 1995 y este año 2000 se han invertido en Chiapas del orden de 76 mil millones de
pesos a precios constantes del último año, que nos permiten hoy evaluar y ponderar
resultados muy importantes en un tema que a juicio del Gobierno es un tema que explica no
por sí solo, pero que explica en una buena proporción el origen de estas muchas
legítimas inquietudes de carácter social que han derivado desafortunadamente en este
tipo de movimientos armados.
Y estos recursos que se han destinado a educación, a salud, a resolver problemas de agua
potable, de comunicaciones, que se han destinado a impulsar solución de problemas
agrarios, de proyectar y generar alternativas productivas en materia agropecuaria, de
proteger recursos naturales, de impulsar esquemas de desarrollo regional y de empleo
temporal, sin duda, como lo establece el informe, han permitido arrojar resultados muy
importantes; resultados tan importantes como el incremento de más de 24% de la matrícula
escolar en este periodo; resultados tan importantes como la creación de 140 nuevos
centros de salud y clínicas que incrementan sustancialmente la infraestructura
hospitalaria y de salud pública; resultados tan importantes como la construcción de
varios sistemas de agua potable, 24 en grandes zonas urbanas, núcleos urbanos y 1 mil 216
en zonas rurales, aumentado la cobertura de servicios de agua potable de 65% a 76% en este
periodo o la construcción de una gran cantidad de caminos que ha permitido ampliar para
fines de seguridad, pero también de desarrollo regional, la red carretera en el Estado o
la firma de acuerdos agrarios para generar esquemas de estabilidad y desarrollo con 60
organizaciones campesinas y 112 grupos independientes.
Bueno, éste es el esfuerzo en materia de política social, entre otros temas
fundamentales que se están haciendo en Chiapas, además por supuesto de la creación de
300 mil empleos temporales en seis años o la atención a casi 288 mil familias dispersas
en más de 5 mil localidades, como el programa de educación, salud y alimentación.
Yo creo que éste es el reto fundamental que tenemos en entidades como Chiapas, como
Oaxaca y como Guerrero, entre otras cosas; además por supuesto de seguir insistiendo,
ratificando en los conductos de la negociación y diálogo para encauzar y dirimir
demandas sociales que se han expresado por vías armadas y por supuesto la vigilancia y la
observancia estricta de la ley para evitar problemas de inestabilidad y de surgimiento de
acciones de violencia que pongan en riesgo a la propia población.
Eso es lo que se ha venido haciendo en coordinación con las autoridades locales y con los
distintos niveles de gobierno en estados como Chiapas, como Guerrero y como Oaxaca, con
fenómenos particulares de EZLN, ERPI y EPR.
Comentaba la señora diputada también el tema de los indocumentados y del papel que tiene
el Instituto Nacional de Migración y las políticas de la Secretaría de Gobernación en
este particular.
Yo le quisiera comentar que desde 1995 la Secretaría de Gobernación, a través del
Instituto Nacional de Migración, ha puesto en marcha un Programa Nacional de Protección
a Migrantes, como lo referí en mi primera intervención y este programa, entre otras
cosas, responde precisamente al reconocimiento de los migrantes por sus condiciones
precarias, que por su situación jurídica, social y económica son permanentes victimas
de agresiones de delincuentes o de incluso cuerpos de seguridad y autoridades deshonestas
que atentan contra sus derechos elementales consagradas en todas las leyes mexicanas.
Una de las vertientes, uno de los aspectos importantes de este programa es la creación
precisamente de los grupos de protección a migrantes, éstos son mecanismos, sistemas de
cooperación entre niveles de gobierno que nos está permitiendo, a través del Instituto
Nacional de Migración, utilizarlos para brindar protección amplia y oportuna a los
migrantes.
Tenemos 10 grupos de protección a migrantes en el país, ahora coordinándose con la
Policía Federal Preventiva, ahora coordinándose muy estrechamente con las autoridades
locales y nos ha permitido por ejemplo este año, del 1o. de junio de este año, rescatar
a 6 mil 346 migrantes en situaciones de emergencia. Es el trabajo y el papel que hacemos
en los grupos Beta y ahora con la Policía Federal Preventiva.
Termino mi comentario, señora diputada, atendiendo su preocupación en relación al papel
de los criterios que utilizó la Secretaría de Gobernación y el Gobierno para la
expulsión de los nacionales españoles.
En el caso de la expulsión de cuatro nacionales españoles efectuado en el mes de enero
de este año, no se aplicaron la Ley de Extradición Internacional ni el artículo 33, en
virtud de que se instruyó el procedimiento administrativo migratorio previsto en la Ley
General de Población en el Capítulo X, de nuestro país, en virtud de la violación de
distintos artículos, es decir, estos nacionales españoles se internaron ilegalmente al
territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia, permaneciendo por un
tiempo importante en el país bajo esta consideración, es decir, de manera ilegal y ese
caso particular es competencia del Instituto Nacional de Migración conocer y resolver
sobre violaciones, como es en este caso al Capítulo X de la Ley General de Población.
Esa es la razón específica por la cual tuvieron que abandonar el territorio nacional de
manera inmediata y sin necesidad de previo oficio, como lo establecen las propias
disposiciones de la Ley Federal de Población, que es nuestra facultad observar y aplicar.
Muchas gracias, señor Secretario.
Tiene ahora el uso de la palabra para formular su pregunta, la diputada María Cristina
Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México...
¿Me permite, compañera diputada?, he cometido un error en el trámite.
En este momento, procede hacer uso de la palabra para hacer su réplica por parte del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, para réplica, por cuatro
minutos.
| La
diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Con su permiso, señor Presidente; señor
Secretario:
Para los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, las respuestas
presentadas por usted son totalmente insuficientes. Sin duda usted al igual que el titular
del Ejecutivo, en su informe, describe la realidad de un país que sólo existe en las
ideas preconcebidas que tienen sobre México.
Mientras persista el actual modelo de desarrollo económico, millones de mexicanos
seguirán rebelándose por diferentes vías ante las políticas que los dejan totalmente
fuera de cualquier beneficio del crecimiento económico. Por tanto, proseguirán
manifestaciones de protesta social que eventualmente se traducirán en el surgimiento de
grupos armados o en la multiplicación de las acciones militares de los grupos ya
existentes en numerosas regiones a lo largo y ancho del país.
No se hizo nada realmente serio por establecer negociaciones con el EZLN, después de que
se suspendiera el diálogo en agosto de 1996, frente al incumplimiento gubernamental de
los acuerdos de San Andrés Larráinzar. La iniciativa del Ejecutivo sobre reformas
constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, en absoluto respondía a lo
acordado con los zapatistas y avalado por la Cocopa y la Conai.
Las sistemáticas agresiones de que fuera objeto la Conai y en especial el obispo Samuel
Ruiz, evidenciaron claramente que no existió nunca voluntad en sostener una negociación
responsable por parte del Gobierno Federal para resolver el conflicto en Chiapas.
La tolerancia, la supuesta responsabilidad y el respeto que ostentó el titular del
Ejecutivo en su mensaje del 1o. de septiembre y que vemos repetir en el texto del informe,
no corresponden a los hechos observados; esto es así en varios de los problemas más
delicados que ha tenido el país en el sexenio que termina.
En los seis años recientes se dieron múltiples violaciones a los derechos humanos; no
obstante la crueldad con que éstas fueron perpetradas, no hubo castigo para los autores
intelectuales y en muchos casos para los autores materiales.
Hablemos de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Ocosingo, en donde en todos los
casos prevaleció en mayor o menor grado la impunidad; éste es el signo distintivo del
gobierno que termina y no la actitud democrática y republicana que se pregona.
De igual modo, el supuesto estado de derecho que dice haber salvaguardado el Ejecutivo,
sólo se ha aplicado a quienes no tienen capacidad para comprar impunidad y complicidades.
Dónde si no se encuentra Mario Villanueva, Oscar Espinosa, José Parcero López y otros,
que estrechamente vinculados al régimen, casualmente evadieron la acción de la justicia.
En el caso de Espinosa Villarreal, representa un asunto de particular trascendencia para
el presidente Zedillo, pues se trató de una de sus piezas del ajedrez político más
queridas; Espinosa fue el medio para recibir de Cabal Peniche los recursos económicos que
sirvieron para financiar las campañas electorales de Colosio, Zedillo y Roberto Madrazo,
recursos que ac tualmente se encuentran en la bolsa negra del IPAB reconocidos como deuda
pública.
Los crímenes políticos no aclarados constituyen un
haber más en la cuenta del vulnerado estado de derecho en el sexenio zedillista. Junto al
prometido "bienestar para la familia", Ernesto Zedillo se comprometió a poner
todo su empeño en la solución de tales casos que indignaron a la ciudadanía y
finalmente tampoco cumplió.
Señor Secretario: hay muchos otros asuntos que sería conveniente y necesario tratar en
un diálogo respetuoso, respecto de la situación real que presenta el país en este fin
de sexenio. Desafortunadamente el formato manda límites precisos. En todo caso, no
queremos pasar por alto el asunto especial que revistió el conflicto de la UNAM: usted
optó por el uso de la fuerza después de haber agotado todos los recursos y las artes
posibles para debilitar y presentar como una caricatura un movimiento social que se
levantó firmemente para luchar contra las políticas neoliberales en el campo de la
educación.
No lo derrotaron con argumentos ni mediante el tan pregonado diálogo que dice haber
seguido el Gobierno como línea de conducta; lo sometió, sin liquidarlo, la Policía
Federal Preventiva, signo inequívoco del rostro social del sexenio del doctor Zedillo.
Y quiero recordar aquí, señor Secretario, en término de sus atribuciones, lo referente
al artículo 27 fracción IV, donde le compete plenamente la vigilancia de todos los
funcionarios de este país, para vigilar y controlar lo que respecta a derechos humanos.
Gracias.
Gracias, señora diputada.
Tiene ahora el uso de la palabra para formular su pregunta, la diputada María Cristina
Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por
cuatro minutos.
| La
diputada María Cristina Moctezuma Lule: |
Con su permiso, señor Presidente:
Señor Secretario: en su intervención anterior le preocupó mucho que casi todos los
legisladores hiciéramos cuestionamientos en cuanto a la seguridad nacional, en particular
a la Policía Federal Preventiva y nos dio respuesta, pero yo quedé insatisfecha una vez
más porque, como lo dije en mi intervención, el Ejecutivo simplemente ignoró el asunto
de la seguridad nacional en cuanto al medio ambiente y por eso precisamente vuelvo a
cuestionarle y ahora mis preguntas son muy directas y espero esas respuestas también
directas.
¿Considera la deforestación como un problema de seguridad nacional, crítico y grave
para el país? Y, ¿qué precepción tiene la secretaría a su cargo respecto a las
dimensiones de este problema y sus alcances? ¿Cuáles son las recomendaciones que formula
al respecto el Gobierno Federal, desde la perspectiva de la seguridad nacional?
¿Sabe usted, señor Secretario, cuál es en este momento el impacto de la deforestación
y la desertificación en los procesos migratorios, los movimientos de población que se
están produciendo a causa de expulsiones relacionadas directamente con la pérdida del
recurso forestal? ¿Está usted, señor Secretario, al tanto de los datos respecto a los
incendios forestales y que buena parte son provocados directamente por personas que
finalmente están involucradas en el narcotráfico?
¿Conoce el impacto del incendio de Los Chimalapas?, porque creo que es un asunto que
conoce. Usted fue gobernador del Estado de Oaxaca. ¿Conoce usted la relación que existe
entre el impacto de las inundaciones y la deforestación? ¿Se anticipa el Gobierno a los
gravísimos conflictos sociales que se avecinan por los problemas de disponibilidad de
agua, relacionados directamente con la deforestación?
Y concluyo, señor Secretario. ¿ No deberían de ser estos temas considerados por la
Secretaría de Gobernación, como asuntos graves, críticos, en la agenda de seguridad
nacional? ¿No es la pérdida de grandes extensiones de bosques o selvas causados por la
deforestación, un asunto fundamental de la seguridad nacional?
Muchas gracias por sus respuestas.
Muchas gracias, diputada María Cristina
Moctezuma Lule.
Tiene ahora, para dar respuesta a la pregunta, el uso de la palabra el Secretario de
Gobernación, hasta por ocho minutos.
El
secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Señora diputada doña María Cristina
Moctezuma: yo creo que el primer tema que valdría la pena abordar a propósito de su
insistente pregunta, es la vinculación que existe entre el tema de seguridad pública y
el tema de seguridad nacional y me parece que para ser muy puntual en mi comentario que
usted me solicita, por supuesto que el tema de la deforestación, como muchos otros temas
estratégicos, es un reto para la seguridad nacional.
Aquí parte de la tarea, parte de la responsabilidad efectivamente de la Secretaría de
Gobernación, a través del Centro de Información para la Seguridad Nacional, es la
elaboración y la coadyuvancia con instancias ejecutivas de gobierno, en la elaboración
de investigaciones y de estudios que se denominan así: "Estudios Estratégicos para
la Seguridad Nacional".
Uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de la deforestación. Sí, es un tema
de seguridad nacional.
¿Cuáles son las recomendaciones, cuáles son los alcances de los problemas de la
deforestación? Yo le diría que la información de que nosotros disponemos es que de la
superficie forestal, que está estimada en 141 millones 700 mil hectáreas, cerca del 70%
de la superficie del país es superficie forestal, no toda la superficie forestal tiene
vegetación uniforme y original, bueno, esta vegetación, con los fenómenos que usted ha
comentado, causa y efecto de los procesos de deforestación, los siniestros que hemos
vivido en los últimos años, muchos agravados por los problemas de deforestación, los
incendios de enormes superficies, como el caso que usted refiere de Chimalapas o de otras
zonas del país, como la zona maya de Quintana Roo, por recordar dos de los más
connotados en los últimos años, tienen efectivamente diferentes causas, tienen
diferentes origenes. Los incendios en los bosques templados, por ejemplo, de acuerdo a
nuestros datos suman cerca del 48%; la ganadería y la agricultura aportan el 43%, la tala
ilegal casi el 5% y otros factores el 3%.
En selvas, las actividades productivas representan el 70%, en especial la conversión de
selvas, en pastizales, pastoreo extensivo de bovinos, pero también la agricultura, con
esta práctica que pese a los esfuerzos que se han impulsado en nuestras entidades sigue
siendo una práctica histórica vigente, el sistema de roza, tumba y quema, que también
es un importante factor de incendios.
Por supuesto que las consecuencias, como usted nos comenta, las consecuencias que tenemos
de estos incendios forestales son muchas de ellas de carácter irreversible, la pérdida
de recursos forestales y sus derivados, la degradación de los suelos, la pérdida de
ciclos hidrológicos, la erosión moderada y severa, la desertificación, la pérdida de
hábitat naturales, de especies silvestres y la pérdida de recursos bióticos y
ambientales.
Esta tarea, en la cual, insisto, está contemplada como un tema de seguridad nacional y
para lo cual se realizan, se están realizando hoy precisamente estudios estratégicos,
tiene una serie de acciones que no son competencia de esta Secretaría, que son
competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, pero sí
quiero comentar que esta preocupación ha sido abordada por el Gobierno Federal a través
de la Semarnap y ha puesto en marcha, ha implementado una serie de programas para frenar
estos procesos de deterioro los cuales ha venido construyendo, impulsando, articulando a
través de la protección y conservación de los ecosistemas naturales, del
aprovechamiento sustentable de estos ecosistemas y sus especies y de la restauración
ecológica de superficies deforestadas o perturbadas.
Estos esfuerzos, señora diputada, están permitiendo llevar a la práctica acciones muy
específicas, como la utilización de alternativas sustentables a través de mecanismos de
reconversión productiva hacia las áreas campesinas que tienen este tipo de prácticas
para poder darles mayores oportunidades de ingreso y sustento a ellos y a sus familias; se
ha impulsado un proceso de reforestación manual en áreas devastadas que de acuerdo con
los reportes de la Semarnap, que vienen contemplados en el anexo del informe, se han
implicado la plantación de mil 670 millones de árboles, lo que equivale a 800 mil
árboles diarios y aquí juega un papel importante, por cierto, otra vez, el Ejército
mexicano.
Se han establecido 85 zonas prioritarias de protección contra incendios, se ha
incrementado sustancialmente las brigadas, se cuenta ahora con un mecanismo de detección
satelital de incendios, monitoreado por cierto, parte de él, en la Universidad de Colima
y se ha reducido el tiempo de la llegada a los siniestros.
Yo creo que este tema, que es un tema de enormes magnitudes y de enormes implicaciones
para el país hoy y para el futuro del país, es sin duda una preocupación y una tarea
que tenemos, que tenemos contemplada como una tarea de seguridad nacional por las
implicaciones para el futuro de nuestra República y bueno, tiene una enorme razón la
señora diputada, María Cristina Moctezuma, ésta es una tarea donde se requiere
intensificar de manera sostenida las actividades, no solamente de investigación, sino de
acción en materia preventiva.
Se ha diseñado todo un sistema de protección y de rescate a través de la Semarnap, son
políticas otra vez, políticas y programas que han involucrado a una enorme cantidad de
comunidades, de municipios, de habitantes de los distintos lugares de la República, que
se han sumado a esta preocupación de los distintos niveles de gobierno y que requiere y
exige que todos sigamos fortaleciendo, creando, recreando, educando a nuestros hijos, a
nuestras familias, en este mecanismo de carácter preventivo que es finalmente obligación
de todos.
Muchas gracias, señor Secretario.
Pregunto al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México si hará uso de su
derecho de réplica.
La diputada María Cristina Moctezuma Lule
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Tiene la palabra la diputada Cristina Moctezuma
Lule, por cuatro minutos, para formular su réplica.
| La diputada
María Cristina Moctezuma Lule: |
Con su permiso, señor Presidente:
Señor Secretario: le agradezco mucho su respuesta. Finalmente reconoce que el tema que
abordamos sí es de seguridad nacional.
También quisiera, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, solicitarle una
información que probablemente en un acercamiento con usted, nos pueda facilitar, porque
finalmente la inquietud partía de que en el informe estaba ignorado como en sus
respuestas y que ahora puntualmente nos ha dado una información muy valiosa que
quisiéramos contar los legisladores del Verde con esa información que usted tiene.
Muchas gracias.
Gracias, diputada.
Para formular su pregunta, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta,
hasta por cuatro minutos.
El
diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta: |
Gracias, diputado Presidente; señoras y
señores legisladores.
Señor Secretario de Gobernación: como ocurrió en sus anteriores informes, del VI
Informe del presidente Zedillo, están ausentes, como si no existieran, los grandes temas
que inquietan y preocupan a los mexicanos.
También es un documento plagado de afirmaciones equívocas. Bajo el rubro "política
migratoria y de relaciones nacionales en el ex tranjero", el presidente Zedillo
informa que "... la política migratoria de México se finca en el ejercicio de la
soberanía y la defensa de la seguridad nacional, con respeto a los derechos humanos,
apego a la legalidad y aliento a las corrientes migratorias que contribuyen a nuestro
desarrollo".
Nada más falso. Uno de los pilares ideológicos, fundamentales, que dieron fisonomía al
Estado mexicano posrevolucionario, fue sin lugar a dudas la autonomía de la tradicional
política exterior y la defensa del derecho de asilo.
A lo largo de su historia México ganó prestigio internacional a fuerza de ejercer una
política de asilo generosa y solidaria.
Con la ilegal deportación de perseguidos políticos, el Gobierno zedillista dio la
espalda y terminó con nuestra tradición de asilo.
Son muestras de estas atroces acciones las detenciones y posteriores expulsiones fast
track entrega de policía a policía del ciudadano argentino Enrique Gorriarán Merlo y de
los ciudadanos vascos José Ugodson Larrea, Miguel Santiago Aspora, José Angel Ochoa y
Michael Larrieta, ejecutados al margen de la ley y vulnerando flagrantemente las
garantías individuales a las que conforme el artículo 33 de la Constitución tienen
derecho todos los extranjeros por el solo hecho de encontrarse dentro del territorio
nacional.
Es público que en las expulsiones de 13 ciudadanos vascos ocurridas de 1996 a enero del
2000, se violentaron preceptos específicos del Tratado de Extradición Bilateral entre
México y España, la declaración universal y los pactos de derechos humanos, las
convenciones de la ONU para refugiados y contra la tortura y obviamente las normas del
debido proceso legal que se consignan como principio fundamental del derecho mexicano.
Es condenable la tolerancia para que policías españoles realicen actividades de
vigilancia sobre presuntos integrantes de ETA que se encuentran en nuestro territorio,
como fue el caso de los dos dirigentes de la izquierda vasca: Iñigo Elcoro y Michael
Corta.
No puede aceptarse la forma en que el Instituto Nacional de Migración ha llevado a cabo
detenciones y expulsiones de observadores extranjeros de derechos humanos. Es inadmisible
que por cumplir con acuerdos realizados en la sombra con gobiernos extranjeros, el
gobierno del presidente Zedillo haya roto con los tradicionales principios fundamentales
de la política exterior de México y el principio de legalidad que da sustento a nuestro
sistema jurídico.
Caso también lamentable fue el de 40 inmigrantes centroamericanos, que en julio de 1998
las autoridades nacionales deportaron en un camión recolector de basura. El trato sufrido
por ellos llevó al gobierno de El Salvador a elevar una protesta ante el Gobierno
zedillista, por lo que se consideró graves violaciones a los derechos humanos, entre
ellos el derecho a la dignidad, a la integridad física y moral.
Entonces le pregunto, señor Secretario: ¿el Gobierno del doctor Zedillo y la Secretaría
de Gobernación a su cargo han asumido la obligación de vigilar el cumplimiento de los
preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que
se refiere a las garantías individuales? ¿Está usted satisfecho al respecto?
Gracias, señores legisladores.
Muchas gracias, señor diputado Luis Miguel
Barbosa Huerta.
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Gobernación, para dar respuesta a las
preguntas, hasta por ocho minutos.
El
secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, nos está haciendo un planteamiento en el
sentido de que se han dejado de lado y violentado la política de asilo tradicional y que
no se corresponde con las expresiones del texto del VI Informe de Gobierno, en relación a
los principios humanitarios abiertos de la política de población y de la política
migratoria y fundamenta este comentario en la expulsión de nacionales argentinos y vascos
y en el tema de los observadores extranjeros de derechos humanos, entre otros.
Comento puntualmente el planteamiento, porque por supuesto no estamos de acuerdo con esa
interpretación y con esta visión, porque son dos asuntos distintos. Una cosa son los
principios y las bases a partir de los cuales, se observa, se aplica cotidianamente esta
política abierta, humanitaria, respetuosa, en materia de población, para quienes deseen
venir a nuestro país a contribuir en su desarrollo en los distintos ámbitos académico,
económico, y dábamos justamente cifras de esta tarea, más de 9500 extranjeros tienen
carácter de nacionales, a partir de las solicitudes que han venido haciendo a lo largo de
los últimos años.
Pero así como tenemos esa obligación y respetamos y observamos esos principios, que son
un motivo fundamental de orgullo en la política de asilo y de refugio en México, y un
caso notable de ello es quizá uno de los más exitosos programas de refugio y asilo que
ha habido en los últimos años en el mundo, que es el programa que tuvimos con los
guatemaltecos, que tuvieron que refugiarse y asilarse en nuestro país con motivo de las
guerras internas en Guatemala y que han culminado prácticamente de manera muy exitosa,
con el retorno de más de 42 mil refugiados y con un número muy importante de
guatemaltecos que han decidido adoptar la nacionalidad mexicana, que tienen familias
mexicanas y que hoy están en pleno proceso de integración, incluso dotándoseles de
tierras y medios para poder subsistir y enfrentar sus condiciones familiares y de
desarrollo.
El caso particular de la expulsión de argentinos y nacionales vascos, tiene que ver con
otras de las responsabilidades y ordenamientos que tenemos como Gobierno y como
Secretaría de Gobernación, que es la aplicación estricta de la ley, cuando se violentan
los ordenamientos y procedimientos administrativos contemplados en materia emigratoria.
Ya hice referencia a la violación que se hizo al Capítulo X de la Ley General de
Población, en virtud también de la violación al artículo 120 de dicha ley.
Es decir, en el caso particular de los nacionales argentinos: Leandro Aníbal Rodríguez,
Cecilia Brenda Rossi, Cristian Carlos Hernán Castillo y María Cecilia Feijó, que se
efectuó el pasado 23 de febrero de este año, se hizo fundamentalmente porque tres de
ellos, con la característica de turistas y de uno más con la de visitante de dependiente
económico, realizaron en el país actividades no autorizadas en su permiso de
internación.
Y bueno, esto faculta y exige, mandata a la autoridad competente a actuar en consecuencia.
El tema de los nacionales españoles, lo hemos comentado también, fue fundamentalmente
por las mismas razones por las cuales fueron finalmente, con base en el procedimiento
administrativo previsto en la Ley General de Población, expulsados del país, sacados del
país en virtud de que no entraron, en este caso particular los ciudadanos españoles
Arrieta, Ochoa, Ugodson Larrea, Larrieta y Santiago Aspora, que fueron expulsados en enero
del presente año, no se aplicó, entre otras cosas, la Ley de Extradición, sino el
procedimiento administrativo de la Ley General de Población, insisto, porque se
internaron ilegalmente en territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia
legal y formal en nuestro país.
El tema de observadores, que es una categoría que ha contemplado en este esquema de
disposición la Ley General de Población, observadores en derechos humanos, visitantes
para procesos electorales, el único requisito, la única condición que establece la
Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración para que puedan
moverse libremente en el país, es que cumplan con los requerimientos de ley
correspondientes, que actúen como es la ley mexicana en materia de migración, de buena
fe.
El único caso que tuvimos en el periodo electoral pasado, fue un permiso negado a un
observador internacional, visitante, como lo denomina la Ley Electoral, un visitante
internacional, porque había pretendido entrar al país con una calidad migratoria que no
correspondía a la función que quería desempeñar, es decir, quiso engañar a las
autoridades electorales y a las autoridades migratorias sobre la finalidad de su visita.
Sin embargo, en acuerdo con los distintos partidos políticos que solicitaron revisar su
caso y con el propio Instituto Federal Electoral, se dio y se concedió el perdón
administrativo y el permiso para poder hacer estas acciones de observación internacional
en el proceso electoral. No hubo un solo visitante internacional que haya solicitado
permiso en forma y tiempo que no pudiera entrar y permanecer en el país, en los términos
del convenio que se firmó con Naciones Unidas y con el Instituto Federal Electoral,
impulsado, por cierto, por el propio Gobierno de la República a través de Gobernación,
y ocurre lo mismo en el caso de los visitantes en materia de derechos humanos.
Habría que revisar a cuáles casos particulares se refiere el señor diputado, para saber
cuál fue la circunstancia o la condición, si fuera el caso, que le impidió entrar o
permanecer en el país.
Tenemos la obligación de respetar y honrar nuestra política en materia de asilo, de
refugio, de estímulo a las corrientes migratorias, pero también tenemos la
responsabilidad y la obligación de hacer que se respeten nuestras leyes.
Gracias, señor Secretario.
Pregunto al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática si hará uso de
su derecho de réplica.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta (desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Tiene el uso de la palabra, para hacer el uso de
su derecho de réplica, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, por cuatro minutos.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
La respuesta que ofrece el responsable de la política interior del país sobre si el
Gobierno zedillista respetó o no, de manera irrestricta, las garantías individuales a
mexicanos y extranjeros, es propia de la constante que existió en esta administración:
la permanente evasión de los grandes problemas nacionales, como lo es, y de manera
central también, el de la inseguridad pública.
Sobre este tema, aun cuando en los seis años del gabinete expirante pretendió
desarrollarse una estrategia que la hicieron consistir en diversas acciones como la
aprobación de reformas constitucionales y de leyes secundarias, la puesta en marcha del
Sistema Nacional de Seguridad y su cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia,
así como la creación del cuerpo policíaco más atípico e improvisado en la historia de
la seguridad pública en México, me refiero a la creación de la Policía Federal
Preventiva, los resultados se pueden resumir en una sola palabra: fracaso.
Fracaso, porque en la vida cotidiana la sociedad vive un profundo sentimiento de
inseguridad, producto del incremento en lo que va del sexenio, de los índices delictivos,
la proliferación del crimen organizado en sus variantes de narcotráfico, secuestro y
tráfico de armas y el elevado grado de violencia social.
Este vacío de seguridad es el resultado de la ineficacia de las políticas
gubernamentales implementadas que van desde la propia desorganización y falta de
coordinación de los cuerpos policiacos, hasta la falta de un verdadero proyecto de
seguridad pública, todo ello en el marco de un modelo de gestión económica neoliberal
que al igual que en otros países del orbe, se encuentra estrechamente ligada al
incremento de la delincuencia, por excluir a grandes sectores de la población del
desarrollo social.
De ahí que, para solucionar el problema de la inseguridad y la violencia social, hubiesen
sido necesarias acciones verdaderas en la esfera de la organización policial; la lucha
contra el crimen organizado, combate a la corrupción e impunidad en los círculos
gubernamentales y la atención de la marginación y la exclusión social, acciones que
evidentemente estuvieron ausentes durante todo el Gobierno zedillista.
Es todo, señores parlamentarios.
Muchas gracias, diputado Barbosa Huerta.
Tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas por parte del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, hasta por cuatro
minutos.
| El
diputado José Guillermo Anaya Llamas: |
Con su permiso, señor Presidente:
Señor Secretario: usted trató de dar contestación a uno de los cuestionamientos que
hizo el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario de Acción Nacional,
cuando argumenta usted que el Sistema Nacional de Seguridad Pública apenas tiene en
operación tres años. Yo le quiero recordar que en el propio informe, dice que entró en
operación desde 1996 con la ley que establece las bases del Sistema Nacional en 1995.
Pero insisto, señor Secretario, del análisis de los seis informes de gobierno que
rindió ante esta soberanía el Ejecutivo Federal, advertimos que coinciden en tres
aspectos fundamentales en materia de seguridad pública:
Primero, en afirmar que al vivir en un estado de derecho, es la única garantía para una
convivencia social armónica, amén de que el cumplimiento de este principio contribuye a
la igualdad efectiva de todos ante la ley.
Segundo, en expresar que se han destinado a este rubro los recursos más cuantiosos en la
historia de México para el combate a la delincuencia y el crimen.
Tercero, que se reconoce que a pesar de los esfuerzos realizados, hoy la inseguridad
pública y la falta de respeto al estado de derecho, son el mayor obstáculo para el
progreso material y una vida social armónica y que hasta ahora la magnitud y la
complejidad del problema han sido más grandes que el efecto de las acciones emprendidas.
En este contexto estamos de acuerdo en las dos primeras afirmaciones, no así en el tercer
reconocimiento, porque no basta con admitir el fracaso contra la delincuencia y la
inseguridad y con ello pretender lavarse las manos. El Ejecutivo debió haber cumplido
cabalmente el compromiso que asumió originalmente en el Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000 y Programa Nacional de Seguridad Pública, así como en la famosa "Cruzada
Nacional contra el Crimen y la Delincuencia".
Ahora bien, en lo que respecta al presupuesto asignado a la seguridad pública, es cierto
que se destinaron recursos sin precedentes; no obstante ello, señor Secretario, ¿por
qué no se reflejó en una mejoría en la seguridad pública? ¿Por qué la delincuencia
sigue en crecimiento? ¿Por qué la desconfianza de la ciudadanía? El Ejecutivo Federal,
entre sus estrategias y acciones para combatir el crimen, anunció una reforma jurídica a
fondo e incluso en un momento determinado llegó a señalar que la concreción en esta
materia no se había podido dar a consecuencia de que el Congreso de la Unión no daba una
respuesta.
Señor Secretario, cabe decir que el Congreso cumplió con su responsabilidad al haber
estudiado, discutido y aprobado las reformas planteadas. Sin embargo, el Ejecutivo no
cumplió.
Le pregunto: ¿dónde está la consolidación de la seguridad pública que como garantía
de los ciudadanos ofreció en el Plan Nacional de Desarrollo? Podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que la acción y la responsabilidad del Gobierno contra el crimen fue un
rotundo fracaso. Las señales son claras: una sociedad desconfiada de las instituciones
responsables de la seguridad pública y procuración de justicia y por el otro lado, la
masificación de la delincuencia.
A la luz de los hechos el Gobierno que está por concluir no cumplió con su premisa de
hacer de México un país de leyes, incluso el propio Presidente reconoce en su mensaje a
la nación, que a pesar del esmero, la tarea resultó infructuosa respecto a lo que se
comprometió. Incluso afirmó que éste era su sentir, como lo es de toda la gente en lo
que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad.
Señor Secretario, ¿cómo podemos establecer un estado de derecho cuando algunos de los
funcionarios de la actual administración, incluso de primer nivel, son los primeros en
ofender y desatender la ley?
Concluyo señor Secretario: de acuerdo con el informe, la profesionalización de los
cuerpos de seguridad pública constituye un factor fundamental del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que permite combatir con mayor eficacia a la delincuencia organizada y
asegurar a la ciudadanía la debida protección de su integridad física y patrimonial. Si
esto es así, señor Secretario, explique a esta soberanía ¿por qué el Sistema Nacional
de Seguridad Pública del total de los recursos federales y estatales, aplica sólo el
2.7% a la profesionalización?
Más aún, explique ¿por qué entre 1999 y este año, los recursos destinados a la
profesionalización se redujeron a más del 50%?
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado Anaya Llamas.
Para dar respuesta a las preguntas hará uso de la palabra el señor Secretario de
Gobernación, hasta por ocho minutos.
El
secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Bueno, yo quisiera referirme, a propósito de las preguntas que ha replanteado el diputado
José Guillermo Anaya Llamas, en nombre de la bancada del PAN, sobre el tema de los
incumplimientos en la ejecución del Programa Nacional de Seguridad Pública.
Quisiera remitirme muy brevemente a lo que hace un momento comentábamos. La
responsabilidad que asume y expresa el Ejecutivo en su último informe, reconociendo que
efectivamente son insuficientes los logros a partir de la magnitud del problema que
tenemos en el país en materia de seguridad pública. Ahí está escrito y reconocido.
No es suficiente, dice el diputado, que se reconozca; se debíó haber cumplido puntual,
literalmente, los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo.
Yo me refiero a dos asuntos particulares: primero, hemos comentado que el tamaño del reto
en materia de seguridad pública obligó a constituir un Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que no es una instancia ejecutora; es una instancia de coordinación donde
juegan y forman parte fundamental los gobernadores de los estados, lo saben muy bien los
ejecutivos estatales, porque son finalmente el pivote a partir del cual se articularán
las agendas de riesgo, los grupos de coordinación; con ellos se decide y se discute en el
seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a qué, cómo, se asignan los recursos
públicos que autoriza el Congreso de la Unión en los presupuestos anuales.
No a un capricho ni a una determinación unila-teral de las autoridades de Gobernación o
del secretariado técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es un esfuerzo
de corresponsabilidad, es un esfuerzo que compete a los distintos órdenes de Gobierno, no
sólo al Federal, dada la magnitud, las características y el tipo delictivo o los tipos
delictivos que tenemos en el país.
Segundo, me parece fundamental también entender que la asignación o la designación de
recursos para temas como los que preguntaba el diputado en materia de capacitación,
siendo tan importante, ¿por qué se destina sólo un porcentaje , decía él, del 2.6% ó
2.5%? Bueno, ésa es otra de las decisiones que tienen qué ver con la asignación de
recursos anuales, que se discute en un Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde
están representantes y representados personalmente los ejecutivos de los estados y ahí
se define el destino del gasto del siguiente ejercicio.
El año pasado, por ejemplo, y este año se decidió, en el seno del consejo, con los
ejecutivos de los estados, aplicar un volumen muy importante de recursos a construir el
sistema de información encriptado para crear el sistema nacional de información con voz,
dato e imagen a que he hecho referencia, como uno de los instrumentos más importantes
para la operación del sistema.
A poner en marcha en cada Estado, con inversiones muy importantes, el teléfono 066 de
emergencia, a construir los grupos de control, comando y cómputo que definieron los
ejecutivos en cada Estado para coordinar sus acciones en materia de seguridad pública,
con las policías preventivas, judiciales, los cuerpos de bomberos, de tránsito, de
protección civil que empiezan a operar, por cierto con mucho éxito, en varias capitales
y ciudades importantes del país, 16 aproximadamente.
Estas decisiones, en consecuencia, no son decisiones que se tomen de manera unilateral por
parte de las autoridades de Gobernación o del secretariado técnico o ejecutivo del
sistema de seguridad pública. Se discuten, se comparten y se decide en el seno de los
consejos estatales de seguridad pública que presiden los señores gobernadores.
El Gobierno Federal, no tengo que repetirlo, asume y lo asumió el presidente Zedillo, su
responsabilidad en un esfuerzo cuyos resultados no fueron del tamaño y de la dimensión
que hubiéramos querido.
Hubiéramos querido acercarnos, desde el punto de vista de indicadores, a los indicadores
promedio que existen en países con condiciones, características, población, nivel de
desarrollo similar al nuestro, donde los indicadores de inseguridad andan del orden de 10
u 11 por cada 1 mil habitantes. Nosotros estamos, a estas alturas del Gobierno, de 15.6%
ó 7%, pasando a cerca de 13%.
El esfuerzo, pues, que hay que hacer ahora y en el futuro, es mayúsculo. Insisto en que
esto no es un tema a agotar ni a acotar en un sexenio porque el tema de la seguridad
pública es, sin duda, el reto quizá más significativo e importante que tengamos como
país y como sociedad.
Tenemos problemas de incumplimiento, sí, derivado de problemas de coordinación y de
ejecución. Yo decía hace unos momentos, en mi pasada intervención, que
desafortunadamente, por diferentes razones y circunstancias, hay entidades de la
República que tienen mayores niveles o mayores indicadores de inseguridad que otras. En
algunos estados se ha avanzado sustancialmente, de manera muy importante y significativa,
para abatir niveles de inseguridad, para eficientar los mecanismos de coordinación, para
cumplir con las metas de capacitación, para instalar y operar los sistemas de
información, para usar los bancos de datos, para priorizar las agendas básicas de
atención a las agendas de riesgo locales y los resultados empiezan a dar frutos muy
importantes y muy significativos.
En otros, por diferentes razones, por diferentes retos, por diferentes circunstancias, por
su propia ubicación geográfica, por el afinamiento en los mecanismos de coordinación
con los cuerpos de seguridad municipales, locales, federales, el resultado no ha sido tan
exitoso.
Y yo refería que particularmente tenemos este conflicto y este problema en una franja del
país que nos preocupa, que son los estados fronterizos, estados fronterizos donde tenemos
altos indicadores de inseguridad y que no sólo es un problema de coordinación, estamos
coordinados, es un problema de confianza. Se requiere crear mecanismos especiales de
confianza para que la coordinación prospere, para que la coordinación avance.
Hemos tenido que constituir en estados como Baja California, en coordinación con el
gobernador, con el presidente municipal, con los presidentes municipales, unidades de
confianza que nos permitan evaluar a los agentes de seguridad de la policía municipal, de
la estatal y de la Federal, que participan en los distintos temas de investigación o en
los distintos operativos que coordinamos o que coordina el gobierno del Estado con la PGR
y con la Secretaría de la Defensa para evitar filtraciones, para evitar sospechas, para
evitar suspicacias y para evitar fracasos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión,
de órdenes de cateo, de programas de carácter preventivo, como son las bases que hemos
establecido en estas entidades.
No es un asunto sencillo; es muy complejo. No es una justificación; es un reconocimiento
a una realidad que está ocurriendo y que ojalá podamos seguir impulsando en el futuro
con mayor éxito y con mayor dedicación.
Yo espero que esta preocupación que manifiestan los señores legisladores del PAN sea
parte de las prioridades del gobierno que está muy pronto por iniciar, porque sin duda, y
en eso compartimos la preocupación, éste es el tema y el reto mayor que tenemos que
seguir apuntalando y combatiendo con toda eficacia, con toda energía y dedicación los
mexicanos de hoy y de mañana.
Muchas gracias, señor Secretario.
Pregunto al grupo parlamentario de Acción Nacional si va a hacer uso de su derecho de
réplica...
Bien. Tiene la palabra para hacer uso de réplica la diputada María Eugenia Galván
Antillón y se hace oportuna la ocasión para solicitarles se apeguen a los términos del
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Asamblea y que rige esta comparecencia.
Tiene usted el uso de la palabra por cuatro minutos.
|
La diputada María Eugenia Galván Antillón: |
Gracias, señor Presidente:
Con su venia, señor Secretario; compañeras y compañeros diputados:
Señor Secretario, insistimos, desafortunadamente reconocer la tarea incumplida no es
suficiente; no lo es para las víctimas en su persona, en su familia, en su patrimonio ni
para la sociedad en general; no lo es cuando son miles de mexicanos que diariamente sufren
atracos, violaciones, asesinatos y tantos otros crímenes que hacen de nuestro país un
paraíso cotidiano de delincuentes.
No es correcto tampoco, señor Secretario, pasar la responsabilidad a los ejecutivos de
los estados ni mucho menos a los municipios.
Cabe recordar que el presidente Zedillo en su Plan Nacional de Desarrollo, mismo que por
mandato constitucional está obligado a cumplir, se comprometió con todos los mexicanos y
cito el plan de desarrollo: "a construir un estado de derecho como garantía para una
convivencia social armónica y el pleno desarrollo nacional" y esto, señor
Secretario, no existe en México y usted no puede dar cuenta de ello.
Sin embargo, hace unos días, cerca del final de este sexenio, cuando el tiempo se le
acaba y ante esta representación, al rendir su VI Informe de Gobierno el doctor Zedillo
afirmó hace unos días: "no sería honesto ni correcto declararme satisfecho por lo
alcanzado, que a pesar del esmero la tarea ha resultado infructuosa respecto a lo que nos
propusimos. Es mi sentir, como lo es el de toda la gente, en lo que se refiere a la lucha
contra el crimen y la inseguridad".
Es a nuestro entender, señor Secretario, en este rubro la administración nos ha fallado,
nos falló, nos incumplió en este rubro a todos los mexicanos. ¡Nunca se debe plantear
el Ejecutivo Federal una disyuntiva entre el exceso de tolerancia y la no aplicación de
la ley! ¡Como tampoco debe confundirse ese mismo exceso de tolerancia con la impunidad,
que rebasa el 95%!
Es esta falta de decisión y de firmeza la que ha creado un vacío de poder, que nos ha
llevado a un México en donde se pone en duda el estado de derecho y cito: "la
aplicación del estado de derecho no cuelga de la coyuntura de la convivencia del partido
en el poder o de los intereses de los candidatos de éste. Saber a qué atenerse porque
hay normas y Gobierno que se encargan de hacerlas valer, es nota característica del
régimen democrático. La ley vale para todos, incluido el Estado mismo": Carlos
Castillo Peraza. Nunca nada más vigente, señor Secretario.
Este sexenio pasará a la historia como el sexenio de los expedientes inconclusos, no
solamente de los heredados de la administración anterior, como los asesinatos políticos
y el lamentable levantamiento de Chiapas, sino también por los muchos que se han generado
durante este periodo sexenal.
Asuntos como el de Acteal, Aguas Blancas, la UNAM y el más reciente: Chimalhuacán, por
ejemplo, al igual que muchos otros que no han sido publicitados pero no menos
representativos y donde ¡las violaciones a los derechos humanos fueron la constante que
denotan el fracaso rotundo de la política interior y en específico de la política de la
seguridad nacional!
Los casos de Oscar Espinosa Villarreal, de Mario Villanueva Madrid, ambos prófugos de la
justicia o las constantes violaciones a las leyes cometidas por caciques regionales como
lo son Víctor Cervera Pacheco y Roberto Albores Guillén, son claros ejemplos del exceso
de tolerancia mal entendida, que nosotros llamamos impunidad, corrupción y complicidad.
Señora diputada: se ha terminado su tiempo.
Termine, por favor.
| La diputada
María Eugenia Galván Antillón: |
Termino, señor Presidente.
Señor Secretario: ¡No nos queda duda que la política interior, después de cuatro
secretarios de Gobernación, ha sido un verdadero fracaso!
Gracias, diputada María Eugenia Galván
Antillón.
Para formular sus preguntas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional hará uso de la palabra la diputada Patricia Aguilar García, por cuatro
minutos.
| La diputada Patricia Aguilar García: |
Señor Presidente, con su permiso; señoras y
señores diputados, señor Secretario:
La ubicación geográfica de México propicia condiciones peculiares en materia
migratoria. La inmigración y la emigración generan problemas sociales, políticos y de
desarrollo que requieren soluciones basadas en el respeto a los derechos humanos.
¿Cuántos programas aplica su dependencia en esta materia? ¿Qué resultados se han
obtenido y qué proyectos deben mantenerse y en qué sentido?
Señalamiento especial merece la atención a la mujer migrante, en la que se acentúan las
condiciones de marginalidad. Para ella el emigrar significa un enorme sacrificio al dejar
su lugar de origen, sus tradiciones, pertenencias y costumbres. El hacerlo siempre con su
familia le implica sortear enormes dificultades. Por ello, es indudable que en la
política de atención a migrantes de la Secretaría a su cargo deben ejercerse programas
específicos en ayuda a ellas. Sabemos que el apoyo debe ser con programas
interinstitucionales, pero sería importante precisar cuál es el camino que ha seguido
esta administración y su balance al respecto.
Hablar de este tema es referirnos a un flujo migratorio de 300 mil mexicanos al año, de
más de 3 millones de paisanos que residen fuera con o sin documentos, de más de 6 mil
millones de dólares de remesas al año.
Respecto al ingreso de migrantes provenientes de Centroamérica, el número de personas
que ingresa va en aumento. Este año entran a México 150 mil personas desde la frontera
sur rumbo a Estados Unidos. Esta cifra rebasa en 20 mil a la de 1999 y ésta es 20% mayor
a la de 1998, lo que muestra la necesidad de revisar la capacitación en derechos humanos
de los agentes de migración. ¿Qué se hará en este aspecto?
Consideramos de la mayor importancia consolidar el esfuerzo realizado por el Programa
Paisano. Para ello es menester estrechar en forma permanente, institucionalizada, la
comunicación, coordinación y cooperación entre los diversos actores que convergen en el
fenómeno migratorio, mediante mecanismos ágiles y prácticos que permitan identificar
propuestas de acción, establecer instrumentos para su operación en forma inmediata y
determinar métodos para evaluar y ponderar los avances registrados. ¿Qué programas y
enlaces se han establecido en este rubro y con qué resultados?
En el caso específico de la frontera sur, mi Estado, Chiapas, siempre ha tenido una
vocación federalista. Desde hace 176 años pertenecemos al pacto federal y, sin embargo,
en nosotros impera el sentimiento de que algo nos adeuda la Federación. Por eso es
importante que en igualdad de condiciones se implementen programas migratorios para las
dos fronteras y no se acentúe el apoyo a una sola.
Hablando de esta entidad, el conflicto prevaleciente en ocho de los 118 municipios ha
afectado a la sociedad chiapaneca en su conjunto; es en serio, a quien más afecta es a
los chiapanecos. Este problema ha tenido repercusiones en el ámbito nacional e
internacional y, sin embargo, la solución no llega. ¿Cuáles son los problemas que lo
han aplazado y qué percepciones de solución a corto plazo ve la Secretaría a su cargo?
¿Existe algún indicio de que el EZLN aceptará volver al diálogo? ¿Qué medidas se han
tomado para disminuir tensiones sociales y para garantizar un clima de estabilidad social
en la entidad?
Con su permiso, señor Secretario. Como chiapaneca es importante saber la preocupación de
todas las fracciones por mi Estado. Lo único malo es que ésta se da sin conocimiento ni
contacto con Chiapas pronunciando Chapas por Chiapas, pero sobretodo sin una acción real
a favor de esta maravillosa entidad.
Gracias.
Gracias, diputada Aguilar García.
Para responder a las preguntas formuladas, hará uso de la palabra el Secretario de
Gobernación, por ocho minutos.
El
secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Gracias, señora diputada doña Patricia
Aguilar.
Bueno, déjeme empezar por el tema de los migrantes que es un tema que tiene la mayor
importancia en la tarea y en la responsabilidad de la Secretaría a mi cargo y en
consecuencia en los compromisos y propósitos de la política interior.
En el Gobierno de la República, el Gobierno Federal ha adquirido su responsabilidad para
contribuir en el aseguramiento de la integridad y respeto de los derechos humanos y
laborales de los mexicanos que cruzan la frontera norte y también de quienes cruzan la
frontera sur para buscar mejores oportunidades de vida.
Déjenme referir muy rápidamente al esfuerzo que se viene haciendo a través del
Instituto Nacional de Migración para operar un muy amplio Programa de Protección a
Migrantes, que tiene básicamente seis vertientes o seis aspectos centrales: grupos de
protección a migrantes, difusión permanente de programas de difusión de los derechos y
obligaciones elementales de los migrantes en el país, mecanismos también permanentes de
supervisión migratoria del respeto a los derechos humanos, el fomento de una cultura de
respeto a los derechos humanos entre el personal migratorio, la dignificación de las
estaciones migratorias y el fortalecimiento y la consolidación de mecanismos de consulta
sobre protección consular con los Estados Unidos y con los países centroamericanos. Ese
es el esfuerzo que se está haciendo en materia de protección a connacionales y por
supuesto de respeto a sus derechos humanos.
En este esfuerzo destaca la creación lo comentaba hace unos momentos y la operación y
fortalecimientos de los grupos Beta que ahora han reforzado su actuación, su cobertura
con el apoyo y con el respaldo del equipo destinado para ello por parte de la Policía
Federal Preventiva. Está operando en esos grupos en Tijuana, en Tecate y Mexicali, en
Nogales, en Agua Prieta, en Matamoros y en el caso de la frontera sur en Tapachula, en
Comitán y en Tabasco.
Está en proceso de integración el grupo de Piedras Negras, esos grupos tienen un grupo
muy importante de agentes protectores, ahora insisto reforzados con los mecanismos de
patrullaje y supervisión de la propia Policía Federal Preventiva.
Comentaba la señora diputada el tema del Programa Paisano. Hemos, como sabe, fortalecido
la operación del Programa Paisano y la hemos fortalecido y relanzado con una estrategia
mucho más amplia, mucho más integral, con el propósito de apoyar a los mexicanos que
laboran y que residen en el extranjero y brindarles precisamente durante su tránsito o
estancia en nuestro país un trato justo, darles la orientación adecuada, la seguridad y,
por supuesto, el respeto a sus derechos humanos y a sus bienes patrimoniales.
Este programa, de acuerdo a la última evaluación, la que recién hicimos con comunidades
mexicanas en el extranjero, con la Contraloría, con los consulados, nos está permitiendo
atender anualmente alrededor de 2 millones de personas, es pues muy importante y muy
vigoroso instrumento interinstitucional que nos permite brindar apoyo amplio a sectores de
la población mexicana que se mueven o que regresan a sus comunidades de origen.
El otro tema que comentaba la señora diputada, es en relación a las necesidades de
reforzar este programa dadas las quejas, dadas las denuncias, dados los abusos y mal trato
que reciben nuestros paisanos por parte de las autoridades en su visita a nuestro país.
Durante el pasado periodo de septiembre de 1999 a agosto de este año 2000, se recibieron
por parte de las oficinas y de las ventanillas que ha puesto la Secodadm en operación del
programa, alrededor de 145 mil quejas y denuncias; de estas quejas y denuncias se han dado
respuesta a 108 denuncias de residentes mexicanos en el extranjero, a 32 vía electrónica
y las dependencias integrantes de la comisión intersecretarial de la Secodadm están
atendiendo y por supuesto desechando aquellas que no proceden o que no cuentan con
elementos suficientes, que es un número también importante y significativo, hay un
compromiso que hemos hecho a través de la Contraloría, para que estas quejas no
solamente sean recibidas sino, por supuesto, obligadamente atendidas.
El tema que comentaba la señora diputada, de la frontera sur, yo le quisiera comentar que
en el caso de la frontera sur se está haciendo un programa y un esfuerzo de
estabilización migratoria, así se llama el programa: Programa de Estabilización
Migratoria, para regularizar a los guatemaltecos y a sus familias que estaban en México
con carácter de refugiados.
Entre 1997 y 1998, se entregaron 8 mil 149 documentos de no inmigrantes y 6 mil 530 de
inmigrantes en los estados de Chiapas de Campeche y de Quintana Roo; de 1999 hasta junio
de este año, se han refrendado 4 mil 840 documentos de formas migratorias de residentes
en Campeche dando con ello mayor seguridad jurídica a nacionales guatemaltecos para
residir temporal o permanentemente en nuestro país.
Se ha puesto en marcha, en el caso particular del Estado de Chiapas, un programa para
darles nuevas facilidades migratorias para visitantes locales guatemaltecos e igualmente
se ha puesto en marcha una vertiente que tiene que ver con los visitantes agrícolas, es
la denominación migratoria, visitantes agrícolas que va dirigida a nacionales
guatemaltecos que laboran cada año, se internan al país y laboran cada año en los
cultivos de café, de azúcar y de plátano. En 1999 se documentó, mediante esta fórmula
migratoria, a 64 mil 691 guatemaltecos y de enero a julio de 2000, se han documentado a 46
mil 932.
Este programa, el propósito de este programa, es facilitar la internación y por supuesto
la estancia en la frontera sur, de los migrantes guatemaltecos, beliceños, en el caso de
Quintana Roo, otorgándoles mayor seguridad jurídica y favoreciendo con ello por
supuesto, los intercambios culturales, turísticos y comerciales, entre las comunidades
fronterizas.
Esto podría comentar en relación al tema de migrantes. Se ha planteado en el seno de la
Comisión del Programa Nacional de la Mujer como uno de los temas de atención y de
preocupación que cada uno de estos programas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema
migratorio como otros más donde la presencia de mujeres es un factor y una constante
permanente, se puedan implementar además medidas particulares específicas que permitan
contribuir en esta tarea y en este esfuerzo plural que hacen en el seno del Consejo
Nacional de la Mujer quienes están preocupadas y con el respaldo y el apoyo
gubernamental, buscando por impulsar mejores condiciones de género en esta lucha que han
emprendido con tanto éxito las mujeres que se expresan y se representan en todos los
partidos políticos y que tienen un espacio muy importante de discusión, de toma y de
impulso de decisiones en el seno del Consejo Nacional de la Mujer y de su Contraloría.
Pregunto al grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional si hará uso de su derecho de réplica.
Sí.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Chapa Hernández, por cuatro minutos.
| La
diputada María Elena Chapa Hernández: |
Con su permiso, señor Presidente; colegas
legisladoras y legisladores, señor Secretario:
Agradecemos la explicación vinculada a la participación de las mujeres en la vida
nacional, sobretodo aquellas que tienen que ver con fenómenos migratorios, en el que
algunos estados de la República son expulsores, otros receptores y la República entera
es tránsito para los migrantes que van a la relación bilateral que se está dando con
los Estados Unidos, a ofrecerse como fuerza laboral, sobre todo el fenómeno que estamos
observando en últimas fechas, es que las mujeres están migrando para ofrecer sus
habilidades finas, sobre todo en la maquila, en la zona fronteriza, dejando en
consecuencia, más de 20 mil niños en los albergues de este lado mexicano,
fundamentalmente en Tijuana.
Esta explicación, señor Secretario, de respeto a los derechos humanos de los migrantes,
nos permite abundar sobre los retos que usted mencionaba del Programa Nacional de la Mujer
y que tiene qué ver con la participación de las mujeres y no sólo aquellas vinculadas a
una profunda pobreza, como son las indígenas, las campesinas o las marginadas, sino la
defensa de sus derechos: derechos humanos, cívicos, sociales, reproductivos, de salud,
educativos y demás e ir más allá a lo que han constituido para el presente Gobierno,
los retos del Programa Nacional de la Mujer.
Esto es, la vinculación con los problemas que tenemos las mujeres, de violencia familiar,
cuyo resultados en diciembre del 1996 a todos nos consta, en un ejercicio plural que usted
mencionó, incluyente, de echar a andar una iniciativa de ley de carácter federal para la
protección de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas, contra la violencia
familiar.
Igualmente avances en el terreno educativo, en el terreno de la salud, en el trabajo, en
la relación que las mujeres tienen con el medio ambiente; en el uso de las imágenes
públicas, reproductoras, de estereotipos de las mujeres frente a los medios de
comunicación.
Aquí quiero puntualizar, señor Secretario, que nos complace mucho a las que además
somos consejeras del Programa Nacional de la Mujer, el impulso que se le ha dado en los
medios a las imágenes de las niñas y al respeto de las mujeres en los anuncios
televisivos.
Esta, colegas legisladoras y legisladores, es una lucha por la equidad, es una lucha por
la igualdad, por los derechos, por las oportunidades, por la igualdad de trato, por la
toma de decisiones, por acceder a los beneficios del desarrollo; por lograr los derechos
que eliminen toda forma de discriminación contra las mujeres.
Sin fobias, sin filias, mujeres de diversas organizaciones políticas, académicas,
organizaciones civiles ciudadanas, ya hemos dado muestra de un trabajo plural, incluyente;
no hemos cometido ningún exceso, menos de intolerancia. Las mujeres plurales hemos
generado desde hace dos años un esfuerzo para tener un espacio con un órgano incluyente,
con patrimonio propio, un organismo descentralizado, donde las políticas públicas
deriven en acciones que tienen qué ver con los grandes retos que enfrentamos la mitad de
México, la mitad de la población. Ese esfuerzo esperamos sea el Instituto Nacional de
las Mujeres.
Hemos avanzado, sí, en un esfuerzo plural, porque nos hemos respetado las mujeres, porque
hemos visto en la misma dirección, con perspectiva de genero, porque hemos contribuido al
esfuerzo del Programa Nacional de la Mujer, de la Comisión Nacional de la Mujer. Pero
quisiera recordarle, señor Secretario, que desde marzo de 1996, hemos solicitado tener un
Instituto propio que derrame las políticas públicas en beneficio de las mujeres
mexicanas.
Queremos estar también en la Reforma del Estado. No daremos ni un paso atrás en los
logros y los avances que hasta hoy hemos tenido. Todas las mujeres, colegas, tenemos todos
los derechos ni uno menos que los hombres. Esperamos consolidar en el ánimo de una
pluralidad y de una convergencia y de una tolerancia, los esfuerzos que se pueden consumar
de las mujeres, iniciados con aquella primera ley de la LIV Legislatura, contra el acoso y
el hostigamiento sexual,
Estamos pues en la mejor disposición de avanzar juntas, junto con los compañeros y las
compañeras, por el bien de México.
Gracias, señor Secretario.
Gracias, señora diputada.
SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS
Pasaríamos conforme al
acuerdo que regula esta comparecencia, a la segunda ronda, al segundo turno de preguntas y
respuestas.
Para formular su pregunta, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hará
uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, hasta por cuatro minutos.
| La
diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Gracias, señor Presidente:
Señor Secretario: en el informe que se comenta, el Presidente de la República quiere
hacernos creer que mostró una voluntad democrática al reconocer los resultados del
pasado 2 de julio.
Sin embargo, es necesario recordar, como él mismo lo afirma, que su acceso a la
Presidencia fue legal pero inequitativo por el dispendio de recursos de que hizo gala el
partido oficial en el proceso electoral de 1994.
¿Por qué el Gobierno Federal y el partido oficial se negaron a impulsar de manera
conjunta con el Poder Legislativo y los demás partidos políticos, la reforma electoral
presentada en marzo de 1999 en esta Cámara de Diputados y que fue detenida en dos
ocasiones por la mayoría priísta en el Senado de la República?
Asimismo la disposición inicial del titular del Ejecutivo a realizar con el concurso de
todas las fuerzas políticas, la reforma democrática del Estado, fue desechada frente a
los temores fundados del régimen de que se desgastaran aceleradamente sus bases
corporativas de control político que todavía le redituaban buena cantidad de votos en
los comicios estatales y municipales.
Señor Secretario: ¿por qué se bloqueó la necesidad insoslayable de impulsar
progresivamente al país hacia un proceso concertado entre el Gobierno, la sociedad y los
partidos, de reformas democráticas en el sistema político y las formas de organización
social? ¿Por qué se eludió esta responsabilidad pública y con ello se ha colocado en
riesgo de innumerables confrontaciones a México?
Señor Secretario: ¿en verdad cree usted, sin faltar a la verdad, que ya tenemos formas y
procedimientos plenamente democráticos en la mayoría de los sindicatos, de las
organizaciones campesinas y populares, en las formas de participación comunitaria y
ciudadana? ¿Ya adquirió plenitud democrática la vida nacional o a pesar del Gobierno,
apenas estamos inaugurando las formas básicas de la democracia electoral?
Preguntamos lo anterior porque no es lo mismo una cosa que otra, no se vale querer pasar
gato por liebre...
El diputado
José Manuel del Río Virgen
(desde su curul): |
Señor Presidente; me permite hacerle una
interpelación a la oradora.
Diputada, le solicitan...
| La diputada
Rosalía Peredo Aguilar: |
La acepto.
Adelante, diputado.
El diputado
José Manuel del Río Virgen
(desde su curul): |
¿Me permite un micrófono?
Sí.
Llévenle el micrófono. Gracias.
El diputado
José Manuel del Río Virgen
(desde su curul): |
Gracias, señor Presidente; gracias compañera
diputada Rosalía Peredo. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política nos negó el
uso de la palabra a tres partidos políticos.
Sin embargo, quisiera, compañera diputada Rosalía Peredo, fuera usted el amable conducto
para hacerle algunas preguntas al señor Secretario... ¡Ni modo!, así es la democracia
en esta Cámara, en algunos casos cuando ganan hay democracia, cuando pierden hay
intereses políticos, ¡ni hablar! ¡Ni modo!
Señor Secretario, respetuosamente... compañera, ¿quisiera hacer estas preguntas?:
¿Dónde estaba el señor Secretario, el señor Secretario de la política interna...,
dónde está nuestro Secretario de la política interna que nuestro negociador por la paz
no puede entablar contacto con el EZLN?
Que la Iglesia católica gana espacios vacíos de poder y culmina con una marcha...
Permítame, señor diputado.
Permítame decirle que ni usted ni yo podemos violentar los acuerdos aprobados por la
Asamblea.
El Presidente de la Cámara de Diputados está subordinado y sujeto a lo que dispone la
Asamblea. El día de hoy, esta Asamblea aprobó un acuerdo que regula la comparecencia del
Secretario de Gobernación.
El artículo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior establece:
El Presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara.
La Cámara votó un acuerdo parlamentario que regula la comparecencia. No se permiten las
interpelaciones. Hágame favor, diputado, de hacer llegar al Secretario de Gobernación
sus preguntas por escrito y no violentar el acuerdo parlamentario que regula esta
comparecencia.
Continúe, señora diputada.
El diputado
José Manuel del Río Virgen
(desde su curul): |
Señor Presidente, ¿me permite? Solamente un
breve comentario, señor Presidente. También el artículo 7o. de la Ley Orgánica habla
de frac ciones partidistas y nosotros somos una fracción partidista en la Cámara.
Respetuosamente le recuerdo que somos diputados con partido y tenemos derecho de
preguntarle al señor Secretario de la nación. Además la oradora aceptó la
interpelación y estuvo de acuerdo el vicepresidente.
Le pido que me permita terminar, respetuosamente. El señor Secretario ya está tomando
nota de las preguntas que estoy formulando a mi compañera Rosalía Peredo. A ella es a la
que estoy interpelando y ella aceptó la interpelación.
Señor diputado: quiero rogarle que usted y yo
nos sometamos a las disposiciones.
El diputado
José Manuel del Río Virgen
(desde su curul): |
Acepto, señor Presidente. Acepto. Gracias.
Le agradezco muchísimo, señor diputado.
Señora diputada, le voy a reponer el tiempo que se ha consumido en esta moción y le
rogaría que formule su pregunta en los tiempos que están acordados por la Asamblea y que
obligan a todos a honrar a la propia Asamblea y a su normatividad.
Le reponen, por favor, tres minutos a la oradora.
| La diputada
Rosalía Peredo Aguilar: |
Gracias.
Finalmente la ciudadanía ha asumido la alta responsabilidad de culminar con los medios a
su alcance el proceso de cambios democráticos que la nación demanda para mantener y
afinar el proyecto histórico de todos los mexicanos. Esto ha sido así en los años
recientes y lamentablemente aun en contra de la voluntad evidente del Ejecutivo Federal.
No ha sido sólo el resultado contundente del pasado 2 de julio, está también el proceso
electoral más reciente de Chiapas, en donde como expresión de procesos consistentes en
el seno de la sociedad, la ciudadanía decidió mayoritariamente sacudirse el yugo del
régimen priísta y avanzar en la construcción de las condiciones para extender los
beneficios de la enorme riqueza que tiene esta entidad del sureste mexicano.
Como se observa, señor Secretario, la democracia que demanda el pueblo mexicano es mucho
más de la elemental democracia electoral que establece en su balance el titular del
Ejecutivo y que se pretende hacer pasar por la normalidad democrática largamente
postergada.
Queremos que se exprese puntualmente sobre lo anterior, evitando los lugares comunes de
los que se hace un amplio recurso en el texto del VI Informe de Gobierno.
Muchas gracias.
También le rogaría, señor Secretario, tome en cuenta las preguntas a que hubo lugar de
parte del diputado de Convergencia Democrática.
Gracias.
Tiene el uso de la palabra para responder las preguntas formuladas, el señor Secretario
de Gobernación, hasta por ocho minutos.
El
secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Gracias, señor Presidente:
Desde que inició la administración del presidente Zedillo, como todos recordarán, se
convocó a las distintas organizaciones políticas, a las distintas organizaciones
ciudadanas, a construir juntos, efectivamente, un impulso a la democratización integral
de la vida nacional a través de la suscripción, de la construcción de un acuerdo
político nacional que derivó precisamente en la convergencia de un conjunto de temas que
se trataron y que se sentaron en la reforma del Estado.
Este diálogo con las distintas fuerzas políticas que encabezó el propio presidente
Zedillo, estableció temas de una agenda de prioridades, uno era la reforma electoral,
efectivamente la que se denominó una reforma electoral definitiva; el fortalecimiento del
Poder Legislativo era otro tema; la procuración e impartición de justicia; el impulso al
federalismo, la reforma política en el Distrito Federal; el tema de los derechos y
cultura indígena; la participación ciudadana y comunicación social y la atención a los
temas que fueran surgiendo en la propia coyuntura.
Bajo esta agenda que se discutió a principios del Gobierno del presidente Zedillo, se
acordó con los partidos políticos representados en el Congreso, la formación de una
agenda legislativa, en la que se acordaron entre otros temas algunos que no pudieron
concretarse, como la reforma fiscal integral, el órgano superior de fiscalización; es
decir, la revisión y el sistema financiero; el Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública;
el fortalecimiento del Poder Legislativo; la Ley de Cultura y Derechos Indígenas; la
Comisión Nacional de Derechos Humanos; formas de democracia directa y participación
ciudadana; fortalecimiento municipal y federalismo en un primer paquete.
En un segundo paquete y a petición de los partidos políticos, se incluyeron en la agenda
temas como los de medio ambiente, que aquí se han comentado; derechos de los jóvenes;
reforma laboral; asuntos electorales; responsabilidades de servidores públicos;
políticas económicas de Estado y comunicación social.
En total, el Ejecutivo Federal ha impulsado hasta ahora 124 iniciativas de ley, a
propósito de este acuerdo, de las cuales 118 de ellas fueron aprobadas y seis quedaron
como pendientes.
De las más representativas, de las que ilustran el compromiso del presidente Zedillo con
esta reforma del Estado y con el proceso de reforma política, pues sin duda podemos
señalar de manera muy importante, la reforma política electoral de 1996, a la que
hicimos referencia en el propio texto introductorio a esta comparecencia.
Reforma política electoral de 1996 que definió derechos políticos de las organizaciones
y de los ciudadanos; las condiciones de competencia electoral, la redefinición y
ciudadanización de los órganos y autoridades electorales; la autonomía de los órganos
de justicia electoral y la reforma electoral del Distrito Federal, así como la
integración de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Se aprobó una nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
que fortalece su organización y funcionamiento.
En el ámbito de procuración de justicia el Presidente informó, en el texto del VI
Informe de Gobierno, que se consolidó la Suprema Corte de Justicia, como Tribunal
Constitucional y se redujo el número de integrantes de 26 a 11.
Se modificó el estatuto de los ministros de la Corte y se creó el Consejo de la
Judicatura Federal, como un órgano para la administración y vigilancia y preservación
de la disciplina del Poder Judicial de la Federación.
En cuanto a la reforma política del Distrito Federal, se ampliaron derechos políticos de
los habitantes de la Ciudad de México, mediante un nuevo régimen jurídico y político,
que estipula la elección directa del jefe de gobierno; la creación de nuevas
demarcaciones políticoadministrativas y la elección por voto directo de los delegados en
el año 2000.
Hemos comentado ya los esfuerzos que se hicieron dentro de esta agenda, en la tarea del
nuevo federalismo.
Simplemente comento, señora diputada, que efectivamente podemos decir y podemos concluir
que la reforma política de Estado, la reforma política de Estado debe analizarse como un
esfuerzo conjunto, un esfuerzo amplio, un esfuerzo plural de los actores políticos, a
partir de una convocatoria que hizo al inicio de su gobierno el presidente Ernesto
Zedillo.
Más allá de la enumeración de las reformas jurídicas, de las reformas políticas
durante la presente administración, lo que a nuestro juicio debe valorarse, son los
distintos avances cualitativos, cuantitativos que se han logrado para fortalecer la
democracia, para fortalecer la unidad nacional, para elevar la eficacia de las
instituciones, para ampliar los cauces de la participación social, dando una nueva
dimensión a la gobernabilidad democrática.
Segundo, pregunta la señora diputada Rosalía Peredo, que por qué se bloqueó o no se
llevó a cabo lo que ella denomina la reforma de 1999. No se llevó a cabo la discusión
que tuvieron los partidos políticos por un problema de acuerdo de los partidos
políticos, no por decisión del Ejecutivo.
Tuvimos oportunidad y ocasión de conversar con los distintos partidos políticos
representados en el Congreso, los cinco o seis temas que pudieran ser objeto de
discusión, de debate y en consecuencia de aprobación en una eventual ampliación de la
reforma de 1996 y se convino explícitamente con los representantes del PRD, del PAN y del
PRI, particularmente de esos tres partidos, que si no había acuerdos en por lo menos
cuatro de los seis temas o tres de los seis temas que se estaban discutiendo, entre otros
el voto de mexicanos en el extranjero, notablemente porque ahí hubo una gran cantidad de
opiniones, no era prudente ni conveniente impulsar ningún tipo de discusión ni ninguna
iniciativa, aunque hubiera acuerdo en dos o tres puntos más de la agenda que se discutió
con los partidos políticos.
Esa fue la razón, simple y llanamente no hubo acuerdo y se decidió que no era prudente
ni conveniente que los dos o tres temas que tenían que ver con los medios, que tenía que
ver, no recuerdo el otro asunto donde había más o menos acuerdo, pues valieran la pena
para hacer reformas en un proceso tan cercano ya al proceso electoral federal. Esa es la
razón simplemente y el testimonio y la información la tienen los propios representantes
de los partidos políticos que acudieron y se reunieron en Gobernación para discutir
estos temas.
El otro comentario que hacía la señora diputada en relación a que si creemos realmente
que las formas y procedimientos democráticos han sentado una base sólida y firme, dadas
las diferencias, la heterogeneidad de organizaciones políticas y sociales, las prácticas
de organizaciones sindicales, gremiales de los propios partidos políticos, de las nuevas
organizaciones políticas nacionales, me parece que es una tarea que tenemos que construir
e impulsar todos los días. Creo que se ha dado, no creo, estoy absolutamente seguro y
convencido y una prueba de ello son las elecciones que se han venido efectuando en el
país a partir de 1996.
El último proceso incluido, el de Chiapas mismo, donde la legalidad, la legitimidad de
los procesos electorales ya no es un tema que se discuta ni signifique motivos de
confrontación o de violencia, como era práctica tradicional en un pasado no muy lejano.
Me parece que la formación de una cultura política democrática en partidos, en
organizaciones y en gremios, es una tarea que tiene que seguirse construyendo
cotidianamente. Nadie piensa ilusamente que por arte de magia puedan establecerse
mecanismos democráticos de manera automática. Ha costado muchos años, ha costado una
larga transición, una larga práctica y construcción de acuerdos la realidad política,
democrática que estamos viviendo en el país y que no tengo duda tenemos que seguir
consolidando y profundizando en el futuro.
Muchas gracias, señor Secretario.
Pregunto a la diputada Rosalía si va a hacer uso de su derecho de réplica.
La
diputada Rosalía Peredo Aguilar
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Tiene la palabra la diputada Rosalía Peredo
Aguilar, del Partido del Trabajo, por cuatro minutos.
| La diputada
Rosalía Peredo Aguilar: |
Gracias, señor Presidente:
Señor Secretario; los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo
consideramos que la evolución del sistema democrático debe pasar necesariamente por
ampliar la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.
Por ello reivindicamos la iniciativa presentada por nuestros diputados de la LVII
Legislatura, para incorporar al texto constitucional las figuras del referendum,
plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato.
La democracia electoral habrá de acompañarse de la eliminación de los controles
sindicales, campesinos y populares que han impedido la defensa de los intereses de los
trabajadores de la industria y del campo, de los colonos, maestros y demás sectores
mayoritarios de la sociedad.
En este nuevo marco que comienza a erigirse en nuestro país, el Partido del Trabajo
refrenda su compromiso de contribuir a lograr una sociedad más justa, libre y
democrática.
Señor Secretario, también queremos aprovechar la oportunidad para referirnos al muy
grave problema de la seguridad pública. En esta materia el balance sexenal es
absolutamente deficitario. No sólo se ha abatido la delincuencia, sino que ésta ha ido
creciendo exponencialmente, relacionando de paso a los cuerpos de seguridad y altos mandos
del Ejército Mexicano en la comisión de delitos tipificados como de delincuencia
organizada.
Pese al sustancial incremento de recursos para el Sistema Nacional de Seguridad Pública y
a novedosos esquemas de coordinación, la delincuencia va adelante en cuanto a armamento,
sistemas de comunicación y al parecer, también de inteligencia por cuanto a la amplia
infiltración dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.
Es necesario enfatizar que el Poder Legislativo ha cumplido su función de proveer de los
instrumentos jurídicos que se han requerido para el combate a la delincuencia; pero
también es necesario decir que ha sido en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde no se han
dado resultados óptimos.
Por otra parte, señor Secretario, en cuanto a las recomendaciones emitidas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el informe menciona el supuesto cumplimiento de la
mayoría de las mismas, sin embargo, entre las que no se cumplieron destaca la emitida
sobre los acontecimientos de Aguas Blancas, en donde personajes como Rubén Figueroa
Alcocer y José Rubén Robles Catalán, no obstante haber estado involucrados en ellos,
gozan de total libertad o para ser más claros, de toda impunidad.
La mayoría de las mexicanas y los mexicanos aspiramos a vivir en un México con libertad
y seguridad plena; por ello demandamos que en el tiempo que resta de esta administración,
se haga un mayor esfuerzo por abatir este problema de enormes dimensiones y lamentables
efectos colectivos e individuales.
Señor Secretario: por razones que el Partido del Trabajo ha subrayado y reiterado en
innumerables ocasiones y que en el futuro próximo quedarán plenamente confirmadas, la
mayoría de los problemas del país se convirtieron para el equipo de gobierno del que
usted forma parte, en problemas de dimensión nacional.
Este es en realidad el balance simple y claro que para la mayoría de los mexicanos
representan los seis años de gobierno de Ernesto Zedillo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Rosalía Peredo
Aguilar.
Ahora sí, tiene el uso de la palabra para formular su pregunta, a nombre del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el señor diputado Concepción
Salazar González por cuatro minutos.
| El
diputado Concepción Salazar González: |
Con su permiso, señor Presidente; diputadas,
diputados:
Señor Secretario: yo quiero hacer un planteamiento muy puntual, un planteamiento en el
cual los movimientos ecologistas no solamente nacionales, sino también internacionales,
han estado muy al pendiente.
Para los militantes del Partido Verde Ecologista de México ha sido no sólo una afrenta a
nuestra causa sino un atentado a los derechos humanos más elementales, el saber que la
protección de nuestros ecosistemas puede dar como resultado el encarcelamiento injusto y
el levantamiento de cargos penales falsos para doblegar la voluntad de quienes actúan en
defensa de la naturaleza.
Me estoy refiriendo a los ya conocidos casos de Rodolfo Montiel y de Teodoro Cabrera, que
por defender los bosques en el Estado de Guerrero, han sido sujetos de un juicio penal que
los ha privado de su voluntad, bajo la acusación de haber cometido delitos contra la
salud y acopio de armas. Tal caso o en general, no puede ser el proceder contra aquellos
que valientemente defienden los recursos naturales de nuestro país y es también una
muestra de una notoria incapacidad para dar curso a las legítimas demandas de nuestra
sociedad para que se actualice el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y
bienestar de los mexicanos que ahora reconoce nuestra Constitución.
Señor Secretario, ¿por qué la Secretaría a su cargo no intervino oportunamente ante la
situación que se estaba generando en el Estado de Guerrero, específicamente en la
situación en que está involucrada la Organización de Campesinos Ecologistas de la
Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán, en la que fueron sentenciados dos de ellos
por el simple hecho de defender la biodiversidad y el desarrollo sustentable de su
entorno, ya que desde febrero de 1989 pobladores de esa región crearon la organización
con el objetivo principal de evitar la inmoderada explotación forestal en la sierra y
evitar una destrucción masiva del bosque, que deviniera en un ecocidio.
Como sabemos, en esa situación durante ocho años que se permitió la tala en esa sierra,
se perdió alrededor de un 40%.
Por su respuesta mucha gracias, señor Secretario.
Muchas gracias, diputado Concepción Salazar
González.
Para dar respuesta a las preguntas formuladas, hará uso de la palabra el Secretario de
Gobernación, hasta por ocho minutos.
El secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Señor diputado Concepción Salazar González:
Nosotros compartimos la preocupación, pero sobre todo las iniciativas de quienes
fomentan, estimulan y sobre todo practican y con su ejemplo contribuyen a generar una
cultura cívica y sobre todo sólida en materia de protección ambiental, en materia de
defensa de los recursos naturales. Muchas de las organizaciones no gubernamentales con las
cuales tiene un trato cotidiano y una comunicación cotidiana la Secretaría de
Gobernación, canalizan inquietudes, preocupaciones, gestiones, en estos temas y ahí
actúa la Secretaría de Gobernación no solamente como un enlace, sino como una instancia
para poder ayudar en la promoción de este tipo de preocupaciones y de gestiones que
compartimos plenamente.
La Secretaría de Gobernación tiene conocimiento de que el proceso legal que se sigue a
los señores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ha sido un proceso apegado a derecho y
respetando las garantías individuales establecidas en nuestra constitución.
¿Cuál es la información de que dispone la Secretaría de Gobernación en relación a la
situación que prevalece en este caso y en esta situación? Ambos, Montiel Flores y
Cabrera García, miembros de la organización que se denomina "Campesinos Ecologistas
de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán", fueron detenidos en mayo de 1999
en el municipio de Ajuchitlán, una comunidad que se llama Pizotla, después de que se
suscitara un enfrentamiento entre efectivos del 40 batallón de infantería del Ejército
mexicano y presuntos narcotraficantes en el que resultó un muerto que se llamaba Salomé
Sánchez Ortiz.
Se dictó un auto de formal prisión el 12 de mayo de ese año a estos personajes, según
el expediente penal correspondiente, por el delito de portación de armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Y en el caso de Rodolfo Montiel, además por delitos contra la salud en su modalidad de
siembra de mariguana. El 28 de agosto de ese año, el juzgado 5o. de distrito, con sede en
Iguala, dictó la sentencia que usted conoce de 6 años 8 meses de prisión y una multa de
1 mil 960 pesos y de 10 años de prisión y una multa de 2 mil 700 pesos a Teodoro
Cabrera.
El propio 28 de agosto la defensa de los inculpados interpuso el recurso de apelación
contra esta sentencia. En el caso particular del señor Montiel, también se le sigue una
causa penal por su presunta participación en dos homicidios ocurridos en 1990 y en 1998,
según se asienta en las averiguaciones correspondientes.
De tal manera pues que las resoluciones que han tomado las autoridades judiciales, ámbito
donde compete esta situación, este caso, en torno al caso MontielCabrera, se han
establecido con base en la información y los elementos que comprueban su responsabilidad
en los delitos que se imputan. Reafirmándose con ello, de acuerdo a la información de
que dispone la Secretaría de Gobernación, la consistencia de sus procesos penales.
En su primeras declaraciones y no quiero dejar de agregar, dentro de las primeras
declaraciones del señor Cabrera García, reconoció también haber participado en el EPR,
lo que resulta relevante tomando en cuenta que la organización a la que pertenece, actúa
precisamente en la zona en que el EPR y el ERPI mantienen presencia y que además han
realizado agresiones armadas contra efectivos militares y efectivos policiacos.
En síntesis, la información de la que dispone la Secretaría de Gobernación, sin ser
autoridad en este ámbito particular, es la persecución de delitos concretos, donde las
autoridades y los quejosos correspondientes han presentado prueba y en consecuencia han
proveído a las autoridades competentes para tomar este tipo de determinaciones.
Yo me atrevería a sugerirle al señor diputado, ante esta preocupación, que estoy seguro
y cierto que las autoridades competentes estarán en la mayor disposición y con la mayor
apertura para que, pruebas en contrario, pueda revisarse este tipo de situaciones, como se
hace cuando existen quejas, sospechas, suspicacias de que son otras las motivaciones, como
las que sugiere el señor diputado: por la defensa de los recursos ecológicos, de los
bosques y por el impulso a través de organizaciones no gubernamentales a procesos de
cultura cívica ecologista.
Yo tengo esta información y ésta es la información que tiene la Secretaría de
Gobernación y tenemos absoluta confianza y credibilidad en el trabajo y en la actuación
del Ministerio Público del Estado de Guerrero y de las quejas y demandas que han sido
interpuestas entre ambas personas.
Gracias, señor Secretario
¿Hará uso de su derecho de réplica el Partido Verde Ecologista?
Tiene el uso de la palabra para hacer su réplica, el diputado Concepción Salazar
González, por cuatro minutos.
| El diputado Concepción Salazar González: |
Con su permiso, señor Presidente; señor
Secretario:
Sabemos que México ha pasado a una etapa de democracia, pero también sabemos que ya los
mexicanos no solamente nos estamos preocupando por lo que son los problemas con personas
que han delinquido, problemas con demás conocimiento de lo que tenemos de los problemas
que nos afectan directamente. También estamos muy conscientes ya del respeto a lo que es
el medio ambiente.
Consideramos también que una de las funciones que tiene la Secretaría de Gobernación es
precisamente la de gobernabilidad. Así, evitar los excesos en que pudieran caer las
autoridades estatales en la aplicación de la ley.
Y en el caso que nos ocupa vemos con mucha inquietud que hay elementos suficientes en que
Gobernación no pudo haberse anticipado a las protestas y conflictos que derivaron de la
sobreexplotación forestal en el Estado y sobre todo en la sierra, como, a través del
diálogo y la concertación política entre la organización de campesinos ecologistas,
las autoridades y la unión de los ejidos Rubén Figueroa.
Debemos de respetar ese ambiente y debemos de respetar a esas personas ambientalistas y,
en caso de que éstas sí puedan ser juzgadas, que sean juzgadas bajo un marco de derecho.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado Salazar González.
Tiene el uso de la palabra para formular preguntas en nombre del grupo parlamentario de la
Revolución Democrática, la diputada Norma Reyes Terán, hasta por cuatro minutos.
| La
diputada Norma Reyes Terán: |
Con el permiso de la Presidencia.
Licenciado Carrasco: unas semanas antes del proceso electoral federal se presentó una
diferencia entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral con
motivo de que diferentes concesionarios de radio y televisión se negaron a transmitir
diferentes promocionales del IFE relacionados con los pasados comicios, argumentando que
en los tiempos oficiales de radio y televisión no era obligación de los medios
transmitir promocionales del IFE dentro de los tiempos del Estado.
Por tal causa, se solicitó al titular de RTC, el licenciado Alejandro Montaño Martínez,
el inicio del procedimiento de aplicación de sanciones contemplado por la ley de la
materia y su reglamento.
Sin embargo, el titular de RTC se negó a instrumentar cualquier tipo de procedimiento en
contra de las empresas concesionarias de radio y televisión y el pasado 31 de julio el
órgano interno de control en el área de responsabilidades de la Secretaría de
Gobernación resolvió declarar improcedente cualquier procedimiento administrativo en
contra del titular mencionado.
Tengo en la mano un oficio de fecha 5 de septiembre, dirigido al titular del IFE, el
maestro José Woldenberg, en donde el consejero electoral Jaime Cárdenas da cuenta de la
situación mencionada al Presidente del Consejo General del IFE y evalúa la misma como un
indicador del nivel de impunidad que priva en la Secretaría de Gobernación.
¿Por qué usted, como superior jerárquico del titular de RTC, no aplicó sanción
administrativa alguna y permitió la violación flagrante de los concesionarios a sus
obligaciones legales? ¿Fue ésta una ofensiva del Gobierno Federal o del PRI en contra
del IFE?
Cuando usted fue gobernador del Estado de Oaxaca fueron perseguidos, encarcelados y
torturados cientos de indígenas loxichas y al gunos más desaparecidos por su gobierno,
quizá con el propósito de congraciarse con el gobierno de Zedillo.
Como consecuencia de lo anterior, hoy existe un plantón de las esposas e hijos de los
encarcelados frente al palacio de gobierno, que en los próximos días cumplirán tres
años. Actualmente muchos de esos presos inocentes han sido puestos en libertad, en una
actitud verdaderamente patética y cruel esos indígenas Loxichas han sido declarados
inocentes y puestos en libertad y sólo se han merecido el clásico: "usted
disculpe".
El licenciado Francisco Labastida Ochoa declaró, siendo secretario de Gobernación,
"que en ciudad universitaria durante la huelga estudiantil habían arsenales".
El 6 de marzo, cuando intervino la Policía Federal Preventiva "el arsenal" se
redujo a un taladro y a algunas navajas. Dejando al descubierto la mala fe, la mentira y
la ineficacia de esa Secretaría a su cargo.
El titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, Alejandro Alegre
Rabiela, declaró el pasado 23 de agosto en la presentación de la revista Administración
Pública, según lo reseña el semanario Proceso, la conveniencia de que se desprenda el
Cisen de la Secretaría de Gobernación y la necesidad de elaborar una ley de inteligencia
para la seguridad nacional.
Señor Secretario: ¿acepta que los mecanismos de inteligencia del Estado Mexicano han
fracasado? ¿Comparte la opinión que he citado del titular del Cisen?
Por último, el gobernador de su Estado natal ha acusado directamente de espionaje
político a personas que trabajaron directamente con usted en cargos de alto nivel de su
administración. ¿Qué opinión le merece esa denuncia de José Murat?
Gracias,señora diputada.
Para dar respuesta a las preguntas formuladas hará uso de la palabra el Secretario de
Gobernación, hasta por ocho minutos.
El secretario
de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Efectivamente se ha discutido y debatido,
particularmente antes del proceso electoral, la controversia que se suscitó con motivo de
los promocionales que promovió el IFE para fomentar la cultura cívica electoral y la
discusión que se tuvo con los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la
Radio y la Televisión para difundir este tipo de mensajes.
Yo creo que lo que vale la pena aquí es entender cuál es el origen del conflicto y como
se solucionó el conflicto, porque me parece que eso da respuesta por sí mismo a lo que
sigue.
La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión impugnó la transmisión de
mensajes del IFE, argumentando la autonomía del instituto respecto del Poder Ejecutivo.
Para lo cual, decía la cámara a sus promocionales no podían ser canalizados en el
paquete de tiempos oficiales, de acuerdo al compromiso que existe a partir de 1969.
El IFE, por su parte, promovió ante la Secretaría de Gobernación, que se iniciaran
procedimientos de sanción en contra de los concesionarios, que omitieran la emisión de
sus promocionales.
Si ustedes recuerdan, no este Proceso Electoral Federal sino el pasado, todavía los
promocionales que sacaba el IFE aparecían IFE-Segob y eran cargados a tiempos oficiales.
Cuando se decreta o se acuerda la autonomía del IFE y empieza a operar como tal, como
instancia autónoma, surge esta controversia con la Cámara de la Industria de la Radio y
la Televisión.
Esta controversia a lo que iba a llevar era, en primer lugar, a que se dirimiera en el
Poder Judicial como una controversia constitucional, que quizá podría tardar meses y
perderse el tiempo valioso, que era justamente cuando tenían que transmitirse estos
promocionales.
Lo que se convino, por intervención de la Secretaría de Gobernación, fue un acuerdo
para que los promocionales pudieran pasar, como pudieron pasar y se cumplió puntualmente
el propósito y el compromiso del IFE y la intencionalidad de los promocionales, de tal
suerte que entre el 2 de mayo y el 2 de julio se transmitieron 8 mil 916 spots de
televisión, que equivalen a 267 mil 480 minutos de transmisión. Esto es un promedio de
poco más de 6 spots transmitidos cada hora o bien un spots de 30 segundos de duración
por cada 10 minutos diarios de programación en televisión.
El propósito que dio origen a esta discusión fue resuelto satisfactoriamente. La
controversia sobre si son o no atribuibles o cargables la futura promoción del IFE en
tiempos oficiales, es un tema que se está revisando por parte de los jurídicos
respectivos. Yo estoy seguro que van a llegar finalmente a una interpretación común.
Pero reitero y subrayo que el tema de fondo fue atendido oportunamente y resuelto
oportunamente.
Un consejero, el consejero Jaime Cárdenas efectivamente metió una solicitud de sanción
administrativa al director general de RTC, de Radio, Televisión y Cinematografía. Esta
denuncia o esta demanda fue turnada a la propia Contraloría, la instancia competente que
es la Contraloría y la Contraloría, si mal no recuerdo, no dio lugar a una denuncia que
no tenía ningún fundamento, porque el problema de fondo había sido perfectamente
resuelto de común acuerdo y satisfechas por cierto las partes, el IFE y Radio,
Televisión y Cinematografía.
Como un elemento que agrego, la denuncia del consejero Jaime Cárdenas fue una denuncia a
título personal, como él mismo lo estableció en una relación con el propio director de
RTC. No fue una denuncia del IFE ni fue un acuerdo del consejo del IFE, no fue un acuerdo
del pleno del consejo, fue una denuncia de carácter personal y fue debidamente atendida a
través de la instancia competente.
Los temas particulares que tienen que ver con la glosa del informe, con todo gusto voy a
dar respuesta. Me parece que no es prudente ni competencia en este momento, dada la
invitación que he recibido para comparecer y glosar el informe del señor Presidente de
la República, de entrar a temas de carácter local, como es el caso de esta denuncia
supuesta de espionaje y el tema de Loxicha.
Pero comento lo de Cisen. A mí me parece que es muy importante, y lo hemos enfatizado
antes, que es fundamental entender cuál es la vinculación y el ámbito de la seguridad
nacional y de la seguridad pública. Aquí hemos venido discutiendo a lo largo de la
sesión de esta reunión, de esta comparecencia, los temas de seguridad pública y, sin
duda, la seguridad pública es uno de los factores o elementos importantes de las
preocupaciones y prioridades en materia de seguridad nacional.
Ha habido una discusión en medios generada y motivada seguramente por el interés y por
la inquietud de cómo se va a reforzar, cómo se va a fortalecer y coordinar en el futuro
inmediato el tema de la seguridad pública y el tema de la seguridad nacional y se ha
comentado sobre, por lo menos eso hemos leído y escuchado, no conozco un proyecto en
particular y no podría dar en consecuencia un juicio específico o contundente, se ha
mencionado que hay la intención de constituir y de crear una Secretaría de Seguridad
Pública y una de las versiones que yo he escuchado es que en esa Secretaría de Seguridad
Pública puede resultar conveniente, además de constituirla, adicionarle el órgano de
información para la seguridad nacional, el Centro de Información para la Seguridad
Nacional, que es el Cisen.
¿Cuál es mi opinión al respecto? Muy respetuosa de la evaluación que se vaya a hacer
sobre este particular. Yo estoy cierto que se ha revisado con absoluto profesionalismo,
con absoluto apego a la ley, pero sobretodo con un claro interés de consolidar los
mecanismos de seguridad pública en el país, en coordinación con los estados y
municipios, para atender y resolver con énfasis y con determinación este compromiso de
hoy y de mañana, que es el tema de la inseguridad.
Mi percepción sobre el tema de la inclusión o no en esta área del Cisen como órgano de
información para la seguridad nacional, cuya tarea fundamental es precisamente construir,
consolidar este sistema nacional de seguridad, este órgano de seguridad para poder
anticipar, prevenir, planear asuntos, temas, circunstancias que pongan en riesgo
soberanía, seguridad interna, estabilidad como parte de los temas que aquí hemos
comentado, el tema de los recursos naturales, el tema del agua, el tema de la guerrilla,
el tema del narcotráfico, me parece que en la medida de la amplitud del concepto de lo
que implica la seguridad nacional, es un órgano que debe manejarse como se está
manejando, por separado y ofreciendo apoyo y respaldo a las distintas áreas de gobierno y
a las distintas áreas operativas que tienen que ver con los distintos ámbitos de
actuación.
Hoy existe por disposición de los ordenamientos administrativos legales, un gabinete de
seguridad nacional, cuyo secretariado técnico es justamente el Cisen y este gabinete lo
preside la Secretaría de Gobernación y forman parte de él no sólo Gobernación, sino
la Procuraduría, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y participan en
él, a invitación del gabinete, los ejecutivos de los estados y ahí se discuten y se
revisan los temas de la agenda de riesgos y ahí juega un papel fundamental este órgano
de información.
No es, pues, un tema sólo referido, aunque sea muy importante el asunto, a asuntos o a
temas o subtemas de seguridad pública, es un concepto sin duda mucho más amplio que
requiere, a mi juicio, otro tipo de tratamiento.
Gracias, señor Secretario.
¿El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hará uso de su
derecho de réplica? Tiene entonces el uso de la palabra para formular su réplica, la
diputada Norma Reyes Terán, del PRD.
| La diputada Norma Reyes Terán: |
Al parecer el carácter y la trascendencia de
las reformas constitucionales al artículo 41 no han sido cabalmente estimuladas del todo
por la propia Secretaría de Gobernación. Esto tal vez se deba a que históricamente el
control de los procesos electorales estuvo hasta hace unos años determinado por la
actuación de dicha Secretaría.
Creo que la inquietud de muchos de los integrantes de esta soberanía respecto al tema que
nos ocupa, va encaminada a conocer no tanto si la Secretaría a su cargo piensa o no
imponer alguna sanción al titular de RTC, sino más bien en evaluar el papel de la
Secretaría de Gobernación en el pasado proceso electoral que como muchas veces se
mencionó en el Consejo General del IFE dejó realmente mucho que desear.
Durante mucho tiempo, cuando usted fue gobernador de Oaxaca, se hizo común en esa entidad
la práctica, entre otras, de la represión, la violación de los derechos humanos y la
práctica del espionaje político.
Varias fueron las denuncias que se interpusieron en ése entonces por tal causa; recuerdo
en lo particular la que interpuse al encontrar a finales de 1997 en la casa de campaña de
un candidato de mi partido en la capital oaxaqueña y en las instalaciones telefónicas
adyacentes, varios implementos destinados al espionaje telefónico.
Esto constituyó uno de los muchos escándalos políticos que se dieron en ése entonces
en Oaxaca. Con la pasada denuncia del actual gobernador oaxaqueño José Murat, quien
acusa directamente a relevantes personajes que formaron parte de su administración
estatal, de haber sido los responsables directos de haber implementado el sistema de
espionaje en las oficinas del palacio de gobierno y en la casa oficial en el Estado de
Oaxaca. Frente a esa nueva denuncia. ¿Cómo debemos de interpretar los signos, en donde
un Secretario de Gobernación en funciones de acusar de espionaje a varios de los que
fueron sus operadores políticos por parte de un gobernador en funciones?
¿Cómo debemos interpretar esas señales, como una revisión light de la guerra sucia
implementada en los años setenta por sus antecesores?
Es innegable que la política interior en estos rubros es al menos errática, hemos visto
un proyecto deodorista, si es que puede acuñarse ahora este término, caracterizado por
posponer indefinidamente los problemas. Creo que de todos los problemas políticos graves
en nuestro país desde que usted es Secretario de Gobernación, simplemente ninguno de
ellos fue resuelto. Nombre cualquiera de los aquí presentes, un conflicto nacional
reciente y veremos que simplemente la política deodorista al respecto fue darle a ese
problema largas y evasivas. Su gestión será recordada como aquélla que nunca afrontó
los grandes problemas nacionales, una gestión maniatada y castrada que tuvo todo para
afrontar y resolver los conflictos políticos de nuestro país y simplemente dejó de lado
esa oportunidad de atender esos conflictos y optó por el camino fácil de tratar de
vender a todo el país la idea de que aquí no pasa nada, de que los problemas se van
resolviendo, de la fácil alternativa de usar los tiempos oficiales en radio y TV para
presentar a la opinión pública un escenario en el que políticamente todo está
controlado.
En materia de seguridad pública, su discurso es totalmente evasivo, no asume sus
responsabilidades, sólo las empuja a otras instancias como los gobiernos estatales. Si
usted no puede hacer nada sobre el problema de seguridad pública, como en otros temas,
¿qué hace entonces en su cargo? ¿De qué sirve la Secretaría de Gobernación si no
quiere encargarse del problema número uno?, entonces ¿por qué está al frente de la
Secretaría encargada de la paz social?
Una parte sustancial de los problemas de carácter político en nuestro país era el de
naturaleza soluble, estaba en sus manos resolverlo y no hizo gran cosa por atenderlos...
el abandonar su responsabilidad histórica frente a las grandes necesidades de nuestro
país... será sin duda alguna el sello distintivo de su perfil como servidor público.
Creo, señor Carrasco Altamirano, que ésta será su señal definitiva... frente a los
analistas que se dignen a revisar su paso por la Secretaría de Gobernación...
Permítame, señora diputada. ¿Me permite,
señora oradora, me permite por favor?
Quiero solicitar a todos, las señoras y señores diputados, conservemos el orden y el
respeto entre nosotros y a la señora oradora, que ha terminado su tiempo y redondee su
intervención.
| La diputada
Norma Reyes Terán: |
Concluyo, concluyo. Señor Carrasco Altamirano:
creo que ésa será su señal definitiva, distintiva frente a los analistas que se dignen
a revisar su paso por la Secretaría de Gobernación y digo los analistas, porque
definitivamente su figura no será evaluada por los historiadores.
Gracias.
Se hace necesario insistir a las señoras y a
los señores diputados, en el respeto primero a las normas que nosotros mismos nos hemos
dado para regular esta sesión de comparecencia que tiene tiempos claramente establecidos,
y segundo, el respeto mutuo entre todos los miembros de esta Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la palabra, para formular preguntas a nombre del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, el diputado Oscar Maldonado Domínguez, hasta por cuatro
minutos.
El
diputado Oscar Romeo Maldonado
Domínguez: |
"No somos humanos con experiencias
espirituales; somos espíritus con experiencias humanas". Cito esta frase, cito esta
frase en honor de Carlos Castillo Peraza, quien abrió las alas del espíritu mucho antes
de abandonar la imperfecta crisálida aquí en tierra.
Con su venia, señor Presidente; señores diputados, les voy a rogar su indispensable e
indivisible atención.
Todos hemos visto, en los tiempos estelares de televisión, un comercial sumamente
obsceno, en donde el Gobierno Federal pone a una niñita indígena, evidentemente
desnutrida, a decir "gracias, Progresa", por el ocasional kilo de harina que
acaba de recibir.
Señor Secretario: huelga decir que esa niña tiene derecho a la alimentación, nutrición
de calidad los 365 días del año. Nadie debe lucrar políticamente con sus carencias.
Tal vez hayan visto también, legisladores mexicanos, otro comercial... porque eso es, un
comercial, donde el Gobierno Federal recomienda a los braceros que cuando se vayan a
Estados Unidos, sigan las líneas de postería eléctrica para que no se pierdan y mueran
en el desierto; que busquen las luces de las ciudades por las noches, para orientarse.
Esto, señores, es el cinismo político en su máxima expresión.
Quien debería organizar el país para que hubiera empleos, aconseja a sus gobernados qué
hacer para no perder la vida al cruzar la frontera... señor Presidente, ¿podría usted
llamar al orden?..
Quiero solicitar a todas las señoras y señores
diputados que conservemos el debido orden y el respeto entre nosotros.
Continúe, señor orador.
El diputado
Oscar Romeo Maldonado
Domínguez: |
Gracias, señor Presidente.
Esos braceros, señor Secretario; esos braceros, compañeros legisladores, tienen derecho
al trabajo y a las oportunidades aquí, en su tierra.
Seguramente han visto otro promocional también, del Ejecutivo Federal, que dice: "no
se regularizarán vehículos extranjeros porque tienen relación con gran parte de los
delitos que se cometen en el país".
No es posible que el Gobierno Federal descargue el problema de la inseguridad pública en
los vehículos "chocolate". La inseguridad, señor, se combate con empleos, con
educación, con valores, con seguridad social y buen gobierno; no con engañifas
televisivas ni listoncitos blancos en la solapa.
El contenido de todos estos comerciales ofenden la inteligencia y la sensibilidad de los
mexicanos, de algunos al menos, pero además son pagados con nuestro dinero, el del erario
público.
Yo quiero preguntarle, señor Secretario, ¿con qué criterio publicitario o sicológico
se realizaron estos comerciales? ¿Con qué objetivo, cuánto nos costó a los mexicanos
esta aberración televisiva?
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Para dar respuesta a las preguntas planteadas, hará uso de la palabra el licenciado
Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación, por ocho minutos.
El
secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Ha manifestado el señor diputado Oscar
Maldonado Domínguez su inquietud y preocupación en relación a una muy importante
función y muy importante responsabilidad que tiene el Gobierno de la República para
difundir de manera institucional, al margen de posturas partidistas, el trabajo y la
acción de Gobierno.
Está cuestionando el señor diputado la legitimidad, la legalidad de este tipo... No
entendí si lo que cuestiona es el gusto o el sentido de los anuncios y de la difusión
institucional o el contenido último de los mismos.
Pero déjeme explicarle cuál es el criterio, señor diputado. Una de las funciones del
Ejecutivo Federal es precisamente realizar una labor de difusión del trabajo
institucional en todos los ámbitos. Por cierto, lo que corresponde a gasto, porque vale
la pena aclararlo, a gasto institucional en materia de difusión, lo autoriza esta Cámara
de Diputados, lo sanciona, lo acota, lo supervisa y lo evalúa, merced de los acuerdos que
se tomaron en la pasada legislatura, para poder entregar un informe que seguramente tienen
ya las instancias correspondientes de esta Cámara de Diputados.
Pero cuestiona el sentido de este gasto. Hace rato comentaba, cuando hablaba de la
difusión institucional a través de tiempos oficiales o tiempos fiscales que motivó la
controversia entre el IFE y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que
por disposiciones gubernamentales en el caso de los tiempos de Estado, desde 1969 hay un
determinado porcentaje que se asigna sin erogación. Si usted lo quiere medir como costo
de lo que vale la trasmisión en radio o en televisión puede cuantificarlo
monetariamente, pero no le cuesta al erario la operación de los tiempos de Estado, son
tiempos de que se dispone a partir de una disposición legal de 1969, para poder hacer
este esfuerzo de difusión de temas que resulten del interés de la ciudadanía y sin duda
uno de los temas que resultan del interés de la ciudadanía es, ¿qué está haciendo el
Gobierno de la República?, como lo hacen todos los gobiernos de los estados, señor
diputado, de todas las entidades federativas, de todos los orígenes y colores políticos:
para difundir su actuación gubernamental.
Usted se refirió particularmente a tres ejemplos: uno, el anuncio del Progresa, que por
supuesto rechazo contundentemente que se ha hecho con un sentido de lucro político o de
lucro social. Me parece que es una muy errónea interpretación, porque lo que se está
informando al pueblo de México es qué es el Progresa y cómo opera el Progresa, para que
efectivamente podamos avanzar en una política de desarrollo social que garantice
alimentación, salud, educación, servicios básicos, a los millones de familias pobres
que todavía tenemos desafortunadamente en nuestro país y que no hemos sido capaces de
revertir estos niveles o márgenes de pobreza e iniquidad social.
Bueno, ésa es la función fundamental que estamos haciendo, que van a seguir haciendo
seguramente todos los gobiernos que yo veo cotidianamente en los anuncios de televisión y
de radio en mis viajes por el interior de la República, que realizan todos los gobiernos
de los estados, de origen panista, de origen priísta o de origen perredista, señor
legislador.
Segundo. El anuncio sobre los postes de luz, bueno, es parte de la campaña de publicidad
que se acordó en la comisión intersecretarial para difundir y dar información que sirva
a los trabajadores migrantes dentro del programa que hace rato platicábamos, del Programa
Paisano, para ayudarlos en este proceso difícil, doloroso, complejo, que
desafortunadamente no podemos evitar por un acto de magia; es un fenómeno que ahí está,
hay que reconocerlo y hay que hacer lo mejor posible para poder contribuir a que
resguarden condiciones mínimas de garantías de seguridad para ellos y para sus familias
y no quisiera meterme en la discusión de anuncios publicitarios, señor diputado, porque
creo hay muchos más, muchos más delicados y muchos más graves que se han usado en otros
momentos y en otras ocasiones.
Me parece que aquí lo que tenemos que reconocer es la función que juega la política de
comunicación y de difusión del Gobierno Federal o de los gobiernos de los estados, para
cumplir los propósitos que les han sido encomendados.
Podemos estar o no de acuerdo con el diseño, con la agencia publicitaria, con los
colores, con la luz, con el tiempo, con el tono de música que se les pone de fondo,
quizá ésos son temas que hay que discutir, pero me parece que lo que es innegable es que
cumplen un propósito muy concreto y se marcan, se enmarcan dentro de las leyes, son
programas de difusión institucional que no persiguen ningún lucro político y que se
enmarcan dentro de las atribuciones que tiene en este caso particular, que usted comenta,
el Gobierno de la República y que por otro lado no tienen ningún gravamen, no gravitan
sobre el erario público. Generalmente estos programas responden al uso de los tiempos de
estado que hace un momento explicábamos.
Hará uso de la palabra para formular la
réplica a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Heidi
Storsberg Montes, hasta por cuatro minutos.
| La
diputada Heidi Gertud Storsberg Montes: |
Con su venia, señor Presidente. Señor
secretario; compañeros legisladores:
Quiero recordar a este pleno que el 31 de enero de este año, la Secretaría de
Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo para establecer
las normas y lineamientos generales para la erogación de recursos presupuestales en
materia de comunicación social para el ejercicio fiscal del año 2000.
El artículo 39 fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos del 2000, indica por su
parte que las erogaciones en publicidad y comunicación social, a través de la radio y la
televisión, deben sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y selectividad.
El Ejecutivo Federal entonces ha incurrido en una violación flagrante, puesto que en
distintos medios de comunicación se han estado transmitiendo en los horarios de mayor
audiencia, spots promocionales de la imagen de dependencias y entidades del Gobierno
Federal.
Según el mencionado artículo, las dependencias y entidades únicamente podrán destinar
recursos presupuestarios una vez que se hayan agotado los tiempos oficiales de
transmisión asignados en radio y televisión, de los que usted hacía mención.
A propósito de ello, quiero precisarle que este tipo de información se omite tanto en
los informes trimestrales como en el informe que presentó el Ejecutivo Federal el pasado
1o. de septiembre a la nación.
Debo decirle que en el mencionado artículo 39, se estipula también que en ningún caso,
cito "... podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de la
imagen institucional de empresas o entidades".
Señor Secretario, es obvio que esta disposición no fue en lo más mínimo acatada y que
más que spots informativos, hemos visto y escuchado promocionales de imagen por parte del
Ejecutivo Federal.
Le doy otro dato, en el segundo trimestre de este año, es decir, de abril a junio, se
gastaron 100 millones de pesos más en materia de comunicación social, con relación al
erogado de enero a marzo en este mismo año. Asumimos, sin conceder, que la cercanía de
las elecciones federales fue motivo de esta diferencia en el gasto.
Finalmente, con relación al gasto erogado a junio del 2000, en rubros de publicidad,
propaganda, publicaciones oficiales y en general las relacionadas con actividades de
comunicación social, no estaría de más que informara en lo subsecuente a esta
soberanía, por separado, el gasto correspondiente a lo meramente administrativo, así
como las cantidades erogadas en la contratación de tiempos en medios.
Asimismo, en cuanto a los tiempos oficiales, podría darnos un informe del seguimiento del
tiempo de transmisión, distribución, valor y uso del tiempo que por ley se otorga al
Estado, porque los comerciales de promoción de imagen le siguen costando al pueblo de
México.
Señor Secretario: usted ha dispuesto de un cuantioso presupuesto el cual más que haber
sido aplicado para el desarrollo de actividades de difusión e información comprendidas
en los objetivos, estrategias y prioridades establecidas en sus respectivos programas,
sirvió para promover la imagen del Ejecutivo Federal en vísperas del proceso electoral
del 2 de julio pasado.
En síntesis, señor Secretario, si bien es importante cuanto se gastó, el tema ahora es
más bien el cómo, en qué y para qué se gastaron los recursos. Creemos que ahí la
Secretaría de Gobernación tiene mucho que explicar al pueblo de México. Gracias.
Gracias, diputada Heidi.
Para formular preguntas por el PRI, tiene la palabra el diputado Roberto Zavala
Echavarría, por cuatro minutos.
| El diputado Roberto Zavala Echavarría: |
Con el permiso de la Presidencia de esta
honorable Cámara; compañeros diputados; señor Secretario de Gobernación.
En primer término debo expresar enfáticamente que no compartimos las afirmaciones
vertidas en esta alta tribuna por la señora diputada Norma Reyes.
Abordaré, señor Secretario, tres cuestiones claves para la seguridad del país y de
todos los mexicanos.
México es tierra de volcanes. Cuenta con enormes extensiones territoriales
semidesérticas, con grandes zonas boscosas y selváticas de elevada precipitación
pluvial, con asentamientos humanos que exigen medidas preventivas y de salvaguarda para la
población; en los niveles federal, estatal y municipal, funciona el sistema de
protección civil.
¿Cuál es, señor Secretario, su perspectiva nacional en el mediano y largo plazos?
En su reciente informe el Ejecutivo Federal reconoció que a pesar de los esfuerzos
gubernamentales no se ha avanzado lo suficiente en el combate a la inseguridad, siendo
éste uno de los principales reclamos sociales.
Sin embargo las cifras y estadísticas sobre la materia nos indican que a nivel nacional
se ha reducido la comisión de delitos por cada 1 mil habitantes. Nos consta que los
recursos del presupuesto destinados a esta finalidad, se incrementaron de manera creciente
en términos reales durante los últimos tres años.
Además se han efectuado numerosas reformas constitucionales y legales para dotar a las
instituciones de eficaces instrumentos contra el crimen.
Está operando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han formado nuevos y mejores
cuerpos policiacos y hay la voluntad política de todos para enfrentar esta problemática.
Pese a ello, la sociedad tiene la percepción de que esta batalla la sigue perdiendo el
Gobierno o en el mejor de los casos, que la delincuencia y la criminalidad no disminuyen.
¿Será, señor Secretario, que las medidas implementadas y aplicadas no son las
pertinentes? ¿Estarán fallando instituciones o corporaciones? O ¿a caso sólo hemos
actuado reactivamente sin atacar a fondo las causas que originan el crimen y la
delincuencia?
Y a propósito de seguridad, señor Secretario, es incuestionable que debemos de
distinguir entre seguridad pública y seguridad nacional.
La seguridad pública contempla la protección de las personas y de su patrimonio.
Seguridad nacional es un concepto diferente y tiene como objetivo esencial la defensa de
nuestra soberanía, vista ésta en toda su amplitud, desde la integridad territorial de la
nación, hasta la paz social y la vigencia plena del orden jurídico que nos hemos dado.
La seguridad nacional y debe ser, un compromiso ineludible del Estado mexicano, no sólo
por ser mandato constitucional, sino como aspiración permanente...
Permítame, señor diputado. Permítanme
diputados, por favor. Permítame un minuto por favor.
Quiero insistir a las señoras y los señores diputados esta práctica de vendetta en el
uso del tiempo, cuando un diputado o diputada de un grupo distinto al propio llega al fin
del tiempo, genera este tipo de reacciones, en detrimento del orden y de la convivencia
que todos nos hemos propuesto mantener en esta legislatura.
La Presidencia está intentando la objetividad, la tolerancia en el uso del tiempo, la
racionalidad y el estricto apego a las normas que rigen esta Asamblea y que hoy han sido
votadas para efectos de esta comparecencia.
Termine usted, señor diputado, por favor.
| El diputado
Roberto Zavala Echavarría: |
Gracias, señor Presidente. La seguridad
nacional es y debe ser un compromiso ineludible del Estado mexicano, no sólo por ser
mandato constitucional, sino como aspiración permanente de cualquier país que procure
ser libre e independiente. Señalamos lo anterior, señor Secretario, porque nos preocupa
y repito, nos preocupa que integrantes del equipo de trabajo del señor presidente electo,
aborden este tema sin darle la importancia vital que por sí mismo reviste.
Tenemos la impresión, nos parece, que dichas personas lo minimizan o lo que es peor que
no lo entienden o que desconocen su verdadero significado. Gracias por sus respuestas.
Gracias, señor diputado. Para dar respuesta a
las preguntas formuladas hará uso de la palabra por ocho minutos, el señor secretario de
Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco.
El
secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Gracias diputado Roberto por sus comentarios e
intervención. Sin duda el tema de protección civil ha sido uno de los temas que más
relevancia ha cobrado en el país en los últimos años, en los últimos años hemos sido
objeto de fenómenos naturales, de una enorme agresividad, de una enorme violencia en
periodos relativamente cortos. El tema de los huracanes, el tema de las lluvias intensas,
el tema de los incendios, el tema de los sismos, por mencionar cuatro de los fenómenos
recurrentes que en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz,
particularmente en los últimos años han tenido un enorme impacto, que ha significado no
solamente pérdida de vidas humanas, sino de manera muy significativa destrucción o
deterioro de infraestructura física construida a lo largo de décadas en esas regiones
del país.
Carreteras, caminos rurales destruidos, centros escolares educativos, clínicas y
hospitales, sistemas de energía eléctrica, sistemas de agua potable y comunicación con
todo lo que ello implica.
Bueno, sin duda el tema de la protección civil es un tema no solamente vigente, sino de
enorme trascendencia, dado los cambios climatológicos que tenemos en el mundo y sus
efectos y repercusiones en épocas, particularmente como ésta, que estamos iniciando de
la temporada de huracanes.
Me parece que la importancia pues, señor diputado, de los mecanismos de protección civil
y su perspectiva en el mediano plazo, tienen una enorme importancia estratégica dentro de
las políticas públicas, para prevenir, para estar preparados, para socializar la
información y sobretodo para tener mecanismos de reacción rápida en la emergencia y en
las fases de reconstrucción.
Y es justamente lo que se ha venido haciendo y se informa en el VI Informe de Gobierno del
presidente Zedillo, se han puesto en marcha programas muy significativos de comunicación,
para que los estados y municipios, que son de alto riesgo o considerados de alto riesgo
susceptibles de este tipo de fenómenos hidrometeorológicos y de sismos, puedan estar con
un sistema de información conectado con los principales centros de información y de
investigación a nivel central, que nos permita mantenerlos permanente, pero sobretodo
oportunamente informado.
Se han puesto en marcha sistemas nuevos que se han denominado de alerta temprana, para
ciclones, lluvias e inundaciones, que han escuchado seguramente en la radio y que tiene
que ver con el uso de tiempos oficiales, por cierto donde se anuncia cuando hay etapa de
alerta, cuando hay etapa de emergencia y qué tiene que hacer la población civil para
ponerse a resguardo y proteger vida y bienes, con muy buenos resultados, por cierto, en la
medida en que se han socializado de manera directa con las autoridades municipales.
Se ha impulsado un programa de equipamiento que nos está permitiendo dotar de equipo de
comunicación, de mobiliario, de equipo de tareas, de cómputo, de vehículos, de
instrumental de alto riesgo a los sistemas estatales y especialmente a los municipales de
los municipios críticos en materia de protección civil y se está impulsando una serie
de planes de contingencia. Básicamente a la fecha se han elaborado 17 planes estatales de
contingencia para lluvias e inundaciones, para incendios forestales, para bajas
temperaturas, para situaciones especiales vinculadas a fenómenos socio-organizativos para
uso y manejo de material para juegos pirotécnicos, así como 19 atlas de riesgo.
Es parte de un esfuerzo que tiene que ver con la consolidación de una muy necesaria y muy
obligada cultura de la protección civil a la luz de los fenómenos que nos ha tocado
vivir con enorme intensidad, particularmente en estos estados a los que he hecho
referencia y que seguramente los señores legisladores lo tienen muy vivo y muy claro en
la memoria y en la experiencia personal.
Me parece que la tarea fundamental aquí es fortalecer este esfuerzo y esta cultura en
materia de protección civil y hacerlo desde la base municipal, desde los 233 municipios
que son los municipios de alto riesgo en el país y a partir de los cuales se requiere
tener totalmente descentralizados los instrumentos, la información, los mecanismos de
comunicación, el equipo, el recurso humano, por supuesto, la organización para poder
atender con éxito estas emergencias que seguramente se seguirán presentando en el
futuro, dadas las nuevas condiciones que ha venido imponiendo la naturaleza.
Segundo tema que comentaba el señor diputado, es el tema sobre la distinción entre
seguridad pública y seguridad nacional y qué es lo que está fallando en materia de
seguridad. Es un tema que hemos abordado en extenso a lo largo de esta comparecencia, pero
yo sintetizaría con lo siguiente: mi evaluación, la ponderación que tengo como
responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que este
esfuerzo al que hemos hecho referencia, integrado con los distintos programas que hemos
comentado, las tareas que toca compartir corresponsablemente a las instancias de gobierno,
tiene que ser un esfuerzo que debe madurar, que debe asentarse, que debe terminarse de
construir los sistemas de información, los mecanismos de equipamiento, la capacitación,
la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública en los estados, la
construcción y uso cotidiano de los bancos de información para la investigación, la
aplicación mucho mayor de los sistemas de investigación y de inteligencia en el combate
al delito y al crimen organizado y como he comentado también, éste es un esfuerzo que
tiene que consolidarse y profundizarse en los próximos meses, en los próximos años,
para cosechar, como estoy seguro va a ocurrir en el país, resultados que satisfagan y
acrediten en el ánimo hoy escéptico de la sociedad y de la opinión pública, resultados
que se traduzcan en certidumbre y en confianza ciudadana.
No tengo duda, por último, que es fundamental tener claro cuáles son las diferencias de
fondo entre el tema de seguridad pública y de seguridad nacional y me parece que ha
quedado claro en esta sesión que este esfuerzo por garantizar soberanía, integridad
territorial, aprovechamiento de las relaciones internacionales en beneficio de la nación,
preservar paz social y vigencia del estado de derecho, mantener estabilidad política,
económica y social, tiene que ver precisamente con las preocupaciones y con la agenda
fundamental del sistema de seguridad nacional.
Y el tema de la seguridad pública que hemos comentado, insisto, en extenso, hemos dado
fundada y ampliamente la opinión de cuál es, a nuestro juicio, el camino que tendríamos
que seguir para continuar fortaleciendo una tarea que ha costado muchos recursos, un gran
esfuerzo de coordinación y también sin duda una enorme voluntad política de todos los
titulares de los ejecutivos en los distintos niveles de gobierno.
Muchísimas gracias, señor Secretario.
Pregunto al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional si hará uso de
su derecho de réplica.
El diputado
Amador Rodríguez Lozano:
(desde su curul): |
Declinamos, señor Presidente. Gracias.
Gracias, señor diputado.
En consecuencia se concede el uso de la palabra, para sus consideraciones finales, al
secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, hasta por 10 minutos.
El secretario
Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano: |
Gracias, señor Presidente; señoras y señores
diputados:
Ha llegado la hora de un balance no sólo de las tareas desempeñadas por un gobierno,
sino también de los saldos de todo un sistema político y este balance se irá haciendo
para ver el futuro, para ver hacia las nuevas acciones, los nuevos retos y los nuevos
desafíos.
El Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, está rindiendo cuentas, las cuentas de su
ejercicio como una economía recuperada que tiene creadas las condiciones para un
despliegue sin precedentes; con una sociedad en paz y estable, crítica y dinámica, capaz
de enfrentar sus retos esenciales en materia de salud, de educación y de seguridad; con
una democracia consolidada, que sin duda es el signo clave de este tiempo mexicano.
El saldo en nuestro sistema político son sus instituciones a lo largo de 70 años, no sin
sacrificios o altibajos. Varias generaciones de mexicanas y mexicanos edificaron y
fortalecieron la vida institucional del país.
Un partido, el PRI, tuvo principalmente la responsabilidad y la carga, los aciertos y
también el desgaste; pero en todas las circunstancias históricas, este partido en el
gobierno tuvo una visión de Estado y guio así el trabajo para construir el sólido
edificio de nuestras instituciones.
Por eso, por eso la democracia no está divorciada del
Estado ni los resultados electorales significan la refundación del Estado. Hoy el
electorado decidió en su mayoría una alternancia del partido en el Gobierno y en este
sentido, en una época donde hemos visto resquebrajarse estados, esta alternancia
demuestra, por el contrario, la fortaleza de nuestras instituciones.
De hecho, la reforma del Estado, su modernización y su adaptación a nuevos desafíos, es
un proceso que lleva varios años y ha sido un factor sustantivo para la transición
política mexicana.
Ahora es claro, es claro que sólo el acuerdo y el consenso de los actores políticos
marcará el ritmo del proceso de reforma del Estado. Es un reto que requiere de
continuidad y discusión, acorde con la vida democrática del país. El espacio para ello
será, por razones jurídicas y por razones políticas, este Poder Legislativo donde tiene
su asiento la soberanía popular.
Como parte sustantiva de nuestra cultura política, la promoción y el respeto a los
derechos humanos es un elemento clave para fortalecer el estado de derecho, la relación
entre sociedad y Gobierno y el ambiente de armonía que requiere nuestro país para su
desarrollo. Hay avances innegables en esta tarea permanente de defensa y respeto de los
derechos humanos; sin embargo hay condiciones para que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, así como las propias estatales, tengan la más amplia autonomía jurídica,
política y moral para el mejor cumplimiento de sus importantes funciones.
La realidad del nuevo federalismo es una oportunidad histórica para seguir fortaleciendo
la vida independiente de los municipios como el núcleo básico de nuestra democracia. En
la tarea municipal está un incentivo para el acuerdo y el consenso de los partidos
políticos no sólo por la convivencia cotidiana en sus localidades, sino porque también
a nivel legislativo se expresará la demanda ciudadana por contar con municipios más
fuertes, más cercanos a la población y con más atribuciones, recursos y
responsabilidad.
En el ámbito de la seguridad pública los avances que aquí se han comentado en la
acción de Gobierno reconocidos como insuficientes para que la ciudadanía recobre la
confianza que debe de tener en su autoridad y en sus instituciones, significa, entre otras
cosas, que la asignación de recursos, equipamiento, capacitación y profesionalización,
así como la instrumentación de estrategias efectivas en el combate al delito, es un
campo que requiere concentrar esfuerzos, seguir y fortalecer la concentración de estos
esfuerzos y sin duda seguir sumando voluntades.
En las sociedades modernas la democracia tiene enemigos, como son el crimen organizado y
los grupos radicales subversivos. La tarea preventiva no siempre corresponde a la
jurisdicción policiaca que actúa de acuerdo a las denuncias y acciones del Ministerio
Público, es una función también de la seguridad nacional, porque la información
política se necesita para la toma de decisiones de tipo político.
Tanto la seguridad nacional como la seguridad pública requieren de continuar teniendo
recursos humanos, financieros y técnicos para el cumplimiento de sus propósitos de corto
y de mediano plazo. Los servicios dedicados a ello son instrumentos indispensables del
Estado, que a todos interesa seguir fortaleciendo.
Hoy, la democracia debemos cuidarla todos, sus instituciones son sólidas y tienen la
confianza de los ciudadanos. Es necesario seguir fortaleciendo la cultura democrática en
la división de poderes, el diálogo permanente de todos los actores políticos y en la
creación de soluciones para enfrentar la problemática y desafío de la sociedad mexicana
que ingresa al Siglo XXI.
Confío en que los legisladores sabrán atender este asunto estratégico para apoyar a la
gobernabilidad y a la estabilidad política que requiere el Estado y merece y sobre todo
reclama y exige la sociedad entera. La consolidación de la democracia ha hecho firme y
vigorosa la gobernabilidad democrática. Hay más transparencia, corresponsabilidad y un
camino abierto de legalidad que recorrer por convicción, sociedad y Gobierno.
Esto no significa la abolición del conflicto, porque las tensiones entre orden y
conflicto existen; van a seguir existiendo en una sociedad dinámica y en ebullición. Lo
importante, lo importante son las reglas, las reglas aplicadas que deben ser precisamente
las de la democracia y las de la legalidad.
Deseo sinceramente, señoras legisladoras, deseo sinceramente señores legisladores, que
cuando llegue su momento, quienes tendrán futuras responsabilidades políticas puedan
informar como lo hacemos hoy nosotros, que el país está tranquilo, sin convulsiones ni
desesperanza.
Muchas gracias.
Gracias, señor Secretario.
Señoras y señores diputados; ciudadano secretario de Gobernación, licenciado Diódoro
Carrasco Altamirano:
El análisis del ejercicio del Poder Ejecutivo, en una de las áreas más importantes como
es la política interior a cargo de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias y
de intercambio de puntos de vista entre el titular de la Secretaría de Gobernación y los
integrantes del Poder Legislativo, con absoluta libertad y respecto, con diversidad
manifiesta en las corrientes políticas aquí representadas, es un paso más en la
construcción de nuestra democracia a través del fortalecimiento de las instituciones.
En toda obra humana y la política lo es por excelencia, existen claros y oscuros que la
historia juzgará y asignará a cada quien en el lugar que le corresponde. Este ejercicio
democrático de la glosa del informe, ha abordado sobre muchos de los más graves
problemas nacionales en los que de alguna manera tiene relación la Secretaría de
Gobernación y que se agrupan estos problemas, estos temas nacionales, en la llamada
política interior: población, federalismo, seguridad, crimen organizado, derechos
humanos, asuntos migratorios y fronterizos, temas de equidad de género, la promoción del
carácter laico del Estado mexicano y su relación con las iglesias, la paz justa para las
comunidades indígenas, la problemática de Chiapas, la coordinación eficiente entre las
entidades federativas y la Federación, la protección civil, el sistema penitenciario y
de readaptación social, la gobernabilidad democrática como capacidad de interlocución e
inclusión para procesar toda forma de disenso y para vivir unidos en la diversidad.
Estos han sido todos; estos temas han sido tocados por el interés de las señoras y los
señores diputados en esta sesión de diálogo respetuoso con el titular de la Secretaría
de Gobernación.
Un juicio de valor que se permite la Presidencia por la coincidencia manifiesta en las
expresiones de todos los grupos parlamentarios.
No podemos hablar de gobernabilidad en México hasta que no se convenza de que se está
enfrentando la delincuencia y al crimen organizado en el país. Es el problema más grave
que hoy enfrenta México y es de tal magnitud que ataca a las personas y amenaza a las
instituciones.
Mientras no se revierta, nadie podrá afirmar que imperan condiciones plenas de
gobernabilidad y que vivimos un estado de derecho. Gobernabilidad es igual a confianza, a
credibilidad ciudadana.
Es la Secretaría de Gobernación, pues, no sólo el área de gobierno más relacionada
con los grandes problemas nacionales como los que aquí han sido apuntados, sino también
la más cercana a las instituciones que procesaron la expresión de la voluntad popular
que marcó rumbo a la política mexicana.
Este Congreso de la Unión y en particular esta Cámara de Diputados estará a la altura y
sabrá cumplir su nuevo desafío de ser el centro del debate político y de la
construcción jurídica e institucional.
Debo agradecer al señor secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco, la
disposición para atender las inquietudes, las observaciones y las críticas de las
señoras y los señores diputados y desde luego la actitud respetuosa de todos.
No sólo agradecemos su disposición para comparecer y dialogar; también esperamos que en
el crucial periodo de transmisión del Poder Ejecutivo, podamos mantener una efectiva
comunicación para que conservemos un clima de tranquilidad, serenidad y objetividad y
demos todos una muestra más de la madurez y la grandeza de México al mundo.
Muchas gracias a todos. Gracias, señor Secretario.
Ruego a la comisión encargada de acompañar al ciudadano secretario de Gobernación,
licenciado Diódoro Carrasco, acompañarlo cuando decida abandonar el recinto.
De conformidad con lo que establece el artículo 7o. numeral 5 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta
sesión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.
Me permito informar a la Asamblea que el día de mañana, miércoles 13 de septiembre, en
el Salón Verde, a las 13:00 horas, tendrá lugar la comparecencia de la Secretaria de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el grupo de trabajo de la Cámara de
Diputados en lo que respecta al análisis del VI Informe de Gobierno.
A tal efecto, el día de mañana se integrará la comisión de cortesía correspondiente y
se dará a conocer el grupo de trabajo.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Señor Presidente, le informo que se han agotado
los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Primer Año.LVIII Legislatura.
Jueves 14 de septiembre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Intervención de los grupos parlamentarios, sobre la vida y obra de Carlos Castillo
Peraza.
Comunicación
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con
motivo del CXC aniversario del inicio de la Gesta de Independencia Nacional, tendrá lugar
en la Columna de la Independencia, el 16 de septiembre a las 16:00 horas.
Proposición
Con punto de acuerdo sobre la responsabilidad de los servidores públicos, a cargo del
diputado José Manuel del Río Virgen, a nombre de Convergencia por la Democracia Partido
Político Nacional. (Turno a comisión).
Intervención en relación al fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, relativo a los diputados de representación proporcional de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cargo del diputado Gustavo Riojas Santana,
del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
| El
Presidente (a las 17:04 horas):
|
Se levanta la sesión y se cita para la que
tendrá lugar el próximo jueves 14 de septiembre a las 10:00 horas.
RESUMEN DE TRABAJOS
Tiempo de duración: 6 horas 29
minutos.
Quorum a la apertura de sesión: 405 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 477 diputados.
Comparecencia del Secretario de Gobernación. Análisis VI Informe de Gobierno. Política
Interior.
Comisión reglamentaria y protocolaria: 1
Proposiciones con punto de acuerdo: 2
Punto de acuerdo aprobado: 1
Oradores en tribuna: 46
PRI-5; PAN-8; PRD-7; PVEM-6; PT-6; CDPPN-1; Secretario de Gobernación-13
Se recibió:
1 iniciativa del PAN.
1 iniciativa del PRD.
DIPUTADOS
QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)
Aguilar García, Patricia (PRI)
Anaya Llamas, José Guillermo (PAN)
Barbosa Huerta, Luis Miguel
Gerónimo(PRD) en dos ocasiones.
Blake Mora, José Francisco (PAN)
Calzada Padrón, Feliciano (PRI)
Chapa Hernández, María Elena (PRI)
Galván Antillón, María Eugenia (PAN)
García Cervantes, Ricardo
Francisco (PAN)
Castellanos Hernández, Félix (PT)
Herrera y Bruquetas, Angel
Enrique (CDPPN)
Lara Rivera, Jorge Alberto (PAN)
López Hernández, Rosalinda (PRD)
Maldonado Domínguez, Oscar
Romeo(PAN)
Moctezuma Lule, María
Cristina (PVEM) en tres ocasiones.
Morales Sánchez, J. Melitón (PRI)
Peredo Aguilar, Rosalía (PT)
Peredo Aguilar, Rosalía (PT) en
cuatro ocasiones.
Reyes Terán, Norma (PRD) en dos
ocasiones.
Salazar González, Concepción (PVEM)
en dos ocasiones.
Salinas Torre, Armando (PAN)
Santos Ortiz, Petra (PRD)
Storsberg Montes, Heidi Gertud (PAN)
Torres Mercado, Tomás (PRD)
Zavala Echavarría, Roberto (PRI)
|
Tema
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Iniciativa con proyecto de decreto de reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, res-pecto al procedimiento para el
juicio político.
Estado de Tabasco, elecciones en el.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
El Presidente dirige mensaje sobre la comparecencia del Secretario de Gobernación en el
análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Proyecto de punto de acuerdo para dirigir petición a la Secretaría de Gobernación para
que cumpla con las disposiciones del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y
Televisión, sobre la función social de los medios de comunicación, así como para que
los llamados talk shows, dejen de transmitirse en horas de la tarde.
Estado de Tabasco, elecciones en el.
Proyecto de punto de acuerdo en relación con las elecciones en el Estado de Tabasco y
proponer la creación de comisión especial que vigile, investigue y denuncie, la probable
desviación de recursos federales en el proceso electoral de esa entidad federativa.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior.
Comparecencia del Secretario de Gobernación.
Estado de Tabasco, elecciones en el.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, el Código
Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo, para tipificar y sancionar los
delitos contra la libertad personal y desaparición forzada de personas.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior.
Comparecencia del Secretario de Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
Análisis del VI Informe de Gobierno. Política Interior. Comparecencia del Secretario de
Gobernación.
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NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
CEN
Cisen
Cocopa
CURP
EPR
ETA
EZLN
Fobaproa
IFE
IPAB
OCDE
ONU
PAN
PGR
PRD
PRI
Progresa
RTC
Secodadm
Sedena
Semarnap
TLC
TV
UNAM |
Comité Ejecutivo Nacional
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
Comisión de Concordia y Pacificación
Clave Unica de Registro de Población
Ejército Popular Revolucionario
Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad, en vasco)
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Fondo Bancario de Protección al Ahorro
Instituto Federal Electoral
Instituto de Protección al Ahorro Bancario
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organización de las Naciones Unidas
Partido Acción Nacional
Procuraduría General de la República
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación
Radio, Televisión y Cinematografía
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Tratado de Libre Comercio
Televisión
Universidad Nacional Autónoma de México |
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