|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de
esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 312 diputados, por lo tanto, hay quorum, señor
Presidente.
ORDEN DEL DIA
| El
Presidente (a las 10:45 horas): |
Se abre la sesión.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se va a dar lectura al orden del día de esta
sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 20 de septiembre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Presidente de la mesa directiva.
De los congresos de los estados de: Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Quintana
Roo.
Iniciativa de diputados
De reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación a las personas vulnerables, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre los efectos de la sequía en la zona norte del país, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre programas de televisión de debate denominados talk show,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Excitativa
A las comisiones de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos
Humanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Agenda política
Intervención en relación al fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, relativo a los diputados de representación proporcional de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, a cargo del diputado Gustavo
Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Pronunciamiento en relación a la Ley de Desarrollo Rural, a cargo del diputado Silvano
Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Pronunciamiento en relación a Chiapas, a cango del diputado Emilio Ulloa Pérez, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Posicionamiento sobre una planta de plaguicidas, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
Posicionamiento sobre reformas a la Ley de Pesca, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Posicionamiento sobre reformas a la Ley de Fomento Cooperativo, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentario para sus observaciones y se procede a su votación.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta
a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en
consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los
grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a la votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
martes diecinueve de septiembre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las
diez horas con cincuenta minutos del martes diecinueve de septiembre de dos mil, con la
asistencia de trescientos cuarenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la
sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y se concede el uso de la palabra al diputado
Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta lo que
calificó como enérgica protesta por los cambios realizados en el orden del día.
El Presidente explica que la dirección de los trabajos está regulada por la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y menciona el artículo
veintidós numeral tres de ese ordenamiento y el sesenta y cinco constitucional. Agrega
que conforme al consenso de los grupos parlamentarios, se citará a una sesión mañana,
miércoles veinte de septiembre de dos mil, a fin de desahogar los temas de la agenda
política pendientes.
Vuelve a la tribuna el diputado Silvano Aureoles Conejo, para expresar su criterio e
inmediatamente después el legislador Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción
Nacional, quien hace lo propio y expresar su desacuerdo con el preopinante.
Para rectificar hechos, hablan los diputados Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la
Revolución Democrática, a quien el Presidente explica los procedimientos de
conformación del orden del día; Cuauhtémoc Cardona Benavides, del Partido Acción
Nacional; David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática y Ricardo
Moreno Bastida, del mismo partido.
El Presidente da lectura al artículo veinte de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y es interrumpido por el diputado Espadas Ancona, quien
presenta moción de orden a la que el Presidente da amplia explicación.
Desde su curul el diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución
Democrática, hace aclaraciones.
La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos.
Hacen un pronunciamiento sobre el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y
cinco, a nombre de sus respectivos partidos políticos, los diputados: José Antonio
Calderón Cardoso, a nombre de los partidos Convergencia por la Democracia y Alianza
Social; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Jaime Cervantes
Rivera, del Partido del Trabajo; María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde
Ecologista de México; Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución
Democrática; Luis Fernando Sánchez Nava, del Partido Acción Nacional, quien solicita y
el Presidente lo hace propio, un minuto de silencio por los muertos durante el sismo de
aquel año y Maricruz Montelongo Gordillo, del Partido Revolucionario Institucional.
La Secretaría informa que al cierre de la mesa de registro, hay una asistencia de
cuatrocientos setenta y dos diputados.
Comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría
Treviño.
El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra el secretario de
Hacienda y Crédito Público, licenciado José Angel Gurría Treviño, invitado a esta
sesión para el análisis del Sexto Informe de Gobierno, en materia de Política
Económica y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe hasta el lugar
que le fue designado.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al acuerdo parlamentario
que rige las comparecencias de los secretarios de Estado para el análisis del Sexto
Informe De Gobierno.
Para dar cumplimiento al segundo punto, numerales primero, segundo y tercero del acuerdo
parlamentario que norma el procedimiento para el análisis del Sexto Informe de Gobierno,
hace uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Fijan la posición de sus respectivos partidos políticos, los diputados: José Narro
Céspedes, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista
de México; José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución
Democrática; Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, y Raúl Homero
González Villalva, del Partido Revolucionario Institucional.
Termina la primera parte de la comparecencia, con las palabras del Secretario de Hacienda
y Crédito Público.
Para dar cumplimiento al segundo punto, numeral cuarto incisos a, b y c del acuerdo
parlamentario, presentan sus preguntas los diputados: Juan Carlos Regis Adame, del Partido
del Trabajo; Alejandro García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México;
María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; José María
Núñez Murillo, del Partido Acción Nacional,
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
y Jorge Alejandro Chávez Presa, del Partido
Revolucionario Institucional, a quienes el Secretario de Hacienda y Crédito Pública da
respuesta. Hicieron uso de su derecho a réplica, en sus respectivos turnos, los
diputados: Regis Adame, García Sainz Arena, García Suárez, Núñez Murillo
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
y José Luis Ugalde Montes, en el turno del
diputado Chávez Presa.
En el segundo turno de preguntas y respuestas, hacen uso de la palabra los diputados: Juan
Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; José Antonio Arévalo González, del Partido
Verde Ecologista de México; Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución
Democrática;
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Francisco Guadarrama López, del Partido Acción
Nacional,
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
y Enrique de la Madrid Borrego, del Partido
Revolucionario Institucional, a quienes el licenciado Gurría Treviño da respuesta.
Aprovecharon su derecho a réplica, los legisladores: Regis Adame, Arévalo González,
López Hernández, Luis Alberto Pazos de la Torre, en el turno del diputado Guadarrama
López y Enrique Alonso Aguilar Borrego, en el turno del legislador de la Madrid Cordero.
Se concede el uso de la palabra al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al
terminar su intervención, el Presidente dirige un mensaje institucional e instruye a la
Secretaría para que la versión estenográfica de la comparecencia se envíe al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para su conocimiento.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con dieciséis
minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles veinte de septiembre de dos
mil, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada,
señor Presidente.
JUICIO DE PROCEDENCIA
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 23 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y en lo conducente, 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, esta Presidencia anuncia que habiendo concluido el cargo de la ciudadana Raquel
María del Carmen Sevilla Díaz, como diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, ha quedado sin materia el dictamen correspondiente al expediente número
SI/006/2000, por lo que ha cesado el deber de esta Cámara de constituirse en jurado de
procedencia, en consecuencia, archívese el expediente de referencia.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Se va a dar lectura a un oficio del Congreso del
Estado de Baja California:
«Escudo.- XVI Legislatura.- Presidencia.
Licenciado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
En la sesión realizada por la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Baja
California el día 14 de septiembre, se aprobó un punto de acuerdo relacionado con la
realización de una campaña estatal contra la inseguridad y la violencia, cuya finalidad
es promover una respuesta institucional, ciudadana y pacífica, en esta materia, que en
los últimos tiempos han prevalecido en la entidad.
Con base en lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en el punto quinto del citado acuerdo
y en un ámbito de colaboración y respeto entre el Poder Legislativo Federal y esta
legislatura, le invitamos a que la Cámara de Diputados por usted presidida se sume a
dicha campaña y quienes ahí laboran, porten el día 19 de septiembre, Día Internacional
de la Paz, el moño o listón blanco, distintivo de la campaña.
Le anexamos el punto de acuerdo previamente referido, solicitando su participación en
esta causa por la paz en Baja California, que es también la de la nación.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, 15 de septiembre de 2000.- La Comisión Permanente.- Diputados: Jaime
Jiménez Mercado, presidente y David Gutiérrez Piceno, prosecretario.»
De enterado.
REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Congreso del Estado.- Chihuahua.- Secretaría.
Ciudadano diputado Presidente de la Cámara de Diputados, avenida Congreso de la Unión,
s/n.- México, D.F.
Por este conducto me permito comunicarle que en sesión de la LIX Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, en su segundo receso, la diputación permanente dentro del
segundo año de ejercicio legal, celebrada el día 15 de los corrientes, fue aprobado el
punto de acuerdo 204/00 II DP, mediante el cual se expresa pronunciamiento, en relación a
la concesión otorgada al Renave, S.A. de C.V., respecto a la operación del Registro
Nacional de Vehículos.
Asimismo, se acordó convocar a los congresos de los estados y del Distrito Federal, para
que se sumen al esfuerzo de esta legislatura, emitiendo pronunciamiento en los mismos
términos, para lo cual nos permitimos anexar copia del mencionado acuerdo, así como de
la propuesta original, para los efectos que correspondan.
Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, a 16 de agosto de 2000.- El presidente de la diputación permanente,
Ignacio Duarte Murillo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado.- Chihuahua.-
Secretaría.
La diputación permanente de la LIX Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, reunida en su segundo periodo de sesiones, dentro del segundo año de
ejercicio legal.
ACUERDA
Primero. Solicítese a la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial que con fundamento en lo que establece el artículo 21
fracción V de la Ley del Registro Nacional de Vehículos, ejercite las acciones
tendientes a dar por terminada la concesión otorgada al Renave, S.A. de C.V., respecto a
la operación del Registro Nacional de Vehículos.
Segundo. Intégrese una comisión en la que se representan las tres fuerzas
parlamentarias que convergen en este honorable Congreso, a fin de que comparezcan
personalmente con el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, a solicitar la
suspensión del mencionado registro, hasta en tanto se analice la factibilidad de
establecer un mecanismo que sin ser gravoso para la ciudadanía, le permita comprender la
información que se aspira obtener con el Registro Nacional de Vehículos.
Tercero. Convóquese a los honorables congresos de los estados y del Distrito
Federal, para que si a bien lo tienen, se sumen a nuestro esfuerzo, emitiendo
pronunciamiento en los mismos términos.
Cuarto. Solicítese al honorable Congreso de la Unión, tenga a bien revisar la
constitucionalidad de la Ley del Registro Nacional de Vehículos, con miras a su
abrogación.
Salón de sesiones del Poder Legislativo, Chihuahua, Chihuahua, a 15 de agosto de 2000.-
Acuerdo No. 204/00 II DP.- Diputados: Ignacio Duarte Murillo, presidente y María
Luisa Ugalde González, secretaria.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
ESTADO DE NUEVO LEON
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo.- Honorable Congreso del Estado de
Nuevo León.- LXVIII Legislatura.- Secretaría.
Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.
La LXVIII Legislatura constitucional al Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León, en sesión celebrada el día de hoy, eligió la directiva de la diputación
permanente, que fungirá a partir del 17 de julio al 14 de octubre de 2000, la que se
integró de la siguiente manera, diputados: Eduardo Arias Aparicio, presidente; Blanca
Judith Díaz Delgado, vicepresidenta; Oscar Jorge Adame Garza, Ricardo Salinas Cantú,
secretarios; Arturo Cavazos Leal, José Alberto López Cruz, Gilberto Garza Garza y José
Herrera Maldonado, vocales.
Sin otro particular, les reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León, a 23 de agosto de 2000.- Diputados: Oscar Jorge Adame Garza y
Ricardo Salinas Cantú, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad
Chetumal, Quintana Roo.- México.
Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La IX Legislatura constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión celebrada el 3 de
agosto de 2000, se declaró abierto el primer periodo de sesiones extraordinarias
correspondientes al segundo año de ejercicio constitucional, clausurándose el día 25
del mismo mes y año en curso, previa elección de la mesa directiva, quedando integrada
de la siguiente manera:
Diputados: Paulino Adame Torres, presidente y Jaime Hernández Zaragoza, vicepresidente.
Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle las
seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chetumal, Quintana Roo, a 28 de agosto de 2000.- Diputado Angel de Jesús Marín Carrillo,
secretario.»
De enterado.
Gracias, señor Secretario.
PODER LEGISLATIVO
En otro punto del orden del día, iniciativas de
diputados, se concede el uso de la palabra a la diputada Magdalena Núñez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de
reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
La diputada
Magdalena del Socorro Núñez
Monreal: |
Gracias, señor Presidente:
«Iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la proporcionalidad en la
composición de las representaciones legislativas del país.
Honorable Asamblea: con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y
diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de reformas a diversas disposiciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la
siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Durante el último cuarto de siglo los mexicanos hemos
logrado avances sustanciales en el tránsito hacia un sistema electoral plenamente
democrático, en donde la compleja, cambiante y plural voluntad política de los
ciudadanos mexicanos se reconozca de manera cada vez más exacta y eficaz en el proceso de
constitución del poder público.
Hemos hecho que el sistema político se transforme en los temas cruciales del respeto al
voto ciudadano, de las garantías de legalidad en todos los momentos de los procesos
electorales y de la apertura del poder público a la sociedad.
En este último aspecto, la sociedad mexicana, cada vez más plural, ha demandado la
incorporación de esta diversidad en la conformación de los órganos colegiados de poder
del Estado.
Esta misma Cámara ha visto, como consecuencia, modificadas las normas que rigen su
integración en diversas ocasiones para, con avances y retrocesos, trazar una clara
tendencia hacia el perfeccionamiento de la proporcionalidad en su conformación.
La Cámara de Diputados
Hasta 1961 la representación nacional se integró sólo con diputados electos
uninominalmente, excluyendo sistemáticamente el voto de un número cada vez más
importante de ciudadanos que, sin alcanzar mayoría en los distritos electorales, eran ya
una proporción significativa de los votantes.
Las reformas de 1963, si bien permitieron el acceso sistemático a la Cámara de las
minorías electorales, no superaron el esquema conceptual según el cual la
representación emanaba de las elecciones uninominales, definidas como mayoritarias. La
nueva vía de acceso a la Cámara de Diputados, los diputados de partido, fue desde el
nombre mismo concebida como un elemento marginal a la representación nacional, como un
elemento de pluralización más bien artificial de dicha representación: si los diputados
electos uninominalmente representaban la voluntad popular, los de partido no representaban
más que eso, a partidos políticos minoritarios que por esa vía ejercían presión para
la obtención de cargos que, en la realidad, no habían ganado en las urnas.
Las diputaciones de partido se incorporaban conceptualmente como parte de la lógica
corporativa y de presión de grupos, característica del Estado mexicano, soslayando la
representación social que en su momento incorporaron a esta Cámara.
La reforma electoral de 1977 estableció por primera vez un principio electivo general
distinto al de mayoría relativa y, desde luego, distinto al principio compensatorio de
los diputados de minoría. La Cámara de Diputados se constituyó con 400 integrantes, 100
de los cuales habrían de ser electos por el principio de representación proporcional.
Sin embargo, el diseño electivo aplicado a los nuevos diputados mantuvo consigo algunos
de los elementos sustanciales característicos de la concepción de los diputados de
minoría, como reducir su asignación a los partidos minoritarios, definidos como aquellos
que obtuvieran menos de 60 triunfos uninominales o como desvincular el nuevo principio de
la proporcionalidad en la integración del conjunto de la Cámara.
Las reformas electorales inmediatamente posteriores no modificaron estas características.
No es sino hasta la reforma electoral de 1986, que incluyó un nuevo incremento en el
número de integrantes de la Cámara de Diputados, cuando se concibió al principio de
representación proporcional como parte integral en la constitución de la representación
nacional, eliminando de ésta, en principio, la sobre y la subrepresentación.
Sin embargo, se mantuvo como salvedad a la proporcionalidad directa la cláusula que, en
el triste capítulo de 1989, vino a denominarse "de gobernabilidad": una
fórmula legal que, bajo distintos mecanismos, concedía al partido que obtuviera el mayor
número de triunfos uninominales, diputados plurinominales suficientes para lograr
mayoría absoluta en la Asamblea.
A partir de aquel año, las leyes han sostenido un privilegio constitutivo a las
elecciones uninominales, favoreciendo la sobrerrepresentación de quien mayor éxito
territorial demuestre en las urnas, siendo el número de triunfos distritales de mayoría
relativa el principal determinante de la presencia de un partido en esta Cámara, por
encima del total de votos obtenido en la nación en su conjunto, generando
sistemáticamente fenómenos de sub y sobrerrepresentación de las diversas fuerzas
políticas.
La sobrerrepresentación sistemática ha sido, evidentemente, uno de los elementos de
preocupación constante en el proceso mexicano de transición. Como resultado se le han
impuesto diversas limitantes que alcanzaron, en 1996, su estado actual: si bien no ha sido
eliminada en el diseño de la representación nacional, sí se ha limitado a un máximo de
un 8%.
Estos mecanismos legales de sobrerrepresentación son parte integrante de un sistema
electoral diseñado no para potenciar la expresión de la voluntad política de la
sociedad, sino para garantizar la conservación de mayoría legislativas a minorías
electorales, lógica insostenible en un sistema plenamente democrático.
Las legislaturas locales
La transformación de los principios electivos de la representación nacional ha influido,
de manera natural, en la redefinición de los principios de integración de las
legislaturas locales. Sin embargo, el ritmo de los avances en estos espacios ha sido
notablemente inferior al observado a nivel federal.
En 1977, el texto constitucional incluyó, por primera vez para los congresos locales, un
principio electivo distinto al de la mayoría relativa, al establecer: "de acuerdo
con la legislación que se expida en cada una de las entidades federativas se introducirá
el sistema de diputados de minoría en la elección de las legislaturas locales
[...]". De esta manera, los diputados de minoría eran constitucionalmente
establecidos 14 años después que para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
y en el preciso momento en que para ésta se establecían ya los diputados de
representación proporcional.
Si bien el texto relativo fue modificado en 1987 y trasladado al artículo 116, su
contenido permaneció intacto hasta 1996.
En este último año, fue finalmente eliminada la figura de diputados de minoría para
incluir, 19 años después que a nivel federal, el principio de representación
proporcional. El nuevo texto establece: "las legislaturas de los estados se
integrarán con diputados electos por los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes".
Sin embargo, paralelamente a la evolución de las disposiciones constitucionales en la
materia, los congresos locales han desarrollado los principios y mecanismos de su
integración de forma diversa y desigual.
A través de esa diversidad los estados federados han plasmado sus diferencias
socioeconómicas, políticas, históricas y culturales en normas que les permiten
transitar por rutas varias en procesos múltiples de democratización. Esta diversidad
está presente, por ejemplo, en los mecanismos de elección de diputados de
representación proporcional, en el uso o no de circunscripciones plurinominales o en los
procedimientos contenciosos, sin representar otra cosa que formas distintas de dar
solución a problemas semejantes.
No podemos afirmar lo mismo de las desigualdades, definidas por limitar el acceso pleno a
derechos fundamentales a amplios sectores ciudadanos. De esta manera podemos encontrar,
junto con una tendencia general al desarrollo de la proporcionalidad, la subsistencia
inconstitucional de la cláusula de gobernabilidad, la sobrerrepresentación sistemática
de hasta un 20%, la predominancia excesiva del principio de territorialidad, la
subsistencia encubierta del principio de diputados de minoría y otros mecanismos de
deformación de la representación soberana de los estados.
En términos generales las reformas constitucionales de 1977 y 1996 tan sólo adecuaron el
texto constitucional a lo que ya era disposición legal en la mayoría de las
constituciones particulares. Sin embargo, alcanzaron a tener un efecto legal directo en
estados con legislaciones particularmente atrasadas, ampliando significativamente el
acceso de los ciudadanos al derecho básico de elegir a sus representantes locales.
Simultáneamente, las reformas constitucionales referidas redefinieron y afinaron,
adicionalmente, el espacio de debate en torno a los mecanismos y principios de elección
de los legisladores locales.
En el presente, en todos los estados de la Federación, salvo uno, predomina
numéricamente el principio de mayoría relativa en la integración de las legislaturas
locales y si bien en la mayoría de ellos la proporción de los diputados electos por este
principio y de los electos por el de representación proporcional es análoga a la
establecida para el Congreso de la Unión, 60% de mayoría relativa y 40% de
representación proporcional, en varios el porcentaje de diputados de representación
proporcional es aún menor.
Por otra parte, en la mayoría de las entidades federativas donde la inconstitucional
cláusula de gobernabilidad ha sido eliminada, prevalecen mecanismos de asignación de
diputados de representación proporcional que subordinan este principio no sólo al de
mayoría relativa, sino incluso al constitucionalmente extinto principio de diputados de
partido, favoreciendo estructuralmente la sobre y la subrrepresentación en la
conformación de las legislaturas locales.
La democratización de los espacios políticos estatales encuentra así obstáculos ya
superados a nivel federal.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Pese a la declaración de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha hecho recaer sobre la cláusula de gobernabilidad para las legislaturas
estatales, ésta se ha mantenido dentro de la propia constitución para el caso de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde, además, adopta una de las
condiciones más extremas de la historia constitucional de nuestro país, al ser aplicable
a un partido político que alcanzara una votación tan menor como el 30% del total.
Esta cláusula se conforma así en una más de las condiciones de excepción en que los
ciudadanos del Distrito Federal se ven forzados hoy a ejercer sus derechos políticos y
representa un atraso de varios años respecto a la evolución constitucional sufrida por
el Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales, siendo su eliminación
condición ineludible en el desarrollo democrático nacional.
Hacia una reformulación
de la representación legislativa
La legitimidad que hasta hoy se ha dado a la dominancia numérica y funcional del
principio de mayoría relativa sobre el de representación proporcional parte, por un
lado, de condiciones históricas particulares y superadas y, por otro, de concepciones
equivocadas sobre la representación legislativa y sobre la naturaleza y beneficiario de
los derechos en pugna.
En lo histórico, la preeminencia del principio de mayoría relativa se origina en los
momentos en que el dominio del espacio electoral por una sola fuerza política era
absoluto. En esas condiciones, el conjunto de diputados electos exclusivamente por el
principio de mayoría relativa representaba sistemáticamente votaciones mayoritarias
superiores y en ocasiones muy superiores al 90% del total de electores. Ante semejantes
resultados, el reclamo de la vía uninominal como la vía plena de la representación
nacional sólo podía ser débilmente objetado.
Así, al elegirse en 1976 la L Legislatura, el conjunto de los diputados de mayoría
relativa habían sumado cerca del 95% del total de votos emitidos en el país, es decir,
sólo un 5% del electorado no veía su preferencia electoral reflejada en la constitución
de un diputado uninominal.
Los números de hoy son, sin embargo, notoriamente distintos. En la conformación de esta
LVIII Legislatura las votaciones mayoritarias de los 300 distritos electorales federales,
consideradas independientemente del partido que la hubiera obtenido, suman un total de 17
millones 449 mil 64 votos, es decir, tan solo el 47% de los votos válidos. El caso, lejos
de ser excepcional, forma parte ya de una tendencia: la misma suma en los resultados
electorales de 1997, año de elección de la LVII Legislatura, alcanza el 46% de los
sufragios. En 20 años, la representatividad de la vía uninominal se ha visto reducida,
al menos, a la mitad. De este modo, menos de la mitad de los ciudadanos deciden la
conformación del 60% de la Cámara, en tanto que una mayoría absoluta decide tan sólo
el 40% de ella.
Las cifras en la conformación de la gran mayoría de las legislaturas locales son
semejantes.
En lo funcional, la concepción del principio de mayoría relativa como preeminente
respecto al de representación proporcional tiene una evidente raíz en el carácter
territorial de la elección de los diputados electos por ese principio. Se concibe así la
representación como vinculada al territorio donde es votada, de modo tal que el electo
resultaría representante de todos los ciudadanos de dicho territorio, independientemente
de que hayan votado por él o no y sólo de los ciudadanos de dicho territorio.
La tradición constitucionalista ha planteado, sin embargo, otra perspectiva para este
problema, desde la cuál todos los diputados son representantes del pueblo en su conjunto
y no tan sólo de aquellos ciudadanos que en lo concreto sufragaron en su favor o de
quienes lo hicieron en la demarcación territorial en que fueron votados.
Esta perspectiva no sólo ha fundado su legitimidad en las concepciones teóricas más
acabadas sobre la naturaleza de la representación parlamentaria sino que, adicionalmente,
encuentra claros referentes empíricos en la práctica política diaria de nuestro país.
En México, como en muchas otras naciones, las grandes propuestas políticas de la
sociedad se han venido definiendo mucho más en términos de programas y demandas
enarbolados por partidos y otros actores políticos nacionales, que en términos de
demandas vinculadas a los votantes de regiones particulares.
Mas por el contrario, importantes temas locales o regionales, que han alcanzado relevancia
nacional, han sido sistemáticamente enfocados desde distintas perspectivas nacionales que
no se encuentran resueltas a nivel local y que en el país en su conjunto encuentran
contraposiciones semejantes.
El debate sobre los principios electivos de las legislaturas puede sin embargo
clarificarse, al menos parcialmente, a partir de la redefinición de los derechos que en
el proceso se ven involucrados y de la residencia de su titularidad.
Las legislaciones han considerado, generalmente, el problema de los principios de
integración de las legislaturas, como el problema de la articulación de los intereses y
derechos de los actores políticos en disputa por la representación nacional. Esta
concepción tiene una clara expresión, por ejemplo, en el establecimiento, ya referido,
de diputaciones destinadas a dar acceso sistemático a la representación, a las minorías
electorales bajo la forma de las así llamadas diputaciones de partido; o en la cláusula
de gobernabilidad que, en sentido inverso, concede a una minoría electoral la calidad de
mayoría parlamentaria.
El debate se ha centrado, en sus momentos críticos, en la articulación de los derechos
de los partidos políticos a acceder a la representación, única forma concreta del
derecho a ser votado, en función de la legitimidad que a sus encontrados derechos de
representación política reconozca el legislador, privilegiando uno u otro principio
electivo, en las diversas situaciones políticas concretas. Sobre estas bases y a falta de
un criterio rector comúnmente aceptable en la disputa de intereses entre iguales, el
debate parecería irresoluble.
Sin embargo, si el problema es considerado desde la perspectiva del elector, es decir,
fundamentalmente como una consecuencia del derecho a votar, adquiere de inmediato una
nueva dimensión en la cual el objetivo del diseño de los principios de integración de
las legislaturas no podrá legítimamente ser otro que el de garantizar a todos los
ciudadanos acceso igualitario al ejercicio del derecho a elegir.
Cualquier otra cosa resulta poco razonable. Sobre esta base, indebatible en nuestra
opinión, es necesario discutir ampliamente las características que a las
representaciones legislativas importa hoy la preeminencia del principio de mayoría
relativa y el papel que al respecto pueden jugar otros principios electivos.
El primer elemento sustancial en este sentido ha sido ya señalado: la proporción de
votantes que en términos generales se requieren para llevar a una legislatura al total de
los electos por mayoría relativa en distritos electorales es ya sistemáticamente menor
al 50%. Si consideramos que sólo de manera excepcional los electos por esta vía son
menos del 60% de la legislatura correspondiente se hace evidente, primero, que
estructuralmente se favorece que las mayorías parlamentarias sean decididas por minorías
electorales y, segundo, que en consecuencia no existen ya elementos de realidad que
permitan demostrar la suficiencia del principio de mayoría relativa como vía fundamental
de la representación social en su conjunto. Esto es, el principio electivo de la mayoría
relativa no puede más reclamarse como elemento central de representación, de modo tal
que incluso su combinación con otros principios electivos deba realizarse sobre la base
de su dominio del conjunto.
En términos del ejercicio del derecho a votar y a votar en términos de igualdad, única
base posible para que el voto universal sea una realidad, el voto ejercido por cada
ciudadano debe de tener la misma fuerza de decisión en la conformación de la
representación legislativa. O lo que es lo mismo, a cada ciudadano debe corresponder uno
y sólo un voto.
El fallo de la Suprema Corte emitido sobre la materia en 1998, a través del cual se
declaran inconstitucionales las "cláusulas de gobernabilidad" en la
integración de las legislaturas estatales tiene sin duda una de sus bases en la
consideración de la igualdad del voto, obligado punto de partida en la concepción del
principio de representación proporcional. De acuerdo con este fallo, la fuente de una
mayoría parlamentaria tiene que encontrarse en la proporción de votos emitidos por cada
opción electoral y no en una fórmula legal que convierta de manera automática una
minoría de votos en una mayoría de curules.
Sin embargo, han sobrevivido en las legislaciones formas menos directas de deformación de
la proporcionalidad que las establecidas por las "cláusulas de gobernabilidad",
generando el mismo efecto. Estas formas son, principalmente:
La asignación de las diputaciones de representación proporcional de forma independiente
a la proporción de curules que cada partido obtenga en el conjunto de la legislatura, de
modo que la desproporción de representación obtenida por triunfos de mayoría relativa
logrados con votaciones minoritarias se conserva para el conjunto.
La subsistencia de fórmulas legales diversas que garantizan que minorías electorales
decidan la mayoría de los integrantes de la generalidad de las legislaturas, dejando a la
mayoría de los electores la decisión sobre la minoría de la Asamblea.
La sistemática confusión entre el principio electivo de la representación proporcional
y los mecanismos concretos para su aplicación.
Así, la generalidad de los mexicanos estamos sometidos hoy a un régimen legal de
desigualdad sistemática en nuestras representaciones legislativas, en virtud de la cual
las minorías deciden la conformación de las mayorías legislativas, en tanto que a la
mayoría de los ciudadanos sólo se le permite decidir sobre la conformación de las
minorías legislativas.
De esta suerte y en lo particular, en no pocos casos las soberanías estatales se
encuentran hoy dominadas por fuerzas políticas que resultaron derrotadas en la elección
correspondiente.
Estamos convencidos de que ha llegado para nuestro país el momento de dar un nuevo paso,
el más decidido de las últimas décadas, para reformular las bases de integración de
nuestras legislaturas, garantizando que en ellos se refleje con equidad plena la
intención decisoria de la ciudadanía. En el México de nuestros días, la necesidad de
reflejar la amplia pluralidad de nuestra sociedad en sus representaciones soberanas pasa
por la necesidad de invertir el papel de los principios electivos de estas asambleas,
dando el papel rector al principio de representación proporcional.
Es por estas razones que hoy presentamos a esta Cámara, una iniciativa para reformar las
fracciones III y V del artículo 54 y la fracción III de la base primera del apartado C
del artículo 122, reformar y adicionar la fracción II del artículo 116 y derogar la
fracción VI del artículo 54, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de establecer la proporcionalidad directa en la conformación de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la legislaturas de los estados y de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de adecuar las bases constitutivas de las
mencionadas legislaturas de los estados a las actuales condiciones políticas y sociales
del país.
A este último respecto, proponemos reformar el primer párrafo de la fracción II del
artículo 116 constitucional, a fin de adecuar el concepto ahí plasmado a las actuales
condiciones parlamentarias y demográficas de los estados: el día de hoy no existen ni es
previsible ni deseable que lo hagan en el futuro, composiciones legislativas siquiera
cercanas a los mínimos de integración ahí previstos ni por otra parte, ha demostrado
mérito alguno la idea de establecer integraciones proporcionales al número de habitantes
para distintos estados.
En la práctica y durante ya casi dos siglos de vida independiente, el número total de
integrantes de cada legislatura local ha sido una respuesta siempre particular para
condiciones estatales que, por su diversidad, exigen respuestas también particulares.
Proponemos retirar del texto constitucional la jamás cumplida obligación de establecer
el número de integrantes de cada legislatura en proporción al número de habitantes de
cada Estado. Adicionalmente, proponemos establecer un mínimo único nacional de 24
diputados por legislatura.
En cuanto a los principios previstos para la integración de las legislaturas,
consideramos pertinente mantener los actualmente vigentes, mayoría relativa y
representación proporcional conservando también el carácter limitativo que para estos
efectos prevalece en el texto vigente.
Sin embargo, proponemos establecer proporciones iguales de diputados a elegirse por los
principio de representación proporcional y de mayoría relativa, eliminando la figura del
dominante mayoritario.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma las fracciones III y V del artículo 54 y
la fracción III de la base primera del apartado C del artículo 122, reforma y adiciona
la fracción II del artículo 116 y deroga la fracción VI del artículo 54, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se reforman las fracciones III y V y se deroga la fracción VI
del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar
como sigue:
"Artículo 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Al partido político que cumpla con la dos bases anteriores, adicionalmente a las
constancias de mayoría que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el
principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida,
el número de diputados de su lista regional que corresponda en cada circunscripción
plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las
listas correspondientes;
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. El número total de diputados por ambos principios de cada partido político será
directamente proporcional al número de votos que cada uno haya obtenido en la elección
correspondiente.
VI. Derogada".
Artículo segundo. Se reforma y adiciona la fracción II del artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"II. El número de representantes en las legislaturas de los estados no será menor
de 24.
Las legislaturas de los estados se integrarán por diputados electos por los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional.
Se elegirá el mismo número de diputados por el principio de mayoría relativa y por el
principio de representación proporcional.
Los mecanismos y fórmulas que las leyes establezcan para la asignación de los diputados
electos por el principio de representación proporcional garantizarán la plena
proporcionalidad entre el número de diputados que cada partido político obtenga del
total de la legislatura y el número de votos obtenido por cada uno en la elección
estatal en su conjunto.
Los diputados de las legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para el periodo
inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el
carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados
propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de
suplentes."
Artículo tercero. Se reforma la fracción III de la base primera del apartado C
del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para
quedar como sigue:
III. El número total de diputados por ambos principios de cada partido político será
directamente proporcional al número de votos que cada uno haya obtenido en la elección
correspondiente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de septiembre de 2000.- Firmas que
sustentan la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Uuc-kib Espadas
Ancona; diputados: Sergio Acosta Salazar, Rubén Aguirre Ponce, Hortensia Aragón
Castillo, Silvano Aureoles Conejo, Luis Miguel Barbosa Huerta, María Alejandra Barrales,
Martí Batres Guadarrama, Martha Angélica Bernardino Rojas, Miguel Bortolini Castillo,
Bonifacio Castillo Cruz, Rodrigo Carrillo Pérez, Víctor Hugo Cirigo Vázquez, Raquel
Cortés López, Mario Cruz Andrade, Genoveva Domínguez Rodríguez, Manuel Duarte
Ramírez, Alfonso Elías Cardona, José Delfino Garcés Martínez, Miroslava García
Suárez, Jesús Garibay García, Adela del Carmen Graniel Campos, Alejandro Gómez Olvera,
Rafael Hernández Estrada, Aldaurico Hernández Gerónimo, Alfredo Hernández Raigosa,
Luis Herrera Jiménez, Arturo Herviz Reyes, Ramón León Morales, Rosalinda López
Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez, Esteban Daniel Martínez Enríquez,
Elías Martínez Rufino, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Rogaciano Morales Reyes, Ricardo
Moreno Bastida, Magdalena del Socorro Nuñez Monreal, Francisco Patiño Cardona, Norma
Reyes Terán, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Félix Salgado Macedonio, María de los
Angeles Sánchez Lira, Héctor Sánchez López, Petra Santos Ortiz, Rafael Servín
Maldonado, David Augusto Sotelo Rosas, María del Rosario Tapia Medina, Tomás Torres
Mercado, Emilio Ulloa Pérez, Gregorio Urias Germán y Eric Villanueva Mukul.»
Gracias, diputada Magdalena Núñez.
La iniciativa presentada a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal.
SEQUIA
Se concede el uso de la palabra para presentar
una propuesta con punto de acuerdo sobre los efectos de la sequía en la zona norte del
país, al diputado César Duarte Jaquez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
| El diputado
César Horacio Duarte Jáquez: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
En nuestro país la sequía es un fenómeno recurrente. En los últimos 60 años los
mexicanos hemos padecido 32 sequías de diferente magnitud; cuatro de ellas han sido
particularmente críticas; la de 1948 a 1956 es considerada la de mayor severidad y se
asentó en zonas áridas y semiáridas, con consecuencias desastrosas para la vida
económica de sus pobladores; la de 1960 a 1964 y la de 1976 a 1980 tuvieron alcance
nacional, generando un fuerte movimiento migratorio del campo a la ciudad.
Finalmente la de 1993 al 2000, con una duración casi igual a la primera, provoca la
reducción del nato ganadero; la desaparición de segundos cultivos en las áreas de
riego; la transformación de las zonas de riego en zonas temporaleras y las zonas
temporaleras dejándolas en tierras inútiles.
Los estados de Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California Sur, Aguascalientes,
Querétaro y el norte de Guanajuato, son actuales víctimas de este periodo de sequía,
cuya duración en varios de los casos rebasa los cinco años.
En Chihuahua llevamos siete años con éste y ya es una calamidad. La sequía en el campo
está ligada a la perdida de cosecha, muerte de ganado, esfuerzos agotadores y gastos
excesivos para acarrear el agua de grandes distancias, enfermedades infecciosas,
desnutrición, emigración, hambre e inconformidades sociales.
La sequía cabalga en todos los caballos del apocalipsis, arrasando con bienes y
destruyendo esperanzas, es un proceso acumulativo con incidencia social, económica y
política que deja huellas profundas en varias generaciones.
En las zonas áridas y semiáridas, donde la presencia de la sequía es un hecho
cotidiano, la lluvia vista como una variable, tiene dos comportamientos: es poco frecuente
y cuando cae lo hace con una intensidad tal que favorece el escurrimiento y no su
infiltración en el suelo. La escasez de lluvia, la exposición del suelo a la erosión,
la remoción de la cubierta vegetal, la acción del hombre constituyen los cuatro factores
principales del desequilibrio ecológico y propician anomalías climatológicas, arrojando
como resultado sequías recurrentes cada vez mucho más prolongadas.
El agua es vida, la ausencia del líquido vital es muerte. Las mujeres y los hombres en
edad de trabajar emigran en búsqueda del sustento; los conglomerados sociales se
transforman en pueblos fantasmas habitados únicamente por ancianos y niños. La
estructura social rural conformada por el binomio familia-núcleo agrario, sufre daños
irreparables.
La respuesta a este problema estructural ha sido hasta ahora de carácter emergente a
pesar de la recurrencia del fenómeno, como si la sequía fuera un evento ocasional y
localizado. Sin embargo, las estadísticas arrojan una lectura totalmente diferente. Las
acciones del Gobierno, de la sociedad rural, de las organizaciones internacionales y de
los productores organizados, exigen estrategias que ataquen las causas del fenómeno, no
sólo sus efectos y un programa a largo plazo.
Este problema, por su tamaño y naturaleza, no puede atenderse con acciones aisladas;
necesita la acción coordinada de todas las instancias de gobierno especializadas en este
rubro y sobre todo de la sociedad. Asimismo, además de combatirlo en el centro de su
impacto mediante un esfuerzo serio y decidido de descentralización de las dependencias,
como la Sagar, la Conasa y la Conagua, así como la descentralización de
responsabilidades que obligue a la participación organizada y capacitada directamente de
los afectados.
Por lo que respecta al programa de mediano y largo plazos, la diputación campesina del
Partido Revolucionario Institucional propone un enfoque estructural, integral y
sustentable, que cubra las siguientes acciones:
Primero. Las áreas deterioradas de los núcleos agrarios deben ingresar a un
programa de reconversión productiva diseñado por los centros de investigación y las
universidades, comprobada experiencia, conviniéndolo con los campesinos, apoyados por el
Gobierno y supervisado por un grupo interdisciplinarios de especialistas.
Segundo. La aportación de fondos a una investigación enfocada al
aprovechamiento de las propiedades forrajeras, alimentarias, medicinales e industriales de
las especies del desierto, con miras a desarrollar sistemas de producción sustentable y
tecnología de punta.
Tercero. La construcción de una cultura con los niños y adolescentes del
desierto, donde aprendan a utilizar eficientemente el agua.
La idea siempre será tomar conciencia de la indispensable necesidad de conservar este
patrimonio para futuras generaciones y dominar los medios para romper los círculos
perniciosos ya señalados. Todo ello sin dejar de atender la emergencia.
En este último destacan por su enorme importancia: la construcción de acueductos y
sistemas de agua potable, el refuerzo del programa acuario, operado por el Ejército
mexicano y el financiamiento con presupuesto de la Comisión Nacional de Zonas Aridas; la
producción de forraje con especies vegetales de la localidad; los proyectos para el
abasto del agua y para apoyar al ganado; la entrega de apoyos en el caso como el de
nuestros hermanos tarahumaras, quienes en este invierno no tendrán maíz ni siquiera para
el autoconsumo.
Por ello, los diputados priístas hacemos un llamado a esta Cámara, para que se tome un
punto de acuerdo al que se han sumado las fracciones parlamentarias del Partido Acción
Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de
México y del Partido del Trabajo.
Unico. Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que en carácter de urgencia y obvia
resolución, se solicite al Gobierno Federal un programa urgente con recursos del Fondo de
Desastres Naturales, Fonden, para que de manera rápida se atiendan las necesidades de la
población en estas zonas.
Adicionalmente, un programa similar al Procampo para aquella gente que no pudo sembrar por
falta de humedad, así como la entrega de un suplemento alimenticio para el ganado,
observando en esto una total prioridad para los que menos tienen.
Asimismo, esta soberanía recomiende a los tres niveles del Ejecutivo, la elaboración de
un plan maestro campesino de mediano y largo plazos para las regiones áridas y
semiáridas del país.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias, diputado César Duarte Jáquez.
Como lo ha solicitado, de considerar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se considera
de urgente y obvia resolución.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
En votación económica, se pregunta a la
Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo planteado.
Gracias diputados.
Permítame, señor diputado.
Gracias, se considera de urgente y obvia resolución.
Han solicitado el uso de la palabra sobre este tema, los diputados: Juan Carlos Regis
Adame, del Partido del Trabajo; Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución
Democrática y Hugo Gutiérrez Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Al término de estas intervenciones se consultará si se aprueba o se rechaza la
proposición.
Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Regis Adame, del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
| El diputado Juan Carlos Regis Adame: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
Frente al problema de la pobreza extrema, en la que se encuentran millones de nuestros
compatriotas, hoy tenemos que sumarle la aguda escasez de agua que padecen algunos estados
del norte de nuestro país.
La sequía que sufren millones de mexicanos que habitan en distintos estados del norte de
México, está afectando con mayor profundidad a los productores agropecuarios, a las
comunidades rurales que padecen de este vital líquido.
Este es un serio problema que viene impactando a los campesinos desde hace varios años,
pero que se agudizó en 1999, cuando el Gobierno Federal tuvo que declarar el 21 de mayo,
como zona de desastre a varios municipios de cinco estados de la República, debido a la
aguda sequía que venían padeciendo desde tiempo atrás.
Entre ellos se encontraban distintos municipios pertenecientes a los estados de Coahuila,
Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua. Posteriormente se sumaron a esta categoría otros
municipios que pertenecen a los estados de Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Baja
California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes, entre otros.
Sin embargo, este problema no se ha resuelto para muchos municipios del norte de México,
los recursos que el Gobierno Federal destina para contrarrestar los efectos agudos de la
sequía son insuficientes y no atenúan las repercusiones de ésta.
Entre los efectos más agudos, es que en muchas de las presas del noreste del país se
encuentran en promedio a baja capacidad de almacenamiento y los problemas se han acentuado
a consecuencia del vital líquido.
Otra grave repercusión es el descenso de la producción de alimentos forrajeros y
alimenticios, según estimaciones en más del 30% por falta de agua.
Se calcula por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que serán 200 mil
hectáreas que no se sembrarán o cambiarán a cultivos de menor requerimiento de agua. Al
mismo tiempo esta grave sequía provocará la pérdida de 2 millones 500 mil empleos del
campo.
Por ejemplo en el Estado de Zacatecas no sólo se padece la agudeza de la sequía, sino
que ésta se está combinando también con un fenómeno particular vinculado a la
dificultad que tienen actualmente los campesinos para la venta de sus cosechas. No hay una
política comercializadora para este sector.
A la falta de agua se suma la ausencia de realización de los productos del campo. Debemos
reconocer que la desgracia que hoy sufren millones de habitantes de nuestro país, deriva
en gran parte de fenómenos meteorológicos, pero también en gran medida, y esto es
importante recalcarlo, por la mala planeación de las presas que se construyen en los
estados que hoy están afectados por la sequía; la falta de inversión para crear más
infraestructura hidráulica, así como por la carencia de un programa de prevención
integral de sequías conforme lo han denunciado diversos líderes campesinos.
El Gobierno Federal debe reconocer su responsabilidad en la desgracia que hoy aqueja a los
millones de habitantes que son afectados por la sequía. Asimismo debe reconocer que los
recursos que son destinados a solventar los desastres naturales de nuestro país, son
insuficientes. En cambio cuando se trata de rescatar los intereses que detentan el control
de las decisiones económicas y políticas del México actual, no se escatiman los
recursos financieros. Está el ejemplo del Fobaproa.
Con la cantidad acumulada que se destina al Fondo de Desastres Naturales que es apenas de
4 mil 838 millones 900 mil pesos, seguramente se puede hacer poco.
Por eso para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está claro que recursos
públicos sí los hay; lo que no hay es la voluntad política para distribuirlos
equitativamente.
Desde nuestro punto de vista se debe incrementar el monto de recursos del Fondo de
Desastres Naturales para que sea canalizado en su totalidad a apoyar a la población y a
los productores de estas zonas afectadas por la falta del vital líquido.
Para nuestro grupo parlamentario, este fondo debe tener un manejo transparente, que esté
fuera de toda tentación de los funcionarios públicos del Gobierno Federal de utilizarlo
con tintes electorales.
Debemos exigir al titular de la Sagar presente un programa integral de prevención de
sequías con el propósito de tener una mayor capacidad de respuesta frente a este tipo de
problemas.
Si el problema es la sequía y se agudiza, es claro que tenemos conflictos sociales en el
campo, pero también debe quedar claro que el Gobierno Federal será el responsable de la
agudización de los mismos si no actúa con rapidez que el caso demanda.
Por todas las consideraciones señaladas el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se
suma al punto de acuerdo con objeto de apoyar a las entidades del norte de nuestro país
que hoy son azotadas por las sequías, entre ellas Zacatecas.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Juan Carlos Regis.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gregorio Urías Germán, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por cinco minutos.
| El diputado Gregorio Urías Germán: |
Con el permiso de la Presidencia; diputadas y
diputados:
Para el Partido de la Revolución Democrática entendemos por reforma de Estado una
profunda reforma política, una profunda reforma a la política económica y a la
política social y en esta materia lo que se refiere al campo mexicano, creemos que es
necesario que en lo inmediato discutamos y aprobemos en esta legislatura, una ley de
desarrollo social. Pero tenemos que concebirla casi como una ley de emergencia y un plan
de rescate para el campo.
El campo mexicano se ha convertido indudablemente en un lastre para el desarrollo de
nuestro país.
Leía yo hace algunos meses una entrevista que me llamó bastante la atención en el
periódico Reforma, a don Antonio Ortiz Mena. El decía en síntesis, en su larga
entrevista, que el Estado mexicano en las dos o tres últimas décadas, ha cometido un
error histórico, en abandonar y hundir al campo mexicano. Este error histórico hoy
tenemos la responsabilidad de ese tamaño de tratar de recuperar o recomponerlo, por el
bien de nuestra soberanía, por el bien de nuestro desarrollo independiente.
Por eso hemos suscrito el punto de acuerdo que actualmente en esta coyuntura, en un año
más se nos presenta este grave y recurrente problema de la sequía.
Quienes somos sinaolenses conocemos y hemos sufrido de cerca las consecuencias sociales
que repercuten en violencia y que repercuten en el bajo ingreso, en la pobreza y en la
descomposición social.
La sequía que actualmente están padeciendo algunos estados del norte y específicamente
el Estado de Sinaloa, no se había presentado tan grave en los últimos 20 años como en
el presente.
Recientemente se tomó la decisión por las autoridades federales, particularmente la
Comisión Nacional del Agua, de reducir casi a la extinción algunos cultivos como el del
maíz, respecto al cual nuestro Estado ha sido líder y prácticamente otros cultivos se
están reduciendo.
Es importante, pues, que ahora el Gobierno Federal apoye aún más con lo que se apoyó el
pasado ciclo a todos los estados que están padeciendo la sequía.
Por tal motivo, nuestro partido, nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, nos sumamos a esta propuesta que se ha planteado por los compañeros que me
antecedieron y estaremos atentos para darle seguimiento.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Gregorio Urías Germán.
Tiene el uso de la palabra el diputado Hugo Gutiérrez Dávila, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
El diputado Francisco Hugo Gutiérrez
Dávila: |
Con su venía, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Es cierto, la sequía es un fenómeno destructivo ligado a la pérdida de cosechas, a la
muerte masiva de ganado, obliga a fuertes inversiones y a agotadoras jornadas, para
acercar el agua a quienes la necesitan.
La sequía provoca enfermedades, hambre, desesperanza y migración, generando enormes
problemas sociales, que ameritan nuestra urgente atención.
Es cierto, el agua es vida, es productividad y es esperanza. Su ausencia prolongada es
muerte. En nuestras tierras que sufren desde hace años los problemas de la sequía, las
mujeres y hombres en edad de trabajar, emigran en busca de sustento y lamentablemente la
estructura social rural sufre daños tal vez irreparables.
Por eso, los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, damos la
bienvenida e impulsamos esta proposición, para que en el carácter de urgente y obvia
resolución, esta soberanía admita y así se atienda de inmediato las necesidades de la
población, que vive el grave problema de la sequía en la zona norte de nuestro país.
Para tal efecto, solicitamos se incluya la participación de los ayuntamientos y de las
legislaturas locales, para que junto con el Ejecutivo Federal y el de las distintas
entidades federativas involucradas, transparenten la distribución equitativa y eficaz de
los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), evitando así la instrumentación
de este tipo de programas con un fin distinto del que aquí se ha propuesto y los
resultados que obtengan sean los mejores.
Como señalaba Andrés Peñaloza y Alberto Arroyo Picard en su colectivo de trabajo
denominado "donde pones tu corazón pon un presupuesto con rostro humano, con el
objetivo de compartir experiencias y juntar nuestras capacidades para estudiar, analizar,
discutir y preparar propuestas de alternativas sobre finanzas y políticas públicas que
respondan a las necesidades, intereses y voluntades de la población, y de esta manera
garantizar que repercutan, de manera favorable, en el mejoramiento de las condiciones de
vida de los miles de mexicanos que están sufriendo los estragos de la grave sequía en
nuestros hermanos estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y
también solicitamos se incluya a nuestro hermano Estado de Durango, que también vive
esta grave problemática.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias, diputados Gutiérrez Dávila.
Han hecho uso de la palabra los diputados previamente inscritos y ha solicitado hacerlo
por cinco minutos para rectificar hechos, el diputado Tomás Torres, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres, por cinco minutos.
| El diputado Tomás Torres Mercado: |
Con su permiso, señor Presidente; con la venia
de mis compañeras diputadas y compañeros diputados:
Estima el de la voz que no podía dejar pasar esta oportunidad para revelar la postura de
la diputación perredista por el Estado de Zacatecas. En esta propia tribuna, en sesiones
pasadas hemos traído esta misma voz reclamante, en el sentido de que a nuestra entidad,
en casos particulares, se le ha denegado la posibilidad de generar la infraestructura
necesaria para crear mejores condiciones de desarrollo para su gente.
El día de ayer se nos planteaba que a entidades como la nuestra el flujo de
participaciones federales implican necesariamente una condición distinta en el contexto
nacional. No es la oportunidad, pero sí es preciso señalar que en un Estado como el
nuestro es superior el ingreso por la vía de las remesas de los trabajadores en la Unión
Americana a los recursos que dice la Federación: les damos, como si el concepto del Pacto
Federal fuera una ficción en la que no tuviera qué ver la participación de la voluntad
soberana de las partes de este país.
Debe celebrarse sin duda, y ante puntos específicos como el que se ha presentado a modo
de propuesta de acuerdo, lo signemos las diversas fracciones parlamentarias que
concurrimos a esta legislatura, de manera entonces que es preciso abundar no sobre su
obvia, sino sobre su resolución de plano sobre este particular.
El presupuesto para entidades como la de Zacatecas da sólo un margen de operación libre
de aproximadamente el 8%, en una suma no superior a los 5 mil millones de pesos. El
ingreso de ese Estado está compuesto en un porcentaje superior al 96.5% de
participaciones federales y su diferencia de recaudación propia. Esto nos da nota de la
condición en la que nos encontramos.
Cuando los medios anuncian el mal tiempo y la desgracia en otras regiones, abrigamos la
esperanza de que la lluvia en entidades como la nuestra se aproxime.
Expreso la voluntad de la fracción parlamentaria de suscribir el punto de acuerdo, al
mismo tiempo que dejo en la reflexión general para las entidades del Bajío, del centro y
centro norte del país, sobre un concepto que en otros lugares cuando el agua está a flor
de tierra, allá la buscamos a profundidades superiores a los 200 metros; con los
obstáculos, con las limitantes de la Comisión Nacional del Agua y con las tarifas de
todos conocidas por concepto de derechos en la extracción del agua del subsuelo de la
Comisión Federal de Electricidad.
Si no es con la infraestructura que nos pueda arrimar al desarrollo industrial de nuestras
sociedad, cuando menos que nos quede en la conciencia la posibilidad de apoyar a nuestros
hermanos del campo.
Finalmente una buena parte de esta legislatura, no sólo tenemos ese compromiso, sino
también ese origen.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Tomás Torres.
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Manuel Payán Novoa, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
| El diputado Manuel Payán Novoa: |
Buenos días, señor Presidente, muchas gracias
por la intervención; señoras diputadas y diputados:
Su servidor, soy presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. El punto de
acuerdo me parece muy bien, creo que es algo que nos debemos de felicitar todos por la
forma en que se aprobó, pero quisiera yo ser un poquito más explícito en la cuestión
ganadera:
Quiero decirles que no hay mayor sequía en el norte del país, que la importación
desmedida que se hace de ganado en pie y de carne de los Estados Unidos y de Uruguay;
carne que tiene cinco o seis años congelada y que no es apta para consumo humano, ya que
los americanos no se la comen, toda nos la mandan a nosotros.
Ahorita en Chihuahua tenemos una sequía tremenda y en todo el norte del país: en
Coahuila, Nuevo León, toda la franja fronteriza.
Gracias a Dios tenemos la exportación de becerros, pero no podemos vender las vacas.
Ahorita nos están invadiendo los americanos y carne de Uruguay, en cajas de mala calidad,
que no nos permite vender el ganado, por lo cual exigimos a la Secretaría de Comercio, a
la Secretaría de Hacienda y a la Sagar, que inmediatamente se cierre la frontera a la
carne de importación, ya que nos está desplazando completamente con productos de mala
calidad y necesitamos desplazar nuestro ganado porque no tenemos que darle en estos
momentos.
La situación es verdaderamente grave, la ganadería se va a acabar si no hacemos algo.
Desde ayer nosotros estamos con nuestro señor gobernador buscando la manera de que cuando
menos el Estado de Chihuahua, de alguna forma sanitario o con algún requisito de manejo
de ganado, se pare la importación de ganado cuando menos en pie al Estado; pero
necesitamos hacerlo a nivel nacional, necesitamos hacer un punto de acuerdo en donde se
pare la importación de ganado en cajas y en pie.
Desgraciadamente el libre comercio nos tiene desprotegidos a todos los productores del
campo y también habría que revisarlo porque estamos en una competencia completamente
desleal.
Yo agradezco la atención que tuvieron para mí. Ojalá y verdaderamente a los que sabemos
de ganadería, nos hagan caso de ganadería y los que sepan de otro asunto, pues apoyarlos
nosotros en lo que ustedes sepan. Pero sí les digo, no hay peor sequía que la
importación de carne que se está haciendo; ahorita el 30% y 35% del consumo nacional es
carne de Estados Unidos.
Muchas gracias.
Gracias diputado Payán Novoa.
El diputado J. Jesús Dueñas Llerenas
(desde su curul): |
Pido la palabra para rectificar hechos.
El diputado Dueñas tiene el uso de la palabra
por cinco minutos, para rectificar hechos.
Inmediatamente después la Secretaría consultará si se encuentra suficientemente
discutido y pasar a votación la propuesta.
| El diputado
J. Jesús Dueñas Llerenas |
Muchas gracias, señor Presidente; señores
secretarios:
Creo que es innegable que el campo mexicano ha tenido muchos problemas y una fracción del
campo mexicano son los ganaderos; más antes se hablaba de que nuestro país era el
"cuerno de la abundancia". Ahora, estamos dándonos cuenta que nuestro país es
el país de las importaciones. Yo me sumo al compañero ganadero de Chihuahua, porque es
un sentir nacional de lo que está sucediendo con el ramo ganadero de nuestro país.
Y estoy hablando a nombre de los porcicultores; a nombre de los avicultores; a nombre de
los productores de leche y a nombre de los productores de carne.
Nos hemos dado cuenta que el peor de los enemigos de la ganadería nacional ha sido el
"amigo" por no decirle de otra manera, Herminio Blanco, se ha tomado
atribuciones de importación de productos agropecuarios, atribuciones que no le
corresponden. Nunca ha consulta a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para hacer
las importaciones de carne, de leche, de huevos, de pollo y de carne de cerdo. Como
decían, carnes echadas a perder, carnes no aptas para consumo humano y también lo voy a
decir, maíces, maíces contaminados con afratoxinas que lo utilizan para elaborar
tortillas y que por desgracia nos damos cuenta que esas tortillas ni los perros las
quieren y esas carnes y esas tortillas y esos productos de pollo y esos huevos ya por
decirlo así, vencidos, nos damos cuenta que el "amigo" de Secofi, nunca ha
tomado en cuenta ni a los productores ni a la Secretaría de Agricultura y Ganadería ni a
los gobiernos de los estados. Por eso amigos, debemos de hacer una reflexión muy grande
sobre el campo mexicano.
Pero sobre todo yo propongo aquí que se tome en cuenta a todos los productores mexicanos,
llámese de carne, llámese de leche, llámese de huevo, llámese de pollo, llámese de
maíz, de trigo, de arroz.
Nos hemos dado cuenta que los arroceros han durado hasta dos años con sus productos en
bodega que no los pueden comercializar. Nos hemos dado cuenta que los productores de trigo
no pueden vender sus productos a las harineras y tienen que irse al mercado ganadero,
productos de primera calidad.
Y lo peor del caso son las coincidencias que cuando nosotros tenemos en puerta nuestra
cosecha, empiezan las importaciones fuertes, principalmente de Estados Unidos.
Qué hacen con nuestros productores. Esa sobreoferta de productos agropecuarios hace que
el precio de los productos mexicanos en cosecha se bajen un 20%, 30% y hasta 40%. Por eso
es importante que todos los legisladores de todas las fracciones parlamentarias aquí
representadas tomen en cuenta esta propuesta para revisar lo que está sucediendo respecto
a las importaciones que afectan a todos los productores mexicanos.
Compañeros del PRD, del PRI. El campo es la despensa de todos, de ahí comemos todos.
Qué campo le vamos a dejar a nuestros hijos, qué campo le vamos a dejar a nuestros
nietos. No lo tenemos dado, lo tenemos prestado por nuestros hijos y nuestros nietos.
Reconstruyamos esta patria para hacerla una patria justa, ordenada y generosa.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutida
la proposición.
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Se consulta a la Asamblea, en votación
económica, si la proposición está suficientemente discutida.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutida, señor Presidente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
| El secretario José Manuel Medellín Milán: |
Se consulta a la Asamblea, en votación
económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado por
unanimidad el punto de acuerdo, señor Presidente.
Comuníquese al Ejecutivo Federal y acompáñese
de las versiones estenográficas que contienen las participaciones de los compañeros
diputados.
DISCAPACITADOS
Tiene el uso de la palabra para presentar una
proposición con punto de acuerdo en relación con las personas vulnerables, la diputada
Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
por 10 minutos.
| La diputada
Raquel Cortés López: |
Gracias, señor Presidente:
Honorable mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura. Con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, las suscritas diputadas y diputados integrantes
de la LVIII Legislatura presentamos a esta soberanía el presente punto de acuerdo con
base en lo siguiente:
Con datos de la Organización Mundial de la Salud, el 10% de mexicanos tiene algún tipo
de discapacidad, entre ellos, según el INEGI, el 30% son personas con discapacidad
auditiva; un 23% son personas con discapacidad neuromotora, en igual porcentaje con
problemas de lenguaje; el 14% son ciegos o débiles visuales y un 14% presenta una
discapacidad intelectual.
En esta Cámara de Diputados se han presentado más de 50 iniciativas de ley en beneficio
de este amplio sector social, de las cuales han sido aprobados más de 10 proyectos que
constituyen la herramienta de integración social.
Estas iniciativas han sido presentadas por consenso. Todas las actividades en la Cámara
de Diputados en materia de discapacidad se han trabajado sin fines partidistas.
La Gaceta Parlamentaria publicó, el pasado jueves 11 de diciembre de 1997, un punto de
acuerdo presentado por el diputado Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión de
Atención y Apoyo a Discapacitados, el 3 de diciembre y suscrito por diputados y diputadas
de diferentes grupos parlamentarios para que en el ámbito de sus atribuciones la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el Comité de Administración y
los grupos parlamentarios sigan sus instrucciones pertinentes, a fin de que en la planta
laboral de la Cámara de Diputados fuesen incluidas personas con algún tipo de
discapacidad, en un porcentaje no menor al 1%.
Tengo conocimiento de que ese punto de acuerdo llegó a la tribuna de esta Asamblea,
respaldada con 400 firmas de diputadas y diputados.
La Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política solicitó a la Oficialía
Mayor, el 2 de septiembre de 1968, un informe sobre los avances de contratación de
discapacitados y fue hasta abril de 1998 cuando la dirección general de personal de la
Cámara envió una circular para informar de la contratación de personas con
discapacidad.
Hasta el momento laboran en esta soberanía 35 personas con discapacidad, de las cuales 22
son hombres y 13 mujeres, dos cuentan con la primaria, una con secundaria, cuatro con el
bachillerato, ocho son profesionales y 13 sin documentación.
Por tipo de discapacidad, nueve tienen alguna discapacidad motriz, siete con discapacidad
auditiva, cinco con visual, siete presentan una discapacidad intelectual y siete no
tenemos información de su discapacidad.
De esos trabajos, siete son asesores, 24 auxiliares administrativos y cuatro son
secretarias.
Con estos trabajadores la Cámara de Diputados se convirtió en el Poder de la Federación
que más trabajadores con discapacidad incluyó en su plantilla laboral.
En diciembre de 1998, en el marco del Foro Internacional de Legislación y Discapacidad,
el parlamento de Argentina informaba que contaba con ocho trabajadores con discapacidad.
Desde esta tribuna hago un reconocimiento a todas las diputadas y diputados que
contrataron en sus comisiones a este tipo de trabajadores y a los compañeros trabajadores
que han recibido con los brazos abiertos a nuestros trabajadores con discapacidad.
Se por experiencia propia, compañeras y compañeros, que la convivencia diaria con ellos
ha nutrido humanamente a los que tenemos la oportunidad de compartir una actividad
profesional. Como nos podemos dar cuenta ellos llevan trabajando cerca de dos años con
nosotros aquí en la Cámara. Lamentablemente sus contratos de intervención vencieron
este 15 de septiembre y no hay quién les autorice su renovación.
Este punto de acuerdo tiene como objetivo garantizar la continuidad de estos trabajadores
y contribuir para que estos mexicanos gocen plenamente de sus derechos humanos y del
trabajo digno y remunerativo suficiente.
Deseo anexar al presente punto de acuerdo, circular de febrero de 1999, lista de
trabajadores con discapacidad y una petición de los mismos, solicitando la ratificación
de este punto de acuerdo.
Por lo anterior pedimos, señor Presidente, con base en el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente se turne
este punto de acuerdo a la comisión correspondiente.
Gracias, compañeras y compañeros, y esperamos que la sensibilidad de los compañeros por
este punto de acuerdo tenga la más pronta resolución.
«El diputado Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
En esta nueva etapa de nuestra historia que estamos viviendo, con esta Cámara de
Diputados inédita en nuestra historia contemporánea, ahora que estamos sentando las
bases del nuevo México, del México de nuestros hijos, del México del nuevo siglo.
No podemos olvidar a millones de mexicanos con toda la geografía nacional y de todas las
clases sociales. Porque hoy día la mayoría de los mexicanos, sin darnos cuenta, los
discriminamos, les ponemos barreras y obstáculos para impedirles el acceso a la
educación, a los servicios de salud y al mundo del trabajo.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10% de la población
sufre algún tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial o intelectual, es decir, que
cerca de nueve millones de mexicanos tienen algún tipo de discapacidad.
La gran mayoría de ellos no han tenido acceso a la educación, no disfrutan de los
beneficios de la seguridad social y se les niega la oportunidad de ocupar los puestos de
trabajo para los que llegan a estar capacitados a desempeñar.
Seguramente esta LVII Legislatura habrá de iniciar cambios profundos en materia social,
política y económica, pero por justicia, entre estos grandes cambios debemos incluir las
modificaciones a nuestro marco legal para que se garantice igualdad de oportunidades para
las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
Amigas y amigos diputados, es la hora de reivindicar los derechos que por generaciones les
hemos negado a millones de mexicanos.
En esta legislatura que todos hemos calificado de histórica, es el momento de hacer
historia reconociendo y promoviendo los cambios a nuestras leyes, para que las personas
con discapacidad dispongan de servicios de salud; tengan oportunidades de rehabilitación,
educación y capacitación; se eliminen todas las barreras arquitectónicas, de lenguaje
en los medios de comunicación y culturales que les impiden integrarse socialmente; tengan
oportunidades de empleo remunerador y productivo y con ello puedan ejercer plenamente su
derecho a formar una familia y acceder a actividades recreativas, deportivas y culturales.
En particular, es el momento de hacer justicia con respecto a la más grave
discriminación que han sufrido, el negarles la oportunidad de tener empleos dignos.
En el contexto internacional, México en esta materia se encuentra rezagado, la mayoría
de los países del mundo tienen ya legislaciones que garantizan igualdad de oportunidades
para el acceso a los puestos de trabajo para ellos.
Uno de los pocos temas en que México no ha aceptado las normas internacionales ha sido en
materia de discapacidad.
Hace 42 años la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1955, en su
recomendación 99 a los países afiliados; México entre ellos, insistía en fomentar el
empleo de los inválidos con medidas como "la contratación por los empleadores de
cierta proporción de inválidos".
Hace 14 años, en 1983, la misma OIT promovió el Convenio 159 como norma de derecho
obligatoria para los países miembros que lo ratificaran, para que las naciones
suscriptoras impulsaran políticas nacionales que garantizaran que las personas con
discapacidad obtengan y conserven un empleo adecuado y progresen en el mismo.
Después de varios intentos, México no ha ratificado este convenio.
Muchos otros esfuerzos internacionales han pasado sin lograr cambiar la realidad mexicana,
la ONU declaró a 1981 como el Año Internacional de los Impedidos, con el tema
"Plena Participación e Igualdad" y dos años después proclamó la
"Década de los Impedidos" con acciones que impulsaron cambios en casi todas las
naciones a excepción de la nuestra.
Ahora mismo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 1998, incluyendo los seis
voluminosos tomos anexos, no se hace ni una sola referencia ni una sola mención de algún
recurso que se etiquete a favor del 10% de la población que sufre discapacidades.
Si el presupuesto es en definitiva, la forma como se pretende gobernar, si en los hechos
es en el presupuesto y no en el discurso en donde se definen las prioridades
gubernamentales y de la sociedad, resulta obvio que millones de mexicanos con discapacidad
no tienen ninguna prioridad en nuestro país.
Por ello insisto, es hora de hacer justicia, es hora de abandonar la iniquidad, fruto de
la ignorancia, los prejuicios y otros factores sociales que a lo largo de toda la historia
han aislado a las personas con discapacidad y retrasado su desarrollo.
En la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados, los integrantes de los diversos
grupos parlamentarios, nos hemos planteado como uno de los puntos prioritarios de nuestra
agenda, promover los cambios legislativos para dar igualdad de oportunidades en la
obtención de empleo a las personas con alguna discapacidad.
Para lograr nuestro objetivo deberemos proponer las reformas a la Ley Federal del Trabajo
acompañadas de reformas a las leyes fiscales que compensen las modificaciones que tengan
que realizarse en los centros de trabajo y dar empleo a personas con discapacidad.
Si el objetivo es dar igualdad de oportunidades, debemos estar claros que no se puede
competir en condiciones similares entre desiguales, como se ha definido por la OIT
"el principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada
persona tienen igual importancia".
Esto es que la sociedad tiene que ser solidaria y el Estado subsidiario para compensar las
disfunciones de estas personas y ellas puedan integrarse a la sociedad en igualdad de
condiciones.
Fruto de esa solidaridad y subsidiaridad debe ser el reservar un porcentaje en las
empresas y dependencias públicas, de los puestos de trabajo a las personas con
discapacidad que estén en aptitud de desempeñarlos.
El Estado tiene que acudir a subsidiar su rehabilitación y readaptación para el trabajo.
Estas medidas son impulsadas por organismos internacionales desde 1955.
¿Cómo caminar en la construcción del marco legal que se requiera para ello en México,
si en nuestra propia casa, en el Congreso, no iniciamos por apreciar la contribución de
estas personas? ¿Cómo hacerlo si no empezamos por garantizarles un porcentaje mínimo
del 1% de los puestos de trabajo aquí en la Cámara y en los grupos parlamentarios?
En la comisión estamos convencidos que este pequeño paso tiene una gran trascendencia,
por primera vez una institución en este país se obliga a sí misma a garantizar empleo a
personas con cualquier tipo de discapacidad, en todos los niveles y formas de
contratación.
Estamos seguros que todos nos enriqueceremos humanamente al reconocer en la práctica
diaria la gran y desconocida capacidad de aportación que tienen las personas sordas,
ciegas, en sillas de ruedas o con deficiencias intelectuales.
Este es uno de los primeros pasos para presentar los proyectos de ley que garanticen que
el acceso al trabajo en igualdad de oportunidades se dé en todos los ámbitos y así
reivindiquemos éste gran tema pendiente en la construcción del México del nuevo siglo,
con democracia, pero también con justicia.
Es por ello que la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados presenta a
consideración del pleno el presente punto de acuerdo, que es suscrito por la mayor parte
de los diputados de esta legislatura.
«Por tales consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos correlativos a la Ley Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso, sometemos a la consideración de esta Cámara, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que en el ámbito de sus
atribuciones la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el Comité de
Administración y los grupos parlamentarios, giren las instrucciones pertinentes, a fin de
que en la planta laboral de la Cámara de Diputados sean incluidas personas con algún
tipo de discapacidad en un porcentaje no menor al 1%. Este mínimo deberá considerarse
para todas las modalidades o regímenes de contratación. Lo anterior en total
concordancia con lo estipulado en el contrato colectivo de esta Cámara con su sindicato y
a las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional en sus apartados A y B.
Segundo. Que respetando los criterios de capacidad, disponibilidad y salarios
iguales en el desempeño laboral solicitado, sin discriminación del sexo y tipo de
discapacidad.
Tercero. El presente punto de acuerdo deberá ser verificado en su cumplimiento
por la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados en un plazo de seis meses.
Con la solicitud a la Presidencia, de que sea considerado de obvia resolución y desde
luego discutido y en su caso aprobado.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de diciembre de 1997.- Diputados: Héctor
Larios Córdova, Elodia Gutiérrez Estrada, Julieta O. Gallardo Mora, Lourdes Angelina
Muñoz Fernández, Gustavo Espinosa Plata, Elhier Saúl Flores Prieto, Felipe Jarero
Escobedo, Jesús José Montejo Blanco, Bertha Hernández Rodríguez, Abraham Bagdadi
Estrella, José Octavio Díaz Reyes, Salomón Elías Jauli y Dávila, José Luis García
Cortés, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Bonfilio Peñaloza García, Felipe Rodríguez
Aguirre, María de las Mercedes M. Juan López, María de Lourdes Rojo e Incháustegui,
María Guadalupe Martínez Cruz, José Luis Acosta Herrera, María Verónica Muñoz Parra,
Alfonso Carrillo Zavala, Martha Palafox Gutiérrez, Jaime Castro López, Luisa Cortés
Carrillo, Jesús José Villalobos Sáenz, Emilia García Guzmán y Carlos Iñiguez.»
El presidente Juan José Cruz Martínez: Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política.
«Coordinadores administrativos de los grupos parlamentarios, ciudadanos secretarios
técnicos de comisiones y comités legislativos, directores generales de áreas
administrativas.- Presentes.
Con el propósito de cumplir con el acuerdo del pleno de la Cámara relativo que al menos
el 1% de la planta laboral se integre por personas con algún tipo de discapacidad, me
permito remitirles la relación de solicitudes de trabajo existentes en la bolsa de
trabajo de esta dirección, a fin de que se sirva considerar en los movimientos de
personal del área a su cargo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente.
México, D.F., febrero de 1999.- Licenciado Enrique Lozano Botello, director general de
Recursos Humanos.»
---INSERTAR CUADROS DE LAS HOJAS 1, 2, 3 Y 4-------
«Ciudadanos de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.- Presentes.
Como ustedes sabrán, el pasado 2 de diciembre de 1997 en esta Cámara de Diputados fue
discutido y aprobado el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que en el ámbito de sus
atribuciones la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el Comité de
Administración y los grupos parlamentarios, giren las instrucciones pertinentes a fin de
que en la planta laboral de la Cámara de Diputados sean incluidas personas con algún
tipo de discapacidad en un porcentaje no menor al 1%. Este mínimo deberá considerarse
para todas las modalidades o regímenes de contratación. Lo anterior en total
concordancia con lo estipulado en el contrato colectivo de esta Cámara con su sindicato y
a las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional en sus apartados A y B.
Segundo. Que dichas contrataciones deberán realizarse respetando los criterios
de capacidad, disponibilidad y salarios iguales en el desempeño laboral solicitado, sin
discriminación del sexo y tipo de discapacidad.
Tercero. El presente punto de acuerdo deberá ser verificado en su cumplimiento
por la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados en un plazo de seis meses.
Siendo éste, uno de los primeros pasos que se han dado para presentar los proyectos de
ley que garanticen el acceso al trabajo en igualdad de oportunidades en todos los ámbitos
y así reivindicar este importante tema pendiente en la construcción del México del
nuevo siglo, con democracia pero también con justicia, las personas con discapacidad
solicitamos sea ratificado el punto de acuerdo y se dé la basificación de acuerdo con el
desempeño mostrado a lo largo de la pasada legislatura en nuestras actividades laborales.
Sin más por el momento, agradeciendo de antemano su respuesta favorable, aprovechamos la
ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 11 de septiembre de 2000.- Trabajadores con discapacidad de la Cámara de
Diputados: Irene Romero Rojas, Alejandro Mercado, Luis Ramos H., José Luis Soto P.,
Mauricio Zúñiga S., Efraín Avila Barrón, Esteban Martínez C., Carlos Ventura
Barrientos, María Cristina García López, Mónica Esmeralda A.S., José Bruno, Marcos
Palafox R., Pedro Dolores Torres López, E. Flores L., Ramón González de la Vega,
Everardo Chaparro C., Patricia Sánchez Gómez y Estela Maldonado Ramos.»
Gracias, diputada Raquel Cortés.
Como lo ha solicitado, se turna este punto de acuerdo a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables, y también a la Junta de Coordinación Política para que atienda en lo
conducente el punto de acuerdo.
Sobre este mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el diputado Armando Salinas
Torre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y tiene el uso de la palabra
hasta por cinco minutos.
| El diputado Armando Salinas Torre: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Celebra el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y un servidor a título
personal el que se encuentre una vez más, como sin duda muchos de nosotros, a una
diputada sensible y que de manera propia ha reconocido vive la circunstancia de la
discapacidad, de manera cercana, cotidiana, permanente, familiar. Como ella habemos muchos
de nosotros y no solamente de los legisladores, muchos de nosotros que trabajamos en la
Cámara de Diputados y en todo el Congreso de la Unión.
Nos sumamos a este paso más, hablar del tema de las personas con discapacidad, de la
normalidad o de la anormalidad de los mismos, de si es un problema o no. Para nosotros y
desde siempre no ha sido otra cosa más que el reconocimiento de seres humanos que tienen
una circunstancia particular y que requieren de toda una sociedad para que sean
incorporados a la vida cotidiana.
Para un servidor, para muchos que hemos estado en esta causa durante mucho tiempo odurante
toda nuestra vida, creemos que lo normal es un trato normal y nos sumamos a que se pueda
resolver esta situación de incertidumbre laboral a las personas con discapacidad que
laboran en la Cámara de Diputados.
Nos sumamos también a ese reconocimiento de diputadas y diputados que durante la
legislatura pasada y la anterior, desde la LVI, lo han hecho de manera espontánea y
personal y exhortamos, conminamos y les pedimos a título personal y a nombre de mi
bancada, de que también en esta legislatura podamos dar un paso más, que no perdamos la
oportunidad de que se incorporen a nuestros equipos de trabajo, a esta institución,
personas con alguna discapacidad.
Sería un desperdicio y no nos podríamos perdonar la oportunidad de todo aquello que
vienen a incorporar en un trabajo que necesariamente está destinado a ser cada vez mas
eficiente y por lo tanto más humano, si no tenemos el referente permanente de una persona
con discapacidad demostrando su esfuerzo, su entrega, su capacidad de trabajo y su alto
sentido de responsabilidad, que aquí lo necesitaremos mucho.
Han sido una serie de propuestas, de pasos, de iniciativas que se han planteado y que
duermen muchas de ellas el sueño de los justos en esta Cámara de Diputados. Desde aquí
les tendemos la mano, no solamente a la diputada que me antecedió en el uso de la palabra
ni a su grupo parlamentario, sino a todos y cada uno de ustedes, de que encontrarán en
nosotros la voluntad y el ejemplo de seguir dando un paso más a la causa de las personas
con discapacidad.
Concluyo diciendo que esto que se ha presentado como un punto de acuerdo tiene una
limitante y creo que no hay que ver para atrás sino poner los ojos y los pies caminando
hacia adelante. Si bien es cierto que lo que motivó la contratación de algunas personas
con esta circunstancia durante la legislatura pasada y desde el año de 1994, era a
propósito de un número porcentual cuando menos en esta Cámara de Diputados, nosotros
nos sumamos, yo en lo personal lo hago, para que no sea en términos de cuotas o de
porcentajes, sino que nos demos la oportunidad permanente de que sin duda recibiremos
mucho más del contacto cotidiano con una persona con discapacidad, de lo que nosotros
podamos darles a ellos.
Nos sumamos al punto de acuerdo. Estaremos pendientes los diputados de Acción Nacional
para que se resuelva a la brevedad y nos congratulamos de que haya cada vez más personas
sensibles en este tema.
Muchas gracias.
ASISTENCIA (II)
Solicito a la Secretaría informe a esta
Presidencia y a la Asamblea, sobre el resultado del registro de asistencia de las señoras
y señores diputados.
El secretario Bernardo Borbón Vilches:
Señor Presidente, me permito informarle que al cierre de la mesa de registro de
asistencia, existen 433 diputados registrados.
Gracias, señor Secretario.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
MEDIOS
DE COMUNICACION
Para presentar un punto de acuerdo sobre
programas de televisión denominados talk shows, tiene el uso de la palabra hasta por 10
minutos el diputado Jose Luis Novales Arellano, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
| El diputado
José Luis Novales Arellano: |
Con el permiso de la Presidencia. Este es un
punto de acuerdo que presentamos en conjunto diputados del PRD y del PAN.
Señor Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; compañeras y
compañeros diputados:
Los abajo firmantes, diputados federales de los grupos parlamentarios del Partido Acción
Nacional y de la Revolución Democrática en esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Asamblea las consideraciones que
a continuación se narran y el punto de acuerdo que más adelante se indica.
CONSIDERACIONES
Con base en la naturaleza propia y esencial del ser
humano y de su capacidad de pensar y comunicarse libremente, surge la de expresarse.
Cuando los razonamientos se exteriorizan la libertad de expresión debe ser tutelada
jurídicamente.
Todas las personas tenemos derecho a esta garantía, la cual implica la libertad de
investigar y difundir información de todo tipo y en cualquier forma, ya sea mediante
escritos o bien de manera artística o verbal. La facultad de transmitir a la población
noticias, información o programas de cualquier género por el medio de comunicación más
apto para ello, implica una gran responsabilidad de trascendencia social que contribuye de
manera esencial a la formación de la opinión pública, a la educación y la cultura.
La libertad de expresión y el derecho a la información están estrechamente
relacionados; la primera, se refiere a la necesidad de las personas a manifestarse; el
segundo, a la necesidad de la población de contar con información apropiada.
El derecho a la información integra y completa la libertad de expresión. Cualquier forma
que impida el correcto desarrollo de las labores de los medios de comunicación, implica
una limitación a este derecho. El Gobierno no puede ni debe aprovecharse de su jerarquía
para manipular la información; por el contrario, ésta debe ser garantizada por el propio
Estado. Esto lo dice el artículo 6o. constitucional.
El Estado no puede establecer límites a la libertad de expresión, salvo para proteger el
derecho de los terceros; el Estado no puede imponer sanciones por el solo hecho de
expresar ideas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6o., protege
la libertad de expresión; esta disposición establece que la manifestación de ideas no
será objeto de ninguna institución jurídica, judicial o administrativa; sin embargo, la
propia norma constitucional menciona los casos de excepción, a saber:
Cuando se ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el
orden público.
Es necesario destacar la importancia de los medios masivos de comunicación, ellos
permiten que millones de personas podamos conocer el mismo acontecimiento en diferentes
lugares, ayuda a la labor de información, entretenimiento y enseñanza en un mundo
moderno cada vez más cambiante.
La difusión de ideas en forma masiva mediante la radio y la televisión pueden producir
agresiones a valores sociales primordiales que deben estar legalmente protegidos. Por ello
el artículo antes mencionado salvaguarda los intereses de los individuos, de quienes
están hambrientos de información.
Cabe mencionar que el artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y TV señala que los medios
de comunicación como la radio y la TV tienen la función de contribuir al fortalecimiento
de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana y para
ello procurarán afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad
humana y los vínculos familiares, evitar influencias nocivas y perturbadoras al
desarrollo armónico de la niñez y la juventud.
Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características
nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a
exaltar los valores de la nacionalidad mexicana y fortalecer las comisiones democráticas,
la unidad nacional y la amistad y cooperación internacional.
Integrantes de diferentes instituciones, organismos o ciudadanos en forma particular han
hecho críticas severas y manifestaciones públicas en contra de los programas denominados
talk shows, o espectáculos de debates a fin de que éstos se suspendan o en el mejor de
los casos se transmitan en un horario nocturno.
En este mismo sentido procuradores de justicia de diferentes estados durante el IV
Congreso Nacional de Prevención del Delito han manifestado que esos programas deben de
salir del aire o al menos que sean regulados para que se trasmitan en horarios de baja
audiencia. Esto lo señala el periódico Reforma, el 26 de agosto del año 2000.
Por su parte la Secretaría de Gobernación ha hecho pública su preocupación por los
horarios de trasmisión, puesto que pueden ser vistos por menores de edad, Los comentarios
de muchos mexicanos en contra de la realización de estos programas o del cambio de
horario en su programación es porque consideran que la forma de abordar los temas
familiares, personales o laborales no es la adecuada; asimismo, consideran que no son
aptos para niños, tienen un contenido falso y significan una degradación total de los
contenidos televisivos.
Sin embargo, existen opiniones en contrario que manifiestan que estos programas deben
continuar; que son excelentes; en todo caso, es responsabilidad de los padres de familia
los mensajes que sus hijos reciben y consideran que lejos de perjudicar a la sociedad la
ayudan, pues los panelistas presentan sus propios problemas que son un reflejo de una
muestra de los mismos que aquejan a miles de mexicanos.
Los llamados talk shows o espectáculos de la realidad no son algo nuevo, sin embargo no
habían tenido tanta audiencia como hasta ahora; todos estos programas juntos llegan a
tener 100 veces más auditorio que canales culturales.
Según el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística, cada punto de rating
equivale a 380 mil 162.6 televidentes en una muestra, integrada por 38 millones 16 mil 260
personas, que tienen en sus casas los aparatos de medición peoplemeter, y tomando en
cuenta que los niveles de audiencia de estos programas oscilan entre 15 y 18 puntos, los
talk shows son vistos por aproximadamente entre 5 millones 102 mil y 6 millones 842 mil
televidentes diariamente.
Quienes firmamos, estamos convencidos de que todas las personas deben gozar de su libertad
de expresión, que esta garantía es una de las más preciadas por cualquier ser humano
siempre y cuando esté enmarcada por la seguridad pública y el respeto a la vida privada.
Consideramos que los miembros de diferentes instancias y organismos deberemos analizar y
debatir todos los aspectos, tanto éticos como sociales, jurídicos, económicos y
culturales de este tipo de programas a fin de poder tomar las medidas más adecuadas y
conducentes para el caso.
Los millones de personas que oyen o escuchan mensajes, tienen el derecho de hacer valer
sus puntos de vista sobre esto. Los pocos que determinan el contenido deben ser
escuchados.
El mandato constitucional que nos han dado miles de ciudadanos mexicanos, nos compromete a
atender las denuncias de éstos; sus solicitudes requieren de nuestra intervención
atinada y congruente.
El derecho y obligación que tienen los medios de comunicación, el deber de las
autoridades y las posibilidades y derechos de aprendizaje, de información, diversión,
entretenimiento y educación de la población, confluye en los esfuerzos de todos.
Autoridades, representantes, medios y la población en general debemos intervenir en estos
temas, que por su importancia implica en la mejoría de nuestra vida social que en todo
estado de derecho se debe procurar.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Cámara el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta Cámara de Diputados,
por conducto de las comisiones competentes analice y estudie los llamados espectáculos de
debate o talk shows considerando los puntos de vista de la Secretaría de Gobernación, la
Secretaría de Educación Pública, de todos y cada una de las fuerzas políticas
representadas en el Congreso de la Unión, las compañías productoras y emisoras, así
como de los miembros de nuestra sociedad que estén a favor y en contra de dichos
programas.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, D.F., a 15 de septiembre de
2000.- Diputados: Luis Herrera Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática y un
servidor, Jose Luis Novales Arellano.
Quisiera mencionar, para aclarar algunos puntos de vista. Simple y llanamente queremos
decir que no hablamos de modificar la ley, no tenemos una postura definida sobre los
programas de espectáculos, no estamos ni a favor ni en contra de ellos, queremos
escuchar. No queremos disminuir cualquier posibilidad de expresar nuestras ideas, las de
todos, las del pueblo de México; sí deseamos dialogar sobre el tema de manera abierta,
directa y plural; sí deseamos escuchar la posición de los actores políticos y sociales
sobre el tema, todos y cada uno de los partidos políticos aquí representados. La
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, las compañías productoras y
emisoras de estos programas y representantes de quienes apoyan la emisión de estos
programas y de quienes no la apoyan.
Nosotros estamos a favor de la pluralidad, estamos a favor de que encontremos un consenso
sobre un tema que ha sido tan polémico en nuestro país.
Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias al diputado José Luis Novales
Arellano.
Túrnese a la Comisión de Gobernación, Población, Seguridad Pública y a la Comisión
de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología.
Para referirse a este tema tiene la palabra la diputada Laura Pavón Jaramillo, del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Hermelinda Pavón
Jaramillo: |
Con su licencia, diputado Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Deploramos que Acción Nacional no haya consensuado el tema que hace unos momentos se
tratara en esta tribuna.
Ciertamente es un asunto que tiene para todos los partidos políticos, para todo el pueblo
de México y en particular para quienes hemos trabajado de muchos años, por y para los
niños, una importancia muy alta.
De esta manera, quisiera recordar al compañero que hizo uso de la palabra hace unos
momentos, que desde el Senado de la República se trabajaron iniciativas conjuntamente con
esta soberanía, que modificaron el artículo 4o. constitucional con un agregado para
proteger los derechos de niñas y niños; que se creó una ley justamente que se denomina
así, Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que se
impulsó también un seminario que se denominó La Televisión y los Niños, justamente
con el propósito de analizar con diferentes ópticas y desde luego por especialistas,
estos temas que inciden en la educación y en la formación de nuestros menores, la
televisión fundamentalmente.
De manera que este tema que estimamos vital, pensamos que pudo haberse enriquecido con los
puntos de vista, con las visiones de especialistas, que los hay entre las bancadas de
todos los partidos aquí representados, para darle a este problema un tratamiento más
integral.
Quisiera, pues, en este tenor, solicitar que los puntos de acuerdo que aquí se tratarán
sean, señor Presidente, debidamente publicitados en la Gaceta, a efecto de que tengamos
la información oportuna para poder dar en tenores como éste nuestros puntos de vista.
Para concluir, quisiera recordar que este tema ya había sido tratado en esta tribuna por
el diputado Herrera y Bruquetas, del Partido Convergencia por la Democracia.
En este tenor quiero dejar sentado nuestro deseo de participar y de apoyar todos aquellos
asuntos, temas que tengan como centro de interés a la niñez, en virtud del interés
marcado de los diputados y las diputadas del Partido Revolucionario Institucional, en este
tema que estimamos vital para el país.
Muchas gracias.
Gracias a la diputada Laura Pavón Jaramillo.
Y esta mesa directiva quiere informar al pleno que recoge con muchísimo interés el
planteamiento formulado por la diputada Laura Pavón Jaramillo, en el sentido de que
previo a que se conozca ante el pleno un punto de acuerdo, como ha sucedido hoy, pueda
publicarse en la Gaceta y lo comentamos porque en el seno de la mesa directiva
insistentemente hemos estado formulando esa petición y aprovechamos la ocasión de este
planteamiento para reiterarles a los diputados que participen en puntos de acuerdo, que
previamente lo hagan llegar a la mesa directiva para que se publique en la Gaceta y todos
estemos mejor informados.
Ha solicitado, para referirse al mismo tema, la palabra el diputado Enrique Herrera y
Bruquetas, del Partido Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.
El diputado Angel Enrique Herrera y
Bruquetas: |
Señor Presidente; compañeras y compañeros:
Celebro el interés que por este tema han asumido tanto el Partido Acción Nacional como
el Partido de la Revolución Democrática, igualmente la formulación del Partido
Revolucionario Institucional.
Probablemente se nos está quedando demasiado abierto el tema de la libertad de
expresión. Probablemente no hemos considerado como se debiera, la necesidad, de actuar y
ya.
Sigue siendo válido que educamos en las mañanas en las escuelas y destruimos en las
tardes en las pantallas de televisión.
Valen algunos datos para perfilar este tema, porque parece ser que el calificativo de
"fecalismo visual" golpeó algunas buenas conciencias. Pero yo lo reitero, es el
"síndrome de fecalismo visual".
Según algunas investigaciones y no las más amplias, un joven al llegar, al terminar la
educación media, tiene en su haber 12 mil horas de televisión. El niño realiza la tarea
con una información binaria donde privilegia lo que ve en el medio a la tarea escolar.
Esto se ha dicho y se ha repetido: la quinta pared de Werner Rings etcétera.
Lo que solicitábamos nosotros era que la Secretaría de Gobernación aplicara la ley
respectiva. Este país se ha fatigado de comisiones, seminarios, opiniones en temas tan
ampliamente discutidos, por eso comentaba yo que en los últimos 25 años éste es un tema
que se ha transparentado suficientemente en todos los medios, pero se ha hecho muy poco al
respecto.
Por supuesto hagamos seminarios, convoquemos comisiones, pero apliquemos la ley.
Yo quisiera agregar a la petición que en días pasados hicimos, de exigirle a la
Secretaría de Gobernación que cumpla con la ley, que dirijamos una carta a los medios
respectivos, porque al revisar los estatutos de la Cámara Nacional de Radio y
Televisión, me encontré con un código de honor que es muy claro al respecto. Entonces,
pidamos que la Cámara del Radio aplique su código de honor. Pero también me encontré
con una comisión de ética, donde muy claramente condena la Cámara Nacional de la Radio
y la Televisión, los programas que van en contra de la niñez, como son estos programas
de talk shows que no podemos relativizarlos y trivializarlos, a menos que estemos a favor
de los intereses más oscuros que militan dentro de la nación mexicana.
Estamos claros, es algo que sale a la vista. Cada día que se prenda un televisor a las
cuatro de la tarde y el niño se asome a un mundo que no es real, porque hay corrupción;
se paga muchas veces a quienes intervienen. La temática no es la más adecuada para el
futuro destino de este país, para el proyecto nacional que queremos asumir.
Y algo más: que esta Cámara, con este tipo de acciones demuestre que es una Cámara
distinta a otras muchas que han existido, que aquí el pensamiento se traduce en acción y
que se adelanta al hecho antes de empezar a crear cortinas de humo, donde lo que se piensa
es que no estamos a favor de defender la libertad de expresión, sino de negarla.
Hagamos lo posible porque se abran los caminos de la libertad de expresión, que haya más
programas de debate, de información, pero en esta materia, donde lo que se trata es de
disminuir el valor ético de esta nación, seamos muy precisos y reitero, cuidemos el
"síndrome de fecalismo visual" en la televisión mexicana.
Gracias al diputado Enrique Herrera y Bruquetas.
Ha solicitado la palabra para rectificación de hechos el diputado José Luis Novales
Arellano, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
| El diputado José Luis Novales Arellano: |
Con el permiso de la Presidencia:
Nada más, en primer lugar quisiera acotar que en la Gaceta Parlamentaria del miércoles
20 de septiembre, en el orden del día, aparece un párrafo que habla: "con punto de
acuerdo sobre programas de televisión de debate denominados talk shows, a cargo del grupo
parlamentario de Acción Nacional".
Por otro lado celebramos el interés del Partido Revolucionario Institucional sobre el
tema. Nos complace escuchar que comparten un punto de vista del interés que hay de la
sociedad en éste, sobre platicar, sobre dialogar acerca de estos rubros y quisiera
señalar que el propio punto de acuerdo habla de pluralidad; sugerimos, proponemos que
estas comisiones contemplen la opinión de todas y cada una de las fuerzas políticas
representadas en el Congreso de la Unión.
Por último quisiera sugerir, quisiera proponer, que la fracción parlamentaria del
Partido Acción Nacional, está abierta, en este momento tenemos a sugerencia de nuestro
coordinador, abiertos a que este punto de acuerdo propuesto sea signado por todos y cada
uno de los partidos interesados y muy especial interés, me gustaría proponerle a la
diputada que me antecedió en el uso de la voz, que nos hiciera el honor de firmarlo.
Muchas gracias.
Muchas gracias al diputado José Luis Novales
Arellano.
Esta mesa directiva únicamente quiere señalar que al referirnos previamente al tema de
lo que se agenda para el orden del día, no es la ausencia del tema, lo que esta mesa
directiva ha estado insistiendo que se debe de conocer sino los contenidos, se debe de
conocer los textos que se van a presentar al conocimiento de esta Asamblea, no la ausencia
en la agenda, sino contenidos.
JUICIO POLITICO
Bien, para referirse a otro tema, tiene la
palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de
Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, hasta por
10 minutos.
La diputada
Adela del Carmen Graniel
Campos: |
Con su permiso, señor Presidente; honorable
Asamblea:
El estado de derecho precisa de un sistema de controles que garanticen la vigencia del
principio de legalidad, que obliga a la autoridad a ceñirse a las normas emitidas por los
órganos competentes emanados de la voluntad general.
El juicio político es el mecanismo a través del cual el órgano legislativo ejerce una
facultad jurisdiccional para remover o inhabilitar a un servidor público atribuyéndole
una responsabilidad política.
Según lo establecido por el Constituyente, éste es el mecanismo para que la soberanía
popular depositada en el Poder Legislativo, pudiera remover de su cargo a los servidores
que hubieran perdido credibilidad o que hubieran sido desleales al mandato popular en
ellos depositado.
Con este fin, en el segundo párrafo de la fracción V de su artículo 74, nuestra Ley
Fundamental deposita en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la facultad
exclusiva de conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se
refiere el artículo 110 constitucional y fungir como órgano de acusación en los juicios
políticos que contra éstos se instauren.
De acuerdo al último ordenamiento citado, los gobernadores de los estados, entre otros
servidores públicos, pueden ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido
de fondos y recursos federales.
En los hechos esta facultad era aplicada no como un mecanismo jurisdiccional, sino como
una sanción o ajuste de cuentas al seno del partido de Estado. La oportunidad de cumplir
esta facultad jurisdiccional, sólo pudo ser posible por la pluralidad de la composición
de la Cámara de Diputados en las dos últimas legislaturas.
Ante esta nueva situación, se presentaron ante la LVII Legislatura 111 denuncias de
juicio político hasta el 20 de junio del presente año.
De esos expedientes se desecharon 97 por improcedentes y 14 no se han dictaminado.
Entre los que están pendientes de dictamen, se encuentra el de Roberto Madrazo Pintado,
que fue aprobado por unanimidad por la subcomisión de examen previo por existir
suficientes elementos de prueba de las tres denuncias presentadas en contra de este
funcionario conforme a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, la resolución fue remitida al pleno de las comisiones unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, en donde el 14 de abril de 1998 se
verificó un empate en la votación para decidir enviar el asunto a la sección
instructora de la Cámara de Diputados y con ello dar cauce a los juicios en proceso.
Este fue un hecho inédito en la historia parlamentaria, pues no existe una solución
legal expresa aplicable a esta situación.
Las comisiones unidas acordaron remitir el asunto a la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, la cual con fundamento en la fracción III del artículo 49 de la
Ley Orgánica entonces vigente, solicitó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias que formulara un estudio y propusiera una alternativa.
Al contar con la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la
CRICP determinó que el asunto se discutiera y se votara nuevamente en las comisiones
unidas, lo cual no ha sucedido y en caso de que se verificara de nuevo el empate, el
asunto debía de ser remitido nuevamente a la instancia inferior, es decir, a la
subcomisión de examen previo. A la fecha esta resolución no se ha llevado a cabo.
En estos momentos resulta impostergable que la Cámara de Diputados a través de sus
órganos competentes, dé trámite a estas solicitudes de juicio político, en especial en
los casos de los procesos emprendidos contra el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo
Pintado.
En esta tribuna se ha hablado reiteradamente del avance democrático que se dio en las
elecciones del pasado 2 de julio. Tabasco no puede ser la excepción, Tabasco no debe
quedar rezagado en esta transformación que la ciudadanía nos exige.
No es mera coincidencia que el fallo de la Suprema Corte de Justicia del pasado 25 de
agosto, haya sido para que el presidente Ernesto Zedillo entregue la información de Banca
Unión, en relación a los fideicomisos del PRI.
Hay testimonios suficientes de la ciudadanía y de los mismos priístas, que nos hablan de
las complicidades, actos ilícitos y políticas fraudulentas que practican Roberto Madrazo
y sus colaboradores y que obstaculizan que el país y en concreto el Estado de Tabasco,
transiten por la vía democrática que nuestra sociedad nos demanda.
«Por lo antes expuesto, la suscrita diputada federal con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia que una vez integradas
las comisiones, de conformidad con la Ley Federal de Servidores Públicos, se conforme la
comisión competente donde se quedó el caso, se sirva enviar excitativa para que dé
trámite legislativo y se discutan y voten nuevamente las solicitudes de juicio político
con números de expediente JP/005/57 JP/023/57 y JP/025/57, presentadas contra el
ciudadano Roberto Madrazo Pintado, gobernador del Estado de Tabasco, por así haberlo
acordado en su oportunidad la Comisión de Régimen Interno y Coordinación Política de
la LVII Legislatura.
México, D.F., a 19 de septiembre de 2000.- Diputados: Rosalinda López Hernández,
Magdalena Núñez Monreal, Pedro Miguel Rosaldo, Elías Martínez, Rafael Servín
Maldonado, Arturo Herviz, Emilio Ulloa, Rafael Hernández, Miguel Bortolini, Luis Herrera
Jiménez, Rogaciano Morales, Silvano Aureoles, Jesús Garibay, José Delfino Garcés
Martínez, María de los Angeles Sánchez Lira, Gregorio Urias Germán, Rosario Tapia
Medina, Tomás Torres, Mario Cruz, Martí Batres, Uuc-kib Espadas, y Miroslava García.»
Señor Presidente, entrego a la Secretaría el documento de que se trata.
Gracias a la diputada Adela del Carmen Graniel
Campos.
Túrnese a las comisiones de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Justicia y
Derechos Humanos, esta mesa directiva recoge el planteamiento, para que una vez instaladas
estas comisiones, se formula la excitativa correspondiente.
El diputado Feliciano Calzada Padrón
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra.
Adelante, señor diputado.
El diputado
Feliciano Calzada Padrón
(desde su curul): |
Pido la palabra para rectificar hechos, señor
Presidente.
Tiene la palabra.
| El diputado
Feliciano Calzada Padrón: |
Con su venia, señor Presidente; diputadas y
diputados:
He pedido el uso de la palabra, porque en el comentario de la compañera del PRD, lo que
originalmente pensamos que era una propuesta general, en cuatro ocasiones ha hecho
mención del ciudadano gobernador del Estado de Tabasco. De 90 y tantos expedientes,
solamente tienen interés en uno.
Hemos buscado desde el martes de la semana pasada, de la otra intervención del PRD con la
de hora, alguna novedad, alguna palabra diferente, algo novedoso y no ha sido posible
encontrar algo diferente, que no sea el mismo discurso que desde hace cuatro años trae el
PRD en contra del Gobierno y del pueblo de Tabasco.
Quiero decirle a la compañera del PRD, que el 9 de octubre de 1997, se presentó la
primera propuesta de juicio político, en la entonces Oficialía Mayor de esta Cámara de
Diputados y ahí se planteó por presuntas violaciones a la Constitución Política.
El 12 de diciembre de 1997, se presentó el segundo juicio político en contra del
gobernador de Tabasco, también por supuestas violaciones a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Y el 9 de febrero de 1998, la tercera solicitud de juicio político en contra del
gobernador de Tabasco, entonces presentado por alguien muy sui generis, el vocero del PRD
en el Estado de Tabasco, un sacerdote español, el cura Francisco Goytia Prieto.
Las tres denuncias presentadas por decisión de la subcomisión, fueron acumuladas en un
solo expediente, para los efectos de un análisis conjunto y la emisión de un dictamen
único.
Se desprende indubitablemente en esa época del expediente en análisis, que la
subcomisión de examen previo, durante la tramitación del procedimiento que a ella le
compitió, violentaron la forma y el fondo para llegar a la conclusión de la procedencia
de juicio político en las tres denuncias de mérito.
El artículo 109 habla de que los procedimientos para la aplicación de las sanciones
mencionadas se desarrollarán autónomamente y por su parte el artículo 4o. de la Ley de
Responsabilidades señala: "cuando los actos uomisiones materia de las acusaciones
queden comprendida en más de uno de los casos sujetos a la acción y previstos en el 109,
los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente".
Los miembros de la subcomisión de examen previo que sesionaron el 14 de abril del año en
curso, que supuestamente analizaron, que supuestamente discutieron, que aprobaron la
procedencia del juicio político, actuaron en un solo expediente y resolvieron sobre las
tres denuncias, violentando flagrantemente el artículo 109 fracción III párrafo
segundo.
Con base en los anteriores comentarios y presupuestos constitucionales y legales cabe
concluir: el análisis, discusión y en su caso la resolución de procedencia respecto de
la primera de las denuncias, debió llevarse a cabo en el término de 30 días hábiles;
sin embargo ese requisito no se cubrió. La segunda de las denuncias debió resolverse por
cuanto a la procedencia o improcedencia de la incoación del procedimiento; computando los
30 días hábiles, tampoco se cubrió el requisito legal. La tercera debió resolverse
también a más tardar el 25 de marzo último y no se cumplió tampoco el requisito legal.
En consecuencia, evideciándose que fue hasta el 14 de abril último cuando la
subcomisión entró al análisis...
¿Me permite terminar mi exposición?
Por favor, termine diputado.
| El diputado
Feliciano Calzada Padrón: |
Desde hace cuatro años hubo, por parte del
Partido de la Revolución Democrática, querer torcer las normas jurídicas y denostar al
adversario político que no se encuentra a su alcance, denuncias que han resultado
improcedentes, juicios políticos que por indefinición han prescrito o precluido,
denuncias ante el IFE que también han sido declaradas improcedentes, nuevas denuncias y
nuevas pretensiones han sido los obstáculos que legalmente no han encontrado un consenso
para proceder en ese juicio político. Uno más, sería una oportunidad más de la Cámara
de Diputados para quedar exhibida ante el auditorio nacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
Esta mesa directiva exhorta a todos los
diputados a cumplir cabalmente con la normatividad establecida.
Dígame, señor diputado.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela
Cabrales (desde su curul): |
Señor Presidente, solicito la palabra para
rectificar hechos.
¿Del Partido Acción Nacional?
El diputado
Carlos Alberto Valenzuela
Cabrales (desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Se le va a conceder a usted la palabra hasta por
cinco minutos para rectificar hechos.
Quiero simplemente someter a consideración de la Cámara el criterio también que está
adoptando la mesa directiva: las excitativas son asuntos internos, de trámite interno que
no se prestan a debate; si estuvieran instaladas las comisiones, es un simple trámite que
se turnaría a las comisiones correspondientes y ahí se agota el tema. Al no estar
instaladas en este momento las comisiones, se ha permitido a un diputado de la fracción
del Partido Revolucionario Institucional responder y ahora a un miembro de Acción
Nacional, pero no es interés de esta mesa directiva que se siga en un debate de un tema
que técnicamente no se presta a ello.
Señor diputado, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado
Carlos Alberto Valenzuela
Cabrales : |
Con su permiso, diputado Presidente.
Quiero decirles, compañeras y compañeros diputados, que desde luego hay un interés
personal como lo hay en cualquier legislador que sea del estado de donde el gobernador en
este caso, está siendo acusado de juicio político; pero también quiero recordarle al
diputado que me antecedió, compañero Feliciano Calzada, que Roberto Madrazo no es el
pueblo de Tabasco.
Actualmente, y no voy a entrar en honduras, en las preferencias electorales de su
partido...
El diputado
Feliciano Calzada Padrón
(desde su curul): |
Señor Presidente, quiero aclararle al señor
diputado que el gobernador Madrazo es el representante del pueblo de Tabasco...
Espéreme, señor diputado.
Señor, no están autorizados estos tipos de diálogos y de planteamientos; yo le ruego
respetuosamente ceñirse a la normatividad que nos rige.
Continúe, señor diputado.
El diputado
Carlos Alberto Valenzuela
Cabrales: |
Quiero decirles, compañeros diputados, que el
Partido Acción Nacional en ningún caso va a soslayar que de las denuncias de juicio
político presentados ante esta honorable soberanía y que se hayan derivado de ellas
acciones y omisiones que puedan derivar o redundar en actos ilícitos o del orden penal,
jamás serán soslayados por nuestro partido y queremos hacer una aclaración, la
aclaración es la siguiente:
La procedencia del juicio político, para nuestra coordinación, todavía está viva y
quiero nombrar, quiero nombrar el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, aunque no obsoleta, pero sí inadecuada y que debemos adecuar en
tiempo, en el tiempo conducente, quiero decirles que no ha prescrito el juicio político
ni los demás juicios políticos presentados que hayan quedado atorados en la subcomisión
de examen previo por lo siguiente:
El artículo 12 determina en su inciso c lo siguiente: la subcomisión de examen previo,
procederá en un plazo no mayor de 30 días hábiles a determinar si el denunciado se
encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley,
como también el artículo 110 en sus fracciones I párrafos... -perdón-, primero y
segundo; así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la
conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la propia ley y si
los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la
probable responsabilidad del denunciado y por tanto -y esto es importante-, amerita la
incoación del procedimiento. El procedimiento no fue completamente sustanciado ni
ratificado por el pleno de las comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales
y de Justicia, debido a las prácticas dilatorias de Sadot Sánchez Carreño, ya que nunca
sesionó la Comisión de Justicia.
Quiero decirles que el juicio todavía procede porque la incoación es la iniciación
prácticamente del juicio y el juicio no fue ratificado.
Esta es una postura puramente jurídica basada en la Ley de Responsabilidades de los
servidores Públicos.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
El diputado
Lorenzo Rafael Hernández
Estrada (desde su curul): |
Señor Presidente.
Sí, señor diputado.
El diputado
Lorenzo Rafael Hernández
Estrada (desde su curul): |
Señor Presidente, solicito la palabra para
rectificar hechos.
Miren....
El diputado
Amador Rodríguez
Lozano (desde su curul): |
Señor Presidente.
Señor diputado, dígame, adelante.
El diputado
Amador Rodríguez
Lozano (desde su curul): |
Para una moción de orden: solicito se dé
lectura a la segunda parte del artículo 114 de...
¿La Secretaría tiene el documento que solicita
el señor diputado?
El
secretario José Manuel Medellín
Milán: |
Artículo 114, después de punto y seguido dice:
"En los demás asuntos que sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen tres
individuos en cada sentido, a no ser que ésta acuerde ampliar el debate".
Servido, señor.
Yo reitero...
El diputado
Amador Rodríguez
Lozano (desde su curul): |
Señor Presidente, en ese sentido la moción de
orden es que han hablado ya sobre este tema tres diputados, de tal manera que en los
términos de la última parte del 114, usted debe solicitar a la Asamblea si se continúa
el debate o no.
Inclusive, permítame plantearlo en estos términos, técnicamente este tema, de haber
estado instaladas las comisiones, se hubiera agotado con el turno correspondiente.
Hemos, por criterio e interpretación de la
norma, permitido a un diputado del Partido Revolucionario Institucional formular su
planteamiento para rectificar hechos; otro tanto ha hecho un compañero diputado del
Partido Acción Nacional y yo quiero someter a la consideración del Partido de la
Revolución Democrática, lo siguiente: el tema se inició por la excitativa planteada por
la compañera diputada. El Partido de la Revolución Democrática en este tema ya fijó su
posición en el contenido de la formulación de la excitativa correspondiente.
En ese contexto y no siendo el lugar para el debate en este momento, yo asumo la
responsabilidad, que debemos de seguir a otro tema y en otras condiciones proceder al
debate de acuerdo con la normatividad vigente.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL
El siguiente punto del orden del día es la
intervención en relación al fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, relativo a los diputados de representación proporcional de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.
Para abordar este tema tiene la palabra el diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de
la Sociedad Nacionalista, hasta por 10 minutos.
El diputado
Lorenzo Rafael Hernández
Estrada (desde su curul): |
Señor Presidente, he pedido la palabra por dos
veces.
Está negada señor diputado.
Con el fundamento de que no es en una excitativa el tema para debate, sino simplemente
para turnarse. Ya habló el Partido de la Revolución Democrática planteando el tema, el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Seguimos con el orden
del día.
Adelante señor diputado.
El diputado
Uuc-kib Espadas Ancona
(desde su curul): |
Señor Presidente, usted no debe actuar a su
arbitrio, según sus propias palabras, sometió a debate un asunto que no debió someterse
a debate y ahora...
Señor diputado con todo respeto, es facultad de
la mesa directiva realizar la interpretación de las normas. Con base en esta atribución
se ha hecho. El artículo 20 da esa atribución a la mesa directiva: realizar la
interpretación de las normas.
Señor, en términos de la excitativa ya tomó una decisión esta autoridad con base en la
normatividad, le ruego la respete.
Por favor señor diputado Gustavo Riojas, tiene usted la paabra.
| El diputado
Gustavo Riojas Santana: |
Gracias, señor Presidente:
Antes que todo quisiera hacer una pequeña aclaración: el Partido de la Sociedad
Nacionalista había solicitado la presentación de esta intervención la semana pasada, a
solicitud de algunos compañeros de otras bancadas. Decidimos presentarla en este día,
porque tengo entendido que también iba a hacer alguna intervención al respecto. No veo
nada en el orden del día, pero de cualquier manera queríamos dejar claro el por qué de
la presentación en estos momentos, que para algunos pueden considerar extemporáneo. La
posición de nuestro partido en relación al fallo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Para el Partido de la Sociedad Nacionalista, después de su creación como organización
política y desde la primera búsqueda de su registro primero como partido político
estatal; posteriormente como agrupación política nacional y finalmente como partido
político nacional, los acontecimientos vividos en relación a los medios de impugnación
que hemos interpuesto, así como los diferentes dictámenes y pronunciamientos que ha
tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido un aprendizaje
permanente y al parecer interminable.
Esto fue confirmado el pasado 9 de septiembre de este año donde el electorado del
Distrito Federal y los partidos políticos fuimos sorprendidos por un fallo de dicho
tribunal a todas luces injusto, inverosímil e inesperado, puesto que la mayoría de los
magistrados tomaron atribuciones que sentimos más allá de las facultades que tiene dicho
tribunal. Esto en referencia al asunto de la asignación de diputados del Distrito Federal
por el principio de representación proporcional, en donde la litis era la aplicación de
la cláusula de gobernabilidad que invocaban para sí dos partidos políticos: el Partido
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.
Inicia cuando el Partido de la Revolución Democrática, el cual participó en su lista de
representación proporcional en candidatura común con el Partido de la Sociedad
Nacionalista, interpone recurso en contra del fallo del Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal por la aplicación de la cláusula de gobernabilidad
otorgada al Partido Acción Nacional.
Este recurso es interpuesto ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el cual
resuelve, por mayoría, dar la razón a la autoridad electoral. Posteriormente, el Partido
de la Revolución Democrática interpone la impugnación o recurso ahora ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Partido Revolucionario Institucional y
el Partido Democracia Social actúan como terceros interesados, pero incluyendo otra
demanda, es decir, diferente litis de la que se estaba resolviendo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza los argumentos y
presentación del recurso de dichos partidos: PRI y Democracia Social, desechándolos por
improcedentes. Pero en una maniobra interpretativa declara antidemocrática la cláusula
de gobernabilidad y determina que aún existiendo una lista de representación
proporcional que fue votada por la ciudadanía del Distrito Federal y que, de acuerdo a
los votos de cada partido político, alianza o candidatura común, se deben de aplicar
directa y proporcionalmente al porcentaje obtenido por los mismos con las diputaciones
plurinominales correspondientes.
Contrariamente a toda lógica, el tribunal determina la aplicación de la asignación de
representación proporcional pura a sabiendas que no existe en ninguna legislación
electoral del país dicha fórmula, pues esto supondría desaparecer las asignaciones de
diputados por el principio de mayoría relativa y, en su caso, distribuir el total de los
legisladores de cada Congreso de acuerdo al porcentaje obtenido por cada partido
político.
En otras palabras y en esta dinámica: bien pudo el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación y no lo hizo, aplicar esta fórmula de asignación pura a la elección
federal, dictaminando antidemocrática la existente en el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales y otorgarle a la Alianza por México alrededor de 100
diputaciones por el casi 20% de votos obtenidos en la correspondiente elección federal.
En el Partido de la Sociedad Nacionalista, en el caso que nos ocupa, considera que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuó no sólo como acusador y
juez sino también como legislador e interprete de la voluntad de los electores, que sólo
le dieron en votos de la lista de representación proporcional el 22% al PRI y el 4.8% a
Democracia Social.
Resulta para nosotros incongruente e inequitativo que de 26 diputados plurinominales a
distribuir, se le asignen a la Alianza por el Cambio con 1 millón 531 mil 891 votos, que
corresponden al 35% de la votación, sólo cuarto diputaciones.
Que a la candidatura común PRD-PCN con 1 millón 347 mil 367 votos, que corresponden al
31% de la votación, sólo tres diputaciones.
¡En cambio al PRI, con 961 mil votos, el 22% de la votación, 16 diputaciones, que
corresponden al 62% del total de los diputados a distribuir!
A Democracia Social, con 211 mil 727 votos, el 4.8% de la votación, tres diputados;
mismos que al PRD-PCN que obtuvo 1 millón 135 mil 640 votos.
Es decir, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
corrijen en su dictamen a los electores del Distrito Federal, les dicen: "se
equivocaron, se equivocaron al votar". Y en lugar de determinar otorgarle cinco
diputados al PRI y un diputado al PDS, les indican e interpretan que lo que en realidad
querían era darle 16 diputados al PRI, que corresponden al 62% de los diputados
plurinominales y tres diputados a Democracia Social, que corresponden al 12% de los
diputados a repartir.
Resulta también sorprendente que los partidos más afectados en cuanto a esta decisión
del tribunal, que implica que 13 diputados con sus constancias respectivas, fueron
excluidos de su cargo otorgado por la ciudadanía. Y que estos partidos no hayan
presentado protesta alguna, inconformidad o explicación por parte de dicho organismo
colegiado.
El Partido de la Sociedad Nacionalista considera que el señalamiento de los errores,
extralimitación de facultades e interpretaciones sui generis no implican ni anulan la
respetabilidad de los ciudadanos magistrados, que como toda persona pueden incurrir en
equivocaciones.
El problema principal y la gravedad que el dictamen encierra en nuestra opinión, es que
la composición de la Cámara de Diputados del Distrito Federal la dictaminó y conformó
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no la ciudadanía a través
de su voto libre, secreto y universal.
Adicionalmente que el Partido de la Sociedad Nacionalista no haya participado como tercer
interesado en la litis original es porque, como lo establece nuestra Constitución, nadie
está obligado a lo imposible y en ese sentido no pudimos imaginar que los magistrados
pensaban crear una nueva y diferente litis, legislar y decidir cuantos diputados se le
asignaban a cada partido, alianza o candidatura común.
Porque aceptando sin conceder, que éste fuera el procedimiento para salvaguardar
nuestros derechos, tendríamos que intervenir como terceros interesados en todos y cada
uno de los litigios que se ventilaran en dicho tribunal y adivinar que litis diferente de
las originalmente interpuestas pudieran tomarse en cuenta.
Quiero solicitarle un minuto, para terminar mi exposición. Si me lo permite.
Concedido el minuto, diputado.
| El diputado
Gustavo Riojas Santana: |
Muchísimas gracias.
Lo que es un hecho es que al Partido de la Sociedad Nacionalista se nos dejó en un estado
total y absoluto de indefensión, al nunca notificarnos o comunicarnos que nuestros
derechos como partido político, nuestros diputados con constancia de representación
proporcional, podrían estar afectados al considerar una nueva litis, de la que nunca
estuvimos enterados.
Independientemente de esto, estamos haciendo un planteamiento en una revisión y
adecuación a nuestro Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales, así
como a nuestros medios de impugnación, para que recojan este tipo de situaciones que
afectan directamente los derechos de los ciudadanos.
Por su atención, muchas gracias.
Para referirse al mismo tema, han solicitado el
uso de la tribuna los siguientes diputados:
José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde
Ecologista de México; Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática;
José Tomás Lozano Pardinas, del Partido Acción Nacional y Felipe Solís Acero, del
Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, hasta por
diez minutos.
| El diputado José Narro Céspedes: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
El Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición acerca del tema que se
discute.
Nosotros consideramos que es fundamental de la democracia representativa, el que los
partidos políticos se encuentren representados en los órganos legislativos que
correspondan, en relación directamente proporcional al número de votos obtenidos en las
urnas, esto es, que la decisión política de los electores al sufragar a favor de algún
partido político se encuentre debidamente representada, esto es, darle legitimidad, darle
base de sustento y de representatividad a los diputados y a los partidos que se encuentren
representados a través de las fracciones parlamentarias en esta Cámara de Diputados y en
el Poder Legislativo en sus diferentes instancias.
En tal sentido, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que la sentencia
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
al resolver el juicio de revisión constitucional sobre la cláusula de gobernabilidad en
contra de actos emanados del Tribunal Electoral del Distrito Federal y previamente del
Consejo del Instituto Electoral del Distrito Federal, es apegada a derecho, es legal y es
legítima.
Toda resolución del órgano jurisdiccional en materia electoral siempre será
cuestionable, el Partido del Trabajo, sus resoluciones, las resoluciones del tribunal, han
afectado también a nuestro partido, sin embargo, jamás hemos dicho que éstas son
marranadas, para después disculparnos.
Sin duda la relación de los partidos políticos con los poderes siempre será complicada.
La sujeción de los actos políticos a las disposiciones de la norma, genera controversia.
Sin embargo, estamos obligados a ser respetuosos de las decisiones del órgano
jurisdiccional, máxime cuando éstas, como en el caso que nos ocupan, son inexpugnables.
Recordemos que durante mucho tiempo los partidos políticos de oposición pugnamos por la
existencia de un tribunal electoral autónomo, que sustituyera a la arcaica forma de
impartición de justicia electoral cuando el Poder Ejecutivo tenía injerencia en él.
El motivo de la controversia fue la aplicación por el Consejo General del Instituto y
ratificada por el tribunal local, de la llamada cláusula de gobernabilidad, que resultó
inicialmente a favor del Partido Acción Nacional. El Partido del Trabajo siempre ha
actuado en contra de la existencia y aplicación de dicha cláusula, toda vez que por
ficción legal otorga mayoría absoluta a algún partido político sin que dicha mayoría
derive de los votos depositados en las urnas. Es antidemocrática, porque ese otorgamiento
ficticio de mayoría absoluta siempre será a costa de los legisladores que correspondan a
otras fuerzas políticas.
En el caso que nos ocupa ningún partido político se encontró en las hipótesis
previstas en el artículo 122 base primera de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y el Código Electoral del Distrito Federal.
Resulta paradójico que quienes antes pensaban beneficiarse de la aplicación de dicha
cláusula, ahora resulten beneficiados por la anulación en la aplicación de la misma,
específicamente el Partido Revolucionario Institucional, quien de cinco diputados de
representación proporcional que le fueron asignados inicialmente, pasó a un total de 16,
considerando los 11 que se le asignan por la sentencia en comento.
Por ello, el grupo parlamentario de nuestro partido, el Partido del Trabajo, señala como
antidemocrática la mal llamada cláusula de gobernabilidad, que sólo pretende mantener
privilegios que no derivan del mandato popular.
Estamos a favor de la derogación en el texto constitucional de dicha figura, tanto para
la conformación de las cámaras del Congreso Federal, como de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Por ejemplo, el Partido del Trabajo actualmente, a partir del convenio, tiene una
votación del 3.3%, esto significa que en una distribución de proporcionalidad pura
tendríamos una fracción parlamentaria de 17 diputados.
En 1997, el Partido del Trabajo sacó por su esfuerzo y por la simpatía electoral que
tuvimos el 2.6% de la votación, deberíamos de tener una representatividad, una fracción
parlamentaria de 13 diputados a partir de esos resultados.
Otras fracciones parlamentarias se han visto favorecidas por la sobrerepresentación, que
es un mecanismo antidemocrático, la sobrerepresentación en estos órganos legislativos y
la subrepresentación de otros, la sobrerepresentación se hace a costa de otros partidos
y en este caso la sobrerepresentación en esta Cámara de Diputados se ha hecho a costa,
entre otras fracciones, de la nuestra, de la del Partido del Trabajo.
Asimismo planteamos derogar los textos constitucionales de las entidades federativas donde
la misma, la cláusula de gobernabilidad se tenga prevista. Por eso consideramos que en el
marco de la reforma del Estado, la reforma electoral es un apego sustantivo, pero debemos
impulsar una reforma de Estado amplia y democrática, en donde todos los actores
políticos participen en su diseño y elaboración.
Se habla de una reforma democrática de Estado, deja de ser democrática en el momento que
es excluyente en la que los que durante mucho tiempo fueron excluidos ahora se incorporan
a ser parte de los partidos y de los grupos parlamentarios que actúan con exclusión de
aquellos otros partidos y grupos parlamentarios que tenemos plenamente nuestros derechos
políticos y que de alguna forma son y están hechos al margen, están dejados al margen
de todo este proceso democrático que se está planteando de transición, que está
viviendo nuestro país.
Por eso aquí decimos, los excluidos somos muchos, porque muchos de las mismas fracciones
mayoritarias son excluidos dentro de sus propias fracciones. En esta Cámara de Diputados,
la misma Ley Orgánica de esta Cámara de Diputados se hizo fundamentalmente como una Ley
Orgánica para las cúpulas, para los grupos de dirigentes de las fracciones
parlamentarias y no una ley para los diputados.
Por eso planteamos que si realmente queremos avanzar en una reforma democrática de
Estado, tiene que ser de entrada, de inicio, dentro de su concepción una reforma
incluyente y no una reforma a que en su inicio plantee la intolerancia y la exclusión
como parte de la conformación de las nuevas propuestas que deben de permitir el cambio y
la transición de este país. Siempre los excluidos, siempre las mayorías que han sido
las que han estado más empobrecidas y marginadas, siempre las clases más desprotegidas
son los actores fundamentales de las grandes transiciones que ha tenido México y ahora no
vamos a estar al margen, no vamos a estar a un lado aunque el tripartidismo de Estado
pretende excluir a las grandes mayorías de este país, que han estado al margen de las
grandes decisiones que se toman en México.
Por eso reivindicamos aquí el derecho de las fuerzas políticas que obtengan al menos el
2% de la votación para estar representadas en las cámaras conforme a la fuerza electoral
obtenida.
Queremos democracia, queremos representatividad con sustento y con legitimidad.
Eso es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
Gracias al diputado José Narro Céspedes, del
Partido del Trabajo.
Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de
México, hasta por 10 minutos.
| El diputado Arturo Escobar y Vega: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Es lamentable que el día de hoy nos veamos forzados a usar esta tribuna para debatir el
único tema que ha empañado el ejemplar ejercicio democrático realizado por la sociedad
mexicana y sus autoridades el pasado 2 de julio.
Por supuesto me refiero a la más y discutible sentencia emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 9 de septiembre pasado,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional al apoyarse en una serie de argumentos del
todo antijurídicos y antidemocráticos, decidió de facto declarar la
inconstitucionalidad del artículo 47 párrafo tercero, del Código Electoral del Distrito
Federal y de paso declaró el antidemocrático contenido de los artículos 54 fracción V
y 122 base primera fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pero por supuesto sin contar con facultad alguna para ello.
Sí, compañeras y compañeros diputados, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación que votaron en contra del acertado proyecto
del magistrado oponente, quien ratificaba la resolución del Tribunal Electoral del
Distrito Federal, que a su vez confirmaba la legalidad y constitucionalidad de la
aplicación de la cláusula de gobernabilidad para la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
en favor de la Alianza por el Cambio, faltaron a su protesta de cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes que de ella emanen.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México al cual represento, el
proceder de los magistrados aludidos es absolutamente reprobable, porque desde la soledad
y oscuridad de sus despachos modificaron la voluntad de los ciudadanos del Distrito
Federal expresada sin ambigüedad alguna el pasado 2 de julio, aplicando la fórmula de
representación pura asignándole al Partido Revolucionario Institucional 11 diputaciones
de representación proporcional adicionales.
Si la voluntad de los ciudadanos del Distrito Federal hubiera sido que el Partido
Revolucionario Institucional tuviera 16 diputados en la Asamblea Legislativa, pregunto,
¿por qué entonces no les dio la mayoría en alguno de los 40 distritos electorales
locales? ¿Por qué entonces no les dio la mayoría en alguno de los 30 distritos
electorales federales? ¿Por qué entonces no les dio la mayoría en alguna de las 16
jefaturas delegacionales? ¿Por qué entonces no les dio la mayoría en la elección de
jefe de gobierno del Distrito Federal?
Lo único cierto es que de 87 puestos de elección popular directa en el Distrito Federal,
el Partido Revolucionario Institucional no ganó ninguna.
Resulta paradójico que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación declaró inatendible el escrito de tercero interesado promovido por el Partido
Revolucionario Institucional, por considerar que no justificaron la razón de su interés
jurídico careciendo de legitimación en dicha causa, en relación con el medio de
impugnación interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática; sin embargo, cinco
de los magistrados resuelven la causa aplicando la fórmula de proporcionalidad pura,
dándole vida y triunfo al escrito de tercero interesado previamente declarado
inatendible.
Nadie ni el Presidente de la República ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ni los diputados y senadores del Congreso de la Unión y por supuesto, mucho
menos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, están facultados para omitir el cumplimiento de ley alguna, Federal o local,
que esté de acuerdo con nuestro máximo ordenamiento.
Ahora bien, ¿por qué afirmó que los magistrados faltaron a su protesta? Porque
sencillamente omitieron cumplir, es más, violaron flagrantemente lo establecido por el
artículo 47 tercer párrafo, del Código Electoral del Distrito Federal, mismo que sin
lugar a interpretaciones en contrario indica: "a la coalición de diputados a la
Asamblea Legislativa, le serán asignados el número de diputados por el principio de
representación proporcional que le corresponda como si se tratara de un solo partido
político...", repito, como si se tratara de un solo partido político.
Ninguna disposición jurídica de carácter constitucional o legal autoriza a contravenir
lo que el propio Poder Legislativo local del Distrito Federal determinó el precepto
indicado.
Así pues, niego la validez del argumento que afirma que lo dispuesto por el artículo 122
base primera fracción III de la Constitución, sea motivo para determinar que la Alianza
por el Cambio al ser una coalición integrada por dos partidos políticos, no le sea
aplicable lo establecido por el artículo 47 párrafo tercero del Código Electoral del
Distrito Federal, ya que tal criterio no es un argumento válido constitucionalmente
hablando, para excepcionarse de la aplicación de la cláusula de gobernabilidad prevista
por el propio dispositivo constitucional en que tal resolución pretende encontrar
sustento.
Y afirmo por igual, que es por decir lo menor y lógico, sostener que tal cláusula de
gobernabilidad sea antidemocrática. En efecto, argumentar que no debe de aplicarse el
artículo 47 párrafo tercero del Código Electoral del Distrito Federal en favor de la
Alianza por el Cambio, porque éste no es un partido político, es ilegal, ya que tal
criterio viola lo dispuesto por los siguientes artículos de la Constitución: 41
fracción I en cuanto dispone que la ley determinará las formas específicas para la
intervención de los partidos políticos nacionales en el proceso electoral; 122 base
primera fracción V inciso f que confiere la facultad de legislar en materia electoral a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, limitando la participación en los procesos
electorales locales de la entidad a los partidos políticos con registro nacional.
Lo que sostengo, encuentra apoyo en el criterio sustentado por nuestro más alto tribunal,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar las ejecutorias correspondientes a
diversas acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y del Trabajo, contra las reformas al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que determinarán el sistema de financiamiento
público a los partidos políticos emitidas por el Congreso de la Unión a finales de
1996, tales juicios fueron resueltos por la Corte durante el mes de enero de 1997.
Es menester recordar que dichos partidos políticos impugnantes sostuvieron sus demandas
que las reformas legales combatidas en aquel entonces eran inconstitucionales, porque
supuestamente sí violaban los principios que para determinar los montos de financiamiento
de los partidos políticos, debía seguir el Congreso de la Unión, mismos que se
establecían,
según ellos, en el propio artículo 41 de nuestra Ley Fundamental. Sin embargo, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de votos en todos los casos,
sostuvo que el Congreso de la Unión tiene amplias facultades para disponer cómo se
otorgará el financiamiento público a los partidos políticos, ya que interpretó en tal
sentido la parte final del párrafo segundo de la fracción II del artículo 41
constitucional, la Corte estableció que el poder revisor de la Constitución no limitó
las facultades del Congreso en la materia, ya que lo dejaba en libertad de determinar el
sistema de financiamiento público de los partidos políticos, al indicar la fórmula:
"se otorgará el financiamiento público conforme a lo que disponga la ley".
Disposición no sólo similar, sino idéntica a la contenida en el artículo 41 fracción
I de la Constitución, que a la letra dice en lo conducente:
"Los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará las
formas específicas en su intervención en el proceso electoral."
Por lo tanto, ¿qué autoriza a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación para erigirse en el supremo poder conservador del
estatus quo y de la pureza democrática de las instituciones, comenzando por nuestra
Constitución? Tal arrogancia no encuentra paralelo ni aun en los capítulos más oscuros
de nuestra historia.
Los que pensamos que habíamos liquidado democráticamente el sistema el pasado 2 de
julio, quizá nos dejamos llevar por la alegría del cambio; sin embargo, el sistema sigue
vigente y se reflejó con esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Hoy la nación, a través de sus representantes, les demanda el incumplimiento de su
protesta constitucional; mañana la historia los juzgará.
Muchas gracias.
Muchas gracias al diputado Arturo Escobar y
Vega.
Tiene la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución
Democrática, hasta por 10 minutos...
Al no encontrarse presente en este salón de sesiones, el diputado Espadas Ancona,
entonces tiene la palabra el diputado José Tomás Lozano Pardinas, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
El diputado José Tomás Lozano
Pardinas: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Acción Nacional desde su origen ha demostrado su vocación democrática, en el entendido
de que sin democracia política no hay democracia económica ni social en cualquier orden.
Hoy nadie puede negar los avances que las diversas fuerzas políticas y la sociedad en
general han impulsado para la conformación de normas e instituciones que garanticen la
transparencia, la equidad, la legalidad y la certeza en los procesos electorales.
Hemos sostenido también que la ley más perfecta no tendrá sentido si no hay voluntad
para cumplirla, particularmente de quienes son los responsables de su aplicación.
Cuando decimos cumplirla, hacer referencia a no tergiversar su esencia, su espíritu, que
nos lleve a calificar la ley como una ley falsa o hipócrita.
En tal virtud, es criticable la posición que recientemente asumió la mayoría, que no
todos, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el juicio de revisión constitucional interpuesto por los partidos de la
Revolución Democrática y Democracia Social, en contra de la asignación de curules por
el principio de representación proporcional en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Es lamentable, porque los señores magistrados no aplicaron la ley ni la interpretaron;
por el contrario, incurrieron en un exceso de funciones y lo peor, legislaron vía
resolución.
Los criterios de los señores magistrados que en este sentido resolvieron, fueron a todas
luces contrarios a lo que el propio juicio planteaba, cuando debieron ser una instancia de
control constitucional e imparcial, que garantizara que todo acto o resolución electoral
se apegue a la ley fundamental. El tribunal no hizo esto, sino por el contrario, su
proceder contradijo el principio de respeto a la supremacía y prominencia de la
Constitución.
La posición del tribunal no se agotó en este arbitrio, sino en una clara violación y
falta de respeto a la voluntad de los ciudadanos, que votaron por la Coalición Alianza
por el Cambio y a la voluntad y libertad de los partidos políticos.
Como bien lo resolviera el Instituto Electoral del Distrito Federal y ratificara el
Tribunal Electoral de la misma entidad, a la Coalición Alianza por el Cambio, integrado
por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, le correspondía un mayor
número de asignaciones de diputados a la Asamblea Legislativa, por la sencilla razón que
conforme a los resultados obtenidos por dicha coalición y por mandato de la ley, era
aplicable la cláusula de gobernabilidad, de conformidad con lo estipulado en el artículo
122 constitucional.
Señoras y señores legisladores: la llamada cláusula de gobernabilidad ha suscitado
polémica, pero queramos o no, la ley es muy clara: existe y se reconoce la esfera
jurídica del Distrito Federal y en consecuencia dos autoridades electorales ya habían
decidido que a la Coalición de Alianza por el Cambio le correspondían tantas
asignaciones de diputados de representación proporcional, como fueran necesarias para
obtener la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Legislativa.
Consecuentemente, es claro que la mayoría o gobernabilidad de la Asamblea correspondía a
la Alianza por el Cambio, por disposición expresa de la ley y la fuerza de los votos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se excedió al formular
agravios inexistentes y satisfacer pretensiones no reclamadas. Con ello, el tribunal
marcó un precedente en los medios de impugnación.
La suplencia puede entenderse como la sustitución de la parte ausente. Lo anterior
resultó evidente cuando el propio tribunal consideró que se concretaría a analizar los
agravios expresados por el único partido impugnador: el PRD, el cual obviamente no tenía
como pretensión en la expresión de sus agravios, la disminución de las asignaciones que
ya le habían sido otorgadas, para entregárselas a un partido distinto.
Con esto, efectivamente, el tribunal se extralimitó en las facultades al ir más allá de
la litis y de las pretensiones planteadas e incluso al contradecirlas.
El tribunal incurrió en un grave error al dejar de observar el principio de explorado
derecho, consistente en que una autoridad no debe distinguir donde la ley no distingue.
Efectivamente, se equivocó al haber sostenido una diferencia entre partido político y
coalición y resolver que la asignación de mayoría absoluta, bajo el principio de
gobernabilidad corresponde a partido político por sí mismo y no a coalición alguna.
El criterio asumido por el tribunal es a todas luces violatorio del principio de igual y
de equidad, que consiste en respetar a las coaliciones que participan en los procesos
electorales.
Efectivamente, los partidos políticos Acción Nacional y Verde Ecologista de México,
decidieron contender en las elecciones para todos los efectos legales mediante la
constitución de una coalición electoral total, es decir, en todas las elecciones a
celebrarse en el Distrito Federal, para lo cual formularon una plataforma electoral, un
programa de gobierno y otro legislativo comunes.
Derivado de ello, no se acató la voluntad de los electores que tomaron la decisión de
votar en favor de una coalición como una unidad política electoral, dotándoles de
legitimidad y representatividad como una sola fuerza y no como institutos políticos
individualmente considerados, lo que hicieron desatinadamente los magistrados,
tergiversando la voluntad del electorado.
Fue errónea la posición del Tribunal Electoral de la Federación, ya que la
Constitución Federal o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no reconocen y mucho
menos implican una exclusión de las coaliciones del orden jurídico, toda vez que en
dichos cuerpos normativos solamente se ponderan las bases generales del régimen político
electoral para dicha entidad federativa, reservando al legislador local, el desarrollo y
regulación de las mismas.
Con base en lo anterior, no aceptamos la tesis del tribunal sostenida en el juicio por
ilegal e injusta, toda vez que distorsiona la figura de las coaliciones, viola la
garantía constitucional de los partidos a asociarse, haciendo ineficaz que los mismos
puedan participar en forma coligada en el proceso electoral, so pena de mantener una
posición de desigualdad ante los demás.
Finalmente, podríamos cuestionar la incongruencia de quienes suscribieron la resolución
respectiva y poner en duda la certeza jurídica, ya que en el caso de la asignación de
senadores de primera minoría, sí, considero correctamente en su conjunto a la coalición
y no de manera individual a cada partido, lo que sí hizo en la asignación por
representación proporcional de diputados a la Asamblea.
Todo lo anterior constituye una verdadera aversión a la voluntad ciudadana que beneficia
a un partido político que no obtuvo una sola constancia de mayoría.
Es necesario hacer patente nuestro profundo respeto a las instituciones de este país y en
especial a los tribunales electorales, solicitando de ellos que retomen el camino de velar
por el estricto apego al marco legal, así como el completo respeto a la decisión
ciudadana.
No cuestionamos la integridad de los magistrados; cuestionamos la constitucionalidad de la
sentencia en comento.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias al diputado José Tomás Lozano
Pardinas.
Tiene la palabra el diputado Felipe Solís Acero, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
| El diputado Felipe Solís Acero: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
La resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación que hoy se discute, ha motivado desde el primer momento una intensa
polémica pública que ha sido planteada a partir de una incorrecta apreciación de la
norma constitucional en la que tiene su origen y de la construcción de un falso debate
alrededor de este tema.
Lo único cierto es que el más alto tribunal en materia electoral ha dicho la última
palabra: "la cláusula de gobernabilidad no es aplicable a la luz de los resultados
electorales del 2 de julio y dicha resolución no admite recurso legal alguno".
A pesar de lo improcedente del debate que hoy se trae a esta tribuna, el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional quiere fijar su posición.
El artículo 122 de la Constitución General de la República establece ahora el marco
constitucional del Distrito Federal y las bases para la organización y funcionamiento de
las autoridades locales de esta entidad, entre ellas la Asamblea Legislativa.
Al establecer el sistema de integración de la Asamblea Legislativa, el propio artículo
122 de la Ley Suprema establece con toda precisión:
"Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de
mayoría y por lo menos el 30% de la votación en el Distrito Federal, le será asignado
el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la
mayoría absoluta de la Asamblea."
Esto es lo que se conoce como la cláusula de gobernabilidad, que es una excepción a la
formula ordinaria para integrar la Asamblea y cuyo fin fundamental radica en garantizar la
gobernabilidad de dicho órgano; es decir, su conducción coherente a partir de la
construcción de la mayoría absoluta a favor de un solo partido político. Esto es
precisamente el bien jurídico tutelado por la norma constitucional.
El artículo 37 del Estatuto de Gobierno reprodujo literalmente dicho mandato
constitucional y por su parte el artículo 13 del Código Electoral local estableció el
procedimiento específico para la asignación de curules de representación proporcional
tanto en el supuesto de aplicarse la cláusula de gobernabilidad, como en el caso de que
no se diera la hipótesis constitucional previendo la distribución conforme al principio
de proporcionalidad pura, es decir, asignando curules de acuerdo con el porcentaje de
votación y sin premio de sobrerepresentación para ningún partido.
De acuerdo con lo anterior, para que la cláusula de gobernabilidad sea aplicable, es
indispensable e ineludible que se den tres condiciones conjuntas y no separadas:
Primera. Considerar al partido político beneficiario de su aplicación por sí
mismo, es decir, por si solo o sea, considerado en lo individual.
Segunda. Que ese partido político por sí mismo obtenga el mayor número de
constancias de mayoría y
Tercera. Que haya obtenido por lo menos el 30 % de la votación en el Distrito
Federal.
Así claramente lo manda la Constitución y por tanto al faltar uno solo de esos
elementos, la cláusula de gobernabilidad se vuelve inaplicable y las curules deben
repartirse conforme al criterio de proporcionalidad pura que es la regla ordinaria, pues
la cláusula está concebida como un mecanismo excepcional que por lo mismo está sujeta a
requisitos ineludibles de aplicación y a una interpretación restrictiva.
¿Qué fue lo que ocurrió el 2 de julio? Que ningún partido político por sí mismo o
sea, considerado en lo individual, consiguió cumplir los dos requisitos de resultados
electorales exigidos por la Ley Suprema. Es decir ni el PAN ni el PRD lograron ponerse por
sí solos en los supuestos constitucionales.
El asunto se lo planteó por primera vez el Instituto Electoral del Distrito Federal en
cuyo consejo general se aplicó la cláusula de gobernabilidad a favor de la coalición
PAN-PVEM en clara violación de normas constitucionales y desoyendo la voz de advertencia
de uno de sus propios consejeros que desde entonces anticipó la inaplicabilidad de la
cláusula.
El acuerdo del IEDF fue impugnado ante el tribunal electoral local por el PRD, quien
reclamó sin razón la aplicación de la cláusula en su beneficio. Pero dicho tribunal
confirmó el acuerdo en una resolución con votación dividida en donde incluso el
proyecto original de resolución presentado por el magistrado ponente, planteaba la
solución que finalmente acogió el órgano jurisdiccional federal.
El tribunal federal conoció en última instancia de este asunto, a partir del juicio de
revisión constitucional interpuesto por el PRD y por Democracia Social, quien planteó la
argumentación razonable en el sentido de la inaplicabilidad de la cláusula. El PRI
compareció en dicho litigio como tercer interesado.
A partir de la resolución del tribunal federal, que ordenó no aplicar la cláusula de
gobernabilidad y en cambio hacer la distribución de curules con base en el principio de
proporcionalidad pura, en estricto apego a lo mandado por el artículo 122 constitucional,
se ha desatado una estrategia política clara de descalificación del fallo, de los
magistrados que lo votaron y aún del propio tribunal federal del que forman parte.
Es una estrategia para minar a la institución jurisdiccional electoral, construida a
partir de un falso debate, que parte de sofismas jurídicos sin ningún asidero
constitucional y cargada de consideraciones descalificatorias.
Frente a lo desmesurado de los señalamiento es necesario precisar:
1o. El PRI no ha hecho nunca del litigio electoral una estrategia política ni impugnamos
por impugnar ni queremos ni necesitamos ni buscamos resoluciones surgidas del favoritismo.
Lo que pretendimos en todo momento fue una resolución de estricta constitucionalidad y
eso fue lo que hizo el tribunal federal. No hay que olvidar en este asunto, dicho tribunal
actuó como revisor de la Constitución y que por ello le otorgó mejor jerarquía al
mandato contenido en el artículo 122 constitucional, por encima de normas establecidas en
leyes secundarias, que no pueden rebasar ni mucho menos contradecir los mandatos de la Ley
Suprema.
2o. No es cierto tampoco que el tribunal se haya excedido en el contenido de su fallo, al
argumentar que la resolución fue más allá de lo que promovieron los impugnates, no hubo
ningún exceso. El punto de fondo de la litis en la acumulación de juicios, estuvo
siempre en el expediente a través de Democracia Social, partido que actuó como actor en
uno de los juicios y del PRI como tercero interesado.
La inaplicabilidad de la cláusula de gobernabilidad, fue un hilo conductor en todo el
procedimiento. Se señaló en el Consejo General del lEDF se planteó en la sentencia del
tribunal local y se resolvió por el tribunal federal como intérprete de la Constitución
en materia electoral. De manera que no puede haber sorpresa alguna ni mucho menos excesos
en la resolución. Al tribunal federal se le planteó un asunto de interpretación y con
estricto apego a la norma constitucional suprema por encima de cualquiera otra, resolvió
con un fallo inapelable. De acuerdo a los resultados del 2 de julio, la cláusula de
gobernabilidad es inaplicable en esta ocasión, para integrar la próxima legislatura de
la Asamblea Legislativa.
3o. Tiene razón el diputado Lozano del PAN, al afirmar que donde la ley no distingue el
juzgador no debe distinguir, eso fue exactamente lo que hizo el tribunal federal.
El artículo 122 constitucional no distingue, claramente establece que la cláusula de
gobernabilidad se aplicará, si se cumplen los supuestos constitucionales, al partido
político que por sí mismo se ponga en la hipótesis constitucional.
4o. Tampoco es cierto que el tribunal haya incurrido en presunta contradicción de
criterios entre el asunto que nos ocupa y el relativo a la asignación de senadores de
primera minoría. Como se razona claramente en la sentencia, se trata de asuntos de
naturaleza diversa, pues mientras la asignación de senadurías es un cuestión
circunscrita al proceso electoral, para el cual se constituyen las coaliciones, la
aplicación de la cláusula tiene efectos posteriores al proceso electoral, relativos a la
integración de la Asamblea, integración que no puede quedar sujeta a una coalición, que
para entonces ya no existe ni mucho menos a la previsión azarosa y voluntarista de que
grupos parlamentarios diversos constituyan una mayoría ficticia.
5o. Se ha pretendido además imputar al PRI y sólo a él la existencia de la cláusula de
gobernabilidad.
Es pertinente recordar que la incorporación de esta figura al texto constitucional en
1989, fue aprobada conjuntamente por el PRI y el PAN. Que en 1993 cuando la cláusula fue
reubicada en el articulado de la Ley Suprema y se incluyó en su redacción la locución
por sí mismo, para referirse al partido político que podía ser beneficiario de la
cláusula, dicha reforma también fue votada por el PRI y el PAN.
Y finalmente la modificación constitucional de 1996, que mantuvo en sus términos la
cláusula, fue aprobada por el consenso de todas las fuerzas políticas entonces
representadas en el Congreso, en la única reforma electoral aprobada por unanimidad.
Está claro que entonces que en el origen y la evolución de la cláusula de
gobernabilidad en la Ley Suprema obedeció a acuerdos conjuntos, que en su momento el PAN
suscribió. Le ruego, señor Presidente, si me permite concluir.
Por favor concluya.
| El diputado
Felipe Solís Acero: |
Compañeras y compañeros diputados, los tiempos
de la normalidad democrática que hoy vive la nación reclaman de todas las fuerzas
políticas madurez y sentido de responsabilidad frente a los ciudadanos que, libre e
informadamente, emiten su sufragio y frente a las instituciones de jurisdicción electoral
que en los casos de controversia dictan la última palabra.
El tribunal electoral es un órgano creado por el consenso de todos los partidos, cuando
todos convenimos en la necesidad de judicializar el litigio electoral. Su magistrados
fueron designados también por consenso, a propuesta de la Corte Suprema. Ante ese órgano
jurisdiccional hemos concurrido todos a impugnar acuerdos o resoluciones o a defender
derechos derivados de los mismos.
En el balance hoy, todos hemos encontrado ante ese tribunal, resoluciones favorables y
adversas; ello está en la naturaleza misma del litigio; nadie gana todos los juicios,
como nadie los pierde todos. El resultado siempre dependerá de la mayor razón legal
esgrimida y de la mejor forma de su argumentación jurídica. Así lo ha entendido el PRI
y así lo ha practicado.
Señor diputado, por favor concluya.
| El diputado
Felipe Solís Acero: |
Estoy terminando. El mismo día que el tribunal
falló el asunto que hoy nos ocupa, también resolvió en nuestra contra el caso del
distrito XVIII, de la elección de diputados locales en Sonora, asunto que para mi partido
significaba la mayoría absoluta en el Congreso de ese Estado.
Asumimos ambos resultados sin discusión; el primero con satisfacción y el segundo con
gallardía, sin amarguras ni descalificaciones.
Gracias.
Gracias al diputado Felipe Solís Acero.
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Gustavo Riojas Santana, del
Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos.
| El diputado Gustavo Riojas Santana: |
Gracias señor Presidente:
Yo creo que la litis que se ha planteado en la intervención de nosotros, del Partido
Acción Nacional y el Verde Ecologista, no la han entendido los compañeros legisladores
del PRI. Déjenme explicarles cuál es la litis.
No estamos diciendo que pueda o no ser democrática la cláusula de gobernabilidad;
estamos señalando los excesos y la toma de facultades que no le correspondieron y no le
corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos diciendo
que hubo un estado de indefensión porque la litis original era de a quién se aplicaba la
cláusula de gobernabilidad.
Si nosotros hubiéramos sabido que de alguna u otra manera se pensaba interpretar de una
manera diferente lo enmarcado en la Constitución, pues tal vez hubiéramos entrado como
interesados en tercería.
Quiero decirles que por supuesto que existen listas en las cuales la ciudadanía vota; si
no existieran estas listas de representación proporcional, pues lógicamente que
pudiéramos tratar de interpretar de diferente modo cómo aplicar la cláusula de
repartición de diputados en una legislación.
El problema aquí principal, es que al no ser atacable los dictámenes del tribunal
superior, se nos deja en estado de indefensión y no podemos adivinar en futuras litis que
se presenten, si los magistrados van a interpretar de una o de otra forma diferente a lo
que se está planteando. Ese es el problema.
Sabemos que de alguna otra manera no existe derecho de amparo, no tenemos otro recurso al
cual acudir, por lo cual estamos haciendo esta intervención.
Tres cosas finales:
Primero. Por un lado se pide el respeto irrestricto de la ley, por otro lado, si
se quiere tomar otro camino de interpretación o de legislación, pues existen los canales
adecuados. Asimismo, las autoridades electorales tienen acotada su injerencia en este tipo
de situaciones.
Nosotros no quisimos en nuestra intervención pasada decir: muchos de los casos que hemos
entablado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde no
estamos de acuerdo, pero creo que aquí hubo un exceso, un exceso no es posible que la
ciudadanía vote y les dé un 22% de estas listas votadas y se les otorgue el 62% de las
diputaciones a repartir. Ese es el punto.
La litis no es si estuvo bien o si está mal la cláusula de gobernabilidad; creo que la
arribaremos la atenderemos, la analizaremos posteriormente. El problema aquí es de que un
tribunal determina la conformación de un Congreso, ése es el problema y por nosotros,
queríamos puntualizar que independientemente de que sabemos que les llegó su regalo de
navidad o reyes anticipado, de cualquier manera no estamos de acuerdo en esta
puntualización.
Me quedan 40 segundos, si me los permite.
No estamos de acuerdo en esta decisión del tribunal, que independientemente bueno, pues
finalmente tendremos que acatarla como todas las que han existido.
Gracias.
Gracias al diputado Gustavo Riojas Santana.
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Mauro Huerta Díaz, del Partido
Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
| El diputado Mauro Huerta Díaz: |
Con vuestra venia, señor Presidente;
compañeros diputados:
La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, sin duda ha tergiversado la voluntad del electorado, ha tergiversado la
esencia de la coalición denominada "Alianza por el Cambio", así como ha
tergiversado el espíritu de la ley.
Se pueden buscar diversas interpretaciones de la ley cuando se le divide la unidad
conceptual de la misma, pero cuando la ley es tan clara como en el caso que nos ocupa, no
es posible que se desestime la aplicación de los artículos 122 y del artículo 37
párrafo sexto del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal...
Diputado, no se escude en la muchedumbre y salga adelante, saque la cara.
De la correcta interpretación sistemática de la ley se desprende, tal y como lo sostuvo
en su momento la autoridad electoral local, según lo establecido en el artículo 47 del
Código Electoral del Distrito Federal que fue votado por todos los partidos en la
Asamblea legislativa, señores, se desprende que las coaliciones que se formen para un
determinado proceso electoral actuarán como un solo partido; en consecuencia, se les debe
considerar en todas las etapas del proceso electoral, en todas las elecciones para las que
se constituyeron y para todos los efectos legales, como un solo partido, máxime cuando
ambos partidos para contender en coalición, formularon conjuntamente una plataforma
electoral y un programa de gobierno en el cual fue considerado por el electorado como una
unidad a la que le dieron su voto otorgándole legitimidad y representación como una sola
fuerza electoral.
Por lo que sostener la postura que asumió en la resolución el tribunal electoral, es
considerar que se puede fraccionar la votación y las constancias de mayoría obtenidas
por una coalición, al arbitrio de quien interpreta la ley, para después volverlas a
reunir con el fin de concluir dicho procedimiento, tal y como lo argumentaron los
magistrados Orozco Enríquez, que fue el ponente y Eloy Fuentes, al emitir su voto
particular.
Sostener la postura que se asumió en la resolución del tribunal es olvidar que la ley
establece que la primera fase de la asignación de diputados de representación
proporcional consiste en asignar al partido político que obtenga el mayor número de
diputaciones de mayoría relativa y por lo menos el 30% de la votación emitida, el
número suficiente de diputados de representación proporcional para que alcance la
mayoría relativa en la Asamblea Legislativa. Situación que prevaleció en este caso, tal
y como lo argumentan los magistrados Eloy Fuentes y Orozco Enríquez, al emitir su voto
particular.
Sostener la postura que se asumió en la resolución del tribunal, es olvidar la voluntad
del electorado que votó por candidatos postulados por una coalición, mas no por partidos
políticos en lo individual. Esto con base en una oferta política que fue la propuesta de
la coalición.
Sostener la postura que se asumió en la resolución del tribunal, es desestimar la
voluntad de los partidos políticos que tomaron la decisión de participar en el proceso
como una fuerza política conjunta, única y que por ello registraron una lista única de
candidatos plurinominales, la cual no debe fraccionarse artificialmente para efectos de
una sola fase de asignación y volverse a unir para aplicar erróneamente los sistemas de
cociente natural y resto mayor.
El Partido Acción Nacional lamenta que como resultado de la decisión de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se otorgue al PRI un número
de diputados que no pudo ganar en la urnas, ¡no lo pudo ganar en las urnas!, porque en el
Distrito Federal la ciudadanía votó minoritariamente por el PRI, la ciudadanía votó en
su gran mayoría por el cambio; votó por el derecho a la educación, al trabajo; votó
por México; el voto de la gente fue por la democracia, ¡el voto de la gente fue porque
no existiera ni un minuto más el PRI!
Gracias al diputado Mauro Huerta Díaz.
Ha solicitado la palabra para rectificar hechos, la diputada Cristina Moctezuma Lule, del
Partido Verde Ecologista de México.
Esta mesa directiva respetuosamente solicita a los diputados que cuando tengamos un
orador, por elemental respeto lo dejemos expresarse libremente y sin ninguna presión. Si
tiene alguna diputada o diputado algo que decir, que pida la palabra y pase a la tribuna.
Se le concede.
La diputada María Cristina Moctezuma
Lule: |
Gracias, señor Presidente:
Diputado Solís Acero, yo no voy a referirme a la litis, que ya lo han planteado mucho
aquí los representantes, los diputados de mi partido y del Partido Acción Nacional. No
me voy a referir a la litis de si la coalición de la Alianza por el Cambio se debería de
aplicar la cláusula de gobernabilidad o no.
Yo me voy a referir a que usted dice: "los magistrados revisaron la
constitucionalidad". Pero quiero decirle que para nuestro partido lo que sucedió es
que no revisaron la constitucionalidad, se erigieron como un órgano legislativo. Pero
además le corrigió la plana a los diputados de la Asamblea Legislativa, erigiéndose
como paladines de la justicia, pero además mal aplicada; porque inclinaron la balanza
hacia el Partido Revolucionario Institucional; ¿por qué? Yo pregunto ¿por qué no se
aplicó la base de proporcionalidad pura, como, suponiendo sin conceder, que debería ser
ése el camino sobre la base total de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa y no
sobre los 26 de representación proporcional?
Cuando usted dice que su partido no se lamenta y todo lo acepta con gallardía, y quiero
decirle que qué bueno que tienen esa postura y lo felicito, porque finalmente qué bueno
que acepta con gallardía que perdieron la presidencia de la República.
Gracias a la diputada Cristina Moctezuma Lule.
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Jaime Vázquez Castillo, del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
| El diputado Jaime Vázquez Castillo: |
Señor Presidente, quisiera rogar a usted
ordenar a la Secretaría dar lectura al párrafo cuarto del artículo 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputada Secretaria, le ruego por favor dar
lectura al párrafo solicitado.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Artículo 99. Al Tribunal
Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de
esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre -fracción I-, las impugnaciones en
las elecciones federales de diputados y senadores.
| El diputado
Jaime Vázquez Castillo: |
Gracias, Señor Presidente.
Evidentemente que estamos bordando en esta sesión sobre un hecho consumado. El Partido de
la Revolución Democrática tuvo el acierto de interponer o de abrir la vía
jurisdiccional para combatir una resolución que, por cierto, el presidente del Consejo
Electoral del Distrito Federal se apresuró a aprobar, sin haber sometido a votación.
Y curiosamente, en ese acuerdo en el que se asignaban diputados de representación
proporcional, quien resultaba favorecido por la interpretación que se hizo de la ley en
relación con la cláusula de gobernabilidad, era la Alianza por el Cambio o, más
específicamente, el Partido Acción Nacional.
He tenido oportunidad de revisar, compañeras y compañeros diputados, el convenio que
suscribieron las directivas en el Distrito Federal del Partido Acción Nacional y del
Partido Verde Ecologista de México.
En cumplimiento de lo que dispone el Código Electoral del Distrito Federal, hay una
cláusula, sexta me parece, en donde se especifican los porcentajes de votación que
habrán de tener cada uno de los partidos políticos. Sólo que el PAN dice que será para
efectos del financiamiento y cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación hace el análisis al que tiene derecho porque le fue planteado
un asunto de inconstitucionalidad y, como intérprete de la Constitución desde luego que
tiene derecho a entrar al fondo del asunto y cuando entra al fondo del asunto da cuenta el
tribunal que esa fraccioncita del artículo que se refiere a las coaliciones en el Código
Electoral del Distrito Federal, se refiere también al financiamiento, pero de la misma
manera, a la representación proporcional.
Compañeras y compañeros: entiendo que debe ser difícil no imponerse a la voluntad
popular; nadie puede desconocer, en el caso del Distrito Federal, que tenemos 22% de la
votación.
Y así como en otro tiempo el Partido Acción Nacional, en los años sesenta, planteaba
una posición diferente con relación a los diputados de partido, tiró la reforma de los
setenta, tuvo una posición distinta impulsando la representación popular encabezada por
el PRI, compañeras y compañeros, entiendo que debe de ser difícil no quedarse con todo
el pastel, pero ésta sí es una sociedad plural, es una sociedad democrática.
No estamos de acuerdo, desde luego, en las afirmaciones que ha venido a hacer aquí el
Partido Acción Nacional por voz de dos de sus diputados. Me parece que el tribunal actuó
con estricto apego a la ley. No hay norma más elevada en el orden jurídico mexicano que
la Constitución y les diría que coincido con el criterio del tribunal en el sentido de
que el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal violó la
Constitución al interpretar erróneamente y en favor del PAN la cláusula de
gobernabilidad.
Gracias.
Gracias al diputado Jaime Vázquez Castillo.
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Sergio Vaca Betancourt, del Partido
Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón: |
Con su autorización, señor Presidente:
No hay falso debate; lo que sí es falsa es la interpretación del artículo 122
constitucional. Por sí mismo significa no sumar los votos de dos o más partidos y en la
especie la coalición Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista ¡para todos los
efectos legales contaba y actuaba como un solo partido! Esto no lo dice mi partido lo dice
el Código Electoral del Distrito Federal.
Y no le voy a pedir que lo lean, voy a leer la parte conducente.
Artículo 47. "La coalición actuará como un solo partido".
Ahora bien, el PRI siempre defendió la cláusula de gobernabilidad y hoy, que es por
primera vez oposición, la rechaza. ¿Qué memoria tan frágil o será mala memoria
convenenciera?
Hay un estado de derecho donde la ley se cumple, no cuando se retuerce.
Compañeros diputadas y diputados: los criterios zigzagueantes en la impartición de
justicia, como el que hoy se analiza, son la peor causa de inseguridad jurídica, pues
desorientan, desaniman y originan la desconfianza que hoy el pueblo mexicano no tiene
sobre la impartición de justicia.
A los juzgadores de última instancia que emitieron la resolución que se comenta, con
excepción de los dos magistrados que produjeron un voto particular en contra y ¡que
aquí consta!, olvidaron el principio de estricto derecho, y peor aún: ¡ignoraron cómo
habían resuelto antes en el expediente 020/2000 relativo a la elección de senadores.
Ahora, la que se emitió el pasado 2 de julio.
De hecho y sin derecho se convirtieron en defensores de oficio del Partido Revolucionario
Institucional, que fue beneficiado y que ni siquiera se inconformó, al que, con generosa
ilegalidad, le obsequiaron asambleístas que no le correspondían.
Señores: los hechos hablan. Aquí está la resolución y aquí se transcribe por los dos
magistrados, que tuvieron la decencia, la dignidad y la verticalidad de recordar cómo
había resuelto en contra en un asunto similar. ¡Esto no es estado de derecho!
Alguien dijo ahí burlonamente: "una marranada". ¡Esto fue una marranada!
Gracias.
Gracias al diputado Sergio Vaca Betancourt.
Tiene la palabra el diputado Felipe Solís, para rectificación de hechos.
Informo a la Asamblea que en este tema la Junta de Coordinación Política acordó que
fuera de libre debate. La mesa directiva no tuvo inconveniente, por eso en esta
Presidencia asistimos a un sexto orador en el tema de rectificación de hechos.
| El diputado Felipe Solís Acero: |
Gracias, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
No, en el PRI no tenemos mala memoria. No es un asunto de mala memoria. Nosotros no
estamos en contra del establecimiento en la Constitución de la cláusula de
gobernabilidad y quisiera volver a recordar que la votamos juntos, el PAN y el PRI y la
votamos juntos tres veces: la votamos primero en 1990, la votamos posteriormente en 1993 y
volvimos a votarla con el concurso de otras fuerzas electorales en 1996.
El debate, hoy, es uno solo: ¿es o no aplicable la cláusula de gobernabilidad a la luz
de los resultados del 2 de julio?, y está claro que no lo es, porque el artículo 122
constitucional establece claramente los requisitos para la aplicación de la cláusula de
gobernabilidad y puede ser doloroso no aceptarlo, pero lo que ocurrió el 2 de julio es
que ningún partido político, por sí mismo, obtuvo el 30% de la votación y la mayoría
de las constancias de mayoría relativa.
No hay criterios zigzagueantes en el tribunal. Lo que el tribunal resolvió respecto de
las senadurías de primera minoría, corresponde a otro tema, a otra naturaleza y a otra
circunstancia de aplicación de la alocución por sí misma.
Es necesario recordar que en el caso de las senadurías de primera minoría, se trata de
una resolución que queda dentro del proceso electoral, en tanto que por lo que se refiere
a la aplicación de la cláusula de gobernabilidad, lo que está regulando en artículo
122 constitucional son eventos posteriores al proceso electoral, es decir, la integración
de la Asamblea.
Por eso no comparto el planteamiento que el preopinante ha señalado en esta misma
tribuna, en el sentido de que el artículo 122 constitucional resultaba o resultó
indebidamente aplicado por el Tribunal Federal y que debió haberse aplicado el artículo
47 del Código Electoral del Distrito Federal.
Quisiera aprovechar para recordar y corregir lo que aquí señaló alguien en la tribuna,
en el sentido de que el PRI votó a favor el Código Electoral del Distrito Federal.
Quisiera recordar que no sólo no lo votamos a favor, sino que lo impugnamos por vías de
acción de inconstitucionalidad y que la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón en
más de 50 artículos.
El artículo 47 del Código Electoral del Distrito Federal, lo que regula es la forma de
asignar las constancias de asignación de diputados de representación proporcional, es
decir, un evento que ocurre dentro del proceso electoral.
Lo que regula el artículo 122 constitucional es el mecanismo de integrar la Asamblea de
Representantes, un evento que sobrepasa el proceso electoral, que va a tener efectos
posteriores al proceso electoral y que por eso debe ser interpretado restrictivamente.
La cláusula de gobernabilidad y con ello termino, es una fórmula excepcional de integrar
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y si se trata de una excepcionalidad en el
procedimiento de integrar la Asamblea, debe estar entonces sujeta a principios
restrictivos de interpretación.
Cuando el artículo 122 constitucional dice: "partido político, por sí mismo",
se refiere a partidos políticos solos, por sí mismos, solos, considerados en su
individualidad.
Ha dicho aquí el diputado Vaca, finalmente, que considera que la decisión del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación fue una marranada. Ojalá no tengan que
pedir perdón más adelante.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Se concede el uso de la palabra, para
rectificación de hechos, por cinco minutos, al diputado Fernando Pérez Noriega, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado Fernando Pérez Noriega: |
Con su permiso, señor Presidente:
Qué bueno que el PRI mandó a don Felipe Solís Acero, a platicar este tema tan
importante, porque ya vimos como actuaba cuando era Secretario de Organización Electoral
del Instituto Federal Electoral. Ahora qué bueno que ya es diputado y puede actuar con
esa parcialidad que siempre lo ha hecho.
Es evidente que el diputado Solís Acero no solamente desconoce la ley, desconoce la
Constitución, sino también desconoce la voluntad política de los habitantes del
Distrito Federal. Los habitantes del Distrito Federal ya dijeron un hasta aquí al PRI y
por eso no votaron por él.
El tema que se ha inscrito para debatir es analizar la sentencia del tribunal y ver las
contradicciones que en menos de seis meses ha tenido sobre este tema de las coaliciones.
En materia de coaliciones ha establecido el tribunal, por un lado, que deben de
considerarse como un solo partido político y el tribunal en esta última resolución
establece que si bien es cierto las coaliciones pueden actuar como un solo partido -dice-,
en la sentencia, que le está prohibida la cláusula de gobernabilidad.
¿De dónde se deriva esa prohibición? No se deriva de la Constitución, no se deriva del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no se deriva de nuestro Código Electoral del
Distrito Federal.
Y hace una interpretación muy sui generis de por qué se le debe de prohibir. Pero en una
resolución anterior el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece
en forma precisa y la voy a citar, dice: "los principios o normas que impliquen la
restricción de un derecho público subjetivo, deben estar previstos en la ley y no
derivar de una simple interpretación. Antes al contrario, toda interpretación y la
correlativa aplicación de la norma jurídica, deben potenciar o ampliar sus alcances
jurídicos, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental" y, por
lo tanto, lo que estableció el tribunal para beneficiar al PRI es justamente restringir
esa garantía, ese derecho de participar en coaliciones. Establece también el mismo
tribunal de que "no aceptar" y así lo dice en su resolución de hace seis
meses, cuando se analizó el tema de las coaliciones, dicen que si la intención del
constituyente permanente hubiera sido en el sentido de establecer una limitación a los
derechos de los partidos políticos, como es el de formar coaliciones, lo hubiera
dispuesto expresamente.
Dice también que el interpretar en la forma que lo hizo el PRI y posteriormente cambiando
su idea el tribunal, en una forma zigzagueante dicen: implicaría darle un valor
diferenciado al voto de los ciudadanos, ya sea que éste se emita a favor de una
coalición o de un partido político, lo cual es medianamente contrario al principio de
universalidad del sufragio que se encuentra establecida en el artículo 41.
Intervino en la resolución del tribunal en ese entonces, diciendo que si se consideraba
que solamente los partidos políticos, individualmente considerados, no conformando una
coalición, tienen derecho a la asignación de senadores por el principio de primera
minoría, se estaría aceptando que tiene más valor el voto emitido a favor de un partido
político nacional que participa individualmente en un proceso electoral, que logrado por
determinados partidos políticos nacionales que contendieran coligados, es decir, en menos
de seis meses el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cambió
sustancialmente su criterio; por un lado, reconocía el derecho a las coaliciones a ser
considerado como un solo partido político, pero posteriormente cuando se dio el asunto
del Distrito Federal cambió el criterio para favorecer a un solo partido político, al
PRI.
Gracias, diputado Pérez Noriega.
Ha solicitado la palabra, para rectificación de hechos, la diputada Bertha Alicia
Simental, del Partido de la Sociedad Nacionalista e inmediatamente después, está
solicitando la palabra para rectificación de hechos, el diputado Jaime Vázquez, del PRI.
Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Bertha Alicia Simental.
La diputada Bertha Alicia Simental
García: |
Gracias, señor Presidente; señoras y señores
legisladores:
Para el Partido de la Sociedad Nacionalista la resolución tomada por los magistrados, la
que aquí se está discutiendo, trascendió en la aceptación de derechos a personas que
nunca tuvieron la oportunidad de defenderse y hablo no sólo de partidos políticos, sino
de ciudadanas y candidatos.
Esto es lo verdaderamente importante. Nosotros, todos los que estamos aquí, estamos
representando y defendiendo los derechos de los mexicanos, no los derechos partidistas.
Por eso es que solicitamos instruir a la comisión correspondiente, para que a la mayor
brevedad realice una revisión exhaustiva y una adecuación de nuestro Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de nuestros medios de impugnación
que reformen, incorporen, amplíen y puntualicen aspectos tales como candidaturas comunes;
tiempo perentorio de dictamen desde la admisión hasta su resolución final;
obligatoriedad de notificación y derecho de audiencia a los posibles afectados antes de
las resoluciones finales por parte de las autoridades electorales y tribunales
correspondientes; obligatoriedad de notificación de las actas circunstanciadas y de los
elementos o recursos adicionales interpuestos por parte de terceros interesados a los
posibles afectados de la resolución final.
Amparos en materia electoral, derecho de recurrencia a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en materia y derechos electorales, resarcimiento y reparación de daños, de
derechos y afectaciones en todo tiempo; sanciones a autoridades electorales y magistrados
por errores, omisiones, dolo o recurrencia, equiparables a las que reciben los partidos
políticos nacionales sin necesidad de juicio político; obligatoriedad de homologación
de leyes electorales, estatales con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales; elección de autoridades electorales y magistrados de la materia, por
elección popular, libre y secreta.
Es decir, compañeros legisladores, devolverle al pueblo el poder y devolverle a nuestra
nación la soberanía que por años nos han intentado quitar o nos han estado quitando
partidos políticos, grupos con intereses que están muy ajenos, totalmente ajenos a los
intereses de todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos,
el diputado Jaime Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado Jaime Vázquez Castillo: |
Gracias, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Es interesante escuchar puntos de vista que a la vuelta del tiempo habrán de registrarse
como profundas contradicciones de quienes hablan de unidad nacional, de armonía. Convocan
a que veamos todos a este México con una visión de futuro, seguramente por el interés
que tienen de que a partir del próximo 1o. de diciembre coincidamos con asuntos que
seguramente habrá de plantear el entonces presidente de la República a esta legislatura.
Sin embargo, también es interesante ver cómo sigue el juego de la doble moral. Vienen
aquí a hablar de Felipe Solís Acero, de quien siendo funcionario electoral dio muestras
reiteradas de probidad, de rectitud, de profesionalismo, de imparcialidad y que hoy con
toda dignidad ejerce la representación política que el pueblo le ha conferido.
Y digo que sigue la doble moral porque allá donde el Partido Acción Nacional no alcanza
triunfos de mayoría, no dice que la representación proporcional no responde a la
voluntad del pueblo, como tratan de sostenerlo en el Distrito Federal en relación con el
PRI.
Y sigue la doble moral: recuerdo que en 1998, el entonces vocal ejecutivo de la junta
local del IFE en Tlaxcala, salió de las oficinas del IFE para ir a protestar como
candidato del PAN a gobernador de Tlaxcala. Recuerdo también cómo Felipe de Jesús
Preciado, en Jalisco, fue presidente del consejo local del instituto electoral de ese
Estado y salió de ese instituto para ser candidato a diputado federal y creo que ahora es
... bueno, fue candidato del PAN a diputado federal y creo que ahora es secretario general
de gobierno, de un gobierno panista.
Pero también tengo muy presente por esa férrea defensa de la imparcialidad de los
órganos electorales que hacía reiteradamente, un señor a quienes ustedes aprecian y en
el que se reflejan seguramente por ese sentido de responsabilidad con el país, de
responsabilidad con la sociedad en los encargos que le son encomendados, me refiero al
imparcial consejero del IFE: Santiago Creel.
Seis meses después de haber concluido su paso por el IFE, en donde por cierto yo no
entendía a veces si sostenía la posición como consejero del Instituto Federal Electoral
o era ya desde entonces vocero del Partido Acción Nacional, creo que eso está confirmado
ahora, no hay duda; seguramente en los próximos meses y años lo veremos como Secretario
de Gobernación, orgullosamente imparcial, de Acción Nacional. Doble moral.
Gracias señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Sírvase la Secretaría consultar a la Asamblea si considera suficientemente discutido el
tema, para pasar, en su caso, al siguiente punto del orden del día.
El
secretario José Manuel Medellín
Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta
a la Asamblea en votación económica si considera que el punto está suficientemente
discutido.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa... Suficientemente discutido, señor
Presidente.
Gracias, señor Secretario.
ESTADO DE GUANAJUATO
Para presentar un pronunciamiento en relación
con la Ley de Desarrollo Rural, se concede el uso de la palabra al diputado Silvano
Aureoles Conejo...
No encontrándose en el salón, se deja pendiente.
Se concede el uso de la palabra para presentar un posicionamiento sobre una planta de
plaguicidas, al diputado Diego Cobo Terrazas;
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
| El diputado Diego Cobo Terrazas: |
Gracias, señor Presidente; honorable Asamblea:
El pasado martes 12 de septiembre una explosión sorprendió a los habitantes de la ciudad
de Salamanca, en Guanajuato, seguida de una nube tóxica de aproximadamente cinco
kilómetros, que obligó a las autoridades a evacuar a poco más de 1 mil habitantes de la
zona.
Como resultado de este evento, 213 personas resultaron intoxicadas y 36 más tuvieron que
ser hospitalizadas. La empresa responsable del incidente se denomina Tekchem y opera en el
lugar desde hace nueve años, originalmente bajo la dirección de Fertimex.
No ha sido ésta la primera ocasión en que una empresa dedicada al manejo de sustancias
peligrosas se ve involucrada en un derrame, con sus consecuentes repercusiones en el
ambiente y la salud de las personas. Sin embargo, la mayor responsabilidad en estos casos
recae en las autoridades federales; es decir, en la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, la de Agricultura, la de Comercio y Fomento Industrial y la de Trabajo y
Previsión Social, las cuales están obligadas por diversas disposiciones de ley a vigilar
el manejo de las sustancias peligrosas.
De igual forma las autoridades de protección civil de cada municipio y estado tienen la
invariable obligación de velar por la seguridad e integridad física de los habitantes.
Para lograr una coordinación entre las diferentes dependencias competentes en esta
materia, en 1987 fue creada la comisión intersecretarial para el control del proceso y
uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas; no obstante, dicho organismo ha
tenido una nula participación en el control práctico y cotidiano de estas sustancias.
En el caso particular de la empresa Tekchem, las autoridades deben una explicación a la
ciudadanía de las causas y consecuencias del siniestro de la semana anterior, pero no
sólo se debe una explicación de los lamentables sucesos ya por todos conocidos, sino
también está pendiente una explicación sobre el destino de 5 millones de dólares que
la entonces empresa paraestatal Fertimex destinó para evaluar y limpiar las instalaciones
de Salamanca, enajenadas en favor del consorcio Tekchem.
Apenas la semana pasada, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca,
caba cuenta a esta soberanía de los supuestos avances registrados en materia de
auditorías ambientales y control de sustancias peligrosas en instalaciones industriales.
No obstante, los continuos accidentes en este tipo de instalaciones persisten.
De acuerdo a las primeras versiones, la nube tóxica que se produjo es de un plaguicida
conocido como malatión, se trata de una sustancia altamente peligrosa, como lo demuestran
múltiples investigaciones científicas realizadas, sobre todo en Estados Unidos de
América.
Según dichas investigaciones, el malation puede ser responsable de producir leucemia,
padecimientos gastrointestinales e incluso la muerte. La peligrosidad de esta sustancia
quedó evidenciada en 1976, cuando se llevó a cabo una fumigación en Pakistán que
tenía por objeto controlar la epidemia de malaria y sus resultados fueron
contraproducentes: 2 mil 800 personas fueron envenenadas y cinco murieron.
El caso de la empresa Tekchem, en Salamanca, deberá ser plenamente esclarecido por las
autoridades para deslindar las responsabilidades que correspondan. Sin embargo, el fondo
del problema no lo es el incidente como el acontecido en Guanajuato la semana pasada; el
fondo del problema son los compuestos químicos peligrosos que se continúan empleando en
México a pesar de que en muchos otros países se han prohibido dada su toxicidad.
De 90 plaguicidas que han sido cancelados o restringidos en los Estados Unidos, 30 se usan
todavía en México, lo que confirma la falta de control y aplicación de criterios
toxicológicos y ambientales en su autorización.
Estos compuestos, junto con los fertilizantes químicos, son sustancias persistentes,
bioacumulativas y tóxicas que merecen una atención especial debido a la amenaza que
representan para la salud humana y para la integridad del ecosistema. Muchas de estas
sustancias se bioacumulan a niveles inaceptables en organismos vivientes y algunas de
ellas se han asociado con disfunciones del sistema inmunológico, deficiencias
reproductoras, anormalidades en el desarrollo, deterioro de la conducta neurológica y
tumores cancerosos, tanto en seres humanos como en la flora y la fauna silvestres.
Los plaguicidas y fertilizantes deben ser, por lo tanto, tratados como sustancias
peligrosas, con regulación particular de permisos para su formulación y fabricación y
controles estrictos para su comercialización y posterior uso.
Además del descontrol que existe en cuanto a las autorizaciones para la producción y
comercialización de plaguicidas peligrosos, existen deficiencias legales y normativas que
no permiten regular esta actividad. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente, así como la Ley General de Salud, establecen lineamientos generales que sin
embargo, frente a la ausencia de normas y reglamentos adecuados, se convierten en letra
muerta.
Es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que a seis
años de creada no ha emitido los reglamentos de la Ley General de Equilibrio Ecológico,
en particular el relativo a las actividades riesgosas. La única normatividad general para
estas sustancias es el catálogo de plaguicidas, instrumento que obedece exclusivamente a
los intereses industriales y no a los de la sociedad en su conjunto.
Las autoridades han sido negligentes al no emitir los reglamentos que regulen el manejo de
sustancias peligrosas, dejando a la ciudadanía en total indefensión frente a la
ambición de industriales sin escrúpulos, que sólo buscan su beneficio económico a
costa del medio ambiente y la salud pública.
La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca tendrá que dar una
explicación satisfactoria de por qué no ha emitido los reglamentos correspondientes, a
pesar de que la Ley Ambiental entró en vigor desde 1988. Mientras tanto, no podemos
permitir que los ciudadanos continúen padeciendo los estragos de la negligencia de sus
autoridades, que sólo actúan posteriormente a los acontecimientos, en lugar de llevar a
cabo acciones preventivas que eviten este tipo de tragedias.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace un urgente llamado a
las autoridades, para que expidan los reglamentos de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección del Ambiente.
En cuanto se refiere a los acontecimientos de la planta de Tekchem, los legisladores del
Partido Verde manifestamos nuestra inconformidad porque las autoridades no declararon
emergencia ambiental, a diferencia de otros casos similares, como el de Jaltipán,
Veracruz, en donde un incendio provocó una nube tóxica y se decretó la emergencia para
atender eficazmente el problema.
El cuidado del medio ambiente no puede seguir siendo sujeto de intereses económicos.
Exigimos una sanción ejemplar para la empresa, ya que la infracción que se está
planteando no rebasa los 700 mil pesos, cantidad que resulta ínfima si consideramos los
daños causados al ambiente y a la salud pública.
Los diputados ecologistas conformaremos un grupo de trabajo que dé seguimiento a las
investigaciones que realicen las autoridades, a efecto de garantizar transparencia y
estricto apego a la ley.
Hacemos un llamado a las diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios
interesados, para que se integren a este grupo de trabajo, cuya primera visita llevaremos
a cabo durante el siguiente fin de semana.
Hay que comentar que el día de hoy fuimos informados que a pesar de la situación de
emergencia ambiental que está presente en esta planta, continúan laborando, continúan
produciendo sus plaguicidas y fertilizantes a pesar de la clausura temporal que ha
implantado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Habrá qué ver si se trata de un acto más de negligencia de parte de la autoridad
ambiental que está permitiendo esto o bien sancionar a la empresa que no está respetando
la ley.
Por su atención, muchas gracias.
Gracias, diputado Cobo Terrazas.
Sobre este tema, ha solicitado la palabra el diputado Juan Alcocer Flores, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
| El diputado Juan Alcocer Flores: |
Con su permiso, señor Presidente:
Efectivamente el pasado 12 de septiembre, la empresa Tekchem, sufrió la peor de sus
contigencias ambientales, cuando por error humano y como medida de emergencia fueron
arrojadas a la atmófera más de 10 toneladas de malatión, sustancia órgano fosforada y
tóxica.
La empresa Tekchem efectivamente, antes de ser del sector privado fue paraestatal, bajo el
nombre de Montrose o Fertimex y desde su venta al sector privado dejó graves pasivos
ambientales.
Tal es el caso de 35 mil toneladas de azufre depositadas a cielo abierto, que arrastradas
por el viento, son respiradas a diario por miles de habitantes.
El percance del pasado 12 de septiembre produjo centenares de intoxicados y daños
materiales, incluso en estructuras metálicas como ventanas y puertas que sufrieron
oxidación. A mí no me lo contaron, yo lo presencié.
Sin embargo, ésta no es la primera contingencia ambiental que sufrimos en Salamanca y
tampoco es la primera que se produce en Tekchem. Desde 1995 se ha expuesto la
problemática de los pasivos ambientales que posee esta empresa.
Desde 1996, la Profepa ha recibido las quejas de los habitantes de las colonias aledañas,
mismos que han rogado, suplicado y exigido la intervención de las autoridades federales
y, sin embargo, hasta hace poco la Profepa se limitó a dar registradas y canalizadas las
múltiples denuncias.
Entre ellas, se encuentra la presentada ante la CNA, sobre las descargas tóxicas que
Tekchem hace a río Lerma, que, por cierto, tiene el deshonroso privilegio de ser el
único río en el mundo que se incendia.
Pese a todo, la empresa Tekchem no había sido clausurada ni siquiera el 28 de mayo de
1998, cuando 557 alumnos de una escuela primaria padecieron de vómito, irritación de
garganta, ojos y nariz y tampoco ha sido sancionada por los desagradables aromas que
sufrimos a diario los casi 240 mil habitantes.
Compañeras y compañeros diputados: tengo en mi poder y a su disposición, una relación
de las múltiples denuncias que se han presentado sobre este asunto que merecía ser
atendido desde hace muchos años.
Es cierto, debo de reconocer ampliamente al procurador Antonio Azuela, por su
intervención enérgica y decidida, el pasado 12 de septiembre. Pero mi pregunta es: ¿por
qué hasta ahora?, ¿acaso mal interpretamos esa parte de la cultura azteca que exigía
sacrificios humanos para que los dioses, ahora servidores públicos, se tomen la molestia
de hacer su trabajo?
La planta de donde se originó el percance fue clausurada al día siguiente del percance.
Sin embargo, la empresa continúa trabajando -como lo decía el compañero que me
antecedió en el uso de la palabra-, continúa trabajando en el resto de las áreas,
aduciendo que requiere un lapso que varía, figúrense ustedes, entre tres semanas o tres
meses, a fin de no causar mayor daño a la población.
La población salmantina vive actualmente una histeria colectiva. Los vecinos de Tekchem
no desean transigir ni pactar con la empresa. El consenso de ciudadanos, autoridades
municipales y estatales, es unánime. La empresa debe de ser reubicada en donde no pueda
causar mayor daño que el que ya causó.
El grupo parlamentario de Acción Nacional pide y exige a la Semarnap y a la Profepa no
cedan ante las presiones económicas que Tekchem pueda ejercer y está ejerciendo.
Sabemos que es una empresa que genera empleos y recursos económicos; sabemos de la
importancia que tienen sus productos para la agricultura y la veterinaria, pero no podemos
fincar ninguno de estos beneficios sobre la salud de miles de personas.
La Profepa debe de tomar las medidas pertinentes para que no solamente ésta, sino todas
las industrias del país cumplan con la normatividad y las medidas de seguridad en todos
los procesos que impliquen riesgo.
Por nuestra parte, en la LVIII Legislatura trabajaremos por un auténtico federalismo en
la materia para que el Estado y las autoridades municipales tengan las atribuciones
necesarias, a fin de intervenir y sancionar de inmediato a quienes por intereses
económicos atenten contra la salud de los mexicanos.
No vamos a permitir que se nos truequen espejos por oro, porque sin salud no hay vida y
sin vida nada puede tener importancia.
Gracias, diputado Juan Alcocer Flores.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos y para rectificación de hechos, el diputado
Carlos Ramírez.
El diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín: |
Con su permiso, señor Presidente; señores
diputados:
Por supuesto, nada hay más valioso que la vida humana, razón suficiente para que seamos
absolutamente serios en cualquier tema que comprometa la vida de los pobladores de nuestra
nación. Este es uno de esos temas.
La empresa Tekchem efectivamente es una empresa con alto riesgo de contaminación. Fue
adquirida con ese presupuesto, que era una empresa que contaminaría; más allá, fue
adquirida a sabiendas de que el terreno en el que Tekchem se encontraba, en aquél
entonces Fertimex, era un terreno altamente contaminado, como ya se ha dicho aquí.
El Gobierno Federal en la transacción con la empresa para su compra, ofreció a ésta dos
opciones: comprar todo el complejo o comprar únicamente la planta procesadora.
La empresa se comprometió con fondos del Gobierno Federal, a remediar el terreno inundado
por azufre, a remediarlo y a evitar que siguieran sufriendo los habitantes de Salamanca la
inclemencia de esta contaminación.
La empresa afirma que no ha recibido tal ayuda del Gobierno Federal; la empresa afirma que
tales recursos no han llegado.
No solamente nos sumamos a la postura del Partido Verde Ecologista y del Partido Acción
Nacional, sino que exigimos que de inmediato las autoridades intervengan para saber cuál
es el destino de los recursos que debieron llegan a Tekchem y debieron hacer sentir mejor
a los habitantes de Salamanca.
Nos unimos a exigir que se remedie de inmediato la situación de este terreno y de esta
planta, que se verifiquen ahorita si efectivamente sus controles surten efectos o de lo
contrario sea reubicada.
Creo que no podemos ser ligeros y por lo que respecta a la empresa, afirma que dicho
plazo, el que solicita, se refiere precisamente a la alta peligrosidad de los productos
que utilizan.
Escuchaba con atención la lista de secretarías que deben intervenir para regular los
productos que usa Tekchem y faltó una, la Secretaría de la Defensa Nacional,
efectivamente los productos que usa Tekchem son productos que requieren de la regulación
de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahora los habitantes de Salamanca estuvieron expuestos a una nube tóxica. Los habitantes
de Salamanca han estado expuestos desde hace muchos años a la posibilidad incluso de una
explosión. Una explosión que debe considerar también que los vecinos de Tekchem son
Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
Esos precisamente que ayer solicitaron intervenir en un grupo de trabajo, para revisar las
condiciones en la que Tekchem se encuentra trabajando.
Creo que es oportuna la solicitud de un grupo de trabajo. Creo que esta solicitud debe
extenderse a las fracciones y por supuesto ofrezco la voluntad política del PRI para que
se lleve a cabo.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Jorge Carlos Ramírez.
Tiene ahora el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Rubén García Farías.
| El diputado Rubén García Farías: |
Señor Presidente; señoras diputadas y señores
diputados:
Este tema que se ha tratado a propósito de un terrible accidente, es un tema que nos debe
de llevar a reflexiones más profundas, algunas ya se han planteado aquí respecto de la
reubicación de la planta, respecto de la obligación de autoridades federales, del Estado
y municipales en materia de protección civil.
Tenemos que tener más esmero en todas estas tareas; sin embargo, a mí me interesa llamar
la atención, no sólo en el accidente que como ya dije fue terrible, afectó a nuestros
paisanos, la nube tóxica fue una realidad, escuchar en la tarde, en la noche las
informaciones periodísticas fue aterrador.
Pero aquí hay un problema todavía más grave, que se refiere al carácter de esta
planta. Esta planta está procesando el malatión, que se emplea para productos que luego
van a dar al campo y afecta a la agricultura, compacta la tierra.
Los efectos que pudieran ser positivos de plaguicidas, fungicidas etcétera, se vuelven
más terribles, cuando esta microvida llega a tener una resistencia a esto.
Pero, además una denuncia que hubo en nuestro Guanajuato, es que este malatión va a dar
a Alemania, a los laboratorios, a empresas alemanas que luego nos regresan ya ese producto
ya elaborado. Que una cantidad mínima de lo que ahí producen se convierten ya en los
laboratorios alemanes en cantidades enormes de líquido, que no se emplea en Europa, no se
emplea en Norteamérica, no se emplea en algunos países que establecen exigencias
legales, ambientalistas para la aplicación de esos productos.
Por eso creo que además de solidarizarnos con quienes sufrieron los estragos y siguen
sufriendo los estragos de las emanaciones tóxicas de esta empresa, porque no sabemos
dónde puede llegar, porque sabemos que es cancerígeno, que puede manifestarse en los
días subsecuentes, pero además de esto, de la solidaridad, el apoyo con nuestros
hermanos guanajuatenses, también quiero aprovechar para que digamos no a todos aquellos
productos que están aplicando las trasnacionales en nuestras tierras, afectando nuestro
cultivos, aunque aparentemente por el momento haya una alta rentabilidad de la tierra.
Me sumo a quienes han hecho uso de la voz, porque sí requerimos en Salamanca la
solidaridad y la atención responsable y seria de todas las autoridades que deben de
confluir para atender este asunto y a nuestro compañero del Verde Ecologista, cuando se
integre ese grupo, yo soy de los primeros en sumarme a él.
Por su atención a todos ustedes, muchas gracias.
Gracias, diputado Rubén García.
Esta Presidencia considera el tema abordado y las participaciones de los señores
diputados de tal importancia, que se harán llegar a las autoridades del Ejecutivo
correspondientes.
LEY DE PESCA
Tiene el uso de la palabra, para presentar un
posicionamiento sobre las reformas a la Ley de Pesca, el diputado Rigoberto Romero Aceves,
del grupo parlamentario de Acción Nacional.
| El diputado
Rigoberto Romero Aceves: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras,
compañeros legisladores:
Para los diputados del Partido Acción Nacional es de vital importancia que se atienda el
desarrollo de la actividad pesquera de este país, que se definan mecanismos para
garantizar la preservación de las especies marinas y la organización de aquellos
ciudadanos que se dedican al oficio de la pesca, pesca que es parte fundamental de la
economía de este país, tanto porque se ubica en uno de los renglones importantes de
nuestras exportaciones, como porque forma parte importante de la vida de muchas de
nuestras comunidades asentadas en nuestras costas.
Es importante brindar seguridad jurídica a nuestros pescadores, seguridad jurídica
mediante normas que rijan la actividad pesquera en lo que se refiere a la interacción
entre el sector pesquero y la autoridad, para definir reglas claras de acceso,
aprovechamiento y preservación de los recursos pesqueros mexicanos.
También es necesario incorporar reglas claras, a fin de eliminar la competencia desleal
que ejercen embarcaciones no reguladas, al prestar el servicio de pesca deportiva de
manera clandestina y otros servicios más.
Es importante dar más claridad y ser más específico en las infracciones y en las
sanciones. Es necesario establecer diferencias en la gravedad de las mismas, distinción
en las agravantes y sancionar, de manera distinta a quienes violan la ley
sistemáticamente y de manera dolosa, de aquellos que de manera involuntaria o casual,
llegan a cometer una sanción.
También es importante establecer penas corporales en el Código Penal en Materia Federal,
a fin de que sean sancionadas aquellas personas que se dedican al contrabando de los
recursos pesqueros.
Obviamos involucrar en la toma de decisiones y en la solución de los problemas a las
autoridades estatales, municipales, a representantes de los pescadores junto con las
autoridades federales. También debemos establecer la descentralización en materia de
pesca mediante la creación de comités de pesquerías encargados de otorgar los permisos,
las autorizaciones y las concesiones para la captura.
Lo anterior, en virtud de que es innegable la problemática que implica el hecho de que
este sector enfrenta carencias de tipo jurídico que han provocado un abandono del sector
y por ende, han llevado a quienes practican esta actividad no sólo a una crisis de tipo
jurídico, sino a una crisis de tipo social. Ahí tenemos los fuertes conflictos por el
acceso al pulpo en Yucatán y los grandes conflictos de acceso al camarón en Sinaloa.
La ley que actualmente se encuentra vigente es escueta, únicamente habla de sanciones y
establece facultades a la autoridad; sin embargo transfiere al reglamento una gran
cantidad de normas que rigen la actividad pesquera; por lo que la actual ley, lejos de
regular la interacción entre el sector pesquero y la autoridad, más bien parece ser un
manual de operación de la subsecretaría de Pesca y un listado de sanciones.
Es importante que veamos por el desarrollo sincero, frontal y decidido por la acuacultura
y por la pesca en este país. Es importante que estas actividades no queden sometidas a
las decisiones discrecionales de los funcionarios de la subsecretaría de Pesca; valga
decir que esta ley promulgada el 25 de julio de 1992, no ha cumplido con las expectativas
de brindar seguridad jurídica a los pescadores y a sus familias.
Por ello y por la importancia del sector al que regula, requiere cambios fundamentales en
beneficio del desarrollo de la pesca en nuestro país.
Por lo antes expuesto, Acción Nacional considera viable la propuesta de reforma a la Ley
de Pesca presentada el 27 de abril de 1999; de contar con un padrón fotocredencializado
de pescadores; la matriculación de embarcaciones, pero sobre todo de contar con comités
de administración de pesquerías encargados de otorgar los permisos de pesca comercial,
ya que esto establece las bases para un desarrollo integral de este sector, procurando
certeza jurídica que conlleva al medio idóneo para subsanar el rezago actual.
Estas reformas amplían el contexto legal, procurando más claridad rescatando del
reglamento muchas de las normas que se encuentran en él y deberían de estar en la propia
ley para darle mayor jerarquía y acción.
Es el caso que a más de un año que se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de
Pesca y al Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común para toda la
República en Materia Federal, se ha rebasado el tiempo legal que como plazo concede el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, para que las comisiones respectivas de esta Cámara, presenten su
dictamen en los negocios de su competencia.
En tal virtud, solicito respetuosamente a esta Presidencia, que una vez que sean
conformadas las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos, se envíe la presente intervención a las mismas a efecto de
las consideraciones pertinentes para el dictamen hasta hoy pendiente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Roberto Romero Aceves.
Esta Presidencia obsequia su pedimento y en cuanto queden constituidas las comisiones
mencionadas se les hará llegar su intervención.
Honorable Asamblea, los puntos sobre posicionamiento, sobre reformas a la Ley de Fomento
Cooperativo, a petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se retira,
del orden del día y se transfiere, para un futuro.
Igualmente el pronunciamiento con relación al Estado de Chiapas, a petición del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se transfieren a otra sesión
futura.
Pido a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Señor Presidente, le informo que se han agotado
los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 21 de septiembre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México invita a la ceremonia cívica que con
motivo del CLXXIX aniversario de la Consumación de la Independencia Nacional, tendrá
lugar el 27 de septiembre a las 10:00 horas, en la delegación Azcapotzalco.
Iniciativa de diputados
De reformas a los artículos 26 párrafo segundo y 72 párrafo primero, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Partido
Político de la Alianza Social. (Turno a comisión.)
Comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, para el análisis del VI Informe de
Gobierno en materia de política social.
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
| El
Presidente (a las 15:27 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para la
que tendrá lugar mañana jueves 21 de septiembre a las 10:00 horas, encareciendo su
puntualidad.
- Tiempo de duración: 4 horas 42 minutos.
- Quorum a la apertura de sesión: 312 diputados.
- Asistencia al cierre de registro: 433 diputados.
- Punto de acuerdo aprobado: 1.
- Proyecto de punto de acuerdo: 1.
- Oradores en tribuna: 36
PRI-10; PAN-12; PRD-5; PVEM-3; PT-2; PSN-3; CDPPN-1.
Se recibió:
- 1 comunicación del Congreso del Estado de Baja California.
- 1 comunicación del Congreso del Estado de Chihuahua.
- 1 comunicación del Congreso del Estado de Nuevo León.
- 1 comunicación del Congreso del Estado de Quintana Roo.
- 1 iniciativa del PRD.
|
|
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético) |
- Alcocer Flores, Juan (PAN)
- Calzada Padrón, Feliciano (PRI)
- Cobo Terrazas, Diego (PVEM)
- Cortés López, Raquel (PRD)
- Duarte Jáquez, César Horacio (PRI)
- Dueñas Llerenas, J. Jesús (PAN)
- Escobar y Vega, Arturo (PVEM)
- García Farías, Rubén (PRI)
- Graniel Campos, Adela del Carmen (PRD)
|
Tema
Estado de Guanajuato. En relación con una planta de
plaguicidas en Salamanca, Guanajuato donde se produjo accidente, el pasado 12 de
septiembre.
Juicio Político. Respecto de las denuncias de juicio político que no se han resuelto en
la subcomisión de examen previo, de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Justicia.
Estado de Guanajuato. En relación con una planta de plaguicidas en Salamanca, Guanajuato
donde se produjo accidente, el pasado 12 de septiembre.
Proposición con proyecto de punto de acuerdo en relación con las personas vulnerables, a
fin de garantizar que los trabajadores discapacitados de la Cámara de Diputados, cuenten
con la seguridad de seguir en sus puestos.
Presenta punto de acuerdo sobre los efectos de la sequía en la zona norte del país y
solicita programas de urgencia para resolver el problema.
Sequía en la zona norte del país y solicita programas de urgencia para resolver el
problema.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Estado de Guanajuato. En relación con una planta de plaguicidas en Salamanca, Guanajuato
donde se produjo accidente, el pasado 12 de septiembre.
Juicio Político. Solicita excitativa a las comisiones de Gobernación, Población y
Seguridad Pública, y a la de Justicia y Derechos Humanos, respecto de las denuncias de
juicio político que no se han resuelto en la subcomisión de examen previo, de las
comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia |
- Gutiérrez Dávila, Francisco Hugo (PAN)
- Herrera y Bruquetas, Angel Enrique (CDPPN)
- Huerta Díaz, Mauro (PAN)
- Lozano Pardinas, José Tomás (PAN)
- Moctezuma Lule, María Cristina (PVEM)
- Narro Céspedes, José (PT)
- Novales Arellano, José Luis (PAN)
- Novales Arellano, José Luis (PAN)
- Núñez Monreal, Magdalena del Socorro (PRD)
- Pavón Jaramillo, Laura Hermelinda (PRI)
- Payán Novoa, Manuel (PRI)
|
Tema
Sequía en la zona norte del país y solicita programas de
urgencia para resolver el problema.
Medios de Comunicación. sobre los programas de televisión llamados talk shows.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Medios de Comunicación. Proyecto de punto de acuerdo, sobre los programas de televisión
llamados talk shows.
Medios de Comunicación, sobre los programas de televisión llamados talk shows.
Iniciativa que reforma los artículos 54, 116 y 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, referente al establecimiento de la proporcionalidad directa en
la conformación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de las Legislaturas
de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Medios de Comunicación, sobre los programas de televisión llamados talk shows.
Sequía en la zona norte del país y solicita programas de urgencia para resolver el
problema |
- Pérez Noriega, Fernando (PAN)
- Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI)
- Regis Adame, Juan Carlos (PT)
- Riojas Santana, Gustavo (PSN) en 2 ocasiones
- Romero Aceves, Rigoberto (PAN)
- Salinas Torre, Armando (PAN)
- Simental García, Bertha Alicia (PSN)
- Solís Acero, Felipe (PRI) en 2 ocasiones
- Torres Mercado, Tomás (PRD)
- Urías Germán, Gregorio (PRD)
- Vaca Betancourt Bretón, José Sergio Rodolfo (PAN)
|
Tema
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, sobre los diputados electos por el sistema de representación proporcional de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Estado de Guanajuato, en relación con una planta de plaguicidas en Salamanca, Guanajuato
donde se produjo accidente, el pasado 12 de septiembre.
Sequía en la zona norte del país y solicita programas de urgencia para resolver el
problema.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Ley de Pesca. Respecto a la iniciativa de reformas a dicha ley, presentada el 27 de abril
de 1999.
Discapacitados. En relación con las personas vulnerables, a fin de garantizar que los
trabajadores discapacitados de la Cámara de Diputados, cuenten con la seguridad de seguir
en sus puestos.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Sequía en la zona norte del país y solicita programas de urgencia para resolver el
problema.
Sequía en la zona norte del país y solicita programas de urgencia para resolver el
problema.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. |
- Valenzuela Cabrales, Carlos Alberto (PAN)
- Vázquez Castillo, Jaime (PRI)
- Vázquez Castillo, Jaime (PRI)
|
Tema
Juicio Político. Respecto de las denuncias de juicio
político que no se han resuelto en la subcomisión de examen previo, de las comisiones
unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre los diputados
electos por el sistema de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
BC
CNA
CRICP
DF
Fertimex
Fobaproa
IEDF
IFE
INEGI
OIT
ONU
PAN
PRD
PRI
Procampo
Profepa
PVEM
Renave
S.A. de C.V.
Sagar
Secofi
Semarnap
SN
TV |
Baja California
Comisión Nacional del Agua
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política
Distrito Federal
Fertilizantes Mexicanos
Fondo Bancario de Protección al Ahorro
Instituto Electoral del Distrito Federal
Instituto Federal Electoral
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas
Partido Acción Nacional
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Programa de Apoyos Directos al Campo
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Partido Verde Ecologista de México
Registro Nacional de Vehículos
Sociedad Anónima de Capital Variable
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Sin número
Televisión |
|