|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de
esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 322 diputados.
Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.
| El
Presidente (a las 10:50 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer
Año.- LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 26 de septiembre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.
De reformas a la fracción IV del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a
comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo para que comparezca el presidente del INEGI, Antonio Puig Escudero, a
cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la privatización de Cintra, a cargo del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para formular una invitación para asistir al Congreso Nacional de
Mujeres hacia la Reforma del Estado, a cargo del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo.
Con punto de acuerdo para solicitar los apoyos necesarios para auxiliar a la zona de La
Laguna y seis municipios de Nayarit, que fueron seriamente afectados por las lluvias, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Excitativa
A la Junta de Coordinación Política, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno.)
Agenda política
Pronunciamiento sobre intervenciones telefónicas, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Pronunciamiento sobre la marcha continental de los pueblos indígenas, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comparecencia del procurador General de la República, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar,
análisis al VI Informe de Gobierno. Política Interior.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta,
tomando en consideración que ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de
los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta
a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en
consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los
grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
jueves veintiuno de septiembre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las
diez horas con cuarenta y siete minutos del jueves veintiuno de septiembre de dos mil, con
la asistencia de trescientos sesenta y dos diputados, el Presidente declara abierta la
sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión
anterior, en sus términos, en votación económica.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México invita a la ceremonia cívica
conmemorativa del centésimo septuagésimo nono aniversario de la Consumación de la
Independencia Nacional. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
El diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social, presenta
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos veintiséis y setenta y dos,
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A nombre del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Rodolfo González Guzmán
presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para referirse a la Ley de Desarrollo Rural, se concede el uso de la palabra a los
diputados: Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; Rosa Delia
Cota Montaño, del Partido del Trabajo; Francisco Javier Flores Chávez, del Partido
Acción Nacional y Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario
Institucional.
El Presidente informa que arribaron al Palacio Legislativo un grupo de alcaldes del Estado
de México y designa una comisión para recibirlos en el vestíbulo y atenderlos en el
salón de protocolo.
Expresa sus opiniones sobre el funcionamiento de la mesa directiva, el diputado Rafael
Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente agenda este asunto para el próximo lunes a las diecisiete horas en la
reunión de la Conferencia para la Dirección y Organización de los Trabajos
Legislativos.
Hablan en relación con el juicio político en contra del gobernador del Estado de
Tabasco, los diputados: David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución
Democrática; Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; José Manuel del
Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Carlos
Valenzuela Cabrales, del Partido Acción Nacional y Jesús de la Rosa Godoy, del Partido
Revolucionario Institucional.
A las doce horas con quince minutos, se decreta un receso.
A las doce horas con treinta y nueve minutos, se reanuda la sesión.
Desde su curul, el diputado Feliciano Calzada Padrón solicita que se eliminen dos líneas
de su intervención en la sesión de ayer y el Presidente accede y da instrucciones a la
Secretaría.
Comparecencia del secretario de Desarrollo Social, doctor Carlos Jarque Uribe, para el
análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de política social.
El Presidente informa que en el salón de recepciones se encuentra el Secretario de
Desarrollo Social y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe hasta el
lugar que se le ha asignado.
El Presidente da la bienvenida al Secretario de Desarrollo Social y a fin de iniciar el
análisis del Sexto Informe de Gobierno, hace uso de la palabra el secretario de
Desarrollo Social, doctor Carlos Jarque Uribe, e inmediatamente después, para expresar la
posición de sus grupos parlamentarios, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del
Partido del Trabajo;
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde
Ecologista de México; Rodrigo Carrillo Pérez, del Partido de la Revolución
Democrática; José Gaudencio Víctor León Castañeda, del Partido Acción Nacional y
David Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional.
Hace uso de la palabra el Secretario de Desarrollo Social, para comentar las posiciones de
los grupos parlamentarios.
En el primer turno de preguntas y respuestas, hablan los diputados Rosa Delia Cota
Montaño, del Partido del Trabajo; Nicasia García Domínguez, del Partido Verde
Ecologista de México, quien expresa un saludo en otomí; Emilio Ulloa Pérez, del Partido
de la Revolución Democrática; Roger Antonio González Herrera, del Partido Acción
Nacional y José Feliciano Moo y Can, del Partido Revolucionario Institucional, quien
analiza su intervención con palabras en maya y a quienes el Secretario de Desarrollo
Social da respuesta.
Aprovechan su derecho de réplica, a nombre de sus respectivos grupos parlamentarios, los
diputados Cota Montaño, García Domínguez, Ulloa Pérez, Gumercindo Alvarez Sotelo, en
el turno del diputado González Herrera y Alberto Amador Leal, en el turno del diputado
Moo y Can.
Durante el segundo turno de preguntas y respuestas, hacen uso de la palabra los diputados:
Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Esveida Bravo Martínez, del Partido
Verde Ecologista de México; Víctor Hugo Cirigo Vázquez, del Partido de la Revolución
Democrática; Silvia América López Escoffie, del Partido Acción Nacional y Salvador
Castañeda Salcedo, del Partido Revolucionario Institucional, a quienes responde el
Secretario de Desarrollo Social.
Aprovechan su derecho a réplica, los diputados: Peredo Aguilar, Bravo Martínez; José
Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, a
quien el diputado Cirigo Vázquez cede su turno; Salvador López Orduña y Hortensia
Enríquez Ortega, estos dos últimos en los turnos de los diputados López Escoffie y
Castañeda Salcedo.
Para terminar con la comparecencia, se concede el uso de la palabra al doctor Carlos
Jarque Uribe y al terminar, el Presidente expresa un mensaje institucional y ordena que,
conforme a los mandatos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la versión estenográfica de ésta sesión se remita al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, para su conocimiento.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con diez
minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veintiséis de septiembre de dos mil,
a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada,
señor Presidente.
LEY DE COORDINACION FISCAL
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.- II Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.- Presentes.
Por este conducto, nos permitimos comunicar a usted que el pleno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy,
aprobó el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Esta Asamblea Legislativa
acuerda que por medio de la mesa directiva se turne a la Cámara de Diputados, la
propuesta de análisis para reformar la fracción IV del artículo 25 de la Ley de
Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.
V a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Lo que nos permitimos hacer de su conocimientos para los efectos a que haya lugar.
Reitero a ustedes, mi atenta y distinguida consideración.
Recinto Legislativo, a 21 de septiembre de 2000.- Por la mesa directiva.- Diputado Jaime
Miguel Moreno Garavilla, presidente.»
«Diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, presidente de la mesa directiva.- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 base primera fracción V inciso ñ de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17 fracción V de la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, artículo 71 del Reglamento
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del D.F. y en términos de lo
dispuesto por el artículo 115 de este último ordenamiento, los diputados abajo firmantes
ponemos a consideración de esta Asamblea un punto de acuerdo al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. El 29 de diciembre de 1997
se adicionó a la Ley de Coordinación Fiscal el Capítulo V con los artículos 25 al 42,
que tratan de los fondos de aportaciones federales, dentro de los cuales se incluyó al
Distrito Federal.
Segundo. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 1998, en vigor a partir del 1o. de enero de 1999 se reformó el artículo 25
en su fracción IV, en virtud de la cual se excluyó al Distrito Federal del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimientos de los Municipios.
CONSIDERANDOS
El Gobierno del Distrito Federal ha venido
fortaleciendo gradualmente sus atribuciones, pero el centralismo económico priva aún a
esta ciudad de la aplicación de medidas de promoción y desarrollo que tienen los
gobiernos de los estados.
Es por esto que consideramos pertinente solicitar al honorable Congreso de la Unión que
realice una reforma a la fracción IV del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal,
a efecto de incluir a las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal
en el fondo en mención.
Con esta reforma se pretende dotar a los próximos jefes delegacionales de recursos que
beneficien directamente a sus habitantes al hacer a estos últimos partícipes en la
aplicación y vigilancia de las obras y acciones a realizar.
Debemos exigir que la distribución de los recursos tributarios nacionales se hagan
conforme a criterios de justicia, equidad y suficiencia para el adecuado cumplimiento de
las responsabilidades que deben cumplir las esferas locales.
En vísperas de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año
2001, es urgente plantear oportunamente la reforma que se propone
PUNTO DE ACUERDO
Respecto al artículo 25 fracción IV de la Ley de
Coordinación Fiscal.
Unico. Esta Asamblea Legislativa acuerda que por medio de la mesa directiva se
turne a la Cámara de Diputados la propuesta de análisis para reformar la fracción IV
del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes
términos:
"Artículo 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.
V a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
México, Distrito Federal, a 21 de septiembre de 2000.- Treinta y ocho rúbricas.»
La iniciativa enviada por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA
El siguiente punto del orden del día es
presentación de iniciativas.
Se concede la palabra al diputado Guillermo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
| El diputado
Ricardo Moreno Bastida: |
«Iniciativa de decreto que reforma y adiciona
los artículos 73, 76, 89 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55 fracción II, 62 y demás relativos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
los suscritos diputados firmantes, pertenecientes al grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática de la LVIII Legislatura Federal, sometemos a la consideración de
esta honorable soberanía, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos
73, 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
conformidad a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El proceso de transición democrática en el que está
inserto México requiere abrir cada vez más canales de participación del Congreso de la
Unión, en la designación de servidores públicos que por la complejidad de asuntos que
les toca atender trascienden una sola esfera de poder.
Es el caso del Procurador General de la República para cuyo nombramiento se ha transitado
en el siglo que termina, de la designación y remoción caprichosa por parte del Ejecutivo
Federal a una participación del Senado de la República.
En doctrina se dice que la Cámara de Senadores es resguardante del pacto federal y que en
la Cámara de Diputados está la representación del pueblo.
Pensamos que tanto una como otra Cámara deben intervenir en el nombramiento del
Procurador General de la República, dado lo delicado de los asuntos que le compete
atender.
El Procurador General de la República es el titular del Ministerio Público Federal,
quien tiene bajo su responsabilidad la investigación y persecución de los delitos del
fuero federal, es además el representante del interés social.
Ganar a favor de la autonomía del Ministerio Público, es ganar a favor del estado de
derecho y en consecuencia contra la impunidad. Esta iniciativa se inscribe en ese
esfuerzo.
La institución del Ministerio Público ha cambiado a lo largo de la historia del país.
En la Constitución de 1824, el Procurador General como cabeza del Ministerio Público, de
acuerdo con la tradición española, formó parte de la Suprema Corte de Justicia y era
electo de la misma forma que los magistrados de esta última, de acuerdo con lo está
establecido por los artículos 124, 127 y 140 de la Constitución Federal del 4 de octubre
de 1824, los que le daban la denominación tradicional de fiscal.
La Constitución Federal del 5 de febrero de 1857, establecía en su artículo 91 que:
"la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 11 ministros propietarios, cuatro
supernumerarios, un fiscal y un procurador general", los que eran electos de manera
indirecta en primer grado por un periodo de seis años.
Las atribuciones de estos dos funcionarios adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación fueron precisadas en el reglamento del citado alto tribunal, expedido por el
presidente Benito Juárez en 1862, en el cual se dispuso que el fiscal debería de ser
oído en todas las causas criminales o de responsabilidad, en los negocios relativos a la
jurisdicción y competencia de los tribunales y en las consultas sobre dudas de ley,
siempre que él lo pidiera y la Corte lo estimara oportuno; por lo que respecta al
Procurador General, éste debía intervenir ante la Corte en todos los negocios en que
estaba interesada la Hacienda Pública, sea porque se discutieran sus derechos o se
tratara del castigo de sus empleados o agentes de manera que se afectaran los fondos de
los establecimientos públicos.
Como puede observarse, primero el fiscal y el Procurador General que formaban parte de la
Suprema Corte de Justicia, no tenían facultades de Ministerio Público en sentido
estricto, sino de representación de los intereses nacionales y la procuración de la
impartición de justicia, por lo que se les colocaba dentro del Poder Judicial.
Sin embargo, el 22 de mayo del año de 1900 se reformó la Constitución General de la
República, para excluirlos de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a efecto de que sean nombrados por el Ejecutivo Federal. Este cambio, se dio
durante la dictadura de Porfirio Díaz, asesorado por el grupo conocido como los
"científicos", quienes estaban influenciados por la organización del
Ministerio Público Francés. De esta manera, se fortaleció el Poder Ejecutivo y se
debilitó el equilibrio de poderes.
En la Constitución de 1917, se mantuvo la designación y remoción libre del Procurador
General de la República hasta diciembre de 1994, donde se le otorgó al Senado la
facultad de ratificar o negar el nombramiento que haga de dicho funcionario el Presidente
de la República.
En el año de 1932 se dio un importante debate en el Congreso Jurídico Mexicano, entre el
jurista Luis Cabrera y el entonces procurador General de la República, Emilio Portes Gil.
Cabrera señaló la importancia de distinguir la competencia del Ministerio Público, las
de representación social y asesoría, considerándolas incompatibles y propuso que la
representación social recayera sobre un fiscal general de carácter autónomo, es decir,
independiente del Ejecutivo Federal y las de asesoría, en un procurador. Por otro lado,
Portes Gil defendió la unidad en la competencia del procurador establecida por la
Constitución. Este debate ha sido superado, en el sentido de que el procurador ya no es
el consejero jurídico del Presidente, pero debe recuperarse la idea de un fiscal general
e independiente del Ejecutivo que represente a los intereses de la sociedad.
En los ordenamientos latinoamericanos se tiende a separar las funciones del Ministerio
Público, las de asesoría y las de representación jurídica del Gobierno ante los
tribunales. Un ejemplo evidente se encuentra en la Constitución Venezolana de 1961, en
sus artículos del 200 al 218 que dispone que el titular de la Procuraduría General de la
República es nombrado por el Presidente de la República con aprobación del Senado
Federal, con las funciones de representar y defender judicial y extrajudicialmente los
intereses patrimoniales de la República y asesorar jurídicamente a la Administración
Pública Federal. Por el contrario, el Ministerio Público está a cargo y bajo la
dirección del Fiscal General de la República y designado por las cámaras reunidas del
Congreso Federal. El ejemplo de Venezuela se ha seguido en las constituciones de Colombia,
El Salvador y Paraguay.
En la exposición de motivos de la reforma al artículo 102 de 1994, se argumentó:
"que en el ámbito de la procuración de justicia, la Procuraduría General de la
República debe consolidarse como protectora de los intereses de la Federación y
fortalecer su carácter de representante de la sociedad y su capacidad para perseguir los
delitos. En este sentido, un paso decisivo es dotar a este órgano de una mayor
legitimidad republicana, al someter la designación de su titular a la aprobación del
Senado". La misma exposición afirma que: "debido a que la Constitución le
otorga al Procurador General de la República el carácter de representante de los
intereses de la nación en las materias de juicio de amparo y las controversias y las
acciones de inconstitucionalidad, se hace necesario someter al nombramiento que haga el
Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República".
El Procurador en su calidad de titular del Ministerio Público tiene la encomienda de la
defensa de los intereses nacionales ante los tribunales.
El Ministerio Público es una institución de buena fe, que representa los intereses de la
sociedad; por lo que necesitamos un Procurador de Justicia que sea fruto de la reflexión
serena de dos poderes de la Union.
En este mismo sentido, para legitimar el nombramiento del titular del Ministerio Público
se necesita la participación de la Cámara de Diputados, ya que ella representa los
intereses de los mexicanos.
Quien ocupe el cargo de procurador deberá tener experiencia y la calidad moral para
cumplir con las formalidades legales y cualidades necesarias para hacer cumplir los
principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia.
México necesita de un procurador con la independencia suficiente para combatir la
delincuencia e impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país. Por ello, en esta
iniciativa se propone que para el nombramiento del procurador, se conozcan las opiniones
jurídicas y los antecedentes de los propuestos, para que el Congreso de la Unión decida
al respecto.
Planteamos con esta iniciativa, la modificación de cuatro artículos constitucionales:
73, 76, 89 y 102. Con las modificaciones propuestas trasladamos la facultad exclusiva del
Senado, de ratificar el nombramiento del procurador, a una facultad concurrente de ambas
cámaras, mediante un procedimiento similar al de la elaboración de una ley que deberá
precisarse en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
contendrá las siguientes etapas.
1. La propuesta podrá presentarse en cualquiera de las cámaras indistintamente.
2. Cada Cámara resolverá al respecto por mayoría simple y en caso de no aprobarse en la
Cámara de origen se devolverá al Ejecutivo Federal para el efecto de que formule un
nuevo nombramiento, en caso de aprobarse el nombramiento se turnará la minuta a la
colegisladora para que resuelva dentro del ámbito de su competencia.
3. En caso de que la Cámara revisora rechace el nombramiento originalmente aprobado, lo
remitirá de inmediato al Ejecutivo Federal para los efectos a que se refiere el numeral
anterior.
4. De conformidad con el artículo 128 constitucional, el Procurador General deberá
prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ellas emanen ante ambas
cámaras en forma sucesiva; primeramente lo hará en la Cámara origen del nombramiento.
Con la aprobación de esta iniciativa estaremos dando pasos firmes hacia la concreción de
una auténtica reforma del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforma y adiciona los artículos 73,
76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se reforman y adicionan los artículos 73, 76, 89 y 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a la XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXXI. Ratificar el nombramiento que haga el Presidente de la República del Procurador
General de la República de conformidad con la ley de la materia.
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de los ministros,
agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos
que la ley disponga;
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I a la VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Designar con ratificación del Congreso de la Unión, al Procurador General de la
República.
Artículo 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán
nombrados y removidos por el Procurador General de la República, de acuerdo con la ley
respectiva, el Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador
General de la República.
El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de la República,
designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Congreso o en sus
recesos de la Comisión Permanente. Para ser procurador se requiere:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la
designación; contar, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de
licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
doloso.
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quedan derogadas las disposiciones opuestas al presente decreto.
Tercero. El procedimiento para la ratificación del Procurador General de la
República a que se refiere el presente decreto, se precisará en la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contendrá cuando menos las
siguientes etapas:
1. La propuesta podrá presentarse en cualquiera de las cámaras indistintamente.
2. Cada Cámara resolverá al respecto por mayoría simple y en caso de no aprobarse en la
Cámara de origen se devolverá al Ejecutivo Federal para el efecto de que formule un
nuevo nombramiento, en caso de aprobarse el nombramiento se turnará la minuta a la
colegisladora para que resuelva dentro del ámbito de su competencia.
3. En caso de que la Cámara revisora rechace el nombramiento originalmente aprobado, lo
remitirá de inmediato al Ejecutivo Federal para los efectos a que se refiere el numeral
anterior.
4. De conformidad con el artículo 128 constitucional, el Procurador General deberá
prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ellas emanen ante ambas
cámaras en forma sucesiva; primeramente lo hará en la Cámara origen del nombramiento.
Atentamente.
México, D.F., a 26 de septiembre de 2000.- Diputado Ricardo Moreno Bastida.»
La iniciativa presentada por el diputado Ricardo
Moreno se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA,
GEOGRAFIA E INFORMATICA
En el siguiente punto del orden del día,
presentación de proposiciones, se concede el uso de la palabra al diputado Félix
Castellanos Hernández, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar
una proposición con punto de acuerdo para que comparezca el presidente del INEGI, Antonio
Puig Escudero.
| El diputado
Félix Castellanos Hernández: |
Con la venia de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, somete a la consideración del pleno de
esta soberanía, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el
siguiente punto de acuerdo para que sea considerado como de urgente y obvia resolución
por el que se solicita la comparecencia ante el pleno de esta Cámara de Diputados al
doctor Antonio Puig Escudero, presidente del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
El propósito de su comparecencia es para que explique por qué razón incumplió con
normas constitucionales y laborales que causaron daño y perjuicio a los trabajadores del
citado instituto, además de la acusación que le hacen los trabajadores de que existió
desvío de recursos federales dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Solares Urbanos, conocido como el Procede.
El problema laboral que viven los trabajadores del INEGI no es nuevo; se remonta a la
reforma del artículo 27 constitucional, que exigía para su implementación la
contratación de una suma considerable de empleados que ejecutaran los trabajos
técnico-operativos con el fin de realizar un levantamiento topográfico de las tierras
ejidales y solares urbanos dentro del país, cuya finalidad consistía en conseguir la
certificación de los citados núcleos agrarios.
Con la incorporación de los empleados que realizaron el citado levantamiento, se les
informó que quedaban a disposición del INEGI las 24 horas del día por periodos hasta de
90 días continuos. Sin embargo, las autoridades del instituto omitieron deliberadamente
el pago de diversas prestaciones laborales, entre ellas se encuentran el tiempo
extraordinario, las primas sabatinas y dominicales, así como el incumplimiento de las
condiciones generales de trabajo al grado de dejarlos en el desamparo del régimen
obligatorio del ISSSTE, con lo cual no tienen el derecho a jubilaciones y pensiones ni al
Fondo de la Vivienda, todas ellas consagradas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
El monto aproximado por dejar fuera de los servicios de seguridad social a los empleados
rebasaría en este momento la cantidad de 2 mil 500 millones de pesos, por citar sólo una
cifra conservadora.
En la actualidad, el titular del INEGI ofrece un programa de liquidación a los
trabajadores consistente en tres meses de salario, más 20 días por cada año de
servicio, aun cuando dentro del país más de 8 mil 500 ejidos no han sido certificados.
Sólo 3 mil 500 de éstos han sido inscritos al Programa de Certificación.
Si el titular del INEGI no cuenta con facultades legales para dar por terminado el
Programa de Certificación de los Núcleos Ejidales ni mucho menos para liquidar
trabajadores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo formula las siguientes
preguntas.
¿De dónde provienen los recursos que el titular de la entidad señalada está ocupando
para liquidar trabajadores del INEGI?
¿Bajo qué criterios legales se basó el responsable del INEGI para no cubrir el régimen
obligatorio del ISSSTE?
¿Por qué razón el Presidente del INEGI obliga, bajo presión, a los trabajadores a
desistirse de las demandas laborales en su contra a través del programa de liquidación?
¿Por qué incumplió con las normas de la Secretaría de Hacienda en lo relativo a
viáticos nacionales?
Creemos que estas preguntas son cruciales que las responda el licenciado Puig Escudero,
porque con ello esta soberanía tendrá los elementos necesarios para poder definir su
postura con respecto a este grave problema laboral y presupuestal que afecta no sólo a
los empleados activos y despedidos del INEGI, sino también aclarar el asunto del desvío
de recursos que pesa sobre el titular del citado instituto.
Compañeras y compañeros diputados: por todas las consideraciones expuestas esta
soberanía tiene la obligación legal y política de tomar cartas en el asunto. Por ello
nuestro grupo parlamentario solicita a esta Asamblea, con fundamento en lo que disponen
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos el siguiente punto, con carácter de urgente y obvia
resolución:
"Artículo 1o. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
cita a comparecer al Presidente del INEGI para que explique ampliamente las
irregularidades que se han presentado en el despido de personal, así como la sistemática
violación de los derechos laborales y desvío de recursos públicos federales.
Por lo tanto, solicitamos a esta Cámara de Diputados y solicitamos a la Junta de
Coordinación turne a la comisión respectiva para que proceda lo que corresponde."
Es cuanto, señor Presidente.
Señor diputado, si me permite, para aclarar.
Usted ha tocado la urgente y obvia resolución y ha solicitado se turne de inmediato a
comisión. ¿Cuál es el trámite que usted solicita de la Presidencia? ¿Que se turne de
inmediato a comisión?
| El diputado
Félix Castellanos Hernández: |
Así es.
Muy bien, señor diputado.
La proposición planteada por el diputado Félix Castellanos Hernández, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, se turna a la Comisión de Gobernación, Población
y Seguridad Pública.
Gracias, señor diputado.
CORPORACION INTERNACIONAL
DE TRANSPORTE AEREO
Para presentar una proposición con punto de
acuerdo sobre la privatización de Cintra, se concede el uso de la palabra a la diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
La diputada
María Alejandra Barrales
Magdaleno: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras y
señores diputados:
"A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vengo a
exponer a ustedes, como punto de acuerdo, lo referente a la Corporación Internacional del
Transporte Aéreo. Para ello me voy a permitir hacer del conocimiento de ustedes algunos
antecedentes.
Por el año de 1989, en este país, cuando apenas se iniciaban los procesos de
privatización, fue precisamente en nuestras aerolíneas mexicanas en donde este proceso
empezó a tomar mayores dimensiones. Recordaremos entonces la quiebra de la llamada
Aeronaves de México, recordaremos también el proceso de privatización de Mexicana de
Aviación.
En aquellos años dicho proceso se vendió como la única salida y el mejor proyecto para
tener una aviación mexicana fuerte y competitiva para salvaguardar las fuentes de empleo.
No obstante a esos esfuerzos de privatización y a todos los sacrificios de los que fueron
objeto los trabajadores, años después, en 1994, nuestra aviación mexicana vuelve a
entrar en crisis y se vuelve a exhortar a los trabajadores, a los empresarios y también
con un esfuerzo importante del Gobierno para que se genere, como medida de emergencia, la
conformación de lo que actualmente es el grupo Cintra, la Corporación Internacional del
Transporte, en donde se obliga a trabajar o a formar parte de este corporativo a las dos
aerolíneas más grandes de nuestro país, Aerovías de México, Mexicana de Aviación y
seis aerolíneas más regionales.
Se dice que la conformación de Cintra se genera nuevamente como la mejor opción para
tener una aviación mexicana fortalecida y como la mejor opción para tener una aviación
mexicana competitiva y con la posibilidad de penetrar al mercado internacional.
Desde 1994 a la fecha este esfuerzo conformado en Cintra precisamente ha cobrado frutos,
ha sido un esfuerzo exitoso, han crecido nuestras aeronaves mexicanas, nos hemos
posicionado en espacio aéreo internacional.
Actualmente el grupo Cintra cuenta con una participación importante accionaria de parte
del Gobierno, una participación importante también de la iniciativa privada y por
supuesto cuenta con el apoyo y el esfuerzo de los trabajadores.
No obstante a todos estos esfuerzos y una vez robustecida, fortalecida, nuestra aviación
nacional, es en este momento cuando la Comisión Federal de Competencia, liderada por
Fernando Sánchez Ugarte, amenaza permanentemente con la desincorporación o la
separación del grupo Cintra, en esta ocasión argumentando que todo este corporativo en
este momento se convierte en un monopolio en nuestro país, acusando también a todo este
corporativo de generar prácticas que ponen en riesgo la salud y la competencia del
mercado nacional o en el mercado nacional.
A todo ello vemos con preocupación esta visión absolutamente miope de parte de la
Comisión Federal de Competencia, en donde con alarma se percibe o con preocupación se
percibe que las aerolíneas mexicanas sean dominantes en territorio mexicano.
Mucho nos preocupa que se desconozca qué es lo que sucede en el resto del mundo, en donde
se legisla específicamente para generar lo que se conoce como vacunas antimonopólicas y
buscar con ello que el sector aéreo de cada país sea reconocido como un sector
estratégico, situación que en México no sucede. Por el contrario, podríamos citar
múltiples ejemplos en donde las aerolíneas nacionales son las predominantes en cada
región y en cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo cuatro aerolíneas se
reparten el mercado nacional.
En este momento, aun y con el esfuerzo de toda la aviación nacional mexicana, apenas
podemos contar con menos de 250 aeronaves. Por el contrario, una sola aerolínea, por
señalar sólo un nombre, United por ejemplo, cuenta con casi, 1 mil aeronaves, sólo una
aerolínea en este país.
Nos preocupa una decisión de esta naturaleza, en donde lo que se anteponga sea un
posicionamiento jurídico, en donde lo que se anteponga sea una alarma de monopolio y
sobre todo se hagan las cosas de manera irresponsable, en donde una decisión de esta
naturaleza nuevamente termine por vulnerar y poner en riesgo la aviación mexicana. Por
ello decimos que una decisión precipitada, una decisión de esta naturaleza, pudiera ser
justificante para iniciar con la apertura de cielos en nuestro país, para permitir que
aerolíneas extranjeras vinieran a utilizar las rutas nacionales, vinieran a comprar el
espacio aéreo mexicano.
Esto no sucede en ningún lugar del mundo y en los pocos países donde se ha permitido la
apertura de cielos, también iniciada o fomentada con posicionamientos o con acusaciones
con referencia a monopolios, la aviación nacional ha desaparecido y pudiera citar
recientemente el caso de Perú, en donde hoy día no existe aviación nacional.
Vemos con preocupación que una medida de esta naturaleza pudiera traer como consecuencia
que nuestras aerolíneas mexicanas se convirtieran en aerolíneas regionales y regresaran
aquellos tiempos en donde Aeroméxico y Mexicana, por ejemplo, estuvieran peleando por el
poco pasaje y por el reducido mercado nacional en una sola región de nuestro país.
Mucho nos preocupa también que ante la lucha interna que tuvieran que enfrentar nuestras
aerolíneas nacionales, se justificara la penetración de aerolíneas extranjeras, porque
damos por un hecho, como hoy sucede en el resto del mundo, que difícilmente aerolíneas
como Airfrance, United y muchas más de las que podríamos mencionar, difícilmente estas
aerolíneas las veríamos volando a Tapachula, a Minatitlán, a muchas otras regiones en
donde nuestras aerolíneas de manera responsable tienen un compromiso con todas estas
regiones.
Nos preocupa una decisión precipitada. Nos preocupa que la Comisión Federal de
Competencia, habiendo tenido tanto tiempo para tomar una decisión de esta naturaleza,
manifieste su urgencia para tomar esta decisión antes de que concluya la actual gestión
de este Gobierno.
Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Solicitamos que se recomiende a la Comisión
Federal de Competencia, organismo descentralizado y dependiente del Ejecutivo, que sus
penda el dictamen con referencia a la posible separación de las aerolíneas que conforman
actualmente Cintra y que se traslade su análisis a la siguiente administración pública,
por lo trascendente de esta decisión."
Por su atención, muchas gracias.
La proposición hecha por la diputada
María Alejandra Barrales Magdaleno, se turna a la Comisión de Comunicaciones y
Transportes.
CONGRESO NACIONAL DE MUJERES
"HACIA LA REFORMA DEL ESTADO"
Para presentar una proposición con punto de
acuerdo, que formula una invitación a asistir al Congreso Nacional de Mujeres hacia la
Reforma del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalía Peredo Aguilar,
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
| La diputada
Rosalía Peredo Aguilar: |
Con su permiso, señor Presidente; a los
secretarios de la mesa directiva de esta Cámara y a las compañeras y compañeros
diputados:
Diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sometemos a la
consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, la siguiente invitación, que las diputadas del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo formulan a los distintos grupos y fracciones parlamentarias, para que
designen una comisión que en representación de esta soberanía asistan al Congreso
Nacional de Mujeres hacia la Reforma del Estado, bajo las siguientes consideraciones:
La población femenina representa más del 50% de la población total del país y 52% del
padrón electoral federal. La mujer mexicana se desempeña con alta calidad profesional en
múltiples actividades que antes eran exclusivas de los varones.
Miles de familias mexicanas tienen como único sostén el esfuerzo y laboriosidad de la
mujer, ellas asumen en este caso el rol no sólo de proveedor de recursos sino también de
padre y madre.
Además, históricamente está comprobado el papel que las mujeres han desempeñado en la
historia de nuestro país, baste tan sólo citar, a manera de ejemplo, a Juana de Asbaje,
Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Carmen Serdán y
Natalia Ceniza, entre muchas miles.
Resulta innegable también la contribución de las mujeres a la consolidación y
perfeccionamiento de nuestro sistema democrático. Hoy las mujeres se desempeñan con
honestidad y eficiencia en las tareas públicas, trátese del ámbito del Poder Ejecutivo,
del Judicial y por supuesto del Legislativo, sea Federal o local.
De la misma forma las mujeres se desempeñan con honestidad y eficiencia en el ejido, en
la fábrica, en la escuela y en el deporte.
Porque representamos lo antes descrito y mucho más, consideramos que es conveniente que
las legisladoras participemos activamente en todos los foros que tengan qué ver con la
reforma del Estado. En primer lugar, para impulsar el sentir de la sociedad mexicana y, en
segundo lugar, para abrevar en concepciones y diseños diferentes de lo que para el país
se requiere.
La agrupación convocante plantea entre los objetivos que el Congreso debe alcanzar, lo
siguiente:
a) Contribuir a un proyecto de nación traducido en un estado moderno, libre,
democrático, equitativo, laico, incluyente, que fomente el respeto a la diversidad, el
ejercicio pleno de la ciudadanía y de los derechos humanos.
b) Impulsar la agenda feminista y del Movimiento Amplio de Mujeres, frente a los tres
poderes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los niveles Federal estatal y
municipal.
c) Construir un espacio plural de convergencia y causas comunes, articulado
nacionalmente,para la movilización de la sociedad y el impulso de iniciativas y acciones
que favorezcan el avance de nuestra agenda y que evite retrocesos en la participación
equitativa de las mujeres.
Como vemos, los objetivos del evento son coincidentes con los de las fuerzas políticas
aquí representadas; por ello, compañeras y compañeros legisladores y considerando que
aún no se encuentran integradas las comisiones que prevé el artículo 39 numeral dos de
la Ley Orgánica, específicamente la de equidad y género, proponemos que esta soberanía
designe, a propuesta de los correspondientes grupos y fracciones parlamentarias, a dos
legisladoras o una en su caso para que asistan en representación de esta Cámara a dicho
evento.
«Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones antes expuestas y con
fundamento en lo que dispone el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos lo siguiente
Artículo único. Diputadas federales del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
invitan a los distintos grupos y fracciones parlamentarias para que se designe una
comisión, que en representación de esta soberanía asistan al Congreso Nacional de
Mujeres hacia la Reforma del Estado, que tendrá verificativo en la Ciudad de México,
D.F. Los días 28, 29 y 30 de septiembre del año 2000.
La comisión designada informará al pleno de esta Cámara sobre el resultado de su
cometido.
Atentamente.
Rosalía Peredo, del Partido del Trabajo; Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la
Revolución Democrática; María Teresa Gómez Mont, del Partido Acción Nacional; María
Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México y Rosario Oroz Ibarra,
del Partido Revolucionario Institucional.»
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada.
Esta Presidencia quiere exhortar a los grupos parlamentarios para integrar una comisión
de compañeras diputadas que asistan al Congreso Nacional de Mujeres hacia la Reforma del
Estado.
Igualmente, a nombre de esta Cámara de Diputados se hacen votos por el éxito de este
evento, deseando que se cumplan cabalmente los objetivos para los cuales se convoca a las
mujeres mexicanas a hacer su aportación hacia la Reforma del Estado.
Una vez que hayan asistido las compañeras diputadas de los diferentes grupos
parlamentarios al Congreso, se solicitará que de manera plural redacten un informe y se
dé a conocer al pleno.
Para otro punto, tiene el uso de la palabra... Quiero confirmar si el punto de acuerdo
para solicitar los apoyos necesarios en auxilio de la zona de La Laguna y seis municipios
de Nayarit, ha sido efectivamente pasado a la próxima sesión. Es así.
El punto de acuerdo, la proposición con punto de acuerdo para solicitar apoyos necesarios
en auxilio de la zona de La Laguna y seis municipios de Nayarit se turna para el orden del
día de la próxima sesión.
COMISIONES ESPECIALES
Para presentar una excitativa, ha solicitado la
palabra el diputado Aldaurico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática.
Tiene el uso de la palabra.
El diputado
Aldaurico Hernández
Gerónimo: |
Con su permiso, señor Presidente.
Una de las tareas más importantes que cumple un Poder Legislativo, es la de fungir como
órgano de control político. Los congresos cumplen una función equilibradora con
respecto a los otros poderes; esta función, junto con la de ser un órgano legislativo e
instancia de representación popular, confluyen en la definición del Poder Legislativo.
Ninguna de estas funciones es menos que la otra, las tres caracterizan e identifican a las
cámaras.
Esto toma un sentido si consideramos que en México la división de poderes no ha sido un
ejercicio cotidiano y si además consideramos los amplios poderes que se han encomendado
al Presidente de la República, sean constitucionales o metaconstitucionales.
Por eso, en el Partido de la Revolución Democrática le asignamos un valor especial a las
tareas de vigilancia y de control que deben asumir los órganos legislativos.
Pensemos que si no hay equilibrio en el ejercicio gubernamental, no hay democracia
posible. Por eso, desde la primera sesión posterior a la de la instalación, el 5 de
septiembre del presente año, presentamos una propuesta con punto de acuerdo, en relación
al problema de las cajas de ahorro; la propuesta responde a un problema grave que ha sido
minimizado por la insensible tecnocracia pero que afecta a más de 400 mil ahorradores,
quienes teniendo poco, poco ahorran aun y cuando es todo su patrimonio y en su conjunto
resulta una no despreciable cantidad de dinero que están asegurando, entre comillas,
resulta en detrimento para quienes no son responsables de ilícito alguno.
En el punto se planteó crear una comisión especial de seguimiento a la problemática. La
propuesta concitó el apoyo de todos los grupos parlamentarios y se turnó a la Junta de
Coordinación Política, hasta ahora desconocemos su desahogo en dicha instancia.
En la segunda sesión, el 7 de septiembre de 2000 presentamos una propuesta con punto de
acuerdo para crear una comisión especial que se aboque a investigar los casos graves
ocurridos en Chimalhuacán, Estado de México, el 18 de agosto del año en curso.
El quebranto del orden legal en el municipio en gestión y en consecuencia en la entidad
no debiera admitir demora alguna en su atención. La propuesta se turnó también a la
Junta de Coordinación Política y concitó también un apoyo mayoritario. Sin embargo, a
la fecha desconocemos el desahogo que ha ordenado la Junta de Coordinación Política.
Con esta misma intención asumimos como lo que debe ser la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión en este proceso de transición, el 12 de septiembre del presente
año presentamos una propuesta con punto de acuerdo para la constitución de una comisión
especial que tenga como objetivo la investigación, observación y en su caso la denuncia
de irregularidades en el uso de los recursos federales durante el proceso electoral de
Tabasco.
Recientemente, en abierta violación a la Ley Electoral de Tabasco, el gobernador ha
puesto a la policía estatal a su cargo a resguardar la papelería electoral. Este
elemento, como otros más enturbian el ambiente de certidumbre, transparencia, legalidad
que debiera imperar cualquier proceso electoral, mas aun cuando nuestro país ha
manifestado decididamente su vocación por el fortalecimiento de nuestras instituciones
democráticas.
Consideramos necesario este punto de acuerdo, dado que con las elecciones en Tabasco
estarán jugándose las condiciones de la transición democrática con un sistema que se
niega a morir.
La propuesta también tuvo adjeciones mayoritarias y se turnó a la Junta de Coordinación
Política, hasta ahora también desconocemos el avance en su atención.
Oponerse o retrasar, como hasta ahora ha sucedido, la creación de una comisión especial
de la Cámara de Diputados, para que lleve a cabo su obligación constitucional de vigilar
que los recursos públicos federales se destinen exclusivamente para lo que fueron
destinados, significa un incumplimiento grave a la responsabilidad que los ciudadanos han
puesto en manos de esta soberanía.
El problema de que no se atiendan en la Junta de Coordinación Política, porque ni
siquiera se agendan los asuntos que le son turnados, deriva en un retraso en la oportuna
atención a los problemas que se pretenden solucionar.
Estos son sólo ejemplos de algunos asuntos que ni siquiera han merecido ser abordados.
Resolver la constitución de una comisión especial para darle seguimiento a las
elecciones en Tabasco, cuando ya se han realizado las mismas, no tiene sentido.
Acordar la integración de una comisión especial para darle seguimiento a los
acontecimientos del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, cuando se haya
incendiado todo el municipio, pierde eficacia; constituir una comisión especial para el
problema de los ahorradores de las cajas de ahorro, cuando hayan pasado semanas, meses,
años, tiempo en el que se agrava más el problema, volvería a ser inútil esfuerzo y
quizá el fraude estaría consumado.
No se puede seguir desatendiendo los mandatos de la mesa directiva.
Por ello hacemos desde esta tribuna un respetuoso llamado para que en la Junta de
Coordinación Política se aborden y se resuelvan los asuntos que le son turnados por la
mesa directiva y particularmente los tres a los que se han hecho referencia.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Auldarico.
Esta Presidencia, con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 de nuestro
Reglamento, exhorta a la Junta de Coordinación Política para que rinda dictamen sobre
los asuntos planteados a más tardar el día 29 de los corrientes.
INTERVENCIONES TELEFONICAS
En otro punto del orden del día para la agenda
política, han solicitado el uso de la palabra para hacer pronunciamientos sobre
intervenciones telefónicas, el diputado Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional; el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática y el diputado José Antonio Hernández Fraguas,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Ricardo Torres Origel.
| El diputado Ricardo Torres Origel: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
Transitar hacia la democracia significa también caminar hacia un verdadero estado de
derecho, en donde las facultades discrecionales y las atribuciones metaconstitucionales
dejen de ser la piedra de toque de una justicia selectiva, de una represión dirigida y de
una aplicación de la ley subordinada a los intereses políticos de un grupo en el poder.
Nadie puede estar por encima de la ley y menos aún bajo el supuesto de resguardar la
seguridad nacional empleando el espionaje telefónico en contra de quienes se oponen a un
modelo autoritario que los mexicanos rechazamos en las urnas.
Si bien sabemos que cualquiera puede husmear a otros con la adquisición por unos cuantos
pesos del equipo para hacerlo, los hechos recientes, ventilados en algunos medios de
comunicación, vienen solamente a confirmar una costumbre ilegal que conocida por todos
los mexicanos, nadie se atrevía a denunciar por el fundado temor a las consabidas
represalias del régimen.
La razón, compañeras y compañeros legisladores, me parece obvia: los micrófonos
ocultos, las grabaciones, las grabaciones de llamadas, las intervenciones de líneas
telefónicas y el fichero personal de todos los actores políticos, incluyéndose
posiblemente el nuestro, para exhibirlo cuando hiciera falta, como si se tratara de
criminales y todas esas condiciones a las que hoy le han dado en llamar el "espionaje
político", han sido denunciadas desde siempre y desde siempre han encontrado la
misma respuesta evasiva, las mismas promesas de investigación y los mismos gestos
admirados que rechazan la autoría intelectual o ejecutiva.
Las razones para ello también resultan claras. Este tipo de acciones ilegales,
tradicionalmente se han empleado contra los opositores al sistema y en contra de los
personajes que a algunos grupos de poder les han resultado incómodos.
Espionaje o no, tipificado formalmente, el método de husmear con tecnología avanzada se
ha convertido en la antesala de una represión fiscal de campañas, de intimidación, de
factores de inhibición, de estrategias de desprestigio personal y político.
Junto con mis compañeras y compañeros legisladores de todos los partidos políticos,
coincido en que éste es un hecho delictivo y deleznable, porque atenta directamente
contra el espíritu del Constituyente, al clarificar las premisas de cada una de las
garantías individuales.
Con los expertos en hermenéutica jurídica concuerdo en que existen grandes vacíos y
lagunas no contempladas en la ley, espacios que sin duda deberán orientar una parte
sustantiva de las iniciativas impulsadas por esta LVIII Legislatura.
Tenemos una doble exigencia: por una parte, garantizar el derecho a la información para
que éste sea un instrumento de transparencia de las acciones de Gobierno en manos de la
sociedad y paralelamente, ya que se trata del carácter inviolable de cualquier tipo de
comunicación privada, del derecho a la intimidad o a la privacía, implícitos en el
primer párrafo del artículo 16 de nuestra Carta Magna y ratificados por México en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos.
En efecto, si como han reiterado, tanto el director del Cisen, como el Secretario de
Gobernación, las funciones de ese organismo nunca han estado al servicio de algún
partido político ni para mantenerlo en el poder ni para darle acceso a él, me parece y
lo digo con todo respeto, que la fuerza de la representación plural de esta soberanía,
es necesaria para demandar puntual respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Quiénes son el o los responsables intelectuales y ejecutores de ese despliegue de
acciones ilícitas catalogado como espionaje telefónico?, ¿a qué intereses obedecen
quienes ejecutan estos ilícitos?, ¿quién o quiénes saldrían beneficiados con la
información dada a conocer y la que presumiblemente conservan?
Sin embargo, señoras diputadas y diputados, considero que todos los grupos parlamentarios
participamos de la misma responsabilidad jurídica, política y moral que nos conduzca a
la revisión profunda que en estos terrenos se vuelven parte de las funciones de la
Secretaría de Gobernación y del Cisen.
Nos parece que el Poder Legislativo, particularmente en estos años, tendrá que vertebrar
diversos esfuerzos con el titular del Ejecutivo en diversas vertientes, en la que
corresponde al redimensionamiento de las tareas de combate a la delincuencia, en el
cuidado escrupuloso y estricto apego a nuestra norma jurídica para evitar que el
espionaje político sea parte de diversos procesos de intimidación y represión al
disenso, que en ejercicio de nuestra responsabilidad habremos de vigilar con especial
atención la reforma funcional y el marco normativo del Cisen para eliminar cualquier
posibilidad de que el manejo de este tipo de información se emplee con fines
político-partidistas. De aquí la importancia de deslindar la tarea investigadora
policial de las funciones propias del gobierno interno de nuestro país.
Por ello, consideramos, finalmente, que el pleno de esta LVIII Legislatura Federal,
tendrá que generar el soporte normativo y jurídico necesario para fortalecer el estado
de derecho en México.
Si el compromiso de todos los grupos parlamentarios aquí representados es aportar a la
transición democrática de un país que mira esperanzado el nuevo siglo, será necesario
igualmente, sumar el trabajo de todas las fuerzas políticas para terminar de una vez por
todas, con viejas y obsoletas prácticas que contravienen la Constitución y que son
promotoras de una cultura de represión y propia de estados totalitarios, que en opinión
de todos, debe ser superada por el bien de México.
Muchas gracias.
Gracias, diputado don Ricardo Torres Origel.
Se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Uuc-kib Espadas Ancona,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Uuc-kib Espadas Ancona: |
Diputado Presidente; señores diputados:
No es desde ningún punto de vista novedoso el que en nuestro país se realice espionaje
telefónico. Esta es una práctica muy vieja, una práctica frente a la cual el Partido de
la Revolución Democrática ha tenido una posición invariable desde su fundación. Y es
que como en otros aspectos de la vida social de nuestro país, esto se vincula
directamente a las libertades públicas, a la garantía de importantes libertades
individuales y que sin duda no puede el Estado ni quienes participan de sus funciones,
participar legítimamente en actividades de esta naturaleza.
Esta sin embargo, no ha sido una posición que hayan compartido otros actores políticos.
Recordemos que durante este mismo sexenio se estableció la Ley Contra la Delincuencia y
el Crimen Organizado en la que algunos de los que hoy reclaman ser víctimas de espionaje
telefónico, estuvieron de acuerdo en legalizar este espionaje en nuestro país.
Las razones que se esgrimieron en aquel momento fueron las de contar con mejores
instrumentos en la persecución del crimen organizado, particularmente del narcotráfico;
sobre esa base se dotó a la autoridad y a los jueces de facultades para instrumentar el
espionaje a diferentes personas de conformidad con la misma normatividad.
Esta puerta que se abrió legalmente, ha permitido sin duda la proliferación tanto de
instrumentos técnicos como de recursos humanos destinados a este tipo de actividades y se
han puesto precisamente en manos de aquellos órganos del Estado más desprestigiados en
este país por su trato con el crimen, por su relación ambivalente frente a las
organizaciones delictivas y por su utilización permanente para fines políticos. Es
decir, abrimos la puerta para espiar legalmente los teléfonos so pretexto de controlar
mejor al crimen y se pusieron esos instrumentos en manos de quienes tradicionalmente han
realizado el espionaje y el control político en nuestro país.
Esta ley, por cierto, fue aprobada como una iniciativa del Ejecutivo cuando participaba
del gabinete presidencial el procurador Lozano Gracia.
La proliferación, decía yo, de estos instrumentos técnicos que como aquí se ha
mencionado son de adquisición muy fácil, se ha visto acompañada de una gran negligencia
por parte de las autoridades en términos de control de estos mismos instrumentos.
Es muy sencillo en este país adquirir un aparato capaz de espiar teléfonos celulares,
por mencionar lo más elemental. Y sin embargo, las autoridades jamás han actuado en
contra de quienes distribuyen estos instrumentos, jamás se han realizado pesquisas en
torno a su utilización y más todavía, jamás se ha perseguido legalmente a quienes
utilizan el producto de ese espionaje telefónico. Pero esto simplemente lo que ha venido
ocurriendo en los últimos años.
En declaraciones de quienes han participado en estos procesos, el espionaje telefónico ha
sido un instrumento regular de espionaje político, de control y represión sobre la
disidencia en este país. Tan pronto como la semana pasada Francisco Hernández Juárez,
secretario general de los telefonistas declaraba que en otros tiempos, que él no
especifica, los trabajadores de Teléfonos eran regularmente instruidos para en las
propias instalaciones de la compañía telefónica, realizar espionaje sobre dirigentes
políticos, sobre dirigentes laborales y sobre cualquier otro tipo de actor político que
se requiriera ser controlado por parte de las autoridades.
Nos parece entonces que tenemos que reasumir los juicios sobre el espionaje telefónico
como un problema global, atendiendo necesariamente a las causas jurídicas y a las causas
políticas, en las que ha podido sentarse como norma en este país, al grado de que salvo
raras excepciones como la presente ni siquiera es ya objeto de debate público. Es uno de
esos derechos de los que se ha privado a los mexicanos, la privacidad, a grado tal de que
lo asumimos como parte del juego político.
En una réplica por cierto muy burda de mecanismos semejantes que existen en los Estados
Unidos, pero que están sujetos a controles legales y prácticos, muy diferentes de los
que tenemos en nuestro país.
Finalmente, no deja de sorprender el que un elemento tan rutinario, como se ha vuelto
éste, lejos de ser atendido en sus bases, salga a relucir específicamente para el caso
del presidente electo y en un momento en el que se están recibiendo muy fuertes
críticas, tanto al actual Gobierno como al gobierno entrante, por el manejo de recursos
públicos en el ejercicio de las actividades frente al equipo de campaña del presidente
electo.
En opinión del Partido de la Revolución Democrática, el espionaje telefónico, el uso
de estos instrumentos y la asignación de personal del Estado para este tipo de
actividades, tiene que ser revisado. Y tiene que ser revisado de fondo sobre la base de
garantizar a los ciudadanos su privacidad y el pleno ejercicio de sus libertades públicas
y no puede ser simplemente sometido a escrutinio por el hecho de quién es la víctima
particular de un caso específico.
Nos parece, señores, que este asunto debe ser agendado, que tenemos la obligación de
debatir si los instrumentos de espionaje establecidos por el viejo régimen, seguirán
siendo funcionales en el nuevo sistema democrático, que es nuestra tarea terminando de
implementar en este país, pero no creo que en este momento sea el gran tema de discusión
ni mucho menos que se pueda sobreponer como una cortina de humo frente al desmedido gasto,
al ilegal gasto que está realizando el equipo de campaña del presidente Fox.
No se trata nada más de ver si el presidente electo fue víctima o no de un delito y por
parte de quiénes, se trata de encontrar qué es lo que está pasando en este proceso de
transición, cómo se relacionan este tipo de actividades con otras actividades del
Estado. Y, señores, finalmente de poner en el centro de la discusión lo que hemos
insistido en poner: el uso de los recursos públicos por parte del equipo de transición
del presidente electo.
No puede el Partido de la Revolución Democrática, participar y considerar aceptables
actividades como las que aquí se han denunciado. El propio espionaje telefónico y el uso
de los resultados de ese espionaje telefónico, que es también un delito aunque rara vez
se menciona.
Pero insistimos en que necesariamente tenemos que vincular esto al proceso general de
transición y discutir plenamente la legalidad de las acciones del equipo de transición
del presidente electo.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Espadas Ancona.
Tiene el uso de la palabra, por 10 minutos, el diputado José Antonio Hernández Fraguas
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Antonio Hernández
Fraguas: |
Con permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros:
La fracción parlamentaria del PRI rechaza y condena cualquier intento de intromisión en
conversaciones telefónicas o en la vida privada de las personas ni el Estado ni los
particulares o cualquier organización, tienen derecho a intervenir conversaciones
privadas, salvo en los casos signados expresamente por la ley para la investigación de
delitos de crimen organizado o que atenten contra la soberanía y la seguridad nacional.
Por ello, es lamentable que se realicen este tipo de intervenciones en la vida privada de
las personas, sin embargo, existe un comercio, hay que reconocerlo, un comercio abierto de
aparatos y mecanismos con tecnología sofisticada, para poder intervenir llamadas o
realizar actos de espionaje.
Es relativamente fácil adquirir este tipo de instrumentos para la realización de
supuestas investigaciones privadas, así hay comercios que expenden al público este tipo
de aparatos y hay hasta anuncios en los periódicos de quienes ofrecen estos servicios.
El Gobierno Federal ha deslindado públicamente su responsabilidad en estos asuntos y ha
dejado de manifiesta su absoluta voluntad para investigar la comisión de estos delitos y
en su caso aplicar las sanciones que conforme a la ley correspondan a quien haga uso de
prácticas indebidas.
Por eso es importante distinguir aquí las tareas de seguridad nacional que realiza el
Gobierno, de los actos delictivos que en abuso de una libertad comercial, puedan
realizarse por organizaciones o particulares distintos a los órganos de Estado que tienen
esta responsabilidad.
La Secretaría de Gobernación ha manifestado que con apego estricto a la ley se realizan
las investigaciones en los casos que puedan afectar la seguridad nacional, a través del
órgano de inteligencia propio del Estado y otras instancias investigadoras pueden
realizarlas en los casos de crimen organizado.
Seguridad nacional es la condición permanente de paz, libertad y justicia social, que
dentro del marco de derecho procuran pueblo y Gobierno. Su conservación implica el
equilibrio dinámico de intereses de los diversos sectores de la población para el logro
de los objetivos nacionales, garantizando la integridad territorial y el ejercicio pleno
de soberanía e independencia.
Las condiciones relativas a la seguridad nacional están determinadas por la situación
estratégica del país, su régimen político, sus aspiraciones y proyectos, su capacidad
económica y su dotación de recursos. La interacción de tales factores determina tanto
su alcance formal, como la agenda de asuntos que son relevantes; es el conjunto de
principios que definen el modo de actuar del Estado en su esfuerzo por obtener o mantener
su seguridad nacional; permite racionalizar, administrar y regular la acción del Estado
en materia de seguridad nacional, iniciando parámetros básicos para la definición de
estrategias, usos de recursos, implementación de medidas y ejecución de acciones.
La política de seguridad nacional debe estar compuesta por los siguientes principios:
integridad, dinamisidad, legalidad, supremasía, legitimidad del Estado y selectividad.
Para poder diseñar e implementar una estrategia de seguridad nacional, el Estado requiere
información precisa y confiable sobre la situación del país y su entorno internacional.
De esta necesidad surge la inteligencia para la seguridad nacional; es la generación y
procesamiento de información elevada al grado de certeza, que sirve para asistir al
Gobierno en la formulación e instrumentación de políticas y acciones, cuyo propósito
es alcanzar el logro de los objetivos nacionales; comprende el proceso de planeación,
recolección, análisis, evaluación, interpretación y difusión de la información
existente y disponible sobre los factores negativos externos e internos que real o
potencialmente inciden en la seguridad nacional.
Lo importante para la seguridad nacional es la información específicamente obtenida,
procesada o entregada para satisfacer necesidades informativas relacionadas al tema. El
valor e importancia de ésta, radica en su relevancia para la toma de decisiones, tanto en
la materia política como en el conocimiento sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidades a
la seguridad de un país.
La seguridad nacional es de carácter estratégico; abarca la totalidad de elementos que
interesan a la vialidad del proyecto de nación. La seguridad pública interesa más al
ámbito privado de las personas, aunque su función es de carácter público. La seguridad
nacional es asunto de Estado. La seguridad pública es asunto de Gobierno. La seguridad
nacional es la producción de inteligencia estratégica y la seguridad pública garantía
de convivencia pacífica de la sociedad.
Ahora bien, es posible que cualquier particular con acceso a instrumentos y mecanismos de
investigación tecnológica sofisticados, pueda realizar investigaciones, en algunos casos
hasta con fines perversos o que favorezcan a intereses o posiciones políticas; por ello
debemos ser muy responsables en esta legislatura, para exigir que se investiguen a fondo
los hechos que hoy son materia de este comentario y se apliquen las sanciones
correspondientes a quien los hubiere cometido.
La posición del PRI es como siempre, actuar con responsabilidad ante estas denuncias,
exigiendo el esclarecimiento de estos lamentables hechos para determinar las
responsabilidades, trátese de quien se trate y poder conocer los intereses que motivaron
estos ilícitos.
Es también posición del PRI reconocer a los medios de comunicación su derecho a
conservar las fuentes que originan una nota; a los medios les corresponde la difusión de
la noticia, a las autoridades la investigación de los hechos ilícitos y a la sociedad en
general, la denuncia de los mismos, para terminar con estas prácticas viciadas.
No debe, compañeros, juzgarse a priori al Gobierno Federal, para eso son las
investigaciones y debe investigarse también los ilícitos de este tipo cometidos en
contra de gobernadores priístas simplemente para deslindar responsabilidades.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Hernández Fragua.
PUEBLOS INDIGENAS
Para hacer pronunciamientos sobre la marcha
continental de los pueblos indígenas, ha solicitado el uso de la palabra el diputado
Pablo de Jesús Arnaud Carreño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el
diputado Bonifacio Castillo Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática y el diputado José Feliciano Moo y Can, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra, por 10 minutos, al diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño.
El diputado Pablo de Jesús Arnaud
Carreño: |
Con su permiso, señor Presidente:
Me voy a dirigir a ustedes, compañeros diputadas y diputados, en dos sentidos:
Primero, hacerles la invitación a esta carrera y después a una exhortación sobre el
mismo tema.
El cóndor y el águila entrelazados por el cuello, son el símbolo de la unidad
precolombina que representa a los pueblos indios de América y que destaca la unidad de un
continente, su cultura raigal y los derechos de nuestros pueblos fundadores.
Animados por el anhelo de restaurar la unidad y fortalecer la paz y la dignidad de las
poblaciones indígenas, el 21 de marzo de este año comenzó en Usuaya, Tierra del Fuego,
en la parte polar de Argentina, una gigantesca carrera continental que habrá de llegar a
la Ciudad de México a Tenochtitlán, el próximo mes de octubre y culminará en
Teotihuacán, donde se efectuará una asamblea cumbre de todos los pueblos indígenas de
América. De la misma manera, en Anchorage, Alaska, dio comienzo otra carrera con rumbo a
México, la cual ya recorrió los territorios de Canadá y Estados Unidos y que deberá
penetrar al suelo nacional por Ciudad Juárez y Matamoros.
De manera entusiasta, las bisabuelas llevaron a Usuaya, Tierra del Fuego, el bastón de
mando de los pueblos de Argentina y Chile y en la medida en que avanzó el recorrido se
fueron sumando los representantes de los pueblos mapuches, quechuas y del Amazonia.
Estos entusiastas corredores han llegado a Centroamérica, con el anhelo de pisar tierra
mexicana, a donde habrán de llegar por ciudad Cuauhtémoc, en el Estado de Chiapas.
Nuestros pueblos han preparado una recepción cálida tanto en el sureste como en el
noreste de México y desde luego, los pueblos autóctonos efectuarán ceremonias al paso
de los gigantes de espíritu y fuerza que portan los bastones de mando de los pueblos del
continente al que denominan Izachilan y que portan la bandera que usó Cuitláhuac en las
gloriosas batallas por la defensa de Tenochtitlán con dignidad y gallardía.
Antes de entrar a la Ciudad de México, la gran marcha irá a Ixcateopan, Guerrero, en la
tumba del último Tlatuani de la Gran Confederación del Anáhuac: posteriormente
acudirán al Templo Mayor de la Ciudad de México y culminarán con una conferencia cumbre
de todos los pueblos indígenas en Teotihuacán, que durará del 26 al 30 de octubre.
Exhortamos a esta honorable Legislatura, a que nos dé su apoyo sin reserva a éste gran
esfuerzo continental indígena; que nos convierte en el epicentro espiritual de los
millones de indígenas de América que ha puesto su corazón en Teotihuacán.
Tenemos que hacer que nuestras comunidades se desarrollen en paz, no como producto de una
negociación, sino como el entendimiento de una educación y una cultura por la paz;
porque como dice Rigoberta Menchú Tum en su libro Soñemos un Milenio de Paz. No es
posible la paz sin justicia ni la justicia sin equidad ni tampoco puede haber equidad sin
desarrollo y menos va a haber desarrollo sin democracia, y no puede haber democracias
señores, sin respeto a la diversidad de los pueblos.
Por ello, al mismo tiempo debemos comprometernos todos nosotros a instaurar una fuerte
política a favor de las poblaciones indígenas, aquella que respete sus usos y
costumbres; que respete su lenguaje; que impulse la educación indígena en lengua
materna, sin perjuicio de que se enseñe el idioma español, una política que permita el
desarrollo y la integración de todas las etnias, una política que dé voz a los sin voz
y garantice el más preciado de los tesoros del ser humano: su libertad en un marco de una
vida digna.
Compañeros: ojalá que nuevamente brille en nuestra tierra la cultura y los derechos de
los pueblos indígenas.
Muchas gracias y muy amables.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Muchas gracias al diputado Pablo de Jesús
Arnaud Carreño.
Tiene la palabra el diputado Bonifacio Castillo Cruz, del Partido de la Revolución
Democrática.
| El diputado Bonifacio Castillo Cruz: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
"Katlen wack wishin lakapushcunin chanit hae kiltamacu shacata aquin indigenas nack
chiwinambaraya juhu nac pumapacksin y lakasquin aquin tu jae kilwama katakashmatle putum y
ni lakascagne ka wa hae quin chickan ni aquin lakapushcuyan kin natakamanan."*
(Traducción: buenos días a todos los representantes populares. Ha llegado este día en
que nosotros los indígenas hablemos nuevamente en este lugar, donde nosotros somos
mandatarios y quiero yo que lo que estoy diciendo, lo escuchen y no siga siendo un
desierto esta casa donde nosotros encabezamos o representamos a todos nuestros hermanos
mexicanos.)
Buenos días a todos los representantes populares; honorable Congreso de la Unión:
He iniciado mi participación en esta tribuna del pueblo de México, hablando en mi lengua
materna, en mi lengua nativa, el totonaco.
Sé que mis palabras no fueron entendidas y mucho menos fueron comprendidas. Podría decir
que ésta ha sido la constante de nuestros pueblos indígenas por lo menos en 500 años:
ni nos entienden ni nos comprenden.
Por todo ello exijo a nombre de mi partido el de la Revolución Democrática, en esta
tribuna, la atención inmediata a nuestras comunidades indígenas.
Atención inmediata y efectiva a nuestras etnias. Esa atención que esperan y no la de los
escritorios; que ven a nuestra gente sólo como estudio antropológico.
Esta marcha continental de los pueblos indígenas, no sé si nada más es para llamar la
atención o nada más se trata simplemente de otra fiesta. En el umbral de este nuevo
siglo arribamos a un nuevo contexto político que de manera pacífica, consciente y
razonada se dio a sí mismo el pueblo de México. Pero me pregunto: ¿cuándo arribaremos
al nuevo contexto social? ¿Cuándo será posible que el indígena nuestro transite con
orgullo este suelo que se forjó con su propia historia? ¿Cuándo nuestros pueblos
indígenas superarán el atraso ancestral que los margina y los humilla? Estas fechas de
septiembre sirven para recordar y acendrar nuestra nacionalidad y patriotismo.
____
*Transcripción y traducción del totonaca, proporcionada por el diputado.
Nos sentimos verdaderamente mexicanos y gritamos la proclama libertaria del cura de
Dolores, sólo que este sentimiento de libertad no llega ni por sí mismo a los pueblos
indígenas del país. Cincuenta y seis etnias nativas de esta nación, viven esclavizadas
por la insalubridad, el alcoholismo, la promiscuidad, la desnutrición, la desintegración
familiar y lo que es peor, la desintegración nacional. Ellos viven otro México; ellos
ven y perciben otro México; un México insensible, sordo y mudo que no ha sabido y no ha
querido salvar a su raza primigenia.
Es deber nuestro como legisladores dejar asentada nuestra máxima preocupación por la
marginación de estas etnias nacionales. No podemos sentirnos orgullosamente mexicanos
sólo por tener la credencial de elector que señala un comercial televisivo. Creo que
debemos señores diputados, sentirnos orgullosamente diputados si esta LVIII Legislatura
logra revertir todas las carencias que padecen nuestros pueblos indios del país.
Muchos de ustedes, como yo, venimos de regiones indígenas y saben que en esos lugares el
agua, la electricidad, el drenaje, médicos y medicinas son inexistentes. Saben que en
esos lugares indígenas la explotación del mestizo es una realidad, ya que el solo
conocimiento del español le permite el abuso y el engaño.
Seamos, compañeros diputados, verdaderos mexicanos y ya no permitamos este abandono.
Por lo demás, hemos iniciado nuestra función legislativa en un marco plural e
ideológico diferente. Somos y seremos corresponsables del nuevo rumbo político social de
México. Deseo que siempre luchemos por las causas más sentidas de nuestros pueblos y que
podamos transformar la confianza depositada en nosotros, como diputados, en actos y hechos
que justifiquen nuestro nombramiento.
Nosotros estamos de acuerdo en recibir a los compañeros indígenas en este gran encuentro
y estar con ellos y participar con ellos. En este sentido nadie puede faltar a este gran
encuentro de los indígenas.
Muchas gracias.
Muchas gracias, al diputado Bonifacio Castillo
Cruz.
Tiene la palabra el diputado José Feliciano Moo y Can, del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por 10 minutos.
| El diputado José Feliciano Moo y Can: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras y
señores diputados; (habló en maya*) compañeros:
Quiero decirles que para nosotros caminar todos los días en el monte y en el campo de
nuestro pueblo es vital, pero caminar con libertad todavía no es una realidad.
No cabe duda que en los tiempos actuales presenciamos una verdadera revolución en los
campos de la economía, la ciencia y la tecnología y la información.
El impacto desigual de la llamada globalización sobre la vida y el destino de millones de
seres humanos en todo el mundo es hoy objeto de severas críticas y de agudos
cuestionamientos.
La globalización en marcha ha mostrado como una de sus ventajas, una mayor comunicación
entre los seres humanos y, como consecuencia, la intensificación de los vínculos
interculturales, entre los conglomerados sociales, posibilitando todo esto el
enriquecimiento de la convivencia humana.
Sin embargo, este proceso y las fuerzas que lo dominan han engendrado dos grandes
fenómenos contradictorios: uno que tiende al avasallamiento y a la homogeneización
cultural mediante la imposición de concepciones, visiones, ideas y pautas de conductas y
de consumo que sólo responden a los intereses de las grandes corporaciones
transnacionales y de los centros del poder financiero mundial.
_____
* El diputado no presento la transcripción de lo dicho.
La otra tendencia consiste en la revitalización de múltiples identidades culturales de
importantes núcleos sociales en varios puntos del planeta que reclaman su derecho a ser
diferentes en un mundo que no sólo los excluye de los beneficios del desarrollo, sino que
quiere uniformarlos culturalmente.
Presenciamos diversas expresiones de vigorosa resistencia cultural, la cual en algunos
casos ha adoptado la forma de levantamientos que, no por cruentos, dejan de ser legítimos
en una circunstancia histórica determinada.
Tal es el caso de nuestro país, que el 1o. de enero de 1994 despertó abruptamente de su
euforia triunfalista para enfrentar una dura realidad: la colosal deuda ancestral con los
indígenas, acrecentada secularmente mediante la exfoliación, la opresión, la
manipulación política, el desprecio y el racismo de la sociedad hizo crisis con el
levantamiento indígena de Chiapas, sacudiendo la conciencia de propios y extraños y
despertando una ola de solidaridad nacional e internacional difícil de soslayar.
En México y en el mundo los hechos han demostrado que la idea de construir naciones
homogéneas no significa un camino adecuado para la democratización de las sociedades
multiculturales. La construcción de un México más justo y democrático exige la
solución integral de los reclamos históricos de los pueblos indígenas. Es evidente que
esta solución sólo puede darse mediante el establecimiento de una nueva relación entre
los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad. Sólo de esta manera se podrán construir
las condiciones de equidad, igualdad, respeto y tolerancia en que las diversas culturas
necesitan convivir en la sociedad nacional.
En la pasada contienda electoral el PRI sostuvo en su plataforma que los pueblos y
comunidades indígenas enriquecen la pluralidad y la diversidad de la nación y que era de
absoluta justicia respaldar la ciudadanía plena y una vida digna para más de 10 millones
de compatriotas.
Hoy, señoras y señores diputados, estamos en la víspera de la instalación de un nuevo
Gobierno Federal de origen distinto a nuestro partido. El conflicto de Chiapas y la
problemática indígena en general son temas centrales de la agenda de Gobierno, que
necesitamos retomar con responsabilidad, seriedad y señalar a voluntad política.
El PRI convoca a iniciar un gran análisis en el Congreso, encaminado a encontrar por la
vía del consenso las soluciones a los reclamos de los pueblos indígenas. Construyamos
entre todos una política indigenista de Estado, que sea ajena a los vaivenes y caprichos
sexenales y que elimine las visiones y prácticas integracionistas, paternalistas y
asistencialistas que han tutelado a los pueblos indígenas para disolver su identidad en
el espacio de una ilusoria cultura nacional homogénea.
¡La fracción parlamentaria del PRI rechaza las asignaciones paupérrimas de recursos que
se han venido haciendo en los últimos años y que sólo se ha transformado en paliativos
y remedios pasajeros frente a la dimensión de los graves problemas que afectan a los
pueblos indígenas!
Nuestro partido será vigilante de que la asignación que se haga a favor del desarrollo
de los pueblos indígenas en el presupuesto de 2001.
El PRI llama a todo el movimiento indígena nacional a proclamar sus demandas más
sentidas mediante la movilización política unitaria ante el nuevo Gobierno Federal, a
instalarse el próximo 1o. de diciembre, independientemente de las orientaciones
ideológicas que tengan las diversas organizaciones indígenas que la conforman. Ante los
afectos adversos de la globalización que todos pretenden homogeneizar, a partir del
avasallamiento cultural regenciado por los grandes consorcios transnacionales. Frente a la
aplicación inmisericorde de políticas neoliberales, que concentran la riqueza en unos
cuantos y excluyen de los beneficios a la mayoría. Ante la amenaza que las tendencias
dominantes representan para nuestro ser nacional. La preservación de nuestra diversidad
sociocultural constituye un importante elemento que enriquece y fortalece a la nación
mexicana, manteniendo su viabilidad y su propia identidad multicultural en el mundo
contemporáneo.
Con estas primicias fundamentales el PRI propone trabajar conjuntamente para resarcir la
histórica deuda que la nación mexicana tiene todavía con los descendientes de sus
antiguos pobladores: los indígenas.
Muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Muchas gracias, señor diputado Feliciano Moo y
Can.
ANALISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO.
POLITICA INTERIOR
En otro punto del orden del día abordaremos la
comparecencia del señor Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República,
quien se encuentra en el salón de recepción de esta Cámara, invitado para la sesión de
esta fecha, en la que continuaremos con el análisis del VI Informe de Gobierno en materia
de política interior.
Quiero solicitar a los diputados Félix Castellanos Hernández PT, Francisco Agundis Arias
PVEM, Tomás Torres Mercado PRD, Miguel Angel Torrijos Mendoza PVEM y José Manuel Correa
Ceseña PRI, se sirvan pasar al vestíbulo para recibirlo e introducirlo a este recinto y
proceder con la comparecencia.
Solicito a los diputados designados cumplan con su encomienda.
ASISTENCIA (II)
Señor Secretario, favor de informar a la
Asamblea y a esta Presidencia sobre el resultado del registro de asistencia al cierre de
la misma.
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Diputado Presidente, me permito informarle que
al cierre de la mesa de registro de asistencia hay registrados 429 diputados.
Gracias, señor Secretario.
ANALISIS DEL VI INFORME DE
GOBIERNO.
POLITICA INTERIOR (II)
De conformidad con el Acuerdo Parlamentario
aprobado por esta Cámara de Diputados, que norma el procedimiento para el análisis del
VI Informe de Gobierno en materia de política interior, nos acompaña el señor Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, a quien expresamos la más cordial
bienvenida.
Para dar cumplimiento al punto segundo, numerales uno, dos y tres del mencionado Acuerdo,
se concede el uso de la palabra al licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, hasta por 20
minutos.
El
procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Señor Presidente de la Cámara de Diputados;
señoras y señores diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de
la Unión; señoras y señores:
A lo largo de estos casi cuatro años en que he tenido el honor de presidir la
institución del Ministerio Público de la Federación, he podido concurrir repetidamente
ante esta representación, a fin de coadyuvar en el análisis de los distintos informes de
Gobierno, así como para tratar aspectos específicos del quehacer de la Procuraduría
General de la República, que han sido del interés de las señoras y señores diputados
federales.
Una vez más concurro a la práctica de este saludable ejercicio republicano, con la
certeza de que así se contribuye al enriquecimiento de nuestra vida democrática y se
actualiza el principio constitucional de la división de poderes y de la coordinación de
las funciones entre los órganos del Estado.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4o. fracción I de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, el titular de la institución tiene el deber de
informar sobre todos los asuntos de su competencia, con la única limitación de que la
información que se proporcione no comprometa las investigaciones ministeriales en curso.
He distribuido a los integrantes de esta Cámara, un informe por escrito, constante en 180
páginas, en el que se actualizan y profundizan los datos contenidos en el VI Informe de
Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en lo tocante a las tareas y
funciones de la Procuraduría General de la República.
A la par de la atención de las 48 mil 65 averiguaciones previas que se iniciaron durante
este año, además de las que ya venían de ejercicios anteriores, en este periodo se
buscó consolidar las modificaciones de fondo que se propusieron desde principios de 1997
y que se basan en el desarrollo de tres vertientes fundamentales: el equilibrio y balance
en el sistema de enjuiciamiento criminal, la reorganización interna para impulsar la
integralidad de las funciones del Ministerio Público y tener un control más efectivo de
las delegaciones a través de mandos territoriales y la renovación, depuración y
dignificación del personal sustantivo de la Procuraduría.
En cuanto a la primera de las vertientes, apuntaladas las reformas constitucionales a los
artículos 16 y 19 en vigor desde marzo de 1999, así como a las modificaciones de 19
instrumentos normativos ordinarios, es importante señalar que en gran medida los
propósitos de estas reformas se han materializado.
Durante el año 2000 y de manera progresiva se ha alcanzado casi un 50% de consignaciones
con relación a las averiguaciones previas iniciadas. Respecto de las resoluciones de
término constitucional, el promedio de autos de formal prisión o sujeción a proceso ha
sido del 92% y de las sentencias de primera instancia el 96% han resultado condenatorias,
es decir, coincidentes con las pretensiones punitivas del Ministerio Público.
Por más intensos que hayan sido los procesos nunca una causa penal nos ha motivado a
considerarla como asunto personal. Todos, absolutamente todos los casos han sido atendidos
institucionamlente y en nuestro carácter de representantes del interés social.
Avanzamos significativamente en la reorganización interna de la PGR, a través del
funcionamiento pleno de la subprocuraduría de coordinación general y desarrollo,
trabajando articuladamente con las tres subprocuradurías territoriales de procedimientos
penales y para el trabajo del Ministerio Público buscamos destruir la artificial
división entre la integración de la averiguación previa y la atención del proceso
penal correspondiente.
Sin embargo, no puedo menos que reconocer que el déficit en el número de agentes del
Ministerio Público y la creación de nuevos juzgados y tribunales federales en distintos
estados del país, en algunos casos impidieron que al 100% funcionará la integralidad
pretendida para los trabajos del Ministerio Público.
La renovación, depuración y dignificación de los recursos humanos sustantivos ha sido
indudablemente el sector más complejo de las modificaciones que hemos impulsado. A los
919 elementos del activo que fueron separados de la institución el año pasado, se han
sumado 971 más en el periodo sobre el que se informa para llegar a un total de 1 mil 890.
Todo este trabajo se ha llevado a cabo por el centro de control de confianza y por los
comités de zona del consejo de profesionalización.
Adicionalmente, durante el periodo sobre el que se informa, la contraloría interna ha
resuelto la destitución de otros 253 elementos y la inhabilitación de 211 más.
Indudablemente, las diputadas y diputados federales recuerdan que este ejercicio de
depuración ha tenido como fundamento la reforma de 1999 al artículo 123 apartado B
fracción XIII de la Constitución General de la República y establece que cuando la
remoción de algún policía resulte injustificada de acuerdo con los jueces, procedería
en todo caso la indemnización correspondiente, pero no la reinstalación en el cargo.
Por otra parte, cada vez que se han tenido los elementos para consignar a un elemento de
la Procuraduría por haber incurrido presumiblemente en la comisión de algún delito, se
ha actuado en consecuencia con toda la fuerza y seguridad que la ley permite. De este
modo, a los 351 casos que se reportaron en el informe correspondiente al ejercicio
anterior, se suman 202 casos del presente para hacer un total hasta la fecha de 553
ejercicios de la acción penal.
Durante el periodo sobre el que se informa, egresaron del Instituto de Capacitación de la
Procuraduría, 450 nuevos elementos que sumados a los de los años anteriores hacen un
total de 885 nuevos agentes de Policía Judicial Federal y 315 de investigadores en
delitos federales.
Los egresados cumplieron cursos de un año y de un año y medio de duración y fueron
incorporados al activo sólo después de haber aprobado los exámenes del Centro de
Control de Confianza. Respecto de quienes se inscribieron a los cursos de ingreso, sólo
el 61.3% culminó satisfactoriamente los estudios y aprobó los exámenes.
Para el personal del activo y especialmente a quienes mejores resultados obtuvieron en la
evaluación de su desempeño, durante el año, se les capacitó en criminalística,
química forense, fotografía aérea, grafoscopía, odontología forense, revisión de
vehículos terrestres, investigación sobre narcotráfico, técnicas antisecuestros,
soporte básico de vida, investigación policial, identificación de armas de fuego,
manejo de perros detectores, uso de tecnologías sensibles, derechos humanos y derecho
internacional humanitario.
A fin de apoyar el trabajo de policía científica, se dio un impulso sin precedente a los
laboratorios de servicios periciales, consolidando el más importante para América Latina
a nivel central y creando además 15 laboratorios regionales.
Durante el año sobre el que se informa, se instaló dentro de esta red, el Laboratorio
Nacional de Criminalística, el de Biología Molecular y el Banco de Datos sobre
Balística a través del Sistema Automatizado Broke Whire.
También en el periodo sobre el que se informa, se logró el establecimiento de un nuevo
tabulador de sueldos para el personal de la Policía Judicial Federal, en donde el primer
nivel, que corresponde a comandante en jefe, tiene un sueldo de casi 21 mil pesos
mensuales y así, pasando por siete categorías distintas, se alcanza en la base el cargo
de agente C de la Policía Judicial Federal con un sueldo mensual de más de 7 mil pesos.
Hoy día el ingreso a promoción, permanencia, capacitación, actualización, control,
recursos y servicio civil de carrera del personal de la Procuraduría General de la
República, se analiza en órganos colegiados y con representantes del personal de
Ministerio Público, policía y peritos; éstos son: el Consejo de Profesionalización del
Ministerio Público de la Federación y el Consejo Técnico de la Policía Judicial
Federal.
A pesar de todos los esfuerzos realizados, no puedo sino reconocer que éstos no han sido
bastantes como para reposicionar a la Procuraduría General de la República en la
percepción, en el ánimo y en la estima social. Los reveces judiciales han podido más
que los muchos éxitos ante los tribunales; las traiciones a la institución, más que las
múltiples lealtades que incluso han llevado a algunos a perder la vida. Han podido más
los rumores que las certezas; más las filtraciones que el trabajo reservado pero seguro;
más la tradición de la sospecha que el apego a la legalidad.
Todo lo anterior motiva las consideraciones sobre la necesidad de una nueva reforma, con
un enfoque diferente y no puede decirse que esa convicción carezca de legitimidad.
Como quiera, durante el año sobre el que se informa se avanzó globalmente en el combate
al narcotráfico y a sus delitos conexos.
En el ámbito de la erradicación de cultivos ilícitos de mariguana y amapola se
destruyeron, entre el 1o. de diciembre de 1999 y el viernes pasado, 22 mil 43 hectáreas
de los primeros y 12 mil 384 de los segundos. En materia de intercepción, en el mismo
periodo, 1o. de diciembre de 1999 a 22 de septiembre del 2000, se aseguraron 1 mil 322
toneladas de mariguana; 24 mil 586 kilogramos de cocaína; 266 kilogramos de heroína; 283
kilogramos de goma de opio. Así también se aseguraron 2 millones 89 mil 980 unidades
sicotrópicas; 419 kilogramos de metanfetamina y se desmantelaron 16 laboratorios
dedicados a la producción de drogas sintéticas,
A este esfuerzo nacional la PGR ha contribuido a lo largo del sexenio con el 25.4% de la
mariguana erradicada y el 23.5% de la amapola, con el aseguramiento del 48.5% de la
mariguana; el 42.2% de la cocaína; el 84.7% de la goma de opio y el 95.3% de la heroína.
Durante el último año, el número de personas detenidas, relacionadas con delitos contra
la salud, fue de 8 mil 345, de las cuales 181 son extranjeros.
Se dieron importantes avances en la desarticulación de las organizaciones criminales
dedicadas al narcotráfico, siendo las detenciones más sobresalientes realizadas en el
año, con el apoyo del Ejército mexicano, las que se concretaron en contra de la
organización de los Arellano Félix; el principal operador y el cerebro financiero del
grupo se encuentran actualmente recluidos en prisión.
Durante la administración del presidente Zedillo fueron combatidas todas las
organizaciones dedicadas al narcotráfico, las que liderearon Juan García Abrego, Amado
Carrillo Fuentes, los hermanos Amezcua Contreras, los Arellano Félix y la llamada
"célula del sureste".
A través de las convenciones bilaterales y multilaterales se avanzó en la
desarticulación de contactos y del aseguramiento de bienes en Guatemala, Colombia, Perú,
Argentina, Chile, Uruguay y actualmente se trabaja con Brasil.
La cooperación jurídica internacional que tiene tan sólo como uno de sus capítulos el
de las extradiciones, fue muy intensa durante el periodo sobre el que ahora informamos. En
esta materia se atendieron entre activas y pasivas 149 casos de extradición, de los
cuales 127 son con los Estados Unidos. Durante el año, México entregó a aquel país a
14 personas y recibió a nueve.
Dentro de los casos más ventilados por los medios de comunicación, se encuentran los de
Gerardo de Probassan, entregado por el gobierno Suizo el día 24 de septiembre de 1999 y
que actualmente se encuentra privado de su libertad en el reclusorio preventivo sur.
Asimismo, en el caso del señor Cabal Peniche, hasta ahora se han ganado todas las
instancias en Australia, quedando pendiente sólo una; esperamos que esta persona pronto
se encuentre delante de los jueces mexicanos que lo han requerido.
Respecto al mismo caso, la Procuraduría General de la República ha continuado trabajando
en el perfeccionamiento de la averiguación previa iniciada en contra del requerido a
partir de la denuncia del 4 de septiembre de 1998 presentada por representantes del PRD.
También en el ámbito de las extradiciones, pero en este caso pasiva, se encuentra la
solicitud de detención provisional para efectos extradicionales, presentada por el juez
español Baltazar Garzón, respecto del ciudadano argen tino Ricardo Miguel Cavallo. Esta
persona por ahora se encuentra sujeta exclusivamente a una medida cautelar. La
formalización de la extradición, de acuerdo con lo dispuesto por el juez 7o.de distrito
en materia de procedimientos penales del D.F., debe presentarse a más tardar el día 24
de octubre del año 2000. En caso de que esta circunstancia se actualice, el juez mexicano
deberá emitir su opinión y la Secretaría de Relaciones Exteriores determinar si la
extradición procede o no procede.
Se insiste en que respecto del señor Ricardo Miguel Cavallo no existe en México ninguna
causa penal, porque aquí no está acreditado que haya cometido delito alguno, ya no en el
ámbito de las extradiciones, pero temáticamente relacionado con el caso el señor
Cavallo, la Procuraduría General de la República ha venido integrando la averiguación
previa iniciada con motivo del hallazgo del cuerpo de quien en vida llevara el nombre de
Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y al
Comercio Exterior. Su cuerpo fue localizado por autoridades del Estado de México en una
zona federal y la Procuraduría estatal realizó las primeras diligencias ministeriales,
declinando más tarde su competencia al Ministerio Público de la Federación.
Las primeras consideraciones técnico-periciales en materia forense, de criminalística,
de grafoscopía, coinciden en que el doctor Ramos Tercero perdió la vida en maniobras de
tipo suicida, la averiguación previa se ha seguido perfeccionando mediante la
disposición de diversos testigos de su entorno familiar, laboral, así como respecto de
las personas que encontraron su cadáver. Próximamente el Ministerio Público de la
Federación estará en condiciones jurídicas de determinar legalmente la indagatoria.
En otro orden de ideas y considerando que durante el periodo sobre el que se informa tuvo
lugar el proceso electoral para la renovación de los poderes Ejecutivo Legislativo y
federales, resulta oportuno precisar que la fiscalía especializada para la atención de
delitos electorales durante este año realizó un trabajo muy intenso.
En cuanto a la fase de investigación y persecución de los delitos, entre los días 1o. y
3 de julio del año 2000 se recibieron 125 denuncias relacionadas directamente con la
jornada comicial del día dos.
Los principales hechos denunciados por el IFE y por los partidos políticos fueron en
cuanto al uso indebido de documentos electorales, traslado de votantes, proselitismo el
día de la jornada electoral y solicitud de votos a cambio de dádivas.
Las 125 denuncias recibididas dieron origen a 67 averiguaciones previas y a 58 actas
circunstanciadas que se habían integrado con toda la intensidad y acuciosidad que las
mismas ameritan.
La subprocuraduría especial para la investigación del homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio durante el año que se informa, concluyó las dos líneas de investigacion
que habían quedado pendientes el año anterior, relacionadas con el entorno político
dentro del que el homicidio se presentó, así como la posible participación de
narcotraficantes en este crimen.
Hasta el día de hoy existe sólo una diligencia pendiente de concretar que tendrá
verificativo en los próximos días y en relación con una persona que refirió haber
tenido conocimiento de una supuesta amenaza contra Luis Donaldo Colosio, previa, desde
luego, al 23 de marzo de 1994.
Una vez que se concluya esta diligencia se estará en condiciones de informar
pormenorizadamente a la sociedad sobre los resultados finales de las 27 líneas de
investigación en que trabajó la subprocuraduría especial desde el día 28 de septiembre
de 1996.
Se han preparado los libros blancos sobre cada una de las grandes líneas de
investigación en las que de manera exhaustiva y profunda se da noticia de cada indicio,
de cada prueba y de cada evidencia en que se respaldan las conclusiones.
Independientemente de la convicción que cada uno de los mexicanos pueda tener sobre este
terrible crimen, la subprocuraduría especial proveerá toda la información que se
requiera para ilustrar su criterio y su juicio. Esta unidad especializada de la PGR ha
contado con total independencia, autonomía, para desarrollar su trabajo y ha utilizado
todos los recursos técnicos, jurídicos, presupuestales y humanos a fin de alcanzar la
verdad histórica de los hechos.
En los próximos días estaremos informando a la sociedad mexicana, con toda la
responsabilidad que esto conlleva, sobre los resultados de nuestro trabajo.
En cuanto a la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el
pasado 27 de julio del año 2000 los integrantes del grupo interinstitucional presentaron
a la opinión pública las respectivas conclusiones del caso. El Arzobispo de Chihuahua y
el Obispo de Cuernavaca, a título personal y en su calidad de juristas, concluyeron que:
"hasta ese momento ninguno de los elementos que habían sido presentados como pruebas
conducía a demostrar en forma jurídica fehaciente la existencia de un complot para
asesinar al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo".
Por su parte, el gobierno del Estado de Jalisco llegó a la conclusión de que: "se
trató de un homicidio premeditado, ideado por alguna o algunas personas para atentar
específlcamente en contra de la vida del señor cardenal Posadas Ocampo, convocando a dos
grupos de narcotraficantes para provocar un enfrentamiento y enmedio de la confusión, con
un tercer grupo, darle muerte".
La Procuraduría General de la República determinó que: "el cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo perdió la vida al encontrarse circunstancialmente en el lugar en el que se
desarrolló un tiroteo entre la banda de narcotraficantes de Joaquín Guzmán Loea, alias
el "Chapo Guzmán" y la de los hermanos Arellano Félix.
"La dinámica, la inercia de los hechos propició que los integrantes de los grupos
rivales dispararan indiscriminadamente contra todas aquellas personas cuya actitud fuera
interpretada como hostil, de tal manera que varias personas ajenas a los motivos que
originaron el tiroteo, perdieron también la vida, entre ellas el cardenal Juan Jesús
Posadas Ocampo."
Toda la averiguación previa y todas las conclusiones del grupo interinstitucional, desde
julio de este año están totalmente abiertas a la consulta pública.
Quisiera, si tengo todavía un minuto, señor Presidente, referirme a lo que fue el hecho
más grave para la Procuraduría General de la República durante el año sobre el que
ahora informamos y éste fue el suicidio del oficial mayor ocurrido el día 8 de marzo del
año 2000.
En lo personal, he considerado este hecho como el más penoso y sensible de mis casi
cuatro años al frente de la institución. Dadas las circunstancias en las que el suicidio
se produjo, centradas en la inminencia de encontrar cajas de seguridad en las que el
entonces oficial mayor había depositado 1.5 millones de dólares y por la cercanía que
esta persona había tenido conmigo, tomé tres distintos tipos de medidas:
La primera, solicitar respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, que como instancia totalmente independiente de la PGR, realizara la
investigación sobre esos hechos, de manera que no quedara duda alguna sobre ellos ni
sobre su profundidad o extensión.
Yo fui uno de los primeros servidores públicos de la PGR en declarar ministerialmente
sobre los hechos.
La segunda medida fue solicitar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, que se realizará una auditoría completa sobre todas las direcciones
generales y áreas de la oficialía mayor.
La tercera consistió en sujetar a los exámenes del centro de control de confianza, a
todos los empleados de esa área de la institución.
El pasado 30 de agosto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal remitió
a la PGR el respectivo expediente de averiguación previa, de cuyas constancias se
desprende que Izabal Villicaña se suicidó, que los recursos económicos que se le
encontraron suponen un enriquecimiento inexplicable y que por lo menos uno de sus
subalternos del entonces oficial mayor, que colaboró con él en el cambio de divisas.
Esta persona es el ex director general de bienes asegurados de la PGR.
La Procuraduría General de la República se encuentra perfeccionando la indagatoria
remitida por su similar del Distrito Federal, a fin de consignarla en el menor tiempo
posible.
Por cuanto hace a las auditorías practicadas por la Secodadm a todo el sector de la
oficialía mayor, el día 12 de julio pasado se dieron a conocer los resultados
correspondientes, que arrojaron 192 observaciones. Inmediatamente, la contraloría interna
procedió a su análisis y al día de hoy 190 están resueltas y sólo dos en proceso de
investigación.
Debe destacarse que ninguna de las observaciones realizadas por Secodadm implican un
irregular manejo del presupuesto o un desvío de fondos institucionales.
Existen 20 procedimientos de responsabilidad administrativa que se están integrando en
contra del ex director de bienes asegurados por deficiencias en la supervisión de
empresas aseguradas. Asimismo, se inició una averiguación previa por su presunta
responsabilidad penal en contra de uno de los administradores de esas empresas.
Una vez realizado los exámenes al cargo del centro de control de confianza, se determinó
separar de su cargo al 13.5% de los empleados que laboran en ese sector.
Por razones de tiempo, me resulta imposible referirme en esta oportunidad a otros asuntos
ciertamente relevantes que se han encontrado o se encuentran dentro de la esfera de
trabajo de la institución a la que represento.
En todo caso, agradeciendo la atención y la paciencia de los distinguidos legisladores,
quedo a su amable disposición para responder a sus preguntas y observaciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Procurador.
Para el desahogo de esta parte de la comparecencia, fijar las posiciones de los grupos
parlamentarios, se han inscrito los diputados: Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo; Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México; Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática; Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional y Jose Elías Romero Apis, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra, por 10 minutos, el diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos,
del grupo parlamentario del PT.
| El diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados; señor Procurador:
A los mexicanos nos indignó terriblemente la masacre de Aguas Blancas, realizado el 28 de
julio de 1995, tuvo que ser un video presentado en la televisión privada, el motivo para
que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ejerciera la facultad de investigación
de estos hechos que constituyeron una grave violación a las garantías individuales.
No obstante que gran parte de las fuerzas políticas y de organizaciones no
gubernamentales, levantamos nuestra voz para exigir esta investigación, la Procuraduría
General de la República se mantuvo inactiva, una vez que los ministros dieron a conocer
su informe contenido en el expediente 3-96, en el acuerdo tercero visible en la página
152, dice: "se concluye que de dicha violación resultan responsables los licenciados
Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán, entre otros", a estas dos
personas no se les fincó responsabilidad alguna y hoy se encuentran libres paseando
vergonzosamente la impunidad que los protege.
Por otro lado, los delitos contra la salud se han incrementado notablemente, la
producción de enervantes en nuestro territorio y que se exporta ilegalmente a los Estados
Unidos junto con la que por diferentes vías proviene de Colombia u otros países,
encuentran a nuestro territorio como paso natural hacia los Estados Unidos.
Este último es un país de consumidores y aquí las leyes del mercado resultan
inobjetables, mientras haya consumidores, habrá productores, pero las tareas a su cargo
deben centrarse más en combatir la producción nacional y la que ilícitamente entra a
México.
Hoy son más los jóvenes mexicanos que consumen diferentes tipos de drogas, ante la
dificultad para pasar las drogas a los Estados Unidos ahora la venden en cualquier esquina
del país, sin ir más lejos, señor Procurador, aquí cerca en el barrio de Tepito, se
tiene conocimiento de que operan bandas de distribución de drogas, el famoso cartel de
Tepito.
Nos preocupa de sobremanera la forma en que las instituciones policiales encargadas de
combatir el narcotráfico han sido permeadas por la delincuencia, desgraciadamente el
enemigo no se encuentra fuera sino dentro de la propia casa, agentes policiacos,
comandantes y recientemente miembros de alto rango del Ejército mexicano han sido
consignados por estar vinculados y proteger a las organizaciones delictivas.
Algunos narcotraficantes han sido detenidos y sentenciados, pero muchos más están
libres. Amado Carrillo murió, pero sin antes ser detenido y sus vínculos con las altas
esferas del poder político y económico aún no han sido debidamente investigados.
El cartel de Tijuana, organización delictiva de los hermanos Arellano Félix, no se ha
desarticulado del todo. Cuando se tuvo la oportunidad de aprehenderlos estando en la
residencia del Nuncio Papal en México, no se les quiso detener, según las declaraciones
del ex procurador Carpizo y éstas resultan contundentes. Por ello, la captura de algunos
de estos delincuentes hacen que como cabeza de hidra surjan muchos más.
Otro aspecto que nos preocupa e indigna, dado que se afecta la esfera privada de los
particulares, es el de la intervención de comunicaciones privadas. Quienes militamos en
la oposición al régimen priísta, siempre nos quejamos de que nuestras llamadas
telefónicas eran intervenidas o que en nuestras oficinas se colocaban micrófonos. De eso
mismo se quejó el gobernador de Oaxaca e imputó la responsabilidad al ex gobernador del
Estado, actual Secretario de Gobernación.
Recientemente los medios de comunicación difundieron comunicaciones del señor Vicente
Fox con algunos de sus colaboradores. Esta situación es grave porque nos demuestra que la
Procuraduría no investiga la comisión de estos delitos y que ante su pasividad
cualquiera, contando con los aparatos necesarios lo puede hacer.
El Poder Legislativo Federal ha dotado a la Procuraduría General de la República de los
instrumentos jurídicos necesarios para combatir a la delincuencia. Sin embargo, ¿cómo
combatir la delincuencia externa cuando no ocurrelo mismo con la interna? Nos referimos
específicamente a la muerte de su ex oficial mayor Manuel Izabal Villicaña. Señalamos
esto porque las facultades que a la oficialía mayor otorga el reglamento interior de la
Procuraduría General de la República, son amplísimas y evidentemente las cantidades de
dinero encontradas en las cajas de seguridad no correspondían a las percepciones lícitas
de dicho ex funcionario.
Al parecer dentro de la Procuraduría no se hizo nada por investigar las evidentes
vinculaciones con organizaciones delictivas que propiciaron el amasar estas grandes sumas.
Por ello consideramos que las pruebas toxicológicas, la investigación de la situación
patrimonial y la aplicación del polígrafo, deben ser aplicados a todo el personal de la
Procuraduría sin que ningún cargo, aún el del Procurador, quede excluido.
Nuestro país no debe de seguir siendo un lugar en donde el ocupar un cargo público sirva
para enriquecerse.
Los estudios internacionales establecen que México es uno de los países más corruptos
del mundo. Aunado a lo anterior tenemos el caso no aclarado todavía del ex director de
bienes asegurados, Francisco Miranda Noricumbo, quien abandonó, huyó, se fue o lo fueron
y por el monto de los recursos económicos y de los bienes muebles e inmuebles que manejó
se presumen gravísimos desvíos.
El Poder Legislativo aprobó la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados,
Decomisados y Abandonados cuya vigencia inició en agosto del año pasado, según dispone
dicha norma. Debe existir una fluida comunicación entre la Procuraduría y el servicio de
administración de dichos bienes.
Sin embargo, si bien es cierto que en el informe del Ejecutivo se detallan los inventarios
de algunos bienes, no existe una cuantificación precisa respecto a cuánto asciende el
valor de casas, vehículos, joyas y aeronaves, entre otros, considerando en unos casos la
depreciación natural y en otros el incremento de esos precios de su valor en el mercado.
Señor Procurador, miles de mexicanos enfrentan el problema de no poder disponer del
patrimonio que constituyeron vía los depósitos en las cajas de ahorro de la Unión de
Crédito Regional. Al ser incautados los bienes de esta unión y del señor Cirilo Ocampo,
se impidió la disposición de los recursos por parte de los depositantes. En tal virtud,
exigimos que se liberen los bienes decomisados para que a la brevedad posible puedan pasar
al fideicomiso ya constituido, con el propósito de que se enajenen y en consecuencia
estar en posibilidades de devolver dichos ahorros.
El motivo de la incautación de los bienes de Ocampo Verdugo, fue el que en esas cajas de
ahorro se lavaba dinero. Probablemente sea cierto, pero no en el caso de los depositantes
que se encuentran bien identificados. Donde se lava dinero proveniente del narcotráfico,
es en el sistema financiero, en donde las facultades de inspección y vigilancia por parte
de las autoridades competentes, no han sido debidamente ejercidas y la comisión de
delitos no se ha detectado oportunamente y en los casos en los que sí ha ocurrido, la
Procuraduría Fiscal no ha actuado oportunamente.
Por ello nuestro grupo parlamentario reivindica el contenido de la iniciativa presentada
por los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LVII Legislatura,
en el sentido de eliminar el requisito de procedibilidad de que a la Procuraduría Fiscal
se querelle previamente para que el Ministerio Público Federal pueda conocer e investigar
la comisión de estos delitos.
Consideramos que a la situación antes comentada es contraria a las atribuciones
constitucionales y legales que la Procuraduría posee como órgano persecutor de los
delitos.
Señor Procurador, usted tiene fama en el medio académico, de ser un buen investigador,
especialmente en lo que se refiere al derecho constitucional. En tal virtud, conoce
perfectamente el contenido de lo que dispone el artículo 133 de nuestra Norma
Fundamental, esto es, la jerarquía normativa en donde toda ley secundaria debe encontrar
su fundamento de validez en la norma constitucional.
De igual forma se sabe que es facultad exclusiva de esta soberanía, la aprobación del
decreto de Presupuesto de Egresos, documento en el cual se establecen expresamente las
partidas a ser erogadas en un ejercicio fiscal.
También sabemos que el artículo 126 constitucional dispone que no podrá hacerse pago
alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior.
Por ello el grupo parlamentario del Partido del Trabajo le exige inicie una averiguación
previa en contra del Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría
Treviño y de quienes resulten responsables por la comisión del delito de peculado
establecido en el artículo 223 del Código Penal Federal.
La sociedad mexicana exige transparencia en el manejo de los recursos públicos, la
transición democrática, una de cuyas etapas se realizó el 2 de julio exige claridad en
las conductas que los principios correspondan a lo que se dice y esto a las acciones.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo exige que cualquier disposición de
recursos no contenidos originalmente en el presupuesto, se haga siguiendo el procedimiento
constitucionalmente previsto.
Señor Procurador, el balance de las acciones realizadas por la Procuraduría en estos
seis años no es favorable, siembra de osamentas y compra de testigos para confirmar
presuntas responsabilidades. Inadecuada investigación de los crímenes políticos,
infiltración de la delincuencia organizada al interior de los cuerpos policiacos
encargados de combatirlos, sensación creciente de inseguridad en la población,
incapacidad para combatir la delincuencia. En síntesis, que desde las más altas esferas
del poder público se genera la impunidad, Aguas Blancas, Acteal, El Charco y otros más
son palpable ejemplo de ello.
Si en materia económica el Gobierno presume de logros que no llegan al bolsillo de los
mexicanos, es materia de procuración la impartición de justicia, el balance le resulta
totalmente deficitario.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el ámbito de nuestra competencia,
seguirá proponiendo alternativas jurídicas, que contribuyan a abatir la delincuencia y a
procurar la seguridad jurídica, aspiramos al cumplimiento estricto del estado de derecho.
Muchas gracias, compañeros.
Muchas gracias, diputado Rodríguez Pasos.
Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para fijar la posición del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Arturo Escobar y Vega.
| El diputado Arturo Escobar y Vega: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados; señor procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar:
La procuración de justicia es pieza fundamental para el desarrollo económico y social de
cualquier nación, es obligación de cualquier Gobierno que se diga ser eficiente en
garantizarla.
En el transcurso del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, nos hemos visto envueltos en
una persecución de la delincuencia contra la sociedad sin precedentes, dicho
enfrentamiento le ha costado la vida a un sinnúmero de personas inocentes, es evidente
que el problema de la inseguridad es el más severo que tenemos en nuestro país.
La mayoría de los ciudadanos hemos perdido la confianza en la autoridad, pero más grave
aun la consideramos en muchos de los casos como el sujeto activo en la acción del delito.
La procuración de nuestra justicia ha llegado a niveles lamentables, los cuales se
reflejan en la amplia impunidad, en la persecución de los hechos delictuosos, la
constante corrupción e injustificada burocracia, traducida en la falta de preparación
por parte de la autoridad persecutoria.
Los datos sustentados en la glosa del informe, reflejan una realidad total de la vida
cotidiana del ciudadano, el establecer siquiera que se está combatiendo el crimen con
legalidad, eficiencia y honradez, constituye una burla a la sociedad entera, quien padece
la incapacidad y corrupción de la autoridad de forma directa.
Si bien es conocido que el próximo Ejecutivo Federal pretende evitar la de por sí cada
día más marcada inseguridad pública, no es posible que la actual administración
entregue las cuentas de procuración de justicia en este estado.
Es obligación de la autoridad procurar y otorgar a la ciudadanía, seguridad en el
desarrollo de su actividad diaria, con objeto de que no se vea amenazado en su integridad
personal, familiar, trabajo y medio ambiente.
El Partido Verde Ecologista de México lamenta la falta de seriedad en la persecución de
los delitos ambientales, delitos evidentemente minimizados por la fiscalía especial, ya
que las autoridades encargadas de la procuración de justicia han sido rebasadas y
superadas, lo que deja a la garantía constitucional de un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar en letra muerta.
La actualización y capacitación de los servidores públicos encargados de la
procuración de justicia deja mucho que desear, no obstante que en la glosa del informe
presidencial se nos señala que en este año se han llevado a cabo más de 30 cursos de
formación y profesionalización, 14 maestrías y un doctorado para seis personas.
Esperemos que los cursos estudiados empiecen a reflejar lo antes posible en el trabajo de
los funcionarios de la Procuraduría.
La falta de tecnología moderna en el combate al crimen organizado, ha sido la constante
en esta administración; sin embargo, en la glosa del informe presidencial se establece
que la inversión en este tipo de equipo ha permitido mejorar los procesos de
investigación y persecución de los delitos.
El combate al crimen organizado no ha funcionado; el narcotráfico está en auge, al igual
que los secuestros, los cuales han sido muy populares dentro de la Policía Judicial; la
participación del Ejército en el combate al narcotráfico ha tenido un impacto negativo
en la opinión pública, la detención de otros dos generales de alto rango y recordando
la singular respuesta que ante la Cámara de Senadores dio el secretario de Gobernación,
Diódoro Carrasco el pasado 19 de septiembre, al ser cuestionado sobre el nombramiento de
estos generales como responsables del combate a ese problema, pese a que se relacionaba
desde antes con esa actividad ilícita, cito: "suponer que antes de detenerlos se
conocía sus nexos o su participación en temas vinculados al narcotráfico..." es
una extrapolación del buen sentido.
Es evidente el alto precio pagado por el Ejército, al intervenir en los aspectos más
turbios de la gobernabilidad, como son la seguridad, el narcotráfico, la
contrainsurgencia, por lo que el desgaste institucional y desprestigio que genera la
corrupta actuación de algunos de sus miembros, debe considerarse seriamente para evaluar
la conveniencia política de seguir utilizando a las fuerzas armadas en funciones de
seguridad e inteligencia.
Ante todo, se advierte la voluntad de la cúpula militar para aplicar la ley con todo
rigor en asuntos de narcotráfico; la cuestión sería, señor Procurador, si también
serán sancionadas las violaciones de la milicia mexicana en cuestión de los derechos
humanos de grupos guerrilleros y si también serán llevados los generales Acosta y Quiroz
al penal federal de Almoloya de Juárez, junto al también desprestigiado general
Gutiérrez Rebollo.
Dentro del intercambio de información entre nuestro país y los Estados Unidos de
América, la Procuraduría General de la República ha insistido en la existencia de una
relación de asistencia bilateral. Sin embargo, es paradójico que en los Estados Unidos
de América se consignen expedientes de notorios narcotraficantes mexicanos con mucho más
agilidad que en nuestro país.
Señor Procurador, en virtud de que existen tan amigables relaciones, ¿no sería
conveniente solicitarles la información que tengan sobre los delincuentes mexicanos, a
efecto de tratar de allegarnos de los elementos necesarios para consignar, aprehender o
simplemente intercambiar información relevante? Dicha cooperación se refleja en la
participación de la DEA, en el caso de las tumbas de Ciudad Juárez; esto por carecer la
Procuraduría General de la República del equipo técnico adecuado para detección y
análisis de restos humanos.
En cuanto a la actuación de la Procuraduría General de la República en los recientes
acontecimientos relacionados con el fracaso del Renave, quisiéramos conocer qué tipo de
estrategia moderna, qué sistema de seguimiento y captura tan eficaz fue aplicado para
detener, en menos de 24 horas, al delincuente y tortura dor Ricardo Cavallo, cuando todos
sabemos que la Procuraduría General de la República no ha tenido éxito ante las fugas
anunciadas de otros prestigiados presuntos delincuentes como Mario Villanueva y Oscar
Espinosa Villarreal, por tanto, mucho reconoceríamos de su gestión el saber cómo es
posible que el ex gobernador de Quintana Roo pueda seguir evadiendo la justicia,
supuestamente dentro del territorio nacional.
En relación con el tema de las cajas de ahorro, el titular de la fiscalía especializada,
Mariano Herrán, acaba de declarar que sólo son 200 mil los ahorradores afectados y no el
millón y medio que se estimó inicialmente, esto es, que la diferencia la constituyen
ahorradores ficticios y montos muy superiores a lo que en la realidad la gente aportaba.
Señor Procurador, ¿cómo es posible que durante dos años y con antecedentes similares
en otras cajas de ahorro, la institución a su cargo y particularmente la unidad
responsable de la detección de lavado de dinero, haya sido incapaz de intervenir
oportunamente, no obstante existir evidencias de una relación directa con la banda de los
hermanos Amezcua?
Señor Procurador, hablar de eficacia oportuna en las funciones de la inteligencia de la
Procuraduría a su cargo es complicado.
Lamentando el tener que recordar un episodio trágico, quisiéramos conocer su
razonamiento respecto a los deficientes mecanismos de control aplicados en la
administración de los bienes incautados por la Procuraduría a su digno cargo, pues es de
suponer que detrás de la muerte del señor Juan Manuel Izabal Villicaña, se encuentra la
errónea discrecionalidad con la que han manejado los bienes inmuebles, muebles, hoteles,
restaurantes, autos extranjeros de lujo y blindados, lo que es evidente que provocó la
corrupción que salió a la superficie.
Señor Procurador, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está
convencido que usted ha trabajado con honestidad durante su gestión, lamentablemente esta
realidad ha sido insuficiente para garantizar la seguridad de las personas.
La monumental corrupción existente en la Procuraduría General de la República, debilita
en gran medida el estado de derecho de la nación. Los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez consagrados en nuestra Carta Magna, parecen no ser
aplicables a una gran cantidad de funcionarios de esta dependencia.
Señor Procurador, en la seguridad de las personas no puede existir un doble discurso; la
lamentable corrupción al interior de la Procuraduría ha llevado a los delincuentes a
mandar en nuestras vidas. Los mexicanos no merecemos esta inseguridad.
Lo exhorto a que nos hable con la verdad y se someta sin prejuicios a los señalamientos
de esta soberanía.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Arturo Escobar y Vega.
Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, tiene el uso de la palabra por 10 minutos, el diputado Alfredo Hernández
Raigosa.
| El diputado Alfredo Hernández Raigosa: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados; señor Procurador General de la República:
Una de las responsabilidades fundamentales del Estado, es la de proporcionar seguridad y
procurar justicia a los habitantes de una nación, atribución que le corresponde al
Ejecutivo y específicamente a usted, quien debió velar durante su gestión para que se
respetaran nuestros derechos fundamentales vigilando que prevaleciera el estado de derecho
y se previniera y se erradicara la impunidad, garantizando que al cumplir con esas
obligaciones se respetaran los derechos humanos y las garantías individuales.
El presidente Zedillo se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo, a hacer efectivas
estas premisas al aspirar a un estado de derecho y a un país de leyes; es por lo cual su
comparecencia, señor Procurador, no puede estar ajena a un balance sexenal en esta
materia.
La situación imperante en nuestro país nos muestra que la aspiración del Presidente y
de usted, al frente de la Procuraduría no se cumplió.
Hoy tenemos un desbordado crecimiento de la delincuencia cada vez más agresiva, más
diversificada, más sofisticada en sus métodos, más poderosa en sus recursos, cada vez
con mayor poder de infiltración de las instituciones y con mayor capacidad para
corromper.
Fueron infructuosas todas las acciones para garantizar una debida procuración de justicia
a la población. Acciones como la tortura, la persecución por ideas, la inseguridad, la
corrupción, la impunidad, son realidades que marcaron a esta administración.
Recuerdo con claridad que el presidente Zedillo se ufanaba en decir: "fallamos pero
no fracasaremos". Sin embargo, uno de los ejes centrales del Gobierno del señor
Zedillo, reiterado enfáticamente en todos sus informes de gobierno, fue el de otorgar
seguridad jurídica a la población. El mismo Presidente aceptó su debacle al declarar lo
siguiente: "la gente espera que el Estado le brinde seguridad pública y
justicia"; con gran pesar reconozco que el Estado aún no ha cumplido esta demanda de
los mexicanos.
¿Cómo podría lograrse la tan anhelada seguridad jurídica en este país, si en lo que
va de este sexenio el narcotráfico se constituyó en el principal problema de seguridad
pública y de seguridad nacional? Nuestro país pasó de ser un productor y transportador
de drogas, a un país de consumo a escala creciente.
En 1993 y 1998, el consumo de drogas, especialmente la cocaína, creció de 1.4 millones a
2.5 millones de personas, especialmente afectando el sector de los jóvenes, según datos
del sector salud.
Como consecuencia del avance del narcopoder en México, se han desarrollado actitudes
vergonzantes del Ejecutivo Federal, orientadas a evitar la descertificación, más para
agradar a los Estados Unidos y quitarse de encima sus presiones, que para evitar
verdaderamente el flujo y consumo de drogas en el territorio nacional; así como la
abierta y hasta complaciente actitud para que agentes norteamericanos del FBI y de la DEA,
realizaron investigaciones en nuestro territorio, como en los casos de las narcofosas en
Ciudad Juárez o el operativo casablanca, violando flagrantemente la jurisdicción de las
autoridades nacionales y la soberanía del país.
No olvidemos que el embajador estadounidense Jeffrey Davidow declaraba el 25 de febrero de
este año: "es un hecho que la sede del mundo del narcotráfico está en
México".
Señor Procurador por todo esto, en el PRD creemos que en su gestión y la del señor
Zedillo, los carteles de la droga se han fortalecido como organizaciones criminales, con
un poder gigantesco que han logrado crear brazos armados para su protección, así como
penetrar y corromper diversas instituciones del país, han creado sofisticados sistemas
financieros para el lavado de dinero producto de esta actividad ilícita. Han instaurado
sistemas de inteligencia para infiltrar las corporaciones policiacas a los jueces y al
Ministerio Público.
Poco o nada se ha realizado para evitar que este mundo del narco, con dinero mal habido y
que todo lo corrompe, penetrara las estructuras del Estado, que van desde los niveles más
altos de la clase política en el poder, hasta los mandos medios e inferiores de seguridad
pública, procuración de justicia e impartición de la misma y del Ejército. Baste
señalar que en la propia nariz de la PGR, el célebre señor Mario Villanueva Madrid,
vinculado con el narco, se sustrajo de la acción de la justicia. Otros casos en el que
por cierto consideramos que era un error que las fuerzas armadas se involucraran en las
tareas del combate al narcotráfico, son los de los militares Gutiérrez Rebollo, acusado
de pertenecer al cartel de Amado Carrillo o el de Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo,
tentados por el poder del narco. Demostrando éstos, el fracaso rotundo de esa decisión
del presidente Zedillo.
La incapacidad de la Procuraduría para detectar la penetración de la corrupción y el
crimen organizado en los altos mandos de ésta, quedaron de manifiesto al perpetrarse el
raro suicidio de su oficial mayor, el señor Izabal Villicaña y del sospechoso dinero de
este funcionario, depositado en el City Bank o la rapidez de la autoridad, por demás
sospechosa, para decretar como suicidio la muerte de Ramos Tercero, en el maloliente caso
del Renave, Herminio, Cavallo.
Licenciado Madrazo, en su gestión al frente de la PGR se advirtió la ausencia de una
auténtica política criminológica que articulara a todas las instituciones de los tres
órganos de gobierno bajo un conocimiento científico de la conducta delictiva que de
manera integral atendiera aspectos preventivos, punitivos y readaptativos.
En fin, creemos que todos los arrestos y decomisos que aquí se han enunciado, resultaron
insuficientes para modificar lo esencial. La PGR se vio desbordada por la corrupción y la
impunidad; impunidad que sellará por siempre este Gobierno, pues durante él se
cometieron hechos denigrantes de la vida y dignidad humana, toda vez que se toleraron y
proliferaron grupos civiles y paramilitares armados, como Paz y Justicia, los
Chinchulines, los antorchos, las lobas etcétera, que al amparo y protección de las altas
esferas del poder político y económico actúan por encima de la ley asesinando,
torturando y cometiendo impunes genocidios como el de Acteal, El Charco, El Bosque, o la
emboscada de Aguas Blancas, en Guerrero, donde policías del Estado asesinaron con toda
alevosía y ventaja a 17 campesinos indefensos.
Hoy prevalecen las dudas en la sociedad y en la opinión pública en torno a los
magnicidios del señor Colosio, del señor Ruiz Massieu y del cardenal Posadas. Las
contradicciones en que incurrieron los encargados en las diversas investigaciones
contribuyeron a generar en la sociedad un clima, señor Procurador, de desconfianza y de
miedo.
El terror también que se manifestó en la PGR para no investigar a fondo el caso Cabal y
de Banca Unión por estar involucrado el inefable gobernador de Tabasco Roberto Madrazo y
el propio presidente Zedillo.
Señor Procurador, los resultados de la política criminal en este sexenio saltan a la
vista. No obstante que se produjeron reformas constitucionales y se crearon instituciones,
dependencias y programas en los cuales la Procuraduría contaría con un mayor radio de
operación, coordinación y efectividad, éstos fueron nulos y provocaron el descrédito y
la desconfianza de la sociedad en todo lo que huele a procuración de justicia.
Son todas estas razones las que en el grupo parlamentario del PRD nos obligan a hacer un
balance sexenal en esta materia de procuración de justicia, concluyendo que en ésta se
dieron los más estrepitosos fracasos de la actual administración, rotundo fracaso que,
señor Procurador, reconocido aquí hace unos días por el propio presidente Zedillo en su
último informe de gobierno.
Este fracaso nos vuelve al estado de naturaleza que describía Hobbes, en el cual cada
hombre vive por su cuenta y debe procurar su defensa, por lo que este Estado termina en
una guerra de todos contra todos. Es lamentable, señor Procurador.
Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario del PRD exhorta a todas las fuerzas
políticas del país y de la Cámara de Diputados a construir una procuración de justicia
independiente, ajena al poder del narco, al poder económico y al poder político, al
cáncer de la corrupción y a la lacerante impunidad.
Y al presidente electo Vicente Fox lo exhorto a que devuelva el dinero que le están
pagando; lo exhorto a que le cumpla al pueblo de México con los compromisos en campaña
en materia de procuración y administración de justicia.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Alfredo Hernández Raigosa.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se concede el
uso de la palabra, por 10 minutos, al diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.
| El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Tal parece que existieran dos méxicos: el de la realidad lacerante que vivimos los
mexicanos en materia de procuración de justicia y el que usted ha de defender a lo largo
de sus intervenciones en esta comparecencia. Ojalá que su participación no resulte
alejada de la verdad.
Señor Procurador, es inobjetable, usted no cumplió, no procuró justicia para los
mexicanos y el Ejecutivo fracasó en su tarea de implantar en nuestro país un verdadero
estado de derecho.
El pueblo de México no cree en la Procuraduría que usted intentó dirigir. El fracaso de
la lucha contra el crimen ha ocasionado que no se cuente con la credibilidad, la confianza
y la legitimidad de la sociedad hacia la institución responsable de procurar justicia.
Para Acción Nacional el problema toral del añejo sistema político radica
fundamentalmente en que no se sujetó al pleno cumplimiento de la ley. Es evidente el
divorcio de la Constitución y la aplicación de las leyes. Parece ser un diálogo sobre
el paraíso perdido o una simple fantasía.
Qué mejor ejemplo de dicha ausencia del estado de derecho que la confesión expresa del
titular del Ejecutivo Federal en esta tribuna al reconocer que la tarea fue infructuosa.
Por tanto, le manifestamos también desde esta tribuna: a confesión expresa, relevo de
pruebas.
No obstante reprochamos al Ejecutivo Federal, aquí y ahora, su falta de firmeza y haber
tomado a este Palacio Legislativo como un espacio para confesar sus culpas o limpiar sus
tropiezos. No aceptamos ni su remordimiento ni su pena porque es más grande la pena de
los mexicanos ante el fracaso contra el crimen.
Ante esta simulación de un estado de derecho usted ha sido partícipe y actor principal
en los últimos años. En efecto, parte de las causas del fracaso de la Procuraduría a su
cargo, así como de la mayoría de las instituciones del país, son consecuencia de que en
México, durante muchas décadas, las decisiones no se han sujetado a la ley y más aún,
la han contradicho con posiciones políticas o intereses de grupo. Usted no ha sido la
excepción.
Señor procurador Madrazo: la ley no está sujeta a caprichos ni a negociaciones; la ley
simplemente se cumple.
Las cifras y los datos que usted menciona parecieran alentadores y muy satisfactorios,
pero no son reales; la sociedad no ve esa mejoría. ¿De qué sirven las estadísticas si
nos damos cuenta que la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado van en
aumento?
Señor Procurador, la palabra y la acción deben llevarse a la práctica en su exacta
dimensión, pues las personas cuando no tienen la voluntad ni las ganas de hacer bien las
cosas perjudican la consecución de planes y programas.
El problema de la Procuraduría General de la República es hasta hoy la sumisión
absoluta de su titular frente al Presidente de la República y el pacto no escrito de la
incondicionalidad de muchos de los elementos, a cambio de impunidad.
Es desafortunado el hecho de que de cada 100 delitos federales denunciados sólo tres son
sancionados. Esto quiere decir que los delincuentes tienen un 97% de probabilidad de no
ser castigados por su conducta. Ello sucede en tanto usted está aquí, delante de
nosotros, ¡tratando de justificar la errática labor de la dependencia a su cargo!
¡Se requiere voluntad, compromiso y capacidad para resolver los problemas de inseguridad!
¡No son suficientes recursos cuantiosos y reformas jurídicas de buena intención para
combatir la criminalidad!
Por ello es preciso mencionar que a pesar de haberse aumentado en más de un 300% el
presupuesto, únicamente se han disminuido en un 4% los delitos. No existe un registro
concreto de que el esfuerzo económico haya dado los resultados esperados.
Hoy, las víctimas del delito prefieren el anonimato, porque saben que el delincuente
seguramente no será castigado.
Al final de este sexenio el Gobierno Federal deja en varias materias, pero particularmente
en esta de la procuración de justicia y combate al crimen, una herencia trágica,
trágica de agravios y tareas pendientes que no será posible recoger a la brevedad,
porque lo que heredarán al próximo Gobierno comprende una enorme estructura:
estigmatizada por la ineficacia y la ineficiencia.
En el mismo tono, esta herencia tiene qué ver con la incapacidad de combatir al
narcotráfico. Inclusive los que a esta ilícita actividad se dedican, operan en las más
de las veces bajo la complicidad de algunos funcionarios y policías adscritos a la
Procuraduría.
Ciertas regiones del país están bajo el imperio del narcotráfico. Las bandas y
cárteles de hampones siguen movilizando impunemente enormes cargamentos de droga y
disputan sus mercados ejecutando a sus rivales a la luz del día. Mientras, nuestras
ciudades son invadidas por la distribución de estupefacientes, afectando a ciudadanos de
todas las edades, sin importarle la adición que este mal ha generado en la juventud
mexicana.
¡Todo ello, por supuesto, bajo la sospechosa ineficacia de la institución a su cargo!
¡La Procuraduría no fue capaz de resolver los grandes crímenes políticos ni siquiera
los de sus propios colaboradores! ¡Quedan hoy en la impunidad asesinatos de delegados
estatales y comandantes de la Policía Judicial Federal!
¡El presidente Zedillo y usted nos dejan un México secuestrado, herido y ofendido por la
impunidad, la corrupción y la complicidad! ¡Un país en donde la delincuencia superó a
la institución responsable de contenerla. ¡La Procuraduría General de la República se
doblegó ante el crimen!
El rostro de la dependencia a su cargo para millones de mexicanos es el siguiente:
Ausencia de una Procuraduría independiente.
Falta de un Ministerio Público y Policía Judicial apegados a los principios de
legalidad, honradez, eficiencia y profesionalismo.
Falta de mecanismos de seguimiento y control.
Una Policía Judicial ajena al Ministerio Público.
Rezago en la integración de averiguaciones previas y su despacho. A su vez desatención
casi absoluta de los procesos.
Un Ministerio Público relegado de sus funciones. Una institución de la cual la sociedad
tiene una visión de desconfianza y descrédito.
Estas son sólo parte de ese rostro y no agotaremos el tiempo en una lista interminable de
agravios que nos deja como legado la dependencia que usted encabeza.
En conclusión, la Procuraduría debió velar por los intereses de cada uno de los
ciudadanos. Estamos ciertos que con una buena dosis de voluntad, como hasta hoy lo hemos
mostrado los mexicanos, todos nos sentiríamos satisfechos de que la Procuraduría se
esforzara por cumplir su estricto mandamiento, a efecto de que el pueblo de México retome
la confianza, crea en las instituciones y se sienta orgulloso de las mismas.
Finalmente, y en franco homenaje a un ilustre político, filósofo y eminente panista,
retomo frases de su libro Disiento y lo cito: "Disiento de quienes claman justicia
sin pararme antes en el estado de derecho. Porque creo que si lo puramente legal no basta,
sí es el justo medio posible entre lo justo y lo bueno. Disiento de quienes prefieren no
hacer nada y mantener a los mexicanos en estado de sobrevivientes", termina la cita:
Carlos Castillo Peraza.
Señor Procurador: ¡a unos meses de que termine su ejercisio, que en su conciencia quede:
si se aplicó la ley o se simuló simplemente aplicarla!
Gracias, diputado Rodolfo Pérez Gavilán.
Tiene ahora el uso de la palabra para fijar la posición del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Elías Romero Apis.
| El diputado José Elías Romero Apis: |
Con su venia, señor Presidente; honorable
Asamblea; señor Procurador:
En el Partido Revolucionario Institucional creemos y consideramos que la forma de
gobierno, el federalismo, la democracia, el equilibrio de poderes, la soberanía y el
desarrollo, están inseparablemente ligados con la seguridad de la nación, con la
supremacía real de la Constitución, con la protección jurídica del individuo, con la
cultura de la legalidad y con el control integral de las potestades públicas. A esa
relación indisoluble la llamamos estado de derecho.
En consecuencia con nuestros principios ideológicos, reconocemos que el Estado como la
nación es una tradición que no puede canjearse por modas o por innovaciones cotizables a
base de oferta, de demanda o de imitación. Puede existir una economía de mercado, pero
no un estado ni una justicia de mercado.
Reconocemos también que en el asunto de la justicia, particularmente en el de la
procuración, los mexicanos hemos invertido en dinero, en vida, en esfuerzo y en
sufrimiento lo que en otros países sólo lo reclamaría un estado de guerra.
También, ciertamente, se ha avanzado en el campo de la mejoría de las instituciones
procuradoras.
En el caso de la federal vale resaltar que se han obtenido resultados en la
profesionalización, la especialización, la modernización de las estructuras, el
mejoramiento de la atención victimológica, la ampliación de los servicios a la
comunidad, la mayor participación en el entorno preventivo y la mayor presencia no penal
del Ministerio Público, así como en la modernización tecnológica, la mejoría de los
salarios y prestaciones y la mayor presencia en el entorno social.
Sin embargo, junto a esas fortalezas todavía existen debilidades que debieran ser
remitidas o de lo contrario se corre el riesgo de que éstas ensanchen su espacio en un
detrimento institucional global.
Ellas son las dimensiones institucionales no correspondientes con los requerimientos, la
desarticulación orgánica y funcional, la carencia de procedimientos internos
consistentes y la calidad poco uniforme, la precariedad del sistema de control, la
corrupción en los bajos niveles operativos, la falta de inteligencia institucional, la
atención ciudadana deficiente, la carencia de un diagnóstico de la situación delictiva
y de las causas criminógenas, las leyes obsoletas y anticuadas y la dispersión en la
lucha contra el crimen organizado.
Debe reconocerse que hoy día hay el consenso más amplio de que la sociedad mexicana vive
en una situación que va desde el temor hasta la indignación, porque convive con una
fractura de su estado de derecho, derivada de diversas causas.
En primer lugar convivimos con una criminalidad que se ha decidido a actuar con un muy
lamentable pero muy razonable cálculo de seguridad. La capacidad oficial para investigar
con éxito los delitos denunciados, hagamos a un lado los no denunciados, nos dicen que
las cifras mexicanas de impunidad difícilmente pueden ser superadas en otra latitud.
A ello se agrega un sistema procesal desequilibrado, lento, difícil, rígido y con otros
vicios, que lo hacen muchas veces inaccesible, caro y desesperante.
En tercer lugar está la ilicitud no delincuencial, que genera el espacio para que no
paguemos, lo que debemos, para que no cumplamos lo que prometemos o para que no respetemos
los derechos de los demás; es decir, la barbarie entronizada.
Existen también avisos de desvío de autoridad, generados a partir de la confusión entre
política y derecho, de que los fines justifican los medios y de que el interés político
debe triunfar con la ley, sin la ley o contra la ley.
En quinto lugar hay síntomas de arbitrariedad, esa indebida flexibilidad para que la ley
no se aplique a todas o a todos, pero no de igual manera o para que se acomode al gusto o
al beneficio de cada quien, es decir, la ley guanga, la ley sirviente, la ley no ley.
También existe la corrupción progresiva que en un principio histórico actuó a
escondidas de la autoridad, que más tarde actúo con el conocimiento pero también con el
consentimiento de la autoridad y que hacia el futuro pretende sustituirla y sentar a
alguien de su grey en el sillón de la autoridad.
Un séptimo adversario es la lenidad, blandura injusta que considera que la ley carece de
razón porque su incumplimiento ha ganado terreno de tradición, de costumbre o de
cultura.
No puede soslayarse la apatía institucional hacia la justicia, que ha anidado en el bajo
nivel y en las muy altas esferas de la política, del tesoro y de la administración.
En noveno término se presenta una profunda ineficiencia que proviene de factores que van
desde el tamaño de las instituciones y sistemas correspondientes hasta la penuria
presupuestal, profesional y organizacional.
Por último debe mencionarse una muy profusa y lamentablemente muy profunda cultura de la
ilegalidad que hace que muchos mexicanos no crean hoy día en la justicia como un valor
especial de la vida.
Esas 10 causales hacen que sea necesario actuar sin mayor dilación por lo menos en siete
frentes prioritarios de actuación concrecional en materia de justicia.
En primer término la nación requiere contar con políticas integrales en materia de
estado de derecho que agrupen los esfuerzos que hoy se encuentran dispersos en una misma
potestad de gobierno y ensamblarlos con las otras potestades sin violentar desde luego la
esencia del federalismo, además de conjuntarlas con la acción civil de la sociedad.
En segundo lugar se requiere que la reforma estructural de las normas coincida con la
reforma funcional del sistema.
En tercer lugar es importante una profunda simplificación jurídica que reduzca las
posibilidades de interpretación y aplicación equivocas a través de la eliminación de
trámites y requisitos innecesarios.
En cuarto lugar para la vigorización del estado de derecho y de justicia es conveniente
ampliar las posibilidades de protección de equilibrio dentro de la contienda.
En quinto término para el logro de una mayor seguridad jurídica se requiere fortalecer
todo el sistema de previsión de daños en las personas, en sus bienes, en su honor y en
sus derechos y lograr que en caso de daño, exista la respuesta idónea y oportuna de
restitución, de indemnización y de punición.
En sexto término se requiere de la mejoría de las profesiones jurídicas en cuanto a
programas, a prácticas, a vocaciones, a propósitos, a desarrollo, a calificación y a
colegiación.
Por último se requiere revertir una cultura de ilegalidad que ha hecho que muchos
mexicanos y quizá cada día más, consideran que someterse al imperio de la ley es un
signo de debilidad o que inculcar en los hijos principios de legalidad es inutilizarlos
para el futuro o que buscar soluciones en el cauce legal es complicar los problemas.
Honorable Asamblea. No se podría permitir que el asunto de la justicia fuera el último
de la agenda nacional. Si aceptáramos que en México todo va bien, excepto dos cosas,
casi todos los mexicanos estariamos de acuerdo que en México va muy mal la pobreza y va
muy mal la justicia.
De ahí la importancia del desarrollo productivo para rescatar al hombre de las fauces de
la miseria, pero junto a ellos se requiere reconstituir nuestro sistema de justicia,
porque salvo unos cuantos mexicanos, por su jerarquía, por su influencia o por su dinero,
el resto vivimos en el riesgo de la injusticia.
Esto quiere decir que no sólo una gran parte de los mexicanos son muy pobres, sino que
casi todos somos inaceptablemente muy débiles frente a muy pocos mexicanos que no sólo
son muy ricos, sino que además son indebidamente muy poderosos.
Esto implica pues, que hoy día la justicia y el desarrollo también se asocien
indisolublemente con la democracia, ya no sólo como un asunto del tener, sino como una
cuestión del poder, ya no sólo como un programa de repartición, sino como un proyecto
de participación; con la democracia se logra lo que deseamos, con la justicia se logra lo
que debemos. La democracia es la entronización del querer y la justicia es la
entronización del deber y la conjunción de ambas nos lleva a la libertad, porque
mientras más obedezcamos a las leyes, menos tendremos que obedecer a los hombres.
Así queda dicho, señor Presidente.
Gracias, diputado José Elías Romero Apis.
Para concluir esta primera parte de la comparecencia, haciendo comentarios a los
posicionamientos de los grupos parlamentarios, se le concede el uso de la palabra, por 10
minutos, al ciudadano Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente; señoras
diputadas, señores diputados:
Indudablemente que siempre debe tenerse en cuenta que el enfoque o la interpretación de
tipo político o de tipo partidista sobre el desempeño de las funciones de los órganos
del Estado; sin embargo, tengo la impresión que muchas veces con los parámetros
políticos no necesariamente se llega a un juicio absolutamente objetivo.
Yo disiento desde luego de la visión tan extraordinariamente oscura y negra que algunos
de los señores diputados han manifestado recientemente. Siento con mucha más claridad y
habiendo estado sentado en el sillón del Procurador, por casi cuatro años, que
indudablemente hay avances, que indiscutiblemente existen rezagos y que el futuro se
presenta lleno de retos y también de oportunidades.
El tema de la inseguridad pública, las controversias que genera el narcotráfico no se
iniciaron ni el 1o. de diciembre de 1994, al asumir el Poder Ejecutivo el presidente
Zedillo ni tampoco el 2 de diciembre de 1996, cuando yo llegué a la Procuraduría General
de la República.
Esto ha sido indudablemente un proceso, ¿en dónde?.. en los índices de delincuencia, se
llegó quizá a los puntos más alarmantes durante 1997, pero que afortunadamente durante
1998, 1999 y lo que llevamos del año 2000 se muestran ya claros índices de descenso en
esos crímenes.
Por cierto, que de las encuestas realizadas, de lo más que se quejan los ciudadanos no
son por cierto de los delitos que están dentro de la competencia de la Procuraduría
General de la República, de los delitos federales, sino fundamentalmente de los delitos
del fuero común; se quejan del robo al transeunte, el robo a casa habitación, de la
violación y los temas que tienen que ver con los delitos federales, aunque no dejan de
reportar a los encuestados, no tienen el nivel de preocupación en la vida cotidiana que
los delitos que están en el ámbito de las procuradurías estatales.
Y yo no creo que aquí se trate de echarse la bolita de una instancia a la otra, sino que
la apuesta ha sido cómo coordinarnos mejor, como la distribución de competencias y de
jurisdicciones no puede abrir flancos para la delincuencia y creo que poco a poco, siendo
respetuoso de las reglas constitucionales y legales, las procuradurías de los estados y
la Procuraduría General, estamos trabajando cada vez más de manera coordinada.
Muestra de ello es que ya en 22 estados de la República funcionan agencias mixtas del
Ministerio Público, en donde el Ministerio Público y las policías de ambos fueros, con
peritos, ven delitos tanto del fuero común como del fuero federal. Es indiscutible que
algunos delitos federales, como los delitos contra la salud, detonan otro tipo de delitos
que se encuentra, por disposición de la Constitución y la ley, en el ámbito de trabajo
de las procuradurías estatales.
En vez de estarnos censurando, de ver qué le toca a cada quien y como nos deshacemos de
las responsabilidades, hoy más que nunca, a través de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, los procuradores del país, independientemente del partido
político que tengan si es que algunos lo tienen, estamos trabajando juntos. De manera que
el panorama más que una absoluta negritud es de claros y de oscuros.
Hay indudablemente avances, hay avances indiscutibles en el combate al narcotráfico y
aquí la cooperación del Ejército mexicano, el apoyo de la Secretaría de la Defensa
Nacional ha sido francamente invaluable. No hay en este país, ninguna instancia ni
ninguna posibilidad de desarrollar los trabajos de erradicación, muchas veces manual, sin
contar con el esfuerzo de más de 22 mil soldados del Ejército mexicano. Los trabajos de
intercepción no podrían llevarse a cabo tampoco sin la concurrencia del Ejército
mexicano y de la Secretaría de Marina.
Hoy hemos avanzado terriblemente en sellar nuestras fronteras, nuestro mar territorial,
nuestros caminos al cloridrado de cocaína que se produce en países suramericanos por la
vía aérea. En el último año solamente hubo dos vuelos ilícitos de Suramérica a
México; los dos se pudieron detectar, los dos se aseguraron y quedaron detenidos y
procesados sus tripulantes.
La gran apuesta está en ser más efectivos en el control de nuestras costas, que dada su
amplitud presenta un reto formidable. El esfuerzo que la Secretaría de Marina en
combinación con la Procuraduría General de la República que vienen realizando es
también significativo; ahí están y no son sólo especulaciones políticas, sino datos
concretos, susceptibles de una verificación cómo se han venido incrementando
constantemente los aseguramientos de mariguana, de cocaína, de heroína, de goma de opio,
de sicotrópicos, de metanfetaminas, cómo cada vez se destruyen más laboratorios para la
producción de drogas sintéticas.
Esto se ha logrado en gran medida y con costo para algunas instituciones como
indudablemente lo ha sido para la Secretaría de la Defensa Nacional, con la puesta de la
coordinación y de la colaboración y además está muy claro que ésta no es la
responsabilidad y la voluntad de un sólo hombre. Yo creo que el voluntarismo
presidencialista hace mucho que se acabó; si fuese por voluntades, indudablemente que en
este país no se cometería ningún delito, no se traficaría con un gramo de droga, no
habría un solo secuestro, no habría un solo acto de corrupción, esto implica para
poderlo vencer de manera más acelerada el trabajo coordinado, eficiente, claro entre la
sociedad y el Estado y por lo menos a nivel de la Procuraduría General de la República,
a eso hemos estado abiertos.
Decía el señor representante del Partido Acción Nacional, apelando a mi conciencia, que
yo tendría un juicio sobre lo que he hecho y sobre si realmente he aplicado la ley.
Indudablemente que mi conciencia no me reprocha absolutamente nada, he cumplido siempre
con lo que la Constitución y la ley dicen.
Me hubiera gustado tener muchos más resultados concretos y muchos más éxitos para la
sociedad. Yo no busqué ser Procurador General de la República, cuando me hicieron este
privilegio enorme, acepté por México y por México he trabajado; nunca he interpretado
políticamente la ley, no tengo partido político y creo que la justicia no tiene ningún
partido político.
Indudablemente que se puede y se debe hacer mucho más, algunas reformas de tipo orgánico
se han insinuado, seguramente esta soberanía los analizará y creo que indudablemente
serán positivos, pero nada de lo que hicimos durante los cuatro años de la
administración en la Procuraduría General de la República va a contrasentido de lo que
se puede hacer en el futuro, tratamos de limpiar la casa, nos enfrentamos al frente
occidental que es el que está a nuestras espaldas, creamos un centro de control de
confianza para que los principios de legalidad, honradez y eficiencia pudieran demostrarse
de una manera objetiva, científica y técnica y cada vez que tuvimos elementos para
consignar a malos elementos de la Procuraduría General de la República lo hicimos y esto
sucedió en más de 550 casos durante estos cuatro años, queda por hacer indudablemente,
que es una tarea que no se va a agotar en los próximos días.
El próximo gobierno indudablemente verá lo que significa enfrentar estos retos y que no
se van a resolver de la noche a la mañana, siento que con una estrategia perseverante,
clara de cara a la sociedad se podrán obtener todavía mejores resultados.
Repito, me hubiera gustado entregarle mucho más a la sociedad mexicana, he hecho lo que
jurídica y humanamente me ha sido posible y desde luego quedo abierto al juicio de esta
representación de la historia de la sociedad mexicana.
Gracias, señor Procurador.
PRIMER TURNO DE PREGUNTAS
Pasamos ahora a la segunda etapa de esta
comparecencia, abriendo la primera ronda de preguntas que se formularán en un tiempo no
mayor a cuatro minutos; respuesta del Procurador, hasta por ocho minutos y derecho a
réplica por otros cuatro minutos.
Iniciando el primer turno de preguntas y respuestas, se concede el uso de la palabra para
formular sus preguntas por cuatro minutos, a la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
| La diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
En el combate a la delincuencia no se ha tenido la efectividad que se hubiera deseado. Por
ejemplo, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se estableció en el
artículo 2o. la creación de una nueva figura delictiva; sin embargo, vemos cómo en lo
referente a los delitos contra la salud y no obstante la detención de alguno de los
principales dirigentes de estas organizaciones delictivas, la producción, distribución y
consumo de drogas no se ha erradicado, antes al contrario, también la producción de
drogas sintéticas ha aumentado.
Nos percatamos cómo desde el entonces Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, su
titular había protegido a la organización delictiva de Amado Carrillo Fuentes y
recientemente la detención de los generales Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo vuelve a
traer a debate el papel de las fuerzas armadas juegan en el combate a la delincuencia.
¿Hasta qué nivel, dada la verticalidad que existe en el Ejército mexicano y en la
Procuraduría General de la República, estos cuerpos se encuentran infiltrados, permeados
y controlados por las organizaciones delictivas? ¿No será acaso que quienes por mandato
de ley deben combatir esta actividad, no sólo se coluden sino que pretenden arbitrar
estas actividades, dadas las inmensas ganancias que se generan?
En las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito vinculado directamente al
del narcotráfico, poco conocimiento se tiene de medidas efectivas para que no sea posible
lavar el dinero. Quienes obtienen recursos económicos por la venta de drogas necesita
blanquearlo para después invertirlo en actividades lícitas, pero la sociedad no conoce
el que banqueros o intermediarios del Sistema Financiero Nacional hayan sido detenidos y
sentenciados.
En cuanto a los servidores públicos de la Procuraduría, el suicidio de su ex oficial
mayor evidenció la ausencia de controles internos para detectar eventuales
irregularidades cometidas por dichos servidores públicos. ¿Cómo es posible que los
órganos de control interno no hayan sido capaces de detectar en la realización de
auditorías financieras o de legalidad, que no se satisfacían los requisitos de la norma
o tomar oportunamente, ya no medidas preventivas sino correctivas? ¿Cómo es posible que
se dé información confidencial y se proporcionen automóviles de lujo a los miembros del
llamado "equipo de transición", cuando no existe nombramiento alguno que los
faculte a ustedes a informar y a ellos a recibir esta información?
Las personas de ese equipo son tan comunes y tan corrientes como cualquier otro y por
tanto no se encuentran en las hipótesis legales del ejercicio de la función pública
para recibir dicha información.
En lo que se refiere al tráfico de indocumentados, resulta aberrante la poca efectividad
de la actuación de la Procuraduría, no sólo nuestros connacionales recienten la
actividad de los "polleros", también nuestros hermanos centroamericanos padecen
estas organizaciones delictivas. Desde la frontera de México con Guatemala, hasta la de
Estados Unidos, los migrantes son vejados sistemáticamente.
¿Cómo nos puede explicar el que miles de personas diariamente crucen el territorio
nacional conducido por traficantes de personas y los cuerpos policiales detengan a muy
pocos, consignen a menos y obtengan sentencias condenatorias en pocos casos? ¿Ese es el
trato y ataque a la dignidad de las personas humanas que mexicanos o centroamericanos
merecen?
Del robo de vehículos mucho se ha comentado y más lo que la sociedad padece. Desde luego
que robar y movilizar vehículos requiere de una gran infraestructura de almacenamiento y
posterior distribución. Cada vehículo que se roba en nuestro país para ser vendido en
otro, necesariamente tiene que salir por algún punto fronterizo.
¿Por qué los cuerpos policiales no lo detectan, y desarticulan esas grandes
organizaciones delictivas?
Por cierto, el obscuro proceso de licitación de la concesión del Renave merece mención
especial, no sólo quien fue designado director del mismo, sino por el antecedente de la
existencia de vehículos mexicanos en la República de El Salvador, en donde la familia
del señor Cavallo tiene grandes intereses.
Se debe terminar con la eventual utilización de la base de datos del Renave para ubicar
la capacidad adquisitiva, los domicilios y la identificación física de los propietarios
de vehículos, para probar estos automóviles y con la infraestructura de la empresa
obtener nueva documentación y después venderlos.
¿En qué sentido han avanzado las indagatorias sobre este tema? No sólo se trata de
averiguar las vinculaciones del desaparecido subsecretario Ramos Tercero, sino de también
las responsabilidades que pudiera tener el secretario Herminio Blanco y otros servidores
públicos de dicha Secretaría.
Señor Procurador: los ahorradores que han sido defraudados esperan una respuesta clara de
la conducta de la institución que usted representa y una audiencia al término de su
comparecencia.
Por sus respuestas, muchas gracias.
Gracias, señora diputada.
Le quiero insistir, porque usted está apuntada para la réplica, que el tiempo acordado
es de cuatro minutos.
Tiene, para contestar sus preguntas, el uso de la palabra el licenciado Jorge Madrazo
Cuéllar, procurador General de la República, hasta por ocho minutos.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias por sus observaciones y
preguntas, diputada Aguilar.
Pienso que uno de los grandes avances que se tuvieron en este sexenio para combatir la
delincuencia, fue precisamente la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que está
en vigor desde noviembre de 1996 y que en sus primeras acciones me correspondió aplicar.
Lo primero que nos tocó hacer fue formar la unidad contra la delincuencia organizada que
está prevista en la ley y empezar a utilizar sus distintos instrumentos y herramientas.
Sobre todo en el combate a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico,
dedicadas al secuestro, dedicadas al robo de vehículos con carácter internacional y al
tráfico de personas, la unidad ha radicado averiguaciones previas, las ha consignado y ha
tenido sentencias condenatorias importantes. Queda mucho por hacer, indudablemente que
sí, pero estoy cierto que esta unidad ha venido trabajando por el camino correcto.
Yo repito que durante estos años hemos atacado absolutamente a todas las organizaciones
criminales dedicadas al narcotráfico. No comparto la tesis de que ahora las
organizaciones de narcotraficantes sean más poderosas que antes.
México es el primer país en el mundo en erradicación de cultivos ilícitos. El programa
de sellamiento de la península de Yucatán, el mar de Cortés, el golfo de México, cada
día avanza más y repito que está teniendo resultados muy importantes con la nueva
tecnología que se ha adquirido tanto para el rastreo aéreo, cuanto marítimo y desde
luego también terrestre.
Durante estos seis años hemos procedido contra aquellos malos servidores públicos que
nos han traicionado. Esto ha sucedido en el caso de la Procuraduría General de la
República, repito, en 550 ocasiones, en lo que hace a mi administración que son tres
años y 10 meses.
En el Ejército mexicano también ha habido malos servidores públicos, pero lo muy
importante es que esas conductas que han traicionado a la institución no se han simulado,
a pesar del escándalo que pudieran generar, se han encarado los procesos jurisdiccionales
correspondientes; se ha hablado de cara a la sociedad, se ha hablado de las acusaciones y
de las pruebas que se tienen contra estas personas y se avanza de esta manera en la lucha
contra la impunidad.
Yo creo que lo que podría manchar a una institución, es esconder estos hechos de
traición, es esconder estas conductas delictivas; no tiene por qué mancharla y menos al
actual Secretario de la Defensa Nacional, el enfrentar con todo valor, el llevar al
proceso a estas personas que lo han traicionado a él y que han traicionado al Ejército
mexicano.
Desde luego que las instituciones de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública no
están permeadas y controladas por la delincuencia, esto es absolutamente falso. Ha habido
servidores públicos deshonestos, corruptos, que han traicionado a las instituciones, esto
es también cierto, pero cada vez que se ha logrado tener el cuerpo del delito y la
presunta responsabilidad, no importando las consecuencias en el ámbito político o
social, de cara a la sociedad se ha procedido contra estas personas.
En materia de el delito del lavado de dinero. En la Procuraduría General de la República
es tablecimos durante mi administración, una unidad específica para conocer de estos
casos. En este momento, esta unidad, en donde trabajan economistas, contadores, abogados,
se conocen más de 100 casos distintos y se atienden también diversos procesos;
afortunadamente ya tenemos cinco sentencias condenatorias respecto de este delito,
todavía al iniciar el presente año no se había pronunciado ninguna; creo que vamos,
incluso, también por buen camino en cuanto a la interpretación judicial que se está
dando sobre este nuevo delito o este nuevo tipo penal.
Por cierto quiero decir que yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo en que ustedes
pudieran modificar los requisitos de procedibilidad para avanzar en materia de lavado de
dinero. Efectivamente la Procuraduría General de la República no tiene por qué estar
limitada a que se presente una querella por parte de las instancias hacendarias, sino que
al contrario las instancias de la Secretaría de Hacienda deberían quedar compelidas por
el Ministerio Público para presentarle toda la información financiera a fin de hacer las
consignaciones que corresponda.
Respecto del suicidio del licenciado Izabal Villicaña, me referí en mi presentación a
que éste fue un hecho para mí y para todo mi grupo de colaboradores, francamente
terrible. Seguimos adelante con base en principios y en valores y que no teníamos nada
que esconder. Que si él nos había traicionado, esta imagen no podía extenderse al resto
del equipo.
Le pedimos al señor procurador Del Villar que él hiciera la investigación. Los
resultados que nos ha enviado apenas el 30 de agosto pasado, confirman lo que eran
nuestras sospechas. Nos ha mandado la averiguación previa para que nosotros la podamos
determinar. Estamos trabajando intensamente en ello. Me siento apenado y me siento dolido
por el suicidio del oficial mayor.
Curiosamente en materia de investigación sobre robo de vehículos, a través de la
Interpol México, hemos tenido en cuanto a su tráfico internacional, resultados que nunca
antes se habían logrado. Pudimos encontrar vehículos de lujo tanto en Centro y
Suramérica, como en Europa, en las calles de Paris, robados en las calles de las ciudades
de nuestro país.
Pudimos desarticular tres bandas dedicadas a este tipo de delito y a las personas que les
estaban dando protección.
Para mí es muy importante también la protección de los compañeros del grupo de
transición y cuando se me pidió poder encontrar un vehículo blindado para proteger a
uno de ellos, encontramos que había uno asegurado y de manera temporal, por unos cuantos
días, se le facilitó. Yo creo que en esto no hay ningún delito ni ningún pecado.
Yo seguiré tomando acciones par que en la medida de mis posibilidades puedan tener la
seguridad que su trabajo ya amerita.
Respecto de los ahorradores, me quedan 40 segundos, lo único que le puedo decir es que ya
recibí antes de entrar a esta sala de plenos, a un grupo de los ahorradores. Les he dicho
que tengo toda la disposición de continuar trabajando con ellos para que se presenten las
iniciativas que correspondan a su preocupación.
Nosotros en el caso del señor Cirilo Ocampo, procedimos una vez que tuvimos el cuerpo del
delito y la presunta responsabilidad, pero no nos hemos hecho a un lado respecto de las
consecuencias sociales, desde luego indeseadas que tuvo la consignación que formuló la
Procuraduría General de la República.
Espero que en las próximas intervenciones pueda referirme nuevamente a este caso.
Gracias, señor Procurador.
Para ejercer su derecho de réplica, por cuatro minutos, tiene el uso de la palabra la
diputada Rosalía Peredo Aguilar.
| La diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados; señor Procurador:
Las respuestas que ha dado a nuestras interrogantes no satisfacen en ningún caso. Como
representantes populares actuales y como luchadores sociales de siempre, conocemos de viva
voz de los ciudadanos su desconfianza en las instituciones encargadas de procurar
justicia.
Muchos de ellos no acuden a denunciar los delitos de los que son víctimas porque saben:
Primero. Que perderán mucho tiempo en la Agencia del Ministerio Público para
levantar su acta.
Segundo. Que el órgano encargado de investigar bajo el pretexto del número de
averiguaciones que tiene a su cargo, sencillamente no hace nada.
Tercero. En el supuesto de que se consigne a lo largo del procedimiento no
otorgan al juzgador los elementos de convicción necesarios para que éste pueda dictar
sentencia condenatoria y
Cuarto. En el caso de que se obtenga sentencia condenatoria, sea en la apelación
o en el amparo directo obtiene su libertad.
Entonces ¿para qué se pregoniza tanto respeto a la ley cuando los sujetos pasivos de la
comisión de delitos ven que los responsables quedan siempre impunes?
Reiteramos nuestra preocupación por los graves actos de corrupción que al interior de la
Procuraduría se presentan.
Coincidimos en que resulta indispensable una reforma a fondo de la misma, pero también
afirmamos que no debe de ser una reforma cosmética, sino una que modifique
sustancialmente no sólo la estructura burocrática sino también la concepción de lo que
es un servidor público y la responsabilidad social que esto trae aparejado.
Exigimos en el tiempo que le resta del encargo, trate de sanear a la Procuraduría y que
en el ejercicio de las atribuciones legales y de los contenidos del Programa Nacional para
el Combate a las Drogas, las medidas que se tomen sean enérgicas, pero también
efectivas. No podemos permitir que quien no puede ingresar su nefasta mercancía a Estados
Unidos lo haga en nuestro país, enviciando y degenerando a nuestra juventud, no sólo por
los problemas económicos que esto implica, sino por las consecuencias médicas y sociales
que de ello se derivan.
Hoy las cárceles se encuentran repletas de personas que por no encontrar una actividad
lícita en la cual desempeñarse, se ven obligadas a delinquir. Pero a contrario sensu los
integrantes de las grandes bandas de delincuencia organizada se encuentran libres, como
libres se encuentran Oscar Espinosa Villarreal, Mario Villanueva Madrid, José Parcero
López, Rubén Figueroa Alcocer y muchos otros, que resulta ser el símbolo de la
impunidad que en este régimen se dio.
Consideramos que las medidas tomadas por la Procuraduría no son suficientes para combatir
el tráfico de personas, sostenemos que se debe invertir el concepto: a quien hay que
aprehender es a los traficantes y no a aquellos que de otros países vienen en tránsito
al nuestro con la ilusión de ingresar a los Estados Unidos de América; a quienes hay que
aprehender es a quienes integran esa gran mafia que se encuentra ramificada en todo el
territorio nacional.
Señor Procurador, ¿cómo es posible que a los representantes de la soberanía nacional
no les proporcione la información requerida y si lo hace lo hace con simples
particulares?
Como señalamos en nuestra primera intervención, la sociedad mexicana en general
desconfía de la actuación no sólo de la Procuraduría General de la República, sino de
la de todos los estados.
Y le quiero decir que la atención que se le dio hace un momento a los ahorradores fue a
través de un subprocurador. Estamos pidiendo de manera directa la intervención de usted.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Rosalía Peredo
Aguilar.
Para formular sus preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, se concede el uso de la palabra por cuatro minutos a la diputada Sara
Guadalupe Figueroa Canedo.
La diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados; señor procurador, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar:
Los índices delictivos que usted y otras autoridades nos presentan y que por cierto hacen
poca mención a los delitos ecológicos, parecen demostrar que se ha rebasado la capacidad
del Gobierno por resolver los reclamos ciudadanos en materia de procuración de justicia.
No se puede dirigir ni mucho menos construir el destino de una nación con tales cifras,
las cuales no permiten que se dé un desarrollo pleno del ser humano ni de su entorno.
Los esfuerzos de las diversas dependencias del Ejecutivo, de nosotros los legislativos y
del Poder Judicial, serán pocos si no se coordinan y concretizan en la dependencia a su
cargo.
De nada sirve que el Poder Legislativo o el Judicial Federal o local, encaminen sus
esfuerzos para erradicar los males que aquejan a nuestro país, si no damos resultados
concretos a la ciudadanía.
El combate de los delitos ambientales, tampoco ha sido eficiente. No se ha frenado su
crecimiento, no se ha podido erradicar esta situación que cada día merma más nuestro
patrimonio.
Esperemos y esperamos que adopten medidas, que sin vulnerar los derechos humanos de la
ciudadanía, resulten en acciones firmes y decididas, que permitan sostener un estado de
derecho que nos facilite contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país, con la
convicción de que nuestras familias gocen de un aire limpio, de un país sin
contaminación y una riqueza en la diversidad biológica.
Por ello, yo le pregunto al señor Procurador: ¿qué se está haciendo para perseguir los
delitos ambientales? Quisiera saber cuál es su posición al respecto.
¿Cuántas averiguaciones previas abrió la fiscalía especial para delitos ambientales?
En la legislatura pasada mis compañeros de partido le solicitaron la fórmula del
herbicida para los plantíos de amapola y mariguana, para determinar el efecto o el daño
que el herbicida produce acerca de los cultivos enervantes y a los mantos freáticos.
Hasta la fecha no la hemos recibido.
¿Qué se ha hecho en materia de tráfico de especies?
Y por último, ¿cuál ha sido el resultado de los operativos para detectar y sancionar el
tráfico ilegal de las mismas?
Por sus respuestas, muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Gracias a la diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo.
Tiene la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la
República, hasta por ocho minutos.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias por sus preguntas, distinguida
diputada.
Durante el periodo de enero de 1998 al 31 de mayo del 2000, la subprocuraduría de
procedimientos penales de la PGR en su fiscalía de delitos ambientales, atendió un total
de 971 casos. En 273 casos ya fue posible hacer las consignaciones ante el órgano
jurisdiccional y 148 de ellos están todavía en trámite, buscando el perfeccionamiento
de la indagatoria.
Al día 29 de agosto de este año, se han dictado 100 sentencias en materia de delitos
ecológicos, de las cuales 95 han sido condenatorias y cinco absolutorias. El total de
personas consignadas por la fiscalía especializada fue de 113 personas, en todos los
casos por comisión de delitos del Título Vigesimoquinto del Código Penal, entre los que
destacan funcionarios públicos como responsables; por ejemplo, de desecho clandestino de
residuos peligrosos, de Pemex-Refinación en Veracruz, lo mismo que por tráfico
internacional de vida silvestre, con un valor superior a 1 millón de pesos, por
defraudación en la prestación de servicios ambientales y por desecho clandestino de
tóxicos.
Con la finalidad de atender la problemática en materia de delitos ambientales federales,
la fiscalía realizó durante el año 136 operativos, de los cuales 25 fueron en materia
de flora y fauna, como los realizados en el conocido mercado de Sonora y la carretera El
Charco-Cercado, en San Luis Potosí; 96 en materia forestal en zonas consideradas
críticas para la tala clandestina en parques nacionales y áreas naturales protegidas,
como la reserva de la biosfera en los Tuxtlas, Veracruz y las áreas protegidas del
corredor biológico de Chichanautzin; Sierra de Huautla, Ixtapopo, Zoquiapan, de los
estados de México y de Morelos.
Asimismo se realizaron 15 operativos en materia de tráfico de residuos industriales y de
sustancias agotadoras de la capa de ozono en el Distrito Federal y en los estados de Nuevo
León, México, Guerrero y Veracruz.
Los resultados de estos operativos fueron: 274 especímenes de flora y fauna protegida,
125 pieles y subproductos de fauna protegida, 1 mil 725 metros cúbicos de madera, 434
piezas de madera de diversas dimensiones, 220 mil litros de materiales peligrosos, 180
toneladas de residuos industriales, 42 tambores de solventes, ocho toneladas de residuos
biológicos infecciosos, cinco kilogramos de residuos patológicos, dos armas, 26
cartuchos útiles, dos inmuebles, 55 vehículos, 266 cactáceas puestas a disposición de
otras autoridades y además de 26 kilogramos de mariguana y 108 objetos diversos como
instrumentos del delito.
Igualmente buscó la fiscalía especializada para la atención de delitos ambientales
participar en el proceso para el análisis de la reforma penal en materia ambiental, en
forma conjunta con la Comisión de Ecología de esta Cámara, participando en el Foro
Nacional de Procuración de Justicia Ambiental y también en la que fue convocada para los
talleres de análisis de las reformas de la legislación penal en materia ambiental y los
cursos teóricoprácticos en materia de delitos ambientales.
Puedo también comentar a la distinguida diputada que durante el año, con personal de la
Universidad Nacional Autónoma de México, se estuvieron haciendo los estudios sobre los
herbicidas que se utilizan para la erradicación, fundamentalmente del paracuat. Los
estudios están recién terminados y me pongo a la disposición de la diputada y de los
demás compañeros legisladores que quisieran estudiar y analizar esos resultados, para
que esta reunión pueda realizarse tan pronto como ustedes lo decidan.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Procurador.
Para ejercer su derecho de réplica por parte del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, tiene la palabra... ¿No? ¿No se ejerce? Muy bien.
En ese orden de ideas, tiene la palabra para formular sus preguntas el diputado Miguel
Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Miguel Bortolini Castillo: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras
diputadas, compañeros diputados; licenciado Jorge Madrazo, procurador General de la
República, buen día:
Ojalá también pudiera decirles buen día y darles buenas noticias a los familiares de
los presos y desaparecidos políticos y a los habitantes de las comunidades intervenidas
por el Ejército y masacradas por los grupos paramilitares.
Señor Procurador, su comparecencia ante esta alta tribuna del país debe evaluarse en
función de lo que ha sido la procuración de justicia en todo este sexenio, que
afortunadamente está terminando.
El balance no podía ser más frustrante y negativo; en estos seis años se han logrado
récords difíciles de igualar. Se utilizó a una bruja vidente como instrumento de
investigación, se realizaron varias masacres de indígenas: Acteal, El Bosque, Aguas
Blancas y El Charco, sin que hasta el momento se haya identificado a los autores
intelectuales. Actuaron con total impunidad grupos paramilitares en Chiapas, Guerrero y
Oaxaca. Se militarizó a la mayoría de las zonas indígenas, floreció el narcotráfico,
quedó evidenciada la creciente existencia de influencia del narcotráfico en las altas
esferas del poder; se rompió además, la marca de suicidios de funcionarios.
Licenciado Madrazo, según varias publicaciones, las drogas generan en el nivel mundial,
ingresos de aproximadamente 400 mil millones de dólares anuales.
Licenciado Madrazo, ¿es o no es verdad que en los últimos cinco años en México se
produjeron drogas por un valor de más de 150 mil millones de dólares? Si usted tiene
otro dato, ¿podría decirnos cuál sería la cantidad de dinero que se generó en México
por este concepto? ¿Dónde está el dinero? ¿Existe relación entre ese monto y las
reservas probadas? ¿Cuánto de ese dinero ha sido lavado en bancos o bolsas de valores?
¿Qué relación existe entre los varones de la droga y el sistema económico y político?
¿Qué relación existe entre el proceso de criminalización en que ha caído el Estado y
su relación con los nuevos capitales.
¿Es posible pensar que si la producción de mariguana en México casi se duplicó desde
1986, esto haya sucedido al margen de la actuación del Gobierno? Si bien es una realidad
que para que el negocio de la droga sea un éxito se requiere de un mercado ávido de
consumo, lo que fundamentalmente representa los Estados Unidos.
Señor Procurador, ¿existen o no grupos paramilitares en México, organizados desde el
Poder Federal o los poderes locales? ¿Leyó usted la entrevista que se le hizo en el
periódico La Jornada, a los integrantes del grupo paramilitar Paz y Justicia, de Chiapas?
¿Vio las fotos? ¿Vio qué armas tenían? Son de las de uso exclusivo del Ejército y si
vio todo esto, ¿qué hizo usted al respecto señor Madrazo?
Por último ¿podría decirnos usted, tomando en cuenta los padrones de suicidios
nacionales e internacionales, ¿cuántos suicidios se han hecho con un cutter, cortándose
la yugular y las muñecas y el muslo, simultáneamente? ¿Cuántos suicidios se han
realizado con dos disparos en el pecho?
Y finalmente, ¿cuál es el grado y su juicio, de credibilidad que tiene la procuración
de justicia entre los ciudadanos mexicanos?
Por sus respuestas puntuales, muchas gracias.
Gracias al diputado Miguel Bortolini Castillo.
Tiene la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la
República, hasta por ocho minutos.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias señor diputado por sus
observaciones y sus preguntas.
Desde el año de 1999, la Procuraduría General de la República instituyó primero una
fiscalía y después una unidad especial para la investigación de probables grupos
paramilitares o grupos civiles probablemente armados, como los denominamos,
fundamentalmente en el Estado de Chiapas. Desde entonces esta unidad ha venido trabajando
intensamente; sus trabajos se han centrado respecto de 10 organizaciones, respecto de
quienes consideramos que tienen armas y que es absolutamente indispensable con más
elementos de prueba, poderlos caracterizar como grupos civiles armados.
Se han tomado sólo durante lo que va del año 2000, más de 200 declaraciones respecto de
personas que pertenecen a estas organizaciones. Sentimos que las averiguaciones previas
están avanzadas; se han hecho distintos operativos en la zona norte y en la costa, en el
Estado de Chiapas, para poder perfeccionar las averiguaciones previas y llevarlas a
consideración de los jueces.
Nosotros pensamos que lo que sucedió el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de
Acteal, Chenhaló, fue precisamente la operación de un grupo paramilitar.
Hemos llevado a la justicia a más de 100 personas como probables responsables de esos
terribles ilícitos. En distintos casos ya se han dictado sentencias condenatorias,
incluso respecto de servidores públicos o ex servidores públicos. Existe la reposición
de un proceso que abarca a más de 80 de los autores materiales y estamos ciertos que en
las próximas semanas se dictará la sentencia definitiva.
Rechazo categóricamente que el narcotráfico haya llegado a las altas esferas del poder.
Yo creo que el que afirma está obligado a probar y esto no se ha probado así. Ha habido
quienes nos han traicionado, indudablemente en este esfuerzo por combatir las drogas,
esfuerzo que hacemos por los niños y por los jóvenes de México fundamentalmente.
Y yo repito: cada vez que se han tenido las pruebas, las evidencias, los indicios para
profundizar y hemos logrado llevar la consignación ante un tribunal, se han dictado
sentencias francamente ejemplares. En el caso del general Gutiérrez Rebollo, por ejemplo,
las sentencias acumuladas suman ya más de 71 años.
No puedo confirmarle, diputado, que las drogas que se produzcan en México en un año
valgan más de 15 mil millones de dólares; la verdad no tengo los elementos como para
llegar a una aproximación de estas cifras. Sí le puedo decir el número de hectáreas
erradicadas en el trabajo cotidiano del Ejército mexicano, de la Secretaría de Marina,
de la Policía Federal Preventiva, de la PGR. Le puedo asegurar que las 1 mil 200
toneladas de mariguana que se han decomisado durante este año son absolutamente reales,
que éstas son cifras, las mejores que se han tenido durante el sexenio.
Y le puedo decir respecto a la cocaína que bueno, afortunadamente ésta no crece en
México, la hoja de coca. Se produce en países de Suramérica. El clorhidrato de cocaína
desde luego busca alcanzar el mercado más importante de consumo, que es el de los Estados
Unidos, en donde cada año, sólo en materia de consumo de cocaína, se derraman 56 mil
millones de dólares, que se consumen alrededor de casi 600 toneladas en Colombia, Bolivia
y Perú pueden producir en un año.
Respecto de cuántos suicidios pueden cometerse como el desafortunado en el que incurrió
el doctor Ramos Tercero, lo que puedo decirle es que, de acuerdo con la literatura
forense, heridas muy similares por instrumentos cortantes se presentan en el 10% de los
casos de suicidio.
Respecto de los niveles de credibilidad. Fuera de las interpretaciones partidistas o
políticas, qué es lo que le puedo decir. Que hoy por hoy de cada dos denuncias que se
presentan en la Procuraduría General de la República una se lleva ante los jueces, que
el 92% de las resoluciones de término constitucional son precisamente autos de formal
prisión o de sujeción a proceso y que el 96% de las sentencias de primera instancia son
condenatorias. Eso es lo que hemos logrado y ha costado muchísimo trabajo y lo hicimos en
mucho por el impulso de esta Cámara, junto con su colegisladora y de las legislaturas de
los estados que permitieron la modificación de los artículos 16 y 19 de la
Constitución.
Y cada punto porcentual que crecemos en nuestros niveles de consignación y de éxitos
jurisdiccionales créanme ustedes que cuesta mucho, pero mucho trabajo.
Son los únicos datos objetivos que yo puedo dar para la credibilidad de la Procuraduría,
independientemente del enfoque político que le quieran dar.
Muchas gracias, Señor Procurador.
Para ejercer el derecho de réplica del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Genoveva Domínguez
Rodríguez.
La diputada Genoveva Domínguez
Rodríguez: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Parece que el señor Procurador quiere participar en el homenaje que se está llevando a
cabo a Aldous Huxley, por el LXX aniversario de la gran novela Un Mundo Feliz, donde
se señalaba que repetir algo tres veces a la semana durante cuatro años crea la verdad y
produce reflejos condicionados definitivos entre los ciudadanos.
El problema es que el mundo feliz del licenciado Madrazo goza de un total descrédito. Nos
pueden repetir tres noches a la semana, durante cuatro años o más que el cardenal
Posadas murió accidentalmente, que Colosio fue asesinado por un solo tirador y que no fue
un crimen de Estado, que Ruiz Massieu no fue otro crimen y que no hay grupos también
paramilitares, que se está llevando un combate frontal contra el narcotráfico, que...
El diputado
Martí Batres Guadarrama
(desde su curul): |
Señor Presidente: No le bajen el volumen, por
favor.
La diputada
Genoveva Domínguez
Rodríguez: |
Voy a iniciar. Con su venia, señor Presidente:
El mundo feliz al que me estoy refiriendo y al que usted pertenece, señor Procurador, es
que muy pocos nos creemos ya las patrañas que hemos estado escuchando. ¿Con quién cree
que está usted debatiendo en esta tribuna? ¡Usted miente, señor Procurador; le miente a
esta soberanía, le miente al pueblo de México!
En realidad el mundo feliz del que supuestamente Aldous Huxley decía: "que era
privilegio de unos cuantos, pero a la vez es una realidad para muchos", es
vergonzoso. Es una vergüenza que la oscuridad a la que usted se refiere, al claroscuro
que usted pinta es el claroscuro que envuelve el misterioso caso de los crímenes y yo me
pregunto: ¿por qué no se da la moda de suicidarse secretarios en vez de subsecretarios?
y ¿en qué país vive usted cuando afirma vehementemente que el narcotráfico en México
no ha alcanzado niveles alarmantes?
Efectivamente, no todo debe recaer en usted. El flamante ex procurador azul Lozano Gracia
tuvo la oportunidad de aclarar también los asesinatos políticos, las osamentas
sembradas, el narcotráfico. Pero este sexenio en el cual ustedes han estado al frente de
la Procuraduría, es un sexenio que usted nos viene a pintar aquí como un mundo feliz.
Y a nombre de la dignidad del pueblo de México, como legisladora federal, le digo que
usted miente y que quede en su conciencia; cuando usted dice que su conciencia no le
reprocha nada eso es peor porque entonces usted no tiene conciencia.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Gracias a la diputada Genoveva Domínguez
Rodríguez.
Para formular sus preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Vicente Pacheco Castañeda.
| El diputado Vicente Pacheco Castañeda: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados; señor Procurador:
El Presidente expresó que durante su gestión había fallado pero que no fracasaría.
Usted, por su parte, afirmó que la autoridad ganaba batallas. Hoy, al cierre de caja en
esta materia, se puede concluir que el Ejecutivo Federal falló y fracasó y que usted
como Procurador perdió la batalla contra el crimen.
Estamos conscientes de que la delincuencia no se inició con su llegada, señor
Procurador, lo que se le cuestiona es el incremento de la misma durante su gestión.
Usted habla de delitos del fuero común y ¿el rezago de la Procuraduría General de la
República dónde queda? Es impresionante ver en varias decenas de miles y miles de
expedientes y órdenes de aprehensión rezagados. No se puede ni mucho menos se debe
evadir la responsabilidad en el problema más complejo de la nación.
Esta Cámara dotó de instrumentos y herramientas jurídicas para hacer un combate más
eficaz contra el crimen organizado y en los hechos hemos observado que los han
desvirtuado. ¿El haber incautado más drogas es por eficiencia de la Procuraduría o por
el incremento en los cargamentos de ese material?
Esta Procuraduría deja mucho qué decir en el ámbito de la cooperación bilateral para
el combate al narcotráfico.
En efecto, un asunto controvertido y polémico que cuestiona la actuación de la PGR, fue
la intervención del FBI en las llamadas narcofosas encontradas en Ciudad Juárez,
Chihuahua, en plena violación de la soberanía nacional y de las leyes mexicanas. Hubo un
error en la toma de decisiones a este respecto, que evidenció la incapacidad de la PGR
para desplegar su labor y la desconfianza de su titular en su propia institución.
Señor Procurador: ¿Explique por qué se les permitió a los agentes del FBI el ingreso
al país de manera ilegal? ¿Por qué se les permitió el traslado de cadáveres en plena
violación a las leyes de inhumaciones? ¿Acaso la Procuraduría no cuenta con la
infraestructura necesaria para realizar este tipo de tareas?
¿Es legal este tipo de intervención, de conformidad con los tratados binacionales de
cooperación?
Otro caso lamentable y que usted reconoció había fisurado las relaciones de cooperación
fue el llamado "operativo casablanca". A este respecto usted informó que se
realizarían las investigaciones correspondientes. ¿Nos puede decir cuáles son los
resultados de las mismas?
Estos dos casos son pruebas de la ineficacia de la PGR, tanto en lo externo como en lo
interno.
Señor Procurador: usted no fue profeta en su tierra ni en la ajena. Un asunto que nos
extraña, es el relativo a la organización de narcotraficantes de los hermanos Arellano
Félix. Usted nos ha informado del desmantelamiento de otras organizaciones, pero de ésta
los resultados han sido nulos. ¿A qué se debe esto, señor Procurador? ¿Es táctica,
temor o acaso complicidad?
Otro campo donde la Procuraduría vergonzosamente ha fracasado es el combate al tráfico
de indocumentados y particularmente de las bandas que han hecho de esta actividad su modus
vivendi. Es inconcebible que los transportes de carga humana que hacen las bandas de
polleros, en su mayoría no son interceptadas por los operativos desplegados por la PGR y
este problema lo tenemos principalmente en Sonora.
Es de suponerse que los funcionarios operativos de su institución han creado de facto una
nueva visa y el cobro de un derecho ilícito a estos polleros. ¿Qué ha hecho la PGR para
combatir esto, señor Procurador?
Concluyo, sobre otro espinoso asunto. El del señor Izabal Villicaña, quien fuera oficial
mayor de la dependencia a su cargo y hombre de su confianza desde que usted estuvo en la
Comisión de los Derechos Humanos y que al morir dejó cajas repletas de dinero mal
habido.
¿Qué nos puede informar sobre la procedencia de este dinero mal habido? ¿Desde cuándo
conocía usted a esta persona? ¿Nos puede informar del contenido de su comparecencia ante
el agente del Ministerio Público? ¿Ya sabe del origen del dinero ése que se encontró,
el millón y medio de dólares?
En alusión a este personaje, en una ceremonia usted dijo que a pesar de las traiciones se
ganaría la batalla contra la delincuencia. ¡Señor Procurador, hoy el saldo es de
números rojos, consecuentemente usted además de ofender a los muertos, mintió a los
vivos!
Muchas gracias por su atención señores.
Gracias, señor diputado.
Para responder a sus preguntas, hará uso de la palabra el licenciado Jorge Madrazo
Cuéllar, procurador General de la República, por ocho minutos.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchísimas gracias.
Yo me pregunto cuando se dice que se ha perdido la batalla: ¿qué significa haber perdido
esa batalla? ¿Significa que ya no se cometan más delitos ni del fuero común ni del
fuero federal, que no se vuelva a traficar con droga, que no se presente un solo secuestro
y que lleguemos precisamente al mundo feliz del que hablaba recientemente una distinguida
diputada?
Yo no creo que la victoria o la derrota se pueda medir de esa manera. No creo que
hubiésemos perdido, pero creo que desde luego queda mucho por hacer, por disminuir los
índices delictivos al nivel que tienen otros países con el nivel de desarrollo de
México. Creo que nos estamos acercando a eso. Creo que esto es un proceso. Creo que no se
pueden inventar ni son actos de prestidigitación.
La delincuencia no es un fenómeno que se puede explicar sólo desde el punto de vista de
la persecución policiaca. Quien crea eso y que crea que la delincuencia sólo existe por
los problemas de la ineficacia policiaca, creo que estará cometiendo un grave error.
Al tema de la criminalidad y de la delincuencia se puede aproximar por otros vectores: el
desorden urbano, la pérdida de valores, la falta de instrucción, los problemas
económicos, la falta de empleos; todos ésos son factores que cuando son negativos
estimulan la criminalidad, cuando son positivos desde luego la desestimulan. Yo creo que
esto habría que verlo de manera mucho más global y no en el todo o en el nada, como si
esto fuera Waterloo. ¡No, así no es, así no es ni ésta fue la derrota de Napoleón!
¡Ya se verá más adelante, cuando un nuevo gobierno llegue, si es que efectivamente se
puede solamente con voluntad política resolver el problema de los delitos! ¡Eso es falso
y lo van a ver!
Yo siempre he dicho que durante la anterior legislatura se otorgaron importantes
herramientas para el combate al delito, ¡jamás lo escatimé!, a pesar de que para las
reformas a los artículos 16 y 19 hubiésemos tardado dos años en su aprobación, a pesar
de que no se hubiesen aprobado exactamente como se habían propuesto; ésta es la
democracia y ésta es la vida parlamentaria y lo entiendo. ¡Jamás le he escatimado al
Poder Legislativo su colaboración, su esfuerzo, su comprensión!
Cuando en noviembre del año pasado solicité con plena responsabilidad y apego a las
normas internas y a las convenciones internacionales, que el FBI con peritos, no con
policías sino con peritos técnicos, nos ayudara a hacer distintas excavaciones y
después exámenes de antropología forense en Ciudad Juárez, no se cometió
absolutamente ninguna violación a la soberanía de este país; lo dije entonces y lo
repito ahora. ¡Pero si alguien tiene pruebas de lo contrario, pues que lo diga, no me lo
dejen a mi conciencia que se queda hacia adentro, denúncienlo, divúlguenlo, pero con
pruebas, no solamente con especulaciones!
Los resultados de las investigaciones que se hicieron sobre ésas, como le dijo la prensa,
narcofosas, han sido muy importantes en la aprehensión y procesamiento de células
identificadas de la organización que dirigió Amado Carrillo Fuentes. Se hicieron esas
aprehensiones, esos aseguramientos de bienes en Ciudad Juárez, se hizo en Michoacán, se
hizo en Guerrero, logramos conocer mucho más de la organización y estoy cierto de que se
afectó a esa organización criminal de manera muy pero muy importante.
No se hizo absolutamente ningún traslado ilegal de cadáveres, sólo se dio de acuerdo
con las reglas sanitarias, cuando terminaron los dictámenes de DNA que no podíamos hacer
en México con esa técnica, inmediatamente los cadáveres regresaron al anfiteatro de
Ciudad Juárez,
Se ha logrado la identificación de siete de esos nueve cadáveres que han sido ya
devueltos a sus familiares. Yo tengo la impresión de que seguramente no se atendió las
últimas aprehensiones que se han tenido respecto de una organización criminal dedicada
al narcotráfico, porque han sido precisamente los del cartel de los Arellano Félix. Se
detuvo al principal operador sobre el terreno de los Arellano Félix, que es el Mayel y se
detuvo al cerebro financiero que es el Chuy Labra y están enfrentando ahora diversos
procesos penales y están recluidos en Almoloya de Juárez.
El operativo casablanca indudablemente que violó distintas convenciones, comparecí ante
el Senado de la República a explicar hasta dónde habían llegado nuestras
investigaciones, pudimos procesar a nueve personas en el país que habían intervenido en
ese proceso de lavado de dinero, dije de manera clara que desafortunadamente no había un
tipo penal para sancionar a los agentes encubiertos que habían tenido actividades en el
territorio nacional y propuse entonces al Senado de la República que se pensara en
establecer un tipo penal específico para esa clase de conductas, Yo creo que todavía eso
sigue siendo suficientemente válido y eso no quiere decir que la relación con los
Estados Unidos haya sido mala, creo que todavía puede ser mejor, tendrán la oportunidad
de demostrarlo en los próximos meses.
Respecto del señor Izabal Villicaña ya lo he dicho, la investigación la tuvo a su cargo
la Procuraduría General de Justicia del D.F., trabajó con todo rigor, con toda energía,
yo estoy muy agradecido con el Procurador, el doctor Del Villar por el apoyo que le
brindó a la PGR. Sabemos que los recursos no son recursos presupuestales de la
institución, sabemos que no hubo un destino distinto al presupuesto o a los bienes
institucionales y tenemos que seguir trabajando para conocer el origen de estos recursos.
No puedo todavía afirmar con contundencia cuál es la fuente de los mismos, pero éste es
uno de nuestros principales empeños.
Gracias señor Procurador.
Para ejercer el derecho de replica a nombre del grupo parlamentario del PAN, se concede el
uso de la palabra por cuatro minutos, a la diputada Mónica Leticia Serrano Peña.
| La diputada Mónica Leticia Serrano Peña: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados; licenciado Madrazo:
No son satisfactorias sus respuestas sobre la intromisión de agentes extranjeros en
nuestro país, ya que esta acción se dio al margen de las disposiciones legales que nos
rigen, en el caso de la narcofosa de Ciudad Juárez y en el operativo denominado
"casablanca". Si en la prensa internacional se sostuvo que eran agentes, quien
tiene que probarlo es usted.
En su gestión, aunque usted lo niegue, la colaboración binacional no ha sido lo
recíproca y respetuosa que quisiéramos, más bien se ha marcado una tendencia unilateral
y se ha puesto en entredicho nuestra soberanía. Sus palabras distan mucho de acercarse a
nuestra realidad y no disipan nuestras dudas en relación a la impunidad con que actúan
las bandas de narcotraficantes, particularmente la de los hermanos Arellano Félix,
organización que ha sembrado a su paso un ambiente de miedo y muerte,
Detener a dos colaboradores no es suficiente, aún continúa el narcotráfico. Es
lamentable reconocer que en México los carteles de narcotraficantes han inundado nuestra
ciudades de droga y que del grave problema del tráfico, ahora empieza a generarse uno
más grave, el del consumo.
¿Cómo espera la Procuraduría General de la República tener la credibilidad de la
población si no es capaz de resolver los crímenes, si ni siquiera es capaz de localizar
al ex director de bienes asegurados de esa institución, un hombre que debió de
caracterizarse por su integridad? Señor Procurador, el buen juez, por su casa empieza.
Ahora bien. Ya que tocamos el asunto de los bienes asegurados, queremos decirle que el
titular de la Secretaría de Hacienda, quien compareció en días pasados, no dio cuenta
de la cantidad y mucho menos del importe que sobre esta materia se ha generado y adujo que
la Procuraduría no había proporcionado la información, por lo que esta soberanía le
solicita remita a la brevedad el listado correspondiente e informe el estado que guardan
dichos bienes y en poder de quien obran.
Señor procurador Madrazo: qué bueno que para usted tenga hoy la conciencia tranquila;
qué lástima que esta tranquilidad no la tenga el pueblo de México.
Muchas gracias, diputada Mónica Leticia Serrano
Peña.
Para formular preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, se concede el uso de la palabra por cuatro minutos, al diputado Juan Manuel
Sepúlveda Fayad.
El diputado Juan Manuel Sepúlveda
Fayad: |
Con el permiso de la Presidencia; señoras y
señores diputados; señor Procurador de la República:
Los medios de comunicación y la propia Procuraduría han dado cuenta de un muy elevado
numero de servidores de esa dependencia que han sido procesados o separados de su encargo,
lo cual genera muchas interrogantes. Dentro de ellas, quiero destacar dos que me parecen
especialmente preocupantes:
Ya hemos escuchado qué se hace cuando el funcionario se aparta del cauce legal, pero
combatir el mal pretendiendo eliminar sólo los síntomas resulta evidentemente
insuficiente. ¿Qué se hace para erradicar de raíz estas conductas?
En segundo término quisiera saber si la Procuraduría de la República ha establecido un
mecanismo de seguimiento para estos malos funcionarios que permita evitar o al menos
disminuir la posibilidad de que se integren a la delincuencia.
En los últimos meses, a partir de la detención de dos generales por su presunta
vinculación con el narcotráfico, hemos percibido con preocupación una campaña en
contra de las fuerzas armadas que ha llegado incluso a sugerir su separación de las
actividades de combate al narcotráfico, actitud ésta parcial y fuera de contexto y que
desde luego rechazamos por considerar que la presencia de las fuerzas armadas en esta
tarea ha sido fundamental y porque consideramos además que el más elemental juicio de
comparación entre los logros y los cuestionamientos desde luego se inclinan a favor de
los primeros.
Le pregunto al Procurador General de la República, ¿cuál es, a su juicio, el balance y
la perspectiva a futuro de la participación del Ejército en estas tareas relacionadas
con el narcotráfico?
Múltiples han sido las instancias de coordinación que en materia de justicia y seguridad
pública se han dado en nuestro país en los últimos años. De las acciones de algunas de
estas instancias todos hemos sido testigos, de algunas otras nos enteramos a través de la
prensa, pero incluso hay algunas de las que no tenemos mayor información.
En su opinión, señor Procurador, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades
de estas instancias de coordinación a nivel nacional?
Por último, hemos escuchado reiteradamente de toda una serie de acciones de la
Procuraduría, tendientes a mejorar su marco legal y administrativo, a capacitar al
personal, a dotarle de más y mejor equipo, a modificar la imagen a través del cambio de
la denominación o del uniforme. Sin embargo, le preguntaría a usted si este innegable
cambio institucional que usted ha promovido, ha traído aparejada de manera equivalente
una mejoría real en la calidad de su función primordial, no la que se mide en
estadísticas, sino aquella que hace que el ciudadano común tenga verdadero acceso a la
justicia.
Por sus respuestas, muchísimas gracias, señor Procurador.
Muchas gracias, señor diputado Sepúlveda
Fayad.
Para dar respuesta a sus preguntas, se concede el uso de la palabra al licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, por ocho minutos.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchísimas gracias:
He mencionado que durante este proceso de reforma de la Procuraduría General de la
República, la vertiente más complicada, pero al mismo tiempo la más importante, ha sido
la renovación, la dignificación y la depuración del personal sustantivo, léase agentes
del Ministerio Público, agentes de Policía Judicial Federal y peritos.
Y hemos buscado concretar esta tarea, primero mediante el establecimiento de una instancia
que desarrolla una batería de cinco exámenes en donde precisamente deben de quedar
acreditados por los métodos científicos y técnicos más modernos, que una persona es
susceptible de depositar en ella la confianza para hacer un trabajo fundamental en materia
de seguridad pública y de procuración de justicia.
Todas las personas que ingresan a trabajar a la Procuraduría, antes de hacerlo deben
acreditar estos exámenes. Pero al mismo tiempo, todo el personal en activo de la
Procuraduría, el personal sustantivo, se ha sometido de manera gradual a estos exámenes,
empezamos por la fiscalía especializada para la atención de delitos contra la salud;
después la unidad contra la delincuencia organizada; la unidad de lavado de dinero; la
visitaduría general; la contraloría interna; las delegaciones de la Procuraduría en los
estados. Ahora la fase administrativa, empezando por la oficialía mayor, como ya lo he
reseñado, y cuando yo deje la Procuraduría estará todo preparado para que el centro de
control de confianza pueda evaluar, desde el Procurador hasta el personal administrativo
de intendencia. Pero además tenemos que mejorar las condiciones y los horizontes de vida
de nuestro personal.
A pesar de que la retabulación permitió en algunos casos un incremento del salario por
cuota diaria, todavía sigue siendo un salario extraordinariamente modesto, como para
encarar las graves responsabilidades que tienen los ministerios públicos y los policías.
No puede ser que el horizonte que tenga, sobre todo el policía, sea la tumba o la
cárcel. Necesitamos buscar esa redignificación, la hemos buscado a través de
capacitación, a través de mayor formación, a través del centro de control de
confianza; hemos trabajado en derechos humanos y derecho internacional humanitario; hemos
trabajado en la formación de valores, pero desde luego se necesita mucho más.
Yo diría, hay que darle todavía mejores condiciones de vida a nuestro personal, temas
como seguros de vida y seguros de gastos médicos, en donde hemos podido avanzar, pero no
todo lo que quisiéramos y hay que tener un sistema de control y vigilancia permanente
sobre sus actividades.
Respecto de los dos generales que fueron consignados por la Procuraduría General de
Justicia Militar, yo repito, no por dos, tres, siete generales del Ejército que han sido
consignados por delitos contra la salud, tanto en el fuero federal como en el fuero
militar, se puede hacer un enjuiciamiento tan grave y severo como he leído en algunas
páginas de los periódicos y como he escuchado aquí mismo en esta Cámara.
Yo creo que no es el Ejército ni la Secretaría de la Defensa Nacional lo que está a
juicio; son esas personas que traicionaron la confianza de las instituciones, de los
titulares de esas instituciones.
Yo debo decir que del general secretario Enrique Cervantes siempre he tenido todo el
apoyo, la mayor comprensión en la lucha contra el narcotráfico. Sin el Ejército no
podríamos tener los niveles de erradicación que se tienen. Sin el Ejército y sin la
Secretaría de Marina no podríamos tener la eficacia en la intercepción de cargamentos
de drogas que se tiene.
Yo pienso que las fuerzas armadas tienen que seguir trabajando en esos dos eslabones
centrales y desde luego trabajar también como auxiliares del Ministerio Público, según
la propia Constitución General de la República lo establece.
Yo creo que hay razones para estar optimistas, pero desde luego hay que tener muy en claro
que se debe redoblar el paso, el esfuerzo tiene que ser aún mayor para poder vencer a
estas pestes modernas, a estos flagelos que tanto dañan a nuestra juventud y a nuestra
niñez.
La gran apuesta que nosotros hemos hecho es a la coordinación, coordinación con las
procuradurías de los estados y con instancias locales y municipales de seguridad
pública; vencer el obstáculo de siempre, que es el de la desconfianza recíproca y así
hemos trabajado también en cooperación con la Policía Federal Preventiva. Con ellas
hemos podido desarticular varias bandas dedicadas por ejemplo al secuestro. En el último
año logramos el desmantelamiento de ocho organizaciones criminales dedicadas al secuestro
y hemos trabajado en estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y
con la Secretaría de Marina.
Yo espero que no por unos cuantos se puedan hacer juicios sobre las instituciones. Yo
llamo a la objetividad y llamo a la serenidad.
Y hay cosas que se pueden divulgar, indudablemente, en nuestros trabajos de coordinación.
El ejemplo más claro del trabajo de coordinación es el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, creado por el Poder Constituyente Permanente, que ha tenido estos seis años de
Trabajo, que costó trabajo indudablemente que surgiera y que empezara a dar sus
resultados. Pero yo les puedo decir hoy categóricamente que es el mejor instrumento de
policía científica que hubiésemos podido implementar los mexicanos.
A mí me hubiera gustado muchísimo que los primeros resultados sensibles y concretos del
Sistema de Seguridad Pública se vieran en estos años y en estos meses. Creo que con ese
sistema, a partir de unas cuantas semanas, unos cuantos meses, van a poder ver los
procuradores de los estados el valiosísimo instrumento, el valiosísimo papel con el que
cuenta.
Gracias, señor Procurador.
Para ejercer el derecho de réplica del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, hará uso de la palabra por cuatro minutos el diputado Oscar Alfonso del
Real Muñoz.
| El diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputado; señor Procurador:
Es una constante debatir sobre la participación del Ejército en actos de aparente
naturaleza policiaca. Algunos de los propios militares opinan que las acciones que
efectúan miembros del Ejército dentro de algunas corporaciones policiacas deben
ejecutarse exclusivamente por personal civil.
De lo dicho hasta este momento, nos queda muy claro que independientemente de la legalidad
o ilegalidad de la participación de miembros del Ejército en estas actividades, es con
la colaboración del Ejército como se ha logrado la erradicación y la nulificación de
actividades relativas al narcotráfico.
Se evidencia también que este hecho ha sido de un costo significativamente menor que si
se hubiera contratado un cuerpo de policía de 25 mil elementos y es muy posible que, pese
a tener en contra opiniones de peso, el grado de corrupción de las fuerzas policiacas que
en México combaten al narcotráfico, sea mucho menor con la participación de las fuerzas
armadas de mar, tierra y aire.
Estamos en el punto en que objetivamente-tenemos que reconocer que la participación del
Ejército en estas labores es insustituible, pero no obstante, nos preguntamos por qué la
normatividad no ha sido adecuada a la realidad para transparentar la participación del
Ejército en estas acciones.
Por otro lado, los esfuerzos del Estado mexicano por erradicar y desaparecer hasta su
última expresión el narcotráfico han sido tan significativos que implican forzosamente
la participación de los múltiples cuerpos policiacos que intervienen en la coordinación
y la del Ejército como ya ha quedado asentado.
De lo anterior deviene que afirmemos que no obstante esos esfuerzos, las acciones de la
Procuraduría General de la República, con fuerzas propias y de otras instituciones,
siguen siendo insuficientes y son insuficientes porque no se ha hecho el esfuerzo
presupuestal adecuado para cubrir el costo de todas estas actividades.
Adicionalmente no queda muy claro en el contexto internacional cuál es el esfuerzo
económico real que se efectúa en cooperación con otros países para combatir las
acciones del narcotráfico que dañan a todos los signantes sin excepción.
Es injusto que pese a los esfuerzos realizados, el gobierno de los Estados Unidos de
América se empeñe en certificar o descertificar las políticas y las acciones que en
materia de narcotráfico realiza el Gobierno y el pueblo de México.
La cuestión es si tenemos alternativas jurídicas en el derecho internacional para hacer
una exigencia formal al gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que él mismo
debe participar más en erradicar el consumo de drogas en el vecino país.
Sin embargo, pese a los grandes logros obtenidos por la Procuraduría General de la
República en el cumplimiento de sus obligaciones y al margen de la desestima de esta
institución en el sentir popular, hay un saldo negativo que no podemos ignorar: las
tendencias apuntan al crecimiento de la actividad del narcotráfico; al involucramiento
corrupto cada día mayor de autoridades relacionadas con el combate a esta actividad; al
crecimiento de acciones de procuración de justicia que intimidan a los ciudadanos en las
carreteras, los caminos, sus vehículos y sus hogares; en la privación de bienes a
personas inocentes; en la multiplicación de fortunas cuyo origen es el lavado de dinero;
en el creciente número de madrinas que ejercen violencia en los ciudadanos.
¿Qué opinión nos ofrece el señor Procurador ante estas expectativas?
Muchas gracias.
Gracias diputado.
SEGUNDO TURNO DE PREGUNTAS
Para continuar con la tercera parte de esta
comparecencia que consiste en un segundo turno de preguntas y respuestas, por cuatro
minutos cada una de ellas, con derecho a réplica de cuatro minutos, con respuestas del
Procurador General de la República, por ocho minutos, se concede el uso de la palabra,
por cuatro minutos, al diputado Félix Castellanos Hernández.
| El diputado Félix Castellanos Hernández: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros legisladores; señor Procurador:
Sólo queremos hacerle tres preguntas y esperamos respuestas muy puntuales de las mismas.
Nos preocupa a los legisladores el incremento que ha tenido el delito de tráfico de
menores. Queremos insistir en este delicado tema para nuestro país.
Respecto de otros delitos, en este caso se tiene también una sofisticada red que opera en
territorio nacional. Se sabe de casos en donde los menores son comprados por extranjeros
en nuestro territorio o bien se entregan en territorio extranjero o inclusive mediante la
falsificación de documentos oficiales se les ha pretendido sacar ilegalmente.
Por el impacto y tragedia familiar que la comisión de este delito implica, le
preguntamos:
¿Qué medidas concretas ha tomado la Procuraduría para combatir estas redes de
traficantes, cuántas personas han sido detenidas y consignadas y en cuántos casos se han
obtenido sentencias condenatorias?
Segunda pregunta, señor Procurador: nuestro grupo parlamentario y el grupo parlamentario
de la pasada legislatura condenó la nefasta intervención de la Policía Federal
Preventiva en las instalaciones de la máxima casa de estudios.
Cuando se pone a disposición del Ministerio Público Federal a los estudiantes
universitarios, se integran con celeridad y mal fundadas las averiguaciones previas
correspondientes y las consignaciones ante el juez de distrito. Sin embargo, y pese a que
ustedes sistemáticamente se empeñaron en tratarlos como a vulgares delincuentes no
lograron aportar los suficientes elementos de prueba para confirmar su acusación. Por
ello gran parte de estas personas obtuvieron su libertad.
¿Qué los obligó a invadir a la Universidad y a procesar injustificadamente a los
estudiantes, máximo que usted había comentado en muchas ocasiones que se respetaría el
ámbito propio de la autonomía universitaria para que el conflicto se resolviera por la
vía del diálogo?
Finalmente, la tercer pregunta, señor Procurador: nuestro partido político y las
organizaciones campesinas de Guerrero, algunas de las cuales también representamos,
quisiéramos preguntarle, ¿por qué mientras organismos internacionales premian a
campesinos ecologistas de Guerrero por su brillante trabajo, ustedes por el contrario los
detienen y canalizan para que hoy estén en un centro de readaptación social que más
bien parecieran ser centros de especialización y perfeccionamiento de la delincuencia
organizada?
No me vaya a responder, señor Procurador, que también necesita pruebas de esto último.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Castellanos Hernández.
Tiene el uso de la palabra, hasta por ocho minutos, el señor Procurador General de la
República.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Hay tres preguntas muy concretas y voy a tratar de articular tres respuestas también muy
concretas.
En cuanto al delito de tráfico de menores, secuestro de menores, este delito había
venido siendo fundamentalmente un delito del fuero común.
Creo que las procuradurías de justicia de los estados tendrían mucha mayor capacidad
para contestarle cuántas personas han sido detenidas y cuántas personas han sido
condenadas.
Sin embargo, quiero recordar que a finales de la legislatura inmediata anterior, se
aprobó una reforma publicada en el Diario Oficial el 12 de junio del año 2000, que
enmendó los artículos 366, 366-bis y tercer y cuarto párrafos del Código Penal
Federal, que están ubicadas dentro del Capítulo Unico del Título Vigesimoprimero,
privación ilegal de la libertad y de otras garantías.
De esta manera se incluyó una forma distinta de privación ilegal de la libertad en la
modalidad de secuestro, cuando se realiza con el fin de trasladar a un menor de 16 años
fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta
o la entrega del menor y su pena es de 25 a 50 años de prisión.
Se tipifica también como tráfico de menores el traslado de un menor fuera del territorio
nacional o su entrega a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico
indebido por el traslado o por la entrega y su penalidad es de tres a 10 años de
prisión.
Estas modalidades específicas de privación ilegal de la libertad en la modalidad de
secuestro, se hicieron del ámbito federal. En un artículo transitorio incluso en la
reforma, se aprobó que la Secretaría de Hacienda transfiriera los recursos económicos
indispensables, para que funcionara una unidad encargada sólo de la persecución de estos
delitos en la Procuraduría General de la República.
En los términos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, encontramos que esta
unidad debía operar precisamente ahí, en el ámbito de la unidad contra la delincuencia
organizada como una fiscalía específica. Se establecieron los recursos técnicos y
humanos necesarios y la fiscalía está lista para su operación. Esta es una reforma
sumamente reciente, señor diputado.
Hemos tenido desde luego un estudio de especialización para los ministerios públicos que
trabajarán o que están trabajando ya en esta fiscalía, sobre las convenciones de
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención
Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Hasta el día de hoy esta
fiscalía no ha recibido una sola denuncia por privación ilegal de la libertad en la
modalidad de secuestro y con estas características de internacionalidad.
Por lo que se refiere a lo que usted dice la ilegal intervención de la Policía
Preventiva en el campus universitario, creo que políticamente le puede merecer la
opinión que usted estime más conveniente pero no la de ilegal.
La Policía Federal Preventiva, la Policía Judicial Federal y con el apoyo, fuera del
campus de los elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal, con una orden del juez
o de la jueza segundo de distrito en procedimientos penales en el Distrito Federal,
realizamos el operativo que estuvo al mando del Ministerio Público en Ciudad
Universitaria, después de que habían transcurrido muchísimos meses sin que el conflicto
universitario se resolviera y cuando cada vez más que a los ojos de muchos mexicanos se
estaban cometiendo actos delictuosos.
Y no fue, señor diputado, por falta de pruebas, que todas las personas, las más de 200
que fueron consignadas están hoy en libertad. Fueron por las peticiones específicas y
los sobreseimientos que la abogada general de la Universidad Nacional presentó ante el
Ministerio Público y que nosotros como institución de buena fe, llevamos ante los
respectivos procesos penales.
Respecto a los campesinos de Guerrero, quiero decirle que mandamos hacer desde la
dirección general de Derechos Humanos de la Procuraduría, una investigación muy
cuidadosa sobre los agravios que decían tener estos dos campesinos, fundamentalmente
sobre los términos de la detención y sobre la supuesta tortura.
Se hicieron análisis médico-forenses. Se recorrió paso a paso el lugar de la detención
al lugar donde fueron presentados al Ministerio Público del fuero común y no encontramos
violaciones a derechos humanos.
Presentamos conclusiones acusatorias, hay una sentencia dictada ya por un juez que valoró
todo el tema de violaciones a derechos humanos que argumentaron los procesados y hoy el
asunto está en segunda instancia. Será el magistrado el que tenga que resolver en
definitiva la cuestión.
Y me quedan creo que dos minutos treinta y seis segundos y se me ha hecho una pregunta
acerca de lo que hemos entregado al servicio de administración de bienes asegurados de la
Secretaría de Hacienda.
Quiero recordar que esta Ley de Bienes Asegurados, que por cierto fue promovida por la PGR
desde 1997, entró en vigor el 16 de agosto de 1999. A partir de su entrada en vigor,
todos los bienes que son asegurados por el Ministerio Público de la Federación, en un
plazo de 72 horas se ponen a disposición del Sistema de Administración de Bienes
Asegurados de la Secretaría de Hacienda.
Eso se está cumpliendo puntualmente, no ha sido fácil porque, bueno, el Sera se ha dado
cuenta de la estructura que se requiere para manejar, apenas hasta para recibir esa
cantidad de bienes que están sujetos a aseguramiento ministerial.
Y hemos estado también en el proceso de entregar todo lo que había asegurado el
Ministerio Público antes de agosto del año pasado. Se han entregado ya siete empresas
productivas. Hasta la fecha se han hecho entrega de 406 registros de joyas. En materia de
numerario se ha entregado 2 millones 748 mil 769 pesos con 40 centavos de pesos mexicanos
y 6 millones 37 mil 723 dólares con 74 centavos, el remanente, 76 millones de pesos, se
entregarán en las próximas seis semanas.
El total de numerario a entregar por lo que corresponde a la administración de un
servidor, será de 141 millones de pesos, además de 9 millones 673 mil 333 dólares con
95 centavos. Los bienes que están pendientes por entregar al Sera, son 6 mil 540 bienes y
3 mil expedientes que contienen estos aseguramientos.
Esto es lo que puedo decir. Si se quiere una información más pormenorizada, con mucho
gusto la entregaría a esta soberanía.
Gracias, señor Procurador.
Diputado Félix Castellanos Hernández, ¿quiere hacer uso de su derecho de réplica?
El diputado Félix Castellanos Hernández
(desde su curul): |
Sí, señor Presidente.
Tiene el uso de la palabra por cuatro minutos.
| El diputado
Félix Castellanos Hernández |
Hemos escuchado ir y venir justificaciones, sin
embargo, tal y como se establece en el informe del Ejecutivo, el mayor número de delitos
que se cometieron en nuestro país, precisamente correspondieron al fuero federal. Sin
embargo, señor Procurador, aquí lo que hemos planteado también es el desempeño de la
Procuraduría a su cargo.
Indudablemente para quien ocupa el cargo de procurador, la responsabilidad es amplísima,
pero más allá de la capacidad personal debe contarse con una estructura que permita
asumir a plenitud la responsabilidad que se tiene. Por ello nos extraña el que la
institución que usted preside no haya sido capaz de lograr la aprehensión de Mario
Villanueva; esta persona prácticamente huyó de sus manos.
Tampoco nos dio respuesta, señor Procurador, con esa altivez que lo caracteriza, de las
acciones penales en contra de Rubén Figueroa y de José Rubén Robles Catalán, con el
asunto de Aguas Blancas. En ese sentido condenamos este inejercicio de la Procuraduría,
que se traduce en impunidad. Estas personas, sólo por tener recursos económicos y por
estar vinculadas a las altas esferas del poder público, no son molestados.
A diferencia de usted, en el caso de la Universidad seguimos sosteniendo que las
autoridades actuaron arbitrariamente. Recordemos que lo que motivó la huelga fue la
decisión autoritaria y unilateral del Consejo Universitario para el aumento de las
cuotas, sin consultar a la comunidad universitaria. Por ello la postura del Partido del
Trabajo es la defensa de la educación pública gratuita y la solidaridad con quienes
enarbolan estas causas.
Señor Procurador, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo asume el compromiso de
trabajar intensamente para proponer medidas legislativas que coadyuven a la erradicación
de la delincuencia; sin embargo, reconocemos también que las medidas legislativas, por
sí mismo, no resuelven los problemas. Sumamos el esfuerzo que el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo ha realizado junto a otros sectores de la sociedad, para que como
mecanismos que nos permitan posibles status de corrupción de los servidores públicos, en
que las declaraciones patrimoniales tengan carácter público y sean auditables. Estamos
ciertos que éste es un mecanismo de combate a la inmoralidad en el servicio público.
No nos satisface la respuesta que da en el sentido de la justificación que usa para
proporcionar un vehículo al señor José Luis Reyes, miembro del equipo del señor Fox.
Para nosotros queda claro que no reune la calidad de servidor público y por tanto
cualquier apoyo que reciban de instituciones públicas, es ilegal.
Esperamos, señor Procurador, que sea receptivo a nuestra exigencia de investigar el
procedimiento por medio del cual se otorgan recursos económicos a personas que no tienen
un nombramiento en términos de la ley, para ser considerados como servidores públicos.
En consecuencia, le pedimos se pueda citar a declarar inmediatamente al Secretario de
Hacienda y Crédito Público.
Finalmente le decimos que la discusión no está agotada, que hay mucho que discutir,
mucho que hacer; sin embargo, todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por dejar de
justificarnos, para que en nuestro país finalmente pueda existir una auténtica moral
republicana.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias diputado Castellanos Hernández.
Para formular preguntas a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, por cuatro minutos, se le concede el uso de la palabra a la diputada Julieta
Prieto Fuhrken.
| La diputada Julieta Prieto Fuhrken: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados; señor Procurador.
Para el Partido Verde Ecologista de México, el respeto a los derechos humanos de los
mexicanos es un asunto de fundamental importancia. El tratamiento y protección adecuado
de los derechos fundamentales de la población se ve reflejada en una mayor confianza de
los gobernadores en sus instituciones.
Durante muchos años, las actividades de la Procuraduría General de la República, en
concreto de la Policía Judicial Federal, fueron sinónimos de violación a los derechos
humanos de los mexicanos. De hecho la razón por la que se creó la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, tuvo precisamente su origen en este aumento a la violación de los
derechos fundamentales de los mexicanos.
Señor Procurador, como usted sabe, ya que ocupó la presidencia de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos después del doctor Jorge Carpizo, lo que digo es absolutamente
cierto, dado que usted como titular del órgano de protección de derechos humanos,
realizó diversas recomendaciones a la Procuraduría General de la República por
violaciones a los derechos humanos.
La percepción de la sociedad no ha cambiado y si no ha cambiado, ha sido supongo, porque
la situación en la que se refiere a los derechos humanos y la actuación de la Policía
Judicial Federal no se ha modificado en lo sustancial.
"Si el río suena, agua lleva", reza un dicho popular muy conocido. Mis
preguntas concretas en este rubro son:
¿Cuáles han sido las acciones concretas realizadas por la dependencia a su cargo para
cumplir a satisfacción con las recomendaciones realizadas por usted como titular de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos?, que según entendemos, aún ahora no han sido
cumplidas; ¿o acaso las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos
sólo tienen valor si se llevan a cabo desde su presidencia, pero lo pierde una vez que se
alcanza el objetivo político de escalar otros cargos dentro de la administración
pública?
Señor Procurador, ¿qué acciones de capacitación y concientización se llevan a cabo
para evitar que las acciones de la Procuraduría General de la República sean aún hoy
sinónimo de violación de los derechos humanos de los mexicanos?
Por último, ¿nos podría explicar cómo fue posible que se les haya escapado Mario
Villanueva?
Por sus respuestas, muchas gracias.
Gracias, diputada Prieto Fuhrken.
Para dar respuesta a las preguntas formuladas, hará uso de la palabra el licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, hasta por ocho minutos.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente; muchas
gracias por sus preguntas y observaciones, diputada Prieto.
Siempre he trabajado bajo la convicción de que el respeto a los derechos humanos y la
recta y oportuna procuración de justicia, no están reñidos, sino al contrario; la
única forma de trabajar con rectitud y eficacia en la persecución y en la investigación
de los delitos, es precisamente respetando a los derechos humanos. Con esa convicción
trabajé en la comisión nacional y con esa convicción he trabajado como Procurador
General de la República.
Cuando un servidor fue nombrado Procurador General de la República, había 10
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no cumplidas o parcialmente
cumplidas. El día de hoy existe sólo una recomendación parcialmente cumplida, además
de otra que llegó a mis manos apenas la semana pasada.
Los señores y las señoras diputadas, deben estar ciertos que para el 30 de noviembre,
las dos recomendaciones estarán debidamente resueltas y satisfechas.
Hemos trabajado arduamente en materia de capacitación en derechos humanos y derecho
internacional humanitario, con el personal en activo, de la Policía Judicial Federal.
Pero además en la capacitación de los aspirantes a investigadores en delitos federales y
policías judiciales y federales.
Debo recordar a ustedes que los cursos de formación tienen ahora una duración de un año
e incluso de un año y medio y ahí dentro del curriculum, se ha subrayado de manera muy
especial la capacitación, el entrenamiento en materia de derechos humanos.
Y yo creo que se han ido teniendo buenos resultados. Esto no quiere decir que durante
cuatro años de administración o casi cuatro años de administración de la PGR, no se
hayan dado violaciones a derechos humanos. Pero, distinguidas diputadas y diputados, cada
vez que hemos tenido los elementos sobre todo cuando de violaciones a derechos humanos se
ha tratado, hemos consignado y hemos consignado con toda la severidad. A veces lo que
hemos encontrado es que en los jueces hay una reclasificación de los delitos, cuestión
que tiene que discutirse con toda serenidad con los impartidores de justicia, porque en
algunas ocasiones las consignaciones por tortura después se convierten solamente en
delitos de abuso de autoridad que tienen una penalidad mucho menor. Pero no ha sido ni la
decisión del Ministerio Público ni su voluntad ni su consignación, la que origina que
la persecución sea por abuso de autoridad.
Creo que lo que nos ha faltado es trabajar mucho más en inteligencia policiaca; los
avances no sólo a nivel federal, sino a nivel de los estados en materia de protección a
los derechos humanos, la forma como el movimiento de derechos humanos poco a poco ha
venido permeando en el ámbito del trabajo policiaco, creo que es indiscutible. Pero
tenemos que trabajar más en la posibilidad de generar una verdadera inteligencia
policiaca y en la auténtica policía científica. Eso es tan importante como el respeto
cabal a los derechos fundamentales de los gobernados.
¿Cómo fue posible que se fuera Mario Villanueva? Yo debo recordar a ustedes que esta
persona siendo gobernador del Estado, tuvo fuero constitucional, que mientras ese fuero
estuvo vigente la averiguación previa se vino integrando de manera que el Ministerio
Público no tenía en ese momento la forma jurídica de consignar y que tuvimos que
esperar a que terminara el ejercicio de su cargo y de su fuero, para poder hacer la
consignación de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes establecen. Sin embargo,
días antes, pocos días antes de la conclusión de su término, el señor Villanueva
decidió escapar de la ciudad de Mérida, Yucatán.
Se tienen células específicas de la Policía Judicial Federal, buscando al señor
Villanueva en distintos puntos del territorio de la República, hemos oido absolutamente
todas las noticias, por más débiles que parezcan, sobre su posible paradero y hemos
utilizado la Interpol y a los 178 países que forman parte de esta sociedad a fin de poder
encontrarlo. Ha habido desde luego datos, ha habido huellas, ha habido personas con las
que ha estado, que tenemos ya debidamente documentadas en nuestra averiguación previa.
Pero hasta ahora no ha sido posible ubicarlo y poderlo traer a México para que en un
debido proceso legal responda ante un juez, de las acusaciones que le ha hecho el
Ministerio Público de la Federación.
Nosotros seguiremos insistiendo para que esta aprehensión que juzgamos de la mayor
relevancia, pueda darse y repito, que esta persona sea presentada ante los jueces que lo
requieren. Nada más.
Gracias, señor Procurador.
Para ejercer el derecho de réplica, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, hará uso de la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado.
La diputada Erika Elizabeth Spezia
Maldonado: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros legisladores; señor Procurador:
Las respuestas que usted nos proporciona son poco convincentes. Permítame recapitular lo
que usted mencionó en su intervención anterior, ésta, de que el hecho de que se ha
protegido a la fauna silvestre, ya que se han hecho decomisos por un valor de 1 millón de
pesos.
En este sentido, sólo por poner un ejemplo representativo, lo que sucede en la
comercialización de los delitos de tráfico de vida silvestre, permítame comentarle que
el valor comercial de un delfín que es vendido al exterior es de aproximadamente 600 mil
pesos, por lo cual la Procuraduría que usted encabeza ha hecho decomisos que equivalen a
un delfín y medio, lo cual representa la poca o nula acción legal en la protección de
la vida silvestre.
Por otra parte, cómo es posible que el país con una extensión territorial tan basta y
una biodiversidad de las más importantes del mundo y en donde el tráfico de especies en
general, aún las que están en peligro de extinción, se realiza de una manera cotidiana
y a la vista del público, ejemplo de ello es el mercado de Sonora y sólo se hayan
realizado 273 consignaciones por delitos ambientales.
Estos dos hechos aislados sólo demuestran que los delitos ambientales ocupan el último
lugar en las prioridades de la Procuraduría que usted encabeza.
Por otro lado, ¿por qué no se realizó el juicio de procedencia a Mario Villanueva?
Para formular preguntas a nombre del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hará uso de la palabra el
diputado Manuel Duarte Ramírez.
| El diputado Manuel Duarte Ramírez: |
Con el permiso de la Presidencia; señor
Procurador:
Ha señalado usted aquí en una intervención anterior que perder la batalla contra la
delincuencia significaría que ya no hubiera delincuentes o que ya no se estuviera
generando el crimen.
El presidente Ernesto Zedillo, en su toma de posesión, afirmó que iba a resolver y que
se comprometía a resolver los casos Colosio, Ruiz Massieu y Juán José Posadas Ocampo.
Yo le preguntaría a usted, señor Procurador, ¿en este caso han perdido la batalla la
Procuraduría y el señor Presidente ya cumplió o cumplirá en los meses que le restan de
aquí al 1o. de diciembre?
También ha señalado usted que la causa de la delincuencia se debe al desorden urbano, a
la falta de empleo; en otras palabras, al modelo económico que se ha venido desarrollando
en nuestro país. ¿Estaría usted de acuerdo con nosotros que hay que revisar ese modelo
económico que se ha venido desarrollando y que ha generado millones de pobres y que
redundan en la delincuencia en nuestro país o qué papel ha jugado la Procuraduría en
este asunto del modelo económico?
Una tercera pregunta. Señala usted que hubo significativos avances en el combate a la
delincuencia, sobre todo en el combate a las bandas de delincuentes y al narcotráfico. Yo
le preguntaría a usted, señor Procurador, ¿por qué ha crecido, aumentando en el
consumo de drogas y para tal efecto le señalo que en el sexenio del presidente Ernesto
Zedillo el, consumo ocasional de drogas ilegales de la población urbana entre 12 y 65
años creció de 3.9% a 5.3%? ¿El número de adictos a enervantes pasó de 200 mil a casi
400 mil? Se estima que en algunas ciudades fronterizas casi se triplica el promedio
nacional.
Según las cifras, el consumo de cocaína casi se triplicó durante el presente sexenio al
pasar de 0.5 a 1.4%, convirtiéndose en la sustancia más usada después de la mariguana.
Por último, quisiera tocar un asunto que mis compañeros diputados no han tocado en esta
tribuna y que es de suma importancia. Considero, pues, que la dependencia a su cargo ha
sido ineficaz en el combate a la delincuencia organizada, principalmente, como un asunto
de su competencia. Pero también ha habido ineficacia, ciudadano Procurador, en la
atención a las denuncias presentadas por la Comisión de Delitos Electorales.
La fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales informa que del
1o. de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1999 han atendido 1 mil 341 averiguaciones
previas, que en su mayoría derivan de denuncias presentadas por el IFE y por los partidos
políticos. Pero no nos informa cuántas averiguaciones han sido consignadas ante los
juzgados competentes ni tampoco cuántas personas han sido sujetas a proceso y
sentenciadas por delitos electorales en los periodos antes mencionados.
Asimismo se nos da a conocer en el informe que hoy nos entregó y en su primera
intervención, que en el periodo comprendido del 1o. de julio al 3 de julio se habían
recibido 125 denuncias electorales por distintos delitos de esa índole y que se
integraron 67 averiguaciones. Le agradecería ahonde más sobre las características de
las averiguaciones y de las personas consignadas por dichos delitos.
Por sus respuestas, muchas gracias; gracias señoras y señores diputados.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Gracias, diputado Duarte Martínez.
Ahora podrá hacer uso de la palabra hasta por ocho minutos para dar respuesta, el
licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Voy a tratar de responder de manera muy concreta a las inquietudes y observaciones del
diputado Duarte.
Primero, me pregunta sobre tres de los casos de mayor importancia que ha tenido la
Procuraduría General de la República en este sexenio: la investigación sobre el
homicidio del cardenal Juan José Posadas Ocampo, a lo que intenté referirme en mi
presentación original.
Por primera vez en la historia de la procuración de justicia de este país formamos un
grupo interinstitucional para revisar todas las actuaciones que el Ministerio Público
había tenido en la investigación de estos terribles hechos. Ahí estuvieron
representantes del gobierno del Estado de Jalisco, representantes a título personal de la
Conferencia del Episcopado Mexicano y personal de la Procuraduría General de la
República.
Trabajamos por más de un año con toda intensidad y los resultados los he puesto a la
consulta de cualquier mexicano. Todo el trabajo del grupo interinstitucional, pero toda la
averiguación previa que se generó para llegar a la verdad histórica de estos hechos, es
consultable en la biblioteca de la Procuraduría General de la República. Ahí está todo
lo que hicimos. No dejamos de desarrollar absolutamente una sola de la diligencias que el
mismo trámite del expediente aconsejaba.
Tomamos múltiples declaraciones ministeriales, ampliaciones de declaraciones, pruebas
periciales, hicimos una nueva reconstrucción de los hechos, nuevos exámenes de
balística.
Y para el obispo de Cuernavaca y el arzobispo de Chihuahua y para la Procuraduría General
de la República no hay elementos de prueba jurídicamente valorables que nos permitan
sostener una tesis del complot, es decir, que un tercer grupo dentro de ese tiroteo tenía
el objetivo específico y premeditado, alevoso, de asesinar al cardenal Posadas Ocampo.
Pero más allá de lo que yo diga, ahí están las pruebas para ustedes, señoras y
señores diputados.
Del caso del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, está con una sentencia
condenatoria de segunda instancia de 27 años y medio el autor intelectual: señor Raúl
Salinas de Gortari. El autor material Daniel Aguilar Treviño, está también consignado a
50 años de prisión y tres de los coacusados están condenados a 37 años de prisión.
Ahí está ese asunto jurisdiccionalmente resuelto. Queda una línea, una línea de
investigación abierta y es el paradero del señor Manuel Muñoz Rocha. A Manuel Muñoz
Rocha no lo hemos dejado de buscar vivo o muerto. Esa es la única parte de esta
investigación que aún no concluye al 100%.
Y respecto al caso Colosio lo único que les puedo pedir es paciencia de unos cuantos
días. Mencioné en mi intervención que quedaba una diligencia por practicar, es una
declaración. Yo espero que esa línea de investigación se agote con esa diligencia, pero
aún no agotándose, antes de que termine el mes de octubre el subprocurador especial del
caso Colosio de la PGR y un servidor, de cara a la sociedad informaremos sobre las 27
líneas de investigación que se exploraron con toda profundidad, de manera exhaustiva, de
septiembre de 1996 hasta la fecha.
Yo no he incursionado en la revisión de los modelos económicos, señor diputado, yo
espero que cada día pueda crecer más la economía nacional y que ese crecimiento de la
economía sirva para que el reparto del ingreso y la riqueza sea mucho más justo y
equitativo. Esto no se lo digo como Procurador, se lo digo como persona.
¿Ha crecido el consumo? Indudablemente que sí. Ahora por lo menos tenemos ya unas
primeras estadísticas, unos primeros estudios de cómo, sobre cuáles son los niveles de
consumo. Todavía tendrían que verse algunas especificaciones más importantes o más
extensas, pero sí nos debe de preocupar el incremento en el consumo y sobre todo en la
zona fronteriza norte y en la zona fronteriza sur, como en la Ciudad de México. Esto es
indudable.
¿Y ahí hay que trabajar más decididamente en el combate a la distribución de drogas?
Indudablemente que sí. Pero creo que también más en el tratamiento de los adictos, en
la rehabilitación, en la prevención, en la educación y en los valores morales y en el
trabajo dentro de la familia. No es tampoco problema que pueda resolver una sola persona y
a través de una sola función.
Y de los delitos electorales le puedo comentar que en 1997 de las 453 averiguaciones
previas radicadas, se resolvieron ese año 191 y quedaron en trámite 262 y, en el año de
1998 de las 339 con las que se inició se resolvieron 367; además, de las que ingresaron
quedaron 234. En el año 2000 no solamente respecto del proceso comicial del 2 de julio,
sino en general, se radicaron 753, se resolvieron 400 y quedaron en trámite 687.
Los porcentajes de consignación en relación con el no ejercicio de la acción penal o
reserva, son extraordinariamente parecidos a lo que sucede en el ámbito global de toda la
Procuraduría General de la República. Igualmente, el 95% de las sentencias que se han
dictado a partir de las consignaciones de la fiscalía para delitos electorales, han sido
condenatorias.
Muchas gracias, señor Procurador.
Para ejercer el derecho de réplica por parte del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, tiene la palabra hasta por cuatro minutos el diputado Manuel
Duarte Ramírez.
| El diputado Manuel Duarte Ramírez: |
Con el permiso de la Presidencia:
Primero quisiera aclarar que el reflejo que la sociedad tiene respecto a los homicidios
políticos cometidos en este país, no es por cierto el que el señor Procurador nos da en
esta su intervención, aunque no debemos de culparlo de toda la investigación y de todo
el proceso que ha llevado la investigación de esos asuntos, porque acordémonos que en
buena medida estuvo al frente de esa institución un procurador que por cierto pertenecía
a un partido diferente, al PAN, el procurador Lozano Gracia, que utilizó los servicios de
aquella famosa vidente para hacer la investigación.
Por otro lado, yo quisiera agregar algo respecto a los delitos electorales. Me parece que
no se han destinado los recursos necesarios para atender los delitos electorales y que es
una cuestión de mucha importancia para el país, porque tiene que ver con la democracia.
Con base en los tres últimos años, se han atendido y tramitado 1 mil 341 averiguaciones
previas de delitos electorales y que de ellas 453 se radicaron en 1997, 339 en 1998 y 549
en 1999 y en 1997 se resolvieron 191 averiguaciones, en 1998 se resolvieron 367 y en el
año de 1999 se resolvieron 449, las que sumadas arrojan un total de 1 mil 107.
Fuera de lógica y falto de verdad informa que tan sólo en 1999 se efectuaron 825
comisiones con un monto aproximado de 1 millón 600 mil pesos en pasajes, viáticos, lo
que significa que en promedio en cada diligencia gastaron 1 mil 939.39 pesos, monto
insuficiente para hacer una diligencia a Yucatán o a Baja California Sur; que la
fiscalía cuenta nominalmente con 17 agentes del Ministerio Público, lo que significa que
cada agente atendió 59.23 asuntos en tres años y que cada resolución nos costó 1 mil
588 pesos. Con estos costos la justicia electoral se constituye en la justicia más barata
de la nación.
Las anteriores cifras nos confirman la poca credibilidad de la Procuraduría en este ramo.
Yo le preguntaría al señor Procurador: ¿qué tan poco merece la democracia en este
país? Tal vez no le recomendaría que fuera candidato de la oposición en el régimen que
terminó el 2 de julio.
Muchas gracias.
Gracias al diputado Manuel Duarte Ramírez.
Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
tiene la palabra hasta por cuatro minutos el diputado Tomás Coronado Olmos.
| El diputado Tomás Coronado Olmos: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados; señor Procurador:
Al asumir en 1996 su encargo al frente de la Procuraduría, se comprometió a limpiar la
casa en este sentido. Le decimos que a unos días de concluir su gestión no limpió la
casa, sino la deja más sucia; ojalá que no tenga el atrevimiento de negarlo.
En el último informe de gobierno de usted, se dice como excusa que el total de los
delitos cometidos, el 94.9% son del fuero común y el 5.1% son del fuero federal. Una vez
más, el Gobierno se cura en salud y como todo fracasado busca culpables, pasándole la
factura a los gobiernos locales.
Habla de delitos del fuero común y el rezago de la Procuraduría General de la República
es impresionante en varias decenas de miles de expedientes y órdenes de aprehensión sin
cumplir. Esta evaluación es numérica y no cualitativa, ya que no son aceptables ni
comparables los daños en la sociedad que provoca el crimen organizado y particularmente
el narcotráfico, al que ocasionan los delitos del fuero común.
Por tanto, si estos costos y a cuestas vamos en la inseguridad, el mayor porcentaje de
responsabilidad es de usted y del Ejecutivo Federal. ¿Por qué alego su responsabilidad,
señor Procurador? También se nos informa que la parte del presupuesto que se asignó a
la capacitación de nuevos ingresos para profesionar la dependencia a su cargo, no
obstante ello, fue ineficaz. Permítame un ejemplo sencillo: si usted mezcla dos gotas de
cloro a un río el resultado es que ni purifica el río y se le diluye en las aguas el
efecto del cloro. Le preguntamos ¿fue eso exactamente lo que pasó con los nuevos
ingresos que se contaminaron con los ríos de corrupción que corren por la Procuraduría?
Reconocemos la labor del Ejército en la erradicación e intercepción de la droga, así
como su esfuerzo en la salvaguarda de la soberanía nacional.
Señor Procurador, sus errores haberlos convertido en policías. Le preguntamos, señor
Procurador: en casi cuatro años que lleva al frente de la Procuraduría ¿todavía no ha
encontrado los perfiles civiles para combatir el narcotráfico?
Se tiene conocimiento que la cifra del personal operativo en su Procuraduría es de
aproximadamente 1 mil 620 agentes del Ministerio Público, de 3 mil 180 agentes judiciales
federales y que el personal directivo y administrativo es de aproximadamente 11 mil 300
personas, por lo que en su gestión creció hasta en un 40% en este rubro administrativo.
Le preguntamos, ¿porqué el mayor personal está en el área administrativa y no en la
operativa?
El Ejecutivo y usted a partir de 1997 plantearon como eje fundamental en el combate contra
el crimen un marco jurídico y se le otorgó; un incremento hasta de un 300% en su
presupuesto y se le otorgó; apoyo de las fuerzas armadas y de la Policía Federal
Preventiva y se le otorgó. Luego entonces ¿cómo explica el fracaso de la Procuraduría
General de la República? ¿Será que se le olvidó al Presidente y a usted solicitar un
procurador al que no le temblara la mano para aplicar la ley?.
En otro caso, señor Procurador, en relación al asunto de Mario Villanueva, usted comenta
de que no procedió en contra de él porque no podía iniciar un juicio de procedencia yo
le pregunto a usted: ¿por qué no lo inició?
Por sus respuestas, muchas gracias. Es tanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Tomás Coronado Olmos.
Tiene la palabra el procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, hasta por
ocho minutos.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias, señor Presidente:
He comentado ya en repetidas ocasiones durante esta comparecencia, que una de las
estrategias para avanzar en la Procuraduría General de la República fue precisamente
buscar y limpiar la casa y creamos los instrumentos técnicos y objetivos para limpiarla.
No puede perderse de vista que antes de diciembre de 1996 se había hecho el mismo
esfuerzo de depuración en la Procuraduría General de la República y habían sido
removidos más de 850 policías de su encargo; el resultado de esa estrategia fue que
prácticamente 500 ganaron el amparo y tuvieron que ser reinstalados e incluso se les
pagaron salarios caídos por falta de motivación, de fundamentación y de debido
procedimiento legal.
Teníamos que buscar un procedimiento distinto para no enfrentarnos judicialmente con el
mismo problema y se creó el Centro de Control de Confianza y han pasado por ahí muchos
de los servidores públicos que laboran actualmente en la PGR, En total, hemos separado de
sus responsabilidades, por el Centro de Control de Confianza y mediante el trabajo de la
Contraloría Interna, a 3 mil 620 elementos del personal sustantivo de la Procuraduría y
si ahora se ven menos agentes del Ministerio Público y menos policías judiciales, es
precisamente por el número de remociones que se han dado.
Nuestra política fue no mandar a trabajar sobre el terreno ni a las mesas del Ministerio
Público, a nadie que antes no hubiera acreditado satisfactoriamente los exámenes de
confianza y los exámenes de conocimientos. En todo caso preferimos ser menos pero más
confiables, que muchos absolutamente corrompidos. En manera que ése ha sido nuestro
esfuerzo y ahí están los números y ahí están las estrategias, nuevamente más allá
de las especulaciones políticas.
Hemos tenido históricamente en la Procuraduría, problemas con el cumplimiento de
órdenes de aprehensión y de órdenes de reaprehensión. Esto es un hecho y esto habla de
la necesidad de eficientar aún más a la Policía Judicial Federal; pero no sólo eso,
sino de que participen otras instancias como auxiliares del Ministerio Público en buscar
esas aprehensiones.
Sí resulta de preocupación tener 32 mil órdenes de aprehensión pendientes, pero más
tener 15 mil órdenes de reaprehensión, es decir, de personas que ya por lo menos una vez
estuvieron delante del juez, que fueron liberadas, que a lo mejor violaron su libertad
caucional y que hoy es necesario buscar nuevamente emplear recursos técnicos, humanos y
financieros para lo que ya habían sido utilizados a fin de ponerlos nuevamente a
disposición de los jueces.
Mire diputado, de los egresados del Instituto de Capacitación tanto en la versión de
Policía Judicial Federal como investigadores en delitos federales, sí hubo algunos que
han incurrido en conductas ilícitas, en actos de corrupción, en violaciones a derechos
humanos, en protección a organizaciones criminales. En todos esos casos hemos, respecto
de ellos, ejercitado la acción penal; afortunadamente es un porcentaje mucho menos que lo
que históricamente había venido sucediendo en la Procuraduría General de la República,
pero aún así esto no es garantía de que un proceso de contaminación no se vaya a dar
en el futuro, eso nadie lo puede garantizar, se tiene que trabajar en la parte de la
reforma estructural aún más a fondo.
Ustedes tienen una forma de medir el fracaso y yo otra y no me vengo aquí a dar golpes de
pecho ni a decir que todo estuvo perfecto, pero me parece que hay avances y que hay retos,
pero allá ustedes si siguen buscando calificar de esa manera una administración.
Nunca me tembló la mano ni me tiembla ni me temblará. Cuando tuve los elementos para
ejercitar la acción penal, cuando tuve el cuerpo del delito y la presunta
responsabilidad, ejercité la acción penal y no importaron consideraciones políticas ni
poderío económico ni relaciones con la prensa ni situaciones sociales, siempre lo
ejercité.
Cuando no tuve pruebas, cuando no se integró el cuerpo del delito ni la presunta
responsabilidad, no ejercitamos la consignación. Ese fue el único criterio y el único
principio que rigió en mis actuaciones.
Respecto de la averiguación previa que se integró contra el señor Mario Villanueva, es
público y notorio que muy cerca de terminar su periodo, aun se le estaba brindando la
garantía de audiencia y compareció ante el Ministerio Público y ofreció pruebas, y
estaban desahogándose pruebas de descargo en esa averiguación previa cuando el señor
Villanueva decidió evadir la acción de la justicia, quedaban cinco días para que
terminara su periodo como gobernador y por tanto no era un momento ése, creo que
políticamente se me puede entender, de ejercitar el juicio de procedibilidad.
Gracias, señor Procurador.
Para ejercer el derecho de réplica, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Germán Pellegrini Pérez.
| El diputado Germán Arturo Pellegrini Pérez: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados; señor Procurador:
Si no le temblaba la mano, por qué no citó a declarar al señor Enrique Jarari,
recientemente detenido, ex director de la Policía Federal de Caminos y ex funcionario de
la Procuraduría, entre otros casos; en el caso Posadas, porque el gobierno del Estado de
Jalisco lo ha señalado desde hace ya casi cinco años.
Señor Procurador: usted podrá decir muchas cosas, pero lo único que si nos queda claro,
es que en materia de procuración de justicia no se cumplieron las expectativas de la
ciudadanía; hoy nuestras familias están a merced de la delincuencia, incluso de
integrantes de su corporación, como el caso concreto y muchos más.
Hoy nuestras familias pueden ser objeto de vejaciones a su integridad física o inclusive
que se atente contra su patrimonio y esto se agrava más, porque los delincuentes al día
siguiente de haber cometido estas fechorías circulan impunemente por las calles, no hay
respeto ni temor hacia la Procuraduría General de la República por parte de los
delincuentes.
Es por eso que no se vale que el Ejecutivo se escude bajo el argumento de que muchos de
los delitos no son de su responsabilidad ni de la de usted, sino del fuero común, toda
vez que la delincuencia organizada trae aparejados homicidios, robos, secuestros,
amenazas, que aunados al tráfico de armas y al narcotráfico son delitos en los que la
Procuraduría sí tiene competencia y esto, doctor Madrazo, es mucho más que el 5% de los
delitos federales cometidos en el país, que el Presidente señala en su informe.
Por otro lado, la intervención de las fuerzas armadas se ha manifestado legal y
jurisprudencialmente como auxiliar de las instituciones responsables de la procuración de
justicia; sin embargo, usted ha renunciado a su responsabilidad, que no a su cargo y menos
a su sueldo, al permitir que el Ministerio Público fuera suplantado y relegado por las
fuerzas armadas en sus funciones constitucionales, de perseguir e investigar los delitos,
particularmente el narcotráfico.
Otra causa de la ineficiencia de la procuraduría se debe a la duplicidad de funciones, no
se engañe, señor Procurador, si hay un problema que usted ocasionó en la estructura y
organización de la Procuraduría, debido al aumento de personal en el rubro
administrativo, en vez de incrementar y capacitar el número de agentes de ministerios
públicos para abatir los rezagos de la PGR, usted se equivocó, el pueblo mexicano no
quería más burócratas en la Procuraduría, sino más y mejores agentes del Ministerio
Público Federal y policías judiciales, pero sobre todo, eficacia en el combate de la
delincuencia, que desafortunadamente no la hay.
Coincidimos con el Presidente de la República, coincidimos con lo aquí expresado por
compañeros de otros grupos parlamentarios, coincidimos con los millones de mexicanos, que
más allá de los esfuerzos realizados, los resultados no llegaron y que el saldo final en
materia de procuración de justicia es negativo, heredando rezagos y agravios a la
sociedad, lástima que el único que no coincida sea usted, señor Procurador.
Gracias al diputado Germán Pellegrini Pérez.
Para formular las preguntas en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Adela Cerezo
Bautista.
| La diputada Adela Cerezo Bautista: |
Con su permiso, señor Presidente; honorable
Congreso de la Unión; licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la
República.
Como usted bien sabe, el mecanismo de cualquier mercancía lícita o ilícita, es que
depende de la ley de la oferta y la demanda. Es como la paradoja de la interrelación
Estados Unidos de América con productores reales o supuestos, del resto del mundo, sin
entenderse que dicha ley la hicieron los países capitalistas. El consumo se hace allá
precisamente, por ende, la producción se va a dar en cualquier parte para que se cumplan
los supuestos de dicha ley.
Ahora bien. La Procuraduría nos ha dado muestras de su preocupación por la persecución
y captura de las grandes bandas, pero aquellas que tienen sus raíces clavadas en los
barrios, en los medios artísticos, en las discotecas y lugares análogos, prácticamente
no son tocadas.
Señor Procurador: para ninguna mexicana ni mexicano es desconocido que el problema de la
drogadicción entre las y los mexicanos se ha incrementado considerablemente, con los
problemas sociales que ello implica. Sin embargo, con profunda preocupación nos
percatamos que poco se ha hecho en cuanto a la vigilancia y lucha frontal contra los
distribuidores al menudeo, quienes atacan esencialmente centros de estudio y población de
menor ingreso. Por supuesto, sin dejar de considerar que los narcotraficantes no perdonan
pobres ni ricos, para ellos todos somos un mercado.
Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar: ¿la Procuraduría General de la República a su cargo,
se habrá dado cuenta de que no es suficiente el combate a las grandes organizaciones de
producción y distribución de estupefacientes? De no ser así, supongo, su lucha se vio
limitada y de haberse percatado, ¿por qué no realizaron acciones que se reflejaran de
manera tangible en la sociedad?, y así habrían contribuido de manera eficaz para mejorar
la salud, la seguridad y la economía de la sociedad, que supongo es compromiso de usted y
de cualquier otro funcionario del rango que representa.
Muchísimas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Racardo Francisco García Cervantes |
Gracias a la diputada Adela Cerezo Bautista.
Tiene la palabra el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la
República, hasta por ocho minutos.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Muchas gracias por sus observaciones, diputada.
Uno de los problemas relacionados con el narcotráfico y los delitos contra la salud que
más nos preocupó a lo largo de estos cuatro años, fue precisamente la distribución al
menudeo de estas drogas en lugares públicos, en centros de diversión, en discoteques,
pero fundamentalmente en escuelas.
Los más de 3 mil 200 elementos de la Policía Judicial Federal que han venido trabajando
regularmente, son desde luego absolutamente insuficientes como para hacer un trabajo de
vigilancia en torno de todos estos lugares públicos, en donde se envenena a nuestros
niños y a nuestros jóvenes.
Por eso es que entre otras cosas, propuse a los procuradores de los estados no jugar a
aventarnos la bolita, sino a trabajar de manera unida en el combate a este tipo de
distribución.
Hoy me da mucho gusto decir que 22 estados de la Federación aceptaron la propuesta y que
nuestras agencias mixtas del Ministerio Público están trabajando de una manera positiva.
En el combate al narcotráfico, la política del Estado mexicano ha sido dar una lucha de
manera integral, atacar lo mismo la producción, la circulación, la distribución y el
consumo y en todos estos puntos del extremo de la cadena de narcotráfico, el Estado
Mexicano ha venido luchando, no solamente la Procuraduría General de la República, sino
11 distintas instancias del Gobierno Federal.
El número de distribuidores al menudeo, por ejemplo en la Ciudad de México, que se ha
logrado detener, es muy importante. Con el procurador Del Villar creamos la Agencia Mixta
del Ministerio Público de Chimalpopoca, en el centro de la Ciudad de México y la
inteligencia que de ahí ha surgido nos ha permitido hacer muy importantes aseguramientos,
entre otros sitios, en el barrio de Tepito, que desde luego habrá que seguir insistiendo
en poder erradicar absolutamente todo lo que llega.
Es todavía una línea que debe de terminarse, que debe de completarse, pero que desde
luego no está en cero y yo la verdad me siento muy contento y estimulado por el trabajo
que hemos tenido en el D.F., tanto con el Procurador como con el director de seguridad
pública.
Indudablemente que me di cuenta, diputada, de que éstos son problemas extraordinariamente
serios, que es el último cuarto para llegar a envenenar a los niños y a los jóvenes y
que es algo que tenemos que atacar de manera aún más radical, pero, repito, lo
lograremos en la medida que podamos tener, primero claridad política para discutir los
temas y segundo, verdaderos puentes de comunicación entre el Estado y la sociedad civil.
Yo, repito, que esto debe ser considerado como un trabajo de todos. Esto es cuanto puedo
contestar a sus observaciones.
Muchas gracias, señor Procurador. Para ejercer
el derecho de réplica, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Manuel Galán Jiménez.
El
diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul): |
Señor Presidente.
Sí, señor diputado.
El
diputado Amador Rodríguez Lozano
(desde su curul): |
En lugar del diputado Manuel Galán, el diputado
Cárdenas.
Tiene el uso de la palabra para formular la
réplica del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado
Cárdenas, por cuatro minutos.
| El diputado Francisco Cárdenas Elizondo: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Antes de empezar mi exposición no quiero dejar pasar inadvertida la exposición que ha
hecho principalmente el grupo de Acción Nacional, cuando increíblemente al paso de pocos
años han olvidado que el anterior Procurador de quien tomó posesión en su lugar el que
ahora comentamos, era del PAN y aquellas personas a las que él corrió, aquellas personas
que él corrió, desgraciadamente después la Corte los tuvo que reinstalar. Entonces no
se vale que todos los males de la Procuraduría se los quieren achacar al presente...
A ver, un momento por favor, señor diputado
Cárdenas... Me permite...
| El diputado
Francisco Cárdenas Elizondo: |
En esta ocasión...
Me permite, señor diputado Cárdenas, por
favor. Quiero solicitar a las compañeras y compañeros diputados, guardar el debido orden
en la sesión y al señor orador ceñirse al tema de réplica sobre los comentarios del
Procurador General de la República.
| El diputado
Francisco Cárdenas Elizondo: |
En esta ocasión quiero plantear dos cuestiones
de la mayor importancia, la necesidad de establecer un órgano de control interno con
plena autonomía técnica para conocer, investigar, sancionar y en su caso, consignar a
los miembros de la Procuraduría General de la República y por otro lado, la conveniencia
de deslindar a los miembros del Ejército, la Aviación y la Marina de Guerra de la
actividad de seguridad pública.
La sociedad mexicana está alarmada por las informaciones que a diario escuchamos o leemos
en los medios de comunicación, en relación a la grave corrupción que existe en la
Procuraduría General de la República. Debemos reconocer que este cáncer no es privativo
de esta dependencia y tal situación la encontramos también en diversas instituciones
federales, estatales y municipales.
Por ello, señor Procurador, quisiera exponerle a usted lo que recogimos de la
ciudadanía, consistente en la necesidad de crear una subprocuraduría de asuntos,internos
en la dependencia a su cargo, a fin de que los casos de corrupción que se presente por
motivo de la actuación de los miembros del Ministerio Público, sean debidamente
investigados con plena libertad y autonomía técnica, incluso, del propio titular de esa
Procuraduría, que tendría como función la de mantener la disciplina interna de todos
los miembros de la PGR con el objeto de disipar cualquier duda que pudiera presentarse en
el manejo de estos delicados asuntos.
Esta subprocuraduría en consecuencia, sustituiría a las unidades que hoy son
visitaduría y contraloría.
La seguridad pública es un factor determinante para el armonioso desarrollo de la
sociedad mexicana. Si aquélla no está presente, se frena el progreso en todos los
aspectos.
El fenómeno delincuencia tomó, diríamos, de sorpresa al Estado mexicano en sus tres
niveles de gobierno, pues las instituciones de seguridad pública siempre fueron las
eternas olvidadas.
Determinada la magnitud del problema, se reformó en el año de 1994 el artículo 21
constitucional, para establecer alusiones a la seguridad pública. De ahí se consignó la
necesidad de una ley que coordine el Sistema Nacional de Seguridad. Esta ley general que
establece las bases de coordinación, determina:
"Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante
la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la
reinserción social del delincuente y del menor infractor."
Y con toda precisión y claridad se establece que "la función se realizará en los
diversos ámbitos de competencia por conducto de las autoridades de la Policía
Preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de los responsables de la prisión
preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores".
Como se puede advertir de esto, no incluye a las fuerzas armadas.
En consecuencia, concluyo, señor Presidente, nuestra Constitución confirma en el
artículo 129 que: "en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más
funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".
Por lo anterior, ¿no considera usted, señor Procurador, como abogado de la nación, que
sería conveniente diferenciar el concepto de seguridad pública y seguridad nacional para
circunscribir la actuación de los miembros de nuestras instituciones castrenses
exclusivamente a las actividades relacionadas con la seguridad nacional?
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Quiero reiterar una vez más el llamado de esta Presidencia a las señoras y señores
diputados para no incurrir en una escalada de descalificaciones y falta de respeto que en
cada turno, cada grupo encontrará ocasión de cobrar. Sólo con la consideración
permanente de todos ustedes, del respeto debido a los compañeros de Cámara, al cuerpo
colegiado del cual formamos parte y a la institución, podremos aportar, insisto, en el
respeto, al prestigio y a la reivindicación del Poder Legislativo.
Quiero reiterar a todas las señoras y señores diputados, la obligación personal y la
confianza en su sentido de responsabilidad y en su honor, de colaborar para generar ante
la conciencia de los mexicanos, el prestigio de su Poder Legislativo.
Tiene para terminar con sus comentarios finales, el uso de la palabra, el Procurador
General de la República, hasta por 10 minutos.
El procurador General de la República,
Jorge Madrazo Cuéllar: |
Diputadas y diputados federales:
El 2 de diciembre de 1996 cuando se me honró designándome Procurador General de la
República, determiné poner mi mayor esfuerzo, toda mi dedicación y la de mis
compañeros de trabajo, para servir a la justicia y para servir a México.
Durante estos años hemos trabajado ahí, en una trinchera muy difícil y compleja, a base
de valores, de principios y de convicciones. Nunca me he servido del cargo para nada
absolutamente sino he buscado servir a México, con toda mi voluntad, con toda mi fuerza.
Muchas cosas no se alcanzaron y desde luego eso nos debe mortificar y llenar de pena.
Indudablemente que sí, como aquí lo dijo el señor Presidente de la República.
Habrá muchas cosas más por hacer, tendrán que venir otros. Esperamos entregar la casa
con claridad, con transparencia, para que quienes nos sigan tengan una tarea más
sencilla.
Quiero una vez más recordar mi convicción de que la justicia no tiene partido político,
de que la justicia tiene que ser una función técnica, que hay que desarrollar con enorme
humanismo, así lo quisimos hacer.
Ustedes tendrán sus lecturas y sus enfoques al trabajo que ha hecho la Procuraduría en
estos años. Yo lo único que quisiera pedirles a las señoras diputadas, a los señores
diputados, es que al próximo procurador o fiscal general, le brinden la oportunidad de
tener un trabajo mucho más articulado, no se trata ni de aplaudir ni de desacreditar por
posicionamientos políticos.
La Procuraduría, la procuración federal de justicia, es un tema mucho más complejo,
mucho más policromático.
Estoy cierto que vendrán mejores resultados y que esos resultados se podrán construir a
través de puentes de entendimiento entre los poderes del Estado, entendimientos
respetuosos y claros, pero sobre todo puentes con la sociedad, con la sociedad civil
organizada.
No es el problema de voluntad de una persona o de un puñado de personas, sino lo es de
todos los órganos del Estado y de la sociedad.
Creo que apostándole a la coordinación, a la colaboración, al trabajo honesto con una
idea humanista de la justicia, los mejores momentos para esa justicia en México están
por venir.
Es todo lo que tengo que decir.
Gracias, señor procurador General de la
República, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar. Gracias por su presencia frente a esta
representación popular y nacional. Gracias también por su esfuerzo realizado durante los
casi cuatro años que estuvo al frente de esta institución. Y permítame en los términos
del acuerdo parlamentario que rige esta sesión, expresar en forma institucional algunas
consideraciones finales a nombre de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.
Usted ha señalado, señor Procurador, que el enfoque partidista, las apreciaciones de los
grupos parlamentarios representan la visión individual o la visión ciertamente parcial y
legítima de los partidos políticos que están representados en esta Cámara de
Diputados.
Siendo esto cierto también lo es, que cuando estas expresiones legítimas, parciales,
partidistas coinciden, esta Cámara de Diputados hace de esa coincidencia la expresión de
la sociedad toda de México y las coincidencias de los grupos políticos aquí
representados que integran a esta representación nacional y popular, son que la justicia
como valor cohesivo de la sociedad mexicana, está hoy en la conciencia y en el deseo de
todos los mexicanos de que se ejerza.
Hay necesariamente muchas materias, muchas asignaturas dentro del ámbito de la
procuración de justicia, que deben fortalecerse, que deben renovarse, que deben atenderse
de mejor manera. Hay, como en toda obra humana, aspectos positivos y aspectos negativos.
Lo que quiero resaltar es que cuando esta representación nacional coincide en la
necesidad de profundizar en la procuración de justicia, para crear de este valor de la
justicia ese instrumento de cohesión social, es porque se reconoce que la falta de ella
está siendo un factor de corrosión, de desintegración, de enfrentamiento entre
mexicanos y en perjuicio de la vida comunitaria a la que aspiramos.
Por ello, cualquier esfuerzo que se haya hecho por combatir la corrupción y la impunidad,
por garantizarle a cada ciudadana y a cada ciudadano de nuestro país la justicia, deben
recibir el reconocimiento de las señoras y los señores diputados. Cualquier falla,
cualquier esfuerzo sin realizarse, cualquier tiempo escatimado a la lucha por la justicia,
deberá también recibir de esta representación nacional y particularmente de la
conciencia individual de todos los servidores públicos que han estado encargados de
procurar la seguridad y la justicia para los mexicanos, un reproche.
México tiene por delante la gran tarea de profundizar en sus instituciones, para ponerlas
a buen resguardo de la presión que ejerce el poder corruptor del crimen organizado. Las
instituciones de la República reconocen en el crimen organizado, particularmente el
dedicado al narcotráfico, una amenaza permanente, por ello, a nombre de la Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura puedo asegurar a usted, señor Procurador y a todo el
pueblo de México, que esta Cámara de Diputados sabrá estar a la altura para
salvaguardar las instituciones, para recrear los instrumentos que permitan avanzar en la
lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y devolverle la confianza a las
mexicanas y a los mexicanos, de que a través de la vida institucional y del ejercicio del
derecho, podremos avanzar como sociedad con libertad y con justicia.
Muchas gracias por su presencia el día de hoy; gracias también por el esfuerzo que pueda
usted realizar de aquí a que concluya su encargo.
Quiero también establecer que de conformidad con lo que establece el artículo 7o.
numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
versión estenográfica de esta sesión será remitida al señor Presidente de la
República, para su conocimiento.
Solicito a los diputados Félix Castellanos Hernández, Francisco Abundis Arias, Tomás
Torres Mercado, Miguel Angel Torrijos Mendoza y José Manuel Correa Ceseña, se sirvan
acompañar al señor Procurador General de la República cuando decida retirarse de este
salón.
Solicito a la Secretaría, continúe con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en
cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, del 28 de
septiembre de 2000.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 28 de septiembre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con
motivo del CCXXXV aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y
Pavón, tendrá lugar en el monumento erigido a su memoria, en la Plaza de la Ciudadela,
avenida Balderas, esquina Emilio Dondé, delegación Cuauhtémoc, el 30 de septiembre a
las 10:30 horas.
La presidencia municipal de Ecatepec de Morelos, invita al acto cívico que con motivo del
CCXXXV aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá
lugar en la plaza cívica de dicho municipio, el 30 de septiembre a las 11:00 horas.
Efemérides
Aniversario del fallecimiento de Francisco Ruiz Massieu, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green Macías, análisis
del VI Informe de Gobierno.
A las 16:00 horas, comparecencia del secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio
Blanco Mendoza, análisis del VI Informe de Gobierno.
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»
Gracias, señor Secretario.
CLAUSURA Y CITATORIO
| El
Presidente (a las 16:40 horas) : |
Compañeras y compañeros diputados: como se han
dado cuenta, en el orden del día de la próxima sesión se tienen contemplados, además
de la comparecencia de dos secretarios de Estado, algunos asuntos por lo que esta
Presidencia encarece a todos ustedes su puntual asistencia a la sesión para la que se
cita el día jueves 28 de septiembre a las 10:00 horas.
Se levanta la sesión.
- Tiempo de duración: 5 horas 50 minutos.
- Quorum a la apertura de sesión: 322 diputados.
- Asistencia al cierre de registro: 429 diputados.
- Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
- Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior.
Comparecencia del
licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
- Proposiciones de punto de acuerdo: 4.
- Excitativas a comisiones: 1.
- Puntos de agenda política: 2.
- Oradores en tribuna: 46
PRI-7; PAN-7; PRD-10; PVEM-4; PT-5; Procurador General de la
República-13.
Se recibió:
- 1 iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, II Legislatura;
- 1 iniciativa del PRD;
- 1 iniciativa del PRI.
|
|
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético) |
- Arnaud Carreño, Pablo de Jesús (PAN)
- Barrales Magdaleno, María
Alejandra (PRD)
- Bortolini Castillo, Miguel (PRD)
- Cárdenas Elizondo, Francisco (PRI)
- Castellanos Hernández, Félix (PT)
- Castellanos Hernández,
Félix (PT) en dos ocasiones
- Castillo Cruz, Bonifacio (PRD)
- Cerezo Bautista, Adela (PRI)
- Coronado Olmos, Tomás (PAN)
- Del Real Muñoz, Oscar Alfonso (PRD)
- Domínguez Rodríguez, Genoveva (PRD)
|
Tema
Sobre la marcha continental de los pueblos indígenas.
Corporación Internacional de Transporte Aéreo. Proyecto de punto de acuerdo sobre la
posible separación de las aerolíneas que conforman la Cintra.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Proposición con punto de
acuerdo para que comparezca el doctor Antonio Puig Escudero, presidente de dicho
Instituto, a fin de que informe sobre los problemas laborales en ese organismo.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Sobre la marcha continental de los pueblos indígenas.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República. |
- Duarte Ramírez, Manuel (PRD) en
dos ocasiones
- Escobar y Vega, Arturo (PVEM)
-
- Espadas Ancona, Uuc-kib (PRD)
- Figueroa Canedo, Sara Guadalupe (PVEM)
-
- García Cervantes, Ricardo
Francisco (PAN)
- Hernández Fraguas, José Antonio (PRI)
- Hernández Gerónimo, Aldaurico (PRD)
- Hernández Raigosa, Alfredo (PRD)
- Moo y Can, José Feliciano (PRI)
- Moreno Bastida, Ricardo (PRD)
- Pacheco Castañeda, Vicente (PAN)
|
Tema
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior.
Comparecencia del licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Intervenciones telefónicas.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República, como Presidente de la mesa
directiva, expresa un mensaje institucional y ordena que la versión estenográfica de
esta sesión, se remita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para su
conocimiento.
Intervenciones telefónicas.
Excitativa a la Junta de Coordinación Política para que determine sobre la integración
de comisiones especiales, presentadas en solicitudes de los días 5, 7 y 12 de septiembre
pasados.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Sobre la marcha continental de los pueblos indígenas.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89 y 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que en el
nombramiento del Procurador General de la República, intervenga el Congreso de la Unión.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República. |
- Pellegrini Pérez, Germán Arturo (PAN)
- Peredo Aguilar, Rosalía (PT)
- Peredo Aguilar, Rosalía (PT) en
dos ocasiones
- Pérez Gavilán, Rodolfo Dorador (PAN)
- Prieto Fuhrken, Julieta (PVEM)
- Rodríguez Pasos, Jorge Alberto (PT)
- Romero Apis, José Elías (PRI)
- Sepúlveda Fayad, Juan Manuel (PRI)
- Serrano Peña, Mónica Leticia (PAN)
- Spezia Maldonado, Erika Elizabeth (PVEM)
- Torres Origel, Ricardo (PAN)
|
Tema
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior.
Comparecencia del licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Invitación para conformar una comisión que represente a la Cámara de Diputados y asista
al Congreso Nacional de Mujeres "Hacia la Reforma del Estado ", a efectuarse del
28 al 30 de septiembre.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Análisis VI Informe de Gobierno. Política interior. Comparecencia del licenciado Jorge
Madrazo Cuéllar, procurador General de la República.
Intervenciones telefónicas. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
Cintra
Cisen
DEA
DF
FBI
IFE
INEGI
ISSSTE
PGR
PRD
PRI
Procede
PT
PVEM
Renave
Secodadm |
Corporación Internacional de Transportación
Aérea
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
Agencia Federal Contra el Narcotráfico de EUA (por las siglas en ingles)
Distrito Federal
Oficina Federal de Investigación de EUA (por las siglas en inglés)
Instituto Federal Electoral
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Procuraduría General de la República
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Programa para la Certificación de Parcelas y Titulación de Derechos Ejidales
y Solares Urbanos en Ejidos
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Registro Nacional de Vehículos
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo |
|