Nosotros planteamos que esta comisión esté integrada
por cinco miembros propietarios y que igual número haya de suplentes y que obviamente sea
una comisión plural, donde estén integrados los grupos parlamentarios que compartimos y
convivimos en esta Cámara y esperamos que esta Cámara decida la integración de esta
comisión de urgente resolución, porque el problema de los productores de caña no
espera, ahí están los ingenios de Atencingo, donde los productores de caña aún no
reciben liquidaciones; ahí están los productores de caña de Benito Juárez, que tienen
problemas con su liquidación; ahí están los productores de caña del Ingenio San Pedro,
San Francisco, que todavía no terminan o no tienen su liquidación, hay muchos problemas
y es por eso que nos pronunciamos porque sea de urgente resolución esta comisión
especial.
Gracias, diputado Arturo Herviz.
Con fundamento en lo que establece el artículo 23 inciso F y 34 inciso C de la Ley
Orgánica del Congreso, artículo 71 y 78 del Reglamento, se turna la proposición del
diputado Francisco Castro González, a la Junta de Coordinación Política y se agrega la
intervención del diputado Arturo Herviz para su consideración.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Para presentar una propuesta con punto de
acuerdo sobre el seguimiento a la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 131
y adicionan los artículos undécimo y duodécimo transitorios a la Ley del Seguro Social,
se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por 10 minutos.
| El diputado
Miguel Bortolini Castillo: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Los suscritos diputados que firman al calce, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y vigesimocuarto del Acuerdo Parlamentario Relativo a las Sesiones,
Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones en la Cámara de Diputados,
presentamos al pleno de esta Cámara de Diputados, una proposición para que esta Cámara
se pronuncie para que la Cámara de Senadores dé trámite legislativo constitucional a la
minuta con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 131 y se adicionan los
artículos undécimo y duodécimo transitorios de la Ley del Seguro Social.
Con fecha 27 de abril del presente año, la LVII Legislatura de esta Cámara de Diputados
aprobó el dictamen de la iniciativa por el cual se reforma el artículo 131 y se
adicionan los artículos undécimo y duodécimo transitorios de la Ley del Seguro Social.
La iniciativa constituye una esperanza para los más de 1 millón 800 mil jubilados y
pensionados que reciben por concepto de pensión el equivalente a un salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal.
El problema que trata de resolver esta iniciativa toma su origen en la nueva Ley del
Seguro Social vigente a partir de julio de 1997, que reemplazó al sistema de pensiones
público, solidario y redistributivo, por otro sistema de pensiones privado, basado en
cuentas de capitalización individual administradas por las Afore.
La nueva Ley del Seguro Social deja en el más completo abandono a todos aquellos
trabajadores que se pensionaron o jubilaron con base a la ley abrogada, que de acuerdo con
cifras oficiales el 90% de los mismos reciben como pensión un salario mínimo vigente en
el Distrito Federal.
La nueva Ley del Seguro Social no dispuso mecanismo alguno para hacer justicia a los
pensionados bajo las disposiciones de la ley abrogada, ya que en sus artículos
transitorios sólo les garantiza que seguirán recibiendo su raquítica pensión en los
términos previstos en la ley derogada; es decir, un salario mínimo vigente en el
Distrito Federal, que se ajusta en los mismos términos en que se incrementan los salarios
mínimos.
La situación de los pensionados y jubilados al amparo
de la ley anterior, viven una vida de miseria que es necesario remediar. La iniciativa que
presentó el grupo parlamentario del PRD el 5 de noviembre de 1998, dictaminada, discutida
y aprobada en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado tiene como finalidad:
Uno. Incrementar la cuantía de las pensiones de las viudas, del 90% al 100% de pensión
que le hubiere correspondido al jubilado o pensionado.
Dos. Incrementar el monto de la cuantía mínima de las pensiones, de uno a dos salarios
mínimos y
Tres. Indexar todas las pensiones a la inflación parar hacerlas inmunes a los cambios en
el nivel de precios y detener su deterioro en el tiempo.
De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todo proyecto de ley o decreto que no sea exclusivo de alguna de las cámaras,
será discutido en ambas.
Este proyecto de ley discutido y ya aprobado en la Cámara de Diputados, fue turnado al
Senado de la República. Aun cuando las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores
tienen la obligación de seguir funcionando durante el receso del Congreso, tal y como lo
establece el artículo 96 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, ésta no ha sido dictaminada.
Cabe mencionar que las comisiones tienen la obligación de presentar su dictamen en los
asuntos de su competencia, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que las
hayan recibido, según lo prevé el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero a la fecha el Senado de la
República no ha dado el trámite legislativo que establece el artículo 72
constitucional, aun cuando ya han transcurrido casi cinco meses de que la colegisladora
recibió la minuta correspondiente.
«Por lo anterior y con fundamento de derecho, someto a consideración de la Asamblea la
siguiente proposición de
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión se pronuncie para que la Cámara de Senadores dé
trámite legislativo a la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el
artículo 131 y se adicionan los artículos undécimo y duodécimo transitorios de la Ley
del Seguro Social, turnada a la Cámara de Senadores el 27 de abril del año en curso.
Firman diputados del grupo parlamentario del PRD; José Narro Céspedes, del
Partido del Trabajo y Enrique Herrera, del Partido por la Convergencia
Democrática.»
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia señala que, conforme a lo dispuesto por el inciso B del artículo 34,
los pronunciamientos que incluyan o que entrañen una posición política del órgano
colegiado, es decir, de la Cámara, corresponde a la Junta de Coordinación Política; por
lo tanto, túrnese a la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto
en el inciso 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica, la Presidencia establecerá contacto
institucional con el Senado de la República para ver el estado que guarda la minuta de
referencia.
TARIFAS ELECTRICAS
En otro punto del orden del día, para presentar
una proposición con punto de acuerdo sobre la tarifa 09 de energía eléctrica, ha
solicitado el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
Tiene la palabra, por 10 minutos.
| El diputado
Juan Carlos Regis Adame: |
«Diputado Ricardo Francisco García Cervantes,
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.
Los diputados federales de la LVIII Legislatura, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La economía mexicana tiene ante sí la necesidad
ineludible de crecer de manera sostenida a tasas superiores al incremento de su
población. Para ello es preciso que los diversos sectores económicos se articulen de
manera armónica en la búsqueda de objetivos comunes y de largo plazo.
El Estado mexicano tiene el deber irrenunciable de cumplir con un precepto constitucional
que es el de cubrir y proporcionar los bienes y servicios estratégicos y prioritarios
para la economía. En este caso, proporcionar el servicio de energía eléctrica como una
obligación que no debe dejar en el olvido.
Entre las ramas industriales que el Estado no puede abandonar, destaca la de proporcionar
el servicio de energía eléctrica, el cual es imprescindible fortalecer para apoyar el
resto de las actividades económicas en condiciones cuando menos similares a las
existentes en otros países.
Para que México esté en condiciones de avanzar de manera armónica y los beneficios
lleguen a toda la población, incluso a los habitantes de sectores económicos a los que
en los últimos años se les ha brindado un apoyo marginal, como es el caso de la
agricultura, es necesario apoyarlos con tarifas acordes con las necesidades de su sector.
Hasta ahora en muchas regiones del país, la agricultura se encuentra muy ligada al
consumo de energía eléctrica, porque ésta es utilizada para extraer agua del subsuelo.
La utilización de electricidad para este fin constituye un insumo muy importante, incluso
para algunas regiones vital.
Para ello, el país debe contar con una industria eléctrica sana financieramente,
modernizada tecnológicamente y que esté al servicio de la industria, el transporte, el
campo y los servicios, así como a los usuarios domésticos y rurales y urbanos, que
proporcione electricidad en cantidad y calidad capaz de competir internacionalmente, es
condición prioritaria para el desarrollo del país y el bienestar de la población.
Por lo tanto, deberá continuar con la tarea de surtir el flujo eléctrico al país, tanto
a los hogares consumidores como a las pequeñas y medianas empresas, cuidando siempre de
que estos apoyos sean bien canalizados a los sujetos que en realidad lo necesitan. Por
tanto, deberán ser selectivos, temporales o permanentes, según sea necesario; no puede
aplicarse los mismos criterios para todos los sectores económicos.
Para ello, la industria eléctrica nacional tiene diseñado un sistema de tarifas
diferenciadas con las que se busca apoyar de manera distinta a los sectores de la
economía; para favorecer las actividades agrícolas a través de proporcionar
electricidad a menores costos, se tiene la tarifa 09 que comprende bombeo de agua para
riego agrícola en baja y mediana tensión.
En los últimos años la tarifa 09 ha observado incrementos exorbitantes que han provocado
alzas en sus costos de producción. Mientras que en 1996 los cuatro niveles que tienen
qué ver con el consumo, aumentaron 3.6% respecto al año anterior, esto es, aumentos
reducidos si consideramos el incremento de la inflación que fue del 27.7%, en 1999 este
factor aumentó en promedio 24% cuando la inflación fue del 12.3% en el mismo año.
Además a partir del 1o. de enero de este año, el Secretario de Hacienda y Crédito
Público acordó con base en la solicitud del Secretario de Energía a instancias de las
juntas de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro,
modificar las tarifas que rigen la venta de energía eléctrica en el país. A partir de
este acuerdo cada mes se aplica un factor de 1.008 para todos los cargos de todas las
tarifas.
975,976 y 977
Esta medida contradice la necesidad de apoyar sectores
estratégicos como es el agrícola. Además ésta es una medida antipopular que medra los
exiguos recursos de los agricultores que dependen del agua del subsuelo. Esto sin
considerar que los precios de sus cultivos son tan volátiles que están en función del
mercado internacional, en el cual los países industrializados que también son los
principales graneros del mundo como lo es Estados Unidos, Canadá, entre otros, la Unión
Europea, mantienen a su sector agropecuario con altos subsidios.
Además de lo anterior debemos mencionar otras acciones que han dañado las actividades
agrícolas desde hace varias décadas como son:
Nulas políticas agropecuarias que no distinguen los niveles de ingreso de los campesinos;
falta de una política de comercialización y elevación incontrolable de los costos de
otros insumos para el campo, como semillas, fertilizantes, herbicidas, diesel, entre
otros.
«Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración sea turnado a las
comisiones correspondientes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se solicita la conformación
de una comisión que se aboque al estudio del comportamiento de la tarifa 09 relativa al
servicio para el bombeo de agua potable para riego agrícola en baja tensión, con objeto
de que se hagan los ajustes necesarios para que los campesinos cuenten con un subsidio
suficiente y oportuno que les permita desarrollar sus actividades productivas de manera
óptima y hacerlos más competitivos en el mercado.
Este punto de acuerdo lo firman integrantes de la fracción del Partido del Trabajo: José
Narro Céspedes; Rosa Delia Cota Montaño; Jaime Cervantes Rivera; su servidor Juan Carlos
Regis; Rosalía Peredo Aguilar; así como también Silverio López Magallanes; Víctor
Roberto Infante González; Jorge Luis García Vera, del Partido Revolucionario
Institucional; Alfonso Oliverio Elías Cardona; Tomás Torres Mercado, del Partido de la
Revolución Democrática; Oscar Alfonso del Real, también del Partido Revolucionario
Institucional y José Carlos Luna Salas, del Partido Acción Nacional; todos ellos del
Estado de Zacatecas.»
Entregamos a la Secretaría, gracias.
Gracias, diputado Regis Adame.
Para hablar sobre el mismo asunto tiene la palabra el diputado Miguel Vega Pérez, del
Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado Miguel Vega Pérez: |
Con el permiso del señor Presidente; amigas
diputadas, amigos diputados:
Con la representación de la diputación campesina del grupo parlamentario del PRI, quiero
expresar y esbozar que hoy la tarifa 09 de energía eléctrica, la mayor parte de la
cartera vencida de todos los productores agrícolas de los distritos de riego que utilizan
el bombeo subterráneo.
Eso lo decimos porque en los estados de Baja California Sur, Baja California Norte,
Chihuahua, Sonora, así como de los compañeros de Zacatecas, San Luis y otros más de
toda la zona del norte y centro, utilizan el bombeo del subsuelo.
Queremos nosotros decirle que pensamos en nuestras zonas con las tarifas actuales, la luz
en estas zonas quiero decirles en una forma un poco burda, la luz regalada es cara.
Yo creo que ante la propuesta de los compañeros de Zacatecas, tenemos nosotros que entrar
junto con ellos a un análisis, que nos conlleva a que el Gobierno a través de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda, que es la que fija las
tarifas, los precios de todas las tarifas de energía eléctricas, así como la Comisión
Federal de Electricidad, lleguemos a un análisis para que esta tarifa reciba mayores
subsidios.
Yo les quiero decir que el 60% ó 70% en la zona de riego, los pozos y las unidades
productivas, los ranchos agrícolas y aquellas zonas ejidales, se encuentran paralizados,
porque no han podido ellos pagar esta parte de la cartera vencida.
Hay zonas que de no darse una solución rápida y que podamos ser apoyados en el
presupuesto 2001 con un subsidio, no vamos a poder seguir trabajando ni produciendo.
Yo creo que tenemos que ir a eso y concretar antes del presupuesto para quedar integrados
y que la agricultura y estos agricultores sigan produciendo los alimentos que hoy
necesitamos y que necesita el país.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Miguel Vega Pérez.
La propuesta planteada por el diputado Juan Carlos Regis Adame se turna a la Comisión
de Energía.
MIGUEL ANGEL CAVALLO
Para presentar una propuesta con punto de
acuerdo, en relación a la detención de Miguel Angel Cavallo, se concede el uso de la
palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, por 10 minutos.
| El diputado
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: |
Gracias señor Presidente; señoras y señores
diputados:
El día de hoy el consejo de ministros de España autorizó se iniciara el procedimiento
de extradicción del señor Miguel Angel Cavallo o Ricardo Miguel Cavallo alias
"Sérpico", "Marcelo" o "Ricardo", persona ligada al
malogrado Renave que tanto se ha discutido ante esta Asamblea.
En tal virtud, los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática someten a consideración de ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Los suscritos integrantes del grupo parlamentario del
PRD de esta legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presenta al pleno de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo relativo
a la detención de Miguel Angel Cavallo o Ricardo Miguel Cavallo, alias
"Sérpico", "Marcelo" o "Ricardo", ejecutada por las
autoridades mexicanas a solicitud del magistrado juez Baltazar Garzón Real, de la
audiencia nacional de España, a efecto de obtener su extradición a ese país, para ser
procesado por los delitos de terrorismo, tortura y genocidio, por lo que
CONSIDERANDO
Primero. Que la comunidad
internacional reconoce un peligro común en la flagrante violación de los derechos
humanos básicos.
Segundo. Que en atención de las obligaciones exigibles a todos los estados y por
todos los estados, conocidas como erga omnes, existe la noción de crimen contra la
humanidad, por lo que la comunidad internacional ha aceptado que hay dictados elementales
de la humanidad que deben reconocerse en toda circunstancia y que por lo mismo hoy forman
parte del derecho internacional. Cuenta habida que razones de carácter práctico y
humanitario han llevado a las naciones del mundo a reconocer que el respeto a los derechos
humanos fundamentales redunda en su interés individual y colectivo.
Tercero. Que el genocidio, la tortura y el terrorismo son crímenes contra la
humanidad y por tanto punibles bajo el derecho internacional.
Cuarto. Que entre los años de 1976 a 1983, en Argentina se perpetraron una serie
de actos enmarcados en un plan común con fines delictivos, consistentes en exterminio,
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, persecución basada en
ideas políticas y detenciones prolongadas, toda vez que se establecieron los llamados
"grupos de tarea", que reunieron elementos de las distintas fuerzas militares y
tenían como cometido capturar e interrogar a todos los miembros conocidos de supuestas
organizaciones subversivas o sus simpatizantes o sus asociados o sus familiares o
cualquiera que pudiera oponerse al poder del Gobierno. Se disolvió el Congreso, se
prorrogó el estado de sitio impuesto por el anterior gobierno, se suprimieron las
garantías jurídicas, las detenciones formales fueron reemplazadas por los secuestros y
el número de desaparecidos alcanzó proporciones monstruosas.
Quinto. Que la naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones de los
derechos humanos cometidas en Argentina durante los gobiernos militares de 1976 a 1983,
las convierte en crímenes de lesa humanidad y no sólo violaciones a los derechos
humanos.
Sexto. Que la investigación y persecución de esos hechos, mediante resolución
de fecha 2 de noviembre de 1999, el juzgado central de instrucción número cinco de la
Audiencia Nacional de España determinó el procesamiento de 97 militares argentinos y un
ciudadano argentino implicados en la comisión de los delitos de genocidio, terrorismo y
tortura perpetrados en el mayor centro de detención clandestino habilitado en aquella
época, en la llamada Escuela Mecánica de la Armada (Esma), de la ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
Séptimo. Que de las pruebas desahogadas por la Audiencia Nacional de España se
desprende que el entonces teniente de fragata, Miguel Angel Cavallo, figuraba como
integrante del sector de operaciones del grupo de tareas 3.3.2 y, como tal, responsable
desde enero de 1977 hasta octubre de 1978, de un grupo especializado de
contrainteligencia, ubicado en el sector denominado "la pesera", sito en el
edificio del Esma, para que posteriormente llevara a cabo funciones en el centro piloto de
París.
Octavo. Que en el sumario instruido por el juez magistrado Baltazar Garzón Real,
obra también la acusación formulada en Argentina en el año de 1987 en contra de Miguel
Angel Cavallo o Ricardo Miguel Cavallo, alias "Sérpico", "Marcelo" o
"Ricardo", por su participación en la desaparición y tortura de 227 personas,
hechos éstos que fueron acreditados en la causa 13/84, cuyo fallo dictó la Cámara
Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, a consecuencia de
lo ordenado en el punto 30 de la sentencia dictada en la causa mencionada.
La Fiscalía Argentina presentó escrito de acusación en el marco de la causa 761; este
procedimiento judicial no continuó su tramitación procesal al dictarse la ley 23.492 de
punto final promulgada el 24 de diciembre de 1986, que eximió de responsabilidad penal a
todos los autores y responsables investigados por los crímenes cometidos durante la
última dictadura militar argentina y por tanto no existió condena alguna a los acusados
en el escrito presentado por la Fiscalía Argentina en la mencionada causa 761.
Noveno. Que en obsequio de la solicitud del juez magistrado Baltazar Garzón Real
de la Audiencia Nacional de España, el 24 de agosto del presente año en la ciudad de
Cancún, México, autoridades mexicanas ejecutaron la detención de Miguel Angel Cavallo o
Ricardo Miguel Cavallo, alias "Sérpico", "Marcelo" o
"Ricardo", a efecto de su extradición a ese país para ser procesado por los
delitos de tortura, genocidio y terrorismo.
Décimo. Que el derecho internacional se basa en el concepto de igualdad soberana
de los estados y que en él se sistematizan las reglas sobre los derechos y obligaciones
de los mismos en sus relaciones mutuas, cuya fuente se encuentra en los acuerdos
bilaterales y multilaterales.
Decimo primero. Que para México y España rigen:
a) La convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes de 10 de diciembre de 1984, ratificada por España el 21 de octubre de 1987 y
por los Estados Unidos Mexicanos el 23 de enero de 1986, cuyo artículo 82 previene:
"Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si
recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado al respecto, una solicitud de
extradición, podrá considerar la presente convención como la base jurídica necesaria
para la extradición referente a tales delitos. La extradición estará sujeta a las
demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido".
b) La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada
por México el 22 de julio de 1952 y a la que España se adhirió el 13 de septiembre de
1968.
c) Los principios de cooperación internacional en la identificación, detención,
extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa
humanidad aprobados por la resolución 3074 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 3 de diciembre de 1973.
978,979 y 980
Decimosegundo. Que además, de
acuerdo con la declaracion de Moscú de 1943, suscrita por el Reino Unido de la Gran
Bretaña, Estados Unidos de América y la Unión Soviética, sobre crímenes contra la
humanidad con el Estatuto del Tribunal de Nuremberg de 1945, con la resolución del 16 de
diciembre de 1946 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobando los principios
de los estatutos y de la sentencia de Nuremberg; con el Convenio de las Naciones Unidas
del 9 de diciembre de 1948 contra el genocidio; con el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966; con la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de lesa humanidad, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2391 de 1968; con la
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 3 de diciembre de 1973,
sobre la persecución de crímenes contra la humanidad; con la Convención Contra la
Tortura, de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1984; con la Declaración de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada de Personas, de
1992 y con el Convenio sobre Represión del Terrorismo del 27 de diciembre; se siguen
relatando los demás fundamentos, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Hacer un llamado a la unidad
de todos los pueblos y estados nacionales en la lucha contra los crímenes de lesa
humanidad y contra la impunidad.
Segundo. En virtud de que sus resoluciones tienen un gran valor en la represión
de dichos crímenes, respaldar las acciones de la Audiencia Nacional de España y del
gobierno del Reino de España, en su lucha contra la impunidad en la comisión de delitos
contra la humanidad y en particular apoyar la detención de Miguel Angel Cavallo o Ricardo
Miguel Cavallo, alias "Sérpico" por las autoridades mexicanas, a solicitud del
magistrado juez Baltazar Garzón Real.
Tercero. Invitar a los poderes Ejecutivo y Judicial del Supremo Poder Judicial de
la Federación, para que en estricto apego a nuestro sistema jurídico mexicano y a los
convenios bilaterales e internacionales, resuelvan la situación jurídica del mencionado
Ricardo Miguel Cavallo.
Cuarto. Invitar respetuosamente al gobierno de la República de Argentina para
que posibilite la sanción y castigo de los crímenes contra la humanidad cometidos
durante la última dictadura militar, absteniéndose de hacer valer el principio de
territorialidad en favor del mencionado Miguel Cavallo.
Quinto. Se turne copia del presente punto de acuerdo a la Presidencia de la Junta
de Coordinación Política de esta Cámara, a efecto de que se dirijan al Parlamento
Europeo, a los embajadores del Reino de España y de la República Argentina, para ser
transmitidos a sus respectivos jefes de gobierno, a los presidentes de sus parlamentos o
congresos y a la Audiencia Nacional de España.
Es todo, señor Presidente.
Entrego el punto de acuerdo a la Secretaría, para que se le dé el curso correspondiente.
«Honorable pleno de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.- Presente.
Señoras y señores diputados: los suscritos, legisladores integrantes del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LVIII Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 60 y 61 fracción II del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos al
pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo relativo a
la detención de Miguel Angel Cavallo, o Ricardo Miguel Cavallo, alias
"Sérpico", "Miguel Marcelo o Ricardo", ejecutada por autoridades
mexicanas a solicitud del magistrado juez Baltazar Garzón Real, de la Audiencia Nacional
de España, a efecto de obtener su extradición a ese país, para ser procesado por los
delitos de terrorismo, tortura y genocidio y
CONSIDERANDO
Primero. Que la comunidad
internacional reconoce un peligro común en la flagrante violación a los derechos humanos
básicos.
Segundo. Que en atención de las obligaciones exigibles a todos los estados y por
todos los estados, conocidas como erga omnes, existe la noción de "crimen contra la
humanidad", por lo que la comunidad internacional ha aceptado que hay dictados
elementales de la humanidad que deben reconocerse en toda circunstancia y que, por lo
mismo, hoy forman parte del derecho internacional.
Cuenta habida que razones de carácter práctico y
humanitario han llevado a las naciones del mundo a reconocer que el respeto a los derechos
humanos fundamentales redunda en su interés individual y colectivo.
Tercero. Que el genocidio, la tortura y el terrorismo son crímenes contra la
humanidad y, por tanto, punibles bajo el derecho internacional.
Cuarto. Que entre los años de 1976 a 1983, en Argentina se perpetraron una serie
de actos, enmarcados en un plan común con fines delectivos, consistentes en exterminio,
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, persecución basada en
ideas políticas y detenciones prolongadas. Toda vez que se establecieron los llamados
"grupos de tareas" que, reuniendo elementos de las distintas fuerzas militares,
tenían como cometido capturar e interrogar a todos los miembros conocidos de supuestas
"organizaciones subversivas" o sus simpatizantes o sus asociados o sus
familiares o cualquiera que pudiera oponerse al poder del Gobierno, se disolvió el
Congreso, se prorrogó el estado de sitio impuesto por el anterior gobierno, se
suprimieron las garantías jurídicas, las detenciones formales fueron reemplazadas por
los secuestros y el número de "desaparecidos" alcanzó proporciones
monstruosas.
Quinto. Que la naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones a
derechos humanos cometidas en Argentina durante los gobierno militares de 1976 a 1983, las
convierten en crímenes de lesa humanidad y no sólo violaciones a los derechos humanos.
Sexto. Que en la investigación y persecución de esos hechos, mediante
resolución de fecha 2 de noviembre de 1999, el juzgado central de instrucción número
cinco de la Audiencia Nacional de España, determinó el procesamiento de 97 militares
argentinos y un ciudadano argentino, implicados en la comisión de los delitos de
genocidio, terrorismo y tortura, perpetrados en el mayor centro de detención clandestino
habilitado en aquella época, en la llamada Escuela Mecánica de la Armada (Esma) de la
ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Séptimo. Que de las pruebas desahogadas por la Audiencia Nacional de España, se
desprende que el entonces teniente de fragata Miguel Angel Cavallo, figuraba como
integrante del sector de operaciones, del grupo de tareas 3.3.2 y como tal responsable
desde enero de 1977 hasta octubre de 1978, de un grupo especializado de
contrainteligencia, ubicado en el sector denominado "la pecera", sito en el
edificio de la Esma; para que posteriormente llevará a cabo funciones en el centro piloto
de París.
Octavo. Que en el sumario instruido por el juez magistrado Baltazar Garzón Real,
obra también la acusación formulada en Argentina en el año 1987, en contra de Miguel
Angel Cavallo, o Ricardo Miguel Cavallo, alias "Sérpico", "Marcelo o
Ricardo", por su participación en la desaparición y tortura de 227 personas. Hechos
éstos que fueron acreditados en la causa 13/84, cuyo fallo dictó la Cámara Nacional de
Apelaciones Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires.
A consecuencia de lo ordenado en el punto 30 de la sentencia dictada en la causa 13/84, la
Fiscalía Argentina presentó escrito de acusación en el marco de la causa número 761.
Este procedimiento judicial no continuó su tramitación procesal al dictarse la ley
23.492 de "punto final", promulgada el 24 de diciembre de 1986, que eximió de
responsabilidad penal a todos los autores y responsables investigados por los crímenes
cometidos durante la última dictadura militar Argentina y, por lo tanto, no existió
condena alguna a los acusados en el escrito presentado por la fiscalía Argentina en la
mencionada causa 761.
Noveno. Que en obsequio de la solicitud del juez magistrado Baltazar Garzón
Real, de la Audiencia Nacional de España, el 24 de agosto del presente año, en la ciudad
de Cancún, México, autoridades mexicanas ejecutaron la detención de Miguel Angel
Cavallo, o Ricardo Miguel Cavallo, alias "Sérpico", "Marcelo o
Ricardo", a efecto de su extradición a ese país para ser procesado por los delitos
de genocidio, terrorismo y tortura.
Décimo. Que el derecho internacional se basa en el concepto de igualdad soberana
de los estados y que en él se sistematizan las reglas sobre los derechos y obligaciones
de los mismos en sus relaciones mutuas, cuya fuente se encuentra en los acuerdos
bilaterales y multilaterales.
Decimo primero. Que para México y
España rigen:
a) La convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, de 10 de diciembre de 1984, ratificada por España el 21 de octubre de 1987 y
por los Estados Unidos Mexicanos el 23 de enero de 1986. Cuyo artículo 8.2 previene:
"Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si
recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de
extradición, podrá considerar la presente convención como la base jurídica necesaria
para la extradición referente a tales delitos. La extradición estará sujeta a las
demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido".
b) La convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, ratificada
por México el 22 de julio de 1952 y a la que España se adhirió el 13 de septiembre de
1968.
c) Los principios de cooperación internacional en la identificación, detención,
extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa
humanidad, aprobados por resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 3 de diciembre de 1973.
Decimo segundo. Que además, de acuerdo con la declaración de Moscú de 1934,
suscrita por el Reino Unido de la Gran Bretaña, Estados Unidos de América y la Unión
Soviética, sobre crímenes contra la humanidad; con el estatuto del tribunal de Nuremberg
de 1945; con la resolución del 16 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de la
Naciones Unidas, aprobando los principios de los estatutos y de la sentencia de Nuremberg;
con el convenio de las Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1948, contra el genocidio;
con el pacto de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, del 16 de diciembre
de 1966; con la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de
la lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la
resolución 2391 (XXII) de 1968; con la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, del 3 de diciembre de 1973, sobre la persecución de crímenes contra la
humanidad; con la convención contra la tortura de las Naciones Unidas, del 10 de
diciembre de 1984; con la declaración de la Asamblea General de la Naciones Unidas sobre
la desaparición forzada de personas, de 1992; y con el convenio europeo sobre represión
del terrorismo, del 27 de enero de 1977, los crímenes contra la humanidad son
imprescriptibles e imputables al individuo que los comete sin que el mismo pueda disfrutar
de inmunidad diplomática ni obtener estatuto de refugio ni asilo político, estando todos
los estados del mundo obligados a perseguirle y a colaborar en la persecución de que
tales crímenes hagan otros estados.
Decimo tercero. Que los principios de cooperación internacional, adoptados por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y en su resolución 3047 de 1973, para la
detención, extradición y castigo de culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad
establecen que a pesar de que preferentemente: "los mismos sean juzgados en los
países donde se hayan cometido esos crímenes, con ello no se agota la posibilidad de que
sus autores sean procesados por tribunales de otros países aunque el autor y las
víctimas no sean nacionales de ese otro país y los crímenes no se hayan cometido
allí".
Decimo cuarto. Que de acuerdo con el estatuto del Tribunal de Nuremberg, toda
persona que comete un crimen de lesa humanidad es responsable internacional del mismo y
está sujeta a sanción, de acuerdo con el derecho internacional, con independencia de lo
que pueda establecerse en el derecho interno de los estados, por lo que, en consecuencia,
no pueden ser invocados, en este caso ni en ninguno, las amnistías e indultos que hayan
permitido la impunidad y denegado el derecho a un recurso judicial que le asiste a las
víctimas, ya que, además, dichas medidas son contrarias a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas, a la convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la Declaración Americana de
Derechos Humanos y Deberes del Hombre y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
981,982 y 983
Decimo quinto. Que en
virtud del principio de supremacía del derecho internacional establecido en el artículo
27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, las normas para juzgar los
crímenes contra la humanidad tiene la jerarquía ius cogens y, en consecuencia, no
admiten actos unilaterales de ningún Estado tendientes a dejarlas sin efecto en su
jurisdicción u oponibles a los demás estados y a la comunidad internacional.
Decimo sexto. Que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado los tratados y
convenios internacionales que establecen las figuras de crímenes contra la humanidad y la
obligatoriedad de los estados de investigar, perseguir, juzgar y sancionar a los culpables
de los mismos, por lo que nuestro país tiene que ser respetuoso y promover el pleno
cumplimiento de los convenios internacionales mencionados, en correspondencia con nuestros
ordenamientos constitucionales y
Decimo séptimo. Que esta Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente
ante el significado y las repercusiones provocadas por la detención de Miguel Angel
Cavallo o Ricardo Miguel Cavallo, alias "Sérpico", "Marcelo o
Ricardo", implicado en las acciones represivas perpetradas, entre 1976 y 1983, por
las juntas militares de la República de Argentina y que dieron lugar a desapariciones
forzadas, torturas, asesinatos, persecución por motivos políticos y, en suma, genocidio,
terrorismo y tortura, contra nacionales argentinos y personas de otras nacionalidades de
distintos países, que se tipifican dentro de la figura de crímenes contra la humanidad o
de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional.
Por lo que en mérito de todo lo expuesto, someto a la consideración y aprobación del
pleno, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Hacer un
llamado a la unidad de todos los pueblos y estados nacionales en la lucha contra los
crímenes de lesa humanidad y contra la impunidad.
Segundo. En virtud de que sus resoluciones tienen y tendrán un gran valor en la
represión de dichos crímenes, respaldar las acciones de la audiencia nacional de España
y del gobierno del Reino de España en su lucha contra la impunidad en la Comisión de
Delitos contra la Humanidad.
Y en particular, apoyar la detención de Miguel Angel Cavallo o Ricardo Miguel Cavallo,
alias "Sérpico", "Marcelo o Ricardo", ejecutada por autoridades
mexicanas, a solicitud del magistrado juez Baltazar Garzón Real.
Tercero. Instar a los poderes Ejecutivo y Judicial del Supremo Poder de la
Federación, para que en estricto apego a nuestro sistema jurídico mexicano y a los
convenios bilaterales e internacionales, resuelvan la situación jurídica del argentino
Miguel Angel Cavallo o Ricardo Miguel Cavallo, alias "Sérpico", "Marcelo o
Ricardo".
Cuarto. Invitar respetuosamente al gobierno de la República de Argentina para que
posibilite la sanción y castigo de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la
última dictadura militar, absteniéndose de hacer valer el principio de territorialidad
en favor del ciudadano argentino Miguel Angel Cavallo o Ricardo Miguel Cavallo, alias
"Sérpico", "Marcelo o Ricardo".
Quinto. Se turne copia del presente punto de acuerdo a la Presidencia de la Junta
de Coordinación Política de la Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, a
la mesa del parlamento europeo y a los embajadores del Reino de España y de la República
de Argentina, para ser transmitido a sus respectivos jefes de gobierno, a los presidentes
de sus parlamentos o congresos y a la Audiencia Nacional de España.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2000.- Proposición con punto de
acuerdo, en relación a la detención de Miguel Angel Cavallo, que presenta el diputado
federal, Luis Miguel Barbosa Huerta, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Sergio Acosta Salazar, Rubén Aguirre Ponce, Hortencia
Aragón Castillo, Silvano Aureoles Conejo, María Alejandra Barrales Magdaleno, Martí
Batres Guadarrama, Martha Angélica Bernardino Rojas, Miguel Castillo Bortolini, Bonifacio
Castillo Cruz, Rodrigo Carrillo Pérez, Víctor Hugo Cirigo Vázquez, Raquel Cortés
López, Mario Cruz Andrade, Genoveva Domínguez Rodríguez, Manuel Duarte Ramírez,
Alfonso Elías Cardona, Uuc-kib Espadas Ancona, José Delfino Garcés Martínez, Miroslava
García Suárez, Jesús Garibay García, Adela del Carmen Graniel Campos, Alejandro Gómez
Olvera, Rafael Hernández Estrada, Aldaurico Hernández Gerónimo, Alfredo Hernández
Raigosa, Luis Herrera Jiménez, Arturo Herviz Reyes, Ramón León Morales, Rosalinda
López Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez, Esteban Daniel Martínez
Enríquez, Elías Martínez Rufino, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Rogaciano Morales Reyes,
Ricardo Moreno Bastida, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Francisco Patiño Cardona,
Norma Reyes Terán, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Félix Salgado Macedonio, María de los
Angeles Sánchez Lira, Héctor Sánchez López, Petra Santos Ortiz, Rafael Servín
Maldonado, David Augusto Sotelo Rosas, María del Rosario Tapia Medina, Tomás Torres
Mercado, Emilio Ulloa Pérez, Gregorio Urias Germán y Eric Villanueva Mukul.»
|
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal |
Gracias, señor diputado.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
ESTADO DE ZACATECAS
El siguiente punto del orden del
día, es el posicionamiento en relación a las cuestiones presupuestales del Estado de
Zacatecas.
Tiene la palabra el diputado José Carlos Luna Salas, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
|
El diputado José Carlos Luna Salas: |
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas y diputados:
Hago uso de esta tribuna legislativa para exponer con precisión ante ustedes y
naturalmente, someterlo a su consideración, una situación de federalismo que existe en
Zacatecas y que expondré apretada pero esencialmente con la intención clara de que le
encontremos una solución.
La redefinición del federalismo es un tema que exigirá un gran esfuerzo dentro del
proceso de la Reforma del Estado. Ya estamos enterados que la parte culminante de la
misma, se hará en el Congreso de la Unión.
Mucho se dijo durante la marcha carretera organizada por el gobernador de Zacatecas,
Ricardo Monreal, que este acto de presión política tenía detrás de sí, la
intencionalidad de que se revisara a fondo el federalismo existente.
Sin estar de acuerdo con dicha postura esa acción colaboró a preparar el terreno para el
debate, respecto al trato que reciben nuestras entidades federativas y municipios por
parte de la Federación en materia de federalismo.
Lo que plantearé aquí exige una respuesta del gobernador zacatecano, consciente de que
el asunto debe finiquitarse ya y de que sólo bastaría voluntad política de los actores
políticos y gubernamentales implicados, hago un llamado a los diputados federales por
Zacatecas, que los habemos de todos los partidos en esta Asamblea, para que seamos
intermediarios ante el Ejecutivo zacatecano y la misma legislatura del Estado, con el fin
de que dicho asunto llegue a su término.
Resulta que desde el año de 1998 el gobierno del Estado les adeuda a todos los municipios
de Zacatecas varios millones de pesos por concepto de participaciones federales. El asunto
ha sido discutido bastantemente en las instancias correspondientes del Estado, sin llegar
a un arreglo posible, lo cual ha proporcionado enconos y confrontaciones crónicas, quizá
estériles, pero ahora no sólo eso, sino que la situación ha trascendido en los medios
electrónicos nacionales y obviamente por cuestiones de ética y responsabilidad pública
he decidido hacer el planteamiento, porque no podemos dejar que los problemas del Estado
vaguen sin fin en los medios, convirtiéndose en guerras de papel y los que somos electos
para resolver los problemas sólo los vemos pasar.
En marzo del presente año la Contaduría Mayor de Hacienda de la legislatura del Estado
de Zacatecas dictaminó preliminarmente que el gobierno del Estado no había distribuido a
los municipios 62 millones de pesos por concepto de participaciones federales
correspondientes al ejercicio fiscal del año de 1998.
La respuesta inmediata del ejecutivo del Estado fue de una objeción casi total, las
discusiones siguieron. Posteriormente el 31 de julio del año en curso, la auditoría
superior del Estado, nuevo organismo de fiscalización del Poder Legislativo, determinó
en su dictamen técnico las cifras definitivas.
El gobierno del Estado no distribuyó a los municipios participaciones federales por una
cantidad de 50 millones; 41 millones que no entregó el ex gobernador Arturo Romo
Gutiérrez y 9 millones que no distribuyó el gobernador Ricardo Monreal. Esta cifra fue
manejada públicamente por el actual encargado de la auditoría mayor del Estado y de eso
tenemos a la mano los informes para lo que bien convenga.
Sin embargo hace unos días, el 13 de septiembre para ser exacto, en comunicación oficial
a las comisiones de Vigilancia y de Hacienda de la legislatura, el auditor mayor del
Estado remitió un ocurso mediante el cual aclara que un ajuste dejaría los adeudos
reales en sólo 28 millones de pesos: 19 millones no entregados por el anterior gobierno y
9 millones no distribuidos por la actual administración estatal. Pero según el actual
ejecutivo 27 los adeuda el gobierno de Arturo Romo y sólo 1 millón el gobernador
Monreal.
Compañeras y compañeros diputados: 28 millones de pesos no entregados en tiempo y forma
por el gobierno del Estado, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, amerita,
además de la reintegración inmediata de dichas participaciones, el pago de los
respectivos intereses morosos, según el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Con base en la anterior exposición es que hago la siguiente propuesta:
1. Que los diputados federales por Zacatecas dialoguemos con el gobernador y diputados
locales a fin de finiquitar este caso. De tal manera que apelando a la capacidad del
Secretario de Planeación y Finanzas que incluso ya planteó públicamente su disposición
para que el asunto se resuelva por parte del ejecutivo zacatecano, que dicho funcionario
nos pueda presentar una alternativa financiera de solución perentoria, sin que la misma
afecte la liquidez del gobierno ni obstruya los programas normales en marcha.
Estoy hablando de una renegociación que al mismo tiempo que le reintegren a los
municipios zacatecanos algo que legítima y legalmente les pertenece, no interfiera con
los planes gubernamentales ni afecte de manera significativa el presupuesto del Estado.
Aclaro que necesariamente nuestra intervención tendría que ser cuidadosa y con respeto a
las instancias correspondientes, sobre todo al Poder Legislativo del Estado, quien tiene
por ley la última palabra.
2. Que el proceso de finiquito que aquí se propone sea realizado por el órgano superior
de fiscalización de esta Cámara, a fin de que el acuerdo concluya en los términos
jurídicos conducentes que el caso amerita.
Compañeras y compañeros diputados: esta propuesta es perfectamente tangible, de buena fe
y cuenta con bases para concretarse, por lo que espero una respuesta positiva de mis
compañeros diputados zacatecanos de todos los partidos, puesto que se verían
beneficiados; el propio gobernador Monreal, que resolvería un problema que no todo es de
él y al mismo tiempo los 57 municipios gobernados por todas las fuerzas políticas, ya
que fortalecerían sus haciendas públicas municipales.
En próximas ocasiones seguiré reflexionando otros asuntos financieros que han afectado
las relaciones políticas en Zacatecas, todos en torno del federalismo y en los que esta
soberanía popular tiene potestades.
Es cuanto, señora Presidenta.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema ,
se concede el uso de la palabra al diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
|
El diputado Tomás Torres Mercado: |
Con su permiso, señora Presidenta
en funciones de la mesa directiva; señoras diputadas;señores diputados miembros de esta
legislatura:
984, 985 y 986
Ante la ausencia de la información
relativa manejada por el señor diputado Carlos Luna, haré un esfuerzo extraordinario
para gastar y consumir bien la generosa disposición de los 10 minutos. Me parece
interesante en estos tiempos que señalan nuevos paradigmas en la responsabilidad de los
representantes populares ante el Congreso General.
El día de ayer con vehemencia se aplaudían notas específicas en la intervención del
secretario Herminio Blanco. Decía que la apertura de las fronteras incidían
benévolamente en la adquisición de los insumos para el sector agropecuario. El día de
hoy coincidimos en la necesaria integración de comisiones para abordar temas que no
tienen qué ver sino con esa apertura falaz y salvaje que ha trastocado los esquemas
productivos de este país.
¡El día de hoy abordamos y coincidimos, señores diputados, el tema del federalismo!
Debo, a modo de reflexión compartida, señalar que éste se cimbra en principios
fundamentales con relación por una parte a la primacía de nuestra norma máxima: la
Constitución Federal, de que ese federalismo se soporta de igual manera en un principio
de facultades propias y exclusivas a los poderes de la Federación.
Llamo la atención sobre la lectura del numeral 124 de la Constitución Política de
nuestro país. ¡Federalismo hoy día habrá de ser justamente tema que reiteradamente
tengamos que abordar! Hago, en voz de un servidor, mía en todas sus partes, la
invitación invocada por el señor diputado del Partido Acción Nacional, en términos del
punto primero específico de su propuesta, en el marco del respeto de lo que corresponde a
cada uno de los niveles del Gobierno de este país.
En lo que toca a la segunda propuesta específica, señor diputado, recordar solamente que
en este momento no disponemos de la ley reglamentaria en lo que toca al órgano superior
de fiscalización, es decir, en la estructura de la Cámara subsiste aún la Contaduría
Mayor de Hacienda.
Por otra parte, debo, en aras de abundar sobre este particular, decir que el Estado de
Zacatecas, y alguna otra ocasión ya lo aludía, en la composición de su presupuesto más
del 96% corresponde a participaciones federales; el ingreso propio sólo influye en apenas
un 3.6%; de que en la composición integral del presupuesto para esta entidad el 80% tiene
qué ver con recursos etiquetados para los ramos de educación y salud; hay apenas un 5%
de margen normativo en cuanto al destino de los dineros por parte de la autoridad local.
Debo en este contexto también señalarles que al inicio de la gestión de Ricardo Monreal
en 1998, pesaban en el presupuesto para los ejercicios correspondientes, adeudos con la
Federación de hacía ya 10 años, pero en la diligente gestión de las autoridades
federales no lo habían recordado. Asiéntese por el secretariado un adeudo del
Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares por más de 20 millones de pesos,
un adeudo al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, por 30 millones de pesos; un
adeudo por más de 15 millones al Fideicomiso de Fomento Minero; un adeudo por más de 20
millones al IMSS: anticipación en la asignación de presupuesto al gobierno inmediato
anterior por casi 200 mi llones de pesos.
Si estamos en que el margen de maniobra normativo y operativo no es superior a 400
millones de pesos, ¿como se trastocan las finanzas?, es una reflexión, quizá pudiera
estar de sobra individualizar estas cantidades, pero en un margen de 400 millones de pesos
para el ejercicio anual no valdrá la pena el ejercicio de sumarnos entonces, señor
diputado, señores diputados, a propuestas de esta naturaleza; cerremos filas, reavivemos,
¿por qué no?, los principios básicos que reivindican la construcción de este país.
No se antepuso en el acta constitutiva ni en el espíritu de conformación de nuestra
nación en modo alguno la aportación de más o menos al producto interno bruto porque
hubo otros valores que son justamente los que soportan la viabilidad de este país.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Para hablar sobre el mismo tema hará uso de la palabra el señor diputado Silverio López
Magallanes del PRI, hasta por 10 minutos.
|
El
diputado Silverio López Magallanes : |
Con su permiso, señor Presidente; señoras
diputadas, señores diputados:
Ciertamente nuestro Estado de Zacatecas en los últimos meses se vio favorecido por los
medios nacionales por una noticia espectacular de una marcha por la dignidad zacatecana en
busca de los apoyos del Gobierno Federal.
Hoy, el compañero diputado de Acción Nacional hace algunos comentarios importantes;
primero, que esa marcha federalista a la que él hace alusión, buscaba, entre otros,
recursos para las carreteras; segundo; que esa marcha finalmente buscaba los reflectores
para el gobernante en turno para otros medios o aspiraciones políticas.
Nosotros, como diputados federales del Estado de Zacatecas, solicitamos, primero, que se
aclare efectivamente los recursos que deja el gobierno anterior al actual gobierno, que
eran por 60 millones de pesos y que hubo comentarios a favor y en contra de uno y de otro
que se habían utilizado para la campaña del propio Ricardo Monreal o que se les había
dado otro destino, esos 60 millones simple y sencillamente pedimos que se aclare, ¿dónde
quedaron y qué pasó con esos 60 millones?, si los recibió o no el actual gobierno.
También pedimos que se aclare de una vez los 59 millones de pesos que hace 15 días los
compañeros diputados locales del Estado de Zacatecas demandaron ante los medios que
había un desvío por 59 millones de pesos del citado gobernador.
Entendemos que ahí hay discrecionalidad en el manejo de esos recursos, también que debe
de quedarle claro a esta Asamblea y a la legislatura local y al pueblo de Zacatecas, cuál
es el destino final de los recursos que envía el Gobierno Federal; cuál es el destino y
cuál es el grado de discrecionalidad que tienen o que tiene el gobierno y que viene
también a exigir al Secretario de Comunicaciones y Transportes que esa discrecionalidad
aquí, ante esa secretaría, no exista y allá pueda darse libremente.
La postura nuestra es, sin que entremos en la polémica, simple y sencillamente que se
aclare; que se aclare lo que recibió y que se aclare lo que los diputados locales del
Estado de Zacatecas demandan: dónde está el dinero que solicita del Gobierno Federal.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Blake, hasta por cinco minutos, para rectificación de
hechos. El diputado Tomás Torres, también para rectificación de hechos, después del
diputado Blake.
|
El
diputado José Francisco Blake Mora: |
Con su permiso, señora Presidenta; amigas y
amigos diputados:
El federalismo es una gran lucha histórica que no nació ayer. El tema del federalismo es
un asunto que no puede concebirse solo con la participación de los estados. El asunto del
federalismo es un tema que tiene también profundas raíces en la vida municipal en esta
institución que tiene como propósito fundamental el atender las demandas y las
exigencias de las comunidades: el darse una autorreglamentación para constituir una sana
convivencia entre los vecinos.
Aquí se ha comentado respecto de recursos públicos que por la vía de las
participaciones no se le han otorgado de manera legal, puntual y oportuna a los municipios
y quizá no importe quién sea quien no los haya entregado, lo importante por lo pronto es
que se le han escamoteado recursos a los municipios, a los ayuntamientos, lo que significa
que éstos no puedan atender las obras más importantes y los servicios más elementales
que a éste toca otorgar a la comunidad: agua potable, alumbrado, parques, jardines
etcétera.
Aquí se ha demostrado con documentos, que la auditoría superior del Estado ya ha
resuelto respecto de la legalidad o ilegalidad en la que se ha caído, la que se ha
cometido por parte de los gobernadores y en ese sentido los exhortamos a que atiendan los
puntos de acuerdo que se han presentado por el grupo parlamentario del PAN,
fundamentalmente el punto dos, sólo con la rectificación de que en lugar de que sea el
órgano superior de fiscalización, sea la misma autoridad que al respecto ya ha resuelto,
que es la auditoría superior del Estado.
Creo que podemos tener coincidencia respecto de que los recursos que se le han truncado
los municipios implica la falta de posibilidad de los ayuntamientos, de poder resolver
sobre las demandas más sentidas de la comunidad.
Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Para rectificación de hechos tiene la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado
Tomás Torres Mercado.
|
El diputado Tomás Torres Mercado: |
Gracias, señora Presidenta:
Convenimos nuevamente en voz de quien hace uso en este momento, sobre el planteamiento del
señor diputado de Acción Nacional, en lo que toca a la rectificación del órgano de
control con relación a este punto específico.
Por otra parte, es preciso mencionarle al señor diputado Silverio López Magallanes, del
Partido Revolucionario Institucional, que justamente en la dialéctica la polémica surge
cuando surgen puntos encontrados.
El señor diputado de Acción Nacional hizo propuestas concretas con relación a las que
debe registrar esta mesa directiva y la Asamblea. Me parece que todos debemos registrar
cual es el procedimiento que toca. Sin embargo, me parece que es necesario también,
recordar que en el caso de la legislatura de la entidad zacatecana no existe mayoría de
ninguno de los partidos políticos que la componen y seguramente en el contexto de la
competencia, de la órbita que le toca por mandato de la Constitución y de la ley, este
punto, como ya se reiteró, por quien me precedió en el uso de la voz, debe ser no sólo
analizado sino dilucidado.
Llamo la atención para que la cordura, para que la imputación sin argumento se ponga a
lado de la discusión del debate de altura, pudiera consultar el texto de la intervención
del señor diputado y alude a que esos 60 millones de pesos pudieron haber sido utilizados
por el gobernador en su campaña política, recordemos cuáles son las fases del proceso
electoral, y si la jornada no había tenido efecto, menos aún la calidad específica de
presidir los destinos de nuestro Estado.
Hago esta referencia, compañeros, sólo con el propósito de que sumemos en el escenario
que nos llama esta oportunidad histórica, cerremos filas con propuestas en las que se
tengan valores fundamentales que incidan no en los estandartes de un grupo o de un partido
político, sino del fin superior que tiene qué ver con el ejercicio de la política, el
bienestar de arribar a estadios superiores de desarrollo de nuestros pueblos.
Muchas gracias.
|
Presidencia del diputado
Ricardo Fransico García Cervantes |
Gracias, señor diputado.
|
El diputado Silverio López Magallanes
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra para
rectificar hechos.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco
minutos para rectificar hechos, el señor diputado Silverio López Magallanes.
|
El
diputado Silverio López Magallanes : |
Gracias señor Presidente, con el permiso de
usted; señoras diputadas, señores diputados:
Subo a esta tribuna simplemente para decirles a ustedes que nosotros como diputados
federales de Zacatecas hicimos hace unos minutos la alusión efectivamente de que se
habían o de que había comentarios hace dos años, en 1988, en los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre, después de que el Gobierno actual había tomado
posesión, salió en los medios locales y en los medios nacionales de esos famosos 60
millones de pesos que venimos hablando.
987, 988 y 989
El punto no es simplemente hablar de esos 60 millones;
el punto es que Zacatecas aspira a vivir una democracia plena; el punto es que los
zacatecanos queremos que en realidad en Zacatecas se practique la democracia en todos los
niveles, que no nada más la democracia la entiendan algunas personas como el hecho de ir
y elegir a un gobernante. La democracia es también cómo se van a gastar los recursos en
un Estado, que el pueblo participe en el gasto de esos recursos, que el pueblo se entere
en qué se gastan los recursos federales, que el pueblo sepa cómo se van a distribuir en
los municipios los recursos federales en la obra pública. Eso también incluye la palabra
democracia, ese es el punto al que hacía referencia el compañero diputado de Acción
Nacional, el problema que viven los municipios por versión estenográfica no recibir la
participación del Estado, que tal vez el Estado no la reciba de la Federación. Digo tal
vez porque no me consta, pero ellos exigen porque a ellos les exige el pueblo, les exigen
los recursos para la obra pública, les exigen claridad en el gasto de los recursos.
Esa es la realidad de Zacatecas, esa es la realidad que estamos viviendo y que pedimos que
se aclare simplemente.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Silverio López Magallanes.
Esta Presidencia señala que el punto fue inscrito en la agenda política para ser
posicionamientos. Derivado del debate, por las coincidencias planteadas entre el diputado
José Carlos Luna Salas, Tomás Torres Mercado y Silverio López Magallanes, toda vez que
está inscrito, insisto, este punto en la agenda política para posicionamientos, y no
para tramitación de posiciones, esta Presidencia solicita a quienes intervinieron en el
debate, concreten un punto de acuerdo y pueda ser agendado en la parte de proposiciones en
la próxima sesión.
|
El
diputado Alfonso Oliverio Elías Cardona (desde su curul): |
Señor Presidente, para rectificar hechos.
Oliverio Elías, de Zacatecas.
Señor diputado Oliverio Elías, tiene usted el
uso de la palabra por cinco minutos.
|
El diputado Alfonso Oliverio Elías Cardona |
Muchas gracias, señor Presidente; amigas y
amigos diputados:
Simplemente para hacer reflexiones en torno a la democracia que aludía el compañero
diputado Silverio López Magallanes.
Quiero decirle al pleno de la Cámara que en Zacatecas, efectivamente en 1998, no en 1968,
el pueblo de Zacatecas dio una muestra de lo que es la democracia, parte de la democracia
verdaderamente como lo señalaba el diputado, la democracia significa efectivamente otras
consideraciones y otras cosas.
Precisamente por eso nosotros los zacatecanos estamos empeñados en constituir un
verdadero estado democrático y aceptamos con toda la prudencia del mundo, con todas las
reservas del caso, la propuesta del compañero diputado de Acción Nacional. Nosotros
vivimos en un estado de derecho, tratamos de instaurar un estado de derecho en Zacatecas,
así lo ha hecho el gobernador del Estado, Ricardo Monreal, su marcha por la dignidad
zacatecana es una muestra del federalismo que debe imperar en este país.
Nosotros estamos ciertos en Zacatecas de que el federalismo no es ni son las decisiones
virreinales que ha tomado siempre el Gobierno Federal. Y viene al caso esta disertación
por el hecho de que un zacatecano insigne, Francisco García Salinas, que debería estar
en estas columnas, es el padre del federalismo en México.
Por eso nosotros creemos y estamos de acuerdo con todas las fracciones parlamentarias de
los diferentes partidos, de que debemos construir otro país, pero debe construirse sobre
el debate serio, sobre el debate razonado. Yo estoy de acuerdo con la posición del
compañero de Acción Nacional, no venimos a esta tribuna a la diatriba y a la
descalificación.
Nosotros estamos proponiendo para Zacatecas una verdadera democracia y eso significa mayor
certidumbre en la justicia, mayor certidumbre en la vida política y mayor certidumbre en
el desarrollo general del Estado.
Yo insto a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que nos sumemos a
este esfuerzo que estamos haciendo todos los zacatecanos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Oliverio Elías
Cardona.
Agotado el punto, solicito a la Secretaría del cuenta con una comunicación de
particular.
INDUSTRIA AZUCARERA (II)
|
El secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Sí, señor Presidente.
«Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Los 2 mil 483 ejidatarios productores de caña de azúcar, 49 representantes de grupos, 18
comisariados ejidales y el Comité Ejecutivo de la Unión Local de Productores de Caña de
Azúcar, CNC, que abastecemos al ingenio de Atencingo, S.A. de C.V., representados en la
República Mexicana por el Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), nos dirigimos a ustedes
con el debido respeto que se merecen para comunicarles lo siguiente:
Se inició la zafra 1999/2000 el día 13 de diciembre de 1999 y terminó de común acuerdo
con el Comité de Producción Cañera el 3 de junio de 2000, por lo que por medio del
decreto cañero expedido el 30 de mayo de 1991 y publicado al día siguiente en el Diario
Oficial de la Federación, del cual se derivan derechos y obligaciones por las que el
ingenio de Atencingo no ha cumplido con los siguientes artículos:
Artículo 6o. El precepto legal de este artículo, obliga al ingenio de Atencingo
a entregar créditos de avío y refaccionarios a los abastecedores de caña de azúcar,
los cuáles deberán de ser entregados en forma suficiente y oportuna, por lo que a partir
de la zafra 1997/1998 y hasta la fecha, los productores de caña de azúcar no hemos
tenido créditos, mismos que hemos obtenido a través de préstamos personales de
agiotistas que cobran intereses del 20% y 30% mensual.
Artículo 12 inciso b párrafo primero. Dice que deberán de pagarse preliquidaciones de
manera quincenal y descontarse de la liquidación final de cada zafra, que en este caso
son de la zafra 1999/2000 por lo que el ingenio de Atencingo, debió de pagar de la
primera a la décima preliquidación, los días 15 y 31 de enero; 15 de febrero; 1o., 15 y
31 de marzo; 15 y 30 de abril; 15 y 31 de mayo del año 2000 respectivamente y pagó los
días: 2 y 9 de febrero; 9 de marzo; 6 de abril; 16 de mayo; 27 y 30 de junio; 7 y 21 de
julio y 11 de agosto de 2000 respectivamente, y por consecuencia existió un atraso de
pago de: 19, 10, 24, 37, 62, 89, 77, 68, 69 y 73 días respectivamente, en que no se pagó
oportunamente a los productores de caña de azúcar, generándose intereses moratorios por
un importe de 4 millones 886 mil 967 pesos con 99 centavos (cuatro millones ochocientos
ochenta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos 99/100 MN), que nos ha dejado de
pagar el ingenio de Atencingo, motivo de su morosidad. Cabe señalar que cuando entrega
créditos por concepto de fertilizante, nos cobra intereses desde el primer día en que se
entrega el fertilizante, por lo que exigimos el pago respectivo individual de intereses
moratorios.
Artículo decimosegundo inciso b párrafo segundo. La zafra terminó el día 3 de
junio de 2000, por lo que este precepto legal indica que el saldo después de haberse
descontado la preliquidación o preliquidaciones, deberá de pagarse la liquidación final
en un plazo de 30 días a partir de la terminación de la zafra, lo que quiere decir, que
la liquidación de la zafra 1999/2000 debió de pagarse a más tardar el 3 de julio de
2000 y por consecuencia existe un atraso al día de hoy 13 de septiembre de 70 días que
no hemos percibido los productores de caña de azúcar del ingenio de Atencingo. Cabe
señalar que el importe neto a pagar es por la cantidad de 102 millones, 198 mil, 550
pesos de los cuales a la fecha únicamente ha liquidado parcialmente la cantidad de 12
millones de pesos por lo que nos adeuda la cantidad de 90 millones 198 mil 550 pesos, los
productores exigimos el pago de intereses moratorios por el pago oportuno de la
liquidación final de la zafra 1999/2000.
En la zafra 1999/2000 se quedaron sin industrializar 103 mil toneladas de caña de
azúcar, por lo que el ingenio de Atencingo, nos quiere "pagar" a 25 pesos por
tonelada, siendo que los productores que metimos la caña de azúcar al ingenio, nos fue
pagada a 315.56 pesos, exigimos que se nos pague al precio neto después de haber
descontado alce y acarreo al precio de 248.00 pesos, tal y como lo establece nuestro
decreto cañero vigente. Como podrán observar el ingenio de Atencingo, nos quiere pagar
la cantidad de 2 millones 575 mil pesos, siendo que debe de pagarnos la cantidad de 25
millones 544 mil pesos, por lo que quiere evitar un pago de 22 millones 969 mil, los
productores exigimos que se nos pague a 248.00 pesos por tonelada de caña de azúcar.
Exigimos la devolución de los cascos de la ex haciendas de Teruel, Rijo, Raboso, San
Nicolás Tolentino y Jaltepec, Puebla, que desde 1938 nos pertenece y se han utilizado
como "elefantes blancos", por lo que las tenemos proyectadas para fuentes de
trabajo de nuestras futuras generaciones.
También demandamos el 1.38% que nos debe el Gobierno Federal como compensación de la
cuota de exportación de caña de azúcar al extranjero de la zafra 1999/2000.
Como posiblemente es de su conocimiento que el ingenio de Atencingo, representado por el
Consorcio Azucarero Escorpión (grupo Caze) el cual el ciudadano Enrique Molina Sobrino es
el presidente del consejo de administración, este ingenio a ocupado desde la zafra
1997/1998 y hasta la zafra 1999/2000 el primer lugar a nivel nacional y en Latinoamérica,
en rendimiento en fábrica por la tonelada de azúcar producida, por lo que consideramos
que en base a la categoría de este ingenio, nos es muy difícil entender y comprender la
particular situación económica por la cual atraviesa el ingenio.
Por ello los 2 mil 483 productores de caña de azúcar, 49 representantes de grupo, 18
comisariados ejidales, y el comité ejecutivo local de esta organización, nos permitimos
manifestarles nuestra total inconformidad de los hechos antes descrito, por lo que les
solicitamos respetuosamente su valiosa e inmediata intervención a efecto, de que se nos
pague a lo mínimo que tenemos derecho los cañeros que hemos entregado en tiempo y forma
y de manera oportuna nuestra producción de caña en azúcar al ingenio de Atencingo, que
de seguir en esta situación, seguirá siendo miserable y cada vez más pobre a los
campesinos. A sí mismo de continuar con esta morosidad de parte de los representantes del
citado consorcio, generará que los ejidatarios venden sus parcelas, no exista fuente de
trabajo en el campo, y por consecuencia seguirán emigrando a los Estados Unidos de
América, por la falta de fuentes de trabajo en nuestro país.
Cabe señalar que desde el día lunes 28 de agosto de 2000 y hasta la fecha, tomamos la
penosa necesidad de no permitir la entrada y salida de personal sindicalizado y no
sindicalizado, azúcar y mieles del ingenio de Atencingo como medida de presión hasta que
nos cumpla los puntos antes descritos, así como el pago de la liquidación final de la
zafra 1999/2000 y sus intereses moratorios. A sí mismo les manifestamos que hemos tenido
diversas reuniones con el gobernador del Estado de Puebla, los representantes de la Unión
Nacional de Productores de Caña de Azúcar, CNC, y el Consorcio Azucarero Escorpión,
para resolver por la vía del diálogo nuestras demandas sin que a la fecha hayan sido
resueltas, por lo que nos vimos en le necesidad de realizar las medidas antes descritas.
Por lo que nos dirigimos respetuosamente a esa Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, para solicitar su valiosa e inmediata intervención con el propósito de que
se resuelvan nuestras demandas que tenemos derecho y con ello conservar la paz y
tranquilidad socieconómica en esta importante región cañera del Estado de Puebla.
990, 991 y 992
Sin más por el momento y en espera de
su atención, consideración y comprensión a lo anteriormente expuesto, nos ponemos a sus
órdenes para cualquier aclaración u observación.
Atentamente.
"Por la Emancipación Cañera"
Atencingo, Puebla, a 12 de septiembre de 2000.- Ciudadanos: Atanacio Sánchez Méndez,
secretario general; Sebastián Silva Paz, secretario de organización y Sergio
Pacheco Ojeda, secretario de finanzas.»
Se acompaña un cuadro, señor Presidente, con estos títulos de columna, número de
preliquidacion, fecha de cortes terminados, fecha de vencimiento de preliquidación, fecha
de pago, días de atraso, importe de preliquidacion, tasa interés, importe de intereses.
No creo que su lectura pudiera ayudar a la comprensión por el formato, si me permite
omitirlo, en donde da el desglose del total de 4 millones 886 mil 967 pesos 99 centavos,
es el desglose del cálculo de intereses moratorios de preliquidaciones.
Es todo, señor Presidente.
De enterado y túrnese a la Comisión de
Gestorías y Quejas y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y estése atento a
la posible integración de la Comisión Especial sobre la Industria Azucarera que ha sido
propuesta en la sesión de hoy.
ASISTENCIA (II)
Solicito a la Secretaría dé cuenta a la
Asamblea y a esta Presidencia, del computo final de asistencia al cierre del registro.
|
El secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Le informo, señor Presidente que al cierre de
la mesa de registro de asistencia, teníamos registrados 432 diputados. Es todo, señor
Presidente.
Gracias, señor Secretario.
PEMEX
Para presentar un posicionamiento sobre el
sindicalismo en Pemex, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Hugo
Gutiérrez Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por 10 minutos.
|
El diputado Francisco Hugo Gutiérrez
Dávila: |
Muchas gracias, con su permiso, señor
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como en otros ámbitos de la vida nacional el mundo del trabajo se encuentra inmerso en
una contradicción de difícil resolución.
La necesidad de transitar hacia formas democráticas de satisfacción y moderación de las
expectativas sociales cuando los procedimientos a través de los cuales se toman las
decisiones económicas más importantes, no dejan margen alguno para generar los consensos
entre trabajadores y patrones como principales actores de las relaciones laborales en
nuestro país.
En esta contradicción convergen verdaderos problemas originados tanto por el rezago
democrático en el mundo laboral que incluso afecta al régimen político, como por el
carácter excluyente, parcial y autoritario de la modernización económica.
Una de las cuestiones claves de la modernización laboral que fue postergada en la
presente administración, como en muchas otras del pasado, al visualizarse como
prioritario el logro de la estabilidad macroeconómica fue la apertura del mundo sindical
a la vida democrática.
La relevancia de este tema nos obliga a poner en consideración de esta Cámara de
Diputados los hechos que un grupo de trabajadores que pertenecen al Sindicato de
Petróleos Mexicanos denunciaron ante nuestro grupo parlamentario y ante el grupo
parlamentario del PRD, concretamente ante la compañera diputada Alejandra Barrales
Magdaleno.
Ellos manifiestan que los sistemas electorales para nombrar a sus dirigentes sindicales,
son antidemocráticos y que han sido hábilmente capitalizados de tal manera que sus
mismos líderes han sido reelectos en varias ocasiones.
Denuncian que frecuentemente se realizan elecciones sindicales en donde los trabajadores
tienen que aceptar la planilla impuesta sin permitir el registro de otras.
Denuncian que los líderes sindicales ejercen coacción y presión en contra de sus
legítimos intereses y derechos.
Nos dicen que permanentemente hay violaciones a los derechos de los trabajadores durante
el desarrollo de los procesos para elegir a los integrantes de sus mesas directivas en las
diferentes secciones sindicales, denunciando la existencia de agresiones y amenazas en
contra de los trabajadores inconformes con el antidemocrático desarrollo de la elección.
Los trabajadores denuncian que en los procesos pasados de elección, se han llegado a
instalar en las mesas de votación los integrantes de la única planilla que se permite
registrar, llegando el líder sindical a tomar protesta sin que realmente existan
mecanismos que garanticen a los trabajadores el ejercicio del voto personal, libre y
directo.
Los trabajadores manifiestan en su denuncia de hechos que la militancia en la posición
sindical no debe de ser causa directa o indirecta de represión o castigo en su contra.
En síntesis, estos singulares hechos nos muestran la impunidad y corrupción a que pueden
ser sometidos los trabajadores sindicalizados, los que hoy nos exponen su problema y que
confían en nosotros porque fuimos electos de manera democrática, nos reclaman, nos
demandan, no cerrar los ojos ante estos hechos.
Para todos es sabido que el vínculo entre el sindicato y el Estado en nuestro país ha
sido de naturaleza corporativa, en tanto existen monopolios de agremiación que tienen a
su cargo la representación de los intereses de los trabajadores con carácter exclusivo.
La importante presencia de los sindicatos mexicanos en el escenario político nacional
como interlocutores en la formulación e implementación de las políticas del país
integrantes de los órganos tripartitas de la administración laboral: juntas de
Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Instituto Mexicano del
Seguro Social entre los más importantes y ocupante de diversos cargos de elección
popular, gobiernos estatales, diputaciones y senadurías, da una idea de la implicación
de conservar o transformar el régimen corporativo, pero también de la dificultad de
avanzar hacia su democratización.
Para que el corporativismo sindical resulte compatible con las reglas de la democracia,
deben satisfacerse mínimas condiciones. Nos interesa en particular destacar la exigencia
de una verdadera autonomía frente al Estado y sobre todo una vida democrática en el seno
de los sindicatos.
Estos requisitos mínimos no se cumplen, salvo escasas excepciones en la realidad laboral
mexicana. Por ello es necesario revisionar el papel de los sindicatos, tarea que ha sido
relegada y no ha sido considerada para la formulación de una verdadera agenda vinculada a
los avances democráticos y de la modernización económica.
La transición actual del régimen sindical hacia otro afín con la democracia, constituye
uno de los procesos más complejos del cambio social. Lo reconocemos, supone la creación
de un contexto político y un marco jurídico apropiado, que haga posible el desarrollo
organizativo de una manera autónoma.
Debemos aspirar a que esta transición sea gradual y pacífica, para reducir los costos
sociales y económicos, para ello se hacen necesarias reglas de respeto mutuo, que eviten
confrontaciones violentas y la politización de los conflictos inter o intrasindicales.
Compañeras y compañeros diputados, privilegiando la autonomía e independencia de la
organización sindical y sin que esto implique una intromisión en la vida interna del
sindicato de Petróleos Mexicanos y con la única voluntad de permitir la libre expresión
de los agremiados respecto a la fórmula óptima de expresar sus intereses colectivos y de
fortalecer procedimientos democráticos para la elección y legitimación de liderazgos,
desde esta tribuna hacemos un llamado, un atento llamado a dicha organización sindical,
para que en sus próximas elecciones de mesas directivas de sus distintas secciones,
manifiesten voluntad para contribuir a fortalecer la cultura política y democrática de
nuestro país.
Hacemos un atento llamado a Petróleos Mexicanos para que permanezca al margen de dichos
procesos electorales y al Sindicato de Petróleos Mexicanos, a fin de que en sus próximas
elecciones acepten observadores que surjan de la sociedad civil, de organismos no
gubernamentales y de instituciones autónomas e independientes, como la Comisión de
Derechos Humanos o el propio Instituto Federal Electoral, con el propósito de contribuir
al fortalecimiento de nuestra cultura política y democrática y así hacer realidad la
verdadera libertad sindical a que todos nuestros trabajadores aspiran.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Francisco Hugo Gutiérrez
Dávila.
Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el diputado Roque Joaquín García
Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 10
minutos.
993, 994 y 995
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