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Discutir
sobre el ámbito municipal siempre será tema de controversia de los municipios con la
Federación y al interior de los estados. La riqueza inagotable de sus temas tiene que ver
con el contacto directo entre la autoridad y el pueblo; su funcionamiento eficiente,
autosuficiente y esto, nos hace reflexionar sobre el cómo, cuándo y para qué. Cómo
poderles hacer llegar más recursos y a la vez responsabilizar a los municipios de la
generación de ingresos propios, para atender las demandas ciudadanas.
¿Cuándo los municipios tendrán poder tributario al igual que la Federación y los
estados? Hoy sólo tienen competencia tributaria. El Estado de México tiene una
población de 13 millones de habitantes, según resultados preliminares publicados por el
INEGI, con inmigración de 203 mil habitantes, con una tasa media anual de crecimiento
poblacional de 2.9, mayor a la media nacional. Aporta alrededor del 10.6 al PIB nacional
significándose por sus actividades industriales y de servicio. De cada 10 mexiquenses,
más de ocho habitan en zonas urbanas, como lo comentaban los señores diputados que me
antecedieron; teniendo como resultado que la demanda por equipamiento y servicios
públicos crece geométricamente y los recursos aritméticamente.
Por todo lo anterior el grupo parlamentario del PRI, en particular los integrantes de la
fracción priísta del Estado de México, expresamos nuestra posición firme y responsable
con el gobierno del Estado y con las autoridades de los 122 municipios.
Conscientes de la responsabilidad ciudadana que tienen los alcaldes, manifestamos nuestro
interés en revisar la metodología y procedimientos que el INEGI utilizó para levantar
el Censo de Población y Vivienda 2000, ya que los resultados preliminares, que fueron
publicados en el mes de junio, han despertado inquietud y preocupación en las autoridades
municipales, por el efecto que tendrá la aplicación del artículo 28 de la Ley de
Coordinación Fiscal.
Coincidimos con la propuesta de acuerdo que hace la fracción parlamentaria del PAN y
manifestamos al igual que en parte con la del PRD:
1. Se turne a comisiones. Se cite a comparecer al presidente del INEGI en el seno de las
comisiones que ya se mencionaron, para analizar las bases metodológicas con que fue
levantado el Censo de Población y Vivienda del año 2000.
Por información divulgada del INEGI, se establecieron dos fechas de publicación de
resultados del Censo General de Población y Vivienda del 2000, en junio datos
preliminares que ya fueron publicados y para enero del 2001, datos definitivos.
Por tal motivo, proponemos a esta Asamblea se le haga una excitativa al presidente del
INEGI para que los resultados definitivos que se den a conocer a más tardar en el mes de
noviembre de este año, de manera que esta información la podamos utilizar los
integrantes de esta soberanía, en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal del 2001 y refleje en las participaciones a los
estados y municipios, el número real de habitantes que hay en cada uno de ellos.
Es cuanto, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor
diputado.
La proposición presentada por la diputada Martha Bernardino Rojas, del grupo
parlamentario del PRD, se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos
Migratorios. Igualmente la intervención del diputado Antonio Silva Beltrán, se turna al
mismo expediente para conocimiento de la población.
ASISTENCIA (II)
La Presidencia informa a la
Asamblea que el registro electrónico de asistencia para la presente sesión inició a las
10:00 horas. La presente sesión comenzó a las 11:10 horas, por lo que el sistema
permanecerá encendido hasta las 11:45 horas. Las diputadas y diputados que lleguen
con posterioridad al cierre del registro, sólo podrán registrar su asistencia por
cédula en la mesa de la Secretaría General, durante un plazo de 30 minutos posteriores
al cierre del sistema electrónico. Se cierra el sistema electrónico con un quorum de
422 diputados.
JUEGOS OLIMPICOS DE SYDNEY,
AUSTRALIA
En otro punto se concede, para
presentar un punto de acuerdo en relación con la delegación mexicana que participó en
los juegos olímpicos de Sydney, Australia, el uso de la palabra a la diputada Enriqueta
Bacilio Sotelo, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional y Partido Verde Ecologista de México.
La diputada
Norma Enriqueta Bacilio
Sotelo: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores legisladores:
Hacer un reconocimiento a los deportistas que participaron en la justa olímpica de
Sydney, Australia, es valorar su constancia, su superación y su amor a México al
participar con dignidad en una competencia de excelencia y alto rendimiento.
El deporte aviva la práctica de la cooperación y la solidaridad, contribuye a vigorizar
el sentimiento de pertenencia a una familia, a un grupo, a un país. Conforma a la niñez
y a la juventud en un ambiente de superación y competencia, enaltece los valores éticos
de la libertad y la disciplina, sin los cuales la actividad deportiva perdería su
justificación como propósito y cometido de Estado.
Hoy el pueblo de México reconoce plenamente que nuestros deportistas defendieron con
orgullo los colores patrios en la contienda internacional. Unos, vieron premiados sus
esfuerzos, otros, saben que ganaron y otros más, superaron sus propias marcas, pero todos
desde que fueron seleccionados eran jóvenes triunfadores que logran cristalizar el sueño
de todo deportista: representar a su país con lo mejor de sí mismo en unos juegos
olímpicos.
Por ello, impulsar y fomentar una cultura que logre que el deporte mexicano sea reconocido
a nivel mundial, es afirmar que esta disciplina forma parte de la educación integral del
hombre y como consecuencia que es una preocupación gubernamental de primera magnitud en
un país que busca en su desarrollo el bienestar del ser humano.
Como deportista, sé que la disciplina significa sacrificio físico, económico y
familiar, que en la confrontación deportiva como en la democracia se nos enseña a
respetar al adversario y reconocer al triunfador, pero también que el estímulo a nuestro
esfuerzo nos muestra que vamos por el camino correcto y que debemos seguir adelante para
lograr los mejores resultados.
Comprender la dimensión de tantas horas de trabajo y dedicación que empeñaron nuestros
deportistas para llegar a una contienda mundial nos merece, como representantes del sentir
popular, respeto, admiración y un gran reconocimiento.
Por ello, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido
Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de
México, están de acuerdo en dar este valioso reconocimiento a los deportistas que nos
honraron en la justa olímpica.
«Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados otorgará a cada uno de los deportistas olímpicos mexicanos que
participaron en la justa de Sydney, Australia, una placa con el logotipo y nombre de la
mencionada: LVIII Legislatura, en reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, disciplina y
perseverancia.»
Muchas gracias.
Gracias, diputada Enriqueta Bacilio.
Tiene el uso de la palabra para referirse al mismo tema por 10 minutos, el diputado Juan
Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
| El diputado Juan Carlos Regis Adame: |
Bueno, antes de dar comienzo con nuestra
exposición, queremos hacerle un extrañamiento a la mesa directiva, dado que este punto
lo había propuesto el Partido del Trabajo, nuestra fracción y se había ido posponiendo
hasta que hoy fue votado.
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: el pueblo mexicano
se vio dignamente representado en las justas deportistas que se celebraron en la ciudad de
Sydney, Australia, en ocasión de los XXVII Juegos Olímpicos, que tan buenos resultados
arrojaron para nuestra nación.
Todos tuvimos la oportunidad de ver cómo las escenas transmitidas por la televisión y
las noticias informativas que nos llegaban desde el continente de Oceanía, favorecían a
los nuestros en muchos aspectos. También tuvimos la oportunidad de observar cómo
nuestros deportistas mostraban el alto nivel de competencia que habían adquirido en los
entrenamientos previos a las justas olímpicas y nos dio mucha alegría corroborar que ese
trabajo se tradujo en varias medallas y en buenos lugares de competencias en las que no
habíamos figurado en anteriores.
Compañeras y compañeros diputados: para nadie existe la duda de que nuestros deportistas
representan muchos de los ideales de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Tampoco debemos
olvidar que ellos remarcaron su empeño y lucharon contra corriente en muchos sentidos
antes de que llegaran a celebrarse las justas olímpicas.
Como es tradicional en este país, los recursos públicos para promocionar el deporte
brillaron por su ausencia. Tuvieron que enfrentarse a enormes limitaciones tanto
económicas como técnicas.
Cómo podemos olvidar que uno de nuestros marchistas, triunfador de esta modalidad en
competencia, nos haya recordado que en su desarrollo y preparación tuvo que pasar por
muchas dificultades y penumbras para alcanzar una medalla.
El ejemplo de disciplina, constancia y sacrificio mostrada por nuestros deportistas y
entrenadores, es una clara manifestación de que los éxitos se consiguen mediante el
trabajo extenuante y cotidiano. Es también una oportunidad para que esta soberanía
reconozca ese esfuerzo mediante un digno tributo que se merecen estos triunfadores, que
son un símbolo para millones de jóvenes y para el pueblo en general.
Nuestros deportistas nos han demostrado que la victoria no sólo es posible alcanzarla a
través del esfuerzo diario, del sacrificio personal qué, a veces implica abandonar la
familia y en ocasiones posponer estudios y en la mayoría de las ocasiones, antes de
superar a los rivales de una competencia deportiva, hay que superar los obstáculos que
representa la burocracia deportiva; citamos a Vázquez Raña.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro que el deporte es una actividad
que a todos beneficia, no sólo por el papel que desempeña como medio para conservar el
buen estado de salud de nuestro organismo, sino también como un poderoso instrumento de
seguridad emocional y de formación de carácter, de formación de personalidad de quienes
disfrutan de las disciplinas deportivas. Tampoco desconocemos su papel como medio para
alejar a los jóvenes de la drogadicción y las malas adicciones que por cierto se han
incrementado en la última década.
En estas circunstancias estamos obligados a alcanzar nuevas iniciativas para reestructurar
a fondo nuestras instituciones deportivas y adecuarlas a las nuevas exigencias de las
competiciones deportivas que, como sabemos, evolucionan día a día de manera
sorprendente.
También tenemos claro que nuestro deporte necesita más recursos públicos para darle
mayor profesionalismo a la preparación de los deportistas mexicanos. Eso incluye desde
luego la búsqueda de información de nuevos talentos que tengan las habilidades
necesarias para representar dignamente a nuestro país en las diversas competencias
nacionales e internacionales.
La promoción del deporte y la construcción de nuevas escuelas de enseñanza deportiva a
lo largo y ancho de México será otra de las exigencias que nos impone el reto de
satisfacer algunas de las necesidades de los jóvenes mexicanos.
1118, 1119 y 1120
En suma, la brillante demostración exhibida por los
atletas mexicanos que participaron en las recientes olimpiadas nos dan la oportunidad no
sólo para rendirle un merecido tributo a sus destrezas y habilidades, sino también para
recordarnos a los mexicanos que tenemos la inteligencia y el talento necesarios para
destacar en las diversas actividades que desarrollamos cotidianamente y que podemos ser
tan buenos como los competidores de otras naciones.
«Por todas las consideraciones señaladas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo
somete a la consideración del pleno de esta soberanía, con fundamento en lo que dispone
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión acuerda realizar una sesión solemne para rendir homenaje a la
delegación integrada por los deportistas mexicanos y sus entrenadores que participaron en
los juegos olímpicos de Sydney, Australia.
Firman este punto de acuerdo integrantes de la fracción del Partido del Trabajo: Juan
Carlos Regis, servidor; Jorge Rodríguez Pasos, Rosa Delia Cota Montaño y Jaime Cervantes
Rivera.»
Muchas gracias. Se entrega a esta Secretaría.
Gracias, diputado Regis.
Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Celita Alamilla Padrón, del grupo
parlamentario del PAN.
| La diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros legisladores:
Hacer un reconocimiento a los deportistas que participaron en la reciente olimpiada es un
acto, ni duda cabe, de justicia.
El Partido Acción Nacional se suma a este merecido homenaje que ha presentado Enriqueta
Bacilio, porque a pesar de los muchos problemas que seguramente enfrentaron nuestros
atletas antes de llegar a su triunfo, han sabido construir superando las carencias,
enfrentando estos grandes retos, es así como las mexicanas y los mexicanos sacamos la
casta.
Sigue siendo un punto pendiente la promoción y el fortalecimiento a los proyectos y el
apoyo a los atletas, es por esto que exhortamos a los integrantes de esta legislatura a
que nos sumemos al esfuerzo de promover el deporte de alto rendimiento, pero muy
particularmente impulsar la cultura del deporte que alejará de dichos y de problemas
sociales a nuestra población joven.
Los exhortamos a que juntos trabajemos para eliminar inercias, para eliminar rezagos, para
superar burocracias. Los invito a que juntos trabajemos y que nos demos la oportunidad del
esfuerzo para construir y trabajar en una verdadera cultura del deporte.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Celita Alamilla
Padrón.
Las proposiciones presentadas por los diputados: Juan Carlos Regis Adame y Enriqueta
Bacilio Sotelo, se turnan a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL
Para presentar una proposición con punto de
acuerdo en relación a la Secretaría de la Defensa Nacional, se le concede el uso de la
palabra a la diputada Norma Reyes Terán, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, por 10 minutos.
| La diputada
Norma Reyes Terán: |
Con el permiso de la Presidencia; diputado
Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados;
compañeras y compañeros diputados:
A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de las
facultades que nos concede el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General en los Estados Unidos Mexicanos, proponemos un punto de acuerdo con
fundamento en los siguientes
ANTECEDENTES
Históricamente las fuerzas armadas en nuestro país
han tenido un papel que paulatinamente ha ido evolucionando en su naturaleza, sus
funciones y sus alcances. La defensa de la integridad y la soberanía nacionales han
aparecido constantemente cuando se analiza el desempeño cronológico de nuestras fuerzas
armadas pero también han sido denominadores del análisis de las mismas la secrecía y la
reserva, factores que han generado al menos una notable inquietud de múltiples estudios
del tema en conocer diferentes aspectos de nuestras fuerzas armadas que a través del
tiempo han sido manejados con exagerada y anacrónica reserva.
Así las cosas, una de las características del poder político contemporáneo en México
y desde luego derivado de nuestra accidentada historia en donde la milicia tiene un papel
protagónico, fue la capacidad de las élites gobernantes para controlar y marginar de los
asuntos relevantes y de la toma de decisiones políticas, al Ejército.
Ahora, como resultado de una cauda de transformaciones de la debilidad y de los errores
del agonizante régimen zedillista, el Ejército mexicano se encuentra en el centro de los
acontecimientos nacionales y las implicaciones de este fenómeno son al menos
preocupantes.
Tradicionalmente los militares en México se sometieron de forma institucional al poder
civil a partir de los años cuarenta; se pactan diferentes acuerdos políticos entre la
clase civil gobernante y las milicias a fin de que éstas asuman papeles de bajo perfil,
subordinándose a la lógica y a las necesidades del Ejecutivo Federal; sin embargo, los
acontecimientos de los últimos años han obligado al Ejército a pensar en replantear
gran parte de ese papel.
La acción asumida por el Ejército en la defensa a ultranza del régimen en incontables
ocasiones, generó que la milicia tuviera un rol más que cuestionado en la lucha del
Estado mexicano contra campesinos, obreros, estudiantes, movimientos populares e
indígenas en la historia reciente en nuestro país.
Las fallas de la clase gobernante nacional y la impericia y la corrupción de los
políticos profesionales, provocaron muchos incendios en la historia nacional reciente y
el Ejército ha sido y sigue siendo, habilitado para apagar emergencias sociales.
Los grandes episodios que han reflejado este fenómeno han sido desde luego el papel del
Ejército en 1968; la llamada "guerra sucia" de los años setenta; las tareas de
las fuerzas armadas en sofocar conflictos electorales; el combate al narcotráfico y el
conflicto en Chiapas. En el pasado, las insurgencias políticas concluían relativamente
rápido y el Ejército retornaba a sus cuarteles y a la oscuridad del sistema político
mexicano, sin embargo, ése ya no es el caso.
En los años noventa y en este inicio de siglo, la emergencia se hace rutina y la jefatura
civil del Ejército, la Presidencia de la República, se debilita cada vez más. La guerra
contra el narcotráfico a la que se ha arrastrado al Ejército y a la Armada por presiones
directas de los Estados Unidos, parece no tener fin. El empantanamiento del Ejército en
el mar de corrupción de las drogas y del crimen organizado implícito a ellas, han
provocado que ciertas instancias militares hayan deteriorado la imagen de nuestras fuerzas
armadas.
En Chiapas, después de más de un lustro de levantamiento indígena, el conflicto sigue
sin visos de solución. En el resto de las actividades donde el poder político ha
utilizado al Ejército, la imagen de éste ha sido severamente dañada y los logros han
sido, por lo general, pocos y muy cuestionados. Ahora, a esto se suma la propia
incertidumbre del Ejército sobre su función en un México en donde al parecer todo
cambia, menos las fuerzas armadas.
Aunque el control civil sobre las fuerzas armadas se vio fortalecida en épocas pasadas,
gracias a la existencia de un grupo en el poder, hegemónico y casi monolítico, hoy en
día es la incertidumbre la que parece privar en torno a las funciones y al destino de
nuestro Ejército nacional.
Es preciso que las transformaciones que en los últimos años se han dado en diferentes
campos de nuestra vida nacional vayan al mismo ritmo y en el mismo sentido. El México
democrático de nuestros días requiere con urgencia definir varios temas centrales; uno
de ellos es el papel y los alcances de las fuerzas armadas en la vida pública de nuestro
país.
Los hechos recientes hacen necesario definir claramente los criterios y los mecanismos
bajo los cuales funcionará el Ejército dentro de los nuevos tiempos, un Ejército que
requiere con urgencia replantear su relación con las instituciones, transparentando el
funcionamiento de sus finanzas, avanzando en el fortalecimiento y democratización de sus
instancias internas.
Se requiere de un Ejército que muestre un respeto absoluto a la legalidad interna en sus
tribunales e instancias procuradoras de justicia propias, un Ejército que se aleje
radicalmente y de inmediato de las incontables violaciones de los derechos humanos, que
cada día son más denunciados en el ámbito castrense; un ejército en donde el fuero
militar no represente una esfera de impunidad para actos que no pueden ser sancionados por
tribunales civiles; un Ejército que discuta y que analice los riesgos de asumir como
tareas militares el combate al narcotráfico y sus consecuencias frente a la estructura de
las fuerzas armadas, manifestadas en una explosiva corrupción en mandos y tropa; un
Ejército que reflexione sobre la naturaleza de sus fines cuando es utilizado
perversamente en conflictos de naturaleza política.
El nuevo Ejército deberá tener claro que su lealtad fundamental no es ya la presidencia
autoritaria y omnipotente ni a los rescoldos del otrora partido oficial, sino a la
institucionalidad democrática y plural que está naciendo.
En estas condiciones, a nadie debe molestar que se discuta libremente la política
militar, como la política interior, la financiera, la de educación o la de salud, como
lo hemos visto en días recientes en esta soberanía. En suma, el Ejército de nuestro
país no deberá sentirse agraviado porque su naturaleza y sus tareas se discutan
públicamente ante esta soberanía popular, como ocurre en todos los sistemas
democráticos.
En nuestro país, las fuerzas armadas en su conjunto se fortalecerán en la medida que
permitan las necesarias transformaciones de su estructura, en su funcionamiento y en la
planeación democrática de sus actividades.
Un primer paso para ello es la posibilidad de intercambiar puntos de vista, profundizando
en el análisis de varios apartados que en el pasado informe presidencial se mencionan
superficialmente, así como preguntar sobre diferentes tópicos en la materia al titular
de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por lo expuesto y
CONSIDERANDO
1o. Que es facultad de esta legislatura, depositaria
de la soberanía nacional, el conocer del estado que guarda la totalidad de los ramos de
la Administración Pública Federal.
2o. Que es competencia de este cuerpo colegiado el vigilar la correcta aplicación del
gasto público y para tal efecto es preciso conocer del ejercicio de ese presupuesto en el
ramo de la Defensa Nacional.
3o. Que es reiterado y legítimo el reclamo social de exigir el cabal cumplimiento del
derecho constitucional a la información, con objeto de conocer detalladamente acerca del
funcionamiento de todos los ramos de la Administración Pública Federal
4o. Que es obligación de esta soberanía velar por el interés público, el que bajo
ninguna circunstancia o excepción, deberá ser subordinado al interés individual.
Es por ello y con el fundamento contenido en el artículo 93 de la Constitución General
de la República, que esta soberanía acuerda solicitar la comparecencia del titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el
numeral de referencia y con objeto de conocer del estado que guarda la administración
pública en el ramo particular.
En atención a lo señalado en este documento, los integrantes del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática ante la LVIII Legislatura del Congreso de la
Unión, presentamos ante esta soberanía el siguiente
1121, 1122 y 1123
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se acuerda la comparecencia,
ante el pleno de esta soberanía, del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el
general de división Enrique Cervantes Aguirre, la cual deberá efectuarse en los mismos
términos que las anteriores comparecencias de los titulares de los diferentes ramos de la
Administración Pública Federal ante esta legislatura
Segundo. En atención a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que
la presente propuesta sea turnada a la Comisión de la Defensa Nacional.
Atentamente.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada Norma
Reyes Terán.»
Muchas gracias, diputada Reyes Terán.
Como lo solicita, su punto de acuerdo se turna a la Comisión de Defensa Nacional.
LEY DE CONCURSOS MERCANTILES
Para presentar otra proposición con punto de
acuerdo, en relación con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
sobre el expediente número 698/2000, en contra del contenido del artículo 311 fracción
XIV de la Ley de Concursos Mercantiles, se concede el uso de la palabra al diputado César
Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, por 10 minutos.
El diputado
César Augusto Santiago
Ramírez: |
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Estoy proponiendo dos cosas, que ojalá motive la atención y el respaldo de todos
ustedes. La primera es pedirle al Presidente de la Cámara que respalde una solicitud que
ya hice al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que de manera
oficial nos envíe a la Cámara de Diputados, toda la información relativa al expediente
creado con motivo de esta discusión sobre el artículo 311 fracción XIV de la Ley de
Concursos Mercantiles.
Y la segunda circunstancia de mi propuesta es: pedir a la comisión, a la Junta de
Coordinación Política, que en los términos del artículo correspondiente, organicen un
debate una vez que tengamos la información de la Corte por las razones que me permito
apuntarle.
Miren señoras y señores diputados, la legislatura anterior discutió y aprobó la Ley de
Concursos Mercantiles. Esta ley tiene el artículo 311 con su fracción XIV que dice más
o menos lo siguiente: "se crea el Instituto de Especialistas en Concursos
Mercantiles", y a ese instituto se le impone la obligación de informar
periódicamente a la Cámara de Diputados del resultado de sus funciones. Esta es la
disposición de la Cámara. Algunos compañeros diputados actuales la aprobaron siendo
senadores y algunos senadores la aprobaron siendo diputados.
¿Que dice el presidente de la Corte, señoras y señores? El Instituto de Especialistas
en Concursos Mercantiles, el día que se instala, no le gusta que la Cámara le haya
impuesto la obligación de rendir un informe y entonces dice: "bueno, vamos a ver si
esta disposición de la Cámara es o no constitucional".
La conclusión de esa inquietud del instituto la toma el presidente de la Corte en su
calidad no de presidente de la Corte, sino del presidente del Consejo de la Judicatura y
con esa personalidad, consulta al pleno de la Corte, del que también es presidente, sobre
si conviene o no que el instituto rinda ese informe a la Cámara de Diputados.
La conclusión es obvia; los nueve ministros de la corte dicen: "que no, que el Poder
Judicial de la Federación no tiene porque rendirle cuentas a nadie".
Amigas y amigos diputados, éste es el fondo del asunto.
Pareciera que es una cuestión menor en donde se está resolviendo un posible problema de
constitucionalidad o como dice la resolución de la Corte, una mala aplicación del
principio de la división de los poderes.
Pero yo creo, compañeras y compañeros diputados, que es mucho más delicado que eso.
Miren, amigos, el Poder Legislativo es constitutivo cada tres años, es el que encarna la
representación de la democracia representativa, somos todos diputados de la nación, eso
dice el artículo 51 de nuestra Constitución y tenemos responsabilidades que van
intrínsecamente vinculadas con los principios fundacionales de la República y de nuestro
Estado mexicano.
Como consecuencia, nosotros por disposición de la ley, vemos que el Ejecutivo de la
Unión esté en la Cámara rindiendo un informe cada año y luego llamamos a sus
secretarios que todavía siguen compareciendo durante mucho tiempo, a darnos un informe de
su desempeño.
Primero. Les pregunto: ¿el Poder Judicial, de veras, amigas y amigos diputados,
no debe de rendirle cuentas a nadie? Es una pregunta.
Segundo. Es la primera vez que se resuelve un juicio sin que haya solicitud de
parte interesada. Ningún ciudadano pidió la intervención de la autoridad judicial.
Nadie. El presidente de la Corte simplemente cambió de personalidad y realizó el
trámite. Consecuentemente, amigas y amigos, como no hay una parte interesada, promotora
del asunto, tampoco hay nadie a quien notificarle.
Yo me enteré por el diario La Jornada y después por la página de Internet de la Suprema
Corte.
Yo no hago juicios de valor, amigos, porque pienso que éste es un asunto fundamental para
la República, porque están legislando sobre una disposición de la Cámara. Es una
especie de ejercer el derecho de veto legislativo que desde luego, amigos, está en el
tablero de las discusiones.
Es una forma de decir que se vulnera la división de poderes cada vez que la soberanía
del Congreso de la Unión pretende intervenir en los asuntos del Poder Judicial.
Y finalmente, amigos, es un asunto donde ya el debate sobre la famosa cláusula Otero sale
sobrando, porque con una determinación de este tipo se puede incluso generalizar para
todo el mundo sin que nadie lo haya solicitado.
Amigos, ahí está el debate que nos toca como Cámara. ¿Dejamos pasar la oportunidad?
¿Lo dejamos simplemente sin emitir un juicio de valor que yo no estoy haciendo en este
momento? O nos reunimos aquí, compañeras y compañeros diputados de la Unión y
discutimos hasta dónde la soberanía del Congreso de la Unión tiene facultad para
vigilar, supervisar y exigir responsabilidad al Poder Judicial de la Federación.
Es un debate, amigos, que pienso indispensable en el objetivo de privilegiar y prestigiar
el funcionamiento de nuestra Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Mi
invitación en esta propuesta es para que todos hagamos algún día esta importante
discusión.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado César Augusto Santiago
Ramírez.
Para referirse a este tema han solicitado el uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo
Aguilar del grupo parlamentario del PT y el diputado Gustavo Buenrostro Díaz, del grupo
parlamentario del PAN.
Se concede por cinco minutos el uso de la palabra a la diputada Rosalía Peredo Aguilar,
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
| La diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
El trabajo legislativo desarrollado en la LVII Legislatura, en este mismo recinto, en todo
momento buscó consensos. La aprobación de la Ley de Concursos Mercantiles, a pesar de
mostrar en algunas partes disensos, no fue la excepción; sin embargo, ya en la
implementación de los cambios legales, se observan como consecuencia lógica
reestructuraciones de fondo y forma. Un ejemplo es el que hoy nos ocupa.
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es fundamental la estabilidad y
funcionalidad de todas y cada una de las dependencias y órganos que coadyuvan al
ejercicio del poder.
Por ello, resalta el interés de participar, respecto al punto de acuerdo referente a la
opinión emitida por el máximo tribunal en nuestro país: la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, respecto a la fracción XIV del artículo 311 de la Ley de Concursos
Mercantiles, respecto a la obligación que tiene el Instituto Federal de Especialistas de
Concursos Mercantiles, para informar semestralmente a esta soberanía respecto al
desempeño de sus atribuciones.
Por ello, consideramos que las argumentaciones expuestas por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación revierten el sentido con el cual esta Asamblea ejerció sus facultades para
legislar en materia mercantil; sin embargo, es imperativo de todos los mexicanos el
consolidar el estado de derecho.
Pero en el caso que nos ocupa el contenido de la disposición motivo de la disputa,
consiste en la negativa de la Corte a que el Instituto Federal de Especialistas de
Concursos Mercantiles entregue su informe semestral al Congreso de la Unión.
Debemos recordar que la crisis económica generada en diciembre de 1994 trajo como
consecuencia la insolvencia de múltiples deudores, que al no poder cubrir sus créditos,
particularmente con los bancos, generaron una gran cartera vencida que fue a parar al
Fobaproa y actualmente al IPAB.
El saneamiento del sistema financiero se ha dado con recursos fiscales, por ello se
estableció que en la creación del Instituto Federal que se comenta y que se encuentra
previsto en la Ley de Concursos Mercantiles, se rinda dicho informe.
Nos parece que con su resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se excede en
sus funciones. Debemos recordar que no estamos en un sistema de división de poderes
rígido, sino que nuestra Constitución y la doctrina constitucional contemporánea,
establece un sistema de colaboración entre los poderes públicos.
Por tanto, coincidimos con el planteamiento del proponente del punto de acuerdo, en el
sentido de que la Corte haga saber a esta soberanía cuáles fueron los criterios para
tomar dicha resolución. La Corte únicamente informó de su resolución, pero que sin que
se conozca el autor y la litis planteada.
Es cierto que por disposición del Constituyente Permanente, la Suprema Corte de Justicia
es tribunal constitucional, pero en el expediente que comentamos no se sabe cuál fue la
vía jurisdiccional seguida: juicio de garantías u otras de las previstas en la norma
fundamental.
En tal virtud y en aras de la sana convivencia entre los poderes públicos es imperativo
para esta soberanía conocer los criterios seguidos en esta resolución.
Muchas gracias.
Gracias, diputada Rosalía Peredo Aguilar.
Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Gustavo Buenrostro
Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gustavo César Jesús
Buenrostro Díaz: |
Con su permiso, señor Presidente:
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que es indispensable el
respeto a la división de poderes y que este cumplimiento dé una función eficaz a cada
uno de ellos, tal y como lo ha expresado el diputado que me antecedió.
En días pasados, en sesión privada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, interpretando los artículos 49 y 133 de nuestra Carta Magna, por unanimidad de
votos resolvió el expediente 698/2000 y en el que determinó que el artículo 311
fracción 14 de la Ley de Concursos Mercantiles, que establece que el Instituto Federal de
Especialistas en Concursos Mercantiles deberá informar semestralmente al Congreso de la
Unión sobre el desempeño de sus funciones, dice la Corte que transgrede, en opinión de
ellos, tanto el principio de división de poderes como el de supremacía constitucional.
1124, 1125 y 1126
Ante el presente momento histórico que vive el país,
ante el portal democrático, el portal de la democracia a que arribamos el 2 de julio y en
el que en un ejercicio claramente democrático, ciudadano y responsable, los mexicanos
hacen un llamado al Poder Legislativo para que la Constitución, nuestra Ley Suprema, pase
de la teoría a la práctica; hoy esperan así los ciudadanos que en la realidad de
nuestro estado de derecho se respeten cabalmente nuestra forma de gobierno republicana, la
democracia participativa como sistema de vida y el federalismo, entendido como instrumento
del fortalecimiento municipal, eje de nuestro desarrollo.
Debemos emigrar de ese caduco sistema centralista, cuyo elemento clave era el poder
presidencial, muy superior constitucional y metaconstitucionalmente a los poderes
Legislativo y Judicial. El respeto real al principio de la división de poderes debe ser
la base y sustento del nuevo modelo de la República que los mexicanos quieren vivir en la
realidad del actual estado de derecho mexicano.
En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hace un llamado a
esta legislatura a fortalecer constitucionalmente la división de poderes como principio
rector de la interrelación de los órganos del Estado y reconociéndonos especialmente
respetuosos de la función jurisdiccional depositada en el Poder Judicial de la
Federación.
Por lo hasta aquí expresado, solicitamos que el presente asunto sea turnado lo antes
posible a las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia, a efecto de que con toda
responsabilidad el tema sea analizado y discutido por los diputados que las integran,
estableciendo de esa forma las lineas del diálogo, que son necesarias, con la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con la cortesía y respeto debidos a los ministros que
honrosamente la integran.
Lo anterior, para el efecto de allegarnos la información y elementos de la argumentación
esgrimida en su resolución y en consecuencia, previo análisis, estar en posibilidades de
emitir el posicionamiento que proceda. Esto bajo la óptica del fortalecimiento y siempre
bajo esta óptica del respeto a los poderes del Estado.
Es cuanto, señor.
Muchas gracias, diputado Gustavo Buenrostro
Díaz.
Como lo ha solicitado el diputado César Augusto Santiago Ramírez, esta Presidencia, en
ejercicio y con la facultad que establece el artículo 22 inciso 2 de nuestra Ley
Orgánica, estará atenta a la relación institucional entre el Poder Legislativo y
particularmente esta Cámara de Diputados y el Poder Judicial. Para conocer de fondo y
solicitar la información necesaria, este tema se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Se ha solicitado también sea turnada a la Comisión de Justicia, por tanto se turna a
las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados.
ATUN
Para otro punto del orden del día, para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la problemática que se vive en la
ribera oaxaqueña con la pesca del atún, se concede el uso de la palabra hasta por 10
minutos al diputado Jaime Arturo Larrazabal Bretón, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
El diputado
Jaime Arturo Larrazábal
Bretón: |
«Señor Presidente de la mesa directiva,
diputado Ricardo García Cervantes, con su permiso; compañeros diputadas y diputados.
Los aquí suscritos, legisladores federales representantes de la costa e itsmo
oaxaqueños, que en su jurisdicción litoral comprende 39 municipios y 214 comunidades
pesqueras con una población activa de más de 16 mil pesEn estos litorales ribereños,
que habitan aproximadamente 16 mil familias de pescadores se capturan 14 mil 500 toneladas
de atún a lo largo de este litoral oaxaqueño por la flota mayor industrial del Pacífico
noroeste. De ellas, anualmente sólo 500 toneladas corresponden en su mejor año a los
pescadores oaxaqueños. Esta es una estadística que afecta la economía de sus moradores
de manera negativa.
Además, al realizarse esta actividad pesquera se está dañando el ambiente ecológico
marino de nuestro litoral.
Constituyendo esta actividad la principal fuente de ingresos de los pescadores
oaxaqueños, pedimos a este pleno Legislativo su intervención para que promueva la puesta
en marcha de los compromisos institucionales establecidos en el convenio suscrito por el
Gobierno Federal el 30 de mayo de 1990, en donde se establecieron entre otros siguientes
compromisos: permisos de pesca alternativa, empleo a pescadores, becas para sus hijos,
promoción de vivienda digna, mejoramiento en programas de educación, estímulos de
carácter social etcétera, mismos que hasta esta fecha las autoridades correspondientes
no han cumplido a cabalidad, aun cuando los pescadores renunciaron en dicho convenio, a
los permisos de captura de tortugas, en este momento todavía vigentes.
No obstante, se construyó el Centro Mexicano de la Tortuga, en la agencia municipal de
Masunte, del municipio de Santa María Tonameca, del distrito de San Pedro Pochutla, el
cual desarrolla actividades aisladas y en muchos de los casos ajenos a la idiosincrasia e
intereses de los moradores de la costa oaxaqueña, que ahora, por cierto, supuestamente
existe una iniciativa por parte del Gobierno Federal, para expropiar a las autoridades de
bienes comunales, los terrenos de dicho inmueble.
Al consumarse la veda de la tortuga, se consideró como una alternativa la pesca del
atún, por localizarse esta región en una importante zona de refugio y reproducción del
atún juvenil, que comprende de la zona del faro del Morro Ayuta, a la zona de Barra de
Santa Elena.
Durante aproximadamente tres años, se realizaron estas actividades de pesca a pesar de no
contar con el permiso correspondiente y fue hasta el mes de septiembre de 1994, cuando
llegó por primera vez la flota atunera a esta zona y a partir de este hecho, se han
venido dando innumerables controversias originadas por la distancia a la que se captura el
atún respecto a la playa; de igual forma al tipo de redes de cerco que deja sin
producción para el autoconsumo y venta de los pescadores ribereños, denominada fauna de
acompañamiento y pesca incidental.
La pesca ribereña es la actividad humana de mayor arraigo y persistencia en la zona. Los
métodos utilizados siguen siendo básicamente artesanales y la practican los grupos de
mayor identidad regional, principalmente los pobladores de las partes bajas y desde la
época de la Colonia, ha estado asociada a grupos de mulatos y mestizos que pescan en
lagunas, ríos y mar. Esta actividad ocupa el segundo lugar en importancia económica en
la costa de Oaxaca, siendo Salina Cruz, Puerto Angel, Puerto Escondido y Pinotepa
Nacional, los centros regionales de mayores operaciones pesqueras con buen nivel de
organización dentro de sus cooperativas.
La pesca furtiva por buques especializados externos, frente a las costas ribereñas,
representan, desde luego, la mayor amenaza para el desarrollo pesquero local. Esta
situación ha provocado incluso algunos enfrentamientos que en su momento fueron del
conocimiento de la autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca, como también de la Secretaría de Marina.
Es por ello que los diputados oaxaqueños en ánimo de respetar para que nos respeten y
privilegiar la libre pero equitativa competencia, nos pronunciamos deseando contar con la
simpatía de la mayoría de esta representación popular, para que las autoridades
competentes ordenen el retiro de la flota atunera a 30 millas de la costa del faro del
Morro Ayuta, a la costa de Puerto Escondido y este acuerdo se adicione a la Ley de Pesca.
El objetivo es que la pesca de atún no se lleve a cabo a 40 brazas de profundidad, ya que
ésta se localiza a cinco millas de distancia de la costa ribereña.
Nuestra propuesta es viable; fraternalmente hemos recibido la solidaridad de diversas
cooperativas del país, que están dispuestas a suscribir y en su caso hacer suyas estas
aspiraciones, a través de sus respectivas organizaciones.
En suma, no se pretende de ninguna manera solicitar la exclusividad de la pesca del atún,
pero sí hacer un llamado desde esta tribuna nacional para que se preserve nuestra cultura
y patrimonio marítimo.
Por lo tanto, como medida inmediata urgente y buscando conciliar los intereses de todas
las partes demandamos que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca gire sus instrucciones a la subsecretaría de Pesca para que realice
convenios con los concesionarios, con el propósito de establecer la restricción
convenida de la pesca en la zona del faro del Morro Ayuta hasta la altura de Puerto
Escondido.
Esta problemática que ahora planteamos a esta soberanía nacional no debe de quedarse
aislada sino inmersa dentro del objetivo nacional de industrializar la pesca, evitar la
inseguridad económica y el fenómeno de migración, elevar el nivel de vida de las
comunidades promoviendo una pesca sustentable y ecológicamente responsable, logrando con
ello el mejoramiento de los recursos pesqueros de la zona y una aplicación estricta de la
ley.
Frente a esta realidad de ustedes, señoras diputadas y señores diputados, solicitamos su
solidario apoyo.
Atenta y respetuosamente.
Diputados; Ildefonso Zorrilla Cuevas, Bulmaro Rito Salinas, Abel Trejo González y el
que suscribe Jaime Larrazábal Bretón.»
Muchas gracias.
|
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal |
Gracias, señor diputado Larrazábal Bretón.
Túrnese a la Comisión de Pesca.
VICENTE FOX QUESADA
Como siguiente punto del orden del día hará
uso de la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de
acuerdo sobre los salarios del equipo de transición del presidente electo.
| El diputado
Alfredo Hernández Raigosa: |
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y
señores diputados:
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, en uso de las facultades que nos concede el artículo 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
proponemos un punto de acuerdo con fundamento en los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. En la historia de nuestro
país el periodo que va de las elecciones presidenciales hasta que asume un nuevo gobierno
el poder; ninguno de los nuevos funcionarios o integrantes del nuevo equipo de gobierno
percibió salario o remuneración alguna. No hubo un periodo de transición entre una
administración y la otra, razón por la cual no se estableció como parte del presupuesto
una asignación especial para el equipo de colaboradores que iba a asumir el Gobierno.
Segundo. El gasto fue nulo, no hubo un presupuesto especial de por medio para el
equipo de transición. Por tanto, el presidente electo y sus colaboradores no pueden ni
deben recibir ningún salario, sino hasta que el Gobierno los embista de funcionarios o
servidores públicos. Una vez en sus cargos, los funcionarios de Gobierno se acogen a la
Constitución y a las leyes.
Tercero. La promesa del presidente electo Vicente Fox al pueblo de México, fue
que ni él y ninguno de los integrantes de su equipo de transición percibirían salario
alguno sino hasta el día del cambio de poderes. Todos los funcionarios se deberán
esperar a que sus designaciones se hagan públicas para poder cobrar.
1127, 1128 y 1129
Cuarto. Es público y notorio que el
secretario de Hacienda José Angel Gurría, con aval del presidente Zedillo y sin la
autorización del Congreso de la Unión en julio pasado, una semana después de que Fox
ganara las elecciones, decidió destinar, a través de la formación de un fideicomiso,
una partida presupuestal con un monto de 10 millones 300 mil pesos para cubrir salarios,
honorarios, rentas de oficinas, entre otras cosas, al equipo de transición del presidente
electo Vicente Fox. No obstante, el equipo de transición goza de otras prerrogativas como
personal, vehículos, incluida una aeronave del Estado Mayor Presidencial.
Quinto. Con fecha 12 de julio del año en curso, el secretario de Hacienda, José
Angel Gurría, planteó la existencia de un paquete de apoyo presupuestal para solventar
los gastos del equipo de transición de Vicente Fox. En la comparecencia de dicho
Secretario en esta Cámara, como parte de la glosa del informe presidencial, reconoció
ante esta soberanía la existencia de los fondos destinados por el Gobierno del presidente
Zedillo al pago de los salarios de los colaboradores del presidente Electo Vicente Fox.
Sexto. Es evidente que el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, al ignorar
al Congreso de la Unión está violando la Constitución General de la República, el
Código Penal Federal y la Ley de Administración Pública Federal, por desviar recursos
públicos a rubros no presupuestados. Estos recursos públicos consisten en el pago de
salarios mensuales de 85 mil 300 pesos a 18 coordinadores del equipo de transición,
salarios que son similares a los de un secretario de Estado. Mientras que a 185
colaboradores les pagan desde agosto pasado poco más de 32 mil pesos mensuales.
Séptimo. El presidente electo Vicente Fox y su grupo de transición no tienen
derecho a percibir recurso del erario público durante el tiempo que pase entre el día en
que ganó las elecciones del 2 de julio hasta el cambio de poderes, es decir, no hay
justificación constitucional y legal para que los sueldos y honorarios del presidente
electo y su equipo de transición sean parte del presupuesto del Estado.
Octavo. No podemos permitir que el pueblo de México tenga que pagarles por
partida doble a los funcionarios federales y al equipo de transición de Vicente Fox antes
de su toma de posesión como funcionarios. Este equipo de transición es únicamente de
soporte técnico para el nuevo gobierno y no de asesoría política del Gobierno saliente.
Noveno. Los mexicanos queremos cambios, seguridad y transparencia en los recursos
públicos, por eso no podemos permitir que los salarios que destina la Secretaría de
Hacienda al equipo de transición de Vicente Fox sean del erario público. Dichos salarios
tienen que ser absorbidos del propio bolsillo de Vicente Fox, en virtud de que son
colaboradores de quien hasta el momento no ha protestado al cargo de hacer guardar la
Constitución y las leyes que de ella emanen.
Décimo. Si bien es cierto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mediante un comunicado de prensa con fecha 18 de septiembre del año en curso, planteó
que dicho apoyo económico se otorgó con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25,
26, 57 y 72 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal del año 2000, así como en otros numerales del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública; sin embargo, la acción desplegada por el Secretario de
Hacienda, José Angel Gurría, es a todas luces inconstitucional, toda vez que viola en
perjuicio de los contribuyentes y de la nación los artículos 75, 126, 127 y 128 de la
Constitución General de la República. Estos artículos fundamentan la ilegalidad en la
que ha incurrido el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, al utilizar recursos
públicos para cubrir los salarios del presidente electo y su equipo de transición.
Decimoprimero. Por otro lado, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría,
comete el delito de peculado por el uso discrecional de destinar recursos públicos al
pago de salarios del equipo de transición de Vicente Fox. Por ello, el equipo de
transición deberá:
Primero. Renunciar a las percepciones y
Segundo, regresarlas al erario público, toda vez que actualmente no desempeñan una labor
como funcionarios públicos de la Federación.
Por lo tanto, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Primero. Solicítese al
secretario de Hacienda, José Angel Gurría, cancelar el apoyo económico para la
transición gubernamental establecido por el mismo secretario, con aval del presidente
Zedillo, para cubrir salarios, honorarios, rentas de oficinas, entre otras cosas, al
equipo de transición del presidente electo Vicente Fox, en virtud de no estar previsto en
el Presupuesto de Egresos de la Federación ni en ninguna ley posterior.
Segundo. Requiérase al equipo de transición la devolución de los recursos
cubiertos por el erario público, por concepto de salarios.
Tercero. Las devoluciones deberán hacerse desde el primer pago en que fueron
recibidos hasta la fecha, toda vez que actualmente el presidente electo Vicente Fox no
desempeña una labor al servicio de la Federación como funcionario público.
Cuarto. Independientemente de lo anterior, la Cámara de Diputados se pronuncia
para que se finquen las responsabilidades correspondientes y que procedan conforme a
derecho."
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor diputado Hernández Raigosa.
Túrnese el punto de acuerdo a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda.
Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado José Narro
Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tiene la palabra hasta por
cinco minutos.
| El diputado José Narro Céspedes: |
Con su permiso señora Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
La naturaleza del asunto que hoy nos trae a la tribuna, nos haría pensar que el pasado 2
de julio no sucedió nada en el país y basta el publicitado cambio prometido durante la
campaña, parece ser únicamente un slogan de campaña, las viejas prácticas de
impunidad, simulación y abuso del poder, del partido que gana el Ejecutivo Federal que
por más de 70 años gobernó México, hoy son repetidas por quienes próximamente lo
asumirán.
Públicamente el presidente electo prometió que ni él ni ninguno de sus colaboradores
del equipo de transición cobrarían salario alguno, sino hasta el día que entraran en
funciones, en tanto trabajarían "por amor" a México.
Sin embargo, recientemente hemos recibido con sorpresa que los miembros del llamado equipo
de transición habían puesto precio, como a todo, al amor que dice sentir por México y
vaya que venden caro su amor los integrantes del citado equipo, ya que contando con la
complicidad del Ejecutivo Federal vía el Secretario de Hacienda, ilegalmente se han
asignado jugosos sueldos que en algunos casos alcanzan más de 85 mil pesos netos.
Compañeras y compañeros diputados, a todas luces tal medida está fuera de la ley; el
artículo 126, el 127 y el 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el Gobierno Federal no podrá girar pagos con una partida
presupuestal que no haya sido autorizada por esta Cámara de Diputados; no hay nóminas,
no hay pago de impuestos, no hay contribuciones, totalmente una acción fuera de la
legalidad en nuestro país.
En este contexto, tenemos conocimiento que durante la pasada legislatura en el decreto del
Presupuesto de Egresos no se estableció ninguna partida presupuestal destinada a la
transición de una administración a otra. Como justificante de la irregularidad cometida,
el titular de la Secretaría de Hacienda hace una tramposa interpretación de los
artículos 25, 26, 57 y 72 del Presupuesto de Egresos de la Federación por el Ejercicio
Fiscal del Año 2000, con el fin de justificar la contravención al artículo 126
constitucional.
Aún más, en su justificación, el Secretario de Hacienda plantea un galimatías, ya que
por una parte argumenta que de acuerdo al numeral 62 del manual de normas presupuestarias
para la Administración Pública Federal, en ningún caso, refiriéndose a los pagos
realizados al equipo de transición, no pero hay que recordar que estas personas todavía
no son parte de la Administración Pública Federal, aplique una ley sin que ellos hayan
asumido todavía la responsabilidad, como lo dice la propia Constitución, "dicho
monto podrá exceder el nivel de mando de dirección" sin embargo al invocar el otro
numeral, el 83, el mismo ordenamiento entra en contradicción, toda vez que el mismo
permite establecer montos superiores a los que corresponde al personal de la estructura
básica autorizada a las dependencias.
Para nosotros, el titular de la Secretaría de Hacienda, al destinar fondos públicos para
fines diversos a los que en su momento aprobó esta soberanía infringe diversos
ordenamientos, ninguno de los ordenamientos invocados para justificar los citados pagos
puede estar por encima de lo que establece la propia Constitución.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hace
una enérgica protesta por las partidas destinadas al equipo de transición y demanda la
cancelación y la devolución inmediata de los fondos, asimismo demandamos que se realice
una investigación a fondo a fin de fincar responsabilidades de esta violación a nuestra
Carta Magna.
De no corregir estos ilícitos a tiempo, seguramente pronto sabremos de jubilaciones
prematuras nuevamente como en el caso del actual Secretario. Es indispensable fincar
responsabilidades, por lo cual el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia
también a favor del juicio político.
Muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Gracias, diputado José Narro.
Para referirse al asunto de Banca Unión y presentar un punto de acuerdo...
El diputado Rubén García Farías
(desde su curul): |
Señor Presidente:
Si me permite hacer uso de la palabra sobre el mismo tema que presentaron el PT y el PRD,
para rectificación de hechos.
Tiene usted el uso de la palabra por cinco
minutos, para rectificación de hechos, señor diputado.
| El diputado
Rubén García Farías: |
Muchas gracias, señor Presidente; señoras
diputadas y señores diputados:
Decir, hacer uso de la palabra por que me interesa personalmente este tema, porque creo
que no debemos de quedarnos en una denuncia, no debemos de quedarnos en un reclamo y menos
de una exigencia de devolución de lo que han cobrado. Eso finalmente, que puede ser
cantidad respetable y que puede tener un mejor uso, un mejor empleo para bien de la
república, con ser importante digo, creo que no es tanto como algunas cosas que yo deseo
precisar:
El equipo de transición de Vicente Fox, definitivamente está integrado por aventureros
de la política, por aventureros del comercio... de la banca; puedo decir nombres y
quienes están chiflando se pondrán de acuerdo conmigo en que así son... Alzatti, Fausto
Alzatti; Cerizola,... no tengo tan buena memoria... el mismo Fox es el gran aventurero de
la política nacional... y también.... tengan calma señores, yo entendí siempre la
lucha del Partido Acción Nacional en términos de legalidad, de justicia y de honestidad
y a algunos los ví así siempre.
Tengo presente, también me puedo equivocar otra vez, cuando el coordinador de la bancada
del Partido Acción Nacional, el diputado Calderón, regresó simbólicamente un cheque
que le correspondía de participaciones del Instituto Federal Electoral... está bien,
pero de eso ya no hay. De eso ya no hay, ahora en el equipo de transición hay la mano
extendida para recibir recursos de la República sin ningún concepto de ética, de
honestidad, de justicia, de legalidad.
Esto simplemente es un vaticinio de una administración errática, de una administración
de un hombre con confusión en sus principios y sus ideas. Este es simplemente el
vaticinio de una administración que no deja nada bueno para el pensamiento limpio y
honesto de los mexicanos.
1130, 1131 y 1132
Me han de contestar, seguramente, pero yo creo que
nadie se debe de preocupar. No se olvide nadie en el ascenso al poder de Adolfo Hitler,
hubo... hubo un episodio que se llama "la noche de los generales"... Sí, si
deliro ante ustedes
Pero el tiempo me habrá de dar la razón.
Cuando en México se ve un episodio como ése, cuando el futuro presidente de México
termine con las fuerzas opositoras, ha de llegar, compañeras y compañeros diputados, ha
de llegar con una cuchilla, con un cuchillo contra ustedes mismos, que fueron sus aliados,
sus compañeros de viaje en su aventura política.
Gracias.
Gracias, diputado Rubén García Farías.
Han solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos en el siguiente orden:
el diputado Alejandro García Sainz, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México y la diputada María Eugenia Galván, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro García
Sainz, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, por cinco minutos.
El diputado Alejandro Rafael García
Sainz Arena: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras y
señores diputados:
Es necesario y lógico que el equipo de transición del presidente electo Vicente Fox,
opere con recursos del Estado mexicano, ya que trabajar en el proceso de
entrega-recepción...
Me solicita el orador que a su vez le insista a
las señoras y señores diputados en el debido respeto que nos debemos todos y atención
al orador.
Continúe, señor diputado.
El diputado
Alejandro Rafael García
Sainz Arena: |
Ya que trabajar en el proceso de
entrega-recepción implica tener gastos de logística, de transporte, de sueldos y de
operación.
Estamos ante una nueva realidad en el país, ante un hecho inédito que no estaba
previsto, el cual consiste en la entrega del Gobierno de la nación a un equipo de trabajo
que no tiene una filiación priísta, por lo que resulta de suma importancia que el
proceso se lleve a cabo con suma diligencia y por personas que estén ocupadas de tiempo
completo a estas labores.
Es una obligación legal el remunerar a las personas que desempeñan un trabajo. Nadie se
debería de sorprender por el hecho de que personas que están trabajando por el bien de
nuestro México reciba una remuneración económica. El hecho de que exista un trabajo
bien remunerado impide que los funcionarios públicos roben de las arcas públicas...
El diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul): |
Señor Presidente, quisiera hacer una
interpelación al orador.
Diputado García Sainz, el diputado Jorge
Ramírez Marín, del grupo parlamentario del PRI, le solicita autorización para una
pregunta.
El diputado
Alejandro Rafael García
Sainz Arena: |
No, no acepto.
No la acepta, diputado.
El diputado
Alejandro Rafael García
Sainz Arena: |
Todo trabajo debe ser remunerado, así lo marca
la Ley del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo.
El hecho de pagarle un sueldo a un servidor público legitima a la sociedad para reclamar
cualquier ineficiencia en los trabajos del mismo.
Simplemente el trabajo que implica el tener listo el Presupuesto de Egresos, el cual se
debe presentar el 1o. de diciembre en esta Cámara de Diputados, implica una labor
titánica de análisis de todos los sectores, la cual resulta impensable sin la
colaboración de un grupo de profesionales, los cuales no tienen por qué aportar sus
conocimientos, talento y experiencia sin una debida retribución.
Otra labor en la que participa activamente el equipo de transición, es en las mesas de
trabajo para la reforma del Estado la cual requiere la participación ciudadana y de
expertos para tener una reforma del Estado democrática y útil en este sentido.
La mesa que esta operando e impulsando Porfirio Muñoz Ledo, es un trabajo para el país.
Entonces en ese sentido el presidente electo ha informado con transparencia a la opinión
pública los términos en que el equipo de transición, los salarios que obtienen los
miembros del equipo de transición provienen de un fideicomiso totalmente transparente
formado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobado como una partida
especial por el presidente Zedillo.
El pueblo de México espera resultados de la alianza formada por los partidos Acción
Nacional y Verde Ecologista de México. Es importante que el equipo de transición
aproveche este equipo, así este trabajo estará ahorrando al país importantes
cantidades, ya que el 1o. de diciembre el Gobierno surgido de la Alianza por el Cambio
estará completamente en marcha.
Además, ustedes dicen que regresen lo que ha cobrado, yo diría: que regresen lo que se
ha robado el gobierno anterior.
Gracias, gracias señor diputado.
Quiero verificar si el diputado Carrillo Pérez ha solicitado el uso de la palabra por el
sistema, del grupo parlamentario del PRD. Después el diputado Duarte Jáquez César.
Se concede el uso de la palabra por cinco minutos a la diputada María Eugenia
Galván.
La diputada María Eugenia Galván
Antillón: |
Con su permiso, señor Presidente:
Es preciso señalar que sí hay argumentos jurídicos, políticos y sociales suficientes
para fundamentar y sostener que es consecuente con su responsabilidad la remuneración de
la prestación de los servicios del equipo de transición del presidente electo.
En el primer término, el reclamo que se ha hecho con anterioridad, son contrarios al
marco constitucional, debido a que la Secretaría de Hacienda encuentra el fundamento para
esta erogación precisamente en el artículo 126 de la Carta Magna, que faculta al
Ejecutivo a hacer los pagos que están comprendidos en el presupuesto.
Adicionalmente estas erogaciones se sustentan en el artículo 15 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal y los demás artículos aplicables del decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Así en este orden de ideas los pagos de referencia están comprendidos en los artículos
mencionados del decreto presupuestal, sin rebasar los montos previstos del Ejercicio
Fiscal del año 2000, en los capítulos de servicios personales que se aprobaron desde
abril de 1999 por esta misma Cámara de Diputados.
Estos recursos han sido destinados para el pago de servicios profesionales prestados por
ciudadanos a quienes corresponde por mandato constitucional, un salario remunerador. El
trabajo humano, compañeros, es por definición digno y corresponde siempre de acuerdo a
la Constitución como garantía constitucional y a la más elemental lógica, una
remuneración.
El pueblo mexicano, consciente de ello, confía en servidores públicos que
transparentemente reciben honorarios correspondientes a su actividad.
¿Quien confía en alguien que se dice profesional y no recibe una contraprestación por
sus servicios? ¿Quién en su sano juicio exigiría a especialistas, auxiliares,
secretarias que tienen como todos familias que sostener largas jornadas de trabajo durante
cuatro meses sin retribución?
Ninguna doctrina, en el curso de la historia, ha considerado como inmoralidad la
remuneración económica por los servicios prestados sin recibir lo que les corresponde
conforme a derecho.
Quienes voluntariamente han renunciado en este caso a su derecho y no cobran por sus
servicios, hacen una aportación adicional al pueblo de México, pero ciertamente es
factible por las condiciones personales.
Ahora, si se tratara como en el Distrito Federal de una entrega a un Gobierno emanado del
mismo partido, probablemente no habría motivo de escándalo porque la administración
saliente habría adoptado a miembros del equipo entrante en la nómina gubernamental
pagando con ello las deudas de campaña. Es el caso conocido por la opinión pública a
través del semanario Proceso, el último, en donde se manifiesta que la jefa de Gobierno
del Distrito Federal ha contratado a José Ramón Zebadúa, como secretario técnico del
Comité de Coordinación de los trabajos para la entrega de la Administración Pública
del Distrito Federal de 1997-2000. Y probablemente a muchos otros servidores públicos
más, para desarrollar los trabajos pendientes al cambio de Gobierno y tal vez, y cito
textualmente: "corregir desviaciones de anomalías en las delegaciones políticas
ganadas por el PAN."
Adicionalmente deberíamos señalar que recientemente el propio Andrés Manuel López
Obrador reconoció en un programa de radio que varios de sus colaboradores utilizan
espacios y oficinas que son recursos de la actual administración y que de acuerdo a la
lógica perredista, no deberían usar.
Termino, señor Presidente; permítame un minuto para terminar.
Termine, en los cincos minuto para rectificar
hechos, por favor.
La diputada
María Eugenia Galván
Antillón: |
El término que nos ocupa exige la mayor
seriedad y responsabilidad histórica. Tengan por seguro que el grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional será el primero en señalar cualquier irregularidad que llegase
a suscitarse por el Gobierno Federal encabezado por Vicente Fox. Pero también somos los
primeros interesados en defender a quienes se interesen por desprestigiar a ese gobierno
con el solo propósito de desprestigiar y hacer escarnio de los servidores públicos,
demostrando así que es difícil la gobernabilidad y que no se propicia con estas
propuestas sin fundamento, la gobernabilidad.
Muchas gracias.
Gracias, diputada María Eugenia Galván.
Han solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos hasta por cinco minutos, los
diputados César Duarte Jáquez, Alfredo Hernández Raigosa y Antonio Calderón.
Tiene el uso de la palabra el diputado César Duarte Jáquez perdón, en sustitución del
diputado César Duarte Jáquez, hace uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado
Martínez Nava.
El diputado Juan Manuel Martínez
Nava: |
Honorable Asamblea:
Este tema de los foxisalarios nos permite establecer algunas precisiones: primero, que se
respete la ley, ¿en qué parte del presupuesto de la Federación del presente año,
pregunto, están previstos salarios para el equipo de transición del presidente electo?
En ninguna parte.
1133, 1134 y 1135
El artículo 126 de la Constitución a la letra dice:
"no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o
determinado por ley posterior". No hay razón, no hay justificación, no hay
interpretación que se quiera manipular, para justificar el pago de los salarios con el
presupuesto de la Federación autorizado por esta Cámara para el presente año.
Si el Partido Acción Nacional que recibe fondos de la Federación a través de los fondos
públicos que les entrega el Instituto Federal Electoral quisiera disponer de recursos
para sus militantes y para los colaboradores de sus militantes o para los amigos de Fox,
si son o no son militantes del PAN es cosa de ellos, o para los colaboradores del equipo
de transición, ahí hay recursos legales autorizados de los que puede echar mano este
partido, para dar las aportaciones salariales, que en este caso se están defendiendo.
No nos oponemos a los criterios que quieran poner en práctica, que quieran establecer los
militantes y los dirigentes del Partido Acción Nacional o de los amigos de Fox, para
darles salarios y remuneraciones a sus colaboradores, a quienes aparentemente en el corto
plazo de un mes y medio, ya se les acabó el "amor a México", porque Fox dijo
que no iban a cobrar salario alguno los integrantes de su equipo de transición hasta que
no fueran funcionarios públicos, justa y precisamente por "amor a México".
¿Ya se les acabó el "amor a México"? ¿No hay de otra manera de que en todo
caso justifiquen y echen mano de recursos de los que dispone Acción Nacional para
subvencionar, para dar honorarios a este equipo de transición?
Y otra interrogante más: Fox tiene tres años en campaña, desde que era gobernador de
Guanajuato, desde entonces empezó a desatender sus responsabilidades como gobernante de
ese Estado, para dar paso a su aspiración y a su ambición, para imponer a su partido su
candidatura a la Presidencia de la República. Desde entonces hizo campaña con recursos
de los empresarios, personas adineradas, que conocimos en el país como amigos de Fox.
Tres años destinando recursos de los empresarios amigos de Fox, para subvencionar y
financiar una onerosa campaña que, finalmente fue exitosa para el PAN, y finalmente tuvo
los resultados electorales.
¿Ya se les terminó el recurso a los amigos de Fox? ¿Ya están tan desesperados que no
pueden esperar dos meses siquiera, para que cuando sean servidores públicos y tengan por
tanto derecho a recibir un salario, tengan este salario? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta
contradicción? Esta como tantas contradicciones del señor Fox, a las que seguramente
muchos panistas, que son congruentes, que son rigurosos, que son éticos, que se guían
por la razón y por el derecho, no tendrían un argumento para concederle la razón. Aquí
están las interrogantes y la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional exhorta a todos a que se respete la ley, a que el Partido Acción Nacional,
si así lo quiere determinar, con los recursos públicos que le entrega el Instituto
Federal Electoral, les dé esos u otros salarios al presidente electo si él lo quiere, a
sus colaboradores y a los colaboradores de éstos.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra por cinco minutos,
para rectificación de hechos, el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo
parlamentario del PRD.
| El diputado Alfredo Hernández Raigosa: |
Con su permiso, señor Presidente; señores
diputados del Partido Acción Nacional:
Con una tradición de abogados puntillosos, abogados estrictos, con una tradición e
historia valiosa, hoy están perdiendo la visión. El equipo del señor Zedillo y Gurría
y los amigos de Fox, los están haciendo caer en la trampa de un acto ilícito, de que el
equipo de transición y Vicente Fox cobren dinero mal habido e inmoral.
Compañeras y compañeros, en esta lógica nos parece incorrecto plantear que antes de
tomar posesión, un gobierno que se pretende, cobre salarios. Tendríamos que plantearnos
entonces que todos los diputados que estamos aquí, del 2 de julio a la fecha nos hubieran
pagado,que los presidentes municipales, los cabildos y todo aquel funcionario emanado de
una elección, cobrara por el simple hecho de ser de un equipo de transición a otro
gobierno.
Por ello, compañeras y compañeros, nos parece esto completamente inmoral. Es claro que
quien trabaja merece un salario, pero el equipo de transición de Vicente Fox no trabaja
para el Gobierno de esta República, trabaja para Vicente Fox y entonces que Vicente Fox
le pague su salario.
Reflexionen, compañeros del PAN, reflexionen con profundidad. Están perdiendo la
autoridad moral que ganaron con los votos, se están desgastando. A la luz de la opinión
pública, ustedes están pasando de ser un gobierno legítimo a un gobierno que cobra sin
trabajar, a un gobierno que no va a generar las condiciones adecuadas de moralidad, de
apego a la ley y de cumplimiento al estado de derecho. Por eso, señores diputados del
PAN, el PRD no solamente planteó hoy la devolución de estos recursos; hemos planteado el
juicio político a Gurría, hemos planteado el juicio político a Gurría y nos da gusto
que el PT hoy se sume a nuestra propuesta de que regresen esos recursos; nos gusta la
opinión del PRI en el sentido de que devuelva el recurso Vicente Fox, y hoy los exhorto,
los exhortamos a ustedes, a los que han pregonado una patria ordenada y generosa, a los
que han planteado el apego al estado de derecho, a que exhorten a su presidente electo a
que devuelva hoy los recursos que están recibiendo de manera inmoral.
Los exhorto a que voten a favor de este punto de acuerdo, para que el equipo de
transición de Vicente Fox devuelva esos recursos.
Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Quedan pendientes de hacer uso de la palabra para rectificación de hechos los diputados
Antonio Calderón Cardoso, Bertha Simental García y Alberto Lara Rivera.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Antonio Calderón Cardoso,
del Partido Alianza Social.
El diputado José Antonio Calderón
Cardoso: |
Compañeros legisladores; amigas y amigos:
Creo que es momento de hacer un alto en el camino y de que abonemos a favor de la sensatez
en el debate y de la sensatez parlamentaria.
Alianza Social quiere fijar su punto de vista y para ello creemos nosotros que la litis
tiene dos extremos: el primero, la pregunta sobre si una persona que realiza un trabajo
tiene derecho a un salario, y la segunda, si hubo contradicción entre lo que primero dijo
Vicente Fox y lo que hoy en la realidad se está haciendo.
Respecto del primer extremo, creemos que sí, que inclusive nuestras leyes garantizan que
una persona que realiza un trabajo, le corresponde una retribución. Es legal, es justo y
es equitativo. Si me permiten, inclusive les diría que San Pablo señalaba que "el
que a la capilla sirve, de la capilla debe vivir", es correcto.
Sin embargo, el otro extremo, compañeros legisladores, es que hubo una declaración
inicial del Presidente electo en el sentido de que su equipo de trabajo no percibiría un
recurso y la realidad fue otra.
Si queremos desterrar una cultura de la simulación, lo menos que debemos hacer es ser
congruentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Si como decía Reyes Heroles, de
que la forma es fondo, lo sucedido no es que esté mal que reciban un presupuesto, sino lo
que está mal es la falta de concordancia entre lo que se piensa y entre lo que se hace.
Eso es verdaderamente grave.
Porque me podrán decir ustedes que los que trabajan en el equipo de Vicente Fox, no son
servidores públicos. Claro, tienen razón, pero tampoco podemos asegurar que están en
asuntos y en negocios privados; están en un área grisecita y en época de transición,
compañeros y así lo dice la norma, así lo dice digamos la teoría: en transición las
normas no se deben violar, pero sí hay un margen para flexibilizar las normas, porque los
que se van no terminan de irse y los que entran no terminan de tomar posesión.
Entonces, el contexto de este asunto debemos ubicarlo dentro de un proceso de transición
y ahí encontraremos la respuesta, repito, porque no debemos violar la ley, pero entender
cierta flexibilización de la misma que permite que haya congruencia.
Sin embargo, repito, y esto lo decimos con toda sinceridad, no podemos nosotros permitir
que nuestra transición, que nuestro cambio de gobierno se dé con prácticas que debemos
de cerrar. Si no somos capaces de ser veraces en lo que decimos y en lo que hacemos,
estaremos dando señales claras.
La ciudadanía no solamente quiere que haya legalidad, sino también verdad, señores.
Este país y una vez alguien dijo que lo que requería este país era precisamente verdad.
Por lo tanto, amigos del PAN, no hagan cosas buenas que parezcan malas y sobre todo, vamos
abonando a la sensatez. Para tirios y troyanos les pedimos: a unos, centrémonos en el
debate nacional y a otros, reconozcan con humildad que por lo menos les faltó
sensibilidad para no estropear una transición que puede y debe ser de terciopelo.
Gracias, diputado Antonio Calderón Cardoso.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Bertha Simental García,
del Partido de la Sociedad Nacionalista.
La diputada Bertha Alicia Simental
García: |
Compañeras legisladoras; compañeros
legisladores:
Yo no voy a hacer uso de los cinco minutos, ni los voy a aburrir tocando temas que ya
trataron otros compañeros. Unicamente el Partido de la Sociedad Nacionalista a través de
mi conducto quiere fijar nuestro posicionamiento sobre este punto.
Nosotros no vemos mal que a gente que está trabajando y apoyando a nuestro próximo
presidente, como institución a la cual respetamos, reciban un salario. Eso no es lo que
estamos juzgando. Yo creo que aquí lo verdaderamente importante es que los asesores del
señor Vicente Fox, están actuando en contra de lo que el mismo señor Vicente Fox nos
prometió.
Nos prometió un cambio con la verdad y ¿qué es lo que están haciendo? hace una rueda
de prensa, promete, sin que nadie se lo exija, que sus colaboradores no van a cobrar y,
posteriormente cobran; es correcto; están trabajando, no hay problema; pero ¿por qué no
hizo una rueda de prensa para decir que ya iban a percibir un sueldo, porque hay una
partida en el presupuesto que así está, ¿verdad?, es legal, lo permite.
Aquí lo verdaderamente importante es la falsedad. Eso es lo verdaderamente importante. El
señor Vicente Fox nos prometió un cambio y el señor Vicente Fox está haciendo lo mismo
que hemos recibido durante 70 años de un partido que el pueblo de México pidió ya no
estuviera en el poder.
Esto, señores, es la litis del asunto. Detrás de Carlos Salinas había un José
Córdoba. Yo pregunto: ¿quién está detrás de Vicente Fox?
Gracias.
Gracias, diputada Bertha Simental.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Alberto Lara Rivera.
Inmediatamente después el diputado José Manuel del Río Virgen.
El diputado Jorge Alberto Lara
Rivera: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros:
Este debate en realidad lo que hace es poner en evidencia la necesidad de aclarar lo que
durante muchas décadas ha estado oculto: la forma de realizar la transición. A los
compañeros priístas que hoy acaso traicionan y desconocen las medidas que ha
instrumentado el Secretario de Hacienda, de su propio partido, no nos podrían contestar
en este momento, ¿quién ha financiado todos los procesos de transición sexenal?
¿Quién ha sufragado esos costos? En qué oficina han despachado los presidentes electos.
Lo mismo está ocurriendo en este momento con Andrés Manuel López Obrador y su equipo;
él reconoció en el programa de Radio Red, que había gente de su equipo de transición,
de su futuro equipo de gobierno, que estaba utilizando las oficinas y el equipo del
gobierno saliente.
1136, 1137 y 1138
Señores, si eso no es un peculado desde su óptica,
entonces yo no me explico cuál es su filosofía. El artículo 5o. constitucional,
compañeros, previene diversas garantías individuales, una de ellas es precisamente la de
que ningún trabajador podrá ser privado del producto de su labor sin una decisión
jurisdiccional. Entonces, yo quiero preguntarles a nuestros compañeros que son defensores
de la clase trabajadora, según se ha dicho, ¿quién va a defender los derechos, el
patrimonio y la solvencia de las familias de los trabajadores administrativos, de las
secretarias y de todo el grupo de apoyo? Nada más se están fijando en el equipo de
transición. Ellos, muchos de ellos, están cediendo sus salarios y sus honorarios a
diversas causas sociales.
Yo quiero decir que también se está manifestando en este debate un desafortunado
desconocimiento de la materia presupuestaria por varios de los que han pasado aquí.
¿Cómo se puede pensar que en un presupuesto de egresos se van a explicitar todas las
partidas y todos los rubros que por parte de honorarios profesionales se tienen que
ejercer en un año? ¡Es descabellado y además es ignorante, compañeros!
¿Me permite, señor diputado?
| El diputado
Jorge Alberto Lara Rivera: |
Sí, señor Presidente.
Diputado Duarte, dígame.
El diputado
Manuel Duarte Ramírez
(desde su curul): |
Quiero hacer una interpelación por las
afirmaciones que hace el señor diputado.
Permítame. Déjeme ver si autoriza.
¿Señor orador, autoriza una pregunta del diputado Duarte?
El diputado
Jorge Alberto Lara
Rivera: |
Con todo gusto, señor diputado.
Encienda por favor su micrófono... A ver, ¿le
hacen favor de llevarle un micrófono inalámbrico?
Puede usted oprimir el botón de micrófono de su curul.
El diputado
Manuel Duarte Ramírez
(desde su curul): |
Para contestar la pregunta del diputado Silva se
hace necesaria...
Permítame. Es para formular una pregunta,
señor diputado.
El diputado
Manuel Duarte Ramírez
(desde su curul): |
Claro, claro, pero primero le contesto la
pregunta con otra pregunta.
La pregunta es concreta: ¿las personas secretarias y todo lo que ha mencionado el
diputado son servidores públicos?
Continúe, señor orador.
El diputado
Jorge Alberto Lara
Rivera: |
Es irrelevante la calidad de servidores
públicos y si usted, señor diputado, tiene alguna objeción o puede usted señalar
alguna falta administrativa para ese tipo de personas, podríamos entonces extender esa
objeción a todos aquellos que reciban pago por honorarios, lo cual es una práctica muy
socorrida en su administración y por cierto también muy socorrida en la administración
saliente de la señora Rosario Robles.
Compañeros: se ha acusado aquí al presidente electo de no ser leal, de mentiroso, de
inmoral; pero tiene algo que ninguno de todos ustedes puede venir aquí a objetar y algo
de lo cual, precisamente, ninguno de ustedes podría estar orgulloso: ¡se ha actuado con
transparencia, se ha actuado de cara a la ciudadanía, no se tiene nada qué ocultar!
Compañeros: seamos serios por lo menos en este debate. La transición no puede ser un
ejercicio que dé como resultado el descalabro de hace seis años. Ustedes con toda
seguridad, muchos de ustedes estarían felices de que este nuevo gobierno entrante tuviese
descalabros. ¡Pero la ciudadanía votó por un cambio firme, por un cambio seguro! ¡La
transición no puede ser sufragada por un partido político ni por una coalición, la
transición se tiene que hacer de una manera plural y seria!
Recordemos, señores, compañeros y amigos, que en el viaje que está realizando Vicente
Fox a Europa hay representantes del PRD, hay representantes del PRI. ¡En los viajes que
se han hecho hubo representantes de sus bancadas! ¿Por qué no entonces objetamos esa
circunstancia? ¿Por qué no la discuten y una vez que resuelvan a su interior este
movimiento esquizofrénico, lo podemos venir a discutir aquí cuando quieran?
Muchas gracias.
Gracias, diputado Alberto Lara.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Manuel del Río
Virgen, de Convergencia Democrática Partido Político Nacional.
El diputado José Manuel del Río
Virgen: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Le hemos dedicado mucho tiempo, muchas horas, muchos espacios, la prensa, los diputados,
los senadores, los analistas, todo mundo, al tema de Fox y los recursos públicos.
La discusión se centra en que si los servidores de Fox tienen o no tienen derecho a
recibir recursos públicos. Por supuesto que no, eso se ha discutido aquí con la
Constitución, con la ley, con las posiciones de todos y cada uno de los legisladores.
Se ha tratado de parte del Partido Acción Nacional, desde luego, de defender una
posición que a ellos les parece que es favorable. Sin embargo, ellos en el fondo y todos
y cada uno de los que estamos y hemos pasado a esta tribuna y hemos planteado este tema,
pues estamos conscientes que no es ni moral ni legal y eso que quede muy claro. Eso es lo
primero.
Lo segundo es que éste no es un problema, con todo respeto lo digo, del Partido Acción
Nacional, éste es un problema de Fox y de su equipo de transición.
La preocupación en este momento de los mexicanos no es que si Fox es un delincuente
común, por supuesto que no. La preocupación de los mexicanos es que en menos de 60 días
el presidente electo Fox tomará posesión del encargo y no sabemos qué vamos a esperar.
Estamos ante la expectativa de un gobernante que está violando la ley, que está haciendo
uso de un poder que todavía no le corresponde y hoy mismo el presidente electo en el
extranjero hace compromisos al margen de esta soberanía, creyendo que esta soberanía
está, pues desde luego, a sus apreciables órdenes y por supuesto que yo estoy seguro que
todos los grupos partidistas de esta Cámara, muchos no estamos de acuerdo.
Así es que yo les quiero decir tres cosas solamente: Primero, no tienen derecho a los
recursos públicos, no tienen derecho los servidores de Fox. Segundo, Fox debe respetar
esta soberanía y no puede hacer compromisos en el extranjero como si esta soberanía le
fuera a respetar todos los acuerdos que está teniendo en el extranjero y tercero, por
supuesto que nos pronunciamos porque devuelva los recursos públicos a donde deben de
estar.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Gracias, diputado José Manuel del Río;
señoras y señores diputados.
Han hecho uso de la palabra para este tema, los diputados: Alfredo Hernández Raigosa, del
PRD; José Narro Céspedes, del PT; Rubén García Farías, del PRI; Alejandro García
Sainz, del PVEM; Eugenia Galván Antillón, del PAN; Juan Manuel Martínez Nava, del PRI;
Antonio Calderón Cardoso, del PAS; Bertha Simental García, del PSN; Alberto Lara Rivera,
del PAN y José Manuel del Río Virgen, de CDPPN.
Pregunto a la Asamblea si considera suficientemente discutido el tema.
Pido a la Secretaría reciba en votación económica si se considera suficientemente
discutido el tema.
| El secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta
a la Asamblea si el punto en discusión se considera suficientemente discutido.
En votación económica quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...
Gracias.
En votación económica quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo... Suficientemente
discutido, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
BANCA UNION
Para presentar una proposición con punto de
acuerdo sobre el asunto de Banca Unión, se concede el uso de la palabra a la diputada
María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, por 10
minutos.
La diputada
María Miroslava García
Suárez: |
Con el permiso de la Presidencia; señoras y
señores diputados:
Presento el siguiente punto de acuerdo por el que propone que la información entregada
por la Comisión Nacional Bancaria a esta Cámara de Diputados, sea turnada a la comisión
correspondiente y a los coordinadores de cada grupo parlamentario para su análisis y
evaluación.
ANTECEDENTES
Entre 1992 y 1994 se crearon cinco fideicomisos en
Banca Unión por un total aproximado de 30 millones de dólares. Estos fideicomisos
recibieron recursos de empresas fantasmas como Lomas Mil, San Carlos World Trade Center
entre otras y los depositaban en la arrendadora unión en una cuenta denominada
administradora fiduciaria por cuenta de terceros.
Esos terceros eran los cinco fideicomisos creados por el Partido Revolucionario
Institucional para después transferir cheques con rumbo a la tesorería general del PRI y
financiar las campañas políticas del presidente Ernesto Zedillo, Roberto Madrazo y Luis
Donaldo Colosio, en su momento.
El 7 de septiembre de 1998 el comité de contrataciones de la LVII Legislatura designó al
auditor Michel Mackey como el responsable de coordinar la ejecución del programa para la
evaluación integral de las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa) en el saneamiento de las instituciones financieras de México.
Durante la ejecución de sus trabajos el auditor Michel Mackey no tuvo acceso la
información relativa a dichos fideicomisos, tal y como lo señala en su capítulo de
limitaciones al alcance, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
argumentó el secreto bancario.
Por ello el 9 de septiembre de 1999, la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura
presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia
constitucional encontra del Poder Ejecutivo, por negarse a entregar información
relacionada con el quebranto de Banca Unión y las campañas del PRI en 1994.
1139, 1140 y 1141
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