El
Presidente del diputado
Eloy Cantú Segovia: |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 265 diputados.
Por lo tanto, hay quorum, señor Presidente.
| El
Presidente (a las 11:28 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias. Primer Año. LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 19 de octubre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Durango, Guerrero,
México, Nayarit y Sonora.
Del ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa y de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial.
De la Cámara de Senadores.
De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Efemérides
Aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, a cargo de los grupos
parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática y Partido Convergencia por la Democracia.
Aniversario del sufragio femenino, a cargo de todos los grupos parlamentarios.
Iniciativas de diputados
De reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia de nombramientos de
servidores públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno
a comisión.)
De reformas al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo para la donación de una aportación de los diputados federales, para
los damnificados por los desastres naturales ocurridos en días pasados, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre la paz en Medio Oriente, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el caso Tabasco, a cargo del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la comisión especial para observar el proceso electoral en el
Estado de Tabasco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo respecto a la integración del consejo electoral en el Estado de
Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Agenda política
Pronunciamiento sobre la integración de las mesas directivas de las comisiones ordinarias
en la LVIII Legislatura, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Posicionamiento sobre algunos aspectos del ejercicio del Presupuesto de Egresos del año
2000, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Posicionamiento sobre declaraciones de integrantes del equipo de transición del
presidente electo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Pronunciamiento respecto a la situación laboral, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.»
Es todo, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Secretario.
Esta Presidencia reitera respetuosamente su llamado a los representantes de los medios de
comunicación, de pasar a ocupar el lugar correspondiente a la prensa, y a las señoras y
señores diputados, el pasar a tomar sus lugares.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del
día, es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se procede a su votación.
| El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que ha sido entregado copia de la misma a los coordinadores de
los grupos parlamentarios y se procede a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
martes diecisiete de octubre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
En el Palacio Legislativo de San
Lázaro de la Ciudad de México, a las once horas con veintinueve minutos del martes
diecisiete de octubre de dos mil, con la asistencia de trescientos treinta y dos
diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión
anterior en sus términos, en votación económica.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y
Zacatecas, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite informe de
Agroaseguradora Mexicana, Sociedad Anónima, sobre los avances y resultados del Sistema
Nacional de Aseguramiento del Medio Rural, correspondiente al primer semestre del actual
ejercicio fiscal. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda
y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
Para presentar iniciativas con proyecto de decreto, hablan los diputados:
Julio Castellanos Ramírez, del Partido Acción Nacional, de reformas a los
artículos setenta y tres, setenta y cuatro y
setenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a
la Comisión de Puntos Constitucionales.
Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional, de Ley
Nacional de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables.
Al cierre del sistema electrónico de asistencia, el quorum se integra con cuatrocientos
cuarenta y seis diputados.
Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, de Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la misma comisión que la anterior y el
Presidente ordena que ambas iniciativas se inserten íntegras en el Diario de los Debates.
Presentan proposiciones con proyectos de punto de acuerdo, los diputados:
Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, para la
creación de una comisión especial encargada de darle seguimiento a las investigaciones
del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Desde su curul la diputada Rosalía Peredo Aguilar informa que el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo se suma a la proposición y el Presidente concede el
uso de la palabra, para el mismo asunto, al diputado Salvador Rocha Díaz, del
Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, para que la
Comisión de Agricultura y Ganadería solicite al titular de la Secretaría del ramo,
información sobre la Entidad Mexicana de Acreditación, Asociación Civil.
Sobre el mismo asunto, expresan su criterio los diputados: Roberto Zavala Echavarría,
del Partido Revolucionario Institucional y Francisco Arano Montero, del Partido
Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería y se concede el uso
de la palabra a la diputada Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución
Democrática, para rectificar hechos.
Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, sobre las
elecciones en el Estado de Tabasco.
Fijan su posición sobre el mismo asunto, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar,
del Partido del Trabajo; Lucio Fernández González, del Partido Acción Nacional
y Aldaurico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, el
último para rectificar hechos.
Desde su curul, el diputado Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde Ecologista de
México, expresa su apoyo al punto de acuerdo y se abstiene en cuanto sus considerandos.
El Presidente concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados: José
Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México; Jaime Vázquez
Castillo, del Partido Revolucionario Institucional; Gustavo Riojas Santana;
del Partido de la Sociedad Nacionalista; Enrique Herrera y Bruquetas, de
Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; Silvano Aureoles Conejo
del Partido de la Revolución Democrática; Samuel Aguilar Solís, del Partido
Revolucionario Institucional; para contestar alusiones personales y, desde su curul, el
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín propone una moción de orden que el
Presidente acepta.
La Asamblea considera que el asunto no ha sido suficientemente discutido y para rectificar
hechos pasa a la tribuna la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del Partido de
la Revolución Democrática, quien denuncia que fue golpeada en el municipio de Tenosique.
Se produce desorden en la sala y el Presidente pide a los coordinadores parlamentarios que
restablezcan el clima de respeto que se requiere para continuar con el debate.
Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los diputados: Gustavo Nabor Ojeda
Delgado, del Partido Revolucionario Institucional y Lorenzo Rafael Hernández
Estrada, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera que no ha sido suficientemente discutido el tema y autoriza a que
continúe. Desde su curul, la diputada Beatriz Paredes Rangel solicita una
moción de orden a la que el Presidente da respuesta y rectifican hechos los diputados: Federico Granja Ricalde, del Partido
Revolucionario Institucional, quien solicita se dé lectura y así se hace, a páginas del
Diario de los Debates del dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; María
Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita
se dé lectura a un documento y denuncia lo que calificó como agresiones de la fuerza
pública del Estado de Tabasco a diputados federales; Miguel Bortolini Castillo, del
Partido de la Revolución Democrática, Araceli Domínguez Ramírez, del Partido
Revolucionario Institucional;
1555,1556,1557
Presidencia
de la diputada
María Elena Alvarez Bernal |
Hortensia Aragón Castillo, del
Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado
Víctor Emanuel Díaz Palacio;
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Ricardo Moreno Bastida, del Partido
de la Revolución Democrática; Jaime Vázquez Castillo, del Partido Revolucionario
Institucional, para contestar alusiones personales; Ricardo Moreno Bastida, del Partido de
la Revolución Democrática, en el mismo sentido y Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del
Partido Revolucionario Institucional, quien al final de su intervención acepta una
interpelación del diputado J. Jesús Garibay García.
La Asamblea considera suficientemente discutido el tema y la Secretaría da lectura al
inciso b, del artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos. El Presidente turna el proyecto de punto de acuerdo a la Junta
de Coordinación Política.
Desde su curul, la diputada María Miroslava García Suárez solicita que se dé a conocer
el contenido de un video. El Presidente informa que no se pueden introducir propuestas
incidentales distintas a las que están inscritas en el orden del día y da instrucciones
de que sea en el salón de protocolo donde se dé a conocer esa grabación.
Feliciano Calzada Padrón, del Partido Revolucionario Institucional, sobre las elecciones
en el Estado de Tabasco. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el
fuero constitucional de los legisladores.
El Presidente requerirá la información que corresponda a los hechos denunciados y
pedirá a las autoridades del Estado de Tabasco el respeto al fuero constitucional de los
diputados. Se solicita el apoyo de la Secretaría General para cumplir con esas medidas.
Sobre el mismo tema, hablan los diputados: Gerardo Sosa Castelán, del Partido
Revolucionario Institucional y Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del Partido Acción
Nacional, quien denuncia hechos que ocurrieron en el Estado de Tabasco el día de las
elecciones locales.
Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado David Augusto Sotelo Rosas,
del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones y en el mismo sentido, los
diputados: Jesús de la Rosa Godoy, del Partido Revolucionario Institucional, en
dos ocasiones y en la primera acepta una interpelación del diputado Alejandro Zapata
Perogordo y Daniel Ramírez del Valle, del Partido Acción Nacional.
Desde su curul, la diputada Beatriz Paredes Rangel, coordinadora del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se solidariza con el dicho del
Presidente de la mesa directiva, respecto de la defensa del fuero constitucional de los
diputados.
Presidencia
de la diputada
María Elena Alvarez Bernal |
José Narro Céspedes, del Partido
del Trabajo, en relación con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Se turna a
la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Al final de su intervención, el diputado José Narro Céspedes solicita se guarde un
minuto de silencio en memoria del maestro Jesús Pérez Cuevas. La Presidenta atiende la
solicitud.hechos los diputados: Federico Granja Ricalde, del Partido
Revolucionario Institucional, quien solicita se dé lectura y así se hace, a páginas del
Diario de los Debates del dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; María
Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita
se dé lectura a un documento y denuncia lo que calificó como agresiones de la fuerza
pública del Estado de Tabasco a diputados federales; Miguel Bortolini Castillo,
del Partido de la Revolución Democrática, Araceli Domínguez Ramírez, del
Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia
de la diputada
María Elena Alvarez Bernal |
Hortensia Aragón Castillo,
del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Víctor
Emanuel Díaz Palacio;
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Ricardo Moreno Bastida, del Partido
de la Revolución Democrática; Jaime Vázquez Castillo, del Partido Revolucionario
Institucional, para contestar alusiones personales; Ricardo Moreno Bastida, del Partido de
la Revolución Democrática, en el mismo sentido y Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del
Partido Revolucionario Institucional, quien al final de su intervención acepta una
interpelación del diputado J. Jesús Garibay García.
La Asamblea considera suficientemente discutido el tema y la Secretaría da lectura al
inciso b, del artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos. El Presidente turna el proyecto de punto de acuerdo a la Junta
de Coordinación Política.
Desde su curul, la diputada María Miroslava García Suárez solicita que se dé a conocer
el contenido de un video. El Presidente informa que no se pueden introducir propuestas
incidentales distintas a las que están inscritas en el orden del día y da instrucciones
de que sea en el salón de protocolo donde se dé a conocer esa grabación.
Feliciano Calzada Padrón, del Partido Revolucionario Institucional, sobre las elecciones
en el Estado de Tabasco. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el
fuero constitucional de los legisladores.
El Presidente requerirá la información que corresponda a los hechos denunciados y
pedirá a las autoridades del Estado de Tabasco el respeto al fuero constitucional de los
diputados. Se solicita el apoyo de la Secretaría General para cumplir con esas medidas.
Sobre el mismo tema, hablan los diputados: Gerardo Sosa Castelán, del Partido
Revolucionario Institucional y Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del Partido Acción
Nacional, quien denuncia hechos que ocurrieron en el Estado de Tabasco el día de las
elecciones locales.
Para rectificar hechos hace uso de la palabra el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del
Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones y en el mismo sentido, los
diputados: Jesús de la Rosa Godoy, del Partido Revolucionario Institucional, en dos
ocasiones y en la primera acepta una interpelación del diputado Alejandro Zapata
Perogordo y Daniel Ramírez del Valle, del Partido Acción Nacional.
Desde su curul, la diputada Beatriz Paredes Rangel, coordinadora del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, se solidariza con el dicho del Presidente de la
mesa directiva, respecto de la defensa del fuero constitucional de los diputados.
Presidencia
de la diputada
María Elena Alvarez Bernal |
José Narro Céspedes, del Partido
del Trabajo, en relación con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Se turna a
la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Al final de su intervención, el diputado José Narro Céspedes solicita se guarde un
minuto de silencio en memoria del maestro Jesús Pérez Cuevas. La Presidenta atiende la
solicitud.
Expresan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios,
en relación con el Día Mundial de la Alimentación, los diputados: Maricela Sánchez
Cortés, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Fernando Sánchez Nava, del
Partido Acción Nacional; Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de
México.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Y Jaime Cervantes Rivera, del
Partido del Trabajo.
Habla sobre el doctor Jesús Guisa y Azevedo, el diputado José Antonio Calderón Cardoso,
del Partido Alianza Social. La versión estenográfica, se envía a la familia del doctor
Guisa y Azevedo.
Comentan la Ley de Deuda Pública en el Estado de Hidalgo, los diputados: Juan Carlos
Regis Adame, del Partido del Trabajo y Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario
Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con tres
minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves diecinueve de octubre de dos mil, a
las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el
acta, señor Presidente.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Comunicaciones.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes. Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión
extraordinaria efectuada en este día, aprobó un punto de acuerdo, en el sentido de
solicitar a esa respetable Cámara, se contemple la posibilidad de que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, se incrementen los
recursos destinados al Instituto Tecnológico de Aguascalientes.
Lo anterior, con objeto de otorgar a dicha institución de educación superior, los
recursos suficientes que le permitan consolidar sus programas en la instrucción pública,
toda vez que en ello, se fortalecerá considerablemente el sector educativo en esta
entidad federativa.
Agradecemos de antemano la gentileza de sus atenciones y reiteramos a ustedes las
seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 28 de septiembre de 2000. Diputados: Víctor Hugo Romo Córdoba,
presidente; Juan Antonio del Valle Rodríguez y Humberto Godínez Pazarán,
secretarios.»
Túrnese a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo. Poder Legislativo. Baja
California. XVI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de
la honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, celebrada el
día 5 de octubre del año en curso, se aprobó el acuerdo de solicitarles respetuosamente
su apoyo, con el fin de que las instancias
federales correspondientes resuelvan, a la brevedad posible, el problema que representa la
falta de canalización de los arroyos pluviales en la ciudad de Tijuana, Baja California.
(Se anexa fotocopia del punto de acuerdo.)
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan otorgar al presente, aprovechamos la
oportunidad para reiterarles nuestra distinguida consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 5 de octubre de 2000. Diputados: Juan Manuel Molina
Rodríguez, presidente y Efrén Macías Lezama, secretario.»
«Escudo. XVI Legislatura.
Honorable mesa directiva del Congreso del Estado. Presente.
Honorable Asamblea: fue turnada a esta comisión, para su análisis y estudio, la
iniciativa de punto de acuerdo económico presentado a esta honorable XVI Legislatura
constitucional, por los diputados que integramos esta comisión, a través del cual
solicitamos se autoricen recursos extraordinarios para la construcción de obras pluviales
en la ciudad de Tijuana.
La Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas con las facultades que le
confieren los artículos 26 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, se permite emitir los siguientes
RESOLUTIVOS
Primero. Es procedente la propuesta de punto de acuerdo en comento, por lo que
pedimos a la mesa directiva de este Congreso del Estado, solicite oficial y
respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, su apoyo
con el fin de que las instancias federales correspondientes, resuelvan a la brevedad
posible, el problema que representa la falta de canalización de los arroyos pluviales de
la ciudad de Tijuana.
Segundo. Solicitar a la Comisión Nacional del Agua autorice recursos
extraordinarios, con el fin de que se construyan las obras pluviales que requiere la
ciudad de Tijuana, conforme a los estudios técnicos existentes al respecto.
Tercero. Se informe a esta comisión, el seguimiento de las gestiones que se
realicen al respecto.
Atentamente.
Dado en la sala Francisco Dueñas Montes, del edificio, Poder Legislativo, Baja
California, a 22 de febrero de 2000. Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras
Públicas. Diputados: Jaime C. Martínez Veloz, presidente; Alejandro Bahena Flores,
secretario; Ricardo Zazueta Villegas, Sócrates Bastida H., y Efrén Macías Lezama,
vocales.»
Túrnese a la Comisión de Recursos
Hidráulicos.
ESTADO DE DURANGO
|
El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Congreso del Estado de Durango. Honorable LXI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
Atentamente diputado Luis Alberto Pazos de la Torre, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Es sesión ordinaria verificada el día de hoy, la honorable LXI Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Durango aprobó un punto de acuerdo, para solicitar a esa Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para que el
proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación, correspondiente al año 2001, en el
rubro que le corresponde al Estado de Durango, sea aumentado para hacer frente a la
inversión educativa estatal, el cuál nos permitimos transcribir para su conocimiento y
efectos legales consiguientes:
"Que con la finalidad de que nuestro Estado pueda tener disponibilidad de mayores
recursos para atender las necesidades de los duranguenses, principalmente, los de menores
ingresos, esta LXI Legislatura solicite a la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, que al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente
al año 2001, se aprueben para el Estado de Durango, un importante incremento en los
recursos destinados a la inversión educativa."
1558, 1559, 1560
Nos es grato reiterar a usted las
seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 4 de octubre de 2000. Diputados: Amador Castañeda
Botello y Mario Alfonso Delgado Mendoza, secretarios.»
Túrnese a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE GUERRERO
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Honorable Congreso del Estado de
Guerrero. LVI Legislatura . Guerrero.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
Adjunto al presente y en cumplimiento al Acuerdo Parlamentario Aprobado en Sesión de
fecha 15 de agosto del año en curso, por la Comisión Permanente de la LVI Legislatura al
honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, me permito remitirles el
citado Acuerdo Parlamentario.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Chilpancingo, Guerrero, a 4 de octubre de 2000. Diputado Ramiro Avila Morelos,
presidente de la Comisión Permanente.»
«Honorable Congreso del Estado: la Comisión Permanente de la LVI Legislatura del
honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que
le confieren los artículos 47 fracción I de la Constitución Política local, 8o.
fracción I y 127 párrafos primero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en
vigor, en nombre del pueblo que representa tuvo a bien expedir un acuerdo parlamentario
bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. El 2 de junio de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley del Registro Nacional de Vehículos, por medio de la cual se
estableció el Registro Nacional de Vehículos, considerado como un servicio público que
tiene como objeto, llevar el registro acerca de los vehículos que circulan en el
territorio nacional, proponiéndose proteger el patrimonio de los propietarios y brindar
mayor seguridad al acreditar la propiedad de los mismos, reducir el comercio de unidades
ilegales, facilitar la identificación de vehículos en caso de accidente o robo, así
como garantizar la legalidad para vender o comprar un vehículo usado y tramitar el cobro
de un seguro.
Segundo. Que en este mismo ordenamiento, se autorizó a la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, a concesionar este servicio, lo cual se llevo a cabo en el
año de 1999 y en donde fue transferida a particulares mediante un convenio por un periodo
de 10 años.
Tercero. Que desde la puesta en marcha de este registro se han generado en los
estados del país brotes de inconformidad, derivados de lo gravoso que resulta una
tributación que se vienen a sumar al pago de tenencia y en su caso del ISAN. Y que
resulta del orden de 100 pesos más IVA iniciales por autos usados, así como de 375 pesos
más IVA por concepto de vehículos nuevos, lo cual resulta lesivo para la economía de
los mexicanos. Lo anterior, sin tomar en cuenta que la empresa a la cual se le concesionó
el servicio puede incrementarlos a su conveniencia, como de hecho ya se ha venido haciendo
en otros estados de la República.
Cuarto. Que aunadas a las consideraciones de tipo económico, en el caso del
Renave se presentan otras circunstancias del orden legal, que ponen en tela de juicio la
misma constitucionalidad del servicio y que se resumen en lo siguiente:
1. Se ha considerado que la Ley del Registro Nacional
de Vehículos es inconstitucional al contradecir el artículo 14 de nuestra Carta Magna,
el cual se dispone que "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna". Lo cual se surte al pretender hacerse un cobro a quienes adquirieron
un vehículo antes de la entrada en vigor de esta ley, los cuales se encontraban regulados
por un ordenamiento jurídico distinto;
2. Se presume también que el Renave es desproporcionado en su cobro, al aplicarse una
tasa única para vehículos cuyo costos no son iguales, lo cual contradice uno de los
principios constitucionales de las contribuciones, como lo es el de la proporcionalidad
consagrada por el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República y
3. De igual forma, se otorga por medio de la ley en comento la facultad para aplicar
multas del orden de entre 20 y 50 salarios mínimos a los particulares que no cumplan con
esta nueva obligación y facultándose a una autoridad distinta a la Secretaría de
Hacienda para aplicarlas, situación que también es irregular.
Quinto. Otra situación que se observa, es la relativa a la utilidad práctica
del Renave, la cual se limita a llevar un control o registro, pero difícilmente
contribuirá a reducir el robo de los vehículos o su comercialización, ya que no cuenta
con facultades para realizar acciones de este tipo.
Sexto. Que en atención a que la secretaría de finanzas del gobierno del Estado,
tiene un control de los vehículos registrados en Guerrero, resulta menos gravoso para la
sociedad que se integre un registro nacional con los datos que proporcionen los estados,
sin que esto resulte un gasto mayor para los contribuyentes.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 fracción I de la
Constitución Política local, 8o. fracción I y 127 párrafos primero y cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo en vigor.
La Comisión Permanente de la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el
siguiente
ACUERDO PARLAMENTARIO
Primero. La Comisión Permanente del
honorable Congreso del Estado de Guerrero, se pronuncia en contra de la aplicación en el
Estado de Guerrero del Registro Nacional de Vehículos (Renave), por lo gravoso que
resulta para los contribuyentes guerrerenses y las ilegalidades contenidas en la Ley de
Registro Nacional de Vehículos que lo rigen.
Segundo. El presente acuerdo parlamentario, se hará del conocimiento del
Ejecutivo del Estado, del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, para
los efectos legales procedentes.
Tercero. Este honorable Congreso del Estado solicita del Ejecutivo del Estado,
realice las gestiones correspondientes, para que el Registro Nacional de Vehículos no sea
aplicado en el Estado de Guerrero.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo
parlamentario surtirá sus efectos a partir de su expedición.
Atentamente.
Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, Chilpancingo, Guerrero, a
15 de agosto del año 2000. Diputados: Ramiro Avila Morales, presidente; Generosa
Castro Andraca y José Isaac Carachure Salgado, secretarios.»
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
ESTADO DE MEXICO
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo. Estado de México. Poder Legislativo.
LIV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes para comunicarle que la LIV Legislatura del
Estado Libre y Soberano de México, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegir
la directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el segundo mes del primer
periodo de sesiones ordinarias, de acuerdo con la siguiente integración:
Diputados: José Luis Angel Castillo, presidente; Hilario Salazar Cruz, Alberto
Martínez Miranda, vicepresidentes; Juana Bonilla Jaime, María Teresa Rosalía Reyes
Ordóñez, secretarios; Crescencio Rodrigo Suárez Escamilla e Isaías Soriano López, prosecretarios.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Toluca de Lerdo, México, a 4 de octubre de 2000. Diputados secretarios: Jorge
Adalberto Becerril Reyes y Víctor Manuel Flores Pérez.»
De enterado.
ESTADO DE NAYARIT
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Poder Legislativo. Nayarit. XXVI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
De conformidad a lo previsto por los artículos 53 fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 27 inciso d del Reglamento para el Gobierno Interior y del proceso
legislativo, los suscritos secretarios de la honorable XXVI Legislatura, nos permitimos
hacer de su conocimiento lo siguiente:
En sesión pública ordinaria celebrada el día 28 de septiembre del presente año, la
honorable Asamblea legislativa aprobó el acuerdo que tiene por objeto autorizar a la
Comisión de Gobierno Legislativo, para que solicite a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, incremento sustancial a la partida presupuestal para la actividad
agropecuaria en el ejercicio fiscal del año 2001, de acuerdo a las consideraciones y
motivos señalados en el cuerpo del resolutivo que se anexa.
Aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestro respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, a 29 de septiembre de 2000. Diputados: Alonso Villaseñor Anguiano y
Filiberto Delgado Sandoval.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo del Estado de
Nayarit. XXVI Legislatura.
Honorable Asamblea Legislativa: con fundamento en las atribuciones que nos confieren los
artículos 73 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 47 del Reglamento
para Gobierno Interior y del proceso legislativo, a los integrantes de la comisión
dictaminadora que suscribimos nos fue turnada la solicitud que presentó el diputado
Rodrigo González Barrios para la elaboración de un punto de acuerdo con objeto de
solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un incremento al presupuesto
federal para apoyar la actividad agropecuaria en el ejercicio fiscal del año 2001; en
razón de lo cual, formulamos el presente proyecto de conformidad a las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Como lo señala el artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, "corresponde al Estado, la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca
la soberanía de la nación y su régimen democrático y mediante el fomento al
crecimiento económico y del empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución".
2. En décadas anteriores, la agricultura fue pilar del desarrollo nacional y arraigó en
sus comunidades a millones de agricultores que encontraron en esta actividad una forma de
vida. La agricultura creció a un ritmo superior al 5% anual entre los años de 1940 a
1970, financiando el desarrollo industrial y la urbanización del México de hoy.
1561,1562,1563
3. A partir de 1982, el Gobierno de la
Federación generó una drástica caída en el gasto programable para el desarrollo rural
del 12% en 1980 al 6.7% en el año 2000, reorientando el gasto en la política agrícola
para fortalecer los procesos de privatización y canalización de recursos al sector
comercial de la agricultura de exportación, en coincidencia con el proyecto de
globalización, de economías abiertas, abandonando la producción de granos y permitiendo
el comercio especulativo de los mismos en manos de companías nacionales e
internacionales, con lo que el país ha perdido el manejo de las reservas estratégicas de
los alimentos. Sin embargo, lo que estamos exportando del campo mexicano, son miles de
hombres, mujeres y niños que por falta de trabajo cruzan la frontera en busca de una vida
mejor que no encuentran en su patria.
4. El retroceso general del agro se manifiesta en nuestro Estado mucho más fuerte que en
otros por nuestra dependencia del sector primario, de ahí la importancia de definir con
precisión si en este sexenio que está por iniciar se continuará haciendo a un lado el
apoyo a la producción de granos o se retoma y se rescata la posibilidad de alcanzar la
independencia alimentaria que requiere el desarrollo del país y que impulsará el
progreso de los campesinos y productores nayaritas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 144
fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior y del Proceso Legislativo, se pone
a consideración de esta honorable Asamblea legislativa para su aprobación el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
Primero. Se autoriza a
la Comisión de Gobierno Legislativo de la XXVI Legislatura para que, solicitando el
conducto y con el apoyo de los legisladores federales nayaritas, la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, examine y apruebe un incremento sustancial a la partida
presupuestal para la actividad agropecuaria en el ejercicio fiscal del año 2001.
Segundo. Túrnese a las legislaturas de los estados para que, en los términos y
alcances del presente resolutivo, se solicite su intervención y apoyo expidiendo los
acuerdos similares que procedan.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y publíquese en el periódico
oficial, órgano del gobierno del Estado de Nayarit.
Segundo. Notifíquese el contenido del presente acuerdo a la LVIII Legislatura
del Congreso de la Unión y a los congresos de los estados, para los efectos
correspondientes.
Sala de comisión "General Esteban Baca Calderón" del honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Nayarit, Tepic, a 22 de septiembre de 2000. Comisión de
Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros. J. Guadalupe Flores García, presidente;
Carlos Rodríguez Valdivia, vicepresidente y Donaciano Robles Ceniceros, secretario.
Ciudadano diputado J. Isabel Campos Ochoa, presidente de la mesa directiva del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Presente.
De conformidad a lo que estipula el artículo 53 de nuestra Constitución particular;
artículos 3o. inciso a, y 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Nayarit; y artículo 3o. del Reglamento para el Gobierno Interior y del Proceso
Leglslativo; presentó a esta honorable Asamblea legislativa.
PROYECTO DE ACUERDO
Que tiene por objeto solicitar a la
Cámara de Diputados Federal un incremento al presupuesto federal para apoyar la actividad
agropecuaria para el ejercicio del 2001, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El campo mexicano, como parte del
desarrollo nacional, significa algo más que una simple expresión de la vida económica
de México. Representa una condición nacional que debe ser comprendida y atendida
prioritariamente. En las crisis agrarias se sustancian las crisis nacionales; no va a
consolidarse un desarrollo nacional sustrayendo a la rama agropecuaria del entorno
económico. Como señala el artículo 25 de la Constitución General de la República
"corresponde al Estado la rectoría del desarrollo para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen
democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y del empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución".
La promoción del desarrollo en la idea de que el mercado opera como un riguroso mecanismo
de ajuste de las economías, ha generado que los últimos gobiernos nacionales sean
activos promotores de acuerdos comerciales que al dejarse de observar desigualdades entre
los estados, dieron origen al desastre agropecuario actual.
La agricultura fue, en décadas anteriores, pilar del desarrollo nacional y arraigó en
sus comunidades a millares de agricultores que encontraron en esta actividad una forma de
vida mejorable. La agricultura creció entre 1940 y 1970 a un ritmo superior al 5% anual,
financió el desarrollo industrial y de la urbanización del México de hoy.
Tan generosa actividad cayó a la llegada de gobiernos neoliberales, desde 1982 generó
una drástica debacle en el gasto programable para el desarrollo rural que pasó de ser el
12% en 1980 al 6.7% en este año del 2000, con una reorientación del gasto en la
política agrícola para fortalecer los procesos de privatización y la canalización de
recursos al sector comercial de la agricultura de exportación en plena coincidencia con
el proyecto de globalización, de economías abiertas, dejando abandonada la producción
de granos y permitiendo el comercio especulativo de los mismos en manos de compañías
nacionales e internacionales con lo que el país ha perdido el manejo de las reservas
estratégicas de los alimentos.
La política del crédito rural profundiza más el abandono del sector. En 1999 sólo se
habilitaron 2 millones 300 mil hectáreas en el país; la política de subsidios al campo
no se queda atrás: hace 18 años representaba el 34% de la producción agrícola y hoy
apenas si llega al 3%. El PIB agropecuario cada vez es menor: en 1986 aportó un 6.7% de
la economía nacional, en 1999 descendió al 5.3%.
Nuestra balanza comercial agropecuaria sigue siendo deficitaria: en 1999 el déficit fue
de 779 millones de dólares; para este año se importarán entre 8 y 10 millones de
toneladas de granos con un valor que oscila entre 7 mil 500 y 8 mil millones de dólares.
En realidad lo que estamos exportando del campo mexicano a los Estados Unidos de América
son miles de nuestros niños, mujeres y hombres que por falta de trabajo cruzan la
frontera en busca de una vida mejor que no encuentran en la patria que los vio nacer.
El retroceso general del agro se manifiesta de diferentes maneras en las entidades
federativas; en nuestro Estado es mucho más fuerte por nuestra dependencia del sector
primario; sorgo, frijol, tabaco, caña de azúcar y mango, entre otros, son productos
agrícolas que debemos apoyar e impulsar.
Es además importante definir con precisión si en este periodo se continuará haciendo a
un lado el apoyo a la producción de granos o se retoma y rescata la posibilidad de no
depender de otras naciones en cuanto a nuestra alimentación básica. Por lo anteriormente
expresado, solicito el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
Unico. Que la Comisión de Gobierno
Legislativo de la XXVI Legislatura, con el apoyo de los legisladores federales nayaritas,
solicite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un incremento sustancial a
la partida presupuestal para la actividad agropecuaria del ejercicio fiscal del año 2001.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, a 19 de septiembre de 2000. Diputado Rodrigo González Barrios.
El suscrito secretario general del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Nayarit
CERTIFICA
Que las presentes fotocopias, en ocho
hojas útiles, son copia fiel del original que tuve a la vista y que corresponde al
acuerdo que autoriza a la Comisión del Gobierno Legislativo hacer una solicitud al
Congreso de la Unión, aprobado en sesión verificada en este honorable Congreso, el día
28 de septiembre del año 2000, misma que obra en los archivos de este Poder Legislativo.
Tepic, Nayarit, a 29 de septiembre de 2000. Diputado José Miguel Madero Estrada.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo. Nayarit.
El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVI
Legislatura.
ACUERDA
Autorización a la Comisión de Gobierno
Legislativo para que por conducto de los legisladores federales nayaritas, soliciten apoyo
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprueben un incremento a la partida
presupuestal para la actividad agropecuaria en el año 2001.
Primero. Se autoriza a la Comisión de Gobierno Legislativo de la XXVI
Legislatura para que, solicitando el conducto y con el apoyo de los legisladores federales
nayaritas, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, examine y apruebe un
incrememento sustancial a la partida presupuestal para la actividad agropecuaria en el
ejercicio fiscal del año 2001.
Segundo. Túrnese a las legislaturas de los estados para que, en los términos y
alcances del presente resolutivo, se solicite su intervención y apoyo expidiendo los
acuerdos similares que procedan.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente
acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y publíquese en el periódico
oficial, órgano del gobierno del Estado de Nayarit.
Segundo. Notifíquese el contenido del presente acuerdo a la LVIII Legislatura
del Congreso de la Unión y a los congresos de los estados, para los efectos
correspondientes.
Sala de sesiones "Licenciado Benito Juárez" del honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Nayarit, Tepic, a 28 de septiembre de 2000.
Autorización a la Comisión de Gobierno Legislativo para que por conducto de los
legisladores federales nayaritas, soliciten apoyo a la Cámara de diputados del Congreso
de la Unión, aprueben un incremento a la partida presupuestal para la actividad
agropecuaria en el año 2001. Diputados: Alonso Villaseñor Anguiano, Filiberto Delgado
Sandoval, secretarios.
El suscrito secretario general del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Nayarit
CERTIFICA
Que las presentes fotocopias, en dos
hojas útiles son copia fiel del original que tuve a la vista y que corresponde al acuerdo
número 24, aprobado en sesión verificada en este honorable Congreso, el día 28 de
septiembre del año 2000, misma que obra en los archivos de este Poder Legislativo.
Tepic, Nayarit, a 29 de septiembre de 2000. Diputado José Miguel Madero Estrada.»
Túrnese a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE SONORA
| El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora. Hermosillo. Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
El Congreso del Estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el
siguiente
ACUERDO
Artículo primero. El Congreso del Estado
de Sonora, condena la impunidad de los autores intelectuales y materiales de los hechos
sangrientos y criminales cometidos contra el pueblo de México el día 2 de octubre de
1968,ocurridos en la plaza de Las Tres Culturas de Tlaltelolco en la Ciudad de México.
1564,1565,1566
Artículo segundo. Asimismo, el Congreso
del Estado se pronuncia por el esclarecimiento de los hechos a que hacemos referencia en
el punto anterior y se solidariza con las víctimas y familiares en el justo reclamo de
justicia y apertura de los archivos en poder de las dependencias del Ejecutivo Federal
involucradas en los acontecimientos.
Artículo tercero. Igualmente se pronuncia porque se castigue política y penalmente a los
responsables directos e indirectos de dichos acontecimientos.
Reiteramos las seguridades de nuestra alta consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Hermosillo, Sonora, a 5 de octubre de 2000. Diputados: José René Noriega Gómez y
María Lourdes Cruz Ochoa, secretarios.»
De enterado
ESTADO DE SINALOA
|
El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Escudo. XCIX honorable
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
El suscrito licenciado Pedro Osuna Amparo, secretario del honorable ayuntamiento de
Mazatlán, Sinaloa; por medio de este escrito se dirige a usted para hacer de su
conocimiento que en sesión de cabildo número 65, celebrada el día 13 de septiembre de
2000 se acordó por unanimidad autorizar se enviara a usted el documento que a
continuación se transcribe:
Ciudadanos: Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de la República
Mexicana; Herminio Blanco, secretario de Comercio y Fomento Industrial; José Angel
Gurría, secretario de Hacienda y Crédito Público; licenciado Diódoro Carrasco
Altamirano, secretario de Gobernación, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.
Los suscritos, integrantes del honorable ayuntamiento de Mazatlán, por este conducto nos
dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que en sesión de cabildo de fecha 13 de
septiembre del año en curso, se decidió por unanimidad el otorgar todo nuestro apoyo a
los adquirentes de vehículos de procedencia extranjera para que se lleven a cabo las
gestiones necesarias para regularizarlos.
Nos permitimos hacer notar que todas las fracciones políticas representadas en el cabildo
(PAN, PRI, PRD, PT e Independientes), hemos tomado este acuerdo, tomando en consideración
que los altos costo de las unidades nacionales hacen imposible que un trabajador que vive
de la honrada medianía de su salario pueda aspirar a adquirirlos; que en su mayor parte
las personas que poseen estos vehículos requieren de un medio de transporte que de otra
forma no podrían tener; que a pesar de tener más de dos años con una política de
terrorismo fiscal y persecutorio, se sigue permitiendo la introducción de autos de
procedencia extranjera, con la complacencia de los funcionarios en turno encargados de las
diversas aduanas que se encuentran al norte del país y por último, porque las altas
tasas impositivas que existen en México provocan un incremento desmedido en el costo de
las unidades.
En vista de los argumentos que se mencionan con anterioridad hemos tomado los siguientes
acuerdos:
a) Pedimos que de inmediato se proceda a regularizar las unidades extranjeras, ordenando
en todo caso una exhaustiva revisión a los encargados de las aduanas para exigir que
impidan la introducción de otras unidades al país.
b) Que se establezca el monto de los pagos que deberán hacerse para realizar estos
trámites.
c) Rechazamos la actitud persecutoria que se ha establecido en contra de los adquirentes
de unidades extranjeras.
Sin otro particular reiteramos a usted las seguridad
de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
"México Fuerte, con Municipios Libres"
Mazatlán, Sinaloa, septiembre 13 de 2000. Honorable ayuntamiento de Mazatlán.
Ciudadanos: José Mario González Ramírez, Jaime López Nieblas, María Esperanza Félix
López, Rogelio Enríquez Fierro, Alfredo Kuri Rodríguez, Ana Castañeda Lizárraga, Juan
José Villarreal Tirado, José Evaristo Corrales Macías, Francisco Osuna Sandoval, José
Luis Camacho Urias, Samuel Lizárraga Osuna, Anibal Fuentes Fernández, José M.
Villalobos Jiménez, Libia Zulema López Montemayor, Maribel Chollet Moran, Manuel Ramón
Plata Garibaldi, María Guadalupe López Proa y Andrés Enrique Arellano Ruiz.
Lo que se hace constar en los términos del artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Sinaloa.
Sin otro particular reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
"México Fuerte, con Municipios Libres"
Mazatlán, Sinaloa, septiembre 13 de 2000. El secretario del honorable ayuntamiento.
Licenciado Pedro Osuna Amparo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial.
Licenciado Pedro Osuna Amparo, secretario del honorable ayuntamiento de Mazatlán,
Sinaloa.
Hago referencia a su escrito del 13 de septiembre del año en curso, mediante el cual
manifiesta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los secretarios
de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, así
como a las cámaras de Senadores y Diputados que los integrantes del ayuntamiento de
Mazatlán, Sinaloa, en su sesión del día 13 de septiembre de 2000 determinaron otorgar
su apoyo a los adquirentes de vehículos de procedencia extranjera para que se lleven a
cabo las gestiones necesarias para regularizarlos. Sobre el particular, le informo lo
siguiente:
Las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento
Industrial acordaron, en forma conjunta, no establecer mecanismos para permitir la
regularización de vehículos extranjeros que ingresan o permanecen ilegalmente en el
territorio nacional. En este sentido, dichas secretarías implementaron una campaña
publicitaria a través de diversos medios de información, en donde se manifiesta la
postura del Gobierno Federal en contra de la regularización de vehículos usados de
procedencia extranjera que circulan en México.
Esta decisión constituye una medida del Gobierno Federal para evitar la competencia
desleal en el mercado automotriz mexicano, así como para establecer reglas claras para
los consumidores, evitar un mayor deterioro ambiental, atacar la evasión fiscal y
fortalecer el desarrollo de la industria automotriz y el sector distribuidor que tienen
efectos multiplicadores en nuestra economía y enorme potencial de crecimiento.
Además, esta Secretaría no contempla permitir la legalización, nacionalización o
regularización de unidades, toda vez que derivado de las condiciones actuales por las que
atraviesa el país, este tipo de acciones afectaría el desarrollo de la industria
automotriz nacional, al generarse un impacto perjudicial que nulificaría los esfuerzos
realizados por la actual y anteriores administraciones para preservar la planta
productiva, el empleo, así como la certidumbre para la inversión nacional y extranjera
en nuestro país.
Asimismo el ingreso y la permanencia ilegal de vehículos extranjeros en nuestro país
constituye un delito consignado en la Ley Aduanera y su Reglamento, el Código Penal
Federal y el Codigo Fiscal de la Federación.
Por otra parte, le comunico que el anexo 300-A, apéndice 300-A.2, referente a vehículos
usados, punto número 24 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que
México permitirá la importación de vehículos usados provenientes del territorio de las
partes hasta el 1o. de enero del año 2009, fecha en la que conforme a lo señalado en los
incisos a, al f, de dicho ordenamiento se iniciará la importación de vehículos usados
al territorio nacional.
No omito hacer de su conocimiento, que a partir del 1o. de abril del año en curso la
importación definitiva de vehículos denominados Pick-up, de peso total con carga máxima
inferior o igual a 3 mil 200 kilogramos y cuyo número de serie o año-modelo sea al menos
10 años anterior al vigente, que no sean de doble rodada, procedentes de Canadá o de los
Estados Unidos de América o de la Comunidad Europea, se autoriza a cualquier persona
física o moral, previo cumplimiento de lo dispuesto en la regla 3.5.25. de la resolución
miscelánea de Comercio Exterior para 2000, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de abril de 2000.
Lo antes expuesto, tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o. del decreto
por el que se modifican y crean diversos aranceles de la tarifa de la Ley del Impuesto
General de Importación; el artículo 1o. del decreto por el que se modifica la Ley del
Impuesto General de Importación; así como el artículo 2o. del acuerdo que modifica el
similar que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y
exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
marzo, 9 de mayo, 30 de junio y 13 de septiembre del año en curso.
Lo anterior se comunica con fundamento en el artículo 24 fracción XIV del Reglamento
Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director general Gustavo M. Saavedra Ordorika.»
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
COMISION
BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA UNION
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se
aprobó el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se designan como integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del
Congreso de la Unión, a los senadores: Rafael Cañedo Benítez, Javier Corral Jurado y
María del Carmen Ramírez García.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 17 de octubre de 2000. Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente en
funciones.»
De enterado.
CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEDERAL, 1998
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda.
Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados.
Me permito comunicar a usted, que con oficio OCMH/3217/00 de fecha 13 de octubre de este
año, la Contaduría Mayor de Hacienda remite a esta comisión, el informe de resultados
sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al
ejercicio de 1998, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o. fracción II
inciso b de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
1567,1568,1569
En el escrito de referencia, se menciona que el pasado
4 de septiembre se entregó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el informe de
resultados y se hizo del conocimiento de tal circunstancia a la Presidencia de la Cámara,
a quien entregó un ejemplar del mismo, toda vez que la comisión no estaba aún
integrada. Anexo se servirá encontrar copia del escrito de referencia.
En razón de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 fracción V de la
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, solicito que por su amable conducto se
haga saber al pleno de esta Cámara de la presentación, en tiempo y forma de dicho
informe.
Asimismo, solicito a usted incluya en el orden del día, que esta comisión da cuenta al
pleno de la recepción del citado informe de resultados que remite la Contaduría Mayor de
Hacienda.
Le expreso mi mayor consideración y respeto.
México, D.F., a 18 de octubre de 2000. Diputado Amador Rodríguez Lozano,
presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Contaduría
Mayor de Hacienda.
Diputado Amador Rodríguez Lozano, presidente de la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda. Presente.
Como es de su conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o.
fracción II inciso b y 10 fracción V, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda, el pasado 4 de septiembre se rindió el informe de resultados sobre la revisión
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 a la Cámara de Diputados, por
conducto de la Comisión de Vigilancia, mediante su entrega física a la Secretaría de
Servicios Parlamentarios, en virtud de no haberse integrado aún dicha comisión. Por la
misma razón, se entregó otro ejemplar a la Presidencia de la mesa directiva de la propia
Cámara.
Anexo al presente, envío a usted dicho informe, que está contenido en 10 tomos con 15
volúmenes, remitiéndose al efecto 30 ejemplares impresos para los miembros de esa
comisión y siete discos compactos para su consulta electrónica.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 13 de octubre de 2000. El contador mayor de Hacienda, Gregorio
Guerrero Pozas.»
De enterado.
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA
|
El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
Diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados. Presente.
Por acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y
con fundamento en los apartados 2 y 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos (cuya reforma del primero fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el día 9 del presente mes), le solicito atentamente, se
rectifique el turno del expediente con punto de acuerdo para que comparezca el licenciado
Antonio Puig Escudero, presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, presentado por el diputado Félix Castellanos Hernández, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados,
del día 26 de septiembre del presente año.
De tal forma, el citado expediente pasaría a ser responsabilidad de la Comisión de
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en vez de la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Ello, debido a que cuando se dio turno a dicho expediente, aún no se
votaba la integración de comisiones y según el inciso a de la fracción IV del artículo
tercero transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Población y Desarrollo habría pasado a ser parte de la
Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.
Sin más por el momento y en espera de su gentil respuesta, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de octubre de 2000. Diputado Armando Salinas Torre,
presidente.»
Como se solicita, se rectifica el trámite y se
turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
LEY FEDERAL DE RADIO Y
TELEVISION
|
El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
Diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados. Presente.
Por acuerdo de la junta directiva de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y
con fundamento en los apartados 2 y 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos (cuya reforma del primero fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el día 9 del presente mes), le solicito atentamente, se
rectifique el turno del expediente con punto de acuerdo sobre la necesidad de actualizar
y, en su caso, modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por el diputado
Enrique Herrera y Bruquetas, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional,
en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, del día 12 de septiembre del presente
año.
De tal forma, el citado expediente pasaría a ser responsabilidad de la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía, en vez de la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública. Ello, debido a que cuando se dio turno a dicho expediente, aún no se votaba la
integración de comisiones y según el inciso a de la fracción IV del artículo tercero
transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía habría pasado a ser parte de la
Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.
Sin más por el momento y en espera de su gentil respuesta, reciba un cordial saludo.
Atentamente.
México, D.F., a 17 de octubre de 2000. Diputado Armando Salinas Torre,
presidente.»
Como se solicita, se rectifica el trámite y se
turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
LAZARO CARDENAS DEL RIO
En efemérides, el siguiente punto del orden del
día es el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río.
Tiene la palabra el diputado Manuel Galán Jiménez, hasta por 10 minutos, del Partido
Revolucionario Institucional.
|
El diputado Manuel Galán Jiménez: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
En la perspectiva de la historia entre tantos que construyeron en su tiempo el México del
tiempo actual, Lázaro Cárdenas del Río, nacionalista sin desplantes, pero también sin
concesiones ni doble juego, forja una política de responsabilidad del poder público.
Otorgó Lázaro Cárdenas a su concepto del deber como gobernante, una característica: el
humanismo.
Quiero recordar aquí por un deber de gratitud que trasciende mi vida y mi persona, un
hecho histórico relevante en la conducta y el gobierno del general Lázaro Cárdenas;
En el puerto de Veracruz, año de 1939, esperan que se les asigne destino a un puñado de
ciudadanos españoles que provienen, como un joven soldado de 26 años, de campos de
concentración de Francia y el norte de Africa. El altruismo y la generosidad de México
cabalmente interpretados por Lázaro Cárdenas, les ha abierto la puerta.
Aquel joven soldado pregunta de qué parte del país es el señor general Cárdenas. Le
informan que es de Michoacán y decide que le agradaría lo enviaran a ese Estado y hacia
allá va con su nostalgia, su emoción y su gratitud a cuestas.
Es en Michoacán, en Morelia, donde encuentra nueva patria, un hogar, un amor y un
destino. Allá adquiere un nuevo sentido su razón de ser. Dejó de ser soldado para
convertirse en esposo y padre. De él aprendí el valor de la gratitud y por él nació y
creció en mí la admiración al presidente Cárdenas, por eso soy michoacano, por eso mi
orgullo de ser mexicano, por eso mi gratitud presente y perdurable a la memoria del
general Lázaro Cárdenas.
Señor diputado, permítame un segundo.
Esta Presidencia ruega respetuosamente a las señoras y señores diputados tomar sus
lugares y guardar silencio. Se escucha un comentario muy fuerte y otro tanto; se solicita
a las personas invitadas en los palcos, les ruego atentamente tomar sus lugares y escuchar
al orador.
Muchas gracias, por su atención. Continúe, señor diputado.
|
El
diputado Manuel Galán Jiménez: |
Muchas gracias.
El ámbito en que impera la justicia, tiene connotaciones diversas, en sentido estricto,
el cumplimiento de la ley y la sanción para quien la infringe, en una dimensión mayor,
la que abarca los sistemas de convivencia humana en las estructuras de Estado y de
Gobierno, hablamos entonces de justicia social.
El periodo gubernamental de 1934-1940, fue en esencia búsqueda y ejercicio de la justicia
social.
Cárdenas asumió su compromiso histórico como una perspectiva del deber. No improvisó,
aplicó lo que su formación militar, social y humana aportó a su dimensión de hombre de
Estado; gobernó haciendo del poder un instrumento de servicio y una vía para acceder a
la justicia.
Un movimiento armado que se sustenta en ideas, en programas, en proyecto histórico, es
decir, una revolución genera hombres que le son análogos, que piensan y que actúan
conforme a ideas progresistas, hombres con profunda raíz social, con estatura y
dimensión humana para hacer historia. Lázaro Cárdenas fue así, un producto de una
época y un gobernante para el cumplimiento del programa de la Revolución.
Cobran vigencia en este año 2000 palabras que en 1938 fueron pronunciadas con profundidad
y lucidez ante el presidente Cárdenas y hoy continúan teniendo lucidez y profundidad y
adquieren renovada actualidad.
Decía entonces Vicente Lombardo Toledano: "no es la hora de analizar los errores
cometidos por los individuos y por los partidos políticos que actuaron al iniciarse la
Revolución ni las equivocaciones de los que durante los años de lucha armada manejaron
los destinos del país ni tampoco las faltas en que incurrieron los que han pasado por el
Gobierno en los últimos años, lo que importa es saber si la Revolución se ha
desenvuelto y precisado sus verdaderas características o si a pesar de los años de lucha
no se sabe aún cuál debe ser el programa del movimiento iniciado por Madero".
"Si la Revolución ha sido en su esencia lucha por la tierra para los campesinos y
lucha por la independencia económica de la nación mexicana, es lógico concluir que
mientras no se cumpla esta tarea, la Revolución no habrá logrado la realización de su
objetivo más importante."
Estas palabras fueron pronunciadas por su autor el 20 de noviembre de 1938, hoy, 62 años
después nos preguntamos: ¿ha fracasado la Revolución? ¿Hemos fracasado los que tenemos
la obligación de respetar y cumplir los programas de la Revolución?
1570,1571,1572
La respuesta para mí es que hagamos de este Congreso, de este Poder Legislativo del
Estado mexicano, una verdadera trinchera de la Revolución.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado Manuel Galán
Jiménez.
Tiene la palabra para hablar en nombre del Partido de Convergencia Democrática, del
Partido de la Revolución Democrática, del Partido Alianza Social y del Partido Sociedad
Nacionalista, el diputado Enrique Herrera y Bruquetas.
|
El diputado Angel Enrique Herrera y
Bruquetas: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
En certero aforismo José Martí decía que honrar honra y los muros de esta Cámara dan
testimonio de ello.
Venimos esta mañana a repasar la historia, venimos esta mañana para hablar de la patria
y de uno de sus mejores hombres. El agradecimiento y el respeto son las virtudes
superiores de los pueblos fuertes, a eso venimos.
Una nación sin memoria y sin conciencia histórica corre los riesgos del desmoronamiento
institucional y de la adopción de modelos que sustituyan lo nuestro por lo ajeno, el
rechazo a lo propio por la admiración de lo que es de otros y sólo a ellos beneficia.
A todos los olvidos se sobrepone la figura de Lázaro Cárdenas, porque la fidelidad
popular así lo ha determinado. Tiene razón quien ha sostenido que una nación que rehusa
acudir a su cita con la historia, que no se siente portadora de un mensaje propio, está
acabada y merece que se le remita a un museo.
Desde los 18 años de edad hasta el fin de sus días, Lázaro Cárdenas fue el soldado
ejemplar, militar de hondas raíces populares.
Se ha dicho y con razón, compañeras y compañeros diputados, que la huella de un hombre
público sólo logra medirse de dos maneras: o por el reconocimiento colectivo por lo que
él ha dejado o por la carencia de lo que sin él nunca se hubiera alcanzado; ni
propagandistas ni amigos ni colaboradores pueden cambiar el juicio de la historia. Firme
siempre Lázaro Cárdenas, supo ser auténtico y congruente; sabía que nuestro país, en
su época moderna, a un presidente de la República sólo le es dado gobernar por seis
años, nunca por más de seis años, ni una hora menos, pero tampoco ni una hora más.
Cárdenas nació, vivió y murió en México; siempre estuvo donde tenía que estar;
predicó la paz donde surgía la violencia y nunca pensó ni remotamente enfrentar entre
sí a los mexicanos.
En entrevista publicada en la prensa el 16 de marzo de 1941, fue Cárdenas categórico:
"Nosotros dijo, trazamos el camino a seguir para quienes traten de mezclarse en la
política después de haber sido mandatarios. No deseo hablar nada de política; he pasado
de la categoría de gobernante, a la categoría de gobernado".
Basta volver la mirada sobre nuestra tradición política internacional, para confirmar,
con satisfacción, el papel de México a favor de las mejores causas de la humanidad.
Durante el sexenio cardenista fue determinante nuestra presencia en la Liga de las
Naciones, nos pronunciamos a favor de Abisinia agredida por Mussolini y se levantó
enérgica nuestra protesta cuando Hitler se adueñó de Austria.
Fuimos no pocas veces, compañeras y compañeros, el defensor solitario, por no decir
único, de la República española. A los perseguidos políticos de las muchas dictaduras
de su tiempo, se les abrió de par en par las puertas de nuestras casas y de nuestros
corazones. Aquí, transterrados españoles y exiliados de todo el mundo, encontraron
tierra propicia y aquí se sembraron.
Con sus colaboradores fue siempre claro. "Si en el seno de una administración
pública decía Lázaro Cárdenas, los hombres llamados a participar en ella actúan con
divergencia de criterio, sin ideología común y sin disciplina, llevarán
indiscutiblemente al fracaso a la mejor de las ideas y al más bien meditado programa de
gobierno".
Hombre incansable, se transformaba al contacto con su pueblo; en sus giras de trabajo
hablaba de siembras, sequías y lluvias; hablaba del agua, del manantial distante que
había que entubar y de la deseada luz eléctrica; hablaba de la escuela que debía ser
agrandada y del médico que se necesitaba. Su conversación se hacía evaluación y
proyecto, motivación y compromiso. De ahí que como nos recuerdan sus biógrafos, los
hombres del campo decían que con Cárdenas se podía hablar siempre derecho, de hombre a
hombre y al tú por tú.
La escuela ha sido y es preocupación y desvelo para todos los mexicanos; Cárdenas no fue
la excepción. El dio su apoyo irrestricto a la educación rural, así como a las escuelas
para hijos de los trabajadores y a la Universidad Obrera de México, pero sobre todo la
nación le recuerda y le agradece la creación en el año de 1936 del Instituto
Politécnico Nacional, donde se han forjado miles de profesionistas capaces,
auténticamente nacionalistas.
En el pensamiento del hombre de Jiquilpan no existía la disociación del concepto que
pretendía otorgar a la política valores negativos para dar por contraste un valor
absolutamente positivo a la economía. Afirmaba que no podía hablarse de una sin implicar
a la otra. Toda medida económica debe tener un fundamento y un sentido político.
Cárdenas unía filosofía y praxis de gobierno; sabía y sabía bien, que petróleo y
soberanía son inseparables; hoy pensamos lo mismo. El petróleo ha sido rumbo de
independencia, de progreso, de bienestar popular y de igualdad frente a los poderosos.
Con la expropiación del 18 de marzo de 1938, el Presidente de la República escuchó la
voz de la historia. A la distancia sabemos que sin el petróleo, nuestro desarrollo
habría sido imposible o se habría deformado de tal manera que no tendríamos la
infraestructura y la fuerza que como nación libre y soberana poseemos.
Compañeras y compañeros diputados: hoy, a 30 años de su partida, el ejemplo de Lázaro
Cárdenas nos alienta. Su aniversario luctuoso une nuestras voluntades y nos brinda
ocasión propicia para comprometernos en su memoria a seguir luchando por el respeto a la
palabra empeñada, por la realidad de la democracia y por la apremiante defensa de los que
menos tienen.
Afirmaba Neruda: "la mirada de Cárdenas brilló en la noche del hombre; general
presidente de América, te dejo en este canto la gratitud del errante, del herido, del
desterrado, del héroe".
Muchas gracias al diputado Enrique Herrera y
Bruquetas.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.
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El diputado Juan Carlos Regis Adame: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
Hoy conmemoramos el XXX aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río. En
esta fecha viene a la memoria colectiva de los mexicanos y es ocasión especial para
reflexionar con las generaciones más jóvenes, los valiosos aportes del general Cárdenas
a la edificación del México contemporáneo, como resultado de la acción humana,
necesariamente marcado por contrastes de creatividad esperanzadora y de frustraciones
inevitables.
Su perfil de estadista amalgamado con la recia voluntad y el profundo sentido humanista
que siempre lo caracterizaron, sin duda están presentes en las acciones y en los hechos
asociados a su trayectoria, desde que asumiera la Presidencia, hasta su muerte.
Actor directo en la gesta revolucionaria de 1910 a 1917. En el plano que las
circunstancias y la vida misma le deparan. Sus ideas políticas y sociales y sus
concepciones vitales más íntimas, se forjaron en el combate armado de aquellos años y
en la lucha ideológica de los primeros tres lustros del México posrevolucionario.
Cuando se debatía el diseño institucional y el nuevo
rumbo que seguiría el país ante sus supremas exigencias y los retos de la justicia
social, la modernización política y el desarrollo económico, en estos tres planos
esenciales de la vida nacional, se desplegó el ideario del general Cárdenas. Su alcance
y profundidad fueron tan significativos que en la historia patria quedaron registrados con
el título de cardenismo; capítulo que entre los mejores ha escrito el pueblo mexicano.
La Revolución Mexicana y el Constituyente de 1917, forjaron la esperanza de acabar con
las desigualdades económicas y sociales que oprimían al campesinado. La reforma agraria
cardenista dio impulso a los anhelos de millones de mexicanos y mostró con hechos la
viabilidad de un estado progresista que conjugaba justicia social y desarrollo económico.
La reforma agraria del general Cárdenas sustanció con acciones reales y de grandes
dimensiones, lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, en cuanto a la preeminencia
del interés nacional sobre toda forma de propiedad y explotación de la tierra. Pero que
también asignaba la alta responsabilidad del Estado, de procurar la distribución
equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural
y urbana.
Teniendo a la reforma agraria cardenista como principio activo, la salvaguarda y
aplicación de los preceptos constitucionales recayó en las leyes y las instituciones
emanadas del marco normativo. Sin embargo, desde Miguel Alemán en adelante, todos los
gobiernos incumplieron y hasta llegaron a traicionar las esperanzas y aspiraciones de los
campesinos, que habían sido reanimadas por el general Cárdenas en su paso por la
Presidencia de la República y que de hecho Lázaro Cárdenas trató de mantener
encendidas hasta el final de su vida.
En el recuerdo de su obra gubernamental destaca desde luego la determinación y el valor
que lo llevaron a enfrentar los poderosos intereses de las compañías petroleras
extranjeras asentadas en México y que amasaban gigantescas fortunas, explotando ese
preciado recurso natural no renovable, que debía emplearse para beneficio de nuestra
nación.
Desde esta visión del problema y sustentado en el apoyo masivo, vigoroso y activo del
pueblo mexicano, el presidente Lázaro Cárdenas decretó radical y terminantemente la
nacionalización del petróleo el 18 de marzo de 1938. A partir de esa fecha la industria
petrolera ha sido la base incuestionable de la modernización y el desarrollo industrial
del país hasta nuestros días.
En términos generales, su efecto ha sido benéfico para todos los mexicanos en los
ámbitos económico y social. Pero la naturaleza capitalista del sistema prevaleciente
indujo a lo largo de todos estos años a favorecer más aún a los pocos, en detrimento de
la mayoría. Esto ha sido y sigue siendo uno de los asuntos pendientes que habremos de
resolver los mexicanos de hoy, pero no por ello puede escatimarse reconocimiento alguno a
la firme decisión del presidente Cárdenas, de liquidar los privilegios de las empresas
petroleras y transferir la explotación del petróleo a los principales rubros del
ejercicio de la soberanía nacional.
De esta magnitud fue su contribución en esta materia. El nombre del general Cárdenas
también está inseparablemente vinculado a las mejores causas agrarias, sindicales y
populares de los años cincuenta y sesenta. Respaldó y brindó incontables apoyos a los
movimientos encaminados a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de millones de
mexicanos en sus incansables recorridos por todos los rincones del país.
Asimismo, apoyó y protegió a numerosos líderes del movimiento estudiantil de 1968, con
el humanismo generoso que siempre tuvo a lo largo de su vida. No obstante, al lado de
todos los aspectos positivos de la obra del general Cárdenas en su sexenio y
posteriormente hasta el final de sus días, debe mencionarse que también tuvo una
participación de primer orden en la edificación del Estado y de las instituciones que
con el paso de los años se convirtieron en un régimen político paternalista,
autoritario; no democrático y en muchos sentidos opresivo.
Desde luego no puede pensarse que ése era el deseo del general Cárdenas, pero aun sin
serlo, el proceso del que él participó, terminó por convertirse en lo que hoy los
mexicanos han decidido dejar atrás.
1573,1574,1575
En este contraste sale bien librada la obra positiva
del general Cárdenas, por encima de lo que desde luego él habría querido para el pueblo
mexicano.
Por todo lo anterior el Partido del Trabajo rinde un merecido homenaje al general
Cárdenas, en su aniversario luctuoso.
Muchas gracias.
|
El
Presidencia del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Gracias, diputado Regis Adame.
SUFRAGIO FEMENINO
En otro punto del orden del día, para hacer
posicionamientos relativos al aniversario del sufragio femenino, se han registrado los
diputados: Rosa Delia Cota Montaño, PT; María Teresa Campoy Ruy Sánchez,
PVEM; Magdalena Núñez Monreal, PRD; Martha Patricia Martínez Macías,
PAN e Hilda Anderson Nevárez, PRI.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, la diputada Rosa Delia
Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
|
La diputada Rosa Delia Cota Montaño: |
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
El 17 de octubre celebramos un aniversario más de una de las más importantes conquistas
en la lucha de las mujeres por lograr la igualdad entre géneros. Se cumple el XLVII
aniversario de la reforma constitucional que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho a
ser reconocidas como ciudadanas, con el derecho a votar y ser votadas.
Sin embargo, antes de éste gran logro, cabe mencionar que hubo mujeres durante el
movimiento revolucionario de 1910, que jugaron un papel determinante en la lucha política
y revolucionaria del país. Esto, sin abandonar en ningún momento sus responsabilidades
hogareñas ni sus actividades productivas y creadoras, tal es el caso de doña Carmen
Serdán.
Dicha reforma constitucional promulgada el 17 de octubre de 1953 en el Diario Oficial de
la Federación, reformó los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, permitiendo así revertir parcialmente el trato inequitativo del
cual la mujer había sido objeto en el ámbito político y social hasta entonces.
No podíamos seguir manteniendo esta inequidad, cuando precisamente las mujeres hemos sido
uno de los baluartes de las gestas libertarias y democráticas en nuestro país.
Este asunto por sí solo no ha sido indicativo de un cambio sustancial en la
participación de las mujeres en la vida política. A raíz de ello se ha buscado
fortalecer nuestra participación en las actividades públicas. Las mujeres de ninguna
manera nos hemos conformado con eso, seguimos pugnando porque sean plasmados nuestros
derechos en los distintos ordenamientos legales que rigen nuestra nación.
La mujer es sujeto de derechos y obligaciones, un ser humano pensante y sensible. Para
ella no hay imposibles, da vida, no admite injusticias luchando por la equidad. Trata
siempre de salir adelante, a pesar de las barreras que la misma sociedad le impone.
No sólo por su número, sino fundamentalmente por su capacidad la mujer se ha incorporado
a las actividades productivas, académicas, de investigación, artísticas, deportivas y
políticas. Por esta razón la mujer es el núcleo de la sociedad mexicana.
Sin embargo, vivimos en una sociedad que mantiene una gran cantidad de tabúes, prejuicios
y obstáculos, que inhiben nuestra capacidad transformadora. La lucha por los derechos
políticos y ciudadanos se da ahora en otro terreno, ya que tenemos que incidir hacia una
mayor equidad e igualdad ciudadana en la vida de las organizaciones sociales y políticas.
Asimismo tenemos que dar una larga batalla para que la
perspectiva de género aparezca con toda su relevancia en la definición de lo que será
la ciudadanía moderna.
Un ejemplo de esta situación es la constante búsqueda de espacios y posiciones en los
Poderes de la Unión. En el caso de esta soberanía se había observado un crecimiento
progresivo desde 1954, año en que Aurora Jiménez de Palacios rinde protesta como la
primera legisladora en la Cámara de Diputados.
Hasta 1991, año en el que el número de diputadas era de 44, cifra notablemente menor a
la de 1988, en donde las curules ocupadas por mujeres era de 59. Cabe resaltar que esta
tendencia de crecimiento se revierte en los últimos años, para esa legislatura el
número de diputadas es de 81, lo que representa solamente el 16% del número total de
diputados.
Por ello es imprescindible lograr un mayor equilibrio en la presencia de los géneros en
la vida pública, en las actividades económicas, políticas, sociales y culturales. Pero
también nos interesa llevar una vida más equitativa en las relaciones interpersonales.
La lucha por el reconocimiento de nuestros derechos políticos y ciudadanos está
vinculada a la lucha que damos por la defensa de una perspectiva de género. El mismo
combate que damos por lograr que se amplíen los niveles de participación y
representatividad de las mujeres en la vida política, lo damos por lograr cambiar los
vínculos entre la mujer y el hombre, para que sean más equitativos, justos y humanos.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que los derechos políticos de la
mujer son una conquista invaluable en el anhelo de democratizar aún más la sociedad de
cara al nuevo milenio. Todas las fuerzas políticas coincidimos en que deben ser ampliados
a todos los ámbitos de la vida pública.
La izquierda democrática, de la cual forma parte el Partido del Trabajo, cree firmemente
que lograr una mayor presencia femenina en todas las instancias de la sociedad, garantiza
que se pueda defender la perspectiva del género y con eso podremos dar un contenido más
integral a la idea de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país.
Saludamos entonces a todas las mujeres que con su lucha han logrado avances sustanciales
para nuestro desarrollo político y social. Además, refrendamos nuestro compromiso para
avanzar con pasos sólidos en la reivindicación de la perspectiva de género en todos los
ámbitos de la vida cotidiana.
Es cuanto.
Gracias, diputada Cota Montaño.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
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La diputada María Teresa Campoy Ruy
Sánchez: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Desde el siglo pasado en algunos países europeos y en los Estados Unidos se iniciaron las
luchas feministas para que se otorgaran a las mujeres sus derechos políticos. A estos
grupos se les conoce como sufragistas y se les reconoce el importante influjo que
ejercieron sobre las mujeres mexicanas, quienes ya habían iniciado movilizaciones de
índole laboral, sindical y educativa, entre otras.
A pesar de la amplia participación de las mujeres mexicanas dentro de las bases sociales,
los constituyentes de 1917 se olvidaron de ello y la mujer continuó postrada en el
anonimato obligatorio.
El desarrollo de la lucha por la consecución del voto concentra el trabajo de las mujeres
en un periodo comprendido entre 1910 y 1953, llevándose a cabo desde ligas feministas,
congresos estatales y nacionales, partidos localistas etcétera, todo esto bajo el mismo
anhelo de conquistar para sí sus derechos políticos.
Fueron años de intensos esfuerzos que se consolidaron de manera paulatina en los
diferentes estados de la República, hasta que en 1947 se adicionó el artículo 115
constitucional para otorgar el voto municipal a la mujer y la posibilidad de ser votada,
pero es hasta 1953 cuando se reformó el artículo 34 constitucional que reconoce los
derechos políticos de la mujer.
A partir de 1953 las mujeres mexicanas han ejercido sus derechos ciudadanos; sin embargo,
esto no significa que se incorporaron a la vida política como tal, su presencia en
instituciones de la administración pública y en los partidos políticos es muy reciente
y muestra una lenta tendencia creciente.
Algunos datos que vierten luces sobre la situación política de la mujer en México son:
sólo seis mujeres han sido secretarias de Estado, tres han sido gobernadoras y una jefa
de gobierno. En el Poder Legislativo la LVI Legislatura tuvo una presencia femenina que
representó el 13.7%, en la LVII el 17% y en esta LVIII Legislatura, el 16.6%.
En las agrupaciones sindicales tienen una amplia participación en las bases y poco
significativa en cargos directivos. Esta situación es consecuencia de una serie de
factores que inhiben su participación en la política formal, lo que se puede relacionar
con el papel tradicional que se ha asignado socialmente a las mujeres, provocando la
inequidad entre mujeres y hombres para acceder a puestos públicos y de toma de
decisiones.
Uno de los pocos conceptos al que se le adhieren las personas y los países de todo el
mundo en el Siglo XXI, es el de los derechos humanos. Este compromiso de protección de
los derechos humanos ha quedado plasmado en un gran número de resoluciones,
declaraciones, convenios, pactos y recomendaciones de gran relevancia internacional. Sin
embargo, aunque ellos han sido diseñados por igual para las mujeres y los hombres, hay
discrepancia entre el principio y la realidad en su aplicación genérica;
específicamente en relación a los derechos políticos, las reformas jurídicas y la
normatividad contenida en la ley, no corresponden a la realidad que vive cotidianamente la
mujer, es una muestra que la igualdad ante la ley, el respeto sin distinción de sexo, la
equidad de convicciones y oportunidades en el acceso a participar en la estructura
política de los puestos de toma de decisiones es una meta todavía muy lejana, por lo que
se siguen violando los derechos políticos de la mujer.
El incremento de la participación de la mujer en la política va más allá de la
identidad como ciudadana de su derecho al sufragio, se hace necesario un cambio político
institucional con una gran transformación cultural que abra nuevos horizontes de
igualdad.
Es por eso que no se trata de leyes, mientras no se terminen las relaciones de poder que
impidan a las mujeres vivir plenamente ejerciendo sus derechos políticos en un espacio,
no se va a lograr el ideal de una sociedad que se considere a sí misma como democrática.
La igualdad de participación de la mujer y el hombre en la adopción de decisiones,
proporcionará un equilibrio que reflejará de una manera más exacta la composición de
la sociedad que se necesita para reforzar la democracia y promover su correcto
funcionamiento.
Sin la participación activa de la mujer y la incorporación de punto de vista a todos los
niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrán alcanzar los objetivos de
igualdad, desarrollo y de paz.
Muchas gracias.
Gracias, diputada María Teresa Campoy Ruy
Sánchez.
Tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
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La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
El pasado martes 17 de octubre conmemoramos uno de los principales logros en la lucha de
la verdadera igualdad jurídica de la mujer y del hombre; conmemoramos el derecho al
sufragio femenino.
1576,1577,1578
Hace 47 años se adicionó el artículo 34 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer a la mujer
expresamente la categoría de ciudadana mexicana y en consecuencia el derecho a votar y a
ser votada. La lucha de las mujeres por este reconocimiento se inició en Yucatán en
1916; sin embargo no fue sino hasta 37 años después,el 17 de octubre de 1953 en que se
vio materializado este esfuerzo con la reforma del artículo 34 constitucional.
La iniciativa fue presentada por el entonces Presidente de la República, licenciado
Adolfo Ruiz Cortines, la necesidad de adicionar el artículo 34 ponía en evidencia que a
pesar de que el artículo 1o. constitucional establecía que todos los individuos
gozarían de las garantías que la misma otorga,sin embargo la realidad era otra, ya que
por la vía de los hechos no se le permitía a la mujer ejercer el derecho al voto.
A 47 años de la declaratoria de esta reforma, las mujeres seguimos en pie y desde el
punto de vista político, reclamamos la inclusión de las mujeres en todas las instancias
del poder.
Si bien partidos políticos como el PRD tienen hoy en día establecido en sus estatutos la
obligación de respetar que ningún género represente más del 70% en las candidaturas de
elección popular, requerimos que ésta sea una obligación no sólo para el PRD, sino
también para todos los demás institutos políticos.
Desde 1993 se incluyó en el artículo 175 del Código Federal de Procedimientos
Electorales, el Cofipe, que los partidos políticos promuevan en los términos que
determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida
política del país a través de la postulación a cargos de elección popular, pero al no
existir una obligación clara para esto ni una sanción para quienes la incumplan, queda
sólo en buenas intenciones.
Tres años después se logró la adición a la fracción XXII transitoria del artículo
1o. del Cofipe, en la que se señala que los partidos políticos nacionales considerarán
en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan del 70% para un
mismo género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres.
En los puestos de elección popular las mujeres hemos estado ausentes a pesar de que
representamos el 52% del electorado y no lo vemos reflejado en el número de
representantes de elección popular; hoy en día los retos para las mujeres en la vida
política del país son muchos pero entre los más importantes destacan sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia de que exista una representación equilibrada de mujeres y
hombres en el ámbito de la toma de decisiones y lograr que los partidos políticos rindan
cuentas en relación con la promoción de igualdad entre los géneros y la participación
de la mujer en la vida política.
Para ello requerimos de la voluntad política, voluntad capaz que se refleje en la
elaboración de normas perfectas que garanticen la participación equilibrada de los
hombres y las mujeres en la vida política del país. No olvidemos compañeras y
compañeros diputados, que para lograr lo anterior se requiere de oportunidad y espacio.
Por fortuna esta Cámara, en la sesión del martes 10 de octubre del presente año, cada
uno de los grupos parlamentarios se pronunció por apoyar y promover los resolutivos
especiales que por consenso fueron aprobados en el pasado Congreso Nacional de Mujeres
hacia la reforma del Estado con equidad de genero. En ese sentido, estamos ratificando
nuestro compromiso de que la recomendación adicionada a la fracción transitoria del
artículo 1o. del Cofipe de 1996 se convierta en un mandato expreso que obligue a los
partidos políticos a que los candidatos a diputados y senadores no excedan del 70% del
mismo género.
Muchas gracias.
Gracias, diputada Núñez Monreal.
Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Patricia Martínez Macías, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
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La diputada Martha Patricia Martínez
Macías: |
Con su permiso, señor Presidente; diputadas y
diputados:
Una mujer de hace 50 años creía cumplir con su deber
precisamente si se mantenía al margen de cualquier acontecimiento público y afirmábase
a sí misma que sus obligaciones eran exclusivas del hogar. Ahora ya no podemos ver pasar
a nuestro lado, sin inmutarnos, los acontecimientos políticos que a todos y a todas nos
afectan y no tenemos siquiera la excusa de que no conocemos nuestras responsabilidades y
deberes, porque ya estamos viendo y ya hemos experimentado las consecuencias que la falta
de la presencia de la mujer en las estructuras políticas y económicas nos ha traído y
que si bien es cierto, !a participación de la mujer ha sido constante y decidida en los
ámbitos laborales y sociales, aún falta mucho por hacer, sobre todo en los cargos de
toma de decisiones.
La fecha que hoy conmemoramos y que debe ser guardada en las epopeyas gloriosas de nuestra
historia, se recordará también la propuesta que el Partido Acción Nacional promoviera
desde sus inicios en el quehacer parlamentario, pues desde su fundación concedió los
mismos derechos a los hombres y mujeres en nuestra vida partidista.
En 1937 le negaron a la mujer el reconocimiento pleno de sus derechos políticos, al no
realizar el cómputo que establecía en ese tiempo la Constitución y así concluir con el
proceso legislativo.
Posteriormente, 10 años después, se le concedió parcialmente la facultad de votar y ser
votada únicamente en elecciones municipales. Finalmente el 17 de octubre de 1953, por
iniciativa presidencial se otorga el voto a la población femenina de nuestro país.
Señoras diputadas, señores diputados: hoy que estamos, por iniciar el tercer milenio,
haciendo una retrospectiva histórica, con toda seguridad podemos afirmar que el
reconocimiento del voto femenino más que un acto de justicia respondió a una profunda
necesidad de reapuntalar y de rescatar los valores más profundos de nuestra nación
mexicana, tuvieron que pasar más de 100 años para que los mexicanos entendiéramos que
hombre y mujer no son seres en permanente confrontación ni tampoco un ser inferior.
El voto femenino, más que una acción aislada, es el reconocimiento que hombre y mujer
son amalgama perfecta, son una realidad, son un solo ser que no puede estar relegado ni
marginado en ninguna de sus partes.
Con el reconocimiento del voto femenino mucho se avanzó para bien de la mujer, pero más
que nada para bien del pueblo mexicano y de la humanidad misma.
Han pasado ya 47 años y en el entorno aún persisten quienes, víctimas de inseguridad y
temor, proclaman que la mujer nada tiene que hacer en la vida pública. Frente a estas
voces también se levantan otras igualmente equivocadas que proclaman, por un mal
entendido concepto de género, que la mujer para avanzar debe renunciar a su propia
naturaleza a su ser femenino.
Ante ambos extremos, hoy levantamos las mujeres de México nuestra voz para decir que
nuestra acción en la política, en lo social, no es para competir, sino para enriquecer.
La acción de las mujeres mexicanas viene a darle a la acción pública el toque humanista
y sensible, Los valores que hemos custodiado y sembrado en nuestros hogares hoy los
promoveremos desde esta alta tribuna y en nuestra acción pública.
Cuando con el fruto de muchos esfuerzos y luchas, se reconoció a la mujer totalmente su
ciudadanía, se pensó en la mujer como una esperanza de salvación. Felizmente podemos
decir que la mujer mexicana es todavía el pilar de la familia, por lo tanto una
magnífica base del patrimonio de la nación, pero sabemos también que nuestro México ha
comenzado a transformarse y que en esta etapa la mujer juega un papel trascendental para
darle rumbo a este cambio, que no se dará sin la participación de la mujeres.
Cierto que el reconocernos la ciudadanía, la mujer tuvo una intensa participación en el
sufragio, pero su actividad en este campo debe ser mayor cada día, no únicamente para
hacer sentir su voluntad como electora, sino también como funcionaria y para motivar el
civismo de sus esposos, hijos, hermanos, padres, novios, para que no permanezcan
indiferentes y tomen parte activa en todos los órdenes de la vida cívica.
Para que la mujer mexicana desarrolle su capacidad y se interese en los deberes cívicos,
debe saber que no son otros que los de su hogar, la administración de una familia grande,
de un pueblo formado por los nuestros.
Las mujeres mexicanas, según dijera don Efraín González Luna, ejerciendo su derecho de
voto, defienden sus más nobles valores espirituales, el derecho a la educación de los
hijos y además defienden la más noble causa temporal que es la salvación de la patria.
Cuánto más hacen cuando son electas para los diferentes cargos públicos y participan en
la toma de decisiones que afecta a toda la sociedad.
Cuando se juega la suerte de la nación, cuando está de por medio la subsistencia misma
de los valores que dan sentido a la vida humana, mujeres y hombres tenemos la obligación
de participar en la pelea.
El martes pasado se concentraron miles de mujeres representando a 157 países en todo el
mundo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York,
evento en el que también nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional estuvo
representado para manifestarse por el respeto pleno de los derechos de las mujeres.
Aprovecho esta tribuna para exhortar a todos y todas los aquí presentes, que nos sumemos
a esta lucha desde nuestras trincheras para lograr una equidad real entre los géneros,
conforme a nuestra propia cultura. Asimismo, exhortar a los países que aún no reconocen
los derechos políticos a las mujeres para que lo hagan, pues redundará en beneficios
incalculables para sus naciones.
Finalmente diré, que en la brega de eternidad constituye la construcción en un México
de una patria más digna para todos, en una labor que exige fortaleza, fe y desinterés,
porque en ello no debe haber apetitos sino convicción. No hay prisa, hay transcendencia,
no se viene a pedir sino a dar y en trascender en dar y en luchar, la mujer mexicana es
maestra y modelo.
Gracias.
Muchas gracias, Martha Patricia Martínez
Macías.
Tiene el uso de la palabra la diputada Hilda Anderson Nevárez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
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La diputada Hilda Josefina Amalia
Anderson Nevárez: |
Señor Presidente; señoras y señores
diputados:
En la sesión del 10 de julio de 1856, el insigne jurista don Ignacio Ramírez, "El
Nigromante", asumiendo una actitud justa y positiva presentó objeciones cuando la
comisión dictaminadora al iniciarse la discusión del artículo 1o. del proyecto de
Constitución, mismo en que decía lo siguiente:
"El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y objeto de las
instituciones sociales. "El Nigromante" dijo en su discurso: "observo que
el proyecto se olvida de los derechos más importantes, los derechos de la mujer".
En los albores de la Revolución Mexicana, hasta vísperas del Congreso Constituyente de
1917 y a todo lo largo y a lo ancho del país, las mujeres daban testimonio de su
colaboración a la par que el hombre en grandes tareas nacionales.
El feminismo, su derecho al trabajo, a la educación como corrientes aglutinadoras,
comenzaban a manifestarse claramente en el acontecer social como un reclamo legítimo a
los mismos derechos que tenía el hombre y así fue que en Mérida, Yucatán, apoyadas por
cientos de mujeres por el general Salvador Alvarado, se realizó el Primer Congreso
Feminista de México del 13 al 16 de enero de 1916 en la ciudad de Mérida, Yucatán en el
teatro Peón Contreras.
Los temas que trataron ahí, fueron de avanzada, el voto universal para la mujer, igualdad
en la legislación laboral y educativa, derechos en el matrimonio, así como reformas
profundas en el Registro Civil.
1579,1580,1581
Los diputados Constituyentes de
Querétaro, el 25 de enero de 1917 conforme al dictamen de los artículos 34, 35 y 37 del
proyecto de Constitución, recibieron dos iniciativas en pro del sufragio femenino: una de
la señora Hermila Galindo de Topete y otra del general Salvador González Torres,
respectivamente y una tercera en contra, asómbrense ustedes, suscrita por una mujer cuyo
nombre era: Innés Marváez.
El diputado Félix F. Palavicini solicitó a la comisión que informara por qué no había
tomado en consideración las iniciativas referentes en pro al voto femenino y precisó:
"yo deseo que aclare la comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no,
señores, tenemos el peligro de que se organicen para votar, ser votadas y rebasen al
hombre".
En 1923, Felipe Carrillo Puerto, como gobernador de Yucatán, promovió una reforma
legislativa local para entregar a las mujeres yucatecas el voto ciudadano. Rosa Torres G.
fue la primera mujer que en el país tuvo un puesto de elección popular como regidora del
ayuntamiento de Mérida.
En 1925, la XXX Legislatura de Chiapas recibió el decreto número 10 del gobernador
Córdoba otorgando el voto estatal a las mujeres chiapanecas. Después fueron Sinaloa, San
Luis Potosí, Zacatecas y Guerrero, entidades de la República Mexicana que dieron el voto
en forma estatal a las mujeres.
En 1936, ante la Cámara de Diputados, en Donceles y Allende, cientos de mujeres se
plantaron en huelga con pancartas de leyendas enérgicas como "diputados, cumplan con
su trabajo, otorguen el voto a la mujer".
"Diputados, serán ustedes más hombres cuando reconozcan los derechos de las
mujeres."
El presidente Lázaro Cárdenas promovió en 1937 una reforma al artículo 34 de la
Constitución, tendiente a reconocer la plena capacidad cívica de la mujer en cuanto al
ejercicio de sus derechos políticos, alentado por un numeroso grupo de mujeres
encabezadas por la maestra michoacana María del Refugio García, por la licenciada Aurora
Fernández, por Guadalupe Martínez de Hernández Loza y por dos mujeres de izquierda de
aquel tiempo: Lázara Meldiu y la doctora Esther Chapa.
Sin embargo dicha reforma aunque aprobada en ambas cámaras del honorable Congreso de la
Unión, no entró en vigor por no haber concluido su trámite legislativo de acuerdo con
el artículo 135 del Congreso.
En 1938, en Chilpancingo, Guerrero, con el voto estatal que ya tenían, presidió por
primera vez una mujer el ayuntamiento de Chilpancingo: Aurora Meza Andraca.
En 1947, el presidente Miguel Alemán envió al Congreso la reforma al artículo 115
constitucional facultando a las mujeres a votar y ser votadas en elecciones municipales de
los ayuntamientos.
Las primeras presidentas fueron en Aguascalientes Carmelita Martín del Campo y Virginia
Soto en Dolores Hidalgo, Guanajuato.
El 6 de abril de 1952, en un gran acto femenil en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de
México, el entonces candidato a la presidencia de la República, don Adolfo Ruiz
Cortines, rodeado de mujeres valiosas como Amalia González Caballero de Castillo Ledón,
Martha Andrade del Rosal, Graciana Becerril, Guadalupe Urzúa, Margarita García Flores,
Alicia Sánchez Jara, Aurora Rayales Sandoval y Alejandra Retamosa de Sinaloa, Carmen
Araiza, Mercedes Fernández, Amelia Martínez Altamirano, Consuelo Maldonado y otras,
ofreció que si el voto ciudadano lo llevava al triunfo, la primera iniciativa
constitucional serían las reformas a los artículos 34 y 115.
El día 1o. de diciembre de 1952 tomó posesión como presidente de la República, al
siguiente día envió la iniciativa cumpliendo así su palabra de hombre y de presidente.
Debates intensos, controvertidos y afines a la vez en la Cámara de Diputados y de
Senadores. Ratificación de los congresos locales y un día 17 de octubre de 1953 entraron
en vigor, hace 47 años, los artículos 34 y 115 constitucionales, para que nosotras las
mujeres mexicanas obtuviéramos la plenitud de derechos ciudadanos, el voto universal.
La primera mujer diputada federal que hubo en el país, fue Aurora Jiménez de Palacios,
de Baja California Norte, en la Legislatura XLII, cuando el territorio se convirtió en
Estado.
En la siguiente legislatura, la XLIII, fueron triunfadoras cuatro mujeres diputadas: la
campesina Guadalupe Urzúa, de Jalisco, Margarita García Flores de Nuevo León, la
licenciada Remedios Albertines Zeta, por el Estado de México, que entre paréntesis fue
también la mujer notaria que hubo en el país y la periodista de Chiapas Marcelina
Galindo Arce.
Las dos primeras mujeres senadoras fueron la licenciada María Lavalle Urbina, de Campeche
y la doctora Alicia Arellano Tapia, de Sonora, en las legislaturas XLVI y XLVII.
La primera mujer que contestó un informe presidencial, fue la profesora Luz Aleta de
Elzner, de Quintana Roo, en la Legislatura XLVI.
La mujer también ha llegado a gobernar en nuestro país, por Colima, Griselda Alvarez
Ponce de León; en Tlaxcala, Beatriz Paredes nuestra compañera y lideresa; en Yucatán,
Dulce María Sauri Riancho.
Tenemos actualmente una jefa de gobierno en el Distrito Federal, de un partido distinto
que no es el mío, Rosario Robles Berlanga y a quien todas las mujeres reconocemos su
labor.
En esta misma Cámara nos sentimos satisfechas que otra compañera diputada sea
vicepresidenta de la mesa directiva: María Elena Alvarez de Vicencio, de reconocida
trayectoria legislativa.
Hoy, mujeres de todas las corrientes ideológicas, de todos los partidos políticos, a 47
años de distancia, trabajamos y luchamos por México, desde nuestras trincheras y de los
que ellas creen.
Hoy tenemos mujeres líderes de los grupos parlamentarios en esta Cámara, del PRI a
Beatriz Paredes Rangel, en la Asamblea de Representantes Legislativa, a Patricia Garduño
del PAN y a María de los Angeles Moreno del PRI.
Además a dos de los principales partidos son mujeres las que los presiden: Amalia García
del PRD y Dulce María Sauri del PRI.
Hoy tenemos a 47 años de distancia en la legislación nacional, la igualdad jurídica.
Las mujeres no hemos venido a adornar a estas cámaras; las mujeres hemos trabajado junto
con el hombre por la reivindicación de nuestros derechos.
Tenemos la igualdad jurídica, pero las mujeres, todas unidas, debemos ir por otra palabra
que se parece a igualdad y que no significa lo mismo: equidad.
Hoy, señores diputados como ayer, ustedes tienen la palabra.
Muchas gracias, diputada doña Hilda Anderson
Nevárez.
Pasando a otro punto del orden del día para presentar una iniciativa de reformas al
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de responsabilidades de los servidores públicos, se concede el uso de la palabra al
diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
ASISTENCIA (II)
Antes de que haga uso de la palabra el diputado
Martí Batres, solicito a la Secretaría dé cuenta del registro de asistencia de
diputados a esta sesión, para decretar el cierre del sistema electrónico de asistencia.
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El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Se informa a la Presidencia que se han
registrado 446 diputados por el sistema electrónico, más dos diputados que reportaron
problemas en su lector biométrico; tenemos un total de asistencia de 448, señor
Presidente.
Se pide al personal de asistencia cerrar el registro.
Gracias, señor Secretario.
JUICIO POLITICO
Tiene el uso de la palabra el diputado Martí
Batres Guadarrama, para presentar una iniciativa de reformas a la Constitución.
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El diputado Martí Batres Guadarrama: |
«Distinguidas diputadas y diputados, presentes.
El suscrito, diputado integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura de esta
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a consideración de este pleno la iniciativa de reforma al Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La evolución histórica del Estado nos muestra cómo se ha transitado de régimenes
autoritarios y totalitarios a aquéllos en donde la ley preserva garantías a los
gobernados, establece las competencias de las autoridades y contempla mecanismos eficaces
para su cumplimiento.
A partir de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, la acotación al
ejercicio del poder significó la fuente de legitimidad del mismo, situación que se
alcanza con el establecimiento de las constituciones políticas.
La constitución significa desde entonces el pacto político social más importante de una
nación.
En Inglaterra, cuna del constitucionalismo aun y cuando el mismo no derivó a partir de un
documento escrito, el Parlamento cumple eficazmente con sus tareas de control y
supervisión del ejercicio de gobierno.
Así también, en aquellos países que se califican como democráticos, existe un
verdadero estado de derecho, una constitución que establece derechos a los gobernados,
competencia a las autoridades y mecanismos para proteger unos y hacer efectivos otros.
Esto no quiere decir que en régimenes autoritarios o dictatoriales no existan documentos
escritos a los que se denomina constituciones, no obstante resultan una negación de la
realidad con los propósitos para los que fueron creados estos pactos.
Pensar en la constitución como un instrumento para y por la autoridad, significa
desatender los verdaderos motivos de su existencia.
En las constituciones se sientan las bases para el funcionamiento de una nación. De la
misma derivan todos los cuerpos normativos que rigen las relaciones al interior de un
país.
Por lo que respecta a las autoridades públicas, es en dos aspectos como se regula su
conducta:
1o. En relación a sus actos.
2o. En relación a las personas que ostentan dichos cargos.
Con relación a los actos, se establece un régimen de competencias expresas y en
consecuencia restringido; actualizándose lo que se denomina el principio de estricto
derecho, que significa que sólo pueden hacer lo que la ley les permite, no más, pero
tampoco menos.
En relación a las personas, se precisa por un lado la existencia de diversos niveles de
autoridades y la forma en que se accede a dichas funciones.
Además, se establecen necesariamente mecanismos para sancionar las conductas que se
apartan del mandato concedido.
Porque siempre existe la posibilidad de abusar del cargo público por negligencia o por
dolo, es que se cuenta con mecanismos jurisdiccionales, administrativos y políticos para
castigar al servidor público.
Por eso, la impunidad lastima enormemente, como ningún otro elemento, la eficacia
gubernamental y la propia gobernabilidad.
En México, el tránsito hacia un estado de derecho ha sido lento, pero la cita con la
historia es inaplazable.
Ante la necesidad de contar con un poder político que confeccionara el Estado mexicano y
que fuera verdaderamente fuerte, de tal forma que se impusiera a los otros factores que
siempre han reclamado espacios de incidencia en la vida pública de la nación, se
privilegió la protección de los detentadores de la autoridad, contra los embates de
actores que se colocaron fuera de los controles reales y formales del mismo.
1582,1583,1584
Liderazgos regionales, caciques
poderosos, dueños de tierras, detentadores de capitales y autoridades clericales
etcétera, reclamaron siempre el privilegio de su poder.
Esa realidad se nos presentó durante prácticamente todo el Siglo XIX y gran parte de la
primera mitad del Siglo XX, donde la lucha fue constante, ganando a veces unos y otras
ocasiones otros.
Por eso nuestro sistema de control gubernamental hacia las autoridades públicas ha sido
en la norma y sobre todo en la práctica tenue, cuando no inexistente.
Aun y cuando se tomó experiencias de otros países la figura de juicio político para
sancionar las conductas de altos servidores públicos que dañen las instituciones del
país, la imprecisión primero y después la omisión expresa en este terreno, han
significado una inexplicable impunidad cuasi absoluta para el más alto servidor público
del país: el Presidente de la República.
Mientras que con el impeachment norteamericano, el Presidente de la República puede ser
sujeto de un procedimiento ante el Congreso, fungiendo la Cámara de Representantes como
órgano de acusación y el Senado como órgano de decisión; en México sólo se le puede
juzgar durante su encargo por delitos graves del orden común o por traición a la patria,
sin que se definan los primeros, lo cual ha llevado a una discusión encabada.
Se trata de una responsabilidad penal que puede ser reclamada ante una instancia
política, esto es ante el Congreso de la Unión.
Sin embargo, en la colonia, ya se podía procesar al virrey cuando abandonaba el encargo,
mediante el llamado juicio de residencia.
Con la Constitución Política de 1824, se permitía el enjuiciamiento del Presidente,
además por actos dirigidos a impedir que se hicieran elecciones o que tomaran posesión
los electos. Esto es por situaciones que atentaran contra la democracia, lo que le daba
una connotación política.
También en la Constitución de 1857, se permitía el juicio político contra el
Presidente de la República por violación expresa de la Constitución y ataques a la
libertad electoral.
No obstante, aun y cuando nunca se llevó a cabo este procedimiento, en la Constitución
de 1917 se eximió al jefe del Ejecutivo de la responsabilidad política.
Se dijo y se sigue repitiendo, que dada la alta investidura del Presidente, permitir la
posibilidad de ser objeto de juicio político por parte del Congreso de la Unión,
entorpecería la consecución de los objetivos del Gobierno y lo colocaría en el terreno
de la "pasión política".
Lo cierto es que en un sistema democrático de pesos y contrapesos, la existencia de una
figura de control a los excesos de poder por parte del Congreso, fortalece la democracia,
lejos de debilitarla.
Precisamente la alta responsabilidad que tiene el Presidente de la República, implica un
estricto apego a la ley y a las instituciones del país, por lo que deben existir
mecanismos para sancionar conductas contrarias a estos principios.
Con la instrucción de un juicio político, se busca sancionar conductas tan graves como:
a) Ataques a las instituciones democráticas;
b) Ataques a la forma de gobierno republicano, representativo y popular;
c) Violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
d) Ataques a la libertad del sufragio;
e) Usurpación de atribuciones;
f) Infracción grave a la Constitución o a las leyes federales;
g) Omisión graves en la aplicación de la Constitución o de las leyes federales y
h) Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas o presupuestos de la
Administración Pública Federal o del Distrito Federal.
¿Quién puede negar que estas conductas
no pueden ser realizadas por el Presidente de la República o con autorización del mismo?
El procedimiento para juzgar por estas conductas en el Congreso a un servidor público, no
es sencillo y debe apegarse a las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que no
es correcto seguir considerando que la "pasión política" pueda entorpecer las
funciones públicas.
El 2 de julio pasado, muchos confirmamos nuestra convicción de que, las instituciones
trascienden las personas, por lo que si alguien resultara responsable de actos que
transgreden las leyes, es más dañino mantenerlo en el puesto que destituirlo e
inhabilitarlo. Pierde legitimidad el ejercicio de Gobierno ante la impunidad.
Si contáramos con este mecanismo de control hacia el Presidente de la República,
seguramente no se hubieran cometido los abusos que arrojó el anterior sexenio y que
resentimos en la actualidad.
¡No estaría paseándose con total impunidad un Carlos Salinas de Gortari, burlándose de
la memoria de los mexicanos!
La transición democrática no es el simple cambio de personas o partidos, incluye además
de manera fundamental el cambio en el sistema jurídico para crear condiciones diferentes,
que permitan la real separación de poderes y el equilibrio de los mismos; el cambio de
régimen político. Se está extinguiendo el sistema de partido de Estado, pero el
presidencialismo aún permanece.
Fortalecer el Poder Legislativo es una de las tareas fundamentales que tenemos en esta
coyuntura histórica y precisar los mecanismos de control es avanzar en ese terreno.
Los cambios que se han dado en los últimos años en nuestro país, serán frágiles si no
creamos las condiciones jurídicas que protejan las instituciones democráticas.
En la historia de las transiciones los riesgos del retroceso son constantes.
En otros países, gobernantes que llegaron por medio del sufragio han atentado contra las
instituciones democráticas, en México no queremos eso.
En el viejo sistema cayó el partido de Estado, pero se fortaleció el poder presidencial.
Los fujimorazos deben ser exorcizados de nuestro proceso político, a través de figuras
jurídicas persuasivas como lo es el juicio político.
No se trata de inmovilizar una función, si no de dotar al Congreso de la Unión de
facultades para intervenir como mecanismo de control, ante excesos del titular del
Ejecutivo.
Estamos convencidos, que gran parte de los pendientes en la incipiente democracia
mexicana, se encuentran en el fortalecimiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
Nuestro sistema presidencialista excedió el esquema, hasta el grado de por momentos casi
borrar el ejercicio de los poderes distintos al Ejecutivo.
La ofensa llegó a materializarse con situaciones en donde las leyes y los procesos
jurisdiccionales se dictaban desde la Presidencia.
En el Partido de la Revolución Democrática entendemos la responsabilidad que tenemos
para revertir estas situaciones.
Por eso, en lo que lleva esta legislatura ya se han planteado un conjunto de iniciativas
que tienden al fortalecimiento del Congreso de la Unión. Esta iniciativa se inscribe en
este esfuerzo.
Se trata de establecer un aspecto de seguridad jurídica que evite impunidad cuando se
transgredan aspectos fundamentales de nuestro pacto social.
Por ello estamos proponiendo reformar los artículos 108, 110 y 111, para establecer la
responsabilidad política del Ejecutivo Federal y en consecuencia que pueda ser sujeto de
juicio político por actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 71 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la
siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por la que se reforman los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución, en los
siguientes términos:
Artículo único. Se reforman los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título se reputarán como servidores públicos: al Presidente de la República, a los
representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder
Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del
Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por
traición a la patria, delitos graves y por actos u omisiones que redunden en perjuicio de
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el Presidente de la
República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los
secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la
Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el Procurador
General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los
magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común
del Distrito Federal, los consejeros de la judicatura del Distrito Federal, el consejero
presidente, los consejeros electorales y el secretario Ejecutivo del Instituto Federal
Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus
equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 111.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por lo que toca a la responsabilidad penal del Presidente de la República, la Cámara de
Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable, en los términos del
artículo 110.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas que deriven en la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, habrán de realizarse en un plazo no mayor de 60 días posteriores a
la entrada en vigor de este decreto. En tanto seguirá vigente en lo aplicable.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de octubre de 2000. Diputado Martí Batres
Guadarrama.»
Gracias, diputado Martí Batres
Guadarrama.
La iniciativa que usted ha presentado se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
|
El diputado Salvador Rocha Díaz
(desde su curul): |
Señor Presidente, me permite.
Sí, señor diputado. Activen el
micrófono, por favor del diputado Salvador Rocha, en su curul.
1585,1586,1587
Tiene el uso de la palabra, para
formular una moción de orden, el diputado Salvador Rocha, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
|
El diputado Salvador Rocha Díaz: |
Gracias, señor Presidente:
He solicitado la palabra para presentar una moción de orden, en tanto que esas mociones
incluyen todos aquellos temas que contribuyen al buen desarrollo de las sesiones y el tema
se refiere específicamente al derecho de los señores legisladores para fumar en el
recinto legislativo.
Cuando el Senado de la República, en la sesión del 29 de abril de este año aprobó la
reforma del artículo 311 de la Ley General de Salud, me permití participar en el debate
para oponerme a su aprobación, en tanto que constituía y constituye una clara violación
a los derechos humanos de los fumadores y en consecuencia una violación a sus garantías
individuales.
Me distinguieron 37 señores senadores con su voto en contra, que fueron insuficientes
para que no se aprobara dicha reforma legal. No pude interponer un juicio de amparo en
contra de esta ley, en tanto que es una norma imperfecta que no contiene sanción y el
amparo si hubiese planteado, me lo hubiesen sobreseído por falta de interés jurídico,
puesto que en nada afectaba mi derecho a fumar en los lugares públicos a que aludía la
Ley General de Salud, por lo que simplemente continúe fumando sin hacer caso a esta norma
imperfecta.
Señor diputado Salvador Rocha, si
me permite, con absoluta simpatía por usted y por el tema, tengo que señalarle que tiene
usted que señalarme los artículos del reglamento o de leyes que se estén violando,
porque solicitó el uso de la palabra para formular una moción de orden.
|
El
diputado Salvador Rocha Díaz: |
Así es, señor Presidente, si me
permite concluir será precisamente en este sentido.
Cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento sobre el consumo
del tabaco, el artículo 20 de dicho Reglamento, que rige igualmente esta sala de
sesiones, contiene sanciones, amonestaciones y después multa.
En contra de este reglamento me permití interponer una demanda de amparo, cuya copia dejo
aquí en poder de la Secretaría para los efectos de que se agregue al Diario de los
Debates y solicité la suspensión provisional que me permitiera fumar dentro de los
recintos federales. El juez de distrito negó la suspensión provisional, interpuse el
correspondiente recurso de queja que declaró fundado el Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa y de lo cual dejo igualmente copia en poder de la Secretaría.
Era mi deber primero, que si voy a fumar, pues no genere yo escándalo, pensando que lo
estoy haciendo sin derecho.
Segundo, evitar que la Presidencia me amonestara y en su caso me multara, no obstante que
la justicia de la Unión me ampara y me protege para este efecto.
En consecuencia mi petición, señor Presidente, era que se tome nota por la mesa
directiva, que en función de los documentos que acabo de entregar a la Secretaría,
ejerceré mi derecho de fumar dentro del salón de sesiones y concluir con lo que dijo el
diputado Palavicini en la sesión del Congreso Constituyente del 27 de noviembre de 1916,
cuando se debatió sobre precisamente el derecho de fumar durante las sesiones y terminó
con una propuesta al Presidente del Congreso Constituyente que yo mismo me permito
formularle a usted, señor Presidente en los siguientes términos:
Señor Presidente, yo le suplico respetuosamente que sujetándose a la ley, deje que la
ley castigue a los diputados que fuman, pero como esta ley no está sancionada, los
señores diputados seguirán fumando.
Por lo tanto, yo propongo al señor Presidente que no se preocupe de esas cosas y deje a
los diputados en libertad para fumar.
Muchas gracias.
«Quejoso: Salvador Rocha Díaz. Juicio de Amparo Indirecto.
Ciudadano juez de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, en turno.
Presente.
Salvador Rocha Díaz, mexicano, abogado, promoviendo por mi propio derecho, señalando
como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, la casa marcada con el
número ciento sesenta y tres de la Avenida Alvaro Obregón, esquina con Tonalá, colonia
Roma, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, en esta Ciudad de México, Distrito
Federal y autorizando en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, reglamentaria
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a los señores licenciados Rafael Ambrosi Cortés, José Luis Zambrano Porras, Cristina
Rocha Cito, Tatiana Villa Ramírez, Everardo Joaquín Espino Guerrero, Humberto Sarkis
Lara y Enrique Gutiérrez Flores, con cédulas profesionales números 283808, 2199377,
2200872, 2587278,....... 2414129, 2835377 y 2985707 respectivamente, expedidas todas por
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública para el
ejercicio de la profesión de licenciado en derecho y autorizando para imponerse de los
autos, consultar el expediente, tomar apuntes del mismo, oír notificaciones y recoger
toda clase de documentos, a los señores Gerardo González Vidargas, Rosa Isela Vargas
Calvillo, Marco Vinicio Zazueta Angulo, Eric Edmundo Aranda García, Fernando María de la
Torre Alejandré, Lourdes Ortiz Torres y Jacqueline Escobar Subirats, ante usted con el
debido respeto comparezco a exponer:
Que por medio del presente escrito, vengo a solicitar el amparo y protección de la
justicia de la Unión, en contra de las autoridades responsables, por los actos y hechos
que se describen en el presente documento y en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 116 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo protesta de decir verdad,
manifiesto:
1. Nombre y domicilio del quejoso: los que se han indicado en el proemio de esta demanda.
2. Nombre y domicilio del tercero perjudicado: no hay.
3. Autoridades responsables:
3.1. C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
3.2. C. Secretario de Salud.
3. 3. C. Director del Diario Oficial de la Federación.
4. Actos reclamados:
4.1. Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la expedición del
reglamento sobre consumo de tabaco, que fue publicado el pasado día veintisiete de julio
del dos mil, en virtud de la inconstitucionalidad de su artículo 20, que a la letra dice:
"Artículo 20. La inobservancia a lo dispuesto en el artículo 9o. será
sancionada con amonestación, con apercibimiento y cuando se trate de reincidencia por
tercera ocasión y sucesivas, con multa de una a cinco veces el salario mínimo general
diario vigente en la zona económica de que se trate."
4.2. Del C. Secretario de Salud, se reclama el refrendo del reglamento sobre consumo de
tabaco publicado el día veintisiete de julio del año dos mil.
4.3. Del C. Director del Diario Oficial de la Federación, se reclama la publicación en
dicho diario del reglamento sobre consumo de tabaco expedido el día veintiséis de julio
del año dos mil.
4.4. De todas las autoridades señaladas, cualquier acto de aplicación del artículo 20
del reglamento citado.
5. Fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado: el día veintisiete de julio del
dos mil, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento
sobre consumo de tabaco, el cual en los términos de su único artículo transitorio
entró en vigor a los treinta días siguientes a su publicación, esto es, dicho
reglamento entró en vigor a partir del pasado día viernes ocho de septiembre del año
dos mil, y por lo tanto el término de treinta días para la interposición de la presente
demanda empieza a correr a partir de dicha fecha.
6. Preceptos constitucionales violados: el artículo 16 y la fracción I del artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Hechos que constituyen antecedentes:
7.1. El consumo de tabaco es una actividad lícita, en virtud de que no existe ley alguna
que prohiba o sancione la producción, comercialización, promoción, distribución, venta
o consumo de tabaco. Por consiguiente, cualquier ciudadano está en su derecho y tiene
plena libertad para consumir este producto a cualquier hora, en cualquier lugar y bajo las
condiciones que desee hacerlo.
7.2. El suscrito quejoso consume tabaco, pues fuma cigarrillos, cigarros puros y tabaco
para pipa.
7.3. Por decreto expedido por el H. Congreso de la Unión el día veintinueve de abril del
dos mil, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha treinta y uno de mayo
del mismo año, se modificó la fracción II del artículo 188 de la Ley General de Salud,
para quedar en lo siguientes términos:
Artículo 188. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades
federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas
competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el tabaquismo, que
comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:
I. La prevención y el tratamiento de padecimientos originados por el tabaquismo y
II. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a
la familia, niños y adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de
comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de
fumar en lugares públicos y la prohibición de fumar en el interior de los edificios
públicos propiedad del Gobierno Federal, en los que alberguen oficinas o dependencias de
la Federación y en aquéllos en los que se presten servicios públicos de carácter
federal, con excepción de las áreas restringidas reservadas en ellos para los fumadores.
7.4. En la sesión pública ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el pasado día
veintinueve de abril del 2000, se presentó ante la Asamblea de dicha Cámara para su
discusión, el dictamen sobre la minuta de la Cámara de Diputados, con proyecto de
decreto para modificar la fracción II del artículo 188 de la Ley General de Salud.
Resulta pertinente señalar que en la discusión o debate del referido dictamen, se
enfatizó a que la iniciativa de dicha modificación contenía una norma imperfecta y
resultaba extraordinariamente generosa por virtud de que la posible violación al precepto
cuya modificación se discutía, no preveía sanción alguna, ya que se trataba
básicamente de una ley de buenos propósitos, de concientización, de educación
ciudadana y de acción cívica.
7.5. No obstante lo anterior, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en exceso
de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proveer en la esfera administrativa a la
exacta observancia de las leyes, con fecha veintiséis de julio del dos mil, expidió el
reglamento sobre consumo de tabaco, cuyos artículos noveno y veinte a la letra dicen:
Artículo 9o. Excepto en la áreas a que se refiere el siguiente artículo, se
prohíbe fumar en:
A. El interior de los edificios que a continuación se enumeran
1588,1589,1590
I. Edificios públicos propiedad de la Federación, entendidos todos aquellos del dominio
público o privado de la Federación, que ésta haya adquirido por cualquier título
jurídico;
II. Edificios que alberguen oficinas o dependencias de la Federación, así como sus
organismos públicos autónomos, que comprende a los utilizados por:
a. La Cámara de Diputados,
b. La Cámara de Senadores,
c. La Suprema Corte de Justicia de la Nación,
d. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
e. Los tribunales colegiados y unitarios de circuito,
f. Los juzgados de distrito,
g. El Consejo de la Judicatura Federal,
h. La Comisión Nacional de Derechos Humanos,
i. El Instituto Federal Electoral,
j. El Banco de México,
k. El Tribunal Superior Agrario,
l. El Tribunal Fiscal de la Federación,
m. La Presidencia de la República,
n. Las secretarías de Estado,
o. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,
p. La Procuraduría General de la República,
q. Los organismos descentralizados,
r. Las empresas de participación estatal y
s. Los fideicomisos públicos y
III. Edificios en los que se prestan servicios públicos de carácter federal tales como:
a. Aeropuertos y terminales aéreas,
b. Centrales camioneras,
c. Estaciones de ferrocarril,
d. Terminales e instalaciones portuarias y
e. Instituciones educativas.
B. Las unidades hospitalarias y clínicas de los sectores público, social y privado que
constituyen el Sistema Nacional de Salud, que incluye:
I. Instituciones nacionales de salud;
II. Hospitales;
III. Sanatorios;
IV. Clínicas;
V. Unidades médicas;
VI. Centros de salud;
VII. Consultorios médicos, dentales y de otras disciplinas relacionadas y
VIII. Laboratorios clínicos, gabinetes de diagnóstico y tratamiento.
C. Cualquier otra instalación en la que se presten servicios públicos federales, ya sea
directamente por instituciones públicas o por los particulares.
Artículo 20. La inobservancia a lo dispuesto en el artículo 9o. será
sancionada con amonestación con apercibimiento y cuando se trate de reincidencia por
tercera ocasión y sucesivas, con multa de una a cinco veces el salario mínimo general
diario vigente en la zona económica de que se trate.
7.6. Resulta claro que el artículo 20 del reglamento sobre consumo de tabaco, excede el
alcance de la fracción II modificada del artículo 188 de la Ley General de Salud, por
cuanto a que ésta no prevé sanción alguna a quien viole dicho precepto, lo que viola
los preceptos constitucionales invocados, y es por ello que ahora me veo en la necesidad
de promover la presente demanda de amparo expresando para ello el siguiente concepto de
violación.
8. Concepto de violación:
Unico. El acto reclamado viola en mi perjuicio lo dispuesto por el artículo 16 y por la
fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que:
8.1. El artículo 16 en su primer párrafo, dispone:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento.
8.2. En relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado
el siguiente criterio jurisprudencial, en cuanto a la fundamentación y motivación, que
debe obedecer el procedimiento amparado por el artículo 16 constitucional:
Fundamentacion y motivacion. De acuerdo con el artículo de la Constitución Federal, todo
acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose
por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y,
por lo segundo, que también debe señalarse, con precisión, las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración
para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista aducación entre los
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren
las hipótesis normativas.
Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. 132, Pág. 49. A. R. 8280/67 Augusto Vallejo Olivo. 5
votos.
Séptima Epoca, Tercera Parte: Vol. 14, Pág. 37. A. R. 3713/69. Elías Chahin. 5 votos.
Vol. 28, Pág.11 A. R. 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y Coags. 5 votos.
Vols. 97-102, Pág. 61. A. R. 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros y
acumulado. Unanimidad de 4 votos.
Vols. 97-102, Pág. 61. A. R. 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 5 votos.
8.3. El artículo 89 fracción I, a la letra dice:
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en su
esfera administrativa a su exacta observancia.
8.4. La fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que quedó anteriormente transcrito, establece la facultad reglamentaria del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cual no puede exceder o rebasar del alcance
de la propia norma sobre la cual el Ejecutivo ejerza dicha facultad.
Esto es, dicha facultad tiene un límite, que lo es el que aquellas disposiciones que se
emitan para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, no
exceda las disposiciones de éstas.
8.5. La fracción II del artículo 188 de la Ley General de Salud, no prevé sanción
alguna a quien viole el referido precepto, esto es, a quien fume en el interior de los
edificios públicos propiedad del Gobierno Federal, en tanto que el artículo 20 del
reglamento sobre consumo de tabaco, que constituye el acto reclamado, establece una
sanción a quien fume en dichos edificios públicos, lo que obviamente excede el alcance
de la propia Ley General de Salud y de ahí la inconstitucionalidad de los actos
reclamados.
En apoyo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado los
siguientes criterios, en cuanto al alcance y límites de la facultad reglamentaria del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
Novena Epoca.
Instancia: Segunda Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo: II, Septiembre de 1995.
Tesis: 2a./J. 47/95.
Página: 293.
Facultad reglamentaria. Sus límites. Es criterio unánime, tanto de la doctrina como de
la jurisprudencia, que la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema
constitucional al Presidente de la República y a los gobernadores de los estados, en sus
respectivos ámbitos competenciales, consiste, exclusivamente, dado el principio de la
división de poderes imperante en la expedición de disposiciones generales, abstractas e
impersonalesque tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en
detalle sus normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse el alcance de
los mandatos o contrarias o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su
medida justificación.
Revisión fiscal 59/81. Playa Sol Vallarta, S.A. 4 de octubre de 1982.
Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: José Angel Mandujano
Gordillo.
Amparo en revisión 3227/90. Empresas Tylsa, S.A. de C.V., 29 de agosto de 1994. Mayoría
de cuatro votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ponente: Noé Castañon León.
Secretario: Luis Ignacio Rosas González.
Amparo en revisión 2165/93. Compañía Azucarera del Ingenio de Bellavista, S.A., 9 de
junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Martha
Leonor Bautista de la Luz.
Amparo en revisión 862/93. Ingenio José María Morelos, S.A., 9 de junio de 1995. Cinco
votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
Amparo en revisión 1841/94. Francisco José Luis Gutiérrez Flores. 18 de agosto de 1995.
Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Germán Martínez
Hernández.
Tesis de Jurisprudencia 47/95. Aprobada por la segunda sala de este alto tribunal, en
sesión privada de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por
unanimidad de cinco votos de los ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Genaro David
Góngora Pimentel, Mariano Azuela Guitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio
Salvador Aguirre Anguiano.
Novena Epoca.
Instancia: Segunda Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo: VIII, diciembre de 1998.
Tesis: 2a./J. 84/98.
Página: 393.
Facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal. Interpretación de la fracción I del
artículo 89 de la Constitucion. La facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción
I, de la Constitución Federal otorga al Ejecutivo de la Unión para proveer en la esfera
administrativa a la exacta observancia de las leyes, puede ser ejercida mediante distintos
actos y en diversos momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin más límite que
el de no rebasar ni contravenir las disposiciones que se reglamenten.
Por tanto, no es forzoso que se ejerza tal facultad en un solo acto, porque ello
implicaría una restricción no consignada en el precepto constitucional.
Amparo en revisión 7026/77. Socorro Avila Hernández. 26 de octubre de 1978. Unanimidad
de cuatro votos. Ausente: Arturo Serrano Robles. Ponente: Eduardo Langle Martínez.
Secretario: Jaime C. Ramos Carreón.
Amparo en revisión 311/98. Prestadores de Servicios Administrativos de Chihuahua, S.C.L.
de R.L. 17 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora
Pimentel. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel; en su ausencia hizo suyo el asunto el
ministro Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.
Amparo en revisión 273/98. Prestadores de Servicios Administrativos del Norte de Sonora,
S.C.L. 24 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretaria: Clementina Flores Suárez.
Amparo en revisión 3655/97. Prestadores de Servicios Comerciales.
Especializados, S.C.L. de R.L. 29 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Mariano Azuela Guitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Clementina
Flores Suárez.
Amparo en revisión 53/98. Cooperativa del Golfo, S.C. de R.L. de C.V. 21 de agosto de
1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac
Gregor Poisot.
Tesis de jurisprudencia 84/98. Aprobada por la segunda sala de este alto tribunal, en
sesión privada del trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
1591,1592,1593
Novena Epoca.
Instancia: Segunda Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: IX, Abril de 1999.
Tesis: 2a./J. 29I99.
Página: 70.
Facultad reglamentaria del Presidente de la República. Principios que la rigen. Según la
sostenido este alto tribunal en numerosos precedentes, el artículo 89 fracción I,
constitucional, faculta al Presidente de la República para expedir normas reglamentarias
de las leyes emanadas del Congreso de la Unión y aunque desde el punto de vista material
ambas normas son similares, aquellas se distinguen de éstas básicamente, en que
provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está
instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son
normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se halla regida por
dos principios: el de reserva de la ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El
principio de reserva de ley, que desde su aparición como reacción al poder ilimitado del
monarca hasta su formulación en las constituciones modernas, ha encontrado su
justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los
gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohibe al reglamento abordar
materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la
definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los
elementos de los tributos, mientras que el principio de subordinación jerárquica, exige
que el reglamento esté precedido por una ley cuya disposición desarrolle complemente o
pormenorice y en la que encuentre su justificación y medida.
Amparo en revisión 1948/94. Proveedora de Señales y Dispositivos para Tránsito, S.A. de
C.V. 16 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana
Campuzano de Ortiz.
Amparo directo en revisión 781/95. Maxie de México, S.A. de C.V. 30 de agosto de 1995.
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro González Bernabé.
Amparo directo en revisión 1924/96. Volkswagen de México, S.A. de C.V. 19 de septiembre
de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vázquez.
Amparo en revisión 1719/97. Materiales Téllez de Acapulco, S.A. de C.V. 14 de noviembre
de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente:
Mariano Azuela Guitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 1763/98. Herramientas Truper, S.A. de C.V. 27 de noviembre de 1998.
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. Secretaria: Fortunata Florentina Silva
Vázquez.
Tesis de jurisprudencia 29/99. Aprobada por la segunda sala de este alto tribunal, en
sesión privada del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Octava Epoca.
Instancia: Segundo tribunal colegiado del sexto circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación .
Tomo: XV-Enero.
Tesis: VI.2o. 188 A.
Página: 298.
Reglamentos administrativos. Facultad del Presidente de la República para expedirlos. Su
naturaleza. El artículo 89 fracción I de nuestra Carta Magna, confiere al Presidente de
la República tres facultades: a). La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la
Unión; b). La de ejecutar dichas leyes y c). La de proveer en la esfera administrativa a
su exacta observancia o sea la facultad reglamentaria. Esta última facultad es la que
determina que el Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tienen
por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y complementando en detalle las normas
contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la Unión. El
Reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; partícipe
de los atributos de la ley aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza
impersonal, general y abstracta. Dos características separan la ley del reglamento en
sentido estricto: Este último emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera
administrativa a la exacta observancia de la ley y es una norma subalterna que tiene su
medida y justificación en la ley. Pero aún en lo que aparece común en los dos
ordenamientos, que es su carácter general y abstracto, sepáranse por la finalidad que en
el área del reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina
de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los
casos concretos. Segundo tribunal colegiado del sexto circuito.
Amparo directo 233/90. Electrónica Aplicada del Sureste, S.A. de C.V., 19 de febrero de
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín
Campos Ramírez.
Amparo directo 169/90. Industrias Modernas de Precisión, S.A., 21 de noviembre de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González
Alvarez.
Amparo directo 433/88. Haddad Textil, S. A. de C.V., 24 de octubre de 1989. Unanimidad de
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, debe declararse fundado este concepto de
violación y concederse a favor del suscrito, el amparo y la protección de la justicia
federal.
COMPETENCIA
Su señoría es competente de acuerdo a los artículos 103 fracción I y relativos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. fracción I, 36, 114
fracción I y demás relativos de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por los
artículos 48, 54 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
PROCEDIMIENTO
Lo rigen los artículos 2o., 5o., 11, 22 fracción I, 116, 120, 147, 149,155 y demás
relativos de la Ley de Amparo.
SUSPENSION
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35, 122, 124, 130, 131, 132, 139 y demás
relativos de la Ley de Amparo, solicito se conceda al quejoso la suspensión provisional
y, en su momento, la definitiva del acto reclamado, en virtud a los siguientes hechos y
consideraciones de derecho:
1. El artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación a la suspensión del acto reclamado,
en el amparo indirecto, a la letra dice:
Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión
se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
I.- Que la solicite el agraviado.
II.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden
público.
Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas
contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de
centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se
permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos o el alza de precios
con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la
ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión
de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de
sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento
de las órdenes militares.
III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado
con la ejecución del acto.
El juez de distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que
habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia
del amparo hasta la terminación del juicio.
2. El otorgamiento de la suspensión provisional y en su momento la definitiva, del acto
reclamado, es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de
Amparo, por las razones siguientes:
2.1. Porque lo solicita la parte agraviada.
2.2. Porque con el otorgamiento de la suspensión, no se sigue el perjuicio al interés
social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que la suspensión sólo
afecta al suscrito.
2.3. Porque de llevarse a cabo la
ejecución del acto reclamado serían de difícil reparación los daños y perjuicios que
se pudieran ocasionar al suscrito, ya que limitan su liberad personal para consumir
tabaco, de manera irreparable.
3. En términos de todo lo anterior, solicito a su señoría dictar auto que decrete la
suspensión del acto reclamado, en virtud de que para el caso en cuestión, se cumplen con
todos y cada uno de los requisitos que señala la Ley de Amparo, a efecto de que el
quejoso pueda fumar en los lugares públicos señalados en la disposición legal
transcrita, sin ser sancionado.
Por tener aplicación al caso, conviene citar los siguientes criterios jurisprudenciales:
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Parte: II, noviembre de 1995.
Tesis: X.1o.12 K.
Página: 609.
Suspensión definitiva del acto reclamado, manera de realizarse el estudio de la. Por
razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse; por
su orden, las siguientes cuestiones: a). Si son ciertos los actos reclamados, los efectos
y consecuencias combatidas (premisa). b). Si la naturaleza de esos actos permite su
paralización (requisitos naturales). c). Si se satisfacen las exigencias previstas por el
numeral 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y d). Si es necesaria la exigencia
de alguna garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisito de
efectividad). Primer tribunal colegiado del decimo circuito.
Amparo en revisión 261/95. Concepción Hernández Martínez y otros.
13 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña.
Secretaria: Adelita Méndez Cruz.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Parte: II, septiembre de 1995
Tesis: XX.32 K
Página: 566.
Incidente de suspensión. Basta la presunción de certeza del acto reclamado para tener
por acreditado el interes juridico y proceda el. Atento a lo dispuesto por el párrafo
tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, para los efectos del incidente de
suspensión, basta la presunción de certeza del acto reclamado para tener por acreditado
presuntivamente el interés jurídico del quejoso y poder obtener la suspensión en
términos del artículo 124 y relativos del ordenamiento legal citado, en razón de que
dadas las limitaciones probatorias del incidente y su naturaleza misma, no hacen posible
que se exija prueba plena indubitable de la existencia del acto reclamado, lo que en todo
caso sería materia, del juicio principal. Tribunal colegiado del vigesimo circuito.
Incidente en revisión 146/95. Marcos Díaz Ruiz y otros. 6 de julio de 1995. Unanimidad
de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Ronlay de Jesús Estrada Solís.
Por lo anterior expuesto y fundado, a usted C. juez, respetuosamente pido se sirva:
Primero. Tenerme por presentado en los términos que se contienen en el presente escrito,
demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables y por los actos que
ha quedado precisado en este documento.
Segundo. Admitir a trámite la presente demanda de amparo y solicitar a las autoridades
responsables rindan sus informes justificados, señalándose día y hora para la
celebración de la audiencia constitucional.
Tercero. Tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión planteado, concediendo
la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitar a las autoridades
responsables su informe previo y señalar día y hora para la celebración de la audiencia
incidental y una vez celebrada ésta, por ser plenamente procedente en derecho, dictar
interlocutoria que conceda la suspensión definitiva.
Cuarto. Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
Quinto. En su oportunidad, dictar sentencia que me conceda el amparo y la protección de
la justicia federal, que solicito.
México, D.F., a 27 de septiembre de 2000. Protesto lo necesario. Salvador Rocha Diaz.»
1594,1595,1596
«Sesión de Congreso Constituyente de
1917, de 27 de noviembre de 1916.
El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Reynoso.
El C. Reynoso: Es una verdadera infamia que nos tengan aquí sin fumar; pero apelo al
señor presidente que no se apegue tanto al reglamento, porque no nos podremos estar tres
o cuatro horas sin fumar y muchísimos de los que estamos aquí tenemos esa costumbre.
El C. presidente: Eso ordena la ley. (Risas). Yo soy un gran fumador y aquí me tienen
ustedes cumpliendo con la ley. (Risas aplausos).
El C. de los Santos: Pido la palabra, señor presidente:
El C. presidente: Tiene la palabra el presunto diputado ciudadano De los Santos.
El C. de los Santos: Señores: no estamos discutiendo la ley de tabacos, sino estamos
discutiendo el acta.
El C. Reynoso: Pido la palabra, señor presidente.
El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Reynoso.
El C. Reynoso: Si tenemos necesidad de fumar, yo aseguro que se irán algunas personas.
El C. presidente: No hay quien se retire. (Risas).
El C. Reynoso: Se retirarán, señor presidente y faltará quorum.
El C. presidente: No: no permitimos que se retire nadie de aquí. (Risas Aplausos).
El C. secretario González: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta con
las rectificaciones pedidas. Los que estén por la afirmativa, que se sirvan ponerse de
pie. Aprobada.
El C. Reynoso: Es perfectamente sabido que en todos los congresos del mundo se permite que
los diputados fumen y sin necesidad de salir del salón; así es que yo juzgo que puede
hacerse.
El C. presidente: No se puede.
El C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente.
El C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
El C. Palavicini: No está a discusión realmente la ley de tabacos; así lo ha
manifestado el señor general De los Santos con todo tino; pero señor presidente, yo no
me atrevería a solicitar de usted, que es hombre recto y enérgico, que violase la ley,
pero yo voy a decir al señor presidente que el quiere conservar siempre el quorum en la
Asamblea, para que la sesión esté integrada debidamente, es preciso, no que viole la
ley, sino que no se preocupe, como un domine, de cuáles diputados dejan de fumar. Es
verdad que los preceptos del Reglamento dicen que no se fume en el salón de sesiones,
pero es verdad también que no hay ninguna sanción contra el que fume. ¿Tendrá el
señor presidente que estar llamando la atención a las personas que fumen, imponiendo
multas, o consignar a los señores diputados al Gran Jurado, para que los desafore y
castigue? No hay sanción, señor presidente, y el artículo que prohibe fumar no impone
pena alguna. En tal virtud, señor presidente donde no hay que adoptar esa actitud, porque
se expone a convertirse en un domine y de ahí al ridículo no hay más que un paso. Por
consiguiente, yo propongo al señor presidente que no trate de ocuparse gendarmerilmente
de observar quiénes están o no fumando; ésa sería cuestión de los mozos y aquí los
señores diputados no podrán sujetarse ni a los mozos ni a los conserjes. En tal virtud
señor presidente yo le suplico respetuosamente que, sujetándose a la ley, deje que la
ley castigue a los diputados que fumen; pero como esta ley no está sancionada, los
señores diputados seguirán fumando. Por lo tanto yo propongo al señor presidente que no
se preocupe de esas cuestiones y deje a los señores diputados en libertad para fumar o
no.
El C. presidente: No estoy conforme con la moción del señor Palavicini; yo soporto toda
la responsabilidad y todas las furias del Congreso, con tal de cumplir con la ley.
--Un C. presunto diputado: Pido la palabra, señor presidente, para preguntar si se puede
fumar en el departamento contíguo.
El C. Reynoso: ¡Sí, hombre!
"Queja: QA-3162000(X). Salvador
Rocha Díaz. En sesión de seis de octubre del año dos mil, este asunto se resolvió por
unanimidad de votos, en el sentido de declarar fundado el recurso.
Licenciado José Antonio García Guillén.
Secretario de acuerdos, licenciado Edmundo Vásquez Cuevas.
El ciudadano licenciado Edmundo Vásquez Cuevas, secretario de acuerdos del VI tribunal
colegiado en materia administrativa del primer circuito
CERTIFICA
Que la copia que antecede es fiel
reproducción de su original que obra en los autos del toca QA-316/2000(X) relativo al
incidente de suspensión deducido del juicio de amparo 664/2000 promovido por Salvador
Rocha Díaz, la cual se expide a solicitud del quejoso en cumplimiento al auto de fecha
trece de octubre del año.
México, D.F., a 17 de octubre de 2000. Doy fe, el secretario de acuerdos, licenciado
Edmundo Vásquez Cuevas.»
Queja QA-316/2000(X).
Salvador Rocha Diaz.
Magistrado: José Antonio García Guillén.
Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.
México, Distrito federal. Acuerdo del sexto tribunal colegiado en materia administrativa
del primer circuito correspondiente al seis de octubre del año dos mil.
VISTO
RESULTANDO
Primero. Por escrito de
septiembre del año dos mil, Salvador Rocha Déaz, por su propio derecho, promovió juicio
de amparo en contra del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades
responsables.
Segundo. Correspondió al juicio de amparo el número 664/2000, del índice del
Juzgado sexto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal cuyo titular,
mediante auto de veintiocho de septiembre del año dos mil, negó la suspensión
provisional solicitada.
Tercero. Inconforme con la negativa de la suspensión provisional, la parte
quejosa interpuso recurso de queja prevista en la fracción XI del artículo 95 de la Ley
de Amparo que ahora se resuelve.
CONSIDERANDO
Primero. Este tribunal
es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 99 último párrafo, en relación con el artículo 95 fracción XI, ambos de la
Ley de Amparo, y en el artículo 37 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Segundo. Es procedente el recurso intentado porque se controvierte el acuerdo que
negó la suspensión provisional en el incidente del juicio de amparo indirecto
relacionado y, por consiguiente, se actualiza la hipótesis que establece la fracción XI
del artículo 95 de la ley de la materia.
Cuarto. Suplidos en sus deficiencias con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 76-bis de la Ley de Amparo los agravios son fundados.
De la lectura del auto recurrido se advierte que el a quo, al pronunciarse sobre la
suspensión de actos la hizo en los siguientes términos. "Por no reunirse los
requisitos previstos en el artículo de la Ley de Amparo, se niega la suspensión
provisional solicitada, en virtud que el reglamento reclama la parte quejosa, tiene como
objeto proteger la salud de las personas de los efectos nocivos del tabaco, además que de
otorgar dicha medida cautelar se estarían contraviniendo disposiciones de orden público
e interés social y la sociedad está interesada en que éstas se lleven a cabo".
Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se desprende que contrariamente a lo
manifestado por el a quo, en el auto recurrido, la parte quejosa no reclamó la totalidad
de los preceptos del reglamento aludido, de manera que al dictar la medida suspensiva sin
limitarse a los actos que de manera expresa señaló el quejoso en el escrito de demanda,
alteró el contenido de la misma resultando en consecuencia dicho auto contrario a
derecho, por tal motivo lo precedente es declarar fundado el presente recurso para el
efecto de que, atendiendo al lineamiento de esta resolución se pronuncie solo en cuanto a
los actos reclamados de manera expresa en el escrito de demanda.
Por lo expuesto y fundado se resuelve.
Unico. Es fundado el presente recurso de queja.
Notifiquese, con el testimonio correspondiente y en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores magistrados, presidente José Alejandro Luna
Ramos, José Antonio García Guillén y Emma Margarita Guerrero Oslo, lo resolvió de
plano el Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, siendo
ponente el segundo de los nombrados. Firman los magistrados presidente y ponente con el
secretario de acuerdos quien autoriza y da fe.
Presidente: licenciado José Alejandro Luna Ramos, presidente. Rúbrica.»
Gracias, señor diputado Salvador
Rocha.
Esta directiva recibe los documentos por usted entregados, serán en su momento cabalmente
observados; pero adicionalmente, señor diputado, quisiera rogarle que guardando las
fórmulas de cortesía, si va usted a fumar, lo haga en una región del salón en donde no
haya una molestia excesiva a las compañeras y compañeros diputados. Salud, diputado
Rocha.
DESASTRES NATURALES
Continuando con el desahogo del
orden del día, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para la donación de
una aportación de los diputados federales para los damnificados por los desastres
naturales ocurridos en días pasados, se concede el uso de la palabra hasta por 10
minutos, al diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo.
|
El diputado Jaime Cervantes Rivera: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Los miembros del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LVIII Legislatura, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la
Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con los daños causados por el huracán
"Keith" que recientemente azotó a nuestro país y que afectó particularmente a
los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y
Campeche, quedó evidenciado que aún existe un gran déficit en nuestro país de
infraestructura física y equipamiento urbano, particularmente en viviendas bien
construidas, de comunicaciones terrestres y sobre todo de recursos de protección civil
para hacer frente a estos fenómenos naturales impredecibles.
Sin duda, estos acontecimientos provocados por fenómenos que están fuera del alcance del
ser humano, tienen graves repercusiones en las zonas de mayor marginación. Es decir,
aquellas que cuentan con pocos o nulos recursos económicos, como es el caso de los
estados que sufrieron los desastres naturales señalados.
1597,1598,1599
A las consecuencias negativas que produjo
el desplazamiento del meteoro que afectó a las entidades ya descritas, tenemos que
sumarle otro no menos importante problema que está profundizando la pobreza en que vive
un gran número, una gran parte de los mexicanos. Nos referimos a la sequía que viene
azotando al campo mexicano, particularmente en los estados del centro y norte de nuestro
país desde hace varios años y con saldos sumamente alarmantes. San Luis Potosí,
Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora,
Querétaro y Guanajuato, no han sido declarados zona de desastres por las sequías que
padecen, porque el Gobierno Federal no lo ha querido, pero tienen todas las condiciones
para ser catalogados como tal.
Como podemos observar, nuestro país está siendo presa de los desastres naturales
aumentando las múltiples carencias de una parte importante del pueblo mexicano. Sin
embargo, los recursos que podemos emplear para ayudar a nuestros compatriotas son
insuficientes y escasos.
En estas circunstancias, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, considera que los
integrantes de esta LVIII Legislatura federal, debemos ser sensibles y solidarios a las
desgracias que hoy aquejan a nuestros compatriotas. También sabemos que no tenemos
capacidad para dar respuesta inmediata a todos los mexicanos que viven en estas
circunstancias dolorosas. Sin embargo pensamos que debemos ser ejemplo de quienes nos
eligieron y una forma de serlo sería apoyando a los miles de habitantes que han sido
afectados por el paso del huracán "Keith".
Por ello, nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, considera que una
aportación de nuestros ingresos a esta noble causa, contribuiría a paliar en parte las
apremiantes necesidades que sufre este sector del pueblo.
Por todas las consideraciones señaladas proponemos al pleno de esta soberanía, el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Los
diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, donarán un día de
su dieta, que se destinará para apoyar a las familias afectadas por los desastres
provocados por el huracán "Keith" en los estados de Tamaulipas, Nuevo León,
Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Campeche.
Y en virtud de que hoy no existe la Comisión de Protección Civil, solicitamos que se
exhorte a la Junta de Coordinación Política, para que sea ahí en el lugar donde se
establezcan los criterios y los instrumentos para hacer llegar los apoyos a todos los
damnificados.
También queremos dar cuenta de que se suma a este punto de acuerdo, el diputado Juan
Ignacio Zalvidea, del Partido Acción Nacional.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Como lo ha solicitado para saber si la Asamblea lo considera de urgente resolución,
solicito a la Secretaría consulte en votación económica si el punto de acuerdo
planteado se considera de urgente resolución.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si el punto planteado por
el diputado Cervantes se considera de urgente resolución.
Los diputados que estén por la afirmativa, sívanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sívanse manifestarlo... Se considera de
urgente resolución, señor Presidente.
No habiendo quien haga uso de la
palabra, pregunte la Secretaría si el punto de acuerdo es de aprobarse, en votación
económica.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el
punto de acuerdo propuesto por el diputado Cervantes.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se aprueba el
punto de acuerdo, señor Presidente.
Comuníquese a las instancias
administrativas de la Cámara el punto de acuerdo.
MEDIO ORIENTE
Para presentar otra proposición
con punto de acuerdo sobre la paz en el Medio Oriente, se concede el uso de la palabra al
diputado Francisco Javier Sánchez Campuzano, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
|
El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete
Montes de Oca (desde su curul): |
¡Señor Presidente!
Nada más que desde el pasillo no
hay posibilidad de darle el sonido, señor diputado. ¿Si puede tomar su curul para darle
el sonido?
¡Ah!, es solamente que hará uso de la palabra el diputado Tarcisio Navarrete Montes de
Oca en vez del diputado Francisco Javier Sánchez Campuzano. ¿Es así? ¿Sí?
Tiene el uso de la palabra el diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
|
El
diputado Ricardo Tarcisio Navarrete
Montes de Oca (desde su curul): |
Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados:
Los abajo firmantes, diputados del Partido Alianza Social, del Partido de la Sociedad
Nacionalista, del Partido Convergencia por la Democracia, del Partido Verde Ecologista de
México, del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario
Institucional, todos ellos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta
legislatura de la Cámara de diputados, a través de los integrantes de esta comisión,
han considerado proponer a la Junta de Coordinación Política presentar ante la mesa
directiva para que ésta proponga al pleno la posición que debe de asumir este órgano
legislativo ante la creciente ola de violencia que se ha desatado en el Medio Oriente, de
conformidad con el artículo 33 fracción I y 34 fracción I inciso b, ponga a la
consideración de esta Asamblea de este órgano legislativo, con fundamento en los
artículos 58 y 59 de este Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a casos de urgente y obvia resolución, el
presente posicionamiento con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
«CONSIDERACIONES
Que el actual conflicto entre Israel y
Palestina ha incrementado los niveles de violencia en el Medio Oriente, aumentando la
inestabilidad en la región y que ésta podría extenderse afectando gravemente la paz y
la seguridad internacional.
Que las continuas confrontaciones entre ambos pueblos han traído como consecuencia una
serie de agresiones que violentan los mínimos y elementales derechos humanos de los
habitantes civiles en esa región.
Que la actual escalada de violencia entre ambas naciones data de más de una semana de
enfrentamientos, causando la muerte de más de un centenar de personas de uno y otro
país, situación que pone de manifiesto la necesidad de promover un acuerdo que permita
una solución pacífica.
Que la denominada diplomacia parlamentaria en cuanto representante del pueblo se ha
convertido en un eficaz coadyuvante de la diplomacia tradicional y que la primera tiene
como objetivo fundamental el servir a los intereses generales de la humanidad, dado su
origen democrático que la sustenta.
Que México a través de su historia ha proclamado:
El respeto a la autodeterminación de los pueblos.
La no intervención en los asuntos internos de un país por parte de uno o más estados
extranjeros.
La renuncia al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales.
La obligación de solucionar todos los conflictos por la vía pacífica, así como la
necesidad irrenunciable de conducir las relaciones internacionales con base en los
principios del derecho internacional.
Que ningún grupo puede hacerse justicia por su propia mano sin acudir previamente a las
instancias legales que para ello existen.
Que como consecuencia de lo anterior hacemos un llamado a las autoridades israelíes y
palestinas, para que realicen un máximo esfuerzo tendiente a serenar los ánimos y evitar
las acciones violentas para restablecer en el más breve plazo el diálogo que los lleve a
un acuerdo definitivo por la paz en la región.
Que sobre la base de lo anteriormente expuesto la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión de los Estados Unidos Mexicanos, ha decidido adoptar el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Manifestar su más profunda
preocupación por los hechos de violencia y el deterioro de los derechos humanos que
actualmente se está realizando en Medio Oriente, que ponen en grave riesgo la paz y la
seguridad de la región.
Segundo. Convocar a los protagonistas de este conflicto, para que a la brevedad encuentren
una salida pactada y satisfactoria para ambas partes; que tomen en cuenta los principios
del derecho internacional y seguridad dentro de sus territorios; mediante el diálogo y la
concertación logren establecer a la brevedad la paz en la región, instrumentando la
resolución número 1322 de fecha 7 de octubre del año 2000 de la Organización de las
Naciones Unidas.
Tercero. Solicitarle al Presidente de la mesa directiva de esta Cámara, envíe a través
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, copia del presente punto de acuerdo al
secretario general de las Naciones Unidas, así como a los presidentes de los parlamentos
de ambos países.
Cuarto. Mandate a los integrantes de la delegación mexicana que participan en la CIV
Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, celebrándose en la Ciudad de
Yakarta, Indonesia, realicen a través de este organismo un llamado para mantener la paz y
la seguridad mundial.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio
Legislativo. Diputados: Beatriz Paredes Rangel, Felipe Calderón Hinojosa, Antonio
Calderón Cardoso, Alberto Anaya Gutiérrez, Bernardo de la Garza, José Manuel del Río,
Gustavo Riojas Santana y acompañan demás firmas de la Comisión de Relaciones Exteriores
en su calidad de miembros de la misma.»
Es todo, señor Presidente.
Muchas gracias, señor diputado
Tarcisio Navarrete Montes de Oca.
Como usted lo ha solicitado, preguntaremos...
¿Si, señor diputado?
|
El
diputado Sergio Acosta Salazar
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra
para rectificación de hechos.
Permítame, porque están
solicitando un trámite de urgente resolución y dentro de los términos del Reglamento
debe procesarse de inmediato.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo
planteado por el diputado Navarrete Montes de Oca, se considera de urgente resolución.
|
El secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si considera de urgente resolución el punto de acuerdo
propuesto por el diputado Tarcisio Navarrete a nombre de diputados de diversos partidos.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Sí se considera de
urgente resolución, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
Procederemos ahora a poner a discusión este punto de acuerdo y ha solicitado el uso de la
palabra para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, que no hay realmente
hechos qué rectificar, sin embargo yo le concedo el uso de la palabra, pero le pido que
se refiera a hechos y los rectifique puntualmente.
1600,1601,1602
Ahora se abre el turno a discusión y
puede usted inscribirse, señor diputado.
Están inscritos para participar en este tema, la diputada Rosalía Peredo Aguilar y la
diputada Erika Spezia Maldonado. Antes hará uso de la palabra el diputado... Bueno,
entonces ¿lo puedo inscribir mejor en el turno de oradores, diputado? Porque no hay
hechos que rectificar en este momento y usted tendrá el uso de la palabra en su momento.
Entonces, empezamos con la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo y se inscribe el diputado Samuel Aguilar.
|
La diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El conflicto de Medio Oriente entre israelíes y palestinos ha llegado a agudizarse a
niveles alarmantes. El difícil y complicado proceso de pacificación en la región ha
recibido un golpe fulminante con los incidentes y acontecimientos violentos que han
sucedido en las últimas tres semanas.
La región ha entrado en una escalada de violencia que tiene que ser contenida de
inmediato si no se quiere que la situación se deteriore y se complique más hasta impedir
que se encaucen los problemas regionales por la vía del diálogo y la negociación
política.
Los enfrentamientos entre palestinos e israelíes estallaron el 28 de septiembre pasado a
partir de la visita del dirigente derechista israelí Ariel Sharon a la explanada de los
Mezquitas de Jerusalén, la cual es considerada como un lugar santo para el Islam.
Los palestinos consideraron dicha visita como un acto de provocación, el levantamiento
palestino no se hizo esperar, la intijada palestina ha subido de tono hasta alcanzar
niveles de guerra contra Israel; la violencia llegó a niveles mayúsculos cuando el día
12 de octubre Israel bombardeó a ciudades palestinas como una venganza ante el
linchamiento de tres soldados israelíes que se encontraban detenidos en una comisaría de
ramal en la ciudad Palestina de Cisjordania.
La respuesta israelí va a ser contundente, Ramala y Gaza, que forman parte de los
territorios autónomos en manos del estado palestino, son atacados por helicópteros, los
ataques israelíes llegan hasta apenas 500 metros de la residencia oficial del dirigente
palestino Yasser Arafat. Las imágenes le han dado la vuelta al mundo en cuestión de
minutos, lo mismo conmueve la información y las fotografías sobre niños palestinos que
fallecen a causa de los ataques del ejército israelí, que las escenas de linchamiento
masivo cometido contra los soldados israelíes por una muchedumbre palestina indignada.
Más de 100 muertos han dejado los incidentes violentos, los precios del petróleo han
subido de forma preocupante, las negociaciones de paz que tanto trabajo han costado para
las partes en conflicto y para la comunidad internacional, ahora se ven seriamente en
peligro. De hecho los incidentes han creado un estado de alerta pues los ataques
israelíes no tienen precedentes desde que el estado israelí cedió el control de los
territorios ocupados al estado palestino hace ya seis años.
La fragilidad de los acuerdos alcanzados hasta ahora se han visto tambalear con la
gravedad de la violencia de ambas partes; el día 17 de octubre han aparecido algunas
informaciones optimistas, en el balneario egipcio de Sharm el Sheik se han dado visos de
entendimiento y acuerdo entre el primer ministro israelí Ehud Barak y el presidente
palestino Yasser Arafat; sin embargo ha sido el presidente de América del Norte el que ha
informado de los acuerdos obtenidos y aún no queda claro si habrá un cabal cumplimiento
de los acuerdos por las partes en el conflicto.
Aún se siguen presentando incidentes violentos y los acuerdos de Sharm el Sheik todavía
son sólo apenas una muestra de buena voluntad de las partes.
El Partido del Trabajo está interesado en que el conflicto del Medio Oriente sea
reencauzado por la senda de la paz y la negociación. Los acuerdos alcanzados en Sharm el
Sheik pueden servir de apoyo para resolver la situación tensa que se ha presentado en la
zona, acabar y detener la violencia, investigar los hechos acaecidos en las últimas
semanas y retomar el proceso de diálogo son los tres acuerdos alcanzados que deberían de
ser respetados por las partes como muestras de avance en la contención del conflicto.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia por un alto a la guerra y a la
violencia en el Medio Oriente, por lo que apoyamos el punto de acuerdo en comento con la
firme convicción de que será resuelto de manera justa.
Es cuanto.
Gracias, diputada Rosalía.
Están inscritos previamente para referirse a este tema, la diputada Rosalía Peredo,
quien ha hecho uso de la palabra, la diputada Erika Spezia, el diputado Sergio Acosta
Salazar y el diputado Samuel Aguilar Solís.
Tiene el uso de la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
|
La diputada Erika Elizabeth Spezia
Maldonado: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
La importancia geopolítica del Medio Oriente nos obliga a reflexionar sobre su inestable
situación actual. Desde nuestro punto de vista, las partes en conflicto deben recurrir al
diálogo y establecer una tregua para frenar las difíciles circunstancias que vive la
región desde que se inició la revuelta palestina; asimismo pedimos que se aleje la
confrontación y prevalezca la conciliación y para no poner en riesgo el futuro de
proceso de paz construido con tanta dedicación, desde 1993 en los acuerdos de Oslo.
En esta hora de tensión y animadversión tanto Israel como Palestina, deben dejar de
culparse mutuamente y centrarse en el futuro para poder avanzar hacia una relación
respetuosa y pacífica.
El grupo parlamentario del Partido Verde apoya el punto de acuerdo de la Comisión de
Relaciones Exteriores, en el mismo sentido respaldamos los importantes acuerdos de
mediación desplegados conjuntamente en la Cumbre de El Sharm el Sheik, Egipto, por los
gobiernos de Estados Unidos y Jordania más la Unión Europea, la ONU y el país
anfitrión con el primer ministro Ehud Barak y el Presidente Yasser Arafat.
Dicha Cumbre Multilateral, diversa y plural, estuvo representada al máximo nivel y tuvo
como meta lograr un pacto para acabar con la violencia desatada durante las últimas dos
semanas de intifada. Tres objetivos la animaron:
Primero, restablecer la calma en los territorios ocupados;
Segundo, formar un comité para investigar el origen de la violencia y
Tercero, el compromiso de volver a la mesa de negociaciones para tratar de reanudar el
proceso de paz.
La Cumbre de Sharm el Sheik muestra la preocupación y la esperanza que tenemos todas las
naciones en que israelíes y palestinos perseveren en el dialogo que llevan desde hace
siete años y se encaucen como lo manifestó el secretario general de la ONU, Kofi Annan,
hacia una seguridad duradera que sólo puede darse con la paz duradera.
El ministro israelí de asuntos exteriores también lo expresó mejor que nadie al
declarar el enfrentamiento de gases en Jordania, es un sin sentido y que la violencia
tiene que pararse.
La prioridad será restablecer la comunicación entre israelíes y palestinos y alentar el
dialogo permanente entre varias comunidades. Para ello es indispensable que tanto Arafat
como Barak tomen medidas concretas e inmediatas para acabar con la violencia.
por la senda de la paz y la negociación.
Los acuerdos alcanzados en Sharm el Sheik pueden servir de apoyo para resolver la
situación tensa que se ha presentado en la zona, acabar y detener la violencia,
investigar los hechos acaecidos en las últimas semanas y retomar el proceso de diálogo
son los tres acuerdos alcanzados que deberían de ser respetados por las partes como
muestras de avance en la contención del conflicto.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia por un alto a la guerra y a la
violencia en el Medio Oriente, por lo que apoyamos el punto de acuerdo en comento con la
firme convicción de que será resuelto de manera justa.
Es cuanto.
Gracias, diputada Rosalía.
Están inscritos previamente para referirse a este tema, la diputada Rosalía Peredo,
quien ha hecho uso de la palabra, la diputada Erika Spezia, el diputado Sergio Acosta
Salazar y el diputado Samuel Aguilar Solís.
Tiene el uso de la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
|
La
diputada Erika Elizabeth Spezia
Maldonado: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
La importancia geopolítica del Medio Oriente nos obliga a reflexionar sobre su inestable
situación actual. Desde nuestro punto de vista, las partes en conflicto deben recurrir al
diálogo y establecer una tregua para frenar las difíciles circunstancias que vive la
región desde que se inició la revuelta palestina; asimismo pedimos que se aleje la
confrontación y prevalezca la conciliación y para no poner en riesgo el futuro de
proceso de paz construido con tanta dedicación, desde 1993 en los acuerdos de Oslo.
En esta hora de tensión y animadversión tanto Israel como Palestina, deben dejar de
culparse mutuamente y centrarse en el futuro para poder avanzar hacia una relación
respetuosa y pacífica.
El grupo parlamentario del Partido Verde apoya el punto de acuerdo de la Comisión de
Relaciones Exteriores, en el mismo sentido respaldamos los importantes acuerdos de
mediación desplegados conjuntamente en la Cumbre de El Sharm el Sheik, Egipto, por los
gobiernos de Estados Unidos y Jordania más la Unión Europea, la ONU y el país
anfitrión con el primer ministro Ehud Barak y el Presidente Yasser Arafat.
Dicha Cumbre Multilateral, diversa y plural, estuvo representada al máximo nivel y tuvo
como meta lograr un pacto para acabar con la violencia desatada durante las últimas dos
semanas de intifada. Tres objetivos la animaron:
Primero, restablecer la calma en los territorios ocupados;
Segundo, formar un comité para investigar el origen de la violencia y
Tercero, el compromiso de volver a la mesa de negociaciones para tratar de reanudar el
proceso de paz.
La Cumbre de Sharm el Sheik muestra la preocupación y la esperanza que tenemos todas las
naciones en que israelíes y palestinos perseveren en el dialogo que llevan desde hace
siete años y se encaucen como lo manifestó el secretario general de la ONU, Kofi Annan,
hacia una seguridad duradera que sólo puede darse con la paz duradera.
El ministro israelí de asuntos exteriores también lo expresó mejor que nadie al
declarar el enfrentamiento de gases en Jordania, es un sin sentido y que la violencia
tiene que pararse.
La prioridad será restablecer la comunicación entre israelíes y palestinos y alentar el
dialogo permanente entre varias comunidades. Para ello es indispensable que tanto Arafat
como Barak tomen medidas concretas e inmediatas para acabar con la violencia.
Finalmente queremos resaltar la
relevancia y el valor que tiene uno de los principios constitucionales de nuestra
política exterior que promueve la resolución pacífica de las controversias, ya que
confiamos que mediante ella puede cesar la espiral de la violencia.
Muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Muchas gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución
Democrática.
|
El diputado Sergio Acosta Salazar: |
Con su venia, señor Presidente;
diputadas y diputados:
¿Por qué una nación grande invade a una pequeña? ¿Por qué una persona joven golpea a
una persona grande?, por el poder.
Nosotros estamos de acuerdo, con el punto de acuerdo que se presentó y que de una u otra
manera viene precisamente en concordancia con lo que el PRD viene enunciando, que es
precisamente una paz, que así cómo los conflictos que fueron de Yugoslavia y que de una
u otra manera se han venido solucionando, así también en el caso del Medio Oriente, la
fracción del PRD se suma a este punto de acuerdo y obviamente daré alguna reseña acerca
de lo que está pasando precisamente allá en ese lejano país.
Desde su establecimiento en 1948, Israel ha buscado la paz con sus vecinos por medio de
negociaciones, las cuales al contrario de fructificar, han dado pie a 52 años de
conflicto palestino-israelí, caracterizado por una fase de violentos enfrentamientos,
represión por parte de Israel y rebelión de Palestina, pérdida de vidas humanas, en su
mayoría de civiles palestinos.
Sin embargo, desde el comienzo del proceso de paz en el año de 1993, se podía presagiar
lo que ahora sucede, ya que ni los líderes laboristas ni los del Icut se molestaron en
ocultar el hecho de los acuerdos de paz.
No olvidemos la Conferencia de Paz de Madrid, de los cuales ya han transcurrido seis años
y el comienzo del proceso bilateral y multilateral en el Medio Oriente.
Durante este tiempo, el proceso de paz ha cambiado la manera en que árabes e israelitas
se relacionan entre sí.
Tampoco olvidemos los acuerdos de Paz de Oslo, en los cuales se ve por ambas partes que
aún está lejano un posible acuerdo para dividir a los palestinos en grupos no contiguos
rodeados de fronteras controlados por israelitas, con lo cual se violaría la integridad
de los territorios, así como la continuación de la ocupación militar y la
obstaculización, lo cual retrasaría el paso hacia la soberanía palestina.
La raíz del problema está en que los judíos y los palestinos israelíes viven juntos
por obligación, tras la creación del Estado de Israel en 1948. Los palestinos, entonces
mayoría, en la zona huyeron o fueron expulsados y quedó una minoría en un territorio
conquistado por los judíos. En apariencia, los que se quedaron disfrutaron desde el
primer día de los mismos derechos civiles que cualquier israelí, pero en realidad los
palestinos sufrían y siguen sufriendo discriminación en muchos ámbitos: asignación de
presupuestos, expropiación de tierras etcétera, además de ser vistos con desconfianza
por los cuerpos de seguridad y por una mayoría de los judíos, que generalmente no
distingue entre el palestino ciudadano de Israel y el palestino de los territorios; ambos
considerados un objeto sospechoso.
Ha habido disturbios aislados o sea han descubierto organizaciones terroristas que
luchaban contra el Estado de Israel y entonces los judíos e Israel han exigido a la
minoría árabe que demuestre su lealtad hacia el estado judío, exigencia algo cínica
dada la poca lealtad con la que el Estado de Israel trata a sus ciudadanos palestinos.
1603,1604,1605
Durante los últimos años se ha
producido un cambio en la actitud de los árabes-israelíes, muchos se han hartado de
esperar a que les permitan disfrutar de una auténtica igualdad.
Todo este proceso ha llegado a su punto de ebullición ahora: Israel sólo tiene una
manera de evitar el derramamiento de sangre: cambiar el status de la minoría árabe,
garantizando una igualdad plena, incluso a través de la discriminación positiva. Es
inaceptable que el estado siga sin contar con una quinta parte de la población. No es
moral ni legítimo, los palestinos mantendrán el vínculo natural que les une a los
países árabes y al estado palestino que surja tras el acuerdo de paz.
Desarrollan su cultura y sus tradiciones, pero como cualquier minoría que acepta la ley
del estado en el que vive, ningún judío ni palestino podra vivir en paz hasta que no se
alcance un consenso civil por el que se reconozca los diferentes intereses de cada parte y
se de más voz a los sectores moderados de la población judía y palestina. Si esto no es
así, Israel se verá pronto en inmersos conflictos como los actuales que estamos
viviendo.
Para los palestinos sería el desagravio necesario para hacerle recuperar la fe en el
proceso de paz e incluso para reconciliarles con un mundo del que se sienten con demasiada
frecuencia y desde hace mucho tiempo marginados e incluso excluidos.
La paz entre Palestina e Israel sólo se puede hacer entre iguales una vez que se haya
puesto fin a la ocupación militar para lo que la comunidad internacional debe unirse y
esforzarse para lograr la paz en el Medio Oriente.
Es importante también la autodeterminación del pueblo palestino para forjar su propia
nación, ya que tanto derecho tiene Israel para vivir en un país como Palestina tiene
también para vivir en una región.
Es por eso, que hoy hago desde aquí un llamamiento a todas las fuerzas que dentro de este
punto de acuerdo, que estamos de acuerdo además, que es imprescindible que de una u otra
manera veamos que ambos, tanto israelitas como palestinos, vienen desde hace años,
precisamente viviendo una serie de guerras y que desgraciadamente por cosas coyunturales
como es la religión, porque no existe esa tolerancia de religión, países como el aguila
y el oso, que son Estados Unidos y Rusia, de nueva cuenta se deja sentir su mano en ese
territorio, como hace tiempo lo hizo en Vietnam, como hace tiempo lo hizo en Nicaragua y
ahora se está viendo la mano de esas dos potencias para disputarse esa territorialidad.
Es por eso que yo llamo a la cordura, yo llamo a la reflexión de los diferentes grupos
para que así, como Israel vive en un país propio, también lo haga de esa misma manera
Palestina que ha sido flagerada en sus derechos humanos.
Gracias, muy amables.
Gracias, diputado Sergio Acosta
Salazar.
Tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario
Institucional hasta por 10 minutos.
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El diputado Samuel Aguilar Solís: |
Gracias. Con su permiso, señor
Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
He solicitado el uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, para apoyar la propuesta de punto de acuerdo que se ha
presentado a esta soberanía.
Todos sabemos, seguramente todos estamos ciertos de que el conflicto entre Palestina e
Israel no es un conflicto que haya iniciado en días pasados, incluso en semanas, incluso
en meses o en años; es un conflicto de una gran profundidad, es un conflicto histórico
que deviene incluso desde hace varios milenios, por lo mismo, es un conflicto muy fuerte
que las instituciones y organismos internacionales han actuado durante muchos años para
tratar de resolverlo.
Pero México, también, durante muchos años hemos conservado principios fundamentales de
política exterior. Estos principios fundamentales de política exterior que México a
través de su historia ha proclamado, han sido siempre el respeto a la autodeterminación
de los pueblos, a la no intervención en los asuntos internos de un país por parte de uno
o de más estados extranjeros.
Hemos también defendido de manera histórica como principio de política exterior, la
renuncia al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales, la
obligación de solucionar todos los conflictos por la vía pacífica, así como la
necesidad irrenunciable de conducir las relaciones internacionales con base en los
principios de derecho internacional.
Por eso el grupo parlamentario del PRI apoya esta propuesta de punto de acuerdo.
El conflicto Israel y Palestina, no solamente es un conflicto que atañe a una sola
región. Sin duda todos estaremos de acuerdo y coincidimos en que es un conflicto que
viene a perturbar el orden internacional y sobre todo, a poner en riesgo los procesos de
paz que ahí se venían construyendo apenas hace muy corto tiempo.
Sin embargo el conflicto en Medio Oriente no solamente tampoco es un conflicto que se vaya
a circunscribir única y exclusivamente a las relaciones internacionales, a las relaciones
entre los pueblos o incluso un conflicto que tengan que intervenir única y exclusivamente
los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas.
Es un conflicto que por su propia naturaleza hoy también viene a perturbar la estabilidad
económica y viene a perturbar índices fundamentalmente de precios en el petróleo que
todos los países, lo quieran o no, están sintiendo también este proceso de
inestabilidad que se vive en el Medio Oriente.
Por eso cualquier ciudadano de a pie, en cualquier parte del mundo, incluso sin tener
conocimiento del propio conflicto, puede el día de hoy, estar sufriendo las consecuencias
de ese conflicto.
Es por eso, pero sobre todo fundamentalmente por preservar los principios históricos de
política exterior que nuestro país ha mantenido durante muchos años, es que el grupo
parlamentario del PRI, no solamente apoya, sino que les pedimos a cada uno de ustedes su
apoyo irrestricto a este punto de acuerdo, como un granito de arena que este Congreso
mexicano puede el día de hoy agregar a está búsqueda de la paz en Medio Oriente.
Muchas gracias.
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Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervates |
Gracias, diputado Samuel Aguilar.
Ha solicitado el uso de la palabra, para rectificar hechos el diputado Emilio Ulloa
Pérez, del Partido de la Revolución Democrática
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El diputado Emilio Ulloa Pérez: |
Con su permiso, señor Presidente:
Creo que lo que tiene que ver y el tema que nos ha convocado, evidentemente que nadie en
lo absoluto estaría en desacuerdo de este pronunciamiento. Yo en lo particular lo he
suscrito desde el principio, desgraciadamente no fue leído, pero quiero aprovechar para
comentarles que estos temas no son problemas de negociaciones o búsqueda de acuerdos para
ver que uno u otro se sienta feliz que sus posiciones están establecidas en el documento.
Creo que el problema de la paz no es un asunto que tenga que estar en este marco.
Y quiero aprovechar, ya que en este Congreso hemos estado convocando a la paz entre Israel
y Palestina, a que veamos hacia adentro. Es decir, veamos hacia nuestro país; veamos que
todavía ayer siguen dándose asesinatos en nuestro Estado, en el Estado de Chiapas.
Tenemos acéfala la definición de crear la instancia y el órgano que tiene que ver con
el proceso de pacificación en el Estado de Chiapas.
Yo quisiera llamar al PRI, al PAN, a sentar los mecanismos, a los otros partidos, al PT,
al Verde, para que este tema no sea soslayado.
Quisiera convocar a cada uno de los diputados federales a sentarnos y realmente transitar
ante las nuevas condiciones que hoy vivimos los problemas de pacificación en el Estado de
Chiapas.
Creo que algunos creen que esto está en el olvido; me parece que es un tema central, me
ha tocado recorrer ese Estado el fin de semana.
Viene una marcha que tiene que ver con la búsqueda de la paz, que está saliendo del
Estado de Chiapas y creo que no podemos eludir esta responsabilidad.
Si queremos la paz en Israel y en Palestina, queremos la paz en nuestro país.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Emilio Ulloa.
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si considera suficientemente discutido el
punto de acuerdo.
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El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta en votación económica a la Asamblea, si considera suficientemente discutido
el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido el punto de acuerdo, señor Presidente.
En consecuencia señor Secretario,
consulte a la Asamblea si el punto de acuerdo es de aprobarse.
|
El secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de
acuerdo, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
Cúmplase el contenido del punto de acuerdo.
ESTADO DE TABASCO
Para pasar a otro punto del orden
del día, que es la presentación de una proposición con punto de acuerdo sobre el caso
Tabasco, tiene el uso de la palabra el diputado Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
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El diputado Auldarico Hernández
Gerónimo: |
Muchísimas gracias, señor
Presidente; señoras y señores legisladores:
Pareciera que en Tabasco se reeditara el romance Trevi-Andrade, es decir, Roberto Trevi no
quiere dejar de lado a su Andrade.
Por ello, venimos a plantear este punto de acuerdo, Roberto Madrazo se está convirtiendo
en un serio obstáculo para el cambio democrático en nuestro país, su falta de respeto a
las instituciones, a las leyes electorales y a las decisiones de los órganos competentes
en materia electoral, raya en la total y absoluta desvergüenza.
Apenas el martes los diputados del PRI, los supuestos defensores de este delincuente,
señalaban que los partidos políticos teníamos que recurrir a las instancias
competentes, así con un cinismo decían que los órganos electorales darían a conocer
quién es el triunfador del proceso electoral del pasado domingo 15 de octubre, aunque el
veredicto popular fue el otorgar el triunfo al Partido de la Revolución Democrática y a
César Raúl Ojeda Zubieta.
1606,1607,1608
Pero el día de ayer, en casi todos los
medios de comunicación, pudimos observar el peligroso retorno del echeverrismo político,
en la página principal de este diario, de este periódico de circulación nacional, vemos
el títere de Madrazo, quien dice respetar la ley y a las instituciones, pasó por encima
de la decisión de los órganos electorales y dedicarse a recorrer proclamándose,
supuestamente en su calidad de gobernador electo los municipios del centro en Acajunca que
se vieron afectados por las lluvias.
Esta actitud es una burla y una falta de respeto a las decisiones que tomó el consejo
estatal electoral, ¿éste es el respeto que dicen tener a los órganos electorales
competentes?
Por otra parte, diputados, el gobernador Madrazo es dueño absoluto de las decisiones de
estos órganos electorales. En Tabasco, no hay independencia de tales órganos ni mucho
menos de sus funcionarios que no son más que simples empleados de este delincuente.
Miren ustedes la imparcialidad, el 4 de julio, dos días después de la estrepitosa
derrota del candidato Labastida, en un diario local presente, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Javier López y Conde, del que dependen los magistrados del Tribunal
Estatal Electoral, publicaba un desplegado que Tabasco es y seguirá siendo priísta.
¡Qué imparcialidad! ¿Cuál independencia? ¿Dónde la autonomía?
Por eso el Partido de la Revolución Democrática y también Acción Nacional decidieron
no acudir a las sesiones de cómputo de votos de las elecciones para gobernador, a fin de
impedir que las autoridades electorales al servicio de Madrazo legitimen con esta
presencia un proceso electoral antidemocrático.
La parcialidad de los órganos electorales prevalece desde 1994. En ese entonces Gonzalo
Quinta Giordano fue presidente del Consejo del instituto estatal electoral, presidía al
mismo tiempo el consejo de administración de Banca Unión y es socio de Cabal Peniche.
Otro sustento de la parcialidad de los órganos electorales, es que en 1994 el licenciado
Bonifacio López Cruz fue director general del IFE y luego oficial mayor del Tribunal
Superior de Justicia. El licenciado Manuel Peyaeche era el vocal ejecutivo del instituto
federal electoral y a la postre secretario general de gobierno de Roberto Madrazo, al
inicio de su sexenio.
Actualmente Eduardo Méndez Gómez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, quien
goza de licencia y es actual presidente del Tribunal Estatal Electoral.
Pero nosotros, el Partido de la Revolución Democrática, con nuestras actas en la mano,
podemos demostrar que ganamos en las elecciones del 15 de octubre; con el 96.4% del total
de las casillas computadas tenemos una ventaja de 2 mil 347 votos. Faltan por computarse
72 casillas y son las casillas en las que el Partido de la Revolución Democrática
siempre obtiene el triunfo. Con el total de las actas computadas nosotros ganamos la
elección, por eso el Partido de la Revolución Democrática convoca a los partidos
políticos, a los intelectuales, a los dirigentes políticos, académicos, para constituir
una comisión de la verdad, para que revise las actas de escrutinio y cómputo.
Un ejemplo de ellos son las 72 casillas restantes, esas actas de escrutinio y cómputo.
Esta comisión estaría integrada por reconocidas personalidades y por supuesto, ellos
mostrarán su anuencia y aceptarán participar. No podemos, no podremos validar las
acciones y actitudes que está tomando Madrazo y Andrade, por eso convocamos a los
legisladores de la Cámara de Diputados permanecer atentos y no permitir que continúe la
impunidad y la corrupción en nuestro país.
Honorable Asamblea, el gobierno encabezado por Roberto Madrazo se ha caracterizado, por el
manejo indiscriminado de recursos públicos a favor de los candidatos del Partido
Revolucionario Institucional. Es una responsabilidad ineludible de esta Cámara vigilar el
ejercicio del gasto público federal de Tabasco, mismo que asciende a 19 mil millones de
pesos. Aunado a lo anterior, en la tragedia provocada por las inundaciones, el Partido
Revolucionario Institucional encontró una oportunidad para lucrar políticamente con las
necesidades de abasto y reconstrucción.
El Fondo Nacional de Desastres es operado directamente por la estructura de gestión del
PRI, manejando recursos a discreción con fines clientelares y partidistas, sin que los
apoyos llegaran de manera satisfactoria a las comunidades y colonias que resultaron
afectadas. Forma y decisión de los programas sociales es un derecho de la población en
situación de pobreza y una obligación del Gobierno, por lo que utilizar esos recursos a
favor de un candidato o partido político, constituye una práctica que se opone a los
principios del voto libre de coacciones.
En los comicios realizados el 15 de octubre, se volvió a utilizar la necesidad del pueblo
para impulsar candidatos. Se incurrió en prácticas fraudulentas que ya debían ser cosas
del pasado y existen claras evidencias de cómo se vulnera la voluntad ciudadana y la
dignidad del pueblo tabasqueño.
Nuestra Constitución faculta, de forma exclusiva, a la Cámara de Diputados para vigilar
que los recursos públicos federales sean utilizados única y exclusivamente para lo que
fueron aprobados. En la presente legislatura, esta honorable Asamblea aprobó el 29 de
septiembre la creación de una comisión observadora del proceso electoral del Estado de
Tabasco, que tiene como objeto observar en los términos legales y aplicables el proceso
electoral de renovación del Poder Ejecutivo, Congreso local y ayuntamientos del Estado de
Tabasco. Ante la evidencia del uso de recursos públicos federales a favor de los
candidatos madracistas, es necesario ampliar la facultad de esa comisión especial.
Para el Partido de la Revolución Democrática el respeto a la voluntad ciudadana es el
único camino para construir un país justo, incluyente, digno y democrático. La
transición democrática es irreversible y prácticas fraudulentas y viciadas ya no deben
tener lugar en nuestro país.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores
suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
sometemos a la consideración del pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión acuerda facultar a la comisión especial encargada de
observar el proceso electoral en el Estado de Tabasco, para recibir y canalizar las
denuncias sobre el posible desvío de recursos públicos federales en dicho proceso
electoral.
Segundo. La comisión especial presentará al pleno un informe detallado de las
denuncias recibidas, así como de la manera en que se propone atenderlas, con objeto de
fincar las responsabilidades que haya lugar, en el marco de las atribuciones
constitucionales y legales de la Cámara de Diputados.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a
la Procuraduría General de la República que lleve a cabo las investigaciones
correspondientes sobre los vínculos criminales que pudieran existir entre Carlos Salinas
de Gortari y Roberto Madrazo Pintado y se abra un proceso penal en su contra por los
delitos que resulten.
Muchísimas gracias.
Para referirse al mismo asunto,
tiene el uso de la palabra el diputado Feliciano Calzada Padrón, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
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El diputado Feliciano Calzada Padrón: |
Señor Presidente; diputadas y
diputados:
Escucho las palabras de mis compañeras y compañeros legisladores del PRD y me pregunto
¿cuándo el derrumbismo institucional dejará de dominar el discurso y la práctica de
ese partido? ¿Hasta cuándo podremos contar con el PRD para devolver a la política
mexicana su sentido creador y ponernos a trabajar para cumplirle a las ciudadanas y
ciudadanos que nos eligieron? ¿Hasta cuándo se dejará de usar la palabra democracia
para litigar en su nombre agravios personales o intereses de grupo? Yo creo que ya es
hora, que ya no tenemos más tiempo; yo creo que ya basta.
La política no puede seguir adoptando la forma de la intransigencia y del insulto.
A mí me parece que nuestra democracia necesita de demócratas dispuestos a comprometerse
con sus consecuencias y de partidos políticos representativos y responsables.
México requiere partidos políticos
capaces de luchar por sus propuestas sin poner en riesgo a cada paso las instituciones de
la República que con tanto esfuerzo hemos logrado construir.
Compañeras y compañeros del PRD ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la democracia
es más, mucho más que una palabra en el nombre de su partido; es incluso mucho más que
una ideología. Es el sustrato de la reforma del Estado que deseamos, a la vez que el
método para lograrlo; un método que tiene como piezas fundamentales el respeto a la ley
y el compromiso de acatar la voluntad de las mayorías.
Un método que exige asumirse entre adversarios, no entre enemigos y aceptar que se puede
ganar o perder por un voto. Un método que establece como primera obligación del que
gana, garantizar la integridad y la inclusión política del que perdió y que espera del
que perdió, la actitud digna y madura del reconocimiento a quien en esa ocasión
triunfó.
En ningún lugar del mundo se asocia a rangos de votos o a percepciones subjetivas de
legalidad, por el contrario, sí se asocia a la necesidad de preservar la fortaleza de las
instituciones y actuar conforme a la ley.
Por eso, no se vale que cuando a un partido las cuentas no le salen a favor, trate de
descalificar la contienda, eso se llama derrumbismo y es lo que México ya no puede
permitir. México necesita partidos políticos de pantalones largos, partidos políticos
con mayoría de edad. No hay más tiempo para mantener una política mexicana atrapada en
las antípodas irreductibles.
Señores del PRD, el antipriísmo debe dejar de ser su motivo de existir. Dejen de
lastimar a México con conflictos personales y de grupo. Eso ya nos ha costado mucho; hay
que parar esa actitud venga de donde venga. No podemos permitir que desde el gobierno del
Distrito Federal se actúe deliberadamente para poner en riesgo la fortaleza institucional
de los órganos electorales de Tabasco.
No aceptamos que los conflictos internos del PRD para acomodar a sus dirigencias, se
vengan a dirimir en medio de un referendum entre tabasqueños sobre el rumbo de nuestro
Estado.
Tampoco aceptamos que las elecciones de los tabasqueños quieran ser utilizadas por
oscuros intereses traidores al PRI y a su inaplazable reforma, para tratar de mantener los
extremos privilegios que tuvieron y que quieren recuperar. Esos oscuros intereses que ni
sus dañinas prebendas de poder supieron defender y que ahora quieren impunemente
violentar el cambio democrático del priísmo nacional. A esos también les decimos: ¡no
pasarán!
Por eso desde esta tribuna la diputación de Tabasco exige que se respete el proceso
electoral de los tabasqueños y que se acate el veredicto de los órganos electorales que
serán pronto a emitidos.
En Tabasco no hemos aceptado ni aceptaremos ningún intento de concertacesión; no daremos
validez al litigio de posturas electorales en los medios de comunicación. Si alguien
todavía trata de convertir el proceso tabasqueño en una arena de la disputa derrumbista
nacional, más le vale ir sacando las manos; trabajar por la gobernabilidad democrática
nacional es primero.
Compañeras y compañeros del PRD: yo los invito a hacer política de cara a la sociedad y
abandonar los acuerdos en la sombra. Súmense a la nueva hora de México, el país los
necesita para construir. Basta de derrumbismo y conspiración. Hoy los resultados
electorales de nuestras actas, el 100% de nuestra actas, dan a Manuel Andrade como el
triunfador de la elección.
También es importante mencionar que no obstante el litigio electoral que se ha querido
hacer en los medios de comunicación, hasta el momento no hay ningún recursos presentado
por el PRD en las instancias correspondientes.
Como diputado tabasqueño, compañero Auldarico, confío plenamente en los tabasqueños,
en las instituciones electorales tabasqueñas, ellos son capaces de resolver conforme a
derecho, cualquier postura. Fortalezcamos el estado de derecho actuando en el marco de la
aplicación de la ley.
Muchas gracias.
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El diputado Auldarico Hernández Gerónimo
(desde su curul) : |
Pido la palabra para contestar
alusiones personales.
1609,1610 y 1611
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