PRESIDENTE

Diputado Ricardo Francisco García Cervantes

AÑO I           México, D.F.,martes 24 de octubre de 2000         No.19

ASISTENCIA

1661

Año l  No.19    PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS  OCTUBRE 24, 2000

ASISTENCIA

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

Señor Presidente, se le informa que se han registrado hasta este momento 323 diputados; por lo tanto hay quorum, señor Presidente.

:Se abre la sesión.


ORDEN DEL DIA

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Primer Año.- LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 24 de octubre de 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXXIII aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, tendrá lugar el 27 de octubre a las 10:00 horas, frente al monumento a la Independencia.

De los congresos de los estados de: Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Del presidente municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Iniciativa del Congreso de Baja California

Que adiciona los incisos a, b, c, d, e, f, g y h, a la fracción V, del artículo 20 de la Ley General de Salud. (Turno a comisión.)

Efemérides

Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1814 en Apatzingán, Michoacán, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Día Mundial del Combate a la Pobreza, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a cargo de los grupos parlamentario de los partidos: Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Iniciativas de diputados

De reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas a la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Sobre el Instituto Nacional de la Mujer, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Sobre el Instituto Nacional de la Mujer, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Once, con los que se remiten los informes de labores de las secretarías de: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Contraloría y Desarrollo Administrativo; Defensa Nacional; Energía; Gobernación; Marina; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud y de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo 1999-2000.

Con el que remite de conformidad con lo previsto en el artículo 37 fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2000, el informe sobre los criterios específicos, respecto a la desincorporación del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V. (Turno a comisión.)

Por el que se solicita el permiso constitucional para que los ciudadanos: Juan Luis Lemus Zamorano, Carlos Pérez Cañedo, María Elena Astrid Saucedo Favila, Elizabeth Paz Hernández, Alma Delia Gándara Rodríguez, Juan Antonio Meraz Mota, Alonso Cardona, Carlos Iván Alvarez Hernández, Francisco Javier López Ponce, Diana Rodríguez Peña, Nancy Andrea Rump Nolan y María Teresa Olguín Paniagua, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales en: Ciudad Juárez, Chihuahua y Guadalajara, Jalisco, respectivamente. (Turno a comisión.)

Minuta

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Francisco Eduardo del Río López, Sarah Thomas Booth, Liévano Sáenz Ortiz, Carlos Alberto de Icaza González, Carlos Jaime Bazdresch y Parada y Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)

Dictámenes

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Gerardo Wolburg Redondo y Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar la Medalla y condecoración que les confieren los gobiernos de las repúblicas: Federativa del Brasil y de Bolivia, respectivamente (publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de octubre). Dispensa de lectura, discusión y votación.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Miguel Angel Buchbeck García y Enriqueta Reyna Jones Barajas, para prestar servicios en la Embajada de Irlanda en México (publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de octubre). Dispensa de lectura, discusión y votación.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Bruno Antonio Miyamotto Luque, Fernando Santiago de la Cruz Alcalá, Antonio Padilla Salinas, Gabriela Trevilla Sámano y Roberto Ontiveros Chávez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México (publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de octubre). Dispensa de lectura, discusión y votación.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Diana Guadalupe Vargas Casillas, Fernando González González, Jorge Martín Becerril Mendoza, Jorge Jerónimo Avalos, Rubén Ramírez García y Erika Patricia Salinas Rosales, para prestar servicios en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México; Mérida, Yucatán y Monterrey, Nuevo León, respectivamente (publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de octubre). Dispensa de lectura, discusión y votación.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Adrián Franco Zevada, para prestar servicios como asesor jurídico en las embajadas de las repúblicas de Chile y Sudáfrica en México (publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de octubre). Dispensa de lectura, discusión y votación.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Julia Alejandra Reséndiz del Castillo y Sergio Rodríguez Contreras, para prestar servicios en la Embajada de la República de Sudáfrica en México (publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de octubre). Dispensa de lectura, discusión y votación.

Proposiciones

Con punto de acuerdo sobre las intervenciones telefónicas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del Partido de Convergencia por la Democracia. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre normas relativas al contenido de proteínas de la leche en los envases respectivos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el problema de la zona arqueológica de Cañada de la Virgen, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el desarrollo turístico de las bahías de Huatulco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación pos-electoral en el Estado de Tabasco, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la resolución del Consejo Estatal Electoral de Tabasco, respecto al proceso electoral de esa entidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la crisis del sector cañero, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la cooperativa del diario Excélsior, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el informe final de la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República, relacionado con la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, realice las gestiones necesarias a efecto de llevar a cabo una minuciosa investigación financiera y funcional al fideicomiso 322 Banobras, Manzanillo-Las Garzas, conocido como Finaga, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Excitativas

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

A la Comisión Jurisdiccional en relación a juicios políticos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Agenda política

Pronunciamiento sobre los giros negros en el Distrito Federal, a cargo de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.

Pronunciamiento sobre los derechos de los trabajadores en los medios de comunicación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Pronunciamiento sobre los fumadores, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

Gracias, señor Secretario.


ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada y entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación de inmediato.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en consideración que se ha entregado copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y que se ha publicado en la Gaceta.

Los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica...

1661, 1662 y 1663

Los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo en votación económica... Se dispensa, señor Presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecinueve de octubre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, a las once horas con veintiocho minutos del jueves diecinueve de octubre de dos mil, con la asistencia de doscientos sesenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos, en votación económica.

Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de:

Aguascalientes, con la que envía un punto de acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil uno, se incrementen los recursos para el instituto tecnológico del mismo Estado. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Baja California, con la que remite punto de acuerdo solicitando el apoyo de las instancias federales correspondientes, a fin de resolver el problema de la falta de canalización de los arroyos pluviales en la ciudad de Tijuana. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Durango, con la que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil uno, se considere un incremento en los recursos destinados a la inversión educativa. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Guerrero, con un punto de acuerdo con el que se pronuncia contra la aplicación del Registro Nacional de Vehículos en esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
México, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Nayarit, con la que remite punto de acuerdo pidiendo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil uno, se incremente la partida presupuestal para la actividad agropecuaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sonora, en la que transcribe punto de acuerdo condenando la impunidad de los autores intelectuales y materiales de los hechos cometidos contra el pueblo de México, el dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. De enterado.

Una comunicación del ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, relacionada con el apoyo a quienes adquirieron vehículos de procedencia extranjera y el informe de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sobre la regularización de esos vehículos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

La Cámara de Senadores envía un punto de acuerdo en relación con la designación de los integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado.

Oficio de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la que comunica que el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa y ocho, fue presentado en tiempo y forma por la Contaduría Mayor de Hacienda. De enterado.

Comunicación de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, relacionada con el punto de acuerdo relativo a la comparecencia del licenciado Antonio Puig Escudero, presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, solicitando que se turne a otra comisión. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, pone a consideración de la Asamblea su solicitud de que el punto de acuerdo relativo a la necesidad de actualizar y en su caso modificar la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, se turne a otra comisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Sobre el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, hacen uso de la palabra los diputados: Manuel Galán Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; Angel Enrique Herrera y Bruquetas, a nombre de los partidos Alianza Social, de la Sociedad Nacionalista, de la Revolución Democrática y de Convergencia por la Democracia y Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.

Expresan sus opiniones respecto del aniversario del sufragio femenino, las diputadas: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática; Martha Patricia Martínez Macías, del Partido Acción Nacional e Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional.

Al cierre del registro electrónico de asistencia, la Secretaría informa que hay cuatrocientos cuarenta y ocho legisladores registrados.

El diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa de reformas al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Salvador Rocha Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, presenta una moción de orden y exhibe documentos que, afirma, amparan su derecho para fumar dentro del salón de sesiones. El Presidente da respuesta y le solicita fumar en una región del salón en donde no cause molestias a los diputados.

Suben a la tribuna, para presentar proyectos de punto de acuerdo, los diputados:

Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, para la donación de una aportación de los diputados federales, para los damnificados por los desastres naturales ocurridos en el país en días pasados.

La Asamblea lo considera como de urgente resolución y lo aprueba en votación económica. Comuníquese a las instancias administrativas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre la paz en Medio Oriente y la posición que debe adoptar el cuerpo colegiado al respecto.

La Asamblea lo considera de urgente resolución, sobre el mismo asunto, hablan los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México;

Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional;

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera que el punto de acuerdo presentado por el diputado Navarrete Montes de Oca está suficientemente discutido y lo aprueba en votación económica. Cúmplase el contenido.

Aldaurico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, para ampliar las atribuciones de la comisión especial encargada de observar el proceso electoral del Estado de Tabasco.

Debaten sobre el mismo asunto, los diputados: Feliciano Calzada Padrón, del Partido Revolucionario Institucional; Aldaurico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales y es interrumpido por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín quien presenta una moción de orden; también, desde su curul, el diputado Ricardo Moreno Bastida solicita fundamente su moción y el diputado Ramírez Marín así lo hace. El Presidente hace las aclaraciones correspondientes.

Para rectificar hechos, se concede la palabra al diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul, el diputado Alfredo Hernández Raigosa hace moción de orden sobre el tiempo que corresponde a los oradores inscritos para el tema. El Presidente reconoce el error.

Continúan en el uso de la palabra, para rectificar hechos, los diputados: Norma Reyes Terán, del Partido de la Revolución Democrática; Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional y Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera el tema suficientemente discutido y la proposición del diputado Hernández Gerónimo, se turna a la Junta de Coordinación Política.

Desde su curul, la diputada María Miroslava García Suárez, solicita que la mesa directiva reciba un video a fin de que sea proyectado a todos los diputados y a los medios de comunicación. La Secretaría lo da por recibido.

César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la comisión especial para observar el proceso electoral en el Estado de Tabasco;

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática.

Miguel Angel Gutiérrez Machado, del Partido Acción Nacional, respecto de la integración del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sobre el mismo tema, hablan los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; José Ignacio Mendicuti Pavón, del Partido Revolucionario Institucional y Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática.

Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados: Silvia América López Escoffie, del Partido Acción Nacional; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; Roger Antonio González Herrera y Luis Artemio Aldana Burgos, ambos del Partido Acción Nacional; Jorge Carlos Berlín Montero, del Partido Revolucionario Institucional; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Angel Gutiérrez Machado, del Partido Acción Nacional y José Feliciano Moo y Can, del Partido Revolucionario Institucional.

Hablan en relación con las declaraciones de integrantes del equipo de transición del presidente electo Vicente Fox Quesada, los diputados: José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita y así lo hace la Secretaría, la lectura de las declaraciones del licenciado Jorge Castañeda y acepta una interpelación del diputado Ulises Ramírez Núñez y Miguel Gutiérrez Hernández, del Partido Acción Nacional.

Se concede el uso de la palabra al diputado José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a lo expresado por el diputado Salvador Rocha Díaz en la sesión de hoy. Desde su curul, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín hace una moción de orden.

La diputada Mónica Leticia Serrano Peña, del Partido Acción Nacional, da lectura a una solicitud de un grupo de trabajadores del periódico Excelsior, en relación con problemas laborales en ese medio de comunicación. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La Presidenta informa que los derechos del diputado Rocha Díaz quedan a salvo, en relación con la intervención del diputado Vaca Betancourt Bretón.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veinticuatro de octubre de dos mil, a las once horas.»

1664, 1665 y 1666

Continúe con la votación.

Está a discusión el acta de la sesión anterior, señores diputados... No habiendo quien solicite el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta.

Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo por favor...

Los diputados que estén por la negativa, sirnanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.


INSTITUTO DE CULTURA
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Continuemos con el siguiente punto del orden del día: comunicaciones.

«Ciudadano diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXIII aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de octubre, a las 10:00 horas, frente al monumento a la Independencia.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara de Diputados, que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero, con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El director general, Alejandro Aura.»

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa al diputado Oscar Romero Maldonado Domínguez.

Continúe la Secretaría.


ESTADO DE QUERETARO

«Escudo.- Querétaro.- Poder Legislativo.- LIII Legislatura.

Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.- México, D.F.

Por medio del presente, nos permitimos comunicar a usted que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, Arteaga, la LIII Legislatura del Estado, en sesión celebrada el 27 de septiembre del año en curso, abre el primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio legal.

Asimismo en cumplimiento al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se integró la comisión de gobierno para el primer periodo que corresponde del 27 de septiembre al 31 de diciembre del año 2000, quedando de la siguiente manera:

Diputados: presidente, Julio Sentíes Laborde, PAN; secretario, Enrique Becerra Arias, PRD; integrantes: Juan José Flores Solorzano, PRI; Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, PVEM; Carlos Martínez Montes, PT y Marco Antonio León Hernández, PARM.

Lo que comunicamos para los fines legales procedentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de septiembre de 2000.- Mesa directiva.- Diputados: Alberto Herrera Moreno, presidente; Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, vicepresidenta; Lorena Montes Hernández y Hugo Covarrubias Alvarado, secretarios.»

De enterado.


ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En sesión ordinaria del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, celebrada el día de la fecha, se aprobó mayoritariamente un punto de acuerdo a solicitud de la fracción parlamentaria del PRD, para quedar en los siguientes términos

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Esta LVI Legislatura solicita al Congreso de la Unión se suspendan las partidas presupuestales que dieron sustento para el pago de salarios u honorarios al equipo de transición del presidente electo Vicente Fox Quesada y asimismo se investigue para que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes ha que haya lugar.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, SLP, a 21 de septiembre de 2000.- Diputados: Javier Algara Cossío y Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, secretarios.»

Túrnese dicha comunicación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE TAMAULIPAS

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En sesión pública ordinaria celebrada por el pleno legislativo el día 27 de septiembre del presente año, la LVII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar un punto de acuerdo en el sentido de que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de que se incrementen las participaciones que se distribuyen a estados y municipios, así como de establecer nuevas potestades tributarias para los mismos.

Hacemos de su conocimiento lo anterior para los efectos correspondientes, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 32 fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, haciéndoles llegar, acompañando al presente, copia del referido acuerdo.

Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 28 de septiembre de 2000.- Diputados: Gabriel Anaya Fernández y Víctor Hugo Moreno Delgadillo, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.

La LVII Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 fracción I, de la Constitución Política local, tiene a bien expedir el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de que se incrementen las ticipaciones que se distribuyen a estados y municipios. Se establezcan nuevas potestades tributarias a los estados y municipios, a fin de contar con mayores fuentes de financiamiento local, como pueden ser: registro; control y operación de contribuyentes menores o pequeños contribuyentes; ISR de personas físicas asalariadas; administración, cobro y vigilancia de contribuciones federales vía pago de incentivos; régimen simplificado y el impuesto al valor agregado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente punto de acuerdo inicia su vigencia a partir de su expedición.

Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de las entidades federativas, para los efectos procedentes.

Salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.- Matamoros, Tamaulipas, a 27 de septiembre del año 2000.- Diputados: Juan José Camorlinga Guerra, presidente; Gabriel Anaya Fernández y Víctor Hugo Moreno Delgadillo, secretarios.»

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.


ESTADO DE GUANAJUATO

«Diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Los que suscriben, arquitecto Eduardo Ezequiel Arroyo Roldán, presidente municipal y el doctor Juan Carlos Muñiz Felipe, secretario del ayuntamiento, por medio de este conducto tenemos a bien notificarle y en cumplimiento del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la instalación del ayuntamiento trienio 2000-2003, efectuada el día 10 de octubre de los corrientes, para los efectos que sean necesarios, según consta en acta de sesión No. 426 del ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Sin otro particular de momento le protesto a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

San Francisco del Rincón, Guanajuato, a 13 de octubre de 2000.- Diputados: Eduardo Ezequiel Arroyo Roldán, presidente municipal; Juan Carlos Muñiz Felipe, secretario del ayuntamiento.»

De enterado.


LEY GENERAL DE SALUD

«Escudo.- Poder Legislativo de Baja California.- XVI Legislatura.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión extraordinaria de la XVI Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, celebrada los días 26 y 27 del mes de septiembre del año en curso, se aprobó el dictamen número 113 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, consistente en la iniciativa de reforma de ley que adiciona los incisos a, b, c, d, e, f, g y h, a la fracción V del artículo 20 de la Ley General de Salud, por lo que se remite copia certificada del dictamen y acta correspondiente.

Lo anterior, para efectos de que se inicie el proceso legislativo y la misma sea turnada a la comisión dictaminadora para su estudio, análisis y dictaminación corresponiente.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva prestar al presente y aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, Baja California, a 14 de octubre de 2000.- Diputados: Juan Manuel Molina Rodríguez, presidente y Efrén Macías Lezama, secretario.»

1667, 1668 y 1669

Se somete a consideración del pleno el dictamen número 113 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que fue leído por el diputado Efrén Macías Lezama en lo general, 21 votos a favor, cero en contra y cero en lo particular.

Una vez aprobado en lo general y en lo particular, es de aprobarse y se aprueba el dictamen número 113 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el diputado Efrén Macías Lezama.

Dado en el centro social, cívico y cultural Riviera de Ensenada, en la ciudad de Ensenada, Baja California, en sesión de periodo extraordinario, a 26 de septiembre de 2000.»

«Escudo.- Poder Legislativo del Baja California.- XVI Legislatura.- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Dictamen número 113

Honorable Asamblea: fue turnada a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictaminación, iniciativa de reforma de ley que Adiciona los incisos a, b, c, d, e, f, g y h, a la fracción V del artículo 20 de la Ley General de Salud, la cual fue presentada ante esta soberanía por los diputados integrantes de la Comisión de Salud y Bienestar Social de esta XVI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California.

Esta comisión, con las facultades que le confieren los artículos 44 fracción II, 48 fracción I, 49 fracciones I y II, 64, 67, 114, 116, 128, 129, 130 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, procedió al estudio y análisis de la iniciativa de reforma precitada, la cual se dictamina con base en los siguientes

ANTECEDENTES

I. Con fecha 2 de marzo de 2000, los diputados: Héctor Baltazar Chipres, presidente; Efrén Macías Lezama, secretario y Ricardo Zazueta Villegas, vocal, todos integrantes de la Comisión de Salud y Bienestar Social del Congreso del Estado de Baja California, presentaron ante el pleno de esta soberanía, la iniciativa de reformas de ley que adiciona los incisos a, b, c, d, e, f, g y h, a la fracción V del artículo 20 de la Ley General de Salud, con la intención de establecer los requisitos que deben reunir los titulares de las estructuras administrativas específicamente en el nombramiento de delegados de salud.

II. Recibida que fue la iniciativa en comento; el Presidente de la mesa directiva, de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 37 fracción II inciso e, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la turnó a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y elaboración de dictamen respectivo.

III. Posteriormente, el día 7 de septiembre del presente, la Comisión de Salud y Bienestar Social del Congreso del Estado de Baja California, presentó un adendum a la iniciativa en comento ante el pleno del honorable Congreso del Estado de Baja California.

IV. Una vez analizada y estudiada que fue la iniciativa en cuanto a todos y cada uno de los elementos de procedibilidad, la comisión que suscribe en cumplimiento de lo previsto por la fracción III del artículo 49 de la Ley Orgánica citada, procedió a la elaboración del presente dictamen, bajo la siguiente

I. Motivación legislativa

Según el adendum mencionado con anterioridad, la presente iniciativa de reforma, tiene por objeto establecer los requisitos que deben de reunir los titulares de las estructuras administrativas producto de la descentralización de los servicios de salud, es decir, establecer un perfil homogéneo en las entidades federativas, además de actualizar este ordenamiento acorde con el proceso de descentralización de los servicios de salud que se está desarrollando en el país y establecer la facultad de los poderes ejecutivos estatales para designar a estos titulares.

II. Intención legislativa

Con base en los argumentos que los autores de la iniciativa vierten en su exposición de motivos, proponen reformar la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 20. Las estructuras administrativas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 de esta ley, se ajustarán a las siguientes bases:

I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Los titulares de las estructuras administrativas producto de la descentralización de los servicios de salud serán designados por los ejecutivos estatales debiendo reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

b) Ser médico o profesionista titulado en cualquier área de la salud, lo que se acreditará con cédula profesional expedida por la dirección general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como la identificación de expediente de registro ante el departamento de profesiones del Estado;

c) Acreditar especialidad o posgrado académico en cualquier área de la salud pública y/o administración de hospitales preferentemente;

d) Ser mayor de 35 años;

e) Acreditar experiencia institucional mínima de tres años;

f) Acreditar residencia mínima comprobada en el Estado, de tres años;

g) Presentar y aprobar examen por oposición para la obtención del puesto, mismo que deberá contenderse previa convocatoria pública y

h) Presentación de plan de trabajo.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud, en un lapso que no excederá de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma; establecerá las bases y el procedimiento que determinará la forma de presentación del plan de trabajo a que se refiere el inciso h.

Marco constitucional

Para efecto de lo anterior, transcribimos los artículos que tienen relación directa con la iniciativa en comento, siendo primeramente los artículos 71 fracción III y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consecuentemente el 27 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

A) Constitución Federal.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

B) Constitución local.

Artículo 27. Son facultades del Congreso:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como proponer la reforma o derogación de unas y otras.

III a la XXXIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Carta Magna Federal otorga el derecho de iniciativa a las legislaturas de los estados, mientras que la Carta Magna local faculta a esta legislatura a proponer reformas a leyes federales ante el Congreso de la Unión.

III. Análisis y estudio de la iniciativa

El Congreso del Estado se encuentra facultado para realizar un análisis sobre la regulación y desarrollo de la iniciativa presentada para su estudio, siendo por lo tanto, en base a los preceptos constitucionales artículos 27 fracción I y 28 fracción I, la autoridad competente para conocer y legislar sobre dicha materia.

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice:

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases pary modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

El texto constitucional del artículo antes transcrito se correlaciona con la Ley General de Salud que estipula lo siguiente:

Artículo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

También, el artículo 3o. de esta misma ley, estipula lo que es materia de salubridad pública, siendo entre otros, la organización, operación, supervisión y evaluación respecto a la atención médica, atención materno-infantil, planificación familiar, salud mental, educación para la salud, vigilancia en materia de nutrición, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, prevención de invalidez, programas contra alcoholismo y tabaquismo.

Además, lo estricto en el párrafo anterior es competencia de los gobiernos de las entidades federativas, según lo previsto por el artículo 13 inciso b fracción I.

Asimismo, el artículo 18 de la Ley General de Salud, a la letra dice:

Las bases y modalidades de ejercicio coordinado de las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas en la prestación de servicios de salubridad general, se establecerán en los acuerdos de coordinación que suscriba la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas, en el marco del convenio único de desarrollo.

La Ley General de Salud, la cual es reglamentaria del artículo 4o. constitucional es la que distribuye las competencias entre las instancias federal y estatal en la materia de salud, correspondiendo a esta última las atribuciones contenidas en el artículo 13 apartado B de dicha ley, como ya fue mencionado con antelación en el presente.

Asimismo señala, que el ejercicio coordinado de las atribuciones entre ambos órdenes de gobierno, en materia de salubridad general, se hará a través de la firma de los acuerdos respectivos.

Que bajo este esquema de corresponsabilidad, el Ejecutivo Federal y el ejecutivo del Estado suscribieron el acuerdo de coordinación que establece el programa descentralización hacia el Gobierno del Estado de los servicios de salud, publicado en el periódico oficial del Estado, el 10 de abril de 1985.

En virtud de dicho acuerdo y para lograr la gradual descentralización de los servicios de salud, se integró el órgano administrativo desconcentrado por territorio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, denominado servicios coordinados de salud pública, con competencia concurrente, autonomía técnica y funciones de autoridad que la normatividad aplicable le atribuye.

Que de manera posterior, en cumplimiento de la clausula 53 del citado acuerdo y con apoyo de la Secretaría de Gobernación se formuló la iniciativa de Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, misma que fue aprobada por la XI Legislatura local y publicada en el periódico oficial el 10 de octubre de 1986.

Que el artículo 5o. de dicha ley otorga el carácter de autoridad sanitaria en el Estado al gobernador, a la Secretaría de Salud y a los ayuntamientos; lo cual es concurrente con lo estipulado por el artículo 17 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, la cual señala atribuciones específicas a la Secretaría de Salud.

Asimismo el artículo 21 de la Ley de Salud Pública aludida faculta al gobierno del Estado, a celebrar con el Ejecutivo Federal los acuerdos de coordinación necesarios en materia de salud pública, para que se integre orgánica y estructuralmente un organismo público bajo mando único que se haga cargo de la prestación se servicios de salud pública en la entidad.

1670, 1671 y 1672

Que en congruencia con lo anterior y como parte del proceso gradual de descentralización, el 20 de agosto de 1996, el gobernador del Estado de Baja California, suscribió con el Ejecutivo Federal y las restantes entidades federativas un nuevo acuerdo de carácter nacional para la descentralización de los servicios de salud, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de septiembre de 1996.

Dicho acuerdo nacional establece los principios generales que guiarán la descentralización de responsabilidades, de recursos y decisiones y entre sus objetivos señala que:

"1. Los estados de la Federación asumirán cabalmente las responsabilidades que la Ley General de Salud ha asignado;

2. Los estados de la Federación manejarán y operarán directamente los servicios de salud, en el ámbito de su competencia;

3. Los estados de la Federación manejarán y operarán directamente los recursos financieros con la posibilidad de distribuirlos en forma acorde con las necesidades de los servicios y con las prioridades locales;

4. Los estados de la Federación participarán efectivamente en el diseño e instrumentación de la política nacional de salud;

5. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud se dará a partir de la consolidación de los sistemas estatales;

6. La integración al ámbito estatal de las estructuras administrativas que actualmente operan los servicios federales de salud;

7. El desahogo de las cargas de trabajo administrativo para la Secretaría de Salud, permitirá hacer eficaz su reorientación como instancia normativa y operativa en aquellas materias que son de ejercicio exclusivo de la Federación;

8. El acercamiento de la autoridad local a la población demandante de servicios de salud revitalizará la relación entre éstas y permitirá ejecutar con eficacia las funciones del municipio en actividades sanitarias de conformidad con lo que la misma ley ordena y

9. En el marco del pleno respeto a los derechos laborales, se podrán desarrollar fórmulas innovadoras que permitan llevar hasta el límite regional los apoyos efectivos en beneficio de los trabajadores de salud."

Que en atención a este mismo acuerdo nacional, el 20 de agosto de 1996 los ejecutivos del Estado y Federal suscribieron el acuerdo de coordinación específico para la descentralización integral de los servicios de salud en Baja California, en el cual se establecen compromisos y responsabilidades de las partes referentes a la organización, ejecución y prestación de servicios a través de un organismo especializado que promueva y busque la superación de la calidad y ampliación en la cobertura de salud para beneficio de la población de Baja California.

Por todo lo anterior y ante la necesidad de impulsar la transformación de los marcos competenciales en la materia y de contar con las instituciones necesarias que permitan cumplir cabalmente con las tareas asumidas, con fundamento en los artículos 49 fracción I y II, 48 y 52 de la Constitución Política del Estado, 1o., 2o., 3o., 4o., 9o., 41, 42 y 49 de Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Baja California, el ciudadano Héctor Terán Terán expidió el decreto de creación del Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California (Issesalud), el cual fue publicado el día 19 de diciembre de 1997 en el periódico oficial del Estado de Baja California.

Como ya fue expuesto con antelación en el presente, el gobierno del Estado de Baja California y los gobiernos de las demás entidades federativas acordaron con el Secretario de Salud, el día 20 de agosto de 1996 manejar y operar directamente los servicios de salud, en el ámbito de su competencia, así como los establecimientos en los que se presten los mismos y la integración al ámbito estatal de las estructuras administrativas que operaban los servicios federales de salud.

En atención a lo expuesto en el párrafo anterior, el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California tendrá por objeto prestar servicio de salud a población abierta y entre otras funciones organizará, administrará y operará en el Estado dichos servicios de salud, así como administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones, estando al frente del mismo, un director general, quien será designado y removido libremente por el gobernador del Estado, como lo estipulan los artículos 2o., 3o., y 16 del decreto que crea el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

Sin embargo, debemos de tener presente que toda institución tiene un departamento de contabilidad, recursos humanos y administrativos que hacen trabajo operativo y no propiamente el titular, quien debe tener visión de ver cual es la problemática de salud en el Estado y no de contabilidad, ya que tienen departamentos de apoyo que se hacen cargo de estos rubros, pues es el titular de Issesalud quien establece las directrices y políticas de salud de la institución.

Respecto a la propuesta de los autores de la iniciativa en comento de que el titular de esta estructura administrativa sea mexicano de nacimiento, no obstante que el artículo 32 de la Constitución Política Federal reconoce la igualdad entre los hombres, establece preferencias, en algunos casos, para los que somos mexicanos, ya que encontrándose en igualdad de condiciones un extranjero y un mexicano, tienen que optarse por uno y lo justo y lógico es que se elija a un nacional.

Una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del presente dictamen, se exponen los siguientes

V. Considerandos

Primero. Que la Carta Magna establece específicamente en su artículo 71 fracción III, que el derecho de iniciar leyes o decretos compete a las legislaturas de los estados.

Segundo. Que la fracción II del artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California estipula que es facultad de este Congreso, iniciar ante el Congreso de la Unión leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como proponer la reforma o derogación de unas y otras.

Tercero. Que el artículo 1o. de la Ley General de Salud establece que la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Así como ser de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Cuarto. Que en concurrencia con lo anterior y como parte del proceso gradual de descentralización, el 20 de agosto de 1996 el gobernador del Estado de Baja California suscribió con el Ejecutivo Federal y las restantes entidades federativas el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicado el 25 de septiembre de 1996, en el Diario Oficial de la Federación, en el que se acordó que los estados van a manejar y operar directamente los servicios de salud, en el ámbito de su competencia, así como los establecimientos en los que se presten los mismos y la integración al ámbito estatal de las estructuras administrativas que operan los servicios federales de salud.

Quinto. Que según el periódico oficial del Estado de Baja California de fecha 19 de diciembre de 1997, con fundamento en los artículos 49 fracción I y II, 48 y 52 de la Constitución Política del Estado; 1o., 2o., 3o., 4o., 9o., 41, 42 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Baja California, el ciudadano Héctor Terán Terán expidió el decreto de creación del "Instituto de Servicios de Salud Pública" (Issesalud), el cual tendrá por objeto prestar servicios de salud a población abierta, estando al frente del Instituto de Servicios de Salud Pública un director general quien será designado y removido libremente por el gobernador del Estado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 2o. y 16 del decreto mencionado en este considerando.

Sexto. Que es objeto de la presente iniciativa establecer en la Ley General de Salud un perfil homogéneo en los titulares de las estructuras administrativas que se constituyan como resultado de los convenios de descentralización de los servicios de salud.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos mencionados en el proemio de este dictamen, la comisión que suscribe somete a consideración de este honorable cuerpo colegiado el siguiente punto

VI. Resolutivo

Primero. Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de reforma de ley que adiciona los incisos a, b, c, d, e, f, g y h a la fracción V del artículo 20 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

"Artículo 20. Las estructuras administrativas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 de esta ley, se ajustarán a las siguientes bases:

I a la IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Los titulares de las estructuras administrativas producto de la descentralización de los servicios de salud serán designados por los ejecutivos estatales debiendo reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

b) Ser preferentemente médico o profesionista titulado, lo que se acreditará con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como la identificación de expediente de registro ante el departamento de profesiones del Estado;

c) Acreditar especialidad o posgrado académico en cualquier área de la salud pública y/o administración de hospitales preferentemente;

d) Ser mayor de 35 años;

e) Acreditar experiencia institucional mínima de tres años;

f) Acreditar residencia mínima comprobada en el Estado de tres años;

g) Presentar y aprobar examen por oposición para la obtención del puesto, mismo que deberá contenderse, previa convocatoria pública y

h) Presentación de plan de trabajo."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud, en un lapso que no excederá de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma establecerá las bases y el procedimiento que determinará la forma de presentación del plan de trabajo a que se refiere el inciso h.

Tercero. Una vez aprobado el presente dictamen, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, túrnese el presente al honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el seno del mismo sea discutido y en su caso se lleve a cabo la reforma planteada a esta iniciativa.

Dado en la sala de comisiones "Francisco Dueñas Montes", de este honorable Poder Legislativo en la ciudad de Mexicali, capital del Estado de Baja California, a 13 de septiembre de 2000.- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.- Diputados: Héctor Magaña Mosqueda, presidente y Efrén Macías Lezama, secretario; Edgar A. Fernández Bustamante, Martín Domínguez Rocha y Manuel Alberto Ramos Rubio, vocales.

En uso de las facultades que le confiere el artículo 41 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, el suscrito doctor Efrén Macías Lezama, diputado secretario de la XVI Legislatura Constitucional del Estado

CERTlFICA

Que la presente copia fotostática que va en veintitrés (23) fojas útiles, corresponden en forma fiel y exacta en todas y en cada una de sus partes con los originales que obran en el archivo de este Congreso, consistentes en el dictamen número 113 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la reforma de la Ley que Adiciona los Incisos a, b, c, d, e, f, g y h a la fracción V del artículo 20 de la Ley General de Salud, aprobado en sesión extraordinaria, celebrada por la XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, los días 26 y 27 de septiembre de 2000.

Se expide la presente el 14 de octubre de 2000; haciendo constar lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.- Diputado Efrén Macías Lezama, secretario.»

Túrnese a la Comisión de Salud.

1673, 1674 y 1675

CONSTITUCION DE APATZINGAN

En el siguiente punto de la orden del día, en efemérides, solicito a los grupos parlamentarios hacer llegar a esta directiva los nombres de los oradores que participarán en los siguientes temas: aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, Día Mundial del Combate a la Pobreza y aniversario de la Organización de las Naciones Unidas.

Se han registrado para participar en el tema del aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, el diputado Agustín Trujillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Trujillo, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1814, en Apatzingán, Michoacán.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Las grandes transformaciones que son el signo de los tiempos que estamos viviendo y por venir, pero no necesariamente todo cambio es bueno y útil, hay que estar alertas porque el cambio irracional se puede convertir en una amenaza para la patria.

Son momentos de riesgo porque el encanto del cambio se puede volver tragedia si se sucumbre a la tentación del trasformismo sin destino cierto y sobre todo, si el cambio se teje ausente de valores y principios.

Y es preciso estar alertas, señores legisladores, porque el cambio por el cambio, sustentado en el pragmatismo puro puede llevarnos a la anarquía. Si algo distingue al pueblo mexicano, es su identidad axiológica, tiene inclinación muy definida por regir su accionar en los valores, normas y principios; en cuya defensa han ofrendado su vida en distintas etapas de nuestra historia.

Por ello, en estos tiempos de renovación es imperativo realizar un ejercicio retrospectivo para abrevar en los hechos y principios que han dado cuerpo y espíritu a la nación mexicana. Se requiere acudir a los orígenes, con el fin de orientar el rumbo con una idea clara del destino que estamos forjando.

Hoy más que nunca es tan oportuno recordar el legado de Morelos, en la conmemoración del CLXXXVI aniversario de la primera Constitución de México, promulgada en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, con el nombre de "Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana", la cual sustentada en el ideal liberal democrático, establecía la división de poderes, defendía el principio de la soberanía popular y el derecho del pueblo a cambiar de gobierno según su voluntad. La vigencia de estos conceptos el día de hoy, muestran la visión del pensamiento de los mexicanos de hace casi dos siglos.

La Constitución de Apatzingán resultó un documento fundamental porque evidenció la capacidad de la nación para gobernarse a sí misma, dictar sus propias leyes y decidir su futuro.

El ideario político del movimiento independentista adquirió congruencia doctrinal bajo el liderazgo de don José María Morelos y Pavón. Fue entonces cuando el ideal de una independencia integral se manifestó con toda su claridad y con toda su fuerza.

La aportación de la Constitución de Apatzingán a la vida institucional ha sido fundamental, introdujo principios como el de la división de poderes que se mantiene como una de las piezas maestras de la doctrina constitucional moderna. El postulado cumple con la importantísima tarea de establecer controles para evitar el ejercicio omnímodo del poder, mediante la separación de funciones, el control y la mutua vigilancia. El principio tiene como meta superior limitar al poder y las voluntades humanas que lo ejercen, que siempre están tentadas al ejercicio absoluto.

Es menester en estos tiempos tener presente dicho postulado, porque las figuras que se anteponen a las instituciones, como las hemos visto en meses recientes, terminan sucumbiendo ante su propia ambición.

Bajo ninguna circunstancia los priístas permitiremos la implantación de un régimen absoluto, encubierto con un disfraz progresista. Evitaremos cualquier intento de cancelación de todas las grandes conquistas que han costado sangre al pueblo mexicano.

La soberanía que planteaba Morelos es otro principio irrenunciable, que bajo ningún concepto permitiremos que sea vulnerado con el espejismo de la modernidad. Ciertamente que no podemos distraernos del mundo y encerrarnos en una caja de cristal, so pena de caer en el aislamiento; pero tampoco vamos a ceder conquistas sociales en aras de una modernidad avasalladora y la apertura de la inversión extranjera en áreas prioritarias para el país, que no están sujetas a negociaciones de ningún tipo.

Tampoco permitiremos medidas impositivas que agobien u opriman al individuo. Resulta francamente criminal pensar que el Estado pueda hacerse de recursos estableciendo gravámenes que mermen aún más la economía de los que menos tienen.

Nuestra tarea, hoy más que nunca, en nuestra calidad de representantes populares, es generar leyes que moderen la opulencia y la indigencia, como lo postuló José María Morelos en "Los Sentimientos de la Nación", así como evitar que los otros poderes de la Unión atenten contra nuestros hermanos en estado de pobreza.

Reconocemos que el federalismo debe ser instrumento de convivencia armónica de los estados libres y soberanos y no resquicio por donde se cuele la ingobernabilidad, debe ser un principio que propicie el fortalecimiento e independencia de las administraciones estatales, pero no factor de desintegración y relajamiento de un sistema político.

La Constitución de Apatzingán representa el adelanto del ideario que habría de configurar la estructura política de la nueva nación soberana, dentro de los moldes doctrinales del Estado demoliberal, sustentados en los principios que ella consigna.

No permitiremos ni un paso adelante al conservadurismo que pretende engañar al pueblo mexicano esbozado en posturas seudoprogresistas. La gran tarea que hoy tenemos es defender la ideología que nos dio rastro al triunfo de los ideales liberales, sobreponiéndose a intereses oscurantistas de los conservadores.

Este país es mucho más que una empresa en busca de ganancias, es un ser pensante, con valores, principios y aspiraciones, que nada tienen que ver con asuntos de mercadotecnia o concepciones virtuales. Somos cuerpo y espíritu, conquistas y anhelos, realidad y esperanza.

Cabe puntualizar que la intransigencia no será nuestro signo, porque entendemos claramente el mandato de la sociedad. Pondremos todo nuestro empeño por sacar propuestas de los disensos. Construir proyectos con las aspiraciones comunes que sobresalen en medio de la pluralidad. Reforzar nuestra soberanía, profundizar en la democracia y ampliar el régimen de libertades, independientemente de posturas partidistas o facciosas.

Compañeras y compañeros legisladores: en este aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, cuando vemos acciones que parecen ser de alguien que desconoce nuestra historia, vale tener presente el axioma que dice: "pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla".

Es cuanto y muchas gracias.

Gracias, diputado Agustín Trujillo Iñiguez.

Tiene el uso de la palabra el diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por 10 minutos.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Como el Gobierno no se instituye por honra o interés particular de ninguna familia ni de ningún hombre ni clase de hombres sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, éstos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo o abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo requiera.

Por consiguiente, la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos, bajo la forma que prescriba la Constitución.

Ninguna nación tiene derecho a impedir a otra el uso libre de su soberanía. Tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares.

Estos tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. He aquí algunos de los principales postulados de la llamada Constitución de Apatzingán, nunca más vigente que hoy.

El Congreso de Anáhuac, después de un azaroso recorrido a través de las montañas guerrerenses y de Michoacán, el 22 de octubre de 1814 expidió el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán. Esta carta política tuvo escasa vigencia, pero demuestra lo avanzado del pensamiento de un sector de la inteligencia mexicana y del espíritu jurídico que la emanaba.

Contaba este documento con una parte dogmática y otra orgánica. Tal como lo exigieron los doctrinarios del Siglo XIX sobre la estructura de las constituciones, una parte que establece los principios y la finalidad del Estado con la situación del hombre en cuanto a sus deberes y derechos y otra relativa a la estructura y forma gubernativa.

Esta Constitución de Apatzingán tiene sin duda una gran importancia para la historia de México, particularmente por su espíritu de independencia de fuerzas extranjeras y su lucha por una nación soberana.

De las disposiciones legales y principios consignados en la Constitución de Apatzingán, si bien pudieron resultar técnicamente inferiores a los de la Constitución de 1812, no puede regatearse su relevancia y su influencia en el pensamiento de la conformación del Estado mexicano y como antecedente histórico de nuestro derecho constitucional.

En la Constitución de Apatzingán se refleja ya el reconocimiento a las garantías individuales de igualdad, seguridad y libertad. El Constituyente otorgó una superior facultad al Congreso, al atribuirle el derecho de nombrar a los encargados del supremo gobierno y del supremo Tribunal de Justicia y concibió el ejercicio del Poder Ejecutivo en tres miembros, de los cuales se renovaría uno cada año y por sorteo se determinaría quién ocuparía la Presidencia, turnándose ésta cada cuatro meses.

Es posible que el sistema creado por el Constituyente de 1814 no fuera el más adecuado para organizar los poderes de la nación, sin embargo, tal afirmación no podría constatarse, en vista de que los acontecimientos políticos impidieron la marcha de la nueva ley. Sería imposible negar, sin embargo, la buena fe y el entusiasmo democrático de los representantes del Congreso, al imaginar las fórmulas institucionales de una política popular en la que los diputados tuvieran las más altas facultades y responsabilidades del Gobierno, sustituyendo al propio capitán del movimiento de Independencia.

El acatamiento de la Constitución por parte de Morelos es un ejemplo de renuncia personal ante convicciones más profundas de su conciencia. Morelos seguramente fue consciente de su sacrificio. El que había declarado que por encima de los hombres debía establecerse la ley, no quiso ser el primero en prevaricar. El, que tenía en sus manos para evitarse interpelaciones y exigencias del Congreso, haberse desligado de él y seguido su camino de militar de genio y de fortuna, siguió paso a paso al Congreso hasta llegar a sucumbir por aquel Congreso concebido por él mismo, puesto que había jurado observar aquel decreto constitucional que con todas sus deficiencias y paradojas merecía toda su admiración y su respeto como la merece hoy para todos nosotros.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias, señor diputado Marcos Pérez Esquer.

Tiene ahora el uso de la palabra para referirse al mismo tema, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

1676, 1677 y 1678

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El pasado domingo 22 de octubre se conmemoró el CLXXXVI aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingan. Dicho documento es el primer intento dado por los insurgentes de contar con un texto que se encargara de organizar jurídica y políticamente a la nación mexicana que luchaba por su emancipación.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo rinde homenaje al genio político, militar y social de don José María Morelos y Pavón. Indudablemente la congruencia política del generalísimo lo hizo supeditar su prestigio, valor y liderazgo personal a las resoluciones que tomara el órgano legislativo, definiéndose a sí mismo como Siervo de la Nación.

Indiscutiblemente las ideas de Juan Jacobo Rousseau, contenidas en el contrato social, influyeron definitivamente en su pensamiento. La tesis central de que el pueblo es titular de la soberanía y que es al mandato de éste al que se deben los gobernantes, lo hizo seguir siempre vinculado al Ejército que le seguía, así como al ideal independentista.

La obra constitucional de la que hoy celebramos su promulgación es resultado de los trabajos del Congreso de Chilpancingo, que por las vicisitudes de la guerra tuvo que movilizarse a la ciudad de Apatzingan. No obstante que esta Carta Constitucional jamás estuvo en vigor, su contenido representa la continuación por la vía de las ideas de la lucha armada que los mexicanos libraban.

Lo anterior no fue óbice para que el decreto constitucional de Apatzingan fuera la obra del pensamiento colectivo de los distinguidos integrantes del Congreso de Chilpancingo y por supuesto del propio genio político y militar de José María Morelos y Pavón.

Sin perjuicio de que la Carta Constitucional de Apatzingan, como lo escribiera el maestro Jesús Reyes Heroles, estuviera imbuida de un profundo espíritu liberal, no podía sustraerse a los valores religiosos de la población mexicana, tan es así que el artículo 1o. de dicho ordenamiento establece que la religión católica, apostólica, romana, es la única que debe profesar el Estado. Sin embargo, esta situación tampoco fue obstáculo para que dentro de la guerra de independencia se diera un enfrentamiento entre lo que fue la alta jerarquía eclesiástica vinculada directamente a los intereses aristocráticos y de las clases dominantes respecto del bajo claro identificado con los intereses de las clases populares.

Otro aspecto fundamental de dicho texto es el que se señala en el artículo 2o., que indica la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad.

Constituye la soberanía, agregando el artículo 3o. que ésta es por su naturaleza imprescriptible, inenajenable e indivisible.

Compañeras y compañeros diputados, de lo descrito se desprende con nitidez cuál era la importante función que el texto constitucional de Apatzingán se estableció para el Congreso.

En apoyo a lo anterior, el artículo 5o. de este ordenamiento estableció: "la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución".

En el Capítulo IV de los artículos 18 al 23 se establece que "la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común". Esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación nacional. En los artículos transcritos se nota inmediatamente la influencia del ginebrino, sin embargo de ninguna manera pretendemos establecer una simple imitación extralógica de las ideas que permearon la Revolución Francesa. Hubo influencia, sí, pero no imitación; los insurgentes abrevaron en la cultura de la época pero supieron interpretar las aspiraciones libertarias y de igualdad así como la creación de un nuevo pacto jurídico-político que organizara a la sociedad mexicana.

A 184 años de la promulgación de la Constitución de Apatzingán cuando los mexicanos y los habitantes del mundo estamos por iniciar un nuevo milenio y cuando el conjunto de las fuerzas políticas de oposición, cada una en su trinchera ha logrado impulsar importantes cambios que se traducen en que el partido hegemónico haya perdido la Presidencia de la República, es importante que volvamos la vista atrás y que se conozca y entienda la aportación que los mexicanos del pasado han hecho en la consolidación del México en el que vivimos.

Por ello el grupo parlamentario del Partido del Trabajo valora el contenido del decreto constitucional de Apatzingán en lo que a la soberanía popular titular de la misma, contenido de la ley y función del Congreso se establece en dicho texto legal.

Hoy, que personas del autodominado grupo de transición del presidente electo, demeritan con sus declaraciones la función del Congreso y de sus integrantes, es necesario recordar,como se estableció en la Carta Constitucional que conmemoramos, que la ley es la expresión de la voluntad general y que se traduce en los actos emanados de la representación nacional.

Hoy rendimos homenaje al Congreso de Chilpancingo, creador del decreto Constitucional de Apatzingán, indiscutiblemente también a la egregia figura de don José María Moreles y Pavón, genio político y militar al cual los mexicanos de hoy debemos mucho.

Para concluir queremos citar el punto 12 de los Sentimientos de la Nación, dado a conocer por Morelos el 14 de septiembre de 1813 en la apertura de los trabajos del Congreso de Chilpancingo, que como la buena ley, es superior a todo hombre las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte, se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Es cuanto.

Gracias, diputada Rosalía.

Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

on su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

La justicia constitucional es probablemente la respuesta más importante a la opresión gubernamental, implica la existencia de normas, instituciones y procedimientos todos ellos orientados a subrayar que el poder político está limitado por los preceptos constitucionales y que no puede actuar sin control y es parte de la revolución constitucional y de los derechos humanos de nuestro tiempo que cada vez involucra más instituciones y personas.

La opresión política se ha manifestado en continuados regímenes autoritarios que han erosionado la sociedad civil y han impedido la conformación de una cultura política democrática; el silencio de los fusiles no ha ido acompañado de una solución de los problemas que provocaron la guerra y la historia reciente nos enseña que no existe paz duradera ni legitimidad democrática y sin que la gestión del poder público esté orientada al bienestar popular.

Del acta de independencia resaltan tres ideas: declaran que la soberanía corresponde a la nación mexicana y que se encuentra usurpada; en segundo término, quedaba rota para siempre la dependencia del trono español y en tercer lugar, que a la nación le correspondían los atributos esenciales de la soberanía, dictar las leyes.

Es importante resaltar que ahí quedaba plasmado el principio cardinal de la nacionalidad mexicana. Morelos junto con el Congreso preparó la Constitución que fue sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 con el título de "decreto constitucional para la libertad de la América mexicana", la Carta de Apatzingán careció de vigencia práctica.

Aunque fueron designados titulares de los tres poderes que instituía, las circunstancias impidieron su actuación normal; es un compendio insurgente que muestra los aspectos de la renovación política, social y económica, Esta Constitución inició una transformación de las instituciones con la federalización del imperio español. Nueva España se dividió en cinco provincias que habían de elegir sus propias diputaciones provinciales.

Todo esto despertó el interés político en muchos grupos de la sociedad; solucionó problemas específicamente hispanoamericanos en cuanto a forma en que estarían representados los estados y los ciudadanos; se optó por seguir el modelo norteamericano,

Existe la necesidad de establecer garantías que debían utilizarse frente a los órganos constitucionales capaces de provocar infracciones y también la conveniencia de que el órgano que defendiera la Constitución no fuera obviamente el mismo que pudiera violarla.

Se coronaba así un viejo concepto largamente formulado sobre la defensa constitucional que incluiría todos los instrumentos establecidos para limitarlos a usos de poder y la sujeción dentro de ciertos límites fijados en el texto constitucional rebasando el ya antiguo y específico control de constitucionalidad de las leyes que sería sólo uno de sus aspectos.

La justicia constitucional adquiriría en adelante carta naturaleza, llamando la atención en que la autoridad está limitada por normas constitucionales y que se deben crear procedimientos e instituciones para cumplir esa limitación necesaria. Era el mejor dique contra la opresión gubernamental y formulaba los mecanismos necesarios para lograr el desarrollo y la evolución de las disposiciones constitucionales en una doble vida.

Hoy recordamos la Constitución de Apatzingán como el principio de legalidad y grandes transformaciones pero no olvidemos que debemos siempre luchar no sólo por el mantenimiento de las normas, sino también su desarrollo y su compenetración con la realidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, don Arturo Escobar y Vega.

Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas y diputados:

Es de relevante importancia el que el pasado domingo 22 de octubre estemos celebrando un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1814 del Congreso Constituyente en Apatzingán, Michoacán y es de tal importancia porque en ella se plasman todos los derechos, todas las igualdades, todos los sentimientos que en su momento los mexicanos sentían en contra de la opresión, en contra de la corona española.

Es pues así, como un grupo de mexicanos, como un grupo de diputados representativos de cada uno de los estados de esa patria, de nuestra patria, de México, se concentran en Apatzingán, Michoacán y se dicta así la Constitución de 1814, que resume los derechos de igualdad social, que resume los derechos de un pueblo pluricultural que en ese momento se estaba fundando en este país.

Hablar del general José María Morelos, es hablar de cada uno de esos hombres que reunidos en el Congreso de Chilpancingo de 1813 pudieron obtener los puntos que hicieran posible la abolición de la esclavitud, los derechos constitucionales de los mexicanos de la América, de esos hombres y mujeres que vivían sumisos en la esclavitud, sometidos por la corona española.

Hoy, cuando en este país se vive un cambio importante, tenemos que tomar en cuenta esa Constitución, el valor de esos hombres, el valor de todos aquellos que hicieron posible el que se fuera forjando esta patria.

Recordar a José María Morelos, es recordar la frase de Napoleón que decía que si tuviera dos Morelos, el mundo sería suyo. Hoy cabe esa expresión para decir que si México tuviera un Morelos, este México sería de todos los mexicanos.

Recordar a estos hombres es recordar esa gran frase, ese gran párrafo en la Constitución de 1814 que José María Morelos escribió, que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas y quedando todos iguales y sólo se distinguirán a un americano de otro el vicio y la virtud y es aquí donde todos nosotros reunidos en este Congreso General debemos de exaltar estos valores.

1679, 1680 y 1681

Debemos de llevar a cabo todos los principios, todos los fundamentos que hicieron posible la Constitución de 1814.

Recordar a José María Morelos es vivir el presente, este presente que necesitamos para sacar adelante a nuestro México.

Muchas gracias.

Gracias, diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel.


DIA MUNDIAL DE LA POBREZA

Para hablar sobre otro tema en el punto de efemérides, sobre el Día Mundial del Combate a la Pobreza, se han registrado los diputados de los grupos parlamentarios: Beatriz Guadalupe Grande López, del Partido Acción Nacional; Santiago López Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Esveida Bravo Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo y Esteban Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Guadalupe Grande López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con su permiso, señor Presidente:

Hace una semana, el 17 de octubre, se cumplieron ocho años de la declaración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y a estas fechas un tercio de la población del mundo en desarrollo vive esclavizada por una pobreza indignante. Este día deberá servirnos para fortalecer el reconocimiento y la conciencia global de la que deberá ser prioridad en nuestro trabajo legislativo.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, se expresa así de este problema: "de todas las plagas que afectan a escala mundial al desarrollo humano, la pobreza es la más generalizada, deniega a los individuos sus derechos más fundamentales y priva a la humanidad del beneficio de su talento".

En la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 1995, celebrada en Copenhague, la comunidad internacional se comprometió a planear políticas, estrategias y acciones concretas encaminadas a la erradicación de la pobreza y en ella se reafirmó el derecho al desarrollo, el cual implica la erradicación de la pobreza como un derecho fundamental.

No podemos combatir la pobreza si consideramos a los individuos como receptores pasivos de las naciones, en lugar de potenciarlos para actuar como ciudadanos en sus familias, sus comunidades, en su entorno político y social.

Quiero invitarlos hoy, compañeras y compañeros, a que dediquemos nuestro mejor esfuerzo a encontrar los más amplios acuerdos nacionales que nos permitan sentar las bases para erradicar la pobreza extrema en nuestro país. Afirmamos que en medio de los grandes debates nacionales existe un claro objetivo que todos, sin distinción de partidos políticos, debemos compartir: la indignación por la pobreza, que es la expresión más injusta del dolor humano, no el dolor que viene de la fuente inevitable, como decía Gómez Morín, sino el dolor que unos hombres causamos a otros hombres; el dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas.

No hay duda de que la pobreza es una realidad tan lacerante como compleja. Un modelo de desarrollo que ha puesto al hombre al servicio de la economía, una concepción utilitaria y deshumanizada del trabajo y un sistema político asistencial y clientelar nos ha llevado a privar a cada vez más personas de oportunidades suficientes para su desarrollo integral, para realizar su destino material y espiritual, para disfrutar esta vida con dignidad y con felicidad, para hacer de la comunidad local un espacio de convivencia en la libertad y en la responsabilidad.

La pobreza no es obra del destino, y por ello es intolerable. Su erradicación deberá ser responsabilidad del Estado, imperativo, moral y ético, compromiso de solidaridad, posibilidad práctica, viable y real.

La erradicación de la pobreza debe pasar a ser objetivo central y rector de todas las políticas de desarrollo y dejar de ser entendida como una triste realidad con la que hay que aprender a convivir.

Compañeros diputados: en este mismo momento en que yo me dirijo a ustedes, muchos niños y ancianos en nuestro país sufren hambre y frío, sin embargo, hay algo peor que también sufren: desesperanza, desesperanza ante una sociedad y un Estado que pareciera ignorarlos, que les niega de forma directa o indirecta un futuro de dignidad humana.

Asumamos nuestra responsabilidad política, ética y moral y que en esta oportunidad que hoy se nos presenta ante la consolidación democrática de nuestro país, despertemos nuestra creatividad y busquemos las mejores formas para lograr las condiciones de vida y brindar oportunidades a aquellos hermanos nuestros excluidos del desarrollo.

La solución a la pobreza no se encuentra en medidas compensatorias de los niveles de desigualdad, sino buscando vías que propicien el desarrollo en aquellas regiones más desfavorecidas. La mejor política social que puede aplicar un gobierno, es aquella capaz de proveer a todo ciudadano de un empleo digno y bien remunerado.

Nuestro país necesita una economía de oportunidades, en donde las inversiones más importantes del Gobierno se hagan en el hombre. Se requiere de la acción rectora y rectificadora del Estado para corregir las terribles desigualdades que aquejan a nuestras sociedades a través de políticas públicas integradoras.

Vale la pena ahora, más que nunca, replantearse desde el principio la naturaleza y fines del Estado; es decir, su responsabilidad social. Ya es tiempo de que todas las fuerzas políticas de la nación trabajen unidas por la solución real a este grave problema.
Compañeras y compañeros, los invito nuevamente a que juntos logremos ese México donde la pobreza no tenga como sustento la corrupción, la impunidad y el privilegio.

Muchas gracias.

Gracias, Beatriz Guadalupe.

Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago López Hernández, del grupo parlamentario del PRI.

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados de esta Cámara:

La pobreza destruye como un cáncer insidioso que avanza carcomiendo la dignidad humana o como un maltrato estruendoso, derribando a su víctima de una sola vez en cualquiera de sus formas; la pobreza reduce las oportunidades de las personas y malgasta el potencial humano.

En el umbral del Siglo XXI, la pobreza constituye una lacra para la conciencia humana. Ahora bien, la pobreza no se reduce a una cuestión moral; el bienestar de cada uno de nosotros también depende en gran parte de que exista un nivel de vida mínimo para todos. Vivir en la opulencia, en detrimento de una inmensa mayoría genera desequilibrios sociales que afectan a nuestra convivencia.

La pobreza no se define exclusivamente en términos económicos en el mundo, 1 mil 300 millones de personas viven en la pobreza más absoluta, con niveles de renta y de consumo inferiores al umbral de pobreza definido a escala nacional.

La pobreza también significa mal nutrición, reducción de la esperanza de vida, falta de acceso al agua potable y a condiciones de salubridad, enfermedades, analfabetismo, imposibilidad de acceder a la escuela, a la cultura y a la asistencia sanitaria, al crédito o a ciertos bienes.

La pobreza humana disminuye lentamente, siempre y cuando las recesiones económicas que se producen como resultado de los movimientos especulativos del capital no destruyen en pocos días, años o incluso décadas de progreso.

Nuestra generación es la primera generación de la historia que dispone de la capacidad de los medios necesarios para vencer la pobreza.

La riqueza per capita ha alcanzado su máximo histórico, el poder adquisitivo medio cápito (sic)se ha triplicado en los últimos 50 años. Los avances que ha realizado la ciencia no tiene precedentes y ya existen las redes de comunicación y de transporte así como las instituciones necesarias que deben de llegar a todos los rincones de los pueblos y a las comunidades marginadas.

La Asamblea General de la ONU a la cual pertenece nuestro país, declaró en el periodo 1997-2006, Década de la ONU para la Erradicación de la Pobreza.

Por primera vez en la historia la humanidad tiene los recursos financieros y tecnológicos, la infraestructura y los conocimientos para eliminar la pobreza y la exclusión social. Sin embargo la pobreza hipoteca la existencia de 1 mil 300 millones de personas en el mundo y mata a un niño cada tres segundos.

Hoy la sociedad dispone de los medios necesarios para eliminar la pobreza. Proporcionar acceso universal a los servicios sociales, básicos y transferencias de recursos para aliviar la pobreza representaría un costo de 80 mil millones de dólares, cantidad inferior al valor neto combinado de las siete personas más ricas del mundo.

En 1995 el gasto militar global ascendió cerca de 80 mil millones de dólares. El costo que supondría erradicar la pobreza equivale al 1% de los ingresos globales.

La ayuda eficaz a los 20 países más afectados costaría 5 billones de dólares. Se puede erradicar la pobreza extrema del globo para principios del próximo siglo.

En los últimos 50 años la pobreza ha disminuido más rápidamente que en los 500 años anteriores a nuestra historia.
Desde 1960 en poco más de una generación, la tasa de mortalidad infantil de los países en desarrollo se ha reducido en más de la mitad; las tasas de mal nutrición se han reducido en casi un tercio; la proporción de niños que no asisten a la escuela primaria se ha reducido en más de la mitad, a menos de una cuarta parte.

En los últimos tres decenios la población con acceso a agua apta para el consumo, casi se duplicó desde el 36% hasta el 70%; pese al acelerado crecimiento demográfico en los últimos decenios, la producción alimentaria per capita aumentó en más del 20%.

En los últimos dos decenios la tasa de matriculación combinada primaria y secundaria de las niñas, aumentó del 38% al 78%; entre 1960 y 1963 se redujo a menos de la mitad la tasa de mortalidad de lactantes desde 150 hasta 709 por cada 1 mil nacidos vivos.

En los últimos dos decenios cada año se salvaron las vidas de unos 3 millones de niños mediante una mayor inmunización básica,

Son los avances de la sociedad humana los que nos llevan a pensar que con voluntad política y medidas adecuadas existiría la posibilidad de atemperar la pobreza en el escenario universal y en México es indispensable refrendar el compromiso del Estado mexicano de destinar recursos y profundizar políticas para erradicar la pobreza.

La fracción parlamentaria del PRI afirma que con esta convicción orientará su quehacer legislativo y su actitud en los análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación.

No permitiremos que disminuya el presupuesto para atender el desarrollo social del país para brindar oportunidad a quienes más lo requieran.

Es necesario también que haya indicadores confiables que nos permitan tener acceso permanente al diagnóstico social de condiciones de pobreza para tomar medidas pertinentes.

En el tema de combate a la pobreza no se puede bajar la guardia ni desmayar ni aplicar medidas regresivas. Hoy que en concordancia con la propuesta de un conjunto de organizaciones civiles se celebra para la Organización de las Naciones Unidas el Día Mundial del Combate a la Pobreza, deseamos subrayar el compromiso con los diputados del PRI que con los sectores más desprotegidos de la sociedad mexicana estaremos pendientes para que el desarrollo llegue a las comunidades y pueblos más marginados.

Es todo, señor Presidente.

1682, 1683 y 1684

Gracias, señor diputado López Hernández.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra la diputada Esveida Bravo Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

Con su permiso, señora Presidenta:

Estamos celebrando el Día Mundial del Combate a la Pobreza, aunque nos parece para los días del año, deberíamos dedicarlos a cada tarea y que es la más importante de todas.

No cabe duda que uno de los graves problemas por los que atraviesa la humanidad, es el hambre, resultado de una producción insuficiente de alimentos básicos en algunas regiones del orbe, así como de una distribución inequitativa de los mismos en todo el mundo.

En nuestro país en 1995 ya existían 40 millones de mexicanos en extrema pobreza, aunque la Comisión Económica para la América Latina, (CEPAL), indicaba que en 1994 fueron 17 millones de mexicanos en extrema pobreza y 40 millones en la categoría de pobres. La situación ha empeorado desde entonces, ya que se ha conservado un módulo económico concentrador de riqueza.

Tan sólo para ilustrar, en nuestro país el 10% de la población de mayores recursos concentra el 50% del ingreso nacional.

Es necesario tener muy claro que el problema de la pobreza está íntimamente relacionado con otros, de los cuales la pobreza extrema es el origen. La pobreza va acompañada de bajos niveles de educación, lo cual genera pobreza y problemas de salud, de desnutrición, de depradación de recursos naturales, sobrepoblación entre otros muchos.

Lo peor de todo es que cada día es más difícil los índices de pobreza, ya que estadísticamente las familias de escasos recursos, son los que más hijos tienen, por lo cual es cada vez es más marcada la diferencia entre el número de ricos y el número de pobres.

Debemos destacar que el problema de la pobreza es global y que los orígenes son similares en todos los países que como México, se encuentran agobiados por las deudas extremas, altísimas, las cuales resultan impagables.

Aun reconociendo lo positivo de algunas medidas globales, de la iniciativa del Banco Mundial como los 28 millones de dólares de deuda que se va a condonar al final del proceso a un conjunto de 32 países o en el descenso del 47% al 28% en relación entre su deuda y su producto nacional bruto, investigaciones recientes demuestran que los presupuestos de 13 países incluidos en la iniciativa del Banco Mundial, seguirán lastrados por los pagos anuales del servicio de la deuda, oscilan entre el 15% y el 40% de los ingresos, lo que imposibilita de todo las necesidades, inversiones, servicios sociales básicos como alimentación, salud y educación.

Es inhumano que los países pobres tengan que pagar altos intereses a los países más ricos del mundo, cuando ellos gozan de los más grandes ingresos del capital del mundo. Por ejemplo Zambia, Camerún y Malague, invierten entre el 35% y el 40% de sus ingresos anuales en pagar sus deudas a los países ricos, mientras carecen de recursos para hacer frente a un 53% de desnutrición infantil crónica, con más de 70 mil muertos anuales y en menores de cinco años.

Para mejorar las condiciones de vida de los 5 millones que viven en la pobreza, lo cual resulta económicamente ruinoso y moralmente inaceptable.

Uno de los factores que deben tratarse en adelante, es liberar recursos para que los gobiernos puedan usarlos en programas de reducción de la pobreza, en infraestructura, para aliviar el alimento y la falta de sanidad y de las comunidades que viven en un alto grado de marginación y en servicios básicos como salud y educación, metas que estamos lejos de alcanzar.

Para alcanzar los objetivos previstos, debemos tener una deuda sostenible inaceptable que países que sufren una pobreza extrema, ampliamente extendida gasten más en el servicio de la deuda de lo que invierten en salud y educación para sus ciudadanos. A ningún país se le debería de exigir que asigne más del 10% de sus ingresos al servicio de la deuda.

Alivio inmediato de la deuda de países que se comprometan con un fondo de acción contra la pobreza, hasta ahora las exigencias y condiciones para adoptar a la iniciativa han sido excesivamente burocráticas y han causado retrasos en la provisión del alivio de la deuda.

Debemos desarrollar un fondo de acción contra la pobreza, en el cual se detalle como asignará el dinero liberado de la deuda a iniciativas de reducción de la pobreza.

La puesta en marcha del fondo sería supervisada por el Gobierno, la sociedad civil y los donantes y las áreas prioritarias de alivios serían las más de alimentación, la salud, suministro de agua, proyectos sanitarios y programas de generación de empleo; alivio de la deuda inmediata y generosa para países como Etiopía, Nigeria y Jamaica; que se avance y profundice en el cumplimiento y seguimiento de los distintos foros y mecanismos internacionales de cooperación como son la Cumbre Mundial de la Infancia, la Cumbre de Desarrollo Social y los programas que adopte el UNICEF, de esta manera estaríamos contribuyendo al desarrollo mundial y lograríamos una verdadera globalización, donde los países poderosos no vieran a los países pobres, en vías de desarrollo, solamente como un mercado o como lugares donde obtener mano de obra barata, sino lograríamos vivir en un mundo donde la ayuda mutua de los pueblos se consideran más importantes que la acumulación de riqueza.

Los miembros de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México hacemos votos porque así suceda.

Muchas gracias.

Gracias, señora diputada.

ASISTENCIA (II)

Pido a la Secretaría dé cuenta del registro de asistencia de diputados a esta sesión.

Se le informa a la Presidencia que hasta el momento se encuentran registrados 458 diputados.

Se le pide al personal encargado del registro, cerrar el sistema electrónico.

Gracias, señor Secretario.


DIA MUNDIAL DE LA POBREZA (II)

Para continuar con el mismo tema del Día Mundial del Combate a la Pobreza, hará uso de la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo.

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La pobreza entre países desarrollados y en vías de desarrollo se ha ampliado en la última década, así como entre ricos y pobres en cada una de las naciones. Los índices de pobreza y el número de éstos se ha incrementado y los niveles de ingreso de los sectores medios han decrecido en nuestro país, como resultado de las políticas predominantes en el actual proceso de globalización.

Según estadísticas recientes del Banco Mundial, México se encuentra entre los países de mayores contrastes entre pobreza y riqueza. Las políticas neoliberales y la globalización han actuado en detrimento de la esfera productiva y del empleo a nivel mundial, con excepción de Estados Unidos, que ha sido el gran victorioso de este proceso, siendo un gran beneficiario también el sector financiero, lo cual ha acentuado los niveles de concentración de riqueza y los de miseria.

1685, 1686 y 1687

Los procesos de ajuste que se han instrumentado en cada una de las crisis recurrentes que el país ha enfrentado, han traído como consecuencia deterioros permanentes en las cadenas productivas, así como los salarios reales en el empleo y la desatención creciente de las necesidades básicas de la población.

El saldo de las políticas neoliberales se observa cuando vemos que el empleo productivo ha disminuido en términos relativos y la problemática bancaria continúa, no obstante la cuantiosa cantidad de recursos que el Gobierno ha transferido a dicho sector, la cual se da como consecuencia de los problemas de acumulación que enfrentan el sector industrial y la agricultura, a raíz de la apertura comercial generalizada, acompañada de una política fiscal y monetaria contraccionista.

El crecimiento económico alcanzado de 1996 a la fecha, no ha disminuido el número de pobres ni ha mejorado los niveles de vida y el bienestar de la población. Ello evidencia que el crecimiento económico en sí mismo no es el mejor medio para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida; hace falta acompañarlo de una política firme de redistribución del ingreso, para impedir que al lado de un puñado de ricos coexista una enorme masa de pobres.

Comúnmente la pobreza se concentraba en zonas rurales; sin embargo, en las últimas décadas se ha esparcido en las grandes ciudades ante la falta de oportunidades de empleo productivo bien remunerado, como consecuencia del proceso de destrucción de la industria nacional a partir de los crecientes coeficientes de importación conjuntado con la reducción de los insumos nacionales que se utilizan en los procesos productivos, tanto para el mercado interno como para la exportación.

No podemos ignorar que si la economía de Estados Unidos, de la cual dependemos en gran medida, deja de mantener su dinámica económica, el nivel de pobreza en México y en el mundo será mucho más alto.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la reducción de la pobreza frente a cualquier otro objetivo, deberá constituirse en el principal reto y tarea a encarar por el próximo gobierno, por lo que la formulación de políticas deben colocarla en el centro.

Ha quedado plenamente constatado que el empleo no se incrementa con la reducción de salarios reales ni con la flexibilización del mercado de trabajo; se requiere de la expansión del gasto y de la inversión, así como de la protección de los sectores productivos menos competitivos, sin que ello implique sacrificar los niveles de productividad del país.

Para proteger a los grupos más marginados, es preciso instrumentar políticas macroeconómicas que permitan el manejo de la política fiscal monetaria y crediticia que jueguen a favor del sector agrícola-industrial y que favorezcan a la vez, a canalizar la afluencia de capital externo hacia estos sectores, en la perspectiva de reconstruir las cadenas productivas que se han perdido; ampliar y mejorar la infraestructura, así como crear un entorno que permita que los adelantos tecnológicos sean accesibles para los pequeños agricultores, talleres industriales y los pobres de las zonas urbanas para incrementar la productividad a favor de la competitividad como los salarios reales.

La política fiscal y crediticia que apoye a los sectores productivos, debe otorgar acceso preferencial sobre todo a los más marginados, para que tales políticas tengan mayor impacto en la erradicación de la pobreza.

Es preciso mejorar la participación de los sectores más afectados en el acceso a la tierra, a los recursos crediticios y a la infraestructura y a los servicios públicos.

La economía del país necesita urgentemente el incremento de la productividad laboral, así como del crecimiento de la producción agrícola para mejorar el poder adquisitivo, tanto del campesinado como los salarios reales de los trabajadores de los centros urbanos.

Es necesario incrementar la inversión en infraestructura agrícola para expandir la frontera de producción, aumentar la productividad y diversificar los cultivos; además se precisa revisar las políticas de apertura comercial que han afectado y descapitalizado muchos cultivos, lo que ha reducido la generación de empleos, los niveles de ingreso, el crecimiento de la producción y el sector externo.

No podemos dejar de mencionar que la pobreza en nuestro país, ha pasado de ser también un fenómeno urbano asociado al proceso de destrucción de la pequeña y mediana industrias que ha tenido como causa a la apertura externa indiscriminada, lo que ha acentuado la caída de los salarios reales y los empleos productivos.

También debe encararse la problemática del sector bancario nacional para poder contar con recursos financieros a favor del desarrollo, así como para elaborar planes de crédito para pequeños propietarios. De no haber mejores condiciones crediticias, no se podrá incrementar la inversión ni el empleo ni los salarios y niveles de actividad de las grandes mayorías; además de configurar condiciones de empleo e ingresos a favor de los pobres, se tiene que realizar mayor gasto e inversión en los servicios más básicos de salud, nutrición, educación y vivienda, los cuales deben ser colocados como asunto prioritario de política pública.

A esto último deben incorporarse programas de transferencias bien orientados a favor de los sectores más excluidos y vulnerables de la sociedad, tales como ancianos, enfermos, niños e indigentes que puedan no beneficiarse de las medidas antes señaladas; a los grupos étnicos, se les debe de atender con programas específicos de desarrollo regional a través de inversiones de infraestructura y el establecimiento de empresas que aprovechen los recursos naturales ahí existentes.

La lucha contra la pobreza es una tarea de toda la política económica mientras prosiga la política económica de liberalización y de regularización económica, la disciplina fiscal, la prestación cambiaría y las políticas monetarias fiscales y crediticias contraccionistas, seguirá recrudeciéndose el problema de la miseria. Por lo que ningún programa de educación y de combate a la miseria extrema, serán capaces de frenar el número de pobres.

Tenemos claro que si no se aminora la carga de la deuda pública interna y externa, no habrá recursos para destinarlos al combate a la pobreza extrema. Si se frena la actividad económica de Estados Unidos, es evidente que los términos de intercambio caerán y con ello tendremos menos recursos para destinarlos al gasto social.

En este contexto los países desarrollados deben entender que la miseria mundial cada vez adquiere dimensiones abrumadoras, que para poderlas encarar deben aceptar otorgar mejores tratos comerciales, financieros y tecnológicos a favor de los países en vías de desarrollo así como de aquellos que viven el mayor grado de atraso.

Compañeras y compañeros diputados: estamos seguros que el combate frontal a la pobreza y la pobreza extrema, sólo será posible con un nuevo modelo de desarrollo que oriente sus políticas a favor de los más necesitados, conjuntando con el apoyo de los organismos internacionales, que también deben de modificar sus orientaciones en materia de política económica.

Por lo que el problema de la pobreza en México y el mundo, se ha convertido en una seria limitación para la estabilidad política y social del sistema económico contemporáneo.

Es cuanto señora Presidenta.

Gracias don Jaime Cervantes Rivera.

Tiene el uso de la palabra el diputado Esteban Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

Compañeras y compañeros diputados:

Uno de los mandatos constitucionales del Estado mexicano, es el proporcionar las condiciones para el pleno desarrollo de la sociedad. En la Constitución se consagran garantías de equidad y derechos de todos y cada uno de los mexicanos a la salud, a un medio ambiente adecuado, a la educación y a una vivienda digna y decorosa.

Ante la incapacidad del sistema económico neoliberal para garantizar que el trabajador pueda adquirir con sus ingresos los bienes que él y su familia necesitan, la acción del Estado lejos de pugnar por salarios reales y dignos para el sustento de los trabajadores mexicanos, limita su acción gubernamental al mantenimiento y subsistencia de los mexicanos que se encuentran sumidos en la pobreza.

Para el grupo parlamentario del PRD, las políticas públicas deben poner en el centro la dignificación de los trabajadores del campo y la ciudad, como la máxima expresión del combate a la pobreza.

Para efectos estadísticos, el Gobierno saliente registró como fuente tolerada de ingresos, como actividad económica a la franja de autoempleados y ambulantes de la economía informal, que no tienen acceso a seguridad social alguna. Los trabajadores pobres y las formas más variadas de subsistencia se han oficializado.

Mientras el salario sea insuficiente para la manutención de la familia, el consumo de bienes y servicios entendido como la inserción del trabajador pobre al mercado interno, debe ser un compromiso del Gobierno mexicano. Abatir la pobreza sin calificativos y entendida como la incapacidad de acceder al bienestar y desarrollo humano, debe ser en materia social prioridad de las políticas sociales para el próximo gobierno.

Hasta ahora el combate a la pobreza en México se ha reducido a estrategias tendientes a garantizar la subsistencia de aquellos que se consideran en extrema pobreza perdiendo de vista el combate a las causas de la precaria situación en que viven, buscando solamente la reducción de sus efectos. Bajo esta limitada óptica corremos el peligro de que los programas asistenciales sean el centro de la política social del próximo gobierno.

Lejos de atacar el fondo de la pobreza, políticas de asistencia social como éstas, sólo reducen el impacto de la desigualdad económica, educativa y de salud sobre el resto de la población.

El Gobierno mexicano debe incrementar recursos para el gasto social y reconocer como objetivo primordial de las políticas públicas el abatimiento de la creciente desigualdad económica, que tienen sumidos en la pobreza extrema a más de 30 millones de mexicanos en calidad de trabajadores pobres a otros 20 millones más.

Los índices de desempleo y pérdida del valor adquisitivo del salario van en aumento. Si el salario se fortaleciera y el producto del trabajo garantizara lo mínimo para vivir no habría en el país merecedores del apoyo a la alimentación ni subsidiarios del campo y la ciudad a los que el Estado por sus trampas y recortes presupuestales ha dejado de promover y orgullosamente informa haber limitado el gasto social. Yo pregunto: ¿en beneficio de quién?

Para la mayoría de los pobladores de nuestro país su salario, la forma de acceder a los bienes y servicios, triplicó su valor numérico en seis años, más no su valor adquisitivo. Mientras en 1994 con 1.6 salarios mínimos y 13 horas de trabajo diario se compraba el total de la canasta básica, en julio de este año 2000 se necesitan 2.4 salarios mínimos y 19 horas de trabajo al día para comprar los mismos productos.

Es por eso que esta legislatura debe pugnar porque el diseño de la política social basada en el asistencialismo se minimice, reivindicando los derechos sociales que son realmente garante del combate a este grave problema.

Para luchar contra la pobreza y en particular contra la pobreza de las mujeres, es necesario que se desarrollen procesos y políticas públicas que atiendan a los factores que inciden sobre los niveles de pobreza y promuevan su empoderamiento, les ofrezcan seguridad económica y social y amplíen sus oportunidades desarrollando, programas integrales que permitan el desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano.

Por ello demandamos que sea modificada la normatividad de programas como el Progresa, porque atentan contra los derechos de la mujer.

Para el combate a la pobreza requerimos del desarrollo de la sociedad, requerimos de la dignificación personal que da el trabajo y la educación para todos los mexicanos. El verdadero combate a la pobreza requiere del beneficiario como principal actor, su participación reivindicará la independencia económica de autoestima que hace de la especie humana un ser creativo y de alta evolución.

A juicio del grupo parlamentario del PRD, una vez alcanzada la alternancia en el poder, el país requiere orientar el desarrollo social al combate de la pobreza y no al combate de sus efectos.

A partir de una reforma general que propicie políticas de Estado, democráticas y equilibradamente consensadas por los actores legítima mente involucrados y beneficiados, nos acercará más al combate de la desigualdad, la injusticia y a la pobreza.

Por su atención, muchas gracias.

Muchas gracias, diputado Esteban Martínez Enríquez.


ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS

Para referirse a otro tema, en el punto de efemérides, particularmente sobre el aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se han inscrito los diputados:

Eduardo Arnal Palomera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Francisco Javier Sánchez Campuzano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Arnal Palomera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas y diputados:

Hoy hace 55 años la comunidad internacional, después de haber experimentado los horrores indescriptibles de un conflicto de proporciones globales, tomó conciencia de la necesidad de contar con un órgano internacional que velara por la paz mundial de manera permanente y eficiente.

Es por eso que el 24 de octubre de 1945, 51 países comprometidos en preservar la paz y la seguridad global decidieron crear la Organización de las Naciones Unidas.

Si bien es innegable que el grupo de países aliados desempeñaron un papel fundamental en la creación de las Naciones Unidas, no menos cierto es que Latinoamérica hizo oír su voz y antes de firmar el acta manifestó con claridad la importancia de que el nuevo organismo aplicara de manera sistemática las siguientes políticas:

Acrecentar el papel de las pequeñas potencias en la nueva organización y democratizarla.

Ampliar las facultades de la asamblea y propugnar por su universalización.

La ampliación de jurisdicción y competencia de la corte internacional de justicia y la preeminencia del derecho del respeto de las consideraciones políticas para la solución de conflictos.

En la actualidad prácticamente todas las naciones del mundo son miembros de este organismo. Los integrantes de la ONU son países soberanos, los cuales no forman un gobierno mundial ni un legislador global, pero sí proporciona alguno de los medios necesarios para contribuir a solucionar parte de los conflictos internacionales que lamentablemente aún flagelan a la humanidad.

Los gobiernos miembros de la ONU, mediante la firma de cientos de acuerdos multilaterales, han pretendido y en ocasiones logrado que el mundo sea un lugar menos inseguro y violento. Este amplio cuerpo de derecho internacional y de leyes en materia de derechos humanos, constituye uno de los mayores logros de las Naciones Unidas.

En la declaración Universal de Naciones Unidas de 1948 se establecen los derechos y libertades fundamentales para todos: el derecho a la vida, a la libertad, a la nacionalidad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a trabajar, a recibir educación y a participar en el gobierno. El camino andado es mucho, pero aún es mayor el que falta por recorrer, agregado a eso que en las últimas décadas el mundo ha cambiado y sigue cambiando drásticamente, de tal suerte no parecen insensatas las voces que a nivel mundial proclaman modificar la estructura y funcionamiento de las Naciones Unidas, con objeto de lograr que la evolución de la sociedad de las naciones dé como resultado un órgano más democrático.

1688, 1689 y 1690

Hay que prestar atención a los foros en los cuales pudiera estarse formando una opinión mundial generalizada respecto a la pérdida de legitimidad para tomar las decisiones en las Naciones Unidas. Situación similar se vio en la primera mitad del Siglo XX respecto a la sociedad de las naciones. Es lamentable ver que la eficacia de la ONU se ve mermada o incluso en ocasiones completamente extinguida por causa de algunos países que paradójicamente son potencias económicas, no cumplen sus obligaciones financieras y respecto a lo que tienen que aportar al organismo internacional al cual están llevando al borde del colapso.

Al interior de la Organización de las Naciones Unidas las grandes potencias han arrogado funciones que derivan en una notoria desigualdad con las potencias menores, sobre todo en materias como la conservación de la paz y la admisión de nuevos miembros.

Otro punto al cual hay que prestar atención, es que aun y cuando las decisiones se tomen de manera legítima, en ocasiones las potencias económicas y militares no respetan las decisiones y esto atenta contra el espíritu mismo del organismo.

El Consejo de Seguridad, desde la perspectiva de la conservación de la paz y seguridad internacionales, es el órgano de las Naciones Unidas y éste es el que tiene la mayor responsabilidad. Está conformado por 15 miembros, de los cuales 10 son elegidos y renovables y los cinco restantes son permanentes. Esta sui generis composición ha llevado a viciar algunos procedimientos y decisiones de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual en ocasiones la ha hecho parecer más una sociedad mercantil en la cual el que más aporta o dice aportar más decide y la ha alejado de su naturaleza de órgano humanitario internacional.

Debido a lo anterior y con un ánimo democratizador, es recomendable que las decisiones que hoy son competencia del Consejo de Seguridad, el cual tiene una manera muy singular de votación, deberían ser facultad de la Asamblea General, ya que actualmente sus facultades legales sólo son de recomendación y carece de autoridad sobre los miembros, se limita a servir de foro público para formar y orientar opinión universal.

Es incuestionable el rol fundamental que ha venido desempeñando la Organización de las Naciones Unidas desde su fundación. Sin embargo, es menester reconocer que la brecha entre países ricos y países pobres en lugar de disminuir se acrecienta año con año.

Debemos recordar que los objetivos de las Naciones Unidas van más allá de la simple ausencia de guerra, su misión sólo estará cumplida cuando la equidad y la justicia internacional atemperen los dramáticos contrastes entre las naciones.

Hoy recordamos el noble esfuerzo de un conjunto de naciones que se unieron para impedir que la barbarie de la guerra se repitiera. Hoy agradecemos a la Organización de las Naciones Unidas, la cual ha contribuido a marcar una benigna diferencia en nuestro conflictivo mundo.

La organización ha probado sus méritos, es útil para canalizar la presión de los países menos provistos y obtener una ayuda más generosa, continuando siendo eficaz para la conciliación de numerosas disputas y no podemos negar sus virtudes como el instrumento más importante de toda la humanidad para promover la estabilización de las relaciones internacionales y el ajuste de intereses divergentes. Es pues, útil para la formación del consenso y la cooperación internacional, los cuales serían inalcanzables bajo otras circunstancias.

La promoción del respeto de los derechos humanos constituye un elemento cada vez más importante de la asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo, en particular se considera que el derecho al desarrollo forma parte de un proceso dinámico que abarca todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, mediante éste es posible el bienestar y lograr el bienestar de todos los integrantes de una sociedad.

A la cooperación internacional debe moverla la elevación humana, el desarrollo económico y el estímulo de las capacidades de desarrollo de cada país, con respeto a la moral, con la garantía del respeto a los derechos humanos en un orden mundial de libertad y justicia. Sigamos trabajando por ello.

Muchas gracias.

Quisiera pedir, señor Presidente, si pudieran enviar una copia de la versión estenográfica a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al representante de México ante la O.N.U.

Con mucho gusto, diputado Arnal Palomera.

Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Sánchez Campuzano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Señor Presidente: la caída del muro de Berlín se ha vuelto referencia obligada para establecer el fin de la guerra fría y el nacimiento de un nuevo orden mundial que se expresa en la existencia de un mundo unipolar.

Esta nueva correlación de fuerzas ha contribuido a diluir el perfil de la Organización de las Naciones Unidas que hasta hace 10 años había sido la institución responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad colectiva en el mundo.

Es por ello que en años recientes distintas voces se han levantado proponiendo cambios profundos a esta organización integrada por 187 países. La voz de México se ha dejado escuchar para proponer cambios en la ampliación y representación equitativa del consejo de seguridad, pero también ha hecho hincapié en los métodos de trabajo y en el proceso de toma de decisiones para hacerlas más transparentes.

El consejo de seguridad debe reformarse para que en su seno se vean reflejadas la pluralidad y diversidad de la propia organización, pero también para que se tomen en cuenta los cambios geopolíticos de la última década. No obstante, la reforma más importante sigue siendo la del veto con objeto de que éste deje de ser un instrumento de obstrucción selectiva. México ha reiterado que para que la ONU se democratice, es indispensable el fortalecimiento de la asamblea general, que es el órgano más representativo de la colectividad internacional.

Hoy hace 55 años de su creación, podemos afirmar que el futuro inmediato de la ONU reside en construir los mecanismos que subsanen los desequilibrios generados por la nueva circunstancia internacional para la cual debe abocarse de lleno a la democratización de la asamblea general, ya que de esta manera todos los países del mundo participarán en condiciones de igualdad.

Muchos podrán decir que en la globalización, una organización jurídica como la Organización de las Naciones Unidas ha perdido vigencia; sin embargo hasta ahora no hay nada que supla este mecanismo que aunque con sus deficiencias y limitaciones es el único capaz de atender conflictos regionales y luchas etnicas, como tampoco quizá, con la excepción de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, existe otro organismo con vocación pacifista para combatir la amenaza de las armas nucleares a la par de la proliferación del armamento convencional.

Pero los problemas de la paz y la seguridad colectiva no sólo se limitan a las luchas por las fronteras o la eliminación total de los arsenales nucleares, hoy día garantizar la paz y la seguridad colectiva del planeta tiene que ver con la pobreza y la marginación de millones de seres humanos condenados a un destino ominoso.

Una de las cuestiones que no debe dejar de lado la Organización de las Naciones Unidas es el involucrarse en las acciones de carácter multilateral tendientes a contrarrestar los efectos negativos de las decisiones de los organismos emanados de Brenton Woods en los países pobres y los extremadamente pobres.

El nuevo equilibrio mundial exige que un organismos como la Organización de las Naciones Unidas tenga voz y voto en los temas financieros que hasta hoy han sido coto exclusivo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Y aunque su eficacia sea cuestionada, un esfuerzo loable de las Naciones Unidas fue la realización de la Cumbre del Milenio que sirvió de marco para que más de 135 jefes de Estado y de Gobierno de todos los rincones del mundo se reunieran para hablar sobre el futuro de la ONU y de la economía mundial pero quizá lo más relevante sea el esfuerzo de la ONU para reconocer la existencia de otros actores internacionales, de haber abierto la más alta tribuna internacional a los presidentes de parlamentos nacionales, a los líderes religiosos del planeta y a las organizaciones no gubernamentales.

Desde esta alta tribuna de México ratifico el compromiso de los legisladores priístas con los principios superiores de paz y colaboración entre los pueblos que son los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas.

Muchas gracias.

Gracias, diputado Francisco Javier Sánchez Campuzano.

Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Gracias. Con su permiso, señor Presidente; diputadas, diputados compañeros de esta legislatura:

En todo el mundo se habla una palabra; en todo el mundo se exige una respuesta; en todo el mundo hay una exigencia natural y ésa es precisamente hablar de la paz.

Las Naciones Unidas fue un nombre concebido por el Presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt y se empleó por primera vez en la declaración de las Naciones Unidas del 1o. de enero de 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los representantes de más de 26 naciones establecierón en el compromiso a nombre de sus gobiernos de proseguir juntos la lucha contra las potencias del eje.

La Carta de las Naciones Unidas fue redactada por los representantes de más de 50 países reunidos en San Francisco, del 25 de abril al 26 de junio de 1945. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre organización internacional, los delegados basaron sus trabajos en las propuestas formuladas por los representantes de China, los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética; la carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de 50 países; Polonia que no estuvo representada en la conferencia, la firmó más tarde, convirtiéndose en uno de los 51 estados miembros fundadores.

Las Naciones Unidas adquirieron existencia oficial el 24 de octubre de 1945, al quedar ratificada la carta por China, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética y por la mayoría de los demás signatarios. Las Naciones Unidas son un noble experimento en cooperación humana, en un mundo que sigue dividido por muchos y diversos intereses y atributos; las Naciones Unidas tratan de dar sentido a una visión de unificación, la comunidad de las naciones, la humanidad común de los pueblos y la singularidad del planeta que es uno sólo, aún más la misión histórica de las Naciones Unidas no consiste tan sólo en actuar con lo que ya existe, sino ampliar los elementos que conforman la base común de las naciones, cruzar el espacio para alcanzar y mejorar un número mayor de vidas humanas y trascender el tiempo para entregar a las generaciones futuras la herencia material y cultural que custodiamos en bien suyo.

La Carta de las Naciones Unidas redactada, sufriendo aún más en carne viva la dolorosa experiencia de las dos guerras más destructivas de la historia, abarcó todas y cada una de esas aspiraciones y previó instrumentos institucionales para alcanzarlas.

Cincuenta y cinco años tras la firma de la carta, el mundo está en condiciones de celebrar un gran número de cambios progresivos, han desempeñado una importante función. El papel de las Naciones Unidas en la descolonización comenzó casi inmediatamente después de su fundación y sigue siendo uno de los más grandes logros, muy pronto se celebrará este encuentro.

Las transacciones internacionales se realizan sin contratiempo gracias al conjunto de normas elaboradas por las Naciones Unidas y sus organismos, los pueblos del mundo, normas elaboradas por ellas mismas y disfrutan de vidas más largas y productivas gracias a esta erradicación de enfermedades, mejores normas de nutrición, el fomento al desarrollo agrícola, campañas de alfabetización y defensa de los derechos de la mujer y el niño, todas estas actividades en las cuales han desempeñado un papel primordial las naciones.

1691, 1692 y 1693

No hay ninguna organización internacional que pueda compararse con las Naciones Unidas, en cuanto a su capacidad para determinar las nuevas cuestiones que se plantean en el horizonte político y para allegar planes de acción que permitan hacerle frente en particular en las esferas del medio ambiente y las cuestiones de desarrollo social y respecto de fenómenos tan perturbadores de la sociedad civil mundial, como son el tráfico de drogas, las redes criminales, trasnacionales y el terrorismo. Sin embargo, sigue habiendo una sensible diferencia entre las aspiraciones y los logros, a pesar de la prosperidad sin precedente de que disfruten muchos países, gracias al avance tecnológico y a la mundialización de la producción y la finanza.

Ni los gobiernos ni las Naciones Unidas ni tampoco el sector privado han dado con la clave para erradicar las persistentes pobrezas en que se debate la mayor parte de la humanidad, de hecho los desequilibrios, existencias actualmente en la economía mundial plantean grandes desafíos a la estabilidad internacional del futuro, se trata de desequilibrios en la distribución de la riqueza, entre las fuerzas que promueven la integración económica y las que impulsan la fragmentación política y entre los efectos de la presencia humana en el sistema planetario de apoyo a la vida y la capacidad de éstos.

Existen además diversas fuerzas de desintegración impulsadas por la desigualdad y la intolerancia que continúan degradando a pueblos y naciones, así como conflictos, impulsando por perjuicios, la privación y a veces por una abierta anarquía que desafían tanto las fronteras nacionales, como las normas internacionales, estos elementos de inestabilidad han dado lugar a una enorme proliferación de armas cada vez más mortíferas y a una crisis humanitaria de proporciones cada vez mayores, siguen cometiéndose violaciones en masas de los derechos humanos y sigue dándose muerte a números enormes de seres humanos, por el sólo hecho de tener una identidad o una fe religiosa determinada.

El número de refugiados y de personas desplazadas, en su mayor parte víctimas inocentes atrapadas en trastornos políticos, de proporciones históricas, ha aumentado a más de 25 millones de seres humanos. El objetivo fundamental de esta reforma es reducir las diferentes existencias entre las aspiraciones y logros, se persigue alcanzarlo estableciendo en las Naciones Unidas una nueva mentalidad de dirección y una nueva estructura de gestión, que se traduzca en una mayor unidad de propósitos y hoy, que cumplimos precisamente más de 50 años que tiene la fundación, esta organización tan importante, nosotros también solicitamos, la fracción del PRD, de que esta organización de las Naciones Unidas sea democratizadora, de que esta organización, sus órganos de vigilancia también se democraticen para que así pongan el ejemplo en el mundo, precisamente de que no únicamente las naciones puedan ellas hablar de una democracia, sino que dentro de su mismo seno también se implemente esa palabra que se llama democracia y que en mucho ayudaría para seguir siendo árbitro dentro de los conflictos internacionales y precisamente avalar todos aquellos derechos, que es al infante, que es a los pobres y que es a los países más desprotegidos.

Gracias por su atención.

Muchas gracias, diputado Sergio Acosta Salazar.


PABLO SANDOVAL RAMIREZ

Hemos concluido el punto del orden del día referente a efemérides y antes de pasar al siguiente punto del orden del día, que es presentación de iniciativas de diputados, me permito hacer del conocimiento de esta Asamblea, que ha fallecido el diputado a la LVII Legislatura, Pablo Sandoval Ramírez, quien perteneció al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Presidencia se ha enterado por voz del coordinador del grupo parlamentario del PRD, que es la intención en la próxima sesión dedicar una parte a hacer una semblanza del diputado Pablo Sandoval Ramírez y esta Presidencia suplica a la Asamblea conceda, puestos de pie, un minuto de silencio en su memoria.

(Se guarda un minuto de silencio.)

Muchas gracias.

LEY DE COORDINACION FISCAL

Para continuar con el desahogo del orden del día y para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

«El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Distrito Federal ha guardado características especiales respecto a las otras entidades de la República.

No obstante, a contrapeso de las restricciones en cuanto a los derechos políticos de sus habitantes, en cuanto a obligaciones administrativas y fiscales de los mismos, nunca han sido menores a las de los ciudadanos de los estados.

Por eso resulta absurdo que en una Ley de Coordinación Fiscal de la que forma parte la Ciudad de México, se le excluya de participar en los beneficios de un fondo que ha ayudado a generar de manera directa e indirecta con las contribuciones de sus ciudadanos y empresas asentadas en su territorio.

En la Ciudad de México se genera el 50% de la recaudación del lSR, 45% del IVA, las dos terceras partes del ahorro financiero y el 25% del producto interno bruto y a pesar de ello sólo recibe el 12% de la recaudación fiscal participable.
En la historia de las perversiones, los asuntos de las finanzas públicas del Distrito Federal ocupan un lugar destacado.

No es novedoso afirmar que hay una relación directa entre los grados de autonomía y eficacia de las entidades públicas y su independencia en el ejercicio presupuestal.

En 1996 se realizó lo que hasta ahora constituye la reforma política más importante en la capital del país, al otorgar facultades legislativas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, abrir a una elección directa la asunción al cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal y la elección de los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales.

Sin embargo, se dejaron resabios de centralismo que juegan como mecanismos de control político hacia esta entidad.

La Ciudad de México, no es más una dependencia federal.

Que el Congreso de la Unión apruebe el monto de endeudamiento anual del Distrito Federal, ha significado una disposición negativa desde cualquier punto de vista, aprobar una deuda local que no se paga con recursos federales, sólo tiene explicación en la necesidad de contar con garantías de control.

Por eso se torna necesario avanzar en una reforma constitucional integral, que dote de derechos y atribuciones plenas a dicha entidad.

No obstante, la iniciativa que presento en esta oportunidad se refiere al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, mismo que fue creado el 29 de diciembre de 1997 y donde el Distrito Federal estaba contemplado como beneficiario.

Ni fue una gracia ni resultó casual la inclusión de esta entidad en dicho fondo.

Por un lado los servicios públicos que tiene a su cargo el Gobierno del Distrito Federal, incluyen los correspondientes en un Estado a los municipios y por los que se recaudan contribuciones por los mismos.

Pero además las necesidades de la población de la entidad son iguales a las de municipios, los niveles de pobreza son similares y las desigualdades económicas también se presentan en la capital.

No se puede borrar de tajo la pobreza de cientos de miles y el rezago en infraestructura social.

Por cuestiones que indudablemente merecen una explicación, dentro del paquete financiero para el año de 1999, por decreto publicado el 31 de diciembre de 1998, se excluyó a la Ciudad de México de los beneficios de dicho fondo.

No obstante resulta urgente restituir a los habitantes del Distrito Federal, de los beneficios de dicho fondo a través de las demarcaciones territoriales, en un acto de reciprocidad presupuestal.

Negarle recursos a la ciudad, sería castigar no a un gobierno o a un partido político, sino a su población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, la siguiente iniciativa de decreto de reformas a la fracción IV del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo único. Se reforma la fracción IV del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

"Artículo 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a la III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

V a la VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2000.- Diputados: José Narro Céspedes y Víctor Hugo Cirigo Vázquez.»

También, señor Presidente; compañeros diputadas y diputados: quiero decirles que con mucha alegría comparten conmigo esta iniciativa, el apoyo a esta iniciativa, mis compañeros diputados: Antonio Arévalo, del Partido Verde Ecologista; Jorge Lara, del Partido Acción Nacional; Enrique Herrera, de Convergencia por la Democracia; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo y José Manuel del Río, de Convergencia.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Ernesto Saro Boardman, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional...

Señor Presidente, le ruego se sirva anexar la firma de nuestra fracción.

Señor diputado, ¿sería tan amable de expresarlo por el micrófono?

Sí, señor Presidente, la moción es en el sentido de que por favor se sirva considerar anexar nuestra firma al documento que se acaba de presentar.

Muchas gracias, señor diputado.

1694, 1695 y 1696

LEY GENERAL DE SALUD (II)

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Saro Boardman, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud.

Con su permiso, señor Presidente; honorable mesa directiva de la Cámara de Diputados; compañeros legisladores:

«En ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa que adiciona al artículo 29 de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 4o. de nuestra Constitución en el párrafo cuatro claramente menciona que:

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades, para el acceso a los servicios de salud."

Somos 100 millones de mexicanos, de los cuales aproximadamente 55 millones, estamos dentro del Sistema del Seguro Social o el ISSSTE, cerca de 15 millones, podemos adquirir medicamentos y consulta directa y lamentablemente alrededor de 30 millones de mexicanos, no tienen acceso a medicamentos e incluso por circunstancias geográficas con dificultad a consultas de la Secretaría de Salud.

Amigas y amigos diputados, a estos 30 millones de mexicanos que viven en extrema pobreza, son a los que dirigimos esta propuesta, son a los que ayudaremos en forma concreta e inmediata.

En ejidos y en miles de colonias marginadas, se observa la angustia y desesperación, debido a que los habitantes sufren todos los días del mayor desastre que experimenta un ser humano, la enfermedad.

Imagina a un vendedor ambulante en alguna esquina de esta gran ciudad, que vive de su venta diaria, que no tiene Seguro Social y sufre de alta presión, él, está durante horas parado con un tremendo dolor de cabeza y para controlarlo y poder trabajar en paz, necesita un medicamento cuya marca comercial es capotena y su genérico es captopril, si él lo comprase en una farmacia le costaría 168 pesos el tratamiento de un mes, en cambio el Seguro Social, compra millones de piezas de este medicamento para sus derechohabientes a un peso 45 centavos, si este vendedor ambulante pudiese adquirir el producto a ese costo, viviría feliz.

Ahora piensa en una joven de un ejido en una de tantas comunidades rurales de alguno de nuestros distritos, que no tiene Seguro Social, y ella sufre como millones de mexicanos de epilepsia y por no estar controlada, padece ataques y convulsiones, no sale de su casa por temor a una caída y no tiene un empleo. Ella requiere de un medicamento para controlar este tipo de epilepsia, el nombre genérico es carbamazepina y su marca comercial es tegretol y cuesta 190 pesos en una farmacia, el Seguro Social con su poder de compra, adquiere millones de estos tratamientos a sólo dos pesos 69 centavos... Imagina si pudiéramos cambiar la vida a esta joven con de menos tres pesos al mes.

Así como estos dos ejemplos, hay muchos más en estos términos. Adjunto una tabla con 15 de los principales medicamentos que adquiere el Seguro Social, por más de 5 millones de unidades anuales y su comparación entre su precio en la farmacia y el valor de adquisición del Seguro Social (pido señor Presidente, se incluya dicha tabla en la versión estenográfica y por supuesto en el Diario de los Debates).

Compañeras y compañeros legisladores, hoy tenemos la oportunidad de apoyar a estos 30 millones de mexicanos cuya principal enfermedad es su pobreza.

Hoy les pido apoyar esta iniciativa y solicito sea turnada a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Seguridad Social, para su estudio y dictamen.

El artículo 111 de la Ley del Seguro Social, establece la obligatoriedad que tiene el Instituto de coordinarse con la Secretaría de Salud y con otras dependencias y organismos públicos con el propósito de proteger la salud y prevenir enfermedades.

En los artículos 214, 215 y 217, la Ley del IMSS establece que entre las prestaciones o servicios de solidaridad social que otorga, comprende la asistencia médica, así como la farmacéutica y que estas prestaciones de solidaridad social serán financiadas por la Federación y por los propios beneficiados con aportaciones en efectivo.

Si en las leyes que norman la actividad de los institutos de seguridad social se prevé que la población no asegurada, pueda tener acceso a un servicio tan importante como es el farmacéutico, es indispensable que la Secretaría de Salud, como entidad reguladora del sector, establezca en su legislación los mecanismos que garanticen este beneficio a los ciudadanos más desprotegidos.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propongo la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se adiciona el artículo 29 de la Ley General de Salud.

Artículo único. Se adicionan dos párrafos al artículo 29 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

"Artículo 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los usuarios de los servicios de salud públicos, podrán adquirir los medicamentos prescritos por los servicios de consulta de la Secretaría de Salud e IMSS-Solidaridad en los establecimientos dedicados al expendio de medicinas, pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Secretaría de Salud fijará el cuadro básico y los precios máximos de los medicamentos que puedan ser comercializados en los expendios de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que no deberán exceder en un 50% a su precio de adquisición."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El Ejecutivo Federal establecerá con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto la regulación necesaria para su implementación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero del año 2001.

Con esta propuesta, la población abierta, previa consulta en cualquiera de los 10 mil dispensarios y clínicas del sector salud y a través de una receta puedan adquirir los medicamentos ahí prescritos en alguna de las 2 mil 200 farmacias del Seguro Social, a precio de adquisición de esta institución más un cargo por distribución y manejo.

Esta propuesta no implica un costo adicional ni a la Secretaría de Salud ni al Seguro Social, y está basada en utilizar el enorme poder de compra de este Instituto, así como la infraestructura física y de recursos humanos de la Secretaría de Salud ya existentes, a sí mismo, esta medida reforzará la existencia de medicamentos en la farmacias del Seguro Social, ya que al poder vender estos medicamentos a población abierta con un margen adicional del 50% de su precio de adquisición reforzaremos económicamente las estructuras financieras del instituto.

Las farmacias y los grandes laboratorios, no serían lesionados, pues lamentablemente y tenemos que mencionarlo, estos millones de mexicanos y mexicanas que viven en pobreza extrema, no compran medicamentos a precios de mercado y sólo con un programa de este tipo, podrán tener acceso a ellos.

Mediante la aprobación de esta propuesta, los casi 5 millones de mexicanos que se encuentran en el Programa IMSS-Solidaridad, tendrían medicamentos a precios muy accesibles y complementarían su atención médica hoy insuficiente.

Amigas y amigos diputados, hemos llegado a este recinto con una noble misión, la de construir un México más justo y equitativo, pensar más en los que menos tienen y legislar para ellos.

Una ley tiene sentido cuando se traduce en un beneficio para los legislados y ésta es una propuesta que no va a ir a parar a un librero, va a aliviar los padecimientos de muchos millones de hermanos que nos lo demandan.

Compañeras y compañeros legisladores, yo quisiera preguntarles: ¿a cuántos de ustedes en sus campañas, en puestos públicos desempeñados, e incluso en sus domicilios, se les ha acercado alguna de estas personas que viven en extrema pobreza pidiendo apoyo para medicamentos, estoy seguro que todos sabemos de la magnitud de esta imperiosa necesidad de los que menos tienen?

Hoy tenemos la oportunidad de dar ese apoyo, y con esto se complementan y ennoblecen los servicios que presta la Secretaría de Salud y se reafirma al Instituto Mexicano del Seguro Social, como la institución más querida del pueblo de México.

Quisiera que en esta legislatura, nos llevemos a nuestras casa la enorme satisfacción de haber dado acceso a los medicamentos a todos los mexicanos.

Es todo, señor Presidente, muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2000.- Grupo parlamentario del PAN Salud y Seguridad Social.- Diputados: Juvenal Vidrio Rodríguez, Carlos A. Valenzuela Cabrales, Luis Miguel Santibáñez G., María Eugenia Galván Antillón, Rafael Orozco Martínez, Manuel Wistano Orozco Garza, Felipe Olvera Nieto, Francisco S. López Brito, Salvador Escobedo Zoletto, Francisco Javier Cantú, Juan Alcocer Flores, Hilario Esquivel Martínez, Francisco H. Gutiérrez D., Ramón Paniagua Jiménez, José Ma. Rivera Cabello, Francisco Ricardo Sheffield P., José A. Zapata Perogordo y Ernesto Saro Boardman.»


**********Falta tabla pag 1699********

1697, 1698 y 1699

**********Faltan tablas pag 1700-1701********


Es todo, señor Presidente.

Gracias.

Muchas gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Seguridad Social.

A solicitud del señor diputado que presentó la iniciativa también se turna la iniciativa a la Comisión de Seguridad Social.


LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA MUJER

Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Chapa Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa sobre el Instituto Nacional de la Mujer.

Con su permiso, señor Presidente; colegas legisladoras y legisladores:
Voy a presentar la iniciativa de Ley del Instituto Nacional de la Mujer bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las mujeres requieren, para el desarrollo pleno de su potencialidad, tanto de condiciones favorables en su entorno comunitario y familiar, como de espacios públicos, para su plena participación activa en la vida económica, política, social y cultural del país.

En los últimos años, las mujeres han alcanzado avances más significativos que en los siglos anteriores, tanto en la posición que ocupan en los ámbitos social y familiar, como en su condición individual. Sin embargo, aún se mantienen injustas desigualdades en su nivel de vida, motivadas por la interpretación que la sociedad hace de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y los efectos negativos que las mismas generan en las relaciones, actitudes, comportamientos y, en general, en la cultura de las personas y las instituciones.

El reto social no solamente significa mejorar la situación de las mujeres, sino también crear las expectativas necesarias para superar esa amplia brecha de disparidades que aún persisten. Es evidente que la falta de equidad entre hombres y mujeres, sustentada en los atributos y valores que la sociedad asigna con base en diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas, sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones, lo que se traduce en prácticas e ideas que generan una clara situación de desventaja social que afecta a las mujeres.

La estadística de población nos refiere como antecedente importante, que las mujeres representan un poco más del 50% de los habitantes del territorio nacional y que su tasa de participación en la actividad económica ha venido incrementándose significativamente en los últimos años, sin encontrarse suficiente y adecuadamente registrada.

Al Estado mexicano, como garante del respeto de los derechos y del cumplimiento de las obligaciones de mujeres y hombres consignados en su Ley Suprema, le corresponde asegurar la observancia del principio de igualdad jurídica, circunstancia legal que debe trascender a todos y cada uno de los sectores sociales, para que puedan convivir en armonía.

En el caso de las mujeres, la búsqueda de esa igualdad jurídica y también de la social y familiar, se ha hecho manifiesta en la permanente lucha de sus organizaciones, las que han logrado hacer visible, ante instituciones nacionales y organismos internacionales, la situación y ubicación de mujeres con respecto de los hombres, a partir de relaciones de subordinación y de poder basadas en la construcción cultural de "lo femenino" y "lo masculino".

Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Estado mexicano, este principio fundamental de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1974, mediante la reforma de su artículo 4o. La igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley, es un acto de justicia que se genera en la intención de eliminar la discriminación por motivos de género.

A partir de esta reforma constitucional y una vez más, como resultado de la persistente y justa demanda de las mujeres, de combatir la exclusión y la desigualdad y la discriminación de que han venido siendo objeto, encontramos que se han creado diversos mecanismos e instituciones públicas, con el fin de promover y apoyar el avance de las mujeres. También se ha logrado modificar diversos ordenamientos federales y estatales para superar, en campos específicos, algunas de las desigualdades legales que las afectan, así como para apoyar el proceso de mejoramiento de su condición de vida social y familiar.

En 1974 se estableció el Programa Nacional del Año Internacional de la Mujer, que preparó la participación de nuestro país en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en México, en 1975.

En 1980, dentro del Consejo Nacional de Población se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo; en 1985, se instaló la Comisión Nacional de la Mujer, a la que correspondió la preparación de la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre el tema, realizada ese mismo año, en Nairobi, Kenia.

En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador, con el propósito de organizar las actividades preparatorias de la participación de México en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995.

El 8 de marzo de 1996, se aprobó por el titular del Ejecutivo Federal, en el marco del plan nacional de desarrollo, el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. "Alianza para la Igualdad". A este programa se le dotó de dos órganos autónomos denominados consejo consultivo y contraloría social; el primero, con la finalidad prioritaria de impulsar y favorecer la participación de todos los sectores involucrados y el segundo, para analizar, evaluar y dar seguimiento al impacto de las acciones en beneficio de las mujeres.

A partir de la fecha de aprobación del Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 y hasta el 31 de agosto de 1998, operó dentro de la Secretaría de Gobernación un mecanismo encargado de la instrumentación de dicho programa.

Para dar cumplimiento a la aspiración nacional de promover el adelanto de las mujeres y de atender los compromisos internacionales asumidos por México en distintos foros, el Presidente de la República creó la Comisión Nacional de la Mujer, integrada por dos órganos, uno desconcentrado, denominado coordinación general y, otro, un consejo intersecretarial. El reglamento interior de la Secretaría de Gobernación otorga a la coordinación general amplias atribuciones, en relación con la ejecución del Programa Nacional de la Mujer y, al segundo, lo define como un organismo de consulta en la materia y de seguimiento en la ejecución del propio programa.

En lo que corresponde al ámbito internacional, se han desarrollado diversas actividades en los foros multilaterales, internacionales y regionales, con objeto de impulsar la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Tales actividades comprenden la concertación de instrumentos jurídicos vinculantes y la celebración de conferencias mundiales y regionales, de cuyas deliberaciones han emanado programas y planes de acción.

En el primer caso, entre las convenciones y tratados de los que México es parte, relativos a la condición de las mujeres, destacan la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, ratificada por México en 1981 y la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la asamblea general de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981. Dentro de este esquema encontramos la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "convención de Belem do Pará", ratificada por México en noviembre de 1998.

En 1975, México fue sede de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, convocada por las Naciones Unidas, con objeto de promover la igualdad entre mujeres y hombres, asegurar la integración plena de ellas a los esfuerzos en favor del desarrollo y reconocer la importancia de su creciente contribución a la consolidación y fortalecimiento de la paz. La conferencia aprobó la "Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer y su Contribución al Desarrollo y la Paz" y un "Plan de Acción Mundial", que estipuló recomendaciones a los estados para estimular la adopción de medidas a nivel nacional e internacional, con vistas a garantizar a las mujeres la igualdad ante la ley y, en general, la equidad y la no discriminación en todos los ámbitos, incluidos los beneficios del desarrollo y la toma de decisiones.

El Plan de Acción Mundial adoptado en México incluye una recomendación a los gobiernos, a fin de que establezcan "mecanismos nacionales interdisciplinarios y multisectoriales al interior de cada gobierno, provistos de recursos humanos y financieros, como medida efectiva para acelerar el logro de la igualdad de oportunidades para la mujer y su plena integración en la vida nacional".

A propuesta de la conferencia de México, en diciembre de 1975, la asamblea general de las Naciones Unidas proclamó el periodo 19761985, como el decenio de las naciones unidas para la mujer: igualdad, desarrollo y paz; decidió la creación del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Desarrollo de la Mujer, (INSTRAW) y sentó las bases para el establecimiento del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer, (UNI-FEM).

En julio de 1980 se llevó a cabo la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: igualdad, desarrollo y paz, segunda conferencia mundial sobre la mujer, en Copenhague, Dinamarca, convocada, con objeto de evaluar los avances del decenio. La conferencia elaboró y aprobó un programa de acción para la segunda mitad del decenio 1980-1985, enfocándolo a los temas que consideró prioritarios, ésto es, empleo, educación y salud, como elementos básicos del desarrollo.

El programa de acción de Copenhague incluyó entre las estrategias y metas nacionales para la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico y social, un apartado destinado a los mecanismos nacionales, indicando que... "cuando no exista, debería establecerse un mecanismo nacional, preferentemente al más alto nivel de gobierno, ...".

Cinco años más tarde, la asamblea general convocó a la conferencia mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de naciones unidas para la mujer: igualdad, desarrollo y paz, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en julio de 1985; en la conferencia se examinaron y evaluaron los progresos alcanzados y los obstáculos que habían impedido hasta entonces la consecución de las metas y objetivos del decenio y se definieron las estrategias a seguir para lograrlo.

La conferencia de Nairobi aprobó el documento de "Estrategias al Futuro para el Adelanto de la Mujer hacia el año 2000", también conocido como "Estrategias de Nairobi", en el que se incluye, entre las medidas básicas a nivel nacional, una recomendación a los estados para que establezcan "...el mecanismo apropiado, con recursos y autoridad suficiente y al más alto nivel de gobierno, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres...".

1700, 1701 y 1702

En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que, teniendo en cuenta que "la mujer no es una minoría, sino parte igualitaria de la población, es indispensable que se reconozca el potencial de su contribución y el valor de su participación" y que "la igualdad lograda ante la ley no ha modificado las relaciones de poder que impiden su plena y equitativa participación" y, por lo tanto, decide convocar a una conferencia mundial sobre la mujer, con el propósito de movilizar la atención mundial de mujeres y de hombres en el ámbito ciudadano y en el de la formulación de políticas, con el fin de acelerar la eliminación de los obstáculos que aún impiden el adelanto de la mayoría de las mujeres.

En la plataforma de acción de la conferencia de Pekín, se establece también que el éxito alcanzado en el reconocimiento internacional y nacional de la igualdad jurídica de la mujer, se enfrentó a la discriminación de hecho y a la desigual situación de la mujer con respecto del hombre, como resultado de factores sociales, económicos, políticos y culturales más amplios, justificados hasta entonces sobre la base de diferencias fisiológicas, cuando en realidad derivan de las relaciones sociales dispares en función del género, lo que impide la plena y equitativa participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional e internacional.

La declaración política y la plataforma de acción fueron aprobadas por los 189 estados participantes, México entre ellos. La evaluación de su aplicación tuvo lugar en el XXIII periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Las Mujeres en el Año 2000: equidad entre los géneros, desarrollo y paz para el Siglo XXI" realizada del 5 al 9 de junio del presente año en la ciudad de Nueva York.

En el plano regional latinoamericano y como producto del plan de acción mundial adoptado en México en 1975, se han celebrado siete conferencias en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), enfocadas a la integración de las mujeres al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe; la Habana, Cuba, 1977; Macuto, Venezuela, 1979; México, 1983; Guatemala, 1988; Curazao, 1991; mar de plata, Argentina, 1994 y Santiago de Chile, 1997 y en febrero de este año, se realizó la octava conferencia regional de la mujer en América Latina y el Caribe, en la ciudad de Lima, Perú".

Nuestro país, frente a los compromisos internacionales adquiridos y teniendo como marco de su acción el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, reconoce que no obstante los innegables logros de los diversos programas e iniciativas, aún persisten grandes desafíos, lo que hace imperativo avanzar de manera decidida en la tarea de impulsar acciones positivas en pro de las mujeres.

Un objetivo prioritario en el plan nacional de desarrollo vigente, es promover la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida económica, social, política y cultural del país. En su texto se asume el compromiso de definir un conjunto de estrategias y acciones específicas, que contribuyan a impulsar el avance de las mujeres, destacando la necesidad de poner en práctica programas y acciones para garantizarles igualdad de oportunidades y plena equidad en el ejercicio de sus derechos.

Congruente con lo anterior, el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 define directrices para impulsar la formulación, ordenamiento, coordinación y cumplimiento de las acciones encaminadas a ampliar la participación de las mujeres en el proceso social, con igualdad de oportunidades.

Resulta un importante avance en el camino de institucionalizar la gestión para la consecución de la equidad de género, la presencia jurídica de la Comisión Nacional de la Mujer y, particularmente, de la coordinación general, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, para dar plena vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer el mecanismo existente en nuestro país para el adelanto de las mujeres, ubicándolo "en las instancias más altas del Gobierno" con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en las políticas públicas nacionales, así como en la formulación y examen de la legislación, es necesario modificar las bases jurídicas de la Comisión Nacional de la Mujer. Una eficiente articulación de las acciones gubernamentales y de otros sectores, se puede lograr mediante la conformación de una entidad con plena autonomía institucional, que pueda desarrollar sus funciones en planos de igualdad jurídica con el resto de la Administración Pública Federal y, en los otros ámbitos de la vida nacional, igualmente podrá realizarlas si dicha entidad cuenta con amplia capacidad de gestión.

Con base en el planteamiento anterior, se formula la presente iniciativa para la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Nacional de la Mujer, que se ocupe de impulsar y fortalecer el avance de las políticas públicas, gubernamentales y de la sociedad, en favor de la igualdad jurídica y la equidad de género. Este organismo tendrá asimismo la obligación de promover, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y programas destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, para asegurar en la ley y en la práctica lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "el varón y la mujer son iguales ante la ley". Como toda medida legal afirmativa destinada a corregir disparidades, ésta tendrá la duración que la sociedad requiera hasta garantizar la plena equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en nuestro país.

El Instituto Nacional de la Mujer contará con un órgano de gobierno denominado junta de gobierno, que estará presidida por la titular del Instituto Nacional de la Mujer, en el que participarán los y las titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal que pueden cumplir un rol trascendente en la modificación de las políticas públicas, para introducirles el enfoque de género. De manera prioritaria, pero no exclusiva, formarán parte de la junta de gobierno los responsables de las siguientes políticas gubernamentales: interior y de población, hacendaria y presupuestal, exterior, procuración de justicia, educación y cultura, salud pública, desarrollo social, política laboral y de recursos naturales y medio ambiente.

De manera paritaria a la representación gubernamental, formarán parte de la junta de gobierno representantes de la sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales promotoras del avance de la equidad y género y mujeres destacadas del ámbito académico y de las organizaciones que se hayan distinguido por su labor en defensa de los derechos de las mujeres en la política, la economía y la sociedad. Los y las integrantes de la junta de gobierno tendrán derecho a voz y voto.

Adicionalmente, podrán ser invitados a participar representantes de ambas cámaras del Poder Legislativo Federal y del Poder Judicial de la Federación. Dependiendo de las materias que se discutan en la junta de gobierno, también podrán ser invitados el titular de la Procuraduría General de la República y los directores generales de los institutos Mexicano del Seguro Social; de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de Estadística, Geografía e Informática; Nacional de la Juventud; Nacional de la Senectud; y de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como mujeres representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes podrán participar con voz, pero sin voto.

Esta estructura tiene el propósito asegurar la presencia permanente de mujeres socialmente reconocidas por sus tareas en favor de la equidad de género, las que asumirán la responsabilidad de cuidar que los acuerdos que emanen de la Junta de Gobierno, se traduzcan en acciones que cuenten con el respaldo de la Administración Pública Federal y de los más importantes sectores de la sociedad.

El Instituto Nacional de la Mujer a que se refiere esa iniciativa, tiene como base jurídica constitucional la siguiente: el párrafo segundo del artículo 4o. que establece que: "el varón y la mujer serán iguales ante la ley", por lo que es preciso proveer en el ámbito legal para su debida observancia. De igual forma, el artículo 133 establece que: "esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados". En consecuencia, el Gobierno de México está obligado al cumplimiento de lo dispuesto por la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981 que en su artículo 4o., párrafo primero señala que: "la adopción por los estados que sean parte (de la convención), de medidas especiales de carácter temporal destinadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no deberán considerarse medidas discriminatorias, en los términos definidos por la presente convención y no deberán en manera alguna implicar, como una consecuencia, el mantenimiento de normas separadas de iniquidad, estas medidas deberán interrumpirse cuando los objetivos de la igualdad de oportunidades y de trato hayan sido alcanzados...".

Con la creación de un mecanismo específico para asegurar la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo establecen las "estrategias al futuro para el adelanto de la mujer hacia el año 2000" de la Conferencia Mundial de Nairobi, entre las que se incluyen medidas básicas a nivel nacional, como la reiterada recomendación a los estados para que establezcan "...el mecanismo apropiado, con recursos y autoridad suficiente y al más alto nivel de gobierno, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres...". Con base en lo anterior, el Congreso de la Unión presenta la siguiente iniciativa:

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA MUJER

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Artículo 1o. Esta ley es de orden público y de aplicación general en todo el territorio nacional en materia de equidad de género e igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en los términos establecidos por el párrafo segundo del artículo 4o. constitucional.

Artículo 2o. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, sin importar origen étnico, edad, idioma, cultura, condición social, religión o discapacidad; las que serán sujetas de los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento.

Artículo 3o. El Instituto Nacional de la Mujer un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo y con domicilio en el Distrito Federal.

Artículo 4o. El objeto esencial del instituto es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de las mujeres previstos por el orden jurídico mexicano, así como los programas y acciones de carácter público y social destinados a promover e impulsar el desarrollo del potencial de las mujeres desde su nacimiento hasta la muerte; su participación activa y plena en la vida económica, política, social y cultural del país; el ejercicio cabal de todos sus derechos y el disfrute de los beneficios del desarrollo, con base en los principios de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato.

TITULO SEGUNDO

Integración del Instituto Nacional
de la Mujer

CAPITULO I

De la integración, objeto y facultades
del Instituto Nacional de la Mujer

Artículo 5o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Instituto: el Instituto Nacional de la Mujer.

Presidenta: la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer.

Secretaría: la secretaría ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer.

Junta: la junta de gobierno del Instituto Nacional de la Mujer.

Consejo: el consejo consultivo del Instituto Nacional de la Mujer.

Contraloría: la Contraloría Social del Instituto Nacional de la Mujer.

1703, 1704 y 1705

Género: concepto que refiere los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres, tomando como base la interpretación construida en cada cultura sobre las diferencias sexuales y que determinan los comportamientos sociales, actitudes y formas de relacionarse e interactuar entre sí.

Equidad de género: concepto que refiere el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Perspectiva de género: concepto que refiere la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar sobre las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.

Artículo 6o. El Instituto Nacional de la Mujer se integrará con una presidenta, una secretaria ejecutiva y con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. Asimismo, contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, que serán: el consejo consultivo y la contraloría social

El Instituto Nacional de la Mujer, para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con una junta de gobierno.

Artículo 7o. El instituto tendrá por objeto:

I. Proponer, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas, gubernamentales y de la sociedad, con perspectiva de género, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres;

II. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones para el fortalecimiento y avance en la equidad de género;
III. Promover un cambio cultural que genere una mayor conciencia pública sobre la imagen de respeto e integridad de la mujer, así como sobre el conocimiento de las aportaciones y participación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural del país;

IV. Mantener actualizado el diagnóstico sobre la situación de las mujeres y en relación con los avances en la equidad de género y la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres ante la ley y en la práctica.

Artículo 8o. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la equidad de género;

II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la Federación;

III. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal;

IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o en su caso, institucionales específicos;

V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin;

VI. Elaborar su programa institucional que se denominará plan de acción de las mujeres, objeto de esta ley y cuidar de su ejecución por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, colaborar con los gobiernos y congresos estatales, con los ayuntamientos y promover dicho programa entre los sectores en general;

VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en los temas objeto del instituto, ante los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, organizaciones privadas y sociales, así como en los eventos relacionados con dicho objeto;

VIII. Participar, en coordinación con la dependencia competente del Gobierno Federal, en los programas y actividades internacionales relacionadas con el objeto del instituto;

IX. Promover, en coordinación con la dependencia competente del Gobierno Federal, la cooperación, firma, ratificación y cumplimiento de los instrumentos en el ámbito internacional y regional relacionados con el tema de la mujer;

X. Colaborar con el Ejecutivo Federal en la difusión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países y/o con organismos internacionales, para fortalecer las acciones en favor de las mujeres;

XI. Asesorar al Gobierno Federal para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y colaborar en la definición de medidas que contribuyan a la erradicación de esta conducta en todos los ámbitos de la vida social, económica y política;

XII. Fungir como órgano de enlace con el Congreso de la Unión, con los congresos de los estados, con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con los ayuntamientos, para impulsar iniciativas de ley con enfoque de género;

XIII. Fungir como enlace con el Poder Judicial Federal y con los de las entidades federativas, para impulsar acciones en materia de impartición de justicia con perspectiva de género;

XIV. Fungir como enlace con las instancias administrativas que se ocupen del tema de la mujer en las entidades federativas, para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género;

XV. Concertar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, organismos de la banca multilateral de apoyo nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;

XVI. Proporcionar los elementos metodológicos para la planeación, elaboración y evaluación de programas y proyectos con perspectiva de género;

XVII. Sensibilizar a las y los servidores públicos de mandos medios y superiores en perspectiva de género;

XVIII. Prestar servicios, capacitación y asesoría en la materia;

XIX. Apoyar iniciativas que mejoren la situación y condición de las mujeres;

XX. Promover y favorecer acciones para la construcción de una cultura de la equidad de género y de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito público y privado;

XXI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento y la visibilidad públicos, así como la difusión a nivel nacional e internacional de actividades que beneficien a las mujeres;

XXII. Instrumentar el sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;

XXIII. Realizar, promover o auspiciar estudios e investigaciones sobre la condición de la mujer en los diversos campos de la realidad social;

XXIV. Participar, impulsar o realizar reuniones y eventos de intercambio de experiencias y difusión de información, tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las mujeres;

XXV. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta ley;

XXVI. Concertar acciones con instituciones federales, estatales y municipales, para la elaboración, análisis y difusión de estadísticas desagregadas con enfoque de género, que contribuyan a hacer visible la condición, posición y situación de las mujeres a nivel nacional, regional, estatal y municipal, así como su contribución al desarrollo nacional;

XXVII. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos internacionales, regionales, gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género;

XXVIII. Orientar la cooperación interna e internacional, financiera y técnica en materia de equidad de género, hacia la instrumentación de políticas públicas;

XXIX. Emitir informes de evaluación periódica, en el marco del sistema nacional de planeación, de las acciones ejecutadas para el cumplimiento del programa institucional sobre las mujeres;

XXX. Las demás que le señalen otras leyes y el estatuto orgánico del instituto.

CAPITULO II

De la administración, control y vigilancia

Artículo 9o. El instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. La presidencia;

II. La secretaría ejecutiva y

III. La junta de gobierno.

El instituto contará además con las estructuras administrativas que se establezcan en su estatuto orgánico.

Artículo 10. El instituto contará con un órgano de control interno que formará parte de su estructura. La presidenta propondrá a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la designación de los responsables de las áreas de dicho órgano de control interno.

Artículo 11. El instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, quienes ejercerán las facultades que les confiere el capítulo VI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 12. En las situaciones de orden legal no previstas en el presente ordenamiento, se aplicarán en lo conducente la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los instrumentos internacionales suscritos por el Gobierno mexicano en la materia.

CAPITULO III

Del nombramiento y facultades de la
presidenta del instituto

Artículo 13. La presidenta del Instituto Nacional de la Mujer deberá reunir para su designación los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. No tener menos de 30 años de edad el día de su nombramiento;

III. No haber sido condenada por delito intencional alguno ni haber sido inhabilitada para el ejercicio de cargo alguno por la Contraloría de la Federación.

IV. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en el Gobierno Federal, cuyo ejercicio requiera conocimiento y experiencia en materia administrativa y

V. Haber destacado por su labor a nivel nacional, estatal o internacional, en favor de la equidad de género, así como en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás materias objeto de esta ley.

Artículo 14. La presidenta del instituto tendrá las siguientes facultades:

I. Formar parte de la junta de gobierno, con derecho a voz y voto;

II. Administrar y representar legalmente al instituto;

III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del instituto;

IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la junta de gobierno;

V. Presentar a consideración y en su caso, aprobación de la junta de gobierno el estatuto orgánico del instituto, así como los apéndices administrativos;

1706, 1707 y 1708

VI. Fijar las condiciones generales de trabajo del instituto;

VII. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;

VIII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del instituto, para someterlo a la aprobación de la junta de gobierno y una vez aprobado, remitirlo al secretario de Estado competente para su trámite ante la Cámara de Diputados;

IX. Ejercer el presupuesto del instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

X. Presentar a la junta de gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes y estados financieros del instituto y los que específicamente le solicite aquélla;

XI. Proponer a la junta de gobierno el nombramiento o remoción de la secretaria ejecutiva y los dos primeros niveles de servidores del instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del instituto;

XII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores;

XIII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

XIV. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el instituto y presentar a la junta de gobierno, una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia junta de gobierno, escuchando al comisario público;

XV. Someter a la junta de gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del instituto y publicarlo;

XVI. Proporcionar la información que soliciten los comisarios públicos propietario y suplente;
XVII. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del instituto, para mejorar su desempeño y

XVIII. Las demás que le confiera la Ley Federal de Entidades Paraestatales o los acuerdos de la junta de gobierno.

Artículo 15. El nombramiento de presidenta del instituto será hecho por el titular del Ejecutivo Federal, quien presentará una terna ante el Congreso de la Unión, el que aprobará por mayoría simple la designación de presidenta. En periodo de receso, la propuesta será presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Artículo 16. Las candidatas deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13. La presidenta durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años.

CAPITULO IV

De la integración, nombramiento
y facultades de la junta de gobierno

Artículo 17. La junta de gobierno se integrará con:

I. Una presidenta, que será la presidenta del instituto;

II. Los siguientes consejeros propietarios y las consejeras propietarias, quienes tendrán derecho a voz y voto:

a) Los titulares de las siguientes secretarías de la Administración Pública Federal, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Publico, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social;

b) Dos integrantes del consejo consultivo, una de las cuales será la titular;

c) Dos integrantes de la contraloría social, una de las cuales será la titular.

d) Ocho mujeres destacadas que provendrán de las siguientes organizaciones: dos sindicalistas, dos dirigentes campesinas, dos miembros de organizaciones no gubernamentales, dos profesoras e investigadoras de entidades académicas especializadas en estudios de género, una de la UNAM y la otra del Colegio de México. En ambos casos, se tratará de mujeres que se hayan destacado por la docencia, investigación y desarrollo de programas en favor de la equidad de género y de apoyo al conocimiento sobre la situación de las mujeres.

III. Participarán con derecho a voz, pero sin voto y a invitación de la junta de gobierno, cuando la materia que se aborde así lo amerite:

a) Los titulares de las siguientes entidades públicas:

Procuraduría General de la República, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Instituto Nacional de la Juventud, Instituto Nacional de la Senectud; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y las demás que se estime pertinente;

b) Las titulares de las comisiones de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y del Senado de la República;

c) Una representante de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y otra representante de los órganos de impartición de justicia federal;

d) A fin de garantizar la paridad de los invitados de ambos géneros, la lista se completará invitando, en un número equivalente al género subrepresentado, a representantes de organizaciones de la sociedad civil o a personalidades destacadas de la vida política y social.

En la primera reunión, la junta de gobierno establecerá los lineamientos para designar a las mujeres vocales propietarias señaladas en el párrafo II inciso d y las que serán invitadas a formar parte de la junta de gobierno que aparecen en el párrafo tercero inciso d. Asimismo, la junta definirá la duración de su encargo y los casos en que podrán ser reelectas.

En el caso de las fracciones II y III de este artículo, las y los consejeros podrán nombrar a un suplente, que en todos los casos será del nivel administrativo inmediato al que ocupen los vocales titulares.
La junta de gobierno contará con una secretaria técnica y una prosecretaria, las que serán propuestas por la presidenta y designadas por el pleno, en su primera sesión de trabajo.

Artículo 18. Para el cumplimiento de las atribuciones del instituto, la junta de gobierno tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el instituto;

II. Autorizar los programas y presupuestos del instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;

III. Aprobar cada año los estados financieros del instituto y autorizar su publicación, previo informe de los comisarios y el dictamen de los auditores externos;

IV. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones legales, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el instituto;

V. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el instituto requiera;

VI. Nombrar a las consejeras propietarias a que se refiere el inciso c fracción II del artículo 9o. de esta ley;

Vll. Designar y remover, a propuesta de la presidenta, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla, así como concederles permisos y licencias;

VIII. Designar y remover, a propuesta de la presidenta, a la secretaria técnica y a la prosecretaria;

IX. Aprobar en términos de ley, el estatuto orgánico del instituto y los apéndices administrativos que correspondan;

X. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la presidenta, con la intervención que corresponda al comisario;XI. Las demás que le atribuyan la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 19. La junta de gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos dos veces por año y las extraordinarias a que convoque su presidenta o, cuando menos, tres de sus miembros.

La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los miembros propietarios presentes y la presidenta tendrá voto de calidad en caso de empate.

Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno, con voz pero sin voto, la secretaria ejecutiva de la junta de gobierno, así como la secretaria técnica, la prosecretaria y el comisario público del Instituto Nacional de la Mujer.

CAPITULO V

Del nombramiento y facultades
de la secretaría ejecutiva

Artículo 20. La titular de la secretaría ejecutiva deberá reunir, para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Haber recibido título de nivel licenciatura por cualquiera de las universidades nacionales debidamente acreditadas ante la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Nacional Autónoma de México o universidades públicas igualmente acreditadas de alguna entidad federativa.

III. Haber desempeñado cargos de alto nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa y

IV. Haber destacado por su labor en favor de la equidad de género o de las causas de las mujeres, a nivel nacional, estatal o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley.

Artículo 21. La secretaria ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Proponer a la junta de gobierno y a la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, las políticas generales que en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres habrá de seguir el instituto nacional ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales.

II. Promover y fortalecer las relaciones del instituto nacional con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales en la materia objeto de esta ley;

III. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres;

IV. Preparar los anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que el instituto nacional haya de entregar a los órganos competentes, así como los estudios que los sustenten;

V. Colaborar con la presidenta del instituto nacional en la elaboración de los informes anuales, así como de los especiales que serán presentados a la junta de gobierno;

VI. Ampliar, mantener y custodiar el acervo documental y estadístico del Instituto Nacional de la Mujer y

VII. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

CAPITULO VI

Del consejo consultivo y de la contraloría social del Instituto Nacional de la Mujer

Artículo 22. El instituto contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, representativos de la sociedad civil: un consejo consultivo y una contraloría social.

Artículo 23. El consejo consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Este se integrará por un número no menor de 10 ni mayor de 20 mujeres representativas de organizaciones civiles, que se hayan distinguido por sus tareas en favor del impulso a la equidad de género, quienes serán  términos con las peticiones que el instituto les formule.designadas por las organizaciones más representativas de defensa de los derechos de las mujeres.

1709, 1710 y 1711

Artículo 24. Las integrantes del consejo consultivo durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer la mitad de ellas otro año más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior, así como a las representadas entre las que renueven su mandato. Al término de su encargo, el consejo saliente presentará un informe a la junta de gobierno.

Artículo 25. La Contraloría Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley, se integrará por un número no menor de 10 ni mayor de 20 mujeres representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la equidad de género, quienes serán designadas por las organizaciones más representativas de defensa de los derechos de las mujeres.

Artículo 26. Las integrantes de la contraloría social durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer la mitad de ellas otro año más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el período inmediato anterior, así como a las representadas entre las que renueven su mandato.

Artículo 27. El consejo consultivo colaborará con el instituto en los casos siguientes:

I. Impulsar y favorecer la participación de los sectores involucrados en las acciones relacionadas con el objeto de esta ley;

II. Promover la vinculación entre los responsables de las iniciativas a favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las tres instancias de gobierno Federal, estatal y municipal, así como de los sectores y organizaciones de la sociedad en general;

III. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a favor de las mujeres y

IV. Las demás que determine el estatuto orgánico del instituto.

Artículo 28. La contraloría social colaborará con el instituto en los casos siguientes:

I. Cuidar del cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres, en el marco de esta ley;

II. Cuidar del cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano a nivel nacional e internacional;

III. Elaborar y presentar a la junta de gobierno los informes de evaluación en las materias objeto de esta ley;

IV. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones derivados de esta ley;

V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregados por género de los distintos sectores de la sociedad y

VI. Las demás que determine el estatuto orgánico del instituto.

Artículo 29. El consejo consultivo y la contraloría social operarán en los términos que determinen sus respectivas normatividades internas. Los cargos de las integrantes de ambos órganos, incluidos los de consejera presidenta y de contralora presidenta serán honoríficos.

TITULO TERCERO

De las autoridades y servidores
públicos

CAPITULO I

Obligaciones y colaboración

Artículo 30. De conformidad con lo establecido en la presente ley, las autoridades y servidores públicos de carácter federal, involucrados en los asuntos de la competencia del Instituto Nacional de la Mujer o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus

Artículo 31. De conformidad con el artículo 1o. de la presente ley, las autoridades locales y municipales correspondientes deberán proporcionar al instituto la información y datos que éste les solicite, en los términos de la presente ley.

Artículo 32. En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con el Instituto Nacional de la Mujer. Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los organismos estatales de la mujer, el instituto nacional podrá celebrar convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para que puedan actuar como receptores de solicitudes de apoyo, orientación y promoción en programas de carácter federal, las que remitirán al Instituto Nacional de la Mujer por los medios más expeditos.

CAPITULO II

De las responsabilidades de las
autoridades y servidores públicos

Artículo 33. Las autoridades y los servidores públicos serán responsables administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de la tramitación de solicitudes de apoyo, orientación y promoción en programas del Instituto Nacional de la Mujer.

Artículo 34. El instituto nacional podrá rendir un informe especial cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar en la formulación de las políticas públicas sobre la equidad de género, en el plan de acción de las mujeres y en el plan de igualdad de oportunidades para las mujeres.

TITULO CUARTO

De los acuerdos y recomendaciones
autónomos

CAPITULO UNICO

Artículo 35. El Instituto Nacional de la Mujer podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos, para que colaboren, con objeto del instituto, aporten información y documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades señaladas en la presente ley.

Artículo 36. El instituto nacional solicitará informes a las autoridades competentes en casos particulares de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Dichos informes deberán ser rendidos dentro de un plazo que no exceda los 90 días contados a partir de la presentación del escrito en la dependencia de que se trate. En caso de no proporcionar la información o documentación correspondientes, los servidores públicos encargados del área específica serán responsables ante la ley.

TITULO QUINTO

Del régimen laboral

CAPITULO UNICO

Artículo 37. Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Los trabajadores del instituto quedan incorporados al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

TITULO SEXTO

Del patrimonio y el presupuesto del
Instituto Nacional de la Mujer

CAPITULO UNICO

Artículo 38. El Instituto Nacional de la Mujer contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá proporcionarle los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento.

Artículo 39. El Instituto Nacional de la Mujer tendrá la facultad de elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al secretario de Estado competente, para el trámite correspondiente.

Artículo 40. El patrimonio del instituto se integrará además con:

I. Bienes muebles, inmuebles y recursos que adquiera con base en cualquier título legal;

II. Subsidios, donaciones y legados que reciba;

III. Productos que obtenga de la venta de publicaciones, reproducciones y artículos promocionales, relacionados con objeto del instituto;

IV. Fondos nacionales y extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos;

V. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere la fracción XVII del artículo 5o. de esta ley;

VI. Bienes, acciones, derechos, productos o numerario que adquiera por disposición legal o por cualquier acto lícito y

VII. En general los bienes, derechos y aprovechamientos que provengan de otras aportaciones legales.

Artículo 41. La canalización de fondos por parte del instituto para acciones, proyectos, programas, estudios e investigaciones relacionadas con su objeto, estará sujeta a la celebración de un contrato o convenio que asegure su debido cumplimiento.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que actualmente cuenta la coordinación general de la Comisión Nacional de la Mujer, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del organismo autónomo descentralizado denominado Instituto Nacional de la Mujer, preservándose los derechos adquiridos de los trabajadores de la coordinación general.

Tercero. La junta de gobierno del instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la vigencia de este ordenamiento.

Cuarto. El Presidente de la República enviará al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para su aprobación, la terna para el nombramiento de la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, dentro de los 60 días siguientes a aquél en que esta ley entre en vigor.

Quinto. La junta de gobierno aprobará y expedirá el estatuto orgánico del instituto en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley.

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará las previsiones presupuestales para la operación del Instituto Nacional de la Mujer, para el ejercicio 2001-2002.

Séptimo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2000.- Diputados: María Elena Chapa Hernández, María de las Nieves García Fernández, Hilda Josefina Anderson Nevárez, Maricruz Montelongo Gordillo, Hortensia Aragón Castillo, Norma Patricia Riojas S., Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, Magdalena del Socorro Núñez M., María de los Angeles Sánchez Lira, Rosalía Peredo Aguilar, Enrique Herrera, José Manuel del Río V y Beatriz P. Lorenzo Juarez.»

Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.


LEY DE COORDINACION FISCAL (II)

Antes de continuar quiero informar a la Asamblea que la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez, sea turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y a la del Distrito Federal.

1712, 1713 y 1714

LEY GENERAL DE SALUD (III)

Y en cuanto a la iniciativa de reformas a Ley General de Salud, presentada por el diputado Ernesto Saro Boardman, sea turnada a las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social.


LEY GENERAL DEL INSTITUTO
DE LA MUJER

Tiene la palabra la diputada María Elena Alvarez Bernal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa sobre el Instituto Nacional de la Mujer.

Con su venia, señor Presidente.

«Iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En este último medio siglo se han introducido más cambios en la condición femenina que en todos los milenios anteriores. Algunos estudiosos opinan que estos cambios afectan y afectarán a la sociedad, en mayor medida que lo hizo la Revolución Industrial y otras grandes transformaciones sociales.

La rígida distribución de actividades que las sociedades hicieron entre mujeres y hombres, asignó a los primeros el papel de generadores de recursos y proveedores de los satisfactores de las necesidades materiales de la familia y a las mujeres el de atender a la procreación y a la educación de los hijos. Ahora esta distribución de tareas se desdibuja y se mezclan entre ambos: la mujer incursiona en la economía, en la cultura, en la educación, en la política y el varón, por su parte, encuentra dificultades para cumplir con su papel tradicional cuando por el desempleo o los bajos salarios se necesita también del trabajo remunerado de la mujer para que la familia subsista. Esta realidad socioeconómica obliga a replantear en la sociedad las tareas que deben seguir desempeñando mujeres y hombres, y al mismo tiempo, requiere de mecanismos y acciones que atenúen los efectos negativos y que oriente los positivos que estos cambios producen, no sólo en las personas y en las familias, sino en toda la sociedad.

La autodevaluación y frustración que causa en el varón la imposibilidad de satisfacer las necesidades familiares, lo cual tradicionalmente es su responsabilidad, en ocasiones origina la violencia intrafamiliar y, a la mujer le afecta directamente la sobrecarga de trabajo por la doble jornada que tiene que desempeñar, para cumplir con las tareas domésticas y con el trabajo remunerado fuera del hogar, esto va en detrimento de su calidad de vida y de la propia relación y estabilidad familiar.

Como puede observarse las consecuencias que estos cambios originan en la sociedad, no son problemas exclusivos de la mujer, son problemas que afectan a la sociedad en su conjunto, por lo que es necesario que todos, mujeres y hombres, nos ocupemos de su solución. En nuestro país ya es un hecho que una de cada tres familias, sólo tiene un padre presente en ella.

Para Acción Nacional no se trata de encausar estos cambios sobre la base de ruptura, de competencia o de odio y mucho menos de desconocimiento de lo que somos cada uno, mujeres y hombres; de lo que pensamos, de lo que queremos, de los valores que profesamos ni mucho menos sobre la base de detonar conceptos fundamentales de persona, de vida, de familia que le dan sustento firme, filosófico y social a nuestro pensamiento, el cual no debemos negar.

No se trata de ignorar realidad y naturaleza, esencia y sentido espiritual y de creación de las mujeres y los hombres, se trata de que con objetividad y serenidad se vea, a partir de esa misma esencia, de ese mismo sentido, de esa misma trascendencia, cual es el nuevo papel que los hombres deben desempeñar y cuál es el que debemos asumir las mujeres, entre nosotras, en la familia y hacia los hombres.

No se trata de renegar del ser de unas y otros ni de disputarnos lo que somos, tampoco se busca la homologación de las mujeres y los hombres, la búsqueda no es por la igualdad debe ser por la equidad.

La nueva realidad y los nuevos problemas nos obligan a encontrar respuestas y soluciones sensatas, acordes, sin rupturas, respuestas que requieren sabiduría, fortaleza masculina y femenina, sensibles y humanas, a pesar de nuestra cultura que desde hace mucho tiempo está permeada de un enorme sentido discriminante para el 53% de los mexicanos, que son mujeres, incluso en lo íntimo de cada uno de nosotros surge en ocasiones en forma inconsciente esta discriminación que es más fuerte que para el otro 47%.

Tenemos que lograr una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de todas las tareas que la sociedad requiere: las tareas del hogar, las económicas, las sociales, las científicas, las culturales, las políticas, todas deberán ser distribuidas, no en función de una tradición ciega, sino con respeto a la naturaleza de la persona, a la decisión individual libre e informada y a la necesaria responsabilidad y solidaridad que la sociedad requiere de todos y cada uno de sus miembros para alcanzar el bien común.

Tenemos que encontrar explicación y soluciones a por qué entre las mujeres están las más pobres de los pobres, por qué hay mayor grado de analfabetismo y de abandono escolar entre ellas. Por qué van a la primaria más niños que niñas. Por qué hay mas desnutrición femenina que masculina, por qué a igual trabajo realizado por una mujer se le da menor salario que al del varón. Por qué son tan pocas las mujeres que ocupan cargos públicos y tantos otros porqués que nos están exigiendo respuestas.

Afortunadamente en nuestro país ya hemos empezado a dar algunas soluciones. En la LVI Legislatura se aprobó la creación del Programa Nacional de la Mujer que con sus órganos: la Comisión Nacional (Conmujer), El consejo consultivo y la contraloría social, tuvo avances muy significativos en el impulso hacia una cultura más incluyente de hombres y mujeres. Se dieron importantes logros en el propósito de dar un enfoque de género a las políticas públicas de las diferentes secretarías de Estado, así como en la desagregación de las estadísticas para recabar información específica sobre la realidad particular de hombres y mujeres, de niños y niñas, lo cual es indispensable para la planeación y resolución de las necesidades específicas.

En la LVI y LVII legislaturas el Congreso, en sus dos cámaras, logró reformar varios ordenamientos que eran inequitativos y otros que ayudarán a mejorar la condición de las mujeres y de los hombres, como la tipificación de la violencia intrafamiliar y la Ley del ISSSTE que ahora da beneficios también a los varones como asegurados de las mujeres trabajadoras.

El establecimiento de la Comisión de Equidad de Género en ambas cámaras y los esfuerzos de creación de la misma en los congresos estatales, son muestra de la importancia que se ha dado a la atención de esta realidad y que se deberá seguir dando hasta remover todos los obstáculos legales y culturales que lo impidan.

Reconocemos los logros, pero al mismo tiempo somos conscientes de todo lo que nos falta por avanzar, razón por la cual la diputación de Acción Nacional, presenta ante esta soberanía, la iniciativa de Ley para crear el Instituto Nacional de la Mujer.

En la Comisión de Equidad de Género de esta Cámara, existe un proyecto presentado por el PRD en la pasada legislatura y hoy el Partido Revolucionario Institucional ha formulado un nuevo proyecto.

Presentamos esta iniciativa, porque estamos convencidos y convencidas de la necesidad de dar respuesta a los problemas de la sociedad sobre la equidad de género. Es nuestro mayor deseo que la creación de este órgano descentralizado, que es un paso más después de la creación del anterior órgano desconcentrado, contribuya a alcanzar esa urgente equidad.

No voy a leer ni a referirme al articulado de la iniciativa por que todos los señores legisladores y señoras legisladoras tendrán en sus manos la Gaceta en la cual ha sido publicada; yo los invito a leerla con interés y con la mejor voluntad, con la mira puesta sólo en el objetivo de llegar a la equidad entre hombres y mujeres.

Es propósito de nuestro grupo parlamentario que la aprobación de esta iniciativa que crea el Instituto Nacional de la Mujer, se dé por consenso de todos los integrantes de la Cámara. El proyecto que ahora presentamos es una aportación más, para que junto con los otros proyectos ya presentados, se analice y se dictaminen conjuntamente a fin de que en el menor tiempo posible, podamos entregar a los hombres y mujeres de México esta herramienta que ayudará a alcanzar una vida mejor y más digna para todos.

LEY GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y tiene por objeto crear el Instituto Nacional de la Mujer como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entiende por "instituto" el Instituto Nacional de la Mujer; y "ley" la Ley General del Instituto de la Mujer.

Artículo 3o. El instituto tendrá por objeto:

a) Proteger, promover y difundir el respeto a los derechos humanos de la mujer consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ratificados por México.

b) Promover el respeto de los derechos humanos de las niñas y fomentar su desarrollo en condiciones de equidad.

c) Diseñar y evaluar políticas públicas con perspectiva de género que permitan la equidad entre hombres y mujeres.

d) Coordinar a través del trabajo transversal con las dependencias de la administración pública la implementación y ejecución de políticas públicas nacionales con perspectiva de género.

e) Propiciar la participación de diversos actores de la sociedad, incluyendo la iniciativa privada, para promover mayor equidad entre hombres y mujeres.

f) Promover los mecanismos de integración de la mujer en la vida económica, social y política del país.

g) Procurar la participación de la mujer en el marco del desarrollo sustentable del país.

Artículo 4o. Para el debido cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Llevar a cabo investigación y estudios estadísticos en materia de equidad de genero.

II. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las dependencias y entidades de la administración publica y del Poder Judicial, de los tratados internacionales adoptados por México en cuanto a derechos de la mujer, así como emitir recomendaciones al respecto.

III. Emitir recomendaciones a las autoridades del Gobierno Federal, así como a las instituciones del sector privado en relación a los derechos humanos de la mujer y el avance en el cumplimiento de los programas específicos.

IV. Celebrar acuerdos y convenios con las dependencias y entidades de las Administración Pública de la Federación, de los estados y de los municipios, así como con los poderes legislativos y judiciales de los mismos, para el cumplimiento de su objeto.

V. Celebrar acuerdos y convenios con instituciones del sector privado y organismos no gubernamentales para promover la equidad entre hombres y mujeres.

VI. Diseñar programas de capacitación en perspectiva de género para sector público y privado.

VII. Fungir como parte de la representación del Gobierno Federal en los temas objeto del instituto ante los gobiernos estatales y municipales, organismos internacionales, organizaciones privadas y sociales, nacionales e internacionales.

VIII. Promover la cooperación, firma y ratificación de instrumentos internacionales.

IX. Difundir los derechos humanos de la mujer a través de los diversos medios de comunicación.

X. Establecer un sistema de coordinación de trabajo con los órganos equivalentes al instituto en las entidades federativas.

XI. Apoyar políticas públicas que garanticen y vigilen el bienestar, integridad y respeto, dignidad de las niñas y adolescentes dentro de las instituciones que las alberguen temporal o permanentemente.

XII. Revisar en coordinación con la unidad correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la Secretaría de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente del consejo tendrá voto de calidad.

1715, 1716 y 1717

Contraloría y Desarrollo Administrativo para que las prácticas administrativas de las dependencias incorporen la perspectiva de género.

XIII. Coordinarse con las direcciones de género o su equivalente de cada una de las secretarías de Estado y dependencias de la administración pública.

XIV. Establecer comisiones especiales que se refieran a determinada situación que directamente incida en la situación de la mujer.

XV. Las demás que le otorguen las leyes.

Del patrimonio.

Artículo 5o. El patrimonio del instituto se integrará con los recursos que se le asignen en el presupuesto de la Federación de los productos que se obtengan de la venta de publicaciones, de las actividades que organice y de otros medios de financiamiento.

Estructura

Artículo 6o. Los órganos de administración del instituto serán los siguientes:

Consejo directivo;

Dirección general;

Consejo consultivo y

Consejo social.

Artículo 7o. El instituto contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, quienes ejercerán las facultades que les confiere el Título Sexto de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 8o. El consejo directivo es el órgano de administración de mayor jerarquía y se integrará además de la directora general con 24 miembros propietarios que serán los titulares de las siguientes secretarías y dependencias:

1) Presidente de la República quien será el presidente del mismo;

2) Secretaría de Gobernación;
3) Secretaría de Relaciones Exteriores;

4) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

5) Secretaría de Desarrollo Social;

6) Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

7) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,

8) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;

9) Secretaría de Educación Pública;

10) Secretaría de Salud;

11) Secretaría de Trabajo y Previsión Social;

12) Instituto Mexicano del Seguro Social,

13) Instituto de Estadística, Geografía e Informática;

14) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y

15) Procuraduría General de la República.

Un representante del Poder Judicial Federal nombrado por la Suprema Corte de Justicia.

Tres representantes del consejo social y cinco del consejo consultivo.

Por cada miembro propietario se deberá nombrar un suplente.

El Presidente de la República presidirá el consejo y en caso de no estar presente, presidirá el secretario del ramo.

Artículo 9o. El consejo directivo deberá reunirse cuando menos dos veces al año. La reunión que verse sobre el informe que presente la directora del instituto, deberán estar presente la mayoría de los miembros propietarios del consejo.

Podrá convocarse a sesión extraordinaria por acuerdo de la tercera parte de los miembros del consejo directivo a propuesta de la directora general.

Artículo 10. El consejo directivo deberá sesionar con por lo menos la mitad más uno de

Asistirá a las sesiones del consejo directivo con voz la secretaria técnica del instituto.

Artículo 11. El consejo directivo tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer los lineamientos generales para las actividades del instituto;

II. Expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases de organización del instituto, así como las demás normas de carácter interno relacionadas con el instituto;

III. Aprobar el plan estratégico de mediano y largo plazo y los planes operativos anuales;

IV. Establecer en congruencia con el plan nacional de desarrollo las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el instituto;

V. Aprobar cada año los estados financieros del instituto;

VI. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el instituto requiera;

VII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la directora general con la intervención que corresponda al comisario y

VIII. Las demás en los términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 12. La directora será nombrada por el Presidente de la República. Durará en su encargo tres años, pudiendo ser reelecta por el mismo periodo de tiempo.

Artículo 13. La directora general del instituto, además de las facultades y atribuciones que le confiere esta Ley Federal de Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes atribuciones.

I. Administrar y representar legalmente al instituto;

II. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del consejo directivo;

III. Proponer ante el consejo directivo los planes y programas que deberá desarrollar el instituto;

IV. Someter al consejo directivo el proyecto de egresos anual y los estados financieros del instituto:

V. Administrar, dirigir y coordinar las actividades del instituto;

VI. Recopilar, estudiar, sintetizar los estudios realizados a través de las instituciones superiores que tengan por objeto los estudios de género;

VII. Presentar al consejo directivo los informes de actividades del instituto;

VIII. Nombrar y remover al personal y a los titulares de las direcciones;

IX. Elaborar los proyectos y demás ordenamientos del instituto;

X. Convocar al consejo consultivo y al consejo social;

XI. Establecer los enlaces necesarios con las entidades públicas y del sector privado para promover programas a favor de la equidad de género;

XII. Establecer enlaces nacionales e internacionales de acuerdo a los intereses del instituto;

XIII. Enviar el informe anual a la Comisión de Equidad de Género una vez aprobado por el consejo directivo;

XIV. A través de la dirección correspondiente, promover y suscribir convenios de colaboración con instituciones superiores públicas y privadas, así como con otras organizaciones para los fines del instituto;

XV. Proporcionar la información solicitada por lo órganos de contraloría y

XVI. Las demás establecidas en el orden jurídico mexicano.

Artículo 14. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el instituto contará con las siguientes direcciones: 1) Investigación, estudios y análisis;

2) Relaciones internacionales y nacionales;

3) Difusión y capacitación;

4) Enlace interinstitucional y

5) Administración y programación.

Consejo consultivo

Artículo 15. Se nombrará un consejo consultivo, de hasta 15 miembros, en el que estarán los representantes de los partidos políticos con mayor número de miembros integrantes en la Cámara de Diputados, así como los directores del Programa Universitario de Estudios de Género, del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y de los centros de estudios superiores del país.

Artículo 16. El consejo consultivo tendrá las siguientes facultades

I. Impulsar la participación de los sectores involucrados en las acciones relacionadas con el objeto de esta ley;

II. Coadyuvar en la promoción de los trabajos e iniciativas del instituto, así como de los órganos públicos y privados;

III. Proponer políticas públicas que favorezcan la equidad de género;

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas;

V. Apoyar los sistemas de información de la mujer y promover la evaluación de los servicios que inciden en la atención a la mujer;

VI. Impulsar la participación de los sectores involucrados en las acciones relacionadas con el objeto de esta ley y

VII. Las demás establecidas en el estatuto.

Consejo social

Artículo 17. Se integrará un consejo social en el que estarán presentes nueve ONG o asociaciones civiles. Los miembros de este consejo serán elegirdos de la siguiente manera:

a) Tres serán a propuesta del consejo directivo;

b) Tres a propuesta de la directora del instituto y

c) Cuatro a propuesta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de la Unión, dos por cada Cámara.

Las designaciones de las organizaciones en el consejo deberán garantizar la pluralidad.

Cada una de las ONG o asociaciones civiles participarán en el consejo por dos años y serán suplidas por quien las designó en la forma rotativa que se establezca en el propio estatuto. Quienes ya participaron podrán volverlo a hacer siempre que exista como intervalo cuando menos un periodo de dos años.

Artículo 18. El consejo social tiene las siguientes facultades:

a) Coadyuvar en la elaboración de documentos y diseños de políticas públicas nacionales en materia de género. Podrá trabajar en subcomisiones o mesas de trabajo por lo que propondrá a la directora del instituto las ternas correspondientes para la elaboración de documentos;

b) Coadyuvar en la promoción de trabajos e iniciativas sobre el objeto de esta ley, de las instituciones gubernamentales, del sector social y académico, así como de organismos no gubernamentales de la sociedad en general;

c) Proponer a la directora planes y proyectos para el cumplimiento de los fines del instituto y

d) Coadyuvar en la evaluación de las políticas públicas en relación con su efectiva incidencia en la vida y desarrollo de las mujeres, así como de la equidad de género.

Artículo 19. El consejo consultivo y social operará en los términos de sus propios reglamentos.

Régimen laboral

Artículo 20. Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.

Artículo 21. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero del año 2001.

Segundo. Los recursos humanos materiales y presupuestales con los que actualmente cuenta la coordinación general de la Comisión Nacional de la Mujer, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del Instituto Nacional de la Mujer como organismo descentralizado que se crea en esta ley.

1718, 1719 y 1720

Tercero. El consejo directivo deberá quedar constituido en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la vigencia de este ordenamiento, mismo plazo en que deberá designarse a la directora general del propio instituto. Por lo anterior, la directora general deberá nombrarse con anterioridad a la constitución del consejo directivo.

Cuarto. El consejo directivo elaborará y aprobará el estatuto orgánico del instituto en un plazo de 60 días.

Quinto. El personal de la coordinación general de la Comisión Nacional de la Mujer, permanecerá en su cargo hasta que sean designados los correspondientes, conforme a lo dispuesto por esta ley.

México, D.F., a 24 de octubre de 2000.- Diputados: la que suscribe, María Elena Alvarez de Vicencio, Silvia América López Escoffie, Rocío García Gaytán, Nelly Campos Quiroz, Pedro Pablo Cepeda, Victoria Ruth Sonia López, Macías, Griselda Ramírez Guzmán, Alba Leonila Méndez Herrera, Moisés Alcalde Virgen, Martha Patricia Martínez, Celita Alamilla Padrón, María Eugenia Galván, Fanny Arellanes, Beatriz Grande, María Teresa Gómez Mont, Mónica L. Serrano, Fernando Pérez Noriega, María Guadalupe López Mares, Raúl García Velázquez y María Teresa Tapia Bahena.»

Muchas gracias, señora diputada.

Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.


PRODUCTORES DE CAÑA

Antes de continuar con el orden del día, quiero invitar a las diferentes fracciones parlamentarias a que nombren a algunos diputados que formen una comisión para atender a un grupo de productores de caña de diferentes ingenios del país que solicitan ser atendidos por una comisión.

Continúe la Secretaría, por favor.


SECRETARIAS DE ESTADO

Oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten informes de labores del periodo 1999-2000 de varias secretarías.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, correspondiente al periodo 1999-2000.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 29 de septiembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

De enterado y distribúyase a los diputados para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al periodo 1999-2000.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de septiembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

De enterado y distribúyase a los diputados para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, correspondiente al periodo 1999-2000.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de septiembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

De enterado y distribúyase a los diputados para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de Energía, correspondiente al periodo 1999-2000.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 29 de septiembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

De enterado y distribúyase a los diputados para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de Gobernación, correspondiente al periodo 1999-2000.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 3 de octubre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

De enterado y distribúyase a los diputados para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de la Reforma Agraria, correspondiente al periodo 1999-2000.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de septiembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

De enterado y distribúyase a los diputados para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, correspondiente al periodo 1999-2000.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de septiembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

De enterado y distribúyase a los diputados para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de Salud, correspondiente al periodo 1999-2000.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de septiembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

De enterado y distribúyase a los diputados para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo 1999-2000.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 29 de septiembre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

De enterado y distribúyase a los diputados para su conocimiento.


SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, correspondiente al periodo 1999-2000, a fin de que sea entregado a cada uno de los integrantes de la comisión correspondiente.

1721, 1722 y 1723

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 6 de octubre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

Recibo y túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional para su conocimiento.


SECRETARIA DE MARINA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes el informe de labores de la Secretaría de Marina, correspondiente al periodo 1999-2000, a fin de que sea entregado a cada uno de los integrantes de la comisión correspondiente.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 6 de octubre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Marina para su conocimiento.


GRUPO AEROPORTUARIO DEL
CENTRO NORTE S.A DE C.V.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadano diputado Luis Alberto Pazos de la Torre, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Se recibió en esta Secretaría el oficio número 4874, de fecha 13 del actual, signado por el ciudadano Dr.Aarón Dychter Poltolarek, subsecretario de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y presidente del Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano, en el que solicita que por conducto de esa comisión sea presentado a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el informe que el Ejecutivo Federal remite en cumplimiento de lo previsto por el artículo 37 fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000, para su análisis y, en su caso, opinión, relativo a los motivos y criterios específicos, respecto de la desincorporación del Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A. de C.V.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 20 de octubre de 2000.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso c, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Juan Luis Lemus Zamorano, chofer y asistente administrativo y Carlos Pérez Cañedo,plomero; Embajada de los Estados Unidos de América.

María Elena Astrid Saucedo Fávila, auxiliar de trabajo y compras; Elizabeth Paz Hernández, auxiliar de visas; Alma Delia Gándara Rodríguez, asistente de visas; Juan Antonio Meraz Mota, intendente; Alonso Cardona, auxiliar de visas; Carlos Iván Alvarez Hernández, auxiliar de visas y Francisco Javier López Ponce, chofer; Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Diana Rodríguez Peña, empleada de oficina del departamento de administración; Nancy Andrea Rump Nolan, auxiliar en la sección consular y María Teresa Olguín Paniagua, auxiliar en la sección consular; Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de octubre de 2000.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.


PERMISO PARA ACEPTAR
CONDECORACIONES

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: embajador Francisco Eduardo del Río López, Sarah Thomas Booth, licenciado Liévano Sáenz Ortiz, embajador Carlos Alberto de Icaza González, licenciado Carlos Jaime Bazdrech y Parada y licenciado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 19 de octubre de 2000.- Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Francisco Eduardo del Río López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Francisco Morazán en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Sarah Thomas Booth, para aceptar y usar la condecoración del Imperio Británico, que le confiere el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Liévano Sáenz Ortiz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Carlos Alberto de Icaza González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Francisco Morazán en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Carlos Jaime Bazdrech y Parada, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito de la Segunda Categoría, que le confiere el gobierno de Ucrania.

Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Francisco Morazán en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 19 de octubre de 2000.- Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente y Rita María Esquivel Reyes, secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Licenciado Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentario.»

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.


PERMISO PARA ACEPTAR
CONDECORACIONES Y PRESTAR
SERVICIOS EN REPRESENTACIONES
DIPLOMATICAS

Los siguientes puntos del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Gerardo Wolburg Redondo, Rafael Tovar y de Teresa, Miguel Angel Buchbeck García, Enrique Reyna Jones Barajas, Bruno Antonio Miyamotto Luque, Fernando Santiago de la Cruz Alcalá, Antonio Padilla Salinas, Gabriela Trevilla Sámano, Roberto Ontiveros Chávez, Diana Guadalupe Vargas Casillas, Fernando González González, Jorge Martín Becerril Mendoza, Jorge Jerónimo Avalos, Rubén Ramírez García, Erika Patricia Salinas Rosales, Adrián Franco Zevada, Julia Alejandra Reséndiz del Castillo y Sergio Rodríguez Contreras, para aceptar y usar condecoraciones y prestar servicios a gobiernos extranjeros.

En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 20 de octubre, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura a los dictámenes, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.

En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

CONDECORACIONES

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: teniente coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Gerardo Wolburg Redondo y Rafael Tovar y de Teresa, puedan aceptar y usar la medalla y condecoración que les confieren los gobiernos de las repúblicas Federativa del Brasil y de Bolivia, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C, del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al teniente coronel de artillería y diplomado de Estado Mayor Gerardo Wolburg Redondo, para aceptar y usar la Medalla del Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.

Artículo segundo. Se concede permiso al licenciado Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Civil Simón Bolívar, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Bolivia.

1724, 1725 y 1726

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 11 de octubre de 2000.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sáinz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Gerardo Wolburg Redondo y Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar la medalla y condecoración que les confieren los gobiernos de las repúblicas Federativa del Brasil y de Bolivia, respectivamente.

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se reserva artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

Se solicita que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico para tomar la votación nominal del proyecto de decreto, hasta por 15 minutos, el proyecto de decreto para conferir los permisos para recibir condecoraciones de gobiernos extranjeros.

Gracias, señor Secretario.

Procedan las señoras y señores diputados a emitir su voto mediante el sistema electrónico.

(Votación.)

Se emitieron 385 votos en pro y ningún voto en contra, señor Presidente.

Aprobado el proyecto de decreto por 385 votos.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Continúe señor Secretario, con el siguiente tema.


IRLANDA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Miguel Angel Buchbeck García y Enriqueta Reyna Jones Barajas, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Irlanda, en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Irlanda, en México, serán de carácter administrativo y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo anterior, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Miguel Angel Buchbeck García, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Irlanda en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Enriqueta Reyna Jones Barajas, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de Irlanda México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 11 de octubre de 2000.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; Antonio Hernández, Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Miguel Angel Buchbeck García y Enriqueta Reyna Jones Barajas, para prestar servicios en la Embajada de Irlanda en México.

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

No habiendo artículo reservado, se reserva para su votación nominal en conjunto.


ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 25 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Bruno Antonio Miyamotto Luque, Fernando Santiago de la Cruz Alcalá, Antonio Padilla Salinas, Gabriela Trevilla Sámano y Roberto Ontiveros Chávez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 29 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México serán de carácter administrativo y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo anterior, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Bruno Antonio Miyamotto Luque, para prestar servicios técnico en contabilidad, en la Embajada de los Estados de América en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Fernando Santiago de la Cruz Alcalá, para prestar servicios como analista de asientos contables, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Antonio Padilla Salinas, para prestar servicios como mecánico electricista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Trevilla Sámano, para prestar servicios como operadora de teléfonos, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Roberto Ontiveros Chávez, para prestar servicios como ingeniero, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 11 de octubre de 2000.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; Antonio Hernández, Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Bruno Antonio Miyamotto Luque, Fernando Santiago de la Cruz Alcalá, Antonio Padilla Salinas, Gabriela Trevilla Sámano y Roberto Ontiveros Chávez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva el decreto para su votación nominal en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Diana Guadalupe Vargas Casillas, Fernando González González, Jorge Martín Becerril Mendoza, Jorge Jerónimo Avalos, Rubén Ramírez García y Erika Patricia Salinas Rosales, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México; Mérida, Yucatán y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

1727, 1728 y 1729

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México; Mérida, Yucatán y Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Diana Guadalupe Vargas Casillas, para prestar servicios como técnico en contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Fernando González González, para prestar servicios como operador de conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Martín Becerril Mendoza, para prestar servicios como asistente de investigaciones en la oficina de seguridad diplomática, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Jorge Jerónimo Avalos, para prestar servicios como asistente administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Rubén Ramírez García, para prestar servicios como chofer en el departamento de servicios generales, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana Erika Patricia Salinas Rosales, para prestar servicios como empleada en el departamento de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 11 de octubre de 2000.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Diana Guadalupe Vargas Casillas, Fernando González González, Jorge Martín Becerril Mendoza, Jorge Jerónimo Avalos, Rubén Ramírez García y Erika Patricia Salinas Rosales, para prestar servicios en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México; Mérida, Yucatán y Monterrey, Nuevo León respectivamente.

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

REPUBLICAS DE CHILE Y SUDAFRICA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en escrito de fecha 21 de agosto del año en curso, el ciudadano Adrián Franco Zevada solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asesor jurídico en las embajadas de las repúblicas de Chile y Sudáfrica en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 5 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará en las embajadas de las repúblicas de Chile y Sudáfrica en México, serán como asesor jurídico y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Adrián Franco Zevada, para prestar servicios como asesor jurídico en las embajadas de las repúblicas de Chile y Sudáfrica en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 11 de octubre de 2000.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Adrián Franco Zevada, para prestar servicios como asesor jurídico en las embajadas de las repúblicas de Chile y Sudáfrica en México.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal, señor Presidente.

Sí, señor Secretario. Siguiente proyecto.


REPUBLICA DE SUDAFRICA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.- Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Julia Alejandra Reséndiz del Castillo y Sergio Rodríguez Contreras, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Sudáfrica en México, serán de carácter administrativo y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo anterior, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Julia Alejandra Reséndiz del Castillo, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Sergio Rodríguez Contreras, para prestar servicios como chofer/mensajero, en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 11 de octubre de 2000.- Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, José César Nava Vázquez, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Julia Alejandra Reséndiz del Castillo y Sergio Rodríguez Contreras, para prestar servicios en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.

Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de éste y de los anteriores proyectos de decreto reservados para ser votados en un solo acto.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

Abrase el sistema electrónico por 15 minutos, para tomar la votación de los proyectos de decreto y se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, se le informa el resultado de la votación: 385 votos en pro.

Aprobados los proyectos de decreto por 385 votos. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.


FUMADORES

Pasando a otro punto del orden del día...

Pido la palabra.

1730, 1731 y 1732

Año l  No.19    PRIMER  PERIODO  DE  SESIONES   ORDINARIAS   OCTUBRE 24, 2000

Sí, diputado Rocha.

Le solicito el uso de la palabra para contestar alusiones personales que fueron hechas por el señor diputado Vaca Betancourt, de la sesión del jueves pasado y en cuya relación la señora diputada Alvarez, en su carácter de Presidenta, dejó a salvo mi derecho para hacerlo, con fundamento en el artículo 102 del Reglamento.

Le informo, señor diputado Rocha, que su grupo parlamentario registró para efectos de garantizar sus derechos, el tema en la agenda política y está registrado el tema que usted quiere tratar, precisamente para que ahí ejerza su derecho de réplica y ampliación en los términos establecidos. Está inscrito el tema que usted quiere tratar, por su grupo parlamentario, en la agenda política.

Tiene el uso de la palabra para...

Señor Presidente.

Sí, señor diputado.

Con todo respeto a mi grupo parlamentario, nadie puede resolver por encima de mi, cuando contesto una alusión personal. No fue una alusión a mi grupo parlamentario; yo no estoy inscrito en ningún lugar de la agenda; no tengo ninguna propuesta de fumadores qué hacer. Si ahí se inscribió, indebidamente por quien haya sido. Yo tengo mi derecho individual de contestar mi alusión personal y usted tiene la obligación de concederme el uso de la palabra de acuerdo al 102 del Reglamento y de acuerdo a lo que estableció la Presidencia de la diputada Alvarez, durante la sesión del jueves.

Señor diputado, yo tengo obligación conforme al artículo 21 del Reglamento, de dar curso reglamentario a los negocios, dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara, así como conceder la palabra a los señores diputados que la solicitan. Usted la está solicitando para rectificación de hechos, para contestar alusiones personales y no ha sido en esta sesión aludido. Quedaron a salvo sus derechos desde la sesión pasada y usted forma parte de un grupo parlamentario que registró un tema en el cual usted haría el ejercicio de ese derecho.

Con fundamento en el artículo 21 fracción VI y con apego al orden del día, me permito solicitarle que haga uso del derecho de rectificación y de alusiones a que usted alude en este momento, en el tema que fue registrado por su grupo parlamentario, para conservar la integridad del orden del día.

Sí, señor diputado.

Lamento tener que dejar constancia de que atropella usted mi derecho como diputado a contestar una alusión personal cuando yo decida contestarla. Nadie puede sustituirme en mi derecho de contestar una alusión personal. Yo no estoy registrado en el tema que alude de proposición política sobre los fumadores. No es ésa mi intención ni mi deseo ni nunca lo he expresado a nadie. Yo le estoy pidiendo a usted que me conceda el uso de la palabra para contestar una alusión personal, que se dio en la sesión pasada y que la diputada Alvarez, reservó mi derecho, no para los efectos de que fuese agendado, sino para que yo ejercitara ese derecho cuando a mí me pareciera conveniente. He sido prudente y no he atropellado ni el orden reglamentario de que primero son preferentes iniciativas, y después dictámenes. He esperado hasta este momento. Pero sería un precedente verdaderamente grave que su Presidencia privara a un diputado del derecho a contestar una alusión personal cuando el diputado lo desee. Es una moción preferente en todos los parlamentos del mundo.

Señor diputado, bajo ningún concepto, por ningún motivo, esta Presidencia tiene la intención de negarle el uso de la palabra. Lo que tiene la intención es de ordenar el desahogo de un orden del día, en el que estando registrado un tema pertinente y adecuado al tema que usted quiere tratar como respuesta a alusiones, esta Presidencia le concederá en su oportunidad, el uso de la palabra. Bajo ningún concepto se trata de coartar el derecho de los parlamentarios a hacer uso de la palabra.


INTERVENCIONES TELEFONICAS

Para desahogar correctamente el orden del día, se concede el uso de la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo, sobre las intervenciones telefónicas, al diputado José Manuel del Río Virgen, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido de la Sociedad Nacionalista y Convergencia por la Democracia.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen.

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

A nombre del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del Partido de la Alianza Social y Convergencia por la Democracia, presentamos una proposición con punto de acuerdo sobre el espionaje telefónico.

El espionaje telefónico es una práctica que lesiona gravemente el derecho más elemental del ser humano: el derecho a la intimidad, sobre todo cuando sale a la luz pública y se utiliza de manera subrepticia, sin la orden judicial correspondiente para llevarla a cabo.

En el sexenio que está por terminar, la forma indiscriminada en que se escuchan las conversaciones, que se hacen en el momento más propicio de acuerdo a los intereses de quienes realizan estas prácticas, siendo el Gobierno de quien más se sospecha, así como de funcionarios públicos, organismos de investigación privada u otros con el único objetivo de desacreditar, callar o denunciar, violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 párrafos noveno y décimo.

La impunidad con que actúan quienes cometen estas tropelías, que de manera ilícita persiguen y espían a periodistas, dirigentes sindicales y sociales de partidos políticos y organizaciones civiles, también los opositores políticos y empresarios no sometidos sufren en carne propia estas prácticas nefastas y vejatorias de la dignidad y privacidad humana, con el fin de contar con elementos de presión y control.

De por sí ya es rechazable el espionaje telefónico, pero en el actual sexenio se expidió la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada autorizando la intercepción en casos específicos y bajo orden judicial, con la finalidad de atacar al narcotráfico.

Sin embargo, falta adecuar esa normatividad para evitar dejar abiertas las puertas para las grabaciones telefónicas ilícitas, ya que hoy cualquier persona puede adquirir micrófonos ocultos, caimanes en registro de líneas telefónicas, grabaciones de conversaciones, escaneó de llamadas y otros artefactos de tecnología avanzada.

Tal práctica la mayoría de las veces es con fines de control a opositores y críticos al sistema y no para cuestiones de orden delictivo. Tal estado de cosas afectan las libertades individuales y socavan las garantías constitucionales.

Por eso los grupos partidistas de Convergencia, de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y Alianza Social, consideramos que es necesario luchar contra los abusos en el ejercicio del poder revisando los instrumentos y funciones de los responsables de utilizar la intervención telefónica, en especial, por los encargados de las persecuciones de este tipo de delitos.

Planear un nuevo orden jurídico socialmente consensado que permita regular la adquisición de tecnología existente para estos efectos y determine la penalidad a quienes violan la ley, pretextando velar por su cumplimiento.

Establecer con claridad cuál es el papel del Cisen y órganos afines que a todos nos cuestan, con el fin de considerar su permanencia o desaparición.

Por lo expuesto se propone el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Primero. Exigir a las autoridades correspondientes la investigación de los casos de espionaje conocidos públicamente en recientes fechas y aplicar con todo rigor el peso de la ley a quienes resulten responsables de la violación a la misma.

Segundo. Solicitar a través de la Presidencia de la mesa directiva que los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación informen a esta soberanía sobre los casos mencionados en el punto anterior.

Atentamente.

Diputados: Martí Batres Guadarrama, Adrián Rivera Pérez, Gustavo Buenrostro Díaz, José Antonio Calderón Cardoso, Félix Castellanos Hernández, José Narro Céspedes, Enrique Herrera y Bruquetas y el de la voz, José Manuel del Río Virgen.»

Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen.

Han solicitado el uso de la palabra para referirse al mismo tema los diputados de los grupos parlamentarios: Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo y Alejandro García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos.

¡Señor Presidente!

Sí, diputado Salvador Rocha.

Le activen el sonido al diputado Salvador Rocha, por favor.

Solicito el uso de la palabra para rectificar hechos, señor Presidente.

Desahogado el uso de la palabra de quienes se habían inscrito con anticipación de usted, se le concede el uso de la palabra para rectificación de hechos.

¡Señor Presidente!

Sonido al señor diputado.

De acuerdo al Reglamento, la moción de rectificación de hechos es en relación a lo que acaba de decir el orador y quien pretende rectificar los hechos no tiene por qué hacer turno a que se agote la lista de oradores.

1733, 1734 y 1735

Lo que usted está señalando, señor diputado, tiene fundamento en el Reglamento. Hemos estado conduciendo los debates en orden al acuerdo parlamentario y tiene prelación el Reglamento.

Tiene usted el uso de la palabra para rectificación de hechos vertidos en la tribuna por el orador anterior, hasta por cinco minutos.

Gracias, señor Presidente:

No ocuparé la tribuna por cinco minutos ni me referiré tampoco a la alusión personal en cuya relación mi derecho como diputado ha sido violado por la Presidencia, porque sé someterme a los mandatos de la ley y a los mandatos de quienes están encargados de aplicar la ley.

No puedo sin embargo dejar de mencionar que siento profunda indignación porque mi derecho haya sido violado y quiero pedir a la Presidencia ordene a la Secretaría que elimine el último punto en donde se supone que el de la voz está inscrito, porque yo no estoy inscrito ahí.

Quiero simplemente por lo que hace a los hechos que he de rectificar, que la importancia del tema de la interferencia telefónica, es de la mayor gravedad en nuestro sistema y que desde luego el hecho que quiero precisar y rectificar es que se vea con la amplitud que este tema requiere, revisando no solamente nuestra legislación vigente, sino los fenómenos que se han venido presentando recientemente.

Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, señor diputado Rocha.

Solicito a la Secretaría, toda vez que de la intervención del diputado Rocha se imputa a la Presidencia la violación del derecho de hacer uso de la palabra que asiste a todos, las señoras y señores diputados, dé lectura al artículo 21 del Reglamento, particularmente a la fracción IV del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Con mucho gusto, señor Presidente.

"Reglamento para el Gobierno Interior.

Artículo 21. Son obligaciones del Presidente: fracción IV. Determinar qué asuntos deben ponerse a discusión, prefiriendo los de utilidad general, a no ser que por moción que hiciera algún individuo de la Cámara, acuerde ésta dar la preferencia a otro negocio."

Bien. Estando sujeta esta Presidencia a las disposiciones del pleno, solicito a la Secretaría pregunte a la Asamblea si es de darse preferencia al uso de la palabra para contestar alusiones personales vertidas en la sesión anterior, que el desahogo del orden del día consensado por la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección de los Trabajos de esta Cámara.

Si es que la Asamblea considera pertinente darle prelación al derecho de uso de la palabra para contestar alusiones personales del diputado Salvador Rocha, esta Presidencia se somete a la decisión de la Asamblea.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se da preferencia a la solicitud de la palabra para contestar alusiones personales sobre la agenda.

En votación económica quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo en votación económica...

Hay preferencia por el uso de la palabra para contestar alusiones personales, señor Presidente.

Bien. Solicito, toda vez que la moción se ha hecho en medio del desahogo de un punto del orden del día sobre una propuesta y toda vez que tiene mayor fuerza la determinación de la Asamblea, se concede el uso de la palabra para contestar alusiones personales, vertidas en la sesión anterior, al diputado Salvador Rocha, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene usted el uso de la palabra, señor diputado.

Por favor le activen el sonido al diputado Salvador Rocha.

Si esta Presidencia está de acuerdo, no tengo inconveniente en que se termine el desahogo del punto que se está tratando y una vez que se agote hago uso de la palabra, si no hago uso de inmediato, como lo ordene la Presidencia.

Yo le agradecería su comprensión para terminar el desahogo del punto que está en trámite.

Tiene el uso de la palabra para referirse a las intervenciones telefónicas, el diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a plantear un punto de acuerdo en torno al espionaje telefónico que se viene practicando en nuestro país con claros propósitos de chantaje e intimidación.

Obtener información por medios ilícitos se ha convertido en un instrumento favorito para quienes tienen los recursos y la tecnología ligada a tales fines; no les ha importado el escándalo ni el rechazo de la población a estas acciones, está claro, su interés más inmediato es sacar ventajas a los competidores en todos los ámbitos, se trata de obtener ganancias económicas y políticas del asunto en cuestión.

No hay dudas, el espionaje telefónico se ha convertido ya en un uso común y generalizado en la sociedad mexicana, la seguridad en el área de las telecomunicaciones se ha vulnerado, pero al mismo tiempo se ha vuelto un negocio jugoso para quienes tienen acceso al equipo electrónico correspondiente con fines de monitoreo y espionaje.

Sin embargo, frente al quebranto de la ley vigente, estamos obligados a dar una respuesta firme e inmediata para desterrar este proceso que amenaza con volverse una práctica nefasta que si la dejamos continuar terminará por coartar la privacidad de los ciudadanos mexicanos y dará ventajas a unos cuantos, justo es decirlo, los gobiernos priístas han sido los primeros en violar la ley al haber iniciado el espionaje telefónico a través del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Cisen dependiente de la Secretaría de Gobernación, con objetivo de control político por medio de la intromisión sistemática a los medios de comunicación propiedad de particulares violando en ello el derecho constitucional a la intimidad de todos los mexicanos.

Como el espionaje telefónico es un evento que va creciendo rápidamente en nuestro país es importante que el Congreso de la Unión elabore y apruebe leyes que regulen la venta de aparatos electrónicos destinados al monitoreo y espionaje electrónicos. Las seguridades de las telecomunicaciones se vuelve hoy más que nunca una exigencia nacional para evitar que unos cuantos obtengan beneficios de todo tipo a costa del resto de la población.

No podemos dejar de mencionar que las propias decisiones de los gobernantes corren el peligro de ser influidos por los grupos de presión a través del oportunismo de la información que proporciona el chantaje. Los recientes escándalos provocados por la intervención telefónica al equipo de colaboradores del presidente electo de México, así como las intervenciones realizadas en el Estado de Tabasco a figuras públicas que tenían el claro propósito de obtener información privilegiada para influir en el proceso electoral de esta entidad muestran que en el chantaje político y la dominación del rival pueden arrojar beneficios políticos inmediatos que se traduzcan en coacción y sometimiento del competidor.

Paradójicamente a los objetivos políticos que persiguen las intervenciones del Gobierno para controlar a la población, también hemos visto cómo entre la propia tecnocracia gobernante existe el espionaje con propósitos definidos de tomar ventajas en el reparto del pastel burocrático de la Administración Pública.

La conversación telefónica de la familia Salinas de Gortari difundida a través de la televisión mexicana, es una muestra evidente de que el espionaje telefónico opera hasta entre las altas esferas del poder político del país, pero también pone en evidencia que el resto de la población no puede ser ajena a estas prácticas ilícitas.

Por todas las consideraciones señaladas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete al pleno de esta soberanía, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

"PUNTO DE ACUERDO

Artículo primero. Se propone al pleno de esta soberanía solicitar a las autoridades correspondientes prohiban la venta y el uso de los aparatos destinados al monitoreo y el espionaje electrónico, por violar la seguridad que debe existir en las telecomunicaciones de nuestro país.

Artículo segundo. Exigir a la Procuraduría General de la República la investigación de estos delitos y que integre las averiguaciones previas correspondientes para castigar a los culpables de tales ilícitos."

Gracias, compañeros diputados.

Gracias, diputado Rodríguez Pasos.

Para informar a la Asamblea quienes han solicitado el uso de la palabra para referirse a este tema los diputados: Alejandro García Sainz Arena, Rafael Ramírez Sánchez y José Antonio Hernández Fraguas.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El Partido Verde Ecologista de México se suma al punto de acuerdo presentado. Las intervenciones telefónicas quizá sean algo cotidiano y usual, a juzgar por las recientes publicaciones de distintas conversaciones por teléfono que han tenido trascendencia nacional e internacional y que si bien revelan información de gran interés para la sociedad, no están justificadas a pesar de que la Procuraduría General de la República diga que mantendrá abierta la posibilidad de tomar todas las decisiones jurídicas y procesales que proceden en estrictos términos de la ley.

Con las reformas de 1996, el artículo 16 constitucional nos otorga el derecho de que nuestras comunicaciones privadas sean inviolables, solamente por mandato judicial se podrá autorizar las intervenciones de cualquier comunicación privada.

Al parecer, la información trasmitida por los medios de comunicación no sólo son una violación a las garantías individuales, sino también pueden llegar a constituir un delito, ya que nuestro Código Penal, en su artículo 167, sanciona al que interrumpa o interfiera en las comunicaciones en varias modalidades de los ciudadanos.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está consciente de que no se puede recurrir a la comisión de un delito para buscar información. La información telefónica es ilegal y sólo se autoriza para combatir el crimen organizado y mediante una orden judicial.

Los sucesos que han venido inquietando a la sociedad respecto a este tema pueden ser ilegales, habría que probar que no lo son. El penetrar en la vida privada de las personas aunque estén privados de su libertad, el romper la estructura de la privacidad, de la intimidad,es alterar un derecho en la Constitución y las leyes establecidas claramente.

1736, 1737 y 1738

Es por ello que nuestro partido solicita se abra una línea de investigación en donde las autoridades competentes puedan indagar a partir de las grabaciones reveladas hasta donde las leyes y la Constitución les permitan y si es necesario, se finquen responsabilidades a los involucrados, porque las intervenciones telefónicas realizadas hoy día han constituido un delito hasta el momento.

No podemos lanzar acusaciones al aire provocando una campaña de desprestigio en contra de la aplicación de nuestras leyes, es necesario que estudiemos y sobre todo conozcamos los hechos bajo los cuales se ha suscitado el espionaje telefónico en México; no sólo se trata de un discurso político, se trata de que en efecto se lleven a cabo acciones por las cuales logremos un estado de derecho.

Muchas gracias.

Gracias, diputado García Sainz Arena.

Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Ramírez Agama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Mi intervención en esta tribuna obedece a los sucesos que han desatado el debate respectivo al manejo de conversaciones privadas de distintos personajes de la vida pública y su difusión en televisión y prensa escrita, la cual es obtenida por métodos ilegales.

El avance tecnológico nos sorprende día a día en el campo de la informática y la comunicación, siendo hechos tangibles de nuestro tiempo. La tecnología ha dado su misión a facilitar el acceso del hombre al conocimiento, conocimiento de su entorno, conocimiento de su historia, conocimiento de sí mismo.

La política como actividad cotidiana de la sociedad no ha permanecido al margen de este proceso, en donde se ha utilizado este recurso con fines maniqueos.

El escándalo ocurrido semanas atrás, producto de una conversación telefónica intervenida entre personajes públicos, ha marcado el antecedente de esta acción, sin importar de quién o quiénes se trate, individuo o grupo. Existe un hecho de espionaje que recuerda prácticas de corte salinista, ese secreto a voces que todos conocíamos y nadie podía con certeza plena señalar, ha querido correr su velo, al señalarse el Cisen como origen de esta intervención. ¿Quién decide qué conversaciones se deben difundir? ¿Qué ética irresponsablemente puede facilitarse a la sociedad sin que con su contenido lucre en beneficio de algún grupo? ¿Qué personaje será intervenido por su posición o ideología social o política?

Es necesario se ponga a consideración de cada fracción, como se puede acotar este manejo de información conciliando la libertad de expresión en un marco constitucional, donde se ejerza el derecho de la información de forma transparente, de dónde surge y se genera la misma. De otro modo, corremos el riesgo que así de fácil se divulguen textos y diálogos de cualquier personaje a conveniencia de quien tenga la autoridad o la capacidad de intervenir.

Esto, señores diputados, sería como darse la verdad, los argumentos, las calumnias al gusto y talla del momento político que convenga, desechando valores como la ética y el respeto a la privacidad de cada uno de nosotros.

Muchas gracias.

Gracias, señor diputado Ramírez Agama.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Hernández Fraguas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El PRI ha manifestado, y hoy lo vuelve a hacer, su respeto a la privacidad. La posición del Partido Revolucionario Institucional ha quedado clara en el sentido de rechazar y condenar cualquier práctica ilícita que pretenda intervenir en la vida privada de las personas.

Ha sido también posición nuestra requerir a las instancias correspondientes, se investiguen a fondo las denuncias que sobre intervenciones telefónicas se hayan presentado, para estar en condiciones de aplicar las sanciones que correspondan en el caso de la comisión de delitos debidamente tipificados por la ley.

Estas investigaciones deben practicarse sin distinción de personas, sin considerar posición política, económica o religiosa.

En el caso que nos ocupa, corresponde a la Procuraduría General de la República investigar y perseguir en su caso a quienes violando las disposiciones legales hubieran intervenido alguna llamada telefónica.

La fracción priísta en esta Cámara de Diputados manifiesta la necesidad de que esa instancia agilice las investigaciones de los casos recientes conocidos por la opinión pública e informe oportunamente respecto al avance de sus resultados.

Hay, pues, coincidencia en la postura de que se aclaren a fondo esta comisión de ilícitos y se sancione a quien corresponda, trátese de quien se trate.

Sin embargo, no podemos compartir los juicios a priori que involucran a instancias gubernamentales en el uso de estas prácticas indebidas. El Gobierno Federal ha manifestado su disposición y voluntad para aclarar hasta donde tiene facultades expresas para la realización de investigaciones y éstas se dan por mandato expreso de un juez en el caso de delitos contra el crimen organizado o cuando se considere un riesgo para la soberanía y la seguridad nacional.

La semana pasada un grupo de diputados integrantes de los distintos grupos parlamentarios, miembros de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, nos reunimos con el titular de la Secretaría de Gobernación y entre otros temas se abordó la posibilidad de realizar reuniones de trabajo necesarias para que podamos valorar los avances y asuntos pendientes en materia de seguridad pública y seguridad nacional. Incluso se hizo por parte del Secretario de Gobernación de manera formal, la invitación para acudir a las instalaciones de estas instancias para conocer su funcionamiento.

En esas reuniones esperamos todos que queden claros los alcances de las facultades del Gobierno en esta materia.

Por último, consideramos que a la mayor brevedad posible debemos crear las normas necesarias para regular las actividades de particulares en materia de investigación, el comercio de tecnología sofisticada que permite realizarla y que hoy está al alcance de la mano, y las sanciones a quienes violenten la privacidad de las personas.

Por lo anterior, es necesario que los diputados conozcamos hasta dónde la ley faculta al Estado a practicar investigaciones. Es necesario también que conozcamos los avances de las investigaciones que realiza la PGR para determinar las responsabilidades en la comisión de estos ilícitos y es urgente legislar para acotar las actividades de particulares, viendo siempre por el respeto a la vida privada.

Muchas gracias.

Gracias, diputado José Antonio Hernández Fraguas.

Se han agotado los oradores que estaban inscritos en el punto de acuerdo, en la proposición con punto de acuerdo sobre las intervenciones telefónicas.

La proposición planteada y firmada por los diputados Adriana Rivera Pérez, Gustavo Buenrostro Díaz y Martí Batres Guadarrama, contiene dos resolutivos: exigir a las autoridades correspondientes la investigación de los casos de espionaje conocidos públicamente en recientes fechas y aplicar todo el rigor del peso de la ley a quienes resulten responsables. Ese es el primero.

El segundo, es solicitar a través de la Presidencia de la mesa directiva que los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación, informen a esta soberanía sobre los casos mencionados en el punto anterior.

Esta propuesta se turna a la Comisión de Justicia y por lo que hace a solicitar por medio de la Presidencia de la mesa directiva, información, una vez que la Comisión de Justicia tenga el dictamen correspondiente, esta Presidencia procederá en consecuencia.


FUMADORES (II)

Tiene el uso de la palabra, como lo ha autorizado la Asamblea, el diputado Salvador Rocha Díaz, para contestar alusiones personales y en los términos del artículo 20 solicito la palabra para rectificación de hechos inmediatamente después, y solicito al vicepresidente cubra la Presidencia.

Con su permiso, señor Presidente:

He insistido en contestar las alusiones personales del jueves pasado formuladas por el señor diputado Vaca Betancourt, más que nada con el propósito de dejar claro ante esta Asamblea cuál es la importancia del debate que puede surgir en relación al tema del consumo de tabaco. Porque la importancia radica fundamentalmente en que estamos enfrentando un fenómeno de discriminación y la discriminación atenta contra los derechos humanos más elementales y en contra de las garantías individuales que consagra la Constitución.

Por otra parte lo estamos haciendo dentro de un mandato de la cultura norteamericana, sometidos a un imperialismo en materia cultural verdaderamente indigno de una nación como la nuestra.

Es claro, yo creo que es claro para todos los señores diputados que desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se estableció que es objeto de toda asociación política la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Igualmente se dispone en el artículo segundo de la Declaración Universal de Derechos del Hombre: "toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".

El Pacto de San José que contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos igualmente establece que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeto a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole.

No voy a cansar a la Asamblea recordándoles eso, que los principios de libertad y de igualdad son principios que inspiran nuestra legislación constitucional desde el acta de Apatzingán.

Ese es el tema, el hábito de fumar es simplemente el motivo para reflexionar sobre el tema, es innegable que estamos ante una presión de la cultura imperialista norteamericana, porque no creo que nadie piense que las sociedades española, la francesa, la italiana, la inglesa, la alemana, no se preocupan por la salud y sin embargo no han sido estos países los que han promovido esta campaña discriminatoria en contra de los fumadores.

Y han promovido una campaña discriminatoria en contra de los fumadores en virtud de que no han tenido el valor político que ya tuvo Singapur, de prohibir el consumo de tabaco.

Si el consumo de tabaco es dañino para todos los fumadores activos y pasivos, el consumo de tabaco debe ser prohibido y el Estado debe asumir esa responsabilidad.

Yo invito a los señores diputados que piensen que no se da discriminación alguna a que presenten una iniciativa en la que constitucionalmente se prohiba el consumo de tabaco, porque las garantías individuales solamente pueden ser restringidas o suspendidas en los términos de la Constitución.

1739, 1740 y 1741

Ese es el tema, ésa es la importancia del tema. Yo sostengo que es absolutamente indispensable defender nuestro derecho a no ser discriminados o sea nuestro derecho a fumar.

Igualmente les resultaba cómodo a los norteamericanos que en la primera parte de los autobuses viajaran blancos y en la segunda parte de los autobuses viajaran negros, y sin embargo, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América prohibió esa discriminación; sin embargo ahora no la prohibe, porque están bajo ese mandato que tiene fundamentos socio políticos muy importantes y muy graves.

Me refiero finalmente a las menciones del señor diputado Sergio Vaca Betancourt, a quien aludo, no en animo de provocación, mucho menos de reto, sino simplemente para darle la oportunidad de pasar a la tribuna, si lo desea hacer, para contestar alusiones personales.

Y yo pido a la prudencia y a la equidad del diputado Vaca Betancourt de que si considera que yo deba contestar lo que él diga, me haga el favor de aludirme personalmente para que yo pueda pedir el uso de la palabra al respecto.

Quiero manifestar que en nada de lo que dije en la sesión del jueves, hubo desviación alguna de la verdad. Afirmé que había interpuesto una demanda de amparo y entregué copia. El señor diputado Vaca Betancourt así lo reconoció. Afirmé que el juez de distrito me negó la suspensión provisional y así es como se desprende del recurso de queja; afirmé que el recurso de queja fue declarado fundado y dice el diputado Vaca que esto con suplencia de la deficiencia de la queja porque estaba mal formulada en mi recurso, no es así, simplemente el tribunal tiene que manifestar que tiene derecho a suplir la queja y manifesté que en consecuencia yo me consideraba con derecho a fumar dentro de la sala. Esto es lo que manifesté.

Si el diputado Vaca Betancourt tuviera discrepancia en mi opinión respecto al efecto de la resolución de la queja, de la resolución del tribunal colegiado en materia administrativa, yo lo invitaría a que se presentara en mi amparo como tercero perjudicado y ahí lo debatimos. Porque hay foros para cada debate. El debate judicial démoslo en los tribunales e invito al señor diputado, quien ya tiene el número del expediente, para que se presente como tercero perjudicado.

Y el debate importante, sobre libertad, igualdad y discriminación, démoslo en esta tribuna de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Tener la intención de servir y ser sujeto de sospecha, son incompatibles.

Pretender en el ejercicio de la honrosa dignidad y responsabilidad de presidir la mesa directiva de la Cámara, pueda servir para hacer nugatorios los derechos de expresión, de intervención de las señoras y señores diputados, se aleja diametralmente de la intención de la directiva que yo represento y presido; pero mi intervención es a título de un diputado más que tiene conciencia de que formar parte de la mesa directiva le obliga, según la ley, a determinar durante las sesiones las formas que deban adoptarse en los debates, discusiones y deliberaciones tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios.

Quiero señalar que he pedido la palabra para rectificar hechos porque me parece serio y podría llegar a ser grave, el que las propuestas emitidas por los grupos parlamentarios, por sus representantes legítimos en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, dígase mesa directiva, dígase Junta de Coordinación Política, y entiéndase Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos de la Cámara de Diputados, no pueden ser desdeñados a mérito de hacer uso de la palabra en cualquier momento.

Es responsabilidad de la mesa determinar durante las sesiones las formas que pueden adaptarse en los debates tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios.

He tenido que rectificar hechos porque la Presidencia y la directiva no ajustan el orden del día ni a su capricho ni a su voluntad ni aun ejercen a plenitud las facultades que la Ley Orgánica concede a la mesa directiva para determinar el orden del día de cada sesión, sino que en aras de establecer un orden, de establecer una dinámica adecuada en este órgano colegiado, han cedido esta facultad a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia.

Y ahí en representación del diputado Salvador Rocha Díaz, por quienes representan a su grupo parlamentario, teniendo conciencia de que él tendría derecho a rectificar lo dicho por el diputado Vaca, de Acción Nacional, con relación al tema que él introdujo en la sesión anterior sin estar inscrito y para hacer una moción de orden a la Presidencia, sin establecer ni violación a los reglamentos de la Cámara ni a ninguna disposición legal concreta.

Por eso, para rescatar las facultades que tiene el Presidente de la mesa directiva de dar curso a los asuntos y a los negocios que estén agendados, pero sometido a la disposición de esta Cámara de Diputados, no quiero dejar de señalar que ésa es la verdadera intención de su servidor y de la directiva: hacer eficientes los derechos de todos las señoras y señores diputados y jamás, jamás intentar el anular, el eliminar o el violentar el derecho de expresión de ninguna señora o señor diputado, pero poniendo orden en la sesión.

Muchas gracias.

Diga usted, señora diputada. Activen el micrófono por favor a la diputada Beatriz Paredes.

Pido la palabra para rectificar hechos, señor Presidente.

Se han inscrito ya varios oradores, con mucho gusto la inscribiré en la lista para rectificación de hechos sobre el tema.

Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Vaca Betancourt, del Partido Acción Nacional.

Gracias. Con su autorización, señor Presidente:

Señor diputado Salvador Rocha Díaz, usted argumentó como fundamento de su petición de la voz el numeral 102 de nuestro ordenamiento.

Déjeme decirle que me sorprende y desilusiona, que después de haber sido senador y diputado federal una o dos veces y sobre todo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sepa entender usted un artículo.

El precepto de que hablo, a la letra dice: "los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales. Cuando haya concluido el orador, no en la sesión siguiente y sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco minutos".

Diputado Rocha, su derecho precluyó el jueves de la semana pasada, aunque indebidamente la mesa directiva se lo reservó para esta sesión.

Aclarado lo anterior y ya refiriéndome al tema señalo que en la sesión anterior usted sorprendió la buena fe del diputado Presidente, ya que al solicitar el uso de la voz dijo que era para presentar una moción de orden, lo que resultó falso, pues su posterior discurso fue ajeno a los cuatro únicos motivos que en nuestro Reglamento hay y que permiten hacerlo.

Sin ánimo de ofenderlo, su intervención fue puro protagonismo para llamar la atención. En sus manifestaciones aseguró -y aquí tengo la versión estenográfica-, estar amparado y protegido por la justicia de la unión, por lo cual iba a ejercer su derecho a fumar dentro de este salón de sesiones y para probarlo entregó copia certificada de la resolución respectiva. De la documentación que usted exhibió advierto que sus afirmaciones no son ciertas.

Como debiera saber, en términos jurídicos un quejoso está amparado cuando el juez de distrito o el tribunal colegiado respectivo, en la sentencia le conceden la protección de la justicia de la unión por ser los actos reclamados ciertos y violatorios de garantías individuales. Lo que usted entregó, diputado, es copia certificada de una resolución que no es sentencia, puesto que no decide el fondo del asunto en la que solamente aparece que supliendo las deficiencias de los agravios, sí, diputado Rocha, en el considerando cuarto, y lo leo, dice: "suplidos en sus deficiencias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76-bis de la Ley de Amparo, los agravios son infundados", dicho en otras palabras, no fue mérito suyo ganar que procediera el recurso de queja.

El sexto tribunal colegiado en materia administrativa declaró procedente el recurso de usted, para el único efecto y se entiende que es con plenitud de jurisdicción, el Juez Sexto de Distrito pronuncie otro acuerdo relativo a la suspensión provisional.

Usted no demostró que le haya concedido la suspensión provisional y mucho menos estar amparados, por lo tanto, con respeto le digo que mintió por primera vez al decir que iba a presentar una moción de orden; mintió de nuevo cuando afirmó estar amparado; ni lo estuvo ni lo está y mintió por tercera ocasión al hacernos creer que bajo los efectos de una suspensión provisional tenía derecho a fumar aquí. Como si lo anterior fuera poco, después de su teatral actuación, no se puede calificar de otra manera, se ausentó del recinto, lo que por cierto me han informado que hace usted frecuentemente, pues es de los diputados que luego de pasar lista se van y además tampoco cumple usted otros deberes, por ejemplo el jueves pasado no asistió a la instalación de la Comisión Jurisdiccional.

Señor diputado Vaca, su tiempo ha terminado, concluya su intervención, por favor.

Termino, señor Presidente. Ojalá que en lo futuro usted demuestre respeto al pueblo de México, que es quien nos paga a usted y a mi, pasando a la tribuna a hablar con apego estricto a la verdad y tratar asuntos importantes, no para lucirse con base en mentiras y naderías.

Han solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos los diputados: María Cristina Moctezuma Lule, Miguel Bortoloni Castillo y Beatriz Paredes Rangel.

¿Diputado Salvador Rocha, pide la palabra?

Para contestar alusiones personales en el momento que me corresponda.

Como los demás diputados han solicitado para rectificación de hechos y es una práctica reconocida en el parlamento, tiene prelación y preeminencia las alusiones personales, se le concede el uso de la palabra al diputado Salvador Rocha Díaz, hasta por cinco minutos, para responder a alusiones personales.

Gracias, señor Presidente, con su permiso:

Quiero en primer lugar, agradecer al diputado Vaca Betancourt, el interés tan destacado que tiene en mi persona; le agradezco que conozca mi curriculum y desde luego que encuentre tan satisfactorio el poder señalar lo que a su juicio son imprecisiones o mentiras -como él dice-, que yo hice en esta tribuna.

En primer lugar, conozco el Reglamento y si solicité el uso de la palabra para contestar a alusiones personales, fue en virtud de que la diputada Alvarez, en su carácter de Presidenta y muy generosamente, dejó a salvo mi derecho. Creo que la reclamación del diputado Vaca Betancourt debería formulársela a la Presidenta que en ese momento estaba en funciones; de lo contrario, me hubiera quedado yo con la alusión personal y desde luego, con toda cortesía la hubiese tratado a nivel individual con el señor diputado Vaca Betancourt, cuya calidad de abogado nadie pone en duda.

1742, 1743 y 1744

En segundo lugar, quiero decirle que por lo que se refiere a los efectos y que él mismo reconoce, que lo que afirmé en esta tribuna, en el sentido de que yo había presentado una demanda de amparo es cierto; de que el juez me había negado la suspensión provisional es cierto y que el tribunal colegiado me había declarado fundada la queja, lo cual también es cierto; eso fue lo que yo afirmé y el propio señor diputado así lo reconoce.

Lo que sucede, es que discrepamos en relación a qué interpretación jurídica le vamos a dar a estas constancias judiciales y yo respeto el criterio del señor diputado y precisamente por eso lo invité a que esto lo debatiéramos en el juzgado de distrito; y tiene la posibilidad de hacerlo, puede presentar un escrito manifestándose como tercero perjudicado y ahí discutiríamos si disfruto de suspensión, si no disfruto de suspensión, porque eso no es el tema en esta tribuna.

Lo dije y repito: cada tema tiene su foro y es obvio que el foro de la controversia que está planteada ante el señor juez de distrito es ése; nunca he litigado ni en la tribuna de la Cámara de Diputados ni en la de la Cámara de Senadores ni he litigado jamás en la prensa, yo litigo ante los tribunales.

Quiero decirle que lo que usted consideró un protagonismo teatral, no era sino una información que era indispensable que yo le proporcionara a la Asamblea para no generar escándalo, yo creo que esto, imagino que el señor diputado Vaca Betancourt, que es católico igual que yo y pues esto lo consideramos de especial importancia: no generar escándalo innecesario.

Si iba yo a fumar, pues bueno, decir con base en qué creía yo que tenía derecho a fumar. No es que no pueda yo tener cortesía con mis compañeros, si a alguno le molesta que fume, pues apago el cigarrillo; si alguno me lo exige, pues a la mejor no lo apago.

Quiere decir que estos temas judiciales, estamos abiertos a debatirlos allá en el juzgado de distrito, no aquí. lo que yo dije aquí es cierto, lo que dije yo aquí es cierto y si utilicé la expresión que "me encuentro gozando de un amparo y protección de la justicia federal", lo dije en función de que es el término coloquial, que dominantemente quienes no son abogados entienden cuando alguien considera que disfruta de una suspensión provisional.

Esto es obvio que es impreciso, se lo reconozco, desde luego que es impreciso; sin embargo, tenía como propósito el no informar a la Asamblea en términos tan técnicos, que resultara incomprensible lo que yo quería presentar.

Por lo que hace a que mi actitud sea teatral, pues bueno, eso es una condición del espectador; si el espectador lo considera teatral, pues será teatral y si el espectador lo considera una intervención seria, así será.

Respeto el punto de vista del señor diputado Vaca Betancourt y reitero lo dicho: no afirme ninguna falsedad en esta tribuna. El tema que debemos debatir ante los tribunales, debatámoslo en los tribunales. Invito al señor diputado a que se presente como tercero perjudicado en un amparo y el tema que es importante y que debe preocupar a todos los señores diputados, es el tema de la discriminación, que fue el motivo de mi insistencia en contestar su alusión personal, porque en realidad yo no pongo en usted la misma atención que usted pone en mí.

Muchas gracias.

Gracias, diputado Rocha.

Tiene el uso de la palabra, para rectificación de hechos, por cinco minutos, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con su permiso, señor Presidente:

Desafortunadamente tenemos que bailar al son que toque el diputado Rocha. Dos veces con su protagonismo y su manipuleo, ha invertido el orden del día.

Finalmente, pues yo creo que porque como bien decíamos, le urge irse pronto y el último punto del orden del día era el de los fumadores y creo que eso sería hasta las 8:00 de la noche, pues por eso lo antepone. Pero no nos sorprende, no nos sorprenden estos actos de provocación; finalmente sabemos que el señor diputado Salvador Rocha Díaz, quien en algún momento de su larga carrera política fuera Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es que estemos atrás de... y que sea tan importante, simplemente, bueno, pues, es un personaje público y que precisamente porque es un personaje público, no nos sorprenden mucho estos recovecos y estas manipulaciones en el que nos quiere llevar a donde él quiere. Pero no es el caso en el que estamos discutiendo, diputado, en el que si tiene usted razón o no, de fumar o no fumar es su derecho. Si usted quiere morirse pues qué bueno, allá el que, cada quien sabe lo que quiere.

Lo que sí creemos que además usted ha manejado mal la información, porque usted nos vino a decir la sesión pasada, que usted estaba amparado y desafortunadamente la documentación que nosotros pedimos antes de pasar a tribuna, para verificar si usted estaba amparado, no es verdad. Usted está ahorita en una queja que metió al tribunal colegiado y ahí está, ahí está el asunto de que si usted tiene derecho o no de fumar o de no ampararse. Pero además, déjeme decirle que con esta gran trayectoria que tiene usted, del recoveco y demás, pues finalmente le vuelve usted a dar vuelta al asunto en cuestión.

Porque usted se ampara, porque así presenta usted su amparo, en contra del Presidente de la República, porque usted argumenta que no tiene la facultad para... se sobrepasó. No tiene la facultad para emitir un reglamento. Pero además, hábilmente usted cuando le niega el amparo el juez, dice: "Es que yo no me quejé de la Ley de Salud. Yo me quejé del artículo 20 del Reglamento" y en eso ahí es donde tenemos que reconocerle su habilidad de recoveco en estas situaciones.

Yo lo invito, señor diputado, a que asuma otra posición; a que ya estamos en otros tiempos; México ya no va a soportar estas situaciones de estos políticos acostumbrados al recoveco, a la manipulación, a la mentira. Ya no. Son otros tiempos, señor diputado.

Yo lo convido a que con todo respeto, como usted bien lo mencionó, que respetemos el derecho de los que no fuman y de los que sí fuman. A lo mejor precisamente lo que nos falte aquí es poner los lugares de los fumadores y no fumadores.

Pero me pareció también excesivo su reto hacia el Presidente y una falta de respeto al Presidente de la mesa directiva, cuando usted bajando de la tribuna encendió el cigarrillo, con una actitud de provocación.

Entonces precisamente no vamos en esta tribuna, a dirimir lo que va a tener que dirimir en los juzgados, en otro órgano jurisdiccional que tendrá que decidir si le concede o no su amparo, pero precisamente no vamos a permitir tampoco que nos venga a manipular el orden del día, que nos acomode porque usted tiene urgencia de irse. Yo lo reto a que usted se quede hasta el último momento en este día, para que se quede hasta el último punto del orden del día.

Muchas gracias.

Gracias, diputada María Cristina Moctezuma Lule.

¡Señor Presidente!

Activen el sonido para el diputado Salvador Rocha Díaz, por favor.