|
Además, es imprescindible que las
comisiones de Desarrollo Social y de Reforma Agraria se avoquen a proponer medidas
concretas que incidan en el abatimiento de la marginación en esta zona.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo primero. La
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión instruya a las comisiones de
Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que al momento de dictaminar la
iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación, se establezca una partida
presupuestal para la construcción de un museo que preserve la memoria del movimiento
zapatista en Ayoxuxtla, municipio de Huehuetlán el Chico, Estado de Puebla.
Artículo 2o. Esta soberanía instruye a las comisiones de Desarrollo Social y de
Reforma Agraria para que se avoquen a la preparación de propuestas que contribuyan a la
erradicación de la pobreza y solución del problema agrario de Ayoxuxtla en el Estado de
Puebla.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre del año 2000.- Los
diputados: por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Alberto Anaya
Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía
Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos
Hernández, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Juan Carlos Regis Adame, José Manuel del Río
Virgen, por Convergencia; José Antonio Calderón, por Alianza Social; Beatriz
Lorenzo, por Alianza Social; Gustavo Riojas Santana, por Sociedad
Nacionalista; Auldarico Hernández, por la Revolución Democrática; Petra
Santos, por la Revolución Democrática; Augusto Gómez Villanueva, por el
Revolucionario Institucional; Nabor Ojeda, por el Revolucionario Institucional; Beatriz
Grande, por Acción Nacional y María Teresa Campoy, por el Partido Verde
Ecologista de México.»
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Rosalía
Peredo Aguilar.
Túrnese a las comisiones de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública.
ISTMO DE TEHUANTEPEC
Tiene la palabra el diputado Abel
Trejo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para presentar una proposición con punto de acuerdo, sobre el desarrollo del istmo de
Tehuantepec, como puerta de acceso a la región sur.
| El diputado Abel Trejo González: |
Con su permiso, señor Presidente
de la mesa directiva; compañeras diputadas y compañeros diputados:
El istmo de Tehuantepec por su ubicación geográfica constituye el puente de
interconexión comercial de una gran potencialidad para México y para el mundo;
representa además la puerta de acceso para los estados del sur, como lo son: Oaxaca,
Chiapas y Guerrero y para los estados del sureste, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán
y Quintana Roo.
Por tanto, para lograr el desarrollo de la región sur-sureste de México es imperativo
como condición necesaria e indispensable el desarrollo regional integral del istmo de
Tehuantepec, porque esta zona estratégica con la infraestructura productiva adecuada se
convertirá en el paso obligado del comercio tricontinental entre Asia, América y Europa
a través de tres referentes muy concretos en donde México participa con acuerdos
comerciales.
Por el norte del país el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos con 380
millones de consumidores y un PIB regional de 6 billones 900 mil dólares; por el golfo de
México con la Unión Europea que aglutina a 15 países y una población de 370 millones
de personas con un PIB 10% mayor al de Estados Unidos; por el océano Pacífico con el
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que está integrado por 21 naciones que
realizan el 54% del comercio global tuvieron el 56% del ingreso económico del orden y
representa al 40% de la población mundial, este foro lo presidirá México en el año
2002.
Por su ubicación geográfica, el istmo de Tehuantepec constituye entonces el corazón del
desarrollo del sur-sureste y el puente que puede alimentar y construir nuevos vínculos
entre México y sus socios comerciales.
Por estas razones hago un llamado a todos los diputados de todas las fracciones
parlamentarias, así como al Gobierno Federal que tomará posesión el próximo 1o. de
diciembre para que no interpreten este planteamiento a partir de un interés puramente
regionalista.
En este sentido mi interés se enfoca en el proceso de toma de conciencia que como país
debemos procurar el desarrollo equilibrado de las regiones y para fortalecerlo como
nación, porque hasta hoy lo que ha prevalecido es un desarrollo asimétrico
desproporcionado y desigual, la región norte y la región centro deben entender que el
desarrollo del sur-sureste es un asunto de interés nacional que impacta también a ellos,
así como recordar que su actual posición privilegiada no hubiera sido posible ni aun en
la modernidad nacional sin la determinada y decisiva contribución del sur-sureste en los
años en que se hubo de modernizar el país.
El producto interno bruto mayor que genera actualmente la región norte y centro tiene su
base de sustentación en los recursos que les ha proveído desde hace muchos años para la
realización de su infraestructura, la región sur-sureste.
Las regiones norte y centro del país se orientan más hacia actividades de exportación
manufacturera, maquilas de exportación, comercio y servicios modernos, mientras que en la
región sur-sureste lo que predominan son las actividades agropecuarias con evidente
rezago tecnológico y la explotación de energéticos que han servido como un elemento
fundamental para el desarrollo de las otras regiones del país y no de la propia,
petróleo, gas natural y electricidad, con resultados contundentes. Tenemos los niveles
más bajos de ingreso y de vida de todo el país, estamos ante dos mexicos, uno es el que
se refiere al norte y al centro del país, regiones que se encuentran insertas en la
dinámica de los países desarrollados y con un gran avance en la infraestructura
productiva, como autopistas, aeropuertos, puertos, presas etcétera, el otro lo
constituyen los estados de la región que comprende a la zona sur-sureste. Aquí nos
encontramos atrasados frente al desarrollo nacional, con alta marginación social y con
extrema pobreza y carentes de la infraestructura que nos permita reactivar la economía.
No es casualidad que algunos hayan canalizado el descontento social hacia la integración
de grupos armados. Por esta razón, el gobierno del Estado, ayuntamientos, diputados
federales, estatales y ciudadanos, declaramos enfáticamente que de no corregirse esta
situación para el sur-sureste de México, en un lapso de 18 años puede sobrevenir un
colapso social o un desgajamiento, como lo han aseverado otros analistas.
Revisé algunos parámetros que centran el tema y la problemática a la que me refiero. De
1995 a 1999 Pemex aportó fiscalmente a la Federación 855 mil millones de pesos. En 1997
la producción petrolera de México fue de 3 millones 100 mil barriles diarios y el 96% de
esa producción correspondió a los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche. El Estado de
Chiapas genera el 45% de la energía producida en las hidroeléctricas del país; la
nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, aporta el 4% de la energía eléctrica
nacional.
Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Oaxaca integran la principal zona proveedora de
energéticos para el país: petróleo, gas, energía eléctrica y petroquímica básica.
Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Salina Cruz procesan el 37% del crudo nacional.
Coatzacoalcos y Cosoleacaque suman el 88% de los petroquímicos en el país.
Ahora veamos algunos indicadores sociales comparativos entre el norte y el centro del
país,con el sur-sureste, datos que contiene el XII Censo General de Población y Vivienda
que apenas fue presentado:
Población de seis a 14 años de edad que saben leer y escribir: en el norte y centro del
país más del 90%; en el sur-sureste: Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 16 puntos
abajo. El 74% de su población saben leer y escribir.
Nivel de instrucción de la población de 15 años y más: en el norte y centro del país,
nueve años en promedio es el nivel de instrucción, en el sur-sureste: Guerrero 6.3
años; Chiapas 5.8 años, Oaxaca 5.6 años.
Lengua indígena. En el país, 6.3 millones de personas de cinco años y más hablan
alguna lengua indígena. Representan el 7.3% de la población de dichas edades. Yucatán y
Oaxaca destacan con poco más de 37% de su población residente de cinco años y más,
seguidos por Chiapas, con el 26% y Quintana Roo con el 22.9%.
Estas zonas de mayor presencia indígena requieren mayor esfuerzo gubernamental para su
atención.
Para el año 2000, el porcentaje de vivienda con techo de materiales que resultan los más
inseguros y peligrosos para la salud, es del 25.4% a nivel nacional: en el sur-sureste el
promedio de vivienda con techos inseguros y peligrosos es del 51.24%. Por contraste, en el
norte y centro del país el promedio de viviendas con techos inseguros y peligrosos es del
6.75%.
Servicio eléctrico. Se ha generalizado prácticamente en todas las viviendas del país,
excepto Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, persiste más del 10% de las viviendas sin
este servicio.
Agua entubada. Las entidades con mayor porcentaje de viviendas que cuentan con servicios
de agua entubada son: en el norte y centro del país el 95.16% de las viviendas cuentan
con este servicio. Por contraste, en el sur-sureste sólo el 65.38% de las viviendas
cuentan con servicios de agua potable.
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se enfatiza que las desigualdades
regionales constituyen un serio problema que no sólo afecta a las regiones que las
padecen, sino que se constituyen en un serio lastre para el desarrollo nacional y es un
asunto de todos los mexicanos.
Es por ello que se requieren de políticas públicas precedenciales para las zonas más
rezagadas como un asunto que no beneficia sólo a éstas, sino a todo el país, toda vez
que las comunicaciones constituyen una de las partes medulares de infraestructura que debe
tener un país si se decide a competir en el mercado internacional, el desarrollo de
éstas en el istmo de Tehuantepec, es la condición primera para el desarrollo sustentable
del sur-sureste.
Desarrollar el istmo de Tehuantepec es un asunto de soberanía nacional que debe emerger
como un proyecto de los mexicanos con sentido nacionalista y preservando la ecología y el
medio ambiente y respetando la cultura y el derecho de sus habitantes y sus municipios.
Para todo ello el Estado mexicano debe cumplir con su obligación establecido en los
artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ser
rector y promotor de este desarrollo propiciando que la infraestructura productiva sea
iniciativa de los gobiernos Federal y estatal; se debe apoyar en términos políticos
dentro del contexto de la globalización a las actividades económicas más débiles que
se desarrollan en estas regiones y que están dispuestos a la competencia como lo es el
sector agropecuario y la pequeña y mediana empresas.
Por todo lo anterior se propone el siguiente punto de acuerdo para que esta soberanía a
través de sus diversas comisiones, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y
Transportes, Presupuesto y Cuenta Pública y Desarrollo Social, lo consideren de manera
prioritaria en su programa de trabajo.
Que quede plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo a elaborarse por la próxima
administración federal, que es de prioridad nacional el desarrollo del sur-sureste de
México, especialmente la región del istmo de Tehuantepec, por su ubicación estratégica
para el comercio tricontinental y dentro del propio país.
Segundo, que se considere como una visión de futuro y que se considere como columna
vertebral, la estrategia de construir infraestructura productiva en esa zona.
3136, 3137 y 3138
Que se considere al istmo de Tehuantepec
en el Plan Nacional de Desarrollo como una zona estratégica y prioritaria para la defensa
de la soberanía nacional.
Apunto aquí algunos de los proyectos estratégicos urgentes a realizar en la región para
que sean considerados en la próxima administración federal...
Señor diputado, en vista de que se
le ha terminado el tiempo le pediría resumiera para terminar.
| El diputado
Abel Trejo González: |
Sí, señor Presidente:
Autopista con altas especificaciones técnicas de la ciudad de Oaxaca al istmo de
Tehuantepec con un ramal a Huatulco, autopista costera con altas especificaciones
técnicas de Acapulco Guerrero a la ciudad de Tapachula, Chiapas, autopista con altas
especificaciones técnicas por el golfo de México de Coatzacoalcos, Veracruz, hasta
Mérida, Yucatán, entre otros proyectos prioritarios.
Ratifican y firman este punto de acuerdo los diputados oaxaqueños: Irma Piñeyro
Arias, María Lilia Mendoza Cruz, Jaime Larrazábal Bretón, Bulmaro Rito Salinas,
Ildefonso Zorrilla Cuevas, José Soto Martínez, Cándido Coheto Martínez, Juan Díaz
Pimentel, Miguel Angel Moreno Tello, Pablo Arnaud Carreño y un servidor, Abel Trejo
González.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Ha solicitado el diputado Pedro Rosaldo, del Partido de la Revolución Democrática, el
uso de la palabra sobre el mismo tema.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
| El diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeros diputadas y diputados:
Antes que nada permitirme suscribir, el compañero diputado que me acaba de preceder en la
tribuna, porque realmente es un problema que nos ha traído consecuencias desastrosas como
ya dijo él atinadamente.
En la región sur del país, no nada más en el istmo, en el sur en general del país,
existe la misma diferencia que hay entre los países del norte y los países del sur.
Toda la producción, todo el trabajo de nuestros compañeros obreros, todas las
consecuencias de los trastornos ecológicos que se han sufrido a través de todos estos
años de desarrollo del país, han sido como resultado que hemos estado olvidados del
desarrollo real.
Ustedes tienen el ejemplo muy claro de lo que pasó ahora con el presupuesto que acaba de
terminar en el último sexenio, donde no hubo desarrollo de la petroquímica como debería
y donde no hubo ni siquiera más que el recurso para una refinería en Reforma, Chiapas,
cuando en Cadereyta y en otras partes del norte del país se hicieron varias refinerías.
Yo invito desde esta tribuna y parte de ello, por eso tomo la palabra, con todo el
respeto, a todos los diputados del sur del país a que hagamos un frente común para que
exijamos el desarrollo que requiere.
Platicaba con mi compañero de banca, con el diputado Héctor Sánchez, de lo importante
que sería suscribir lo que nuestro compañero diputado acaba de decir, porque es
estrictamente necesario.
Recuerden que lo del istmo de Tehuantepec no sólo es algo que sea idea reciente, esto
viene desde el siglo pasado cuando llegaban barcos de Nueva Orleáns, llegaban a un lugar
cerca de Coatzacoalcos, sobre el río Coatzacoalcos y de ahí en Jesús Carranza, se llama
actualmente, ahí había un hotel, ahí bajaban, desembarcaban y en estos carromatos
tirados por caballos, se iban hasta el Pacífico y ahí hacían lo que se llama ahora un
corredor transístmico.
Esto fue previsto incluso por Porfirio Díaz, no se llevó a cabo y ha sido tema de muchos
proyectos, desde el proyecto alfaomega hasta el proyecto de todo el desarrollo
transístmico. No nada más es el desarrollo transístmico, sino ya hay un grupo de gente
estudiosa trabajando sobre proyectos de desarrollo regional al respecto y en efecto, como
lo dijo mi compañero que me precedió en la tribuna, es un problema de seguridad
nacional.
Nosotros estamos de acuerdo, suscribimos la postura y esperamos hacer y desde esta tribuna
les invito para que hagamos un bloque todos los diputados del sur de la República y que
empecemos a desarrollar lo que ha sido el generar desarrollo del país en otras partes.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Pedro Rosaldo
Salazar.
Túrnese a las comisiones de Comunicaciones, de Transportes y Presupuesto y Cuenta
Pública.
TRABAJADORES MIGRANTES
Tiene la palabra la diputada Irma
Piñeyro Arias, a nombre de la comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y
otras, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el Programa para Apoyar
a los Trabajadores Migrantes.
Tiene la palabra hasta por 10 minutos.
| La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
El carácter mundial de los movimientos migratorios se ha convertido ya en un fenómeno
cotidiano integrado a todas las esferas de la vida social. México, como país receptor de
tránsito y expulsor de migrantes, conoce y reconoce la realidad circundante a esta
circunstancia. Los migrantes mexicanos, por su parte, sufren los costos, penalidades
propias que estos desplazamientos implican; nuestros connacionales se encuentran en una
franca posición de desventaja ante las comunidades receptoras que, con gran frecuencia
erigen barreras o restricciones hostiles que impiden su asimilación a dichas sociedades
de destino.
Además de las penalidades que viven en un territorio ajeno a las costumbres e
idiosincrasia propia, el regreso a su país es también un escenario en que las vejaciones
son frecuentes, mismas que van desde el pago de cuotas inexistentes hasta asaltos de
autoridades aduanales, el decomiso de artículos personales, hasta la discriminación por
parte de las autoridades administrativas.
Estas y otras violaciones a los derechos humanos quedan impunes debido al desconocimiento
de los migrantes de las instancias y autoridades a las que pueden acudir, a efecto de
exigir reparaciones o el cumplimiento de sus derechos.
Con base en lo anterior, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con
fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta
Asamblea el presente dictamen de punto de acuerdo.
ANTECEDENTES
Primero. El 17 de
octubre del año en curso, en la sesión de instalación de la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, el pleno de la misma acordó la necesidad de instrumentar
un programa para la protección de los migrantes, el cual nace del interés y la
preocupación de apoyarlos en su regreso y/o tránsito por nuestro país con destino a sus
lugares de origen en esta época del año.
Segundo. El 31 de octubre del presente año, la mesa directiva de esta Cámara de
Diputados turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, la
proposición con punto de acuerdo presentado ante el pleno por el diputado Timoteo
Martínez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el
que solicita se evite el maltrato y la extorsión de que son objeto nuestros
connacionales, mediante campañas de difusión sobre los derechos humanos y los servicios
que pueden reclamar en las oficinas consulares, así como el cumplimiento y la revisión
del Programa Paisano.
Tercero. La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en su
sesión ordinaria del día 8 de noviembre del año en curso, acordó presentar ante el
pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de punto de acuerdo en el que se propone el
Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo.
A partir de estos antecedentes, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos
Migratorios, expone las siguientes
CONSIDERACIONES
Primero. Que en las
celebraciones de fin de año diciembre-enero ingresan al país aproximadamente 1 millón
200 mil connacionales que radican en los Estados Unidos de América y Canadá.
Segundo. Que son múltiples las denuncias y reclamos por los abusos que se
cometen contra nuestros paisanos en sus viajes de retorno y/o visita a casa, por parte de
algunos servidores públicos que atropellan sus derechos humanos.
Tercero. Que es compromiso de los legisladores velar por el respeto de las
garantías individuales de todos los mexicanos, sin olvidad aquellos que por necesidad se
encuentran fuera el país.
Por lo expuesto resulta necesario que la Cámara de Diputados apoye y evalúe las acciones
del Programa Paisano.
Por las razones anteriores, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que el programa
diputada amiga, diputado amigo, se inicie a partir del 10 de diciembre del presente año y
se mantenga como programa permanente de la Cámara de Diputados, reforzando su operación
en los meses de diciembre y enero.
Segundo. Que la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sea la
coordinadora general de la operación del mencionado programa.
Tercero. Que se procure por todos los medios oficiales y de comunicación, dar a
conocer a los paisanos migrantes que esta Cámara de Diputados, a través del programa
Diputada Amiga, Diputado Amigo, garantizará hacer valer sus derechos y
garantías.
Cuarto. Que se establezca una continua y fluida coordinación con las comisiones
nacional y estatales de Derechos Humanos correspondientes en las distintas fronteras, a
fin de garantizar la atención a la referida problemática de los migrantes.
Por lo expuesto solicito, señor Presidente, se considere el punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución por la cercanía de los tiempos del inicio de la llegada de nuestros
connacionales que visitan sus lugares de origen.
Muchas gracias.
Gracias, señora diputada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica se si considera de urgente
resolución el punto de acuerdo propuesto.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Por instrucciones de la
Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de
acuerdo que se ha expuesto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera...
Se considera de urgente resolución, señor Presidente.
3139, 3140 y 3141
Gracias. Está a discusión el
punto de acuerdo.
Se han inscrito para hacer uso de la palabra los siguientes diputadas y diputados: Erika
Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México; Sergio Acosta Salazar,
del Partido de la Revolución Democrática y Oscar Ochoa Patrón, del
Partido Acción Nacional.
Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado del
Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Erika Elizabeth Spezia
Maldonado: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Ante la situación de deterioro en el ámbito migratorio, México debe hacer un esfuerzo
grande, serio y comprometido para fortalecer los derechos y las garantías de todos
nuestros connacionales.
La necesidad de establecer programas que si bien en algunos casos son limitados, nos
ayudan a consolidar la protección de esos trabajadores que en ocasiones son atacados en
sus bienes, personas y derechos por parte de diferentes corporaciones policiacas y por
diversas autoridades que dependen de las secretarías responsables de la protección y
ayuda hacia los mexicanos que cruzan nuestras fronteras.
Debemos apoyar toda acción que esté encaminada a una mejora en el trato de todos y cada
uno de nuestros paisanos, que por diferentes situaciones se han visto obligados a emigrar
allende nuestras fronteras, para mejorar su nivel de vida.
Es por ello que en base a este tipo de programas y en las negociaciones entre el gobierno
estadounidense y el mexicano, se procure una relación bilateral más estable y completa,
con el fin de que nuestros trabajadores se encuentren seguros dentro de una esfera de
derecho en los diferentes puntos de internación fronterizos y por medio del servicio
consular mexicano, una defensa real que le garantiza el derecho internacional.
Los migrantes, sin importar su origen ni destino, deben ser respetados en sus derechos
humanos, más aún, si son mexicanos que regresan año con año a reunirse con sus
familias y que son la ventana que México necesita para ser conocido como un país de
gente productiva y trabajadora y finalmente, ellos son quienes nos representan con
dignidad y orgullo ante otros países.
Por lo tanto, el Partido Verde Ecologista de México, se suma a esta tarea con el fin de
apoyar el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, para que se pueda dar los beneficios y
el trato que merecen, de una manera digna y llegar a evitar que presenten incidentes que
afecten a estos mexicanos que trabajan por su patria y ayudarlos a mejorar las condiciones
de vida y de trabajo.
Por esta razón es necesario concientizarlos no sólo en lo que respecta a la seguridad y
la integridad de estos compatriotas, sino que también es indispensable arraigarlos de
manera que siempre se consideren a sí mismos como parte de la patria mexicana.
Nosotros, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
consideramos que deben respetarse bajo todas las circunstancias posibles y existentes, los
derechos humanos. Esto es un principio que no puede ser distinto ni en el interior ni en
el exterior de un país y mucho menos del nuestro.
Estas personas, los migrantes, deben recibir todo nuestro reconocimiento y apoyo para
hacer valer sus derechos y proporcionarles una auténtica calidad de vida dentro de un
ambiente justo y libre.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Petra Santos, del
Partido de la Revolución Democrática.
| La diputada Petra Santos Ortiz: |
Buenas tardes, compañeras
diputadas y diputados:
Las continuas violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales, de que
han sido objeto nuestros connacionales que por distintos motivos han tenido que continuar
su vida en los Estados Unidos de América y que por las fiestas de fin de año, regresan
de visita a nuestro país, fue la causa principal que determinó que el Ejecutivo Federal
pusiera en vigor el Programa Paisano. Apoyo para dichos connacionales, el cual tiene como
objetivo fundamental coadyuvar a la protección de los derechos de estos tipos de
población.
No obstante la existencia de estos programas, las denuncias y los reclamos por los abusos,
son claros. A nuestro país por diversos servidores públicos amparados en algún
nombramiento oficial, no sólo son continuos y persistentes, sino que van en aumento año
con año limitando severamente la finalidad del Programa Paisano y de las múltiples
iniciativas por proteger a nuestros connacionales que han impulsado con este fin.
Sus revisiones son exhaustivas y plenas de celo profesional del personal del Instituto
Nacional de Migración y de la Policía Fiscal Federal, la cual deslumbrados por los
dólares que traen nuestros paisanos, casi siempre buscan con cualquier pretexto, quedarse
con alguno de ellos en pago a supuestas pequeñas violaciones normativas que nuestros
paisanos desconocen y que no las traen.
Por una situación parecida pero más crítica aún, atraviesan los connacionales por la
tierra; cruzan la frontera con destino a diversas ciudades del interior del país, ya sea
por autobuses, carros y éstos son los que más sufren de vejaciones. En esto, aquí
nosotros queremos que quede muy claro las violaciones que se hacen a los derechos humanos;
familias que sin importar el clima, los fríos que hacen, los obligan a bajarse con los
niños ahí temblando de frío y que a ellos no les interesa.
Hay una gran corrupción, les quitan todos los productos que traen, más si traen
aparatos. Para ellos todo eso es contrabando. Es muy fuerte la corrupción y no conforme
con eso, todavía tenemos al Ejército mexicano, la Policía Federal Preventiva, la
Policía Judicial Federal, la Policía Judicial Estatal, la Policía Fiscal Federal, el
Instituto Nacional de Migración y la oficina de la Sagar relacionada con el control
fitosanitario.
Si a esta problemática de vejaciones y corrupciones por la que atraviesan nuestros
paisanos al regresar al país le sumamos el factor económico que constituye su número,
más de 1 millón, podremos ver no sólo las verdaderas dimensiones del problema, sino
también los grandes intereses a los que se enfrenta el Programa Paisano y que han venido
siendo más corrupción y de elefantes blancos.
Y las diversas iniciativas que el Gobierno Federal ha instrumentado para proteger este
tipo de población tan importante para nuestro país y un gran ausente de esta estrategia
de salvaguardar los derechos de los mexicanos que regresan de vacaciones a nuestro país
es el Congreso de la Unión, fundamentalmente la Cámara de Diputados, la cual, aparte de
legislar al respecto, ha sido ajena a la operación de los programas que hoy se llevan a
cabo como el anteriormente mencionado Programa Paisano.
Por ello, ante la necesidad de ligarnos directamente con la problemática anteriormente
referida, exhortamos a esta Asamblea a participar activamente en la protección a los
mexicanos que regresan al país en el periodo de fin de año, ligarnos directamente con
los problemas que aquejan a este tipo de población con el poder que nos confiere la
Constitución de la República.
Ambos objetivos podemos cumplirlos activando y responsabilizándonos a través de la
sanción, organización, operación y evaluación de un programa propio de esta Cámara
para apoyar directamente a nuestros paisanos a todo lo largo y ancho del país, desde
donde se encuentren.
Esto sólo lo podemos hacer por medio de la propuesta presentada a este pleno por la
presidenta de la Comisión de Población. Por lo tanto, la fracción del PRD apoya este
programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Por el PRD, Petra Santos, José Manuel del Río,
por Convergencia por la Democracia.
Gracias.
Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra, sobre el mismo tema, el diputado Oscar Ochoa Patrón,
del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
| El diputado Oscar Ochoa Patrón: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras diputadas; señores diputados:
El grupo parlamentario de Acción Nacional está completamente de acuerdo en velar por el
respeto y las garantías individuales de nuestras hermanas y hermanos mexicanos, por lo
cual apoyamos el programa antes mencionado: Diputado Amigo, Diputada Amiga.
Respaldamos el punto de acuerdo y con ello adquirimos el compromiso de apoyar a nuestros
hermanos connacionales que regresan a nuestro país, mayormente en esta época.
Esto aparte reafirma el compromiso adquirido por el presidente electo Vicente Fox de
supervisar el retorno de nuestros paisanos en condiciones de respeto y de sus derechos a
su dignidad.
Dentro de este programa se pretende dar ese apoyo a nuestros paisanos no sólo en el cruce
de la frontera norte, sino a lo largo de su trayectoria a su lugar de origen, en
consideración con las diferentes autoridades competentes, asegurando el buen trato de los
mismos. Debemos de terminar con los abusos que durante tantos años han tenido nuestros
hermanos competentes, asegurando el buen trato de los mismos.
Debemos de terminar con los abusos que durante tantos años han tenido nuestros hermanos
cuando vienen a su patria, ya que hay que recordar que si para llegar a donde están
primero tuvieron que pasar por todo un viacrucis, sin embargo, su pasión que viven
durante su trayecto, ya que las mismas autoridades de diferentes niveles abusan de ellos.
Diputadas, diputados, apoyemos pues, este punto de acuerdo.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra hasta
por cinco minutos el diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la
Revolución Democrática.
| El diputado Sergio Acosta Salazar: |
Gracias, diputado Presidente;
compañeras diputadas y compañeros diputados:
Efectivamente aquí en esta tribuna se ha vertido la problemática acerca de los
connacionales y además el viacrucis que pasan y no tanto únicamente en cuanto a lo que
atraviesan, sino también a lo que viven aquellos que piensan que Estados Unidos sigue
siendo "el cuerno de la abundancia".
Efectivamente, nosotros, el Partido del PRD se suma a este punto de acuerdo dado que ya,
inclusive en algunas legislaturas pasadas nuestro partido, el PRD, había hecho un
programa similar de "Diputado Amigo" y surgió precisamente como una iniciativa
del grupo parlamentario del PRD en la Cámara, durante la LVI Legislatura, como una
orientación y defensa a los connacionales que anualmente regresan en fiestas de fin de
año y que son extorsionados y violentados por falta de información sobre sus derechos
por diversas autoridades mexicanas.
Yo quisiera prácticamente sumarme, a nombre de nuestro partido, a este punto de acuerdo.
Pero también lo quiero hacer denunciando públicamente toda la desfachatada que de una u
otra manera han sufrido precisamente nuestros connacionales en el vecino país del norte.
Desde que pasan son extorsionados precisamente por "polleros" o
"enganchadores", que no existe ninguna legislación la cual a estos señores les
siga, les siga reembolsando utilidades jugosas a sus bolsillos. No hay ninguna
legislación que prohiba, no hay ninguna legislación que se aboque a la protección de
estos indocumentados.
Por otro lado también quiero hacer la denuncia que no únicamente es el aspecto de cuando
van sino de cuando regresan. Ahora que porque no saben el Himno Nacional son 50 dólares
de "mordida". Ahora porque no tienen la mica consular son 150 dólares de
"mordida" y así se van. Nuestras autoridades aduanales tal parece ser que los
últimos días que le queda a este Gobierno lo quieren aprovechar de una manera muy
cuantitativa.
3142, 3143 y 3144
Y eso no es posible. No es posible que
las credenciales de elector que presentan nuestros connacionales al regresar sean tiradas
a la basura. No es posible que nuestros connacionales no sepan que deben de tener una mica
consular y que es de forma gratuita para que ellos puedan ingresar precisamente a nuestro
país. Algunas campesinas, algunos campesinos, que no han ido inclusive a la escuela y que
lo único que saben es arar, se les cuestiona y se les pregunta sobre el Himno Nacional.
Cuando no lo saben son enviados a Guatemala, porque se les acusa de ser guatemaltecos, de
ser salvadoreños o de ser centroamericanos.
Esto es irrisible, pero está pasando actualmente en nuestras fronteras y es por eso que
nosotros denunciamos este ilícito. Se estima que existen aproximadamente 7 millones de
migrantes de origen mexicano viviendo actualmente en los Estados Unidos y esto en realidad
no únicamente es el aspecto de que vivan, sino también las divisas que entran, que es
precisamente una fuente enorme en cuanto a lo que se trata del extranjero.
Y resulta ser que el mexicano, resulta ser que el connacional siempre va a ser flagelado.
Lo flagelan cuando pasa, lo flagelan cuando lo utilizan para el trabajo, lo flagelan
cuando le quitan, como le quitaron hace tiempo a los braceros el 10% de su cheque y que
actualmente no se los han regresado.
Y que en esta tribuna también denunciamos ese ilícito. También inclusive hicimos un
punto de acuerdo para que prontamente la comisión especial por parte de los diputados
encaremos el problema acerca del dinero que les fue retenido a los mexicanos.
Y por otro lado también cuando vienen. Cuando vienen son presas -si vienen en autobús-,
de que precisamente debas de enseñar cierta documentación y si no la tienes te
encarcelan, te quitan tu dinero o te quitan tus aparatos eléctricos.
Si vienes por medio de un vehículo te van a desvalijar todo el vehículo, porque
supuestamente están haciendo operativos. De tal suerte que para que no te lo hagan tienes
que dar otra "mordida" y otra "mordida" y no es posible que nuestras
autoridades estén realmente solapando este tipo de acciones.
Sabemos bien que Estados Unidos realmente se ha opuesto precisamente a la Corte
Internacional para lo que es la pena de muerte y lo entendemos. Dicen que es un país
racional, dicen que es un país de primera potencia; lo vamos a entender. Lo que no
podemos entender es ¿cómo es posible que nuestros mismos mexicanos, hablando
precisamente de los aduaneros, sigan extorsionando a los mexicanos que traen ese poco
dinero o mucho para sus hogares, para que vengan y precisamente vean convertido un sueño
en forma de realidad.
Nos sumamos a este punto de acuerdo, así como en la Legislatura LVI lo propuso el PRD, de
nueva cuenta nos sumamos a la propuesta de la compañera diputada y que juntos estemos
vigilando precisamente que en este retorno sea un retorno feliz para los connacionales.
Gracias, muy amables.
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la
proposición.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición que se
ha presentado.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera... Suficientemente
discutida, señor Presidente.
Consulte la Secretaría a la
Asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
En votación económica, se
pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera... Aprobado
el punto de acuerdo, señor Presidente.
Túrnese a la Comisión de
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su instrumentación.
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUJERES (II)
La Comisión de Equidad y Género
ha entregado a esta Presidencia el dictamen relativo a la Ley del Instituto Nacional de
las Mujeres.
Se instruye a la Secretaría a darle lectura.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Comisión de Equidad y Género.
A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII
Legislatura, el día 24 de octubre del año 2000, fueron turnadas para su estudio y
dictamen dos iniciativas de ley presentadas ante el pleno de la Cámara, para los efectos
constitucionales a que haya lugar. A estas iniciativas se integró una más turnada en
septiembre del año 2000 para los mismos fines y que fue presentada en la LVII
Legislatura, el 27 de abril del mismo año.
En primer término, las fracciones parlamentarias de los siguientes partidos:
Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; de la Sociedad
Nacionalista; Convergencia por la Democracia y Alianza Social, sometieron a la
consideración del pleno la iniciativa de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres el 24
de octubre de 2000.
En segundo término, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó la
iniciativa de Ley General del Instituto de la Mujer el 24 de octubre de 2000.
En tercer lugar, la Comisión de Equidad y Género de la LVII Legislatura hizo llegar a la
Comisión de Equidad y Género de la LVIII Legislatura una iniciativa presentada por la
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática el 27 de abril del año
2000, denominada "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la
Equidad y la Paridad entre Mujeres y Hombres".
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 numeral 2 fracción X, 45 numeral 6
fracción f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en
los artículos 55, 56, 87 y 88 del Reglamento Interior para el Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de las tres iniciativas
descritas, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 24 de octubre del año 2000, la
Presidencia de la mesa directiva, después de escuchar la presentación ante el pleno de
la Cámara de sendas iniciativas de ley, la primera denominada "Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres" y la segunda denominada "Ley General del Instituto de
la Mujer", dictó el siguiente trámite en ambos casos: "túrnese a la Comisión
de Equidad y Género". Por otra parte, el 27 de abril del año 2000, la Presidencia
de la mesa directiva de la LVII Legislatura, en sesión ordinaria celebrada por la Cámara
de Diputados, después de escuchar la presentación hecha por la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática sobre una iniciativa de "Ley que Crea el
Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Mujeres y
Hombres" acordó el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Equidad y
Género".
2. El propio 24 de octubre del año 2000 se dio cuenta a las y los integrantes de la
Comisión de Equidad y Género, de la presentación de las iniciativas que se describen en
el proemio de este dictamen.
3. El día 31 de octubre del año 2000, la mesa directiva de la Comisión de Equidad y
Género sesionó y posteriormente, en sesión plenaria acordó efectuar el análisis y
comentarios acerca de los asuntos turnados por el pleno de la Cámara de Diputados,
emanados de su sesión ordinaria del 24 de octubre de 2000, en torno a dos iniciativas de
ley y de manera extraoficial se dio a conocer la tercera iniciativa presentada el 27 abril
del año 2000.
4. El 9 de noviembre, en sesión plenaria de comisión, se analizaron las exposiciones de
motivos de las tres iniciativas, su organización lógica y jurídica, así como su
distribución capitular, su contenido y la estructura orgánica del organismo. Durante
este proceso, la comisión acordó tomar como base de la discusión la iniciativa de
"Ley del Instituto Nacional de las Mujeres", a la que se fueron sumando las
diversas aportaciones contenidas en la iniciativa de "Ley General del Instituto de la
Mujer" y en la iniciativa de "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de
Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Mujeres y Hombres".
También se incorporaron las valiosas opiniones externadas por diputadas y diputados
federales integrantes de la comisión, así como las de otros legisladores quienes, sin
ser miembros de la comisión, tuvieron voz para expresar con claridad sus puntos de vista.
Se otorgó un voto de calidad a la mesa directiva a fin de presentar un anteproyecto de
dictamen a la comisión. Ejercicio que se realizó en varias sesiones.
5. El 22 de noviembre se señalaron las coincidencias y se acordó sostener bajo el
procedimiento de reunión de trabajo permanente, las consultas necesarias hasta la
elaboración final de proyecto de dictamen, mismo que se puso a consideración el 23 del
mismo mes.
6. En virtud de las amplias coincidencias conceptuales y de propósitos de las iniciativas
de ley referidas, la comisión decidió examinarlas en conjunto y emitir un dictamen
unitario, que recoge los diversos puntos de vista expresados por las y los legisladores.
Por lo tanto, la Comisión de Equidad y Género, de conformidad con los antecedentes
indicados formula las siguientes
CONSIDERACIONES GENERALES
En cuanto a la naturaleza jurídica del
ordenamiento sometido a la consideración de la comisión, éste se trata de una Ley
Orgánica, por la cual se crea y define la estructura, organización, funcionamiento y
atribuciones de un organismo o entidad pública descentralizada con autonomía técnica y
de gestión.
En cuanto a la naturaleza jurídica de la entidad pública propuesta, las iniciativas de
ley presentadas coinciden en señalar que ésta debe crearse con personalidad jurídica y
patrimonio propios, capaz de promover y apoyar el pleno desarrollo de las potencialidades
humanas, políticas, económicas, sociales y culturales de las mujeres en todo el
territorio nacional, impulsando una nueva cultura de la equidad de género en todo el
quehacer de la sociedad.
Las entidades paraestatales típicas de la Administración Pública Federal se encuentran
reguladas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, si bien esta ley ha permitido
normar la operación de dichas entidades, este esquema no es del todo compatible con la
naturaleza del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo que por las funciones que
tienen encomendadas debe ser objeto de un tratamiento específico y normar sus actividades
con base en ordenamientos jurídicos propios.
Consecuentemente, se someterá a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la
iniciativa de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales para adicionar el Instituto Nacional de las Mujeres, con el fin de normar
sus actividades con base en ordenamientos jurídicos propios.
En cuanto a su denominación, la comisión determinó que el nombre de la entidad pública
debe ser el de "Instituto Nacional de las Mujeres", que aparece en la primera
iniciativa, que en lo futuro denominaremos iniciativa "A", en lugar de
"Instituto de la Mujer" o de "Instituto Nacional de la Mujer", que
aparece en la segunda iniciativa, que en lo futuro denominaremos iniciativa "B"
o "Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Mujeres
y Hombres" que propone la iniciativa presentada en la LVII Legislatura, que en lo
sucesivo será denominada iniciativa "C". El primer concepto abarca a la amplia
gama de mujeres que serán objeto de atención de la entidad, cuya pertenencia está
referida a los distintos sectores, edades y condiciones socioeconómicas y culturales de
las mismas. En cambio, la segunda denominación es de carácter general y abstracto, lo
cual produce un efecto de distanciamiento entre la institución y sus potenciales
destinatarias. En el caso de la tercera denominación se considera que el nombre propuesto
es extremadamente extenso, a pesar de abonar a la claridad de su objeto.
3145, 3146 y 3147
Las iniciativas "A" y
"B" señalan que la ley es "de orden público", lo que significa que
el legislador impide que ciertos actos particulares afecten los intereses fundamentales de
la sociedad. La iniciativa "A" adiciona en su artículo 1o. que la ley será
"de observancia general en todo el territorio nacional en materia de equidad de
género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Esta última
precisión amplía el objeto y clarifica el ámbito de aplicación territorial y material
de la ley, por lo que debe prevalecer sobre la iniciativa "B", que limita el
objeto a la creación del instituto.
La comisión determinó modificar el artículo 2o. de la iniciativa "A" para
retomar el texto propuesto en el artículo 1o. de la iniciativa "B" para quedar
como sigue: "se crea el instituto nacional de las mujeres como organismo público
descentralizado...".
La comisión modificó y adicionó el artículo 3o. de la iniciativa "A" que
resultaba limitativo en cuanto a los sujetos de la ley, para ampliarlo tanto a mujeres
como a hombres, mexicanos y extranjeros.
Se modifica en la iniciativa "A" el objeto general y se amplían los objetos
específicos, para incorporar las propuestas de las iniciativas "B" y
"C".
Por acuerdo de la comisión, se modifica la atribución contenida en el artículo 7o.
fracción VI de la iniciativa "A", a fin de que la denominación del programa
rector de la institución sea el "Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra las Mujeres".
La comisión acordó modificar el artículo 13 de la iniciativa "A" para incluir
la propuesta contenida en la iniciativa "B", para otorgar voz y voto a las y los
vocales propietarios de la junta de gobierno. Al mismo tiempo, determinó ampliar dicha
junta de gobierno con la incorporación de las personas que aparecen en la fracción II
incisos a, b, c, d y e. Adicionalmente, acordó incluir a las secretarías de Comercio y
Fomento Industrial (Economía), y de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos
(Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación); independientemente de que también
podrá invitarse, según lo requiera el orden del día, a otras dependencias del Ejecutivo
Federal.
Por acuerdo de la comisión, se modifica el artículo 17 fracción XIV, a fin de
garantizar que el informe anual se rinda ante la junta de gobierno y se invite a dicha
sesión al Presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a
los presidentes de las juntas de Coordinación Política de las cámaras del honorable
Congreso de la Unión.
La comisión acordó modificar el artículo 18 de la iniciativa "A", relativo al
nombramiento de la presidenta del instituto, quedando como sigue: El Presidente de la
República nombrará a la presidenta del instituto nacional de las mujeres de una terna
integrada por consenso que someta a su consideración la junta de gobierno.
Con base en las anteriores consideraciones generales, la Comisión de Equidad y Género
somete a la aprobación de esta soberanía el presente dictamen, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las mujeres requieren, para el desarrollo
pleno de sus potencialidades, tanto de condiciones favorables en su entorno familiar y
comunitario, como de espacios públicos, para su plena participación activa en la vida
económica, política, social y cultural del país.
En los últimos años, las mujeres han alcanzado avances más significativos que en los
siglos anteriores, tanto en la posición que ocupan en los ámbitos social y familiar,
como en su condición individual. Sin embargo, aún se mantienen injustas desigualdades de
género en su nivel de vida, motivadas por la interpretación construida que la sociedad
hace de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y los efectos negativos que
las mismas generan en las relaciones, actitudes, comportamientos, en general, en la
cultura de las personas y de las instituciones.
La falta de una cultura de equidad de género explica las razones por las que no hemos
encontrado soluciones al porqué entre las mujeres están los más de los pobres, por qué
hay mayor grado de analfabetismo en las mujeres adultas y mayor abandono escolar entre las
niñas y jóvenes. Por qué van a la primaria más niños que niñas. Por qué hay más
desnutrición femenina que masculina, por qué a trabajo igual, a las mujeres se les da
menor salario que a los hombres. Por qué son tan pocas las mujeres que ocupan cargos
públicos y privados de alto nivel decisorio y tantos otros porqués, que nos están
exigiendo respuestas.
El reto social no solamente significa mejorar la situación de las mujeres, sino también
crear las expectativas necesarias para superar esa amplia brecha de disparidades que aún
persisten. Es evidente que la falta de equidad entre hombres y mujeres, sustentada en los
atributos y valores que la sociedad asigna con base en diferencias biológicas,
anatómicas y fisiológicas, sigue permeando la estructura de muchas de nuestras
instituciones, lo que se traduce en prácticas e ideas que generan una clara situación de
desventaja social que afecta a las mujeres.
Las mujeres representan un poco más del 50% de los habitantes del territorio nacional y
su tasa de participación en la actividad económica ha venido incrementándose
significativamente en los últimos años, sin encontrarse suficiente y adecuadamente
registrada.
Al Estado mexicano, como garante del respeto de los derechos y del cumplimiento de las
obligaciones de hombres y mujeres consignados en su ley suprema, le corresponde asegurar
la observancia del principio de igualdad jurídica, circunstancia legal que debe
trascender a todos y cada uno de los sectores sociales, para que puedan convivir en
armonía.
En el caso de las mujeres, la búsqueda de la igualdad jurídica, social, económica y
familiar, sólo se puede lograr con una distribución más equitativa entre hombres y
mujeres de todas las tareas que la sociedad requiere: las tareas del hogar, las
económicas, las sociales, las científicas, las culturales, las políticas. Todas éstas
deberán ser distribuidas, no en función de una tradición ciega, sino con respeto a la
persona humana, a la decisión individual, libre e informada y a la necesaria
responsabilidad y solidaridad que la sociedad requiere de todos y cada uno de sus
miembros, para alcanzar el bienestar general. Se ha hecho manifiesta esta preocupación,
en la permanente lucha de las organizaciones de mujeres, las que han logrado hacer
visible, ante instituciones nacionales y organismos internacionales, la situación y
ubicación de mujeres respecto de los hombres, a partir de relaciones de subordinación y
de poder basadas en la construcción cultural de "lo femenino" y "lo
masculino".
Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Estado mexicano, este principio
fundamental de igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres se plasmó en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1974, mediante la
reforma de su artículo cuarto. La igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, es
un acto de justicia que se genera en la intención de eliminar la discriminación por
motivos de sexo.
A partir de esta reforma constitucional y, una vez más, como resultado de la persistente
y justa demanda de las mujeres, de combatir la exclusión, la desigualdad y la
discriminación de que son objeto, se han creado diversos mecanismos e instituciones
públicas, con el fin de promover y apoyar el avance de las mujeres. También se ha
logrado modificar diversos ordenamientos federales y estatales para superar, en campos
específicos, algunas de las desigualdades legales que las afectan, así como para apoyar
el proceso de mejoramiento de su condición de vida social y familiar.
En 1974 se estableció el Programa Nacional del Año Internacional de la Mujer, que
preparó la participación de nuestro país en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que
tuvo lugar en México, en 1975.
En 1980, dentro del Consejo Nacional de Población, se creó el Programa Nacional de
Integración de la Mujer al Desarrollo; en 1985 se instaló la Comisión Nacional de la
Mujer, a la que correspondió la preparación de la participación de México en la
Tercera Conferencia Mundial sobre el tema, realizada ese mismo año, en Nairobi, Kenia.
En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador, con el propósito de organizar las
actividades preparatorias de la participación de México en la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995.
El 8 de marzo de 1996 el Presidente de la República aprobó el Programa Nacional de la
Mujer 1995-2000 "Alianza para la Igualdad", en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo. A este programa se le dotó de dos órganos autónomos denominados consejo
consultivo y consejo social; el primero con la finalidad prioritaria de impulsar y
favorecer la participación de todos los sectores involucrados y, el segundo, para
analizar, evaluar y dar seguimiento al impacto de las acciones en beneficio de las
mujeres, desde la óptica de la sociedad civil.
Para dar cumplimiento a la aspiración nacional de promover el adelanto de las mujeres y
de atender los compromisos internacionales asumidos por México en distintos foros, el
Presidente de la República creó en 1998 la Comisión Nacional de la Mujer, integrada por
dos órganos, uno desconcentrado, denominado coordinación general y, otro, un consejo
intersecretarial. El reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, otorga a la
coordinación general amplias atribuciones en relación con la ejecución del Programa
Nacional de la Mujer y, al segundo, lo define como un organismo de consulta en la materia
y de seguimiento en la ejecución del propio programa.
En lo que corresponde al ámbito internacional, se han desarrollado diversas actividades
en los foros multilaterales, internacionales y regionales, con objeto de impulsar la
eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Tales actividades
comprenden la concertación de instrumentos jurídicos vinculantes y la celebración de
cuatro conferencias mundiales y varias regionales, de cuyas deliberaciones han emanado
programas y planes de acción.
Entre las convenciones y tratados de los que México es parte, relativos a la condición
de las mujeres, destacan la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos
de la Mujer de 1952, ratificada por México y la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981. Dentro de este esquema
encontramos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Pará", ratificada por
México en noviembre de 1998.
En la plataforma de acción de la conferencia de Pekín de 1995, se establece también que
el éxito alcanzado en el reconocimiento internacional y nacional de la igualdad jurídica
de la mujer, se enfrentó a la discriminación de hecho y a la desigual situación de la
mujer con respecto del hombre. Esto fue como resultado de factores sociales, económicos,
políticos y culturales más amplios, justificados hasta entonces sobre la base de
diferencias fisiológicas, cuando en realidad derivan de las relaciones sociales dispares
en función del sexo, lo que impide la plena y equitativa participación de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida nacional e internacional.
La declaración política y la plataforma de acción fueron aprobadas por los 189 estados
participantes, México entre ellos. La evaluación de su aplicación tuvo lugar en el
XXIII periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas
"Las Mujeres en el año 2000: equidad entre los géneros, desarrollo y paz para el
Siglo XXI", realizada en junio del presente año en la ciudad de Nueva York.
En el plano regional latinoamericano se han celebrado siete conferencias en el marco de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), enfocadas a la integración de las
mujeres al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe: La Habana, Cuba,
1977; Macuto, Venezuela, 1979; México, 1983; Guatemala, 1988; Curazao, 1991; Mar de la
Plata, Argentina, 1994 y Santiago de Chile, 1997 y, en febrero de este año, se realizó
la VIII Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, en la ciudad de
Lima, Perú".
Nuestro país, frente a los compromisos internacionales adquiridos y teniendo como marco
de su acción el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, reconoce que no obstante los
innegables logros de los diversos programas e iniciativas, aún persisten grandes
desafíos, lo que hace imperativo avanzar de manera decidida en la tarea de impulsar
acciones positivas en pro de las mujeres.
3148, 3149 y 3150
La presencia de la Comisión Nacional de
la Mujer, particularmente, de su coordinación general como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación, resulta un importante avance en el camino de
institucionalizar la gestión para la consecución de la equidad de género, entendida
ésta como el principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad
al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos
socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la
participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de
la vida social, económica, política, cultural y familiar.
Sin embargo, para dar plena vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer
el mecanismo existente en nuestro país para el adelanto de las mujeres, ubicándolo
"en las instancias más altas del Gobierno" con atribuciones claramente
definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia
para influir en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas
nacionales, así como en la formulación y examen de la legislación, es necesario
modificar las bases jurídicas de la Comisión Nacional de la Mujer.
Una eficiente articulación de las acciones gubernamentales y de otros sectores, se puede
lograr mediante la conformación de una entidad pública descentralizada, con plena
autonomía institucional, que pueda desarrollar sus funciones en planos de igualdad
jurídica con el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, municipales y en otros
ámbitos de la vida nacional. Cabe destacar que la perspectiva de género nos ofrece la
metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar sobre
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben
emprenderse para actuar sobre factores de género y crear las condiciones que permitan
avanzar en la construcción de la equidad de género.
Con base en lo anterior, se formula la presente iniciativa para la creación de un
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que
en el ejercicio de sus funciones gozará de la autonomía que se derive de esta ley,
denominado Instituto Nacional de las Mujeres. Dicho instituto se ocupará de impulsar y
fortalecer el avance de las políticas públicas, gubernamentales y de la sociedad, en
favor de la igualdad jurídica y la equidad de género. Este organismo tendrá, asimismo,
la obligación de promover, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y
programas destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y
mujeres, para asegurar en la ley y en la práctica lo dispuesto por el párrafo segundo
del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la
letra dice: "el varón y la mujer son iguales ante la ley". Como toda medida
legal afirmativa destinada a corregir disparidades, ésta tendrá la duración que la
sociedad requiera hasta garantizar la plena equidad en las relaciones entre mujeres y
hombres en nuestro país.
La iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía, está compuesta por 39
artículos divididos en nueve capítulos que se denominan: Disposiciones Generales, de la
Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de las Mujeres, del nombramiento y
facultades de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, del nombramiento y
Facultades de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Del Consejo
Consultivo y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, de la colaboración
de los tres poderes de la Unión, del cumplimiento del Programa para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación de las Mujeres, del Patrimonio, Presupuesto y Control
de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres y del Régimen Laboral,
respectivamente; así como contar con 10 artículos transitorios.
El Instituto Nacional de las Mujeres contará con un órgano de gobierno denominado junta
de gobierno, que estará presidida por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres,
en la que participarán las y los titulares de las dependencias de la Administración
Pública Federal que pueden cumplir un rol trascendente en la modificación de las
políticas públicas federales, para incorporar el enfoque de género.
Participarán representantes gubernamentales de la sociedad civil; como organizaciones no
gubernamentales promotoras del avance de la equidad y género y mujeres representativas
del ámbito académico y de las organizaciones que se hayan distinguido por su labor en
defensa de los derechos de las mujeres en la política, la economía y la sociedad.
Participarán también representantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y del
Poder Judicial de la Federación, las y los integrantes de la junta de gobierno tendrán
derecho a voz y voto.
El Instituto Nacional de las Mujeres a que se refiere esta iniciativa, tiene como
fundamento jurídico constitucional el párrafo segundo del artículo 4o. que establece
que: "el varón y la mujer serán iguales ante la ley", por lo que es preciso
proveer las disposiciones necesarias para su debida observancia.
A mayor abundamiento, el Gobierno de México, en cumplimiento a lo dispuesto por la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México
en 1981, que en su artículo 3o. establece: "los estados partes tomarán en todas las
esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y
adelanto de la mujer, con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre".
Por otra parte, el artículo 4o. párrafo primero de la Convención señala que: "la
adopción por los estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a
acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considerará discriminación,
en los términos definidos por la presente convención y no deberán en manera alguna
implicar, como una consecuencia, el mantenimiento de normas separadas de iniquidad; estas
medidas deberán interrumpirse cuando los objetivos de la igualdad de oportunidades y de
trato hayan sido alcanzados...".
Consecuentemente, con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, se promueve la
plena participación de las mujeres en el desarrollo económico y social de nuestro país,
como lo han venido recomendando reiteradamente las conferencias mundiales de la mujer, que
recomiendan el establecimiento de "...un mecanismo apropiado, con recursos y
autoridad suficiente, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de
desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres...".
Con base en lo anterior, la Comisión de Equidad y Género presenta al pleno de la Cámara
de Diputados, para su aprobación, el siguiente texto de la ley que quedaría como sigue
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LAS MUJERES
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La
disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la
República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, en los términos del artículo 4o., párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de
sus atribuciones, objetivos y fines.
Artículo 3o. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las
mujeres y hombres mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y
las y los mexicanos en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil,
idioma, cultura, condición social, religión o discapacidad; quienes podrán
participarán en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente
ordenamiento.
Artículo 4o. El objeto general del instituto es promover y fomentar las
condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato
entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su
participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.
Bajo los criterios de:
-
Transversalidad, en las políticas
públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones
coordinadas o conjuntas.
-
Federalismo, en lo que hace al
desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las
dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.
-
Fortalecimiento de vínculos con los
poderes Legislativo y Judicial tanto Federal como estatal.
Artículo 5o. Para los
efectos de esta ley se entenderá por:
Instituto: el Instituto Nacional de las Mujeres.
Junta de gobierno: la junta de gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.
Presidenta: la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
Secretaria ejecutiva: la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.
Consejo consultivo: el consejo consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres.
Consejo social: el consejo social del Instituto Nacional de las Mujeres.
Consenso: la aprobación de las tres cuartas partes de los integrantes del órgano de
gobierno.
Género: concepto que refiere los valores, atributos, roles y representaciones que la
sociedad asigna a mujeres y hombres.
Equidad de género: concepto que refiere el principio conforme al cual mujeres y hombres
acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de
la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con
la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y
familiar.
Perspectiva de género: concepto que refiere la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres
y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de
género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
equidad de género.
Artículo 6o. El instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:
I. La promoción, la protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las
niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales ratificados por México, en particular los derechos humanos y
libertades fundamentales de las mujeres. La promoción, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas y propiciar la participación de la sociedad, destinadas a asegurar
la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres;
II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones y
la concertación social indispensable para su implementación.
La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales,
municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres.
La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la
equidad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias;
III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las
mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.
La representación del Gobierno Federal en materia de equidad de género y de las mujeres
ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos
internacionales;
IV. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales:
1) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y
3151, 3152 y 3153
2) Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia: "Convención de Belem do Pará".
La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter
gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres,
procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto
de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la
equidad de género.
Artículo 7o. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la
sociedad, para alcanzar la equidad de género;
II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional de
desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la Federación;
III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas
y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos,
así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal centralizada y paraestatal;
IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada
dependencia y entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal,
así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución
de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos;
V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así
como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin;
VI. Elaborar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres, objeto de esta ley, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Evaluar el programa periódica y sistemáticamente, cuidando de su ejecución por parte de
las dependencias y entidades de los tres poderes de la Unión. Promover su ejecución en
los estados y municipios y entre los sectores de la sociedad en general y proponer
innovaciones;
VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades
federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los
sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres;
VIII. Participar, en coordinación con la dependencia competente del Gobierno Federal, en
los programas y actividades internacionales relacionadas con el objeto del instituto;
IX. Promover, en coordinación con la dependencia competente del Gobierno Federal, la
cooperación, firma, ratificación y cumplimiento de los instrumentos en el ámbito
internacional y regional relacionados con la equidad de género y las mujeres;
X. Colaborar con el Ejecutivo Federal en la difusión y seguimiento del cumplimiento de
las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países y/o con organismos
internacionales, para fortalecer las acciones en favor de la equidad de género y las
mujeres;
XI. Promover ante los tres poderes del Gobierno Federal la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las mujeres y colaborar en la definición de medidas que
contribuyan a la erradicación de esta conducta en todos los ámbitos de la vida social,
económica y política;
XII. Establecer vinculación con el Congreso de la Unión, los congresos de los estados,
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con los ayuntamientos, para impulsar las
reformas jurídicas necesarias que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio en
el ejercicio de los derechos de las mujeres;
XIII. Establecer vinculación con el Poder Judicial de la Federación y con los de las
Entidades Federativas, para impulsar acciones que en materia de impartición y
procuración de justicia, eliminen cualquier forma de discriminación contra las mujeres;
XIV. Establecer vinculación con las instancias administrativas que se ocupen de los
asuntos de las mujeres en las entidades federativas para promover y apoyar, en su caso,
las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de
oportunidades para las mujeres;
XV. Concertar y suscribir acuerdos y convenios de colaboración con organismos
gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y
la banca multilateral, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;
XVI. Promover y desarrollar el uso de metodologías con perspectiva de género para la
planeación, elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de políticas
públicas;
XVII. Propiciar las condiciones, competencias y sensibilización necesarias para legitimar
ante las instituciones del Estado la relevancia de impulsar políticas públicas con
perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de
discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para
garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos;
XVIII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales,
municipales y de los sectores social y privado, cuando así lo requiera;
XIX. Apoyar iniciativas de ley que mejoren la situación y condición económica,
política, social y cultural de las mujeres;
XX. Promover que los derechos humanos de las mujeres sean reconocidos plenamente en las
leyes respectivas, tal como han sido definidos en el plan internacional, procurando su
protección, respeto y cumplimiento;
XXI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las
mujeres, así como la difusión a nivel nacional e internacional de actividades que
beneficien a las mujeres;
XXII. Instrumentar el sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la
situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;
XXIII. Realizar, promover o auspiciar estudios e investigaciones sobre la condición de
las mujeres en los diversos campos de la realidad social;
XXIV. Participar, impulsar o realizar reuniones y eventos de intercambio de experiencias y
difusión de información, tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas
de las mujeres;
XXV. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta ley;
XXVI. Concertar acciones con instituciones federales, estatales y municipales, para la
elaboración, análisis y difusión de estadísticas desagregadas con enfoque de género,
que contribuyan a hacer visible la condición, posición y situación de las mujeres a
nivel nacional, regional, estatal y municipal, así como su contribución al desarrollo
nacional;
XXVII. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones
públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos internacionales, regionales,
gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de
género;
XXVIII. Orientar la cooperación interna e internacional, financiera y técnica en materia
de equidad de género, hacia la instrumentación de políticas públicas;
XXIX. Emitir informes de evaluación periódica de las acciones ejecutadas para el
cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres;
XXX. La actualización del diagnóstico sobre la situación de las mujeres y en relación
con los avances en la equidad de género y la igualdad de oportunidades y de trato para
mujeres ante la ley y en la práctica y
XXXI. Las demás que le señale el estatuto orgánico del instituto.
Artículo 8o. Las oficinas centrales del Instituto Nacional de las Mujeres
tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 9o. El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una junta de
gobierno,
una presidencia, una secretaría ejecutiva y las estructuras administrativas que
establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, contará con dos órganos auxiliares de
carácter honorífico, que serán: el consejo consultivo y el consejo social.
CAPITULO II
De la estructura orgánica y funcional
del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 10. El
instituto contará con los siguientes órganos de administración:
I. La junta de gobierno;
II. La presidencia;
III. La secretaría ejecutiva;
IV. El consejo consultivo;
V. El consejo social y
VI. Contraloría interna.
La presidencia y la secretaría ejecutiva contarán con las estructuras administrativas
que se establezcan en el Estatuto Orgánico del Instituto.
Artículo 11. El instituto contará con un órgano de control interno que
formará parte de su estructura.
Artículo 12. En las situaciones de orden legal no previstas en el presente
ordenamiento o en los convenios y tratados internacionales suscritos por el Gobierno
mexicano en la materia y ratificados por el Senado de la República, de conformidad con el
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera
supletoria la Ley Federal de las entidades paraestatales, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles en
lo conducente, así como los principios generales del derecho en lo que no se opongan a la
presente ley.
Artículo 13. La junta de gobierno estará integrada por:
I. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y
II. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se
mencionan a continuación;
a. Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal:
-
Gobernación;
-
Relaciones Exteriores;
-
Hacienda y Crédito Público;
-
Desarrollo Social;
-
Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca (Medio Ambiente y Recursos Naturales);
-
Comercio y Fomento Industrial
(Economía);
-
Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación);
-
Educación Pública;
-
Salud;
-
Trabajo y Previsión Social;
-
Reforma Agraria;
-
Procuraduría General de la República;
-
Instituto Mexicano del Seguro Social;
-
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado;
-
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática;
-
Instituto Nacional Indigenista;
-
Instituto Nacional de la Juventud;
-
Instituto Nacional de la Senectud y el
-
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF).
b. Un integrante por cada grupo
parlamentario mayoritario representado en la Cámara de Diputados y el mismo número en la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que tengan más del 8% de la integración
de las mismas, más un integrante de cada uno de los tres grupos parlamentarios del Senado
de la República que alcancen el mismo porcentaje.
3154, 3155 y 3156
c. Dos representantes de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal.
d. Cuatro integrantes del consejo consultivo y del consejo social, incluidas sus
titulares.
e. Diez mujeres representativas que provendrán de las siguientes organizaciones: dos
sindicalistas; dos dirigentes campesinas; dos integrantes de organizaciones no
gubernamentales, dos representantes de organizaciones empresariales, dos profesoras e
investigadoras de entidades académicas especializadas en estudios de género: una de la
UNAM y la otra del Colegio de México. En ambos casos, se tratará de mujeres
representativas en la docencia, investigación y desarrollo de programas en favor de la
equidad de género y de apoyo al conocimiento sobre la situación de las mujeres.
La junta de gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá invitar
a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales
o municipales, así como a organizaciones privadas y sociales, no comprendidas en el
artículo anterior, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones
correspondientes.
En la primera reunión, la junta de gobierno establecerán los lineamientos para designar
por consenso, de las tres cuartas partes de los integrantes, a las mujeres vocales
propietarias señaladas en la fracción II inciso e y definirá la duración de su encargo
y los casos en que podrán ser reelectas.
Los integrantes de la junta de gobierno serán suplidos por los representantes que al
efecto designen, los cuales deberán ser de nivel administrativo inmediato inferior al que
ocupen las y los vocales titulares.
En la segunda sesión de trabajo de la junta de gobierno, la presidenta del instituto
designará una secretaria técnica y una prosecretaria.
Artículo 14. Para el cumplimiento de las atribuciones del instituto, la junta de
gobierno tendrá las siguientes facultades:
I. Integrar por consenso, una terna que someterá a la consideración del Presidente de la
República, a efecto de que designe a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres;
II. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas sectoriales,
las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el
instituto;
III. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del
instituto y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de
los auditores externos;
IV. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales;
V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas
generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el instituto;
VI. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición,
arrendamiento y enajenación de inmuebles que el instituto requiera;
VII. Nombrar a las vocales propietarias a que se refiere el artículo 13 fracción II
inciso e de esta ley;
VIII. Designar y remover, a propuesta de la presidenta, a las y los servidores públicos
de los niveles administrativos inferiores al de aquélla, así como concederles permisos y
licencias;
IX. Designar y remover, a propuesta de la presidenta, a la secretaria técnica y a la
prosecretaria;
X. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales
de procedimientos;
XI. Aprobar en términos de ley, el estatuto orgánico del instituto y los apéndices
administrativos que correspondan;
XII. Fijar las condiciones generales de trabajo;
XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la presidenta,
con la intervención que corresponda al comisario;
XIV. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás liberalidades;
XV. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con
dependencias y entidades públicas;
XVI. Expedir la convocatoria para la integración del consejo consultivo y del consejo
social y
XVII. Las demás que le atribuyan esta ley y el estatuto orgánico del instituto.
Artículo 15. La junta de gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos
dos veces por año y las extraordinarias que convoque su Presidenta o cuando menos, una
tercera parte de sus integrantes.
La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles,
para sesiones ordinarias y de un día para las extraordinarias.
La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la dirección general con 48
horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias y para las
extraordinarias, 12 horas antes.
La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad
más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de las
y los vocales propietarios presentes y la presidenta tendrá voto de calidad en caso de
empate.
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno, con voz pero sin voto, la secretaria
ejecutiva del instituto; la secretaria técnica y la prosecretaria de la junta de
gobierno, así como la o el comisario público del Instituto Nacional de las Mujeres.
Los acuerdos de la junta de gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del
día, salvo supuestos de urgencia que se darán a conocer a la junta de gobierno con ese
carácter.
CAPITULO III
Del nombramiento y facultades
de la presidenta del Instituto Nacional
de las Mujeres
Artículo 16. Para ser
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se requiere:
I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II. No haber sido condenada por delito intencional alguno o inhabilitada por la
Contraloría de la Federación;
III. Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, en favor de la equidad de
género o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades
para las mujeres y demás materias objeto de esta ley y
IV. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con los
miembros de la junta de gobierno.
Artículo 17. La presidenta del instituto tendrá las siguientes facultades:
I. Formar parte de la junta de gobierno, con derecho a voz y voto;
II. Administrar y representar legalmente al instituto;
III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del
instituto;
IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la junta de
gobierno;
V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la junta de gobierno el
estatuto orgánico del instituto, así como los apéndices administrativos;
VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;
VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del instituto, para someterlo a la
aprobación de la junta de gobierno;
VIII. Ejercer el presupuesto del instituto con sujeción a las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables;
IX. Presentar a la junta de gobierno para su aprobación, los proyectos de programas,
informes y estados financieros del instituto y los que específicamente le solicite
aquella;
X. Proponer a la junta de gobierno el nombramiento o remoción de la secretaria ejecutiva
y los dos primeros niveles de servidores del instituto, la fijación de sueldos y demás
prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente
aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del
instituto;
XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad
con sus trabajadores;
XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos
propuestos;
XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia
con que se desempeñe el instituto y presentar a la junta de gobierno, una vez al año, la
evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia junta de
gobierno, escuchando al comisario público;
XIV. Someter a la junta de gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones
del instituto, invitando a dicha sesión al Presidente de la República, al presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los presidentes de la Junta de Coordinación
Política del honorable Congreso de la Unión y darlo a conocer a la sociedad mediante su
publicación;
XV. Proporcionar la información que soliciten las o los comisarios públicos propietario
y suplente;
XVI. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del instituto,
para mejorar su desempeño y
XVII. Las demás que le confiera la presente ley o las derivadas de los acuerdos de la
junta de gobierno.
Artículo 18. El Presidente de la República nombrará a la Presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres de una terna integrada por consenso que someta a su
consideración la junta de gobierno.
Artículo 19. La Presidenta durará en su cargo tres años, pudiendo ser
ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años.
CAPITULO IV
Del nombramiento y facultades
de la secretaria ejecutiva del Instituto
Nacional de las Mujeres
Artículo 20. La
presidenta del instituto propondrá a la junta de gobierno el nombramiento o remoción de
la secretaria ejecutiva, la cual debe reunir para su designación, los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las
universidades y demás instituciones de educación superior;
III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera
conocimientos y experiencia en materia administrativa y
IV. Contar con experiencia en materia de la equidad de género o de las causas de las
mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas
con las materias objeto de esta ley.
Artículo 21. La secretaría ejecutiva tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
I. Proponer a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres las políticas generales
que en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las
mujeres habrá de seguir el instituto nacional ante los órganos gubernamentales y las
organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales;
II. Someter a la consideración de la presidenta del instituto nacional proyectos de
informes anuales, así como los especiales que serán presentados a la junta de gobierno y
3157, 3158 y 3159
III. Auxiliar a la presidenta en la
administración, organización y operación del instituto, en los términos que establezca
el estatuto orgánico.
CAPITULO V
Del consejo consultivo y del consejo
social del Instituto Nacional
de las Mujeres
Artículo 22. El
Instituto contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, representativos
de la sociedad civil: un consejo consultivo y un consejo social.
Artículo 23. El consejo consultivo será un órgano asesor y promotor de las
acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Estará
integrado por un número no menor de 10 ni mayor de 20 mujeres, cuyos participantes no
percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán entre las
mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad, propuestas a la junta
de gobierno a través de las organizaciones políticas y privadas, de asociaciones
civiles, así como de instituciones académicas.
El propio consejo consultivo determinará su estructura, organización y funciones,
debiendo ser dirigido por una consejera presidenta.
Artículo 24. Las integrantes del consejo consultivo durarán en su encargo un
año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a
organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior. Al
término de su encargo, el consejo consultivo presentará un informe anual a la junta de
gobierno.
Artículo 25. El consejo social será un órgano de análisis, evaluación y
seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan
en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Esta se integrará por un número no
menor de 10 ni mayor de 20 mujeres representativas de los sectores público, privado y
social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la equidad de
género, quienes serán designadas por las organizaciones representativas de defensa de
los derechos de las mujeres y propuestas a la junta de gobierno del Instituto Nacional de
las Mujeres. El propio consejo social determinará su estructura, organización y
funciones, debiendo ser dirigido por una consejera social presidenta.
Artículo 26. Las integrantes del consejo social durarán en su encargo un año,
pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a
organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato anterior. Al
término de su encargo, el consejo social presentará un informe anual a la junta de
gobierno.
Artículo 27. El consejo consultivo colaborará con el Instituto en los casos
siguientes:
I. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones
relacionadas con el objeto de esta ley;
II. Promover la vinculación entre los responsables de las iniciativas a favor de la
equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las tres instancias de Gobierno
Federal, estatal y municipal, así como de los sectores y organizaciones de la sociedad en
general;
III. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a
favor de las mujeres y
IV. Las demás que determine el estatuto orgánico del Instituto.
Artículo 28. El consejo social colaborará con el Instituto en los casos
siguientes:
I. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y
acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres, en el marco de esta ley;
II. Cuidar del cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano a nivel nacional e
internacional;
III. Elaborar y presentar a la junta de gobierno los informes de evaluación en las
materias objeto de esta ley.
;V. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y
acciones derivados de esta ley;
V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas
de información desagregados por género de los distintos sectores de la sociedad y
VI. Las demás que determine el estatuto orgánico del instituto.
Artículo 29. El consejo consultivo y el consejo social operarán en los
términos que determinen sus respectivas normatividades internas. Los cargos de las
integrantes de ambos órganos, incluidos los de la consejera consultiva presidenta y de la
consejera social presidenta tendrán una duración de un año y serán honoríficos, con
excepción de las secretarias técnicas que formarán parte del Instituto Nacional de las
Mujeres.
CAPITULO VI
De la colaboración de los tres
poderes de la Unión.
Artículo 30. Las y los
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las y
los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los
titulares de la junta de coordinación Política de ambas cámaras del Congreso de la
Unión proporcionarán la información pertinente, en los términos de las peticiones que
el Instituto les formule y colaborarán con el Instituto Nacional de las Mujeres dentro
del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del programa
para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres.
Artículo 31. Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales
proporcionarán al Instituto la información y datos que éste les solicite, en los
términos de los acuerdos que al efecto se celebren.
Artículo 32. En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y
servidores públicos, federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, colaborarán para el logro de los fines del Instituto Nacional
de las Mujeres. Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los
organismos estatales de las mujeres, el Instituto Nacional podrá celebrar convenios o
acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para el apoyo, orientación y
promoción de los programas de carácter nacional.
CAPITULO VII
Del cumplimiento del programa para la igualdad de oportunidades y no discriminación
contra las mujeres.
Artículo 33. Las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos de
impartición de justicia federal, así como las cámaras del Congreso de la Unión, en el
ejercicio de sus atribuciones y funciones incorporarán el enfoque de género en sus
políticas, programas y acciones institucionales.
Como resultado de la evaluación del programa para la igualdad de oportunidades y no
discriminación contra las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres podrá emitir
recomendaciones para los legisladores, autoridades y servidores públicos a que se refiere
el párrafo anterior, apoyen la ejecución del citado programa.
CAPITULO VIII
Del patrimonio, Presupuesto y Control
de los Recursos del Instituto Nacional
de las Mujeres.
Artículo 34. El
Instituto Nacional de las Mujeres contará con patrimonio propio y se integrará:
I. Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector
público; las que les sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se
adquieran por cualquier título;
II. Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas
específicos;
III. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el artículo 7o. fracciones
XV, XXV, XX VII y
IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas
físicas y morales.
Artículo 35. El gasto corriente para la operación del Instituto formará parte
del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 36. La gestión del Instituto estará sometido al régimen del
presupuesto anual de la Administración Pública Federal.
Artículo 37. El Instituto Nacional de las Mujeres queda sometido a las reglas de
contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública
Federal.
CAPITULO IX
Del régimen laboral
Artículo 38. Las
relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por el apartado A
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 39. Las y los trabajadores del instituto quedan incorporados al
régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En tanto se nombra a la presidenta prevista en el artículo 18 y a las
vocales propietarias señaladas en el artículo 13 fracción II, inciso e; las anteriores
no se considerarán integrantes del órgano de gobierno.
Tercero. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que
actualmente cuenta la coordinación general de la Comisión Nacional de la Mujer, como
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del
organismo autónomo descentralizado denominado Instituto Nacional de las Mujeres,
preservándose los derechos de los trabajadores de la coordinación general.
Cuarto. Las y los actuales funcionarios y servidores públicos de la
coordinación general de la Comisión Nacional de la Mujer permanecerán en sus cargos
hasta que se haga la designación correspondiente de la presidenta, conforme a lo
dispuesto por esta ley.
Quinto. La junta de gobierno del instituto deberá quedar constituida en un plazo
no mayor de 60 días, contados a partir de la vigencia de este ordenamiento;
Sexto. Para el nombramiento de la presidenta del Instituto Nacional de las
Mujeres, la junta de gobierno hará la presentación de su propuesta en los términos del
artículo 18 de esta ley, dentro de los 90 días siguientes a aquél en que esta ley entre
en vigor.
Séptimo. El consejo consultivo y el consejo social creados mediante decreto del
Poder Ejecutivo Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de Mujer 1995-2000, de
fecha 8 de marzo de 1996, los que han venido operando en virtud de su representatividad
social, continuarán desempeñando sus funciones.
Octavo. La junta de gobierno aprobará y expedirá el estatuto orgánico del
instituto en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de su
instalación.
Noveno. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la
presente ley, así como el capítulo relativo a la Comisión Nacional de la Mujer, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobemación, publicado en el Diario Oficial de
la Federación, el 31 de agosto de 1998.
Décimo. Se abroga el decreto del Ejecutivo Federal por el que se aprueba el
Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de marzo de 1996.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, a 27 de noviembre de 2000.- Suscriben el
presente dictamen de iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, por la Comisión de
Equidad y Género de la Cámara de Diputados, firman las diputadas y los diputados
federales: Concepción González Molina, presidenta; Olga Haydee Flores Velásquez;
Silvia América López Escoffie; María del Rocío García Gaytán; María de los Angeles
Sánchez Lira, secretarias; Moisés Alcalde Virgen, Esveida Bravo Martínez, Nelly Campos
Quiroz, Pedro Pablo Cepeda Sierra, María Elena Chapa Hernández, Rosa Delia Cota
Montaño, Maricruz Cruz Morales, Genoveva Domínguez Rodríguez, María de las Nieves
García Fernández, Josefina Hinojosa Herrera, Victoria Ruth Sonia López Macías, Martha
Patricia Martínez Macías, Leonila Alba Méndez Herrera, Magdalena del Socorro Núñez
Monreal, Griselda Ramírez Guzmán, Silvia Romero Suárez, Maricela Sánchez Cortés,
Martha Silvia Sánchez González.»
3160, 3161 y 3162
Gracias, señora Secretaria.
Es de primera lectura y públiquese nuevamente en la Gaceta Parlamentaria.
LEY PARA LA INSCRIPCION DE VEHICULOS
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (II)
Esta Presidencia informa a la
Asamblea que se encuentra una delegación de representantes de diversas organizaciones
sociales que solicitan entrevistarse con diputadas y diputados federales con motivo de la
minuta sobre vehículos de procedencia extranjera. Se solicita a los grupos parlamentarios
designar a dos representantes, cada uno, para atenderlos.
ESTADO DE NUEVO LEON
Tiene la palabra el diputado José
Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre la Fundidora de Monterrey y su objeto de
desincorporación, hasta por 10 minutos.
| El diputado José Manuel del Río Virgen: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros Diputados:
A nombre de un grupo de diputadas y de diputados de diferentes partidos, me permito
presentar el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
El 11 de marzo de 1988 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el decreto presidencial en el que se establecía que el
Gobierno del Estado de Nuevo León había elaborado el plan directo del area metropolitana
de Monterrey, con objeto de llevar a cabo un programa de desarrollo urbano del citado
centro de población, en el cual se contemplaba el establecimiento del Parque Museo
Tecnológico y Centro de Exhibiciones, en respuesta a la demanda de la población
neoleonesa de mejorar el entorno y prevenir la contaminación ambiental.
Para tales efectos se declaraba de utilidad pública la conservación y mejoramiento de la
superficie que ocupaba la planta de la empresa Fundidora de Monterrey, Sociedad Anónima.
El 6 de septiembre de 1998 el Congreso aprobó por unanimidad el decreto por el cual se
desafectaban del patrimonio del Estado las 113.7 hectáreas de la fundidora y se
autorizaba la enajenación de las áreas indispensables para la ejecución del proyecto
del Parque Museo Tecnológico y Centro de Exhibiciones, autorizando al Poder Ejecutivo
para crear un fideicomiso público con la aportación del bien inmueble.
Con fecha 4 de noviembre de 1988 se registró la escritura número 22201 en donde se hace
constar el acto constitutivo del Fideicomiso de interés público denominado Parque
Fundidora que otorga poder como fideicomitente al Estado de Nuevo León, representado por
el gobernador, como fiduciario al Banco Mercantil del Norte y como fideicomisarios a las
personas físicas o jurídicas que designe con tal carácter el comité técnico o el
propio fideicomitente.
En esa escritura se establecen los fines y obligaciones del fideicomiso los cuales son,
entre otros: la creación de un parque con sus jardines que será patrimonio ecológico de
todos los neoleoneses y servirá de pulmón urbano para el área metropolitana de
Monterrey. Constará de una gran zona de bosque en el cual se incluirá una arborización
densa y una vegetación adecuada para áreas de descanso, juegos infantiles y andadores;
para la recreación y esparcimiento de la población, además de áreas de lagos y fuentes
y otros para exposición de obras de artistas nacionales y extranjeros.
Sin embargo, a pesar de tener perfectamente definidos los objetivos y fines del
fideicomiso del Parque Fundidora, en el mes de enero del presente año se hacen públicas
las versiones de la presunta autorización por parte del gobierno del Estado para la
construcción e instalación de una pista para la Serie Kart de Automovilismo a favor de
la empresa Femsa e inversionistas extranjeros.
Como se desprende claramente del marco jurídico transcrito, el gobierno del Estado de
Nuevo León, a 10 años de haber firmado el contrato de adquisición a título gratuito,
de la antigua fundidora, no ha cumplido con las obligaciones contraídas a excepción de
Cintermex; aún más, su incumplimiento lo ha colocado en la causal que permite al
Gobierno Federal revertir a su patrimonio el bien donado con todas sus mejoras y
accesiones.
Ante esta situación se constituyó el comité pro defensa del Parque Fundidora con grupos
ambientalistas y organizaciones no gubernamentales con objeto de integrar la defensa
contra la anunciada construcción de un autódromo y en pro del pulmón ecológico en
dicho parque, por lo que se solicitó al Congreso se investigara dicha construcción en
terrenos de utilidad pública, señalando que son terrenos donados al pueblo de Nuevo
León y no para que se beneficie al sector empresarial con el afán de atraer dólares
para unos cuantos, por encima del derecho constitucional, que todos los habitantes tienen
para disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, señalando que la
decisión agravaría el déficit de 7 mil 500 hectáreas de áreas verdes que padece el
área metropolitana de Monterrey.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, nos preguntamos: ¿con qué
fundamento legal, con qué facultades el gobierno del Estado ha permitido que parte de los
terrenos del Parque Fundidora se destinen a fines ajenos a su vocación y a los objetos
descritos en los instrumentos jurídicos por el suscrito?
Reiteramos nuestra demanda de que el gobierno del Estado si ha de legitimarse lo haga con
el apoyo de la sociedad civil.
Por ello nos oponemos a la construcción de una autopista de alta velocidad en el interior
del Parque Fundidora, así se diga que tendrá un carácter temporal y declaramos que
puede ser causa potencial de graves daños al ambiente, además de que pone en riesgo la
seguridad vial y no contribuye a la salud de los habitantes del área metropolitana en
Monterrey; legalidad, legitimidad y defensa del medio ambiente deben de respetarse.
Consideramos que juntos, Estado y sociedad, podemos conseguir la difícil conciliación
del interés público con el interés privado, así como una vida para la población
dignificada por un desarrollo urbano acorde con la consecución del bien social, tarea
insoslayable de un legítimo gobernante siempre que de parte de éste haya una clara y
manifiesta voluntad política.
Por lo anterior, proponemos los siguientes puntos de acuerdo los diputados María
Teresa Campoy, del Partido Verde Ecologista; Beatriz Patricia Lorenzo, del
Partido de la Alianza Social; Silvano Aureoles, del PRD; José Narro,
del PT; Librado Treviño, del Partido Revolucionario Institucional; José
Antonio Calderón, del PAS y el de la voz, de Convergencia por la Democracia, lo
siguiente:
Se retoma el espíritu del decreto del 11 de marzo de 1988 por el que se declara de
utilidad pública la conservación y mejoramiento de la superficie que actualmente ocupa
la planta de la empresa Fundidora Monterrey, Sociedad Anónima, en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, así como la construcción del Parque Museo Tecnológico, Centro de
Exhibiciones, que se hagan públicos los contratos y los proyectos que se han establecido
en Serie Kart y Femsa.
Aclaramos que no nos oponemos a la idea de construir un lugar de espectáculos o deportes
para la Serie Kart; entendemos que derramaría recursos económicos para el bien del
pueblo de Nuevo León; tampoco nos oponemos a que nuestro corredor, Adrián Fernández,
venga a México con las mejores intenciones a correr un premio de esta naturaleza y lo
gane, siempre y cuando se encuentre un espacio susceptible de apropiación privada cuyo
uso y destino del suelo sea compatible con la actividad empresarial y con la mejoría de
las condiciones en que vive el pueblo de Nuevo León.
Por último, solicitamos que este punto de acuerdo se presente ante la Semarnap para que
esta dependencia participe como entidad normativa en la solución del problema.
Hago entrega de esta proposición con punto de acuerdo para que sea enviada a la comisión
correspondiente y desde luego a la Semarnap.
Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.
Gracias, señor diputado.
Ha solicitado el uso de la palabra sobre el mismo tema, el diputado Jesús Mario Garza
Guevara, del Partido Acción Nacional.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos.
| El diputado Jesús Mario Garza Guevara: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Compartimos la preocupación de que una ciudad industrial como es Monterrey requiera en su
desarrollo atender los asuntos humanos incluyendo, mas no limitándose, a los aspectos
ecológicos; por tal motivo es pertinente enriquecer el punto de acuerdo que presentó el
diputado que me antecedió para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
tenga una visión integral al momento de dictaminar ese punto, por lo que complementamos
la anterior intervención con los siguientes argumentos:
La fundidora de fierro y acero en la ciudad de Monterrey, en sí ha sido por ya casi un
siglo símbolo de identidad para nosotros los regiomontanos; inició en 1901 las
operaciones de su alto horno número uno y no fue sino hasta 45 años después cuando se
estableció en otro país latinoamericano, en Brasil, el siguiente horno.
Fue doloroso ver hace 14 años, que la primera fundición de fierro y acero de América
Latina, edificadora de la primera clínica para trabajadores industriales, de las primeras
viviendas obreras, del primer parque deportivo popular de nuestra ciudad, tuvo que cerrar
sus actividades para honrar esa tradición; los regiomontanos queremos y estamos obligados
a fortalecer su identidad como un pueblo de desarrollo turístico nacional e internacional
dentro del centro urbano que es Monterrey.
Como ciertamente menciona el diputado Del Río Virgen, el objeto del fideicomiso Parque
Fundidora, fue dotar al pueblo neoleonés de un gran parque densamente forestado, con
espacios culturales, deportivos y de fomento económico, algunos de estos componentes ya
están construidos, como es el Centro Internacional de Negocios Cintermex; un centro
Hotelero con dos hoteles cinco estrellas; un parque de diversiones "Plaza
Sésamo"; un auditorio con capacidad de 20 mil espectadores; el Parque de Beisbol
"Acero", sede de las ligas pequeñas de la República Mexicana; una cineteca y
en proceso de construcción, la arena "Monterrey", la pinacoteca estatal y el
sistema de sincronización del transporte del área metropolitana, entre otros.
Todas estas instalaciones, a la altura de las ciudades más desarrolladas del mundo y con
los parámetros de éstas, lo que significa que han sido realizadas en beneficio y
desarrollo integral de los regiomontanos y de quienes en otros lares nos honran con su
visita, sin sustancialmente alterar el medio ambiente.
El proyecto de la pista para la Serie Kart no solamente evita dañar la ecología, sino al
contrario busca brindar beneficios, porque pues aunque es cierto que la combustión de los
carros de alta potencia utilizados en este tipo de competencias generan contaminación,
ésta será una vez al año por un periodo de tres días y decimos beneficia la calidad
del aire porque el proyecto incluye la forestación con 13 mil árboles y arbustos,
además de cubre pisos, plantas de ornato, sumados a grandes cuerpos de agua, colados
artificiales y fuentes, cuidando la captación y absorción para la recarga de estos
acuíferos.
Estos recursos a instalar no permanecen sólo tres días, sino que sus beneficios serán
permanentes,
Es importante destacar que además se recuperen 20 hectáreas del parque anteriormente
comprometidas, para sumar 75 hectáreas reforestadas a utilizar en el monumental Parque
Histórico Fundidora, museo del sitio de arqueología industrial.
Asimismo debemos considerar experiencias anteriores como fue el caso de la ciudad de
Toronto, donde un grupo de ciudadanos hace 14 años repudiaron que esa ciudad canadiense
fuera sede de un evento de la Serie Kart. Con el paso de los años el evento se ha
convertido en un orgullo de sus habitantes, lo que demuestra con la siguiente cita sacada
del periódico The de Mail de aquella localidad:
"Hace más de una década Toronto era conocida por sus bellos lugares, pero ahora no
sólo es así, sino que en la temporada de verano los hoteles son abarrotados por turistas
que llegan deseosos de presenciar la carrera Kart, lo que genera una derrama millonaria,
cuando irónicamente en el pasado hubo gente que se opuso a la carrera."
3163, 3164 y 3165
El desarrollo del Parque Fundidora
siempre ha sido consciente de la preponderancia ecológica que sus áreas verdes
representan para la ciudad, consideración respetada a la construcción de Cintermex, de
"Plaza Sésamo" y demás, sin que la construcción de la pista para la sería
Car sea la excepción, porque nuestro deseo es que el Parque Fundidora sea un sitio ideal
para el esparcimiento de las familias neoleonesas, una importante atracción turística,
un lugar para espectáculos, verbenas populares, un pulmón para la ciudad y sobre todo un
equipamiento trascendente para Nuevo León, donde se fortalece nuestra identidad con
ciencia y conocimiento de nuestra historia industrial, al tiempo que se promoverá la
cultura ecológica de cara al tercer milenio.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social.
ESTADO DE VERACRUZ
Tiene la palabra la diputada
Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar
una proposición con punto de acuerdo sobre la situación del Movimiento Nacional de los
400 Pueblos.
Tiene la palabra hasta por 10 minutos.
| La diputada Rosalía Peredo Aguilar: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios presentamos el siguiente punto
de acuerdo, con el propósito de que el problema planteado por integrantes del Movimiento
Nacional de los 400 Pueblos tenga una respuesta definitiva que dé solución a las
demandas que se nos han formulado.
Con fecha 5 de octubre se presentó ante esta soberanía un contingente de la
organización denominada Movimiento Nacional de los 400 Pueblos; dicho contingente fue
recibido en el módulo de información, gestoría y quejas de esta Cámara de Diputados y
en la misma estuvieron presentes diputados de los diferentes grupos parlamentarios
representados en esta soberanía. No obstante las gestiones realizadas por los diputados
integrantes de dicha comisión, el problema aún subsiste. Es cierto que se tuvo una
entrevista con el gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Alemán, para solucionar el
problema de la tenencia de la tierra; sin embargo ha persistido el clima de hostigamiento
y de conculcación de las garantías fundamentales en perjuicio de los integrantes de
dicha organización.
Debemos recordar cómo el pasado 16 de julio fue disuelta una movilización de campesinos
que acudieron a la ciudad de Jalapa, con el propósito de solicitar la solución al
problema del rezago agrario.
Como resultado de dicho enfrentamiento perdieron la vida la ciudadana Rosa Cruz Hernández
y José Pérez Pérez. De estos hechos se levantó la averiguación previa en la agencia
del Ministerio Público de Alamo, Veracruz.
Es de destacarse que de los resultados de dicha averiguación previa no se ha detenido a
persona alguna de los agresores; lo cual nos hace temer que en el Estado se propicie un
clima de impunidad en contra de quienes luchan por la defensa de sus derechos.
Compañeras y compañeros diputados: en consecuencia y con fundamento en lo que establece
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos sometemos a su consideración el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Artículo primero. La
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión integre una comisión especial que coadyuve
con el gobierno del Estado de Veracruz y las autoridades de la Secretaría de la Reforma
Agraria, al igual que con la Organización Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, con el
propósito de que se finiquite el problema agrario que tiene esta organización.
Artículo segundo. Para que la comisión en comento intervenga ante las autoridades del
gobierno del Estado, para que el menor Joaquín Pérez Luna, quien injustamente se
encuentra privado de su libertad, no obstante ser menor de edad, sea trasladado de la
cárcel de Alamo, Veracruz, Temapache, al Consejo Tutelar de Menores con sede en la ciudad
de Jalapa, o en su caso al más cercano al domicilio de los padres, por cierto extintos,
del menor, siendo él de Banderilla, Veracruz.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de noviembre del año 2000.- Diputados:
Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática; Nicasia
García Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México; Jorge Rodríguez
Pasos, y Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.»
Muchas gracias.
|
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia |
Muchas gracias a la diputada
Rosalía Peredo Aguilar.
Tiene la palabra para el mismo tema, la diputada Nicasia García Domínguez, del
Partido Verde Ecologista de México.
| La diputada Nicasia García Domínguez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
La Cámara de Diputados como responsable de la voluntad popular necesaria para la
estabilidad en el país, debe afrontar los retos que se le presentan, sobre todo si éstos
nos permiten mejorar las condiciones en que se encuentran miles de mexicanos.
En el México moderno existen organizaciones campesinas e indígenas de carácter
nacional, estatal, municipal y local que desarrollan diversas acciones para defender sus
derechos y que deben ser valoradas en el proceso democrático del país, a fin de que sus
intereses se tomen en cuenta en cualquier proyecto que intente el desarrollo, para elevar
las condiciones de vida y eliminar las condiciones de extrema pobreza de estas
poblaciones.
El movimiento campesino e indígena está conformado por diversas expresiones: pueblos,
ejidos, localidades, municipios, sociedades productoras y muy recientemente asociaciones
de recidentes en las ciudades a donde inmigran.
Uno de estos movimientos que hoy nos ocupa tienen sus orígenes en Veracruz, me refiero al
Movimiento de los 400 Pueblos, el que desde hace muchos años ha sufrido de constantes
injusticias y un abandono por parte de las autoridades para resolver sus demandas con
prontitud, como el caso del menor de edad Joaquín Pérez Luna, el cual, después de ser
objeto de una averiguación previa y un juicio sin las garantías de imparcialidad y de
justicia, fue remitido a un centro de readaptación social para que cumpliera el castigo
impuesto por la autoridad, situación por demanda irregular y que por su condición de
menor debió haber sido trasladado al Consejo Tutelar de Menores en el Estado. Así como
también no conocer con la realidad de su posesión de sus tierras.
Por lo anterior, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos de gran
importancia que las autoridades correspondientes den una solución justa a las demandas
del Movimiento de los 400 Pueblos.
¿Hasta cuándo serán escuchados y atendidos los pueblos en sus demandas?
Estaremos siempre y para siempre esperando que haya justicia de nosotros las mexicanas y
mexicanos depende.
Gracias.
Muchas gracias a la diputada Nicasia
García Domínguez.
En el mismo tema tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José
Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado José Francisco Yunes Zorrilla: |
Muy buenas tardes; con su permiso,
diputado Presidente:
Voy a aprovechar este espacio y este tiempo, el cual pedí con la causa de rectificación
de hechos para dirigirme a ustedes, señoras y señores diputados, con respecto al tema
que en este momento nos ocupa, es el tema del Movimiento de los 400 Pueblos que tiene como
escenario mi Estado, que es el de Veracruz.
Y quisiera dividir esta participación principalmente estructurándola en tres vertientes.
En primer lugar dejar perfectamente claro la posición del Partido Revolucionario
Institucional, no tan sólo de ahora sino a través de su historia con respecto a los
movimientos agrarios y con respecto a la reivindicación de los pueblos indígenas.
Hay muchísimos antecedentes y hay muchísimos elementos que sostienen estas palabras y en
este sentido el Partido Revolucionario Institucional en sus representaciones populares
como en su forma de gobierno, ha tratado siempre de responderles a estos grupos tan
importantes de la sociedad. En este sentido lo volvemos a ratificar.
En segundo lugar hacer de manera muy respetuosa algunas precisiones con respecto a unos
hechos vertidos hace un momento desde esta tribuna.
Hay que comentar que se están hablando de dos acontecimientos completamente distintos y
me atrevería a decir que son tres acontecimientos distintos en su origen y distintos en
tiempo.
Hubo el pasado 12 de julio, desde las 5:00 de la mañana, una interrupción en la
carretera que comunica a la ciudad de Veracruz con la ciudad fronteriza de Tamaulipas.
Este bloqueo de las vías generales de comunicación fue levantado con estricto apego al
marco de derecho. En este sentido, la Policía Federal Preventiva comunicó del bloqueo a
la Agencia del Ministerio Público con sede en Poza Rica, el licenciado César Salas.
En segundo lugar, la agencia del Ministerio Público pidió a la Policía Judicial Federal
que fuese a determinar con sus propios ojos si la noticia que daba la Policía Federal
Preventiva era correcta y en función de que se cumplieron todas estas observaciones a
través del procedimento jurídico la agencia de Ministerio Público solicitó la
intervención de seguridad pública para tratar de que el desalojo y el desbloqueo de esta
importante carretera pudiese observarse en estricto apego a los derechos individuales de
quienes ahí estaban manifestándose.
Esto sucedió con fe pública, esto sucedió como da cuenta el notario José Luis Ortega,
con demarcación en Papantla, en la notaría número cinco, sin que hubiese ningún tipo
de sobresalto y sin que hubiese ningún tipo de agresión. Este es un hecho.
Señoras y señores diputados, hay otro hecho: éste fue el lamentable homicidio de tres
personas, algunas mujeres, en otro municipio del Estado de Veracruz, que es el municipio
de Alamo en una congregación que se llama San Fernando, que no tiene vinculación con
este hecho y cuyos actos y acciones ya dan cuenta en la Procuraduría de Justicia del
Estado de Veracruz y en donde ya hay responsables y en donde ya hay detenidos.
Con esto simple y sencillamente quiero por último aprovechar su atención, señores
diputados, y reflexionar brevemente acerca de un tema importantísimo con respecto a
nuestra función y con respecto a lo que nuestras palabras y nuestras acciones pueden
generar en la vida social de este país.
Me parece sustancial el que nos organicemos para hacer una defensa exhaustiva de los
derechos individuales de todo ser humano, independientemente de su origen; pero también
de que nos organicemos para que bajo ninguna circunstancia y en ningún momento se pueda,
con el entendido de defender los derechos de terceros, perjudicar a terceros también.
Yo vengo de un municipio en donde ha sido visitado por la Organización de los 400
Pueblos. Yo vengo de un municipio que es Perote, Veracruz, la parte alta del Estado, la
casa de todos ustedes. Es un municipio que se caracteriza por altas temperaturas y yo vi
llegar ahí procesiones, en diciembre, de más de 1 mil 500 personas en condiciones
deplorables; yo vi como los 400 Pueblos llegaron ahí, tomaron el parque de la ciudad, mal
comieron, pasaron una noche completamente insoportable en términos del frío; la mayoría
de ellos provenían de municipios de tierra caliente y sin embargo no vi ahí a ninguno de
sus líderes ni durmiendo con ellos ni caminando con ellos.
3166, 3167 y 3168
Yo lo que quiero dejar aquí de manera
sumamente respetuosa, es el de reflexionar acerca de si lo que queremos con este tipo de
intervenciones es realmente defender los derechos, las prerrogativas de nuestros
conciudadanos o si queremos seguir alimentando y promoviendo este tipo de liderazgos y
este tipo de acciones que a través de la presión, independientemente de sus orígenes,
lo único que hacen es romper con el estado de derecho.
En Veracruz no hubo una posición arbitraria por parte del gobierno del Estado de
Veracruz, como lo reflejan los hechos y después de todo esto y agradeciéndoles su
atención y el exceso de la misma por el tiempo que ocupé, me despido quedando a sus
órdenes.
Gracias, al diputado José
Francisco Yunes Zorrilla.
Túrnese el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.
Esta Presidencia informa a la Asamblea que el punto de acuerdo para que las secretarías
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Salud, se aboquen a resolver el grave
problema de contaminación y salud pública en el municipio de Torreón, Coahuila, a
petición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se pospone para una sesión
futura.
Que el punto de acuerdo sobre la reducción del precio del gas que formularía el Partido
Revolucionario Institucional, a petición de este grupo parlamentario, también se pospone
para una sesión futura.
MAIZ
El siguiente punto del orden del
día es el punto de acuerdo sobre el apoyo a los productores de maíz en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2001.
Para formular este punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Juan Manuel
Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
| El diputado Juan Manuel Martínez Nava: |
Con su permiso, diputado
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En este mes de noviembre comenzaron los campesinos mexicanos a levantar su cosecha de
maíz; sin embargo, difícilmente obtendrán una adecuada retribución por su inversión y
su trabajo, ello se debe a que dese 1994 han caído los precios del maíz mexicano por la
entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio con América del Norte.
Antes del Tratado de Libre Comercio los agricultores mexicanos recuperaban su inversión y
obtenían cierta ganancia por el cultivo del maíz, pero el TLC ignoró las diferencias y
enormes asimetrías entre los productores norteamericanos y la gran mayoría de los
agricultores mexicanos, por los diferentes tamaños de las unidades de producción, por
las diferencias en tecnología, maquinaria y rendimientos logrados a cada frontera y por
las grandes diferencias en los apoyos y subsidios gubernamentales a los productores.
En la página de Internet del mes de noviembre del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, se lee que el presente año el gobierno norteamericano erogó una cifra
récord de apoyo a los granjeros de ese país que ascendió a 28 billones de dólares.
Especialistas en el tema indican que los altos subsidios generan una distorsión en las
cotizaciones internacionales de los granos, en detrimento de la agricultura de países con
presupuestos menos fuertes.
De manera que a partir de 1994 el TLC abrió la competencia súbita e incondicional entre
productores desiguales y desde entonces hasta ahora han caído los precios del maíz
mexicano.
Las importaciones de maíz autorizadas por la Secofi, incluso por encima de los volúmenes
previamente acordados, han garantizado que prevalezca en el mercado el precio del maíz de
importación y con frecuencia han dificultado la venta de una parte de la cosecha
mexicana. La situación ha llegado a tal grado que los productores promedio, que son
mayoría, difícilmente recuperan su inversión, que es de alrededor de 4 mil 500 pesos
por hectárea, pues si el precio que se está pagando por tonelada de maíz es 1 mil 300
pesos y se obtienen en promedio tres toneladas por hectárea, reciben 3 mil 900 pesos de
ingresos contra 4 mil 500 de gastos, un déficit promedio de 600 pesos por hectárea.
A siete años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, en el campo mexicano, con el solo
influjo del mercado, no ha habido el cambio estructural que se pretendía ni el grueso de
la agricultura mexicana se ha modificado para competir en términos de equidad con la
norteamericana.
El mercado libre, supuestamente también libre de subsidios, en particular para la
exportación, no ha distribuido adecuadamente los recursos al campo y menos aún lo ha
hecho para los segmentos más tradicionales y pobres de la agricultura mexicana. En
México simplemente se ha desmantelado el marco institucional y de instrumentos públicos
que atendían y apoyaban al campo.
Es necesario, por tanto, que se reconozca que hay una parte del capítulo agropecuario del
Tratado de Libre Comercio que fue desventajosa para los productores mexicanos y también
es necesario que se revise y se revalore el lugar secundario y subordinado que hoy se le
ha asignado a la agricultura en la estrategia del desarrollo económico nacional.
Como todos sabemos, durante muchos años el campo mexicano y el maíz fueron palanca de
apoyo al crecimiento de los otros sectores de la economía, pues permitieron generar
excedentes con los que en buena medida se financiaron estos últimos. Hoy existen en
México alrededor de 2.5 millones de productores de maíz, que junto con sus familias
suman 12 millones de personas.
Los promoventes de este punto de acuerdo le pedimos a los diputados de la nación que
apoyemos más al campo y a los productores rurales de nuestro país, que en las políticas
y programas de apoyo a la producción y comercialización del maíz mexicano, por lo menos
sean suficientes para evitar o compensar las pérdidas que ahora registran y que se
revisen las políticas que han relegado al campo y a los productores rurales dentro de la
estrategia económica nacional.
Pedimos y proponemos más apoyos para el campo y los campesinos mexicanos, ejidatarios y
pequeños propietarios, cuyos esfuerzos productivos en las décadas anteriores apoyaron la
transformación económica del país y hoy merecen una mejor recompensa por su trabajo, el
cual está siendo injustamente castigado por las circunstancias descritas.
También pedimos que se corrijan las desventajas del capítulo agropecuario que
comprometió incondicional y desventajosamente la parte más vulnerable de la economía
mexicana, en un tratado que asocia como iguales a dos países desarrollados y a uno
subdesarrollado.
«Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta
soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se recomienda
al actual titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de las dependencias
correspondientes y a quienes ocuparán estos cargos en el gobierno que iniciará sus
funciones el próximo 1o. de diciembre, promover la revisión de los actuales términos
del capítulo agropecuario del TLC, para que se reconozcan, asuman y ponderen las
evidentes diferencias entre los productores de México y Estados Unidos para dar lugar a
mecanismos y medidas amortiguatorias y compensatorias y revalorar el lugar que se ha
asignado al campo mexicano, considerando su diversidad social y productiva en la
estrategia de desarrollo nacional.
Revisar la práctica de las autorizaciones de importación de maíz por parte de la Secofi
o como en lo sucesivo se denomine, con la finalidad de que la importación de este
producto norteamericano sea estrictamente complementaria a la producción nacional.
Conservar e incrementar las actuales políticas de fomento y poner en práctica otras
medidas complementarias o compensatorias para apoyar la producción y comercialización de
los productos agrícolas y que programas como Alianza para el Campo y Aserca, adscritos a
la Sagar o como en lo sucesivo se le denomine, amplíen e incrementen su apoyo a los
agricultores de todas las entidades federativas productoras de maíz, de manera que éstos
reciban una mejor recompensa por su trabajo en el campo.
Segundo. Se exhorta a los integrantes de las comisiones de Comercio y
Fomento Industrial, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Cuenta Pública de esta
Cámara de Diputados, a que otorguen su apoyo a las presentes recomendaciones.
Tercero. Se pide a la Secofi y a las instancias previstas en el TLC, que tengan
presentes estas recomendaciones al autorizar la importación de granos y que efectivamente
tomen en cuenta la opinión de una amplia gama y representativa de productores nacionales
de maíz para determinar los volúmenes y periodos de importación del grano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2000.- Diputados: su
servidor Juan Manuel Martínez Nava, Enrique Martínez Orta Flores, Julián Luzanilla
Contreras, Ismael Estrada Colín, Antonio Silva Beltrán Reyes, Rodolfo González Guzmán,
Augusto Gómez Villanueva, Gerardo Sosa, Raúl González Villalva, Pedro Miguel Rosaldo,
Rafael Sergio Maldonado, Ricardo Moreno Bastida, José Narro Céspedes, Petra Santos,
Rosalía Peredo, Timoteo Martínez Pérez, Emilio Ulloa, Jaime Alcántara Silva, Roberto
Domínguez Castellanos, Maricela Sánchez, Rubén García Farías, Jesús de la Rosa,
José Manuel del Río, Ranulfo Márquez, María Rosario Oroz, Jesús Dueñas y Tomás
Ríos Bernal.»
Son 66 firmas de diputados de 22 entidades de nuestro país y de cinco partidos
políticos: PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia por la Democracia.
Hago entrega, señor Presidente, de esta propuesta a la Secretaría.
Muchas gracias.
Ha solicitado la palabra el
diputado Francisco Esparza Hernández, del Partido Acción Nacional, hasta por
cinco minutos y posteriormente el diputado Riojas, tiene la palabra también.
| El diputado Francisco Esparza Hernández: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
Por supuesto que los diputados del Partido Acción Nacional estamos de acuerdo en apoyar a
los productores del maíz. Seré muy breve. Las razones ya las dijo el diputado del PRI
que me antecedió aquí en esta tribuna.
Los motivos para apoyarlos son muchos, sin embargo solamente voy a mencionar dos:
Primero, que más de 2 millones de campesinos viven de esta actividad, trabajan en el
cultivo, en la producción del maíz y
Segundo, porque es un alimento básico y necesario, totalmente necesario para nuestro
pueblo.
Señoras y señores diputados: nos damos cuenta que en el Tratado de Libre Comercio,
firmado en 1993, se plasma el tratamiento que se dará a las importaciones de maíz. Se
habla en el mencionado tratado, de la importación de alrededor de 2 millones y medio de
toneladas de maíz sin arancel y lo que importe arriba de este cupo, podrá ponérsele un
arancel hasta un 215% ad valorem. Estas importaciones que se han estado haciendo al maíz
forrajero, se han estado utilizando para el consumo humano; situación por lo demás
irregular porque mucha veces se trata de maíz cosechados con alta humedad y que tienen un
contenido muy alto en toxinas; causando daño grave a quienes lo consumen.
Sumándonos al pedimento o propuesta del compañero del PRI, pedimos que el Ejecutivo que
tomará posesión el próximo 1o. de diciembre, gire las instrucciones convenientes al
futuro Secretario de Agricultura y Ganadería, para que tome las medidas necesarias para
cuidar que se le dé preferencia a la producción y consumo del maíz blanco, apto para el
consumo humano y en la época de cosecha no permitir las importaciones de maíz del
exterior, que dañan el precio y la buena comercialización de las cosechas de nuestros
productores mexicanos.
En otras ocasiones también hemos hecho énfasis en las importaciones de maíz altamente
subsidiado, que se dedica a la producción de la alta fructosa, que perjudica a la
industria del azúcar, pudiéndose comprar este maíz a nuestros campesinos. Se los
podremos comprar siempre y cuando tengan ellos los apoyos en tecnología y en recursos
económicos.
Esperamos que este punto de acuerdo que hoy tomamos todos los partidos de esta Cámara de
Diputados, seguramente será para beneficio de todos los productores de maíz de nuestro
país.
Es todo. Muchísimas gracias.
Gracias al diputado Francisco
Esparza Hernández.
En el mismo tema ha pedido la palabra el diputado Gustavo Riojas Santana, del
Partido Sociedad Nacionalista hasta por cinco minutos.
| El diputado Gustavo Riojas Santana: |
Gracias, señor Presidente:
No quisimos por ningún concepto expresar el posicionamiento del Partido de la Sociedad
Nacionalista a este tema tan importante como es la producción y el beneficio a todos
nuestros campesinos, en referencia a uno de los principales productos nacionales en
alimentación.
Por supuesto que nos sumamos a la propuesta del diputado Nava en relación a
inmediatamente tratar las comisiones de Agricultura y de Comercio este punto que nosotros
creemos que debe ser de urgente resolución.
Aquí muchas veces hablamos de la importancia que tienen muchos mexicanos que han sido
afectados, a veces por la naturaleza, por las lluvias, por las sequías y siento que de
alguna otra manera debemos de agilizar, los diputados, todos, en donde al parecer como en
este punto hay concordancia, el agilizar cuanto antes y no dejarlo un tiempo en la
congeladora este tipo de propuestas.
Por eso añadiría yo, si se me permite, que fuera de urgente resolución.
Por otro lado, es imprescindible, lo hemos reiterado el Partido de la Sociedad
Nacionalista ha reiterado, una acuciosa y puntual revisión del Tratado de Libre Comercio.
No estamos en contra del Tratado de Libre Comercio; estamos en contra de algunas
condiciones y excesos que el mismo tratado no contempla.
Sabemos, es cierto, es sabido por todos, que se han sobrepasado las cuotas establecidas
claramente en el Tratado de Libre Comercio y nadie ha hecho nada al respecto. Al parecer
vivimos en dos gobiernos, vivíamos o viviremos, no lo sabemos, en dos gobiernos: el que
dice: gobernar para los mexicanos y el otro gobierno que al parecer está en favor de los
extranjeros.
En este sentido, reiteramos nuestra posición en apoyo a la propuesta y solicitamos,
reitero, que sea de urgente resolución.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Gustavo
Riojas Santana.
Este punto de acuerdo fue agendado por acuerdo de los grupos parlamentarios.
El diputado
Juan Manuel Martínez Nava
(desde su curul): |
Pido la palabra, señor Presidente;
en virtud de que el señor diputado Gustavo Riojas nos hizo favor de expresar su
anuencia y su apoyo al punto de acuerdo, atentamente le solicito que la Secretaría nos
facilite el documento para que el señor diputado sea tan amable en suscribirlo en este
momento.
Con mucho gusto, señor diputado.
Se ruega a la Secretaría turnar el documento al diputado Gustavo Riojas Santana
para que lo suscriba.
3169, 3170 y 3171
Este punto de acuerdo fue acordado a su
vez para que entrara a turnarse a comisiones por los grupos parlamentarios y se turna, de
conformidad con el planteamiento hecho por el diputado Juan Manuel Martínez Nava.
Si, diputado, por favor.
El diputado
Rogaciano Morales Reyes
(desde su curul): |
Pido la palabra para rectificación
de hechos.
Para el mismo tema, en
rectificación de hechos, tiene usted la palabra.
| El diputado Rogaciano Morales Reyes : |
Con permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Vengo en nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a
manifestar nuestro pleno apoyo y coincidencia en la propuesta con punto de acuerdo que se
hace por el compañero diputado del PRI para apoyar a los productores de maíz, propuesta
con punto de acuerdo que fue apoyada por el compañero del PAN, por el compañero que me
antecedió en el uso de la palabra.
Y es que nosotros consideramos que efectivamente es necesario revisar el Tratado de Libre
Comercio, porque a partir de su vigencia se hicieron más profundas las asimetrías a que
se refería el proponente, relativas al número de hectáreas con vocación agrícola para
el maíz, al número de productores y al tamaño de las parcelas. Porque en nuestro país
éstas fundamentalmente van de una a cinco hectáreas y no es posible que un agricultor en
esas condiciones esté en posibilidad de buscar buenos mecanismos para la
comercialización de su producto.
Pero el problema va más allá: Carlos Salinas de Gortari desmanteló en mucho al campo,
haciéndole dumping, permitiendo efectivamente importaciones excedentes de las cuotas
acordadas con Canadá y Estados Unidos.
Además de que los apoyos vía subsidio también los canceló a finales de 1993 y que por
otra parte desapareció a la Conasupo, que era el órgano regulador para equilibrar la
justicia social que el sector agrario demandaba y digo comuneros de vuelta, ejidatarios,
auténticos pequeños propietarios y aquí ni para qué hablar, si el Gobierno no lo hace,
de los medieros, de los jornaleros, de los que viven de la pepena. Porque esto no se cree,
pero hay que verlo allá en el campo para ver que desgraciadamente todavía es una
realidad en nuestra época.
Y yo quiero referirme a este punto para decir que efectivamente el gobierno se olvidó de
que el campesino necesita apoyo en extensión agrícola, asesoría. Porque necesitamos
saber en función de la calidad de los terrenos, dónde y cuánto vamos a sembrar o a
plantar, porque aquí va implícita la ley de la oferta y la demanda para que sea
rentable, para que sea costeable este renglón de la economía.
De modo que Carlos Salinas de Gortari se olvidó de ese pequeño detalle: del crédito. El
Banco de Crédito Rural cada vez fue dando menos apoyo, hasta que prácticamente no da
nada y de la banca comercial pues ni pensarlo, porque no alcanza la parcela para pagar los
intereses, para pagar el capital y como no hay negocio pues no hay interés.
De modo que ahí va en eso de los subsidios el apoyo que el campesino debió tener desde
hace rato para la comercialización y auxiliarlo para liberarlo del coyotaje, auxiliarlo
con crédito, pues, para que mientras se cultivaba pudiera subsistir el campesino con su
familia. No hay agroindustrias. Este sector de la economía está dejado a la buena de
Dios. Aun así el mexicano produce cerca de 18 millones de toneladas de maíz, pero no
tiene mercado porque el Gobierno se encarga, a través de múltiples mecanismos, de
hacerle una competencia desleal y ponerlo frente al agricultor enriquecido de Estados
Unidos y quebrarlo.
Bueno, me están marcando tiempo. Pido un minuto más, señor Presidente, para concluir mi
intervención, si no hubiera inconveniente.
Nada más para decir entonces qué hacer. El Gobierno dice: "no, pues hago como que
le ayudo al campesino con el Procampo, que es una bagatela, es una dádiva y los del PAN
saben perfectamente que las dádivas anulan la razón y corrompen la justicia.
Y, finalmente, que nosotros los del Partido de la Revolución Democrática proponemos la
vuelta a los subsidios, el apoyo tecnológico-científico para poder producir más y mejor
en una hectárea de terreno, hacerla productiva. Proponemos volver al crédito blando y
barato que le dé margen al campesino para producir. Proponemos que se infraestructure la
banca de desarrollo necesaria para seguir impulsando al renglón.
Por los campesinos vendré a hablar cada vez que haya oportunidad, porque yo antes de ser
abogado fui campesino.
Muchas gracias.
Muchas gracias al diputado
Rogaciano Morales Reyes.
Túrnese el punto de acuerdo presentado por el diputado Juan Manuel Martínez Nava y
apoyado por los diputados Francisco Esparza Hernández, del Partido Acción Nacional;
Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista y Rogaciano Morales Reyes,
del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública, Comercio y Fomento Industrial y Agricultura y Ganadería.
ENERGIA ELECTRICA
Con otro punto de acuerdo, en este
caso sobre el tema de las tarifas de energía eléctrica, tiene la palabra hasta por 10
minutos el diputado Marco Antonio Dávila Montesinos, del Partido Revolucionario
Institucional.
El diputado Marco Antonio Dávila
Montesinos: |
Con su permiso, señor Presidente:
Agradeciendo la solidaridad de los escasos compañeros diputadas y diputados presentes en
el salón del recinto, hago uso de la palabra, de una palabra que solicité hace casi dos
semanas y que afortunadamente el día de hoy se me concede.
Durante varias legislaturas y en esta misma tribuna, diputadas y diputados de las
fracciones parlamentarias aquí representadas, han externado la inconformidad existente en
el país con relación a las tarifas eléctricas. Sin embargo, a todas las propuestas
aquí presentadas se han dado respuestas tales como: "el sector eléctrico ha estado
cumpliendo con los mexicanos, al brindar un régimen tarifario sin precios excesivos y sí
subsidiados, que le permite tener este servicio a la gente de escasos recursos".
También se nos ha dicho que el sector eléctrico cumple con su misión, al ofrecer un
régimen tarifario de los más bajos comparados internacionalmente.
Aceptan también las autoridades que sin embargo los subsidios si están bien presentes,
de manera progresiva, en todas las tarifas domésticas, lo cierto es que no son
fácilmente apreciados por la comunidad, pues no aparecen desglosados en los recibos de
cobro al consumidor y en todos los casos nos señalan que los subsidios de energía
eléctrica deben aplicarse bajo criterios objetivos, transparentes y claros de la
política tarifaria.
Siempre tendrán que evidenciar la fuente de los mismos y que no perjudiquen las
capacidades de financiamiento para la ampliación de la infraestructura eléctrica, lo que
deja ver que este enunciado es una verdad a medias, a medias porque los subsidios en
tarifas eléctricas tienen una buena intención, pero carecen de criterios objetivos y
transparentes en su aplicación.
Para demostrar lo anterior, me permito señalar algunas irregularidades de la Comisión
Federal de Electricidad y de la Semarnap, que impiden la justa aplicación de las tarifas
de uso doméstico.
Primeramente cuestiono los criterios que actualmente tiene la Comisión Federal de
Electricidad para la asignación de tarifas eléctricas con el subsidio de verano, que
coincide con el discutido horario de verano, periodo comprendido de mayo a octubre,
horario de verano que ha sido cuestionado insistentemente por los beneficios que se
obtienen, beneficios que se observan aparentemente en la Comisión Federal de
Electricidad, en el país y en el sector industrial, pero que en los recibos de los
usuarios domésticos no se manifiestan, ya que es cuando más alta es su facturación, a
pesar de los subsidios que por ley tienen derecho las distintas regiones del país,
situación que se ha convertido en un verdadero reclamo popular.
Actualmente la Comisión Federal de Electricidad establece para la asignación de una
tarifa un rango de temperatura media, la cual determinará dividiendo la suma de la
temperatura más alta y las más bajas registradas durante el día, lo cual es a todas
luces injusto para los estados con climas extremosos como: Coahuila, Sonora, Chihuahua,
Tamaulipas, en su región sur; Nuevo León, Durango, Campeche, Baja California, Sinaloa,
Tabasco y es en razón de que en estos estados la mayoría de los meses del periodo 17
horas son de temperatura sofocantes requiriendo al menos de ventilación y refrigeración
mínima en los hogares y solamente siete horas son tolerables, lo que demuestra lo
inequitativo de la aplicación de la media aritmética como lo ha hecho y lo sigue
haciendo la Comisión Federal de Electricidad.
Un parámetro adecuado sería la aplicación de la media ponderada dado el número de
horas con temperaturas sofocantes. Adicionalmente quiero señalar que, la Comisión
Federal de Electricidad no cuenta con los equipos necesarios para llevar a cabo la
medición correcta de las temperaturas y, como se lo dijimos al secretario de Energía,
Téllez, dependen totalmente de los registros que le envía la Semarnap a través de
Conagua y del CILA, que es la Comisión Internacional de Límites Acuíferos en algunos
casos.
Quisiera con todo respeto señalar dos ejemplos muy breves; la estación de medición de
la Conagua en el municipio de Sabinas, Coahuila, está ubicada en el río, desde la
frescura del río mide la temperatura de los cinco municipios que constituyen la región
carbonífera de Coahuila, a saber: Nueva Rosita, Juárez, Progreso, Múzquiz y la propia
Sabinas y desde ahí reciben reportes equivocados lógicamente, en junio, julio y agosto,
de 27.6, 28.9 y 30.4 grados respectivamente, cuando sabemos los que vivimos ahí que en
esos meses la mayor parte del día son temperaturas de más de 40 grados o en caso de la
estación de medición de Ensila en Ciudad Acuña, que se encuentra instalada en la presa
de la Amistad y que desde la brisa de la cortina de la presa toman la medición y la
reportan a la CFE temperaturas de 28, 29 y 31 grados, lógicamente temperaturas fuera de
la realidad climatológica que viven los acuñenses a 30 kilómetros de distancia de la
estación y con temperaturas también superiores a los 40 grados.
Un tercer señalamiento estriba además en las graves y sorprendentes diferencias que se
observan en los registros de las dependencias estatales y federales de la Conagua y cito
rápidamente dos ejemplos: Piedras Negras y Monclova del Estado de Coahuila, registran en
los reportes que emite la dependencia estatal y la federal de la Conagua a Comisión
Federal, diferencias de hasta 8.5 grados centígrados en 1993; en 1994 de 4.5; en 1995, de
4.4; en 1996, de 8.6 y en 1997, de 3.6, ¿qué sistema de medición califica con estas
diferencias entre ellos?
Ahora bien, para la asignación de tarifas se aplica un criterio totalmente estricto,
ejemplo palpable es Piedras Negras, Coahuila, al cual durante años le ha faltado una
décima de grado para acceder a una tarifa con subsidio mayor.
Cabe aquí la pregunta, ¿por qué la CFE aplica un criterio totalmente inflexible para la
asignación de tarifas y en cambio son tan elásticos en los registros de la medición de
temperaturas? La respuesta es, sin duda, ponerle candados para no otorgar tarifas con
mayores subsidios, a pesar de que lo merezcan muchas regiones del país; lo confirma la
regla número uno de la gerencia comercial de la Comisión Federal de Electricidad, que se
dice textualmente: "se considerará que una localidad alcanza la temperatura media
mínima en verano cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los
últimos cinco de que disponga la información correspondiente. Se considerará que
durante un año alcance el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual
durante dos meses consecutivos o más según los reportes elaborados por la Conagua".
Mi último cuestionamiento se refiere a las graves deficiencias en los consumos de
energía eléctrica, en las lecturas. Es humanamente imposible el tomar la lectura de 10
municipios de una región en el norte del país con distancias de más de 90 kilómetros,
a una población de cerca de 300 mil habitantes con tan sólo 11 lecturistas, así como
también resulta increíble que con tan sólo 17 lecturistas se pueda cubrir la región
centro y desierto de Coahuila, que comprende una concentración urbana de 400 mil personas
y que amerita recorrer distancias de 100 kilómetros o más.
3172, 3173 y 3174
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