Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Se informa a la Presidencia que
existen registrados previamente 268 diputados, hay quorum.
El
Presidente (a las 11:24 horas): |
Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DIA
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias. Primer Año. LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 5 de diciembre de 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de: Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Morelos.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
De la Cámara de Senadores.
De la Junta de Coordinación Política:
Integración de la comisión sobre la reforma de Estado.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la Presidencia de la
mesa directiva.
Efemérides
Aniversario luctuoso de Valentín Campa Salazar, a cargo del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Día Mundial de la Discapacidad, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Iniciativa de diputados
Que adiciona el inciso e a la fracción III del artículo 4o. de la Ley de la Policía
Federal Preventiva, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. (Turno a comisión.)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Informe que rinde el Ejecutivo Federal, en cumplimiento al artículo 131 constitucional,
sobre el uso de la facultad en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de
octubre de 1999 a noviembre de 2000. (Turno a comisión.)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Mayra
Patricia Cavazos Pérez, pueda prestar servicios en la oficina comercial británica en
Monterrey, Nuevo León. (Turno a comisión.)
Minutas
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos Eduardo Represas de
Almeida, Eugenio Minvielle Lagos y Mariano Francisco Herrán Salvatti, para aceptar y usar
condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ignacio Luquín Pérez,
Liévano Sáenz Ortiz y Rubén Alberto Beltrán Guerrero, para aceptar y usar
condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Horacio Sánchez Urzueta y
Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos
extranjeros. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo exhortando a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que bajo
su estricta responsabilidad determine un porcentaje suficiente a los salarios mínimos
generales y profesionales que habrán de regir para el próximo año, a cargo de
integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los presos políticos argentinos que efectúan una
huelga de hambre, a cargo de integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la problemática del cultivo y comercialización del maguey, en
el Estado de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la toma de protesta del licenciado Vicente Fox Quesada, como
Presidente de la República, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación de los trabajadores de la salud y empleados
públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación que prevalece en la región de los Chimalapas en
Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la reducción del precio del gas, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la reducción del precio del gas doméstico, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda ordene la realización de una auditoría a la Universidad Veracruzana, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el alcoholismo en los menores de edad, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el cumplimiento de los acuerdos agrarios del Gobierno Federal,
ante las organizaciones campesinas, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar una prórroga del convenio celebrado entre la
Secretaría de Energía y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, en materia de
energía eléctrica, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en contra de la construcción de una marina en Puerto Marqués en
Acapulco, Guerrero, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
comisión.)
Excitativas
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
A la Junta de Coordinación Política, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre la integración del gabinete del presidente Vicente Fox Quesada, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la ceremonia de toma de protesta de Vicente Fox Quesada, como Presidente
de la República, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Comentarios sobre los nombramientos de consejeros del Instituto Federal Electoral, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Pronunciamiento sobre la importancia del estado laico en México, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Pronunciamiento sobre el aniversario del
inicio de la lucha contra el SIDA, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
Pronunciamiento sobre el incremento de los salarios mínimos para el año 2001, a cargo
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del
día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta tomando
en consideración que ha sido impresa en la Gaceta y ha sido entregada copia de la misma a
los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su
votación.
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa, señor Presidente.
Se dispensa la lectura del acta.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
miércoles veintinueve de noviembre de dos mil, correspondiente al Primer Periodo de
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia
del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul: |
En el Palacio Legislativo de San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y un
minutos del miércoles veintinueve de noviembre de dos mil, con la asistencia de
doscientos sesenta y cuatro diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos, en votación
económica.
Sendas comunicaciones de los ciudadanos Emilio Zebadúa y Juan Molinar Horcasitas, por las
que notifican su renuncia al cargo de consejeros electorales del Instituto Federal
Electoral. De enterado y se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Coahuila, con acuerdo relativo al Programa Nacional de Abasto Social y el Presupuesto de
Egresos de la Federación para dos mil uno. Se turna a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Nayarit, con acuerdo por el que solicita el incremento en el presupuesto destinado a la
educación para el ejercicio fiscal de dos mil uno. Se turna a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública.
Nayarit, con acuerdo por el que solicita: aumentar las participaciones federales a estados
y municipios; reformar la Ley de Coordinación Fiscal y ampliar las fuentes de
financiamiento locales. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Hacienda y Crédito Público.
Nayarit, con acuerdo rechazando la importación de frijol. Se turna a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
3423,3424, 3425
Nayarit, con solicitud al Congreso de la Unión, para
que la Cámara de Senadores analice y apruebe la Ley de Desarrollo Rural. De enterado.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones, se encuentra el ciudadano
José Rivera Carranza, electo como diputado suplente en el décimo segundo distrito
electoral federal del Estado de Guanajuato y designa una comisión que lo acompañe en el
acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, entra en funciones de
inmediato.
Se refiere al ciudadano Andrés Saturnino Viesca, el diputado Benjamín Ayala Velázquez,
del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
El Presidente informa de la presencia en el
salón de sesiones, de una delegación de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia, encabezada por el señor Guenady Seleznev, presidente de la Duma
Estatal, y por el señor Konstantin Mozel, embajador extraordinario y plenipotenciario de
la Federación de Rusia en México y le da la más cordial bienvenida.
Hablan sobre el Día Mundial de las Personas con Problemas de Audición, los diputados:
Raquel Cortés López, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia : |
Y Librado Treviño Gutiérrez, del Partido
Revolucionario Institucional.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:
Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, que reforma la fracción primera del
artículo ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma
la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría informa, a las doce horas con cuarenta y nueve minutos, del registro de
cuatrocientos cuarenta y seis diputados. Se ordena el cierre del sistema electrónico de
asistencia.
Dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de
decreto por los que se conceden permisos para que ciudadanos mexicanos puedan prestar
servicios a gobiernos extranjeros. Son de primera lectura.
Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de
decreto por los que se concede permiso para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar
condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. Son de primera lectura.
Se dispensa la segunda lectura a los cinco dictámenes.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
Sin discusión se aprueban en lo general y en lo
particular, por trescientos ochenta y tres votos en pro y ninguno en contra. Pasan al
Senado y al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el sexto informe de ejecución
del Plan Nacional de Desarrollo mil novecientos noventa y cincodos mil. Se turna a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:
José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional, sobre la
Procuraduría General de la República.
Elías Dip Rame, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la realidad del
autotransporte federal en México.
Se refiere al tema el diputado Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución
Democrática.
Se turnan la proposición y la intervención del
diputado Patiño Cardona a las comisiones de Transportes y de Comercio y Fomento
Industrial.
Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, sobre la situación de indígenas en el
Estado de Nayarit. Se turna a las comisiones de Asuntos Indígenas; Presupuesto y Cuenta
Pública y de Desarrollo Social.
Jesús Ali de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una comisión
especial encargada de coadyuvar y dar segui miento a los proyectos de desarrollo regional
sursureste de México.
Hablan sobre el mismo tema los diputados: Miguel Angel Gutiérrez Machado, del Partido
Acción Nacional;
Presidencia
de la diputada
María Elena Alvarez Bernal: |
Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez y Rodolfo
Augusto Ocampo Fernández, ambos del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, suben a la tribuna los diputados: Jesús Ali de la Torre y Abel
Trejo González, ambos del Partido Revolucionario Institucional; José Narro Céspedes,
del Partido del Trabajo; Tomás Torres Mercado y Arturo Herviz Reyes, ambos del Partido de
la Revolución Democrática; Pablo de Jesús Arnaud Carreño, del Partido Acción
Nacional; y Héctor Pineda Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea no autoriza pasar al siguiente punto del orden del día, y se concede el uso
de la palabra, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, a los diputados:
Abel Trejo González, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Arnaud Carreño, del
Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Jesús Ali de la Torre;
Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Federico Granja Ricalde,
del Partido Revolucionario Institucional y Miguel Angel Gutiérrez Machado, del Partido
Acción Nacional.
La Asamblea autoriza pasar al siguiente punto del orden del día y la Presidenta turna la
proposición del diputado Jesús Ali de la Torre a la Junta de Coordinación Política.
Oscar Alfonso del Real Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la
problemática del precio y de la importación del frijol y quien solicita se considere de
urgente resolución.
Desde su curul, el diputado Tomás Torres Mercado apoya el trámite solicitado por el
diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz. La Asamblea no lo considera de urgente
resolución.
Se concede el uso de la palabra, para el mismo tema, a los diputados: Ramón Ponce
Contreras, del Partido Acción Nacional; Miguel Castro Sánchez, del Partido
Revolucionario Institucional.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
José Manuel del Río Virgen, de Convergencia
por la Democracia, Partido Político Nacional; Jaime Alcántara Silva, del Partido
Revolucionario Institucional.
Presidencia
del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul: |
Alfonso Oliverio Elías Cardona, del Partido de
la Revolución Democrática; Jesús Dueñas Llerenas, del Partido Acción Nacional;
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
Y José Carlos Luna, del Partido Acción
Nacional.
La proposición se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería; Presupuesto y
Cuenta Pública, y Hacienda y Crédito Público.
Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, sobre la integración de diputados de ese
partido en las secretarías de las mesas directivas de las comisiones ordinarias de la
Cámara de Diputados. Se turna la Junta de Coordinación Política.
El Presidente explica el procedimiento para desahogar el dictamen de la Comisión de
Equidad y Género, con proyecto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. En votación
económica, la Asamblea dispensa la segunda lectura.
Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, las diputadas: Norma Patricia
Riojas Santana, a nombre de los partidos de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y
Convergencia por la Democracia; Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo.
Presidencia
del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul: |
María Cristina Moctezuma Lule, del Partido
Verde Ecologista de México; María de los Angeles Sánchez Lira, del Partido de la
Revolución Democrática.
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes: |
Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido
Acción Nacional y Olga Haydee Flores Velásquez, del Partido Revolucionario
Institucional.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Concepción González Molina, del Partido
Revolucionario Institucional, quien a nombre de la Comisión de Equidad y Genero, propone
modificaciones al dictamen.
La diputada Silvia América López Escoffie, del Partido Acción Nacional, a nombre de la
comisión dictaminadora, hace aclaraciones al dictamen.
En votación económica, la Asamblea aprueba las modificaciones propuestas.
Desde su curul, la diputada Norma Patricia Riojas Santana solicita se le informe sobre la
redacción final del artículo doce del proyecto de ley a discusión. También desde su
curul, la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel solicita una moción de procedimiento que,
después de aclaraciones, atiende el Presidente.
Desde su curul, el diputado Gustavo Riojas Santana reitera la solicitud de información de
la diputada Norma Patricia Riojas Santana y el Presidente hace las aclaraciones
respectivas.
Sin que motive discusión en lo general, se reservan para su discusión en lo particular
los artículos doce, trece y quinto transitorio del proyecto de Ley del Instituto Nacional
de las Mujeres.
La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular por los
artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos nueve votos en
pro y ninguno en contra.
A discusión en lo particular, habla en contra del artículo doce el diputado Gustavo
Riojas Santana, a nombre de los partidos de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y
Convergencia por la Democracia y propone modificaciones a ese artículo.
Para hablar en contra de los artículos doce, trece y quinto transitorio, habla el
diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática
y presenta propuestas de modificación a esos artículos.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a la diputada Norma Patricia
Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
A fin de que la comisión dictaminadora llegue a un consenso sobre las propuestas de
modificación de los artículos reservados, a las dieciocho horas con cuarenta y cinco
minutos el Presidente decreta un receso.
A las diecinueve horas con veintiún minutos, se reanuda la sesión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del
Partido de la Revolución Democrática, quien retira sus propuestas y propone una nueva
modificación para el artículo doce y a los artículos veintitrés y veinticinco. El
Presidente hace comentarios sobre las propuestas presentadas.
3426, 3427,3428
Sube a la tribuna la diputada Concepción González
Molina, quien presenta propuesta de modificación al artículo quinto transitorio.
La Secretaría da lectura a los artículos ciento veinticuatro y ciento veinticinco del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y posteriormente a las propuestas para modificar los artículos veintitrés y veinticinco
del diputado Barbosa Huerta. En votación económica se consideran de urgente resolución
y de la misma manera se aprueban.
La Secretaría da lectura a la propuesta de modificación del artículo quinto transitorio
de la diputada Concepción González Molina y la Asamblea la aprueba en votación
económica.
Se pone a consideración la propuesta de artículo doce del diputado Gustavo Riojas
Santana y la Asamblea la desecha en votación económica.
Se pone a consideración la propuesta de modificación del artículo doce del diputado
Barbosa Huerta y la Asamblea la aprueba en votación económica.
Se recoge la votación nominal de los artículos reservados y de los artículos
veintitrés y veinticinco, con las modificaciones propuestas, misma que resulta
aprobatoria por trescientos sesenta y nueve votos en pro y seis en contra.
Se declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas, citando a la
sesión de Congreso General, el próximo viernes primero de diciembre de dos mil, a las
nueve horas; a la sesión de Cámara de Diputados, el martes cinco de diciembre a las once
horas y a la sesión solemne de Congreso General, a las doce horas del lunes cuatro de
diciembre de dos mil.»
Proceda la Secretaría a poner a discusión la
misma.
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Está a discusión el acta de la sesión
anterior... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta
si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
afirmativa, señor Presidente.»
Aprobada el acta.
Proceda la Secretaría a dar cuenta con las comunicaciones.
ESTADO DE CHIAPAS
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Estado Libre y Soberano de Chiapas. Honorable Congreso.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
Por acuerdo del honorable Congreso, comunicamos a ustedes, que con esta fecha la LX
Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61 de
la Ley Orgánica del propio Congreso, clausuró los trabajos correspondientes al segundo
periodo de receso del segundo año de su ejercicio constitucional y de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política del Estado inició el día de
hoy su tercer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de su
ejercicio legal, quedando instalada la mesa directiva que fungirá a partir de esta fecha,
de la siguiente manera:
Diputados: Mario Carlos Culebro Velasco, presidente; Eutiquio Velasco García, Noel Rodas
Vázquez, vicepresidentes; Jesús Pérez Hernández, Antonio Díaz López, secretarios;
Pedro Jiménez Hernández, Miguel Arturo Ramírez López, prosecretarios.
Lo cual comunicamos a ustedes para los efectos
procedentes, reiterándoles la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de noviembre de 2000. El honorable Congreso del Estado.
Diputados: Jesús Pérez Hernández y Antonio Díaz López, secretarios.»
Presidencia
del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul: |
De enterado.
ESTADO DE DURANGO
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Congreso del Estado de Durango. Honorable LXI Legistura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.
Atención: diputado Luis Alberto Pazos de la Torre, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la honorable LXI Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Durango, aprobó un punto de acuerdo, el cual nos permitimos
transcribir, para su conocimiento y efectos legales que juzgue convenientes:
"Que considerando la oportunidad existente para proponer cuestiones relativas al
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, esta LXI Legislatura aprobó
solicitar a la Comisión de Programación y Presupuesto, que al formular el dictamen
correspondiente a la iniciativa que en breve les será enviada por el Ejecutivo Federal,
apruebe mayores recursos presupuestales a los programas destinados para apoyo al campo
mexicano."
Nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y
distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 14 de noviembre de 2000. Diputados: Juan Manuel Calderón
Guzmán, secretario; Raúl Villegas Morales, secretario provisional.»
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE GUANAJUATO
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
La LVIIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que
en sesión celebrada el día de hoy, eligió al presidente y vicepresidente de la mesa
directiva que fungirá durante el segundo mes del primer periodo de sesiones ordinarias,
correspondiente al primer año de ejercicio legal, con el siguiente resultado:
Diputados: Francisco Israel Pardo García, presidente y Mario Ernesto Dávila Aranda,
vicepresidente.
Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración
distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 24 de octubre de 2000. Diputados: Antonio Guerrero Horta y
Antonio Rico Aguilera, secretarios.»
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco Garcia Cervantes: |
De enterado.
ESTADO DE HIDALGO
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo. Poder Legislativo. Gobierno del Estado
de Hidalgo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
México, D.F.
Con toda atención, me permito comunicar a ustedes,
que la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en
sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo al presidente y
vicepresidente de la mesa directiva de este propio honorable Congreso, que fungirá
durante el mes de noviembre del año en curso, habiendo resultado electos los señores
diputados:
Gustavo Reséndiz Núñez, presidente y José Ignacio Olvera Caballero, vicepresidente.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades de mi
atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca Hidalgo, a 31 de octubre de 2000. El oficial mayor del honorable Congreso, Manuel
Angel Villagrán Valdespino.»
De enterado.
ESTADO DE MORELOS
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo. Poder Legislativo. XLVIII Legislatura.
2000-2003.
Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva del
honorable Congreso de la Unión. Presente.
Le remitimos punto de acuerdo emitido por los coordinadores de los grupos parlamentarios
de este Congreso, mismo que fue aprobado por el pleno en la sesión del día de hoy, por
el cual esta XLVIII Legislatura se pronuncia en apoyo a los trabajadores al servicio del
Estado en su demanda de las prestaciones, una conocida como bono sexenal y la segunda el
aguinaldo de 90 días de salario, lo que hacemos de su conocimiento para los efectos
legales conducentes.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 8 de noviembre de 2000. Los secretarios de la mesa directiva del
honorable Congreso del Estado de Morelos. Diputados: Joel Juárez Guadarrama y Jesús
Fernando Contreras Arias.»
«Escudo. Poder Legislativo. XLVIII Legislatura.
2000-2003.
Honorable Asamblea: las últimas semanas, la burocracia federal ha dejado sentir su
inconformidad ante la negativa de entregarles el bono sexenal. Una prestación que si bien
es cierto no se incluye en el catálogo prescrito por la ley, es una compensación que en
los pasados sexenios se otorgó con el ánimo de resarcir la economía familiar de quienes
aportan su esfuerzo cotidiano en las instituciones del país.
En México la costumbre se hace norma. Los empleados de la Federación apelan a este
principio para reclamar lo que en justicia merecen y que no es otra cosa sino el
reconocimiento del Estado al sector que activa todos los días, al aparato gubernamental
para beneficio del pueblo de México.
Es claro que la Ley del Presupuesto Federal, prohíbe expresamente la entrega, con motivo
de la conclusión del periodo constitucional del Gobierno de estímulos y compensaciones a
los trabajadores al servicio del Estado, sin embargo, pensamos que el espíritu de esta
disposición pretende en todo caso, evitar que funcionarios de primer nivel, mandos
superiores y miembros del gabinete, se beneficien con cantidades económicas escandalosas,
con el pretexto del bono de fin de sexenio. Estamos seguros que no es la intención
aplicarla a los trabajadores de base.
Por otro lado, los responsables de la hacienda pública, han aceptado ante los medios
informativos, que el Gobierno Federal cuenta con recursos suficientes para hacer frente a
este reclamo, sin demeritar las políticas sociales y los programas populares encaminados
a abatir la marginación.
Recientemente el Gobierno Federal, ha dado respuesta a la demanda de sus trabajadores.
3429,3430,3431
Tal vez no satisfactoria para todos, pero finalmente
es un esfuerzo que debemos reconocer. Lo que hay que hacer ahora, es prever que esta
inquietud social no vuelva a presentarse en el futuro, porque daña la tranquilidad
popular y es motivo de enfrentamiento entre los órganos de gobierno.
Por lo antes apuntado y con fundamento en lo señalado en el artículo 58 y demás
relativos del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer a esta
Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta XLVIII Legislatura se pronuncie en apoyo a los trabajadores al servicio
del Estado en su demanda de las prestaciones, una conocida como bono sexenal y la segunda
el aguinaldo de 90 días de salario, que en Morelos es una obligación constitucional.
Segundo. Que se haga el anterior pronunciamiento del conocimiento del honorable Congreso
de la Unión.
Tercero. Que esta representación popular solicite al honorable Congreso de la Unión
adopte las medidas legales necesarias para que esta prestación se contemple en el
Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal, de tal suerte que se evite la inquietud
social que el asunto ha provocado.
Finalmente, solicitamos a usted, señor Presidente, se considere este asunto como de
urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión.
Atentamente.
Cuernavaca, Morelos, a 7 de noviembre de 2000. Por el grupo parlamentario del PAN,
diputado Sergio Alvarez Mata; por el grupo parlamentario del PRI, diputado Víctor Hugo
Manzo Godínez; por el grupo parlamentario del PRD, diputado Jorge Vicente Messeguer
Guillén.»
Túrnese el punto de acuerdo del Congreso del Estado de Morelos a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
«Escudo. Poder Legislativo. XLVIII Legislatura. 2000-2003.
Ciudados secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Morelos, tengo el honor de informar a usted, que en sesión de esta fecha el
honorable Congreso del Estado, eligió presidente y vicepresidente de la mesa directiva,
por el mes de noviembre del año en curso, la cual quedó integrada de la siguiente
manera:
Diputados: José Luis Correa Villanueva, presidente e Isaías Cortés Vázquez,
vicepresidente.
Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca Morelos, a 30 de octubre de 2000 El oficial mayor del honorable Congreso del
Estado de Morelos, doctor Armando Ramírez Saldívar.»
De enterado.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. II Legislatura.
Ciudadano Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento para
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comunico atentamente
a usted que el pleno de la Asamblea, en la sesión celebrada el día de hoy, aprobó el
dictamen con propuesta de punto de acuerdo, relativo al beneficio económico a los
jubilados y pensionados de la administración pública, que presentaron las comisiones
unidas de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados y de Atención Especial a
Grupos Vulnerables.
En cumplimiento a lo anterior, me permito enviar copia del dictamen con propuesta de punto
de acuerdo de referencia.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Recinto Legislativo, a 23 de noviembre de 2000. Por la mesa directiva. Diputado Maximino
Alejandro Fernández Avila, presidente.»
«Comisiones unidas de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados y de Atención
Especial a Grupos Vulnerables.
DICTAMEN
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal: a las comisiones unidas de Atención
a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados así como de Atención Especial a Grupos
Vulnerables, de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, fue
turnada para su análisis y dictamen la propuesta de punto de acuerdo, en relación con el
beneficio económico a los jubilados y pensionados de la administración pública,
presentada ante esta repre sentación legislativa, por el diputado Emilio Serrano
Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática.
Estas comisiones con fundamento en el artículo 122 apartado C base primera fracción V
incisos g y h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 38, 40 y
42, fracciones XI y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o., 7o., 10
fracción I, 45, 46 fracción II, 48, fracción I, 49, 50, 59 y 84 fracción I, de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como 1o., 18, 19, 20, 22,
23 y 70 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, se abocaron al estudio del punto de acuerdo ya citado, conforme a los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión ordinaria del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II
Legislatura, celebrada el día 14 de noviembre del 2000, se presentó la propuesta de
punto de acuerdo en relación con el beneficio económico a los jubilados y pensionados de
la administración pública, por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la
Revolución Democrática.
2. Por instrucción de la Presidencia de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, II Legislatura, con fecha 15 de noviembre de 2000, fue turnada a las
comisiones unidas de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados, así como de
Atención Especial a Grupos Vulnerables, para que, con fundamento en el artículo 19 del
Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, se procediera a la elaboración del
dictamen correspondiente.
3. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno
Interior, las comisiones unidas anteriormente citadas, se reunieron el día 17 de
noviembre de 2000, para analizar el punto de acuerdo y dictaminar la propuesta presentada,
con el propósito de someterla a la consideración del pleno de esta Asamblea Legislativa,
bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Que estas comisiones son competentes para conocer la propuesta de punto de
acuerdo en relación con el beneficio económico a los jubilados y pensionados de la
administración pública, presentada ante esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
II Legislatura, por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución
Democrática, en virtud de lo dispuesto en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como 18 y 19 del Reglamento para su
Gobierno Interior.
Segundo. Que las comisiones unidas se pronunciaron en el sentido de que el recurso más
importante con que cuenta la nación es su población, por ello, procurar el bienestar de
la misma, constituye la razón principal del Estado mexicano, siendo esta meta, hacia
donde deben encaminarse los esfuerzos, sobre todo, cuando se trata de grupos vulnerables
de la sociedad, como es el caso de la población de jubilados y pensionados.
Tercero. Que ante estos principios fundamentales, los integrantes de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura y la sociedad en su conjunto, están
obligados a desarrollar esfuerzos adicionales para proteger y reconocer los derechos de
este importante grupo social, principalmente cuando por la vía pacífica y ordenada
recurren a las instituciones del Estado, para gestionar y buscar respuesta favorable, a
sus demandas y necesidades.
Cuarto. Que las comisiones unidas coinciden en que los jubilados y pensionados por sus
propias características de edad, salud, alimentación y recursos económicos, están
considerados como grupo vulnerable de la población mexicana, y por tanto, su bajo nivel
de ingresos les impide satisfacer sus necesidades básicas. Se coincide igualmente, que la
mayoría de ellos se encuentran en el grupo poblacional de la tercera edad, por lo que en
su condición de vulnerabilidad, no recibir la protección social, puede ser causa de una
mayor vulnerabilidad.
Quinto. Que en una actitud de congruencia con el espíritu y los principios que dieron
origen a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal,
los jubilados y pensionados, sin distinción alguna, deben recibir trato justo y
equitativo y no ser objeto de discriminación en la observancia de sus derechos, en
particular cuando se trata de la protección de su economía.
Sexto. Que se considera como un acto de justicia y de reconocimiento social, que la
población de jubilados y pensionados de la administración pública reciba, como lo ha
solicitado ante esta legislatura, el complemento económico de fin de sexenio, en la misma
cantidad y condiciones que lo recibirán los trabajadores en activo.
Séptimo. Que de conformidad con las bases establecidas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no está
facultada para legislar en este asunto por ser materia federal, pero sí para atender y
tramitar las demandas o peticiones individuales y colectivas, suscitadas en el ámbito
local, gestionando lo necesario ante las instancias correspondientes.
Octavo. Que la instancia competente para conocer y gestionar las demandas de este gremio
en el ámbito federal, es la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por
lo que las comisiones unidas aprueban se incluya en el punto de acuerdo, la formulación
de una solicitud a ese órgano deliberativo y que a través de una respetuosa
exhortación, conozca, analice y resuelva, sobre la petición de la agrupación de
jubilados y pensionados y en su caso, buscando el sustento legal, intervenga ante el
Ejecutivo Federal, para que se incorpore a este grupo, dentro del acuerdo por el que los
trabajadores al servicio del Estado recibirán el complemento económico.
Noveno. Que una vez analizado el punto de acuerdo y para estar en consecuencia con la
necesidad que presentan los ciudadanos del Distrito Federal que pertenecen al gremio de
jubilados y pensionados de la administración pública; los integrantes de las comisiones
unidas dictaminadoras, se pronuncian unánimemente en el sentido de apoyar la petición
descrita y convienen en solicitar respetuosamente al Presidente de la República, que de
la misma manera que autorizó el estímulo económico para los servidores públicos,
apruebe la incorporación de los jubilados y pensionados, al acuerdo administrativo por el
que se otorgará un complemento económico de 1 mil 600 pesos por término de sexenio.
Décimo. Que en virtud de que la solicitud presentada por los jubilados y pensionados,
impactará los recursos con que cuenta el erario nacional, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, II Legislatura, realice una respetuosa exhortación al Secretario de
Hacienda, para que en el marco de las atribuciones de esa dependencia, en lo relativo a
proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública
paraestatal, haga uso de sus facultades para tramitar y dar solución a este asunto de su
competencia y con voluntad política, más un esfuerzo personal, resuelva favorablemente
la solicitud económica.
3432,3433,3434
Decimoprimero. Que en razón de que la solicitud
presentada, se refiere a jubilados y pensionados que pertenecen al sistema de seguridad
social del ISSSTE y al ámbito del Gobierno del Distrito Federal, se envíen respetuosas
exhortaciones a la directora general del ISSSTE y a la jefa de Gobierno del Distrito
Federal, para que respalden decididamente la petición económica de este grupo vulnerable
y con su ejemplo, induzcan a la sociedad a secundar las acciones en beneficio del gremio
de jubilados y pensionados.
Decimosegundo. Que de acuerdo al registro del ISSSTE existen 385 mil 480 jubilados y
pensionados en el ámbito nacional y de ellos, 143 mil 539 radican en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisiones unidas de Atención a la Tercera
Edad, Jubilados y Pensionados, así como de Atención Especial a Grupos Vulnerables, con
las facultades que les confiere el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
RESUELVEN
Uno. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, formule y envíe
oportunamente, una respetuosa exhortación al Presidente de la República, para que como
un acto de justicia y de reconocimiento social a los jubilados y pensionados de la
administración pública, incluya a los integrantes de este gremio dentro del acuerdo por
el que a los servidores públicos se les otorgará la cantidad de 1 mil 600 pesos como
complemento económico por el término de sexenio.
Dos. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, formule y envíe
oportunamente, una respetuosa exhortación a la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su competencia analice, resuelva y
gestione, la petición de complemento económico por el término de sexenio, presentada
por el gremio de jubilados y pensionados de la administración pública.
Tres. Que de la misma manera se formulen y envíen por separado, respetuosas exhortaciones
al Secretario de Hacienda, a la titular del ISSSTE, así como a la jefa de Gobierno del
Distrito Federal, para que respalden solidariamente la petición realizada por el gremio
de jubilados y pensionados de la administración pública y en sus respectivos ámbitos de
acción, muestren voluntad política y aseguren las partidas presupuestales necesarias,
para cubrir en tiempo y forma el otorgamiento del complemento económico por fin de
sexenio.
Cuatro. Que en las exhortaciones quede señalado que el estímulo económico deberá de
ser entregado al mismo tiempo que a los trabajadores en servicio activo, refrendando de
está manera el reconocimiento del Gobierno y de la sociedad en su conjunto, a los
jubilados y pensionados de la administración publica y a su invaluable trabajo al
servicio de la nación y su participación en la construcción de la nueva sociedad que
los mexicanos deseamos y demandamos.
Por las comisiones unidas de Atención a la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados y de
Atención Especial a Grupos Vulnerables.
Recinto Legislativo, a 23 de noviembre de 2000. Diputados: Emilio Serrano Jiménez, Jaime
Guerrero Vázquez, Juan José Castillo Mota, Alejandro Díez Barroso R., Raúl A. Quintero
Martínez, Juan Díaz González, Eugenia Flores Hernández, E. Margarita Uranga Muñoz,
Carlos Ortiz Chávez, Iván R. Manjarrez Meneses y Margarita González Gamio.»
Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta
Pública.
COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA
DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO
DE LA UNION
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura. Presidencia de la mesa directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se
aprobó el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Unico. Se designan como integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de
Bibliotecas del Congreso de la Unión, a los senadores:
Héctor Michel Camarena, Adalberto Arturo Madero Quiroga y José Moisés Castro
Cervantes".
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de noviembre de 2000. Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.»
De enterado.
FRIJOL
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura. Presidencia de la mesa directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se
aprobaron los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se solicite a la Cámara de Diputados, que en el proceso de aprobación del
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, en el rubro de apoyo a la
comercialización, se incluya al frijol como uno de los productos beneficiados, por ser de
los que más han visto afectada su rentabilidad.
Segundo. Se pida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se cierren las fronteras
para impedir el ingreso de frijol de contrabando y se decomise el que ha entrado en forma
ilegal, que se encuentra a la vista en gran parte de las bodegas mayoristas; siendo de
fácil localización, porque es un producto que se vende etiquetado como "Pinto
Americano " y "Negro Michigan", con un empaque característico, que
comienza a ser muy conocido y común en el mercado.
Tercero. Que con el apremio y urgencia que el caso amerita, se solicite a la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial, se limite a extender los cupos que se señalan en el
TLCAN y no exista el margen de amplitud con que se han expedido, con el supuesto fin de
resolver el problema del comercio y la industria, porque esa práctica tergiversa el
espíritu con que fueron creados, que era precisamente para beneficio y protección de los
productores agropecuarios.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de noviembre de 2000. Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.»
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
SESION DE TRANSMISION DEL
PODER EJECUTIVO
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Ciudadano diputado Ricardo Francisco García
Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Apreciable señor diputado: en relación con la moción de orden que presentaron los
diputados Efrén Leyva Acevedo y Eduardo Andrade Sánchez en el curso de la sesión de
Congreso General del pasado 1o. de diciembre y que atendiendo a la formalidad de la
sesión no insistieron exhaustivamente, el grupo parlamentario del PRI solicita que el
asunto se desahogue al inicio de la sesión del próximo martes 5 de diciembre, ya sea en
el rubro de "acta de la sesión anterior", o en el rubro inicial de
"comunicaciones", siempre y cuando se prevea se pueda abrir la discusión sobre
el tema en el punto en el que considere pertinente integrarlo.
Quedo atenta de su disposición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2000. Diputada federal, Beatriz
Paredes Rangel, coordinadora del grupo parlamentario del PRI.»
Es todo, señor Presidente.
Gracias, señora Secretaria; señoras diputadas,
señores diputados:
¿Me permite, diputado Leyva? Con mucho gusto.
En atención a la solicitud planteada y leída por la Secretaría ante la Asamblea y
adicionalmente, esta Presidencia recogió también el planteamiento del diputado Ricardo
Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y
existiendo en la agenda política para el día de hoy el punto de comentarios a la
ceremonia de toma de protesta de Vicente Fox y la necesidad de desahogar los
planteamientos hechos por los diputados Leyva, por el diputado Ricardo Moreno Bastida y
por el diputado Eduardo Andrade, quiero solicitar a la Asamblea autorice a la Presidencia
pasar de inmediato al punto de comentarios, obsequiando así la solicitud planteada por la
diputada Beatriz Paredes.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si autoriza a la Presidencia pasar de inmediato al
punto de comentarios sobre la ceremonia de toma de protesta del ciudadano Vicente Fox
Quesada.
El secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si se atiende de inmediato el punto
relativo a la toma de protesta del presidente Vicente Fox Quesada, atendiendo también a
las mociones presentadas por los diputados mencionados.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la
autorización, señor Presidente, de inmediato.
Muchas gracias, señor Secretario; muchas
gracias a la Asamblea:
En estas condiciones, el diputado Efrén Leyva Acevedo ha solicitado el uso de la palabra
y se le concede, hasta por 10 minutos.
Solicito a las señoras y señores diputados ocupar sus lugares y a los grupos
parlamentarios, estar en disposición de nombrar en su caso, a los oradores para desahogar
un debate parlamentario sobre este punto.
El diputado
Efrén Nicolás Leyva Acevedo: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras
legisladoras y compañeros legisladores:
Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados. Presente.
Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se
dirigen a usted en calidad de Presidente de la mesa directiva de esta Cámara de
Diputados, con objeto de respaldar el planteamiento de moción de orden que hicieran los
diputados Eduardo Andrade Sánchez y el diputado Efrén Leyva Acevedo, en el curso de la
sesión solemne de Congreso General del día 1o. de diciembre próximo pasado.
El propósito de la moción era el de señalarle al Presidente de la mesa directiva,
indicara al señor Vicente Fox, presidente electo, corrigiera sus expresiones, en virtud
de que como a todos resultó evidente, alteró el texto constitucional establecido en
nuestra Carta Magna para rendir la protesta como Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos.
El artículo 87 constitucional literalmente dice:
El Presidente al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o
ante la Comisión Permanente en los recesos de aquél, la siguiente protesta:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande."
El Presidente Fox antecedió a la frase final el agregado: "por los pobres y
marginados de este país". Como si lo fuera al mismo texto, apartándose del que
corresponde a la formalidad constitucional.
La frase separada la podríamos suscribir todos los mexicanos, como un pronunciamiento
político, pero su inclusión voluntarista muestra que en el acto de mayor trascendencia
del inicio de un mandato sexenal asumió una actitud que puede calificarse como una
consciente violación al texto de la Carta Magna.
3435,3436,3437
Los diputados que integramos esta LVIII Legislatura consideramos que actitudes como ésta
del presidente Fox, ponen en duda la certidumbre que debe tener la sociedad mexicana sobre
el propósito presidencial de respetar el texto y mandato constitucional, lo que
contradice las expresiones anunciadas en el mismo texto de su mensaje.
Por otra parte, tanto la salutación al inicio de su mensaje como el hecho antes referido,
pueden interpretarse como falta de respeto a la potestad del Congreso de la Unión. Si
bien la alteración del texto constitucional fue una transgresión a la Carta Magna, lo
más preocupante es lo que esta actitud puede representar en el futuro, pues advierte la
posibilidad de que se sigan violando las leyes máximas del país. No hacer este
señalamiento significaría una grave omisión del Poder Legislativo.
Por todo lo anterior, en su calidad de Presidente de la mesa directiva, le solicitamos
atentamente que haga valer el texto del artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Unión, que en su fracción III señala: "el Presidente, al dirigir las sesiones
velará la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la
Cámara". En la sesión del 1o. de diciembre, con la representación de toda la
sociedad mexicana que le dio esta legitimidad, el Congreso de la Unión estaba cumpliendo
con la función constitucional de tomar la protesta al Presidente de la República, en una
sesión solemne del Congreso General, presidida por usted en los términos del artículo
23 inciso a.
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita:
Uno. Que la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados exprese a nombre
de esta institución un extrañamiento al señor presidente Vicente Fox Quesada, por
haberse apartado del texto constitucional establecido en el artículo 87 de nuestra Carta
Magna, al rendir protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Dos. Que se registre en la memoria de la sesión solemne del 1o. de diciembre de este
año, que se publique en el Diario de los Debates de esta institución el sentido y el
motivo de la moción de orden presentada por los diputados: Efrén Leyva Acevedo y Eduardo
Andrade Sánchez, señalando la alteración del texto constitucional cuando se rindió la
protesta.
Tres. Que se remita copia del presente texto y de las intervenciones vinculadas con el
tema, al Presidente de la República, al Senado y a la Secretaría de Gobernación.
Cuatro. Que en caso de que hubiese otras implicaciones legales, la mesa directiva proceda
en consecuencia.
Por otra parte, consideramos pertinente que la opinión pública conozca que el
extrañamiento se realiza por no haberse respetado el texto constitucional escrito ex
professo y en ningún caso, como en un caso de falta de solidaridad a la expresión hecha
por el Presidente de la República, "por los pobres y marginados".
Atentamente, firman diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, diputado Efrén Leyva.
A usted y al grupo parlamentario que representa, les solicito autoricen que el turno y el
trámite que dicte esta Presidencia a esta solicitud, la haga al término de las
intervenciones.
Se concede el uso de la palabra al diputado
David Sotelo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta
por 10 minutos.
El diputado
David Augusto Sotelo Rosas: |
Distinguidas diputadas y diputados:
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de las
facultades que nos concede el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos un
punto de acuerdo con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
Que el Congreso de la Unión está llamado, en esta hora, a ser el motor del cambio de las
instituciones en el proceso de transición democrática, que por ello la fortaleza que
adquiera en este tramo histórico redituará en beneficio palpable en la reforma de
Estado.
Que el voto del 2 de julio pasado, además de permitir la alternancia en el poder, hecho
de suyo importante significa el llamado hacia el ejercicio pleno de la democracia, sin que
uno de ellos se coloque por encima de los otros, constituyendo entre sí contrapesos
efectivos que evitan abusos en su ejercicio.
Que no obstante en este terreno la historia del siglo que termina, nos muestra un
presidencialismo asfixiante de las instituciones democráticas, por lo que sin temor a
equivocarnos podemos afirmar que una de las asignaturas pendientes que tenemos que atender
con prontitud para evitar desviaciones, es la limitación al ejercicio discrecional del
Poder Ejecutivo.
Que en la sesión solemne del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizado
el 1o. de diciembre de 2000, donde se dio la transmisión del Poder Ejecutivo ocurrieron
situaciones aberrantes para la vida republicana en nuestro país que no podemos dejar
pasar bajo riesgo de que se conviertan en una normalidad que nos haga retroceder en lo
hecho hasta ahora.
Con despliegues mercadotécnicos se presentó el ciudadano Vicente Fox, con una vestimenta
a decir del senador Diego Fernández de Cevallos, no correspondiente con la trascendencia
del acto.
Al rendir protesta transgredió el texto a que se refiere el artículo 87 constitucional.
Al iniciar el discurso coloco al Congreso de la Unión en un segundo plano con respecto a
sus hijos.
Durante su alocución, trató de jóvenes a los diputados y senadores, transgrediendo su
alta investidura y un largo etcétera que incluye la portación de la Banda Presidencial
fuera de los supuestos establecidos en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales. Así como con todo y Banda Presidencial, un crucifijo de manos de su hija en
el auditorio nacional.
Que el primer obligado a cumplir la Constitución, las leyes y la formas republicanas, es
el Presidente, que eso no constituye ningún cambio, sino acaso el regreso a las más
rancias experiencias de culto a la personalidad sobre la dignidad de las instituciones.
Que no es una casualidad o un hecho fortuito que el jefe del Ejecutivo rinda protesta ante
el Congreso de la Unión porque aquí están los representantes de la nación, contrapeso
natural a los excesos del poder.
El día 1o. de diciembre del año curso el ciudadano Vicente Fox, compareció ante el
Congreso de la Unión para rendir protesta constitucional en términos del artículo 87
del Código Fundamental, que al hacerlo adicionó motu proprio, expresiones que no se
ajustan estrictamente al texto constitucional.
Que en derecho público lo que no está expresamente permitido, se encuentra prohibido.
Que el artículo en comento establece puntualmente la protesta que debe rendir el
Presidente al tomar posesión de su cargo, estableciéndole en forma precisa, la protesta
constitucional que debe otorgar ante el Congreso de la Unión.
Que esta protesta es una declaración pública del más alto contenido cívico y solemne.
Es un acto formal de legalidad que establece el inicio de una gestión del Poder
Ejecutivo.
Que esta declaración implica el sometimiento absoluto al texto constitucional y que todos
los actos de autoridad estarán regidos por la Constitución y la legislación secundaria.
Que como depositario del Poder Ejecutivo se encuentra el ciudadano Vicente Fox y todos los
demás mexicanos, subordinados a la legislación positiva y vigente de esta nación; que
la protesta tiene capital importancia, pues es la manifestación y expresión de guardar y
hacer guardar la Constitución y las leyes que de ésta derivan en favor de toda la
nación y no solamente para determinados grupos o segmentos de la sociedad.
Que en consideración de lo anterior el ciudadano Vicente Fox Quesada no observó la
condición de formalidad y solemnidad que prescribe la Constitución; que resulta
paradójico y hasta contradictorio, que compareciendo para protestar cumplir con la ley,
al hacerlo se altere el texto mismo de la norma; que al tenor de que el que no cumple lo
menos no cumple lo más, resulta preocupante que el ciudadano Vicente Fox haya olvidado el
texto constitucional de requisito de formalidad del inicio de su propio encargo, cuanto
más por lo que toca al eventual olvido que de la letra constitucional tenga en materia de
garantías individuales y sociales y los principios que rigen y tutelan el orden jurídico
nacional. Que si se trató de un exabrupto, producto de la emoción personal o bien si
fuera el caso de una convicción personal, resulta alarmante para esta Cámara, que el
Presidente de la República se deje llevar por impulsos y no por las normas.
Un servidor público y más el propio Presidente, está obligado a ceñirse estrictamente
al texto normativo, ya fuere para reglas, principios o normas. No puede tener la
liberalidad sentimental que pudiere tener el ciudadano común. De ahí que haya un
régimen especial que tutela a los servidores públicos en general y el Presidente de la
República es quien precisamente protesta cumplir esas normas, principios y reglas que se
encuentran en el orden constitucional de un estado de derecho.
Son bienvenidas las expresiones, programas y acciones que tengan como objetivo a los que
menos tienen, a los pobres y marginados de este país; la lucha de los mexicanos y de la
presente generación, es para alcanzar estadios de vida que permitan abatir la pobreza, el
analfabetismo, el hambre, la marginación, entre otros.
De ahí que pugnemos todos nosotros, por mejorar y tener las mejores instituciones, normas
y acciones que permitan la tan ansiada transición democrática, económica, política y
social. Pero de ninguna manera podemos aceptar que en un acto tan solemne y republicano,
se altere el Código Fundamental que precisamente tutela el orden por medio del cual
pretendemos mejorar nuestras condiciones de vida y que la alteración provenga de quien se
encuentra ahí para guardar y hacer guardar el texto que regula el orden constitucional.
Que el estado de derecho no es sólo la existencia de un conjunto de leyes, sino que
éstas sean obedecidas por cualquier persona en todo tiempo, circunstancia y lugar.
Por lo antes expuesto el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presenta a la consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exija del
Ejecutivo Federal un trato respetuoso en sus relaciones bajo la máxima de que la
representación del pueblo y de los estados de la República, concurren en esta
institución, misma que es resultado del voto de los mexicanos.
Segundo. Formular un extrañamiento al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y conminarlo a que en lo sucesivo, ajuste
sus actos al texto constitucional.
Hay que temerle a la ley para no tener que temerle a nada ni a nadie.
Muchas gracias.
Gracias, diputado David Augusto Sotelo Rosas.
Igualmente le solicito su comprensión para que reserve esta Presidencia el trámite de su
planteamiento al término de las intervenciones de las diputadas y diputados.
Ha solicitado también el uso de la
palabra el diputado Alejandro Zapata Perogordo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional y se le concede hasta por 10 minutos.
El diputado
José Alejandro Zapata
Perogordo: |
Con su venia, diputado Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
A esta tribuna se ha venido a señalar una supuesta falta de respeto en contra de quienes
integramos el Congreso de la Unión y de nuestra Carta Magna, en virtud del agregado a la
fórmula de toma de protesta que consagra el artículo 87 de la Constitución que hiciera
el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada al momento de rendirla.
En este sentido consideramos que no ha habido en ese acto ni falta de respeto a los
legisladores ni violación alguna a la Constitución.
3438,3439,3440
El pasado 1o. de diciembre en este recinto y en esta
tribuna, el presidente Vicente Fox Quesada protestó expresando textualmente:
"protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y
la prosperidad de la Unión, de los pobres y marginados de este país y si así no lo
hiciere que la nación me lo demande".
De aquí se desprende que el presidente Fox no omitió oración, palabra o letra alguna de
lo dispuesto en el artículo 87 constitucional, por lo tanto, la protesta ha de surtir los
efectos declarativos de su propia naturaleza. Dijo, palabra por palabra, lo que el texto
constitucional ordena.
Por lo que hace a la expresión hecha ante esta representación nacional de ver por los
pobres y marginados de este país, no daña ni restringe el compromiso del primer
mandatario, sino que lo amplía sin detrimento del orden constitucional, toda vez que al
señalar el Presidente que "protesta y hacer guardar la Constitución y las leyes que
de ella emanen...", debida cuenta que estos ordenamientos velan por todos y cada uno
de los mexicanos, sin distinción de sexo, edad, religión o situación económica alguna
es de interpretarse que el agregado, sólo hace énfasis en el compromiso moral que el
Presidente de la República hace respecto de los más necesitados.
El agregado es sumamente trascendente, se constituye en un compromiso del presidente Fox
que atiende a una sensibilidad social en favor de los que menos tienen, de aquellos que no
tienen acceso a la educación, a los servicios de salud, a un sueldo digno y de aquellos
más de 40 millones de mexicanos pobres, a los que no hemos podido incorporar a una vida
digna.
El multicitado agregado atiende a esto y en nada afecta ni transgrede el orden
constitucional o legal del Estado mexicano.
No puede reprochársele al Presidente de la República con sensatez, su preocupación y su
compromiso de atender con prioridad a los pobres y marginados de este país.
En segundo lugar, la toma de protesta constitucional que presta el Presidente de la
República ante el Congreso de la Unión, es un acto de naturaleza declarativa, es decir,
es el acto mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo hace una manifestación
pública de subordinación al orden jurídico, en el que se compromete a que todos sus
actos de autoridad estén regidos por la Constitución y su legislación secundaria.
La protesta constitucional se presta ante el Poder Legislativo porque en éste se encarna
la representación nacional y se constituye en el principal órgano de control político
del Estado. Es importante dejar en claro que mientras la protesta constitucional es un
acto de naturaleza declarativa, son las elecciones constitucionales y la calificación que
de éstas hace el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, los que son actos
verdaderamente constitutivos del poder público. Pretender que la toma de protesta sea el
elemento constitutivo del cargo, pondría a dicho acto de formalidad por encima de la
voluntad popular.
El Presidente de la República, en los términos del artículo 83 constitucional es
Presidente desde el primer segundo del día 1o. de diciembre en que entra a ejercer su
encargo y no a partir de su toma de protesta, que bien puede ser unas horas o días
después; es por eso que queremos subrayar ante el pueblo de México, que Vicente Fox es
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por decisión del pueblo de
México, expresada mayoritariamente en las elecciones constitucionales del pasado 2 de
julio.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Alejandro Zapata Perogordo.
El diputado Raúl Cervantes Andrade
(desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra para
rectificar hechos.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco
minutos, el señor diputado Raúl Cervantes.
El diputado
Raúl Cervantes Andrade: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Yo creo que estamos perdiendo objetividad. La bancada panista de mis amigos panistas
siempre dijeron que no debería defenderse al Presidente a ultranza, sino por las razones.
No está si hizo bien o no y si constitucionalmente se violó la ley o no se violó, pero
si entramos en ese tema, literalmente la protesta que hizo el señor Presidente en esta
tribuna y que cuando hubo, por parte de los diputados gritándole que respetara la
Constitución, él contestó que la estaba protestando ante la Constitución y ante su
conciencia y eso no vale en el principio de legalidad.
El principio de legalidad dice que las autoridades sólo pueden hacer lo que les marca la
ley; no son actos de conciencia. Es muy peligroso lo que se está tratando aquí.
A las autoridades sólo les está permitido lo que les dice la ley. Esta era una fórmula
tan sacramental. Si está o no bien usado lo de los pobres y marginados, es evidente que
todos los que estamos aquí, todos los mexicanos nos preocupamos por ellos, pero no
podemos anteponer nuestro criterio a la Constitución cada vez que analicemos un acto en
protesta o no protesta, en un acto ante el Congreso o en la ejecución del poder que se le
da por la ley.
El dijo que no era dueño del Poder Ejecutivo sino sólo depositario, entonces que sea
congruente con el respeto a la ley.
También señaló que el Presidente proponía y el Congreso dispone. Pues que este
Congreso disponga que respete la Constitución, que no está para él o él querer hacer
lo que crea en su conciencia, porque podría ser muy peligroso; mañana su conciencia
pudiera estar equivocada, es un ser humano, uno y pudiera violar la ley, extrapolar la ley
y sobre todo violar la Constitución y tampoco se valdría y no sólo es si omitió,
también agregar, mañana nos puede inventar una garantía individual o un derecho de
más. Si quieren modificar la Constitución, si quieren incluir a los pobres y marginados
en esa frase sacramental de la toma de protesta, para eso está el Constituyente
Permanente y no el Ejecutivo y decírnoslo al Congreso en general en nuestra cara, por lo
menos debemos de ser congruentes y decir: no, señores, hay que respetar la Constitución.
Si tuvo consecuencia o no su acto, es lo preocupante de la base de nuestras instituciones;
la democracia no sólo es tener elecciones limpias, no sólo es, señores, que se legitime
a alguien al llegar al poder, sino una etapa muy importante de la democracia es la exacta
aplicación de la ley, esa exacta aplicación de la ley es lo que califica a los países
si están evolucionadas o no sus instituciones y no podemos a los ojos del mundo, nuestro
Presidente de saque, de inicio, violar la Constitución y pensar que no pasó nada.
Necesitamos reflexionarlo, señores del PAN, necesitamos pensar por qué lo hizo y tendrá
el señor presidente Fox, que meditar que su conducta no puede transgredir la ley todos
los días o a cada rato, aún y cuando pareciera, entre comillas, un principio loable y de
preocupación nacional.
En conclusión ¿qué va a hacer el PAN si su actitud de aquí para delante será
justificar lo injustificable y van a caer en lo mismo que criticaron? No, señores, no es
la consecuencia si el Presidente electo lo es o no y si está en funciones, sino realmente
que se tiene que respetar literalmente la ley, porque ese es un principio de legalidad.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Raúl Cervantes; compañeras y
compañeros diputados:
Esta Presidencia, una vez escuchados en la propia sesión de Congreso General del día 1o.
de diciembre y en esta sesión de Cámara los planteamientos sobre el desapego al texto
constitucional en el momento de tomar protesta por parte del Presidente de la República,
ciudadano Vicente Fox Quesada, teniendo a la vista lo que establece el artículo 22,
numeral dos, que hace del Presidente de la mesa directiva responsable de conducir las
relaciones institucionales con los otros poderes, someto a la consideración de esta
Asamblea los siguientes trámites:
Primero. La Presidencia de la mesa
directiva, se dirigirá al Presidente de la República, para señalar el desapego al texto
constitucional planteado.
Segundo. Se hará en los términos idóneos para la construcción de la
mejor relación de comunicación y colaboración entre poderes.
Tercero. Se tomará el debido cuidado de que en el registro del Diario de
los Debates de la sesión de Congreso General, se consignen las expresiones de los
señores legisladores y
Cuarto. Para la mejor comprensión de la sensibilidad de esta Cámara, se remitirán al
Presidente de la República y al Secretario de Gobernación, las versiones estenográficas
de todos quienes hayan tenido una expresión sobre este particular.
Esperando haber satisfecho los planteamientos de los señoras y señores diputados y
esperando ser fiel intérprete de la colectividad, de la pluralidad y de la integridad de
esta Cámara, éstos son los trámites que dicta esta Presidencia.
Solicito a la Secretaría continúe con los asuntos en cartera.
No hay comunicaciones.
El siguiente punto del orden del día es efemérides. Se había reservado sobre el
aniversario luctuoso de Valentín Campa Salazar. A petición del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, se pospone para la próxima sesión.
DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD
Sobre el Día Mundial de la Discapacidad, se han
inscrito los diputados: Arcelia Arredondo García, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional; Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo y Esveida Bravo
Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Se concede el uso de la palabra
hasta por 10 minutos, a la diputada Arcelia Arredondo García, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
La diputada
Raquel Cortés López
(desde su curul) : |
Pido la palabra para el mismo tema.
¿Sobre este tema de discapacidad? La registro
con mucho gusto diputada.
La diputada Arcelia Arredondo García, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, ha solicitado a esta Presidencia la presencia en tribuna de una intérprete y se
ha autorizado.
La diputada
Arcelia Arredondo García: |
Con su permiso, señor Presidente:
El día 3 de diciembre se conmemora un aniversario más del Día Mundial de las Personas
con Discapacidad, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas en 1981.
Han pasado ya 19 años y aún las personas que viven en estas condiciones siguen sufriendo
la indiferencia de las personas que nos consideramos "normales".
La Organización Mundial de la Salud, define por discapacidad "toda restricción o
ausencia de vida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o
dentro del margen que se considera normal para un ser humano".
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales
no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y en las condiciones que ella
misma establece."
3441,3442,3443
No obstante, encontramos en diversos ordenamientos disposiciones jurídicas que restringen
los derechos de las personas con discapacidad. Esta situación debe preocuparnos puesto
que todos, todos estamos expuestos a adquirir alguna discapacidad en algún momento de
nuestra vida.
Muchos tenemos algún conocido, amigo o familiar discapacitado, pero pocos somos los que
abrimos los brazos para que se sientan aceptados, para incorporarlos a una educación
regular, para que se sientan productivos o para mitigarles su dolor que más que físico
es emocional causado por el rechazo manifestado en la curiosidad, en la burla, en el
infundado temor al contagio o en la lástima.
Nuestras personas con discapacidad no deben vivir ya en la oscuridad de sus hogares,
ocultos como si nos avergonzáramos de ellos. No debemos abandonar a nuestros hijos
discapacitados por cobardía, no debemos echarlos a la calle para librarnos del problema.
Estas actitudes lo único que nos dicen es que los discapacitados somos nosotros.
Es lamentable darnos cuenta del gran número de personas con discapacidad que hay en
México y que no existen suficientes instituciones para brindar la atención que estas
personas requieren. Por ello reconocemos públicamente el trabajo de las organizaciones de
la sociedad civil. Ejemplo claro de ello es el Teletón, institución que ha movido la
conciencia nacional para fomentar el altruismo a favor de todos aquellos que sufren alguna
limitación física, intelectual o sensorial.
Como señalé al principio, la Organización de las Naciones Unidas declara, el 3 de
diciembre de cada año, el Día Mundial de las Personas con Discapacidad para recordarnos
que no estamos siendo lo suficientemente humanos, que no somos solidarios ante quienes
sufren, que no merecemos crecer si vamos dejando en el olvido a ésa gran cantidad de
seres maravillosos, llenos de amor, llenos de ansia de vivir y de demostrar que pueden ser
capaces de hacer cosas que nosotros ni siquiera imaginamos.
Compañeros legisladores: los invito a vigilar el cumplimiento de las normas hasta ahora
establecidas para apoyar a los discapacitados y a seguir trabajando y legislar en favor de
las mexicanas y mexicanos que cuentan con capacidades diferenciadas.
Cuando en esta tribuna ya no se hable de discapacitados en su día, habremos cumplido
nuestra misión.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Arcelia
Arredondo García.
Antes de darle la palabra a las siguientes oradoras, quiero solicitar a la Asamblea
guardar el debido silencio para poder atender las intervenciones de nuestras compañeras.
Se concede el uso de la palabra a la
diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta
por 10 minutos.
La diputada
Rosa Delia Cota Montaño: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Sin lugar a dudas, uno de los grupos sociales que durante mucho tiempo fue víctima de
alguna forma de discriminación lo es el representado por todas aquellas personas con
discapacidad física, situación que por mucho tiempo, en cierta medida, los mantuvo
excluidos socialmente hasta por sus propios familiares.
Afortunadamente fueron las propias personas con discapacidad quienes, mostrando un gran
valor y gran fortaleza, sobreponiéndose a todas las adversidades, nos hicieron comprender
que son tan iguales como los que nos consideramos normales.
Hoy vemos cómo muchas de estas personas sobresalen en distintas ramas de la ciencia, la
cultura, la política y el deporte. Muestra de ello son los logros alcanzados
recientemente en Australia durante los juegos paralímpicos.
No obstante lo anterior, observamos que aún falta mucho por hacer. Lo que han logrado las
personas con discapacidad ha sido, en la mayoría de los casos, producto de su esfuerzo
individual.
Aún estamos lejos de contar con una cultura de la
discapacidad entre la ciudadanía, con objeto de que la población vaya cobrando
conciencia de esta problemática social. Falta mucho por cambiar las actitudes de la
sociedad ante las personas con discapacidad.
Las propias autoridades, pero también muchos particulares, se han tardado en reaccionar.
Vemos cómo un sinnúmero de instalaciones públicas, llámense escuelas, deportivos,
restaurantes, cines, establecimientos comerciales etcétera, no cuentan con la
infraestructura que permita el fácil acceso a personas con discapacidad física.
Para el Partido del Trabajo es muy importante que en nuestro país se fomente y estimule
la cultura de la discapacidad como una vía para promover y alcanzar equidad, ya en alguna
otra ocasión en este mismo foro se ha expresado esta preocupación.
Creemos que las oportunidades no deben estar limitadas solamente para aquellos que gozan
de todas sus facultades físicas y mentales, sino que es indispensable incorporar a las
mismas oportunidades a todas las personas que por razones de orden congénito o de otro
tipo presenten alguna discapacidad.
Hacemos un llamado a todas las autoridades federales, estatales y municipales para la
implementación de programas dirigidos a los grupos de personas con discapacidad. Les
solicitamos el acondicionamiento de la infraestructura y de los servicios urbanos para que
sean acordes a las necesidades de estos mexicanos.
Debemos entender que las personas con discapacidad significan en términos numéricos un
sector importante, pero lo más importante es la valía que tienen desde la perspectiva de
una nueva cultura social igualitaria que estamos construyendo en nuestro país.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputada Rosa Delia.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada
Esveida Bravo Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada
Esveida Bravo Martínez: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
El proporcionar las condiciones necesarias para abrir espacios para el mundo de la
discapacidad y exprese sus inquietudes y logre sus aspiraciones, no sólo un asunto del
gobierno sino que por el contrario una responsabilidad de todos, siendo una de las más
nobles y urgentes tareas de un gobierno.
Las características sociales de nuestro país hacen de esta obligación una tarea
fundamental e irrenunciable. Por ello, es una misión urgente, ineludible, que el
Ejecutivo debe afrontar sin descanso y como legisladores estamos obligados a vigilar
escrupulosamente.
Muchos mexicanos sufren de un tipo de discapacidad. Para ello, compatriotas, la vida no es
fácil, ya que para desarrollar todos sus potenciales requieren en muchas ocasiones de
terapias, equipos e instalaciones especiales.
Desgraciadamente en México la población en general no ha desarrollado una cultura de
apoyo a los discapacitados y más aún el Gobierno no ha implementado de manera integral
en sus programas medidas adecuadas para coadyuvar al pleno desarrollo de estas personas
con alguna limitación.
En el Partido Verde Ecologista de México estamos sumamente preocupados por las
condiciones en que se desenvuelven 10 millones de mexicanos con discapacidad. Queremos que
las cosas sean más justas y mejores para ellos, pero al mismo tiempo llamamos a
desterrar, de una vez por todos, la caridad sensiblera y llorosa y a la vez postre,
desagradable y lastimera que ha servido de tarjeta de presentación pública.
El tema solo es con el fin de recoger una aportación y sin resultados concretos en el
cambio de actitud de involucramiento constante del resto de la población.
Ante este panorama cabría esperar el Gobierno una respuesta enérgica, contundente y
efectiva para mejorar las condiciones de millones de mexicanos con discapacidad, tomando
en cuenta que la prosperidad de las mexicanas y mexicanos fue principal oferta de campaña
del señor presidente Vicente Fox.
Esperemos que el programa nacional para el bienestar y la incorporación al desarrollo de
las personas con discapacidad, creada en 1995, se mantenga y mejore para impulsar de
manera decidida y clara el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. Además
de la prevención y el tratamiento la de las discapacidades motrices lingüísticas y de
aprendizaje a otro objetivo que debemos perseguir es la integración.
Esta acción de integrarse siempre que tiene que acelerarse para que todas aquellas
personas con discapacidad, que por su condición han sido marginadas o discriminadas, sean
incorporadas a la sociedad.
Una forma de avanzar en su incorporación es disponer el avance de los especialistas de
las herramientas para la integración educativa, social y laboral de las personas con
discapacidad. Asimismo, las instituciones del sector salud y el DIF tienen que reformar
los programas de atención e intensificar su labor en las áreas de discapacidad y
capacitación e integración laboral, terapia y bases de conocimiento.
Hagamos votos para que la rehabilitación se extienda a toda la Federación, ya que a la
fecha, por ejemplo en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, existen desde
367 unidades básicas de rehabilitación en 27 estados, las cuales son insuficientes para
satisfacer la demanda en nuestro país.
Es necesario que en el Día Mundial de la Discapacidad en México se reconozca el esfuerzo
y perseverancia de todos los mexicanos con discapacidad, para que este día sea punto de
partida para que todos los niveles de gobierno y nosotros, los representantes populares,
avancemos puntualmente para lograr la tan anhelada sociedad igualitaria.
Hoy todos los grupos políticos hacemos referencia plena y obligada a los derechos humanos
como valores universales y objetivos por los que hay que luchar sin embargo, ningún tipo
de proyecto político puede avanzar si las condiciones de una gran parte de nuestros
connacionales no tienen opciones reales para poder lograr un desarrollo en igualdad de
condiciones.
Exhorto a que todos los legisladores luchemos juntos para mejorar las condiciones que hoy
padecen millones de mexicanos con propuestas serias, definidas y reales que alivien su
situación de discapacidad, ya que día con día tienen que sortear las dificultades,
transitar y actuar en un mundo egoísta que no desea crecer con ellos. Todos son
triunfadores y esperan recibir un trato justo siempre. ¿Sólo cuando ganan medallas o un
Teletón?
No, gracias.
Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia: |
Gracias a la diputada Esveida Bravo Martínez.
Tiene la palabra la diputada Raquel Cortés López, del Partido de la Revolución
Democrática, hasta por 10 minutos.
La diputada
Raquel Cortés López: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras
diputadas; compañeros diputados:
En 1992, al concluir el decenio de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad
1983-1992, la Asamblea General proclamó el 3 de diciembre Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, en su resolución 47-3, día en que los pueblos del mundo
reconocen a sus ciudadanas y ciudadanos con discapacidad, día en que México hay foros,
eventos, torneos en honor de ellos.
Pero, ¿qué hacen los gobiernos los 364 días anteriores? Sí compañeras y compañeros
legisladores, ya que el Estado es el que debe hacerse responsable de los compañeros con
discapacidades.
3444,3445,3446
Hoy como moda se les quiere denominar de otra manera: personas con capacidades diferentes.
Pero nosotros decimos que el término es equivocado, porque el término "personas con
discapacidad" es un concepto acuñado por la Organización Mundial de la Salud,
producto de investigaciones sociales, culturales, médicas y sicológicas, por lo que no
basta un decreto presidencial para borrar de un plumazo las investigaciones y los
esfuerzos de esta organización internacional.
La nueva realidad nacional nos ha obligado a hacer reconocimientos a estos mexicanos con
hechos concretos, con modificaciones al marco jurídico y no con llamarlos
"diferentes" y entendiéndoles igual.
El grupo parlamentario del PRD en este importante día desea hacer una evaluación de los
trabajos parlamentarios de organizaciones y el PRD en la Cámara de Diputados.
La lucha parlamentaria de las organizaciones sociales de personas con discapacidad dio
inicio el 14 de febrero de 1994 cuando más de 1 mil personas marcharon del Zócalo de la
Ciudad de México a las puertas de esta Cámara, compañeros, en demanda de una reforma
legislativa integral en materia de discapacidad.
El compañero diputado Juan Hernández Mercado, del grupo parlamentario del PRD en la L
Legislatura, abrió las puertas del grupo al frente de organizaciones sociales de personas
con discapacidad y se conjuntó un equipo multidisciplinario que elaboró nueve
iniciativas de ley y dos puntos de acuerdo. De ese trabajo se logró que la legislatura
aprobara por unanimidad cinco iniciativas a favor de las personas con discapacidad.
La Cámara de Diputados aprobó iniciativas de reformas y adiciones a la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Aduanera, Ley de
Estímulo y Fomento al Deporte y la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
En 1997 el Frente de Organizaciones Sociales de Personas con Discapacidad se dio a la
tarea de promover los cambios legislativos y realizó la Marcha de 45 días por la
Justicia Social.
A lo largo de más de 2 mil kilómetros de Cancún al Zócalo en el D.F. el PRD,
compañeros, estuvo ahí para apoyar este importante esfuerzo. Hago un reconocimiento a mi
compañero Felipe Rodríguez Aguirre, diputado federal de la LVII Legislatura del grupo
parlamentario del PRD, quien tuvo la visión y la sensibilidad para hacer de la
discapacidad una bandera de lucha parlamentaria.
El compañero Felipe Rodríguez presentó cinco iniciativas de ley entre las que destaca
la iniciativa de adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en ella Felipe propuso
tasa cero a los implementos que utilizan las personas con discapacidad.
La Cámara la tiene en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
"descansando" el sueño de los justos.
Otra iniciativa que cabe la ocasión mencionar, es la de reformas y adiciones al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). En esta iniciativa se
propuso que los partidos políticos estén obligados a destinar el 10%, al menos, de sus
candidaturas a puestos de elección popular, a personas con discapacidad para que sean
ellos quien traigan a esta tribuna sus soluciones y tracen sus políticas públicas.
Nuestra legislatura no debe ser ajena a este proceso social que las personas con
discapacidad están trazando.
Debe la Junta de Coordinación Política en reconocimiento de los más de 10 millones de
mexicanos con discapacidad aprobar un punto de acuerdo que se presentó en esta tribuna en
el mes de octubre para contratar al menos el 2% del personal de la Cámara de Diputados
por personas con discapacidad, ya hay 1% pero es insuficiente. Compañeras y compañeros,
esta LVIII Legislatura tiene el reto de hacer los cambios jurídicos para concretar el
Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Senado de la
República el año pasado.
Exhorto, a nombre de mi grupo parlamentario, a todas las diputadas y a todos los diputados
de las diferentes extracciones que integramos esta LVIII Legislatura, que sumemos
esfuerzos para que el próximo 3 de diciembre del 2001 entreguemos cuentas más positivas
a las personas con discapacidad, cuentas en las que demos nuevas leyes que tendrán como
objeto de su histórica lucha, es decir, la equiparación de oportunidades y la justicia
social.
Pido a las organizaciones de personas con discapacidad que continúen la lucha en la
trinchera del parlamento de la nación. Las puertas del grupo parlamentario del PRD están
abiertas y esperan poder contribuir en la lucha por igualdad, justicia y dignidad por la
que las organizaciones sociales han trabajado con mucha fe y ahinco.
Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
Muchas gracias a la diputada Raquel
Cortés López.
ASISTENCIA (II)
Se pide a la Secretaría dar cuenta
del registro de asistencia de diputados a esta sesión.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Señor Presidente, se informa que
hasta el momento el sistema electrónico registra la asistencia de 450 diputados.
Muchas gracias.
Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD (II)
Tiene la palabra la diputada Elba
Arrieta Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
La diputada
María Teodora Elba Arrieta
Pérez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Como es sabido, al concluir el decenio de las Naciones Unidas para las personas con
discapacidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 47/3 del año
de 1992, proclamó el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. Tiempo después hizo un llamado a los países miembros para que celebrasen
ese día con el propósito de fomentar la integración en la sociedad de las personas con
discapacidad.
Los grupos de discapacitados han pugnado por mostrar que su lucha no es en contra, sus
propias limitaciones o desventajas físicas de diversas maneras suplen una carencia con el
desarrollo de otras habilidades. Un ejemplo de ello lo fueron los atletas mexicanos que
participaron en lo juegos paralímpicos de Sydney, Australia, en donde demostraron
mundialmente de lo que son capaces.
La lucha de los discapacitados es contra la discriminación social, contra esa barrera
insensible que los relega por una situación de la cual ellos no son culpables. La
discriminación social en sus diversas connotaciones que ya desde lo verbal, como cuando
se les llama inválidos como sinónimo de imposibilitados o incapacitados, hasta la
marginación física o sicológica en la oficina, en el taller, en la escuela o hasta en
la propia familia.
En México, en términos estadísticos la problemática es de primera importancia. Según
la Organización Mundial de Salud, las personas con discapacidad representan el 10% de la
población, lo que equivale considerando el núcleo familiar, que alrededor del 50% de la
población se ve impactada por estar directamente relacionados con esta problemática.
Pero el problema rebasa con mucho las cuestiones númericas, tiene que ver con nuestro
proyecto social, en el cual desaparezca todo signo de discriminación por género o
discapacidad; tiene que ver con la aspiración de las madres mexicanas que anhelan una
sociedad sensible, que no rechace a sus hijos por tener esa desventaja física y sobre
todo con una sociedad que se enorgullezca de las obras y virtudes de sus millones de
mujeres y hombres logradas en la igualdad de oportunidades.
3446,3447,3448
En México se ha avanzado en la atención de personas con algún tipo de discpacidad a
través de modificaciones en la legislatura, la creación del instituto específico y la
promoción de políticas públicas y acciones para la atención de discapacitados. En este
punto mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, reitera el reconocimiento ya
expresado en otras ocasiones en esta tribuna, a la labor de las organizaciones no
gubernamentales, las cuales realizan grandes esfuerzos para lograr la integración social
de las personas con discapacidad.
También es de reconocer la labor que desde hace varias décadas desarrollaron los propios
discapacitados, quienes han impulsado movimiento social para unificar sus esfuerzos y
concertar acciones.
En nuestro país se han consolidado diversas organizaciones en el nivel nacional y
estatal, así como organismos que agrupan a personas identificadas con un tipo de
discapacidad.
Por su parte, el honorable Congreso de la Unión ha prestado importancia especial a la
problemática de las personas con discapacidad; en su momento creó la Comisión Especial
de Atención y Apoyo a Discapacitados, sus resultados son reconocidos. La comisión
especial estuvo vigente durante los años de la anterior legislatura; actualmente por
acuerdo de las fracciones parlamentarias, la LVIII Legislatura creó la Comisión de
Atención a grupos vulnerables que rescata las funciones de la anterior comisión y
amplía su ámbito a otros grupos en desventaja social.
Con ello la temática de las personas con discapacidad se convierte en una comisión
ordinaria generando amplias expectativas por las iniciativas que impulsará en materia
legislativa, así como por las posibles acciones para promover la equidad de
oportunidades.
Resalta en este punto la coincidencia de propósitos de los grupos parlamentarios, quienes
han puesto el interés de la comunidad por encima de los partidos políticos.
Compañeros legisladores: aprovechemos esta oportunidad para ratificar nuestra posición,
continuemos con los esfuerzos ya realizados para fomentar la integración en la sociedad
de las personas con discapacidad.
En el Poder Legislativo contamos con la instancia adecuada, la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables.
Por su parte, el Ejecutivo Federal anunció la puesta en marcha de una comisión de
estudios contra la discriminación, así como una oficina de atención a personas con
discapacidad.
Si a lo anterior, logramos conjuntar los esfuerzos que desarrollan las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones de discapacitados, contamos con una plataforma
adecuada para consolidar una cultura a la discapacidad y para impulsar medidas tendientes
a mejorar la situación de las personas con discapacidad, así como lograr la igualdad de
oportunidades.
En lo que corresponde a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional, continuaremos apoyando e impulsando las iniciativas y los pronunciamientos
encaminados a lograr la completa incorporación a la sociedad de estos grupos sociales.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias a la diputada Elba
Arrieta Pérez.
LEY DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA
En otro tema del orden del día,
referente a iniciativas, se concede la palabra al diputado Arturo Escobar y Vega, del
Partido Verde Ecologista de México, para que presente una iniciativa que adicione el
inciso e de la fracción III del artículo 4o. de la Ley de la Policía Federal
Preventiva.
El diputado
Arturo Escobar y Vega: |
Con su permiso, señor Presidente;
diputadas y diputados:
«Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Presente.
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González,
Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas,
Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe
Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María
Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika
Elizabeth Spezia Maldonado.
Los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión que firman al calce, con fundamento en el
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Justicia de esta
Cámara de Diputados, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de esta Cámara
de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
iniciativa
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los partidos políticos nacionales como entidades de interés público, deben ser
salvaguardados por las instituciones encargadas de la seguridad pública y con ello evitar
que grupos o personas interesadas en crear inestabilidad social y política, logren por
medio de acciones mal intencionadas y violentas perpetuar un delito, en beneficio de
intereses oscuros y personales.
Los partidos políticos tienen como fin el promover la participación de los mexicanos en
la vida democrática del país y para ello deben contar con todas las garantías que les
han sido concedidas en nuestra Carta Magna y en las leyes de la materia.
La seguridad de los partidos políticos en México, debe ser principio fundamental en la
actuación de los gobiernos estatales y federales, con consignas definidas donde el
verdadero fondo del problema es el despojo de la propiedad privada o pública.
Uno de los problemas más importantes que es necesario resolver y que así se han
manifestado los habitantes de las grandes metrópolis, no únicamente del Distrito Federal
sino también en el resto del territorio nacional, es la seguridad individual y colectiva
en todas sus modalidades.
Los atentados a la seguridad se manifiestan de innumerables maneras; desde el robo a mano
armada, asalto, secuestro, violación y otros muchos delitos como lo es el despojo.
Son muchas las causas que han originado tal proliferación de delitos. Entre las más
importantes pueden citarse las siguientes:
Incremento de la población en las grandes ciudades del país, principalmente por la
elevada tasa de natalidad, así como la gran emigración de gente del campo a las
ciudades.
La incapacidad del sistema económico mexicano, para generar las fuentes de empleo
necesarias que den trabajo a todos los mexicanos. Situación que se agrava a partir de
diciembre de 1994, cuando el país se precipita por la pendiente de la quiebra de muchas
empresas.
Un Poder Judicial con grandes carencias y sesgado hacia la tolerancia, la impunidad y el
delito, sujeto al precio del mejor postor, con un mal sistema de evaluación y
calificación por parte de las estructuras más altas de este poder.
Corporaciones policiacas, en su mayoría integradas por personal mal seleccionado, poco
calificado, limitadamente pagado y pésimamente capacitado, tranformándose en muchas
ocasiones en los sujetos activos del delito.
El resultado de este fenómeno es el descrédito total hacia las corporaciones policiacas
y la desconfianza justificada a los servidores públicos que las integran. En diversas
encuestas la población ha manifestado, un mayor grado de temor a las policías judiciales
estatales que a los mismos delincuentes.
En la actualidad, la policía mexicana está considerada entre las menos eficaces y más
corruptas del mundo. Dentro de estos cuerpos policiacos, frecuentemente ocurre que el
personal expulsado o dado de baja por conducta deshonesta, e inclusive con antecedentes
penales, enseguida procede a darse de alta en la policía de otra entidad federativa.
Estos sucesos ocurren por la falta de control y la carencia de un padrón nacional de
policías que funcione en tiempo real y que permita identificar a los malos elementos.
Otro de los fenómenos que merman la seguridad publica, radica en el surgimiento y
proliferación en todo el territorio nacional de empresas de seguridad, integradas por
personal de dudosa procedencia y bajo sentido moral. Este personal muchas veces lo
integran los mismos delincuentes, que así ven facilitada su labor al cometer los delitos.
En otros casos los gobernantes se sirven de los cuerpos policiacos para imponer la ley a
su antojo, ya que la policía es un instrumento de venganza o de intimidación cuando el
objetivo no necesariamente lícito, es el desalojo de una propiedad, mediante el uso
excesivo de la fuerza.
Muchas veces la policía recibe órdenes de no intervenir cuando quienes la dirigen
establecen que dicha intervención puede ir en contra de los intereses de su partido. Esto
se ve con frecuencia en manifestaciones que a todas luces no, sólo trastornan a la
ciudad, sino que ocasionan innumerables problemas económicos y de inseguridad. También
ocurren cuando grupos pequeños sin ninguna representatividad invaden o toman
instalaciones públicas, privadas o sociales porque creen que tienen el derecho a la
impunidad de hacerlo.
Por esto es necesario que la Policía Federal Preventiva no sólo proteja los espacios de
carácter federal, sino que al mismo tiempo proteja aquellos espacios públicos de
carácter político, como son las sedes de los partidos políticos, que muchas veces son
intervenidas y atacadas por grupos de choque y otros no oficiales, que tienen como fin
ocasionar daños a la propiedad, apoderarse de información considerada como confidencial,
efectuar robos, saqueos y lo más grave violentar el ambiente político nacional.
Es fundamental que la violación a las instalaciones de los partidos políticos
nacionales, debidamente acreditados ante el Instituto Federal Electoral, sea materia de
intervención del cuerpo policiaco de élite, la Policía Federal Preventiva.
Tal policía actuará sin consigna de ninguna especie y tendrá tres espacios de acción:
Acciones preventivas: protegiendo la propiedad federal y la propiedad pública como las
sedes de los partidos políticos, embajadas etcétera.
Acciones protectoras: acción mediata protegiendo los espacios públicos y federales ya
mencionados y dado el caso evitando a los posibles perpetradores de delitos de invasión y
despojo. Investigando a los grupos y personas que realicen este tipo de actos
evidentemente ilegales.
Acciones punitivas: consignar a los responsables de los daños a la propiedad federal y
pública como las sedes de los partidos políticos, ante el Ministerio Público Federal
para que reciban la sanción correspondiente y que paguen por los delitos cometidos.
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se adiciona un inciso e, a la fracción III del artículo 4o. de la Ley de la
Policía Federal Preventiva.
Artículo único. Se adiciona un inciso e, a la fracción III del artículo 4o. de la Ley
de la Policía Federal Preventiva, para quedar como sigue:
"Artículo 4o. La Policía Federal Preventiva tendrá las atribuciones siguientes:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, salvaguardar la
integridad de las personas, así como prevenir la comisión de delitos, en:
a) al d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Las instalaciones de los partidos políticos debidamente registrados ante el Instituto
Federal Electoral.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
3449,3450,3451
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, a 5 de diciembre de 2000. Diputados: Bernardo de la Garza Herrera,
coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González,
Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas,
Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe
Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María
Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika
Elizabeth Spezia Maldonado.»
Hago entrega al Secretario de esta iniciativa.
Gracias.
Gracias, diputado Arturo Escobar y
Vega.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
MATERIA ARANCELARIA
El siguientes punto del orden del
día son oficios de la Secretaría de Gobernación.
Proceda la Secretaría a dar lectura a los oficios de esta dependencia, de la Secretaría
de Gobernación.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Sí, señor Presidente.
Tenemos un oficio de la dirección general de gobierno, de la dirección de Coordinación
Política con los poderes de la Unión, dirigida a los ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección
General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Por instrucciones del Presidente de la República, con el presente les acompaño el
informe sobre el uso de la facultad que en materia arancelaria otorga a favor del titular
del Ejecutivo Federal el artículo 131 constitucional.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 30 de noviembre de 2000. Por acuerdo del Secretario. El director general
de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República
Ciudadano diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 131 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Comercio Exterior, me permito someter a la
aprobación de esa soberanía el uso que ha hecho el Ejecutivo Federal de las facultades
en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de octubre de 1999 a noviembre de
2000.
En congruencia con los objetivos y estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000,
las modificaciones arancelarias han tenido como objetivo fundamental coadyuvar al
desarrollo industrial equilibrado y dar mayor transparencia a las operaciones del comercio
exterior, a través de la racionalización de la estructura arancelaria y de las
regulaciones.
I. Durante el periodo señalado en el primer párrafo, se efectuaron las siguientes
modificaciones a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación:
a) Decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de diciembre de 1999:
* Se crearon 57 fracciones relativas a los sectores agropecuario, del calzado, eléctrico,
electrónico y del juguete. Esto en atención a que se requería identificar con mayor
precisión los referidos productos, a fin de mejorar el sistema de recaudación aduanera.
* Se suprimieron 32 fracciones referentes a semilla de cánola, productos químicos y
calzado. Esta medida se adoptó en virtud de que los productos correspondientes se
encontraban comprendidos en otras fracciones arancelarias, lo que provocaba confusión en
las aduanas al momento de efectuar la clasificación arancelaria.
b) Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2000:
* Se modificó el texto de dos fracciones arancelarias referentes a habas de soja (soya).
Esto con el fin de establecer con precisión la época de intercosecha nacional de la soya
y la época de cosecha de soya.
c) Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2000:
* Se modificó una fracción arancelaria y se creó una nueva fracción arancelaria
referentes al sector automotriz. Esto a fin de liberar del permiso previo de importación
a las camionetas pick-up que cuenten con una antigüedad de 10 ó más años, provenientes
de los Estados Unidos de América o de Canadá.
d) Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2000:
* Se modificó el texto y arancel de una fracción arancelaria referente al sector
automotriz. Esto a efecto de permitir la importación de camionetas pick-up de baja
capacidad de carga y/o doble cabina.
e) Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2000:
* Se crearon 47 fracciones arancelarias referentes a las industrias eléctrica y
electrónica, automotriz y textil. Esta medida se adoptó a fin de identificar por
separado diversos productos de los que no existe fabricación nacional.
* Se crearon 11 fracciones arancelarias referentes a la industria vitivinícola y de
bienes de capital. Lo anterior, a efecto de mantener congruencia arancelaria en la cadena
productiva.
* Se suprimieron 15 fracciones arancelarias referentes a las industrias química,
eléctrica y electrónica. Esta medida se adoptó en virtud de que dichas fracciones no se
encontraban clasificadas adecuadamente, lo que dificultaba efectuar una correcta
clasificación arancelaria.
* Se crearon arancelescupo para cinco fracciones arancelarias referentes a café verde y
embutidos, esto en razón de que los sectores correspondientes requerían de un mayor
volumen para cubrir las necesidades y así abastecer los compromisos de consumo de estos
productos.
* Se abrogaron aranceles cupo para seis fracciones arancelarias referentes a rodamientos,
con la finalidad de permitir un abasto seguro con precios competitivos de este producto en
nuestro país.
II. Durante el periodo comprendido de octubre de 1999 a noviembre de 2000 no se efectuaron
modificaciones a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportación.
La Comisión de Comercio Exterior se reunió en 15 ocasiones en el periodo de octubre de
1999 a noviembre de 2000 para atender y apoyar las 383 solicitudes que se recibieron en el
periodo de interés tanto del sector público como del sector privado.
Como resultado de las medidas señaladas, los indicadores arancelarios variaron respecto
al año 1999 de la manera siguiente: la media arancelaria aritmética en la tarifa del
impuesto general de importación pasó de 16.1% en 1999 a 16.2% en 2000, la dispersión
arancelaria varió de 7.8% en 1999 a 8.0% en 2000 y el arancel promedio ponderado (por
valor de importación) pasó de 2.9% en 1999 a 3.0% en 2000.
Mediante dichas acciones se dio cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo vigente
durante el periodo 1995-2000 y al Programa de Política Industrial y Comercio Exterior,
para fortalecer la competitividad de la industria nacional.
Cifras preliminares del mes de enero al mes de julio de 2000.
Reitero a usted, señor Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 30 de noviembre de 2000. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Túrnese a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público.
PRESTAR SERVICIOS
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando
se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el
artículo 37 inciso c párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al
gobierno extranjero que se menciona:
Mayra Patricia Cavazos Pérez, asistente comercial, oficina comercial británica en
Monterrey.
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita
la nacionalidad mexicana de dicha persona, dos fotografías y el escrito en que solicita
se realicen los trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de noviembre de 2000. Por acuerdo del secretario. El director general
de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Proceda la Secretaría a dar lectura a los oficios de la Cámara de Senadores.
CONDECORACIONES
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVIII
Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que
contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos Eduardo
Represas de Almeida, Eugenio Minvielle Lagos y Mariano Francisco Herrán Salvatti, para
aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 23 de noviembre de 2000. Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.
3452,3453,3454
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Eduardo
Represas de Almeida, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Samán de Aragua
en Primera Clase, que le confiere el gobierno regional del Estado de Aragua de la
República Bolivariana de Venezuela.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Eugenio Minvielle
Lagos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Samán de Aragua en Primera
Clase, que le confiere el gobierno regional del Estado de Aragua de la República
Bolivariana de Venezuela.
Artículo tercero. Se concede permiso al licenciado Mariano Francisco
Herrán Salvatti, para aceptar y usar la condecoración por Servicios Distinguidos en
grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Colombia.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 23 de noviembre de 2000.
Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente; Yolanda González Hernández, secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Licenciado Arturo
Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que
contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos coronel de arma
blindada Diplomado de Estado Mayor Ignacio Luquín Pérez, Liévano Sáenz Ortiz y Rubén
Alberto Beltrán Guerrero, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos
extranjeros.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de noviembre de 2000. Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al coronel de arma blindada
Diplomado de Estado Mayor Ignacio Luquín Pérez, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden Manuel Amador Guerrero en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la
República de Panamá.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Lievano Sáenz Ortiz,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero en grado de Gran
Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Rubén Alberto
Beltrán Guerrero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador
Guerrero en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de
Panamá.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 28 de noviembre de 2000.
Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente; Yolanda González Hernández, secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Licenciado Arturo
Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos legales
correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto
de decreto que concede permiso al licenciado Horacio Sánchez Urzueta y actuario Enrique
Vilatela Riba, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.
Reitero a ustedes las seguridades de mí atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de noviembre de 2000. Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al licenciado Horacio Sánchez Urzueta, para aceptar
y usar la condecoración de la Orden de Pío IX en grado de Gran Cruz, que le confiere el
gobierno de la Santa Sede.
Artículo segundo. Se concede permiso al actuario Enrique Vilatela Riba, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero en grado de Gran Oficial, que le
confiere el gobierno de la República de Panamá.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 28 de noviembre de 2000.
Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente; Sara Castellanos Cortés, secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Licenciado Arturo
Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
SALARIOS MINIMOS
En otro punto del orden del día,
en materia de proposiciones y para formular un punto de acuerdo exhortando a la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, para que bajo su estricta responsabilidad determine un
porcentaje suficiente a los salarios mínimos generales y profesionales que habrá de
regir para el próximo año, tiene la palabra el diputado Roberto Ruiz Angeles, a nombre
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hasta por 10 minutos.
El
diputado Roberto Ruiz Angeles: |
Gracias, diputado Presidente;
señoras diputadas y diputados:
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sometemos a este pleno este punto de
acuerdo.
«Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, miembros de las diversas
fracciones parlamentarias, preocupados por la situación socioeconómica de los
trabajadores del país, se permiten hacer una exhortación a la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, para que bajo su estricta responsabilidad determine un porcentaje
suficiente a los salarios mínimos, generales y profesionales que habrán de regir para el
próximo año con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Conforme a lo establecido en el segundo párrafo, de la fracción VI del artículo 123
constitucional, para la satisfacción de las necesidades normales de un jefe de familia en
el orden material, social y cultural, es necesario contar con un salario digno y
suficiente.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, fue creada en el año de 1963, con objeto de
procurar el más amplio y efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en esta
materia.
El deterioro del poder adquisitivo del salario, ha sido creciente interrumpido e
ininterrumpido, generando un rezago histórico sumamente grave en la capacidad de compra
de los obreros y sus familias, haciéndose nugatorio su derecho constitucional a una
remuneración suficiente.
Los factores que han concurrido en esta delicada situación han sido variados y complejos,
pero de entre ellos destacan los siguientes:
La tendencia a establecer los salarios
mínimos tomando como base únicamente la estimación anulada anual del porcentaje de
inflación que generalmente termina invariablemente siendo mayor a los pronósticos
oficiales que sustenta en exigencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y
organismos financieros internacionales.
Que nuestro Gobierno tiene que aceptar a cambio de nuevos créditos los aumentos de
precios que indiscriminadamente se producen en cascada ante el solo anuncio de que se
están estudiando los salarios mínimos generales para el año siguiente, lo que deduce a
la nada el beneficio de los aumentos sin que se establezcan estrategias enérgicas y bien
planteadas que impidan este fenómeno antes y después de la fijación de los salarios.
Previniendo sanciones y castigando con dureza estas conductas indebidas y las distorsiones
y el deterioro que se origina con esto y la disminución del poder adquisitivo de los
trabajadores y sus familias incongruentes con el aumento anual de los salarios mínimos
generales y profesionales.
La existencia de tres zonas económicas en el país por la especial configuración de los
sistemas de producción y comercialización del territorio nacional, particularmente de
productos de la canasta básica, los precios de muchos satisfactores se fijan de acuerdo
con los salarios mínimos de las zonas más caras y cuando llegan a las zonas B y C, que
son de menor percepción, llevan ya incrementos adicionales por los costos de embalaje,
traslado, almacenamiento etcétera, lo que propicia la paradoja de que los precios más
altos los paguen aquellos que menos reciben por su trabajo.
En estas circunstancias y en el entendido de que la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos es un órgano autónomo y tripartito, que debe de basar sus resoluciones en los
estudios socioeconómicos y consideraciones que presentan los representantes de cada
sector y que además cuenta con indicadores socioeconómicos históricos suficientes, esta
Comisión de Trabajo y Previsión Social se permite proponer que este pleno autorice, se
le formule a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, las siguientes recomendaciones:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Ante la pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios mínimos,
derivado por circunstancias, entre otras, políticas neoliberales, que no son fijadas más
que por organizaciones internacionales y que en los últimos años son superiores al 52%
con la pérdida derivada, entre otras causas, por la fijación de topes salariales que se
sustentan en exigencias del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y
organizaciones internacionales, esta Cámara de Diputados a través de la mesa directiva
mediante oficio, recomienda en forma respetuosa a la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, con base en
los estudios socioeconómicos de los sectores, presenten y ante la necesidad de ir
recuperando el poder adquisitivo perdido de los trabajadores, se apruebe un incremento a
los salarios mínimos que no se tenga como único argumento el índice de la inflación
esperada para el año 2001 y el aumento se dé con el porcentaje suficiente conforme al
mandato constitucional.
Segundo. Que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos analice a profundidad la
conveniencia o inconveniencia de mantener las tres zonas socioeconómicas actuales por las
razones expresadas y que en caso de resolver fundamentalmente su prevalencia, tome en
cuenta los factores sobre costos de los productos básicos a que se ha hecho referencia,
para fijar incrementos en las zona "B" y "C", superior a los salarios
mínimos generales y profesionales de la zona "A", a que resarzan con esto esas
pérdidas adicionales por estar enclavados en zonas de poder adquisitivo menor.
Tercero. Que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos incorpore a su resolución de
salarios mínimos generales y profesionales para el año 2001, un punto que establezca
explícitamente la libertad plena de los trabajadores y patrones para acordar los aumentos
salariales en el marco de la negociación colectiva.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 28 de noviembre del año 2000. Diputados: José Ramírez Gamero,
presidente; Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, Roberto Ruiz Angeles, Alejandra Barrales
Magdaleno, Hugo Camacho Galván, secretarios;integrantes de la comisión; Enrique Aguilar
Borrego, Hilda Anderson Nevárez, Rodolfo González Guzmán, Roque Joaquín Gracia
Sánchez, Juan Leyva Mendívil, Francisco Javier López González, Rafael López
Hernández, Sergio Maldonado Aguilar, Enrique Ramos Rodríguez, Carlos Romero, Benito
Vital Ramírez, Carlos Aceves del Olmo, Jaime Aceves Pérez, Manuel Castro y del Valle,
José Antonio Gloria Morales, Héctor Méndez Alarcón, José Luis Nogales Arellano,
Ramón Paniagua Jiménez, Francisco Ramírez Cabrera, Jorge Urdapilleta Núñez, Alejandro
Gómez Olvera, Rosario Tapia Medina, Herbert Taylor Arthur y Alfonso Sánchez
Rodríguez.»
3555,3456,3457
Señor Presidente: por ser un acuerdo del
pleno, solicitamos a esta Presidencia se turne íntegro el acuerdo del pleno de esta
Comisión de Trabajo y Previsión Social para que sea remitido textualmente a la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias al diputado Roberto
Ruiz Angeles.
Esta mesa directiva reserva el trámite solicitado, al término de los oradores que han
pedido hacer uso de la palabra para rectificación de hechos.
Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución
Democrática, hasta por cinco minutos.
El
diputado Ramón León Morales: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
A estas alturas resulta evidente que el desempeño del modelo económico impuesto desde
1983, no ha podido alcanzar una sola de las metas que sus promotores le asignaron. La
inflación se controló con sobrevaluación cambiaria, los mercados se abrieron
indiscriminadamente desmantelando sectores económicos y regiones productivas y se contuvo
la demanda con una drástica contención salarial y del ingreso.
En casi dos décadas no se generaron empleos suficientes; la remuneración del empleo
cayó a niveles de subsistencia, la pobreza se incrementó e intensificó, la
vulnerabilidad del sistema financiero y exportador aumentó y hoy nuestra economía tiende
a sufrir crisis cada vez más severas y recurrentes.
En ese lapso los trabajadores mexicanos han cargado el fardo de una deuda social ominosa e
impagable, han sido los más afectados por políticas económicas, inadecuadas e injustas
y vieron perdidas conquistas históricas que protegían sus fuentes de trabajo y sus
ingresos.
Los trabajadores mexicanos enfrentaron en estos años la desocupación, el empleo
precario, la economía informal y la migración. Tuvieron que trabajar jornadas más
largas, emplearse en más de un trabajo o integrar a sus familias al mercado laboral en
condiciones desventajosas. Tuvieron que sacar a sus hijos e hijas de la escuela, se vieron
forzados a laborar en ocupaciones cada vez más inseguras e insalubres, en horarios
inhumanos sin garantías ni cobertura social.
En estos momentos vivimos un cambio de Gobierno y de régimen, el actual Presidente ha
sido enfático al ofrecer un cambio en el estado de cosas y ojalá así sea, porque hasta
el momento miembros de su gabinete han sido omisos en tratar una política económica de
cambio; por el contrario, ofrecen mantener el deterioro de las condiciones de vida y de
trabajo.
Nuestra ley fundamental define al salario mínimo como la remuneración suficiente para
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y
cultural y para promover la educación obligatoria de los hijos.
Esto significa un derecho de todos los trabajadores asalariados, una garantía no sujeta a
negociación y condicionamiento; sin embargo, el deterioro al salario mínimo ha vuelto
letra muerta este precepto.
Detener el deterioro del salario mínimo de los trabajadores debe ser una prioridad de
cualquier gobierno. Negar un incremento salarial que compense esta caída en algún grado,
es negar efectividad a cualquier medida de política social.
Miembros del Gobierno entrante, sin
embargo, se han manifestado por atar los incrementos salariales a variables económicas
como la inflación o la productividad, concibiendo la remuneración al trabajador como un
costo laboral, no como un indicador de bienestar.
Como efecto de lo anterior, según las premisas del pensamiento empresarial, la economía
elevará su competitividad y se adecuará a las condiciones exigidas por la
globalización. La reactivación económica, supuestamente, mejorará las condiciones de
vida y de trabajo de los asalariados.
Sin embargo, de 1994 a 2000 el producto interno bruto creció en promedio 3.1% anual
mientras que la productividad media por trabajador en el sector manufacturero creció 5%
promedio anual, sin que el bienestar de los trabajadores haya mejorado en la misma
proporción, inclusive en plena crisis económica de 1994 a 1995 la productividad creció
5.4%; en dicho año, el producto interno bruto cayó el 6.2%.
Debe haber una relación entre la productividad y el salario, éstos habían crecido 5%
real; en este sexenio sucedió lo contrario, cayó 22.5%. Esto ha sido posible porque la
estrategia empresarial para mantener un margen de ganancias y enfrentar la competencia
internacional se ha fincado principalmente en la reducción del costo laboral, lo que ha
implicado desempleo y bajos salarios, así como el crecimiento del empleo informal.
El comportamiento del salario en México no depende de la productividad y la oferta de
trabajo, sino de una política estatal que ha manejado los ingresos de los trabajadores
como variable macroeconómica de ajuste.
La determinación de incrementos bajos al salario mínimo no sólo afecta a los 12
millones de trabajadores que reciben esta remuneración y a sus familias, sino que son un
parámetro para las negociaciones colectivas salariales y contractuales para los
incrementos a los trabajadores al servicio del Estado.
Estas deben ser consideraciones que se deben tomar en cuenta para la próxima revisión de
los salarios mínimos; de ninguna forma se justifican mayores sacrificios a la población.
El costo social que se pagó en los años pasados no tuvo razón de ser, el nuevo Gobierno
debe tener presente que todo tiene un límite y que no se puede prolongar indefinidamente
el empobrecimiento del pueblo.
Sólo poniendo por delante el ingreso y el trabajo podemos aspirar a mejores condiciones
de vida.
En consecuencia, con sus principios y programas y por un acto de elemental justicia, el
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se une al exhorto
presentado a este pleno por la Comisión de Trabajo y Previsión Social para defender el
poder adquisitivo de los salarios mínimos y hace un llamado a las actuales autoridades
económicas y laborales para detener y revertir la caída de los ingresos del pueblo.
Sólo con políticas justas de distribución del ingreso, el mejoramiento salarial y la
generación de empleo estable y bien remunerado, nuestra nación podría aspirar a un
futuro mejor.
Muchas gracias.
Gracias al diputado Ramón León
Morales.
Para rectificación de hechos tiene la
palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, hasta por cinco
minutos.
El
diputado Jaime Cervantes Rivera: |
Con la venia de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
En los últimos días tanto el sector privado como el gobernador del Banco de México han
considerado que el aumento salarial para el próximo año no deberá ser mayor al índice
inflacionario previsto para el 2001, que esperan sea del 6.5%. Consideran que sería
peligroso elevar los minisalarios por arriba de la inflación esperada, pues según ellos
frenaría el desarrollo del país e impediría la generación de nuevos empleos.
Gobiernos van y vienen y la historia y los argumentos se repiten. Los dueños del capital
y las autoridades monetarias siempre piensan igual, se oponen a cualquier alza de
salarios, pues según ellos frenaría el desarrollo del país e impediría la generación
de nuevos empleos, pero lo que no ven es que los salarios reales en este país vienen
disminuyendo desde 1997 a la fecha, pues desde entonces vienen reajustándose por debajo
de la inflación pasada y/o esperada y no obstante ello no se ha alcanzado un desarrollo
del país.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha denunciado de forma sistemática que la
disminución de los salarios reales no se ha traducido en mayor generación de empleos
productivos; por el contrario, lo que se ha observado es que la disminución de los
salarios reales ha contraído la demanda, lo cual ha restringido el crecimiento de la
producción y en consecuencia del empleo.
El nuevo Secretario del Trabajo se suma a la posición de la iniciativa privada al igual
que los anteriores secretarios de dicho ramo. Se ha pronunciado en el sentido de que en la
nueva administración no se darán ajustes salariales espectaculares ni se caerá en
posturas populistas que dañen las finanzas públicas y puedan provocar nuevas crisis
económicas. Según él, como para muchos, los incrementos salariales son causa de
déficit fiscal y de crisis.
Cabe recordarle que la crisis de 1982, así como la de 1995, no fueron resultado del
incremento de salarios reales, como ya se señaló antes; éstos vienen cayendo desde
1977.
Las nuevas autoridades se preocupan, al igual que sus antecesoras, por el equilibrio de
las finanzas públicas y por la reducción de la inflación. Para ellos esto es lo más
importante y el resto de la política económica debe subordinarse a tales metas, de ahí
que de antemano señalen que no se otorgará un aumento nominal de los salarios que pueda
comprometer el llamado saneamiento económico.
Compañeras y compañeros diputados: ¿de qué nos sirve la reducción de la inflación y
el equilibrio de las finanzas públicas, si ello se consigue a costa de sacrificar los
salarios reales, así como el crecimiento de la inversión y del empleo y de la actividad
económica en su conjunto?
¿Dónde quedaron los preceptos constitucionales que establecen que los incrementos a los
salarios deben permitir a los trabajadores cubrir sus necesidades para vivir de manera
digna y holgada?
Queda claro que lo que le preocupa al actual régimen, al igual que a los que le
precedieron, es el ser bien vistos por el gran capital nacional e internacional, para que
éste último siga fluyendo a la economía y no se salga de ésta. Parten de la creencia
de que el incremento a los salarios es inflacionario, sin considerar que son otros los
elementos que han llevado al país a la inflación, al déficit fiscal y a la crisis.
En la década de los ochenta, si la economía trabajó con déficit fiscales crecientes y
alta inflación, no fue por los incrementos salariales reales, pues éstos no se dieron,
sino que fue por el resultado de las políticas devaluatorias instrumentadas para
adelgazar el superávit comercial para cubrir el pago de servicio de la deuda externa,
así como por el alza de las tasas de interés tanto nacional como internacional, todo lo
cual incrementó tanto los precios como el costo de la deuda pública externa, interna y
con ello el déficit fiscal.
Las nuevas autoridades de la Secretaría del Trabajo nos dicen que en el nuevo Gobierno de
Vicente Fox, los aumentos salariales estarán siempre vinculados a la productividad y
competitividad. El argumento de vincular el ajuste de salarios a la productividad ya ha
estado presente y no se pudo instrumentar; el problema es que en el contexto de economía
abierta en el que estamos, la producción nacional no tiene competitividad frente a las
importaciones.
Estas son de mayor productividad y menor costo y el problema se recrudece por el tipo de
cambio apreciado con el que hemos venido trabajando, lo que nos coloca en una posición
menos competitiva, por lo que si los salarios se incrementasen a igual ritmo que el
crecimiento a la productividad, menores serían los niveles de competitividad de la
producción nacional frente a las importaciones. De ahí por qué no se ha instrumentado
la política de vincular el incremento de salarios al crecimiento de la productividad. Es
decir, se sacrifican los salarios reales para que las empresas nacionales puedan sortear
en mejores términos la competencia frente a importaciones.
3458,3459,3460
Ya son muchos los años de deterioro permanente a los salarios reales en este país,
éstos caen con inflación y sin inflación, a pesar de que se insiste en la baja
inflación y en los llamados equilibrios macroeconómicos; los salarios reales nunca se
ven beneficiados; por el contrario, si se logra la reducción de la inflación y el
saneamiento fiscal es porque ello se sustenta en la disminución de salarios reales y el
empleo productivo.
No es posible seguir deteriorando...
Solicito un minuto, señor Presidente, para terminar.
Sí, diputado, termine.
El
diputado Jaime Cervantes Rivera: |
No es posible seguir deteriorando
el nivel de vida de los trabajadores y sus familias en aras de seguir cumpliendo metas
macroeconómicas que están representando un alto costo al país y que además no sientan
las bases para el crecimiento sostenido y generalizado de la esfera productiva y de la
economía.
Por todas las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo
apoya el punto de acuerdo para exigir al Gobierno del presidente Vicente Fox y en
particular a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, determinen otorgar un incremento
suficiente a los salarios mínimos generales y profesionales para que los trabajadores de
este país puedan vivir de forma decorosa, incluidas sus familias y que no tengamos que
continuar viviendo con los bajos salarios que siguen siendo un instrumento de
enriquecimiento de los poderosos.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
Gracias al diputado Jaime Cervantes
Rivera.
Esta Presidencia turna la propuesta de acuerdo formulada por el diputado Roberto Ruiz
Angeles, a nombre de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, así como las
intervenciones del diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución
Democrática y el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, a la Junta de
Coordinación Política.
PRESOS POLITICOS ARGENTINOS
Con punto de acuerdo en relación
con los presos políticos argentinos que efectúan una huelga de hambre y hablando a
nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tiene la palabra el diputado David
Augusto Sotelo Rosas, hasta por 10 minutos.
El
diputado David Augusto Sotelo Rosas: |
Gracias, señor Presidente:
Aclaro que es a nombre de los integrantes de la mesa directiva de la Comisón de Justicia
y Derechos Humanos, sobre la base de las siguientes
CONSIDERACIONES
Manifestando que en Argentina 11 presos políticos vinculados a los sucesos llamado
"de la tablada", concurridos en 1989, iniciaron una huelga de hambre el pasado
martes 30 de mayo en protesta porque el Gobierno no ha dado cumplimiento a las
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales cuestionaron los
procesos judiciales en contra de los detenidos; que en el propio país distintos sectores
sociales y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, han planteado que es
necesaria la salida de la cárcel, de ese grupo de detenidos políticos; que a pesar de
las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguen encarceladas estas
personas; que el 7 de julio del 2000, se solicitó a través de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Senadores y en el marco de absoluta soberanía del gobierno y
pueblo argentinos y acorde con las resoluciones internacionales firmadas por el estado
argentino, se alentara la pronta solución de este caso con la libertad de los detenidos;
que en estos momentos este grupo de ciudadanos han cumplido más de 45 días en huelga de
hambre, solicitando al Gobierno de ese país respuesta a los reclamos hechos por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a irregularidades cometidas en el
proceso que se les sigue; que existe el peligro real de muerte en el caso de varios de
ellos; lo cual podría lastimar el proceso democrático en ese país hermano y afectar a
la comunidad latinoamericana preocupada por el respeto a los derechos civiles y
políticos.
Por tales consideraciones los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, suscriben y ponen a consideración del pleno de esta Cámara de
Diputados, el siguiente
«PUNTOS DE ACUERDO
Primero. La respetuosa exhortación de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, por una pronta solución
en los términos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso del
grupo de presos políticos argentinos, que efectúa en estos días una ya prolongada
huelga de hambre.
Segundo. Expresar la profunda preocupación de la Cámara de Diputados,
por la situación de las ciudadanas y ciudadanos argentinos en huelga de hambre y con
absoluto respeto a la soberanía del pueblo argentino y de su gobierno, solicitar a las
instituciones involucradas a que se encuentre una solución al caso de estos ciudadanos en
el marco de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los
avances en materia de derechos humanos, que se han producido en el Congreso Argentino.
Cámara de Diputados a 29 de noviembre de 2000. Los diputados integrantes de la mesa
directiva de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos: José Elías Romero Apis,
presidente; Gustavo César Buenrostro Días, Roberto Zavala Echavarría y David Augusto
Sotelo Rosas, secretarios.»
Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de
Relaciones Exteriores.
TEQUILA
Tiene la palabra para abordar un
punto de acuerdo sobre la problemática del cultivo y comercialización del maguey en el
Estado de Oaxaca, el diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón, del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por 10 minutos.
El
diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeros diputados, señoras y señores:
La historia de México está escrita con tradiciones, usos y costumbres. Esas tradiciones
nos dan a cada uno de nosotros identidad como mexicanas y mexicanos.
Oaxaca es un pueblo con una cultura profundamente costumbrista, en donde algunos pueblos
practican actividades desde tiempos lejanos, como es la práctica de la fabricación del
mezcal, que se remonta a más de 350 años. No por nada se dice en mi tierra que en cada
corazón oaxaqueño existe un agave de mezcal.
Son esos pueblos rurales de alta marginación en Oaxaca los que motivan esta
intervención. Las comunidades correspondientes a la región del mezcal, específicamente
los distritos de Ejutla de Crespo y Miahuatlán de Porfirio Díaz, que corresponden al
distrito electoral que represento en esta soberanía.
Así también los distritos de Tlacolula, de Matamoros, Yautepec, Ocotlán de Morelos,
Zimatlán de Alvarez y Sola de Vega albergan a más de 26 mil 700 familias de distintas
etnias que sobreviven gracias a una incipiente producción de agave, materia prima, como
todos sabemos, del mezcal.
Actualmente hay un total aproximado de 11 mil 756 hectáreas de tierras cultivadas con
maguey. Sin embargo, con base en estudios realizados por el gobierno del Estado, a través
del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo, existe un total de 21 mil
245 hectáreas con posibilidades inmediatas para cultivar maguey y que no están siendo
utilizadas actualmente, pudiéndose ampliar esta superficie a más de 100 mil hectáreas
en los 9 ó 10 años que dura el ciclo productivo de este cultivo.
Esto significa que hoy día y respecto del potencial inmediato mencionado con
anterioridad, sólo se está explotando la mitad del potencial del cultivo del maguey. Por
ello nos hace falta un profundo análisis para darse cuenta de la pérdida de recursos
humanos y económicos que esto provoca.
Los productores oaxaqueños, cuyo número es alrededor de 6 mil 300 y que ocupan
aproximadamente a 18 mil 200 trabajadores, incluyendo a los productores, utilizan
actualmente técnicas inadecuadas de cultivo e industria rudimentaria de transformación,
lo cual genera degradación del suelo, baja productividad y nula proyección económica.
Si no hay recursos no existe posibilidad alguna de inversión en tecnología y sin
tecnología no hay crecimiento económico.
Este círculo vicioso condena a miles de oaxaqueños a vivir en pobreza extrema y a optar
tristemente por el cultivo de estupefacientes o a continuar incrementando los índices de
emigración nacional e internacional, perdiendo a veces la vida en el intento, como fue el
lamentable caso de los 18 oaxaqueños que recientemente perdieron la vida al dirigirse al
fraterno Estado de Baja California a la pizca del tomate.
Las principales causas de esta situación de precariedad son la desorganización jurídica
y social, la falta de capacitación y de técnicas adecuadas de cultivo y manejo del
suelo, el intermediarismo, la carencia de inversión para su producción,
industrialización y comercialización. Pero sobre todo, a lo largo de las décadas
también ha existido una falta de voluntad política para apoyar el desarrollo de estos
campesinos oaxaqueños.
Hago un llamado al sentido progresista que debe de existir en cada uno de nosotros para
aprovechar las condiciones favorables que actualmente se presentan para el cultivo del
agave.
Esta situación se explica por la demanda sin precedente de agave en los mercados
nacionales e internacionales. Sin embargo, el escenario actual es una demanda altísima de
mezcal contra una producción insuficiente a nivel nacional de agave.
Esto trae como consecuencia, en el mejor de los casos, que los productores de otros
estados de la República, por ejemplo de Jalisco y Guanajuato, compren el agave
oaxaqueño, lo que propicia el coyotaje y el contrabando, toda vez que en aquellos estados
el producto se vende mucho más caro que en Oaxaca y la diferencia se queda en manos de
esos intermediarios, considerándose un contrabando de alrededor de 9 mil toneladas
mensuales. Aún así la materia prima es insuficiente y el resultado es un alza de precio
del agave, que actualmente es de tres pesos por kilo, lo que propicia que algunos
productores adulteren el producto para poder mantener sus costos de producción y cumplir
con sus compromisos comerciales o bien que utilicen el agave oaxaqueño para producir
tequila.
Esto no sólo daña el prestigio y calidad de ambos productos, sino que constituye una
conducta de incumplimiento a la legislación vigente en materia de producción de mezcal y
tequila, toda vez que la materia prima de este último es una variedad de agave distinta a
la que se utiliza para producir mezcal, me refiero al agave arruqueño.
Así, pues, le propongo una inmediata intervención del Gobierno para diseñar el
mecanismo adecuado a través del cual la producción primaria satisfaga las necesidades de
la demanda del producto final.
La prioridad en este momento es incrementar la superficie de siembra. No podemos pensar en
comercializar a niveles altamente productivos sin que primero hayamos superado el rezago
en ingeniería agrícola y manejo del suelo que existe.
Esto significa los palenques y la infraestructura existente, pero sobre todo introducir la
tecnología necesaria para mejorar el cultivo y transformación del agave, hasta el punto
de que el producto sea candidato a los programas de calidad total, mejor conocidos como
iso.
3461,3462,3463
Todo esto sólo se puede lograr a través de inversión con respaldos financieros que los
productores puedan pagar una vez que comiencen a obtener ganancias. En esto es
indispensable tomar en cuenta que una planta de mezcal tarda de 10 a 12 años en madurar
para que el mezcal sea de buena calidad y que por tanto estamos hablando de una inversión
a mediano plazo.
Esto de ninguna manera significa que la producción actual no pueda verse beneficiada con
las acciones inmediatas. Lo que quiero destacar es que los resultados significativos
vendrán después. Pero no sólo estamos hablando de producir mezcal, el agave es una
planta multifacética, con ella pueden recuperarse suelos erosionados, contribuye a
mejorar las condiciones físicas del suelo, fabricar otro tipo de productos, tales como
cepillos y escobas, los famosos gusanos de maguey y otros bienes que permitirían
contribuir a la economía del productor y acceder a más mercados.
Además, todas estas acciones deberán siempre verse desde un punto de vista financiero,
en donde se tome en cuenta la posibilidad de acceder a créditos que disminuyan los
niveles de riesgo y las tasas de interés.
Socialmente esta política pública generaría los espacios de concentración tan
demandados por los productores y creo justo que se haga participar a toda la cadena
productiva, incluyendo a esos campesinos pobres y marginados, en la toma de decisiones
comerciales y económicas.
A nivel jurídico, la denominación de origen para el mezcal registrada ante la
Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, el 9 de marzo de 1995, incluye al
Estado de Oaxaca dentro del territorio productor de agave para dicho producto. Por lo que
esta propuesta está dentro del orden jurídico vigente.
Esto sin olvidar que el 27 de mayo de 1997 el Gobierno mexicano suscribió con la Unión
Europea el Acuerdo México-Comunidad Europa sobre bebidas espirituosas, en el cual el
mezcal es uno de estos productos comprendidos en dicho acuerdo internacional.
Esta propuesta implica mejorar la vida de miles de campesinos que detentan el derecho
histórico en el cultivo del agave y que forman parte de estos 30 millones de mexicanos
refundidos en el olvido y la pobreza.
No debemos cerrar los ojos cuando tenemos en nuestras manos la posibilidad de obsequiarles
un futuro productivo y sustentable.
En este orden de ideas y con fundamento en los artículos 45 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago el siguiente
pronunciamiento y punto de acuerdo, para que los diputados integrantes de las comisiones
de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Económico, Desarrollo Rural, Desarrollo
Social, de Fomento Cooperativo y Economía Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública, hagan
suya esta propuesta y que conjuntamente con los que la suscribimos planteemos al Poder
Ejecutivo el diseño de un programa integral de producción y comercialización del agave
y el mezcal, con el propósito fundamental de regularizar al Estado de Oaxaca como
productor de tequila.
Muchas gracias.
Atentamente.
La diputación oaxaqueña. Diputados: Jose Soto, Lilia Mendoza, Cándido Coheto, Bulmaro
Rito Salinas, Irma Piñeyro Arias, Abel Trejo González, Juan Díaz Pimentel, Ildefonso
Zorrilla Cuevas, Miguel Angel Moreno Tello y el de la voz, Jaime Larrazábal Bretón.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, al diputado Jaime
Larrazábal Bretón.
Al término de las participaciones de los diputados en este tema, la directiva turnará el
punto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Heriberto Huicochea Vázquez, del Partido Revolucionario
Institucional, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
¿Declina a su participación? Muy bien.
Túrnese a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial.
SECTOR
SALUD
El siguiente punto del orden del
día es referente al acuerdo sobre la situación de los trabajadores de la salud y
empleados públicos. Con tal fin, tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel
Campos, del Partido de la Revolución Democrática.
La
diputada Adela del Carmen Graniel
Campos: |
Con su permiso, señor Presidente;
honorable Asamblea:
Para el Partido de la Revolución Democrática los últimos gobiernos neoliberales son
socialmente responsables de provocar los despidos masivos, la baja en los salarios y la
disminución de su poder de compra.
La privatización y desincorporación de empresas públicas han tenido significativos
efectos sobre la estructura productiva y las fuentes de trabajo, además de que en los
últimos años la apertura comercial acelerada y el encarecimiento del crédito han
quebrado a un gran número de empresas nacionales. Esta situación ha llevado al
estancamiento del empleo formal, con el consecuente crecimiento de las actividades
laborales informales, por lo cual es condición fundamental iniciar la recuperación de
los salarios y su poder adquisitivo, así como modificar las graves distorsiones en las
relaciones laborales, particularmente de los trabajadores al servicio del Estado, El
salario en el sector público también se ha deteriorado y el empleo ha tendido a su
estancamiento.
Estos mismos gobiernos han instrumentado una política de gasto social que disminuye la
protección y los derechos sociales y cuya premisa es la de racionalizar los gastos y
focalizar los beneficios hacia algunos grupos de pobres a cambio de su apoyo electoral.
Dicha política ha deteriorado a las grandes instituciones públicas de bienestar, lo cual
ha justificado la transferencia de los fondos sociales de pensiones, salud y vivienda a
los grupos financieros privados.
A pesar de que el gasto social como proporción del gasto programable se ubicó en
alrededor del 60%, se debe recordar que con relación al producto interno bruto no
significó siquiera el 10%, de manera que respecto al PIB el gasto en salud fue del 2%, el
de educación el 4% y del 1% para vivienda.
El incremento del gasto social por sí sólo es insuficiente para revertir las condiciones
de injusticia que ha generado la política económica, Es preciso rescatar el sentido
solidario y de promoción del bien colectivo de las instituciones públicas.
En este contexto, a los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, se
acercaron recientemente un grupo de trabajadores, sindicalistas, jubilados y pensionados
del sindicato de la Secretaría de Salud, Comisión Nacional del Deporte, gobierno del
Distrito Federal, ISSSTE, Centro de Investigación de Estudios Avanzados, Semarnap y
otros, para plantear distintos problemas que se enumeran enseguida: incrementar el gasto
social, rechazo a la privatización de los servicios públicos y a la mercantilización de
los derechos sociales de los mexicanos, aumento salarial emergente del 30%, así como
aguinaldo de 90 días y bono sexenal de 10 mil pesos.
La basificación y recodificación del personal eventual y con funciones de base, así
como descongelamiento de plazos y que se requieren en los trabajos sustantivos de los
servicios públicos, reducción del personal de confianza, escalafón y mejoramiento para
jubilados, actualización de catálogo y tabuladores de puestos así como profesiogramas,
impulsar la capacitación bilateral con valor curricular y desarrollar un sistema de
méritos y ascensos en puestos de base, derogación del manual de sueldos de mandos medios
y servidores públicos superiores, revisar y en su caso realizar una auditoría del
ejercicio presupuestal de 1999 y 2000 particularmente en la aplicación de 328 mil
millones de pesos asignados al ramo 1000, salarios y servicios personales, con la
participación de trabajadores y organizaciones sociales.
Las demandas de estos trabajadores coinciden con las preocupaciones del Partido de la
Revolución Democrática en el sentido de que las reformas a las leyes de las
instituciones de salud tienden a desmantelar y privatizar el sistema de protección
social.
Existen coincidencias también en el
sentido de que la política presupuestaria constituye uno de los elementos más
importantes de la política económica y como tal, puede inducir en el crecimiento de la
economía, el empleo al mismo tiempo que orientar el sentido social del desarrollo.
Por ello es urgente incrementar el presupuesto público asignado al sector salud para
detener el proceso de deterioro de su infraestructura y financiar los servicios de salud
proporcionados por el Gobierno, El país requiere de un sistema de salud universal,
equitativo y con carácter gratuito para poder proteger a quienes no pueden acceder a la
atención privada de la salud.
Varias de las peticiones de sus trabajadores tienen un impacto presupuestal directo y
convendría que la Cámara de Diputados en el ámbito de sus atribuciones constitucionales
meditara la pertinencia de reflejarlas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal del año 2001.
Otras de las inquietudes de los sindicalistas, tienen que ver con su situación laboral y
con la relación que guardan con las respectivas secretarías de Estado, por lo que la
Cámara de Diputados, sin alejarse de sus facultades constitucionales, podría coadyuvar a
su pronta y adecuada solución.
«Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los
diputados suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda turnar la demanda de
los trabajadores de la salud en materia de incremento al gasto social a las comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Social, Educación Pública y Servicios
Educativos, Salud y Seguridad Social, para que en el marco de la discusión y aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001,
consideren un incremento sustantivo a las partidas correspondientes y con ello atiendan su
solicitud.
Segundo. Asimismo, que la solicitud de auditoría del ejercicio presupuestal de 1999 al
ramo 1000, salarios y servicios personales, se turne a la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda para su estudio y aprobación.
Tercero. Igualmente, que las demandas laborales se turnen a la Comisión de Trabajo y
Previsión Social para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve a su pronta
solución.
Cuarto. Recomendar en forma respetuosa a las dependencias involucradas, el pago del bono
sexenal en el monto y las comisiones de los trabajadores lo demandan.
Por su atención, muchas gracias.
Diputados: Adela del Carmen Graniel Campos, Luis Herrera Jiménez y José Antonio
Magallanes Rodríguez.»
Muchas gracias a la diputada Adela
del Carmen Graniel Campos.
Túrnese este punto de acuerdo a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de
Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión Social, de Vigilancia y demás señaladas por
la diputada Adela del Carmen Graniel Campos.
REFORMA DE ESTADO
Durante el tema de comunicaciones
previamente abordado en el orden del día de hoy, quedó pendiente una comunicación de la
Junta de Coordinación Política. La comunicación ya ha llegado a esta mesa directiva,
por lo que le pido a la Secretaría dar lectura a esta comunicación de la Junta de
Coordinación Política.
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Con mucho gusto, señor Presidente:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Cámara
3464,3465,3466
|