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Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
ASISTENCIA
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
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El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 400 diputados.
|
El
Presidente (a las 11:41 horas): |
Hay quorum. Se abre la sesión.
DIPUTADO JOSE MARIO RODRIGUEZ
ALVAREZ
Compañeras y compañeros diputados:
Quiero pedirles a las señoras y señores diputados se ubiquen en sus curules. Esta
Presidencia con profundo pesar informa a la Asamblea que el día de ayer un diputado
federal de esta legislatura falleció. Nuestro compañero, el diputado José Mario
Rodríguez Alvarez, falleció el día de ayer en la ciudad de Chihuahua.
Esta Presidencia al momento de expresar a su esposa, a sus familiares, a sus amigos, a su
grupo parlamentario y a esta Asamblea, el pesar de toda la Cámara de Diputados, quiere
rogarles a todos ustedes, puestos de pie, guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio.)
¡José Mario Rodríguez Alvarez, presente, descanse en paz!
Ruego a la Secretaría proceda a dar lectura al orden del día de la sesión de hoy.
ORDEN
DEL DIA
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El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
«Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias.Primer Año.LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 17 de abril de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Semblanza
Del diputado José Mario Rodríguez Alvarez, con motivo de su fallecimiento, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comunicaciones
Del Congreso del Estado de Hidalgo.
De la Junta de Coordinación Política.
Efemérides
El CCCVI aniversario luctuoso de sor Juana Inés de la Cruz.
Iniciativas de diputados
De reformas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Iniciativa del Ejecutivo
De Ley de Capitalización del Procampo. (Turno a comisión.)
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Rafael
Bernal Jacinto, José Hernández Caletre, Raúl Chacón Fernández, Edén Hernández
Hernández, Martín Pedro Islas Labra, Gabriela Peñaloza Anaya, Jesús Manuel Franco
Martínez, Abel Espinoza Zavala y J. Piedad García, puedan prestar servicios en la
Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus consulados en: Nuevo
Laredo, Tamaulipas y en Guadalajara, Jalisco, respectivamente. (Turno a comisión.)
Minutas
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: embajador Javier Barros
Valero y general brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y
usar condecoraciones conferidas por el gobierno del Reino de Suecia y por el gobierno de
la República de Chile, respectivamente. (Turno a comisión.)
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: embajador Enrique Eugenio
Fernández Zapata, actuario Enrique Vilatela Riba, Luis Héctor Alvarez Alvarez y Luis
Angel Domínguez Brito, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el gobierno de
Rumania. (Turno a comisión.)
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 49 de la Ley Federal para la
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados; 40 y 41 del Código Penal
Federal, y 193 del Código Federal de Procedimientos Penales. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede
permiso al embajador Ariel Buira y Seira, para aceptar y usar la condecoración de la
Medalla Conmemorativa de la Ciudad de Atenas, que le confiere el alcalde de dicha ciudad.
(Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede
permiso a los ciudadanos: José Luis Barros Horcasitas, licenciado Lorenzo Sánchez
Rivera, Marco Aurelio Provencio Muñoz, Eduardo Sosa Cuevas, Juan Rebolledo Gout,
licenciado Edgar Ricardo Navarro Soto, Federico Sada González, Luis Enrique Ramos
Solorio, general de división Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, general
brigadier Diplomado de Estado Mayor Ignacio Luquín Pérez, embajador Enrique Gabriel
Jiménez, Reyna María Aurora Martínez López, embajadora María del Rosario Gloria Green
Macías, Genaro David Gongora Pimentel, Licenciados Luis Eduardo Garzón Lozano, Luis
Enrique Mateo Franco Díaz de León, diputado Eloy Cantú Segovia, ministro Luis Alberto
Germán Barrero Stahl, general brigadier retirado Enrique Aranda Salamanca y Adolfo Miguel
Aguilar Zínser, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el gobierno de
Rumania. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
Dictamen a discusión
De la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo
del artículo 57 de la Ley del ISSSTE.
Proposiciones pendientes
Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo envíe a la Cámara de Diputados el
anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 20012006 y para que comparezca a exponerlo el
Secretario de Gobernación, a cargo del diputado Lorenzo Rafael Hernández Estrada, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el consejo de administración de Pemex, a cargo de la diputada
María del Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al campo mexicano, a cargo del diputado Nabor Ojeda
Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la atención y servicios de salud mental en México, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el proceso electoral en el Estado de Zacatecas, a cargo del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios a la iniciativa de reformas a los artículos 72, 74, 75 y 126 constitucionales
que remitió el Ejecutivo Federal, a cargo del diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación a los consulados mexicanos en Estados Unidos de
América, a cargo del grupo parlamentario del Par tido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la problemática de la tortuga en las costas de
Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a las declaraciones del presidente Vicente Fox Quesada,
sobre el proyecto de reforma fiscal, a cargo del diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el tema de la reforma fiscal, a cargo del diputado Silvano
Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo referente a los concesionarios de Autotransportes Unidos del Valle de
Nativitas, Tlaxcala, S.A. de C.V., a cargo de la diputado Rosalía Peredo Aguilar, del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la actitud mediática del Ejecutivo Federal contra el Congreso
de la Unión, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
comisión.)»
Muchas gracias, señor secretario
diputado Bernardo Borbón.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El siguiente punto del orden del día
corresponde a la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.
|
El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Por instrucciones de la Presidencia se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en conside ración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la
lectura al acta.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el
martes diez de abril de dos mil uno, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias, del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
En el Palacio Legislativo de la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cuarenta y tres minutos del martes
diez de abril de dos mil uno, con la asistencia de trescientos sesenta y nueve diputados,
el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba, en votación
económica, el acta de la sesión anterior en sus términos.
1619, 1620, 1621
Una comunicación de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con el que somete a la
consideración del pleno, el acuerdo que establece los lineamientos que se observarán
para acreditar las asistencias de los diputados a las sesiones plenarias, así como para
la debida justificación de los retardos e inasistencias a las mismas.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría informa que al cierre del sistema
electrónico de asistencia, hay cuatrocientos trece diputados.
Se abre el sistema de votación que arroja un saldo de trescientos veintinueve votos en
pro y cincuenta y cuatro en contra, respecto del Acuerdo de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Presidente da la bienvenida a una delegación del Parlamento de Australia que visita el
Palacio Legislativo de San Lázaro.
Se da cuenta con las comunicaciones de los congresos de los estados de:
Baja California, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Baja California Sur, con la que se pronuncia por la aprobación de la iniciativa de
reforma constitucional en materia de derechos indígenas elaborada por la Comisión de
Concordia y Pacificación. De enterado.
Guerrero, respaldando el acuerdo para que se inicie la discusión de la iniciativa de Ley
de la Comisión de Concordia y Pacificación. De enterado.
Hidalgo, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Morelos, con punto de acuerdo solicitando la intervención de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, para apoyar y gestionar ante el Ejecutivo Federal un apoyo
económico para los ex trabajadores del ingenio Emiliano Zapata. Se turna a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público.
Puebla, informando de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Colima, con la que da a conocer que reformó su Constitución Política para hacerla
congruente con las reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Mexicanos. De enterado y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales,
para su conocimiento.
Chihuahua, informando de las reformas constitucionales de esa entidad federativa, en
congruencia con las reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. De enterado y se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales para su conocimiento.
Una minuta del Senado de la República con proyecto de decreto con el que se reforman la
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Un oficio de Ruiz Urquiza y Compañía, Sociedad Anónima, con el que remite copia del
dictamen de los estados financieros del Banco Central al treinta y uno de diciembre de dos
mil, y el informe sobre el ejercicio del presupuesto de gasto corriente, de inversión en
activos fijos y de inversión en activo circulante por concepto de producción de billete
y adquisición de moneda metálica del Banco de México, correspondiente al periodo del
primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil. Se turna a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Hablan sobre el octogésimo segundo aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, los
diputados: Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social;
|
Presidencia
de la diputada
María Elena Alvarez Bernal |
Félix Castellanos Hernández, del
Partido del Trabajo; Rogaciano Morales Reyes, del Partido de la Revolución Democrática;
Bernardo Pastrana Gómez, del Partido Acción Nacional y Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del
Partido Revolucionario Institucional.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa del senador Fernando
Gómez Esparza, de reformas a la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para presentar iniciativas, suben a la tribuna
los diputados:
José Francisco Blake Mora, del Partido Acción Nacional, de Ley de Juicio Político y
Declaración de Procedencia. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
Moisés Alcalde Virgen, del Partido Acción Nacional, de reformas a la Ley de Sanidad
Animal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Mercedes Hernández Rojas, del Partido Acción Nacional. de reformas al artículo ciento
noventa y ocho de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Ernesto Saro Boardman, del Partido Acción Nacional de reformas al artículo ciento
setenta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna a las comisiones
de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial.
Juan Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional, de reformas a la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Se turna a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
Josefina Hinojosa Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, de reformas a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y al Código Federal de Procedimientos Penales. Se
turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos
Humanos.
El diputado Gustavo Carvajal Moreno, del Partido Revolucionario Institucional y a nombre
de la Comisión de Relaciones Exteriores presenta dictamen de esa comisión con punto de
acuerdo sobre la política exterior de México en relación con la República de Cuba.
Habla en pro del dictamen, el diputado José Carlos Borunda Zaragoza, del Partido Acción
Nacional.
La Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal.
El Presidente comunica que la iniciativa de reformas al artículo setenta y cuatro de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Poder Ejecutivo
Federal, se turna también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la
próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con cuarenta y
ocho minutos. citando para la que tendrá lugar el martes diecisiete de abril de dos mil
uno a las once horas.»
Proceda la Secretaría a poner a
discusión el acta.
|
El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Está a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el
acta de la sesión anterior.
DIPUTADO JOSE MARIO RODRIGUEZ
ALVAREZ (II)
El siguiente punto del orden del día
corresponde a la presentación de la semblanza de nuestro compañero diputado José Mario
Rodríguez Alvarez del Estado de Chihuahua, miembro del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Se le concede el uso de la palabra para hacer dicha semblanza, a la diputada María
Eugenia Galván Antillón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, rogando a
la Asamblea su atención y respeto.
|
La diputada María Eugenia
Galván Antillón: |
Descanse en paz un militante panista,
diputado José Mario Rodríguez Alvarez. El diputado federal panista por el VIII distrito
electoral federal, con cabecera en la ciudad de Chihuahua. José Mario Rodríguez Alvarez,
falleció este lunes 16 de abril de 2001, víctima de un cáncer estomacal que de tiempo
atrás había venido mermando su salud.
Durante una entrevista concedida a un medio de comunicación de Chihuahua, que a la postre
se convertiría en la última declaración desde su lecho de muerte, José Mario expresó
su alegría por haber participado en los avances democráticos de su Estado de Chihuahua,
de México, en su fe en el progreso de México y en el éxito de la transición
democrática.
Los panistas de Chihuahua recordamos a José Mario, desde la militancia juvenil, desde el
primer juvenil en 1979, como un luchador incansable, lo mismo a la hora de tomar un
micrófono y servir de premitinero en innumerables campañas, como repartir volantes en
los cruceros de nuestro natal Chihuahua, propaganda y pegando engomados y lanzando vivas a
favor de los abanderados de mi partido.
Licenciado en sicología, con un posgrado en administración en auditorías de calidad,
José Mario se desempeñó como maestro en el colegio de bachilleres y en otras
instituciones educativas. En el aula, al impartir la cátedra, siempre encontró el
espacio para inculcar en sus estudiantes el amor a México que él sentía, al mismo
tiempo que infundía en ellos el impulso necesario, para que los jóvenes de Chihuahua se
preocuparan por la vida política y social de su comunidad.
Al interior del PAN, José Mario destacó por su participación en formar nuevos panistas,
invariablemente pedía participar en los cursos de capacitación y formación.
Una de las cosas que más admiras de José Mario, fue su tenacidad, pues en dos ocasiones
fue candidato a diputado por el VIII distrito federal con cabecera en Chihuahua, capital.
En la primera vez, el voto ciudadano no le favoreció por una diferencia de 224 votos,
pues esa zona considerada como un enclave priísta, pero José Mario Rodríguez nunca se
dio por vencido y logró su propósito de ganar para Acción Nacional este distrito el
pasado 2 de julio, gracias a su incansable trabajo y a su exitosa campaña electoral.
Logró la preferencia ciudadana en el VIII distrito federal y tomó protesta como
diputado, al igual que nosotros, el 1o. de septiembre del año 2000.
Apenas el 15 de enero de este año, una revisión médica le reveló que sus padecimientos
sufridos, por casi 20 años atribuidos a una úlcera estomacal, se habían convertido en
cáncer.
Consciente de su responsabilidad para este periodo legislativo, quiso estar presente, sin
embargo, el mismo día de su arribo a esta capital de México, debió ser hospitalizado
nuevamente y trasladado a la ciudad de Chihuahua.
Hasta el último día, su esposa Sofía lo recuerda con alegría durante estos 20 años de
matrimonio y no oculta su tristeza en este momento de su partida, en unión con sus hijas
Luz Angélica y Eva Paola. Ha recibido el apoyo y el cariño de sus compañeros, de sus
amigos, de los medios de comunicación, de todos los ciudadanos en general, de sus
múltiples electores, quienes reconocían en él al hombre íntegro y al panista
intachable.
En cuanto a su carrera política en los días críticos, que se encontraba suspendida,
pero desde su casa encabezaba a un equipo de colaboradores que se dedicaron a revisar las
gestorías en su nombre y dotarlo de información del diario acontecimiento político y
social del país.
Quienes conocimos a José Mario, siempre lo catalogaremos como un luchador nato, como un
político entregado totalmente a sus convicciones, hombre de reto y de gran fortaleza.
Cumplió hasta el último día su misión como diputado.
Son su principal convicción como militante de Acción Nacional; fue entregar todo por la
nación y así lo hizo.
Descanse en paz José Mario; descansa, que bien lo dice el libro sagrado: "recoge tus
sandalias y tu cayado, pues tú ya realizaste tu labor".
1622, 1623, 1624
Ahora nos toca a nosotros continuar en esta
brega de eternidad, pero ten la seguridad que tu ejemplo y tu recuerdo siempre estará con
nosotros.
Los 499 diputados que hoy integramos esta legislatura, tenemos la histórica misión de
continuar la lucha con solidaridad y sin intereses personales ni de partido; con
auténtico amor por México y honrar la memoria de quien ya no pudo continuar más.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Continuando con el
desarrollo del orden del día, procede ahora dar cuenta a esta Asamblea de las
comunicaciones.
Proceda la Secretaría.
ESTADO DE HIDALGO
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo.Poder Legislativo.Gobierno del
Estado de Hidalgo.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.Presente.
Los diputados coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran la LVII
Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emitieron un
punto de acuerdo en relación a la muerte del ciudadano Roberto Chávez Reséndiz,
originario y vecino de Mixquiahuala, Hidalgo, mismo que fue aprobado por el pleno, en la
sesión ordinaria celebrada el día de hoy, del cual le estamos enviando copia para su
conocimiento y efectos.
Sin otro particular por el momento, le reiteramos las seguridades de nuestra
consideración distinguida.
Atentamente.
Pachuca, Hidalgo, a 22 de marzo de 2001.El secretario de la Diputación Permanente del
honorable Congreso del Estado, Pedro Porras Pérez.»
«Escudo.Poder Legislativo.Gobierno del Estado de Hidalgo.
LVII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.
Honorable Asamblea: los diputados Gerardo Arturo Saucedo Delgado, Jorge Rocha Trejo, Pedro
Porras Pérez y Arturo Aparicio Barrios, coordinadores de los grupos legislativos de los
partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y
del Trabajo, integrantes de la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en relación a la muerte del ciudadano Roberto Chávez Reséndiz,
vecino del municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, se permiten someter a su consideración el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que nuevamente la sociedad hidalguense padece las lamentables
consecuencias del deceso de un conciudadano, que el pasado 5 de marzo del año en curso,
fuera asesinado de un balazo durante una redada, por un agente de migración del vecino
país del norte, en el condado de Prima cerca de la ciudad de Tucson, Arizona, Estados
Unidos de América.
Segundo. Desde luego, los integrantes que conformamos esta LVII
Legislatura, nos sumamos a la pena que embarga a la familia del joven Roberto Chávez
Reséndiz, originario y vecino del municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, asimismo,
manifestamos nuestra más enérgica protesta en relación a estos hechos que
constantemente afectan la paz y la tranquilidad de las familias hidalguenses.
Tercero. En atención a lo antes manifestado, los que suscribimos,
solicitamos por conducto de la Secretaría, se giren oficios al Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, al secretario de Relaciones
Exteriores, Jorge G. Castañeda, al titular de la Comisión de Asuntos para la Frontera
Norte, Ernesto Ruffo Appel, al titular de la oficina presidencial para mexicanos en el
exterior, Juan Hernández Bell, al representante en México de la Organización de Estados
Americanos, al Departamento de Justicia de la Unión Americana, así como al honorable
Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, a efecto de que se sumen a esta
protesta y se solicite a quien corresponda:
1. Se haga justicia y se castigue
ejemplarmente al policía responsable de estos lamentables hechos;
2. Se indemnice a la familia del occiso, de conformidad con lo que establece la ley de la
materia;
3. Se envíe una nota diplomática de enérgica protesta por los sucesos mencionados, al
Procurador de Justicia de los Estados Unidos de América;
4. Se agende en la Reunión Parlamentaria Binacional del próximo mes de mayo, el asunto
referente a los migrantes y a las constantes agresiones de que son víctimas, a efecto de
que las respectivas comisiones de derechos humanos y los congresistas participantes,
planteen soluciones que pongan fin a estos lamentables acontecimientos.
Atentamente.
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 22 de marzo de 2001.El coordinador del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, Gerardo Arturo Saucedo Delgado; el coordinador del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Rocha Trejo; el coordinador
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Pedro Porras Pérez;
el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Arturo Aparicio Barrios.»
De enterado.
COMISION ESPECIAL
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.Poder Legislativo Federal.Cámara de Diputados.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.Presentes.
Los suscritos diputados federales coordinadores de los grupos parlamentarios de los
partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de la Junta de Coordinación
Política de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el inciso b, del artículo 34 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacen del conocimiento
de la Asamblea, lo acordado por este órgano de dirección política.
CONSIDERACIONES
I. Con fecha 16 de noviembre de 2000 fue turnado por la mesa directiva a esta Junta de
Coordinación Política una proposición con punto de acuerdo presentada ante el pleno de
esta Cámara de Diputados por el diputado Sergio Acosta Salazar, para solicitar la
creación de una comisión especial encargada de recabar la información necesaria sobre
el para dero de los fondos de los trabajadores mexicanos braceros.
II. En 1942, al firmarse el Programa Bracero, se estableció la creación del Fondo de
Ahorro Campesino mediante la retención del 10% de los salarios que percibían los
trabajadores en los Estados Unidos, mismo que debía ser depositado en el Banco Nacional
de Crédito Agrícola, S.A.
III. El 21 de febrero de 1948 se ratificó nuevamente el acuerdo relativo a la migración
de trabajadores agrícolas mexicanos y que todos los salarios descontados, retención del
10%, debían ser entregados a los trabajadores mediante un cheque bancario certificado a
su nombre.
IV. El 7 de abril de 1976 el Banco Nacional de Crédito Agrícola se fusionó al Banco
Nacional de Crédito Rural, SNC, y revisado el proceso de fusión, no se detectaron
antecedentes de transmisión a Banrural de recursos provenientes del Fondo de Ahorro
Campesino o de depósitos en lo individual relacionados con dicho fondo.
V. El proponente fundamenta su petición en hechos que merecen ser analizados respecto de
la ardua labor de los trabajadores migratorios mexicanos a lo largo de varias décadas y
de la formación en el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A., de un fondo constituido
por el 10% del salario de los trabajadores, del que no se sabe si fue revocado o liquidado
o si Rural, al que se fusionó el mencionado Banco Nacional de Crédito Agrícola, en
1976.
Por considerarlo de justicia y que ante la nación entera que quede claro que los
legisladores mexicanos son solidarios con la clase trabajadora más esforzada de nuestro
país, esta Junta de Coordinación Política considera procedentes los argumentos del
diputado Sergio Acosta Salazar y resuelve proponer a la honorable Asamblea el siguiente
ACUERDO
Primero. Es procedente la creación de la comisión especial para darle
seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, en razón de
las consideraciones mencionadas anteriormente, cuya dura ción será hasta el 15 de
diciembre de 2001, a partir de la fecha de su integración conforme al presente acuerdo.
Segundo. El objeto de la comisión será recabar la información
necesaria sobre el paradero de los fondos de los trabajadores mexicanos braceros.
Tercero. La comisión especial objeto del presente acuerdo se integrará
por 18 diputados en la siguiente proporción: siete serán designados por el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siete por el grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, dos por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, uno por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y uno
por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios realizarán las designaciones de los
integrantes de su propio grupo; la directiva de la comisión especial será propuesta por
la Junta de Coordinación Política, dando aviso de ello a la mesa directiva, para los
efectos procedentes.
Cuarto. Los resultados de los trabajos de la comisión especial serán
remitidos para su estudio y demás efectos, a las comisiones ordinarias vinculadas en la
materia.
Quinto. La comisión especial deberá rendir un informe final cuya fecha
de lectura será determinada por la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos.
Sexto. Notifíquese a los interesados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2001.Diputados: Beatriz Paredes
Rangel, presidenta de la Junta y coordinadora del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza
Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y
José Narro Céspedes, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Tra bajo.»
Gracias, diputado don Manuel Medellín.
Le ruego consulte a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo
propuesto por la Junta de Coordinación Política que crea una comisión especial.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
En votación económica se consulta a la
Asamblea si es de aprobarse la proposición de la Junta de Coordinación Política.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad por
la afirmativa, señor Presidente.
Aprobado el punto de acuerdo que
crea una comisión especial. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y cúmplase.
TRABAJO LEGISLATIVO
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.Poder Legislativo Federal.Cámara de Diputados.
1625, 1626, 1627
de resoluciones derivados de temas cuya
vigencia resulta extemporánea.
En virtud de que las circunstancias y hechos sobrevenientes han dejado prácticamente sin
materia asuntos turnados por la mesa directiva de la Cámara a esta Junta, procede
autorizar su envío al archivo, sin menoscabo de que los interesados promuevan su
reactivación debido a motivos que lo justifiquen.
La autorización mencionada será cumplida por la Secretaría General de la Cámara, en
los términos del párrafo segundo, del artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los asuntos que a continuación se
enlistan y cuya extemporaneidad se explica por sí misma; de manera que esta Junta adopta
el siguiente
ACUERDO
Primero. Archívense los siguientes expedientes como asuntos concluidos:
1. Proposición con punto de acuerdo presentada el 7 de septiembre de 2000 al pleno por el
diputado Francisco Patiño Cardona, referente a la integración de una comisión especial
que exhorte a la Cámara de Senadores dar trámite legislativo al proyecto de Ley para la
Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano y el proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
2. Proposición con punto de acuerdo en relación con la detención de Miguel Angel
Cavallo, presentada por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, el 29 de septiembre de
2000.
3. Proposición con punto de acuerdo presentada el 19 de octubre de 2000, por el diputado
César Augusto Santiago, para dejar sin materia la comisión especial para observar, en
los términos legales aplicable, el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo,
Congreso local y ayuntamientos en el Estado de Tabasco.
4. Proposición con punto de acuerdo presentada el 17 de octubre de 2000, por el diputado
Feliciano Calzada, para que la Cámara de Diputados manifieste su respeto al pueblo del
Estado de Tabasco y a su voluntad ciudadana expresada en las elecciones del 15 de octubre.
5. Proposición con punto de acuerdo presentada el 19 de octubre de 2000, por el diputado
Auldarico Hernández Gerónimo, para facultar a la comisión especial de seguimiento del
proceso electoral de Tabasco para recibir y canalizar las denuncias sobre el posible
desvío de recursos públicos federales en el proceso electoral. Además de presentar un
informe sobre denuncias recibidas, así como el mecanismo para atenderlas.
6. Proposición con punto de acuerdo presentada el 17 de octubre de 2000, por el diputado
Martí Batres Guadarrama, para que se haga un pronunciamiento para limpiar la elección en
Tabasco y hacer un enérgico llamado a las autoridades estatales y federales a fin de que
se respete la voluntad popular expresada el 15 de octubre.
7. Proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Auldarico Hernández
Gerónimo para ampliar la duración de la comisión especial de seguimiento del proceso
electoral de Tabasco, presentada el 24 de octubre de 2000.
8. Proposición con punto de acuerdo presentada el 26 de octubre de 2000, por el diputado
José Narro Céspedes, para que se sigan las vías legales y se dé transparencia al
proceso electoral de Tabasco.
9. Proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez, el 31 de octubre de 2000, para solicitar al Presidente de la República el
pago del bono sexenal.
10. Proposición con punto de acuerdo presentada el 31 de octubre de 2000, por el diputado
Bulmaro Rito Salinas, para exhortar al Ejecutivo Federal se otorgue complemento a las
medidas de fin de año a los trabajadores al servicio del Estado.
11. Proposición con punto de acuerdo presentada el 14 de noviembre de 2000, por el
diputado Juan Carlos Regis Adame, para exhortar a los gobiernos Federal, al del Estado de
Chiapas y al Congreso local a emprender acciones de distensión para que el próximo
gobierno estatal tome posesión con tranquilidad y sin hostigamiento.
12. Proposición con punto de acuerdo presentada el 28 de noviembre de 2000, por el
diputado Juan Manuel Carreras López, para que las autoridades hacendarias, aduaneras,
migratorias y Policía Federal Preventiva, se apeguen estrictamente a la legalidad y al
marco del estado de derecho de los migrantes, en época decembrina.
13. Comunicación de fecha 22 de diciembre de
2000, relativa a la solicitud para celebrar reuniones con los diputados integrantes de las
comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de la Junta de Coordinación
Política, con los jefes delegacionales.
Segundo. Infórmese de este acuerdo a la mesa directiva de la Cámara de
Diputados y notifíquese a los interesados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2001.Diputados: Beatriz Paredes
Rangel, presidenta de la Junta y coordinadora del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza
Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y
Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
Gracias, diputado secretario don Manuel
Medellín.
Consulte usted por favor a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de
acuerdo por el que se mandan al archivo como concluidos los asuntos cuya extemporaneidad
es manifiesta.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Se consulta a la Asamblea si es de
aprobarse el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por
la afirmativa, señor Presidente.
Aprobado el punto de acuerdo.
Publíquese en la Gaceta. Notifíquese a los interesados y cúmplase.
ACTIVIDAD
CITRICOLA
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.Poder Legislativo Federal.Cámara de Diputados.Junta de Coordinación
Política.LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.Presentes.
En relación a las proposiciones con puntos de acuerdo presentadas por los diputados Roger
Antonio González Herrera, en nombre de diputados de los grupos parlamentarios del PRI,
PAN, PVEM y Jorge Carlos Berlín Montero en representación de diputados del grupo
parlamentario del PRI, referentes a diversas cuestiones relacionadas con el virus de la
tristeza de los cítricos, los suscritos, diputados federales integrantes de la Junta de
Coordinación Política de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, hacen de su conocimiento lo acordado por este
órgano de dirección política, de conformidad con las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Con fecha 26 de octubre de 2000 fueron turnados por la mesa directiva a esta Junta de
Coordinación Política las proposiciones con puntos de acuerdo referentes al virus de la
tristeza de los cítricos en el Estado de Yucatán, presentadas por:
a) El diputado Roger Antonio González Herrera, con diversas propuestas, entre las que
destacan: instrumentar un proyecto nacional para enfrentar de manera integral los
problemas de la citricultura relativos al VTC y al pulgón café; el respaldo al acuerdo
sobre el tema, signado entre el gobierno del Estado y la Sagarpa; la solicitud a las
autoridades de la Administración Pública Federal de que se informe permanentemente a la
Cámara de Diputados sobre las campañas de sanidad correspondientes; la integración de
una subcomisión de diputados que vigile la instrumentación del dispositivo nacional de
emergencia decretado el 27 de junio de 2000; el exhorto a la Sagarpa para redoblar
esfuerzos e intensificar las campañas de sanidad en los huertos yucatecos; la
instrumentación de apoyos subsidiarios a los citricultores, así como la asesoría y
asistencia técnica a los mismos.
b) El diputado Carlos Berlín Montero, en la que se propone que la Federación destine
más recursos para la actividad citrícola del Estado de Yucatán, especialmente para las
campañas en contra del virus de la tristeza, además de hacer un exhorto a la secretaría
de Estado competente, a fin de que invite a los gobiernos de las entidades federativas con
actividad citrícola y a los productores de las mismas a solidarizarse con dichas
campañas de sanidad. De igual forma propone que se cree una comisión de legisladores a
la que mantenga informada la Secretaría sobre los avances de las campañas en la entidad.
II. La mayoría de las proposiciones enunciadas en el considerando anterior constituyen
una facultad del Ejecutivo, en virtud de que implican instrumentación de programas de
apoyo, razón por la que se considera conveniente intercambiar posicionamientos y puntos
de vista con el Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia competente, en este caso
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali mentación.
III. Por lo que se refiere a la necesidad de que esta Cámara de Diputados se mantenga
informada de la situación que guarda el problema citrícola del país, especialmente en
el Estado de Yucatán, se considera que la Comisión de Agricultura y Ganadería dé
seguimiento a las acciones y programas que lleve a cabo el Ejecutivo Federal, así como de
las necesidades más imperantes de los productores de cítricos.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Junta de Coordinación Política
propone al pleno el siguiente
ACUERDO
Primero. Se instruye a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara,
para que, en uso de las atribuciones que a las comisiones otorga el artículo 45 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, información sobre la
situación que guardan los cítricos en el país, así como oportuna mente invite al
subsecretario del ramo y a los responsables del área de sanidad vegetal, para que
comparezcan ante las comisiones y dialoguen respecto del problema del virus de la tristeza
de los cítricos (VTC) en México y los programas que desarrolla el Gobierno Federal para
combatirlo.
Segundo. La Comisión de Agricultura y Ganadería deberá informar al
pleno, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y
a la Junta de Coordinación Política, sobre el cumplimiento de esta encomienda, cuyos
resultados deberán difundirse entre los citricultores de la República.
Tercero. Notifíquese a los interesados y túrnese copia del expediente a la mesa
directiva de la Cámara.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2001.Diputados: Beatriz Paredes
Rangel, presidenta de la Junta y coordinadora del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza
Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y
Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
De enterado. Comuníquese y
transfiera el expediente a la Comisión de Agricultura para que se mantenga
permanentemente atenta a la problemática citrícola del país. Publíquese en la Gaceta
Parlamentaria y cúmplase.
1628, 1629, 1630
SOR
JUANA INES DE LA CRUZ
El siguiente punto del orden del día,
corresponde a efemérides.
Han solicitado el uso de la palabra para referirse al aniversario luctuoso de sor Juana
Inés de la Cruz, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México y la diputada Maricruz Morales, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada doña María Cristina Moctezuma Lule,
hasta por 10 minutos.
|
La diputada María
Cristina Moctezuma Lule: |
Con su permiso, señor Presidente;
diputadas y diputados de esta Cámara:
Es claro que el papel de la mujer en la actualidad está cambiando. Las mujeres queremos
ser vistas y concebidas de forma distinta frente al mundo; no discriminadas, con derechos,
con poder de decisión y la capacidad de combinar lo mejor del mundo tradicional y aquel
que se esboza frente a nosotros. Este proceso ha sido lento, difícil y largo, requiriendo
del esfuerzo y lucha de varias generaciones de mujeres que han trabajado arduamente para
lograr impulsar la fuerza y la capacidad intelectual de la mujer.
Uno de los principales puntales de esta lucha es, sin duda, sor Juana Inés de la Cruz.
Representó un ser libre de espíritu que hubo de hallar la verdad en la soledad del
claustro, pues los cambios del intelecto del Siglo XVII eran difíciles para una mujer que
prefería las luces del entendimiento a las trivialidades de la época.
Dueña de una capacidad intelectual superior a la de la mayoría unió su inteligencia
precoz, su carácter amabilísimo y su hermosura tan extraordinaria para conquistar la
admiración de muchas personalidades de la época, pero al mismo tiempo para recibir
severas críticas de la sociedad y de la Iglesia, que la obligaron a renunciar a sus
libros y a su vocación.
Alguna vez sor Juana se definió a sí misma como buscadora de la verdad, "aunque sea
contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad". Esta
es una de las claves que explican su vida, una vida entregada al estudio y a la
comprensión del enigma de la existencia.
La Décima Musa, es considerada una de las mujeres más notables de su tiempo, su
producción es elocuente y expresiva, buscando siempre las igualdades educativas para las
mujeres. Excelsa poetisa, filósofa y humanista, mujer genial y luchadora. Su inmenso
talento pero sobre todo su disposición para el combate, le permitieron atenuar hasta casi
evadir la insoportable carga opresiva de la mujer de su tiempo.
Siempre buscó con gran ahínco la justicia que iguala a los seres humanos en la búsqueda
de la verdad. Mujer y hombre tienden con sus vi das honestas e inteligentes, a ser uno
mismo y al mismo tiempo iguales. Sin embargo, la verdadera faz feminista de sor Juana,
está dirigida a revalorizar la imagen de la mujer. Abogó por los derechos culturales de
la mujer y afirmó su derecho a criticar y a pugnar en tal cuestión. Recorriendo el
camino en busca de la verdad, fue ésta quien salió en busca suya. Una epidemia la llevó
a la muerte el 17 de abril de 1695, iniciando con este hecho, así, lo que habría de ser
el principio de la eternidad inmortalizando junto con su obra.
Por tener una enorme aportación en la lucha de la mujer por conseguir una igualdad de
derechos y condiciones, es por lo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, recordamos a la Décima Musa hoy su aniversario luctuoso, pues su vida y obra
deben ser un ejemplo para todo mexicano.
Muchas gracias.
|
Presidencia
del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
|
Gracias, diputada.
Para referirse al mismo tema tiene el uso de la tribuna la diputada Maricruz Morales, del
Partido Revolucionario Institucional.
|
La diputada Maricruz
Cruz Morales: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Hago uso de esta tribuna para referirme al CCCVI aniversario luctuoso de una mexicana
universal, poeta, prosista y dramaturga, que pasó a la historia con los significativos
nombres de La Décima Musa, Fénix de México y La Monja Mexicana, entre otros.
Me refiero a Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como sor Juana Inés
de la Cruz, quien viera sus primeras luces un 12 de noviembre de 1651 en San Miguel
Nepantla, en el municipio de Tepetlixpa del Estado de México, hija de don Pedro Manuel de
Asbaje y Vargas Machuca y doña Isabel Ramírez de Santillana.
Mujer mexicana que desde muy pequeña empezó a dar muestra de su gran talento, quien a la
edad de tres años ya sabía leer, le agradaba la música y sentía gran afición por la
poesía, cuya vocación por el estudio era tan grande que a los siete años llegó a
proponer a sus padres le permitieran vestir el traje masculino para poder asistir a la
Universidad de México y continuar así con sus estudios.
De joven, radicada ya en la capital del virreinato, bajo la custodia de sus tíos María
Ramírez y Juan A. Mata, su tío, debido a sus inquietudes de la joven, llamó al
bachiller Martín de Oliva para que le diera clases de latín, retórica y filosofía. Se
dice que a la joven le bastaron sólo 20 lecciones para dominar todas las materias,
empezando a revelarse como escritora y poeta, extendiéndose su fama muy pronto, motivo
por el cual el virrey, don Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, la colocó
en el palacio como dama de honor de la virreina doña Leonor de Carreto.
Por criterios de la época que negaban a la mujer el derecho a dedicarse a la ciencia, a
la instancia del virrey, Juana fue objeto de exámenes que le hicieron más de 40 maestros
distinguidos, entre teólogos, escrituarios, filósofos matemáticos, historiadores,
poetas y humanistas quienes, ante el gran aparato de la Corte y con la presencia del
virrey y de altas autoridades eclesiásticas, comprobaron el recato y el saber y la
prudencia de la joven.
Aún no cumplía los 16 años de edad cuando decidió ingresar al Colegio de San José de
Carmelitas Descalzas, en donde la austeridad y la severidad de las costumbres quebrantaron
su salud, de tal manera que los médicos ordenaron fuera trasladada al Convento de Santa
Paula de la Orden de San Jerónimo, en donde una vez recuperada de su salud tomó la toca
y velo en manos del canónigo Antonio de Cárdenas y Salazar, el 23 de febrero de 1669,
ante la presencia de los virreyes marqueses de Mancera, quienes fueron sus padrinos, así
como de la Corte virreynal, el arzobispo de México, el alto clero y lo más elevado del
mundo social y científico, recibiendo el nombre de sor Juana Inés de la Cruz.
En plena madurez literaria criticó el sermón, el padre Veyra Portugués, de origen
jesuita y lo impugnó sosteniendo lo relativo a los límites entre lo humano y lo divino,
entre el amor de Dios y de los hombres, lo que dio motivo a que el obispo de Puebla, don
Miguel Fernández de Santa Cruz le escribiera pidiéndole que se alejara de las letras
profanas y se dedicara por entero a la religión.
Sor Juana se defendió en una larga misiva autobiográfica, en la cual abogó por los
derechos culturales de la mujer y afirmó su derecho a criticar y a impugnar tal sermón;
no obstante, obedeció.
A partir de este momento le entregó al arzobispo Aguilar y Ceijas, para su venta los 4
mil volúmenes de su biblioteca "quitapesares", como la llamaba, sus útiles
científicos y sus instrumentos musicales para dedicar el producto de ellos a fines
piadosos.
Más sola que nunca no volvió a ninguno de sus amados quehaceres. Había silenciado su
propia esencia.
Para 1690 y 1691 la Nueva España sufrió una gran escasez de alimentos, lo que provocó
una terrible epidemia de fiebre tifoidea y sor Juana, que se había consagrado a asistir a
sus hermanas de convento atacadas por el mal, no pudo escapar al contagio y un día como
hoy del año de 1695 falleció a la edad de 43 años. Aunque ya había sucumbido antes,
cuando le arrebataron la razón de su existencia: al prohibirle seguir siendo un ser
pensante, lúcido profundo y contradictoria. Representó el ideal de su época y también
su negación.
Como poeta logró alcanzar y permanecer en las
más excelsas metas que ninguna mujer había logrado, al elevar ante el mundo del hombre
la subliminación del espíritu femenino, derivado de la tenacidad mostrada por sor Juana
Inés de la Cruz, quien hace más de tres siglos inició la reivindicación de las mujeres
en todos los ámbitos al plantear, entre otras cosas, que se diera la oportunidad a las
mujeres de ingresar a las instituciones de educación superior, que se debía transformar
la inferioridad con la que los hombres trataban a las mujeres.
A partir de entonces se han obtenido grandes logros para el desarrollo pleno de la
potencialidad, tanto de las condiciones favorables en su entorno comunitario y familiar
como de espacios públicos para su plena participación activa en la vida económica,
política, social y cultural del país.
En el caso de las mujeres la búsqueda de esta igualdad jurídica y también de la social
familiar, se ha hecho manifiesta desde sor Juana en su permanente lucha, logrando hacer
visible la situación y ubicación de las mujeres con respecto de los hombres a partir de
relaciones de subordinación y de poder, basadas en la construcción cultural de lo
femenino y lo masculino.
Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Estado mexicano, este principio
fundamental de igualdad entre el hombre y la mujer se integró a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, me diante la reforma de su artículo
4o., así como la creación de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el 21 de
diciembre de 2000.
La igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley es un acto de justicia que se genera
en la intención de eliminar la discriminación por motivos de género, que con gran
ahínco en su época promoviera sor Juana Inés de la Cruz.
A partir de estas reformas constitucionales y una vez más como resultado de la
persistente y justa demanda de las mujeres de combatir la exclusión, la desigualdad y la
discriminación de que han venido siendo objeto, encontramos que se han creado diversos
mecanismos e ins tituciones públicas con el fin de promover y apoyar el avance de las
mujeres.
También se ha logrado modificar diversos ordenamientos federales y estatales para superar
en campos específicos de algunas desigualdades legales que las afectan, así como para
apoyar el proceso de mejoramiento de su condición de vida social y familiar.
Es cuanto, señor Presidente.
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Muchas gracias, diputada Maricruz Cruz
Morales.
ASISTENCIA
(II)
En cumplimiento al acuerdo parlamentario
en relación a las asistencias, ruego a la Secretaría dé cuenta a la Asamblea de las
asistencias y ordene el cierre del sistema electrónico.
|
El
secretario Bernardo Borbón Vilches: |
Hasta este momento, señor Presidente,
se han registrado 454 diputados en el sistema electrónico. Nadie reportó fallas en el
registro. Se ordena cerrar el registro de asistencia.
LEY PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
El siguiente punto del orden del día
corresponde a la presentación de iniciativas de diputados.
Se ofrece el uso de la palabra a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de
reformas a diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
Tiene usted el uso de la palabra.
|
La diputada Adela del
Carmen Graniel |
1631, 1632, 1633
Campos:
Honorable Asamblea:
«Las suscritas, diputadas y diputados a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente
iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El móvil más poderoso que impulsan al niño a trabajar desde temprana edad y para
ingresar en la vida activa, es la necesidad de aliviar en lo posible la miseria en que
vive su familia y contribuir así a satisfacer sus necesidades esenciales. La más modesta
remuneración, en dinero o en especie, será apreciada. Sin embargo, es sabido que en
muchos casos, el propio jefe de familia es quien se encarga de hacer trabajar a sus hijos.
A pesar de estos motivos, se debe subrayar que, la causa fundamental de todo trabajo
infantil es evidentemente la miseria.
Las tareas que realizan los niños, se traducen en un aporte económico apreciable,
siempre con relación a los bajos ingresos familiares, por su parte la insuficiencia de la
seguridad social impone también al niño que trabaja el papel de sostén de sus padres
ancianos, enfermos o desempleados. Los niños que trabajan entregan la totalidad de sus
ganancias a los padres o familiares con que viven. Para una familia necesitada lo más
urgente es ganar con qué sobrevivir y las demás necesidades, no estrictamente vitales,
sólo se satisfacen si es posible.
Otra razón de la ocupación de los niños es la situación en el hogar: puede haber
tensiones e incertidumbre, engendradas o aumentadas por la miseria, el padre puede haber
abandonado la casa es posible que la madre sea soltera; el padre o la madre o ambos pueden
estar enfermos, ser inválidos o haber fallecido.
Por otra parte, también está el deber moral, inculcado por el ambiente de trabajar desde
temprana edad por solidaridad con el grupo familiar, para compensar la carga económica
que él mismo representa y ayudar a mantener al resto de su familia, generalmente muy
numerosa.
En la medida que se ha ido tomando conciencia de la nocividad del trabajo infantil y de la
necesidad de instaurar la escolaridad obligatoria y brindar a los niños los
esparcimientos necesarios, se han adoptado medidas legislativas y de orden práctico. Es
sabido que los niños que ingresan en la fuerza de trabajo van a realizar una tarea que
podría ser efectuada por un adulto, al mismo tiempo que el niño acepta trabajar por una
remuneración mucho menor que la que debería recibir un adulto.
Se puede decir que estamos en presencia de un circulo vicioso: por una parte, el trabajo
de los niños aumenta el desempleo y comprime los ingresos de los adultos, pero, por otra,
el desempleo y los bajos ingresos de esos mismos adultos los obliga a hacer ingresar a sus
hijos en el mercado de trabajo para mejorar los ingresos familiares.
Los niños que deben trabajar no tienen posibilidades de instruirse y calificarse para
poder salir de su pobreza, de modo que la extrema indigencia los hace buscar un medio
inmediato de subsistencia y la falta de calificaciones, a su vez, los mantiene en la
pobreza. En estas condiciones, las familias seguirán necesitando mandar ilegalmente a sus
hijos al trabajo y los empleadores seguirán prefiriendo contratarlos clandestinamente.
En la mayor parte de los países desarrollados la explotación del trabajo infantil
pertenece al pasado, gracias a la evolución económica, moral y legal. Ello no significa
que, a pesar de su carácter ilegal, el trabajo de los niños haya desaparecido
completamente del escenario laboral. Mientras que el trabajo infantil es algo que ha
quedado arraigado en las tradiciones y actitudes de algunos países pobres como un
vestigio del pasado, como una resistencia al cambio.
La ilustración más patente es la confianza que sienten los habitantes de las regiones
menos desarrolladas en las ventajas económicas de tener muchos hijos para que aporten sus
brazos a la actividad familiar. La culpa de que los niños tengan que trabajar no la tiene
la familia, que está encerrada en un número muy reducido de posibilidades de acción,
sino la sociedad en su conjunto.
Casi en todos los países el trabajo infantil está legalmente prohibido, condiciones de
extrema pobreza y abandono obligan a los niños a realizar distintos tipos de actividades
para poder subsistir. En los países pobres, la proporción de niños de menos de 15 años
con respecto a la población total, es del 40% a 50%, es evidente que se plantean
tremendos problemas sociolaborales, pues no es fácil planificar su mantenimiento, su
empleo y sus ingresos.
En los países menos desarrollados todavía no se ha logrado hacer desaparecer en la
práctica el trabajo de los niños, a pesar de que en casi todos existen legislaciones al
respecto. En estos países se da por un hecho que los menores tienen que trabajar, de
manera que suelen cumplir un papel productivo relativamente importante para sus
respectivas familias, tanto en las ciudades como en el campo.
Cuando un niño disfruta del derecho a la educación, está protegido contra una multitud
de amenazas, como la condena a una vida de pobreza, al trabajo en condiciones de
esclavitud, a la servidumbre doméstica, a la explotación sexual y al reclutamiento
militar durante los conflictos armados. De acuerdo con el documento "Estado Mundial
de la Infancia 2001", del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En muchos de los países pobres se considera normal continuar con la tradición familiar
de no asistir a la escuela cuando se es niño y empezar a trabajar a edad temprana,
independientemente del grado relativo de pobreza de su familia. En tanto que si los padres
sólo pueden permitirse mandarlos a la escuela por unos años, lógicamente esos niños
tendrán más dificultades para aprender que los niños de las familias más acomodadas.
Aunque la mayoría de los niños del mundo asiste a la escuela, hay más de 110 millones
que no lo hacen, un 60% está constituido por niñas, que en algunas sociedades resultan
víctimas de la creencia de que para ser esposas o madres no necesitan educación. El
UNICEF recomienda que, todos los niños deberían recibir y completar su educación
básica en ambientes limpios y seguros que les estimulen intelectualmente y les otorguen
confianza y aptitudes para la vida.
Recientemente se percibe al trabajo infantil como un problema social y consiguientemente
la idea de que es necesario proteger al niño, en la medida que el trabajo infantil, es la
explotación del niño por empleadores ajenos a su familia.
De acuerdo con el UNICEF el trabajo infantil reviste condiciones de explotación si se dan
las siguientes características:
*Trabajo a tiempo completo a una edad
demasiado temprana;
*Horario laboral demasiado prolongado;
*Trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social o sicológico;
*Trabajo y vida en la calle en malas condiciones;
*Remuneración inadecuada;
*Demasiada responsabilidad;
*Trabajos que obstaculizan el acceso a la educación;
*Trabajos que socavan la dignidad y autoestima de los niños, tales como la esclavitud o
el trabajo servil y la explotación sexual;
*Trabajos que perjudican el pleno desarrollo social y sicológico.
Entre los aspectos del desarrollo infantil que pueden verse afectados negativamente por el
trabajo se encuentran los siguientes:
*Desarrollo físico, que abarca la salud general, la coordinación, la resistencia, la
visión y la audición;
*Desarrollo cognitivo, que abarca la alfabetización, el cálculo numérico y la
adquisición de conocimientos necesarios para la vida ordinaria;
*Desarrollo emocional, que abarca la autoestima, la afectividad familiar y los
sentimientos de aceptación y amor;
*Desarrollo social y moral, que abarca el sentido de identidad grupal, la habilidad de
cooperar con otros y la capacidad de distinguir el bien del mal.
Los niños trabajaban con su familia, apren diendo poco a poco por observación,
asociación e imitación, casi inconscientemente, sus futuros papeles de adultos. A estas
actividades placenteras se oponen las ejercidas por oposición o por explotación con un
esfuerzo que sobrepasa las posibilidades físicas y síquicas del niño que las ejecuta,
porque son pesadas, nocivas, aburridas y demasiado prolongadas, porque son causa de
preocupaciones y porque excluyen la posibilidad de gozar de instrucciones, esparcimiento y
bienestar.
Por reducido que sea el esfuerzo físico, la duración de las tareas y el aburrimiento que
supongan y por satisfactorio que sea el medio de trabajo del niño, éste inevitablemente
se interesará por la buena marcha de la empresa familiar y compartirá con los padres
problemas, preocupaciones e incertidumbres que son habituales para los niños de su edad.
El trabajo que efectúan los niños es ilegal. No obstante, para los menores de 14 años
la legislación no prevé la protección de sus condiciones de empleo, de modo que la mano
de obra infantil queda al margen de la legislación y de sus beneficios y no tiene derecho
a reclamar las prestaciones laborales que les corresponderían. En otras palabras es una
mano de obra sumisa e indefensa, sin poder para negociar sus condiciones de trabajo, sin
sindicato que la defienda y las más de las veces sin el amparo de un seguro de enfermedad
o accidente de origen profesional ni de los régimenes de seguridad social.
Muchas de las conquistas sociales obtenidas por los trabajadores adultos no cuentan para
los niños que trabajan, los que son explotados como si las mismas no existieran. Como los
niños deben asumir papeles de adultos sin poseer la capacidad física y síquica que
requieren las tareas, el trabajo que ejecutan no suele ser tan eficaz como el de un
adulto; si económicamente resulta rendidor para el empleador, es porque está remunerado
a un nivel aún inferior al de su eficacia.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha fijado la edad
mínima de admisión al empleo en 15 años y recomienda su elevación gradual hasta la
edad de 16, no obstante, muchas legislaciones nacionales fijan mínimos que varían entre
los 12 y los 16 años. En algunos países el trabajo infantil realizado a partir de los 12
ó 13 años, no es clandestino, sino perfectamente legal. Entretanto, la OIT recomienda
que los países donde esa edad mínima legal sigue siendo muy baja deberían tomar
enérgicas medidas de carácter práctico para ofrecer a esos niños una protección
especial.
La fijación legal de una edad mínima por debajo de la cual el trabajo de los menores
está prohibido tiene por objeto preservar su salud física y síquica, así como su
moralidad, al mismo tiempo, que posibilitar su asistencia a la escuela. La escolaridad
obligatoria es un factor que tiende a limitar el trabajo infantil, ya que no suele estar
por debajo de los 14, 15 ó 16 años, según el país.
En algunos países se fija una norma inferior a la general para los trabajos livianos o no
industriales, para las ocupaciones peligrosas o perjudiciales, por el contrario, la edad
mínima es superior a la norma general, mientras que en muchos países el servicio
doméstico suele estar excluido del ámbito de la legislación pertinente. Según la OIT
en pocos países está permitido trabajar a partir de los 12 años, por lo que las
legislaciones prevén ciertas salvaguardias. El cumplimiento de la legislación sobre la
edad mínima de admisión al empleo es muy irregular según los países y los sectores de
actividad.
1634, 1635, 1636
A pesar de que el sistema jurídico mexicano
establece la prohibición del trabajo de los menores que no han cumplido 14 años, la
realidad es muy diferente. En México, se encontraban laborando, durante 1997, 5 millones
693 mil 453 niños, niñas y jóvenes, entre los 12 a los 19 años, de los cuales 3
millones 371 mil 751 eran niños y 1 millón 961 mil 702 eran niñas, de acuerdo con el
documento "estadísticas de empleo con enfoque de género", del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
De acuerdo con el documento del INEGI, de la población económicamente activa, la que se
encuentra entre los 12 a los 19 años, trabaja 1 millón 725 mil 920; trabaja y estudia
605 mil 514; trabajan en quehaceres domésticos 2 millones 241 mil 306; trabaja, estudia y
realizan quehaceres domésticos 1 millón 120 mil 713 personas.
Es importante destacar que, en México ha habido avances legislativos recientes, como las
reformas al artículo 4o. constitucional, así como la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto garantizar a niñas,
niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en
la Constitución. Dichas reformas se inscriben en el proceso gradual para mejorar la
situación de los niños trabajadores.
En este contexto, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 173 que, el trabajo
de los mayores de 14 años y menores de 16 queda sujeto a vigilancia y protección
especiales de la inspección del trabajo.
No obstante, en la agricultura, donde el trabajo infantil está más difundido, la
inspección del trabajo es prácticamente inexistente. La insuficiencia de personal y
medios materiales impide asimismo a la inspección del trabajo visitar la gran cantidad de
pequeños establecimientos del sector informal, donde ninguna de las empresas ha previsto
un seguro de enfermedad u otra medida de seguridad social.
Las medidas legislativas destinadas a proteger a los niños del trabajo nocivo en las
fábricas, minas y otras industrias, no han incluido a la agricultura, convirtiendo así a
los niños trabajadores agrícolas en los menos protegidos de todos. Se necesitan medidas
de tipo legal, social, económico y educativo para proteger a los niños contra los
peligros de los trabajos nocivos, especialmente en el caso de los trabajadores agrícolas.
El artículo 176 la Ley Federal del Trabajo señala que, las labores peligrosas o
insalubres, son aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas,
químicas o biológicas del medio en que se presentan o por la composición de la materia
prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud
física y mental de los menores. No obstante, en México los niños recogen cosechas con
las plantas todavía cubiertas de pesticidas o las rocían ellos mismos con productos
químicos.
Familias enteras de trabajadores inmigrantes o jornaleros agrícolas, incluidos los
niños, ayudan a plantar y cosechar las frutas y los vegetales. Los niños están
expuestos a picaduras de serpientes e insectos venenosos y debido a que comienzan a
trabajar desde muy temprano en medio de la humedad y el frío, a menudo descalzos o
vestidos con ropas inadecuadas, desarrollan infecciones respiratorias crónicas y
neumonía. Además, las jorna das laborales para los niños en el campo son prolongadas,
en general de 8 a 12 horas diarias y en lugares alejados del abastecimiento del agua
corriente.
Por otra parte, están los países que no reglamentan en la agricultura el trabajo de los
menores. En la agricultura hay una cantidad enorme de niños que trabajan duramente, ya
sea en violación de la ley, cuando ésta existe o de plano en ausencia de cualquier
precepto legal. En las regiones aún no desarrolladas, es prácticamente imposible hacer
cumplir las leyes y sus eventuales reglamentos de aplicación cuando se trata de edad
mínima legal para el trabajo agrícola.
A pesar de que no se dispone de datos sobre el número de niños que trabajan en los
campos de todo el mundo, un informe reciente de la OIT, indica que en algunos países la
tercera parte de la fuerza de trabajo agrícola está compuesta por niños. Los que
recogen té, café, caña, caucho, cacao, conocen el trabajo extenuante realizado con
pocos medios mecánicos y en condiciones deplorables.
Un sector que ocupa importantes cantidades de niños trabajadores es el
"informal", el cual no cumple ninguna de las disposiciones legales relativas a
la edad mínima de admisión al empleo y a la protección de la infancia en general; las
relaciones profesionales no suelen estar regidas por la legislación, sino por la
tradición y la costumbre y muchos empleadores y asalariados desconocen la existencia de
las respectivas leyes protectoras.
Al menos 1 millón de niñas al año caen en todo el mundo, mediante engaños o por la
fuerza, en las redes de la explotación sexual, de acuerdo con datos de organismos no
gubernamentales (ONG), pero los niños varones también son explotados sexualmente.
En México, un estudio preliminar del Centro de Investigación y Estudios en Antropología
Social (Ciesas) para siete ciudades: Distrito Federal, Tijuana, Ciudad Juárez, Tapachula,
Cancún, Acapulco y Guadalajara, en cada una de ellas, salvo la capital del país, donde
se calculan 7 mil, se estima un total de entre 500 y 1 mil niñas y niños víctimas del
comercio sexual, en cualquiera de sus modalidades: prostitución, pornografía, turismo
sexual y tráfico. Sus edades oscilan entre 13 y 17 años, pero hay más pequeños.
El daño físico y sicológico infligido por la explotación sexual con fines comerciales
hace que este abuso sea una de las modalidades más nocivas del trabajo infantil.
Independientemente de cuán alto sea el salario o de las pocas horas de trabajo, las
niñas y niños envueltos en la prostitución deben enfrentar riesgos para la salud, entre
ellos las enfermedades respiratorias, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual,
embarazos no deseados y la adic ción a estupefacientes.
Por su parte, la protección de los derechos de los adolescentes constituye una eficaz
"inmunización" que ayuda a prevenir las enfermedades venéreas, incluso la
infección con el SIDA y a reducir las tasas de deserción escolar, el consumo de drogas y
los comportamientos violentos.
Los adolescentes, como todos los niños, tienen derecho a que se les escuche y a
participar, en función de su edad y madurez, en las cuestiones que les afecten y en las
cuales sean partes interesadas. Es preciso asegurar los derechos de los niños en todas
las etapas de sus vidas, incluido el derecho a la atención en un entorno acogedor durante
los primeros años y a recibir educación e información, aprendizaje para la vida
práctica y apoyo durante la adolescencia.
A fin de promover en mayor medida el progreso de la infancia, es necesario establecer las
siguientes prioridades: todos los niños tienen derecho a la salud, educación, a vivir en
familia, a la no discriminación, a la tutela plena e igualitaria sin distinción de
posición económica, raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, origen étnico,
discapacidad suya o de sus ascendientes, así como a la protección contra la violencia,
el maltrato y la explotación.
Las disposiciones legales destinadas a prohibir el trabajo infantil constituye un ideal
avanzado, una meta para el futuro, así como también pautas normativas que puedan hacerse
cumplir de inmediato y con rigor.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el
proemio, presento la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo único. Se adiciona el artículo 3o. con un inciso H; el
artículo 14 con un inciso E; el artículo 21 con un inciso D y el artículo 28 con un
inciso K, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A al G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. El goce pleno del derecho a la salud. El Estado, la sociedad y la familia son
corresponsables en la adopción y aplicación de medidas tendientes a procurar los
servicios de salud.
Artículo 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A al D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. En la adopción de políticas públicas dirigidas a proteger el derecho a la salud,
especialmente para aquellos que no cuenten con acceso a los sistemas de seguridad social.
Artículo 21.. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
A al C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Contra los trabajos insalubres, peligrosos y dañinos para la salud, especialmente en
el caso de los trabajadores agrícolas, de la calle y del sector informal de la economía.
Artículo 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A al J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K. Proporcionarán servicios de salud gratuitos a las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en condiciones de desventaja social, especialmente a los trabajadores
agrícolas, de la calle y del sector informal de la economía."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2001.Rúbricas.»
Señora diputada, quisiera rogarle me
autorice ordenar la insersión completa de su iniciativa tanto en el Diario de los Debates
como en la Gaceta y omitir la lectura del articulado en obvio de tiempo.
|
La
diputada Adela del Carmen Graniel
Campos: |
Perfecto. Está bien.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a usted, diputada Adela del
Carmen Graniel Campos.
Se ordena la publicación completa en la Gaceta Parlamentaria y su inclusión íntegra en
el Diario de los Debates.
La iniciativa presentada por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, se turna a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Ruego a la Secretaría dar curso a la iniciativa remitida por el Ejecutivo Federal.
LEY DE CAPITALIZACION DEL PROCAMPO
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Se da cuenta del oficio de la
Secretaría de Gobernación.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.Secretaría de Gobernación.Dirección
General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente
envío a ustedes la siguiente iniciativa de Ley de Capitalización del Procampo.
Documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de
ustedes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 17 de abril de 2001.Por acuerdo del Secretario.El director general de
gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.Presidencia de la República.
Ciudadano diputado Ricardo Francisco García Cervantes, presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.Presente.
El desarrollo agropecuario y rural de los Estados Unidos Mexicanos representa una
prioridad nacional, porque se refiere al estrato social y productivo que con mayor
urgencia requiere de nuevas y mayores oportunidades y soluciones que encaucen
definitivamente la economía agrícola en beneficio de la colectividad.
1637, 1638, 1639
dar atención a los problemas de los hombres y
mujeres del campo en México, pero los esfuerzos realizados al respecto no han logrado
encontrar las suficientes respuestas satisfactorias que permitan elevar auténticamente
las condiciones de vida, el ingreso per capita y la situación no menos preocupante de
potenciar el rendimiento productivo en el sector rural.
Igualmente, se considera como otro de los elementos centrales de política pública, la
afirmación hecha en los foros internacionales en el sentido de que ningún país debiera
ser dependiente de la producción de ciertos insumos alimenticios generados en otras
latitudes, ya que ello propiciaría una indeseable incertidumbre en su obtención y la
consecuente elevación en sus costos de compra.
De ahí que lo más recomendable es tender los puentes necesarios que conlleven a los
sujetos involucrados en este proceso, a alcanzar niveles más eficientes que nos permitan
contar con una adecuada seguridad alimentaria, que tenga como eje la potencialización de
este tipo de actividades productivas propias del sector rural.
Ante la problemática del crecimiento poblacional y de la escasez de oportunidades,
sabemos que se encuentra también directamente vinculada la migración de la gente del
campo a las grandes urbes y aún más allá de nuestras fronteras, con el propósito de
encontrar fuentes de trabajo y generar recursos para su subsistencia. Los crecientes
índices de desempleo en el campo y la incapacidad de encontrar medios de subsistencia
para la vida campesina están conllevando a un serio deterioro en el tejido social.
Durante años se propició y difundió la idea de que si se contaba en un amplio número
de brazos para las actividades propias del campo, se tendrían mayores posibilidades de
éxito al momento de levantar la cosecha. Ahora, observamos que aquella afirmación, en
términos generales, no corresponde ya a esa realidad; por lo que las acciones y los
apoyos gubernamentales que se otorguen, deberán ser empleados en la modernización de la
infraestructura que el productor posea, en la adquisición de nuevos equipos que faciliten
su labor y que además pueda contar con mejores plantaciones e instalaciones que hagan
más rentable su propio centro de trabajo.
Para propiciar esta tendencia es necesario ins trumentar acciones de mediano y largo
plazos, que permitan una verdadera capitalización en el campo, que generen beneficio
económico para los millones de mexicanos que dependen del desarrollo rural y para que las
futuras generaciones cuenten con perspectivas más adecuadas que les motiven a ir hacia
delante y aprovechar los elementos tecnológicos de la modernidad.
Se tiene la certeza de que al incorporar la población rural a la dinámica del desarrollo
nacional, en un escenario de mediano plazo se convertirá en un detonante de la demanda de
bienes y servicios. Por ello, es del más alto inte rés nacional apoyar a los productores
del campo, mediante aquellas acciones que hagan viable elevar sus condiciones de vida,
conservar los recursos naturales y fomentar su desarrollo.
Cabe señalar que de la población nacional en condiciones de pobreza, actualmente la
mayor parte de ella se ubica en el campo, siendo ésta una situación que hace
impostergable que la sociedad y el Estado renueven su compromiso con los grupos rurales
más desprotegidos.
Subsiste por ello la obligación del Estado de propugnar porque su población cuente con
mayores oportunidades de desarrollo, partiendo de la premisa de que éste se encuentre en
aptitud de generar mayores fuentes de empleo, aunque habrá que reconocer que no es una
tarea fácil. Del universo poblacional en edad laborable, alrededor de 15 millones se
encuentran en las zonas rurales y a ello habría que agregar que el fenómeno migratorio
que se ha citado es más frecuente en los estratos de población menor a 35 años,
principalmente por la falta de oportunidades. Por todo ello es vital brindar mayores
expectativas y oportunidades a nuestros connacionales ubicados en esta si tuación.
Sabemos también que es una mínima parte de la población económicamente activa, ascen
diendo a una cuarta parte de ella la que se encuentra empleando su fuerza de trabajo en
las actividades propias del sector rural, generando únicamente un porcentaje menor al 10%
de nuestro producto interno bruto. Mientras que en otros países más desarrollados
tecnológicamente, con tan sólo el 10% de la población concentrada en producir insumos
agropecuarios, se arroja una producción que equivale a poco más de una quinta parte de
dicho producto.
De ahí la necesidad de impulsar a estas actividades como una condición necesaria que nos
permita paulatinamente ser más eficaces y competitivos en esta importante materia de
producción primaria, basándonos en una adecuada capacitación para el trabajo que arroje
como consecuencia mano de obra calificada y especializada, lo cual podrá ser un mecanismo
de impulso, entre otros, a las comunidades in dígenas que sufren condiciones de
marginación.
El desarrollo rural en México no podrá resolverse sin una visión de largo plazo. El
desarrollo rural en nuestro país debe orientarse siempre al alcance de futuras épocas
positivas y a que se genere un balance favorable que además eleve las condiciones de vida
del sector campesino y redefina el peso de estas actividades primarias en beneficio de la
población y de la economía nacional.
Habría que agregar el hecho de que no se está impulsando adecuadamente a la
competitividad, paralelamente con el evidente advenimiento de nuevas tecnologías, lo cual
nos está rezagando aún más en el contexto de competencia internacional que enfrenta la
nación, en un entorno comercial de orden global en el que los países en desarrollo
tienen que importar productos alimenticios a precios inferiores a los que nosotros podemos
producir. Por lo que también debemos revertir esa tendencia.
Es un hecho innegable que nuestros socios comerciales de otros países otorgan también a
través de diversos mecanismos una serie de apoyos a la producción de mercancías,
destacando sobre todo los impactados en los productos agrícolas a los que se adicionan
las campañas al consumo de sus derivados.
Siguiendo este esquema, el Ejecutivo Federal está emprendiendo un conjunto de acciones en
varias vertientes de carácter educativo, asistencial, económico y social, para enfrentar
con responsabilidad las exigencias de la población. Al efecto, se estima indispensable
promover que nuestro país cuente con una producción de granos, hortalizas, frutales,
cárnicos y otros productos, que sea suficiente para satisfacer la demanda primaria de los
propios productores rurales y que además permita su comercialización en el mercado
nacional a precios competitivos con el exterior.
Por lo que esta propuesta es consecuente con ese reclamo frecuentemente manifestado en las
distintas regiones del país y que pretende, guardadas las proporciones de recursos, se
aumente y potencie nuestra producción agropecuaria con la obtención adelantada de los
apoyos directos derivados del Procampo que se encuentran previstos en forma anual hasta el
año de 2008, con lo cual los sujetos de la ley podrán disponer de mayores recursos y
aplicarlos a su proyecto productivo enfocándolo con una visión a más largo plazo y a
aquellos insu mos que ellos mismos consideren más necesarios para el ejercicio propio de
su labor.
Es sabido que el Procampo se encuentra ya en su octavo año de vigencia de los 15
inicialmente programados. Desde la época de su puesta en marcha, en que se nos situó en
el entorno de una transición económica derivada de la suscripción del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte, se tuvo como propósito que este instrumento pudiera
mejorar las condiciones comerciales de nuestros productores en el marco de un libre
mercado y franca competencia, permitiendo una asimilación paulatina entre las
distorsiones y ventajas compa rativas y entre los actores involucrados de los tres
países.
Igualmente, se considera que la capitalización del Procampo permitirá también a sus
beneficiarios utilizar cualquier tipo de esquema legal que sea vigente y que a la vez sea
planteada esta posibilidad en forma individual o partiendo de la base de cualquier tipo de
figura asociativa prevista por la propia ley.
La estrategia de apoyar decididamente los requerimientos del sector agropecuario nacional
implica la generación de múltiples proyectos productivos viables y la posibilidad de
financiarlos. La presente iniciativa de Ley de Capitalización del Procampo, que someto a
la consideración del honorable Congreso de la Unión, presenta una modalidad en la
previsión de las disponibilidades del gasto público, ya que propone la posibilidad de
que los beneficiarios del Procampo puedan acceder ahora, vía los mecanismos financieros
que se determinen, a recursos equivalentes a los que restan de dicho programa.
La capitalización de recursos que propone esta iniciativa, de merecer su aprobación,
contempla la existencia de una disposición legislativa con una vigencia determinada y
preestablecida al 31 de diciembre de 2008, lo cual permitirá que, en cumplimiento de un
mandato legislativo, se otorguen los correspondientes montos anuales de recursos
económicos que permitan su cabal y puntual aplicación.
La presente propuesta se apega al principio de anualidad del Presupuesto de Egresos de la
Federación, el cual no implica que la vida nacional tenga que nacer y terminar cada año
fiscal, ya que las actividades de planeación y prospectiva se verían irracionalmente
limitadas. Un sano criterio de interpretación de las disposiciones constitucionales en la
materia, señala que debe existir la necesaria simetría entre los ingresos y los gastos
públicos, de tal manera que las finanzas públicas nacionales encuentren la debida
correspondencia entre las contribuciones que se impongan y las disponibilidades
presupuestales que al efecto se aprueben para sufragar los gastos públicos.
En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si bien la Ley
de Ingresos de la Federación es un ordenamiento legal de vigencia limitada al ejercicio
fiscal en turno, ello no significa que las leyes fiscales que establecen las
contribuciones, impuestos y derechos, por ése solo hecho deban considerarse como de
vigencia anual. Por el contrario, la interpretación de nuestro máximo tribunal sostiene
con claridad que las leyes fiscales son de vigencia permanente.
Es en este mismo sentido es que, en correspondencia a la simetría existente entre las
disposiciones de ingreso con las de gasto, se sostiene la tesis de que efectivamente el
Presupuesto de Egresos de la Federación es un ordenamiento legal de vigencia limitada
única y exclusivamente al ejercicio fiscal en turno, pero que ello no es óbice para que
existan leyes que prevean la viabilidad de programas de mediano y largo plazos, como es el
caso de la presente iniciativa.
Lo anterior es consistente con la actual redacción que presenta la fracción IV del
artículo 74 de nuestra Ley Suprema, en donde a partir de 1977 al reformarse los
artículos 65 y 74 de la propia Constitución, se modificó el concepto de "aprobar
el presupuesto anual de gastos", para pasar al de "aprobar anualmente el
Presupuesto de Egresos de la Federación".
Posiblemente ha existido una inercia interpretativa de lo que fue durante muchos años un
concepto radicalmente restrictivo del principio de anualidad del presupuesto. Sin embargo
y no porque se trate de un mero formulismo o de la interposición de los vocablos, sino
porque el mandato constitucional así lo señala expresamente, se debe hacer hincapié en
que es muy distinto hablar de la aprobación de un presupuesto anual, que hablar de la
facultad de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En tal virtud, la iniciativa de Ley de Capitalización del Procampo, que se somete al
honorable Congreso de la Unión, está basada en el mismo razonamiento, en el sentido de
que aun cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación debe ser aprobado anualmente,
esto no significa que las previsiones del gasto establecidas en las leyes programáticas
que requieren de recursos fiscales para su cumpli miento deban agotar anualmente su
vigencia.
La insuficiencia de recursos económicos y financieros ha constituido por un periodo
significativo la principal restricción para instrumentar estrategias y proyectos
suficientes, para mantener y consolidar la modernización y el desarrollo del sector
agropecuario y rural mexicano. Por ello se presenta una propuesta que pretende contribuir
a resolver esta problemática.
Por todo lo expuesto, la presente iniciativa de Ley de Capitalización del Procampo, tiene
como propósito dar certidumbre, integridad y suficiencia a los apoyos gubernamentales
dirigidos al sector rural, agroalimentario y forestal de México. Este ordenamiento
permitirá a los productores conocer con precisión que los apoyos gubernamentales a
través del Programa de Apoyos Directos al Campo van a estar disponibles en los próximos
años y bajo qué condiciones serían elegibles para recibirlos. Sabemos todos que el
Procampo ha sido un instrumento de política agropecuaria con finalidades de apoyo para
toma de decisiones de inversión que indudablemente han repercutido en beneficios para el
sector rural.
1640, 1641, 1642
Con base en la experiencia institucional,
derivada de los años de la vigencia del programa, se han logrado mejoras en sus
procedimientos técnicos y otros medios materiales y aún normativos conllevando a que sea
éste un instrumento confiable de capitalización en el sector rural, por ello considero
es viable la propuesta de elevar sus directrices esenciales y los instrumentos financieros
de anticipación al rango de ley, atendiendo los requerimientos no sólo de la gente del
campo, sino de la población en general que nos demanda cada vez más y mejores esquemas
para la obtención y alcance de satisfactores.
La ley no solamente propiciaría un uso más apropiado de tales apoyos por parte de los
beneficiarios y de los diversos actores que con curren al desarrollo de la actividad, sino
que, como se ha afirmado, otorgará una mayor certidumbre al negocio agroalimentario y una
mayor capacidad de negociación a los productores primarios.
Por otra parte, este ordenamiento hará explícitas las políticas de fomento que son
requeridas para otorgar ciertos apoyos a los productores agropecuarios, al asegurar un
flujo de recursos a los productores y facilitará la negociación de ellos y su
aplicación eficaz a proyectos de in versión.
Dadas las finalidades del sector, cuyas actividades son prioritarias para el desarrollo
nacional, el hecho de proporcionar una señal normativa coadyuvará en el logro adecuado
de asociar en tiempo y espacio los recursos necesarios para emprender los proyectos que el
sector rural requiere para la transformación agropecuaria e integral que en las diversas
regiones debemos darnos los mexicanos; por lo que sin modificar las bases previstas para
el Procampo ni su destino presupuestal expresado en términos constantes, nos proporciona
las bases para conjuntar esfuerzos en beneficio del sector.
La permanencia de las políticas de fomento y de los instrumentos de apoyo en el mediano y
largo plazos, es fundamental para permitir la emergencia de un moderno sector
agroalimentario, que requiere de una transformación radical de sus formas de producción
y organi zación, de su tecnología, de su infraestructura y de su capital humano, además
de una más equilibrada relación con el resto de la economía de la sociedad.
Dicha transformación requiere necesariamente de un periodo que brinde seguridad y que
contribuya a madurar la cultura de la capitalización de la reconversión productiva en la
actividad agroalimentaria.
En el ordenamiento propuesto, se incorporan previsiones que hacen flexible su manejo para
cumplir con el resto de las prioridades en materia inflacionaria, cambiaria, de equilibrio
presupuestal, de desarrollo industrial y de desa rrollo urbano, que han tenido un gran
peso en las decisiones gubernamentales y, que junto a la excesiva centralización de las
decisiones, han marginado al campo de los beneficios de las políticas públicas de
impulso y modernización.
Es por ello imprescindible restituirle al campo los apoyos que conduzcan a un desarrollo
integral y le den gran dinamismo. La importancia del desarrollo del sector rural como eje
de las economías regionales, como proveedor de alimentos de una población creciente,
como componente básico de múltiples cadenas agroin dustriales y como generador de bienes
exportables, debe ser considerada en su real dimensión. También debe serlo la ineludible
nece sidad de establecer condiciones de digna subsistencia a la población rural,
contribuyendo al incremento de sus percepciones económicas y en general en el
mejoramiento de sus condiciones de vida.
En esa virtud, el Ejecutivo Federal a mi cargo, al someter a la elevada consideración del
honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de Ley de Capitalización del
Procampo, lo hace partiendo de la base de que el orden jurídico debe mantener
permanentemente abiertos los caminos de la justicia social, postulado fundamental inmerso
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto someto a la
consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE LEY DE CAPITALIZACION DEL PROCAMPO
TITULO PRIMERO
Objeto y aplicación de la ley
CAPITULO UNICO
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto fomentar las labores productivas
agrícolas, ganaderas, piscícolas, acuícolas, forestales y silvícolas, englobando a
éstas como actividades de producción rural previstas dentro del Programa de Apoyos
Directos al Campo, en lo sucesivo el Procampo, a la vez que las reconoce como eje de las
economías regionales para coadyuvar al desarrollo rural del país. Sus disposiciones son
de interés público.
Para alcanzar el cumplimiento de ese propósito, tomando como base los derechos derivados
de la tenencia de la tierra y el directorio de beneficiarios del Procampo, se concede a
estos sujetos la posibilidad de acceder al sistema de pago adelantado de sus apoyos
directos, que podrán ser otorgados al productor para la realización de sus proyectos
productivos.
Artículo 2o. En el marco de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Estado a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en lo sucesivo "la Secretaría", con la
participación de otras dependencias y entidades participantes en el sector, podrá
coordinar, concertar e inducir diversos mecanismos que permitan identificar los incentivos
más acordes para alcanzar la capitalización de los beneficiarios del Procampo,
escuchando las propuestas de las entidades federativas y de los propios productores dentro
del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Artículo 3o. El establecimiento del pago adelantado del Procampo, es un
apoyo que se instituye para impulsar el desarrollo nacional, como parte de un proceso de
transformación social y económica que conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable
de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las
actividades de producción rural. Dicho apoyo estará disponible a partir de la entrada en
vigor de esta ley y permitirá que los productores rurales lo conozcan con precisión, a
la vez que se encuentren en posibilidad de satisfacer las condiciones y requisitos que
deberán cumplir para ser elegibles y poder recibirlo oportunamente.
Artículo 4o. El Estado impulsará la organización de los productores y las
formas de asociación económica determinadas en las leyes vigentes, a fin de propiciar
con ello una mejor vinculación de las actividades de producción rural con los otros
agentes de la cadena agroalimentaria y el consumidor final, así como del resto de la
economía.
Artículo 5o. Las acciones del Estado, encabezadas por la Secretaría, en los
sectores recurrentes de actividades de producción rural, tendrán el tratamiento que se
establece en la presente ley y les serán aplicables los criterios de equidad social,
integralidad y sustentabilidad y podrán concurrir a su realización los sectores
público, social y privado, mediante diversos mecanismos de cooperación.
Los compromisos y responsabilidades del Gobierno Federal frente a los particulares y
frente a los otros órdenes del gobierno, quedarán establecidos en los programas
sectoriales y regionales que sean aplicables.
Dichos compromisos y responsabilidades se atenderán en los términos de las
disponibilidades presupuestarias y sin menoscabo de otras actividades prioritarias a cargo
del propio Gobierno Federal, en atención a las disposiciones jurídicas vigentes.
Artículo 6o. Para impulsar el desarrollo rural en los términos que dispone esta
ley, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante el apoyo directo a los
productores del campo, con la finalidad de que éstos puedan realizar las inversiones
necesarias para incrementar la productividad de sus unidades de producción y, por esta
vía, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.
Artículo 7o. La Secretaría con objeto de dar cabal cumplimiento a los objetivos
y propósitos previstos en el Procampo, buscará instrumentar diversas fórmulas para que
los productores estén en condiciones de recibir por adelantado los beneficios que asegura
el programa hasta su terminación.
La Secretaría a través de su órgano administrativo desconcentrado, como el de Apoyos y
Servicios a la Comercialización Agropecuaria, "Aserca", estará facultada para
apoyar y coorcieras y en la definición de sus proyectos de capitalización, utilizando
para ello figuras legales que estén a su disposición.
TITULO SEGUNDO
De la federalización y
descentralización
CAPITULO UNICO
Artículo 8o. La aplicación de los instrumentos previstos en esta ley y que
correspondan a las entidades federativas, se coordinará por las dependencias encargadas
del fomento de las actividades de producción rural en cada Estado de la República, en el
marco de la federalización de la gestión pública y basándose en los acuerdos de
coordinación suscritos dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, podrán
constituir instancias que permitan la participación de los agentes productivos locales,
en la identificación de prioridades, programas y acciones de alcance regional.
Artículo 9o. En esta ley se prevé la posibilidad de que se presente la
concurrencia de los tres órdenes de gobierno, en atención a sus propios marcos
normativos, como condición que permita estar en aptitud de cumplir con los postulados que
la misma busca alcanzar y bajo la premisa de que en los diversos acuerdos de voluntades
que sean suscritos, se puedan alcanzar los siguientes objetivos:
I. Promover el bienestar social y económico de los trabajadores del campo, de sus
comunidades y en general, de la población rural, mediante la generación de empleo en el
medio rural, así como el incremento del ingreso y la diversificación del empleo;
II. Combatir el desequilibrio económico regional, a través de la atención diferenciada
a las regiones, mediante acciones que impulsen la transformación y la reconversión
productiva y económica de dichas regiones con un enfoque productivo sustentable;
III. Contribuir a la seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso del
desarrollo rural y
IV. En su caso, complementar las disponibilidades de recursos económicos, necesarias en
cada ciclo agrícola, a la vez que en este supuesto reforzarán la certidumbre jurídica y
económica del productorbeneficiario.
Artículo 10. De conformidad a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y
el Programa de Desarrollo Sectorial se definirán los criterios de federalización y
descentralización que normarán la corresponsabilidad entre los distintos órdenes de
gobierno, en lo referente a la ejecución de las acciones vinculadas al fomento del
desarrollo rural integral y constituirán el marco de referencia para la orientación
regional del sector y la aplicación de los recursos presupuestales derivados del
Procampo.
Artículo 11. La Secretaría promoverá un marco normativo general para el
fomento y desarrollo sustentable del sector rural con el objeto de dar integralidad a la
política de desarrollo correspondiente; las propuestas emanadas de las dependencias y
entidades paraestatales de los estados y municipios serán invariablemente consideradas en
su conformación.
Artículo 12. La constitución de los foros de participación de los agentes
productivos estatales que promuevan las dependencias encargadas del fomento de las
actividades de producción rural de cada Estado, deberá ser representativa de la
composición productiva, económica y social del sector. Asimismo, la Secretaría en
coordinación con dichas dependencias, dentro del marco del fortalecimiento al federalismo
y la descentralización de la gestión pública, promoverá la participación de los
productores y los municipios en el foro de análisis y decisiones en la materia.
TITULO TERCERO
Del fomento a la producción y a la
transformación
CAPITULO I
Del fomento al desarrollo rural
Artículo 13. El Gobierno Federal, con la participación que corresponda a los
gobiernos estatales, a los municipios y a los propios pro ductores, impulsará las
actividades de producción rural, su transformación, industrialización y
comercialización.
1643, 1644, 1645
Artículo 14. La Secretaría
apoyará a los productores con los recursos económicos derivados del Procampo, en los
términos de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio fiscal, así como para
implantar nuevas tecnologías que las hagan más eficientes, competitivas y sustentables.
Artículo 15. De conformidad con las disposiciones de esta ley y a través de las
correspondientes disponibilidades presupuestarias para cada ejercicio fiscal, el Gobierno
Federal otorgará a los productores del campo apoyos debidamente definidos en una
previsión de media no plazo, que no será inferior a la vigencia del Procampo.
Artículo 16. El titular del Ejecutivo Federal al enviar al Congreso de la Unión
la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada uno de los ejercicios fiscales en que
se encuentre en vigor el presente ordenamiento, establecerá las previsiones de recursos y
disponibilidades presupuestales que se requieran para dar cum plimiento a las
disposiciones de esta ley.
Artículo 17. La Cámara de Diputados, durante la vigencia de la presente ley,
proveerá en los correspondientes decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación,
partidas y disponibilidades presupuestales para el Procampo. Los incrementos
correspondientes a dichas partidas y disponibilidades presupuestales podrán considerar el
Indice Nacional de Precios al Consumidor como referente económico fidedigno para el año
de que se trate.
Artículo 18. La proyección a mediano plazo de los recursos correspondientes
perseguirá los siguientes propósitos:
I. Que los productores estén en posibilidad de recibir por anticipado los recursos
previstos en los años restantes de vigencia del Procampo, para capitalizar sus unidades
de producción y poder desarrollar sus proyectos y acciones de modernización y
II. Proporcionar a los productores certidumbre de que recibirán los apoyos que les
garanticen implementar los proyectos productivos que permitan entre otras cosas, una mayor
capacidad de negociación al enfrentar los compromisos mercantiles y aprovechar las
oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados internacionales sobre la
materia.
Artículo 19. Los apoyos que se otorguen deberán orientarse para:
I. Modernizar la infraestructura del productor y sus equipos;
II. El establecimiento de convenios entre industriales y productores primarios;
III. La constitución de empresas de carácter colectivo y familiar;
IV. La asociación de productores mediante la figura jurídica que más convenga a sus
intereses, siempre que se sitúe en el marco legal vigente y
V. La adopción de tecnologías ahorradoras de energía y ecológicas.
Artículo 20. Las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales para un
ejercicio y las proyectadas en un horizonte de mediano plazo, promoverán la producción
de bienes y servicios que contribuyan a fortalecer la producción interna y la balanza
comercial agroalimentaria, las adecuaciones estructurales a las cadenas productivas, el
acceso a alimentos con menor precio y la reducción de las condiciones de desigualdad
entre los productores, así como los mecanismos que permitan lograr su competitividad en
el entorno de la globalización económica.
CAPITULO II
De los apoyos al campo a
mediano plazo
Artículo 21. Para los efectos de la presente ley, se continuarán aplicando
todas y cada una de las disposiciones del decreto de creación del Procampo, publicado en
el Diario Oficial del 25 de julio de 1994, así como sus modificaciones y adecuaciones
correspondientes. Los apoyos directos a los productores rurales a que se refiere dicho
decreto, se otorgarán para mejorar las condiciones de vida de la población rural y
responde a los desequilibrios del mercado internacional.
apoyará a los productores, a través de
proyectos productivos financiera y técnicamente viables, a fin de favorecer que cada
terreno pro duzca aquello para lo que tiene aptitud natural y se desplegará una política
de fomento al desarrollo rural que les permita tomar las decisiones de producción que
mejor convengan a sus intereses.
De conformidad con las disposiciones de la presente ley, se establece la modalidad para
anticipar en los primeros meses del año y hasta antes de iniciar el respectivo ciclo
agrícola, el pago de los apoyos correspondientes y la posibilidad de otorgar otros
adelantos económicos de mediano plazo, cumpliendo los requisitos que en este ordenamiento
se señalan.
Artículo 23. Los beneficiarios del Procampo podrán obtener simultáneamente
recursos de otros programas, previo cumplimiento de la normatividad que al efecto expida
la Secretaría o bien, de la dependencia estatal que corresponda en el supuesto de que
algún gobierno local los establezca.
Artículo 24. Los productores que deseen incorporarse a este esquema, para estar
en aptitud de disponer anticipadamente de los recursos del programa de mediano plazo,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Acreditar que sus predios estén vigentes para que les sean otorgados los derechos del
Procampo;
II. Presentar solicitud donde manifiesten acogerse a este mecanismo de financiamiento,
señalando los ciclos agrícolas para los cuales se requiere, lo cual se calificará en
atención a su proyecto;
III. Anexar el o los proyectos que pretenden realizar con dichos apoyos, comprometiéndose
a materializarlos en un plazo determinado y que deberán destinarse a algunos de los
siguientes rubros:
a) Tecnificación del riego,
b) Reparación o adquisición de equipo,
c) Adquisición de material vegetativo mejorado,
d) Cultivos bajo condiciones climáticas controladas,
e) Reconversión de cultivos o desarrollo de plantaciones y
f) Otros que el productor proponga y que cumplan con lo previsto en esta ley;
IV. Presentar para personas físicas, copia de la credencial para votar expedida por el
Instituto Federal Electoral, la Clave Unica de Registro de Población (CURP) u otra
identificación oficial con fotografía y firma o huella digital; para productores
personas morales, copia de su cédula de identificación fiscal por conducto de su
representante debidamente acreditado y
V. Comprobar estar en uso pleno de los derechos del predio base del apoyo.
Adicionalmente, los proyectos coadyuvarán a la inscripción de sus predios en el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, al igual que a la
regularización de concesiones de aguas subterráneas.
Artículo 25. Los demás beneficiarios del Procampo que deseen mantenerse
conforme a lo establecido por el decreto correspondiente y sus normas de operación
seguirán recibiendo los apoyos de conformidad a sus previsiones naturales.
Artículo 26. La Secretaría, en el ejercicio de sus atribuciones, deberá
promover que los apoyos que se otorguen a los productores les permitan operar bajo las
directrices siguientes:
I. Certidumbre de su temporalidad al fijar en esta ley la vigencia del programa y la
posibilidad de solicitar por adelantado los recursos previstos en él;
II. Precisión en cuanto a su naturaleza generalizada o diferenciada por tipo de
productor, ubicación geográfica y nivel socio económico del beneficiario;
III. Transparencia mediante la difusión de las reglas para su acceso y la publicación de
los montos y el tipo de apoyo por beneficiario;
IV. Responsabilidad de los productores respecto a la utilización de los apoyos y V.
Posibilidad de evaluarlos para medir su eficiencia y administración, conforme a las
reglas previstas.
Artículo 27. Los productores beneficiarios de los apoyos directos derivados del
Procampo, con el apoyo de Aserca, podrán destinar los recursos correspondientes para que
éstos sirvan como fuente de pago o bien como garantía de proyectos a desarrollar por los
propios productores o mediante las figuras asociativas que se consideren pertinentes.
Artículo 28. La Secretaría, con sujeción a las disposiciones establecidas en
la presente ley, emitirá la normatividad operativa para otorgar los anticipos de mediano
plazo a que se refiere este capítulo y aplicará e interpretará para efectos
administrativos lo establecido en este ordenamiento.
Artículo 29. La operación, administración y control de la modalidad de
anticipos de mediano plazo será normada por la Secretaría y se ejecutará conforme a los
criterios de federalización y descentralización señalados en la presente ley.
Con tal propósito, la Secretaría establecerá los mecanismos de seguimiento y control
sobre los recursos que en su caso se otorguen y verificará su correcta aplicación en los
proyectos aprobados.
Artículo 30. La Secretaría resolverá las inconformidades que presenten los
productores en la aplicación de la modalidad de anticipos de mediano y largo plazo
previstos por esta ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación y sus beneficios serán aplicables a partir del 1o.
de enero de 2002, para lo cual se tomarán las previsiones administrativas necesarias.
Segundo. El presente ordenamiento concluirá su vigencia el 31 de diciembre del
año 2008.
Tercero. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la entrada en vigor de esta ley, promoverá las
acciones de fomento a la capitalización rural y la instrumentación de los mecanismos
financieros que se requieran para el cumplimiento de sus disposiciones.
Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Palacio Nacional, a 10 de abril de 2001.El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Vicente Fox Quesada.»
Se recibe y se turna, por su
contenido, a las comisiones de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural de esta Cámara de
Diputados.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
Ruego a la Secretaría dar cuenta a la
Asamblea de las comunicaciones y oficios de la Secretaría de Gobernación.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.Secretaría de Gobernación.Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.Presentes.
1646, 1647, 1648
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso c párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se
citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se
menciona: mantenimiento; José Hernández Caletre, chofer; Raúl Chacón Fernández,
empleado de mantenimiento; Edén Hernández Hernández, ayudante de mantenimiento; Martín
Pedro Islas Labra, empleado de mantenimiento; Gabriela Peñaloza Anaya, asistente en
visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Jesús Manuel Franco Martínez, asistente de embarques; Abel Espinoza Zavala, afanador en
el departamento de limpieza, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
J. Piedad García, ingeniero residente, en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Guadalajara, Jalisco.
Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que
acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se
realicen los trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 10 de abril de 2001.Por acuerdo del director general.El director Gustavo
Alejandro Morales Rivera.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
CONDECORACIONES
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Se han recibido tres oficios con sendas
minutas de parte del Senado de la República.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.Senado de la República.LVIII
Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que
contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al embajador, Javier Barros Valero
y general brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y usar
condecoraciones conferidas por el gobierno del Reino de Suecia y por el gobierno de la
República de Chile, respectivamente.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 9 de abril de 2001.Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al embajador Javier Barros Valero, para
aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Estrella Polar, en Grado de Gran Cruz,
que le confiere el gobierno del Reino de Suecia.
Artículo segundo. Se concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado
Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y usar la Condecoración de la Estrella Militar de
las Fuerzas Armadas, en Grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el
gobierno de la República de Chile.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.México, D.F., a 9 de abril de
2001.Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente y Yolanda González Hernández,
secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.El secretario
general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»
Se recibe y turna a la Comisión
de Gobernación y Seguridad Pública.
RUMANIA
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.Senado de la República.LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que
contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al embajador Enrique Eugenio
Fernández Zapata, al actuario Enrique Vilatela Riba, al licenciado Luis Héctor Alvarez
Alvarez y al ciudadano Luis Angel Domínguez Brito, para aceptar y usar condecoraciones
conferidas por el gobierno de Rumania.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 9 de abril de 2001.Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al embajador Enrique Eugenio Fernández
Zapata, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de
Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo segundo. Se concede permiso al actuario Enrique Vilatela Riba, para
aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal, en Grado de Comendador,
que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo tercero. Se concede permiso al licenciado Luis Héctor Alvarez Alvarez,
para aceptar y usar la Condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Comendador,
que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Luis Angel Domínguez Brito,
para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en Grado de
Comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.México, D.F., a 9 de abril de
2001.Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente y Yolanda González Hernández,
secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.El secretario
general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
BIENES ASEGURADOS,
DECOMISADOS
Y ABANDONADOS
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.Senado de la República.LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que
contiene minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 49 de la Ley
Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados; 40 y 41
del Código Penal Federal y 193 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 5 de abril de 2001.Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma y adiciona los artículos 49 de la Ley Federal para la Administración de
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados; 40 y 41 del Código Penal Federal y 193 del
Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo primero. Se reforma el párrafo primero del artículo 49 de la Ley
Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados y se
adiciona un segundo párrafo a la misma disposición legal, para quedar como sigue:
Articulo 49: Los
aprobechamientos a los que se refiere el artículo anterior, una vez descontados los
costos de administración del servicio de administración y gastos de mantenimiento y
conservación de los bienes asegurados conforme a la presente ley, se enterarán a la
Tesorería de la Federación y se destinarán, en partes iguales, a apoyar los
presupuestos de Egresos del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría General
de la República y de la Secretaría de Salud.
La parte de los aprovechamientos que corresponda a la Secretaría de Salud, deberá
destinarse a programas de rehabilitación de farma codependientes."
Artículo segundo. Se reforman los artículos 40 párrafo segundo y 41 del
Código Penal Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean
objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito,
se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se
decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo
cualquier título, esté en alguno de los su puestos a los que se refiere el artículo 400
de este código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero
propietario o poseedor y de la relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso.
Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que
podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación y en el proceso. Se actuará
en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los
instrumentos, objetos o productos del delito.
Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o peligrosas, se
destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos previstos por
el Código de Procedimientos Penales, pero aquélla, cuando lo estime conveniente, podrá
determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Respecto de los
instrumentos del delito o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente
determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la procuración e
impartición de justicia, así como de la Secretaría de Salud, para los efectos a que se
refiere el artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados,
Decomisados y Abandonados. Se procederá a su inutilización, si fuere el caso, de
conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 41. Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las
autoridades investigadoras o de las judiciales, que no hayan sido decomisados y que no
sean recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de 90 días naturales, contados
a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública y el
producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado, no se
presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto
de la venta se destinará, por partes iguales, al mejoramiento de la impartición y
administración de justicia, así como de la Secretaría de Salud, para los efectos del
artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y
Abandonados, previas las deducciones de los gastos ocasionados.
En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad y que no se puedan
conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta
pública y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo por un
lapso de seis meses a partir de la notificación que se le haga, transcurrido el cual, su
aplicación se hará en los mismos términos del párrafo que antecede."
Artículo tercero. Se reforma el párrafo quinto del artículo 193 del Código
Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
"Artículo 193.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1649, 1650, 1651
Tratándose de instrumentos y vehículos
utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y
productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a
lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá
dentro de la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente
en apoyo, por partes iguales, al mejoramiento de la impartición y administración de
justicia, así como de la Secretaría de Salud, para los efectos del artículo 49 de la
Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y promoverá el
decomiso para que los bienes de que se trate o sus productos reciban la misma aplicación.
El Ministerio Público deberá promover, en su caso, la suspensión y la privación de
derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes
conforme a las normas aplicables."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.México, D.F., a 5 de abril de
2001.Senadores: Enrique Jackson Ramírez, presidente y Yolanda González Hernández,
secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.El secretario
general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»
Se recibe y turna la minuta a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Gracias, señor Secretario.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes relativos a las solicitudes de
permiso de los ciudadanos: embajador Ariel Buira y Seira, maestro José Luis Barros
Horcasitas, licenciado Lorenzo Sánchez Rivera, Marco Aurelio Provencio Muñoz, Eduardo
Sosa Cuevas, Juan Rebolledo Gout, licenciado Edgar Ricardo Navarro Soto, licenciado
Federico Sada Gonzalez, licenciado Luis Enrique Ramos Solorio, general de división
Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, general brigadier Diplomado de Estado
Mayor Ignacio Luquín Pérez, embajador Enrique Gabriel Jiménez Remus, licenciada Reyna
María Aurora Martínez López, embajadora María del Rosario Gloria Green Macías,
licenciado Genaro David Góngora Pimentel, licenciado Luis Eduardo Garzón Lozano,
licenciado Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Eloy Cantú Segovia, ministro Luis
Alberto Germán Barrero Stahl, general brigadier retirado Enrique Aranda Salamanca y
Adolfo Miguel Aguilar Zinser, para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos
extranjeros.
Son de primera lectura.
En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del
día de hoy, ruego al señor Secretario consulte a la Asamblea si se le dispensa la
segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, se consulta a la
Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de
inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por
la afirmativa, señor Presidente.
Es de segunda lectura.
En consecuencia pido a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
GRECIA
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le
fue turnado para su estudio y dictamen el expe diente con la minuta proyecto de decreto,
que concede permiso al embajador Ariel Buira y Seira, para aceptar y usar la
Condecoración de la Medalla Conmemorativa de la Ciudad de Atenas, que le confiere el
alcalde de dicha ciudad.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la
Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al embajador Ariel Buira y Seira, para
aceptar y usar la Condecoración de la Medalla Conmemorativa de la Ciudad de Atenas, que
le confiere el alcalde de dicha ciudad.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.México,
D.F., a 6 de abril de 2001.Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A.
Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco; José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G.
Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños; José Francisco Blake Mora; Tomás
Coronado Olmos; Omar Fayad Meneses; Alejandro R. García Sainz Arena; Federico Granja
Ricalde; Lorenzo Rafael Hernández Estrada; Efrén Nicolás Leyva Acevedo; Miguel Angel
Martínez Cruz; Rodrigo David Mireles Pérez; José Narro Céspedes; César Nava Vázquez;
Ricardo A. Ocampo Fernández; Fernando Ortiz Arana; Germán Arturo Pellegrini Pérez;
José Jesús Reyna García; Adrián Rivera Pérez; Eduardo Rivera Pérez; Jorge Esteban
Sandoval Ochoa; César Augusto Santiago Ramírez; David Augusto Sotelo Rosas; Ricardo
Torres Origel; Jaime Vázquez Castillo; Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala
Echavarría.»
En primer término está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al
embajador Ariel Buira y Seira, para aceptar y usar la Condecoración de la Medalla
Conmemorativa de la Ciudad de Atenas que le confiere el alcalde de dicha ciudad.
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.
RUMANIA (II)
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.Poder Legislativo Federal.Cámara de Diputados.Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le
fue turnado para su estudio y dictamen el expe diente con la minuta proyecto de decreto,
que concede permiso a los ciudadanos: José Luis Barros Horcasitas, Lorenzo Sánchez
Rivera, Marco Aurelio Provencio Muñoz, Eduardo Sosa Cuevas, Juan Rebolledo Gout, Edgar
Ricardo Navarro Soto, Federico Sada González, Luis Enrique Ramos Solorio, Roberto Miranda
Sánchez, Ignacio Luquín Pérez, Enrique Gabriel Jiménez, Reyna María Aurora Martínez
López, María del Rosario Gloria Green Macías, Genaro David Góngora Pimentel, Luis
Eduardo Garzón Lozano, Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Eloy Cantú Segovia,
Luis Alberto Germán Barrero Stahl, Enrique Aranda Salamanca y Adolfo Miguel Aguilar
Zínser, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el gobierno de Rumania.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el
permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III del
apartado C del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al maestro José Luis Barros Horcasitas,
para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal en Grado de Gran Cruz,
que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo segundo. Se concede permiso al licenciado Lorenzo Sánchez Rivera, para
aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal en Grado de Oficial, que le
confiere el gobierno de Rumania.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Marco Aurelio Provencio
Muñoz, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal en Grado de
Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Sosa Cuevas, para
aceptar y usar la Condecoración de la Orden por Méritos en Grado de Comendador, que le
confiere el gobierno de Rumania.
Artículo quinto. Se concede
permiso al licenciado Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la Condecoración de la
Orden de la Estrella de Rumania en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
Rumania.
Artículo sexto. Se concede permiso al licenciado Edgar Ricardo Navarro Soto,
para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania en Grado de
Oficial, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo séptimo. Se concede permiso al licenciado Federico Sada González,
para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal en Grado de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo octavo. Se concede permiso al licenciado Luis Enrique Ramos Solorio,
para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania en Grado de
Oficial, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo noveno. Se concede permiso al general de división Diplomado de Estado
Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la
Estrella de Rumania para Militares en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de
Rumania.
Artículo décimo. Se concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor
Ignacio Luquín Pérez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio
Leal en Grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso al embajador Enrique Gabriel
Jiménez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania en
Grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso a la licenciada Reyna María Aurora
Martínez López, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal en
Grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo decimotercero. Se concede permiso a la embajadora María del Rosario
Gloria Green Macías, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Estrella de
Rumania en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo decimocuarto. Se concede permiso al ciudadano Genaro David Góngora
Pimentel, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania en
Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo decimoquinto. Se concede permiso al licenciado Luis Eduardo Garzón
Lozano, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden por Méritos en Grado de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo decimosexto. Se concede permiso al licenciado Luis Enrique Mateo Franco
Díaz de León, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal en
Grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo decimoséptimo. Se concede permiso al diputado Eloy Cantú Segovia,
para aceptar y usar la Condecoración de la Orden por Méritos en Grado de Comendador, que
le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo decimoctavo. Se concede permiso al ministro Luis Alberto Germán
Barrero Stahl, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Servicio Leal en
Grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo decimonoveno. Se concede permiso al general brigadier retirado Enrique
Aranda Salamanca, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden por Méritos Militares
en Grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Rumania.
Artículo vigesimo. Se concede permiso al ciudadano Adolfo Miguel Aguilar
Zínser, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden por Méritos en Grado de
Comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.
1652, 1653, 1654
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión.México, D.F., a 6 de abril de 2001.Diputados: Armando
Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco,
José G. Anaya Llamas, Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños,
José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro R.
García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén
Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José
Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana,
Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Adrián Rivera Pérez,
Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez,
David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor
Villarreal Castro y Roberto Zavala Echevarría.»
Se pone a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: José
Luis Barros, Lorenzo Sánchez Rivera, Marco Aurelio Provencio, Eduardo Sosa Cuevas, Juan
Rebolledo Gout, Edgar Ricardo Navarro, Federico Sada González, Luis Enrique Ramos
Solorio, Roberto Miranda Sánchez, Joaquín Luquín Pérez, Enrique Gabriel Jiménez,
Reyna María Aurora Martínez, María del Rosario Green Macías, Genaro David Góngora
Pimentel, Luis Eduardo Garzón Lozano, Luis Enrique Mateo Franco, Eloy Cantú Segovia,
Luis Alberto Germán Barrero, Enrique Aranda Salamanca y Adolfo Aguilar Zinser, para
aceptar y usar condecoraciones que les confiere gobierno extranjero.
Está a discusión el dictamen en lo
general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, pregunto a los miembros de la Asamblea si se va a reservar algún artículo
para su discusión en lo particular.
En virtud de que no se han reservado artículos para su discusión en lo particular, se
procederá a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de éste y del
anteriormente reservado, en un solo acto.
Ruego al señor secretario Manuel Medellín, dé los avisos a que se refiere el Reglamento
y ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán |
Se hacen los avisos a que se refiere el
artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por
10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación.)
Por instrucciones de la Presidencia, se computa sólo la votación del tablero que tiene
358 votos a favor y siete votos en contra.
Aprobados
los proyectos de decreto por 358 votos. Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO
Señor Secretario, honorable Asamblea:
llega el momento en el orden del día, de conocer un dictamen de segunda lectura y
discusión; sin embargo, ruego a la Secretaría haga del conocimiento de la Asamblea de
una comunicación recibida de parte de la comisión respectiva.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán |
Con fecha 17 de abril de 2001, en oficio
dirigido al diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva:
«Diputado licenciado Ricardo García Cervantes, presidente de la mesa directiva.Presente.
Los integrantes de la Comisión de Seguridad Social se dirigen a esta mesa directiva para
informarle que, con el propósito de facilitar los consensos entre los grupos
parlamentarios y en diversas consultas con diputados miembros del pleno, convenimos
proponer las siguientes reformas al dictamen presentado por esta comisión en torno a las
reformas al artículo 57 de la Ley del ISSSTE, para quedar como se señala en el anexo.
Por lo anterior, atentamente le solicitamos considere que este texto sustituya al
publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 17 de abril y al mismo tiempo su
colaboración para que se someta a votación del pleno de la sesión del día de hoy.»
El anexo dice:
«Artículo único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 57 para quedar
como sigue:
Artículo 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el
año calendario anterior hubiese tenido el Indice Nacional de Precios al Consumidor, con
efectos a partir del día 1o. del mes de enero de cada año.
En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Indice Nacional de Precios
al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los
trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma
proporción que éstos últimos.
De no ser posible la identificación del puesto para el incremento que corresponda a la
pensión respectiva, se utilizará el Indice Nacional de Precios al Consumidor como
criterio de incremento.
Los jubilados, y pensionados tendrán derecho a una gratificación.....
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor el 1o. de enero del 2002.
Segundo. En el caso de trabajadores que se hayan jubilado o pensionado con más
de una plaza, a la pensión que corresponda a la suma de las plazas se le aplicará lo
dispuesto en el artículo 57.
Tercero. Si en un plazo de tres meses a partir de que sea exigible el incremento
no es posible hacer la identificación del puesto, se aplicará lo que establece el
párrafo quinto.
México, D.F., a 17 de abril del 2001.Diputados: Cuauhtémoc Montero, presidente; José
María Rivera, Ernesto Saro y Samuel Aguilar, secretarios.»
Es todo, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Secretario.
En atención a lo solicitado por la comisión, le quiero rogar, señor Secretario,
consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza la sustitución propuesta por
la comisión a lo publicado en la Gaceta del día de hoy.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán |
Por instrucciones de la Presidencia se
consulta a la Asamblea si es de aprobarse la sustitución del texto que aparece en la
Gaceta del día de hoy por el texto que ha enviado la Comisión de Seguridad Social.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por
la afirmativa, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario.
Por lo tanto, es de primera lectura el dictamen de la Comisión de Seguridad Social con la
sustitución del texto aprobada por la Asamblea.
Ruego ahora, señor Secretario, consulte a la Asamblea, en consideración de que en este
momento se está distribuyendo a todas las señoras y señores diputados, por escrito, el
nuevo texto, si autorizan en votación econó mica la dispensa de la segunda lectura y
ponerlo a discusión y votación de inmediato.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán |
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si es de dispensarse la segunda lectura del dictamen y se pone a
discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad por
la afirmativa, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.Poder Legislativo Federal.Cámara de
Diputados.LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: con fecha 26 de octubre, a
la Comisión de Seguridad Social fue remitido para continuar con su trámite legislativo,
el expediente que contiene el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos
57, 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, dictamen reservado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la
sesión del pleno de fecha 29 de abril del presente año y dejado a disposición de la
misma como resultado de la aprobación de una moción suspensiva.
La Comisión de Seguridad Social, en uso de las facultades que le confieren los párrafos
primero y tercero del artículo 39 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y acorde a lo que prescribe el artículo 88 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
procedió, para la elaboración de este dictamen, primero al análisis de los argumentos
expuestos en la presentación y posterior aprobación de la moción suspensiva, para, en
segundo lugar, pasar al estudio y análisis del dictamen con proyecto de decreto motivo de
la moción suspensiva y, tercero, analizar las iniciativas que dieron lugar a dicho
dictamen, para terminar con la presentación de conclusiones y la elaboración del nuevo
dictamen con proyecto de decreto para ser presentado al pleno de la Cámara de Diputados.
Siguiendo esta metodología, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad Social aprobaron el siguiente
DICTAMEN
I. Antecedentes
A. Moción suspensiva
En la sesión referida del 29 de abril del 2000, el diputado José Antonio Alvarez
Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, expresó que
"...han surgido otros argumentos que nos sugieren que es necesario dedicar más
tiempo para estudiar a fondo el tema", agregando a continuación que "tampoco
hasta el momento nos ha sido posible contar con estimaciones precisas y confiables del
impacto y trascendencia de la aprobación del dictamen sobre los fondos del presupuesto
nacional"; en seguida expresó que "adicionalmente, la importancia de mejorar el
sistema de pensiones del ISSSTE, nos obliga a buscar el pleno consenso de todos los grupos
parlamentarios representados en esta Cámara, para que este dictamen sea realmente
concretado en el beneficio que los jubilados y pensionados del ISSSTE esperan que
nosotros, sus representantes, construyamos para ellos".
Por lo que se refiere a dedicar más tiempo para estudiar a fondo el tema, la comisión
que dictamina considera que la referencia se hizo principalmente en relación a las
propuestas de reforma a los artículos 62 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que la modificación a los
mismos tiene, en efecto, otras implicaciones, además de las estrictamente económicas.
Estas dos propuestas de reforma a los artículos 62 y 64, se refieren concretamente al
cómputo de los años de servicios que sirven de base para determinar el porcentaje de la
cuantía de la pensión a la que se tiene derecho, de acuerdo con los años de servicio
(artículo 62) y al sueldo básico que se utiliza para calcular el monto de las cantidades
que correspondan por pensión (artículo 64.)
Las reformas propuestas a la Ley del ISSSTE merecen, sin duda alguna, como todas aquellas
que representan la búsqueda de beneficios colectivos, un estudio profundo porque
representan un cambio, en específico la propuesta del artículo 62, que afectaría no
únicamente a esta ley, sino también a las del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), en
las que, al igual que en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), el derecho a la pensión está en rela ción al tiempo
laborado, pero sin sumar éste en dos o más empleos, ya que de ser así se estaría en el
supuesto de que se pudieran alcanzar 30 años de servicio en 15 años calendario al
acumular el tiempo laborado en dos entidades diferentes.
1655, 1656, 1657
Por lo que hace a la reforma propuesta al
artículo 64, si bien es cierto que representa un avance importante en el mecanismo para
establecer las bases de cálculo de la cuantía de las pensiones, también es cierto que
debe de valorarse con madurez para encontrar el equilibrio deseado entre los beneficios
que pueden ser otorgados y los que las condiciones económicas permiten cristalizar.
Conforme a lo anteriormente expresado, la comisión que dictamina, por lo que hace al
primer argumento con el que se sostuvo la moción suspensiva, considera que el tiempo
transcurrido ha sido suficiente para profundizar en el estudio del tema y presentar
nuevamente este dictamen.
Por lo que se refiere a contar con "estimaciones precisas y confiables del impacto y
trascendencia de la aprobación del dictamen sobre los fondos del presupuesto
nacional", como tex tualmente se manifestó en la propuesta de moción suspensiva,
esta Comisión de Seguridad Social, una vez que tuvo nuevamente en el ámbito de su
competencia el dictamen con proyecto de decreto que tenía reservada la mesa directiva de
la Cámara de Diputados, se abocó a recopilar la información precisa y confiable a que
se hizo referencia en el sustento de la moción suspensiva y solicitó a la dirección
general del ISSSTE se proporcionaran datos relativos a las pensiones y los pensionados de
esa institución.
Esta institución, a través de la subdirección general de prestaciones económicas,
sociales y culturales, informó que "respecto a la estimación del costo fiscal que
representaría modificar el párrafo tercero del artículo 57 de la ley invocada (la Ley
del ISSSTE), el importe de cada punto porcentual de diferencia entre los aumentos que se
autoricen a los trabajadores en activo y al salario mínimo general en el Distrito Federal
implicaría un costo anual de 176 millones 300 mil" ( pesos.)
Esta información se complementa con el dato del total de pensiones a cargo del ISSSTE,
que a la fecha del informe suman 412 mil 954, de los cuales el 43.48% son pensiones cuyas
cuantías están entre uno y dos salarios mínimos y 35.89% son pensiones cuyas cuantías
varían entre dos y cinco salarios mínimos (es decir, 79.37% del total de pensiones, 327
mil 761, tienen una cuantía que va de uno a cinco salarios mínimos.)
Por otra parte, la propuesta de reforma al artículo 57, pospuesta en razón de la citada
moción suspensiva, ha dado tiempo suficiente para que los trabajadores jubilados y
pensionados del ISSSTE expongan en innumerables ocasiones la razón que les asiste para
que los incrementos a sus pensiones se otorguen en la misma proporción y en las mismas
fechas en las que aumenten los sueldos de los trabajadores en activo, como era
anteriormente, demostrando el deterioro que sus cuantías han sufrido al recibir aumentos
relacio nados con el salario mínimo, mientras que los trabajadores en activo los reciben
en un porcentaje que, en los años transcurridos desde la reforma de 1993, ha sido siempre
superior al incremento al salario mínimo del Distrito Federal. Este último, el salario
mínimo general del Distrito Federal, en el año de 1997 fue de 26 pesos con 45 centavos
diarios y a la fecha es de 37 pesos con 90 centavos, es decir, ha tenido un incremento de
11 pesos con 45 centavos en ese lapso, que equivale a un aumento porcentual del 43.28.
Por otro lado el sueldo de los trabajadores en activo en el mismo periodo (1997-2000) ha
tenido un incremento del 60% en promedio, sin considerar para establecer este promedio el
tope máximo de cotización de 11 salarios mínimos burocráticos o sea incluyendo para
determinarlo desde la mayor hasta la menor percepción, con lo que se demuestra la
injusticia con que han sido tratados los jubilados y pensionados al modificarse el tercer
párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE.
El tercer argumento relativo al consenso de
los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, queda
también subsanado con la presentación de este dictamen que está apoyado por la mayoría
de los integrantes de la comisión.
B. Dictamen de la Comisión de Seguridad Social de la LVII Legislatura.
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión elaboró un dictamen del cual el capítulo de antecedentes
refiere las iniciativas presentadas por el diputado Miguel Angel Solares Chávez y otros
diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la
presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo y la presentada por el diputado Javier Paz Zarza y otros diputados del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, que son coincidentes en la propuesta de
reforma al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, aunque con diferentes redacciones; en este mismo capítulo, el
dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social de la anterior legislatura refiere
las excitativas que se presentaron en el transcurso de los años 1998, 1999 y el presente,
para que se dictaminaran esas iniciativas.
La comisión que suscribe ratifica los datos expresados en el apartado de antecedentes de
ese dictamen y los hace suyos en este documento.
En el capítulo de consideraciones del dictamen que se analiza, la anterior Comisión de
Seguridad Social establece que las iniciativas, motivo de ese dictamen, buscan como
propósito central mejorar la situación de ingreso y, por lo tanto, las condiciones de
vida de cientos de miles de trabajadores jubilados y pensionados del ISSSTE y, de manera
particular, señala que las propuestas se orientan a mejorar las pensiones y jubilaciones
al modificar el referente actual en el que se sustenta el incremento anual a la cuantía
de las pensiones, al cambiar la base para el cálculo de las pensiones, así como
modificar el criterio para el cómputo de los años de servicio que dan derecho a la
pensión.
Igualmente, esa comisión estableció que en la evolución de los cambios aplicados por el
Poder Legislativo a esa ley se buscó siempre encontrar mecanismos que mejoraran con
justicia social la situación de los trabajadores que durante un determinado número de
años prestó sus servicios al Gobierno Federal, hasta la reforma vigente a partir de 1993
en la que se cambió el mecanismo de revisión de las pensiones para utilizar como
referencia el salario mínimo general fijado para el Distrito Federal, estableciendo que
las cuantías de las pensiones aumentarían en las mismas fechas y en la misma proporción
en que aumentara el salario mínimo referido.
Refiere el dictamen que se analiza que en el año de 1999 el sueldo promedio mensual del
magisterio creció en un 17% y en ese mismo año el incremento al salario mínimo fue de
14%, con lo que se demuestra la afectación real en el poder adquisitivo de las pensiones
incrementadas con base a esa modificación a la ley aprobada en 1992.
El mismo capítulo de consideraciones argumenta, en relación a las propuestas de
modificaciones a los artículos 62 y 64 de la ley referida, que considera conveniente que
el promedio del sueldo integral disfrutado a la fecha de la baja del trabajador o de su
fallecimiento sea el que se considere para efectos de calcular la cuantía de la pensión
que corresponda, así como que para los mismos efectos se tomen en cuenta la totalidad de
las cotizaciones que se hayan aportado al ISSSTE independientemente de que hayan sido
efectuadas en uno o varios empleos.
C. Iniciativas
En fecha 7 de diciembre de 1998, por conducto del diputado Miguel Angel Solares Chávez,
un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
propuso la reforma del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que en la ley vigente
establece que "la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el
salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento
porcentual a dicho salario, se refleje simultá neamente en las pensiones que paga el
Instituto", para quedar como sigue: "las cuantías de las pensiones aumentarán
al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los
trabajadores en activo".
En fecha 10 de diciembre de 1998, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del
Trabajo, presentó una iniciativa que entre otras reformas incluía la del tercer párrafo
del artículo 57, cuya redacción vigente se reproduce en el párrafo anterior,
proponiendo su reforma para que quedara como sigue: "la cuantía de las pensiones se
incrementará conforme aumenten los salarios de los trabajadores en activo, de tal modo
que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las
pensiones que paga el Instituto".
En fecha 26 de abril del presente año, el diputado Javier Paz Zarza, a nombre de
diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa
de reforma a los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del ISSSTE, en la que propone, por lo
que hace al artículo 57, que su redacción sea: "la cuantía de las pensiones
aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los salarios de los
trabajadores en activo, de acuerdo con la plaza en que se desempeñaba al jubilarse".
El artículo 62 de la Ley del ISSSTE vigente, establece que: "el cómputo de los
años de ser vicio se hará considerando uno sólo de los empleos, aun cuando el
trabajador hubiere desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fuesen; en
consecuencia para dicho cómputo se considerará, por una sola vez, el tiempo durante el
cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador". La propuesta de
esta iniciativa es para que la redacción de dicho artículo sea la siguiente: "para
efectos de la pensión habrán de considerarse el número de cotizaciones que el
trabajador haya aportado al Instituto, con inde pendencia los servicios que hubiese
desempeñado en activo, aunque fueran varios y ante diferentes dependencias
gubernamentales".
El artículo 64 de la Ley del ISSSTE vigente, establece que: "para calcular
el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los
artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos de esta ley, se tomará en cuenta el promedio
del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja
del trabajador o de su fallecimiento". La propuesta de esta iniciativa es para que la
redacción de dicho artículo sea la siguiente: "para calcular el monto de las
cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 69, 63, 67, 76
y demás relativos a esta ley, se tomará en cuenta el promedio del sueldo integral
disfrutado a la fecha de baja del trabajador o su fallecimiento".
En fecha 16 de noviembre de 2000, el Congreso del Estado de Durango presentó iniciativa
de reforma al tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE, proponiendo quede con
la siguiente redacción: "la cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y
en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en
activo". Previamente a esta iniciativa formal, en fecha 26 de octubre de 2000, el
mismo Congreso del Estado de Durango acordó solicitar al Congreso de la Unión que
"se modifique la fracción III del artículo 57 de la Ley General del ISSSTE, en los
términos que se encontraba hasta antes de su modificación de fecha 4 de enero de 1993.
II. Consideraciones
Con base en los señalados antecedentes y considerando:
Primero. Que esta Cámara está facultada para legislar en la materia, atento a
lo dispuesto por los artículos 73 fracción XXX y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Que esta comisión es competente para dictaminar este asunto, a la luz
de lo dispuesto por los artículos 39 Sección Tercera y 45 Sección Sexta, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y duodécimo inciso a, del
Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reu niones de las Comisiones y
Comités de la Cá mara de Diputados.
Tercero. Que los argumentos presentados como fundamento para la moción
suspensiva, que en su oportunidad fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados,
han quedado resueltos como se menciona en el apartado de antecedentes de este dictamen.
Cuarto. Que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado es el instrumento que garantiza los derechos a la seguridad social de los
trabajadores al servicio del Estado, por lo que el concepto de pensión dinámica,
adaptado a las circunstancias económicas que proporcionan aumentos a los trabajadores en
activo, debe de ser lo más justo posible y estar relacionado para determinar su
incremento, en primer término, con el ingreso de los trabajadores en activo y, en segundo
término, con el Indice Nacional de Precios al Consumidor y no con el salario mínimo
general, que en la Ley Federal de Trabajo se aplica a los trabajadores cuya relación
laboral se rige por las disposiciones del apartado A del artículo 123 constitucional.
Quinto. Que el Indice Nacional de Precios al Consumidor debe servir de referente
para revisar anualmente las cuantías de las pensiones e igualarlas a ese indicador si el
incremento a las pensiones hubiere sido inferior, para garantizar que no se deteriore su
poder adquisitivo.
1658, 1659, 1660
Esta revisión deberá hacerse en el mes de
febrero para utilizar los datos oficiales del Indice Nacional de Precios al Consumidor del
año inmediato anterior que el Banco de México proporciona en el mes de enero.
Sexto. Que relacionar el incremento a la cuantía de las pensiones del ISSSTE con
el salario mínimo general no es la mejor referencia, toda vez que éste se aplica a los
trabajadores cuya relación laboral se rige por el apartado A del artículo 123
constitucional y no a los trabajadores al servicio del Estado.
Séptimo. Que las tres iniciativas que dieron lugar al dictamen primero de la
Comisión de Seguridad Social de la LVII Legislatura tienen, por lo que se refiere a la
propuesta de reforma del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE, diferentes
redacciones, mismas que han sido reproducidas textualmente en el apartado II de este
dictamen.
Octavo. Que la Ley del ISSSTE vigente hasta el 4 de enero de 1993, establecía en
el párrafo tercero del artículo 57 que: "las cuantías de las pensiones aumentarán
al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los
trabajadores en activo".
Noveno. Que si bien es cierto que la definición de sueldos básicos es una de
las muchas que aparecen en la Ley del ISSSTE para referirse al ingreso de los trabajadores
en activo, también lo es que este concepto es el que mejor se adapta para efecto de
igualar el aumento en los ingresos de los trabajadores en activo con los de los
pensionados o jubilados.
Décimo. Que el artículo 62 vigente de la multicitada Ley del ISSSTE, se refiere
expresamente al cómputo de los años de servicio y no a las cotizaciones que se hagan al
Instituto y que referir las cotizaciones en lugar de los años de servicio en uno o varios
empleos, daría lugar a un aumento en las expectativas de pensión de retiro por edad y
tiempo de servicio y a una iniquidad para aquellos que por razones de horario de trabajo
sólo tienen la posibilidad de acceso a un solo trabajo.
Decimoprimero. Que aun cuando la mejor expresión de justicia social pudiera
considerar que el sueldo básico del trabajador en activo fuere el que se considere para
establecer la cuantía de la pensión, hay que recordar que el derecho a dicha pensión
proviene de las aportaciones que los trabajadores y su patrón, el Gobierno, hacen para
ese propósito, por lo que al momento actual, considerar al mismo tiempo que la
modificación al incremento de las pensiones el promedio del último sueldo percibido para
el cálculo la pensión no se considera viable.
Decimosegundo. Que dado que el Gobierno Federal en su doble calidad de patrón y
de garante de la seguridad social de sus gobernados es el responsable de aportar el
faltante que sea necesario para cubrir las pensiones de sus ex trabajadores, como de hecho
lo viene haciendo, deberá incrementarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el año 2001, la cantidad que se requiera para cumplir con las disposiciones de la
ley que se reforma en la partida del ramo 19, aportaciones a seguridad social y tomar las
providencias para que en los años sucesivos se considere la cantidad que corresponda por
esta reforma dentro del presupuesto del ISSSTE.
III. Conclusiones
Con base en las anteriores consideraciones, la comisión que dictamina concluye:
Primero. Debe aprobarse la reforma al tercer párrafo del artículo 57 de la Ley
del ISSSTE, para quedar con la redacción que el mismo tenía antes de su reforma
publicada el 4 de enero de 1993, agregándole la referencia, como mecanismo de revisión
anual de la cuantía de la pensión, al Indice Nacional de Precios al Consumidor;
Segundo. No es de aprobarse la reforma al artículo 62 de la Ley del ISSSTE.
Tercero. No es de aprobarse la reforma al artículo 64 de la Ley del ISSSTE.
En mérito a lo anteriormente expuesto, los suscritos integrantes de la Comisión de
Seguridad Social de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, someten a la
consideración del pleno de la misma, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo único. Se reforma
el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:
"Artículo 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en
que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo y serán revisadas
anualmente en el mes de febrero, para que si en el año calendario anterior, el Indice
Nacional de Precios al Consumidor hubiere sido superior porcentualmente al incremento
otorgado a las cuantías de las pensiones y jubilaciones en el mismo periodo, se aumente a
éstas la diferencia que falte para igualarlas.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Si antes de la fecha de inicio de vigencia de este decreto hubiese una
modificación del salario mínimo vigente para el Distrito Federal y se aplica a las
cuantías de las pensiones y jubilaciones, la diferencia que haya entre el aumento a los
salarios mínimos y cualquier incremento que se otorgue a los trabajadores en activo
después del 1o. de diciembre del año 2000, se pagará retroactivamente a los jubilados y
pensionados.
Sala de juntas de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a 13 de
diciembre de 2000.Diputados: Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, presidente; Samuel
Aguilar Solís, Francisco Javier López González, José María Rivera Cabello y Ernesto
Saro Boardman, secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Rosa Elena Baduy Isaac,
Rubén García Farías, María de las Nieves García Fernández, Rodolfo Gerardo González
Guzmán, Víctor Roberto Infante González, Albino Mendieta Cuapio, José del Carmen
Soberanis González, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benito Vital Ramírez, José Manuel
Quintanilla Rentería, Arcelia Arredondo García, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila,
Hilario Esquivel Martínez, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Rafael
Orozco Martínez, Ramón Paniagua Jiménez, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Carlos
Alberto Valen zuela Cabrales, José Alejandro Zapata Perogordo, Alejandro Gómez Olvera,
Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Rosalía Peredo Aguilar y Olga Patricia Chozas y Chozas.»
Gracias, señor Secretario y gracias a
la Asamblea.
Es de segunda lectura. Está a discusión el dictamen de la Comisión de Seguridad Social
que reforma el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE.
Regulan el procedimiento de debate y votación, lo establecido en el Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del
artículo 95.
Esta Presidencia ofrece el uso de la palabra a la comisión si quiere fundamentar y
explicar el contenido del dictamen.
Se concede el uso de la palabra, con fundamento en el artículo 108 del Reglamento, al
diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, presidente de la Comisión de Seguridad Social,
para fundamentar y explicar el alcance del dictamen.
|
El diputado Cuauhtémoc
Rafael Montero
Esquivel: |
Con su permiso, señor Presidente:
En fecha 7 de diciembre de 1998 por conducto del diputado Miguel Angel Solares Chávez, un
grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
propuso la reforma del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que en la ley vigente
establece que la cuantía de las pensiones se incrementara conforme aumente el salario
mínimo general para el Distrito Federal.
De tal modo, que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en
las como sigue:
"Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción
en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo."
En fecha 10 de diciembre de 1998 el diputado Ricardo Cantú Garza del Partido del Trabajo,
presentó una iniciativa que entre otras reformas incluía la del tercer párrafo del
artículo 57, cuya redacción vigente se reproduce en el párrafo anterior, proponiendo su
reforma para que quedara como sigue:
"La cuantía de las pensiones se incrementara conforme aumenten los salarios de los
trabajadores en activo. De tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se
refleje simultáneamente en las pensiones que paga el instituto."
En fecha 26 de abril del presente año, el diputado Javier Paz Zarza, a nombre de los
diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa
de reformas a los artículos 57, 62 y 64 de esta mis ma ley, en la que propone por lo que
hace al artículo 57, que su redacción sea: "la cuantía de las pensiones aumentará
al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los salarios de los trabajadores
en activo, de acuerdo con la plaza en que se desempeñaba al jubilarse".
El artículo 62 de esta ley vigente, establece que el cómputo de los años de servicio se
hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el trabajador hubiese desempeñado
simultáneamente varios, cualquiera que fuesen.
En consecuencia, para dicho cómputo se considerara por una sola vez el tiempo durante el
cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador.
La propuesta de esta iniciativa es para que la redacción de dicho artículo sea la
siguiente:
"Para efectos de la pensión, habrá de considerarse el número de cotizaciones que
el trabajador haya aportado al Instituto, con inde pendencia de los servicios que hubiese
desempeñado en activo cuando fueran varios y ante diferentes dependencias
gubernamentales."
El artículo 64 de esta misma ley vigente establece que para calcular el monto de las
cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67 y
76 y demás relativos de esta ley, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico
disfrutado en el último año inmediato anterior en la fecha de la baja del trabajador o
de su fallecimiento.
La propuesta de esta iniciativa es para que la redacción de dicho artículo sea la
siguiente:
"Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los
términos de los artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos a esta ley, se tomará en
cuenta el promedio del sueldo integral disfrutado a la fecha de la baja del trabajador o
su fallecimiento."
En fecha 16 de noviembre de 2000, el Congreso del Estado de Durango presentó iniciativas
de reforma al tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE, proponiendo quede con
la siguiente redacción:
"La cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en
que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo."
Previamente a esta iniciativa formal, en fecha 26 de octubre de 2000 el mismo Congreso del
Estado de Durango acordó solicitar al Congreso de la Unión, que se modifique la
fracción III del artículo 57 de la Ley General del ISSSTE en los términos que se
encontraba hasta antes de su modificación de fecha 4 de enero de 1993.
En sesión celebrada el pasado viernes 29 de diciembre del año 2000, esta soberanía
conoció del dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo
47 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de Seguridad Social.
1661, 1662, 1663
Tal proyecto fue redactado pensando en que su
discusión y aprobación se diera antes del término del año 2000, de manera que los
beneficios económicos en los contenidos se reflejaran en las percepciones que recibirían
los jubilados y pensionados en el año fiscal de 2001. Empero, esta discusión se ha
postergado y en lugar de los beneficios legales que este dictamen engloba, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001 se concedió a jubilados y
pensionados del ISSSTE, IMSS, ISFAM, un pago único para el año 2001 en apoyo de sus
pensiones, Asimismo, sucede también con los ferrocarrileros, jubilados antes de 1983.
Del obligado análisis de las circunstancias enunciadas resultó una propuesta de
modificación al dictamen con objeto de actualizar las fechas y perfeccionar la redacción
para que englobara los casos que escapaban de la generalidad expresada en el texto
original del proyecto de dictamen.
En tal sentido, la Comisión de Seguridad Social consideró pertinente proponer las
modificaciones de dictamen que a continuación se detallan, por los motivos también que
se explican.
La cuantía, la modificación al artículo 57, párrafo tercero quedaría como sigue:
"La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en
el año calendario anterior hubiese tenido el Indice Nacional de Precios al Consumidor,
con efectos a partir del día 1o. del mes de enero de cada año. En caso de que en el año
calendario anterior el incremento del Indice Nacional de Precios al Consumidor resulte
inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo,
las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos
últimos.
"De no ser posible la identificación del puesto para el incremento que corresponde a
la pensión respectiva, se utilizará el Indice Nacional de Precios al Consumidor como
criterio del incremento."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará el vigor el día 1o. de enero del año 2002.
Segundo. En caso de que trabajadores que se hayan jubilado o pensionado con más
de una plaza, a la pensión que corresponda a la suma de las plazas se le aplica lo
dispuesto en el artículo 57.
Tercero. Si en un plazo de tres meses a partir de que sea exigible el incremento,
no es posible hacer la identificación del puesto, se aplicará lo que establece el
párrafo tercero.
En virtud de lo anterior, queda claro que la intención de los diputados de esta Asamblea
general, de este Congreso, de esta Cámara de Diputados busca, tiene el interés de que
las pensiones que perciben los jubilados se vean mejoradas con esta reforma al artículo
57.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, diputado Cuauhtémoc Montero
Esquivel, presidente de la Comisión de Seguridad Social, que presenta dictamen que
reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Compañeras y compañeros diputados: habiendo ya escuchado la fundamentación por parte de
la comisión, quiero que tengamos a la vista lo dispuesto por el artículo 114 del
Reglamento, que establece que deben establecerse la lista de oradores en pro y en contra y
antes de que la Presidencia pueda consultar a la Asamblea si se encuentra suficientemente
discutido deberán haber hecho uso de la palabra hasta seis miembros de la Cámara, pero
lo dispuesto en el artículo 122: "cuando sólo se pidiere la palabra en pro, podrán
hablar hasta dos miembros de la Cámara".
Han solicitado el uso de la palabra cinco señores diputados, lo han hecho con el
propósito de fundamentar su voto. No se inscriben en contra del dictamen, por lo tanto,
quiero rogar a la Secretaría autorice a la Presidencia ofrecerle el uso de la palabra a
los cinco diputados inscritos para fundamentar el voto de cada uno de sus grupos
parlamentarios: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; Rosalía Peredo Aguilar,
del Partido del Trabajo; Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución
Democrática; José María Rivera Cabello, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional y Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Agotada esta lista consultaré a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría, si es tan amable, a la Asamblea, si autoriza otorgar el uso de la
palabra a cinco individuos de la Cámara.
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si autoriza a la Presidencia otorgar la palabra a cinco diputados
en pro.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por
la afirmativa, señor Presidente.
En consecuencia y con autorización de
la Asamblea, se ofrece el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado José Manuel
del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia.
|
El diputado José
Manuel del Río Virgen: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Estamos discutiendo el dictamen correspon,
diente a la reforma del párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del ISSSTE y es el
momento en que no debemos de olvidar que los jubilados y pensionados son los grandes
constructores de las instituciones con que actualmente cuenta el país.
Aquí lo destacable, compañeras y compañeros legisladores, es que 420 mil jubilados y
pensionados necesitan realmente que sus percepciones se vean incrementadas; que se apruebe
esta modificación y que el ISSSTE termine el programa de revisión y actualización de
las pensiones; que el ISSSTE apoye una cultura de reconocimiento y calidez de los
servicios para los jubilados y pensionados.
Aquí venimos a pedirle a toda esta Asamblea su voto, para que los jubilados y pensionados
tengan mejores percepciones. Aquí venimos a recordar a los maestros que llevaron la
educación a nuestros compatriotas hasta los rincones más apartados de la patria; a los
pioneros del sistema de salud que con su trabajo lograron erradicar las enfermedades
epidémicas del ámbito nacional; a los técnicos agropecuarios y a los agrónomos que
llevaron su conocimiento y su fuerza de trabajo para que nuestros campesinos modificaran
sus tradicionales formas de cultivo por técnicas modernas que les permitieran obtener
mayor producción en sus ejidos y pequeñas propiedades.
Ustedes, compañeros legisladores, están en la posibilidad de aprobar que los jubilados y
pensionados tengan mejores aportaciones, ya que el 43, 48% van de uno a dos salarios
mínimos y el 35.89% de los jubilados y pensionados aún van entre los dos y los cinco
salarios mínimos; es más, compañeros, solamente un pequeño porcentaje de jubilados y
pensionados alcanza los 10 salarios mínimos, estamos hablando apenas de 12 mil pesos.
Aquí requerimos que ustedes aprueben con toda la fuerza de su voto y de su verdad, que
los jubilados y pensionados del ISSSTE tengan un mejor futuro y un mejor horizonte de
vida. Ante esta situación y ante los salarios tan míseros, las pensiones y jubilaciones
tan míseras que tienen los ex servidores públicos, estamos pidiéndole a ustedes,
compañeros, que se solidaricen en un voto de fuerza para que los servidores públicos de
antaño, hoy vivan mejor.
El problema de fondo, de los jubilados y pensionados del ISSSTE no terminará sin embargo
con el otorgamiento de mejores pensiones y jubilaciones. En realidad el sistema de
pensiones del ISSSTE está en crisis financiera, la cual se refleja en un déficit de 15
mil millones de pesos, aunada a una creciente demanda de jubilaciones, demostrando la
falta de planeación y la irresponsabilidad de autoridades del mismo Instituto y de otras
autoridades que permitieron que creciera el problema haciendo oídos sordos a las demandas
de los jubilados y pensionados y trabajadores en activo.
Aquí les venimos a proponer también, compañeras diputadas y compañeros diputados, que
es justo que los jubilados y pensionados del ISSSTE realmente vean incrementadas sus
pensiones, no solamente cuando se incrementen los sueldos de los trabajadores en activo,
sino además cuando en caso de que en la revisión anual que se realiza en el mes de
febrero, se coteje el incremento con el Indice Nacional de Precios al Consumidor y el
incremento haya sido menor, se aumente la diferencia.
Compañeras y compañeros: es indispensable que los jubilados y pensionados cuenten
también con un representante en la junta directiva del ISSSTE, con el fin de que atienda
y proteja los derechos que les corresponden.
Esta soberanía no debe permitir por ningún motivo que se privaticen los servicios de
salud y las pensiones en los servicios de las Afores, porque el sistema pensionario tiene
viabilidad y es rescatable y operable bajo esquemas de honradez, bajo esquemas financieros
manejados con eficiencia, con pulcritud y con capacidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado José Manuel
del Río Virgen.
Se ofrece el uso de la palabra a la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
|
La diputada Rosalía
Peredo Aguilar: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, es de vital importancia el dictamen
de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que modifica el artículo 57
de la Ley del ISSSTE que hoy se discute, pues fue un impulsor de este acto de justicia
social al haber presentado en la LVII Legislatura en esta misma tribuna, una iniciativa de
reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, con la fundamental preocupación de dotar con estabilidad económica a los
trabajadores pensionados por esta institución de seguridad social.
Es innegable que por las condiciones económicas por las cuales nuestro país ha pasado,
que el poder adquisitivo de los trabajadores ha sido mermado de manera notable.
Consecuentemente los trabajadores que ya no son activos y están sujetos a un sistema de
pensión, sufren más por la baja en su poder adquisitivo. Por ello nuestra preocupación
es precisamente que por lo menos se pueda obtener una equidad entre los ingresos que
obtiene un trabajador en activo y un trabajador sujeto únicamente a su pensión por
alguno de los institutos de seguridad social.
Reconocemos que el objetivo primordial del dictamen que hoy se discute, fortalecería
precisamente el poder adquisitivo de los pensionados, aún más, por la actualización
anual que resulte de la diferencia para equiparar al Indice Nacional de Precios al
Consumidor del año anterior.
Por ello consideramos procedente dicha modificación al marco jurídico regulatorio de los
trabajadores al servicio del Estado en materia de seguridad social.
Por lo anterior, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, manifiestan su conformidad respecto al dictamen que hoy se discute al fortalecer
los intereses de los pensionados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, dictamen por el cual se busca dar equidad a los ingresos que
perciben los trabajadores en activo, en comparación con los trabajadores que sujetos a un
sistema de pensión, los cuales obtendrán beneficios que repercutirán directamente en
fortalecer por lo menos de manera básica sus necesidades económicas.
Desafortunadamente esto no es la solución para todos los problemas de los trabajadores
jubilados, pero el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que es el fruto
de una gran lucha social de los trabajadores, no tan sólo de los que se rigen bajo el
apartado B del artículo 123 constitucional, sino de todos los trabajadores pensionados,
sin discriminar el régimen bajo el cual están inscritos.
La situación de los trabajadores pensionados es independiente del régimen de seguridad
social de los trabajadores; por ende conminamos a todos nuestros compañeros legisladores
para que la aprobación del presente dictamen sólo sea un comienzo para la solución
absoluta de las demandas de los trabajadores pensionados, que este esfuerzo no culmine con
soluciones parciales, pues lo que hoy se aprobaría sólo es una pequeña parte del
problema.
Tenemos algunas dudas, sentimos que en la parte que corresponde a esta variación del
párrafo, está invirtiendo los criterios; tenemos esa reserva, sin embargo a pesar de esa
reserva votaremos a favor.
Para nosotros está claro que deben de estar fuera las discriminaciones de seguridad
social. Los trabajadores pensionados que están incorporados al Instituto Mexicano del
Seguro Social también deberían de ser beneficiados de manera similar.
Por ello los legisladores de nuestro grupo parlamentario continuaremos con esta lucha.
Compañeras y compañeros diputados: por los comentarios antes expresados, los diputados
integrantes del grupo parlamentario Partido del Trabajo, votaremos a favor de la propuesta
que hoy se somete a nuestra consideración.
Es cuanto, señor Presidente.
1664, 1665, 1666
Gracias, diputada Rosalía Peredo Aguilar.
Se ofrece ahora el uso de la palabra al diputado Miguel Rosaldo Salazar, a nombre del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos.
|
El diputado Pedro
Miguel Rosaldo Salazar: |
Gracias, señor Presidente; la posición
del grupo parlamentario del PRD es la siguiente, señoras y señores legisladores:
El Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es un
pilar de nuestro sistema público de nuestra seguridad social. El ISSSTE mantiene en la
actualidad una cobertura de 10 millones de derechoha bientes, diseminados a lo largo y
ancho del país, entre servidores públicos, maestros, trabajadores universitarios,
empleados de organismos descentralizados y de quienes, mediante convenio, se han acogido a
su régimen.
El ISSSTE es una noble institución que por un lapso de 42 años ha ofrecido seguros,
prestaciones y servicios que están plasmados en su ley, con una visión integral y
solidaria.
A pesar de la enorme importancia que tiene para los servidores públicos mexicanos y sus
familias, la institución sufrió las consecuencias del desfinanciamiento generalizado,
que vivieron las instituciones de seguridad social en los años ochenta y el desprestigio
que conllevó el deterioro de sus servicios.
Al promover las reformas al régimen de seguridad social durante los años noventa el
Gobierno enfatizó por un lado la necesidad de racionalizar el gasto, a fin de evitar el
desequilibrio del IMSS y del ISSSTE. Esto es, se sugería que las instituciones públicas
eran ineficientes, sin reconocer las causas reales de su desfinanciamiento.
Por el otro, se sostuvo que la transición epidemiológica, caracterizada por la
emergencia de enfermedades crónicodegenerativas, incrementó los costos de los servicios
médicos y que el cambio demográfico o el envejecimiento de la población, había
generado un desequilibrio en el sistema de pensiones.
Para resolver esta crisis financiera del ISSSTE, provocada además por la reducción del
gasto social, la caída del empleo público y del salario, el camino que se siguió fue el
de reducir beneficios.
En el marco de una reforma profunda a las instituciones de seguridad social, en 1992 dio
inició un proceso gradual de transformaciones sustantivas, en donde la aprobación de la
nueva Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro durante
1995 y 1996, marcaron un nuevo derrotero en el régimen de pensiones.
Nada de lo que ha sucedido al IMSS le ha sido ajeno al ISSSTE, aunque este Instituto
conserve aún su carácter público y solidario y un sistema de pensiones mixto.
Así en 1992 y por iniciativa del Ejecutivo Federal al reformarse la Ley del ISSSTE para
introducir el Sistema de Ahorro para el Retiro, se aprobaron tendientes a reorganizar el
régimen financiero de las prestaciones y servicios que ofrece la institución y medidas
que permitieron la intervención de la banca en la administración de los recursos
destinados a la vivienda.
Como consecuencia de la reestructuración financiera promovida por el Ejecutivo, se
produjo una importante pérdida de derechos entre los que sobresale el modelo de
incremento a la cuantía mínima de las pensiones contenida en la ley. Antes de la reforma
de 1992 la cuantía mínima de las jubilaciones y pensiones aumentaba al mismo tiempo y en
la misma proporción de los sueldos de los trabajadores en activo, esta disposición fue
sustituida por el incremento de las pensiones, conforme aumentara el salario mínimo
general en el Distrito Federal.
Los afectados directos de esta reforma fueron 385 mil jubilados y pensionados y sus
familias, que desde aquella fecha vieron disminuir sus ingresos año tras año. El
deterioro del salario mínimo arrastró hacia la baja a las pensiones que pagaba el ISSSTE
desde 1992 y el concepto de pensión dinámica concebido por el legislador al redactar el
artículo 57 de la ley. Esto se distorsionó en perjuicio de los ex servidores públicos,
maestros y trabajadores universitarios que se acogen a su régimen.
presentadas a lo largo de los últimos años
por el Partido de la Revolución Democrática, fue el interés de corregir aquella
injusticia y recoger en una iniciativa de decreto el clamor de jubilados y pensionados del
ISSSTE.
Su objeto es el de que sus representantes populares, le restituyan su sentido original al
artículo 57 de la ley. La necesidad de legislar al respecto es más imperiosa por cuanto
en el propio dictamen que hoy se discute, se reconoce al analizar el comportamiento del
salario mínimo que éste cayó en términos reales 22.6% respecto de 1994 y 74.3% de su
poder de compra con relación a 1976.
Vale recordar que desde la reforma salinista de 1992, las pensiones del ISSSTE se
encuentran atadas al salario mínimo. Lo anterior afecta sensiblemente las pensiones que
paga el ISSSTE.
Por ejemplo, en 1999 el salario promedio mensual de uno de los sectores más numerosos, el
sector magisterial creció 17%, tres puntos porcentuales por encima del incremento al
salario mínimo que fue del 14%. La pérdida neta para jubilados y pensionados es
evidente.
Asimismo coincidimos con la comisión dictaminadora, cuando señala que desde 1993 los
incrementos de los salarios de los trabajadores en activo han sido superiores al
incremento al salario mínimo en el Distrito Federal. Este último Ådice la comisión
dictaminadoraen el año de 1997 fue de 26 pesos 45 centavos diarios y a la fecha es de 37
pesos 90 centavos. Esto es, ha tenido un incremento de 11 pesos 45 centavos en ese lapso,
que equivale a un aumento porcentual de 43.28.
Por otro lado, el sueldo de los trabajadores en activo en el mismo lapso, 19972000, ha
teni do un incremento del 60% en promedio, con lo que se demuestra la injusticia con que
han si do tratados los jubilados y pensionados del ISSSTE.
Todo lo anterior acredita que la reforma al artículo 57 de la ley, como lo propone la
Comisión de Seguridad Social, es más necesaria que nunca.
Conviene resaltar que durante el trabajo en comisiones se adicionó la disposición de que
además de que las pensiones se incrementen al mismo tiempo y en la misma proporción que
los sueldos básicos, serán revisadas anualmente en el mes de febrero con respecto al
Indice Nacional de Precios al Consumidor, mismo que se acaba actualmente de reformar.
Esta medida de elemental justicia, garantizará que las pensiones conserven su valor real
a lo largo del tiempo. También conviene precisar que los cambios introducidos al primer
dictamen durante el presente periodo de sesiones, buscan resolver los problemas operativos
que significaría el pago de las pensiones bajo la nueva disposición.
Aún si hubiera dificultades para el pago con la nueva redacción, se debe poner por
delante la justicia social antes que las dificultades administrativas aducidas por las
autoridades del ISSSTE. El pago de la pensión debe hacerse con un criterio de justicia.
Señoras y señores legisladoras, quienes en su momento propusimos esta modificación, lo
hicimos conscientes de que la institución requiere de otros cambios para hacer frente a
un conjunto de problemas estructurales que padece, el renglón de las pensiones, es el
más vulnerable.
En efecto, la modificación en la estructura de la pirámide de edades en la población,
la prolongación en las expectativas de vida, el crecimiento sostenido de jubilados y
pensionados, la no variación de los montos de cotización, el estancamiento relativo en
el número de cotizantes, el desequilibrio entre ingresos y egresos del Instituto, el
deterioro del salario y el creciente monto de las transferencias presupuestales para el
pago de la nómina de pensiones, así como la viabilidad financiera del seguro médico,
son temas que deben ser examinados con responsabilidad y creatividad por esta legislatura
en futuros periodos de sesiones.
Desde nuestro punto de vista, cualquier iniciativa que pretende acometer esos problemas
estructurales que padece el Instituto, debe orientarse a fortalecer el modelo colectivo,
obligatorio, integral, solidario, público y redistributivo que prevalece hasta el
momento.
Ninguna reforma privatizante que conlleve pérdida de derechos, generará consenso entre
los beneficiarios ni entre los partidos políticos representados en el Congreso.
La decisión que hoy tomaremos es de gran trascendencia para la tranquilidad futura de
quienes dedicaron su vida a la función pública magisterial o universitaria. Es una
medida de justicia social que debe ser aprobada por todos; es el mejor homenaje que
podemos hacer a los trabajadores mexicanos en este principio de siglo; ellos y nosotros
seremos los jubilados y los pensionados de mañana.
Mucha gracias.
Gracias, don Miguel Rosaldo Salazar.
Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado José María Rivera Cabello,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
|
El diputado José
María Rivera Cabello: |
Con permiso de la Presidencia; señores
diputados:
El día 13 de diciembre del año 2000, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de
Diputados aprobó el dictamen que modificaba el párrafo tercero del artículo 57 de la
Ley del ISSSTE. Se trataba de un conjunto de iniciativas que hemos recibido de fuentes muy
diversas y todas ellas proponían que se abandonara la indización de las pensiones de
acuerdo al salario mínimo del Distrito Federal y que en su lugar se volviera a la
redacción anterior a 1993. Aquella redacción estipulaba que la actualización de las
pensiones sería acorde a los incrementos de sueldo obtenidos por los trabajadores en
activo.
Y es muy comprensible la insatisfacción de los pensionados con que se haya utilizado como
indicador el salario mínimo, especialmente por tremenda caída del poder adquisitivo que
se produjo en 1995 después de una gravísima crisis económica. Esa crisis económica que
por sus niveles de desempleo, de pérdida de patrimonio y empobrecimiento generalizado,
hizo palidecer a la crisis económica de 1929 en México, fue un golpe muy duro para el
poder de compra de la población pensionada y no solamente del ISSSTE, sino también del
Seguro Social.
Por eso es de estricta justicia pensar en restituir el poder adquisitivo de jubilados y
pensionados. Esto es lo que inspira la modificación al artículo 57 de la Ley del ISSSTE,
que hoy esta mos presentando ante ustedes.
Pero, compañeros diputados, tenemos que volver la vista a una cantidad de mujeres y
hombres mayores que no tuvieron la fortuna de cotizar a un instituto de seguridad social y
digo fortuna porque a pesar de una pensión muy pequeña es al menos un ingreso seguro
cada vez. Tenemos que volver la vista a más de 35 millones de mexicanos que no tienen
ninguna pensión. Tenemos que poner en perspectiva a esos 35 millones que se llevan cero a
su casa cada mes. A los uno y medio millones que coti zaron al Seguro Social y al medio
que se llevan de pensión en promedio 1.5 salarios mínimos y los 400 mil pensionados del
ISSSTE que en promedio llevan a su casa tres salarios mínimos.
Tenemos por lo tanto hoy ya una población de edad, a la que tenemos que darle un apoyo
considerable, pero como se mencionaba, de los jóvenes de hoy están hechos los viejos de
mañana y tenemos en el futuro también una población que envejecerá y requerirá un
apoyo.
Esta es una aprobación que fundamentalmente es de buena voluntad, es de buena voluntad
porque para fines prácticos significará en promedio 100 pesos al mes en la pensión de
los jubilados del ISSSTE. Pero el Instituto tiene problemas mucho más graves: estamos
hablando desde que en 1993 requiere subsidios del Gobierno Federal incluso para pagar
estas pensiones que nos parecen tan bajas; incluso para pagar estas pensiones tan bajas. A
los trabajadores que hoy están en activo habría que quitarles 16% de su salario para que
se cubriera la nómina de pensionados y si quisiéramos además que el ISSSTE hiciera
reservas para pagar a los pensionados del futuro, esta retención podría llegar al 40%
del sueldo del trabajador. Qué trabajador podría aguantar una retención del 40%.
1667, 1668, 1669
Por eso muy pronto está en nuestro camino,
señores legisladores, una reforma completa al ISSSTE, una reforma que lo haga salir a
flote pero desde luego que lo hagamos no solamente sobre las bases que hoy tenemos, sino
repensando su funcionamiento, porque es claro que resulta prohibitivo para un trabajador
en activo sostener el actual sistema del ISSSTE.
Por eso y en vista de que tenemos muchas más personas de edad avanzada, personas que
sufren alguna pensión de invalidez y que se irán agregando en la cuenta como un pasivo
social, tenemos que buscar mayores fuentes de financiamiento de estas pensiones, porque
cada vez que un pensionado nos pide aumentar su cheque mensual tenemos que voltear a la
sociedad, a los jóvenes, que son los únicos que, por sus capacidades físicas, tienen la
capacidad de generar la riqueza para pasarla a los bolsillos de los pensionados.
Tenemos que voltear a ellos para pedirles que den algo, algo de su consumo para los
trabajadores que ya tienen una edad avanzada y que no pueden valerse por ellos mismos.
Porque de la misma manera que en la casa el joven da para su padre y su abuelo, aquí
nosotros estamos convocados para buscar, voltear hacia los más jóvenes y decirles que
debemos pedirles parte de su consumo para los más jóvenes.
Viene creciendo a tasas muy fuertes la deuda de pensiones del país; lo mismo en la
Federación que en los estados y ningún gobierno está exento, por tanto, de tener que
hacer este ejercicio de pedir a la sociedad más recursos si de verdad queremos que el
motivo, que las palabras de que los pensionados tengan una recuperación de ingresos sea
real.
Si queremos pasar más allá de las buenas intenciones, más allá de gestos pequeños
pero que poco ayuden a los pensionados de hoy y del futuro, es inevitable contar con
mayores recursos en la hacienda pública; es inevitable porque esta población no podrá
sostenerse por sí misma y porque, como dije, los jóvenes son la única fuente de riqueza
para poder sostener a nuestros padres y a nuestros abuelos.
Vamos hoy muy contentos en dar este apoyo fundamentalmente de buena voluntad a los
trabajadores pensionados y jubilados del ISSSTE, pero también vamos muy conscientes de
que la tarea es generar suficientes ingresos fiscales para los viejos e incapacitados que
en el futuro se presentarán en las nóminas de pensiones de los institutos y, sobre todo,
para poder apoyar a aquellos que no tienen ni siquiera el cobijo de una institución de
seguridad social hoy para pasar su vejez.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias a usted, diputado José María
Rivera Cabello.
|
El
diputado José del Carmen Soberanis
González (desde su curul): |
Señor Presidente, solicito la palabra
para el mismo tema.
Señor diputado, voy a desahogar la
lista íntegra que la Asamblea me autorizó e inmediatamente después, en los términos
del artículo 102, para rectificar hechos y por cinco minutos, usted tendrá derecho a
hacer uso de la tribuna.
Se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Samuel Aguilar Solís,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
|
El diputado Samuel
Aguilar Solís: |
Gracias, con su venia, señor
Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Las consecuencias y desafíos que conlleva el cambio en el perfil demográfico es un
fenómeno que se presenta actualmente a nivel mundial.
El también llamado envejecimiento de la población y por tanto de la sociedad presenta
desafíos importantes en los aspectos sociales, culturales, económicos y éticos.
Dicho envejecimiento está marcado porque las personas viven, en promedio, más años que
antes, por lo que hay un importante crecimiento en el número de personas de edad avanzada
y una menor tasa de fecundidad; es decir, de nacimientos.
Dicho cambio inició en Europa a partir de las
transformaciones económicas y sociales del Siglo XVIII, caracterizado en una primera
etapa por los descensos en la mortalidad y posteriormente en el descenso en la tasa de
fecundidad.
En esta etapa final de transición epidemiológica en dicho continente, la esperanza de
vida al nacer llega a los 80 años y el número de hijos está próximo a dos. Dicho
proceso ha tomado en Europa entre 150 y 200 años en desarrollarse.
Sin igualar aún a los países desarrollados, en lo que se refiere a América Latina, la
esperanza de vida al nacer aumentó en los años de 1950 a 1970 más de 20 años en
promedio. Y durante la segunda mitad de este siglo la tasa global de fecundidad de seis a
menos de la mitad en las últimas décadas.
Por tanto, hoy en nuestro continente el promedio de población de 60 o más años es del
7.4% en promedio. Mientras que en países como Francia o Japón es del 20%.
Detrás de estos hechos hay un profundo cambio en los perfiles epidemiológicos de la
población. Las preocupaciones actuales se centran cada vez más en las enfermedades
crónicas y degenerativas propias de la creciente población de edad avanzada y menos en
las de tipo transmisible, más frecuentes en edades tempranas y las propias de la
infancia.
Por tanto, a partir del año 2000 la población de adultos mayores en América Latina se
duplicará en sólo dos décadas, alcanzando aproximadamente 80 millones de personas.
Por tanto los gobiernos deberán estar preparados para que cada año en promedio haya 2
millones más de individuos que requieren programas sociales para ese sector tan
importante de la población.
En México el cambio en el perfil demográfico originado por el aumento en la esperanza de
vida de los mexicanos, la baja en la tasa de natalidad, así como el cambio en el perfil
epidemiológico sitúa a la política social relacionada con el envejecimiento de la
población, en el epicentro del actual debate sobre las políticas sociales.
Dicho fenómeno se expresa en las siguientes cifras:
En 1995 de un total de 91 millones de habitantes, el 57% eran menores de 25 años. En
tanto que los mayores de 65 años representaban sólo el 4%.
Para el año pasado, es decir el año 2000, esta situación se ha revertido de manera
considerable: de 97.3 millones de habitantes el 53% son menores de 25 años. En tanto que
el número de los mayores de 65 años ha ascendido hasta casi el 5%, es decir, cerca de
6.5 millones de mexicanos.
De la misma forma y derivado de la dinámica demográfica el número de jubilados y
pensionados ha venido creciendo a tasas superiores a las de la población en general, ya
que en el periodo 19951999 la población en general creció el 1.9% y las personas en edad
de jubilación o pensión aumentaron en un 5.3% como promedio anual.
Por tanto, son necesarias políticas relacionadas con el envejecimiento, que permitan
hacer frente a los retos que abarcan varios niveles, desde el cultural hasta el social y
el económico.
Dentro del aspecto económico y social se plantean diversas prerrogativas que considero de
extremo cuidado y los cuales abarcan desde el mantenimiento a largo plazo de sistemas de
pensiones, con personas dignas y suficientes, la adecuación de los sistemas de salud a
las necesidades de las personas de edad avanzada y el desarrollo de políticas que
impulsen acciones encaminadas a promover y preservar una participación útil de las
personas mayores dentro de la sociedad.
El PRI ha iniciado una lucha junto con el adulto mayor, con objeto de saldar la deuda
social que los mexicanos tenemos y que hace suya en pro de ese sector al que todos
habremos de llegar.
Compañeros legisladores: éste es el contexto en que se enmarca la reforma al párrafo
tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado, y ésta es la visión que impulsó a nuestra fracción a
apoyar decididamente esta legítima demanda de los jubilados y de los pensionados.
sentadas por el PRD, el Partido del Trabajo y
el Partido Acción Nacional, que derivaron en varias excitativas que se presentaron en el
curso de los años 1998, 1999 y 2000 y posteriormente en un dictamen que fue dejado en
moción suspensiva por la LVII Legislatura.
Es de destacarse también que el honorable Congreso del Estado de Durango, el 16 de
noviembre del año 2000 presentó ante esta legislatura una iniciativa en el mismo
sentido, la cual se considera en el dictamen que hoy se analiza.
La reforma que hoy se discute tiene el objeto de mejorar la situación de ingreso y por lo
tanto las condiciones de vida de cientos de miles de trabajadores jubilados y pensionados.
Más de 400 mil pensionados y jubilados del ISSSTE serán beneficiados con esta importante
reforma.
La problemática que enfrentan los pensionistas y jubilados que laboraron como servidores
públicos, algunos más de 30 años, constituye una deuda social, deuda que además ha
sido sujeta a cuestiones partidistas, ya que en el periodo de sesiones extraordinarias de
diciembre de 1999, por cierto Año Internacional del Adulto Mayor, la LVII Legislatura de
esta Cámara aprobó una partida presupuestal de 2 mil 910 millones de pesos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. Se le dieron de
manera extraordinaria apoyos a los pensionados del IMSS y a los ferrocarrileros y fueron
exentos los compañeros pensionados del ISSSTE, ¡Esto no puede volver a pasar nunca más!
Sin embargo, la LVIII Legislatura aprobó en la Cámara de Diputados una partida de 645
millones de pesos para los pensionistas y jubilados del ISSSTE, el cual se pagará en el
próximo mes de mayo y permitirá que cuenten con una cantidad única aproximada de 1 mil
600 pesos, situación que no puede realizarse año con año sin resolver el problema de
fondo, que es el importante deterioro de las pensiones de los jubilados y pensionados del
ISSSTE.
Las demandas de los jubilados y pensionados que dedicaron su vida laboral como servidores
públicos, se constituyen como elementos de justicia social. Hoy la Cámara de Diputados
abre una puerta de aliento a éste tan importante sector de la sociedad. Estamos ante la
posibilidad de otorgar una vida más digna para cerca de 400 mil personas de la tercera
edad, las cuales de ser aprobada la reforma al párrafo tercero del artículo 57 de la
multicitada Ley del ISSSTE, verán incrementada la cuantía de su pensión no sólo cuando
se incrementen los sueldos de los trabajadores en activo, sino además cuando en caso de
que en la revisión anual se coteje el incremento con el Indice Nacional de Precios al
Consumidor y el incremento haya sido menor, se aumentará la diferencia.
Con la aprobación de esta reforma a la Ley del ISSSTE, el PRI manifiesta lo que a lo
largo de varias reuniones se ha reiterado ante diversas organizaciones, entre las que hoy
destaco la Alianza Democrática de Pensionados y Jubilados de Oriente ISSSTE, el Consejo
Nacional de Jubilados y Pensionados del Gobierno Federal, Estatales y Municipales de la
República Mexicana, 30 organizaciones independientes, el Sindicato Nacional de
Trabajadores Jubilados por el Estado, FSTSE, y la Asociación Nacional Prodignificación
de Jubilados del ISSSTE; a ellos nuestro homenaje por su lucha que hoy se verá concluida,
Con el apoyo decidido de todos estoy seguro que hoy alrededor del 65% de los jubilados y
pensionados que han laborado en el servicio público, reciben una pensión que oscila de
uno a tres salarios mínimos, lo anterior debido a que los niveles inflacionarios y la
crisis financiera de los últimos años ha ocasionado que las percepciones de los
jubilados y pensionados se queden rezagadas.
Concluyo, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el ISSSTE, creado hace
41 años como producto de una larga lucha de los trabajadores y las trabajadoras
mexicanas, ha permitido dar cumplimiento a uno de los fines más altos de la justicia
social, Sin embargo, en materia de pensiones se requiere no sólo la aprobación de la
reforma que hoy se discute en esta soberanía, se plantean importantes retos a los cuales
estamos dispuestos los diputados y hoy lo reiteramos los diputados del PRI, a hacer
frente.
1670, 1671, 1672
Estamos dispuestos a discutir
alternativas para que el ISSSTE siga siendo un instrumento de bienestar social, porque los
jubilados.
|
El diputado José del
Carmen Soberanis
González: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Una sociedad que respeta, que tiene estimación por sí misma, es una sociedad que
invierte en su gente, que invierte en la formación de nuevas generaciones como
posibilidad de su propia permanencia, identidad y desarrollo y que gasta en una existencia
plena y digna que cubra los mínimos de bienestar para quienes representan su memoria y
son la síntesis de su experiencia.
En los últimos meses hemos sido testigos de un justo reclamo de los jubilados y
pensionados que sirvieron al Gobierno y al pueblo de México. Para nadie en nuestro país
es un secreto las deplorables condiciones en que sobrevive la mayor parte de jubilados y
pensionados.
El movimiento revolucionario de principio del Siglo XX impulsado por las profundas
injusticias y diferencias sociales que todos conocemos, dio lugar a la Constitución que
marcó el inicio del México moderno, sentando bases y ejemplo para el mundo, incorporó
derechos sociales que reivindicaron las demandas más sentidas para el mejoramiento y
dignificación de la vida colectiva individual.
Lo que reclaman en esencia los jubilados y pensionados es solamente su derecho a un trato
digno y justo, como establece el espíritu de nuestra Constitución, después de haber
servido a las instituciones de la República.
Esta tarea es un imperativo moral y ético, implica atender y ser congruente con el
compromiso de justicia social que contiene nuestro proyecto de nación; dar prioridad y
adecuada respuesta para esta demanda es saldar una deuda histórica y social para quienes
sirvieron y construyeron un México, es sentar las bases de un futuro con verdadera
justicia, como lo soñaron los Constituyentes de 1917, que instalaron sólidos cimientos a
favor de la clase trabajadora.
Las inequitativas condiciones de nuestros jubilados y pensionados son un serio
cuestionamiento al ideal de justicia por el que se luchó con el proceso revolucionario
del siglo pasado.
Dentro del artículo 123 constitucional se recogió la protección de las condiciones de
trabajo de grupos sociales vulnerables y el derecho a una vida decorosa y digna de las
personas que han dedicado su vida al trabajo al servicio de la sociedad, condiciones que
representan derechos ganados a pulso, que deben ser sustanciados a través de políticas
públicas, permanentes, congruentes y consecuentes y no con visiones simplistas que
conciben estas acciones como limosnas derivadas de programas sociales y asistenciales, en
particular con respecto a los trabajadores al servicio del Estado.
En 1993 se reforma la disposición de la Ley del ISSSTE, que establecía que los
incrementos a las pensiones y jubilaciones se otorgarían en la misma proporción en que
se incrementaran los ingresos de los trabajadores inactivos, para disponer en su lugar que
aumentaran de acuerdo al salario mínimo.
Como grupos altamente vulnerables que son, no puede verse dicho asunto con una óptica
meramente económica, teniendo realmente el trasfondo real y humano que es necesario
realizar, por eso es que el grupo de diputados que en esta soberanía representamos a los
trabajadores de la educación agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Edu cación, consideramos de la mayor justicia social revertir la medida adoptada en
aquella reforma.
Saludamos el dictamen de la Comisión de Seguridad Social que nos ocupa y les exhortamos a
votar a favor del decreto que la acompaña, un decreto que no es panacea, pero que
significa un primer paso para recuperar en parte la vida decorosa que el esfuerzo de
décadas les merece.
Compañeras y compañeros legisladores: les pido que juntos hagamos un serio y profundo
ejercicio de reflexión apelando a nuestras conciencias, en el entendido que la presente
enmienda no es un acto parlamentario más, sino un acto elemental de justicia social.
Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias, diputado don José
Soberanis González.
Honorable Asamblea, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 97 del reglamento y
toda vez que el decreto contiene un artículo único, al tiempo de que hemos desahogado la
lista de oradores, quiero solicitar con fundamento en el artículo 114 y 115 del
Reglamento, a la Secretaría, consulte a la Asamblea toda vez que han hecho uso de la
palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, el
diputado Miguel Rosaldo Salazar, el diputado José María Rivera Cabello, el diputado
Samuel Aguilar Solís y para rectificar hechos el diputado José Soberanis González, si
se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de
decreto que modifica el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
|
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
En votación económica, se pregunta a
la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general
y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Hay unanimidad, señor
Presidente.
Muchas gracias, señora Secretaria.
Está suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Quiero rogar a la Secretaría, para efectos de que no quede en ningún miembro de la
Asamblea duda alguna de cómo quedaría, de ser aprobado el artículo 57 de la Ley del
ISSSTE, dé lectura señalando exactamente en qué términos se modifica o se propone que
se modifique el artículo 57 de la Ley del ISSSTE.
Proceda, señora Secretaria.
|
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Con mucho gusto, señor Presidente.
Artículo único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 57 y se adicionan
dos párrafos que serán cuarto y quinto y el actual párrafo cuarto, será el sexto de la
Ley del ISSSTE, para quedar como sigue:
"Artículo 57. La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente
conforme al incremento que en el año calendario anterior hu biese tenido el Indice
Nacional de Precios al Consumidor con efectos a partir del día 1o. del mes de enero de
cada año."
Voy a hacer una aclaración que me solicita la Presidencia.
"Artículo 57... primer párrafo...
La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el
año calendario anterior hubiese tenido el Indice Nacional de Precios al Consumidor, con
efec
En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Indice Nacional de Precios
al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los
trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma
proporción que estos últimos."
Siguiente párrafo. "De no ser posible la identificación del puesto para el
incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará el Indice Nacional de
Precios al Consumidor como criterio de incremento".
Siguiente párrafo. "Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una
gratificación... "
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2002.
Segundo. En el caso de trabajadores que se hayan jubilado o pensionado con más
de una plaza, a la pensión que corresponda a la suma de las plazas se le aplicará lo
dispuesto en el artículo 57.
Tercero. Si en un plazo de tres meses a partir de que sea exigible el incremento
no es posible hacer la identificación del puesto, se aplicará lo que establece el
párrafo quinto.
Es todo, señor Presidente.
Gracias, señora Secretaría.
Le ruego ahora se den los avisos a que se refiere el Reglamento y la apertura del sistema
electrónico de votación para recibir la votación en lo general y en lo particular en un
solo acto, hasta por 15 minutos.
|
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y se abra el sistema electrónico de
votación por 15 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular,
del proyecto de decreto.
(Votación.)
Se pide se informe a esta Presidencia
del resultado de la votación.
|
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Señor Presidente, se emitieron 446
votos, hay unanimidad.
Son 444 votos.
|
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Corrijo, señor Presidente, son 444
votos ninguno en contra. Hay unanimidad.
Aprobado en lo general y en lo
particular, por 444 votos, que representan unanimidad de los presentes en la Asamblea, el
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 54 y el artículo 57 de la Ley del
Ins tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al
Senado para los efectos constitucionales.
Antes de proceder al desahogo del siguiente punto del orden del día, esta Presidencia
quiere hacer expreso reconocimiento y una felicitación a la Comisión de Seguridad
Social, a los coordinadores parlamentarios y a todos y cada uno de ustedes, por el
esfuerzo realizado y por el testimonio ofrecido a través de este consenso. Es la única
forma que esta Cámara puede hacer avanzar sus proyectos legislativos.
Gracias y felicidades a la Asamblea.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1673, 1674, 1675
El siguiente punto del orden del día
corresponde a proposiciones con punto de acuerdo.
Para formular una proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal envíe a
esta Cámara de Diputados el anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y para
que comparezca a exponerlo el Secretario de Gobernación, se concede el uso de la palabra,
hasta por 20 minutos, al diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
|
El
diputado Lorenzo Rafael Hernández
Estrada: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Conviene para el fortalecimiento del Poder Legislativo y para la consolidación del
sistema de planeación democrática, que esta Cámara de Diputados tenga una mayor
participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Hoy, cuando
el Presidente de la República insiste tanto en su reforma hacendaría, pregunto, ¿por
qué no discutir en esta Cámara el proyecto y el rumbo de nuestra na ción?, ¿por qué
limitarnos a discutir de dónde sacarle más dinero a los mexicanos sin analizar y definir
la estrategia del desarrollo del país?
El cambio político y la posibilidad del cambio de régimen supone la transformación de
la política y la actitud centralista y presidencialista. Un país de 100 millones de
habitantes, con un Poder Ejecutivo que carece de mayoría en los gobiernos estatales y
municipales, en muchos de los congresos estatales y en el propio Congreso de la Unión,
debieran obligar al titular del Ejecutivo a definir bajo la figura del consenso los
acuerdos básicos acerca del rumbo de la nación y de los recursos necesarios para ello.
Por ello consideramos que una verdadera reforma fiscal integral debe ser resultado de un
doble pacto: uno, el de los objetivos básicos del desarrollo nacional y dos, el del
fortalecimiento del erario público, el destino y la distribución de la riqueza.
No basta asumir que es necesario incrementar el ingreso público, se requiere construir
juntos el acuerdo de un nuevo pacto nacional. A esto y sólo a esto se le puede llamar un
proceso de transición democrática a nuevos estadios de desarrollo.
El plan sexenal del periodo 34-40, emitido por el Gobierno del general Lázaro Cárdenas,
orientó la política económica y social del Estado durante ese sexenio y alcanzó sus
principales objetivos en materia agraria, laboral, social, educativa y de aprovechamiento
y de defensa de los recursos naturales del país. Con ese primer antecedente la
planeación en México cuenta con una historia de 70 años, ello muestra una persistente
conciencia de la necesidad de racionalizar a partir del Estado el uso de los recursos
económicos para satisfacer las grandes necesidades sociales y regular la economía en
función de los objetivos nacionales.
Pero, al mismo tiempo, existe una gran retórica en el ejercicio de la planeación en
México, ya que la mayor parte de los planes no han servido ni siquiera para orientar en
forma congruente la actuación del Gobierno en la economía, mucho menos para mover a la
consecución de objetivos precisos al conjunto del sistema económico.
La reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución y la expedición de la Ley de
Planeación, realizadas en 1982, incorporaron el concepto de planeación democrática y
establecieron la obligación del Ejecutivo de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo.
Lamentablemente este sistema de planeación se ubicó en una profunda paradoja, pues
precisamente a partir de 1982 se impuso una política económica contraria a la
intervención del Estado en la economía, el neoliberalismo que considera que la economía
alcanza la optima regulación cuando se deja en plena libertad a las fuerzas del mer cado,
es decir, cuando no hay regulación.
Los planes nacionales de desarrollo decretados por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de
Gortari y Ernesto Zedillo en sus respectivos sexenios no se cumplieron, debido
principalmente a la nueva concepción de la economía que implicó cambios sustantivos en
los objetivos de la política económica y el abandono de las prioridades del desarrollo.
Durante esos 18 años la política de reajuste desplomó el gasto y la inversión
públicos; suprimió masivamente las empresas paraestatales, acabó con el fomento a la
industria y a la producción agropecuaria y minera. Así, el Gobierno Federal abdicó de
los fines del desarrollo nacional en aras de los intereses de los banqueros y grandes
empresarios, los que tizaciones y los rescates bancario y carretero.
Como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el marco legal e institucional vigente en el
país imposibilita en la práctica la planeación democrática; el Plan Nacional de
Desarrollo su expedición es una atribución reservada al Poder Ejecutivo que concentra en
sus manos la realización de las consultas, el diseño de su mecánica y agenda, la
síntesis y ponderación de las posiciones y propuestas expresadas, el diseño del plan
mismo, así como su aplicación y vigilancia. Al Congreso de la Unión se le concede el
limitado derecho de opinar sobre el contenido del plan y su posterior aplicación.
Así, hoy, los diputados federales somos mudos testigos de la puesta en marcha de una
consulta ciudadana a la que el Gobierno Federal con vocó y organizó unilateralmente para
recabar opiniones y sugerencias para el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Se anunció un proceso de consulta consistente en una página de Internet, correo directo
y reuniones de opinión ciudadana en las que se realizarán o se realizaron ya reuniones
de ponencia, de validación y sesiones de planeación.
Mucho nos tememos que tales eventos se hayan reducido a ejercicios puramente
burocráticos, en los cuales la última palabra la tendrá siempre el Poder Ejecutivo.
El régimen presidencialista que aún vivimos se ha caracterizado por una excesiva
concentración de facultades en manos del Poder Ejecutivo Federal, tal concentración se
encuentra apuntalada por un sistema de leyes que dota de capacidades y amplios márgenes
de discresionalidad al Ejecutivo.
Esta discresionalidad otorgada por un sistema de leyes secundarias que en ocasiones
contravienen los ordenamientos constitucionales ha sido uno de los factores importantes
que han permitido tanto los excesos como las carencias de la política económica. Un
ejemplo de ello lo encontramos en la Ley de Planeación en la que destaca una grave
contradicción con la Constitución.
Como se sabe, los artículos 73 y 74 constitucionales establecen la facultad del Congreso
y de la Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos,
respectivamente, siendo ambos instrumentos fundamentales de la política económica y
social del Estado. Expresamente se reconoce que esos instrumentos deben servir a los
objetivos y metas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, resulta
incongruente que la Constitución otorgue al Legislativo la facultad de aprobarlos y que
la Ley de Pla neación, no le conceda la atribución de aprobar la política económica y
social contenida en el Plan Nacional de Desarrollo.
A lo largo de varias legislaturas, incluida ésta diputados del PRD hemos insistido en le
necesidad de establecer un verdadero sistema de planeación democrática en México, en el
cual los objetivos del desarrollo económico y social del país puedan consensarse con la
participación efectiva de la ciudadanía y en donde el Congreso de la Unión, como
representante de la soberanía popular, cuente con las facultades de aprobar el Plan
Nacional de Desarrollo y de aumentar su participación en la consulta, diseño y revisión
del plan, así como en su fiscalización.
El Ejecutivo Federal envió recientemente, el 31 de enero anterior, a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, un oficio en el que solicita a los poderes de la
Unión su contribución para enriquecer la consulta ciudadana sobre el Plan Nacional de
Desarrollo y adelanta que pondrá a su disposición una versión preliminar del Plan
Nacional de Desarrollo, con objeto de recoger en la versión definitiva su análisis y
comentarios.
Adicionalmente informa que el Secretario de Gobernación será el conducto para que se
establezcan los mecanismos de participación de los legisladores.
Debe señalarse que de acuerdo con el calendario de elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo a mediados del presente mes, el Presidente concluirá la segunda revisión del
plan para presentarlo formalmente a finales de mayo ante el Congreso. La importancia del
tema nos lleva a sostener que es necesario que esta Cámara conozca el texto preliminar
del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, antes de que concluya el actual periodo de
sesiones ordinarias.
Nuestro grupo parlamentario concibe la reforma fiscal como la modificación de la
política económica, la concibe como la transformación de las relaciones entre los
poderes públicos, la concibe como el corolario de una idea del desarrollo nacional y no
como su comienzo, la concibe como la modificación de la idea de las necesidades de los
mexicanos y no como la continuidad de una política que ha dañado el bienestar y ha
producido que la inmensa ma yoría de los mexicanos vivan en la pobreza.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 93 segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 53, 58 y 90 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración del pleno, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que con base en los ofrecimientos hechos por el Presidente de la
República en comunicación dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, el 31 de enero del presente, la Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo
Federal que a la bre vedad le dé a conocer la versión preliminar del Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006.
Segundo. Con objeto de asegurar una participación más amplia de los
legisladores en la definición del Plan Nacional de Desarrollo y cumplir a cabalidad con
lo dispuesto por el artículo 26 constitucional y en la Ley de Planeación vigentes, se
cita a comparecer ante el pleno al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.
Es cuanto, señor Presidente.
|
Presidencia
del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
|
Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto
y Cuenta Pública.
Tiene la palabra la diputada Miroslava García, hasta por cinco minutos.
|
La diputada María
Miroslava García Suárez: |
Con el permiso de la Presidencia;
señoras y señores diputados:
Me parece que es necesario reflexionar sobre el punto de acuerdo que acaba de presentar el
diputado Rafael Hernández, porque parece ser que la discusión general de la reforma
fiscal en este país se está abordando en forma un tanto extraña. Esto está planteado
desde el Poder Ejecutivo en una forma que de acuerdo a la metodología no es lo correcto.
Nosotros planteamos que necesitamos plantear los objetivos, plasmar los compromisos que el
Poder Ejecutivo hizo durante la campaña electoral a todos los mexicanos.
Y no podemos abordar el asunto del proceso de la reforma fiscal desligado del proceso
general de reforma de Estado que debe vivir nuestro país y desde luego, de los
compromisos explícitos que deben estar plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.
En términos generales de planeación yo quiero recordar que tal vez estén olvidando los
señores del gabinete con su amplia experiencia empresarial, que las cosas primero se
tienen que planificar y que posteriormente tenemos qué ver cuáles son los recursos y los
alcances con que dispone el país para cumplir esos compromisos y en esta discusión las
cosas no se han dado en ese orden lógico, metodológico que necesitamos.
Es por eso que yo advierto, tal vez de una intención del Poder Ejecutivo, para eliminar
el debate del contenido sustancial de la reforma fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo.
Nos parece que este Legislativo debe tomar en sus manos la posibilidad no sólo de
analizar el Plan Nacional de Desarrollo, sino también de aprobarlo y modificarlo y en ese
sentido nosotros estamos esperando señales claras del Ejecutivo, donde se expresen estos
compromisos con el país, con los ciudadanos y poste riormente entrar de lleno a un
proceso de reforma fiscal.
Yo advierto de esta contradicción y de estas serias deficiencias en la discusión
propuesta por el Ejecutivo, porque pareciera ser que hay una premura que no entendemos
desde el PRD, para hacer avanzar de manera, tal vez solamente de imagen, algunos temas
desde esta Cámara.
1676, 1677, 1678
Y lo digo, porque me sorprende tremendamente,
que en la orden del día que nos presentan en esta Gaceta del día de hoy, vemos cosas
como que la Comisión de Hacienda y Fomento, se van a reunir las dos comisiones, para
presentar, analizar, discutir y aprobar en una sola sesión, una iniciativa que es
sumamente importante, relativa a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Y me parece aún una mayor contradicción, que en el paquete que nos entrega el Ejecutivo,
relativo al sector financiero, se hable de esta iniciativa de ley, que ni se ha
presentado, analizado y mucho menos aprobado y se habla como un punto de partida para
atender las iniciativas del sector financiero del Gobierno.
Y esto, señores, es una falta absoluta de respeto para este Poder Legislativo, porque nos
están diciendo que independientemente del trabajo que hagamos en comisiones, ésa será
la iniciativa con la que este país cuenta como Ley de Ahorro y Crédito Popular y que
ésa será la base para desglosar una serie de iniciativas alrededor del sector
financiero.
Eso, compañeras, compañeros, diputadas y diputados, no es otra cosa más que un albazo y
yo lo que les quiero pedir a todos, a los compañeros de la Comisión de Hacienda, de
Presupuesto particularmente y a todos ustedes, que respetemos nuestro trabajo y que nos
demos los tiempos necesarios, no sólo para analizar la propuesta del Ejecutivo, sino
también para conocer nuestras propuestas que se originen desde el legislativo. Y
finalmente, poder en este año, a más tardar, de septiembre a diciembre, contar con una
base lo más consensada posible sobre reforma fiscal.
También quiero advertir, para concluir, que los plazos están establecidos en el trabajo
legislativo, y que la reforma fiscal no tiene ningún inconveniente para ser abordada y
resuelta de septiembre a diciembre como lo marca la ley.
Por su atención, muchas gracias.
Gracias, señora diputada.
Sí, señor diputado. Adrián Rivera, por favor, activen sonido en la curul.
|
El
diputado Adrián Rivera Pérez
(desde su curul): |
Gracias, señor Presidente; solamente
para hacer una solicitud respecto a este punto de acuerdo, ya que toca temas de
gobernabilidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo y hay una propuesta para citar al
Secretario de Gobernación, que pudiera turnarse a la Comisión de Gobernación, y si no
hay inconveniente del proponente o en su caso a comisiones unidas, también incluyendo a
la de Gobernación.
Según veo el diputado Rafael
Hernández no tiene inconveniente, por lo tanto, ruego a la Secretaría turnar también a
la Comisión de Gobernación el punto de acuerdo al que nos referimos.
PEMEX
Para referirse en relación a la
integración del consejo de administración de Pemex, tiene el uso de la palabra hasta por
10 minutos la diputada María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución
Democrática.
|
La diputada María del
Rosario Tapia Medina: |
Gracias, señor Presidente; compañeras
diputadas y compañeros diputados:
Vengo a presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados,
pueda ratificar un pronunciamiento que hizo la Comisión Permanente sobre los
nombramientos hechos por el Presidente de la República en el consejo de administración
de Pemex.
Vengo a presentar esta proposición, ante el silencio injustificado, el Ejecutivo Federal,
de frente a una preocupación y a una recomendación que hiciera la representación
legislativa de la Cámara de Senadores y de Diputados en la Comisión Permanente pasada y
porque hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta ni por escrito ni verbal ni
siquiera a través de los medios; en todo caso, en lugar de dar una respuesta oficial y
seria como merece el Poder Legislativo, lo único que llegamos a escuchar fue alguna
declaración hace algunos días por ahí, de que este formato de integrar a empresarios a
los consejos de administración, lo irían a plantear por ejemplo para el caso de la CFE
también.
En este sentido, hay que recordar que el 21 de febrero de este año, el 2001, el diputado
Carlos tucional y del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición
con punto de acuerdo sobre estos nombramientos. Dicha proposición fue turnada en su
momento a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
En esa proposición, tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido de la
Revolución Democrática, manifestamos el interés de que este órgano del Congreso de la
Unión, la Comisión Permanente considerara que los nombramientos hechos por el Presidente
de la República a favor de cuatro empresarios para integrar el consejo de admi
nistración de Pemex, eran a todas luces contrarios al texto y espíritu de los artículos
25, 27 y 28 de nuestra Constitución General de la República y violatorios de manera
expresa al artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiados.
En este texto solicitábamos que la Comisión Permanente, emitiera un pronunciamiento en
donde de constatarse las violaciones a la le gislación aplicable, procedía por tanto la
revocación inmediata de dichos nombramientos por parte del propio Presidente, a efecto de
hacer otros con estricto apego a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica
de la Empresa Petróleos Mexicanos.
Además, decíamos en esta proposición que la Comisión Permanente vería con buenos ojos
la posibilidad de que en lugar de esto, de estos nombramientos que había hecho el
Ejecutivo Federal, se pudiera conformar una especie de cuerpo técnico de consejeros de
Petróleos Mexicanos que fueran nombrados por el Presidente de la República, pero que no
contraviniera ni la Constitución ni la Ley Orgánica.
El 28 de febrero de 2001, la Primera Comisión presentó ante el pleno de la Comisión
Permanente el proyecto de dictamen correspondiente; en este dictamen que presentamos a la
Comisión Permanente, prácticamente se retomaban los aspectos que ya habían sido
cuestionados desde el principio. Esto es que soli citábamos a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, retomara la ilegalidad de estos nombramientos de los cuatro
empresarios como representantes del Estado para integrar el consejo de administración de
Pemex y que por lo mismo se mantenía la violación tanto a la Constitución como a la Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos.
En este sentido, se consideró que si nosotros le dábamos una interpretación de manera
integral a los artículos constitucionales que hemos mencionado: 25, 26, 27
constitucional, no cabía ninguna duda en que la participación conjunta del Estado y los
particulares no incluía las áreas estratégicas en las que el Estado tiene dominio
directo. No se puede afirmar entonces, que ser representante del Estado es solamente quien
llega a una institución u organización pública desde el sector privado, nombrado por el
Presidente, para de esta forma convertirse de manera inmediata en parte de un órgano de
gobierno como es esta empresa del Estado, que está además, dirigida a la explotación de
un recurso natural sobre el que la nación tiene dominio de manera directa.
En tal virtud y sin desestimar y esto lo quisimos dejar muy claro desde la Comisión
Permanente, y queremos dejarlo muy claro también ante el pleno de esta Cámara de
Diputados, sin desestimar el respeto al principio básico de división de poderes en que
se sustentan las relaciones de colaboración que deben existir entre los diferentes
órganos en que se divide obviamente el ejercicio de la función pública, la Primera
Comisión de la Comisión Permanente, sometió a consideración tres resolutivos: el
primero consistía en que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideraba y
considera que los nombramientos hechos por el Presidente de la República a favor de estos
cuatro empresarios para integrar el consejo de administración de Pemex, son a todas luces
contrarios al texto y espíritu de los artículos constitucionales ya mencionados y al 7o.
de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
Por lo anterior, y ése fue el segundo resolutivo, se determina que procedería por parte
del Ejecutivo la reconsideración de dichos nombramientos. Quiero aclarar incluso aquí
que al principio habíamos planteado que procedía la revocación de dichos nombramientos.
Pero tratando de que fuera una proposición al Ejecutivo Federal, modificarnos el texto
original del dictamen y planteamos que en todo caso era más conveniente decir que se
favorecía la necesidad de reconsiderar por parte del Ejecutivo Federal estos
nombramientos.
Y el tercero, insistiríamos en que la Comisión Permanente vería con beneplácito la
conformación de este órgano consultivo técnico, formado por gente especializada en la
cuestión petrolera, que fueran connotados profesionistas, investigadores, técnicos
etcétera que pudieran ser nombrados por el Presidente, pero que tuvieran solamente el
carácter consultivo.
Esto fue lo que aprobamos en la Comisión Permanente el 21 de febrero de 2001. Y es el
momento en que como decía al principio, no hemos tenido por parte del Ejecutivo Federal
ninguna respuesta al respecto.
Por eso mismo después de mes y medio en que la Comisión Permanente emitió este
resolutivo, queremos proponer a esta Cámara de Diputados en primer término, que
ratifique el acuerdo de la Comisión Permanente que se aprobó en cuanto al nombramiento
de estos cuatro empresarios al consejo de administración de Pemex, incluye los tres
párrafos que ya acabo de mencionar.
En segundo lugar planteamos que el Ejecutivo Federal envíe una respuesta por escrito a
esta Cámara de Diputados, respecto a estos acuerdos de la Comisión Permanente y que
ahora planteamos que sean ratificados por la Cámara de Diputados para que nos diga por lo
menos, qué pasa con esa propuesta, con esa solicitud que le hizo la Comisión Permanente.
Y ojalá que lo sea también por la propia Cámara de Diputados. Si es sí, que nos lo
diga. Si no está de acuerdo que nos lo fundamente legalmente por qué no está de acuerdo
con nuestra recomendación.
Y, tercero, estamos proponiendo que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo proceda de inmediato a determinar si existe el supuesto de conflicto de
intereses en el ejercicio de las funciones de los consejeros de Pemex que ya hemos
mencionado, previsto en dicha ley, para que se informe también por escrito a esta Cámara
de Diputados a la mayor brevedad.
Sabemos que todos estos empresarios tienen negocios directos, intercambios comerciales muy
fuertes con Petróleos Mexicanos y consideramos que esto sí determina un conflicto de
intereses. Pero queremos que sea la Secretaría de la Contraloría la que nos lo
determine.
Muchas gracias.
Solicito se turne a la Comisión de Energía y a la Junta de Coordinación.
«Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados ratifique el
pronunciamiento de la Comisión Permanente sobre los nombramientos hechos por el
Presidente de la República para integrar el consejo de administración de Pemex.
La suscrita, María del Rosario Tapia Medina, en mi calidad de diputada federal a la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del PRD, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la proposición
con punto de acuerdo para que esta soberanía ratifique el pronunciamiento de la Comisión
Permanente sobre los nombramientos hechos por el Presidente de la República para integrar
el consejo de administración de Pemex.
ANTECEDENTES
1. El día 21 de febrero de 2001, el diputado Carlos Aceves del Olmo presentó ante la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a nombre de los grupos parlamentarios de
los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, una
proposición con punto de acuerdo sobre los nombramientos hechos por el Presidente de la
República, para integrar el consejo de administración de Pemex. La proposición citada
se turnó en la misma fecha para su dictamen a la Primera Comisión de la Comisión
Permanente.
2. En la proposición se manifestaba el interés de que este órgano del Congreso de la
Unión considerara que los nombramientos hechos por el Presidente de la República a favor
de cuatro empresarios mexicanos, para integrar el consejo de administración de Pemex,
eran a todas luces contrarios al texto y espíritu de los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución General de la República y violatorios del artículo 7o. de la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
1679, 1680, 1681
Asimismo, en el texto aludido se solicitaba un
pronunciamiento de la Permanente en el sentido de que, de constatarse las violaciones a la
legislación aplicable, procedía la revocación de aquellos nombramientos por parte del
propio Presidente de la República, a efecto de hacer otros con estricto apego a lo
establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la empresa paraestatal de
referencia. Ademas, se proponía establecer que la Comisión Perma nente del Congreso de
la Unión vería con beneplácito la conformación de un cuerpo técnico de consejeros de
Petróleos Mexicanos, nombrados por el Presidente de la República, que sin contravenir
las normas constitucionales invocadas en la proposición, por no ser investidos de
funciones de autoridad y de gobierno, coadyuvaran al mejor desempeño y a la acción
moderna más eficaz y racional de esa empresa pública de la nación.
3. Con fecha 28 de febrero de 2001, la Primera Comisión de la Comisión Permanente,
presentó al pleno de ésta el dictamen correspondiente en el que destaca lo que sigue:
*Que se observó en la proposición el interés de provocar la actuación de la Comisión
Permanente a través de la adopción de un acuerdo en el que este órgano del Congreso de
la Unión manifestara sus consideraciones en torno al nombramiento que el Presidente de la
República hizo de cuatro connotados empresarios, ajenos a la función pública y a la
estructura administrativa gubernativa, para integrar el consejo de administración de
Petróleos Mexicanos. Nombramiento que, a juicio de los legisladores proponentes, se
había realizado con violación a lo dispuesto por los párrafos cuarto y quinto de los
artículos 25 y 28 de nuestra Carta Magna, respectivamente, así como del artículo 7o. de
la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismo Subsidiarios.
La comisión consideró que interpretados de manera integral tales párrafos, no había
duda de que la participación conjunta del Estado y los particulares no incluía las
áreas estratégicas sobre las que el Estado tiene dominio directo. Afirma que no puede
ser representante del Estado quien llega a una institución u organización pública desde
el sector privado, para convertirse en parte del órgano de gobierno de una empresa del
Estado, dirigida a la explotación de un recurso natural sobre el que la nación tiene el
dominio directo.
Bajo estas circunstancias, los órganos de gobierno de las empresas que tienen a su cargo
funciones relacionadas con áreas estratégicas, sólo pueden constituirse por
representantes del sector estatal que participan en el proceso productivo correspondiente,
naturaleza que le concierne al consejo de administración de Pemex.
Por consiguiente, no pueden los particulares ser miembros del consejo de administración
de Pemex, en calidad de representantes del Estado, pues no basta la designación o
nombramiento que haga de ellos el Presidente de la República, si su designación carece
de sustento legal y si bien es cierto, abunda la comisión dictaminadora, que el
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales abre la posibilidad de ser
miembros del órgano de gobierno de una entidad pública a representantes de los sectores
privado y social, también lo es que la jerarquía reglamentaria de este ordenamiento
administrativo no puede contravenir a la Ley Orgánica de Pemex y mucho menos al texto
constitucional.
Estas y otras consideraciones,sirvieron de fundamento y motivación a la proposición que
fue analizada.
4. En tal virtud, y sin desestimar el respeto al principio de división de poderes en que
se sustentan las relaciones de colaboración que deben existir ente los distintos órganos
en que se divide el ejercicio de la función pública, la Primera Comisión de la
Comisión Permanente sometió a consideración del pleno los siguientes
RESOLUTIVOS
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión considera
que los nombramientos hechos por el Presidente de la República a favor de cuatro
empresarios mexicanos para integrar el consejo de administración de Pemex, son a todas
luces contrarios al texto y espíritu de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución
General de la República y violatorios del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Segundo. Lo anterior determina que procedería la revocación de dichos
nombramientos por parte del propio Presidente de la República, a efecto de hacer nuevos
nombramientos con estricto apego a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica
de la empresa paraestatal de referencia.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión vería con
beneplácito la conformación de un cuerpo técnico de consejeros de Petróleos Mexicanos,
nombrados por el Presidente de la República, conformado por connotados empresarios, profe
sionistas y técnicos que coadyuven al mejor desempeño y a la acción moderna más eficaz
y racional de esta empresa pública de la nación.
5. Estos puntos fueron aprobados por mayoría de votos por la Comisión Permanente, con un
cambio en el resolutivo segundo, fruto de la discusión y de la reflexión maduras de
diputados y senadores. La redacción aprobada fue la siguiente: segundo. Por lo anterior
se estima pertinente proceder a la reconsideración de dichos nombramientos por parte del
propio Presidente de la República, a efecto de hacer nuevos nombramientos con estricto
apego a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la empresa paraestatal de
referencia.
Una vez aprobada la proposición, el Presidente en turno de la Comisión Permanente,
diputado Ricardo García Cervantes, señalo que este órgano del Estado "está
legitimado para emitir esta declaración que contiene recomendación al Ejecutivo, por lo
tanto comuníquense los puntos resolutivos al Poder Ejecutivo".
CONSIDERACIONES
1. Que ha transcurrido casi mes y medio de que la Comisión Permanente emitió resolutivo
sobre la designación presidencial de los representantes del Estado ante el consejo de
administración de Pemex y de que a la fecha no se ha recibido respuesta en ninguna de las
cámaras del Congreso por parte del Ejecutivo sobre el contenido mismo.
2. Que continuan en funciones de consejeros representantes del Estado ante el máximo
órgano de Pemex los empresarios Carlos Slim Helú, Lorenzo Zambrano Treviño, Alfonso
Romo Garza y Rogelio Rebolledo Rojas.
3. Que dichos integrantes del consejo no han presentado su declaración patrimonial como
lo establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por lo antes expuesto, me permito poner a consideración del pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratifica los acuerdos
aprobados por la Comisión Permanente el 28 de febrero del año en curso en el siguiente
sentido:
a) De considerar que los nombramientos hechos por el Presidente de la República a favor
de cuatro empresarios mexicanos para integrar el consejo de administración de Pemex, son
a todas luces contrarios al texto y espíritu de los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución General de la República y violatorios del artículo 7o. de la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
b) Por lo anterior se estima pertinente proceder a la reconsideración de dichos
nombramientos por parte del propio Presidente de la República, a efecto de hacer nuevos
nombramientos con estricto apego a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica
de la empresa paraestatal referida.
c) La Cámara de Diputados vería con beneplácito la conformación de un cuerpo técnico
de consejeros de Petróleos Mexicanos, nombrados por el Presidente de la República,
conformado por connotados empresarios, profesio nistas y técnicos que coadyuven al mejor
desempeño y a la acción moderna más eficaz y racional de esta empresa pública de la
nación.
Segundo. Acuerda dirigirse al titular del Ejecutivo Federal, a efecto de que
envíe respuesta por escrito al acuerdo que a su vez adoptó la Comisión Permanente el 28
de febrero de 2001, citado en el punto primero.
Tercero. En tanto el Ejecutivo Federal no reconsidere los nombramientos hechos,
procede que la Cámara de Diputados acuerde, con fundamento en el artículo 80 y demás
relativos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, solicitar a
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo exija a Carlos Slim Helú,
Lorenzo Zambrano Treviño, Alfonso Romo Garza y Rogelio Rebolledo Rojas, presentar de
inmediato su declaración patrimonial. Asimismo, que esta dependencia determine si existe
el supuesto de conflicto de interés en el ejercicio de las funciones de los consejeros de
Pemex mencionados, previsto en dicha ley e informe, por escrito, del resultado a esta
Cámara de Diputados, a la mayor brevedad.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de abril de 2001.Diputados:
Hernández G.»
|
Presidencia
del diputado
Ricardo Francisco García Cervantes |
Diputada María del Rosario
Tapia Medina: la proposición con punto de acuerdo, antes de pasar a la Junta de
Coordinación Política, toda vez que, como usted lo ha expresado, se refiere a la
aplicación de una ley orgánica y como usted también lo solicita, esta Presidencia
determinaría el turno a la Comisión de Energía y a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
De ahí se podrá derivar, del estudio que ellos hagan, los términos de una declaración
que en todo caso podría ser turnada a la Junta de Coordinación Política para que sea
puesta a disposición del pleno.
Si usted me permite, daré el turno a las comisiones de Gobernación y a la de Energía de
la Cámara de Diputados.
|
La
diputada María del Rosario Tapia Medina: |
Correcto.
Gracias.
Para referirse a este mismo tema, han solicitado el uso de la palabra el diputado Juan
Manuel Martínez Nava y el diputado Héctor González Reza.
Se le concede el uso de la palabra, por cinco minutos, al diputado Juan Manuel Martínez
Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
|
El diputado Juan Manuel
Martínez Nava: |
Con su permiso, diputado Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Solicité el uso de la palabra para insistir en los planteamientos hechos por la
compañera diputada Rosario Tapia, para insistir en el registro histórico, que es
importante que se haga, precisamente de los antecedentes empresariales de una parte más
importante del gabinete del presidente Fox, además de los de él mismo, quien ha dicho
con claridad ante diversos foros internacionales que su Gobierno es empresarial.
No discuto el derecho del Presidente de la República para nombrar a su gabinete; tampoco
discuto los derechos ciudadanos de los empresarios que en número sin precedente pasaron a
formar parte del equipo del Presidente porque, como ciudadanos, tienen ese derecho. Pero
insisto y aclaro, sus derechos políticos son por ser ciudadanos, no por ser empresarios.
Ahí tenemos el caso del controvertido secretario del Trabajo, señor Carlos Abascal, cuyo
antecedente es haber sido presidente de la Coparmex, organización empresarial nacida en
1929, cuyo objetivo, desde su creación, ha sido la defensa de los patrones,
particularmente en sus relaciones y conflictos laborales.
¿Cuál será la postura del señor Abascal en estos litigios?
Hay otros casos: el ingeniero Ernesto Martens Rebolledo, que tiene antecedentes de haber
sido director general del grupo Vitro, de Monterrey, entre otros y que ahora, como
secretario de Energía, tiene la responsabilidad de presidir los consejos de
administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.
Otro caso, el del ingeniero Raúl Muñoz Leos, director general de Pemex, cuyo antecedente
fue haber sido director general de la empresa Dupont de México, poderoso consorcio
internacional de la industria química y petroquímica, es decir, los clientes o la
competencia privada de Pemex llegaron precisamente a su dirección.
1682, 1683, 1684
El Secretario de Agricultura también tiene
conocidos antecedentes empresariales. La Secretaría de Turismo. Junto a ella, el director
general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes. El Secretario de Hacienda. El director
General de Nacional Financiera, que tiene, como algunos otros, el común denominador de
haber trabajado para alguno de los grupos empresariales de Monterrey.
Hubo otros casos que en total llegaron a 19, de personas con antecedentes empresariales
que forman parte del gabinete del presidente Fox.
A mediados de febrero ocurrió lo que ya reportó la compañera Rosario Tapia, ya no me
referiré a ello.
Quisiera insistir en el señalamiento de las características del gobierno empresarial de
derecha del presidente Fox, en el que no sólo es notoria la influencia que han adquirido
los empresarios y en particular quienes han sido directivos o empleados del grupo
Monterrey, tanto en el ejercicio de importantes funciones de gobierno como en puestos de
dirección, como se señaló, de áreas estratégicas de la economía nacional que por ley
deben de estar reservadas al manejo exclusivo del Estado mexicano.
Seguramente aquí está una parte muy selecta de los verdaderos amigos de Fox y de los
verdaderos compromisos de su campaña. Tal vez aquí está una parte del verdadero partido
político de Fox y el verdadero grupo gobernante.
Quisiera señalar rápidamente algunas otras cuestiones respecto del gabinete del señor
Fox. Su número excesivo que alcanzó 50 personas, que duplica el número de espacios
previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Abundancia de cargos
que no muestran a un Presidente de la República austero ni ahorrativo a la hora de
nombrar a su equipo de colaboradores directos y tampoco lo muestra riguroso y escrupuloso
en cuanto al sustento jurídico para darles nombramientos a sus colaboradores.
Aquí dejo para la Secretaría, señor Presidente, un conjunto de ejemplares del Diario
Oficial de la Federación, que fueron publicados entre el 4 de diciembre de 2000 y el
martes 9 de enero del presente año, en los que se dan sustento con acuerdos del Ejecutivo
a diferentes coordinaciones y direcciones especiales que creó el Presidente de la
República. Creó 16 cargos de coordinadores, un coordinador de opinión pública e
imagen, consejeros, comisionados, directores de oficina y hasta una embajadora especial
adscrita a la Presidencia, cuyo soporte legal y administrativo no existía y en cuyo
nombramiento no se cumplieron los procedimientos que marca la ley.
Esta falta de cuidado y escrúpulo jurídico del Presidente para nombrar a este paquete de
sus colaboradores, contrasta y debo señalarlocon el cuidado jurídico que siempre ha
caracterizado al Partido Acción Nacional. En estos casos, como ya mencioné, seguramente
prevaleció el entusiasmo presidencial por los nombramientos.
Finalizo señalando otro fenómeno que caracteriza la vida política de nuestro país, que
es la manera como se ha comportado el presidente Fox con sus contradicciones y excesos
verbales, así como con su notoria preferencia por la videopolítica, los actos, dichos e
incluso ocurrencias que le representen las ocho columnas lo más frecuentemente posible,
sus campañas de medios, sus frecuentes mensajes personales a la nación para promover sus
iniciativas a través de los medios, encima de la promoción y articulación de verdaderos
acuerdos políticos con las diversas fuerzas políticas del país que integran el Poder
Legislativo, que le permitan concretar en la realidad los programas de gobierno que
verdaderamente demanda la sociedad.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias, diputado Juan Manuel Martínez
Nava.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado don Héctor González Reza, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
|
El diputado Héctor González
Reza: |
Muchas gracias, señor Presidente;
señoras y señores diputados: sobre todo a hacer referencia a la intervención de la
diputada del Partido de la Revolución Democrática.
Realmente, por más que pusimos atención, no entendimos cuál era el contenido o la
conclusión del diputado que me acaba de anteceder en el uso de la palabra.
Sin embargo, rescatamos de él algo importante. Dice: "que a los diputados de Acción
Nacional les ha caracterizado el cuidado jurídico".
Bien. Nuevamente el Partido de la Revolución Democrática esgrime una interpretación
equivocada: una vez más confunden el concepto del Estado y lo limitan al significado de
Gobierno. Su argumento tendría lugar antes de hacer las leyes, pero no después. Las
leyes vigentes y las disposiciones que les dan precisión a dichas leyes no les otorgan a
ustedes, señores del PRD y del PRI, la razón en este caso y por eso invocan el precepto
constitucional sobre las áreas estratégicas y sobre la propiedad del patrimonio
nacional.
Y aquí, aquí no estamos discutiendo ni la rectoría de esas actividades estratégicas ni
la propiedad de los recursos naturales. En esto no hay discusión. Para nosotros en el PAN
está claro: ¡el petróleo seguirá siendo de todos los mexicanos!
Pero Pemex, como organismo descentralizado, se ha debido transformar en los últimos años
y es innegable la inaplazable necesidad de eficientarlo, de modernizarlo y de dotarlo de
una mayor autonomía, sobre todo financiera, para convertirlo en una empresa estatal de
vanguardia.
Y bajo esta realidad en la que se inscriben otros organismos públicos, bajo esta realidad
se elaboró la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la nueva Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. ¡Conste que estamos siendo cuidadosos en
materia jurídica! Pues la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece claramente en
su artículo 19, quiénes no pueden ser miembros de consejos de administración de una
paraestatal como Petróleos Mexicanos y los empresarios mexicanos no están impedidos,
véase el artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
La misma ley en su artículo 20 establece un candado, un candado para asegurar y proteger
el dominio del Estado sobre Petróleos Mexicanos. El artículo 20 establece que para la
validez de las reuniones de dichos consejos solamente serán válidas esas reuniones
cuando la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública
Federal, luego entonces está reconociendo que puede haber consejeros que no lo sean;
artículo 20 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Adicionalmente el artículo 25 de dicha Ley de Entidades Paraestatales, instruye a que los
nombramientos de los consejeros se inscriban en el Registro Público de Organismos
Descentralizados. Ahí podemos entonces verificar cómo han venido participando ya
representantes del sector privado en organismos tan importantes y trascendentes como el
Instituto Mexicano del Seguro Social, propuesto por cierto por mi partido o el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, donde también participan
empresarios en sus consejos y ni se han privatizado ni hubo conflicto de intereses, al
contrario, se han modernizado y se han eficientado, tan es así que el señor ex director
general del Infonavit casi fue ratificado; ahora está en el Fovissste.
Bien. Por su parte, señoras y señores diputados, vamos ahora a la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, esta faculta al Presidente de la
República, de acuerdo a su artículo 7o., para designar a los seis representantes del
Estado, que no del Go bierno, para formar parte del consejo de administración.
Y esta misma ley hace la distinción entre re presentantes del Estado y representantes del
Gobierno, pues en su artículo 9o., relativo a los consejos de administración de los
organismos subsidiarios de Pemex, dice que éstos se compondrán de ocho miembros; aquí
sí, aquí sí, señores, cuatro representantes del Gobierno Federal y los cuatro
directores de Pemex, los otros tres de los subsidiarios y el director general, exceptuando
el director del organismo en cuestión. ¡Nótese la lógica que se siguió en esta
transformación de Pemex! consejo de administración de Pemex, el director general de
Pemex petroquímica básica, tampoco forma parte de su consejo de administración.
Entonces, el artículo 9o. de la propia ley distingue entre representantes del Gobierno y
representantes del Estado. No es necesario aducir aquí una teoría general del Estado y
tratar de confundirlo nuevamente.
Finalmente, para perfeccionar el marco normativo y precisar los preceptos generales
contenidos en la ley, así como para asegurar su ade cuada aplicación, el Reglamento de
la Ley Federal en su artículo 17 señala que los consejos de administración podrán ser
integrados por representantes de los sectores privado o social que tengan experiencia en
el ramo.
Señoras y señores diputados: para el PAN está más que claro y estamos convencidos,
diputadas y diputados del PAN, de la legalidad en la integración del consejo de
administración de Pemex. Lo importante para nuestra industria petrolera y para el país
es que cuanto antes empiece a funcionar ese consejo.
Si otros aún tienen dudas, podemos aclararlas aquí o pueden consultar a quien deseen,
seguramente recibirán la misma explicación. Antes que pedir la reconsideración de los
nombramientos, deberían ustedes reconsiderar sus planteamientos.
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, diputado Héctor González
Reza.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos, don
Efrén Leyva e inmediatamente después la diputada Rosario Tapia.
|
El diputado Efrén
Nicolás Leyva Acevedo |
Es usted muy amable, señor Presidente;
compañeros diputados:
El tema de la integración del consejo de administración de Pemex fue ampliamente
discutido en la pasada Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, que funcionó
durante el receso inmediato anterior.
Se discutió porque se notaba que efectivamente si la ley, como lo vino a mencionar el
diputado de Acción Nacional y utilizando sus mismas palabras, casi iba bien hasta que la
empezó a regar; no es posible que se mencione que está en toda legitimidad, como lo
marca la misma ley, de que se nombre como miembro del consejo a quien tenga experiencia en
el ramo, ¿cuál experiencia en el ramo pueden tener los empresarios que la única
experiencia que han tenido es venderle a Pemex como el mismo director actual que está
ahora como director general de Pemex que su último antecedente había sido director de
Dupont, es decir, una persona que les surtía a la misma empresa?.
No se trata pues de discutir, porque podríamos llegar a la teoría del Estado
efectivamente y aquí nos podríamos pasar un buen rato si quieren en cuanto a una
discusión sobre derecho, qué cosa es representante del Estado y que cosa es
representante del Gobierno y aquí podríamos ver quién nombra al representante del
Estado y quién nombra al representante del Gobierno y entonces lo que sí podríamos caer
sería que una cosa es ser representante del Gobierno o podríamos definir con mayor
claridad, representantes del sector público y representantes del sector privado.
Y la propuesta que hice yo en los tres párrafos y tres puntos de acuerdo que se tomaron
en la Permanente, como lo explicó con toda precisión la diputada Rosario Tapia hace un
momento y también en aquella ocasión en la Permanente, es de que lo que se desea es que
haya representantes del Gobierno como lo marca precisamente, que en ausencia, incluso un
párrafo de la misma reglamentación dice que: "en ausencia del representante ante el
consejo de administración será sustituido por algún miembro del área de trabajo o del
área donde labora".
1685, 1686, 1687
¿Cómo va a poder ser sustituido un
representante por un miembro de su misma empresa particular? yo creo que en ese momento lo
que tenemos que discutir, señores, es de que la propuesta que se llevó, que se turne a
la comisión, que se discuta en las comisiones, que se haga una propuesta concreta, que se
reforme la ley y que haya efectivamente un contrario, debe existir un consejo consultivo
que pueda orientar las acciones que con la experiencia los empresarios puedan tenerla y
enriquecer las actividades de esta empresa tan importante, tan útil y necesaria para la
economía de nuestro país, pero que se determine claramente que los miembros de este
consejo de administración deben ser personas efectivamente ligadas con la actividad que
desarrolla esta empresa.
Es todo.
Muchas gracias, don Efrén Leyva.
Se ofrece el uso de la palabra, para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, a
la diputada María del Rosario Tapia Medina, que es uno de los hechos que va a rectificar,
el nombre.
|
La diputada María del
Rosario Tapia Medina: |
Realmente el debate que dimos en la
Comisión Permanente sobre el tema fue bastante amplio y bastante rico, mucho más de lo
que podríamos hacerlo en este momento en que ya prácticamente nuestro recinto tiene
bastantes ausencias.
Pero sí es importante comentar que hay una diferencia muy importante, que en su momento
vamos a tener que abordar sobre el concepto de Estado y lo subrayamos en diferentes
momentos, porque en nuestra Carta Magna se maneja en diferentes artículos, en diferentes
momentos, el asunto del Estado.
Luego entonces en esta discusión quedó muy claro que para las compañeras y compañeros
del PAN el concepto de Estado no tiene nada que ver con lo que en un momento dado es
cierto, el PRD piensa sobre este concepto de Estado.
¿Quiénes son representantes del Estado? ¿Sólo porque los nombra el Ejecutivo y pesca a
cualquier ciudadano que se le ocurre, en este caso cuatro grandes empresarios magnates del
país y ésos son representantes del Estado sólo porque los nombra el Ejecutivo Federal;
para nosotros definitivamente esto no tiene ninguna representación del Estado mexicano,
entonces sí vamos a tener que discutirlo.
Y vamos a tener también que discutir, de manera abierta, en las comisiones o aquí en el
pleno, el asunto de cómo se interpretan leyes secundarias, porque aquí el compañero del
PAN que me antecedió viene a plantear la Ley Federal de Entidades Paraestatales en sus
artículos 19 y 20 y cuando yo desde la tribuna le digo leelo, pues obviamente no lo
quiere leer; pues no lo lee porque es un autogol, como lo hicieron también en la
Comisión Permanente, cuando en ese artículo se establece perfectamente quienes son los
que integran los consejos de administración de estos organismos paraestatales y en donde
se habla expresamente de que puede participar una representación del sector social o del
sector privado que en todo caso tiene que ser super mínima.
Pero en este caso ellos no entraron como representantes del sector privado, no fueron
nombrados como tales, fueron nombrados como representantes del Estado, que es muy
diferente a que sean representantes de la iniciativa privada como un sector social que
integra la amplia pluralidad de nuestra sociedad mexicana.
Entonces, esos artículos compañero, no son válidos en esta discusión, no son válidos.
Ahora, yo sí quiero insistir en que el debate lo podemos dar aquí de nuevo, pero venimos
a hacer esta proposición y a tratar de plantear este punto de acuerdo en un sentido
fundamental, estamos solicitando que el Ejecutivo Federal le tenga un poco más de respeto
y consideración al Legislativo y tenga la mínima... yo diría, decencia, porque no
encuentro otro término, para responder.
Si el Ejecutivo Federal está de acuerdo con todos los argumentos que vino a plantear
aquí nuestro compañero diputado del PAN, bueno que nos lo diga por escrito. La Comisión
Permanente del Congreso de la Unión no es cualquier instancia, es la representación de
ambas cámaras en un periodo de receso y no es posible que nuestro Ejecutivo, si le llegó
ese comunicado que yo espero que se lo haya hecho llegar la mesa directiva de la Comisión
Permanente que presidía nuestro compañero Ricardo Cervantes, pues mínimamente nos
responda y nos diga por escrito porqué jurídicamente, desde qué punto de vista legal
sostiene esos nombramientos y que no nos lo vengan a decir sólo los compañeros del PAN,
queremos que él nos lo diga, porque quiero decirles que cuando vino también el director
de Pemex a una comparecencia con la Comisión de Energía y fue el primer momento en que
nosotros cuestionamos estos nombramientos, le dijimos "oiga, por qué los nombraron
si está totalmente fuera de la Constitución, de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, de la Ley Orgánica de Pemex."
"Pues yo no sé, dijo, pregúntenle al jurídico de la Presidencia, seguramente el
jurídico de la Presidencia sabrá por que se hicieron esos nombramientos, yo no puedo
responderles."
Bueno, estamos apelando al Ejecutivo Federal, a su jurídico en la Presidencia, a que nos
responda sobre estos cuestionamientos y sí planteamos que no queremos más largas, por
eso lo hemos traído a esta Cámara de Diputados para que retome el asunto y para que
pueda hacerse esta proposición.
Y finalmente, lo de la Secretaría de Contraloría, nos parece obvio. Sostenemos que hay
un conflicto de intereses, porqué no nos dicen también por escrito, una definición
clara: hay conflicto o no hay conflicto y que se tomen las decisiones pertinentes.
Gracias.
Gracias, diputada María del Rosario
Tapia Medina:
Esta Presidencia le informa a usted y a la Asamblea, que he solicitado a la Secretaría
General nos proporcione la copia del oficio mediante el cual se turna la resolución de la
Comisión Permanente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, que
es la que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como responsable
de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
En cuanto la Secretaría me lo haga llegar, daremos cuenta a la Asamblea y le
proporcionaré una copia a la diputada María del Rosario Tapia Medina.
Me ha solicitado el uso de la palabra, para rectificación de hechos y contestar alusiones
personales, el diputado Héctor González Reza, a quien se le concede el uso de la palabra
hasta por cinco minutos.
|
El diputado Héctor González
Reza: |
Muchas gracias, señor Presidente;
señoras y señores diputados:
He subido con la ley, precisamente porque la compañera diputada decía que no quise leer,
no tenía en ese momento el libro aquí, pero el artículo 19 de la mencionada Ley Federal
de Entidades Paraestatales, muy rápidamente.
"En ningún caso podrán ser miembros del órgano de gobierno y lo dije, el director
general del organismo de que se trate, les puse de ejemplo que el director de Pemex no era
miembro de su consejo de administración. Se exceptúan la prohibición en aquellos casos
de los organismos a que se refiere el artículo 5o. de esta ley y se refiere al Seguro
Social, al ISFAM, no se refiere a Pemex, no vale la pena abundar ahí.
Segundo. Los parientes, los cónyuges, en primera, en segunda, en tercera línea.
Tercero. Quienes tengan litigios pendientes con el organismo, las personas sentenciadas
también o inhabilitadas y
Cuarto. No lo quise leer por lo siguiente, dice que ni los diputados ni los senadores al
Congreso pueden ser miembros del consejo de administración.
El 2o. con mucho gusto diputada.
El órgano de gobierno se reunirá con la periodicidad que señale el estatuto orgánico,
si que pueda ser menor de cuatro veces al año.
El propio órgano de gobierno, que es el consejo de administración sesionará
válidamente y revísese por favor la versión estenográfica, porque sí lo dije,
sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus
miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Adminis
Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el
Presidente voto de calidad.
Con mucha pena, pero estos dos artículos no le sirven ni a lo que usted expuso ni a lo
que expuso el diputado que dijo que iba yo bien, pero cuando él subió, él dijo que él
entonces iba bien. No, me parece que él nunca fue bien y nunca fue bien por esto. El se
refirió no a un artículo de la ley, sino a un artículo del reglamento, que es el 17 y
el que habla que podrán ser miembros del sector privado o social y que deberán tener
experiencia.
La primera que echó por tierra el argumento del diputado fue la diputada Rosario Tapia,
cuando dijo que no son representantes del sector privado, que son o no representantes del
Estado. Entonces la diputada ya le contestó al diputado del PRI.
Finalmente él dice que no tienen experiencia.
Miren ustedes, lo de la experiencia es una discusión tan amplia, como la de la teoría
del Estado. Si nosotros demostramos que tienen mucha experiencia, ustedes van a decir que
entonces hay mucho conflicto de intereses o que están muy vinculados y si decimos que no
tienen ninguna experiencia, ustedes van a decir, entonces no entran en el supuesto del
artículo 17.
Yo creo que aquí y en una cuestión reglamentaria no podemos caer en esos excesos. Tienen
la experiencia básica, fundamental para formar parte de un consejo de administración
como Petróleos Mexicanos. ¿Experiencia en qué, en planeación estratégica, en
desarrollo de nuevos mercados, en comercio exterior, en fin, en expansión, en nivel de
inversiones qué sé yo.
Finalmente, yo creo que las primeras partes de lo que ustedes han dicho, algo, nosotros
les damos la razón, tiene que ser materia de una nueva discusión, entonces que se vuelva
a hacer la ley o que se vuelva a revisar el Reglamento, si pueden o no ser miembros, pero
a como está escrito en el texto que está vigente y al cual debemos de ceñirnos, los
nombramientos son legales.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Héctor González
Reza.
Quiero recordar que este tema se está abordando en esta Asamblea como resultado de la
presentación de una proposición con punto de acuerdo que ya fue turnada a comisiones.
Será en las comisiones en donde se pueda profundizar en el conocimiento del tema y en la
argumentación pertinente a efecto de que si por mayoría o por consenso en estas
comisiones, la de Gobernación y la de Energía hacen un planteamiento a la Asamblea, se
volverá a discutir el tema en la Asamblea. De forma tal que yo quisiera rogarles, que en
consideración...
|
El diputado Efrén
Nicolás Leyva Acevedo (desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra para
contestar alusiones personales.
Sí, tiene usted derecho porque fue
aludido en la intervención anterior y entonces le concedo el uso de la palabra para
contestar alusiones personales, pero todo lo que estaba diciendo es válido, esto se
seguirá discutiendo en las comisiones y posteriormente volverá al pleno.
|
El
diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo: |
Señor Presidente; compañeros
diputados:
Quise pasar porque cuando yo dije que iba bien, que casi iba bien, me refería a esa
expresión que dijo, señor diputado, con todo respeto porque podemos ser adversarios pero
no enemigos de ninguna manera, que iba bien porque dijo usted que casi ratificaron al
director del Infonavit cuando lo hicieron director del Fovissste. Yo creo que lo corrieron
del Infonavit y le dieron una chamba en el Fovissste, que es diferente. Entonces ahí no
hay casi ratificación, hubo un pago por ahí, entonces a eso me refería en esa
expresión.
1688, 1689, 1690
La otra que quiero yo ser muy light, dijera mi
amigo Auldarico, es de que efectivamente la propuesta nuestra es de que revisemos nosotros
que efectivamente tiene bajo su responsabilidad el Presidente de la República, como lo
marca la Constitución incluso, no nada más la reglamentación, la posibilidad de nombrar
a quien se le antoje. Lo que estamos nosotros expresando es que lejos de haberse cumplido
esta reglamentación, lo que a nosotros nos parece es que está cumpliendo los compromisos
de campaña que hizo. Bueno, una opinión que vamos a expresar y la vamos a decir aquí y
en otros lados y de que está pagando esos compromisos que había hecho en campaña.
Y lo que a nosotros nos parece también adecuado es que esto se vaya y se dirima en
comisiones para que complementemos no tan sólo en una discusión aquí en la tribuna y
que nos estén viendo nuestros compañeros que están en este salón y los que nos ven a
través de los medios electrónicos de comunicación, sino que dirimamos esto más
ampliamente, no que solamente vengamos aquí a decir cuál es nuestra verdad o nuestro
punto de vista de cada una de las fracciones parlamentarias, que siempre tendremos
diversas.
Ustedes hoy son gobierno y tienen que defender el gobierno, ustedes son gobierno y están
defendiendo una posición de gobierno; nosotros creemos que se debieron haber cuidado las
formas y nombrar a esas personas efectivamente para que asesoraran la gran y vasta
experiencia que tienen como empresarios exitosos, pero no como miembros del consejo de
administración.
Nuestra opinión fue manifiesta en la Comisión Permanente, por eso la compañera diputada
Rosario Tapia le pedía al señor Presidente de la mesa directiva, que también fue
Presidente de la Comisión Permanente, el trámite que se le había dado y, la molestia
grave de esta intervención, sin duda compartida por nosotros, es la omisión que sentimos
hace el Ejecutivo de una demanda clara, precisa, concreta, del Legislativo.
Esa es precisamente la intención a la que se había subido la compañera y a la que
nosotros abonamos nuestro carácter de diputados también que exigimos el respeto de los
poderes del uno al otro. Pero a lo que vamos a final de cuentas, y con esto concluyo,
señor Presidente, de que en las comisiones tenemos que dirimir y hacer una propuesta
concreta al pleno.
Vayamos clarificando las acciones para que no queden dudas, vayamos llegando al fondo del
asunto. Si es necesario hacer una modificación a la ley, hagámosla, hagámosla de tal
suerte que quede transparente y que no haya dudas.
Todos los representantes del sector privado se dan efectivamente como en el Infonavit, que
hay desde los concamines y conca quién sabe qué, que hay patronal, como lo hay en el
Seguro Social, pero esa figura no estaba vista en la Ley de Petróleos Mexicanos, sin
embargo si es prudente, si ayuda, si fortalece, si consolida las acciones, hagámosla.
Creo que no hay mayor problema, estamos abiertos todos a que ahí hagamos las leyes, que
se transparente las acciones y que no hagamos cosas buenas que parezcan malas ni cosas
malas que parezcan buenas.
Muchas gracias.
Gracias, diputado Efrén Leyva.
Esta Presidencia...
|
La diputada María del
Rosario Tapia Medina (desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Me permite, diputada Rosario Tapia, un
momento? Fue usted aludida y en ese sentido le ofreceré el uso de la palabra.
Estamos ya sobre el tiempo reglamentario de la sesión, pero esta Presidencia no puede
dejar pasar una sombra de duda sobre la tramitación que haya hecho la directiva de la
Comisión Permanente, que recayó también ese honor en mi persona y quiero rogarle a la
Secretaria dé lectura a los oficios mediante los cuales se dio cumplimiento al acuerdo de
la Comisión Permanente y a un oficio también que fue remitido por el Ejecutivo en
relación al mismo.
|
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Sí, señor Presidente.
Un oficio de fecha 28 de febrero de 2001, dirigido al licenciado Santiago Creel Miranda,
secretario de Gobernación.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión considera que los
nombramientos hechos por el Presidente de la República a favor de cuatro empresarios
mexicanos para integrar el consejo de administración de Pemex, son a todas luces
contrarios al texto y espíritu de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General
de la República y violatarios del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Segundo. Por lo anterior se estima pertinente proceder a la reconsideración de dichos
nombramientos por parte del propio Presidente de la República a efecto de hacer nuevos
nombramientos con estricto apego a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica
de la empresa paraestatal de referencia.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión vería con
beneplácito la conformación de un cuerpo técnico de consejeros de Petróleos Mexicanos,
nombrados por el Presidente de la República, conformado por connotados empresarios, profe
sionistas y técnicos que coadyuven al mejor desempeño y a la acción moderna más eficaz
y racional de esta empresa pública de la nación.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: esta Presidencia expresa que la Comisión
Permanente está legitimada para emitir esta declaratoria que contiene recomendaciones al
Eje cutivo. Por lo tanto, comuníquense los puntos resolutivos al Poder Ejecutivo.
Y firman, el diputado Ricardo García Cervantes, como Presidente y el senador Héctor
Astudillo Flores, como secretario.
Ciudadana Secretaria, le ruego dé
cuenta del sello de recibido que está en la parte superior.
|
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Sí, señor Presidente. Tiene fecha de
acuse 1o. de marzo del 2001.
Hay un oficio que se nos remite como
copia del interesado que también le ruego dé lectura.
|
La
secretaria Alma Carolina Viggiano
Austria: |
Sí, es un oficio que remite la
Dirección General de Gobierno, con fecha 1o. de marzo del 2001.
Licenciado Juan de Dios Castro Lozano, consejero jurídico del Ejecutivo Federal.
Con el presente le acompaño copia del oficio número DGPL582-5254 suscrito por los
ciudadanos Presidente y Secretario de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, por el que comunican el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 28 de
febrero próximo pasado, en relación a los nombramientos de cuatro empresarios mexicanos
hechos por el Presidente de la República, para integrar el consejo de administración de
Pemex.
Por lo anterior, le acompaño copia del acuerdo de referencia solicitándole de la manera
más respetuosa, hacerlo del conocimiento del Presidente de la República y firma el
director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.
Está a su disposición el expediente
original por si algún diputado quiere consultarlo.
Muchas gracias, señora Secretaria.
Tiene el uso de la palabra la diputada Rosario
Tapia, hasta por cinco minutos, para contestar alusiones personales,
|
La
diputada María del Rosario Tapia Medina: |
Bueno, en primer término me gusta
reconocer públicamente mis errores y quiero decirle al diputado Héctor que tiene toda la
razón en cuanto a los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y
que realmente la referencia que yo equivoqué fue la relacionada al artículo 17 del
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales en donde refiere cómo se integran
los consejos de administración y en donde habla precisamente de quién encabeza dicho
organismo, los secretarios de Estado que deben participar, la representación posible del
sector social o privado. Entonces no me cabe la menor duda en que hubo un error, diputado.
Sin embargo considero que esto no resuelve el fondo del debate. Yo creo que finalmente el
tema central que vamos a tener que discutir en comisiones y aquí es el asunto de quiénes
son representantes del Estado. Ese es el punto para mí fundamental, yo no puedo ni
siquiera pensar ni estar de acuerdo de manera inmediata en que si aquí por el Congreso de
la Unión pasan cuatro personas y el Ejecutivo Federal dice "éstos me gustan porque
tienen capacidad de experiencia y son maravillosos", son representantes del Estado
ante un órgano tan importante como es una empresa como Petróleos Mexicanos. Eso es lo
que vamos a tener que discutir.
Y por otra parte quiero aclarar que de mi parte nunca hubo duda en cuanto a que nuestro
Presidente de la mesa directiva en la Comisión Permanente, el compañero Ricardo García
Cervantes, hubiera enviado ese comunicado al Ejecutivo Federal.
Lo que sí agradezco es que ya no se leyeran más oficios, porque a ese paso de intentar
enviárselo al presidente Fox, se le mandan al secretario Creel y luego se le envían al
director de gobierno, más oficios nos hubieran llevado al secretario del secretario del
secretario de la Presidencia.
Entonces yo espero e insisto una respuesta de Fox, una respuesta de Creel, una respuesta
del jurídico de la Presidencia, pero que le digan a este Legislativo cuáles son las
bases jurídicas, legales, para sustentar estos nombramientos.
Gracias, señor Presidente.
Gracias, diputada Rosario Tapia Medina.
Hemos agotado el tiempo reglamentario de esta sesión, también se han agotado los
oradores sobre este tema e incorporaremos en el orden del día de la próxima sesión los
temas que como proposiciones con punto de acuerdo y agenda política quedaron pendientes
de la presente sesión.
Ruego a la Secretaría dé cuenta con el proyecto de orden del día de la próxima
sesión.
ORDEN DEL DIA
|
El
secretario José Manuel Medellín Milán: |
Desde luego, señor Presidente.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.Primer Año.LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 19 de abril de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de: Durango, Jalisco y San Luis Potosí.
De la Asamblea legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.
Del Congreso del Estado de Coahuila, en relación a las reformas al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativas de diputados
De reformas al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a cargo del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Oficios de la Secretaría de
Gobernación
Con el que remite comunicación del Congreso
del Estado de Durango repecto a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
CLAUSURA
Y CITATORIO
|
El
Presidente (a las 15:58 horas): |
Muchas gracias, señor Secretario
diputado Medellín.
Se levanta la ssión y se cita para la
próxima que tendrá lugr el próximo jueves 19 de abril a las 11:00 horas.
1691, 1692, 1693
RESUMEN
DE TRABAJOS
*Tiempo de duración: 4 horas 17 minutos.
*Quorum a la apertura de sesión: 400 diputados.
*Asistencia al cierre de registro: 454.
*Minuto de silencio: 1.
*Puntos de acuerdo aprobados: 2.
*Proposiciones de puntos de acuerdo: 2.
*Efemérides: 1.
*Oradores en tribuna: 21
PRI-6; PAN-4; PRD-8; PVEM-1; PT-1; CDPPN-1.
Se recibió:
*1 comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo;
*3 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política;
*1 iniciativa del PRD;
*1 iniciativa del Ejecutivo;
*1 minuta;
*1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional
necesario para que nueve ciudadanos, puedan prestar servicios en representaciones
diplomáticas;
*2 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remiten minutas proyectos de decreto
que conceden permisos a seis ciudadanos, para que puedan aceptar y usar las
condecoraciones que les confieren los gobiernos extranjeros.
Se aprobó:
*2 dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de
decreto que conceden permisos a 21 ciudadanos, para aceptar y usar las condecoraciones que
les confieren gobiernos extranjeros;
*1 dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el
artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, respecto a aumento de pensiones a trabajadores jubilados.
DIPUTADOS
QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)
Diputado
*Aguilar Solís, Samuel (PRI) |
Tema
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
dictamen de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma el
artículo 57 de dicha ley, respecto a aumento de pensiones a trabajadores jubilados. A
discusión, fundamenta la postura de su respectivo grupo parlamentario . |
| Cruz Morales, Maricruz (PRI) |
Sor Juana Inés de la Cruz,
efemérides del CCCVI aniversario luctuoso de la Décima Musa. |
| Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN) |
Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictamen de la Comisión de Seguridad
Social con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de dicha ley, respecto a
aumento de pensiones a trabajadores jubilados. A discusión, fundamenta la postura de su
respectivo grupo parlamentario. |
| Galván Antillón, María Eugenia
(PAN) |
Diputado José Mario Rodríguez
Alvarez presenta semblanza en homenaje al diputado chihuahuense, fallecido el día 16 de
abril. |
| García Suárez, María Miroslava
(PRD) |
Plan Nacional de Desarrollo 20012006
respecto a proposición con punto de acuerdo presentado, para que el Ejecutivo envíe a la
Cámara de Diputados el anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y para que
comparezca a exponerlo el Secretario de Gobernación. |
| *González Reza, Héctor (PAN) en dos
ocasiones |
Pemex, sobre el consejo de
administración de Petróleos Mexicanos. |
| *Graniel Campos, Adela del Carmen
(PRD) |
Ley para la Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa de reformas a diversas
disposiciones de dicha ley, respecto al trabajo infantil y los sistemas de seguridad
social que atiendan a este sector. |
1694, 1695, 1696
Diputado
*Hernández Estrada, Lorenzo Rafael (PRD)
|
Tema
Plan Nacional de Desarrollo 20012006, proposición con punto de acuerdo para que el
Ejecutivo envíe a la Cámara de Diputados el anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006 y para que comparezca a exponerlo el Secretario de Gobernación. |
| *Leyva Acevedo, Efrén Nicolás (PRI)
en dos ocasiones |
Pemex, sobre el consejo de
administración de Petróleos Mexicanos. |
*Martínez Nava, Juan Manuel (PRI)
|
Pemex, sobre el consejo de
administración de Petróleos Mexicanos. |
| Moctezuma Lule, María Cristina (PVEM) |
Sor Juana Inés de la Cruz,
efemérides del CCCVI aniversario luctuoso de la Décima Musa. |
Montero Esquivel, Cuauhtémoc
Rafael (PRD)
|
Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictamen de la Comisión de Seguridad
Social con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de dicha ley, respecto a
aumento de pensiones a trabajadores jubilados. Fundamenta el dictamen a nombre de la
comisión. |
| Peredo Aguilar, Rosalía (PT) |
Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictamen de la Comisión de Seguridad
Social con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de dicha ley, respecto a
aumento de pensiones a trabajadores jubilados. A discusión, fundamenta la postura de su
respectivo grupo parlamentario.
|
| *Rivera Cabello, José María (PAN) |
Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictamen de la Comisión de Seguridad
Social con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de dicha ley, respecto a
aumento de pensiones a trabajadores jubilados. A discusión, fundamenta la postura de su
respectivo grupo parlamentario. |
Diputado
*Rosaldo Salazar, Pedro Miguel (PRD) |
Tema
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
dictamen de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma el
artículo 57 de dicha ley, respecto a aumento de pensiones a trabajadores jubilados. A
discusión, fundamenta la postura de su respectivo grupo parlamentario. |
*Soberanis González, José del
Carmen (PRI) |
Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictamen de la Comisión de Seguridad
Social con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de dicha ley, respecto a
aumento de pensiones a trabajadores jubilados. A discusión, fundamenta la postura de su
respectivo grupo parlamentario.
|
| *Tapia Medina, María del Rosario
(PRD) en tres ocasiones |
Pemex, proposición con punto de
acuerdo, sobre el consejo de administración de Petróleos Mexicanos. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
| Afore |
Administradora de fondos para el
retiro |
| Aserca |
Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria |
| Banrural |
Banco Nacional de Crédito Rural,
Sociedad Nacional de Crédito |
| CFE |
Comisión Federal Electoral |
| Coparmex |
Confederación Patronal de la
República Mexicana |
| D.F. |
Distrito Federal |
| Fovissste |
Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado |
| FSTSE |
Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado |
| IMSS |
Instituto Mexicano del Seguro Social |
| INEGI |
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática |
| Infonavit |
Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores |
| ISSFAM |
Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas |
| ISSSTE |
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado |
| OIT |
Organización Internacional del
Trabajo |
| PAN |
Partido Acción Nacional |
| Pemex |
Petróleos Mexicanos |
| PRD |
Partido de la Revolución Democrática |
| PRI |
Partido Revolucionario Institucional |
| Procampo |
Programa de Apoyos Directos al Campo |
| PVEM |
Partido Verde Ecologista de México |
| S.A. de C.V. |
Sociedad Anónima de Capital Variable |
| Sagarpa |
Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
| SIDA |
Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida |
| SNC |
Sociedad Nacional de Crédito |
| UNICEF |
Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (por las siglas en inglés) |
| VTC |
Virus de la tristeza de los cítricos |
1697, 1698
|