DIARIO de los DEBATES
ORGANO
OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Héctor de Antuñano y Lora t |
PRESIDENTE |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
AÑO II México, D.F., Miércoles 16 de Enero de 2002 No.5 |
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Para referirse al mismo tema, se concede la palabra a los legisladores: |
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Año lI No.5 COMISIÓN PERMANENTE ENERO 16, 2002 |
II. El precepto constitucional que establece la ratificación de los empleados superiores de Hacienda, tiene su antecedente en la Constitución Federal de 1824 y persigue como finalidad, asegurar que la recaudación, la custodia y el destino del erario público se realicen con eficiencia, eficacia y honradez, como lo ordena el primer párrafo del artículo 134 de la Ley Fundamental de la República. III. El artículo 79 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que los vocales tendrán el carácter de servidores públicos y serán considerados como empleados superiores de Hacienda y no podrán durante su encargo, aceptar o ejercer ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados. IV. Del análisis cuidadoso de los documentos que acompañan al expediente que nos ocupa, se obtienen elementos suficientes de juicio para realizar una valoración sobre la capacidad y experiencia administrativa y profesional, del ciudadano González Aréchiga, además, sobre el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En tal virtud y con objeto de estar en condiciones de emitir una resolución suficientemente fundada y motivada, los integrantes de la comisión que suscribe, en cumplimiento del artículo 3o. del acuerdo emitido por el Senado de la República de fecha 7 de diciembre de 1987, citamos al ciudadano Bernardo González Aréchiga Wiella, a una entrevista que tuvo verificativo el día de 9 de enero del año en curso y en la que, además de constatar la documentación contenida en el expediente base del presente dictamen, intercambiamos puntos de vista con el funcionario nombrado sobre su formación y trayectoria profesional, así como sobre funciones. V. Para ilustrar a esta Comisión Permanente se hace del conocimiento la siguiente síntesis curricular del ciudadano Bernardo González Aréchiga Ramírez Wiella: Es mexicano por nacimiento, nació en la Ciudad de México, el 27 de junio de 1957, por lo que a la fecha cuenta con 44 años de edad, encontrándose en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. El ciudadano Bernardo González Aréchiga Ramírez Wiella obtuvo el título de licenciado en Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la maestría en Economía en la Universidad de Essex, Inglaterra y el doctorado en la especialidad de Desarrollo Económico en la Universidad del Sur de California. El ciudadano González Aréchiga, cuenta con una amplia experiencia profesional en cuestión de administración de empresas privadas, como docente en diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas y en los mercados bursátiles del país. Es de destacar que fungió en diversos niveles de dirección en la Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V. y actualmente es el coordinador de la oficina de la Presidencia de la República para las políticas públicas. En virtud de lo anteriormente expuesto y en razón de que el ciudadano Bernardo González Aréchiga Ramírez Wiella posee la capacidad profesional necesaria para el desempeño del cargo que se le ha conferido, que acreditó un conocimiento puntual de las actividades a desarrollar en su próxima encomienda y que cumplió con los requisitos que establece el artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Con fundamento en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Bernardo González Aréchiga Ramírez Wiella, como vocal de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para el periodo que comprende del 1o. de enero del año 2002 al 31 de diciembre de 2005. Salón Verde de la Cámara de Diputados.— México, D.F., a 16 de enero de 2002.— Diputados: Efrén Leyva Acevedo, presidente, Miroslava García Suárez, secretaria; senador César Camacho Quiroz, secretario; J. Camilo Mouriño Terrazo, secretario; senadores: José Antonio Aguilar Bodegas, Miguel Angel Navarro Quimero, Fauzi Hamdan Amad, Francisco Fraile García, Gerardo Buganza Salmerón, Francisco Fernández de Cevallos; diputados: Roberto Ruiz Angeles, Manuel Sepúlveda Fayad, Manuel Medellín Milán, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jaime Salazar Silva, Hebert Taylor Arthur y Juan Carlos Regis Adame.» El Presidente: A esta Presidencia no se han inscrito oradores, por lo que no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica y rogándole a la Secretaría haga un conteo preciso de los votos porque en este dictamen se requiere mayoría calificada, pregunte a los legisladores su votación. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Los legisladores que estén por la negativa... El Presidente: Ciudadana Secretaria: le ruego atienda la instrucción que le he manifestado, haciendo un conteo preciso de las legisladoras y legisladores; que se pongan de pie, por favor. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Con mucho gusto, señor Presidente. Señores legisladores, poniéndose de pie, pregunto a los señores legisladores que estén por afirmativa, sírvanse manifestarlo de esa manera... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... (Votación.) Señor Presidente: 34 votos a favor y tres votos en contra. El Presidente: Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo por mayoría calificada. Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Bernardo González Aréchiga Ramírez Wiella, cuyo nombramiento como vocal de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para el periodo comprendido del 1o. de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2005, acaba de ser aprobado por esta Asamblea. Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: Miguel Angel Navarro Quintero, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Jaime Salazar Silva y Fauzi Hamdan Amad. (La comisión cumple con su encargo.) La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Se ruega a los presentes ponerse de pie. El Presidente: Ciudadano Bernardo González Aréchiga Ramírez Wiella: "¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vocal de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?". El ciudadano Bernardo González Aréchiga Ramírez Wiella: Sí, protesto. El Presidente: Si así no lo hiciera, la nación se lo demande. Se ruega a la comisión designada acompañar al señor vocal, cuando desee retirarse. ¡Felicidades! La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Carlos Virgilio Ferrer Argote, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Argelia Democrática Popular, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Ferrer Argote, consta que nació en la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1940. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. En su curriculum vitae se establece que realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Panamá y en El Colegio de México, donde obtuvo la licenciatura en relaciones internacionales. Posteriormente obtuvo un postgrado en la Brown University de Providence, en el estado norteamericano de RI, con el tema "Instituciones y Procesos Políticos en Estados Unidos". Es miembro de carrera del servicio exterior mexicano desde febrero de 1964, al cual ingresó con categoría de vicecónsul. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado adscrito en las direcciones generales de organismos internacionales; del servicio consular; del servicio diplomático y en la de archivo biblioteca y publicaciones. En el exterior ha estado comisionado en la Embajada de México en Jamaica, en Bolivia, en Cuba y Ghana, donde fungió como encargado de negocios. a. i. Ha sido titular del consulado de México en Sacramento, California, de la Embajada de México en Bolivia y hasta la fecha en Haití. En acatamiento del acuerdo tomado por la Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano Ferrer Argote, a una reunión en donde se conversó sobre sus experiencias en su más reciente posición, acerca de la política exterior mexicana, el nuevo orden internacional, los fundamentalismos, la lucha contra el terrorismo, el papel de los países del Zagreb en el norte de Africa, el de Argelia en particular y la relación bilateral de esta nación con México El embajador designado inició su exposición ante los miembros de la Segunda Comisión refiriéndose a dos factores que debilitaron la presencia política de Argelia en el entorno mundial, por un lado la desaparición de la Unión Soviética que debilitó al Movimiento de los Países no Alineados y al Grupo de los 77 (todos en vías de desarrollo o del llamado "Tercer Mundo") por otro lado, el terrorismo interno en esa nación que la fue aislando internacionalmente obligándola a mantener un bajo perfil en sus relaciones con el exterior. El arribo de un gobierno moderado, su nueva presencia en el Maghreb, su riqueza de hidrocarburos que lo convierten en una pieza clave en el aprovisionamiento de gas a los países mediterráneos de la Unión Europea, en cuyo nuevo esquema de desregulación Argelia participará el producir energía eléctrica en ese continente a base de gas con plantas propias, lo ha vuelto a poner en la agenda de los intereses económicos de las grandes potencias. Su importante maquinaria militar la convierte en uno de los polos estratégicos del Mediterráneo y, consecuentemente, en un factor clave en los nuevos esquemas de mantenimiento regional de la paz. El embajador designado hizo una breve reseña de la relación bilateral comentando que la única visita de un jefe de Estado mexicano se llevó a cabo en 1975. Agregó que el diálogo y los contactos personales son fundamentales para estrechar las relaciones y que por ello buscará organizar una visita de Estado del presidente Fox a esa nación o de su homólogo Bouteflika a la nuestra. Reconoció, sin embargo, que en su origen, las relaciones de México con Argelia tuvieron para nuestro país un objetivo esencialmente político, representaban un acto de independencia en política exterior y que ahora son los vínculos económico comerciales los que pueden activar esa relación, aunque no descartó otros factores como el que ambas economías dependan en gran porcentaje de sus exportaciones de petróleo, reforzada por la participación de Argelia en la OPEP y su posición contraria a la sobreoferta de hidrocarburos que ha sustentado México como productor independiente 109,110,111 El diplomático mexicano no descarta sin embargo la necesidad de revitalizar el diálogo político entre ambos gobiernos. Argelia juega un papel muy interesante y diversificado en su relación regional. En los grupos africano y árabe ha mantenido una posición protagónica, así como entre los países musulmanes, Argelia puede ser un puente para difundir nuestros puntos de vista y retroalimentarlos sobre el sentir de Africa respecto a la complicada problemática del nuevo orden internacional En mayo de 2001 una misión comercial mexicana visitó Argelia, ahí se manifestó el interés en diversos rubros como maquinaria pesada para carreteras, textiles y semillas mejoradas para pasto. En octubre del mismo año, tres empresarios argelinos de la mayor importancia en su país estuvieron en México y firmaron contratos con la empresa mexicana Plastinak para producir plásticos en Argelia, también se concretó la importación de azúcar, crudo mexicano y se exploró asociar al Metro de la Ciudad de México en la construcción del metro de Argelia. El problema, añadió el embajador designado, es el escaso comercio bilateral agravándose porque es deficitario para México y muchas veces se triangula vía España. Cabe señalar que en los foros multilaterales hubo frecuentes coincidencias, y las candidaturas mexicanas han recibido el apoyo constante de ese país. En el aspecto educativo, es importante resaltar que el programa de becas mexicanas se ha subaprovechado por las dificultades por conseguir candidatos que dominen suficientemente el idioma español o mexicanos con dominio del idioma árabe. En promoción turística, ambos países participan e intercambian experiencias en las sesiones de la Organización Mundial de Turismo. En cuanto al intercambio de cooperación técnica y científica se encuentra vigente un acuerdo que establece la Comisión Mixta Intergubernamental MexicanoArgelina para la Cooperación Económica, Comercial, Científica y Tecnológica y, por motivos ajenos a la voluntad de ambas partes no se han reunido a la fecha. En este sentido, uno de los principales objetivos del señor Ferrer Argote, expuesto en su Programa de Trabajo, será reactivarla. El embajador designado propuso que se amplíen las relaciones interparlamentarias señalando que el Poder Legislativo está integrado por dos cámaras plurales: la Asamblea Popular Nacional, que se compone desde 1997 de 380 diputados electos por sufragio universal por un periodo de cuatro años y el consejo de la nación o Senado, que se compone de 144 miembros, un tercio de los cuales son designados por el presidente de la República y los dos tercios restantes por voto indirecto. El embajador de México deberá mantener una relación cercana con los medios para difundir y promover la imagen de nuestro país, además en el terreno cultural lograr que la presencia e imagen de México refleje la riqueza histórica y plural de la sociedad mexicana. Dicha reunión tuvo verificativo en el salón "Cristales" del edificio de la Cámara de Diputados y en la misma, los legisladores que integramos esta comisión que dictamina, conversamos sobre los citados temas con el embajador designado, pudiendo comprobar por este medio y por el programa de trabajo que presentó, el grado de conocimientos que tiene sobre los temas internacionales, así como la preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. En particular, le reconocemos su trayectoria en el servicio exterior mexicano. Dentro de los cuestionamientos hechos por los ciudadanos legisladores se le plantearon preguntas sobre su cargo anterior como embajador en Haití y el fenómeno de democratización experimentado desde las elecciones de 1988 en que ganó el actual presidente Aristide. El embajador Ferrer habló ampliamente sobre el país donde estuvo acreditado haciendo consideraciones sobre el futuro de la democracia en ese país y el diputado Ildefonso Guajardo puso énfasis en la acción del Consejo de Seguridad y de la Organización de Estados Americanos en Haití durante y posterior al proceso electoral. Con base en la documentación remitida por la cancillería y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe, hemos podido constatar que el ciudadano Ferrer Argote posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Argelia Democrática Popular. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Carlos Virgilio Ferrer Argote, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Argelia Democrática y Popular. Sala de comisiones de la Comisión Permanente.— México, D.F., a 15 de enero de 2002.— Segunda Comisión de Trabajo.— Senadores: José Natividad González Parás, presidente; Juan José Rodríguez Prats, secretario; diputado: Alfredo Ochoa Toledo, secretario; senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Armando Chavarría Barrera, Jesús Galván Muñoz, Sara Isabel Cortés; diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.» El Presidente: Está a discusión el dictamen con punto de acuerdo. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo. El Presidente: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Carlos Virgilio Ferrer Argote, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Argelia Democrática y Popular, acaba de ser aprobado por esta Asamblea. Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: Ernesto Gil Elorduy, Jorge Nordhausen González, José Alfredo Botello Montes, Elías Miguel Moreno Brizuela y Juan Carlos Regis Adame. (La comisión cumple con su encargo.) La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: Se ruega a los presentes ponerse de pie. El Presidente: Ciudadano Carlos Virgilio Ferrer Argote: "¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Argelia Democrática y Popular que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?". El ciudadano Carlos Virgilio Ferrer Argote: Sí, protesto. El Presidente: Si así no lo hiciera, la nación se lo demande. ¡Muchas felicidades! Se ruega a la comisión designada acompañar al señor embajador cuando desee retirarse. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor de la ciudadana Anacelia Pérez Charles, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Haití, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la ciudadana Pérez Charles, consta que nació en Ciudad Ramírez, Tamaulipas el 1o. de noviembre de 1947. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Los integrantes de la comisión dictaminadora queremos señalar que la embajadora designada es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano al cual ingresó mediante concurso público en 1972 con la categoría de vicecónsul . Los integrantes de la comisión dictaminadora al analizar su expediente encontramos que dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado adscrita en las direcciones generales para Europa Occidental, como jefe de departamento y en la de América Latina y el Caribe como directora de área. En el exterior, ha estado adscrita en la delegación permanente ante las Naciones Unidas como encargada de asuntos multilaterales ocupando diversas posiciones en nuestras embajadas: en la de México en Canadá fungió como encargada de asuntos políticos y de la sección consular; en la de México en Japón se responsabilizó de los asuntos políticos, y en la representación mexicana en la entonces República Democrática de Alemania como jefe de Cancillería. Ha sido titular en los consulados de México en Hamburgo y en Salt Lake City, Estados Unidos de América de 1995 a la fecha. En acatamiento del acuerdo tomado por la Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó a la ciudadana Pérez Charles donde se conversó sobre la política exterior mexicana, la circunstancia internacional en que se desenvuelve la región del Caribe y principalmente sobre la situación política y social con la República de Haití y la relación bilateral de nuestro país con ésta. Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta comisión que dictamina, conversamos sobre aquellos temas con la embajadora designada, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. El Caribe es la tercera frontera natural de México y representa para nuestro país una zona prioritaria de seguridad nacional. La embajadora designada expuso que hay desconfianza en la región al crearse la percepción de que México sólo recurre a los países caribeños cuando necesita de su apoyo en los foros internacionales o regionales. El ingreso de México al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el apoyo de Haití y la mayoría de los países caribeños, incluso en contra de la candidatura dominicana, comprueba lo anterior pero aumenta la importancia de una nueva estrategia gubernamental mexicana más activa hacia esa zona del Caribe anglófono y francófono. Los miembros de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión comentamos que cualquier evaluación de los resultados de la relación bilateral con Haití en el pasado reciente y hacia el futuro tendría que contemplar el costobeneficio de tipo político y económico, la inestabilidad política interna de esa nación desde la caída de la dictadura que presagiaba otro futuro más favorable para el país, pero sobre todo el hecho de que ocupe el último lugar en ingreso percapita en el continente y un gran porcentaje de su población se encuentre en condiciones de extrema pobreza. La embajadora Pérez Charles afirma que en los últimos años, el interés de ambos gobiernos por estrechar sus relaciones se ha traducido en la programación de diversas acciones comerciales y culturales bilaterales, que podrían concretarse en el futuro próximo, una vez que la situación interna en Haití así lo permita, poniendo énfasis en que los gobiernos de Haití se han caracterizado durante sus casi dos siglos de vida independiente entre periodos de desorden, violencia, terror y guerras civiles. Esta situación política ha llevado a las organizaciones internacionales a prestar asistencia a este país, a solicitud del propio gobierno, convirtiéndose ésta en dependencia de las contribuciones europeas o norteamericanas o de planes extraterritoriales debido a la carencia de un gobierno que incluya los intereses de las diversas fracciones políticas haitianas. 112,113,114 Las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el recientemente creado "Grupo de Amigos de Haití", del que México forma parte, han buscado un acercamiento entre diversos sectores del Gobierno y de la oposición, así como con otros sectores de la sociedad civil para darle legitimidad a las autoridades gubernamentales y estabilidad a la nación caribeña. La embajadora designada señaló que de ser ratificada por esta soberanía, se propondría continuar apoyando los esfuerzos que México realiza conjuntamente con la ONU, la OEA y el Caricom para coadyuvar en la solución de la crisis política de Haití y fortalecer los valores de la democracia y los derechos humanos; promover proyectos de desarrollo en el marco del Acuerdo de San José, en el que se incluyó a Haití nuevamente como país beneficiario a partir de 1997. Para ello mantendrá un diálogo constante con las fuerzas políticas de Haití y con los líderes de opinión; promoverá la participación de Haití en la Conferencia del Caribe sobre delimitación marítima que es de vital importancia para México y cuyo comité preparatorio se reunirá en México del 28 de enero al 1o. de febrero de 2002. Alentará el apoyo de Haití para la candidatura del doctor Jaime Sepúlveda, para la Dirección de la Organización Panamericana de la Salud. Haití es ejemplo de cómo México puede actuar en los foros multilaterales para consolidar la situación democrática a la que aspira Haití. En el plano comercial la diplomática mexicana se comprometió a buscar oportunidades de intercambio comercial, que hoy por hoy es insignificante, así como fomentar relaciones comerciales a través de la Cámara de Comercio MexicanoHaitiana. Como parte de su programa de trabajo, la ciudadana Pérez Charles comentó algunas inconformidades del gobierno haitiano por disposiciones migratorias mexicanas dictadas a partir de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, medidas de protección de nuestras fronteras que redujeron considerablemente la actividad consular en esa Embajada. Cabe mencionar que las secciones consulares de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá tienen la misma discreción que la de México en la documentación de nacionales haitianos. La embajadora habló extensamente sobre la situación política de Haití y el papel que México puede jugar, aunque reconoció que finalmente será el pueblo haitiano el que definirá su destino. Dentro de los cuestionamientos hechos por los ciudadanos legisladores destacó la pregunta del senador Juan José Rodríguez Prats, quién expresó su perplejidad por las aparentes contradicciones entre lo dicho por el embajador Ferrer respecto a su pesimismo sobre el apoyo que los organismos internacionales prestan a la consolidación de la democracia haitiana frente a la posición de la embajadora Pérez Charles. Esta manifestó sus coincidencias con su colega y lamentó no haberse explicado correctamente. En virtud de lo anterior y con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido constatar que la ciudadana Pérez Charles posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designada embajadora. Por lo anteriormente expuesto, los suscritos miembros de la comisión consideramos que la ciudadana Anacelia Pérez Charles, reúne en su persona cualidades para el buen ejercicio del cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República de Haití. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor de la ciudadana Anacelia Pérez Charles, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República de Haití. Sala de comisiones de la Comisión Permanente.— México, D.F., a 15 de enero de 2002.— Senador Natividad González Parás, presidente; senador Juan José Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario; senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Armando Chavarría Barrera, Jesús Galván Muñoz, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.» El Presidente: Ciudadana Secretaria, discúlpeme, en virtud de que se está repartiendo el presente dictamen, le solicito solamente dé lectura a los puntos resolutivos. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: PUNTO DE ACUERDO Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana Anacelia Pérez Charles, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República de Haití. Sala de comisiones de la Comisión Permanente.— México, D.F., a 15 de enero de 2002. Firman por la Segunda Comisión de Trabajo, el presidente senador José Natividad González Parás y los demás miembros de la propia comisión. No sé si quiera, señor Presidente, que dé lectura a todas las firmas. El Presidente: No es necesario. Muchas gracias. Está a discusión el dictamen con punto de acuerdo. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie... Los legisladores que estén por la negativa, favor de ponerse de pie... El Presidente: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo. Se encuentra a las puertas de este recinto, la ciudadana Anacelia Pérez Charles cuyo nombramiento como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Haití, acaba de ser aprobado por esta Asamblea. Para que la introduzcan a este salón y la acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Elías Miguel Moreno Brizuela y Miguel Angel Gutiérrez Machado. (La comisión cumple con su cometido.) La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Se solicita a los presentes ponerse de pie. El Presidente: Ciudadana Anacelia Pérez Charles: "¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Haití, que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?". La ciudadana Anacelia Pérez Charles: Sí, protesto. El Presidente: Si así no lo hiciera, la nación se lo demande. ¡Felicidades! Se ruega a la comisión designada, acompañar a la señora embajadora cuando desee retirarse del recinto. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Adolfo Miguel Aguilar Zinser, como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Aguilar Zinser, consta que nació en la Ciudad de México el 2 de diciembre de 1949. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. En su curriculum vitae se establece que realizó sus estudios de Licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Posteriormente obtuvo la maestría en Administración Pública, por la Universidad Harvard, Boston, Massachusetts. Los integrantes de la comisión dictaminadora queremos señalar que al analizar sus antecedentes profesionales podemos constatar que cuenta con experiencia en el ámbito académico internacional. Destaca su experiencia como catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad de Georgetown, Washington DC, en la Universidad Americana de esa Ciudad, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de California y en la Universidad de California en Berkley, asimismo es articulista en destacados medios nacionales e internacionales. Por otra parte, la comisión dictaminadora quiere señalar que el ciudadano Aguilar Zinser cuenta con experiencia en el servicio público habiéndose desempeñado como Jefe de Departamento de Informes Presidenciales de la Secretaría de la Presidencia; director del Instituto de Estudios del Tercer Mundo y miembro de la Comisión Presidencial de Organización del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo; coordinador de asuntos internacionales del equipo de transición del presidente electo Vicente Fox Quesada y consejero presidencial de seguridad nacional. Fue senador de la República y diputado federal. En acatamiento del acuerdo tomado por la Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuando por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano Aguilar Zinser, a una reunión en donde se conversó sobre su programa de trabajo y el papel que juega México actualmente dentro del sistema de Naciones Unidas. Los miembros de la comisión dictaminadora deseamos destacar que las circunstancias internacionales actuales muestran graves tensiones y conflictos regionales y una creciente amenaza a la paz y seguridad internacionales que exigirán de México firmeza en los principios, claridad en los objetivos y pulcritud en la estrategia de sus posiciones. Que es responsabilidad del Senado de la República y en sus recesos de la Comisión Permanente, el aprobar, en su caso, los nombramientos de embajadores hechos por el Ejecutivo Federal atendiendo a la idoneidad, legalidad y pertinencia del nombramiento. Estamos de acuerdo que en la exposición de motivos el señor Aguilar Zinser ponga especial énfasis en afirmar que "las prioridades históricas de México en las labores de la organización están vinculadas con la solución pacífica de controversias, la defensa del principio de la autodeterminación de los pueblos, la promoción del desarrollo económico y social y la codificación del derecho internacional... continuaré velando por el respeto inequívoco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, que son establecidos en la Constitución Política." Nuestro país concluye el embajador "puede y debe ser más activo y propositivo en los delicados ámbitos de la nueva agenda internacional en donde se disputan intereses globales, sin perder por ello la autonomía y sin comprometer nuestra identidad. Una nueva agenda global que incluya los intereses nacionales y la construcción de equilibrios en el exterior." Es preocupación de los miembros de la comisión que el documento no incluye el principio de no intervención. Los miembros de la Segunda Comisión señalamos que México fue un impulsor importante de las Naciones Unidas y que ha sido un actor decisivo en el proyecto de reformas a la carta de ese organismo buscando siempre adecuarla a las circunstancias que ha vivido el mundo durante las ultimas cinco décadas: algunas propuestas históricas de nuestro país como el alcance del derecho de veto, la inclusión de nuevos miembros al margen de posiciones ideológicas, la primacía de las decisiones de la ONU sobre las de cualquier órgano regional, la lucha por democratizar las decisiones de sus órganos, todas ellas dijeron, fueron propuestas respaldadas por la diplomacia mexicana 115,116,117 El embajador designado inició su exposición diciendo que el proceso de ratificación no es un trámite más sino que se integra a la representación de México ante el extranjero; que su tarea es institucional y que considera que dicha representación es para cumplir un mandato de Estado, en tanto que la política multilateral es una política. Reconoció que la trayectoria de la política exterior es un legado histórico en defensa de la soberanía y el interés nacional. Reiteró que el cambio político no modifica la naturaleza de la política exterior como una política de Estado, que por lo tanto no se puede disociar el papel del Ejecutivo con el del Legislativo en lo que a política exterior se refiere. Ante los miembros de la Segunda Comisión hizo mención de los propósitos del ingreso de México al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, argumentando que México quiere ser parte activa en la conformación del nuevo orden internacional, aclarando que la presencia de nuestro país y la contribución que puede hacer dentro del Consejo de Seguridad está, no en las operaciones militares, sino en sus habilidades para aplicar con imaginación instrumentos diplomáticos y políticos de solución pacífica a controversias. México, en su programa de trabajo, señaló que guiará su actuación en el Consejo de Seguridad bajo las siguientes líneas generales: Continuará velando por el respeto inequívoco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, que son establecidos en la Constitución Política. Privilegiará el diálogo y la negociación. Desempeñará un papel destacado y con ello fortalecerá la presencia de América Latina. Se esforzará por promover una mayor participación de los países no miembros del consejo en la solución de conflictos internacionales. Guiará sus acciones por los principios de democratización, transparencia, rendición de cuentas y apertura que deberían ser piedra angular del trabajo del consejo. Participará y dará seguimiento especial a las decisiones del comité contra el terrorismo creado por medio de la resolución 1373(2001) del propio consejo. Luchará porque se logre una mayor coordinación entre las acciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social. El señor Aguilar Zinser indicó a los miembros de la Segunda Comisión que sus tareas no se circunscribirán al Consejo de Seguridad tomando en consideración las acciones que como miembro del sistema de naciones unidas ha tenido México, en especial dentro de la Asamblea General. El ciudadano Aguilar Zinser abundó, que a corto plazo se abocará a apoyar la organización en México de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo que convoca las Naciones Unidas y que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey del 18 a 22 de marzo de 2002. El objetivo primordial es examinar el tema del desarrollo desde el punto de vista de su financiamiento y de manera integral en el contexto de la interdependencia y la globalización. En este asunto algunos miembros de la Segunda Comisión expresaron que el Congreso mexicano, a través del Senado, estará vinculado al resultado de la reunión paralela con legisladores de algunas de las naciones que participan en la conferencia. El embajador designado se refirió al interés del Gobierno en revitalizar el papel central del Consejo Económico y Social como entidad de orientación y coordinación de las numerosas y diversas tareas de los demás órganos de las Naciones Unidas Por lo que respecta a los temas de la nueva agenda internacional, Aguilar Zinser desglosó las estrategias y acciones para cada uno de ellos, en especial para derechos humanos, medio ambiente, grupos vulnerables, terrorismo. Este último tema fue motivo de especial atención durante la comparecencia. Sobre el tema dijo que la participación de México se dará en dos vertientes: Adopción de medidas a nivel interno que faciliten y garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en la materia. Tras la elaboración del informe de México, en cumplimiento de la resolución 1373(2001) que acordó el año pasado el Consejo de Seguridad, quedó claro que México cuenta con capacidad operativa y marco jurídico para hacer frente al terrorismo, pero que es necesario fortalecer algunas áreas, particularmente la legislativa, para lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales del país. La segunda vertiente sería la cooperación internacional para castigar su respaldo, financiamiento o impunidad siempre que se realicen con apego al derecho internacional. El embajador designado habló de los convenios internacionales multilaterales que han sido firmados y ratificados por México, se refirió a aquellos enviados recientemente al Senado relacionados con la materia de lucha contra el terrorismo como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el cual fue suscrito en septiembre de 2000, y el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. Los ciudadanos legisladores definieron las posiciones de su partido En voz del senador César Camacho, PRI, se le señaló que sus comentarios respecto a los principios de política exterior no coinciden con lo expresado por el titular del Poder Ejecutivo y de la Cancillería, se apuesta más a la unilateralidad y los cambios se ven como pérdida de rumbo. Planteó el dilema que se le presentaría al embajador entre actuar conforme a lo expresado en esta comparecencia y cumplir con las instrucciones de la Cancillería. Se congratuló de que el embajador designado haya aceptado la obligación de rendir cuentas al Congreso. La senadora Sara Castellanos, PVEM, dijo que esta representación es muy importante pues revive el debate sobre los principios de política exterior y la actuación de México en el Consejo de Seguridad. Señaló que el Gobierno no ha sabido jugar una política propia ni autónoma y que su partido hubiera preferido el nombramiento de un diplomático de carrera. Sus preocupaciones estuvieron en torno al medio ambiente como marco del desarrollo sustentable. En respuesta el señor Aguilar Zinser coincidió en lo importante que es actualmente la agenda del medio ambiente y agregó que muchos de sus temas, como el del agua, forman parte ahora también de asuntos de la seguridad nacional. El senador Elías Brizuela, PRD, señaló que su partido ve con buenos ojos ese nombramiento y que el perfil para el cargo es el de un político y que su partido nunca ha ido en contra de los nombramientos de embajadores. Sus cuestionamientos fueron en el sentido de cuál debe ser la relación con Estados Unidos y si no habría presiones para enviar tropas al exterior y cómo reaccionaría México. El embajador designado hizo una amplia explicación sobre cuál sería su actuación en el Consejo de Seguridad haciendo hincapié en que no sería proactiva ni estridente. Se comprometió a hacer un balance en dos años sobre la actuación de México en el consejo y señaló estar convencido de que la decisión de ingreso fue acertada y potencia a México en tareas que conciernen al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El diputado Ildefonso Guajardo, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que su partido siempre se ha opuesto al ingreso de México al Consejo de Seguridad y manifestó su preocupación por la incongruencia entre las acciones que el Ejecutivo demuestra entre lo que dice y lo que hace, sobre todo a la luz del principio de No Intervención. Concretamente demandó una respuesta respecto a lo que se pretende con la participación de México en el órgano de Naciones Unidas y solicitó hacer un balance periódico de la tarea que el embajador designado lleve a cabo en esa responsabilidad. Los legisladores priístas Ernesto Gil Elorduy y Manuel Medellín se refirieron, el primero a la seguridad nacional y el segundo a la no inclusión del principio de no intervención en el documento base que presentó a esta soberanía el embajador designado y si eso era una omisión o intención deliberada. El senador Gil Elorduy habló de los magros resultados en materia de seguridad señalando que los objetivos que se planteó el Consejo de Seguridad Nacional de contar con una nueva ley en la materia, de integrar el Consejo Nacional de Seguridad y de lograr una mejor coordinación de las instituciones en la materia no se lograron. Finalmente, el senador José Natividad González Parás, presidente de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, apuntó que la política exterior es un asunto de Estado y de dos poderes y que ambos tienen sus ámbitos de competencia. En el caso del Senado los que la Constitución le atribuye y en el del Ejecutivo la conducción. Es convicción de su partido que la entrada al Consejo de Seguridad es hoy más un riesgo que una oportunidad y que quien represente a México debe resolver cómo dilucidar el predicamento de respetar los principios de política exterior y llevar una buena relación con los Estados Unidos de América. Expresamente solicitó que en el dictamen se hiciera constar que el punto de acuerdo incluya: la ratificación del nombramiento; que se conmine al embajador designado a respetar puntualmente los principios de política exterior y que mientras éstos estén en la Constitución se cumplan y que se señale expresamente la importancia de enviar informes y comparecer ante el Senado cada vez que se le requiera, es decir, que haya una comunicación constante. Una vez concluida la comparecencia del licenciado Adolfo Aguilar Zinser se procedió a la discusión y votación del dictamen, habiéndose emitido la siguiente votación: seis abstenciones de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional; una abstención del Partido Verde Ecologista de México; tres votos a favor del Partido Acción Nacional y un voto a favor del Partido de la Revolución Democrática. Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe, resolvemos aprobar, como estricta expresión del ejercicio presidencial de hacerse representar personalmente ante la ONU y ante el Consejo de Seguridad con un nombramiento político y personal, la designación del ciudadano Adolfo Aguilar Zinser como representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas. Por lo anteriormente expuesto, los suscritos miembros de la comisión nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Adolfo Miguel Aguilar Zinser, como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Segundo. Se conmina al embajador designado ante las Naciones Unidas a ceñir su actuación conforme a los principios de política exterior contenidos en la Constitución. Tercero. Se exhorta al embajador designado a enviar informes periódicos y comparecer ante el Senado cada vez que se le requiera y a establecer un proceso de comunicación constante con el Poder Legislativo. Sala de comisiones de la Comisión Permanente.— México, D.F., a 15 de enero de 2002. — Senador Natividad González Parás, presidente; senador Juan José Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretario; senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Armando Chavarría Barrera, Miguel Moreno, Jesús Galván Muñoz, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.» El Presidente: Está a discusión el dictamen con punto de acuerdo. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba… El Presidente: Permítame señora Secretaria. ¿Si, señor legislador? El senador Miguel Sadot Sánchez
Carreño Señor Presidente, con fundamento en el artículo 148 del Reglamento, solicito que esta votación sea nominal. El Presidente: Por favor, señora Secretaria, tome la votación nominal del presente dictamen: La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: Adelante, diputado… (Votación.) Señor Presidente, se recibieron 18 votos a favor, un voto en contra y 17 abstenciones. 118,119,120 El Presidente: Comuníquese al Ejecutivo. Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Adolfo Miguel Aguilar Zinser, cuyo nombramiento como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas acaba de ser aprobado por esta Asamblea. Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: Juan José Rodríguez Prats, Jorge Zermeño Infante, Elías Miguel Moreno Brizuela, Alejandro Zapata Perogordo y Juan Carlos Regis Adame. (La comisión cumple su encargo.) La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: Se ruega a los presentes ponerse de pie. El Presidente: Adolfo Miguel Aguilar Zinser, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? El ciudadano Adolfo Miguel Aguilar Zinser: Sí, protesto. El Presidente: Si así no lo hiciera, la nación se lo demande. Felicidades. Se ruega a la comisión designada, acompañar al señor representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, cuando desee retirarse del recinto. El Presidente: Tiene la palabra la senadora Martha Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la causación de la tasa cero del servicio a suministro de agua potable para uso doméstico. La senadora Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Los suscritos legisladores miembros de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos proponer la adopción de un punto de acuerdo mediante el cual esta soberanía solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la emisión de un criterio de aplicación general y su correspondiente publicación en el Diario Oficial de la Federación en los términos del artículo 33 inciso g y 35 del Código Fiscal de la Federación, con fundamento en los hechos siguientes. El uso y aprovechamiento doméstico del agua potable en el país enfrenta diversos problemas a saber. A pesar de los otrora abundantes recursos naturales, el agua es un recurso que empieza a escasear en muchas regiones del territorio nacional, lo advertimos claramente en cuencas, las que sufren estragos por la erosión y el deterioro ambiental, como en el caso de LermaChapala que surte el lago de Chapala, el agotamiento de mantos acuíferos en la región de Chihuahua y la falta de lluvias y escurrimientos en Sonora, por citar sólo algunos. La potabilización tiene su propia conflictiva, pero los organismos que se encargan de ello y del suministro del agua para uso doméstico enfrentan también enormes problemas en el renglón de tuberías de conducción y redes de distribución, ya que la mayoría de las ciudades se encuentran obsoletas, nunca son suficientes y requieren de grandes inversiones que definitivamente no pueden absorber los organismos ni tampoco los municipios. Se estima que existen alrededor de 2 mil 500 organismos operadores en el país, de los cuales se encuentran registrados ante la asociación nacional de empresas de agua y saneamiento 350, que corresponden a ciudades grandes e intermedias y de la totalidad son superavitarios únicamente 30 en todo el país y eficientes sólo cinco de ellos. La situación financiera de los organismos no es ni por asomo equilibrada, ya que enfrentan fuertes pasivos con la Federación por concepto del pago de derechos de agua y saneamiento por alrededor de 62 mil millones de pesos, adeudo que el Gobierno Federal se encuentra en disposición de condonar a condición de que no se incurra en adeudos posteriores, existiendo en este momento la posibilidad de que se apliquen medidas coercitivas por parte de la Federación para obtener el pago correspondiente. Estos pagos o los descuentos de participaciones que llegaron los ayuntamientos a sufrir en este renglón hacen difícil la situación económica de estas instancias, puesto que en su mayoría serán los propios organismos quienes absorberán grandes cantidades. En cuanto a la situación de los usuarios se encuentra una dicotomía que agrava la problemática. Por una parte, existe algún segmento de la población que lejos de valorar el costo real de recibir agua potable a la puerta de su casa mantiene una conducta de dilapidación del recurso y de no pago por el servicio. Frente a ellos se encuentra el otro lado de la moneda, la población que no tiene recursos para hacerle frente a la cascada de cargas económicas con salarios extremadamente bajos, los cuales no pudieran enfrentar el alza de tarifas por sí ya inaccesibles para ellos, por ello el ámbito fiscal es tan importante. Y debemos recordar cuál ha sido el tratamiento al servicio de suministro de agua potable para uso doméstico, encontrando que a partir del año de 1996 y para entrar en vigor en el año de 1997 la Ley del Impuesto al Valor Agregado estableció en su artículo noveno transitorio fracción II que el servicio o suministro de agua para uso doméstico se causará a la tasa del 0%, tal disposición se reproduce íntegramente en la fracción III del artículo octavo transitorio del decreto del 31 de diciembre de 1998, al igual que en la fracción III del numeral séptimo transitorio del decreto del 31 de diciembre de 1999 y por último, en la fracción II del artículo sexto del decreto de 2000 para el ejercicio fiscal de 2001. Al haber quedado intocada la Ley del Impuesto al Valor Agregado durante el periodo legislativo que recientemente concluyó y por tanto la falta de un transitorio expreso que reproduzca esta disposición que ha venido repitiéndose por cinco ejercicios fiscales de gravar con tasa cero el servicio o suministro de agua para uso doméstico, respecto del ejercicio fiscal dos tomando en consideración además que las reglas de este tipo deberán entenderse prorrogadas como cuando en el caso el cuerpo de leyes de que se trata no fue modificado, resulta procedente, por tanto, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita un criterio de carácter general que ampare esta circunstancia y establezca que se encuentra prorrogado el efecto del artículo transitorio sexto, fracción II en materia de servicio o suministro de agua para uso doméstico, con la causación de la tasa cero del 0% para el ejercicio fiscal del año 2002. Lo anterior para llenar el vació jurídico que existe en este punto y a fin de que ninguna duda o interpretación permita que tanto organismos operadores como usuarios del vital líquido, agraven su de por sí deteriorada situación económica. Por lo anterior nos permitimos proponer la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión considera que ante la falta de disposición expresa para el presente Ejercicio Fiscal 2002 acerca de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado respecto del servicio o suministro de agua potable para uso doméstico, se deberá considerar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prorrogado el efecto del artículo transitorio sexto, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece tasa cero para tal rubro y ordenar su publicación como criterio de observancia general en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2002. Me acompañan alrededor de 16 firmas de compañeros legisladores priístas. Solicito que se le dé el turno a la Comisión de Hacienda, señor Presidente. Gracias. El Presidente: Gracias, señora legisladora. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. El Presidente: Tiene la palabra la senadora Magdalena Núñez Monreal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al cierre de la llantera Euzkadi, S.A. ubicada en el Salto, Jalisco. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. La senadora Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Proposición con punto de acuerdo con relación al cierre ilegal de la Compañía Hulera Euzkadi, ubicada en el Salto, Jalisco, que presenta el grupo parlamentario del PRD. CONSIDERACIONES La industria nacional de artículos de plásticohule, ha contribuido en forma decisiva al desarrollo del sector manufacturero en México y es fuente generadora de empleos directos e indirectos. Sin embargo, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sus condiciones de producción y comercialización se han visto sensiblemente afectadas. Un ejemplo notorio de ello es la industria de la transformación del hule en productos manufacturados concretamente aquella que se dedica a la producción de llantas para automóviles y camiones. La competencia internacional ha provocado que en nuestro país las empresas busquen el máximo rendimiento de la mano de obra al menor costo posible. Es el caso de la compañía hulera Euzkadi ubicado en el Salto, Jalisco, fundada a principio de los años setenta del siglo pasado y que a la fecha de su cierre ilegal daba empleo directo a 1 mil 164 trabajadores sindicalizados y empleados de confianza además de generarle un total de 22 mil empleos indirectos para una población de 40 mil habitantes. La importancia económica y social de la empresa en la región es innegable. A pesar de esta importante actividad económica y su impacto en la generación de empleos en la región, el pasado 16 de diciembre la Compañía Hulera Euzkadi anunció a sus trabajadores que a partir de esa fecha dejaba de operar en forma definitiva su planta ubicada en territorio jalisciense cesando todas las actividades de producción en dicho centro de trabajo, así como aquellos lugares de la República Mexicana donde su personal obrero preste servicios. El comunicado indica que en consecuencia de lo anterior, se hace imposible la continuación de la existencia de las relaciones de trabajo con todos y cada uno de los trabajadores, terminando también la administración del contrato ley vigente en la industria cuyo titular es el Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi. Asimismo les informa que la indemnización correspondiente será deposita en la Junta de Conciliación y Arbitraje, la razón que aduce la empresa al sustentar el cierre intempestivo es que la decisión se tomó "luego que intentos reiterados por implementar estándares internacionales de productividad resultaron infructuosos por políticas internas del sindicato". No obstante, la razón de fondo es que la empresa exigía al sindicato desde hace varios años una serie de modificaciones a las condiciones de trabajo en contra de lo establecido en el contratoley e incluso en contra de la Ley Federal del Trabajo. Estas modificaciones consistían en el aumento de la carga y de la jornada de trabajo, reducción de prestaciones sociales así como la imposición de un Reglamento Interior unilateral y represivo. Por tanto, no es verdad que los trabajadores se hayan negado a llegar a un acuerdo sobre los estándares internacionales de productividad, que desde la óptica de la compañía se traducen en mayor explotación de la mano de obra por un menor salario. La propuesta sindical que nunca fue considerada por la contraparte, establecía el compromiso de realizar un estudio técnico de dichos estándares internacionales para adaptarlos a la realidad económica y tecnológica mexicana y sobre esa base definir las nuevas condiciones de trabajo sin afectar derechos adquiridos ni violar la legislación laboral. El sindicato de larga tradición de lucha, impulsó desde hace varias décadas los convenios de productividad que establecía los pagos por productividad y eficiencia y que colocaron a la empresa entre una de las más importantes del país al controlar el 40% del mercado. 121,122,123 Los obreros de Euzkadi nunca evadieron el reto productivo, muestra de ello es que en los últimos 17 años firmaron tres convenios de productividad, lo hicieron incluso antes de que la productividad se convirtiera en el más denodado discurso empresarial. Aun hoy en las condiciones de competencia internacional provocadas por el TLC en la planta de El Salto, se manufacturaban tres millones de llantas para automóvil y camión al año, es decir, 8 mil 200 llantas por día. Hoy la empresa subsidiaria de la alemana Continental Fire de México, pretende que sus plantas colocadas en Estados Unidos, suplan esta producción. La legislación laboral mexicana tiene un carácter tutelar que protege a la parte más débil de la relación obreropatronal frente a posibles injusticias contra del trabajador, por ello impone una serie de condiciones para que pueda darse por terminada las relaciones de trabajo, como consecuencia del cierre de una empresa. Así, la Ley Federal del Trabajo señala en sus artículos 434, 435 y 892, ciertas causales de la terminación de la relación de trabajo y un procedimiento específico, para proceder al cierre, mismas que la Compañía Hulera Euzkadi no cumplió. Además tampoco respetó la disposición que la obliga a dar aviso a la terminación de las relaciones de trabajo a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que ésta la apruebe o la desapruebe. En tal virtud, la empresa procedió a realizar un cierre, a todas luces ilegal, arbitrario e irresponsable, que canceló las negociaciones con el sindicato y que afectó a cientos de familias de la entidad, ya que además dejó de cubrir el pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores. En respuesta, la organización sindical, en ejercicio de su derecho constitucional, emplazó a huelga a la empresa. El cierre ilegal de Euzkadi se inscribe en un contexto general de ataque a la contratación colectiva en nuestro país, donde las autoridades del Trabajo han permitido que se instale un modelo de relaciones de trabajo acorde con los requerimientos de los empleadores. En busca de una mayor competitividad, las empresas han recurrido a los cierres fraudulentos, a los paros técnicos o a la reducción de las condiciones de trabajo, con el propósito de abaratar la mano de obra e incrementar sus ganancias. Los cierres en la industria automotriz e incluso de la compañía papelera de Atenquique, ocurrido recientemente para acabar con el contrato colectivo subsistente, forman parte de una estrategia laboral, dirigida a aniquilar el sindicalismo independiente y sus conquistas históricas. Los legisladores estamos obligados a velar porque prevalezca el estado social de derecho, más cuando se afectan derechos colectivos que ponen en riesgo el equilibrio entre los factores de la producción, en perjuicio del eslabón más débil: la clase trabajadora. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la legisladora suscrita integrante del grupo parlamentario del PRD, somete a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haga un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la propia empresa para que, en el caso del cierre de la Compañía Hulera Euzkadi, S.A. de C.V., ubicada en El Salto, Jalisco, se cumpla con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, de no encontrarse causales que justifiquen la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo en la empresa, se proceda a reiniciar sus labores de manera inmediata. Segundo. Asimismo turnar el asunto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus facultades legales, coadyuve a evitar que se vulneren los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y el contratoley vigente en la industria de la transformación del hule en productos manufacturados. Es cuanto. El Presidente: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. El Presidente: Honorable Asamblea, quisiera hacer una puntual rectificación acerca de la pasada votación obtenida del ciudadano Adolfo Miguel Aguilar Zinzer. Se recabó la votación, 18 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones. Hubo un error al recabar esa votación… Quedará como sigue y que conste en el Diario de los Debates: 18 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones. El Presidente: Tiene la palabra la senadora Noemí Guzmán Lagunes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición... Ahora ya no será una proposición, disculpa, es un pronunciamiento por parte de diferentes grupos parlamentarios para exhortar al Gobierno Federal a que refuerce las acciones preventivas ante la presencia de los frentes fríos en la República Mexicana. Tiene la palabra, senadora, hasta por 10 minutos. La senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Me permito presentar el siguiente pronunciamiento para exhortar al Gobierno Federal a reforzar las acciones preventivas para atender los riesgos de los frentes fríos. Avalan esta propuesta legisladores de los diversos grupos parlamentarios representados en esta Comisión Permanente. En gran parte de los estados del centro y norte del país, la población, sobre todo en la zona serrana, sufre las consecuencias de las bajas temperaturas provocadas por los frentes fríos que se manifiestan durante la época invernal. En México, la quinta parte de la población, es decir 21 millones de personas que habitan en 555 municipios de 12 entidades, entre ellas Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León, México, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Querétaro, Veracruz y Nayarit, se encuentran bajo el riesgo de las bajas temperaturas, heladas y nevadas. En estos momentos, 62 de estos municipios ubicados en el Estado de Chihuahua, fueron declarados en situación de emergencia. Al igual que en años anteriores, en el presente tenemos que lamentar ya la muerte de 44 personas por causas relacionadas con las bajas temperaturas. Durante estos meses, las enfermedades del sistema respiratorio se incrementan representando un grave problema de salud que afecta a 40 de cada 100 individuos, principalmente a niños y ancianos. Para muchas familias las heladas y nevadas representan una tragedia en sus vidas; la escasez de recursos económicos, condiciones impropias en sus viviendas para hacer frente a estos fenómenos o a la carencia de ella, equipos de calefacción viejos o inadecuados, la falta de servicios de salud en sus comunidades, insuficientes medidas preventivas colocan a miles de mexicanos en situaciones extremas que muchas de las veces llegan a costarles la vida; de ello dan cuenta a manera de ejemplo los siguientes reportes: En la zona boscosa de Naucalpan, Estado de México, cerca de 300 personas sufren de males broncorrespiratorios al registrarse temperaturas de hasta cuatro grados centígrados bajo cero; en Veracruz, el Sistema Estatal de Protección Civil decretó alerta permanente por la presencia de fuertes lluvias, nublados, nortes y bajas temperaturas en las zonas serranas y en la capital del Estado. En el Estado de Sonora, durante los últimos dos días nueve personas han tenido que ser hospitalizadas al sufrir intoxicación con gas o monóxido, por utilizar calefactores o braceros de manera inadecuada. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la cifra de intoxicados con monóxido de carbono es de 246, cantidad que supera en más de 100 los casos registrados en el invierno pasado, de ellos 14 muertos. En Zacatecas, las infecciones respiratorias agudas se han incrementado en 90% durante la temporada invernal, enfermedades que se han presentado sobre todo en menores de cinco años de edad. A lo anterior, debemos agregar los riesgos de deslaves provocados por las lluvias de esta época y que enfrentan aquellos que viven en asentamientos humanos irregulares, ubicados en laderas, barrancas y cauces de arroyos y ríos. Se estima que en este invierno aún faltan por presentarse 27 frentes fríos. La información meteorológica disponible indica que una nueva masa de aire polar reforzará el descenso de la temperatura en el norte del país, llevando los termómetros a niveles extremos que pueden alcanzar entre los 10 y 12 grados bajo cero en la sierra de DurangoChihuahua, mientras que en otras regiones y estados, los fríos serán intensos por debajo de los cero grados centígrados. Sin embargo, a diferencia de estos fenómenos, los frentes fríos son previsibles. Ante esta situación, vista en términos de costobeneficio, la prevención representa no sólo una reducción significativa de las erogaciones gubernamentales por concepto de reparación de daños materiales, sino principalmente la salvaguarda de un gran número de vidas humanas. En este sentido la prevención es el conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como a evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos sobre la vida y bienes de la población, planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. En consecuencia, en diciembre pasado mediante una reforma a la Ley General de Protección Civil, se establecieron las previsiones legales que permiten a través de un fideicomiso preventivo, apoyar situaciones de prevención y control de desastres. Esta decisión permite al gobierno Federal contar para este año con un monto aproximado de 800 millones de pesos para el desarrollo de actividades preventivas de protección civil. PUNTO DE ACUERDO Primero. Se exhorte al Gobierno Federal para que refuerce las acciones preventivas, agilice las acciones de auxilio y mejore los mecanismos de coordinación entre los niveles de Gobierno para dar respuesta de mejor manera a los riesgos de los frentes fríos. Segundo. Solicitar al Ejecutivo Federal brinde mayor apoyo a los estados afectados por los fríos a través de los recursos del Fondo de Desastres (Fonden) y del Fideicomiso Preventivo, a fin de que gobiernos estatales y municipales puedan instrumentar las acciones preventivas necesarias que evite impactos severos en la población y dar respuesta inmediata a situaciones de emergencia, considerando además que la cobertura de apoyo se amplíe al mayor número de municipios afectados por los frentes fríos en la República Mexicana y no solamente a los 62 municipios declarados en emergencia. Firman legisladores de diversos partidos políticos representados en esta comisión. Gracias por su atención. El Presidente: Gracias, señora senadora. En virtud de que es un pronunciamiento firmado por los diferentes grupos parlamentarios, se le comunica al Ejecutivo. El Presidente: Tiene la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la política salarial y recortes de personal técnico de confianza en Petróleos Mexicanos. La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo sobre la política salarial y los recortes de personal técnico de confianza aplicados en Petróleos Mexicanos, al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES Primero. En agosto del 2001 se celebró la firma del contrato colectivo de trabajo que regula las relaciones laborales entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El acuerdo contempla un incremento directo al salario del 8.5% a los trabajadores sindicalizados de la paraestatal, más una promoción de niveles salariales que en promedio representan un incremento total a sus percepciones superior al 15%. 124,125,126 Durante dicho mes la administración de Pemex decide incrementar los ingresos de los mandos medios y superiores de la empresa, aumentando la compensación y el incentivo al desempeño hasta en un 120%, homologando los niveles 39 al 43 del tabulador, con un pago retroactivo a enero del año pasado. Estos beneficios representan un incremento superior al 50% del ingreso total que reciben dichos funcionarios. De los beneficios anteriores fueron excluidos 25 mil trabajadores de confianza en activo, ubicados en los niveles 29 al 38 a quienes no se les incrementaron ni homologaron sus remuneraciones y el aumento en la compensación y el incentivo al desempeño fue de tan sólo 8.5%. También se marginó de esta revisión a 55 mil trabajadores jubilados, que únicamente recibieron un incremento del 8.5% a sus pensiones y una ayuda extraordinaria, tal vez por su pequeñez, de sólo seis pesos diarios en promedio. Segundo. Marginar de los beneficios salariales a estos trabajadores es hacer a un lado a quienes constituyen la inteligencia operativa de servicios y administrativa de la empresa petrolera nacional y a quienes representan el conocimiento acumulado y la lealtad probada a la empresa y a la patria durante toda su vida activa. Los trabajadores de confianza de los niveles 29 al 38 y los trabajadores jubilados. Estas condiciones de discriminación salarial han dado lugar a un importante movimiento en defensa de los legítimos intereses de los profesionistas de confianza de la paraestatal, que han decidido integrar una organización laboral denominada Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, AC, a la cual se han adherido un gran número de los trabajadores agraviados a lo largo y ancho de todo el país, así como los trabajadores jubilados. Esta unión aglutina a las áreas operativas de servicios y administrativas de Pemex, así como a profesionistas y ex funcionarios de la paraestatal que actualmente son jubilados de la empresa. El pasado 19 de octubre, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera solicitó y obtuvo de la administración de la paraestatal una instancia de diálogo y negociación para atender un pliego petitorio de 11 puntos, que contiene los requerimientos laborales, salariales y profesionales más significativos de todos los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y que a la fecha, después de varias reuniones conjuntas, las autoridades de la paraestatal no han atendido satisfactoriamente. Al trato salarial discriminatorio de que son objeto estos miles de profesionistas petroleros se ha sumado el aviso verbal de que serán suprimidos alrededor de 3 mil puestos de trabajo, justamente en los niveles 29 al 38. El adelgazamiento injustificado de las plantillas de profesionistas en nuestra industria estratégica ha sido un pésimo negocio para el país y en cambio ha rendido jugosos dividendos a las transnacionales al tener que comprar posteriormente Pemex el producto del trabajo de los miles de profesionistas separados de la misma, muchos de quienes pasan a ser empleados por contratistas de la paraestatal. Para seguir cumpliendo con los objetivos estratégicos que le señala nuestra Constitución Política, la industria petrolera nacional debe ofrecer a sus trabajadores un trato justo y equitativo, que a ninguno de ellos se les discrimine salarial y laboralmente, que prevalezcan la armonía y la estabilidad laboral al interior de la empresa y que sus directivos muestren voluntad y capacidad para resolver los problemas laborales que ellos mismos han estado generando. Es necesario también hacerles justicia a los trabajadores jubilados que han tenido que llevar a los tribunales laborales del país la petición del pago completo de sus liquidaciones y pensiones jubilatorias, conforme a los ingresos totales que tenían como trabajadores activos y que a pesar de los fallos favorables de las autoridades laborales la administración petrolera se niega a acatarlos, por lo que se ha tenido que implementar el procedimiento del embargo. Este proceder de los directivos petroleros es injustificable. En su programa, el Partido de la Revolución Democrática sostiene como un lineamiento para el desarrollo del sector energético la profesionalización, honestidad, racionalización y suficiencia técnica en la administración de Petróleos Mexicanos y los organismos del sector eléctrico, con objeto de hacer efectivo el dominio directo de la nación sobre sus recursos energéticos, así como asegurar un manejo empresarial eficiente. Una política como la que llevan actualmente las autoridades de la paraestatal afecta directamente nuestra soberanía al dar un trato discriminatorio a los trabajadores, cuya responsabilidad es clave para el mejor desempeño de la explotación de estos recursos. Resolver satisfactoriamente las demandas de estos trabajadores significa, además de un acto de justicia y equidad, una medida a favor de la principal empresa paraestatal de nuestra nación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada federal, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a que el director de Petróleos Mexicanos atienda las peticiones formuladas por la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, AC, a fin de que se establezca en la paraestatal una política salarial y de pensiones equitativa y congruente, que proteja sus garantías laborales y asegure la permanencia de trabajadores calificados y con experiencia al servicio de Pemex. Es cuanto. El Presidente: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. El Presidente: Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Senado de la República considere la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de venta de productos farmacéuticos transnacionales al sector público mexicano. Tiene usted la palabra hasta, por 10 minutos, señora diputada. La diputada María Miroslava García Suárez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: Efectivamente, esta proposición para solicitar al Senado de la República considere la revisión de los plazos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de venta de productos farmacéuticos transnacionales al sector público mexicano, estoy segura que después de escuchar las consideraciones y la proposición, que por cierto ya se abordó, ya se trabajó y ya se aprobó en las comisiones correspondientes, tocaría en forma siguiente que el Senado pudiera revisar este importante tema. En el mes de octubre del año 2001, mi grupo parlamentario presentó al pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo solicitando al Senado de la República esta revisión en la industria farmacéutica de capital nacional. Esa industria conforma uno de los pilares del desarrollo nacional, debido a la importancia que guarda en el desarrollo industrial del país, en la salud de la población y en el fortalecimiento del mercado interno. En dicho documento se señala que con la política de apertura comercial acelerada e indiscriminada, puesta en marcha desde finales de los años setenta y principios de los años ochenta, cuya culminación encontramos en el tratado comercial mencionado, la industria farmacéutica nacional ha sido severamente golpeada. La apertura ha sido verdaderamente desfavorable para el sector. En 1987 contaba con 88 empresas que producían el 75% de las necesidades de los laboratorios farmacéuticos y actualmente quedan solamente 11, los cuales cubren aproximadamente el 15% de esos requerimientos, teniéndose que importar hasta el 85% restante. Dentro de este panorama debe destacarse que de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del 1o. de enero de 2002, las transnacionales farmacéuticas podrán vender sus productos al sector público. En el anexo 1001, apartado 2A, correspondiente al Capítulo X, compras al sector público, del tratado, se establecen los mecanismos de transición para México. En el punto 6 de ese anexo se lee textualmente: "productos farmacéuticos". Este capítulo no se aplicará hasta el 1o. de enero de 2002 a las compras de medicamentos efectuadas por la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, que no estén actualmente patentados en México o cuyas patentes mexicanas hayan expirado. Nada en este párrafo prejuzgará los derechos de conformidad con el Capítulo XVII propiedad intelectual. La mayoría de las empresas farmacéuticas de capital nacional ha surtido con éxito al sector salud, las adquisiciones del sector público se realizan por medio de concursos consolidados. Esta competencia regulada ha provocado que los precios promedio de los medicamentos demandados por el sector salud presenten una curva descendente por unidad adquirida. Y aquí, señores legisladores, quiero llamar la atención porque es muy importante revisar las cifras y los costos que es para el sector salud el adquirir medicamentos para toda la población. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, AC, Anafam, el precio promedio por unidad adquirida ofrecida por las empresas nacionales, en 1993 fue de 0.83 dólares y para 1999 descendió a 0.56 dólares; es decir, se presentó una reducción de 33% en tanto, en el sector privado, la evolución fue a la inversa, los precios promedio por unidad adquirieron en 1993, de 3.04 dólares en tanto que en 1999 ascendieron hasta 4.80 dólares; es decir presentaron un aumento, un incremento real del 58%. Todo lo anterior dadas las condiciones anotadas prevé y permiten prever el desplazamiento de la industria farmacéutica de capital nacional. La concentración de esa oferta en unos cuantos laboratorios transnacionales y un futuro incremento en los precios de los medicamentos incluidos los de la canasta básica, en nada van a favorecer a nuestra población particularmente de menores recursos y por otro lado, van a aumentar los costos para el sector salud de nuestro país. De esta manera se rebasa el artículo 28 constitucional que establece textualmente: "la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración, todo acaparamiento en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios". Se acaba la cita de nuestro artículo 28; sin embargo el Tlcan favorece esa concentración y ese aumento de precios. En conclusión, la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, implica sujetarse al derecho extranjero, olvidando el estado del desarrollo nacional, su fomento y la salud de la población mexicana. Tomando en cuenta estas consideraciones, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de esta Cámara de Diputados, dictaminó el punto de acuerdo en diciembre último, llegando a las siguientes conclusiones: Primera. De conformidad en lo que dispone la fracción II del artículo 77 constitucional, túrnese el punto de acuerdo a la Cámara de Senadores como colegisladora, a efecto que resuelva sobre la ampliación del plazo para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector público mexicano, lo cual fue establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Segunda. Que la Secretaría de Economía verifique el ámbito de aplicación en esta materia de los artículos 1001 al 1007 del Tlcan en lo referente a compras y arrendamientos de entidades gubernamentales y establecer las reformas y negociaciones que sean pertinentes para eximir o en su caso prorrogar la entrada en vigor de lo dispuesto en el numeral 6 del anexo 1001 del Tlcan. Tercera. Que la Secretaría de Salud revise su marco normativo y que exija en las futuras compras internacionales por lo menos los mismos requisitos sanitarios requeridos a las empresas nacionales y que la supervisión y control en los medicamentos importados, estén debidamente contemplados en la legislación sanitaria. No obstante, los resultados del dictamen antes citado, la Cámara de Senadores no ha resuelto sobre el particular por lo que con fundamento en los artículos 23 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General los legisladores suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitamos a la Presidencia de esta Comisión Permanente turne nuevamente a la Cámara de Senadores la siguiente proposición: Unica. Dada la importancia del sector farmacéutico nacional en el desarrollo industrial del país, la salud de los mexicanos y el fortalecimiento del mercado interno, esta Comisión Permanente, se pronuncia porque se amplié el plazo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector público mexicano y exhorta a la Cámara de Senadores, como colegisladora, a efecto que resuelva sobre la ampliación de dicho plazo. Lo anterior implicaría que el sector farmacéutico de capital nacional recibiera de acuerdo con el propio Tlcan, trato igual al de los productos nacionales sensibles social y económicamente. 127,128,129 Por lo anterior, me parece fundamental que esta Comisión Permanente tenga conocimiento de esta situación que es sumamente delicada si tomamos en cuenta que tiene qué ver directamente con la salud de la mayoría de los mexicanos de menores recursos que se atienen, que se acogen al sistema de salud pública nacional. Es cuanto, señor Presidente. El Presidente: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, de la Cámara de Senadores. ¿Sí, senador Miguel Angel? Tiene usted la palabra hasta por cinco minutos. El senador Miguel Angel Navarro Quintero: Con su permiso, señor Presidente; estimados compañeros de la Comisión Permanente: Lo que ha tocado aquí la compañera diputada, es motivo para generar una profunda reflexión. A veces, al encontrar al alcance de nosotros diversas terapias o medicamentos, nos hace olvidar que el grueso de la población no tiene las facilidades de acceso que nosotros tenemos. Es conveniente nosotros asentarlo aquí, porque la soberanía la perdemos a pasos agigantados en diferentes rubros y en el área de la industria farmacéutica es uno más de los muchos rubros donde estamos perdiendo soberanía. Hoy en México comemos en nuestras mesas frijol y maíz y otros granos, tan sólo por decir algunos, que ya no se producen en México y estamos consumiendo también medicamentos que ya no se producen en México. Tuvimos un debate severo en el periodo pasado sobre el no permitir la aplicación del IVA a medicamentos, sin embargo en el último año, de acuerdo a cifras oficiales de la industria farmacéutica, los medicamentos aumentaron en un 14%, pero hay medicamentos que han aumentado en un 300% en los últimos tres ó cuatro años; hay medicamentos que cuestan 1 mil o 1 mil quinientos pesos la unidad, por decir tan sólo una cantidad aproximada de antibióticos de tercera o cuarta generación y también tenemos que sumarle a esto que la industria farmacéutica vende al año alrededor de 2 mil millones de unidades, de las cuales el sector público consume el 50% y el sector público en la actualidad tiene un desabasto del 60% de unidades promedio en el Seguro Social, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud. No podemos dejar los medicamentos ni la salud de los mexicanos a las leyes del mercado, es altamente riesgoso y es altamente preocupante. Hoy hay mortalidad porque, aquí ha mencionado la compañera Noemí, hay una onda fría, pero también porque no hay medicamentos donde debe de haber. Las enfermedades respiratorias no se combaten con la eficacia que debe de ser a grupos vulnerables porque no hay medicamentos en el sector público y si nosotros quedamos a expensas en un futuro cercano a que no se esté protegiendo, a que los medicamentos que compra el país en el sector público y privado sean de empresas eminentemente extranjeras, nos lo van a vender al precio que ellos quieran y hay muchos mexicanos que en el desempleo no tienen acceso a la seguridad social y tenemos un sector público hacia la población abierta que desafortunadamente no da la cobertura ni en cantidad ni en calidad que la población está requiriendo. Por lo tanto, como fracción parlamentaria del PRI en el Senado y como miembro de la Comisión de Salud, hacemos el compromiso serio, formal, por tratar de revisar y atender lo que aquí la diputada ha demandado, además de que existe una arbitrariedad total en el incremento a los medicamentos en las diferentes farmacias, no hay control por parte de las dependencias federales, hay un descontrol total que la población hoy día nos reclama, que regulemos el precio de los medicamentos y yo creo que una medida de regularlas es fortaleciendo la producción de medicamentos a través de la industria nacional, de la industria farmacéutica, que debemos de apoyar como mexicanos. Muchas gracias. El Presidente: Gracias, senador Miguel Angel Navarro Quintero. Tiene la palabra el senador Elías Miguel Moreno Brizuela. El senador Elías Miguel Moreno Brizuela: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Por supuesto que como miembro del Partido de la Revolución Democrática apoyo este punto de acuerdo que presenta nuestra compañera diputada en relación a darle un impulso a la industria farmacéutica nacional, permitiendo que se prorrogue el plazo, esta revisión deberá hacerse en el Senado de la República. Realmente como lo dice aquí nuestro compañero senador y con el cual siempre hemos coincidido en la Comisión de Salud, él es el secretario de la Comisión de Salud del Senado y yo me honro en presidirla, siempre hemos coincidido en diversos puntos que tienen relación con la salud y éste es un punto fundamental. Definitivamente hay un problema de normatividad en la Secretaría de Salud. Voy a poner un ejemplo: En otros países constantemente se revisan los medicamentos que son vendidos en las farmacias y en el sector público. En nuestro país basta con que solamente una vez llegue y ya no se vuelve a rectificar o a ratificar si ese medicamento continúa siendo útil. Como cardiólogo voy a poner un ejemplo adhoc, que es para la hipertensión arterial, hay un medicamento que es la alfa metil dopa, el Aldomet, conocido comercialmente, que es un medicamento que en su tiempo cumplió con el objetivo que era bajar la presión arterial, pero que generaba muchas reacciones secundarias, muchos problemas para la gente que lo tomaba; hoy hay medicamentos muchos más modernos que son más eficientes y que no generan las reacciones secundarias. En otros países el Aldomet ya ha sido retirado, la alfa metil dopa; en nuestro país se sigue vendiendo porque precisamente no hay un organismo que fiscalice que esto sea vigilado y sea ratificado. Por otro lado, no hay control por parte de la Secretaría de Salud también de los medicamentos que se venden en los locales comerciales. Recuerdo hace poco, hace algún tiempo un medicamento que aparentemente venía a resolver los problemas del mundo, que era la melatonina, la recordarán ustedes, que servía para todo y era un medicamento que llegó sin regulación a nuestro país, que fue vendido sin regulación en nuestro país o sea en los hechos ya está la entrada de los medicamentos de otros países a nuestro país. Debemos por supuesto como dice nuestra compañera diputada y mi compañero senador Miguel Angel Navarro, debemos de luchar porque no se siga perdiendo la soberanía, la industria farmacéutica mexicana ha hecho un gran esfuerzo de mantener niveles de calidad muy altos, muchas veces por encima de los niveles de calidad de las industrias farmacéuticas extranjeras y no hemos dado el apoyo a esta industria y debemos de hacerlo, creo que en eso coincidimos todos los legisladores en esta Comisión Permanente. Por otro lado me llama la atención y voy a hacer un extrañamiento en el Senado de la República porque según tengo entendido esto ya se envió al Senado de la República y no fue enviado a la Comisión de Salud y Seguridad Social. Desde esta alta tribuna de la nación yo pido que este punto sea enviado también a la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República y no sólo a las comisiones que tienen qué ver con asuntos comerciales o con tratados internacionales. Y por supuesto, para terminar, coincido con el hecho de que hay un grave desabasto de medicamentos en el sector público, muy grave, tan es así que hay clínicas de campo que son las que más sufren por esta disminución de medicamentos en donde no existen prácticamente medicinas y de nada sirve que a los indígenas o a los grupos marginales o a las comunidades se les dé la atención médica si no hay medicinas, es verdaderamente incongruente. Yo hago un llamado para que revisemos esto y no sólo esto, muchos otros puntos del TLCAN y apoyo con todo esta propuesta. Muchas gracias compañeras y compañeros. El Presidente: Gracias senador Elías Miguel Moreno Brizuela. En atención a la solicitud que hace el propio senador, túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría dar cuenta con el presupuesto de la Cámara de Senadores. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura. Presupuesto de dietas, honorarios , sueldos y gasto de la Cámara de Senadores para el mes de enero de 2002 Servicios personales $55.374,300 Materiales y suministros $1.628,200 Servicios generales $54.893,600 Bienes muebles e inmuebles $996,500 Obras públicas $0 Ayudas y subsidios $47,900 Total: $112.940,500 Importa el presente presupuesto la cantidad de ciento doce millones novecientos cuarenta mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional. México, D.F., a 9 de enero de 2002.— Senadores: Mariano González Zarur, presidente de la Comisión de Administración; Ramón Corral Avila y Antonio Soto Sánchez, secretarios de la Comisión de Administración; licenciada Graciela Brasdefer H., tesorera del Senado de la República.» En votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... El Presidente: Aprobado. El Presidente: El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre el asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martín, en el Estado de Yucatán, para lo cual se le otorga la palabra al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, señor presidente; diputados y senadores; compañeros diputados yucatecos, presidentes municipales: Pánfilo Novelo, si ustedes lo hubieran conocido coincidirían, era como un sacerdote del Cenote Sagrado de Chichén. Diminuto, moreno, enjuto, de sonrisa inmediata en público y a solas, como si siempre estuviera dialogando con algún profeta del pasado. Una semana después de su asesinato, todavía no aparece nadie que señale motivos para temerle o para que él le tema, para vengarse de él. Era un maestro, era mayista, era diputado, cronista de su ciudad natal: pero todo era, ya no es más. No murió, lo mataron, a él, a su hijo de 19 años, a un colaborador, tiros en la cabeza, sin resistencia, el coche encendido, así lo encontraron. Quiero retroceder al 21 de diciembre del 2001, Pánfilo Novelo en la tribuna del Congreso, reclamando precisamente más seguridad, lo cito textualmente: "la Federación antes nos había dado 120 millones para seguridad. Como no se logró, como no se pudo ejercer, va a reducir, ya son 59 millones los que va a dar la Federación, todo esto nos lleva a reflexionar, tradicional e históricamente, nuestro pueblo yucateco es tranquilo, es pacífico, por una herencia ancestral, pero ahora con la modernidad, se ha multiplicado el alcoholismo y la drogadicción. Significa eso que debe haber más vigilancia, el programa de seguridad no es Mérida solamente, hay 105 municipios más, algunos muy apartados, sabemos de municipios que les quitaron sus patrullas. Hago una reflexión al señor secretario de gobierno, para que analice y para que juntamente con nosotros vayamos a esos lugares, para ver si el programa se puede aplicar." Cuando el diputado Novelo decía estas palabras, no sabía, por supuesto, que él mismo sería una víctima de la inseguridad, pero sí sabía, como todos los yucatecos lo saben, que ese ambiente tranquilo al que hacía referencia, se ha ido desvaneciendo. Un dirigente sindical sufre a tiros un atentado en su local social, hay un considerable, alarmante aumento de robos, pero además aparece y se extiende el robo con violencia: autos, salones de belleza, farmacias, comercios, son asaltados a punta de pistola, con lujo de fuerza. En las investigaciones, magros resultados, no se había visto. 130,131,132 El ambiente político tampoco ha abonado a la estabilidad, al contrario como si de encender brasas se tratara, la consigna de que se resuelve con el diálogo desaparece. Hay si una preferencia por la intervención de la fuerza pública, así se presenta la policía del Estado a desalojar una planta en Temach, propiedad del ayuntamiento, sin ningún mandato judicial, ¿para qué?, sin permiso del ayuntamiento, ¿por qué? El mismo tono de confrontación recibe un conflicto entre estudiantes, entre músicos, entre maestros del Colegio de Bachilleres. Cuando los diputados se manifiestan por la actitud asumida por el gobernador en la defensa de su hermano acusado del robo de un vehículo y la agresión de un agente de la Policía Judicial, la respuesta es una referencia: entre los diputados "ratas" que están en el Congreso, palabras del gobernador. Con el voto del PRD en el Congreso estatal, se acuerda citar al procurador, la respuesta no se hace esperar: voy a ir al Congreso a poner en su lugar a esos diputados. El 27 de diciembre, el 28 fue la última intervención en tribuna del diputado Pánfilo Novelo Martín, otra vez lo cito textualmente: "Con sorpresa revisamos hoy en la prensa las declaraciones del gobernador Patricio Patrón, en el sentido de que hay preocupación por posibles ataques personales y familiares orquestados por funcionarios del Gobierno anterior; sigo, no podemos aceptar que mientras las pesquisas del caso de su hermano se encuentran en curso, el gobernador salte a la palestra para defenderlo, abusando del cargo que ostenta, satanice a un agente judicial y de paso a toda la corporación acusándola de corrupta y oreja del anterior Gobierno. Lo cierto es que en este asunto en que se encuentra inmiscuido su hermano, el gobernador debería asumir una actitud imparcial, pues se debe a todo un pueblo no a su familia". En este tono, la referencia del diputado el 28 de diciembre. El 8 de enero, el diputado Pánfilo Novelo Martín fue asesinado mientras se dirigía a la Ciudad de Mérida para dejar a su hijo en el aeropuerto. Con Pánfilo Novelo, señores diputados y senadores, muere también la tranquilidad y la paz de Yucatán que nunca había visto un crimen como éste. Sólo la justicia, sólo la certeza de un culpable castigado por la ley, podrían devolver esa tranquilidad y esa paz. No confiamos. Mientras el 9 de enero el gobernador afirma que el crimen no quedará impune, ayer apenas el Procurador General de Justicia, compara el crimen con el caso de Kennedy y dice: "es un crimen complejo, que difícilmente se resolverá". Hay claras contradicciones entre el Poder Ejecutivo del Estado y quienes imparten la justicia; hay clara incompetencia en la autoridad investigadora, como lo demuestra hoy un rotativo local con fotografías que manifiestan el desaseo practicado en las primeras investigaciones. ¿Fue el narco? Lo queremos saber, queremos saberlo. De esto hoy no hay más indicios que el sentimiento del Procurador de Justicia que dice: "siento que el crimen no es político", lo cito textualmente, en su comparecencia de ayer ante el Congreso del Estado. No se trata de fincar responsabilidades donde no existen, no se trata de especular y hacer lucro político; pero era un compañero nuestro, era de nuestro partido, era parte de nuestra fracción en un Congreso y era un representante de una etnia. Tampoco podemos quedarnos callados y la referencia ante ustedes hoy, es para que en las siguientes intervenciones, nos sumemos a la exigencia de justicia para Pánfilo Novelo y a la exigencia de retornar al orden y la tranquilidad en el Estado de Yucatán. Algunos se han quejado que hemos manifestado como responsable de esto al Gobierno; no hemos dicho nunca, que el Gobierno sea el culpable del crimen; el Gobierno es el responsable de esclarecerlo. Ante el crimen de un crítico, el Gobierno es el responsable de salvar su autoridad moral ante los ciudadanos; ante el crimen de un legislador, el Gobierno es responsable de proteger al otro Poder que lo acompaña en su camino por la impartición del bien y de la seguridad a los ciudadanos. Recuperar el ambiente social que ha caracterizado a Yucatán, impartir la justicia más allá de partidismos, de preferencias familiares, de revanchas políticas, más allá de la creencia de una superioridad racial o intelectual, retome el Gobierno sus esperanzadoras declaraciones al principio de su gestión: "será un Gobierno abierto al diálogo, tolerante, dispuesto a la negociación y a la crítica; fortalecerá mediante reformas profundas a las instituciones responsables". Hoy mismo, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismos de Yucatán hace un señalamiento en el mismo sentido. Comentario aparte merece el inusitado hecho de que autoridades centrales invadan nuestro Estado sin previo aviso, con armas de grueso calibre, virtualmente tomen las calles de nuestra capital, lo que contribuye al clima de inquietud, inseguridad y temor que en estos días prevalece entre los yucatecos, así como que el Ejecutivo estatal permitiera la ejecución de dichos atropellos. Diputados, senadores: queremos que el gobierno del Estado asuma su responsabilidad con seriedad y sin evasivas y sin excesos. Queremos que el ambiente social, que es su responsabilidad, sea restablecido, queremos que la administración de justicia en manos competentes, efectivamente se cumpla. Que se fomente un clima de respeto, de equidad, de armonía con alcaldes, con diputados, con ciudadanos. Está hoy ante una muy valiosa oportunidad. Está hoy ante la obligación de entregar a los culpables y demostrar la valía del Gobierno para todos los ciudadanos. Hoy están aquí los compañeros diputados de Pánfilo Novelo, con ellos, señores diputados, señores senadores, una sola palabra ¡Justicia! Es un legislador como nosotros. ¡Justicia para Yucatán! Muchas gracias. El Presidente: Para referirse al mismo tema han solicitado el uso de la palabra los siguientes legisladores: Elías Miguel Moreno Brizuela, del PRD y Miguel Angel Gutiérrez Machado, del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el senador Elías Miguel Moreno Brizuela. El senador Elías Miguel Moreno Brizuela: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Los demonios andan sueltos. Ayer mismo en una conferencia de prensa en el Senado de la República, dábamos a conocer un hecho a nivel nacional, en el sentido de que un compañero perredista, de un municipio de Veracruz, de Hueyapan de Ocampo, el compañero Joselo Vigildo Chau Medina, tiene un mes y 10 días que fue secuestrado con lujo de violencia y no se sabe nada de él. Hoy revisaba las planas de los principales diarios del país, escuchaba ayer los noticieros y le dedicaron muy poco espacio. Yo creo que debido a que ya hemos perdido hasta la sensibilidad de tanto que se repiten sucesos como estos. Nos enteramos hace unos días, asesinan también a un regidor, Lorenzo Vázquez Trinidad, del PRD, en Tultepec, Estado de México. Hace también algunos días asesinan a un alcalde Jaime Valencia Santiago, en la sierra sur oaxaqueña. Hoy, gravísimo, asesinan al diputado Pánfilo Novelo Martín, a su hijo, un joven de 19 años, que a quién podría haberle hecho daño a esa edad, por lo que dicen además el compañero diputado era un buen hombre, como eran buenos hombres también o como era buen hombre el compañero regidor del Estado de México, como espero que ojalá todavía salga vivo el compañero veracruzano de este secuestro. La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática repudia el artero asesinato en el que perdieron la vida el diputado Pánfilo Novelo Martín, su hijo Miguel Novelo y su ayudante, el señor Pedro José Yan Pech. Lamentamos profundamente este hecho y nos solidarizamos con familiares y con los miembros de su partido, el PRI, con sus compañeros diputados hacemos un llamado enérgico a las autoridades de la entidad, en especial al gobernador del Estado Patricio Patrón Laviada y al Procurador de Justicia del Estado de Yucatán, Miguel Angel Díaz Herrera, para que pongan todo su empeño para el pronto y cabal esclarecimiento de éste tan repudiado crimen, a fin de que no permanezca impune y se pueda restablecer el Estado de Derecho, así como un clima de civilidad, libertad y respeto que debe prevalecer en la sociedad. Los ciudadanos estamos ya hartos de este tipo de acontecimientos que enrarecen el ambiente y nos demuestran que todavía hay grupos e individuos que intentan socavar el régimen democrático que estamos empeñados en construir. Es necesario esclarecer a qué intereses obedecen estos actos de barbarie y castigar a los culpables. La atmósfera de derecho y democracia que se esperaba con la tan anunciada transición no se ha manifestado hasta el momento, pues siguen suscitándose en las distintas entidades del país sucesos de artera violencia como al que hoy hacemos referencia y como los que ya he mencionado. Nos queda claro que el tema de la seguridad nacional y la seguridad pública sigue quedando pendiente y representa un adeudo que tenemos con la sociedad. Urgimos respetuosamente desde este recinto al presidente Vicente Fox, para que acelere y profundice las acciones del Gobierno contra el crimen y la inseguridad social. Tenemos la convicción de que tanto el Poder Ejecutivo de la Unión como el Poder Legislativo que aquí representamos, debemos contribuir en armonía para que estos sucesos no se den más en nuestro país y para garantizar que ningún asesinato quede impune. ¡Somos solidarios con ustedes compañeros del PRI! Muchas gracias. El Presidente: Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos. El diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado: Con el permiso de la Mesa Directiva: Soy diputado federal por Yucatán y por supuesto que mi fracción parlamentaria y mi partido también condenamos enérgicamente el hecho aquí denunciado. Estamos totalmente de acuerdo con ustedes que es un hecho que no puede quedar impune. Todos somos legisladores, todos podemos sufrir el enfrentamiento que sufrió nuestro compañero hace unos días, pero esa violencia nos afecta a todos. Es una violencia que se ha ido enquistando en México, no a partir de un año ni de cinco meses en Yucatán, sino de muchos años se ha ido enquistando. No se originó hace poco, ha ido Gobierno tras Gobierno, periodo tras periodo. ¡La sufrimos todos los mexicanos, todos los partidos políticos y esto no se va a arreglar con diferencias entre nosotros! ¡Tenemos que sumar nuestros esfuerzos para que esto se vaya corrigiendo poco a poco! En el caso que hoy nos ocupa, del maestro, del mayero, del sacerdote, del diputado, del cronista de Valladolid que mataron, por supuesto que también lo condenamos enérgicamente y hacemos votos porque se aclare y realmente se llegue al fondo en las investigaciones. Aquí queremos ser muy puntuales en lo siguiente: Queremos que se llegue al fondo en las investigaciones. No podemos presionar, no podemos argumentar hipótesis o cuestiones que sean particulares o partidistas en torno a este suceso. Estaríamos dañando la investigación, estaríamos perjudicando y estaríamos contribuyendo a la intranquilidad y a la desinformación. Tenemos que sumar esfuerzos para que lo que todos queremos, no queremos que le toque a los diputados del PRI ni a los del PAN ni a los de ninguna fuerza política, porque es deleznable el hecho del que estamos hablando. Sí quisiera mencionar, para ahondar en lo que estoy diciendo, los comentarios de la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en el caso del asesinato de Digna Ochoa, en donde decía: "que las instituciones encargadas de impartir justicia no debían ser presionadas hasta que concluyan las averiguaciones. Se genera incertidumbre, se atenta contra la sigilosidad propia de una investigación". Nosotros podemos contribuir con la aportación que nos corresponde para que esto se esclarezca, pero de ninguna manera podemos caer, por el dolor que nos ocasiona la muerte de un compañero, en deducciones, en comentarios, en hipótesis que son particulares o que nos afecta el hecho de manera particular. Es cierto que en diciembre 21 pasado, nuestro compañero Pánfilo utilizó la tribuna, se refirió a la inseguridad en Yucatán, pero también es cierto y consta en las afirmaciones del Congreso local, que ese discurso se le entregó preparado para que lo leyera. También es cierto que ha habido una crónica de inseguridad pública anunciada en Yucatán desde el cambio del gobierno anterior. Bueno, sentimos que son estrategias particulares que son válidas en cuestiones de estrategia, pero que con contribuyen al esclarecimiento de los hechos que hoy estamos buscando que se esclarezcan. Compañeros diputados; senadores; compañeros diputados locales por Yucatán: el PAN está por la total aclaración de los hechos. Se menciona también que en un medio, en un rotativo local, hay fotos que demuestran que se manoseó el procedimiento. Yo sí quisiera aclararlo, porque también la desinformación puede ser clave en este punto. Aquí están las fotos del rotativo local, aquí está el reportero, el gráfico, saliendo del vehículo, pero se ve claramente que ya se levantaron los cuerpos, que criminalística ya actuó en las huellas dactilares y el señor es el fotógrafo encargado de tomarle foto a la trayectoria de las balas. Esto en cualquier investigación de este tipo se hace. 133,134,135 Si nosotros decimos que esto manosea y daña el procedimiento, estamos cayendo y estamos no apoyando el procedimiento de investigación. Démosle un voto de confianza a la Procuraduría local, démosle un voto de confianza al gobierno. A los trescuatro días de haber sucedido este hecho, hubo un informe, un boletín informativo de la Procuraduría, anunciando cuánto personal estaba abocado a la investigación del hecho, incluso trabajando coordinadamente con personal de la Procuraduría General de la República, en la que también hemos recibido ese apoyo. Compañeros: sumemos para que esto pueda darse lo mejor posible. No le podemos apostar a las posiciones particulares, pero sí un apoyo total a la autoridad competente. En la medida que apoyemos, los perjudicados directamente, los que somos de la sociedad, todos las mexicanas y mexicanos, aunque no seamos diputados, estamos siendo afectados por este hecho y no podemos permitirlo. Reza un conocido dicho que: "Cuando se acabe el mundo, me voy a vivir a Mérida y a Yucatán". Queremos todos los yucatecos que esto siga así. Sumemos esfuerzos para que continúe siendo. Muchas gracias. El Presidente: Gracias, señor diputado. Ha pedido el uso de la palabra para rectificación de hechos, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, hasta por cinco minutos. Tiene usted la palabra, diputado. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Antes que nada, quisiera agradecer a nombre de todos los diputados yucatecos del Congreso del Estado y del Congreso de la Unión, así como de los senadores, las muestras de solidaridad recibidas del grupo del PRD y del PAN. Pero queremos puntualizar algo. Esta respuesta con hipótesis a una presunta presentación de hipótesis por parte nuestra, que dice que se había anunciado una campaña de desestabilización en Yucatán, se había anunciado que la violencia iba a retornar a Yucatán etcétera, debe tener una respuesta puntual. Nos piden una muestra de confianza, fe en la Procuraduría. Quiero citarles la respuesta del procurador, dice: "procurador ve compleja la solución del multihomicidio, compara el caso con el de Kennedy, que a 39 años no se resuelve a satisfacción". Creo que el procurador no es competente con toda la buena fe que le podamos tener. En el caso del hermano del gobernador, la respuesta fue la remoción del director de la Policía Judicial del Estado, precisamente por defender al agente que investigaba el robo de un vehículo, la respuesta fue un ataque contra el agente que investigaba el robo de un vehículo, no podemos tener fe en esta clase de justicia; presionar a la justicia, ¿recuerdan ustedes en Yucatán algún incidente en donde el PRI haya organizado marchas con velas, plantones, apagones, campañas en el medio de comunicación más leído del Estado? No hemos hecho ninguno de estos actos, venimos sí, ante ustedes y con todo respeto, a clamar justicia y hemos, además, en todo momento respetado la investidura del gobernador, eso sí, reclamando que haga el trabajo que está obligado a hacer, el trabajo que prometió hacer y el trabajo que la sociedad espera que haga. Todos vivimos en Yucatán, a ninguno de nosotros nos conviene un clima de desestabilización, nosotros no tenemos que esperar el fin del mundo, nosotros ya estamos ahí y hemos estado ahí durante mucho tiempo, hemos vivido ahí durante mucho tiempo y otros, han vivido en Yucatán, disintiendo, siendo oposición, organizando actos en contra del gobierno y hoy, están vivos: Pánfilo Novelo Martín está muerto, para él el mundo ya terminó, eso es lo que venimos a pedir hoy los diputados y senadores del PRI. No se trata de ver empujada la administración de justicia para que dé cualquier clase de solución, se trata de pedir que haga su trabajo, no hemos venido aquí y pedimos que se ponga cuidado en esto, la remoción del procurador, estamos pidiendo que el gobernador se haga responsable de su procurador y que se encargue de que efectivamente el procurador esté cumpliendo con su trabajo. No podemos tener fe en la administración de justicia cuando ante nuestros ojos, los de nuestras familias, los de nuestros amigos, los robos aumentan, la delincuencia aumenta y además, la delincuencia se arma, la violencia aparece. No, no se trata nada más del espíritu partidista, no se trata de duelo, diputados y senadores; oportunamente, ante las instancias competentes, promoveremos las acciones legales que correspondan, no se trata de ser estridentes, se trata de ser puntuales. Agradecemos el duelo pero queremos un poco más y precisamente quienes comparten la responsabilidad de gobierno con un gobernador emanado de sus filas, tienen que exigirle a ese gobernador que se comporte a la altura de lo que prometió, que cumpla con lo que la ciudadanía le exige y que sin evasivas no nos venga a recitar dichos, sólo uno quisiéramos decirle: "durante mucho tiempo no dije lo que creía ni creo lo que digo; si alguna vez por casualidad digo la verdad, la oculto entre tantas mentiras que resulta difícil hallarlas". Maquiavelo en una carta a Francesco Ugardini en el Siglo XIV. No necesitamos que se oculten verdades, no necesitamos palabras, si el gobernador hace su trabajo, el procurador hace su trabajo, esta tribuna no se ocuparía de este caso. Muchas gracias. El Presidente: Han solicitado el uso de la palabra el diputado Efrén Leyva y el senador Jorge Zermeño Infante. Tiene la palabra el diputado Efrén Leyva. El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo: He querido, compañeros diputados y senadores, compañeros diputados locales y presidentes municipales que vienen del Estado de Yucatán, hacer uso de la tribuna, preocupado por escuchar quizá pretextos o justificaciones a un hecho que a todos nos debe avergonzar y preocupar. Y preocupado porque si queremos darle a esto un sesgo de carácter político, creo que difícilmente vamos a poder lograr encontrar la solución a continuar una vida tranquila, una vida digna. Es cierto, el dicho que todos conocemos en todos los rincones de nuestro país es de que si queremos vivir tranquilos nos vayamos a Yucatán, pero nuestro compañero diputado ya no vive, ya no vive ni siquiera tranquilo, simplemente ya no vive, fue segada su vida por manos asesinas que aún no encontramos ni siquiera el camino ni encontramos la disposición para encontrar una verdad y una respuesta y no podemos venir aquí a tratar de justificar que esto no es motivo de un año, de cinco meses, sino simplemente que el hecho de segar una vida es cuestión de un minuto, es cuestión de segundos y que tenemos y esperábamos aquí también como lo vimos en una actitud inteligente, prudente y solidaria por parte del PRD, encontrar también una respuesta así de Acción Nacional y no una actitud entreguista y una actitud defensora a priori de funcionarios que tienen que cumplir su responsabilidad. Si vemos que el Procurador General de Justicia está desde este momento tratando de justificar que va a ser muy difícil aclarar el asesinato, yo creo que lo más prudente sería que si no es capaz, que renuncie, pero que deje en Yucatán el clima de tranquilidad que quiere. No es posible que un gobernador del Estado que se comprometió y buscó el voto de la ciudadanía para ejercer y representar al pueblo, en lugar de respetar todo lo que son las estructuras de gobierno para investigar los delitos, a la hora que es acusado uno de sus familiares más cercanos lo primero que haga es descalificar a los investigadores sin investigar siquiera si tiene o no responsabilidad en el delito. La reacción con dignidad de quien era director de la Policía Judicial fue retirarse porque no le permitían trabajar con libertad para poder esclarecer los delitos que se estaban cometiendo en el Estado y eso es lo que estamos hoy nosotros pugnando; buscar una solidaridad y no acusar a nadie, aquí no se viene a responsabilizar si eso lo mandó fulano, lo mandó zutano ni siquiera nos atrevemos a decir nombres; se trata de venir a buscar la solidaridad y que juntos hagamos de esta solidaridad nuestro mejor empeño para exigir a las autoridades investigadoras que se busque a los culpables y que se les castigue con todo el peso de la ley. Esa es la posición que tiene nuestro partido, ésa es la posición que Jorge Carlos Ramírez Marín ha venido a decir a esta tribuna; yo no escuché en ninguna de sus expresiones que se refirió a la culpabilidad de alguien, se refirió a las expresiones que hizo el diputado que hoy ya no está con nosotros en relación a sus intervenciones en tribuna, pero aquí lejos de venir a solidarizarse se ha venido a insultar su inteligencia, ya en ausencia. Qué grave es que lejos de reconocer la capacidad y el talento de quien fue diputado y que fue representante popular y fue una persona reconocida en su pueblo y en su Estado, hayan venido hoy con afanes protagónicos a insultar la inteligencia que ya no está con nosotros. Eso no es la disposición que esperamos y en un afán tranquilo, de suma de esfuerzos, de suma de voluntades, esperamos realmente que busquemos juntos una expresión que exija simplemente que cumplan su responsabilidad quienes la asumieron; que exigimos simplemente de que cumplan y si no pueden cumplir, mejor que se vayan. El pueblo merece la tranquilidad y no podemos estar ahora hablando de un asesinato y estar quizá mañana hablando de otras cosas más graves. En Yucatán, en la blanca Mérida, está corriendo la sangre para mancharla de rojo. Evitemos que eso llegue buscando que cada quien cumpla con lo que tiene qué hacer. El Presidente: Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Zermeño Infante, hasta por cinco minutos. El senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario de Acción Nacional ha sido claro en esta tribuna al manifestar su solidaridad, en primer lugar, con los familiares del diputado y con su partido y hemos sido claros también al manifestar nuestra exigencia de justicia en este asunto. Para nosotros no hay lugar a dudas ni regateos, repudiamos como lo hemos hecho siempre, la violencia, los actos de barbarie, de cobardía como éste, vengan de donde vengan y nuestra solidaridad y solicitud de que las autoridades competentes actúen con la diligencia y con la rapidez que éste y cualquier otro caso de esta naturaleza amerita. No queremos ni nos gusta que se politicen ni se partidicen asuntos de esta naturaleza. Nosotros hemos sido víctimas, como compañeros de otros partidos políticos, como aquí mismo lo manifestó el compañero del PRD, en otros estados gobernados por gobiernos distintos al partido nuestro. Pensamos que un asunto de éstos pueda tener algún cariz que corresponderá seguramente a la autoridad definirlo. Exigimos que se lleven hasta sus últimas consecuencias estas investigaciones, quien tenga algo que aportar que lo aporte, pero que no utilicemos de manera política partidista un asunto que merecería por lo demás nuestro repudio y por supuesto nuestra exigencia de justicia y desde luego la esperanza de que contribuyamos todos a hacer de este México una patria en donde podamos transitar con mayor seguridad, exigiendo a las autoridades locales o federales que hagan el mayor esfuerzo por mejorar todo aquello que tenga que ver con la procuración, con la administración de la justicia y con la persecución de los delincuentes. Por supuesto nuestra actitud no es ni entreguista ni defensora a priori; nuestra actitud es de responsabilidad y de exigencia también para las autoridades competentes en Yucatán y para las autoridades federales que coadyuven en la investigación de este caso. Gracias. El Presidente: El siguiente punto del orden del día son comentarios sobre el viaje a Cuba, para lo cual tiene la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. El diputado Juan Carlos Regis Adame: Con el permiso de la Presidencia: Queremos aprovechar este espacio también para solidarizarnos con la familia del diputado Pánfilo Novelo, sumarnos a la exigencia de las diferentes fracciones aquí ya manifestadas, en cuestión de procuración de justicia. Compañeras y compañeros legisladores: la representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ante este órgano legislativo ha solicitado hacer uso de la palabra para fijar con precisión nuestra postura acerca del viaje de un grupo de diputados a la hermana República de Cuba. 136,137,138 La Cámara de Diputados ha integrado diferentes grupos de amistad con varios países, entre ellos un pueblo que nos es tan cercano como el pueblo de Cuba, con el cual históricamente nos unen grandes lazos de afecto, máxime que en este año se cumple el centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Cuba. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las fracciones I y II de su artículo 76 se asignan al Senado de la República importantes atribuciones en materia de política exterior y a su vez se establece en la Ley Orgánica del Congreso General, artículo 46 párrafo tercero que dice: "a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno podrá constituir grupos de amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas". En ese sentido, el grupo de amistad MéxicoCuba de la Cámara de Diputados organizó una visita de carácter oficial que tiene como propósito fundamental conmemorar el centenario de las relaciones diplomáticas entre ambas nacionales. Como a todos nos consta, nuestra relación con Cuba ha sido cercana y profunda y temas de interés binacional, por ejemplo, apenas a mediados del año pasado durante los días 27 al 29 de junio, se efectuó la IV Reunión Interparlamentaria MéxicoCuba en el puerto de Veracruz de nuestro país. En dicha reunión se tomaron acuerdos importantes tendientes a fortalecer la soberanía de nuestros pueblos, la participación sistemática de ambas naciones en foros interparlamentarios tales como el Parlatino, el Parlacen, la Unión Interparlamentaria Mundial y otros organismos similares. Asimismo se reiteró el rechazo de las acciones de aislamiento político y el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos de América ha impuesto a Cuba. Lo que ha sido costumbre y un hecho normal de la diplomacia parlamentaria, ha sido magnificado por los medios de comunicación con el propósito de denostar a los legisladores que forman parte de esta comitiva, así como el Poder Legislativo en general, remarcando que los diputados prácticamente realizaron un viaje de placer cuyo costo sería absorbido por el presupuesto de la Cámara de Diputados y que a fin de cuentas terminaría pagándolo con sus contribuciones el pueblo de México, afirmación que es a todas luces errónea. Pero independientemente de los dimes y diretes es conveniente dejar en claro que esta ofensiva de los medios de comunicación tanto escritos como electrónicos, particular de Televisión Azteca acorde con su proclive formación amarillista y de Televisa aunque en menor medida, es consecuencia de las reformas fiscales aprobadas recientemente. Debemos agregar que dicha ofensiva es promovida desde las altas esferas del poder y la política de este país. Podemos mencionar a grupos empresariales y a los medios informativos que han dedicado espacio para tal efecto, así como las opiniones expresadas por el presidente Fox, en el sentido de menospreciar y vilipendiar el trabajo de los legisladores que no apoyaron su propuesta de reforma fiscal. Esta ofensiva es resultado de que en los trabajos legislativos se aumentaron tasas impositivas a la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. En este caso el Poder Legislativo determinó establecer un impuesto a las telecomunicaciones en todas sus modalidades, aspecto que agrava a estas empresas, sin duda los sectores empresariales hubieran preferido que la reforma fiscal propuesta por el Presidente de la República fuera pagada por las clases populares al establecer el IVA a alimentos, medicinas y colegiaturas. Sin embargo, como esto no ocurrió y sí se realizaron importantes modificaciones a la Ley de Impuesto Sobre la Renta para que en la estructura tributaria de este país paguen más quien más gana y se eliminaron diversos regímenes especiales que favorecían a pequeños núcleos de contribuyentes no como una forma de castigar a quienes como resultado de su esfuerzo obtienen altas utilidades, sino como un aspecto de justicia social. Por eso nuestro partido ha sido un firme impulsor de una auténtica reforma fiscal que dote al Gobierno de mayores recursos pero que tenga su sustento en gravar el capital financiero, particularmente el especulativo que es el que ejerce una clara dominación en ámbito económico. Por lo anterior, nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por mi conducto, apoya la labor que viene desempeñando el grupo de amistad MéxicoCuba y apoyará a cualquier otro que establezca esta Cámara de Diputados en pro de mejorar las relaciones interparlamentarias bilaterales. Asimismo rechazamos las críticas sin fundamento que los grupos empresariales han emprendido en contra del Poder Legislativo y que bajo cualquier pretexto, pretender supeditar la actuación del Legislativo a sus mezquinos intereses. Es cuanto. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. «Comisión Permanente.— Primer Receso.— Segundo Año.— LVIII Legislatura. Orden del día Miércoles 23 de enero de 2002. Lectura del acta de la sesión anterior. Oficios de la Secretaría de Gobernación Con el que remite copia del oficio número 001655, suscrito por Fernando Méndez Ortega, director jurídico del gobierno del Estado de Oaxaca, con el que acompaña copia de la circular que emitió a los 570 ayuntamientos de ese Estado, en relación al punto de acuerdo promovido por el senador Antonio García Torres, aprobado por la Cámara de Senadores. Con los que remiten 12 hojas de servicios de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.) Dictámenes a discusión De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Germán Palomares Oviedo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Río Branco, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil. De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Rodrigo de Jesús Hidalgo Maza, Sandra Gabriela García Guillén, Mario Alberto Robles Félix, América García Delgadillo, Jaime Nicanor Terán Flores y María Magdalena Magallón Venzor, para prestar servicios en la Embajada y consulados generales de Estados Unidos de América en México; Tijuana, Baja California; Monterrey, Nuevo León; Matamoros, Tamaulipas y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.» El Presidente (a las 14:26 horas): Gracias, señora Secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 23 de enero a las 11:00 horas. Muchas gracias. • Tiempo de duración: 2 horas 57 minutos. • Quorum a la apertura de sesión: 34 legisladores. • Diputado que se reincorpora: 1. • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 4. • Pronunciamientos conjuntos: 1. • Proposiciones de puntos de acuerdo: 4. • Temas de agenda política: 2. • Oradores en tribuna: 14 PRI–6; PAN–2; PRD–5; PT–1. Se recibió: • 3 comunicaciones de los congresos de los estados de: Jalisco, Morelos y San Luis Potosí; • 1 comunicación del Consejo de la Judicatura Federal; • 1 iniciativa del Congreso del Estado de Tabasco; • 1 Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita autorización para que el Presidente de la República, pueda ausentarse del territorio nacional; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite respuestas de diversos funcionarios a puntos de acuerdo de la Cámara de Diputados; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso necesario para que dos ciudadanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita los permisos constitucionales necesarios para que cuatro ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en distintas representaciones diplomáticas y por el que comunica que tres ciudadanos mexicanos han dejado de prestarlos; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita los permisos constitucionales necesarios para que dos ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en representación diplomática; • 12 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea nacionales; • 1 oficio de la Cámara de Senadores. 139,140,141 Dictámenes de primera lectura: • 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Germán Palomares Oviedo, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Brasil; • 1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de ese país en México, respectivamente Dictámenes aprobados: • 1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica la designación del ciudadano Bernardo González Aréchiga Ramírez Wiella, como vocal de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para el periodo comprendido del 1o. de enero de 2002, al 31 de diciembre de 2005; • 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Carlos Virgilio Ferrer Argote como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Argelia Democrática y Popular; • 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana Anacelia Pérez Charles como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Haití; • 1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica la designación del ciudadano Adolfo Miguel Aguilar Zinser como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.
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