DIARIO de los DEBATES
ORGANO
OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN PERMANENTE
Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio
| DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Héctor de Antuñano y Lora t |
PRESIDENTE |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
AÑO II México, D.F., Miércoles 30 de Enero de 2002 No.7 |
DIARIO de los DEBATES
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Año lI No. 7 COMISIÓN PERMANENTE ENERO 30, 2001 |
Presidencia del diputado José Guillermo Anaya Llamas El Presidente: Muy buenos días, señoras y señores legisladores. Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente. Hay una asistencia de 32 legisladores. Hay quorum, señor Presidente El Presidente (a las 11:25 horas): Gracias. Se abre la sesión. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Se va a dar lectura al orden del día. «Comisión Permanente.— Primer Receso.— Segundo Año.— LVIII Legislatura. Orden del día Miércoles 30 de enero de 2002. Lectura del acta de la sesión anterior. Comunicaciones De los congresos de los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Del senador Fidel Herrera Beltrán, con la que remite punto de acuerdo del Congreso del Estado de Veracruz. De legisladores de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente. Iniciativas de legisladores Que deroga la fracción X del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 41 y adiciona un artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) De reformas al artículo séptimo transitorio fracción X inciso E numeral 1, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, a cargo del diputado Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.) Con proyecto de decreto para que se convoque a un periodo de sesiones extraordinarias al Senado de la República, a cargo del senador Juan José Rodríguez Prats, a nombre de legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.) De reformas a la fracción XI del artículo 109, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Guadalupe López Mares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.) De reformas al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Oficios de la Secretaría de Gobernación Tres, con los que remite, copias de los oficios: del director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores; del jefe de la unidad de planeación estratégica de la dirección general de enlace legislativo de la Procuraduría General de la República y del Secretario de Salud, en relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Dos, con los que remite, copias de los oficios: del subsecretario de operación turística de la Secretaría de Turismo y del administrador general de aduanas del servicio de administración tributaria, en relación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Con el que remite la Secretaría de Economía el informe de evaluación correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal de 2001, de los indicadores de evaluación y de gestión y el informe del segundo semestre de 2001, sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas. (Turno a comisión.) Con los que remite 12 hojas de servicios de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.) Dictámenes a discusión De la Tercera Comisión con puntos de acuerdo relativos a los nombramientos de magistrados de la sala superior y de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ocho, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a miembros del Ejército mexicano. De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso al arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, para aceptar y usar la condecoración de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, en grado de Bailío Gran Cruz de Justicia, que le confiere su alteza real, don Carlos de Borbón. De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Andrés Antonio Torres Scott, Raymundo Julián Navarrete Buenrostro, Gerardo Torner Márquez y Pedro Vargas Soto, para prestar servicios en la Embajada y centro de comercio de Estados Unidos de América, en México. De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Javier Vázquez Lázaro y Silvia de la Luz Rivera, para prestar servicios en la Embajada de la República de Ecuador, en México. Comunicación de legisladores de la Comisión Permanente. Proposiciones Con punto de acuerdo sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo de la Unión, en materia de imposición de tarifas, a cargo del diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo relativo al incremento de las tarifas eléctricas, a cargo de la diputada María Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre la problemática ambiental de Acapulco, a cargo de la senadora Sara Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo para que se investiguen los actos de corrupción en la delegación de Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, a cargo del diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo relativo a la impunidad, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre la visita que realizará el presidente Vicente Fox, a la República de Cuba, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre el despido de trabajadores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Agenda política Posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación a la quiebra de la empresa Enron.» El Presidente: Gracias, señora Secretaria. El Presidente: El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de hoy y se proceda a su votación. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de hoy y se proceda a su votación. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura. «Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintitrés de enero de dos mil dos, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. Presidencia del diputado En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo en San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con una asistencia de veintiocho legisladores, a las once horas con veintiséis minutos del miércoles veintitrés de enero de dos mil dos, el Presidente declara abierta la sesión. La Secretaría da lectura al orden del día. La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica. Comunicaciones de los congresos de los estados de Tabasco y Tamaulipas, con las que informan de actividades propias de su legislatura. De enterado. Comunicación de legisladores de los diversos grupos parlamentarios, con acuerdo relativo a las sesiones de la Comisión Permanente. Se aprueba en votación económica. Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos mil Dos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. El Presidente informa de la recepción de una iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos mil Dos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados federales del Estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Presentan iniciativas con proyectos de decreto, los legisladores: Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un segundo párrafo a la fracción vigesima novena-H del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de adiciones al Código Fiscal de la Federación. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de la Cámara de Senadores. José Natividad González Parás, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que afectan a los derechos de autor. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Cultura, de la Cámara de Diputados. Oficios de la Secretaría de Gobernación: Dos, con los que remite copias de los siguientes oficios: del licenciado Fernando Méndez Ortega, director jurídico del gobierno del Estado de Oaxaca, con el que acompaña copia de la circular emitida a todos los ayuntamientos de los municipios de esa entidad federativa, en relación con el punto de acuerdo promovido por el senador Antonio García Torres y del ciudadano Juan Eibenschutz, director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía, sobre las garantías de seguridad de la Planta Nucleoeléctríca de Laguna Verde, ambos en relación con puntos do acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Remítanse a la Cámara de Senadores. Con el que remite propuestas del Presidente de la República para la ratificación y designación de magistrados de las salas superiores y salas regionales del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turna a la Tercera Comisión. Con el que remite propuestas del Presidente de la República para la designación de magistrados numerarios en los tribunales unitarios agrarios. Se turna a la Primera Comisión. Relativo a la designación del ciudadano Eliezer Morales Aragón como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Bolivia. Se turna a la Segunda Comisión. Dos, relativos a la designación de los ciudadanos Juan Carlos Cue Vega y Héctor Antonio Romero Barraza, como cónsules generales de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América y en Vancouver, Canadá, respectivamente. Se turnan a la Segunda Comisión. 245,256,247 Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el diputado Salvador Rocha Díaz, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Rumania. Se turna a la Primera Comisión. Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Anne Rosenstein Harris, pueda desempeñar el cargo de agente consular de Estados Unidos de América en Cozumel, con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo. Se turna a la Primera Comisión. Doce, con los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión. Dictamen de la Segunda Comisión, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días tres y cuatro de febrero de dos mil dos, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Cuba. Es de primera lectura. La Asamblea, en votación económica, le dispensa la segunda lectura al dictamen. Sin discusión se aprueba por veintinueve votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada de la República de Ecuador en México. Es de primera lectura. Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México. Es de primera lectura. Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, para aceptar y usar la condecoración que le confiere su alteza real, don Carlos de Borbón. Es de primera lectura. Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Juan Carlos Tamayo Pino, como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin discusión se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Juan Carlos Tamayo Pino, cuyo nombramiento acaba de ser aprobado por la Asamblea y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley. Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Mauricio de María y Campos y Castelló, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Sudáfrica. Sin que motive discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Mauricio de María y Campos y Castelló, cuyo nombramiento como embajador acaba de ser aprobado por la Asamblea y, acompañado de una comisión designada, rinde su protesta de ley. Ocho dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Sin discusión se aprueban en conjunto en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo. Dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que: Se concede permiso al ciudadano Germán Palomares Oviedo, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil. Se concede permiso a seis ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada y diversos consulados generales de Estados Unidos de América en México. Sin discusión se aprueban en un solo acto por veintinueve votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales. Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los legisladores: Juan Manuel Sepúlveda Fayad, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aumento generalizado de precios. Se refieren al mismo tema los legisladores: Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Camilo Mouriño Terrazo, del Partido Acción Nacional y María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Tercera Comisión. Víctor Hugo Sondón Saavedra, del Partido Acción Nacional, sobre la situación política en el Estado de México. Hablan sobre el mismo asunto los legisladores: Reyes Antonio Silva Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional; Eduardo Arnal Palomera, del Partido Acción Nacional y Roberto Ruiz Angeles, del Partido Revolucionario Institucional. Rectifican hechos los legisladores: Víctor Hugo Sondón Saavedra, del Partido Acción Nacional y es interrumpido por el legislador Marco Antonio Fernández Rodríguez, quien solicita una moción de orden; Reyes Antonio Silva Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional; Eduardo Arnal Palomera, del Partido Acción Nacional y Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el homicidio de Digna Ochoa y Plácido. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos mil Dos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los trabajos para la reforma de Estado. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados. Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar al Fondo Monetario Internacional atienda la situación en Argentina. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática, sobre los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Se concede la palabra, para el mismo tema, al legislador Marco Antonio Fernández Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. La Mesa Directiva invita a los integrantes de la Comisión Permanente a la reunión de trabajo de la Segunda Comisión con una delegación de visitantes de la República de Lituania, encabezada. por su Presidente, el excelentísimo señor Valdas Adamkus, el jueves veinticuatro de enero de dos mil dos a las once horas con treinta minutos, en el salón Legisladores de la República. Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas, citando para la que tendrá lugar el miércoles treinta de enero de dos mil dos, a las once horas.» El Presidente: Proceda la Secretaría a someter a discusión el acta. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... El Presidente: Aprobada el acta. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Se va a dar lectura a las comunicaciones. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chiapas.— Honorable Congreso. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F. Por acuerdo del honorable Congreso, comunicamos a ustedes, que con esta fecha quedó instalada legalmente la LXI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política local, dio por iniciado su segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, quedando instalada la Mesa Directiva que fungirá a partir de esta fecha, de la siguiente manera: diputados: Romeo Cruz Becerra, presidente; Carlos Alberto Palomeque Archila y José Marcos Abadia Rincón, vicepresidentes. Lo cual comunicamos a ustedes para los efectos procedentes, reiterándoles la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. Atentamente. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 18 de diciembre de 2001.— Por el honorable Congreso del Estado.— Diputados: Guilmar Sarmiento Gutiérrez y Manuel Velasco Coello, secretarios.» El Presidente: De enterado. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: «LVI Legislatura.— Guerrero.— Honorable Congreso del Estado. Ciudadana Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F. El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de fecha 6 de diciembre del año en curso, tuvo a bien aprobar un acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta a las comisiones de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes de esa Cámara de Diputados, para que en uso de sus facultades y atribuciones, analicen con mayor profundidad la propuesta para establecer el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (ramo telecomunicaciones) y formulen las consideraciones pertinentes. Sin otro particular, le envío un cordial saludo y mi consideración distinguida. Atentamente. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diciembre 7 de 2001.— El Presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado, diputado Alberto Mojica Mojica.» «LVI Legislatura.— Guerrero.— Honorable Congreso del Estado. La LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y CONSIDERANDO Primero. Que tal y como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, presentado a la nación por el titular del Poder Ejecutivo Federal, es de vital importancia, contar con una infraestructura y una industria de telecomunicaciones con tecnología de punta, eficiente, productiva y competitiva, como premisa para el impulso del crecimiento social y económico de México; derivado de ello, el Presidente de la República asumió el compromiso de fomentar el desarrollo de redes de telecomunicaciones con cobertura amplia y accesible y con servicios diversos y avanzados a la población. Segundo. Que en la Ley Federal de Telecomunicaciones, se establece el objetivo de desarrollar la infraestructura en la materia, expandir su cobertura y fomentar las inversiones, que permitan extender y mejorar, entre otros, los servicios de educación, salud y comunicación a todos los sectores de la población, especialmente en las áreas rurales y a la población de menores ingresos. Tercero. Que actualmente en nuestra sociedad, la utilización del servicio telefónico se ha convertido en un medio de comunicación de primera necesidad, no sólo para los sectores de población de mayores recursos económicos, sino para la población en general donde su uso creciente y generalizable es decisivo para hacer llegar otros servicios para atender muy diversas necesidades sociales. 248,249,250 Cuarto. Que recientemente el Gobierno Federal ha propuesto al Poder Legislativo, aprobar un nuevo impuesto al servicio telefónico denominado impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), como una medida para captar mayores recursos presupuestales lo cual de aprobarse impactaría negativamente en la economía de todos los grupos sociales, sobre todo en los más desprotegidos. Quinto. Que de aprobarse el nuevo impuesto al servicio telefónico, se desencadenaría una escalada inflacionaria en la economía nacional, desalentaría los planes de inversión y los proyectos de desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones, frenaría los programas de educación a distancia y la telemedicina, limitaría las oportunidades de la población en edad escolar del acceso a Internet y otras tantas posibilidades que hoy empiezan a ser realidad, como el comercio electrónico y servicios gubernamentales, de lo que se conoce como la era digital. Sexto. Que el sector empresarial agrupado en la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti), ha alertado de los riesgos que conlleva la aprobación del pretendido impuesto telefónico y ha manifestado su franco rechazo a dicha propuesta, argumentando y razonando las implicaciones que tendría para la economía del país. Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 47 fracción I de la Constitución Política local y 127 párrafos primero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa tiene a bien expedir el siguiente ACUERDO PARLAMENTARIO Artículo primero. La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta a las comisiones de Hacienda, de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades y atribuciones, rechacen la propuesta para establecer el impuesto especial sobre producción y servicios (ramo telecomunicaciones) y formulen las consideraciones pertinentes. Artículo segundo. Este honorable Congreso del Estado de Guerrero, exhorta respetuosamente a las autoridades federales, particularmente a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, dependientes del Ejecutivo Federal, a analizar con mayor profundidad los riesgos e implicaciones de dicha propuesta y en su caso buscar alternativas que no repercutan negativamente en la economía de los sectores sociales más desprotegidos. Artículo tercero. Comuníquese el presente punto de acuerdo a los honorables congresos de los estados para su conocimiento y adhesión en su caso. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su expedición. Segundo. Comuníquesele al honorable Congreso de la Unión y a los honorables congresos de las entidades federativas para su conocimiento y efectos procedentes. Tercero. Remítasele al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes para su conocimiento y efectos procedentes. Cuarto. Publíquese el presente acuerdo para conocimiento general en el periódico del gobierno del Estado y en dos diarios de mayor circulación estatal. Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los 6 días del mes de diciembre de 2001.— Diputados: Alberto Mojica Mojica, presidente; Moisés Villanueva de la Luz y Juan Loaeza Lozano, secretarios.» El Presidente: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: «Congreso del Estado de Morelos.— Oficialía Mayor.— Proceso Legislativo y Parlamentario. Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, tengo el honor de informar a usted, que en la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, fueron electos los diputados: Guillermo del Valle Reyes, como presidente y Martín Gustavo Lezama Rodríguez, como vicepresidente, quienes formarán parte de la Mesa Directiva durante el mes de diciembre del año en curso, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional. Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Cuernavaca, Morelos, a 30 de noviembre de 2001.— El oficial mayor del Congreso del Estado de Morelos, Armando Ramírez Saldívar.» El Presidente: De enterado. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F. La LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente ACUERDO "Artículo primero. La LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se adhiere a los acuerdos parlamentarios emitidos por los congresos de los estados libres y soberanos de Guanajuato, Jalisco y Querétaro, a favor de que se salvaguarde y proteja el patrimonio cultural de la nación ante cualquier transacción comercial que los involucre, con la finalidad de que no pasen a manos extranjeras. En el mismo sentido, con absoluto respeto a las atribuciones y competencias, se eleva atenta excitativa al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las legislaturas de los estados, para que salvaguarden y protejan el patrimonio cultural de la nación ante cualquier transacción comercial que les involucre, con la finalidad de que no pasen a manos extranjeras. Artículo segundo. Envíese copia del presente acuerdo a las legislaturas locales de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que emitan acuerdos similares que se sumen a las citadas propuestas. ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. Salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 17 de enero de 2002.— Diputados: Amando Demetrio Bohórquez Reyes, presidente; Florencia Carolina Aparicio Sánchez, secretaria y Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, secretario.» Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. "El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz" Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 17 de enero de 2001.— Diputados: Florencia Carolina Aparicio Sánchez y Luis de Guadalupe Martínez Ramírez.» Túrnese a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, para su conocimiento. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Del senador Fidel Herrera Beltrán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura. Diputada María Elena Alvarez Bernal, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente. A efecto de que pueda ser incluida en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de enero de 2002, remito a usted un punto de acuerdo aprobado por la LIX Legislatura del Estado de Veracruz, en donde se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para que, bajo los principios de equidad y desarrollo sustentable, se revise el monto de las participaciones asignables en el Ramo 33 para que ningún municipio perciba montos inferiores a los del año 2001. Reciba un cordial saludo. Respetuosamente México, D.F., a 28 de enero de 2002.— Senador Fidel Herrera Beltrán.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo, del estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Ciudadano Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.— Presente. La honorable LIX Legislatura del Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el siguiente ACUERDO Primero. Solicítese a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que, bajo los principios de equidad y desarrollo sustentable, se revise el monto de las participaciones asignables en el Ramo 33 para que ningún municipio perciba montos inferiores a los del año 2001. Segundo. Comuníquese esta determinación al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Lo que transcribimos a usted para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Sufragio Efectivo. No Reelección. Atentamente. Xalapa, Veracruz, enero 24 de 2002.— Diputadas Alicia González Cerecedo, presidenta; Guadalupe Velázquez Casanova, secretaria.» El Presidente: De enterado y remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Acuerdo en relación con su mesa directiva: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Como es de su conocimiento, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que actúa en este primer receso del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, está funcionando con un integrante menos en razón de la ausencia temporal de su Presidenta, por lo que resulta necesario elegir al miembro que complete su integración durante el tiempo en que persista dicha separación transitoria. En consecuencia, dado que el actual vicepresidente asume la Presidencia de las sesiones, procede designar a quien ocupe el cargo de la vicepresidencia para las eventuales sustituciones que pudieran ocurrir, cuidando del necesario equilibrio que como criterio orientador conduce la integración de los órganos de dirección del Congreso. Por lo anterior, los coordinadores parlamentarios de los grupos partidistas que formamos parte de esta Comisión Permanente, nos permitimos someter a la aprobación del pleno el presente acuerdo, en los términos de las siguientes consideraciones y fundamentos: 251,252,253 Primero. La Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Para su funcionamiento, la Comisión Permanente debe contar con un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios. Tercero. El vicepresidente, diputado José Guillermo Anaya Llamas, se desempeña en funciones de Presidente de la Mesa Directiva, en razón de la ausencia del presidente. Cuarto. En consecuencia, es necesario completar los cargos en la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para garantizar el adecuado funcionamiento de la misma, tomando en cuenta la posibilidad de que alguno de los secretarios actuales se elija como vicepresidente, en cuyo caso también procedería la elección de un nuevo secretario que cubra la ausencia durante el tiempo que corresponda. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 78 constitucional, 116, 117, 118, 119, 120 y 123 de la Ley Orgánica y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General, los abajo firmantes se permiten proponer el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. La Comisión Permanente que funciona durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura cubrirá, en esta fecha, una vicepresidencia, con objeto de garantizar su adecuado funcionamiento y la participación corresponsable y equilibrada entre los legisladores que integran su Mesa Directiva. En consecuencia, se procederá a la elección de los cargos necesarios mediante cédula, en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para fungir en tanto persistan las condiciones que lo motivan. Salón Legisladores de la República, a 23 de enero de 2002.— Diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, Felipe Calderón Hinojosa, Miroslava García Suárez, Rodolfo Escudero Barrera, Juan Carlos Regis Adame; senadores: Ernesto Gil Elorduy, Diego Fernández de Cevallos, Armando Chavarría Barrera y Gloria Lavara Mejía.» En votación económica, se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... El Presidente: Aprobado. Se va a proceder a la elección de un vicepresidente y de un secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Proceda la Secretaría de Servicios Parlamentarios a entregar las cédulas correspondientes. Se solicita a los señores legisladores, pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre. (Votación.) La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Señor Presidente, se emitieron 34 votos a favor del diputado José Manuel Medellín Milán, como vicepresidente y 33 votos del diputado Roberto Ruiz Angeles, como Secretario. El Presidente: Se declara que han sido electos como vicepresidente el diputado José Manuel Medellín Milán y como secretario el diputado Roberto Ruiz Angeles, se solicita pasen a ocupar su lugar en el presidium. El Presidente: Iniciativa de legisladores. Se recibió iniciativa para derogar la fracción X del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 y reformas a los artículos 1o., 2o., 4o. y 41 y adición de un artículo 43 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura. Iniciativa de decreto que deroga la fracción X del séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 41 y adiciona un artículo 43, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El suscrito, Uuc-kib Espadas Ancona, diputado a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que deroga la fracción X del séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 41 y adiciona un artículo 43, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. EXPOSICION DE MOTIVOS El 1o. de enero de 2002, el Congreso de la Unión, a través del decreto que establece la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, facultó a las entidades federativas para "establecer un impuesto a las ventas y servicios al público en general". Esta facultad, que en principio podría apreciarse como un elemento de desarrollo del federalismo, adolece; sin embargo, de diversas imperfecciones tanto en este como en otros aspectos, tales que ameritan su profunda revisión. Dado el carácter de la ley en que se incluye, la facultad concedida a las entidades federativas se encuentra limitada al Ejercicio Fiscal de 2002. De esta manera, no sólo el proceso legislativo local reduciría las posibilidades prácticas de ejercicio de dicha facultad a menos de un año, sino que, finalmente, no constituye una reforma estable en las relaciones tributarias entre los estados y la Federación. En cuanto a su efecto sobre la población, es de señalarse que, dada la extendida coincidencia de los objetos de gravamen del impuesto local en cuestión y del IVA, su aplicación generalizada representaría un incremento en el total de impuestos al consumo, para aquellos casos en que se aplica, del 15% al 18%. Los nuevos recursos que por esta vía obtuvieran los gobiernos de las entidades federativas, significarían en su totalidad una nueva carga fiscal para los contribuyentes que, por las características propias de los impuestos al consumo, lesionaría en sus necesidades económicas más elementales a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Bajo estas condiciones de transitoriedad e impacto social, el ejercicio de las nuevas facultades recaudatorias locales encuentra una difícil viabilidad que, con grandes posibilidades, se traducirá en su no aplicación en la mayoría de las entidades federativas. El desarrollo del federalismo es una de las más altas prioridades de la nación en el proceso de transformación democrática de las instituciones del Estado y este desarrollo en el terreno fiscal significa, sin duda, la sustancial ampliación de las facultades recaudatorias de los estados: en el México moderno y democrático que este siglo habrá de ver, los estados cobrarán impuestos económicamente significativos a los contribuyentes. Sin embargo, la ampliación de estas facultades recaudatorias no puede, con justicia, hacerse a costa de la población, particularmente cuando, en el caso que nos ocupa, a lo largo de los años se ha establecido un difícil acuerdo político y social que limita el pago del impuesto al consumo a una tasa máxima del 15%. El arduo debate previo a la reforma fiscal de diciembre de 2001 no hizo sino ratificar ese entendimiento. En este entendido, el establecimiento de nuevas facultades recaudatorias para las entidades federativas sólo puede inscribirse en el proceso de desarrollo del federalismo como una transferencia de las facultades de la Federación, sin cargas adicionales para la población. En la iniciativa que sometemos a la consideración de este Congreso, proponemos derogar la fracción X del séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, que establece la facultad de gravamen adicional en comento; reducir en un 5% las tasas del Impuesto al Valor Agregado y dar facultad a las entidades federativas para gravar, hasta en un 5%, los actos o actividades que se encuentren gravados con el IVA en tasas distintas a 0%. Proponemos, adicionalmente, que la reducción del IVA y el posible establecimiento de impuestos estatales al consumo se realice de forma gradual, en razón de un punto porcentual anual entre 2003 y 2007, de modo tal que, en todo momento, la suma de estos impuestos sea idéntica a la correspondiente tasa del IVA actualmente en vigor y que el decremento en el cobro del IVA por parte de la Federación se alcance en cinco años. Nuestra propuesta garantiza: 1. Que la federalización de las facultades recaudatorias no signifique nuevas cargas fiscales para el conjunto de la población. 2. Que los estados adquieran facultades recaudatorias estables. 3. Que el monto de los ingresos obtenibles por los estados sea fiscalmente significativo. 4. Que la Federación disponga de un plazo razonable para la realización de los ajustes administrativos derivados de esta transferencia. La propuesta planteada ofrece así condiciones de viabilidad de las que la actual facultad carece. En cuanto al efecto que esta transferencia tendrá para la Federación, éste sería insignificante si la actual administración cumpliera moderadamente su meta de reducción de la evasión en un 3% del PIB. Con base en las previsiones hechas para 2002, el monto total acumulado de lo transferido alcanzaría al quinto año algo más de 70 mil millones de pesos, cantidad menor a la mitad de la recuperación de evasión estimada. Por lo expuesto, se propone la siguiente INICIATIVA De decreto que deroga la fracción X del séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 41 y adiciona un artículo 43, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 2o., 4o. y 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: Artículo 1o. . . I a la IV. . . El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta ley, la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Artículo 2o. . . El impuesto se calculará aplicando la tasa del 5% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza. Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 5% siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza. Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa del 10%: Artículo 4o. . . I a la IV. . . . . . . . . Para que sea acreditable en los términos de este artículo el impuesto al valor agregado en la importación de bienes tangibles, cuando se hubiera pagado la tasa del 5%, el contribuyente deberá comprobar que los bienes fueron utilizados o enajenados en la región fronteriza. Artículo 41. . . La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con los estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales, distintos al previsto en el artículo 43 de esta ley, sobre: I a la VI. . . . . . VII. . . . . . Artículo segundo. Se adiciona el siguiente artículo 43 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 254,255,256 Artículo 43. Las entidades federativas podrán establecer un impuesto a los actos o actividades que causen el impuesto al valor agregado con tasas distintas de 0%. La tasa máxima de este impuesto no podrá superar el 5% de los valores de las actividades gravadas, sin que el impuesto al valor agregado y el impuesto a que se refiere este artículo formen parte de dichos valores.
ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. Se deroga la fracción X del séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. Segundo. Las reformas y adiciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado establecidas en el presente decreto entrarán en vigor conforme a los siguientes plazos: I. Las tasas del impuesto al valor agregado se reducirán en razón de un punto porcentual anual a partir del ejercicio 2003 hasta alcanzar las de 10% y 5% establecidas por este decreto en el ejercicio 2007. II. La tasa máxima establecida por el artículo 43 se alcanzará gradualmente en razón de un punto porcentual a partir del ejercicio 2003 y hasta el 2007. Palacio Legislativo.— San Lázaro, a los 28 días del mes de enero de 2002.— Diputado Uuc-Kib Espadas Ancona.» Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Diputados. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (II) El Presidente: Tiene la palabra el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas al artículo séptimo transitorio fracción X inciso e numeral 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. El diputado José Rodolfo Escudero Barrera: Con el Permiso de la Presidencia: compañeras y compañeros legisladores: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente. Bernardo de La Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley. EXPOSICION DE MOTIVOS Como consecuencia de un crecimiento económico lento y deficiente, inestable y excluyente, nuestro país enfrenta el compromiso de una deuda social acumulada de rezagos y desigualdad. Concretamente, el país necesita generar un mayor ingreso fiscal para satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad. Lo anterior ha sido el argumento principal en el que durante años se han basado las diversas reformas a las disposiciones fiscales de nuestro país, de tal forma que el sistema tributario mexicano poco a poco se ha agotado, fundamentalmente porque al no generar los recursos suficientes, la política tributaria, en general, ha tendido a depredar las fuentes de ingresos que se tuvieran a la mano, independientemente de las consecuencias económicas de esto. Muestra de ello fue la propuesta del Ejecutivo para homologar, en una época de crisis, la tasa del 15% del impuesto al valor agregado a medicinas y alimentos. Muchos fueron los sectores inconformes, los discursos en contra, la preocupación de la población por ver retribuido en bienes y servicios públicos su esfuerzo tributario, pero finalmente, esta soberanía se pronunció por mantener la tasa cero en estos productos. Sin embargo, paradójicamente, la falta de compromiso y oficio político de muchos de los legisladores, han provocado que hoy nos encontremos ante la posibilidad de que las entidades federativas puedan aplicar un impuesto del 3% a alimentos y medicinas, entre otras cosas, tal y como lo establece la fracción X del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2002. Hay que preguntarnos, ¿dónde ha quedado el compromiso con la sociedad para asegurar que estos productos de necesidad básica quedaran sin gravamen? ¿Cuál será el beneficio que la población obtendrá por contribuir con un impuesto de este tipo? En el caso de la propuesta del Ejecutivo, la homologación de la tasa del IVA se iba a ver compensada a través de programas sociales que solventarían los problemas de los sectores más desprotegidos. Sin embargo, si bien es cierto que la tasa máxima que se faculta a los estados imponer es mucho menor a la del IVA, aún no existen los mecanismos necesarios que transparenten y aseguren la mejor distribución de los recursos a los estados, para generar más y mejores programas sociales. Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México todo esto es preocupante, ya que los esquemas de participación estatal aún son deficientes, como el uso de los recursos distribuidos a través del ramo 33, que son poco conocidos y por lo mismo, muy probablemente usados ineficientemente. Sabemos que aunque haya voluntad por parte de algunas de las nuevas generaciones de gobernantes y funcionarios públicos, aún hay quienes no aceptan la necesidad actual de generar una recaudación justa y equitativa, así como la aplicación de presupuestos que generen desarrollo, bienestar social e infraestructura en todas las regiones sin condición partidista. A pesar de lo anterior, reconocemos que es necesario dotar de facultades a los estados a fin de aumentar su competencia en el ámbito tributario, de tal manera que el propio cobro de impuestos sea un incentivo para aumentar la eficiencia recaudatoria y la equidad. Sin embargo, hay que hacerlo bien y paulatinamente, sin lastimar a los sectores más desprotegidos y sin dar falsas facultades a los estados, pues aunque el paquete tributario aprobado por esta soberanía, parece responder a las demandas de descentralización fiscal, la aplicación de este nuevo impuesto del 3% al consumo en las entidades podría resultar casi imposible, ya que no hubo una reducción de los impuestos federales y prácticamente fue nulo el aumento en los salarios. Se requiere un verdadero federalismo fiscal, en donde se observe un compromiso mutuo entre entidades y Federación, entre ciudadanos y gobernantes. Cuando se habla de teoría y administración tributaria y de equidad impositiva, se sostiene que lo mejor y más beneficioso para la economía es la extensión del IVA a todas las actividades para incrementar la eficiencia recaudatoria. Pero esta meta se desvanece cuando la economía atraviesa por momentos de recesión, ya que la extensión del IVA deja de ser un tema exclusivamente de administración tributaria y pasa a ser una cuestión de supervivencia económica. Mientras no se resuelva el problema del poco poder adquisitivo de la mayoría de la población (bajos salarios y aumentos mínimos), así como la necesidad de recuperación del mercado interno, no es viable un impuesto, cualquiera que sea éste, a productos que son de gran importancia en el consumo popular. Existen estudios donde se comprueba los efectos regresivos del IVA en nuestro país; de la población total, el 10% más pobre paga aproximadamente 11.5% de su ingreso total en IVA, mientras que el 10% más rico paga el 6.5%. De tal manera que, una tasa aunque sea del 3% a medicinas y alimentos podría deprimir aún más la demanda interna si se considera además que cerca del 36% del gasto familiar se gasta en alimentos y aproximadamente el 6% en medicamentos y servicios relacionados con salud. El Partido Verde Ecologista de México considera que con esta medida proliferaría aún más el mercado informal, impactando directamente a la industria y, por lo tanto, a los trabajadores mexicanos que laboran en ella. Existe también el problema de la calidad de los servicios de salud pública. Sabemos que éstos no son suficientes y su calidad deja mucho qué desear como para satisfacer la demanda de los mexicanos. Los ciudadanos no deben pagar un impuesto mayor si no observan resultados que les proporcionen un bienestar social. En los últimos años hemos visto que la capacidad del sector salud se ha visto rebasada por las necesidades de una sociedad en constante crecimiento y transformación. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, el sector público realiza aproximadamente el 50% del consumo total de medicinas, ya que las instituciones de seguridad social, la Secretaría de Salud y los estados surten medicinas a más de 83 millones de personas, por lo que la posibilidad de imponer un gravamen a estos productos, dificultaría aún más que el Estado pudiera proveer adecuada y oportunamente de medicamentos a la población. Por lo antes expuesto, consideramos inequitativo que sólo se mantenga el beneficio de la no aplicación del impuesto estatal del 3% al consumo, a aquellos productos y servicios que se encuentran actualmente exentos del pago del IVA. Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México propone que se excluyan de la aplicación de este impuesto estatal a los productos que actualmente están gravados con tasa del 0% en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Si bien la facultad que otorga a las entidades federativas aplicar un impuesto del 3% como máximo al consumo, representa un avance hacia el federalismo fiscal, no aceptamos que esto se haga a costa de las necesidades básicas de los mexicanos. México requiere una reforma fiscal que permita desarrollar un verdadero federalismo a través del fortalecimiento de los niveles estatal y municipal, las reformas deben entenderse como un proceso cuyo propósito fundamental es redimensionar el tamaño del Estado en forma descentralizada para fortalecerlo en apoyo de la equidad. Es necesario y es tiempo de terminar con la habitual práctica de que cada vez que el Gobierno tenga necesidad de aumentar la carga fiscal, trate de sacar dinero de donde no lo hay, en vez de hurgar donde existe en enormes cantidades para usarlo hasta para el derroche. Aquellos que tanto dicen defender el impuesto a alimentos y medicinas, no pueden dejar de estar de acuerdo con nosotros. Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de DECRETO Mediante el cual se reforma la fracción X inciso e numeral 1 del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. Articulo único. Se reforma la fracción X inciso e numeral 1 del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, para quedar como sigue: "Artículo séptimo. Para los efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se estará a lo siguiente: I a la IX. . . . . . X. Las entidades federativas podrán establecer un impuesto a las ventas y servicios al público en general, sin que se considere como un incumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni como violación al artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre que dicho impuesto reúna las siguientes características: A) al d). . . e) No se gravará con el impuesto previsto en esta fracción la enajenación de los bienes, la prestación de los servicios ni el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, tratándose de: 1. Los actos, actividades o productos que estén exentos o gravados con tasa 0% del impuesto al valor agregado. . . ." ARTICULO TRANSITORIO Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Salón Legisladores de la República, honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 30 de enero de 2002.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Roque Escudero Barrera, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Antonio Arévalo González, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez Alejandro, Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.» 257,258,259 El Presidente: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA El Presidente: Tiene la palabra la diputada Guadalupe López Mares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La diputada María Guadalupe López Mares: Con su permiso, señor Presidente: «La suscrita, diputada federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conforme a la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Con el fin de proteger los ingresos de los trabajadores, el Congreso incorporó a la iniciativa de reforma hacendaria enviada por el Ejecutivo Federal el 4 de abril de 2001 algunos conceptos por los cuales los trabajadores quedarían exentos del pago del impuesto sobre la renta, de tal forma que éstos permanecieran tal y como se encontraban en la ley vigente hasta ese año. En consecuencia, los trabajadores no sufrirían afectación alguna a sus ingresos. Esta disposición estableció un trato equitativo a todos los trabajadores del país, limitando la exención por las gratificaciones que recibieran los trabajadores a 30 días de salario mínimo, mientras que la exención por primas vacacionales y participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se mantuvo en 15 días de salario mínimo, siempre y cuando dichas bonificaciones se entregarán de forma general. No obstante, en la nueva Ley de Impuesto Sobre la Renta se incluyó, en el artículo 109 fracción XI párrafo segundo, una exención anteriormente inexistente, la cual permitirá a los trabajadores al servicio de la Federación y de las entidades federativas no causar el impuesto por las gratificaciones que reciban con una periodicidad distinta a la mensual en cualquier momento del año calendario, siempre y cuando éstas sean de carácter general, incluyendo, entre otras, el aguinaldo y la prima vacacional. Esta modificación realizada durante el proceso legislativo contradice a los acuerdos parlamentarios que, por consenso y con el voto de todos los partidos representados en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, hicieron posible las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Esta disposición ha sido interpretada por la opinión pública como si el Congreso otorgara a los servidores públicos, a la burocracia un privilegio que no está otorgado a todos los contribuyentes. Ese ciertamente no es el propósito del Congreso de la Unión. El segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no guarda plenamente el principio de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución. El principio de equidad en materia tributaria exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa. En este sentido, consideramos que el otorgar este tipo de beneficios a los trabajadores al servicio de la Federación y de las entidades federativas es injusto, toda vez que hace una diferenciación entre éstos y los demás trabajadores, sin que exista una causa que justifique esta distinción. Por lo anterior, nosotros como legisladores no podemos crear categorías o clasificaciones de contribuyentes cuando éstas sean caprichosas, arbitrarias o creadas para incidir únicamente sobre determinadas clases o universalidades de causantes. Por si esto fuera poco, la adición en comento genera un incentivo perverso para la administración federal y la de los gobiernos estatales, toda vez que en los términos actuales resulta conveniente reducir los sueldos y salarios de trabajadores y, en contra parte, otorgarles una gratificación que bajo cierta temporalidad les permita incrementar sus ingresos reales sin tener que imponerles la carga impositiva que bajo el régimen general de ley les correspondería. Esto no sólo podría disminuir la recaudación del fisco federal, sino también iría en contra de los esfuerzos por acercar los ingresos totales del trabajador con su base gravable o lo que es igual, que cada cual pague de acuerdo a su capacidad contributiva real. Por lo anterior, se propone eliminar el segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de tal forma que se eliminen los privilegios que gozan los funcionarios públicos frente al resto de los trabajadores mexicanos. Es importante subrayar que en el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos comprometidos con el mantenimiento de un ejercicio público que sea transparente y que responda a las demandas planteadas por la ciudadanía. Un régimen democrático como el nuestro exige que el poder público, precisamente por su carácter de público, fluya de abajo hacia arriba, desde la sociedad hacia el Estado y no de forma inversa. Difícilmente se podrá cumplir este objetivo mientras los funcionarios públicos cuenten con privilegios que le son negados al resto de la población. No hay que olvidar que nosotros estamos, a fin de cuentas, al servicio de la ciudadanía y, por tal motivo, debemos reprobar enfáticamente cualquier mecanismo que coloque el interés de un grupo por encima del nacional. Hay que dejar atrás las prácticas nocivas que permiten, por vías legales, que los servidores públicos tengan un trato fiscal preferencial por el simple hecho de trabajar para el aparato estatal. Además, al llevar a cabo los cambios que se proponen el día de hoy, se dará un paso más en el cumplimiento del espíritu de las modificaciones hechas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en diciembre pasado. No hay que olvidar que uno de los objetivos primordiales fue simplificar el régimen fiscal de tal forma que fuera más justo para todos los mexicanos. El tratamiento diferencial entre los servidores públicos y el resto de los trabajadores contradice este objetivo básico y, por tal motivo, no encuentra sustento argumentativo alguno ante un ejercicio legislativo que debe basarse en criterios de racionalidad. Por lo antes expuesto, presento la siguiente INICIATIVA Con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 109 del impuesto sobre la renta. Unico. Se reforma la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: "Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: I. . . . . . XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore. Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto en los términos de este título." ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, Francisco Fraile García, Alejandro Zapata P., Juan José Rodríguez Prats, Abelardo Escobar Prieto, Oscar Ochoa Patrón, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Jaime Salazar; senadores: Gerardo Buganza Salmerón, Micaela Aguilar González, Gildardo Gómez Verónica y Jorge Nordhausen González.» El Presidente: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. El Presidente: Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación. La diputada María Miroslava García Suárez: Buenas tardes amigas, amigos legisladores; con el permiso de la Presidencia: Vengo a presentar la siguiente iniciativa de reformas al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Con el permiso de la Presidencia, la suscrita, diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Para que las leyes puedan ser cumplidas se necesita que sean claras y que no dejen márgenes amplios de discrecionalidad en materia económica a las autoridades. Por otra parte, la legislación fiscal no cumple con los requisitos de jerarquía de normas que se cubren en general en los otros campos. El Código Fiscal, que establece los principios generales de la materia, se aplica única y supletoriamente cuando las múltiples leyes especiales no están completas y en caso de que se contradigan, prevalece la norma especial. La Miscelánea Fiscal, elaborada cada año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supuestamente debe sólo interpretar las normas legales, pero casi siempre ha ido más allá de la ley. La claridad de las leyes se relaciona íntimamente con el control de las autoridades y la arbitrariedad. Pero otro aspecto fundamental para el cumplimiento de todo ordenamiento jurídico se relaciona con que los ciudadanos perciban las leyes como justas. Este último elemento, necesario para la observancia de la ley, la obediencia basada no sólo en un cálculo racional, sino en ciertas consideraciones normativas, en especial de justicia. La efectividad del derecho depende tanto de la existencia de sanciones creíbles como de que los ciudadanos consideren que las leyes son "justas", en el sentido de que se aplica a todos por igual y "razonables", es decir, que están diseñadas correctamente para lograr su objetivo. En lo que se podría denominar la teoría del derecho económico, convencionalmente se piensa que el cumplimiento de las leyes se logra mediante elevadas penas o con una vigilancia muy estricta. Hay que reconocer por otra parte que, en materia fiscal, siempre hay "lagunas" en la ley y circunstancias imprevistas que permiten la violación de las disposiciones. De ahí que el orden social, de hecho, no esté sustentado sólo en la amenaza de sanciones, sino también en normas de cooperación, el altruismo, el sentido del deber o de justicia y en la reputación de las autoridades, es decir, si éstas cumplen o no con aquello que se comprometen a realizar a cambio de la observancia de las disposiciones. Hasta la fecha no existen las condiciones políticas y sociales para que se dé el cumplimiento voluntario. El marco institucional prevaleciente impide, en la práctica, que un importante sector de la población tenga acceso a la seguridad jurídica, al tiempo que tolera que ciertos grupos se coloquen abiertamente por encima de las leyes. 260,261,262 De esta manera, por un lado, los costos y los beneficios del derecho no se distribuyen en forma equitativa y por el otro, el que unos incumplan sin enfrentar castigos representa un incentivo para que los demás también lo hagan. Lo grave de esta situación consiste en que es principalmente el Gobierno el que desobedece las leyes. Al no sujetarse a los términos del pacto social, los cuales las autoridades supuestamente se comprometen a cumplir, esto minan tanto su propia reputación como la de las leyes, fomentando así la anarquía social. En la pasada discusión del paquete económico que tendrá vigencia en el presente año, cada una de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados actuamos como dictan nuestros principios, anteponiendo siempre el beneficio de los ciudadanos y buscando en todo momento la equidad y la justicia. El tiempo fue un factor que ciertamente actuó en contra, pero no fue por negligencia o inmovilidad; el diálogo y la búsqueda de consensos imperó en todo momento y cumplimos con responsabilidad de acuerdo a los plazos que establece la ley. Es por ello que carecen de argumento las acusaciones por parte del sector empresarial, quienes han gozado de privilegios fiscales durante mucho tiempo y hoy les corresponde aportar más al desarrollo nacional. Sin embargo y dada la complejidad de las leyes que aprobamos y ante la imperativa necesidad de dotar de mayores recursos al Gobierno Federal para el cumplimiento de sus funciones, sobre todo en el área de política social e infraestructura productiva, el Congreso de la Unión diseñó un paquete fiscal que, estamos seguros, sienta las bases para una ulterior reforma fiscal integral. No obstante los esfuerzos realizados, en el ánimo de la ciudadanía persiste la inconformidad derivada de las resoluciones de modificaciones a la Miscelánea Fiscal para 2000, que se aplicarán en el 2002, por lo que se hace urgente que la facultad de interpretación que le otorga el Código Fiscal de la Federación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se revise y en la emisión de reglas de carácter general tenga mayor participación la Cámara de Diputados, pues son éstos quienes al seno de las comisiones analizan, discuten, proponen y aprueban las iniciativas, son quienes interpretan la realidad social para dar certeza jurídica a los ciudadanos y a través de las leyes buscan equidad, justicia, eficiencia, neutralidad, sencillez administrativa y diseño eficiente de la política impositiva. Fundado en lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente PROYECTO DE DECRETO Artículo primero. Se reforma el inciso g, de la fracción I del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación para quedar de la siguiente manera: "Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente: I. Proporcionarán asistencia gratuita al contribuyente y para ello procurarán: a) al f). . . g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales conjuntamente con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Para los efectos de las facilidades que se le otorgan a las autoridades fiscales en la Ley de Ingresos de la Federación, se estará a lo dispuesto por el párrafo anterior y se atenderá antes de la publicación de las disposiciones de carácter general de que se trate. Palacio Legislativo.— San Lázaro, 30 de enero de 2002.— Diputada Miroslava García Suárez.» Hasta aquí la propuesta de la iniciativa de ley con la intención no solamente de poder clarificar o corregir aquellas disposiciones emitidas en las reglas de operación por parte de la Secretaría de Hacienda relativo al paquete fiscal que aprobamos en diciembre pasado. La intención es que esta facultad de interpretación no sólo se limite a la Secretaría de Hacienda, sino que se pueda trabajar conjuntamente con el Poder Legislativo, porque finalmente somos nosotros quienes hacemos las leyes y me parece fundamental que la Secretaría de Hacienda tenga este vínculo con el Poder Legislativo para que seamos nosotros los que podamos primero explicar, clarificar y hacer entender perfectamente bien cuál es la intención de las nuevas leyes fiscales en este caso, pero no solamente para el año 2002, sino para los próximos años. De esta manera queda a su consideración esta iniciativa. Agradezco mucho su atención. Es cuanto señor Presidente. El Presidente: Gracias, diputada Miroslava García. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. El Presidente: Tiene la palabra el senador Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa suscrita por los legisladores del mismo grupo parlamentario. El senador Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente; señores legisladores: Creo que todos los grupos parlamentarios coincidimos en constituir un auténtico Poder Legislativo que sin lugar a dudas su característica fundamental tiene que ser asumir en plenitud sus deberes, sus atribuciones que le concede la Constitución General de la República ni más pero ni menos que eso. Y venimos arrastrando un asunto pendiente que me parece de una gran transcendencia, es un viejo debate, yo diría manoseado debate en relación a los husos horarios y específicamente al horario estacional. Este asunto, en virtud de las complicaciones de los últimos días del periodo extraordinario del año pasado, quedó pendiente; recibimos en el Senado la minuta pero no dictaminó, no se discutió y por lo tanto reclama de nueva cuenta una sesión extraordinaria o una serie de sesiones, las que sean necesarias para agotar este tema. Creo que de esta manera responderíamos a lo que nos señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es muy importante recalcarlo, recuerden ustedes que la Suprema Corte de Justicia señala que de acuerdo a la fracción XVIII del artículo 73 e interpretando que los horarios, los husos horarios y el horario estacional son medidas de tiempo, le corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre esta materia. Entonces tenemos que cumplir con esa obligación, pero por otra parte creo que tenemos que mandar una señal muy clara hacia el mundo turístico, hacia el mundo financiero, hacia las agencias de viajes, de cuál va a ser el horario que va a prevalecer a partir del 1o. de abril, que es precisamente lo que contiene la minuta que nos envió la Cámara de Diputados de arrancar el horario estacional. Por todo lo anterior me permito darle lectura a una iniciativa que contiene el proyecto de decreto que pretendemos presentar a su consideración: «La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 y 78 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 numeral 4 y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 28 y 182 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos DECRETA Primero. Se convoca a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a un periodo de sesiones extraordinarias a celebrarse durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, con objeto de ocuparse del siguiente tema: 1) Minuta con proyecto de decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos en el año 2002. Segundo. La sesión de la Cámara de Senadores, para la apertura del periodo de sesiones extraordinarias al que se convoca, iniciará el día 7 de febrero del 2002, a las 11:00 horas y la correspondiente a la clausura se verificará una vez que dicha Cámara determine que ha sido tratado el tema para el cual fue convocada. Dentro del periodo de sesiones extraordinarias, materia del presente decreto, la Cámara de Senadores será convocada en las fechas que resulte necesario para el cumplimiento del objeto establecido en este decreto. ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 30 de enero de 2002 y lo firma la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.» Solicitaría a la Mesa Directiva si se turna a la Primera Comisión y desde luego solicitaría también que se le consulte a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Por su atención, muchísimas gracias, señores legisladores. El Presidente: Gracias senador Juan José Rodríguez Prats. Túrnese a la Primera Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: Oficios de la Secretaría de Gobernación. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable congreso de la Unión.— Presentes. En atención al oficio número DGPL. 58-II-3-415 de fecha 4 de octubre de 2001, suscrito por los secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 00065 signado por el ciudadano Leopoldo Michel, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que acompaña información relativa a las "micas" emitidas por la autoridad estadounidense, lo anterior en respuesta al punto de acuerdo promovido por el diputado Elías Dip Rame. Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de enero de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados para su conocimiento. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. En atención al oficio número DGPL. 58-II-4-498 de fecha 7 de noviembre de 2001, suscrito por los secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente al punto de acuerdo promovido por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar sin número de fecha 17 del presente mes, signado por el ciudadano Eduardo Enrique Gómez García, jefe de la Unidad de Planeación Estratégica de la dirección general de enlace legislativo de la Procuraduría General de la República, con la que acompaña respuesta de las investigaciones del ciudadano Carlos Peniche. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 18 de enero de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación. 263,264,265 Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. En atención al oficio número DGPL. 58-II-1-542 de fecha 14 de diciembre de 2001, suscrito por los secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en relación al punto de acuerdo presentado por el diputado José Bañales Castro, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar signado por el ciudadano Julio Frenk Mora, secretario de Salud, de fecha 14 del presente mes, así como el original del informe que en el mismo se cita. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 24 de enero de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. En atención al oficio No. I-794 de fecha 11 de diciembre de 2001, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, referente al punto de acuerdo presentado por el senador Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. SOT/021/02 signado por el ciudadano Eduardo Barroso Alarcón, subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo, con el que acompaña los avances en cuanto al turismo náutico, cinegético y carretero, así como el informe presentado por el secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Turismo. Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta consideración. Atentamente. México, D.F., a 11 de enero de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» Turismo cinegético Se gestionó con la Secretaría de la Defensa Nacional, el establecimiento de una ventanilla de revisión de equipo deportivo cinegético, en el puente internacional Ignacio Zaragoza, conocido también como "Matamoros III" o "Los Tomates" en la ciudad de Matamoros, Estado de Tamaulipas, la cual opera desde el 16 de noviembre del presente año. En virtud a los buenos resultados que se han obtenido con el funcionamiento de la ventanilla, se tiene previsto instalar más ventanillas en la frontera norte del país, lo cual será en dos etapas: Primera etapa: puente libre Zaragoza, Ciudad Juárez, Chihuahua; puente Colombia, Nuevo León; Garita 1, Mexicali, Baja California. Segunda etapa: puente Nuevo Laredo 3, Nuevo Laredo, Tamaulipas; puente Ojinaga, Chihuahua; puente de las Palomas, Chihuahua; puente de San Jerónimo, Chihuahua. El establecimiento de más ventanillas facilitará notoriamente la importación temporal de armas deportivas para la práctica de la cacería, ya que en un mismo módulo los turistas podrán realizar los trámites correspondientes ante autoridades migratorias, aduaneras, de la Sedena y el Banjército para la importación temporal del vehículo. Turismo carretero El 21 de noviembre de 2001 se publicó la Vigésimo Tercer Miscelánea para Comercio Exterior, en la que se otorga la posibilidad de realizar la totalidad de los trámites para la importación temporal de un vehículo y sus remolques en los consulados de México en las ciudades de Chicago, Dallas, Houston, los Angeles, San Bernardino, Sacramento y Salt Lake City, aplicable tanto a paisanos como a turistas extranjeros, dicha medida favorece también al turismo náutico. La miscelánea en comento establece los permisos de importación temporal con entradas y salidas múltiples con vigencia de un año contado desde la internación, para que los vehículos permanezcan hasta 180 días que no sean necesariamente continuos. Se eliminó la obligación de establecer una fianza para la importación temporal de los vehículos y remolques fijándose como alternativa el depósito que varía de 200 a 400 USD dependiendo del modelo del automóvil, que puede eximirse si el derecho de importación se paga al Banjército mediante tarjeta de crédito o débito. Continúa en funcionamiento el programa de hologramas electrónicos para agilizar la revisión del vehículo que ampara su legal estancia al país, evitando el papeleo para acreditar su propiedad, para cada entrada. Turismo náutico En cuanto a la agilización de trámites para la internación de embarcaciones turísticas al país se logró eliminar la regla que limitaba por tipo y número los enseres que pueden importarse con la embarcación. Se eliminó la obligación de establecer una fianza para la importación temporal de los vehículos y remolques fijándose exclusivamente una garantía que varía de 200 a 400 USD dependiendo el modelo del automóvil, que puede eximirse si el derecho de importación se paga mediante tarjeta de crédito. Mediante la publicación de la citada miscelánea se otorgan también facilidades para la importación temporal y sustitución de refacciones para las embarcaciones. ---------VER TABLA 1 --------- ---------VER TABLA 3 --------- ---------VER TABLA 4 --------- ---------VER TABLA 5 --------- ---------VER TABLA 6 --------- ---------VER TABLA 7 --------- ---------VER TABLA 8 --------- ---------VER TABLA 9 --------- ---------VER TABLA 10 --------- ---------VER TABLA 11 --------- ---------VER TABLA 12 --------- ---------VER TABLA 13 --------- ---------VER TABLA 14 --------- ---------VER TABLA 15 --------- ---------VER TABLA 16 --------- El Presidente: Remítase a la Cámara de Senadores. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. En atención al oficio número II-388 de fecha 15 de diciembre de 2001, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, referente al punto de acuerdo promovido por el senador Adalberto Madero Quiroga, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar 326-SAT-0054, de fecha 15 del presente mes, signado por el ciudadano José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, por el que comunica lo relativo a la importación temporal de vehículos en la temporada de diciembre-enero de 2001-2002. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 22 de enero de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Administración General de Aduanas. Licenciado Humberto Aguilar Coronado.— Director General de Gobierno.— Secretaría de Gobernación.— Presente. Nos permitimos hacer referencia a su amable oficio número DGG/210/2840/01, fechado el 18 de diciembre de 2001, mediante el que informa a nuestro Secretario de Hacienda y Crédito Público, el acuerdo aprobado en el seno de la Comisión de Asuntos Fronterizos y la de Comercio y Fomento Industrial, sobre las garantías y procedimientos seguidos en la temporada de diciembre-enero, de 2001-2002, respectivamente, que a su vez le hizo del conocimiento al senador Diego Fernández de Cevallos Ramos. Respecto al esquema de garantía consistente en dos opciones, la primera de un pago de 22 dólares al Banjército por la expedición del permiso, ya sea a través de tarjeta de crédito o débito y la segunda opción, en defecto de la primera, que es mediante el pago al Banjército de los 22 dólares mencionados por la expedición del permiso en efectivo, más un depósito en garantía de 200, 300 ó 400 dólares, dependiendo del año, modelo del automóvil importado temporalmente, siendo recuperable el monto total del depósito referido, las comisiones recomiendan la permanencia de este esquema, siéndonos grato comentar, que en principio, continuará sin menoscabo de las medidas que el escenario existente razonablemente requiera en materia de control y garantía de obligaciones hacia nuestra institución. Por otra parte, sobre la posibilidad de operar un sistema de cómputo conectado en línea, que permita a los importadores retornar por una aduana distinta a la de su ingreso, hoy día ya es realizable considerando a su vez el esquema de garantía existente. No obstante lo anterior, nos encontramos trabajando aún y en coordinación con el Banjército, con el fin de optimizar los procedimientos existentes, como es, entre otros, un sistema automatizado de entradas y salidas múltiples, el proceso de predocumentación vía internet, así como la tramitación en algunos consulados mexicanos en Estados Unidos de América. Sin otro particular, enviándole un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos para este año que inicia, quedamos a su fina consideración. Atentamente. México, D.F., a 15 de enero de 2002.— El administrador general, José Guzmán Montalvo.» El Presidente: Remítase a la Cámara de Senadores. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. El ciudadano Gerónimo Gutiérrez Fernández, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía se ha dirigido a esta dependencia, solicitando se haga llegar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el informe de evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2001 de los indicadores de evaluación y de gestión e informe al segundo semestre de 2001 sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el artículo 71 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001. Por lo anterior y con fundamento del artículo 27 fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del similar STPCE/036/2002, signado por el licenciado Gutiérrez Fernández, así como el original del informe de referencia. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 25 de enero de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía. Licenciado Humberto Aguilar Coronado, director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación.— Presente. Por instrucciones del secretario de Economía, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, le solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de que se sirva hacer llegar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el informe de evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2001 de los indicadores de evaluación y de gestión e informe del segundo semestre de 2001 sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía, señalados en el artículo 71 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001 (DPEF). Los fondos y programas son: 1. Fondo para la micro, pequeña y mediana empresas (FMP y ME.) 1.1 Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales (Fommur). 1.2 Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes). 1.3 Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer (PDPM). 1.4 Programa de la Mujer Campesina (PMC). 1.5 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim). 2. Programa Marcha Hacia el Sur. 3. Fondo de fomento a la Integración de Cadenas Productivas (Fidecap). 4. Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Fampyme.) 5. Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (Cetro) y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (Creces). 6. Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos. 7. Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi). Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 70 del DPEF los resultados deben presentarse a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, fecha que se cumple el 25 de enero próximo, en lo relativo al cuarto trimestre de 2001. Lo anterior toda vez que de conformidad con el artículo 27 fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación el conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes de la Unión. Aprovecho la ocasión para expresarle mi más distinguida y atenta consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 24 de enero de 2002.— El secretario técnico, licenciado Gerónimo Gutiérrez Fernández.» «Informe de evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2001 de los indicadores de evaluación y de gestión e informe al segundo semestre de 2001 sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el artículo 71 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001. Secretaría de Economía.— Enero 24 de 2001. Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 70 párrafo tercero del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001; 5o. fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y 282,283,284 CONSIDERANDO Que el 19 de febrero y el 2 de abril de 2001 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos por los que se dan a conocer las reglas de operación y los indicadores de evaluación y de gestión, respectivamente, del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, a su vez conformado por el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur), el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes), el Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer (PDPM), el Programa de la Mujer Campesina (PMC) y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim). Que el 15 de marzo de 2001 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos por los que se dan a conocer las reglas de operación y los indicadores de evaluación y de gestión del Programa Marcha hacia el Sur; del Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (Fidecap); del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (FAMPYME); del Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos; del Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (Cetro) y de la red nacional de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECE) y del Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi). Que los recursos de dichos fondos y programas son públicos y en su calidad de subsidios deben destinarse a actividades prioritarias de interés general con criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, para la promoción del desarrollo económico y la generación de ingresos y empleos. Que para dar seguimiento a la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, es necesario que se reporten trimestralmente los indicadores de evaluación y de gestión a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; por tal motivo se presenta el siguiente: Informe de evaluación correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2001 de los indicadores de evaluación y de gestión e informe al segundo semestre de 2001 sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el artículo 71 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001. 1. Introducción El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) establece que el objetivo de la política económica del Gobierno Federal consiste en promover un crecimiento económico con calidad, que abra espacios a los emprendedores del país y que permita abatir la pobreza, avanzar en la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y hogares y contar con recursos suficientes para canalizarlos al combate de los rezagos sociales y al financiamiento de proyectos para el desarrollo del país. El Gobierno Federal promueve un desarrollo incluyente que favorezca la democratización de las oportunidades y en el que la disponibilidad de instrumentos para participar en la economía esté garantizada para todos. La Secretaría de Economía (SE) ha asumido una función estratégica en el logro de esos objetivos y ha adquirido un perfil de mayor actividad e injerencia en la promoción del desarrollo económico. En cumplimiento de sus atribuciones y en el desempeño de dicha función estratégica la SE realizó en al año 2001 un conjunto de acciones orientadas a consolidar un sector empresarial amplio, moderno y competitivo, mismas que se articulan en un conjunto de esquemas de promoción y apoyo empresarial que promueven la generación de empleos y buscan imprimir un mayor impulso a la actividad económica en todas las regiones del país. Para propósitos estratégicos, los esquemas de promoción y apoyo empresarial están organizados en dos vertientes que atienden necesidades específicas y se articulan entre sí. La primera de ellas contempla a un conjunto de programas que apoyan las iniciativas productivas de individuos y grupos sociales de bajos ingresos, mediante la instrumentación de acciones orientadas a facilitar el acceso a servicios de financiamiento y de capacitación para operar con éxito una microempresa y a los emprendedores con pequeños proyectos productivos viables que tradicionalmente han carecido de acceso a los mismos. La segunda vertiente se encuentra delineada en el Programa Nacional de Desarrollo Empresarial 2001-2006 el cual fue presentado a la comunidad empresarial y a la población en general el año 2001. El programa se constituye como el eje que articula el conjunto de políticas, programas y acciones que nos permitirán cumplir con el objetivo de incrementar la competitividad de las empresas del país, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas. Al consolidar a las empresas de menor tamaño, se apoya la formación de una plataforma económica fuerte y sólida, que contribuye al desarrollo económico del país, en el mediano y largo plazos y que al mismo tiempo hace frente a los requerimientos de una economía globalizada. La articulación de estas dos vertientes tiene el propósito de generar una secuencia continua y articulada de apoyos para las empresas de todas las dimensiones y alcances, pertenecientes a todos los sectores económicos, que se inicia con los apoyos a las iniciativas productivas de las personas de bajos ingresos, continúa con los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresas y culmina con el impulso a la actividad exportadora. El propósito central es lograr que los esfuerzos emprendedores, independientemente de su alcance o escala, encuentren un respaldo institucional que les facilite su tarea, contribuyendo así a su permanencia, a su consolidación y al impulso de sus proyectos, con el fin de que adquieran la capacidad de enfrentar con éxito retos mayores. 2. Primera vertiente estratégica: el apoyo y fomento al microemprendedor y a la empresa social. En esta vertiente la SE apoya las iniciativas productivas de los emprendedores de bajos ingresos mediante un modelo integral y articulado de programas de fomento que atienden la demanda de apoyos mediante una serie de instrumentos adecuados a cada tipo de necesidades productivas. En esta demanda de recursos para crear o consolidar proyectos productivos se identifican fundamentalmente dos tipos de apoyos: aquellos destinados a proyectos individuales o grupales que surgen como una alternativa de autoempleo y los que se dirigen a crear o consolidar proyectos productivos que tratan de darle impulso al esfuerzo colectivo de grupos sociales organizados. Durante el año 2001 dichos apoyos se agruparon en el Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (FMPYME), instrumento que con una visión social y atendiendo a la capacidad emprendedora de los individuos y organizaciones sociales, impulsa el diseño y la operación de los proyectos productivos viables. El Fmpyme estuvo conformado por el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur), el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes), el Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer, el Programa de la Mujer Campesina y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim). Tanto el Pronafim como el Fommur aplican la metodología de microfinanzas que consiste en el otorgamiento de una secuencia de préstamos con montos inicialmente reducidos pero crecientes en el tiempo y con tasas de interés de mercado, a individuos organizados en grupos solidarios que asumen un compromiso colectivo de pago. El préstamo a personas organizadas en grupos proporciona los incentivos para que éstos se constituyan con individuos de características similares, es decir, el esquema logra que aquellos individuos con bajo riesgo de incurrir en incumplimiento de pago se autoseleccionen para formar parte del grupo. Al mismo tiempo, se genera un monitoreo entre los miembros del grupo, dado que cada uno de ellos tiene información respecto al comportamiento de los otros, en tanto que su permanencia en el programa depende del éxito de los demás. El otorgamiento de créditos por ciclos en montos crecientes genera incentivos dinámicos que ayuda a propiciar conductas de pago, ya que se genera el aliciente para cumplir con el compromiso contraído para poder acceder a créditos mayores. Adicionalmente ambos programas coadyuvan en la creación de un sistema de instituciones de microfinanciamiento, sólidos y financieramente autosustentables, a través de apoyos directos para actividades de capacitación, asistencia técnica y adquisición de infraestructura. Por su parte, el Fonaes, el PMC y el PDPM otorgan apoyos financieros en condiciones preferenciales para la creación y consolidación de proyectos productivos propuestos por grupos sociales en los ámbitos rural y urbano, cuyo objetivo sea darle impulso al esfuerzo colectivo y la organización en la producción. En la empresa social, el grupo asume la responsabilidad y la toma de decisiones y los beneficios son propiedad de los socios que a su vez son dueños y trabajadores de la empresa. En general, las ganancias no son distribuidas, sino reinvertidas, para alcanzar el objetivo social de la empresa. Los apoyos se otorgan bajo las siguientes modalidades: crédito para gastos de inversión y de inicio de operación, así como para capital de trabajo, capacitación, asistencia técnica y aportaciones para la constitución de fondos y cajas solidarias de ahorro. 3. Segunda vertiente estratégica: impulso a la Pequeña y Mediana Empresas PYME y al desarrollo regional. En esta vertiente de apoyos la SE con el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, promueve las condiciones necesarias para elevar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y sean el pilar fundamental del desarrollo económico sustentable, en el entorno de una nueva cultura empresarial orientada a la competitividad. Para lograr esto se han implementado un conjunto de programas de fomento que promueven el acceso al financiamiento, a la formación empresarial para la competitividad, la vinculación al desarrollo y la innovación tecnológica, el fortalecimiento de los mercados y la articulación e integración económica, regional y sectorial. Dichos apoyos se otorgan a través del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), el Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (Fidecap), el Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos, el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (Centro) y los Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (Creces), el Programa Marcha Hacia el Sur y el fideicomiso de Fomento Minero. Con el fin de apoyar integralmente la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresas el FAMPYME tiene como líneas de apoyo: la capacitación, asesoría y consultoría para las MPyME, la formación de consultores, asesores y promotores, la constitución de fondos de garantía, la formación de centros de vinculación empresarial y la integración de bancos de información. Estas líneas de apoyo se implementan en coordinación con gobiernos estatales y municipales, el sector académico y diversas instituciones tanto de carácter público como privado. El Fidecap tiene como fin establecer las bases para que las pequeñas y medianas empresas logren integrarse a la cadena productiva a la que pertenecen, a través del desarrollo de la competitividad de sus productos y de un mejor conocimiento del mercado. A fin de que las pequeñas y medianas empresas aprovechen las ventajas que conlleva el tratado comercial entre México y Estados Unidos de América, el Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos crea las condiciones de infraestructura, asesoría, capacitación, promoción y comercialización para que este tipo de empresas participen en el mercado del vecino país. A través de la red Cetro-Crece se sigue apoyando a las pequeñas y medianas empresas en todos los estados y regiones del país, con el fin de que desarrollen e incrementen su productividad y competitividad, mediante la consultoría, la elaboración de estudios de factibilidad y la capacitación empresarial. Para lograr la consolidación del crecimiento económico es imprescindible instrumentar acciones que permitan abatir los desequilibrios económicos entre las diversas regiones del país. Con ese propósito, se diseñó el Programa Marcha hacia el Sur, que impulsa el desarrollo en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz a través del fomento a la inversión nacional y extranjera por medio del establecimiento de plantas productivas en el sector industrial, comercial, servicios y turismo con el objetivo de generar empleos permanentes y bien remunerados. Por su parte el Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) impulsa la operación de los pequeños y medianos proyectos productivos viables del sector minero y su cadena productiva, promoviendo el acceso al crédito con tasas preferenciales, la creación de un programa de garantía, la asistencia técnica y la capacitación. 4. Principales acciones de los fondos y programas durante el año 2001. A continuación se enlistan los programas para los que se publicaron reglas de operación e indicadores de evaluación y de gestión en el decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001: I) Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas. • Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur). • Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes). • Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer. • Programa de la Mujer Campesina. • Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. II) Programa Marcha hacia el Sur. 285,286,287 III) Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas. IV) Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresas. V) Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial. VI) Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos. VII) Fideicomiso de Fomento Minero. En la presente sección de este informe al cuarto trimestre se destacan las principales acciones desarrolladas por los fondos y programas para operar y asegurar la mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. En el anexo se reportan los resultados de los indicadores cuando el avance en la operación ha permitido generar la información requerida y cuando se está en posibilidad de calcularlos. Asimismo, en el mismo anexo se reporta la información relativa al cumplimiento de las metas y objetivos de los fondos y programas mencionados. I. Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas. La creación de este fondo parte del compromiso del Gobierno Federal por establecer políticas públicas exitosas y novedosas que tengan como fin mejorar las condiciones de bienestar de la mayoría de la población a través de la generación de oportunidades para incorporarse de manera activa en el desarrollo económico del país. El FMPYME agrupa y brinda coherencia estratégica a un grupo de programas que establecen mecanismos de apoyos financieros como el acceso inicial al crédito y al microcrédito, la aportación de capital de riesgo, la creación de fondos de garantía y la provisión de capacitación en la conformación de microempresas, todos ellos en favor de personas y grupos sociales organizados de bajos ingresos que tradicionalmente carecen de acceso a los servicios de la banca comercial, pero cuentan con capacidades productivas y proyectos viables. Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales Objetivo. Establecer un mecanismo de microfinanciamiento a favor de las mujeres rurales, por conducto de organismos intermediarios, para fomentar la inversión productiva, impulsar el ahorro y propiciar la capitalización del sector rural. Características. Estos microfinanciamientos se caracterizan por ser accesibles y oportunos a fin de impulsar proyectos de inversión productiva, generadores de autoempleo e ingresos, rentables y recuperables a corto y mediano plazos. Como estrategia complementaria también se proporcionan, en caso de que así lo requieran los organismos intermediarios elegibles a los apoyos del Fommur, recursos para las actividades de promoción, asistencia técnica, capacitación y equipamiento informático, que les permitan atender de manera eficaz y eficiente las necesidades de microfinanciamiento para inversiones productivas de las mujeres rurales de su zona de influencia. Durante el cuarto trimestre de 2001 el Fommur a través de los organismos intermediarios (OI) otorgó 22 mil 956 microcréditos en beneficio de igual número de mujeres rurales, 4 mil 222 de ellos correspondieron al primer ciclo, 12 mil 872 al segundo ciclo y 5 mil 862 al tercero. Durante el 2001 se otorgaron más de 100 mil microcréditos en beneficio de 66 mil 149 mujeres con un monto de apoyo total de recursos equivalente a 91 millones 700 mil pesos, que incluye 17 millones 400 mil para capacitación y asesoría técnica. A la fecha 43 de los OI operan con el Fommur dando atención a 3 mil 61 grupos solidarios, en los cuales están agrupadas las más de 66 mil beneficiarias del programa. Los OI otorgan microcréditos en 10 entidades federativas del país, correspondiendo el 35% al Estado de Chiapas, 28% al Estado de Veracruz y el resto se distribuye en los ocho estados restantes. Los OI realizan su labor de constituir y atender a los grupos solidarios en aquellos estados con un mayor nivel de rezago, otorgando microfinanciamientos en 12 mil 244 comunidades. Adicionalmente el Fommur fomenta el ahorro de las beneficiarias del programa como sustento al microcrédito otorgado. Parte importante de la labor del Fommur consiste en capacitar a los nuevos organismos intermediarios que son autorizados para participar en el esquema del fondo, al respecto durante el 2001 se realizó un taller de capacitación. Las visitas de monitoreo a los OI y a sus respectivos grupos solidarios también resultan importantes para asegurar la adecuada operación del programa, en este sentido se realizaron en el último trimestre de 2001, siete acciones tendientes a monitorear el desempeño de los intermediarios financieros. Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad Objetivo. Contribuir a la creación de oportunidades de prosperidad, empleo e ingresos, generando condiciones favorables para la inserción de la población campesina, indígena y urbana de escasos recursos, en la vida productiva del país. Características. Este programa se inscribe en el marco de una visión social empresarial, cuya estrategia consiste en impulsar la operación de proyectos productivos viables y sustentables, concebidos, desarrollados, operados y administrados por los propios grupos sociales. Para ello se facilita el acceso inicial al crédito y al microcrédito, la aportación de capital de riesgo y la provisión de capacitación en la conformación de empresas. Los ejes centrales del quehacer de el Fonaes se orientan en seis líneas estratégicas: 1. Cultura empresarial: favorecer la capacitación a los grupos sociales para la transmisión del conocimiento, a fin de impulsar el desarrollo de las habilidades de tipo técnico y administrativas, así como las herramientas básicas para la ejecución y desarrollo de los proyectos productivos. 2. Desarrollo regional: inducir los conglomerados locales y regionales entre gobiernos, organizaciones no lucrativas, instituciones de educación y otros proveedores de insumos y servicios que permitan el desarrollo e inserción con grupos comerciales ya establecidos. 3. Viabilidad financiera: propiciar y apoyar empresas autosustentables. 4. Desconcentración: simplificar y estandarizar los procesos a fin de optimizar la operación del Fonaes. 5. Coordinación gobierno-sociedad: impulsar un mayor acercamiento con la sociedad. 6. Imagen institucional: mantener permanentemente informada a la ciudadanía sobre las acciones y resultados de los programas del Fonaes. A través de los diversos instrumentos con los que cuenta el Fonaes, se erogaron al cierre del ejercicio 2001, 600 millones 200 mil pesos, los cuales representan el 96.6% de la inversión programada al cierre del ejercicio de 621 millones 400 mil. Uno de los criterios de asignación de los recursos consiste en la focalización de las acciones, con lo que se pretende destinar recursos a grupos potencialmente beneficiarios, ubicados preferentemente en regiones de alta marginación. Así, la ubicación de los recursos estuvo distribuida regionalmente de la siguiente forma: De los 498 millones de pesos (1) de la inversión total ejercida, el 35.2%, es decir, 175 millones 100 mil pesos, se canalizó a las regiones de atención inmediata, 166 millones 900 mil pesos, que constituyen el 33.5% a las regiones prioritarias y la parte restante, 156 millones de pesos, que representa el 31.3% se canalizó a otras regiones. La inversión total ejercida en programas sustantivos durante el año estuvo distribuida de la siguiente manera: El 40.5% se canalizó para la creación y consolidación de empresas sociales, el 20.7% a la generación de empleos a través de Primer Paso Productivo (PPP), el 17.3% se destinó a la constitución y ampliación de fondos para otorgar apoyo financiero a proyectos productivos y empresas sociales, el 17.0% a acciones encaminadas a consolidar a las empresas por medio de la capacitación y asistencia técnica que proporciona el Fondo de Acompañamiento y Formación Empresarial (Foafe) y el 0.02% para la constitución o ampliación de cajas solidarias. La inversión de 243 millones de pesos canalizada por medio del instrumento capital de riesgo, permitió apoyar la creación, reactivación y consolidación de 683 empresas sociales y generar 8 mil 170 empleos. Mediante el instrumento primer paso productivo se invirtieron 124 millones 400 mil pesos, monto que permitió apoyar 1 mil 900 proyectos productivos y generar 28 mil 234 empleos. Por medio del instrumento de fondos se ejerció una inversión de 103 millones 500 mil pesos, lo cual permitió constituir 23 nuevos fondos de los 11 que se tenían programados. A través del Fondo de Apoyo al Acompañamiento y Formación Empresarial se invirtieron 102 millones 100 mil pesos efectuándose 12 mil 32 acciones concernientes al acompañamiento, formación empresarial y a la elaboración de estudios. Asimismo se creó la caja solidaria que se tenía programada con una inversión de 100 mil pesos. Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer Objetivo. Proporcionar oportunidades de desarrollo que eleven la calidad de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales y urbanas de rezago y marginación; asimismo, en fomentar el desarrollo de actividades prioritarias, de interés general, a través de la ejecución de acciones y proyectos productivos. Características. El Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer se constituye, en consecuencia, como un espacio de atención pública para impulsar la situación social y económica de las mujeres, a través de la difusión y financiamiento de los referidos proyectos. Fortalezas. El programa va dirigido exclusivamente a las mujeres, con la intención de fortalecer sus capacidades, habilidades, actitudes y conocimientos, para desarrollar sus potencialidades y permitirles incorporarse a la vida económicamente productiva, por lo que promueve la equidad de género. Oportunidades y estrategias: involucrar a las instituciones sociales relacionadas con la participación de las mujeres en las actividades productivas; impulsando proyectos productivos de los grupos de mujeres campesinas, indígenas y urbanas de escasos recursos, en unidades de producción familiar, establecimientos comerciales y de servicios, granjas, huertos y talleres. Por medio del Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer se ejerció de manera directa una inversión de 26 millones 900 mil pesos, mientras que 10 millones 500 mil pesos fueron ejercidos a través del instrumento Fonaes en apoyo a las actividades productivas que promueve el PDPM. Estos recursos permitieron apoyar 957 proyectos generando 9 mil 370 empleos en beneficio de 9 mil 169 mujeres. Programa de la Mujer Campesina Objetivo. Promover la participación de la mujer campesina organizada en el desarrollo y en el mejoramiento de su comunidad, mediante el financiamiento de proyectos productivos sustentables y recuperables en el corto y en el mediano plazos que, asimismo, generen bienes y servicios que contribuyan al bienestar de las familias en el campo. Características. El programa se basa en el reconocimiento a la capacidad de autodeterminación y al conocimiento de las mujeres campesinas respecto a sus propias necesidades y capacidades; en la sencillez de los trámites para obtener los apoyos; en la participación corresponsable de las beneficiarias; en la confianza en su capacidad para cumplir con los compromisos asumidos y, asimismo, en la sustentabilidad del propio programa, por medio del cumplimiento de los compromisos crediticios. Con el fin de potenciar los recursos destinados a las mujeres se decidió conjuntar los esfuerzos desarrollados por el Fonaes con los del Programa de la Mujer Campesina (PMC); en consecuencia los 5 millones de pesos que tenía asignados el programa se transfirieron a la dirección general de Fondos y Microempresas de Fonaes para que se operaran bajo la modalidad de fondos, garantizando su aplicación en beneficio de 800 mujeres pertenecientes a la población objetivo del programa, a través de financiamiento de 100 proyectos productivos. Programa Nacional de financiamiento al Microempresario Objetivo: crear las condiciones adecuadas que permitan el acceso a servicios de microfinanzas a individuos y grupos sociales de escasos recursos, pero que tienen iniciativas productivas que les dan la oportunidad de alcanzar, por sí mismos, mejores condiciones de vida de forma permanente al incorporarse a la actividad productiva del país. Características: para lograr su objetivo, el programa apoya la consolidación de instituciones microfinancieras que ofrecen sus servicios a los microempresarios rurales o urbanos. Entre otros servicios, se les apoya con asistencia técnica, capacitación en las áreas de sistemas de información gerencial, desarrollo de tecnologías y habilidades especializadas para atraer ahorro y manejo eficiente del portafolio. El microcrédito se distingue de los servicios financieros tradicionales en los siguientes puntos: emplea garantías no tradicionales, como el compromiso moral y social, son préstamos pequeños, a corto plazo y con pagos parciales, a una tasa de interés que permite la sustentabilidad del programa, establece una relación de largo plazo con el beneficiario a partir de préstamos pequeños, subsecuentes y crecientes; se complementa con metodologías educativas de acompañamiento a la producción y de desarrollo del individuo. 288,289,290 Durante el ejercicio fiscal de 2001 el Pronafim apoyó la consolidación de instituciones de microfinanciamiento por medio de apoyos financieros con un valor de 96 millones 900 mil pesos. Estos apoyos se otorgaron a 12 microfinancieras que proporcionaron microcréditos a 61 mil 263 individuos en 15 estados de la República (Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Sonora, Distrito Federal, México, Morelos, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Yucatán, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Aguascalientes). Paralelamente, el programa ha brindado apoyos a las instituciones de microfinanciamiento en materia de capacitación y asistencia técnica. Durante el 2001 se realizaron 13 acciones de capacitación, 26 acciones de asistencia técnica y tres acciones de apoyo con materiales. Asimismo, se ha elaborado un plan de estudios para implementar en las instituciones de educación superior del país una carrera técnica y un diplomado en microfinanzas, con la finalidad de formar especialistas en el tema. En materia de planeación y vinculación se organizó la Cumbre Mundial de Microcréditos en la ciudad de Puebla, durante los días 9 al 12 de octubre de 2001, evento que contó con la participación de representantes de 37 países. II. Programa Marcha Hacia el Sur Objetivo: el propósito fundamental del programa se inscribe en el objetivo del Gobierno Federal de impulsar vigorosamente el desarrollo de las regiones con mayores rezagos y en asegurar un desarrollo regional y nacional más equilibrado. En tal sentido, su objetivo es generar las condiciones para alcanzar mayores niveles de desarrollo en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, que constituyen la región sur-sureste, pues reflejan los niveles socioeconómicos más bajos del país, al tiempo que en los últimos 10 años han presentado una tasa de crecimiento inferior a la media nacional. Características: el programa se propone enfrentar dichos rezagos a través del fomento a la inversión nacional y extranjera, por medio del estímulo al establecimiento de plantas productivas que generen empleos permanentes y bien remunerados, así como el impulso al desarrollo regional y el fomento de una cultura industrial y empresarial entre los habitantes de la región. Desde principios de año se realizaron reuniones de trabajo con los gobiernos de los estados participantes a fin de presentar el programa, lograr una sensibilización de su parte e incentivarlos a participar y a otorgar beneficios adicionales para los proyectos que se instalen en su demarcación, con el propósito de potenciar su impacto. Asimismo, para la operación del programa fue necesario contar con un vehículo financiero, por lo que se constituyó un fideicomiso público cuyo registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera se realizó en junio de 2001. Durante el ejercicio fiscal de 2001 el Programa Marcha Hacia el Sur atendió 149 proyectos productivos detonadores del desarrollo regional. Asimismo, el número de proyectos productivos comprometidos durante el año ascendió a 69, ubicándose geográficamente como sigue: 23 en Oaxaca, 12 en Chiapas, 17 en Veracruz, nueve en Campeche, siete en Guerrero y uno en Tabasco. Estos proyectos representaron 141 millones 300 mil pesos de apoyos del programa y una inversión comprometida de 2 mil 721 millones de pesos. El número de empleos comprometidos en función de los proyectos mencionados ascendió, de octubre a diciembre de 2001, a 18 mil 395, para acumular durante el año 38 mil 458. Su localización por entidad federativa beneficiada fue la siguiente: 13 mil 523 en Veracruz, 9 mil 097 en Chiapas, 6 mil 710 en Oaxaca, 6 mil 264 en Campeche, 2 mil 814 en Guerrero y 50 en Tabasco. La información sobre los estados atendidos refleja que el programa cumple con su objetivo de identificar y promover proyectos productivos detonadores del desarrollo regional y generadores de empleo en aquellos estados con mayor rezago relativo. III. Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas Objetivo: establecer un mecanismo de apoyo financiero para impulsar la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas a la cadena productiva nacional, comercial y de servicios, promoviendo y facilitando la identificación de oportunidades de negocio, fomentando la constitución de fondos de garantías y apoyando proyectos de alto impacto para diversos sectores o regiones productivas del país. Características: entre sus propósitos se encuentran contribuir a la generación de empleos permanentes y bien remunerados, integrar eficientemente las cadenas productivas, facilitar el acceso de las PYME a esquemas financieros en apoyo a dichas cadenas, fomentar la integración o la asociación empresarial y la creación de nuevas empresas. El total de los recursos del programa fueron asignados en tiempo y forma. Los recursos fueron canalizados a través de los gobiernos de las entidades federativas en más de un 97% y a través de la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresas, AC (Funtec) en un 0.3%. Adicionalmente se le transfirieron recursos al Fondo de Garantías Recíprocas de Nacional Financiera por el 2% del total de los recursos. Durante el año 2001 se apoyaron 220 proyectos en beneficio de 76 mil 936 micros, pequeñas y medianas empresas a beneficiar. Estas acciones han permitido generar 90 mil 461 empleos. Asimismo, se firmaron 31 convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas a las que el Fidecap aporta recursos. IV. Fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresas Objetivo: diseñar, instrumentar, promover y difundir proyectos, programas, sistemas de información y herramientas, en apoyo a la formación de recursos humanos, así como a la capacitación y asesoría para el desarrollo de la cultura empresarial y la innovación tecnológica en las pequeñas y medianas empresas (PYME) industriales, comerciales, de servicios y agropecuarias, con el fin de incrementar su productividad y competitividad. Características: su creación responde a la necesidad de adecuar las estrategias de apoyo a las MPYME, promoviendo cambios institucionales de programas y acciones para incrementar su eficiencia. Asimismo, contempla la complementariedad de los programas existentes en diversas dependencias y organismos públicos y privados en su apoyo. Durante el cuarto trimestre, en coordinación con gobiernos estatales, así como con los sectores productivos y académicos, se analizaron cédulas de registro y aprobación de proyectos, con el propósito de identificar aquellos que se incorporarían a convenios de coordinación. Al mes de octubre se firmaron convenios de coordinación con las 32 entidades federativas del país, mediante los cuales el Fampyme apoyó 280 proyectos en materia de capacitación, asesoría, consultoría, formación de promotores y consultores, bancos de información, centros de vinculación y fondos de garantía. Es importante mencionar que 12 proyectos en materia artesanal del Estado de San Luis Potosí, se aglutinaron en un solo proyecto, a fin de que su instrumentación se lleve a cabo de manera integral. En coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como con organismos públicos, privados y sociales, se analizaron 37 proyectos que fueron presentados por 16 estados (Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz) para incluirlos como addenda a los convenios de coordinación ya firmados. De estos proyectos, se autorizaron 19 (cifra preliminar) de 10 estados (Baja California, Baja California Sur, Durango, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, México y Nayarit). Al mes de diciembre de 2001 se cuenta con información preliminar de los estados de Baja California Sur, Jalisco, México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, que en el marco de los convenios de colaboración atendieron a 2 mil 077 empresas y proporcionaron asesoría especializada a 32. En el marco de los convenios de colaboración suscritos con diferentes organismos se obtuvieron los resultados preliminares siguientes: con la UNAM se realizaron cuatro talleres denominados "Taller Fomento de la Cultura Empresarial", mediante los que se capacitó a 198 empresarios. Con Fundes, a través de la realización de 30 talleres con la metodología "Crecer con su Empresa" se capacitó a 600 empresarios y con el Conalep mediante telecursos "Cultura Empresarial para la Competitividad", integrado por seis módulos, se otorgó capacitación a 3 mil empresarios. V. Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial Objetivo: apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, para que, por sí mismas, logren su desarrollo a través de la identificación de sus necesidades y el acercamiento de las herramientas apropiadas para ser competitivas. Características: este programa ofrece servicios de consultoría por medio de la realización de un diagnóstico integral y la formulación de un plan de acción y su seguimiento. Los servicios de capacitación empresarial consisten en la transmisión de conocimientos, experiencias y metodologías que permiten al participante resolver problemas en el manejo de los negocios y plantear alternativas de solución más adecuadas. Durante el cuarto trimestre de 2001, los Centros Regionales para la Competitividad Empresarial atendieron a 2 mil 749 empresas, 2 mil 299 en servicios de consultoría integral y 495 en otros servicios. Adicionalmente, en este periodo se dio de baja a 241 empresas que no permanecieron recibiendo el servicio. En conjunto, la atención empresarial de este trimestre, descontando las bajas, fue de 2 mil 553 empresas, lo que significó el 114% de la meta establecida para este trimestre. En el periodo enero-diciembre del presente año se atendieron 8 mil 849 empresas, 7 mil 678 en servicios de consultoría y 1 mil 171 en otros servicios. Las empresas dadas de baja en el periodo suman 471, que restadas de la atención empresarial de los 12 meses nos da una captación neta de 8 mil 378 empresas atendidas, lo que significó el 107% de la meta establecida. De las 2 mil 553 empresas atendidas en la red en el cuarto trimestre del año, los centros de atención captaron 1 mil 040, lo que significó el 82% de la meta del periodo. De enero a diciembre de 2001, estos centros han atendido un total de 3 mil 079 empresas (84% de la meta de este lapso). En forma acumulada desde su instalación, en abril de 2000, se han captado 4 mil 591 empresas. La cartera total, considerándola desde el inicio de la red, es de 18 mil 923 empresas en consultoría integral, de las cuales 1 mil 693 (9%) están en diagnóstico integral, 3 mil 219 (17%) en plan de acción y 14 mil 011 (74%) son casos resueltos. De éstos, 12 mil 141 son de éxito y 1 mil 870 son terminados. Adicionalmente, se otorgó atención empresarial por concepto de otros servicios a 2 mil 271 empresarios, de los cuales 1 mil 629 fueron considerados de éxito por su grado de satisfacción, mientras que el resto está en proceso de atención. En conjunto, la red acumula 21 mil 194 casos. En el cuarto trimestre de 2001, la mezcla de la cartera atendida mostró la siguiente composición: 91% de empresas micro, 7% pequeñas y 2% medianas. Por lo que a sector se refiere, el 48% corresponde al sector comercio, 27% al industrial y el 25% restante, pertenece al sector servicios. En el acumulado de enero a diciembre de 2001, la mezcla de la cartera atendida se compone de 90% de empresas micro, 8% pequeñas y 2% medianas. Por lo que a sector se refiere, 45% corresponde a comercio, 28% a industria y el 27% restante, pertenece a servicios. De octubre a diciembre del presente año, los Crece incorporaron a plan de acción 2 mil 670 empresas (162% de la meta del periodo). Durante el periodo enero-diciembre de 2001 se incorporaron 6 mil 746 planes de acción, lo que representó el 107% de la meta establecida. En forma acumulada desde el inicio de la red se han elaborado 17 mil 258 planes. Del total de 2 mil 670 empresas incorporadas a plan de acción por la red en el cuarto trimestre del año, los centros de atención registraron 1 mil 115 casos (172% de la meta del periodo), lo que significa una contribución en promedio del 39% en los resultados de los Crece que cuentan con estos centros, los que registraron 2 mil 558 casos en plan de acción. En el periodo enero-diciembre de 2001 ingresaron 2 mil 431 empresas (97% de la meta establecida para este lapso), en forma acumulada desde su instalación, en abril de 2000, los centros de atención han realizado 4 mil 058 planes. En el trimestre octubre-diciembre, el promedio acumulado de caso a plan de acción por consultor ascendió a 7.4 casos (99% del objetivo del periodo que fue de 7.5 casos). De enero a diciembre el promedio acumulado ascendió a 22 casos por consultor en el periodo, lo que significó el 73% del objetivo, que se estableció en 30 casos. VI. Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos. Objetivo: responder a la necesidad y al interés creciente de las MPYME por ingresar al mercado norteamericano, a fin de aprovechar su ventaja comparativa en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y desarrollar productos con calidad de exportación. Durante el 2001 el programa brindó atención a 340 empresas exportadoras. Dado que la meta establecida para el 2001 era consolidar las exportaciones de 150 empresas a través de su participación en los centros de distribución, las cifras de resultados muestran que ésta se superó en un 126.6%. Asimismo, en el mismo periodo se realizaron más de 1mil 700 acciones de promoción que generaron un incremento de 12.4% en las exportaciones de las empresas apoyadas generando más de 4 mil 800 empleos. 291,293,293 Al cierre del ejercicio 2001 el programa cuenta con cuatro centros de negocios y distribución en operación: el primero en la Ciudad de Santa Ana, mismo que tiene una extensión de 120m2 de espacio de exhibición, 555m2. de atención al público y dispone de cinco salas para negociaciones y una oficina de juntas, el segundo en Santa Fe, Nuevo México, el tercero en la ciudad de Nueva York y el cuarto en San Antonio, Texas. Por tanto se duplicó la meta anual establecida de crear dos centros en 2001. Derivado de la promoción que se ha realizado del centro ubicado en la ciudad de Santa Ana, al final del año 2001 se encuentran instalados en el mismo los módulos de representación de siete estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Jalisco. VII. Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi.) El Fideicomiso de Fomento Minero, Fifomi, es una entidad pública del Gobierno Federal coordinada por la Secretaría de Economía, encargada de conducir la política de fomento minero del país. No recibe aportaciones del erario y su finalidad es fomentar el desarrollo de la minería nacional mediante apoyos financieros y asistencia técnica para los pequeños productores y las empresas dedicadas a las actividades de exploración, explotación, beneficio, comercialización, industrialización y consumo de minerales y sus derivados. Hasta el año 2000 el fideicomiso venía operando principalmente créditos directos. Sin embargo, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, limita al fideicomiso a operar créditos directos o de primer piso, pudiendo operar sólo descuentos de crédito a través de intermediarios financieros. El programa de trabajo para 2001 contempla los siguientes objetivos y acciones estratégicas. Objetivos: • Facilitar el acceso al financiamiento a la pequeña y mediana minería y a su cadena productiva. • Generar los productos crediticios que requiere la minería, con un enfoque de mercado y no de producto. • Otorgar financiamientos oportunos y suficientes. • Promocionar apoyo técnico y capacitación. Productos y servicios Los productos que ofrece el fideicomiso son tres: asistencia técnica, capacitación y crédito. Cadena del sector minero Está integrada por proveedores, contratistas y consultores y actividades de exploración, explotación, beneficio, industrialización y comercialización. Acciones de promoción Incremento de las PYME atendidas a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios con objeto de ampliar la fuerza de promoción institucional. Financiamiento a través de fondos de fomento estatal. Ampliación y mejoramiento de la red de promoción. Contacto permanente con la red. Acciones de apoyo técnico Orientación a las PYME para: Proporcionar asistencia técnica a la pequeña y mediana minería. Emitir la opinión relativa a los proyectos, con objeto de determinar su viabilidad técnica. Dar un acompañamiento a los acreditados de la institución que requieran de la asistencia técnica para mejorar sus proyectos. Desarrollar a introductores de mineral, incentivando a la pequeña minería. Fomentar el desarrollo de minerales no metálicos. Industrializar minerales y concentrados y capacitar técnica y administrativamente a la pequeña minería. Acciones de crédito Colocación de recursos a través de: Reglas claras. Nuevos productos. Simplificación de los procesos. Nuevos intermediarios. Recuperación de cartera mediante: Reglas claras. Respuesta ágil. Cobranza operativa. Acciones de administración. Se realizó la reingeniería de la organización que contempló lo siguiente: Definición de procesos necesarios. Ajuste en la estructura. Descentralización del personal para fortalecer las oficinas regionales del fideicomiso e incrementar la promoción en todo el país. Implementación de acciones para mejorar la eficiencia operativa de la institución y la estructura financiera. El presupuesto del Fifomi para el ejercicio 2001 ascendía a 966 millones de pesos, pero con las estrategias de promoción puestas en marcha, reglas claras, nuevos productos, inclusión de nuevos intermediarios financieros u una operación simplificada, se logró incrementar la colocación significativamente. Lo anterior hizo necesario solicitar un incremento en el techo financiero de la institución ante la SHCP, la cual autorizó incrementar el presupuesto en la misma proporción a los excedentes en la recuperación y autorizó un importe de 1 mil 500 millones de pesos, lo que significó un incremento del 55% de lo programado inicialmente. Durante el 2001, el número de empresas apoyadas se incrementó considerablemente en relación con lo realizado en el año 2000, año en el cual sólo se otorgó crédito a 34 empresas, mientras que en el ejercicio 2001 se otorgó a 247 empresas, situación que representó un incremento de más del 500%. Asimismo, se realizaron acciones de promoción directa con los organismos del sector, con gobiernos estatales, cámaras empresariales, bancos, intermediarios financieros no bancarios como: Sofoles, uniones de crédito, arrendadoras y empresas de factoraje. Como resultado de estas acciones se firmaron líneas de crédito global con: 14 bancos, 24 uniones de crédito y cinco Sofoles. Anexo I Resultados de los indicadores de evaluación y de gestión al cuarto trimestre de 2001 e informe al segundo semestre de 2001 sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas a cargo de la Secretaría de Economía señalados en el artículo 71 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001. 1. Fondo para la micro, pequeña y mediana empresas. 1.1 Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales. Indicadores de evaluación. 1. Nombre del indicador: efecto en la calidad de vida de las beneficiarias.* Periodicidad: anual. Resultado del indicador: incremento en el ingreso real de las beneficiarias: 21.25%. 2. Nombre del indicador: percepción del programa por la población beneficiaria.* Periodicidad: semestral. Resultado del indicador: resultado obtenido: 1 (bueno.) 3. Nombre del indicador: cobertura del programa.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: cobertura esperada: 100%, cobertura obtenida: 63.54%. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: el comité técnico consideró pertinente no aprobar nuevas socias ni nuevos intermediarios financieros. * Indicadores calculados con una muestra piloto de la población total beneficiada, a través de seis organismos intermediarios. ** Datos acumulados al cuarto trimestre. Indicadores de gestión 1. Nombre del indicador: porcentaje de recuperación de la cartera.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: recuperación esperada: 96%; recuperación observada: 91.16%. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la recuperación inferior a la programada se debió a que algunos intermediarios se retrasaron en sus pagos. 2. Nombre del indicador: tasa ponderada de colocación al grupo intermediario. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: tasa esperada 18%; tasa observada: 8.23%. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: Fommur otorga sus créditos a una tasa de Cetes a 28 días más un punto porcentual, está tasa se mantiene fija durante el ciclo que dure el préstamo. La tasa de Cetes disminuyó en el año. 3. Nombre del indicador: plazo promedio de los microcréditos. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: plazo esperado siete meses; plazo observado: nueve meses. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: debido a la gradualidad propia de recuperación en los plazos pactados, los plazos se pactan en plazos más largos al pasar de un ciclo de crédito a otro. 4. Nombre del indicador: créditos otorgados. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: avance esperado 100%; avance observado: 63.54%. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: el comité técnico consideró pertinente no aprobar nuevas socias ni nuevos intermediarios financieros. 5. Nombre del indicador: capacitación.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: avance esperado 100%; avance observado: 100%. 6. Nombre del indicador: plazo promedio para entregar el apoyo por parte de la microfinanciera. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: plazo esperado 45 días; plazo observado: 32 días. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: tratándose en su mayoría de créditos de segundo y tercer ciclo la integración de expedientes es más sencillo y de ahí la reducción del tiempo, además de que para créditos de segundo y tercer ciclo no es necesario realizar una visita de monitoreo. 7. Nombre del indicador: proporción del gasto de operación respecto al presupuesto total del programa. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: proporción esperada: 11.59%; proporción observada: 1.85%. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: se ha operado con base en las economías derivadas del ejercicio 2000. Metas y objetivos 1. Capacitación: Resultado: avance esperado 2; avance logrado: 1. Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: sólo se capacitó a los nuevos organismos intermediarios autorizados como intermediarios del fondo. 2. Mujeres beneficiarias: Resultado: Primer ciclo: esperado 15 mil 442; logrado: 4 mil 222. Segundo ciclo: esperado: 15 mil 442; logrado: 12 mil 872. Tercer ciclo: esperado: 5 mil 246; logrado: 5 mil 862. 294,295,296 Explicación sobre la diferencia entre la meta esperada y la lograda: en el primer ciclo no se alcanzó la meta debido a que no se incorporaron al programa nuevos organismos. Con respecto al segundo ciclo no se alcanzó la meta debido a desfases de fechas en el término del primer ciclo. En el tercer ciclo se superó la meta debido al desfase en la fecha de términos del segundo ciclo. 3. Créditos otorgados en el cuarto trimestre: Resultado: créditos esperados: 36 mil 130; créditos otorgados: 22 mil 956. 1.2. Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. Indicadores de evaluación 1. Nombre del indicador: cobertura del programa. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: cobertura esperada en empresas de capital de riesgo: mayor al 80%, cobertura obtenida: 158.2%. Cobertura esperada en empleos de primer paso productivo: mayor al 80%, cobertura obtenida: 129.8%. 2. Nombre del indicador: variación en la generación de empleos. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: variación esperada en la generación de empleos en empresas de capital de riesgo: mayor o igual al 100%, variación observada: 112.1%. Variación esperada en la generación de empleos de primer paso productivo: mayor o igual al 100%, variación observada: 251.2%. Indicadores de gestión 1. Nombre del indicador: porcentaje de recuperación de los apoyos de primer paso productivo y capital de riesgo. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: recuperación esperada: igual o mayor al 70%.; recuperación observada: 71.7%. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: el grado de recuperación es ligeramente superior al esperado. 8. Nombre del indicador: porcentaje de la tasa ponderada de colocación de los apoyos en fondos. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 16.33%. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: el resultado es el promedio de 320 fondos de inversión y de financiamiento. 9. Nombre del indicador: ahorros de cajas solidarias. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número obtenido de ahorradores: 59 mil 885 con un monto de ahorro de 280 millones 800 mil pesos. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: los datos corresponden a 189 cajas solidarias que se encuentran en operación actualmente. 10. Nombre del indicador: plazo promedio de los apoyos en capital de riesgo. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: plazo esperado: máximo 8 años; plazo obtenido: 7.52 años. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la rentabilidad esperada de los proyectos ha permitido estimar una recuperación más ágil de los recursos. 11. Nombre del indicador: creación de instrumentos de capitalización y ahorro. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: se crearon 64.7% de los fondos que se tenían programados en el periodo y 25% de las cajas solidarias. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la estrategia del Fonaes consideraba únicamente ampliación de los fondos; no obstante, derivado de la concertación con los gobiernos de los estados, ha sido posible crear nuevos fondos. 12. Nombre del indicador: proporción del gasto de operación respecto al presupuesto total del programa. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 5.29%. Metas y objetivos 1. Creación directa de empresas con capital de riesgo: Resultados: avance esperado: 299; avance logrado: 468. 2. Generación de empleos permanentes a través de las empresas de capital de riesgo: Resultados: avance esperado: 5 mil 630; avance logrado: 6 mil 491. 3. Generación de empleos temporales a través de los proyectos de primer paso productivo: Resultados: avance esperado: 13 mil 886; avance logrado: 18 mil 28. 4. Generación de empleos indirectos a través de los fondos: Resultados: avance esperado: 12 mil 318; avance logrado: 1 mil 367. 5. Ampliación de fondos: Resultados: avance esperado: 17; avance logrado: 11. 6. Constitución de cajas solidarias: Resultados: avance esperado: 4; avance logrado: 1. 7. Apoyos con acciones de acompañamiento y formación empresarial a través del FAAFE: Resultados: avance esperado: 2 mil 376; avance logrado: 9 mil 609. 1.3 Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer. Indicadores de gestión 1. Nombre del indicador: tasa ponderada de colocación de los apoyos. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: tasa esperada: 7.5%; tasa observada: 7.5%. 2. Nombre del indicador: plazo ponderado de los apoyos. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: plazo esperado: máximo 4 años; plazo observado: 4 años. 3. Nombre del indicador: capacitación. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje esperado de beneficiarias capacitadas: 50%; porcentaje observado: 4.18%. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: el programa inició operaciones en el transcurso del tercer trimestre, por lo que el tiempo disponible para realizar la capacitación resultó relativamente corto, beneficiando a 392 socias. 4. Nombre del indicador: plazo promedio para entregar el apoyo. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: plazo esperado: 48 días; plazo observado: 90 días. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la entrega de los apoyos se retrasó por cuestiones de rediseño del procedimiento y de implementación de procesos del PDPM. 5. Nombre del indicador: cobertura. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje esperado de cobertura: mayor al 80%; porcentaje observado: 240.6%. 6. Nombre del indicador: aplicación de los recursos otorgados de acuerdo al tipo de proyecto. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje esperado de inversión: mayor o igual al 57.4%; porcentaje observado: 80.7%. 7. Nombre del indicador: participación de recursos federales en los apoyos. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: participación esperada de recursos federales: 94%; participación observada: 94.81. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: las beneficiarias aportaron más del 6% que les corresponde en cada proyecto. Metas y objetivos 1. Financiamiento de proyectos: Resultados: avance esperado: 487; avance logrado: 957. 2. Empleos generados por los proyectos financiados: Resultados: avance esperado: 3 mil 894; avance logrado: 9 mil 370. 1.4. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Indicadores de Evaluación 1. Nombre del indicador: cobertura del programa. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: cobertura esperada: 100%; cobertura observada: 153%. Indicadores de gestión 1. Nombre del indicador: tasa ponderada de colocación al grupo intermediario. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: tasa esperada: 7.82%; tasa observada: 7.82%. 2. Nombre del indicador: plazo promedio ponderado de los microcréditos. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: plazo esperado: 150; plazo observado: 120. 3. Nombre del indicador: créditos otorgados. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje esperado de créditos entregados: 100%; porcentaje observado: 100%. 4. Nombre del indicador: capacitación. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje esperado de individuos capacitados: 50%; porcentaje observado: 76%. 5. Nombre del indicador: plazo promedio para otorgar el microcrédito por parte de la micro financiera. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: plazo esperado: 7 días; plazo observado: 7 días. 6. Nombre del indicador: proporción del gasto de operación respecto al presupuesto total del programa. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: proporción esperada: 15%; proporción observada: 5.9%. 7. Nombre del indicador: monto promedio del microcrédito otorgado a cada beneficiario. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: monto esperado: 2 mil 500 pesos; monto observado: 1 mil 582 pesos. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: por encontrarse el programa en una primera etapa operativa los montos de microcréditos autorizados son menores. 8. Nombre del indicador: número de créditos promedio por organismo intermediario. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número esperado de microcréditos por organismo intermediario: 1 mil 800; número observado: 5 mil 105. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: por encontrarse en su fase inicial de operaciones en el Pronafim participan las microfinancieras con mayor capacidad operativa. 297,298,299 9. Nombre del indicador: visitas de seguimiento a las microfinancieras. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: avance esperado de visitas: 50%; avance observado: 33%. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: las visitas de seguimiento se realizan una vez que la institución acreditada dispone de los recursos. De las 12 microfinancieras con las que opera el programa, tres iniciaron la disposición de la línea crediticia en diciembre y otra lo hará a partir de enero de 2002, por lo que de las nueve microfinancieras restantes se visitaron cuatro conforme al programa. Metas y objetivos 1. Cobertura: Resultados: avance esperado: 40 mil; avance logrado: 61 mil 263. 2. Organismos intermediarios incorporados al programa: Resultados: avance esperado: 7; avance logrado: 12. 3. Gasto de operación en relación con el presupuesto del programa: Resultados: avance esperado: 15%; avance logrado: 5.9%. 2. Programa Marcha Hacia el Sur. Indicadores de evaluación. 1. Nombre del indicador: índice de proyectos de inversión atendidos.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número de proyectos que se esperaba atender: 100; número de proyectos atendidos: 149. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la variación del indicador se debe a la intensa captación de proyectos, así como de promoción del programa. 2. Nombre del indicador: índice de proyectos comprometidos. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número esperado de proyectos: 100; número observado de proyectos: 69. 3. Nombre del indicador: índice de empleos comprometidos.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número esperado de empleos: 37 mil; número observado de empleos: 38 mil 458. Indicadores de gestión 1. Nombre del indicador: índice de proyectos de inversión atendidos.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número esperado de proyectos atendidos: 100; número observado: 149. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la variación del indicador se debe a la intensa captación de proyecto así como de promoción del programa. ** Datos acumulados al cuarto trimestre. 2. Nombre del indicador: índice de participación por tamaño.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: se esperaba que la distribución de la atención entre empresas pequeñas medianas y grandes fuera del 10%, 70% y 20%, respectivamente. Sin embargo, el resultado obtenido fue de 25%, 50% y 25% respectivamente. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la variación del indicador se debe a que la conformación está sujeta a la autorización del comité técnico y representa sólo aquellos proyectos aprobados por el mismo. 3. Nombre del indicador: índice de participación por sector.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: se esperaba una participación de un 85%, 7.5% y 7.5% para los sectores: industria, comercio y servicios, respectivamente; se observó una distribución de 86.6%, 1.4% y 11.8% respectivamente. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la variación del indicador se debe a que la conformación está sujeta a la autorización del comité técnico y representa sólo aquellos proyectos aprobados por el mismo. 4. Nombre del indicador: índice de satisfacción de clientes.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje esperado de satisfacción: 80%. Porcentaje obtenido: 100%. 5. Nombre del indicador: índice de costo de operación del programa. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: índice observado: 12.2%. 6. Nombre del indicador: índice de otorgamiento de apoyos.** Periodicidad: trimestral. ** Datos acumulados al cuarto trimestre. Resultado del indicador: días esperados para el otorgamiento de apoyos: 20; días observados: 16. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: esta diferencia representa un ahorro del tiempo de entrega de recursos y se debe a que se ha agilizado el proceso administrativo. 7. Nombre del indicador: índice de recursos otorgados.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: se ha otorgado el 100% de los recursos. Metas y objetivos 1. Indice de proyectos de inversión atendidos: Resultados: avance esperado: 38; avance logrado: 39. 2. Indice de proyectos comprometidos: Resultados: avance esperado: 60; avance logrado: 29. 3. Indice de empleos comprometidos: Resultados: avance esperado; 19 mil; avance logrado: 18 mil 395. 4. Indice de participación por tamaño: Resultados: avance esperado: pequeña 10, mediana 70 y grande 20; avance logrado: pequeña 31, mediana 41.4 y grande 27.6. 5. Indice de participación por sector industrial: Resultados: avance esperado: industriales 85, comerciales 7.5 y servicios 7.5; avance logrado: industriales 76, comerciales 0 y servicios cuatro. 6. Indice de otorgamiento de apoyos: Resultados: avance esperado: 20 días; avance logrado: 15 días. 7. Indice de satisfacción del cliente: Resultados: avance esperado: 86.7; avance logrado: 100. ** Datos acumulados al cuarto trimestre. 3. Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Indicadores de evaluación 1. Nombre del indicador: índice de empresas atendidas. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje esperado de empresas atendidas con respecto a las potenciales: 0.07%. Número observado: 0.003%. Indicadores de gestión 1.Nombre del indicador: índice de empresas atendidas. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: universo de empresas: 9 mil 640; empresas atendidas: 2 mil 077. 2. Nombre del indicador: índice de capacitación empresarial. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje esperado: 100%. Porcentaje observado: 54.5%. 3. Nombre del indicador: índice de vinculación con programas de apoyo empresarial. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje esperado: 100%. Porcentaje observado: 123.4%. 4. Nombre del indicador: monto de recursos canalizados para capacitación. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 36.7%. 5. Nombre del indicador: monto de recursos canalizados para la elaboración de estudios. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 15.6%. 6. Nombre del indicador: monto de recursos canalizados para fondos de garantía. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 31.5%. 7. Nombre del indicador: monto de recursos destinado para la formación de centros de vinculación empresarial. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 13.8%. 8. Nombre del indicador: monto de recursos destinados a la integración de bancos de información. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 2.3%. Metas y objetivos 1. Talleres de capacitación para el fomento de la cultura empresarial: Resultados: avance esperado: 450; avance logrado: 67. 2. Capacitación a empresarios para el desarrollo de la cultura empresarial: Resultados: avance esperado: 9 mil; avance logrado: 4 mil 902. 3. Capacitación a asesores técnicos especializados a nivel nacional: Resultados: avance esperado: 640; avance logrado: 32. 4. Red cetro-crece Indicadores de evaluación 2. Nombre del indicador: índice de empresas atendidas. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número esperado de empresas atendidas: 2 mil 248; número observado: 2 mil 553. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la variación positiva del indicador se debe a los convenios establecidos con los gobiernos estatales y las grandes empresas, así como a la mayor promoción que se le ha dado en los centros regionales a los servicios ofrecidos. 3. Nombre del indicador: índice de capacitación empresarial. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: se esperaba capacitar a 3 mil 861 personas. Se capacitó a 9 mil 031. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la variación positiva se debe a la realización de cursos seriados y la capacitación masiva a través de seminarios. Aunado a la imagen de calidad y precio accesible que se ha detectado en la comunidad empresarial. 4. Nombre del indicador: índice de vinculación financiera. Periodicidad: trimestral. 300,301,302 Resultado del indicador: índice esperado: 208; índice observado: 532. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: el resultado positivo se debe a la disminución de las tasas de interés del mercado y a la solidez que ha tomado el sistema financiero nacional. 5. Nombre del indicador: índice de vinculación a la consultoría externa. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: índice esperado: 205; índice obtenido: 328. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: el resultado positivo se debe al incremento en el número de empresas participantes al programa Compite. 6. Nombre del indicador: índice de empleos conservados. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: empleos conservados: 10 mil 103. 7. Nombre del indicador: índice de empleos generados. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: empleos generados: 729. Indicadores de gestión 9. Nombre del indicador: índice de empresas atendidas. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: universo de empresas: 764 mil 283; empresas atendidas: 2 mil 166. Explicación sobre los avances esperados y los obtenidos: el universo fue tomado del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), contempla las MPYME y sólo tiene el filtro de las empresas que funcionan formalmente desde hace más de un año y no contempla los demás requisitos que marca el acuerdo para la asignación del subsidio del 15 de marzo del 2001. 10. Nombre del indicador: índice de participación por tamaño. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: microempresa 91%, pequeña empresa 7% y mediana empresa 2%. 11. Nombre del indicador: índice de participación por sector. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: industria 27%, comercio 48%, servicios 25%. 12. Nombre del indicador: índice de casos de éxito. Periodicidad: trimestral. Resultado del Indicador: 84% de efectividad en casos resueltos. 13. Nombre del indicador: índice de incremento en la productividad, en tiempo de atención por caso. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: TEA 46.1 horas. Explicación sobre los avances esperados y los obtenidos: el porcentaje de tiempo efectivo de atención (TEA), muestra un decremento que es resultado del proceso de maduración que están teniendo los consultores de los centros de atención. 14. Nombre del indicador: índice de incremento de casos resueltos. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 54% de incremento en casos resueltos en relación con el trimestre inmediato anterior. 15. Nombre del indicador: índice de participación de los ingresos propios, con respecto al gasto de operación. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: porcentaje de participación: 15%. 16. Nombre del indicador: índice de incremento en los ingresos propios, con respecto al año anterior Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: incremento: 37%. 17. Nombre del indicador: índice de incremento en ventas en casos de éxito. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: variación: 13%. 18. Nombre del indicador: índice de costo-beneficio. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 28.10 pesos. 19. Nombre del indicador: índice de casos resueltos por consultor. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador casos resueltos por consultor: 7.1. 20. Nombre del indicador: índice de consultores certificados. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: se está actualizando el manual para certificar a los consultores. Metas y objetivos 1. Captación de empresas: Resultados: avance esperado: 2 mil 248; avance logrado: 2 mil 553. Explicación sobre los avances esperados y los obtenidos: la variación positiva con respecto a las metas planteadas se debe a convenios con empresas de gran escala, que se firmaron el año anterior y a los actuales, para atender a sus clientes y proveedores y por convenios con gobiernos estatales y municipales. 2. Capacitación de empresarios: Resultados: avance esperado: 3 mil 861; avance logrado: 9 mil 031. Explicación sobre los avances esperados y los obtenidos: la variación positiva se debe a la realización de cursos seriados y a la capacitación masiva a través de seminarios, aunado a la imagen de calidad y precio accesible que se ha detectado en la comunidad empresarial. 3. Ingresos: Resultados: avance esperado: 9 millones 095 mil 085; avance logrado: 10 millones 871 mil 942. Explicación sobre los avances esperados y los obtenidos: la variación positiva es el resultado de la cobranza de adeudos pendientes que tenían algunos gobiernos estatales e instituciones privadas por los servicios prestados a empresas de su interés. 5. Programa de centros de distribución en Estados Unidos Indicadores de evaluación 1. Nombre del indicador: monto del incremento de las exportaciones de las empresas apoyadas en el periodo, respecto al presupuesto ejercido del programa.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: incremento esperado: 1.50%; incremento obtenido: 12.38%. 2. Nombre del indicador: empleos generados y/o mantenidos por las empresas apoyadas.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: esperado: 3 mil; obtenido: 4 mil 853. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: se superó la meta establecida en la generación y mantenimiento de empleos, en virtud de que se brindó atención a un número de empresas mayor al programado. 3. Nombre del indicador: empresas y/o estados participando en el programa.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: esperado: 150 empresas; obtenido: 340 empresas. Indicadores de gestión 1. Nombre del indicador: número de empresas atendidas.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: esperado: 410; obtenido: 489. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la diferencia obedece a que hubo más empresas que solicitaron atención. **Datos acumulados al cuarto trimestre. 2. Nombre del indicador: número de acciones de promoción en el periodo.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: esperado: 6; obtenido: 10. 3. Nombre del indicador: número de contactos comerciales generados durante el periodo. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: esperado: 450; obtenido: 1 mil 752. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: se superó la meta establecida porque se realizaron cuatro contactos comerciales por empresa. **Datos acumulados al cuarto trimestre. 6. Fondo de fomento a la integración de cadenas productivas. Indicadores de evaluación 1. Nombre del indicador: índice de presupuesto ejercido.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: índice esperado: 1.00. índice obtenido: 0.995. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: el total de los recursos fueron asignados en tiempo y forma. Sin embargo, el gobierno del Estado de Tabasco no emitió los recibos correspondientes para la ministración de los recursos correspondientes a los meses de octubre y diciembre por un total de 687 mil 400 pesos, por lo que estos recursos no fueron ejercidos. 2. Nombre del indicador: índice de proyectos apoyados por línea de acción. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: índice esperado en "proyectos productivos": 0.65. Indice obtenido: 0.67. indice esperado en "fondos de garantía" 0.20. índice obtenido: 0.07. Indice esperado en "elaboración de estudios": 0.10. Indice obtenido: 0.22. índice esperado en "centros de vinculación empresarial": 0.04. Indice obtenido: 0.03. Indice esperado en "bancos de información": 0.01. Indice obtenido: 0.01. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: las variaciones presentadas en este indicador, se deben a que la demanda de apoyo está en función de los proyectos que presentan los gobiernos estatales. Sin embargo, se ha tratado de mantener la distribución programada. 3. Nombre del indicador: índice de asignación de recursos por medio de canalización. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: índice esperado de canalización a través de gobiernos estatales y municipales: 0.80. índice obtenido: 0.97. índice esperado de canalización a través de instituciones académicas: 0.20. índice obtenido: 0.02. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: los recursos fueron canalizados a través de los gobiernos estatales en más de un 97% y a través de la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y mediana Empresa, AC (Funtec) en un 0.3%. Además se le transfirieron recursos al Fondo de Garantías Recíprocas de Nacional Financiera que representan el 2% del total de los recursos. Indicadores de gestión 1. Nombre del indicador: número de estudios y proyectos apoyados. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: 49 estudios y 146 proyectos productivos apoyados. 2. Nombre del indicador: monto promedio de apoyos otorgados. Periodicidad: trimestral. 303,304,305 Resultado del indicador: 679 mil 270 pesos. 3. Nombre del indicador: entidades federativas beneficiadas por el programa. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número esperado de entidades federativas beneficiadas: 20; número observado: 31. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: la meta se superó en 55% debido a que la respuesta de los estados para participar en el programa fue superior a la estimada. Metas y objetivos 1. Proyectos de impacto detonados: Resultados: avance esperado: 50; avance logrado: 220. 2. Participación en proyectos regionales en los estados de la República: Resultados: avance esperado: 20; avance logrado: 31. ** Datos acumulados al cuarto trimestre. 7. Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi). Indicadores de evaluación 1. Nombre del indicador: recuperación de cartera.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: recuperación esperada: 801 millones de pesos; obtenida: 1 mil 550 millones de pesos. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: se logró una recuperación 94% arriba de lo programado, derivado de las estrategias de cobranza y a la presión que se ha generado a los acreditados morosos, propiciando la presentación de propuestas de pago y resolución de las mismas. 2. Nombre del indicador: colocación de descuentos de crédito.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: colocación esperada: 966 millones de pesos; colocación obtenida: 1 mil 500 millones de pesos. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: originalmente se tenía un presupuesto de 966 millones de pesos; que con las estrategias de promoción puestas en marcha, reglas claras, nuevos productos, inclusión de nuevos intermediarios financieros, operación simplificada, se logró incrementar la colocación significativamente. Lo anterior hizo necesario solicitar un incremento en el techo financiero de la institución ante la SHCP, quien autorizó incrementar el presupuesto en la misma proporción a los excedentes en la recuperación y autorizó un importe de 1 mil 500 millones de pesos, lo que significó un incremento del 55% de lo programado inicialmente. 3. Nombre del indicador: empleo generado.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número esperado de empleos generados: 789; número obtenido: 1 mil 294. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: como consecuencia natural con el incremento del presupuesto de derrama, además de cumplir con el número de empleos programado, se rebasó la meta en un 64%. 4. Nombre del indicador: empresas apoyadas.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número esperado de empresas apoyadas: 410; número obtenido de empresas apoyadas: 247. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: en cuanto al número de empresas apoyadas se incrementó considerablemente lo realizado en el año 2000, año en el cual solo se otorgo crédito a 34 empresas, mientras que en el ejercicio 2001 se otorgo a 247 empresas, situación que representó un incremento de más del 500%. Por otro lado, la meta fue demasiada amplia alcanzando sólo el 60% de la misma. La razón del no cumplimiento, se debió principalmente al largo tiempo que tomó la autorización de las reglas de operación para el esquema de financiamiento de los gobiernos de los estados y fondos de fomento, teniendo un desfase de seis meses, mismas que fueron autorizadas por el comité técnico del 7 de mayo y fue hasta finales de noviembre cuando fueron autorizados por las autoridades hacendarias y se publicaron el 31 de diciembre de 2001. 5. Nombre del indicador: inversión propiciada.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: Esperada: 1 mil 130 millones de pesos; obtenida: 1 mil 560 millones de pesos. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: derivado de las estrategias de promoción se logró un 38% arriba de lo programado. 6. Nombre del indicador: campañas de promoción.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: esperadas: 45; realizadas: 47. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: se realizaron acciones de promoción directa con los organismos del sector, con gobiernos estatales, cámaras empresariales, bancos, intermediarios no bancarios como; sofoles, uniones de crédito, arrendadoras y empresas de factoraje. Como resultado de estas acciones se firmaron líneas de crédito global con: 14 bancos, 24 uniones de crédito y cinco Sofoles. ** Datos acumulados al cuarto trimestre. Indicadores de gestión 4. Nombre del indicador: tiempo de respuesta en descuento automático. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: tiempo esperado: 24 horas; tiempo de respuesta observado: 24 horas. 5. Nombre del indicador: tiempo de respuesta en descuento facultativo. Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: tiempo de respuesta esperado: ocho días; tiempo de respuesta observado: cinco días. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: para dar mayor agilidad a las operaciones de descuento, se vienen realizando reuniones de comité de crédito hasta dos veces por semana cuando así se requiere. Estas condiciones permiten disminuir los tiempos de respuesta considerablemente. 6. Nombre del indicador: importe derramado con instituciones bancarias.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: importe esperado: 630 millones de pesos; importe obtenido: 832 millones de pesos. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: a partir del mes de abril en que se inició la promoción de las nuevas reglas de operación y a la fecha se han venido habilitando intermediarios llevando a la fecha 14 intermediarios financieros bancarios habilitados. 7. Nombre del indicador: importe derramado con instituciones no bancarias.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: importe esperado: 158 millones; importe observado: 600 millones. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: a partir del mes de abril en que se inició la promoción de las nuevas reglas de operación y a la fecha se llevan 29 intermediarios financieros no bancarios habilitados. 8. Nombre del indicador: importe derramado, créditos directos.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: importe esperado: 178 millones de pesos; importe obtenido: 68 millones de pesos. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: se han operado menos recursos que los programados, en virtud de las nuevas disposiciones del DPEF, que limitan la operación de créditos directos y sólo permite otorgar renovaciones de líneas de crédito, autorizadas con anterioridad. 9. Nombre del indicador: costo de asistencia técnica por empresa.** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: número esperado de empresas apoyadas: 115, monto: 6 millones 125 mil 569; número observado de empresas apoyadas: 147, monto 2 millones 795 mil 883 de pesos. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: se sobrepasó la meta anual de 115 empresas apoyadas. 10. Nombre del indicador: costo de capacitación por empresa. ** Periodicidad: trimestral. Resultado del indicador: empresas que se esperaba capacitar: 335, monto 14 millones 292 mil 995 pesos. Empresas que se capacitó: 418, monto 6 millones 253 mil 728 pesos. Explicación sobre la diferencia entre los resultados esperados y los obtenidos: las acciones de asistencia técnica y capacitación se realizaron conforme a lo programado. Metas y objetivos 1. Recuperación de cartera: Resultados: avance esperado: 801 millones de pesos; avance logrado: 1 mil 550 millones de pesos. 2. Colocación de descuentos de crédito: Resultados: avance esperado: 966 millones de pesos; avance logrado: 1 mil 500 millones de pesos. 3. Generación de empleos: Resultados: avance esperado: 789; avance logrado: 1 mil 294. 4. Empresas apoyadas: Resultados: avance esperado: 450; avance logrado: 913. 5. Inversión propiciada: ** Datos acumulados al cuarto trimestre. Resultados: avance esperado: 1 mil 130 millones de pesos; avance logrado: 1 mil 560 millones de pesos. 6. Campañas de promoción: Resultados: avance esperado: 45; avance logrado: 47. El Presidente: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comercio y Fomento Industrial, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Francisco Antonio Islas Rivera (B-1148183), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a los presentes, con carácter devolutivo, las hojas de servicios citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno. M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez (9868465), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D. F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. 306,307,308 La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor. Pedro Almazán Cervantes (10561774), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D. F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Leonardo Hernández López (10528482), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel de fuerza aérea especialista en electrónica de aviación Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Miguel Angel Sánchez Dámazo (8693929), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel de fuerza aérea abastecedor de material aéreo Diplomado de Estado Mayor aéreo, Marcial Muñoz Mendoza (9721824), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel ingeniero industrial, José Ausencio Garrido Márquez (9448042), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel médico cirujano Oscar del Angel Guevara (9168491), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D. F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo Salvador Hernández Montes de Oca (6955103), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel de Fuerza Aérea meteorólogo Carlos Barraza Murillo (7233087), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. 309,310,311 La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel de Fuerza Aérea especialista en mantenimiento de Aviación Héctor Esquivel Piña (7233585), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación enviando las hojas de servicios del coronel cirujano dentista Abel Villaroel Torres (10528696), las que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior acompaño a lo presente, con carácter devolutivo, las hojas de servicios del citado militar. Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 17 de diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» El Presidente: Recibo y túrnese a la Segunda Comisión. ¿Falta algo, perdón, Secretaria? La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: Sí, tres... ¡Ah!, no, acabamos, señor Presidente. Presidencia del diputado José Manuel Medellín Milán El Presidente: Gracias, senadora Secretaria. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA El Presidente: Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo y decretos. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... El Presidente: Se autoriza. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. Honorable Comisión Permanente: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el expediente presentado en sesión plenaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del día miércoles 23 de enero del año en curso, referente a los nombramientos para la ratificación y designación que el Presidente de la República extiende a favor de los ciudadanos licenciados María del Consuelo Villalobos Ortiz, Rosa María del Pilar Fajardo Ambía y Luis Carballo Balvanera, para su ratificación y los ciudadanos licenciados Rosa Heriberta Círigo Barrón y Javier Bernardo Aguilar Alvarez de Alba y el doctor Alonso Pérez Becerril, como designados, para ocupar puestos de magistrados en las salas superior y regional, respectivamente, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de su aprobación en los términos del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A partir del estudio del expediente en cuestión y de conformidad con los artículos 93, 94 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos exponer los siguientes CONSIDERANDOS I. Los nombramientos que realiza el Presidente de la República en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deben ser aprobados por la Comisión Permanente, según lo establece la normatividad citada. II. El párrafo primero de artículo 4o. de la Ley Orgánica Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que para ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa se requiere ser mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles políticos, ser mayor de 35 años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado expedido cuando menos 10 años antes de dicha fecha y con siete años en materia fiscal. III. Los ciudadanos María del Consuelo Villalobos Ortiz y Luis Carballo Balvanera, son propuestos para su ratificación como magistrados de la Sala Superior en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. IV. La ciudadana María del Pilar Fajardo Ambía es propuesta para su ratificación como magistrada de la sala regional en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. V. Los ciudadanos Rosa Heriberta Círigo Barrón y Javier Bernardo Aguilar Alvarez de Alba, así como el doctor Alonso Pérez Becerril, son designados para ocupar vacantes como magistrados en la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI. Del análisis cuidadoso de los documentos que acompañan al expediente que nos ocupa se obtienen elementos suficientes de juicio para realizar una valoración sobre la capacidad y experiencia profesional de los seis magistrados propuestos por el Presidente de la República. En tal virtud y con objeto de estar en condiciones de emitir una resolución suficientemente fundada y motivada, los integrantes de la comisión que suscribe, con fundamento en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, citamos a los ciudadanos María del Consuelo Villalobos Ortiz, Luis Carballo Balvanera, Rosa María del Pilar Fajardo Ambía, Rosa Heriberta Círigo Barrón Alba y Alonso Pérez Becerril, a una entrevista que tuvo verificativo el día de 29 de enero del año en curso y en la que, además de constatar la documentación contenida en el expediente base del presente dictamen, se intercambiaron puntos de vista con los magistrados designados sobre su formación y trayectoria profesional, así como sobre sus funciones. Respecto al ciudadano Javier Bernardo Aguilar Alvarez de Alba, mediante escrito de fecha 25 de enero del año en curso, dirigido al señor Presidente de la República, informa que declina aceptar el nombramiento por motivos personales. VII. Para ilustrar a esta Comisión Permanente se hacen del conocimiento las siguientes síntesis curriculares de los magistrados propuestos: 1. Licenciada María Consuelo Villalobos Ortiz, propuesta de ratificación para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Mexicana por nacimiento; 57 años de edad; licenciada en derecho, titulada por la UNAM en 1967; posgrados en finanzas Públicas UNAM, maestría UNAM, doctorado por la UNAM. Muestra una amplia actividad docente en derecho fiscal y finanzas públicas. Actualmente es Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cabe señalar que el nombramiento de la magistrada concluyó el 22 de enero del año en curso. 2. Licenciado Luis Carballo Balvanera propuesta de ratificación para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; mexicano por nacimiento; 56 años de edad; licenciado en derecho UNAM-1969, doctorado egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM; licenciado en filosofía y letras UNAM. Actualmente es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cabe señalar que el nombramiento del magistrado concluyó el 22 de enero del año en curso. 3. Licenciada Rosa María del Pilar Fajardo Ambía, propuesta de ratificación para la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; mexicana por nacimiento; licenciada en derecho por la UNAM, 1963; experiencia como docente en la Escuela Superior de Contaduría en las materias de Introducción al derecho y derecho fiscal de 1963-1970. Actualmente es magistrada de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cabe señalar que el nombramiento de la magistrada concluyó el 22 de enero del año. 4. Licenciada Rosa Heriberta Círigo Barrón, propuesta por designación para la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es mexicana, cuenta con 52 años de edad, licenciada en derecho por la UNAM; tiene una amplia experiencia como académica en planteles de estudios superiores y como funcionaria en el Tribunal Fiscal de la Federación donde fungió como secretaria de acuerdos; actualmente es secretaría proyectista del 5o. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito. 5. Doctor Alfonso Pérez Becerril, propuesto por designación para la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es mexicano por nacimiento; obtuvo su licenciatura en derecho por la UNAM; tiene título de maestría en derecho por la UNAM y doctorado por la misma institución; tiene una amplia experiencia en la docencia en instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, actualmente es presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de México y socio director del despacho "Pérez-Becerril y Asociados". En virtud de lo anteriormente expuesto y en razón al análisis de la documental presentada por los cinco magistrados y de la entrevista realizada previamente, nos permitimos someter a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. Con fundamento en los artículos 3o., 4o. y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el nombramiento de ratificación que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor de la ciudadana María Consuelo Villalobos Ortiz, como magistrada para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Segundo. Con fundamento en los artículos 3o., 4o. y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el nombramiento de ratificación que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Luis Carballo Balvanera, como magistrado para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tercero. Con fundamento en los artículos 3o., 4o. y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el nombramiento de ratificación que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió, en favor de la ciudadana Rosa María del Pilar Fajardo Ambía Ortiz, como magistrada para la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuarto. Con fundamento en los artículos 3o. y 4o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el nombramiento por designación que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor de la ciudadana Rosa Heriberta Círigo Barrón, como magistrada para la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 312,313,314 Quinto. Con fundamento en los artículos 3o. y 4o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprueba el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Alonso Pérez Becerril, como Magistrado para la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. — Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de enero de 2002.— Tercera Comisión: diputados: Efrén Leyva Acevedo, presidente Miroslava García Suárez, senador César Camacho Quiroz, diputado J. Camilo Mouriño Terrazo, secretarios; senadores: José Antonio Aguilar Bodegas, Fauzi Hamdan Amad, Miguel Angel Navarro Quintero, Francisco Fraile García; diputados; Roberto Ruiz Angeles, Manuel Medellín Milán, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Jaime Salazar Silva, Jorge Carlos Ramírez Marín, Juan Carlos Regis Adame y Herbert Taylor Arthur.» Está a discusión el dictamen con puntos de acuerdo. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo ... El Presidente: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense al Ejecutivo. Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos María del Consuelo Villalobos Ortiz, Luis Carballo Balvanera, Rosa María del Pilar Fajardo Ambía Ortiz, Rosa Heriberta Círigo Barrón y Alonso Pérez Becerril, cuyos nombramientos como magistrados de la sala superior y de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acaban de ser aprobados por esta Asamblea. Para que los introduzcan a este salón y los acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: Martha Tamayo Morales, Alfredo Ochoa Toledo, Micaela Aguilar González, Oscar Ochoa Patrón, María Miroslava García Suárez, José Rodolfo Escudero Barrera y Juan Carlos Regis Adame. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Se ruega a los presentes ponerse de pie. El Presidente: Ciudadanos: María del Consuelo Villalobos Ortiz, Luis Carballo Balvanera, Rosa María del Pilar Fajardo Ambía Ortíz, Rosa Heriberta Círigo Barrón y Alonso Pérez Becerril, ¿protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la sala superior y de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Los ciudadanos María del Consuelo Villalobos Ortiz, Luis Carballo Balvanera, Rosa María del Pilar Fajardo Ambía Ortiz, Rosa Heriberta Círigo Barrón y Alonso Pérez Becerril: Sí, protesto. El Presidente: Si así no lo hicieran, la nación se los demande. Felicidades, señores magistrados. Se solicita a la comisión designada acompañe a los magistrados cuando deseen retirarse del salón. Continúe la Secretaría. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 225, año segundo, sección quinta, índice F, fojas 41-2 del libro respectivo, que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Edgar Humberto Flores García, como coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte que: a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1974 al Heroico Colegio Militar, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de septiembre de 1978. b) Para los efectos de ascenso se le computan 27 años dos meses y 19 días de tiempo de servicios y cinco años de antigüedad en el grado anterior. c) Todos sus ascensos los obtuvo en tiempo y forma en la primera oportunidad de cada grado. d) Su formación profesional comprende estudios de formación como oficial, así como los cursos de: patrullas y básico de paracaidista; de aplicación de las armas y servicios de mando y estado mayor general, de inteligencia y adiestramiento para instructores en el Fuerte Benning, Georgia, EUA, y el de defensa nacional en la Universidad de Defensa del Ejército Popular de Liberación en China. e) Con gran experiencia en el ejercicio del mando en batallones de infantería, se desempeñó como oficial de operaciones en la fuerza de tarea Marte XVI contra el narcotráfico, así como diversas funciones docentes en la Escuela Superior de Guerra; asimismo desempeñó el cargo de subjefe de estado mayor de zona militar. f) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia hasta de Segunda Clase. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Edgar Humberto Flores García y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Edgar Humberto Flores García. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero de 2002.— Senador: José Natividad González Parás, presidente; senador Juan José Rodríguez Prats, diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 201, año segundo, sección primera, índice "R", foja 37-2 del libro respectivo, que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre de 2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor Francisco Javier Revilla Macías, como coronel ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte: a) Que ingresó como cadete a la Escuela Militar de Ingenieros, graduándose como subteniente pasante de ingenieros el 1o. de septiembre de 1980; b) Que para efectos de promoción superior se le computaron 25 años 2 meses 19 días de tiempo de servicios y 6 años de antigüedad en el grado anterior; c) Que realizó estudios profesionales en la Escuela Militar de Ingenieros. Que cursó la licenciatura en Economía en la Universidad Tecnológica de México (1984-1991), la especialidad de administración pública en el Instituto de Alta Dirección de Empresa Pública y Privada. Además de un postgrado en ingeniería nuclear en el Instituto Militar de Ingeniería de Río de Janeiro, Brasil; d) Que efectuó en la Escuela Superior de Guerra el curso de mando y estado mayor general, adquiriendo el carácter de Diplomado de Estado Mayor; e) Que en su desempeño ha sido destacado tanto en comisiones en la rama de ingeniería como militares, de estado mayor y docente. Se desempeñó como profesor de grado y postgrado en la Escuela Superior de Guerra y Escuela Militar de Ingenieros; f) Que fue merecedor de condecoraciones de años de servicio hasta Segunda Clase además la de Mérito Docente y g) Que tiene una experiencia profesional muy amplia, manteniéndose en constante búsqueda de incrementar sus conocimientos y que es honesto en el manejo de caudales. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado teniente coronel ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor sujeto a ratificación. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de coronel ingeniero constructor Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Francisco Javier Revilla Macías. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D. F., a 22 de enero del año 2002.— Legisladores: Natividad González Parás, presidente; Juan José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy, Efrén Leyva Acevedo, César Camacho Quiroz, Manuel Medellín Milán, Federico Fraile García, José Alfredo Botello Montes, Guadalupe López Mares, Jesús Galván Muñoz, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés y Miroslava García Suárez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto. « Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 220, año segundo, Sección Cuarta, índice Z, fojas 40-1 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Marco Antonio Zaragoza Vázquez, como coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 315,316,317 Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte que: a) Ingresó a la Escuela Militar de Aviación el 2 de septiembre de 1975, graduándose como subteniente piloto aviador el 1o. de septiembre de 1979. b) Para efectos de ascenso se le computan 26 años 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 6 años de antigüedad en el grado anterior. c) Todos sus ascensos los ha obtenido en concursos de selección en tiempo y forma. d) Su formación profesional la inició en la Escuela Militar de Aviación, graduándose como piloto aviador; realizó diversos cursos de adiestramiento aéreo, de mando y Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra; así como el curso de inteligencia aérea táctica, en la Base Aérea Homestead, Florida, EUA. e) Piloto aviador con gran experiencia que ha ejercido el mando en diversos escuadrones y en el quinto grupo aéreo y grupo de detección número uno y prestado sus servicios en la Escuela Superior de Guerra y en la Escuela Militar de Aviación. f) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia hasta de Segunda Clase y la de mérito docente. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado teniente coronel piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Marco Antonio Zaragoza Vázquez y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Marco Antonio Zaragoza Vázquez. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero del año 2002.— Legisladores: Natividad González Parás, presidente; Juan José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy, Efrén Leyva Acevedo, César Camacho Quiroz, Manuel Medellín Milán, Federico Fraile García, José Alfredo Botello Montes, Guadalupe López Mares, Jesús Galván Muñoz, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés y Miroslava García Suárez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 222, año segundo, Sección Primera, índice "R", fojas 40-1 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Marcelino Pedro Jaime Ríos Basaldud, como coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte que: a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1971, a la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, dependiente del colegio del aire, graduándose como subteniente de abastecimiento del material aéreo el 1o. de septiembre de 1974. b) Para efectos de ascenso se le computan 30 años 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 7 años de antigüedad en el grado anterior. c) Todos sus ascensos los obtuvo en los concursos de selección correspondiente. d) Su formación profesional abarca dos especialidades en la fuerza aérea, la de abastecimiento del material aéreo y posteriormente la de piloto aviador por haber efectuado el curso correspondiente en el colegio del aire, efectuó el curso de mando y Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra y realizó en el mismo plantel el curso superior de guerra. e) Ha ejercido el mando en diversos escuadrones aéreos de combate, de reconocimiento, fotográfico y de transporte y en los grupos aéreos sexto y noveno, ha prestado sus servicios en la Escuela Militar de Aviación, en regiones aéreas y en el cuartel general de la comandancia de la fuerza aérea. f) Se le ha conferido las condecoraciones de Perseverancia hasta de Segunda Clase. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Marcelino Pedro Jaime Ríos Basaldud y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Marcelino Pedro Jaime Ríos Basaldud. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero del año 2002.— Legisladores: Natividad González Parás, presidente; Juan José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy, Efrén Leyva Acevedo, César Camacho Quiroz, Manuel Medellín Milán, Federico Fraile García, José Alfredo Botello Montes, Guadalupe López Mares, Jesús Galván Muñoz, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés y Miroslava García Suárez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 218, año segundo, Sección Primera, índice J, fojas 39-1 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel ingeniero en comunicaciones y Electrónica Juan Pablo Juárez Pérez, como coronel ingeniero en comunicaciones y electrónica, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte que: a) Ingresó como soldado de transmisiones el 22 de julio de 1964, graduándose como subteniente del servicio el 1o. de septiembre de 1974. b) Para efectos de ascenso se le computan 37 años tres meses y 27 días de tiempo de servicios y nueve años de antigüedad en el grado anterior. c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de selección correspondiente. d) Su formación profesional la inició en la Escuela Militar de Transmisiones efectuando los cursos de clases y de formación para oficiales, realizó el curso de ingeniero en transmisiones militares y estudios profesionales de ingeniería en comunicaciones y electrónica en la Escuela Militar de Ingenieros. e) Ha prestado servicios de su especialidad en el agrupamiento de servicios generales del Estado Mayor de la Defensa Nacional en una compañía regional de transmisiones, así como en actividades docentes en la Escuela Militar de Transmisiones y de Ingenieros, lo que le ha permitido obtener experiencia operativa y docente. f) Se le han conferido las condecoraciones de Perseverancia hasta de Primera Clase y la de Perseverancia Especial. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado teniente coronel ingeniero en comunicaciones y electrónica Juan Pablo Juárez Pérez y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel ingeniero en comunicaciones y electrónica, sujeto a ratificación. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de coronel ingeniero en comunicaciones y electrónica que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Pablo Juárez Pérez. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero de 2002.— Senador Presidente; José Natividad González Parás; Senador Juan José Rodríguez Prats, diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 200, año segundo, sección quinta, índice "E", fojas 37-2 del libro respectivo, que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel médico cirujano, Félix Alberto Espinoza López, como coronel médico cirujano, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte: a) Que en la Escuela Médico Militar de 1970 a 1977 realizó el curso de médico cirujano obteniendo el grado de mayor el 1o. de septiembre de 1977. b) Que para efectos de ascensos se le computaron 31 años 3 meses 10 días de tiempo de servicio y 10 años de antigüedad en el grado anterior. c) Que realizó la especialidad de cardiología en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. d) Que ha prestado sus servicios profesionales en hospitales regionales en enfermerías militares, en la Escuela Médico Militar y otras dependencias de su servicio con eficiencia. Que su amplia experiencia le permite mantenerse sereno ante situaciones de presión. e) Que ha obtenido las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado teniente coronel médico cirujano y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción general y muy buen desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel médico cirujano, sujeto a ratificación. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de coronel médico cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Félix Alberto Espinoza López. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D. F., a 22 de enero del año 2002.— Legisladores: Natividad González Parás, presidente; Juan José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy, Efrén Leyva Acevedo, César Camacho Quiroz, Manuel Medellín Milán, Federico Fraile García, José Alfredo Botello Montes, Guadalupe López Mares, Jesús Galván Muñoz, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés y Miroslava García Suárez.» 318,319,320 Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 204, año segundo, sección cuarta, índice M, fojas 38-2 del libro respectivo, que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel médico veterinario Arturo Méndez Flores, como coronel médico veterinario, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que de 1976 a 1980, cursó la carrera de médico veterinario zootecnista, terminándola en la UNAM. b) Que su tiempo de servicios computados para el ascenso fue de 25 años 10 meses 28 días y seis años de antigüedad en el grado anterior. c) Que en 1995 obtuvo el grado de maestría en salud pública en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. d) Que ha prestado sus servicios en diferentes unidades del arma de caballería y en diversas instalaciones militares que requieren los servicios de su especialidad. e) Que ha obtenido las condecoraciones de Perseverancia hasta de Segunda Clase, así como la del Mérito Deportivo. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado teniente coronel médico veterinario y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel médico veterinario, sujeto a ratificación. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de coronel médico veterinario, que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor del ciudadano Arturo Méndez Flores. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 22 de enero de 2002.— Senador José Natividad González Parás, presidente; senador Juan José Rodríguez Prats, secretario; diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Ernesto Gil Elorduy, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.» Está a discusión el punto de acuerdo. . . No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 203, año segundo, sección tercera, índice "G", fojas 37-2 del libro respectivo, que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel ingeniero constructor Xavier Fernando González Echandi, como coronel ingeniero constructor que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte: a) Que ingresó al Heroico Colegio Militar, graduándose como subteniente de artillería el 1o. de septiembre de 1976. b) Que para efectos de promoción se le computaron 29 años dos meses 19 días de tiempo de servicios y nueve años de antigüedad en el grado anterior. c) Además de su formación como oficial de artillería, efectuó los estudios correspondientes como ingeniero constructor en la Escuela Militar de Ingenieros, así como el curso superior de armas y servicios en la Escuela Superior de Guerra y que tiene amplia capacidad docente. d) En su especialidad se ha desempeñado en corporaciones y dependencias de la rama de ingenieros hasta encabezar una jefatura regional del servicio. En sus comisiones, tanto operativas como administrativas, ha destacado su gran sentido de responsabilidad, capacidad profesional y honestidad probada en el manejo de fondos. e) Ha obtenido las condecoraciones de Perseverancia hasta Segunda Clase. De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado teniente coronel ingeniero constructor y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel ingeniero constructor, sujeto a ratificación. Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se ratifica el grado de coronel ingeniero constructor que el titular del Poder Ejecutivo expidió a favor del ciudadano Xavier Fernando González Echandi. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 16 de enero del año 2002.— Segunda Comisión de Trabajo.— Senador Natividad González Parás, presidente; senador Juan José Rodríguez Prats, y diputado Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.» Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriores reservados. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Presidencia del diputado José Guillermo Anaya Llamas El Presidente: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo. Se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal— Comisión Permanente.— Primera Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge en grado de Bailío Gran Cruz de Justicia, que le confiere su alteza real don Carlos de Borbón. La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente PROYECTO DE DECRETO Unico. Se concede permiso al arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, para aceptar y usar la condecoración de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, en grado de Bailío Gran Cruz de Justicia, que le confiere su alteza real don Carlos de Borbón. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 17 de enero de 2002.— Diputado Alejandro Zapata Perogordo, presidente; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario; senador Jorge Zermeño Infante, secretario; senadores: Sadot Sánchez Carreño, Ernesto Gil Elorduy, Jesús Galván Muñoz, David Jiménez González, Fauzi Hamdan Amad, Rafael Melgoza Radillo; diputados: Efrén Leyva Acevedo, Herbert Taylor Arthur, Magdalena Núñez Monreal, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, José Alfredo Botello Montes y Arturo Escobar y Vega.» No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera Comisión. Honorable Asamblea: en oficio fechado el 26 de diciembre de 2001, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Francisco Javier Vázquez Lázaro y Silvia de la Luz Rivera, puedan prestar servicios como mensajero y conserje, en la Embajada de la República de Ecuador en México. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 16 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo. CONSIDERANDO a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento; b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Ecuador en México, serán de carácter administrativo y c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente PROYECTO DE DECRETO Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Vázquez Lázaro, para prestar servicios como mensajero, en la Embajada de la República de Ecuador en México. Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Silvia de la Luz Rivera, para prestar servicios como conserje, en la Embajada de la República de Ecuador en México. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México D.F., a 18 de enero de 2002.— Diputados: Alejandro Zapata Perogordo, presidente; Jorge Calos Ramírez Marín, secretario; senadores: Jorge Zermeño Infante, secretarios; Sadot Sánchez Carreño, David Jiménez González, Ernesto Gil Elorduy, Fauzi Hamdan Amad, Jesús Galván Muñoz, Rafael Melgoza Radillo; diputados: Juan Manuel Sepúlveda Fayad, José Alfredo Botello Montes, Magdalena Núñez Monreal y Arturo Escobar y Vega.» Se reserva para su discusión en conjunto. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II) La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera Comisión de Trabajo. Honorable Asamblea: en oficio fechado el 7 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que Andrés Antonio Torres Scott, Raymundo Julián Navarrete Buenrostro, Gerardo Torner Márquez y Pedro Vargas Soto, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y centro de comercio de Estados Unidos de América, en México. 321,322,323 En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 16 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo. CONSIDERANDO a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento; b) Que los servicios que los propios solicitantes se prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo y c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción ll del apartado C del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo Parrafo, del reglamento para el gobierno interior del Congresdo General de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente PROYECTO DE DECRETO Artículo primero. Se concede permiso a Andrés Antonio Torres Scott, para prestar servicios como especialista político, en la Embajada de Estados Unidos de América en México. Artículo segundo. Se concede permiso a Raymundo Julián Navarrete Buenrostro, para prestar servicios en intendencia/mantenimiento, en la Embajada de Estados Unidos de América en México. Artículo tercero. Se concede permiso a Gerardo Torner Márquez, para prestar servicios como empleado de mantenimiento, en el Centro de Comercio de Estados Unidos de América en México. Artículo cuarto. Se concede permiso a Pedro Vargas Soto, para prestar servicios como empleado de limpieza, en el Centro de Comercio de Estados Unidos de América en México. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 21 de enero de 2002.— Diputados: Alejandro Zapata Perogordo, presidente; Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario; senadores: Jorge Zermeño Infante, secretario; Sadot Sánchez Carreño, David Jiménez González, Ernesto Gil Elorduy, Fauzi Hamdan Amad, Jesús Galván Muñoz, Rafael Melgoza Radillo; diputados: Juan Manuel Sepúlveda Fayad, José Alfredo Botello Montes, Magdalena Núñez Monreal y Arturo Escobar y Vega.» Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. No se reservó artículo alguno para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto. Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. (Votación.) Se emitieron 34 votos en pro y ninguno en contra. El Presidente: Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales. El Presidente: A esta mesa directiva ha llegado una comunicación, signada por diferentes legisladores de diversos grupos parlamentarios, que me permitiré dar lectura en relación a un returno. Los suscritos legisladores, con fundamento en lo dispuesto por artículos de las iniciativas de ley, 55 al 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos muy respetuosamente lo siguiente: Se rectifique el turno dado a la proposición con punto de acuerdo presentada el día 16 de enero en curso por la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, acerca de la urgencia de solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la emisión de un criterio de observancia general en relación a la causación en tasa cero de servicio o suministro de agua potable para uso doméstico. Lo anterior, debido a que el turno otorgado a la Comisión Ordinaria de Hacienda de la Cámara de Diputados no permitiría tomar con la debida oportunidad el acuerdo correspondiente, en virtud de que los organismos operadores de servicio o suministro de agua potable para uso doméstico se encuentran en espera de la definición de tal asunto para la facturación de inicio de año. Por lo que de la discusión de este tema resulta urgente y esta soberanía se debe abocar a través de la Comisión Tercera de la Permanente a su definición. Por los motivos y fundamentos anteriores solicitamos: Unico. Se rectifique el turno dado al punto de acuerdo presentado el 16 del presente mes por la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, en torno al impuesto al valor agregado en agua potable para uso doméstico y se remita a la Comisión Tercera de la presente Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Retúrnese a la Comisión Tercera de la presente Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El Presidente: Asimismo el senador Juan José Rodríguez Prats en su intervención, cuando presentó su iniciativa en esta misma sesión, solicitó el turno a la Comisión Permanente y con opinión de la Junta de Coordinación Política de los senadores, por lo cual también se returna con opinión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. El Presidente: A continuación es el tema de proposiciones, por lo cual se le otorga la palabra al diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo de la Unión en materia de imposición de tarifas. El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo: Con su permiso, señor Presidente; compañeros senadores y diputados: Más que una proposición con punto de acuerdo que analice o cuestione las facultades del Ejecutivo Federal en relación a las atribuciones que le otorga la ley para las materias tarifarias, éste es un punto de acuerdo sobre los aumentos tarifarios por parte del mismo Ejecutivo Federal. Considerando que la energía eléctrica es un servicio fundamental para el desarrollo económico y que sin el fluido ningún desarrollo es posible, consideramos también que la dinámica del desarrollo nacional exige disponer en términos adecuados de la energía eléctrica indispensable para impulsar el bienestar y progreso de la nación. Considerando que el país necesita de una reforma energética analizada en el Congreso y consensada entre todas las expresiones políticas que en él concurren, de manera que se integre una verdadera política de Estado en la materia. Considerando que los incrementos de las tarifas en el sector eléctrico dispuestas por el Gobierno Federal en uso de sus facultades exclusivas deben, sin embargo, ser antecedidas por una información satisfactoria del estado financiero de las paraestatales encargadas del sector, cuya falta hace del anuncio gubernamental una decisión sin legitimidad y un propósito injustificado. Considerando que todo incremento de las tarifas por consumo de energía eléctrica repercuten en la economía de las clases más desfavorecidas, aun cuando se presenten como reducción o supresión de subsidios a las familias, que son las partes más sensibles y débiles de la organización social, por lo que nos oponemos a ello en virtud de que resultarían altamente lesivas a sus intereses. Considerando que en diciembre último el Congreso autorizó al Ejecutivo recursos suficientes para atender con racionalidad el gasto público, resultando que este anuncio tarifario exhibe la voracidad recaudatoria del Ejecutivo Federal en detrimento de la economía popular y descubre que en realidad el Presidente de la República propone y dispone y luego todos los demás ponen. Con fundamento en lo anteriormente expuesto y haciendo un breve análisis de las acciones que provocaría esta acción de autorizarse y de implementarse los incrementos, significaría un 25% más del pago de la energía eléctrica en los recibos de cada una de las familias, aunado a que, como todos sabemos, estas tarifas eléctricas están indexadas ya al índice inflacionario actual, esto sería un grave problema, porque significaría un incremento de casi el 30% ó 33% adicional. Hoy nos hemos encontrado con una serie de declaraciones que nos preocupan y nos obligan a repensar las acciones que se han venido haciendo en el Congreso. Hoy un vocero, un senador de un partido político se adjudica la política de quitar los subsidios, sobre todo a los servicios públicos, lo hace el senador Demetrio Sodi y dice que ésta es una propuesta del PRD, cosa que dudamos conociendo al Partido de la Revolución Democrática en una lucha social. Sin embargo, está la duda y están las expresiones del Partido de la Revolución Democrática en los diversos medios. Hoy continuamos viendo que las tarifas se siguen elevando y no tan sólo de la energía eléctrica, sino también del gas, también de los Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y vemos también anuncios de recortes al presupuesto sin empezar su ejercicio. Vemos pues una voracidad de parte del Ejecutivo Federal, vemos una irresponsabilidad en las declaraciones, notamos una falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo Federal y vemos también que no existe todavía un criterio definido en cuanto a la equidad en los subsidios. Con fundamento en lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 78 fracción III y 93 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 numeral 4 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito, a nombre de los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y solidarios también los integrantes de esta Comisión Permanente del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, me permito proponer, rogando se le dé el trámite de urgente y obvia resolución, la aprobación del siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se solicita la comparencia de los secretarios de Energía, Ernesto Martens Rebolledo y de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, así como de los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, Alfredo Elías Ayub y Alfonso Caso Aguilar, respectivamente, con objeto de que expliquen ante las comisiones de esta Comisión Permanente y las ordinarias de cada Cámara que correspondan, las razones que fundan las medidas relacionadas con el alza tarifaria a consumos de energía eléctrica. Dado en el Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de enero del 2002.— Firman: el de la voz, Efrén Leyva Acevedo, el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; la senadora Sara Castellanos, del Partido Verde Ecologista y el diputado José Rodolfo Escudero, también del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Ha solicitado el uso de la palabra el senador Juan José Rodríguez Prats. Miren ustedes, es un mismo tema. Se ha inscrito el PRD sobre el incremento a las tarifas eléctricas. Yo consultaría si está solicitando también de urgente y obvia resolución. Tiene usted la palabra, diputada Miroslava García Suárez. La diputada María Miroslava García Suárez: Proposición con punto de acuerdo sobre el aumento a las tarifas eléctricas. 324,325,326 Primero. La importancia del sector eléctrico se ve reflejada en el hecho de que ha generado prácticamente el 1.2% del PIB en la última década y ha registrado un crecimiento promedio anual de 3.6%, inferior al de la economía en su conjunto del 5.2%. Asimismo tiene una participación de 4.3% del PIB en el sector industrial. Segundo. Los requerimientos de demanda del sector eléctrico son cada vez más crecientes; ante ello la ampliación y modernización de dicha industria es un requisito indispensable para el desarrollo económico del país. El comportamiento de la demanda de energía eléctrica está determinado por factores tales como: el crecimiento económico y demográfico, las condiciones climáticas y geográficas, la estructura y los niveles tarifarios, así como las innovaciones tecnológicas. Tercero. Las tarifas, como sabemos, se agrupan en cinco sectores: residencial, comercial, servicios, industrial y agrícola. Las mismas se determinan con base en dos criterios; el primero consiste en aplicar una política de precios administrados a las tarifas residenciales, agrícolas y de servicios. La encargada de establecer dichas tarifas es la Secretaría de Hacienda, quien determina el precio al público en función de las políticas y metas macroeconómicas. El segundo criterio para determinar las tarifas industriales y de grandes comercios se basa en la metodología de costos marginales de largo plazo, que emplea una fórmula de ajuste mensual de promedio ponderado en la variación del índice nacional de precios productor de tres subramas: productos metálicos, maquinaria y equipo, industrias metálicas básicas y otras industrias manufactureras y para el sector industrial, se aplica una fórmula de ajuste mensual por variación de los precios de los combustibles y desde luego del índice nacional de precios. Cuarto. La estructura de la demanda de energía eléctrica por tipo de consumidor final muestra que el principal consumidor es el sector industrial, cuyo porcentaje de participación en el total de las ventas pasó de 54.7% en 1970 a 60.7% en el año 2000. Así también el sector residencial o doméstico aumentó su demanda, pero digamos que en menor proporción, tomando en cuenta la cantidad de habitantes que tiene nuestro país. Quinto. La participación del consumo doméstico en la demanda de energía eléctrica muestra la importancia de ese tipo de consumidores a quienes hay que dotar de servicios cada vez más amplios, en particular de aquellos sectores que carecen de los servicios mínimos para sobrevivir. Sexto. La noticia sobre el aumento de precios a la luz dada a conocer el lunes 28 del presente año a través de los medios impresos, indicó que con base en un documento elaborado por la Secretaría de Energía se establecía una estrategia para realizar aumentos a partir del 1o. de febrero de este año, aprovechando, dicho sea de paso, el puente vacacional del 5 de febrero, día de la promulgación de nuestra Constitución Política del año 1917. Generalmente ésta ha sido una estrategia recurrente en las autoridades, cada vez que quieren realizar ajustes o elevar precios en los bienes y servicios públicos. Séptimo. Observamos que se recurre al mismo y desgastado argumento de antaño. Ante la supuesta falta de recursos se tiene necesariamente que elevar las tarifas o disminuir los subsidios, como en el caso del sector eléctrico; sin embargo, es un mito y una utopía suponer que reduciendo el subsidio se generarán expectativas para abrir al sector a la iniciativa privada y tener mayores inversiones. Sólo entonces el país accederá a la libre competencia que supuestamente beneficiará a todos los consumidores de dicho sector, esto en argumentos y en opiniones desde luego de nuestras autoridades. Las autoridades a través de las secretarías de Hacienda y Energía no han reconocido el aumento de tarifas como tal, solamente admiten que se redujo el subsidio al consumo residencial. Octavo. El consumo residencial o doméstico es un componente cada vez más importante en la demanda de energía eléctrica, si éste es afectado por la política de precios altos, los sectores con menos recursos se verán cada vez más reducidos en su consumo de por sí magro. Esto sin contar que para este año se otorgó un salario mínimo con dos pesos de aumento diarios. Noveno. El ejemplo que aludieron fue que si un recibo asciende a 4 mil 700 pesos, tendrá un sobre cargo de 2 mil pesos; es decir, un aumento de 42.5% y sin embargo, el subsidio para un consumo de 2 mil pesos es de 170 pesos aproximadamente. La pregunta que nos hacemos: ¿cómo, con qué fórmula o con qué aritmética calculó el incremento del 42.5% las secretarías de Energía y de Hacienda? Décimo. Las autoridades quieren confundir a la población haciendo creer que no se aumentarán dichas tarifas, sin embargo claramente están dando, aquí sí luz verde a un aumento de tarifa de luz eléctrica. Decimoprimero. Según la explicación oficial, los que consumen al mes entre 25 hasta 149 kilowatts, no pagarán más de lo consumido; sin embargo, los que consumen 150 kilowatts hora, pagarán 32 pesos más de lo establecido en su consumo. Los 150 kilowatts representan un gasto aproximado de 87 pesos al mes. Decimosegundo. Si como señalan las autoridades se aplica un aumento de 32 pesos a los que consuman 125 kilowatts, hora, tendremos entonces un incremento aproximado de 109 pesos al mes. Decimotercero. A los que consuman 750 kilowatts, hora, es decir quienes paguen al mes aproximadamente 435 pesos, se les quitará el subsidio y se aplicará un aumento de 42.5% a este consumo. El total, sumando los 432 pesos y el incremento de 42.5% ascenderá a un total de 620 pesos aproximadamente. Me parecía importante hacer estos cálculos aritméticos para que además se entienda la desproporción que hay en disminuir este subsidio para uso residencial. Decimocuarto. Siguiendo la lógica neoliberal, lo ideal para las autoridades es eliminar o reducir a cero el subsidio. Este punto quiero señalarlo enfáticamente, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, porque rechazamos tajantemente la política de disminución de subsidios en las tarifas eléctricas para uso doméstico. Las declaraciones vertidas y publicadas el día de hoy en diferentes diarios de circulación nacional, por parte de un senador perredista, son estrictamente a título individual. El Partido de la Revolución Democrática, en diferentes oportunidades, ha reiterado la necesidad de revisar y de acotar la política de subsidios para los grandes consumidores, ¡ojo!, para los grandes consumidores de este país que particularmente están en el sector industrial y empresarial; ahí sí hay que revisar la política de subsidios, porque los mexicanos de menores ingresos no deben seguir subsidiando el consumo de los grandes empresarios y de los grandes industriales de este país. Cosa muy diferente a lo que hoy la Secretaría de Hacienda está intentando con esta disminución, sobre todo en contra de la población de menores recursos, por lo cual el PRD viene a presentar a esta tribuna el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo para que congele inmediatamente el incremento anunciado en las tarifas eléctricas, hasta en tanto no se revisen junto con el Legislativo los mecanismos, las políticas y los impactos de dichos aumentos o de dichos subsidios disminuidos particularmente a la población tomando en cuenta que en México la población, está dividida en deciles, en 10 deciles que finalmente expresan el consumo diferenciado que tiene la población por su nivel de ingresos. Al mismo tiempo, le solicitamos mayor información sobre la reestructuración de los subsidios a las tarifas con objeto de contar con elementos que nos permitan emitir una evaluación completa sobre la decisión de ambas secretarías y que de esta manera se garantice la protección de los estratos de menores ingresos de la población y que en esta política de revisión de los subsidios o su disminución, no se vean afectados los mexicanos que viven bajo la línea de pobreza y que es más de la mitad de nuestra población Es cuanto, señor Presidente. Ha solicitado el uso de la palabra el senador Juan José Rodríguez Prats, por lo cual se le concede hasta por cinco minutos. El senador Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Yo quisiera iniciar por las coincidencias que tenemos con los oradores que nos han antecedido en el uso de la palabra. Efectivamente, señor diputado Efrén Leyva, yo creo que sería intensamente positivo que pudiéramos diseñar una política energética de Estado, creo que es un tema que se puede poner en blanco y negro. Creo que es un tema que tiene muchísimos ingredientes, ideológicos, históricos, yo me atrevería a decir que hasta emocionales, pero que sin política energética no podemos concebir una política económica de largo plazo ni tampoco una política social. La política energética es el sustento, la precondición de una política económica de auténtico desarrollo. Diría yo también que desde 1994, cuando el famoso error de diciembre, las tarifas eléctricas acusan un enorme rezago, las 12 tarifas eléctricas, que en realidad son 31, si vemos las subdivisiones de cada una de ellas, hay un rezago, que definitivamente no se tomaron decisiones en años anteriores para actualizar estas tarifas, se siguió en política energética el camino fácil de extraer irracionalmente el petróleo crudo y venderlo al extranjero y no tomar una decisión ciertamente difícil, ciertamente con ingredientes de antipopularidad de actualizar estas tarifas. Yo diría que podríamos decir qué clase de tarifas tienes y te voy a decir qué clase de país eres, si esas tarifas tienen subsidio, pues quiere decir que estamos en una economía, con una inequitativa distribución del ingreso, si la energía no tiene una diversificación en sus fuentes, diríamos que es un país con escaso desarrollo tecnológico, si no ha llegado a todos los mexicanos, pues diríamos, o a todo el pueblo, pues diríamos que es una nación que aún no alcanza niveles de bienestar, porque la energía eléctrica va directamente mezclada, directamente en su proporción con el bienestar de las comunidades, a mayor energía, a mayor consumo, definitivamente mayor bienestar y México registra en esto un rezago, tenemos un promedio de 1 mil 700 kilowatts/horas de consumo de promedio al año, que es por debajo de los 2 mil 500, que es la media mundial. Entonces aquí tenemos un rezago y todavía hay un 5% de la población que no alcanza este servicio. Entonces podemos encontrar enormes coincidencias, hay un rezago, tenemos una empresa, yo no coincidiría en este sentido con ustedes, que tiene los suficientes recursos, no, la Comisión Federal de Electricidad por eso recibe un subsidio, se le aprobaron 85 mil millones de pesos, sus necesidades nada más en inversión para actualizar el mayado, requieren de 30 mil millones de pesos, estamos hablando de mantenimiento en líneas de transmisión y líneas de distribución y por otra parte tenemos un pasivo laboral, tenemos 8 mil millones de dólares en Pidiregas, es una cifra enorme, 6 mil millones que están comprometidos en materia de generación y hay voces que lo han manifestado desde su partido, que definitivamente tienen que reactualizarse, revisarse las tarifas. Yo coincidiría con la diputada del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que efectivamente hay que cobrarles los que más consumen, los grandes consumidores y en esto desde el principio de año hubo un incremento del 6% en lo que es la tarifa industrial. Podemos decir que en la tarifa industrial ya somos competitivos, aquí sí ya se superó este rezago, pero en la tarifa domiciliaria tenemos un subsidio regresivo, en esto también podemos coincidir, porque el subsidio de los primeros 200 kilowatts/horas de consumo, lo perciben todos los consumidores, los que con trabajo están con sus bienes en los hogares suficientes, digamos mínimos de un hogar de clase media o de clase media baja, percibe el mismo subsidio en esos primeros 200 kilowatts, que los grandes consumidores, o sea, que los usuarios que pertenecen a los niveles económicos mayores de México. Entonces sí tenemos que revisar los subsidios, sí tenemos que evitar que sean regresivos, sí tenemos que darle mayores recursos a las empresas públicas, sí coincidimos en una necesaria reestructuración y desde luego señores y el Partido Acción Nacional aquí reafirma el punto de acuerdo, estamos y coincidimos en que vengan los funcionarios públicos. Aquí está el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, yo en lo personal presido la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores y conjuntamente con la Tercera Comisión escuchar a los funcionarios que aquí se ha requerido su presencia, o sea: Secretario de Hacienda, Secretario de Energía, el director de la Comisión Federal de Electricidad y el director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Tendremos que darle una gran transparencia a este tema, tenemos que discutirlo con todas sus repercusiones en todos los sectores de la economía. En esto suscribimos plenamente el punto de acuerdo para discutirlo con la mayor altura de miras. A mí, tengo la impresión de que debemos fortalecer la empresa pública, darle un marco jurídico adecuado. Yo sostengo que la empresa pública está agobiada, está acosada, venimos arrastrando inercias del pasado que le impiden que puedan ser empresas modernas que se puedan integrar, que se puedan asociar y que puedan desempeñar un papel importante en el mercado internacional, porque aquí hay otro punto importante también lo que es la globalización, en donde las empresas tienen que desempeñar un papel importante y en esto está involucrada la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos, porque estamos siendo dependientes de muchos de estos insumos. 327,328,329 Estamos importando energía eléctrica, estamos importando gasolina, estamos importando gas natural, estamos importando 9 mil millones de dólares de petroquímicos, estamos importando diesel. Entonces definitivamente sí tenemos que realizar, es uno de los grandes temas de la agenda. Yo me felicito que lo hayan incorporado y qué bueno que vengan estos funcionarios y ojalá encontremos las grandes coincidencias en política energética, que sin duda las tenemos, para impulsar estas empresas y sean factor de desarrollo. Petróleos Mexicanos fue convertida en una empresa recaudadora en lugar de una empresa energética y tendremos que analizar el pasado, sin ánimos de pasar facturas ni de revanchas, pero sí se requiere un balance con el pasado. Sí, señores legisladores, tenemos que hacer un balance para ver cómo están estas empresas y qué fue lo que se hizo en sexenios anteriores, porque de lo contrario no vamos a tener un buen diagnóstico. Hay decisiones buenas, pero hay decisiones profundamente equivocadas. Hay decisiones que no se tomaron en su oportunidad y eso tiene que decirse con el propósito precisamente de tomar las mejores decisiones de aquí al futuro. Pobres de los pueblos, la frase casi es común, pobres de los pueblos que no aprenden de su pasado, están condenados a cometer los mismos errores. Entonces analicemos, pongamos las cosas con claridad, con transparencia y yo les garantizo que llegaremos a los acuerdos. Por eso el Partido Acción Nacional firma este punto de acuerdo y vamos adelante en el diálogo con el Poder Ejecutivo y en la toma de las decisiones para que sea beneficio del pueblo de México. Muchas gracias, por su atención. El Presidente: Gracias, señor senador. Tiene la palabra, diputado Efrén Leyva, hasta por cinco minutos. El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo: Voy a ser muy breve, señor Presidente: Siempre es grato escuchar un buen parlamentario, como lo es Juan José Rodríguez Prats. Interesantes expresiones aunque no compartimos algunas. Como siempre es en la vida, podemos no estar de acuerdo en lo que digan, pero siempre defenderemos su derecho a decir de todo. Yo creo que efectivamente qué país queremos ser: un país que no tenga rezagos, un país que tenga cada día menos pobres, un país que tenga cada día la posibilidad de acceso a la salud, a la educación, al trabajo de la gran mayoría de la ciudadanía. Hoy seguimos lamentándonos que tenemos más de 20 millones de pobres, pero ése no es el tema que le interesa en todo caso al Ejecutivo Federal al estar de un plumazo quitando los subsidios, pero no se trata de ver si va a quitar los subsidios para poder ser más eficiente una empresa, cuando estamos de acuerdo que no tenemos una política energética. Usted lo ha afirmado aquí hoy mi querido senador. No es posible estar viendo que antes de eficientar el servicio de energía eléctrica y de quitar todas las telarañas, que hay miles, quizá millones en el país para poder llegar incluso a convenios con colonias pauperizadas, con colonias muy pobres, muy humildes y lleguemos a mantener un ingreso importante que pudiera darle posibilidad de eficientar los servicios a la Comisión Federal de Electricidad, vamos por lo más fácil, en el escritorio agarramos y quitamos los subsidios. Y vemos qué país queremos. Pues un país que tenga acceso a todo ese tipo de servicios, pero un país que también pueda la gente con sus escasos recursos tener acceso a poder pagar y a poder exigir mejores servicios y todo. Hoy lo vemos, un prestigiado diario nacional hace un estudio en el sentido de cómo estamos nosotros presumiendo de una globalización, de un TLC y vemos la competitividad que tenemos en el servicio de energía eléctrica. Ante los países del norte con quienes hemos firmado el TLC, vemos como en México es 165% más cara la luz que en Estados Unidos y es 563% más caro que en Canadá. ¿Ese país queremos? Sin encontrar todavía, sin incorporar los aumentos que habrán de sobrepasar el 30%. 328,329,330 No estamos de acuerdo ni estaremos de acuerdo nunca jamás, nuestro partido, en privatizar los servicios prioritarios de nuestro país. No estamos de acuerdo en que vayamos tratando de ver a Pemex como una empresa privada, pero tampoco estamos cerrados a que la eficientemos, tenemos que buscar la eficiencia de las empresas para que dejen de ser nido de gente que no trate de ver la eficiencia y la capacidad de comercialización, sino que queremos ver también empresas que tengan la oportunidad de seguir sustentado el subdesarrollo de México. La política de energéticos necesita ser una política que priorice primero las acciones fundamentales de nuestro país, que garantice el empleo de miles de mexicanos y que garantice también el servicio y la atención a las familias más pobres de este país. Los servicios deben ser accesibles para toda la ciudadanía pero no podemos caminar nosotros en buscar que somos un país de primer mundo cuando tenemos todavía un rezago importante que no somos capaces todavía de resolver. Esa es la posición nuestra y ésa ha de ser. Yo aplaudo realmente la suma para que vengan los secretarios responsables del área y vengan a informar por qué no eficientan el servicio primero antes de buscar el quitar los subsidios. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, senador Juan José Rodríguez Prats, hasta por cinco minutos. El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente: Bueno le agradezco los generosos conceptos que externa el señor diputado y he pedido la palabra nada más para hacer tres muy puntuales precisiones. En primer lugar yo no dije que no había una política energética, hay un plan nacional de desarrollo que ya se publicó, ahí están inclusive planteadas las reformas jurídicas, la necesidad de apertura a la inversión privada, en el futuro; la necesidad de preservar a las empresas públicas con sus activos actuales, no hablamos de transferencias de activos, no hablamos de privatización y por lo tanto lo que sí se busca y es en donde yo coincido e insisto, es que esta política energética pueda lograr sumar a todas las fuerzas políticas y entonces logramos una política energética de Estado, pero sí quisiera precisar que no es que carezcamos de una política energética, sí está, está plasmada en el plan nacional y el plan sectorial. Dice el señor diputado que no han estado de acuerdo, que no están de acuerdo, que nunca han estado de acuerdo en la privatización o en una reforma estructural del sector eléctrico. Aquí sí, señor diputado, le remitiría a leer el 27 de agosto de 1999, el manifiesto que el Partido Revolucionario Institucional publica en donde apoya la reforma del presidente Ernesto Zedillo, que hablaba de las transferencias de las termoeléctricas, inclusive la exposición del presidente Ernesto Zedillo hablaba de tratar de obtener 50 mil millones de dólares de ingresos por la transferencia de esos activos, a manos privadas y reestructurar todo el sector eléctrico e ir a un mercado competitivo. Ese manifiesto, inclusive le puedo decir, que está firmado por José Antonio González Hernández, que era en ése entonces el presidente y Dulce María Sauri, que era la secretaria. Si quiere le hago llegar una copia, no crea usted que estoy inventando, los tabasqueños no hemos tenido imaginación para tanto, bueno, con excepciones. Y por último, suscribo, suscribo de que hay un enorme rezago, claro que si, lo dije en relación al consumo per capita, lo dije en relación a que somos dependientes de hidrocarburos, seguimos siendo independientes de hidrocarburos. ¿Sabe usted hasta qué grado hemos llegado? Que no hemos desarrollado las fuentes independientes y renovables en materia energética, yo diría que hasta el sexto párrafo constitucional, que todavía no tengo claro porqué Adolfo López Mateos lo introdujo en 1960, más que por una imitación de lo que ya había hecho Lázaro Cárdenas en 1938 y en 1939, de hecho también está deteniendo el desarrollo tecnológico del país. Porque si vemos la población que falta para que se le introduzca energía eléctrica, que tiene que hacerse a celda fotovoltaicas. Ya no conviene meter el transformador o la línea de transmisión y ahí se está generando, transformando, distribuyendo para servicio público de energía. Entonces tenemos que analizar, desde el texto constitucional, si realmente debe ser el principio rector de esta soberanía energética, hasta toda la legislación secundaria. Ojalá y escuchemos las propuestas, ojalá y se dictaminen las iniciativas que ya se han sometido a consideración de las comisiones y ojalá en la discusión encontremos los grandes puntos de acuerdo que está esperando el pueblo de México en esta materia. Con esas precisiones concluiría yo mi intervención, señor Presidente. Muchas gracias, señor senador: Ha solicitado el uso de la palabra para el mismo tema el senador José Natividad González Parás. El senador José Natividad González Parás: Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: Es evidente que los ciudadanos debemos de contribuir al gasto público, tenemos que hacerlo y lo hacemos de hecho a través de los impuestos, de los productos, de los derechos y de los aprovechamientos y dentro de estos capítulos se incluyen los ingresos que recibe el Estado, mediante los precios y tarifas que fija por los servicios que presta. Sin embargo, las contribuciones que hacemos los mexicanos al Estado y se señala claramente en la Constitución, deben ser equitativas y proporcionales y la facultad recaudatoria del Estado, en un estado con sensibilidad social, debe de convertirse también en un instrumento de justicia distributiva para el desarrollo social equilibrado de una nación. El Estado debe actuar pues con sensibilidad social, gravar o recaudar en exceso cuando hay recesión, no es sensato. Recaudar afectando desmedidamente a ciertas clases de la población de manera reiterada, no es tampoco sensato. Recaudar sin medir las consecuencias de la decisión en el proceso económico del país y sin vincular las decisiones recaudatorias con los índices de inflación y con los niveles salariales que recibe la clase trabajadora de nuestro país, tampoco es sensato y recaudar mediante medidas unilaterales, aunque sea responsabilidad del Ejecutivo, sin escuchar a las distintas voces de la sociedad y sin escuchar con atención las voces de los propios representantes populares, tampoco es sensato. El tema de los precios y tarifas en el sector público es un tema que el Estado debe de ver con mucha seriedad. Los bienes vitales que el Estado genera y produce y que en el caso nuestro lo hace hasta cierto punto de manera monopólica, no pueden ser tratados como mercancías, son bienes esenciales para el desarrollo personal, para la satisfacción de necesidades básicas de la población. Y ésa es la razón por la que en el Senado de la República, a nuestra fracción parlamentaria le ha preocupado mucho este apetito recaudatorio, esta voracidad recaudatoria del Ejecutivo. Lo hemos visto en el fallido intento de gravar a la población con IVA en alimentos, medicinas, transporte, agua potable y otros rubros; lo hemos visto al imponer gravámenes que no se justifican en esta reciente reforma fiscal a sectores de la población que van a ser afectados; lo hemos visto particularmente en el caso de precios y tarifas con el gas LP y con el gas natural, en donde hemos dado una larga batalla desde el Senado para que se rectifiquen decisiones que son socialmente inaceptables. El precio del gas LP ha subido en más de un 150% en menos de un año y medio, el precio del gas natural que consumen nuestras sociedades ha subido en más del 250%... El Presidente: Permítame, senador, ¿me permite? ¿Con qué objeto, senador Juan José Rodríguez? El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): Para una pregunta, si usted así lo autoriza y el señor senador me concede ese privilegio. El Presidente: Se le pregunta si... Por favor, adelante, senador. El senador Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): Su afirmación, señor senador, de que se ha incrementado en 150% el gas LP y partiendo de hace año y medio, a partir de esta administración hubo una disminución y se abrió una investigación muy fuerte porque se habían entregado concesiones con afanes monopólicos, protegiendo a grupos oligopólicos en todos los estados de la República. ¿No es así? ¿No fuimos inclusive usted y yo ante la Comisión Federal de Competencia? ¿No fue un punto de acuerdo y en el que el Ejecutivo cumple y se disminuye el precio sustancialmente en 4.7%, inclusive se logra también un acuerdo en gas natural? Desde luego, fue un punto de acuerdo emanado del Poder Legislativo, pero que acata el Poder Ejecutivo y lo logra. Me parece nada más esa contradicción que me pudiera usted aclarar. El senador José Natividad González Parás: Con mucho gusto, compañero senador y qué bueno que formula usted la pregunta, porque hay ocasión entonces de responder de manera más amplia sobre el tema del gas. Efectivamente, hubo una reducción al precio del gas LP, pero en términos reales, el incremento que se ha dado desde el año 2000 a la fecha ha subido en más de 150% el precio del gas LP. Pero déjeme señalarle el caso del gas natural. En el gas natural, a diferencia del gas LP y que se consume en muchos lugares de la población y que es un insumo también para el desarrollo de nuestra industria, ha crecido más el incremento, se ha dado en más del 250% en gas natural. Se consideraron tarifas internacionales con las que no estuvimos de acuerdo y finalmente se acordó establecer un precio de cuatro dólares por unidad de BTU. Ese precio internacional está ahora por debajo de los dos dólares y aquí se mantiene el precio y seguramente usted conoce, porque es un experto en este tema, que el precio de producción del gas natural para el Estado mexicano, que es el propietario único de ello, no pasa de un dólar y ¿saben a cuánto lo está pagando el consumidor en estos momentos? En más de cinco dólares. Yo pregunto si eso es justo, yo pregunto si eso el Estado lo debe de aceptar, yo pregunto si la Procuraduría Federal del Consumidor, que tiene una responsabilidad estatal importante, no debe de actuar contra el mismo Estado, por generarse un incremento sustancial, desmedido, que es leonino incluso en términos del derecho, como lo ha asentado la Corte. Eso no se vale. Ahora, en materia eléctrica, después de tres acuerdos que por unanimidad el Senado de la República ha determinado para que se revisen los precios del gas natural, para que se establezca un precio en México del gas donde no nos han hecho caso. Es muy lamentable que esta coordinación cordial que tenemos con las autoridades del Ejecutivo, con el Secretario de Energía, con el Secretario de Economía, no se haya traducido en ninguna medida concreta y esas investigaciones a las que usted se refiere, que ha hecho la autoridad del Ejecutivo sobre monopolios y sobre manejo indebido como los que se han dado en muchos estados de la República, se dio en mi Estado, tampoco ha arrojado resultados claros y positivos. Las prácticas monopólicas en la distribución del gas LP y del gas natural, siguen vigentes y el precio ahí está y lo están pagando los mexicanos en estos momentos de invierno, viendo que sus recibos son prácticamente impagables con estos incrementos injustificados que se han dado y el gas es de nuestro país, el gas es de nuestro Estado. Y ahora viene el tema del incremento a la electricidad. Usted recordará seguramente, señor senador, que el 29 de marzo del año pasado, en el Senado de la República también acordamos por unanimidad un punto de acuerdo en el que solicitamos al Ejecutivo que no cancelara los subsidios a la electricidad hasta en tanto no se establecieran con claridad criterios diferenciadores que transparenten el subsidio y que lo hicieran gradual y equitativo. También señalamos ahí y creo que eso es algo importante, que debían de sanearse las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y que debían de pasarse estos subsidios que no pueden ser súbitos ni inequitativos, de manera gradual, al gasto social. Pues mantenemos esa posición el día de hoy, de sanear a la Comisión Federal de Electricidad y de que no se determinen criterios unilaterales para el subsidio, que no impliquen gradualidad y equidad. Nosotros consideramos que el subsidio no cumple los requisitos de equidad que debiera de tener y no los cumple porque se está afectando particularmente a un sector de la población que ha sido muy afectado con la recesión económica: a las amplias clases medias y clases medias bajas y también a la clase trabajadora. ¿Usted sabe de cuánto fue el incremento que tuvo la clase trabajadora en las negociaciones que se dieron? Aquí lo señalaba la compañera senadora hace unos momentos, del 6% anual. 331,332,333 Además, déjenme decirles que de manera yo diría sospechosa, el 31 de diciembre, el 31 de diciembre... El Presidente: Señor senador ¿ha contestado usted? El senador José Natividad González Parás; Ya contesté y puede seguir contabilizando mi tiempo. El Presidente: Gracias, señor senador. El senador José Natividad González Parás: El 31 de diciembre cuando la población no se da cuenta de las medidas que se toman, se acordó un 6% de incremento a las tarifas de electricidad para indexarlas a los precios de inflación estimadas para este año o sea, que los incrementos que se están planteando ahora, que van a llegar hasta casi el 50% para algunos sectores, que van desde el 20%, 30% y casi 50%, hay que agregarles además, el 6% que se decretó el 31 de diciembre. Y eso, no nos parece correcto. Por otro lado, no hay este proceso de gradualidad en el incremento, es un incremento súbito que afecta seriamente la capacidad adquisitiva, el ingreso de los trabajadores y de las clases medias mexicanas que han sido muy golpeadas. También se da sin que nos hayan escuchado, no hubo una consulta con el Congreso y con el Senado de la República que planteó puntos de acuerdo para este propósito; no hubo una consulta con los grupos afectados y déjenme decirles algo que también me parece grave: estos 10 mil millones de pesos se están estimando, adicionales a los cerca de 70 mil que ya se le concedieron al Ejecutivo, no se consideraron en el proyecto de Egresos de Presupuesto para el año 2002... El Presidente: Señor senador, por favor concluya su intervención. El senador José Natividad González Parás: No he concluido. El senador José Ernesto Gil Elorduy (desde su curul): Ruego señor Presidente se dé el mismo tratamiento de tiempo que al senador González Parás. El Presidente: Señor senador, cuando contestó el senador José Natividad, se le dio un tiempo suficiente para poder concluir. El senador José Natividad González Parás: Señor Presidente, no se preocupe, voy a concluir ya. El Presidente: Gracias, señor senador. El senador José Natividad González Parás: También quiero insistir en que no se consideró en el presupuesto de egresos este rubro, que ahora se está agregando y que representa 10 mil millones de pesos más. Y también no estamos de acuerdo o queremos al menos esclarecer las estadísticas y la información que hace la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda sobre la población afectada. Y por último señalarles que esto daña también a muchas poblaciones como mi Estado, Nuevo León, en donde también se observa una voracidad en su facultad recaudatoria, en prediales, que han subido 200%, 300%, 500%, en tarifas en agua potable y en otras y en estados como Sinaloa y Nuevo León, que tienen un verano muy caliente y esto nos va a afectar de manera significativa. Concluyo señalando. Estoy de acuerdo con lo que señala el senador Rodríguez Pratts. Necesitamos una política de Estado en materia energética, pero una política de Estado mexicana, que considere las experiencias internacionales exitosas y que considere las opiniones de las empresas exitosas y no de otras que no han sido buenos consejeros para estos propósitos. Y estamos de acuerdo con lo que aquí se ha señalado de que comparezcan las autoridades para que nos expliquen este asunto y que se detenga esta medida hasta en tanto no se ventile en justicia, como debe de hacerse. Muchas gracias. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado José Rodolfo Escudero Barrera. El diputado José Rodolfo Escudero Barrera: Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores: Definitivamente todos aquí, ahorita presentes, de los que me han antecedido tienen la razón; sin embargo, creo yo que hay algo que está sucediendo aquí. Uno es que no ha habido un consenso para realmente nosotros ver qué sería lo mejor para el país y lo mejor para el ciudadano y el Gobierno. La base de todo esto no es tanto si nos vamos para un lado o nos vamos para el otro lado. Lo que hay que ver ahora son los hechos y hablamos de transparencia. Esta transparencia es la que yo no he visto hasta ahorita; no hemos visto, como partido, qué es lo que está sucediendo aquí. Por eso nosotros estamos de acuerdo en que para mejorar el país deberíamos nosotros juntarnos y hacer un consenso real de lo que debería ser para el país, no para el partido ni para el presidente Fox. Siguiendo eso, me gustaría decir lo siguiente. El pasado lunes 28 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que eliminaría el subsidio al consumo eléctrico residencial para aquellos consumidores que utilizan más de 125 kilowatts mensuales, lo que afectaría al 30% de las familias mexicanas, con graves repercusiones en el control de la inflación y en la economía de millones de personas que necesitan este subsidio. El Partido Verde Ecologista de México considera que el anuncio del Gobierno Federal es una solución a corto plazo para solventar los problemas financieros que vislumbra durante el próximo año, provocados principalmente por la falta de consenso en su reforma fiscal. Asimismo, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2002, aprobado por esta soberanía fue contemplado para satisfacer todas y cada una de las tareas y programas proyectados por dicho ejercicio. Así, aunque el Gobierno Federal está facultado, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer la disminución en el subsidio por el servicio de energía pública, el presupuesto aprobado fue suficiente para dotar a la administración pública de recursos, por medio de la Ley de Ingresos y de los diversos mecanismos fiscales aprobados en diciembre pasado, por lo que el Gobierno Federal no debe estar buscando mayores recursos a costa de los que ya pagamos este servicio y los subsidios que hemos pagado en los impuestos. Caso concreto es el robo de energía eléctrica en muchas de las líneas de distribución de la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el cual se realiza con gran impunidad y a la vista de las autoridades como si nada. Por ello se menciona que el dinero ahorrado del subsidio se utilizará para dar blindaje a los cables, país que creo que seríamos los únicos que tendríamos este tipo de blindaje, no es la posición más factible para contrarrestar estas prácticas, especialmente por el excesivo costo y la tardanza en realizar una obra de esta magnitud. El sector energético debe tener una transformación integral, paulatina, que tienda a la eficientación de la producción de la energía eléctrica y de ahorro en su consumo. Las necesidades de energía programadas para los próximos años, requieren de un crecimiento muy acelerado, pero la solución del problema energético no sólo depende de la producción y de costos reales, sino también del ahorro. El Gobierno siempre se va por lo más fácil. Rara vez arregla las cosas de fondo. Debemos sujetarnos a una política de desarrollo sustentable en la que se adopte un programa nacional de ahorro en el consumo de energía, en el que participen todos los integrantes de la sociedad en sus distintos sectores: público, privado y social. Entendemos que esta medida se pretende tomar para enfrentar la escasez de recursos públicos con el fin de atender numerosas necesidades sociales. Sería bueno saber cuáles son estas medidas que quieren tomar para satisfacer estas necesidades sociales y obtener fondos para la construcción de nuevas plantas de generación de electricidad y modernizar la infraestructura eléctrica actual; pero no podemos permitir un alza indirecta en el servicio de energía eléctrica. Por ello es necesario modificar el subsidio en sí y no eliminarlo, ya que en las tarifas residenciales, al igual que en las agrícolas se presenta el problema de regresividad en la distribución del subsidio. Es decir, a medida que un usuario aumenta su consumo, el subsidio que reciba se incrementa. La distribución de los subsidios y del gasto en electricidad muestran que los usuarios que requieren más apoyo, son los que menos lo reciben... El Presidente: Señor diputado, por favor concluya su intervención. El diputado José Rodolfo Escudero Barrera: Ya voy a terminar, señor Presidente: Si lo que se busca es asegurar a la población un mejor servicio eléctrico, lo que se logra con esta medida probablemente necesaria era mediocre y de corta visión, es dar la imagen una vez más de que el Gobierno de la República no tiene idea de cómo enfrentar el reto que le supone la distribución, transmisión y generación de energía eléctrica para millones de mexicanos. Muchas gracias, por su atención. Gracias, diputado José Rodolfo Escudero. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, hasta por cinco minutos. El diputado Juan Carlos Regis Adame: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para referirse al incremento a las tarifas eléctricas en el servicio residencial que entrarán en vigor el próximo 1o. de febrero. Consideramos que es una señal más que el Gobierno del cambio que sigue en la misma línea de los gobiernos que le antecedieron, de incrementar el costo de la vida de los sectores medios de la población mexicana. A mayor precisión, el incremento dará por una disminución al subsidio a las tarifas eléctricas en un monto de alrededor de 10 mil millones de pesos. El Gobierno Federal afirma que es necesario hacer este ajuste porque existe un rezago en la actualización de los precios de la energía, lo que ha provocado que el mantenimiento de las plantas de generación de energía eléctrica no sea óptimo, lo que provoca mayores interrupciones en el servicio. Es preciso hacer un recuento de los ofrecimientos que el presidente Fox hizo en campaña de no incrementar impuestos, situación que incumplió al intentar gravar alimentos, medicinas, con el impuesto al valor agregado. Asimismo, señaló que no se presentarían incrementos en las tarifas y precios de los bienes y servicios que provee el sector público. Esta situación se ve claramente desmedida y desmentida con la disminución del subsidio a las tarifas residenciales y el incremento mes con mes de la gasolina y el diesel. Es necesario destacar que no obstante que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal determinó el presupuesto de operación del sector eléctrico, en el que se incluyen los conceptos de subsidios y transferencias, mismas que benefician a los consumidores. Ahora la Secretaría de Hacienda decide retirar una parte del subsidio, medida que necesariamente se traduce en un incremento de las tarifas a pagar. Lo grave de estas determinaciones es que siempre se toman protegiendo a los grupos de interés afines a la cúpula gubernamental. Siempre se busca que los grupos cautivos sean los que aporten mayores recursos a las arcas gubernamentales. Sería más equitativo buscar ajustar los subsidios por parte del Gobierno a sectores con mayor capacidad económica, como la gran industria nacional y las grandes cadenas comerciales, a los cuales, so pretexto de no incrementar los costos, siempre son beneficiados. 334,335,336 La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en un estudio ha señalado que si se retira el subsidio a la gran industria, el Gobierno podría contar con 3 mil millones de pesos del ingreso por este concepto. La gran industria de cada peso que paga por energía eléctrica recibe 87 centavos de subsidio. Otra deficiencia del Gobierno del presidente Fox es que no asume acciones claras de combatir el robo de energía eléctrica y la cultura de no pago de las dependencias públicas. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha señalado de manera reiterada que sólo en el Distrito Federal se pierden 4 mil 200 millones de pesos al año por el robo de energía eléctrica. El Partido del Trabajo está convencido de que el Gobierno Federal debe revisar seriamente su política de subsidios, tratando de no lesionar a los sectores medios y a los consumidores cautivos. Debe ajustar los subsidios a sectores de alta capacidad económica y combatir férreamente la corrupción en el sector de generación de energía eléctrica para brindar un marco de equidad a los habitantes de nuestra nación. Y, bueno, pues también comentar que compartimos en todas sus partes el punto de acuerdo presentado por el diputado Efrén Leyva. Es cuanto. El Presidente: Gracias, diputado Juan Carlos Regis Adame. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Miroslava García. La diputada María Miroslava García Suárez: Gracias, señoras y señores legisladores: Mi intención no es abusar del tiempo en este punto, pero me parece que es indispensable abonar algunos otros elementos sobre este importante tema de trascendencia nacional. Miren, yo traigo algunos datos de la industria eléctrica nacional que me parece importante compartir. En general si observamos el consumo de energía eléctrica a nivel de los hogares, a nivel de uso doméstico, podemos encontrar tres niveles distintos: el consumo bajo, el consumo medio y evidentemente el consumo alto. Si hablamos del consumo bajo, en esta categoría se encuentran 10 millones de hogares. El subsidio que recibe es de 8 mil 670 millones de pesos al año. Su consumo es de 5 mil 68 gigawatts/hora, que representa 2 mil 228 millones de pesos de facturación. Estamos hablando de una vivienda modesta, donde el tipo de iluminación va de uno a cinco focos y algunos aparatos eléctricos de primera necesidad. Si hablamos del consumo medio, en este segmento se encuentran 9 millones de hogares. Tienen un subsidio anual de 21 mil 153 millones de pesos. Un hogar promedio de clase media tiene entre cinco a 13 focos, aparatos eléctricos como radio, refrigerador etcétera y el consumo es de 19 mil 546 gigawatts/hora, que representan 8 mil 306 millones de pesos. Por último, si hablamos del consumo alto a nivel residencial, tenemos que a este segmento pertenecen 1.9 millones de hogares. Un inmueble promedio cuenta con más de 13 focos de iluminación y desde luego que existen todo tipo de aparatos electrodomésticos. El consumo es de 11 mil 582 gigawatts/hora, que representan 9 mil 716 millones de pesos. Me parecía importante señalar desde esta máxima tribuna, cual es a nivel general el promedio de consumo de energía eléctrica en los hogares de nuestro país y a partir de estos datos, que son datos oficiales, podemos observar que el subsidio a las tarifas eléctricas en México de manera proporcional y de manera muy clara benefician más al consumo alto, a las residencias de consumo alto. Entonces, también quisiera señalar algunos comentarios que se dieron en esta tribuna por parte de un senador, en relación a lo siguiente. Se ha dicho que año con año hay mayores asignaciones a la CFE y que en este caso yo quiero destacar que no son subsidios de la Federación a la Compañía de Luz y Fuerza, quisiera decir que básicamente estos ingresos, estas asignaciones que han ido creciendo, se deben a que básicamente la empresa ha tenido mayores ingresos propios, mayores utilidades que han permitido que la Federación asigne mayores recursos en general a la industria eléctrica. También quisiera decir que en el caso de la disminución de las tarifas de gas LP, pues no es una concesión graciosa del Poder Ejecutivo, sino básicamente un trabajo de la sociedad mexicana que diputados de varios partidos y en este caso hago el énfasis; en el PRD hemos abanderado esta inquietud de la sociedad y de las amas de casa. Quisiera decir también que es muy importante que esta Comisión Permanente tome acciones, tome puntos de acuerdo que deriven en acciones. ¿Para qué? Básicamente para revisar esta política de subsidios en general, por lo cual me parece muy oportuna la proposición de comparecencias, de reuniones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Pero nos quedaríamos cortos, señoras y señores legisladores, si únicamente consensamos el punto de acuerdo para las comparecencias y nos olvidamos que en el anuncio que hace el Poder Ejecutivo, el 1o. de febrero va a entrar en vigor la aplicación de estas nuevas tarifas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como legisladores ante esta Comisión Permanente? Yo les pido de manera muy respetuosa, que consideren todas las fracciones consensar un punto de acuerdo que vaya más allá de las comparecencias, que incluya el aspecto de las comparecencias, pero que también exhorte, sugiera, recomiende, en fin, el diccionario es muy vasto para encontrar el concepto, la palabra que pueda reflejar mejor esta inquietud, que podamos exhortar al Ejecutivo para que se congele este incremento anunciado, que no entre en vigor a partir del 1o. de febrero hasta que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo revisemos de manera amplia las políticas de subsidio en el sector eléctrico, tanto a nivel industrial como de uso doméstico. Esto es todo, les agradezco su atención pero sí les reitero la necesidad de que el Poder Legislativo abandere, responda a los intereses generales del país y de su población y que no únicamente nos quedemos a la mitad del camino pidiendo reuniones con el Ejecutivo sobre hechos consumados. Vamos a hacer esta exhortación respetuosa, pero vamos a hacerlo por la gente, por la población. Es cuanto, señor Presidente. El Presidente: Gracias, diputada Miroslava García. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para el mismo tema, el diputado Mauricio Candiani Galaz. El diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz: Con su autorización, señor Presidente; estimados compañeros senadores, diputadas y diputados: Hablar del tema de los subsidios a las tarifas eléctricas, comprendemos en la fracción parlamentaria del PAN que es un tema complejo y sensible, es un asunto delicado. Todos hemos hablado en esta tribuna y en otros espacios, en diversas comisiones, en la energía misma, en la de Hacienda, en otros de los órganos que integran este Poder Legislativo, de las necesidades de los fundamentos que nos permiten decir que es necesario revisar este tema de los subsidios. Alternativas y visiones es obvio que en un Congreso como éste haya distintas, no es posible decirle a una población que se pueden aumentar los subsidios en forma ilimitada, pero sí es posible decirle a la población que es interés y propósito de sus legisladores, el que existe un paquete positivo de subsidios pero desde luego con límites y condiciones. En el fondo, amigos, creemos que es conveniente que de acuerdo a lo que ha establecido el diputado proponente del primer punto de acuerdo, este Congreso pase a reflexionar sobre este tema con la presencia de los funcionarios del gabinete, el Secretario de Energía, el Secretario de Hacienda y con los directores de las dos empresas operadoras del sistema eléctrico. En ese espacio podremos continuar esta reflexión, podremos subrayar un aspecto que también para la bancada de Acción Nacional es central, con independencia la conclusión de esta reflexión y del análisis que se pueda hacer sobre la medida en cuestión, nosotros también afirmamos categóricamente que es necesario, es indispensable que en el tema del robo de electricidad se actúe con la misma energía que se actúa cuando debe de considerarse injusto que sean unos solos los que paguen y otros los que disfrutan de forma irregular de este servicio. Queremos decir también que es positivo para nuestra fracción, el que con independencia del tema y la conclusión, subrayo, que hagamos sobre este tema de los subsidios, podamos nosotros escuchar que los operadores del sistema a los compromisos para la reducción de costos, que también contribuyan a todo un proceso integral de la eficiencia en la materia. Y también nos interesa subrayar que coincidimos plena y absolutamente con el diputado proponente en su segunda intervención, en decir que es conveniente que este Congreso, este parlamento, aprenda, analice, investigue, profundice en diversas experiencias de diversos países de todo el mundo. Amigos, por tanto, si ustedes no tienen inconveniente, es interés de nuestra fracción que podamos pasar a respaldar la propuesta del diputado proponente y de pasar a una reflexión que, sin duda, con esta complejidad y con esta profundidad, será de todo interés en su resultado para el pueblo de México que usa, utiliza y disfruta la electricidad. El Presidente: Gracias, diputado Mauricio Candiani. El primer punto de acuerdo presentado por el diputado Efrén Leyva, en el cual solicita se consulte si es de obvia y urgente resolución; más sin embargo, sobre el mismo tema utilizó la tribuna la diputada Miroslava García Suárez, en el cual propone un punto de acuerdo que no es de obvia y urgente resolución, por lo cual… Pero, diputada, cuando usted utilizó la tribuna y en la exposición de su punto de acuerdo no se presentó como de urgente y obvia resolución, por lo… La diputada María Miroslava García Suárez (desde su curul): Perdón, señor Presidente, le agradezco la oportunidad de aclarar la situación. Efectivamente es un punto de acuerdo distinto; omití, por un error, decir que es de obvia y urgente resolución pero el mismo punto lo indica porque, si usted me permite, en la primera parte, los tres primeros renglones dicen: "la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo para que congele el incremento anunciado de las tarifas eléctricas", sabemos que el anuncio se refiere al 1o. de febrero de este año, entonces sí es un punto y una proposición de obvia y urgente resolución. En este caso, yo quisiera manifestar que… le solicito respetuosamente, pueda someterlo a consideración de este pleno de la Comisión Permanente. El Presidente: Gracias, diputada Miroslava. En tal razón, en primer lugar se presentó el punto de acuerdo del diputado Efrén Leyva Acevedo, por lo cual solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo del diputado Efrén Leyva. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición presentada por el diputado Efrén Leyva. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... El Presidente: Se considera de urgente y obvia resolución. Se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo… Así es. Se consulta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Efrén Leyva y solicitando se le dé lectura al punto de acuerdo. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: PUNTO DE ACUERDO Unico. Se solicita la comparecencia de los secretarios de Energía, Ernesto Martes Rebolledo y de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, así como de los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, Alfredo Elías Ayub y Alfonso Castro Aguilar, respectivamente, con objeto de que expliquen ante las comisiones de esta Comisión Permanente y las ordinarias de cada Cámara que correspondan, las razones que fundan las medidas relacionadas con el alza tarifaria a consumos de energía eléctrica. 337,338,339 Está a discusión la proposición. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Sí se considera de urgente y obvia resolución. El Presidente: Gracias. Se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Efrén Leyva y se turna a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente, así como a las comisiones de Energía, de la Cámara de Diputados y la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Ahora le daremos trámite y la Secretaría consulte a la Asamblea si el punto de acuerdo presentado por la diputada Miroslava García se considera de urgente y obvia resolución. Si quiere anteriormente a la consulta, dar lectura al punto de acuerdo. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: Punto de acuerdo "Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo para que congele el incremento anunciado de las tarifas eléctricas, hasta en tanto no se revisen, junto con el Legislativo, los mecanismos, las políticas de subsidio y los impactos de dichos aumentos sobre la población. Al mismo tiempo le solicita mayor información sobre la reestructuración de los subsidios a las tarifas, con objeto de contar con elementos que nos permitan emitir una evaluación fundada sobre la decisión de las autoridades y de esta manera se garantice la protección de los estratos de menores ingresos de la población." En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa sírvase manifestarlo... Señor Presidente, no se considera de urgente y obvia resolución. La diputada María Miroslava García Suárez (desde su curul): Disculpe, señor Presidente. Yo le solicito si fuera tan amable de levantar nuevamente la votación, porque hay apreciaciones distintas sobre el número de votos a favor y en contra. Si fuera tan amable. Muchas gracias. El Presidente: Por favor, señora Secretaria, consulte a la Asamblea de nueva cuenta, porque se requiere votación calificada y por favor para que se tome nota puntual de los votos a favor y los votos en contra. La secretaria senadora Cecilia Romero Castillo: Los legisladores que estén porque se considere de urgente y obvia resolución, sírvanse manifestarlo... Los legisladores que estén porque no se considere de urgente y obvia resolución, sírvanse manifestarlo... Se emitieron 11 votos a favor de que sea de urgente y obvia resolución y 16 votos en contra. Por lo tanto no se considera de urgente y obvia resolución. Gracias. Ha quedado claro que la votación fue en contra de que se considere de urgente y obvia resolución. Por tal motivo se turna a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente. El Presidente: Tiene la palabra la senadora Sara Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la problemática ambiental de Acapulco. La senadora Sara Isabel Castellanos Cortés: Gracias, señor Presidente; estimados legisladores: Paso a esta tribuna a denunciar los siguientes hechos que tienen qué ver con la depredación ecológica de Acapulco. La primera denuncia tiene qué ver con la isla La Roqueta, que como ustedes saben constituye una de las principales atracciones turísticas debido a que ha conservado su belleza natural, sobre todo la biodiversidad marina de sus arrecifes y que es motivo de la visita de turistas que gustan del buceo. El 70% de los extranjeros que visitan Acapulco lo hacen para la práctica del buceo, para admirar los ripios y el coral negro, único sitio de Guerrero donde existe. Recientemente y en contravención de las normas en la materia, le fue concedida a un comerciante ambulante la concesión DGZF-015/00, para uso comercial de la zona marítima terrestre de la isla. Dicho comerciante, representando a un grupo de ambulantes, se ha instalado en el acceso de entrada al muelle de la isla, recién arreglado gracias a la participación del Grupo Asociación de Protección Ecológica de la Isla La Roqueta, AC, en agravio del tránsito y la seguridad de los paseantes, en detrimento de la imagen y ocultando el módulo de información turística. Para instalarse los ambulantes derribaron árboles, destruyendo un jardín con cactáceas representativas de la flora de la isla. Lo grave no es la acción irresponsable de un grupo de comerciantes informales; lo grave es que ésta se produzca bajo el amparo de una concesión federal violatoria de las más elementales normas jurídicas que establecen entre otras las siguientes disposiciones: Cito textualmente el acuerdo de coordinación inscrito en el Decreto Presidencial de Reserva Ecológica de la isla, que data desde 1982: "Las solicitudes de concesiones y permisos para uso de la zona federal marítimo-terrestre de la isla La Roqueta, que realicen los particulares o prestadores de servicios, requerirán, previa su expedición, del dictamen favorable de la Secretaría de Turismo." La primera persona inconforme con el decreto fue la titular de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado: Guadalupe Gómez Maganda. La concesión se otorgó sin tomar en cuenta los lineamientos para su trámite, ya que no cuenta con autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido a que se ubica sobre un muelle. Tampoco de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del honorable ayuntamiento de Acapulco. El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y Plan de Desarrollo Urbano clasifican a la isla La Roqueta con un uso de suelo apto para su conservación y protección de flora y fauna, con restricciones para toda índole de construcciones salvo las que se hayan de realizar para el objetivo ecoturístico. En el formato para obtener la concesión de zona marítimo-terrestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de febrero de 2000, no se encuentra tipificada la actividad comercial de venta de artículos de playa. En el pleno del Senado denuncié la actitud del Secretario de la Semarnap por el anuncio que hizo en el sentido de descentralizar a estados y municipios facultades con relación a las concesiones de las zonas marítimo-terrestres, con el argumento de que no se puede decidir estos asuntos desde la Ciudad de México. Sin embargo, en el caso que nos ocupa eso fue precisamente lo que no sucedió: nunca se tomó en cuenta al subcomité de concertación de la zona marítimo-terrestre, órgano superior de opinión y consulta para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos. En dicho comité participan autoridades federales, estatales y municipales, así como organizaciones ambientalistas y es más, presidido por el presidente municipal y el delegado de la Semarnap. Por otro lado, compañeros, la zona federal de la laguna de Coyuca de Benítez, ha sido objeto de invasiones constantes que amenazan su ya precaria situación de equilibrio ambiental. Como ustedes saben, la Barra de Coyuca, donde se junta el mar y la laguna, adelante de Pie de la Cuesta, es un criadero natural de aves acuáticas, así como: nutrias, pelícanos cafés, iguana, tortuga marítima, misma que está en peligro de extinción de acuerdo con el listado de la Norma Oficial Mexicana. Actualmente han invadido la zona federal dos grupos de precaristas amenazando con denotar un asentamiento irregular que puede superar fácilmente a las 2 mil familias si no se le pone remedio. Ante la falta de intervención de las autoridades este asentamiento se ha venido convirtiendo de provisional en permanente y empieza a generalizarse la venta ilegal de terrenos. La invasión por líderes profesionales se ha convertido en un jugoso negocio a partir del fraccionamiento ilegal de terrenos. Llama la atención que el nuevo Gobierno Federal no haya tomado ninguna previsión en este asunto, como tampoco en las condiciones que lo origina. Acapulco crece, compañeros, a un ritmo de 250 y 300 hectáreas al año; como no existe ninguna planificación del desarrollo urbano, el 65% del crecimiento se realiza invadiendo zonas federales; es decir, cada año se invaden alrededor de 200 hectáreas entre Cuenca, el Parque Nacional del Veladero, que ha perdido más de 1 mil hectáreas, márgenes de ríos, manglares, playas y hasta zonas de humedales. Las autoridades responsables de estas áreas son la Comisión Nacional del Agua y la Semarnap quienes tradicionalmente en lugar de buscar la manera de prevenir y planificar, participan en una vasta red de corrupción con las clientelas de los invasores profesionales. Por lo anteriormente expuesto, compañeros, solicito atentamente al señor Presidente esta honorable Mesa Directiva, turne a comisiones la siguiente propuesta de PUNTO DE ACUERDO Primero. Solicítese la intervención urgente del Secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales, para que en ejercicio de sus atribuciones atienda la denuncia en el sentido que la concesión DGZF015/00 otorgada a Hipólito Santamaría Arévalo, no cumple los requisitos legales y en consecuencia se proceda a su revocación. Segundo. Se atienda la problemática relacionada con la invasión de precaristas en la zona denominada barra de Coyuca, con el fin de que se desaloje la zona federal y por lo tanto se preserve su entorno ambiental, además se establezcan medidas adecuadas para la protección de las zonas federales de Acapulco, bajo la jurisdicción de la Semarnap. Es todo, compañeros, gracias por su atención y ojalá podamos ayudar en que no se pierda esta belleza de un lugar tan bello, de los centros más visitados, como es Acapulco. Gracias. El Presidente: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores. El Presidente Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que sean investigados los actos de corrupción en la delegación de Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua. El diputado Juan Carlos Regis Adame: Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presenta a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones: El agua es un elemento fundamental en el desarrollo de la vida en la Tierra, es un componente vital para los seres vivos y no podemos olvidar que buena parte del mundo está cubierta por este líquido, y que las batallas por los mantos acuíferos del mundo, no es algo tan descabellado en un mundo global. Por ello, es indispensable darle un uso racional y eficiente, sobre todo para el consumo humano y las distintas actividades productivas, en las que se utiliza como ínsumo básico. 340,341,342 El uso y explotación de este recurso natural debe llevarse a cabo de la manera más transparente posible y siempre bajo el marco legal de las leyes y normas que rigen en esta materia, así como también se requiere que las dependencias que tienen dentro de sus facultades proteger este recurso, vigilar su correcta utilización e incluso cobrar por la utilización de pozos ya existentes o crear nuevos, deben tener criterios de beneficio social, sin perder de vista el allegarse de recursos para conservar la infraestructura física, que permite trasladar el vital líquido a zonas del país donde es escaso. De esta forma la dependencia federal encargada de proteger los mantos acuíferos de nuestra nación es la Semarnap. Que conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua realice esta función y esta última es la que directamente se encarga de otorgar la concesión para la perforación de pozos profundos, administrar los existentes, cobrar por el suministro de este líquido. Desafortunadamente en nuestro país, el haber tenido un régimen autoritario y vertical, donde la función pública se confundía en muchas ocasiones con el beneficio personal, se desarrolló una cultura de corrupción y mala utilización de los recursos públicos, que hasta el día de hoy sigue presente y no se ha erradicado. Para el caso que nos ocupa, hemos visto y recibido denuncias, sobre actos de corrupción en la Semarnap y en la institución que depende de ella: la Comisión Nacional del Agua. Incluso en días pasados, las oficinas de esta dependencia, en la sede regional del valle de México, fueron tomadas por la Policía Federal Preventiva, para allegarse de archivos y pruebas que constaten las acusaciones que penden sobre distintos funcionarios de la presente administración, así como de administraciones anteriores. De hecho, fueron cesados y detenidos 30 funcionarios acusados de extorsión, cohecho y venta irregular de grandes cantidades de agua. Entre los detenidos figura el gerente regional de la Comisión Nacional del Agua para el Valle de México, Humberto Wade Arredondo. Pero las conductas delictivas de corrupción no son sólo privativas de la delegación de la Conagua en el valle de México, desafortunadamente tenemos que afirmar que también en la delegación del Estado de Zacatecas, se dan conductas poco éticas entre sus funcionarios. En las comparecencias del secretario de la Semarnap, Víctor Litchinger, con motivo de la glosa de los informes, ya habíamos denunciado la corrupción en estas dependencias, no habiendo respuesta, haciendo caso omiso y, bueno, pues ahora de esta investigación, cesaron de manera temporal al delegado de la Conagua en el Estado, pero por asuntos de entrega de concesiones en zona de veda en el Estado de Chihuahua y no así en el Estado de Zacatecas, que también se ha dado. Tenemos conocimiento de la venta de concesiones para perforar pozos nuevos para riego agrícola de forma irregular, hasta en montos que llegan a los 100 mil pesos, además de manera ilícita se cobran cuotas por metro cúbico, que no están acordes a la reglamentación vigente y que violan los preceptos que para tal efecto dispone la Semarnap. Asimismo, se hace una mala utilización de los mantos acuíferos de la entidad, lo que pone en peligro la conservación de los mismos y altera de manera negativa el entorno ecológico de las zonas donde están asentados. Vemos entonces que hay ejemplos claros de que la función pública se está utilizando para el beneficio particular de los funcionarios de esta dependencia, por lo que creemos necesario que se emprendan acciones claras, para terminar con la corrupción imperante dentro de la Conagua, en este caso la delegación en el Estado de Zacatecas. Por las consideraciones antes expuestas, proponemos a esta Comisión Permanente el siguiente PUNTO DE ACUERDO Artículo único. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicite a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, investigue los posibles actos de corrupción y desvío de fondos públicos en la delegación del Estado de Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua. Atentamente. Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de enero de 2002. Gracias. El Presidente: Gracias, diputado Juan Carlos Regis Adame. Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Magdalena, por lo cual se le autoriza hasta por cinco minutos. La diputada Magadalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: Los diputados del grupo parlamentario del PRD, nos sumamos a este punto de acuerdo y exigimos a las autoridades competentes el que se llegue al fondo en la investigación de este caso, de supuesta corrupción. Nos parece que en el cambio y en el tránsito hacia un nuevo régimen de democracia y de estado social, estamos obligados a abatir y a acabar con este cáncer que es la corrupción y estamos obligados a exigir el respeto irrestricto de la ley. Por lo tanto, nos sumamos a este punto de acuerdo que han presentado los compañeros del Partido del Trabajo. Gracias. Gracias, diputada Magdalena Núñez. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. El Presidente: Tiene la palabra la diputada Miroslava García del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativo a la impunidad. La diputada María Miroslava García Suárez: Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea: La suscrita diputada, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes CONSIDERACIONES Primero. El problema de la impunidad y de la corrupción son dos acepciones de un mismo diagnóstico: la ausencia de un estado de derecho. La discrecionalidad en la aplicación de la ley y la justicia selectiva, forman parte de los saldos más oscuros de un régimen político que no ha quedado del todo atrás. El problema deja de ser abstracto y se coloca en lo concreto cuando el influyentismo, la posición política o los chantajes hacen que haya quienes son castigados por delinquir y quienes pueden transgredir la ley y conservan su libertad, en franca ofensa a la sociedad y deja también de ser abstracto cuando la ofensa se traduce en descalabros económicos para el país que todos, por cierto, seguimos pagando. La oferta de cambio y la verdadera transición consiste precisamente en la transformación de las viejas estructuras jurídicas y en el respeto irrestricto a la ley, incluyendo su aplicación por parte de quien corresponde hacerlo. A un año de la actual administración, no hay acciones concretas contra al corrupción y contra la impunidad; el problema es que hay muchos agravios a la sociedad en estas materias y el desencanto de la gente puede hacernos retroceder mucho o perder lo ganado por la irresponsable pasividad de quien se comprometió a cambiar las cosas y tal parece que sólo administra, administra. Segunda. Las expectativas de que ahora las cosas serían distintas formaron parte de la oferta política de quien por primera vez en 70 años logró acceder al poder de la República a través de otro partido político. Sin embargo, el balance hasta ahora no puede calificarse de positivo; si aumentó o no la corrupción y la impunidad, no es tema de este análisis. Lo que sí podemos decir es que en este lapso no ha habido una sola acción real, contundente y sobre todo con resultados, contra la impunidad de los crímenes que se cometieron en los anteriores sexenios y tampoco se conoce ninguna medida contra la corrupción de funcionarios de este Gobierno a pesar de los casos comprobados como el de las toallas de la casa presidencial. Tercero. ¿Será que después de exhaustivas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que la corrupción generalizada y evidente que se visualizaba y por la cual la gente se hartó, era sólo un mito? ¿Qué se hace entonces con el agresivo discurso de campaña de quien finalmente ganó la elección del 2 de julio de 2002, que los anteriores gobiernos no hicieron nada o casi nada y sólo por consigna para perseguir y castigar a quienes delinquían con protección o desde la esfera pública? Francamente no sorprende a nadie dadas las complicidades que se tejieron en la descomposición de aquel proyecto político. Lo que sí sorprende es que hasta ahora en este terreno sólo hay mucho ruido, mucho ruido y mucho ruido. Cuarto. En esta situación ubicamos el sonado caso de desviación de recursos en Pemex, el cual huele a un acto publicitario más de este Gobierno, de mucho impacto y pocos resultados en el cual se persigue un afán por interferir en el proceso interno de elección de la dirigencia de algún partido político. Otro caso de espejismo está representado por el asunto de la Comisión Nacional del Agua, donde de manera inconstitucional se montó un operativo con participación de la PFP, sólo para iniciar unas auditorías y solicitar la renuncia de algunos funcionarios, es decir, sin pruebas de conducta, sin responsabilidades, pues ni siquiera fue capaz de despedir de forma justificada a quien cometió actos de corrupción. Quinto. Ante esto se nos impone estar muy al pendiente de los resultados de estas investigaciones, pues de ello va a depender la seriedad de lo anunciado con tanta publicidad hasta ahora y la confianza que se puede tener por parte de la ciudadanía a este Gobierno. Esperamos que no se trate de una presión política o el llamado desesperado de quien gobierna, a negociaciones al margen de la ley, a cambio de que le aprueben sus proyectos particulares como la llamada apertura de la industria eléctrica o la privatización energética. Tampoco esperamos que estemos ante una venganza y como tal, de una representación facciosa de algo que no es justicia y que sí en cambio, descompone el momento político que vive el país. En gran problema están quienes anunciaron el caso Pemex, si no llegan hasta las últimas consecuencias pues sólo seguirán generando descrédito. Seguimos esperando que se inicie en serio una verdadera lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Si no hay deslinde del pasado no hay futuro democrático con la actual administración. México no se merece una guerra de chantajes pues en ese caso todos los resultados serán negativos para nuestras instituciones. Sexto. Más allá de los alardes mediáticos Fox tiene que hacer del combate a la impunidad y a la corrupción, un compromiso con resultados. Queremos informarle que hay mucho que investigar y castigar, por lo menos la fracción parlamentaria del PRD en esta Comisión Permanente, enlista y apunta los siguientes temas que aún son heridas abiertas en este país y que se necesitan soluciones. El crimen del 2 de octubre de 1968; el 10 de junio de 1971; la guerra sucia de los años setenta y de los años noventa; Aguas Blancas, Acteal; El Charco; los fraudes por los fideicomisos de Banca Unión y por el Fobaproa e IPAB; el dinero desviado al equipo de transición del entonces presidente electo y desde luego el financiamiento nacional e internacional de campañas políticas tanto a nivel local como federal. Por lo anteriormente impuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia para que el Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia, adopte todas las medidas necesarias y suficientes para combatir la impunidad que ha padecido el país en los últimos decenios. Por su atención, muchas gracias. Espero que este punto de acuerdo sea suscrito por todas las fracciones parlamentarias, en un ánimo propositivo para impartir justicia en este país. Es cuanto, señor Presidente. El Presidente: Gracias, diputada Miroslava García. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 343,344,345 El Presidente: Tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la visita que realizará el presidente Vicente Fox a la República de Cuba. La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea: La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes consideraciones. Recientemente las relaciones entre los gobiernos de México y Cuba han cumplido 100 años de llevarse a cabo de manera ininterrumpida. Son éstas unas de las relaciones más añejas por su continuidad y son también una relación con resultados benéficos para los pueblos y gobiernos de ambos países. Un especial sentimiento embarga a los mexicanos cuando se trata algún tema relacionado con Cuba y lo mismo sucede con ellos por cuanto se refiere a México y a los mexicanos. Esto se ha tejido por mucho tiempo y trasciende las posiciones individuales que desde la subjetividad o la abstracción intelectual se puedan tener. Cuando Cuba defiende su soberanía, en realidad defiende la capacidad de regirse que debe de tener cualquier país. Su lucha, entendemos, también es nuestra lucha. Por eso, cuando en el concierto internacional defendemos activamente las posiciones de Cuba, en realidad estamos abogando también por México. Es por ello que el asunto trasciende en lo puramente declarativo y se coloca como una cuestión estratégica, para Cuba desde luego, pero también para México. Cuando no se apoya a aquel país, peligrosamente se coloca en posición vulnerable nuestra capacidad de autodeterminación. Esa es la importancia que tiene para el país la relación con esa nación. La política internacional de México se construye a partir de circunstancias históricas por las que ha atravesado el país. México no puede sustraerse de esta realidad, pues hacerlo puede resultar muy peligroso. A lo largo de nuestra historia, particularmente en el Siglo XIX, México fue un país agredido, no agresor, por parte de las potencias internacionales y de manera muy significativa por Estados Unidos de América. Las agresiones de Estados Unidos le significaron al país la pérdida de más de la mitad de su territorio. No pretendemos regodearnos en esa tragedia histórica, pero sí resaltar el por qué de la construcción de una política internacional mexicana que poco o nada tiene que ver con la de las potencias y que se identifica más con la equidad en el entorno internacional para las naciones. Esa política internacional no nació en un día ni puede ser enterrada en un día y menos si la política internacional de la gran potencia en un mundo unipolar, sigue buscando los mismos objetivos de siempre. La ecología, la lucha contra el narcotráfico, los derechos humanos, el combate al terrorismo, son temas que a pesar de su nobleza, son utilizado por la gran potencia para intervenir en las decisiones de los países a favor de sus intereses específicos. Por ello las autoridades de México deben defender con ahínco el primer derecho, el más importante que tiene el pueblo de un país: su existencia y libre determinación. Es un asunto prioritario para México la buena relación con las causas cubanas, porque son nuestras causas, pues ellos han demostrado que se puede vivir con dignidad y alcanzar niveles superiores de vida sin seguir los modelos económicos impuestos por organismos financieros internacionales subordinados a Estados Unidos. En el sexenio anterior experimentamos el mayor enfriamiento en la historia de las relaciones con Cuba. La ambigüedad de Zedillo lo llevó a no hacer una sola visita de Estado a la isla y al mismo tiempo mantener un discurso del agrado de los enemigos del pueblo cubano. La responsabilidad de Zedillo forma parte también del negativo balance de su gestión. En ese lapso, por cierto, el partido al que pertenece Zedillo, no alzó la voz contra ese desdén que pudo dañar enormemente nuestra posición en el entorno internacional. En este sexenio, la tentación por agradar a la potencia ha estado presente. Nuestro canciller ha resultado en un fallido amigo de los intereses de aquel país. El Congreso ciertamente ha frenado la animosidad de Castañeda, sin embargo, queda para la historia la promoción que hizo a favor del voto de censura en la Comisión de Derechos Humanos y de la ONU y sus nada inteligentes declaraciones derivadas de ese evento. También en este sexenio se acuñó el término de modernización de nuestra política internacional para justificar que con matices, puede haber intervensionismo. "Nomás tantito". Discurso, por cierto, con el cual se hizo campaña y se consiguió un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Otro saldo en materia internacional de este Gobierno, son los resultados que han tenido los viajes internacionales del presidente Fox, mismos que han derivado en una consecución de despropósitos y vanalidades que no pretendo repetir en esta exposición pero que todos conocemos ampliamente. Por ello no está de más que esta Comisión Permanente se dirija al Ejecutivo Federal a propósito de su próxima visita a Cuba a realizarse los días 3 y 4 de febrero del año en curso, antes de que se den hechos consumados para recordarle la importancia de nuestra relación con el pueblo y el gobierno cubano, relación que hay que cuidar y cultivar activamente y evitar cualquier falta de respeto y pretensión de intervensionismo verbal, contrario a los principios constitucionales de nuestra política internacional. Tampoco está de más exhortarlo a que tal y como lo ha hecho en reiteradas ocasiones el Congreso de la Unión, condene por inhumano, inútil y porque constituye una agresión, el bloqueo económico ordenado por Estados Unidos hacia aquel país. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión haga un exhorto al ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que en su próxima visita a la República de Cuba fortalezca las relaciones con el pueblo y gobierno de aquel país y para que respete, irrestrictamente, el principio constitucional de no intervención y de libre determinación de los pueblos. Asimismo se le exhorta para que condene el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos de América desde hace más de cuatro décadas en contra de Cuba. Es cuanto, señor Presidente. El Presidente: Gracias, diputada Magdalena Núñez. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Tiene usted de nueva cuenta la palabra, diputada Magdalena Núñez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el despido de trabajadores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Permítame, diputada Magdalena. El diputado Juan Carlos Regis Adame, disculpe, había solicitado la palabra para el mismo tema de la visita del Presidente a la República de Cuba. Tiene usted la palabra, hasta por cinco minutos, diputado Juan Carlos Regis Adame. El diputado Juan Carlos Regis Adame: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El pueblo mexicano siempre ha sido solidario con las causas que han enarbolado el pueblo cubano. Esa solidaridad no es nueva, viene de años atrás. Se ha expresado con nitidez desde que el pueblo cubano decidió desterrar del poder al dictador Batista y emprendió un proceso revolucionario que ha provocado que muchas naciones del mundo voltearan la vista a otra parte, permitiendo sanciones y agresiones a la nación cubana que aún persisten. No debemos olvidar que México fue el único país de América Latina que haciendo uso de la soberanía y facultad que otorga el pueblo a su gobierno enfrentó de forma decidida todas aquellas presiones que pretendían aislar al gobierno de la isla caribeña y generó las condiciones para que el pueblo cubano y su gobierno continuaran alzando su voz en contra del bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano. Más aún, México nunca rompió relaciones diplomáticas con el gobierno del Comandante Fidel Castro. En la última década Cuba ha logrado grandes transformaciones internas que permiten integrarla al concierto de las naciones que busquen aprovechar las ventajas derivadas de la integración mundial. En el campo de la salud y de la seguridad social es otro de los rubros que el Gobierno no descuida para garantizar el bienestar de la población de la isla. La cobertura en salud cubre al 100% de los habitantes, además de contar con instituciones de avanzada en el tratamiento de enfermedades complejas. En ocasión a la visita que hará el presidente Fox a la isla los días 3 y 4 de febrero, servirá para refrendar nuestra vieja amistad con el pueblo cubano y permitirá al Gobierno de este país reanudar, después de varios años de ausencia, las visitas que tradicionalmente los presidentes de nuestra nación realizan a este hermano país. Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo desea manifestar su congratulación con esta visita que realiza el presidente Fox a nuestros hermanos cubanos y estamos seguros que de ahora en adelante estos encuentros coadyuvarán a mejorar la ya de por sí fraterna amistad con el pueblo cubano. Esperamos que los acuerdos que se tomen redunden en beneficio de ambas naciones y sean un paso más para fortalecer la relación entre Cuba y México, siempre respetando la autorregulación y la soberanía de cada uno de ellos. No obstante debemos tener presente y reconocer que cada nación tiene la obligación de respetar el derecho de autodeterminación y el manejo soberano de los asuntos internos. México ha dado muestras de respetar este derecho. Nos preocupa que el presidente Fox pueda violentar esta tradición de la política exterior mexicana y al artículo 89 fracción X de nuestra Carta Magna, al estar latente la posibilidad de reunirse con dirigentes de organizaciones políticas contrarias al gobierno de Fidel Castro. Por ello hacemos un atento llamado al titular del Ejecutivo, el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, para que respete la autodeterminación del pueblo cubano para atender sus asuntos de política interna y asimismo hacemos uso de esta tribuna para respaldar el punto de acuerdo presentado por la diputada Magdalena Núñez. Es cuanto. El Presidente: Gracias, diputado Regis Adame. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO El Presidente: Tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el despido de trabajadores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia: La suscrita, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo sobre el despido de trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tenor de la siguiente 346,347,348 CONSIDERACION Primera. El rostro que hoy tiene nuestro país no es el de un México próspero o a la vanguardia, por el continuismo de las políticas económicas lesivas al bienestar y a los intereses de la mayoría del pueblo mexicano, la nación sigue sumiéndose en el tobogán del deterioro y los rezagos sociales. Esto es así no sólo por la ausencia de una política de fomento productivo a favor de la población de menores recursos y oportunidades, sino debido a una política de contracción salarial que mantiene las remuneraciones de los trabadores a la baja. La caída del salario mínimo es del 74% respecto a 1977. El último incremento a esta remuneración apenas alcanzará a mantener el nivel que tenía el año pasado y hoy menos de la mitad de los asalariados recibe una remuneración suficiente para adquirir la canasta mínima alimentaria. No se puede hablar en absoluto de una política social distributiva mientras no se considere el poder adquisitivo de los salarios como un indicador clave del bienestar social. En el caso del empleo los resultados han sido desastrosos. Contrariamente a lo ofrecido por el candidato Fox, el nulo crecimiento del producto interno bruto y la falta de una política de fomento al mercado interno y al aparato productivo, dieron como resultado la pérdida de empleos en el sector formal. No sólo dejaron de generarse los empleos para cubrir la incorporación de jóvenes a la población económicamente activa, sino que además se perdieron más de 382 mil empleos, casi 32 mil al mes, más de 1 mil diarios, 44 por cada hora del gobierno de Vicente Fox. Adicionalmente, durante 2001 se perdieron el 70% de los empleos generados en el 2000 y éstas son cifras oficiales. Si atendemos a otras fuentes, los datos son aún más alarmantes. Según información publicada por la Universidad Obrera de México, en el primer año de este Gobierno se perdieron 611 mil empleos, de los cuales cerca del 70% eran empleos permanentes, es decir, estables y seguros. Si consideramos que cada hogar mexicano está formado por al menos cuatro personas, podemos vislumbrar la dimensión social de la realidad laboral de nuestro país. Pero esto no es todo, esta situación se ve agravada por una política laboral de simulación de las relaciones de trabajo en el sector público. Los trabadores al servicio del Estado, por el control jurídico y sindical a que están sometidos, se encuentran en una situación de franca desventaja para discutir y definir sus condiciones de trabajo. La contratación y el despido se adecuan a las condiciones presupuestales, disponiéndose libremente del volumen y las condiciones de contratación de la mano de obra, destruyendo por distintas vías la estabilidad laboral. Parte de esta ofensiva antisindical la constituyen modelos de simulación como los contratos por honorarios que disfrazan y eluden responsabilidades del Estado hacia sus trabajadores. Desde 1983, la política laboral del Gobierno hacia los servidores públicos ha reducido al máximo la nómina de trabajadores sindicalizados, sus ingresos y prestaciones muy a tono con los dictados neoliberales. Entre 1995 y 2001 las dependencias de la Administración Pública Federal redujeron su plantilla en más de 270 mil trabajadores bajo el supuesto de que la solución a los problemas del servicio público es la misma que puede aplicarse a una empresa cualquiera. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se ha pronunciado por una reforma laboral y administrativa de amplia consulta y consenso con los trabajadores al servicio del Estado que establezca el Servicio Civil de Carrera, que permita revalorar el trabajo burocrático e incorpore criterios justos de ingreso, promoción y permanencia del servidor público, así como que dé plena vigencia a sus derechos individuales y colectivos. Son precisamente estos derechos los que se han mencionado en el caso que presentamos a esta alta tribuna. En noviembre del año pasado la reunión de administradores locales de recaudación resolvió reestructurar las unidades de las circunscripciones regionales hacendarias, cambiando los cargos de notificadores ejecutores y verificadores por el de abogado tributario y actuario fiscal motivando que el personal adscrito a dichas áreas fuera despedido sin respeto a sus derechos. Pese a que se cumplen los requisitos para aprobar la existencia de una relación laboral con el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a que algunos de estos trabajadores llevan una antigüedad ininterrumpida de hasta 19 años, dicho personal es contratado temporalmente bajo el régimen de honorarios libres asimilados a sueldo. Durante su labor en las circunscripiones regionales hacendarias, a estos trabajadores nunca se les reconoció su antigüedad, tampoco tenían derecho a un empleo estable ni al pago de prestaciones tan esenciales como vacaciones, aguinaldo, servicio médico y seguridad social. Además, sufrían retrasos en sus pagos de hasta mes y medio, así como maltratos y abusos de parte de sus superiores en el centro de trabajo, negándoseles su calidad de trabajadores y servidores públicos. Ante esta ofensiva y para hacer valer sus derechos, 250 trabajadores adscritos a las administraciones locales de Guadalajara, zona centro y sur y Zapopan, formaron la Comisión de Trabajadores Notificadores, Verificadores y Ejecutores Fiscales despedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En lugar de diálogo y alternativas de solución, han tenido como respuesta el hostigamiento y la amenaza; peor aún, el Servicio de Administración Tributaria publicó una convocatoria para ocupar las vacantes de actuario fiscal y abogado tributario, con una serie de candados laborales que marginaron la posibilidad de recontratar a los despedidos. Las demandas de estos trabajadores son elementales; en primer lugar, su reinstalación en puestos de base con las mínimas prestaciones de ley y de ahí el reconocimiento de su antigüedad en la Secretaría; el establecimiento de un salario profesional y el pago del aguinaldo correspondiente a 2001, así como el reconocimiento de su derecho a la contratación colectiva y a su libertad de asociación. El respeto a los derechos de los trabajadores constituye un principio irrenunciable que bajo ninguna circunstancia puede transgredirse, las diversas formas de simulación y violación de las normas laborales han creado prácticamente un mercado negro en el sector público, en el que se discrimina a los trabajadores y se eluden relaciones de trabajo. Es inaceptable que se hable de un país en transición democrática mientras prevalezcan situaciones laborales injustas y discriminatorias, máxime cuando son provocadas por el mismo Gobierno Federal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a las autoridades laborales competentes, su intervención para que sean resueltas conforme a derecho las demandas de la Comisión de Trabajadores, Notificadores, Verificadores y Ejecutores Fiscales despedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Segundo. Asimismo, exhorta al Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a atender las peticiones de dichos trabajadores y resolverlas favorablemente mediante el diálogo y conforme a la legislación vigente. Es cuando, señor Presidente. El Presidente: Gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. El Presidente: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en relación a la quiebra de la empresa Enron. Tiene la palabra la diputada Miroslava García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. La diputada María Miroslava García Suárez: Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores: Nos parece de suma importancia venir a evaluar desde nuestra perspectiva este desfalco corporativo, el mayor desfalco corporativo en la historia de los Estados Unidos, precisamente por el colapso de la empresa Enron, porque nos parece que efectivamente es necesario revisar el mayor número de experiencias, de casos en el mundo, sobre su desarrollo, evolución, en el marco de la modernización y de la actualización de nuestra industria eléctrica nacional. Como ya todos sabemos, Enron se declaró en bancarrota el pasado 2 de diciembre, después de reconocer que había inflado sus ganancias en más de 600 millones de dólares y que había ocultado pérdidas por miles de millones más, por lo que de la noche a la mañana se esfumaron 50 mil millones de dólares. Enron, que opera en 40 países, varios de ellos latinoamericanos, empleaba a 21 mil personas, es una industria comercializadora de servicios y productos energéticos, cuyo negocio radica en la compra-venta de electricidad y gas natural en Estados Unidos y otros países. Cerca de 20 mil personas trabajaban en la sede central de Enron, el rascacielos más alto de la ciudad de Houston, Texas; 4 mil de los cuales fueron despedidos un día después que la empresa se declaró en bancarrota. Uno de los ángulos más dramáticos de esta historia tiene qué ver justamente con el destino de muchos de los empleados y exempleados, quienes de la noche a la mañana vieron desaparecer sus ahorros y sus fondos de pensiones. Las pensiones de muchos de ellos estaban en acciones de la empresa, en parte porque los ejecutivos aseguraban que Enron seguiría creciendo y dando ganancias y en parte porque la cultura corporativa en Estados Unidos aconsejaba la inversión en bonos de la empresa donde se trabaje, de esta forma fue como de un momento a otro los inversionistas y trabajadores vieron el valor de sus acciones caer desde un poderoso precio de 90 dólares por unidad, a unos pocos centavos por cada acción. Cabe mencionar que durante los últimos años, Enron había sido elogiada como una de las empresas más innovadoras y de mayor dinamismo del país y su estrepitosa caída generó un cataclismo de dimensiones no sólo financieras y humanas, sino también políticas. Los contratos y permisos otorgados en nuestro país por la Comisión Reguladora de Energía se firmaron para generar electricidad en el rubro de la cogeneración y así asegurar el abasto a las grandes industrias, entre las que se encuentran Vitro, Industrias Monterrey, Imsa y Cementos Apasco. Señoras y señores legisladores: es a lo anterior que voy a referir el tema general y particular de esta intervención. A sólo meses de que los voceros del presidente Vicente Fox habían publicitado en forma triunfalista que el Ejecutivo ya contaba con una iniciativa de reformas al sector eléctrico, es decir, con una propuesta, desde su lógica, entendemos, para dar mayores márgenes de participación a la inversión privada, conocimos el caso de Enron; sin embargo, con la crisis de la gran comercializadora de energía estadounidense, el secretario de Energía, Ernesto Martens, acepta que dicha empresa participó activamente en la elaboración de algunos de estos proyectos. Esta afirmación la tomo de declaraciones directas expresadas en la prensa nacional por el Secretario de Energía. Para el caso, podríamos pensar que el presidente Vicente Fox se convirtió en el vocero virtual de los intereses de dicha industria en nuestro país, habría que ver si no fue uno de los grandes beneficiarios de sus jugosas donaciones. Esto también es tema de investigación para la Secodadm y para el IFE. En otras palabras, nuestros gobernantes han demostrado ineficiencia, sobre todo al momento de requerir y contratar asesoría de compañías que se sirven del tráfico de influencias y de la corrupción en algunos casos de altos funcionarios para poder operar, seguramente para armar su plan de desarrollo; el presidente Fox viajó a Washington para recibir tal vez instrucciones de diferentes organismos multinacionales, pero en realidad lo importante es ver hasta qué punto hay una relación en la elaboración de los proyectos que se piensa se presentarán próximamente en este Congreso por parte del Ejecutivo para modernizar la industria eléctrica. Después de haberse destapado esta cloaca de corrupción y tráfico de influencias en la que estuvo involucrada la empresa, consideramos que hay grandes indicios que apuntan a que efectivamente participó en la elaboración de proyectos, no sólo para el actual presidente Fox, sino también para la pasada administración que encabezó el doctor Zedillo. Al respecto, debemos mencionar que es muy preocupante que el Gobierno de la República concierte o planee la transformación de una industria tan importante y estratégica para la nación en función del punto de vista y en todo caso de los intereses de empresas trasnacionales y de países distintos. Pero lo peor del caso es que nosotros los legisladores continuemos con el juego perverso de un discurso posmodernista, subrrealista y sobre todo privatizador, que no tiene otro propósito, desde nuestro punto de vista, que de desmantelar la estructura productiva del Estado mexicano y lo decimos porque la constante de modernidad que ha tenido el país desde el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid ha sido la privatización por la privatización misma. 349,350,351 Señores legisladores: la iniciativa privada no es la panacea y tampoco va a venir a suplir las funciones básicas del Estado, dejar la industria eléctrica en manos de empresas privadas, del tipo, del estilo de Enron, es como poner la Iglesia en manos de Lutero o al Congreso en manos de Fox. No podemos jugar con el destino y el bienestar de los ciudadanos. Ahí está el ejemplo de Argentina, que durante las últimas décadas desmanteló toda la estructura productiva del Estado hasta dejarlo en la mendicidad y sin herramientas para incluir en el crecimiento ni en la determinación de sus políticas. Un caso muy particular es justamente la privatización de todo el sistema bancario y financiero de Argentina. En este caso me parece que es muy importante valorar todos y cada uno de los ejemplos internacionales que están en la actualidad. Señores y señoras legisladores: ¿a quiénes de nosotros a estas alturas convence el discurso privatizador por sí mismo? Me parece que debemos ser muy estrictos en la evaluación y muy estrictos en el diagnóstico del caso mexicano en el sector eléctrico. En ese sentido, me parece indispensable mencionar que de haber prosperado algún tipo de iniciativa Fox-Enron para privatizar a la industria eléctrica y esto en un supuesto o en una hipótesis que tendrá que aclararse justamente con las investigaciones correspondientes antes de la actual crisis de dicha empresa, en estos momentos estaríamos discutiendo otro de los tantos planes de rescate multimillonario a cargo de nuestras ya de por sí endebles y paupérrimas finanzas públicas. Nos parece que si se debe rescatar a las industrias mexicanas no tenemos por qué privatizarlas para después rescatarlas. Si hay la idea de hacer una industria eléctrica nacional eficiente, es el momento de rescatarlo para que lo sea, para que se modernice, para que tenga la infraestructura necesaria, pero que siga en manos del Estado mexicano. La discusión de la industria eléctrica ahora no es ni debe ser si la privatizamos o no, eso debe estar descartado. Desde la lógica del PRD, se puede modernizar a la industria eléctrica nacional sin tener que modificar nuestro marco constitucional. De esta manera, el Partido de la Revolución Democrática propone realizar una reforma y reconversión estructural a fondo de la industria energética, no sólo de la eléctrica sino también de Pemex, con el propósito de transparentar sus actividades y de esta forma terminar con los vicios y malversaciones que han sido y son objeto. Proponemos también, por último, que se investigue ese posible nexo que afecta a todas luces al propio Ejecutivo y que de una vez por todas se precise esa relación, si es que la hay o que se deslinde el Poder Ejecutivo en relación al caso mexicano. Por su atención y paciencia, muchas gracias. El Presidente: Muchas gracias, diputada Miroslava García. Para fijar posición a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, hasta por 10 minutos. El diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Los legisladores de Acción Nacional rechazamos tajantemente cualquier insinuación o acusación que trate de vincular de forma alguna los trabajos que nuestro grupo parlamentario realizó durante el primer año de esta legislatura y que culminaron con la propuesta de reforma eléctrica que fue presentada en el Senado de la República el pasado 4 de diciembre de 2001, con los intereses particulares de empresa alguna. Es triste que cuando se carece de argumentos, cuando la razón no asiste, cuando la realidad económica y social de nuestro país rebasa los principios ideológicos de fracciones lejanas a la modernidad de México, se pretenda descalificar una propuesta que solamente responde a la necesidad nacional de modernizar el sistema eléctrico mexicano. Para Acción Nacional es clara la necesidad de dar un nuevo marco estructural al sector eléctrico, un marco que entre otras cosas defina de nueva cuenta los alcances de la participación de los sectores público, social y privado, que fije las reglas de competencia entre los mismos, que fortalezca el órgano regulador como ente encargado de dirimir las controversias; que mantenga la posesión de las arterias principales del sistema, es decir, de la red nacional de transmisión; que fortalezca las empresas públicas; que clarifique la rectoría del Estado, pero sobre todo que garantice a todos los usuarios de energía eléctrica del país, que tendrán suficiente electricidad en calidad y en cantidad a precios competitivos, no sólo por los próximos cinco años, sino para un periodo mucho más amplio de tiempo. A este interés, a este interés solamente responde la iniciativa presentada por el PAN en el Senado de la República, a este interés que es México y no a ningún otro como hoy sin prueba alguna pretende hacer creer legisladores del PRD. Pero aún más, la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional tiene grandes coincidencias con las iniciativas presentadas por la Administración Federal pasada y por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, esta última dada a conocer tan sólo unas semanas antes que la nuestra. Estas coincidencias no son casuales, sino que responden a un diagnóstico similar del problema estructural y no a las intrigas y complicidades que de forma perversa tratan de presentarse el día de hoy. Aseveraciones tan delicadas deben acompañarse con pruebas claras, las meras especulaciones, ocurrencias o como hoy se le llamaron: hipótesis, constituyen una irresponsabilidad política. Acción Nacional incluyó en su agenda legislativa desde el primer periodo de sesiones de esta legislatura, como una de sus prioridades, la modernización del sector eléctrico. De esto, existe constancia documental. La importancia que este tema representó para Acción Nacional y para la Administración Federal, derivó en la creación de un grupo de trabajo que se dio a la tarea de preparar las iniciativas de reformas que finalmente fueron presentadas por nuestro grupo parlamentario. En este contexto, el hecho de que México sea prácticamente el último país del mundo moderno que incursiona en un proceso de apertura o modernización estructural de su sector eléctrico, tiene sus ventajas y también sus desventajas. Por un lado, México acumuló durante los últimos años rezagos importantes en el sector, pero por el otro esto nos permite analizar las experiencias internacionales, recoger lo exitoso, desechar lo negativo, adecuar nuestra reforma a la realidad de México y presentar un proyecto moderno e inteligente que de ser aprobado ponga a nuestro país al día en materia eléctrica. Para realizar este análisis con seriedad y objetividad, por supuesto que legisladores de Acción Nacional, así como legisladores de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, nos hemos dado a la tarea de estudiar, analizar, deliberar y explorar diversas alternativas de solución para el sector eléctrico. Además de las reuniones constantes con autoridades del sector en nuestro país y sólo por citar algunos, nos reunimos con funcionarios, académicos, empresarios y parlamentarios de países como Francia, Canadá, Estados Unidos, España, Inglaterra, Noruega, Chile y Argentina. Del cúmulo de riqueza y de experiencia de todos estos actores, surge la propuesta de Acción Nacional para darle el marco jurídico a nuestro sector que garantice su modernización y su desarrollo y que a su vez se suma a aquellas propuestas presentadas por otros grupos parlamentarios. De todas estas reuniones existe constancia no solamente testimonial, sino videográfica ya que muchas de ellas fueron grabadas por el Canal del Congreso como parte de los trabajos de las comisiones de Energía en el Senado y en la Cámara de Diputados. Que quede muy claro, Acción Nacional trabaja de frente a la nación, de forma transparente a la luz del día y lo hacemos así hoy como lo hemos hecho durante los 56 años de una rica y productiva historia legislativa, cualquier intento de demostrar lo contrario tendrá que ser acompañado de algo más que meras especulaciones y acusaciones sin fundamentos que lejos de lograr su objetivo lo único que demuestran es la pobreza de sus argumentos para debatir esta reforma. Dejémonos de excusas, demos el debate de ideas que la sociedad mexicana demanda, pongamos sobre la mesa las iniciativas presentadas y aquellas que se pretenden presentar para así resolver el problema que nuestro país tiene y en Acción Nacional y con nuestra propuesta estamos listos y esperando. Muchas gracias. Para fijar la posición del grupo parlamentario del PRI ha solicitado el uso de la palabra el senador César Camacho Quiroz, por lo cual se le concede hasta por 10 minutos. El senador César Camacho Quiroz: Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: La quiebra de alguna de las empresas más grandes y poderosas del mundo, ha provocado conmoción en el ámbito financiero y político. El poderío económico de Enron, de sobra conocido, parece estar asociado al tráfico de influencias y su importancia en el mundo de la generación de energía, se vincula a fraudes y corrupción en todos los niveles del gobierno norteamericano y algunos países de Europa y presumiblemente a algunas naciones latinoamericanas entre las que se encuentra México. Han quedado al descubierto operaciones para canalizar cientos de millones de dólares en apoyos financieros para influir en las decisiones vitales para la empresa. En pocas palabras, grandes cantidades de dinero penetraron los círculos del poder y evadieron cuantos controles tuvieron enfrente, permitiéndoles moverse con absoluta impunidad. Estos escandalosos acontecimientos no pueden pasar inadvertidos para nosotros, ha trascendido que integrantes del equipo de enlace del presidente electo, se reunieron en Estados Unidos con ejecutivos de Enron y posteriormente ya en ejercicio de su responsabilidad, integrantes de la Administración Pública Federal han seguido vinculados con la empresa aludida. Es evidente el conflicto de intereses que significaría la contratación de un estudio para elaborar políticas públicas a una compañía que podría beneficiarse con sus conclusiones o más aún plantearlas de tal suerte que la favorezcan. Se dice que Enron fue una de las consultoras que elaboraron el diagnóstico y el proyecto de reestructuración de la industria eléctrica mexicana hace poco más de un año. Desde luego esta empresa, que por cierto participa como productor externo a través de su filial mexicana, con una inversión de 142 millones de dólares en la generación de generación eléctrica para 42 empresas de Nuevo León, recomendó la privatización de las áreas económicamente más rentables del sector público. Más aún, ahora el Ejecutivo federal, que también tiene este tema en su agenda de prioridades, ha decretado la eliminación del subsidio a la energía eléctrica, curiosamente una de las condiciones de los consorcios privados para participar en el sector, es obvio que el aumento en las tarifas haría que los adquirentes inicien operaciones en condiciones más rentables. En muchos países la privatización eléctrica ha fracasado, poner en manos de agentes económicos que sólo buscan su propia ganancia, una actividad que por naturaleza debe procurar el bienestar público, ha reportado malos saldos: la crisis energética de California, provocada en buena medida por Enron; los apagones en Nueva Zelanda y Argentina; el racionamiento del fluido eléctrico en Brasil; los abusos en la fijación de precios; el manejo de los subsidios en España y la tendencia a la monopolización de los mercados en Inglaterra, son algunas muestras de la ineficacia con la que los grandes empresarios privados han manejado este sector. A estos evidentes yerros habrá que añadir las lecciones del colapso de Enron. Nadie lo duda, el sector energético en nuestro país requiere ser modernizado, particularmente la vertiente eléctrica, aunque también siendo un asunto tan delicado, debemos caminar con enorme cuidado, pues una solución duradera, técnicamente sólida, financieramente viable, tiene implicaciones fundamentalmente sociales. Por ello, discutamos, discutamos con amplitud las propuestas y hagamos esfuerzos por construir consensos por el abasto suficiente de energía eléctrica y sobre todo por las buenas condiciones con las que ésta se ha de ofrecer a los usuarios. En este asunto trascendental hay ahora más interrogantes que respuestas. Ante los admitidos encuentros que gente del Ejecutivo Federal ha sostenido con los representantes de Enron, cabe preguntarse: ¿qué compromisos se formularon?, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el Gobierno Federal y la controvertida empresa?, ¿el involucramiento de Enron en la privatización del sector eléctrico constituye una intromisión tolerada o más aún, auspiciada por el Ejecutivo Federal? La voracidad mercantilista de Enron lo corrompió todo, no permitamos que sea nuestro país parte de su nuevo botín o de su posible recuperación financiera. 352,353,354 Por la salud política de la República, pugnemos todos por el ejercicio transparente de las cosas públicas. Demandamos pues al Ejecutivo una rendición de informe pormenorizado sobre los vínculos entre Enron y su gobierno para conocer las consecuencias potenciales que tendría para el país la concreción de cuantos compromisos pudieron haberse hecho. Proponemos además que el Poder Legislativo Mexicano, solicite de manera comedida a la Unidad Administrativa de Auditoría del Senado de Estados Unidos de América, la información en su poder sobre las audiencias y todo acto formal que se haya llevado a cabo para esclarecer las operaciones que condujeron a la ruina a Enron y que pudieran afectar a nuestro país. Muy probablemente estamos frente al inicio de un asunto de graves consecuencias, todos esperamos por cuanto hace a éste, explicaciones razonables y convincentes; por cuanto hace a la discusión sustantiva de la reforma al sector eléctrico, hagamos lo que debamos en éste, que es a no dudarlo, el mejor sitio para discutirlo todo. Por cierto, también estamos esperando el punto de vista y la propuesta del Presidente de la República. Gracias, señor Presidente. La secretaria senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. «Comisión Permanente.— Primer Receso.— Segundo Año.— LVIII Legislatura. Orden del día Miércoles 6 de febrero de 2002. Lectura del acta de la sesión anterior. Comunicaciones De los congresos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Hidalgo y Tamaulipas. Oficios del gobernador del Banco de México Con los que remiten la exposición sobre la política monetaria que la institución se ha propuesto seguir en el ejercicio de 2002, así como el informe sobre la inflación octubre-diciembre 2001 y el informe sobre el presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fijos de la institución, correspondiente al ejercicio de 2002, en cumplimiento al artículo 51 fracción I de la Ley del Banco de México. (Turno a comisión.) Oficios de la Secretaría de Gobernación Cinco, con los que solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.) Con los que remiten ocho hojas de servicios de miembros del Ejército mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.) Dictámenes a discusión Ocho, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que ratifican grados a miembros del Ejército mexicano. Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.» El Presidente (a las 15:32 horas): Gracias, senadora Secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 6 de febrero a las 12:00 horas. Muchas gracias. |