Presidencia
del diputado
José Manuel Medellín Milán
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de
asistencia.
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán
Lagunes:
Se va a proceder a pasar lista de
asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 30 legisladores.
Hay quorum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:11 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán
Lagunes:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.— Primer
Receso.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden
del día
Miércoles 20 de febrero de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Presentación por el presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, del informe de
actividades de dicha comisión, del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2001.
Comunicaciones
De legisladores.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México invita a la ceremonia cívica que con motivo del DIII aniversario del natalicio de
Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 23 de
febrero a las 10:00 horas, en el busto ubicado en el costado surponiente del atrio de la
Catedral Metropolitana en la Plaza de la Constitución.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México invita a la ceremonia cívica que con motivo del Día de la Bandera, tendrá lugar
el 24 de Febrero a las 8:00 horas, en el patio poniente del palacio del ayuntamiento del
Distrito Federal, Plaza de la Constitución.
De los congresos de los estados de: Baja
California, Chiapas, Jalisco y San Luis Potosí.
Iniciativas de legisladores
De reformas a diversos artículos del
Código Fiscal de la Federación, a cargo del senador José Antonio Aguilar Bodegas, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo decimosexto
transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002,
a cargo del senador Francisco Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 73 y otros
artículos constitucionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
De ley que establece modificaciones en
materia indígena, suscrita por un grupo plural de diputados. (Turno a comisión.)
Oficios de la Secretaría de
Gobernación
Con el que remite copia del oficio del
director general de Gas y Petroquímica Básica de Petróleos Mexicanos, en relación al
punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores.
Con el que remite copia del oficio del
director general de Radio, Televisión y Cinematografía, en relación al punto de acuerdo
aprobado por la Cámara de Diputados.
Dos, por los que solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos Michel Yvan Stinglhamber de Brouwer y
Artemio Santos Santos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren
gobiernos extranjeros. (Turno a comisión.)
Dos, por los que solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos Ennio López Mora, Andrés de
González-Argüelles Guasque, Carlos Olvera Moreno, Soraya Renée Garduño Estrada, Brenda
Cruz Hernández, Paola Dominic Arozamena Aguilar, José Joel López Moreno, Manuel Mora
González, María Esther Rojas Castañeda y Héctor Aguirre Osuna, puedan prestar
servicios a gobiernos extranjeros y comunica que ha dejado de prestar servicios el
ciudadano Marco Antonio García Cárdenas, en la Embajada de Estados Unidos de América en
México. (Turno a comisión.)
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión con punto de
acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Margarita Diéguez y Armas, como
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Kenia.
De la Segunda Comisión con punto de
acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Eliezer Morales Aragón, como embajador
extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Bolivia.
De la Segunda Comisión con punto de
acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Héctor Antonio Romero Barraza, como
cónsul general de México en Vancouver, Canadá.
De la Segunda Comisión con punto de
acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Juan Carlos Cue Vega, como cónsul general
de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América.
Ocho, de la Segunda Comisión con puntos de
acuerdo por los que se ratifican grados a miembros del Ejército mexicano.
De la Tercera Comisión con punto de
acuerdo relativo a la proposición presentada por la diputada Miroslava García Suárez,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se congele el
incremento anunciado en las tarifas eléctricas.
De la Tercera Comisión con punto de
acuerdo relativo a la proposición presentada por el senador Elías Miguel Moreno
Brizuela, a nombre de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución
Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, para solicitar
se exhorte a las autoridades del ISSSTE, hagan uso racional de los recursos, para
beneficio de los derechohabientes.
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, Francisco
Javier Ortiz Ortiz, Horacio Ornelas García, José Guillermo Ordorica Robles, Ezequiel
Osorio Chiñas, José Luis Vergara Ibarra y José Santiago Valdés Alvarez, para aceptar y
usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de Corea, Federativa
de Brasil, Santa Sede y la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC, EUA,
respectivamente.
La Cámara de Senadores, para los efectos
del inciso g del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos,
para el mes de febrero de 2002 y el ejercido en el mes de enero.
Proposiciones
Con punto de acuerdo relativo al gobierno
del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el Presidente
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comparezca ante las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos de la Cámara de
Senadores, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre créditos
incobrables y controvertidos, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo
Federal realice las acciones pertinentes para que se destinen los recursos del Fonden,
para atender a los damnificados de las nevadas acaecidas en distintas entidades de la
República Mexicana, a cargo del diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el régimen
fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre violación a los
derechos humanos en el Estado de Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para la equidad y el
fortalecimiento de las universidades públicas de los estados, a cargo del senador Armando
Chavarría Barrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre la Reforma del Estado, a
cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Posicionamiento del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, en relación a los procesos electorales realizados
este año en el país.
Comentarios sobre educación superior, a
cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la guerra sucia, la
fiscalía especial y la comisión de la verdad, a cargo del senador Armando Chavarría
Barrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día.
La diputada María Miroslava García
Suárez
(desde su curul):
¡Señor Presidente!
El Presidente:
Dígame, señora diputada.
La diputada María Miroslava García
Suárez
(desde su curul):
Quiero solicitar a la Presidencia si se
puede incorporar en la agenda política un punto referido, en este caso, al combate a la
corrupción.
Solicito amablemente a la Mesa Directiva
que pueda someter a consideración de esta honorable Asamblea la petición que hago.
El Presidente:
Hemos recibido esa solicitud. La
resolverá en el curso de la sesión la Mesa Directiva, en atención al desahogo de los
puntos que están ya consignados.
La diputada María Miroslava García
Suárez
(desde su curul):
Agradezco su atención, señor Presidente.
El Presidente:
Como verán, tenemos un orden del día
muy amplio y por lo tanto esta Presidencia anticipa que al cumplirse las cuatro horas de
la sesión, pondrá a consideración del pleno la posibilidad de terminar la sesión y
dejar algunos asuntos para la próxima.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en
la Gaceta Parlamentaria y se procede a su votación.
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán
Lagunes:
Por instrucciones de la Presidencia se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se
procede a su votación.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles trece de febrero de dos mil
dos, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima
Octava Legislatura.
799,800,801
Presidencia del diputado
José Guillermo Anaya Llamas
En el Salón Legisladores de la
República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con una asistencia
de treinta legisladores, a las once horas con diecinueve minutos del miércoles trece de
febrero de dos mil dos, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión
anterior en votación económica.
Comunicación del Instituto de Cultura de
la Ciudad de México por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo
septuagésimo primer aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero. Se designa
comisión para representar a la Comisión Permanente.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Michoacán, con la que invita a la sesión
solemne en la que el ciudadano Lázaro Cárdenas Batel, rendirá protesta como gobernador
constitucional del Estado. Se designa comisión para asistir en representación de la
Comisión Permanente.
Guanajuato, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Guerrero, con acuerdo por el que se
pronuncia en contra del incremento a las tarifas de peaje en las autopistas del país,
particularmente en la del Sol. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de
Transportes de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de
la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Jalisco, con acuerdo para solicitar a las
secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, informen al Congreso local sobre las acciones tendientes a combatir y
controlar la venta de betanálogos. Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento
Industrial y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Michoacán, con acuerdo por el que exhorta
al Poder Ejecutivo Federal, posponer la instrumentación de los incrementos en las tarifas
del servicio de energía eléctrica, derivados de la cancelación de subsidios. Se turna a
las comisiones de Energía de las cámaras de Diputados y de Senadores.
San Luis Potosí, con acuerdo por el que
solicita la incorporación del programa IMSS-Solidaridad al Instituto Mexicano del Seguro
Social y se transfieran los recursos económicos necesarios. Se turna a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados.
San Luis Potosí, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Tlaxcala, con acuerdo por el que se adhiere
al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Colima, en el que se pronuncia a favor
de que se erradique cualquier práctica discriminatoria hacia los trabajadores. Se turna a
las comisiones de Trabajo y Previsión Social de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Yucatán, dos, con las que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
El Congreso del Estado de Jalisco, remite
dos iniciativas con proyectos de decreto que reforman:
La fracción sexta del apartado B del
artículo veinte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Los artículos veintisiete y ciento quince
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de
Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo,
de la Cámara de Diputados.
El Congreso del Estado de Veracruz remite
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo treinta y
uno de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de
Energía de la Cámara de Senadores.
El Presidente informa de la recepción de
las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:
Que reforma el párrafo primero y deroga el
párrafo segundo del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de dos mil dos, suscrita por el diputado Arturo Bonifacio de la
Garza Tijerina, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Que reforma el último párrafo del
artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
suscrita por el diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución
Democrática. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados.
Se concede la palabra al legislador José
Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos cincuenta y cinco, ochenta y
dos y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con la recepción de dos
iniciativas suscritas por la diputada María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la
Revolución Democrática, con proyectos de decreto por los que:
Se reforman y adicionan diversas
disposiciones de las leyes: Orgánica de la Administración Pública Federal; Federal de
Entidades Paraestatales; de Planeación; de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal; de la Comisión Reguladora de Energía, y del Servicio Público de Energía
Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Se reforman y adicionan los artículos
setenta y seis y setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La diputada María Miroslava García
Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona dos párrafos al artículo veintiséis de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Dos, con los que remite copias de sendos
oficios del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el caso del
mexicano Roberto Chávez Reséndiz, y del gobernador del Estado de Tamaulipas, relativo a
los derechos de los usuarios de la cuenca del río Bravo, ambos en relación con puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Remítanse a la Cámara de Senadores.
Uno, con el que remite copia de oficio del
Oficial Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en relación
con un punto de acuerdo sobre los programas asistenciales en la región del Soconusco,
Chiapas, aprobado por la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Desarrollo
Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Tres, con los que solicita los permisos
constitucionales necesarios para que los ciudadanos mexicanos: Carlos María Abascal
Carranza, Miguel Stuart Escobedo y Fulda y Mario Alberto Góngora Villarreal, puedan
aceptar y usar las condecoraciones que les confieren su alteza real, don Carlos de
Borbón, el gobierno del Reino de Bélgica y la Armada de Chile, respectivamente. Se
turnan a la Primera Comisión.
Dos, con los que solicita los permisos
constitucionales necesarios para que cuatro ciudadanos mexicanos, puedan prestar servicios
a gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos mexicanos: Miguel Pedro Angel
Marín y Bosch, Francisco Javier Ortiz Ortiz, Horacio Ornelas García, José Guillermo
Ordorica Robles, Ezequiel Osorio Chiñas, José Luis Vergara Ibarra y José Santiago
Valdés Alvarez, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de la
República de Corea y Federativa de Brasil, la Santa Sede y la Junta Interamericana de
Defensa de Washington, DC, Estados Unidos de América. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con
proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a
la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias, a celebrarse durante el
primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. Es de
primera lectura.
La Asamblea dispensa la segunda lectura al
dictamen en votación económica y sin discusión se aprueba el proyecto de decreto por
treinta y un votos en pro y tres en contra. Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
Dos dictámenes de la Primera Comisión,
con proyectos de decreto que conceden los permisos necesarios para que los ciudadanos:
Salvador Rocha Díaz, pueda aceptar y usar
la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Rumania.
Bernabé Bernardo Chávez Lira, pueda
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa
de Brasil.
Son de segunda lectura.
Sin discusión se aprueban por treinta
votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Tercera Comisión, con punto
de acuerdo para requerir al Secretario de Economía y al Procurador Federal del
Consumidor, se instrumenten las medidas necesarias para evitar los injustificados
incrementos a los precios y otras prácticas especulativas en perjuicio de la economía
familiar. Se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
La Presidencia informa de la recepción de
una excitativa a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, suscrita por la
diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, en
relación con una proposición con punto de acuerdo sobre tarifas eléctricas, presentada
el día veintiocho de febrero de dos mil uno. El Presidente formula la excitativa
correspondiente.
Suben a la tribuna, para presentar
proposiciones con punto de acuerdo, los legisladores:
Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido
Revolucionario Institucional, para que el Tribunal Unitario Agrario del distrito número
cuarenta y uno, dicte la resolución en el expediente número noventa y cuatro cero
trescientos cuarenta y tres/noventa y seis, del poblado Potrero o Plan de Amates,
municipio de Acapulco, Guerrero y solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea considera de urgente
resolución el asunto en votación económica y sin discusión se aprueba de la misma
manera. Comuníquese al Ejecutivo.
Francisco Fraile García, del Partido
Acción Nacional, en relación con la sección primera en el Estado de Puebla, del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Se turna a la Primera Comisión.
Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido
Revolucionario Institucional, para exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público,
a fin de que instruya a los ejecutores responsables del gasto en todas las dependencias
del Gobierno Federal y del sector paraestatal, para que ejerzan el gasto aprobado por el
Poder Legislativo para el Ejercicio Fiscal de Dos mil Dos, evitando subejercicios. Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
María Miroslava García Suárez, del
Partido de la Revolución Democrática, en relación con los sobrejercicios ocurridos en
el rubro de servicios personales del Ejercicio Fiscal de Dos mil Uno. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Se refieren al mismo tema los legisladores:
Sara Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de México y Jaime Salazar
Silva, del Partido Acción Nacional.
José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido
Verde Ecologista de México, para que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apliquen correctamente lo establecido en el
artículo ciento noventa y ocho de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido
de la Revolución Democrática, sobre la situación económica del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y solicita trámite de urgente
resolución.
La Asamblea, en votación económica, no
considera el asunto de urgente resolución.
Hablan sobre el mismo tema los
legisladores: Miguel Angel Navarro Quintero, del Partido Revolucionario Institucional;
Abelardo Escobar Prieto, del Partido Acción Nacional; Elías Miguel Moreno Brizuela, del
Partido de la Revolución Democrática; Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido
Revolucionario Institucional; Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional, e
Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos, los legisladores: Elías
Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática, y Gerardo Buganza
Salmerón, del Partido Acción Nacional, quien es interrumpido por el legislador Miguel
Angel Navarro Quintero, para solicitar una moción de orden que el Presidente atiende.
802,803,804
Contestan alusiones personales los
legisladores: Ildefonso Guajardo Villarreal y Gerardo Buganza Salmerón, del Partido
Acción Nacional, quien es interrumpido por el legislador Elías Miguel Moreno Brizuela
para solicitar una moción de orden, que el Presidente no considera pertinente y desde su
curul, el legislador Alejandro Zapata Perogordo solicita moción que el Presidente
atiende.
Rectifica hechos el legislador Miguel Angel
Navarro Quintero, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el tema en votación económica y el Presidente turna la proposición con punto
de acuerdo del legislador Elías Miguel Moreno Brizuela a la Tercera Comisión.
Continúan la presentación de
proposiciones con punto de acuerdo, los legisladores:
José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido
Verde Ecologista de México, sobre el proceso electoral en el Estado de Quintana Roo y
solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea, en votación económica, no
considera el asunto de urgente resolución y el Presidente turna la proposición a la
Primera Comisión.
Juan Carlos Regis Adame, del Partido del
Trabajo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, dé cabal cumplimiento a la
recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del
general José Francisco Gallardo Rodríguez.
Hablan sobre el mismo tema los
legisladores: Alfredo Ochoa Toledo, del Partido Revolucionario Institucional y durante su
intervención solicita a la Presidencia instruir a la Secretaría para dar lectura a una
parte de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del
general José Francisco Gallardo Rodríguez, solicitud que el Presidente atiende;
Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional y David Jiménez González, del
Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente turna la proposición del
legislador Juan Carlos Regis Adame a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados.
Antes de la intervención del legislador
Alejandro Zapata Perogordo, el Presidente saluda la presencia en el salón del Comisionado
de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Se concede el uso de la palabra, para
referirse a la desaparición del señor Leovigildo Chiau Medina, en el Estado de Veracruz,
a los legisladores: Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución
Democrática y José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional.
Se refieren a las declaraciones del
embajador de Alemania en México, respecto a la apertura del sector energético, los
legisladores: Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución
Democrática y Juan Camilo Mouriño Terrazo, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las quince horas con treinta minutos, citando para la que tendrá lugar el
miércoles veinte de febrero de dos mil dos, a las once horas.»
El Presidente:
Proceda la Secretaría a someter a
consideración el acta.
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán
Lagunes:
Esta a discusión el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.
COMISION NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la
presentación por el doctor José Luis Soberanes Fernández, del informe de actividades de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se designa en comisión para que lo
introduzcan a este recinto a los siguientes legisladores:
Senadores: Sadot Sánchez Carreño, Micaela
Aguilar González, Ricardo Gerardo Higuera; diputados: Rodolfo Escudero Barrera y Juan
Carlos Regis Adame.
(La comisión cumple su cometido.)
Se encuentra entre nosotros el señor José
Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para
presentar el informe de actividades de dicha Comisión, correspondiente al periodo del 16
de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001.
Están también entre nosotros los
presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y
de Derechos Humanos del Senado de la República.
Tiene la palabra el señor José Luis
Soberanes Fernández.
El presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
José Luis Soberanes Fernández:
Señor Presidente de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión; señoras y señores legisladores de la República;
señoras y señores miembros del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos; señoras y señores presidentes de comisiones estatales de Derechos Humanos:
Aprovecho la oportunidad también para
agradecer la asistencia de mis compañeros de trabajo y miembros de organizaciones no
gubernamentales de Derechos Humanos que me honran con su presencia esta mañana.
En acatamiento de lo dispuesto en el
artículo 102 constitucional, apartado B, comparezco ante esta soberanía para presentar
el informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, correspondiente al
periodo que va del 16 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001. Dicho informe ha
sido entregado inextenso a todos los legisladores federales y ahora sólo comparezco para
hacer una breve exposición y diagnóstico del mismo.
No quiero iniciar este informe sin señalar
que la compleja realidad social de nuestro país y la marginación de muchos millones de
compatriotas, imponen fuertes condicionamientos al avance de la justicia y a la plena
vigencia de los derechos humanos.
Nuestra experiencia en la CNDH nos dice que
la impunidad, la prepotencia, el abuso del poder y los ataques a la dignidad de las
personas ocurre con mayor frecuencia cuando los agraviados padecen ignorancia y pobreza,
expresiones de una extrema injusticia que es caldo de cultivo de otras violencias y otras
violaciones a los derechos elementales de las personas. Por ello, sabemos que si como
país no avanzamos en la mejora de las condiciones de vida de nuestros compatriotas, los
derechos humanos seguirán siendo lastimados, por así decirlo, en su cuna; el derecho a
comer, a crecer, a madurar sanos, libres y con educación.
La cultura mexicana de respeto a los
derechos humanos es incipiente y todavía frágil. Que gobernantes y gobernados se sienten
y actúen como sujetos reales del orden jurídico sigue siendo uno de los grandes reclamos
en un país necesitado de reafirmar la legalidad como el principal factor de convivencia y
de solución legítima de conflictos.
La autoridad debe tomar conciencia de que
cumplir sus tareas con estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos de los
gobernados, es su tarea principal. Todavía hoy vemos con demasiada frecuencia,
autoridades que consideran la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o
de las comisiones estatales, como una afrenta a su gestión y no como un ejercicio cívico
y legal de colaboración que ayuda a corregir errores, a perfeccionar normas, conductas y
actitudes y a combatir la impunidad.
No olvidemos que si la sociedad exige que
se persigan y sancionen los ilícitos que cometen los particulares, esta exigencia se
convierte en clamor general y en fuerte reclamo cuando los autores de un delito o falta
administrativa son servidores públicos.
Un hecho que por desgracia no ha sido
excepcional en nuestra experiencia reciente, es la conducta omisa y evasiva de algunas
autoridades que aceptan formalmente las recomendaciones de la comisión, pero no cumplen
con el compromiso de iniciar los procedimientos administrativos de sanción o las
denuncias que les correspondería hacer ante el Ministerio Público.
Este problema se manifiesta igualmente en
el recelo de algunas autoridades para rendir informes, aceptar medidas precautorias,
aportar pruebas, acudir a reuniones conciliatorias y en general, en obstaculizar en
ocasiones de manera clara y en otras solapada, el trámite de las quejas por parte de la
CNDH. Todavía hoy día hay autoridades que ante los señalamientos del ombudsman
reaccionan promoviendo descalificaciones y denostando a esta institución nacional.
Ante el rechazo o escasa disposición de
algunos funcionarios para escuchar los argumentos de la comisión, seguiremos recurriendo
a la comunicación directa con la sociedad y sus organizaciones, ejerciendo incluso la
denuncia pública e informando a los medios sobre las resoluciones a las que hemos llegado
tras analizar e investigar las quejas presentadas.
Sin cuestionar en este momento el carácter
no vinculatorio de nuestras recomendaciones, sostenemos y reiteramos nuevamente que la
fuerza de las mismas deriva de la vigencia del Estado de Derecho y de lo que establece
nuestra propia Carta Magna, así como del respaldo social que concite.
Por lo mismo, las autoridades únicamente
podrán eximir de acatarlas cuando demuestren, de manera fundada y motivada, que las
recomendaciones carecen de sustento, son incongruentes o inatendibles.
La seguridad pública sigue siendo una de
las mayores demandas de la sociedad, todas las personas tenemos derecho a vivir sin miedo,
con tranquilidad y seguridad; insistimos en que para combatir la inseguridad se requiere
profesionalismo en las corporaciones de policías, eficacia, honestidad y un compromiso
respecto a los derechos fundamentales.
El apego a la ley y a los reglamentos
permite que pueda distinguir con claridad entre lo que es el uso legítimo de la fuerza y
cualquier aplicación discrecional y arbitraria de la misma. Por ello insistimos en que
debe actualizar la legislación en materia de seguridad pública pues presentan muchos y
graves rezagos que propician prácticas al margen de la ley.
Las actividades que en los últimos meses
se han encomendado a elementos de la Policía Federal Preventiva, ponen en riesgo el
respeto a los derechos humanos al no existir normas claras sobre la actuación de esta
corporación en materia de prevención del delito.
Por ello resulta necesario normar el
ámbito de su actuación, el cual debe quedar expresamente fijado en la ley.
Lo mismo sucede en el caso de la
participación de efectivos militares en tareas de seguridad pública; debe de tenerse
presente que ésta no es una función propia del Ejército mexicano, el cual sólo, por
vía de cesión y nunca como regla, debe contribuir a estas labores.
La ubicación de retenes o puntos de
revisión carreteros y operativos oficiales no respaldados por un marco jurídico bien
definido, es motivo de preocupación para la Comisión Nacional por las frecuentes
violaciones de garantías que de ahí se cometen; los retenes, de acuerdo con la
apreciación social y lo observado por nuestros visitadores, no parecen ser obstáculos
importante para quienes llevan a cabo las actividades del crimen organizado, demasiado, a
menudo se convierten en focos de abuso y exacción contra personas cuya única falta es
querer circular con libertad por nuestro país.
No está de más reiterarlo, cualquier
actividad que en esta materia lleve a cabo la autoridad, debe enmarcarse también en la
legalidad y en el respeto irrestricto a las garantías individuales consignadas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos
internacionales que hemos signado y en las demás leyes que nos rigen.
Por otro lado, la seguridad nacional es una
de las áreas fundamentales para salvaguardar el territorio, regular la actividad de las
fronteras y anticipar riesgos y amenazas potenciales contra la vida y la economía del
país.
Por lo mismo, es indispensable que sus
términos estén claramente establecidos y expuestos en una ley en diversas ocasiones la
Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado a favor de la promulgación de
una Ley de Seguridad Nacional que especifique los alcances de las funciones de los
órganos de inteligencia para salvaguardar los intereses de la nación y los derechos de
los gobernados.
Las instancias de investigación y
seguridad nacional no deben convertirse en instrumentos de luchas facciosa o partidista ni
en centros de espionaje discrecional al servicio de personas o de grupos.
Es significativo el número de violaciones
a los derechos humanos que se cometen en el ámbito de la procuración de justicia, lo que
se traduce en una transgresión al derecho de toda persona a un efectivo acceso a la misma
y en desconfianza y temor de las víctimas del delito que muchas veces prefieren no
denunciar los hechos.
805,806,807
El Ministerio Público debe convertirse en
una auténtica representación social y trabajar con estricto apego a derecho, a fin de
que disminuyan las detenciones ilegales, los abusos de autoridad, la incomunicación y la
tortura, así como la indebida y/o deficiente integración de las averiguaciones previas.
El esfuerzo realizado por el Estado
mexicano para revertir la inseguridad debe también comprender un mayor apoyo y atención
a las víctimas del delito, generalmente desprotegidas ante las afectaciones de su vida,
su salud o sus bienes.
La CNDH tiene claro que sólo un mayor y
más tangible compromiso con la víctima y con la reparación del daño, podrá revertir
la percepción social de que los derechos humanos son sólo para los delincuentes.
En México, todo individuo tiene el derecho
de ser tratado de una manera digna, lo que demanda como presupuesto básico el
reconocimiento de sus derechos esenciales. Aun cuando este principio está formalmente
reconocido por nuestro sistema jurídico, en ocasiones algunos servidores públicos
violentan el derecho a que el honor y el buen nombre de las personas sea resguardado al
hacer públicas las imputaciones de hechos aun antes de que haya sido demostrada su
culpabilidad mediante juicios seguidos ante los tribunales.
Esta situación además de constituir un
agravio para el inculpado, vulnera de modo flagrante el derecho a la presunción de
inocencia.
Señoras y señores legisladores: la
experiencia acumulada en 11 años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos demuestra
que cualquier señal o indicio de conductas que violen garantías debe atenderse de
inmediato y supone, desde luego, la realización de actividades tendientes a evitar la
consumación del hecho violatorio pero hay que ir más allá, consolidar al mismo tiempo
la cultura de respeto a los derechos esenciales, la observancia de la ley y, por supuesto,
el Estado democrático de Derecho.
1. Defensa de los derechos humanos:
a) Quejas: durante el año 2001 se
registró un total de 8 mil 047 expedientes de los cuales 3 mil 626 fueron de queja; 352
de inconformidad; 2 mil 526 de orientación y 1 mil 543 de revisión.
Ejercicio indebido del cargo: negativa al
derecho de petición; trato cruel y/o degradante; detención arbitraria y negativa o
inadecuada prestación del servicio público de salud, son los principales hechos
violatorios denunciados.
De acuerdo con una encuesta directa entre
personas que acudieron a la CNDH, se logró brindar una atención de calidad calificada
por ellos mismos como excelente o buena, al 98.4% de las personas atendidas. El mismo
porcentaje de personas atendidas señaló que, en caso necesario, volvería a recurrir a
la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
b) Recomendaciones: en el periodo que
abarca este informe, la CNDH emitió 38 documentos recomendatorios que contiene 42
recomendaciones e involucran a 33 autoridades e instituciones: cinco fueron dirigidas a la
Procuraduría General de la República; tres a la Secretaría de Educación Pública; dos
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; dos al
gobierno del Estado de Jalisco; dos a la Secretaría de Seguridad Pública; una al
Ejecutivo Federal; una a Ferrocarriles Nacionales de México; otra al Banco Nacional de
Crédito Rural; otra a la Secretaría de Gobernación; otra a la Secretaría de Salud;
otra a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; otra más a la
Procuraduría General de Justicia Militar; una a la Comisión Nacional de Arbitraje en
México; una al Instituto Mexicano del Seguro Social y también una a los gobiernos de los
estados de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y
Yucatán; a los congresos de los estados de Jalisco y Morelos, a la Comisión de Gobierno
del Congreso del Estado de Guerrero, a los ayuntamientos de Axochiapan, Morelos; Catemaco,
Veracruz, y Pachuca, Hidalgo y una más a los presidentes municipales de Acayucan,
Veracruz; Apodaca, Nuevo León; Cuernavaca, Morelos; Iguala, Guerrero; San Miguel
Totolapan, Guerrero, y Tampico, Tamaulipas.
Fueron siete las autoridades que no
aceptaron nuestras recomendaciones, tal es el caso del ayuntamiento de Catemaco; los
presidentes municipales de Acayucan, Apodaca e Iguala, en Guerrero; el director general
del Banrural; el gobernador del Estado de Jalisco y en la mesa directiva del honorable
Congreso del Estado de Morelos.
Sin lugar a dudas, la recomendación más
significativa fue la 26/2001, relacionada con las 532 quejas sobre la desaparición
forzada de personas durante la década de los setenta y principios de los ochenta del
siglo pasado, pues por primera ocasión este organismo nacional dirigió una
recomendación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien la aceptó en todos
sus términos e inició obligatoriedad en su cumplimiento.
Destacan igualmente las siguientes
recomendaciones: la relativa al trato discriminatorio cometido por el Banco Nacional de
Crédito Rural contra una mujer a cuyo concubinario no se le permitió el acceso al
servicio médico al que tiene derecho.
La recomendación por violación a los
derechos humanos cometidos contra 194 personas, servidores públicos, durante el proceso
de investigación en relación con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, del Centro Federal
de Readaptación Social Número Dos en Puente Grande, Jalisco. La recomendación por
haberse acreditado que en los centros federales de readaptación social se realicen
revisiones corporales indignas a los visitantes, familiares y abogados, así como
violaciones a la correspondencia y a la dignidad de los reclusos y sus parejas al
videograbar sus relaciones íntimas.
La emitida por actos de tortura cometidos
en contra del señor Norberto Jesús Suárez Gómez y por incumplimiento de las medidas
cautelares solicitadas durante el arraigo al que fue objeto.
La recomendación por un hecho de
contracepción forzada en agravio de habitantes de las comunidades indígenas de La
Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán del municipio de Ayutla, Guerrero.
Otra por violación a los derechos humanos
cometida por funcionarios públicos de Jalisco, al haber incurrido en irregularidades en
tramitar la adopción internacional de nueve menores.
Y la recomendación por la posible
responsabilidad de los médicos que intervinieron en el caso de la señora Luz Divina
Castillo López, quien careció de atención médica de calidad durante su parto, lo que
tuvo como resultado la extracción de su matriz y un ovario y la muerte del producto.
Como organismo defensor y protestor de la
vigencia de los derechos humanos, el ombudsman no debe limitar su actuación a
conocer e investigar las violaciones a esos derechos y a orientar a las víctimas de los
mismos, sino que por su naturaleza debe buscar la prevención de las violaciones y la
identificación y modificación de las prácticas administrativas y de Gobierno que
constituyan un peligro para la vigencia de los derechos humanos.
Por ello se emitieron por vez primera en la
historia de la CNDH dos recomendaciones generales.
La recomendación general primera es por la
revisión indigna de que son objeto familiares, amistades y abogados de los internos en
centros de reclusión, tanto estatales como federales, en virtud de que tales hechos se
han presentado de manera reiterada, se solicitó que se instruyera a los titulares de las
dependencias encargadas de la prevención y readaptación social para que se elimine esta
práctica.
Asimismo se recomendó que en los centros
penitenciarios se coloquen anuncios sobre los derechos y obligaciones de los visitantes,
así como un buzón de quejas, se adquiera equipo y tecnología para detectar objetos y
sustancias prohibidas y se proporcione capacitación al personal de seguridad y custodia
sobre el trato que deben dar a las personas que visitan a los internos, expidiéndose para
tal efecto los correspondientes manuales de procedimientos.
Por su parte, la recomendación general se
originó por las frecuentes detenciones arbitrarias que los agentes de la policía
realicen en su actuar.
En este caso se solicitó a las autoridades
instruyan a los agentes de la Policía Judicial y elementos de las corporaciones
policiacas en general, para que en forma inmediata cesen las detenciones arbitrarias. A
los agentes del Ministerio Público para que den vista a los órganos de control interna
respecto a las detenciones arbitrarias que sean de su conocimiento y de proceder se inicie
la averiguación previa respectiva.
Igualmente, se recomendó que en los cursos
de capacitación, actualización y derechos humanos dirigidos a los servidores públicos
de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública se fortalezcan los temas
relacionados con esta problemática para suprimir totalmente esta práctica.
Segunda. Programas especiales:
A. Presuntos desaparecidos.
Además del caso de los desaparecidos de la
llamada guerra sucia, en el periodo que abarca este informe, el programa especial sobre
presuntos desaparecidos concluyó 67 casos, encontrándose a 15 personas con vida y una
fallecida.
Asimismo se concluyeron las investigaciones
sobre 532 casos de desaparición de personas de la década de los setenta y principios de
los ochenta del Siglo XX, cuyo resultado fue presentado en la opinión pública el 27 de
noviembre de 2001 y dieron origen a la recomendación 26/2001 dirigida al Presidente de la
República a la cual ya se hizo referencia.
El programa de presuntos desaparecidos
continúa abierto a la atención de personas que desean plantear otros casos o aportar
testimonios adicionales sobre casos ya investigados o en proceso de investigación.
B. Agravio a periodistas y defensores
civiles de derechos humanos.
Programa de agravio a periodistas y
defensores civiles de la CNDH se abocó a conocer no sólo de las quejas presentadas
directamente por periodistas y defensores civiles, sino también a la investigación de
oficio de cualquier asunto en el que se pudiera haber vulnerado sus derechos.
En el año 2001 se recibieron 21 quejas de
trabajadores de los medios de comunicación, las principales violaciones a los derechos
humanos de los comunicadores fueron: intimidación, amenazas, violación al derecho a la
libertad de expresión, lesiones, ejercicio indebido de la función pública.
Asimismo se recibieron 12 quejas de
defensores civiles. Las violaciones reportadas fueron: amenazas, intimidación y ejercicio
indebido de la función pública.
En el caso del homicidio de la licenciada
Digna Ochoa, cabe señalar que la Comisión Nacional radicó desde el 3 de septiembre de
1999 el expediente de queja por amenazas denunciadas por integrantes del Centro de
Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. En ese momento se solicitó a las
autoridades instrumentar medidas cautelares a fin de preservar la integridad de estas
personas.
El 19 de octubre, día del asesinato de
Digna Ochoa, personal de esta institución estuvo presente en las actuaciones ministrales
que se realizaron, se ofreció asistencia a los familiares de la abogada y a los miembros
del centro pro.
En el caso de los cinco defensores civiles
de Derechos Humanos que fueron amenazados, la Comisión Nacional se mantiene en contacto
con ellos todavía y ha solicitado a las autoridades investigar los hechos y tomar las
medidas necesarias para garantizar su integridad física.
Gracias a un trabajo de compilación
hemerográfica este organismo nacional pudo documentar 116 casos de violaciones a derechos
humanos de 87 periodistas y 29 defensores civiles, quienes denunciaron públicamente
algún tipo de acción para tratar de obstaculizar su labor.
La intimidación, las amenazas, el
hostigamiento, la persecución y el espionaje telefónico son algunas de las violaciones a
los derechos humanos que sufren cada día los periodistas y los defensores civiles en el
desempeño de su profesión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado
por la instrumentación de mecanismos efectivos que garanticen y protejan este grupo
vulnerable, asimismo, se ha manifestado a favor de una legislación moderna en materia de
derecho y a la información que garantice un amplio marco de ejercicio a la libertad de
expresión y respeto a la privacidad. El derecho a la información implica necesariamente
una responsabilidad frente a la sociedad.
C. Sistema penitenciario y centros de
internamiento.
Las condiciones en que se encuentra el
sistema penitenciario nacional son deplorables. Las violaciones a los derechos humanos en
los centros de reclusión son una constante, sin que desafortunadamente se vislumbre
alguna solución para un futuro inmediato, pues al cuadro de problemas crónicos que
caracteriza su funcionamiento debe agregarse la insuficiencia de los presupuestos
públicos en esta materia.
En el periodo que abarca este informe, la
Comisión Nacional realizó 155 visitas a centros de reclusión de 19 entidades
federativas. En estos recorridos se constataron, entre otras irregularidades, la
permanencia del autogobierno por parte de los internos con la complacencia de las
autoridades; insuficiencia de elementos de seguridad y custodia; instalaciones
deterioradas; sobrepoblación y hacinamiento; corrupción de servidores públicos; poca o
nula promoción de actividades laborales remuneradas; deficiencias y carencias en materia
de servicios médicos e indebida atención de enfermos mentales e infectocontagiosos;
tráfico de drogas; imposición arbitraria de sanciones disciplinarias; inadecuada
separación entre procesados y sentenciados; escasez de centros especialmente diseñados
para mujeres y la casi nula atención para las niñas y niños que permanecen con sus
madres dentro de las cárceles, condiciones todas éstas que degradan y vulneran la
dignidad de las personas que permanecen en reclusión.
808,809,810
Por lo que hace a los menores infractores,
se practicaron 13 supervisiones, observándose que en muchos casos la situación en que se
encuentra es igual o incluso peor que la de los adultos en reclusión, con el agravante de
que su ingreso y permanencia en los centros de tratamiento puede generar consecuencias
negativas en su formación y ser el inicio de toda una vida delictiva.
D. Migrantes.
Otro aspecto que requirió especial
atención por parte de la CNDH y lo sigue requiriendo es el relativo al respeto de los
derechos humanos de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros.
En el periodo que se informa, este
organismo nacional realizó visitas a 98 estaciones y sitios migratorios en los estados de
Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero,
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
De igual manera se colaboró para que los
paisanos que regresen al territorio nacional durante las fiestas de fin de año lo
hicieran sin sufrir violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades
aduaneras, migratorias y policiacas, para lo cual se realizaron recorridos y supervisiones
a los lugares de paso en esas fechas. Dentro de este contexto, 44 visitas correspondieron
a puentes internacionales, garitas, terminales aéreas y centros de autobuses de la
frontera norte.
Asimismo, con el propósito de brindar una
mejor y más oportuna atención a la zona, esta Comisión Nacional abrió en el mes de
agosto pasado, su oficina de la frontera sur con cede en la ciudad de Tapachula, Chiapas.
E. Cultura y derechos humanos de los
pueblos indígenas.
Con el propósito de avanzar en la
concreción de la reforma constitucional para los derechos indígenas, la CNDH ha
planteado la pertinencia de analizar distintos ordenamientos legislativos de carácter
secundario que se considera necesario modificar. Tal es el caso de la Ley General de
Educación, para que se establezca la educación bilingüe e intercultural, la
alfabetización y la capacitación productiva; la Ley General de Salud para que se
reconozca la práctica de la medicina tradicional para fines curativos y rituales; la Ley
de Planeación para que los gobiernos Federal, estatales y municipales, incluyan esquemas
que definan la participación de los indígenas en la planeación del desarrollo y la Ley
de Coordinación Fiscal para que se incluya un rubro especial que fortalezca a los pueblos
y comunidades indígenas.
De la misma manera se propone revisar la
Ley de Caza y Pesca, para que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas a
proveerse de sustento por medio de esas actividades; la Ley Federal de Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticos e Históricos para que se agregue también como materia de
tutela, los sitios sagrados de los indígenas; la Ley Federal de Defensoría Pública para
que se contemple la creación de una unidad de defensores públicos bilingües en los
juicios del orden federal y otras similares a nivel estatal.
Formulamos 3 mil 536 propuestas para la
liberación anticipada de indígenas internos en centros penitenciarios. Por libertad
anticipada con purgamiento de pena, remisión de la pena, tratamiento de preliberación o
libertad preparatoria, se logró que salieran 922 indígenas de los penales. Al respecto
cabe mencionar que de acuerdo con los datos con que cuenta este organismo nacional hay hoy
en día 7 mil 324 indígenas internos en todo el país, de los cuales 1 mil 936 pertenecen
al fuero federal y 5 mil 388 al común.
Otra actividad prioritaria para la CNDH es
el respeto a los derechos de los indígenas que por motivos laborales se ven forzados a
abandonar su lugar de origen para emigrar a otros estados o regiones del país.
En este rubro se ha iniciado un Programa de
Visitas a las Regiones Receptoras de Mano de Obra Indígena para observar las condiciones
de los derechos humanos, de los migrantes en territorio nacional a efecto de promover que
las autoridades establezcan las acciones conducentes para garantizar su acceso a los
servicios de salud, educación etcétera.
F. Altos y Selvas de Chiapas.
El Programa para los Altos y Selvas de
Chiapas, con cede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, realizó diversas acciones
de particular trascendencia, del 25 de febrero al 11 de marzo, con el fin de garantizar el
pleno respeto de los derechos humanos se participó en la marcha y recorrido que los
integrantes del EZLN realizaron por diferentes entidades federativas y que culminó en la
Ciudad de México; en tanto que los días 28 de agosto, 30 de septiembre y 22 de octubre,
se acompañó el retorno que miembros de la organización "Las Abejas",
desplazados desde el año de 1997, realizaron a sus comunidades de origen.
G. Grupos vulnerables.
La problemática que en materia de derechos
humanos afecta a la sociedad resulta ser más devastadora con aquellos grupos de personas
que, por su edad, estado de salud, condición física, sicológica, económico-social, son
considerados como vulnerables.
Tal es el caso de las niñas y los niños,
las mujeres, las personas de la tercera edad, los discapacitados y quienes viven con el
VIH-Sida.
La protección de los menores de edad como
grupo altamente vulnerable, demanda políticas de Estado y estrategias y de actuación,
encaminadas a abatir la explotación sexual y laboral, las adopciones ilegales, la
marginación como resultado del abandono por parte de sus padres, la violencia familiar y
la drogadicción.
En el caso de las mujeres, siguen
existiendo formas abiertas y sutiles de discriminación y de violencia. La garantía de
que las mujeres deben gozar de los derechos que ampara el orden jurídico mexicano en
igualdad de condiciones al resto de la población, no es una realidad en los hechos, choca
a diario con numerosos patrones de consulta machista y excluyen que impide el pleno
ejercicio de tales prerrogativas.
A muchas personas de la tercera edad se les
niega, tanto en el ámbito laboral público como en el privado, la posibilidad de
participar activamente en actividades remuneradas, generalmente estas personas no exigen
asistencia sino que la sociedad les den espacios para seguir desarrollándose, lo cual
hasta el momento no se ha logrado.
También los discapacitados ven
transgredidos sus derechos fundamentales, debido a la insuficiencia de servicios de
educación especializada, salud y rehabilitación de empleo y de medidas urbanísticas
acordes a sus requerimientos.
Otro de los grupos que requieren de una
atención especial, por las constantes violaciones a sus derechos humanos, son los que
padecen el VIH-Sida. Una de las consecuencias más negativas a este respecto, ha sido la
generación del trato discriminatorio e intolerante hacia ellos, tal situación se vuelve
particularmente grave en los centros de reclusión, donde las personas infectadas con el
virus son segregadas y el tratamiento que reciben es totalmente inadecuado.
Como parte del Programa de Asuntos de la
Mujer, la Niñez y la Familia, se promovieron las jornadas nacionales de salud para
mujeres reclusas y sus hijos y se celebraron diversas reuniones de trabajo, para poner en
marcha un programa de niños promotores, a fin de que un menor de cada grupo de educación
primaria, efectúe charlas entre sus compañeros, apoyándose en el material elaborado por
este organismo nacional.
Igualmente se actualizó el directorio de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la red de apoyo a las mujeres,
niñas y niños, a efecto de que las ciudadanías conozcan los datos de las instituciones
que la integran y puedan acudir a ellas, con el propósito de recibir asesoría y otros
servicios.
Con el ánimo de ampliar los mecanismos de
protección para la mujer y la niñez, en contra del abandono y el incumplimiento de las
obligaciones alimenticias, se celebró un convenio de colaboración con el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para promover que prestadores
del servicio social de la licenciatura en derecho en todo el país, brinden asesoría
jurídica gratuita en la materia a quienes requieran de este auxilio.
Paralelamente se revisaron los códigos
civiles y de procedimientos civiles de las 32 entidades federativas, en relación a los
procedimientos de adopción, con miras a iniciar una campaña de prevención y
erradicación de las adopciones que ponen en riesgo a la niñez.
Además como parte de nuestras actividades
en materia penitenciaria y de atención a grupos vulnerables, se organizaron varias mesas
redondas, con las cuales se conoció que la primera causa de muerte entre los internos en
reclusión del Distrito Federal, las enfermedades asociadas al contagio del VIH-Sida,
destacándose la urgencia de iniciar campañas de alerta y prevención dirigidas a los
internos y sus familiares y al mismo tiempo sensibilizar a la sociedad en general sobre
este problema, tal y como lo ha hecho este organismo durante este periodo.
Debe quedar claro que la falta de una
atención integral a los grupos vulnerables, constituye un problema de relevancia
nacional, por lo que es menester fomentar una mayor conciencia tanto en las autoridades
como entre la sociedad a este respecto.
H. Víctimas del delito.
Durante el periodo que se informa, el
Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional, recibió 985
solicitudes de apoyo, de las cuales 274 se plantearon en forma directa por los
interesados, 681 por vía telefónica y 30 por escrito; alrededor del 70% de las consultas
fueron relativas a cuestiones penales y 281 a situaciones de índole familiar, civil o
administrativa.
I. Asuntos internacionales. En el ámbito
internacional, la comisión ha dado puntual seguimiento a la agenda de los derechos
humanos en los foros del sistema de Naciones Unidas y del sistema americano, participando
en la formulación de diversas resoluciones y declaraciones.
La CNDH desempeñó un papel activo en el
intercambio de experiencias con instituciones de defensa y protección a los derechos
humanos de otras naciones al promover la celebración de convenios y organizar el V
Congreso de la Federación Iberoamericana del ombudsman en la Ciudad de México,
donde desempeñó un papel determinante en la creación de la red de instituciones
nacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos del Continente Americano y
fue elegida para ocupar la vicepresidencia del Comité Coordinador Internacional de
Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, organismo
que sirve de enlace entre la ONU y los ombudsman de todo el mundo.
Promoción de los Derechos Humanos.
A. Capacitación y formación. La CNDH
dirige sus actividades de capacitación en derechos humanos hacia tres segmentos
principales:
1. Servidores públicos encargados de
salvaguardar la seguridad de la población.
2. Servidores públicos del sistema
educativo.
3. Grupos vulnerables, por tratarse de
personas cuyas garantías presentan mayor riesgo de ser violentadas.
En relación con los servicios
bibliotecarios de la Comisión Nacional, el acervo del Centro de Documentación y
Bibliotecas se incrementó con 1 mil 678 volúmenes, lo cual permitió atender la demanda
de información de 4 mil 327 usuarios, quienes tuvieron acceso no sólo a textos impresos,
sino también a material audiovisual.
Por lo que hace a las publicaciones, en el
periodo que se informa se editaron 31 mil ejemplares de distintos libros especializados en
derechos humanos, 39 mil ejemplares de la Gaceta de la comisión, 38 mil 500 de la
Carta de Novedades en su versión español e inglés, así como 3 mil 58 folletos; 118 mil
carteles, 274 mil trípticos y 90 mil cartillas de diversos temas en la materia; además
la tarea de edición y publicación se complementó con la distribución de 1 millón de
ejemplares de la producción editorial de esta Comisión Nacional.
Relaciones con instituciones públicas y
organismos no gubernamentales.
A. Instituciones públicas. En este periodo
se han emprendido diversas acciones encaminadas a estrechar los lazos entre la Comisión
Nacional y otras instituciones públicas tanto del ámbito federal como local. Tal es el
caso de la Primera Reunión Nacional del Poder Legislativo e instituciones públicas de
derechos humanos, celebrada en la ciudad de Puebla en abril de 2001 que tuvo como
preparativo cuatro reuniones regionales realizadas en Oaxaca, Toluca, Chihuahua y Durango.
En dichos encuentros se organizaron
conjuntamente la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos; participaron más de 400 personas entre ellos
senadores y diputados al Congreso de la Unión, legisladores locales, representantes de
organismos públicos de derechos humanos, académicos, estudiantes, servidores públicos,
profesionistas independientes y miembros de organismos no gubernamentales.
B. Organismos públicos de derechos
humanos. El avance en la consolidación de la cultura de respeto a los derechos humanos,
es una tarea colectiva que requiere de la participación solidaria de quienes han asumido
particularmente el compromiso en tal lucha.
Los organismos públicos encargados de
tutela, deben renovar cotidianamente sus empeños y unir sus esfuerzos para hacer de su
actividad una labor eficaz, honesta y decidida que no se retraiga ante los signos de
intolerancia de quienes pretenden desvirtuar su retroactuación.
811,812,813
C. Organismos no gubernamentales. En el
nuevo contexto de la participación social, las relaciones de la CNDH con organizaciones
no gubernamentales son de particular importancia. En el periodo que se informa se
realizaron 111 reuniones de trabajo en las que participaron 4 mil 847 integrantes de
organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada, destacándose el
primer encuentro regional entre la Comisión Nacional, las comisiones locales y las
organizaciones no gubernamentales, en las que participaron los ombudsman de
Guanajuato, México, Morelos, Querétaro y el Distrito Federal.
Administración y formación automatizada.
a) Administración. La Comisión Nacional
de Derechos Humanos se ha visto en la necesidad de adecuar elementos programáticos
presupuestarios para optimizar el aprovechamiento de los recursos que le fueron asignados.
Hoy, la institución opera con un presupuesto plenamente vinculado a sus funciones,
actividades, programas, indicadores y metas, de modo que la evaluación al desempeño de
cada área y de la propia comisión en su conjunto, así como el correcto, racional y
disciplinado uso de los recursos presupuestarios, será más transparente en el momento de
la rendición de cuentas.
No obstante la carencia relativa de
recursos para el presente ejercicio, este organismo nacional encaminará sus esfuerzos al
desarrollo de programas y proyectos administrativos enfocados al logro de objetivos
estratégicos, entre los que destaca el Programa de Servicio Civil de Carrera, que
introduce importantes cambios en materia de recursos humanos y el Programa de
Capacitación orientado a las actividades sustantivas de la comisión.
En enero de 2001 se liberó una nueva
versión del sitio Internet de la CNDH ampliando la información sobre las actividades de
la institución, de manera que los interesados puedan acceder a ella y conocer respecto a
aspectos tales como el acervo bibliográfico, las recomendaciones emitidas desde 1998, los
procedimientos para presentar una queja, los servicios que ofrecen los programas de
atención a víctimas del delito y sobre asuntos de la mujer, la niñez y la familia. El
número de consultas de la página electrónica de la CNDH, aumentó en más del 1000%
durante el 2001.
Control. El hecho de que la sociedad haya
confiado en la autonomía de la Comisión Nacional, no significa que esté ajena a la
rendición de cuentas. La revisión del gasto y el análisis del desempeño de este
organismo nacional han sido una actividad sistemática y prioritaria a lo largo de 2001.
En 2001 la CNDH fue auditada por dos órganos de fiscalización: la Auditoría Superior de
la Federación de la Cámara de Diputados examinó el ejercicio de la Cuenta Pública de
1999 y la Contraloría Interna de la propia comisión, que se centró en el ejercicio de
2000 y parcialmente en el 2001. Mediante ellas se pudo verificar la existencia de una
planeación de actividades, recursos y programas acordes con la estructura organizacional,
el presupuesto y los objetivos institucionales. Además, por primera ocasión, las
actividades de revisión a cargo de la Contraloría Interna, incluyeron auditorías de
desempeño de actividades sustantivas en las cuatro visitadurías, en la dirección de
quejas y la coordinación general de administración.
Consejo consultivo de la CNDH.
En el periodo que nos ocupa se fortaleció
la vinculación entre esta presidencia y el consejo consultivo de la institución, en
todas aquellas tareas que requirieron un esfuerzo extraordinario como fue el caso del
informe sobre desapariciones forzadas y la recomendación de incisos 1001, en las que hubo
fundamentales y decisivas aportaciones de los miembros del consejo.
Me congratulo por otra parte, de que la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión haya designado consejeros a los ciudadanos
Juliana González Valenzuela y Luis Villoro Torazo.
Señoras y señores legisladores: la
historia reciente del país prueba que la sola existencia de la ley no basta para hacer
efectivo el Estado de Derecho. Tampoco podemos afirmar que éste se consolida si las
garantías fundamentales no son respetadas a cabalidad y si quienes a diario ejercen
tareas que buscan el respeto a la dignidad de las personas, no encuentran seguridad para
su delicado trabajo.
Nuestro trabajo ha sido marcado en nuestros
días por acontecimientos reprobables que como en el asesinato de Digna Ochoa, han
lastimado a la sociedad en su conjunto y lesionado la premisa de que antes y por encima de
cualquier fin, se encuentra el ser humano, su dignidad y la salvaguarda de los derechos
que permitan el desarrollo de sus oficialidades. Pese a ello, tenemos motivos para ser
optimistas pues somos testigos que en la sociedad y en las instituciones crece una sana
intolerancia, la intolerancia a que continúe la impunidad, la opacidad del poder, el
abuso del mismo, la negligencia en la autoridad, la falta de consideración hacia los
derechos de las personas, la inseguridad, el desamparo de los vulnerables, la violación a
los derechos humanos más elementales.
Hoy la acción conjunta de la sociedad, los
medios de comunicación, los partidos políticos e instituciones como la CNDH, al
propiciar los grandes cambios de nuestros días ha contribuido a disminuir las formas más
aberrantes de violación a los derechos que en el pasado marcaron a este país.
Pero aún es menester estar alertas,
avanzar en el diseño y la aplicación de políticas públicas de Estado, cuyo propósito
sea el de preservar de manera más universal la dignidad de las personas y garantizarles
el pleno gozo de sus derechos, lo que se traduce en el imperativo de que, para empezar,
todas las instituciones públicas unan esfuerzos y realicen acciones coordinadas con tal
fin.
Consolidar la cultura de respeto a los
derechos esenciales y la observancia de la ley es consolidar, al mismo tiempo, el Estado
democrático de derecho.
Se ha avanzado en estas tareas, así como
en aquellas que tienen qué ver con la investigación de los crímenes y errores del
pasado. El informe y recomendación de la CNDH sobre el caso de las desapariciones durante
la llamada guerra sucia fue, sin duda, una prueba de fuego para esta comisión, que se
resolvió adecuadamente, creemos, a partir de asumir la importancia histórica, ética y
estratégica de esta tarea.
El reciente nombramiento del fiscal
especial debe ser tomado como otro indicador de que se están dando los pasos que
conducirán, en este caso, como probablemente también en lo que se refiere a los
acontecimientos de 1968, a que finalmente se haga justicia.
Señoras y señores legisladores: sólo me
resta reiterar que la promoción y defensa de los derechos esenciales de las personas es
tarea de todos, es decir, de los poderes Legislativo, Federal y locales, las dependencias
públicas, los organismos encargados de su defensa y la sociedad civil en general.
En la Comisión Nacional de Derechos
Humanos no descansaremos en nuestro afán por lograr que en México las violaciones sean
la excepción y el respeto a los derechos humanos la regla.
Muchas gracias.
El Presidente:
Señor José Luis Soberanes Fernández,
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión reconoce, por mi conducto, su presencia en esta sesión y el puntual cumplimiento
de la obligación que le señala, en sus artículos 15 y 52, la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
Al aprobar las reformas a esta ley, en
noviembre del año pasado, el legislador destacó la importancia de la protección y
defensa de los derechos humanos de los mexicanos y también la de que el presidente de la
Comisión Nacional informe a los poderes de la Unión sobre sus actividades en periodos
anuales.
Una vez que hemos recibido este informe,
la Mesa Directiva lo turna, junto con la versión estenográfica de su intervención, a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la de Derechos
Humanos del Senado de la República, para que ambas comisiones puedan analizarlo,
comentarlo y resolver lo que procede, en atención a su contenido.
Gracias, doctor Soberanes. Hacemos votos
por la eficacia de las tareas de la comisión a su cargo y por la creciente atención que
todas las instancias de gobierno y la sociedad misma otorguen a sus trabajos.
Se solicita a la comisión designada
acompañe al doctor José Luis Soberanes Fernández cuando desee retirarse.
Continúe la Secretaría.
DIPUTADA
QUE SOLICITA LICENCIA
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Comisión Permanente.— Presente.
La suscrita, en mi carácter de diputada
federal a la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 125
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 48 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del
presente solicito a usted con el debido respeto, se sirva realizar los trámites
necesarios a fin de que me sea otorgada licencia por tiempo indefinido para separarme del
cargo que ostento, toda vez que he sido llamada a participar dentro del gobierno del
Estado de Michoacán.
Por lo anterior, una vez que surta efectos
la presente comunicación, ruego a usted llame al suplente ciudadano Víctor Manuel Ochoa
Camposeco, a fin de que rinda protesta y asuma el cargo de diputado federal por esta LVIII
Legislatura.
Sin más por el momento, reitero a usted la
seguridad de mi más distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 18 de febrero de
2002.— Diputada federal, Alejandra Barrales Magdaleno.»
El Presidente:
De conformidad con lo que establece el
artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia a la
diputada Alejandra Barrales Magdaleno, para separarse de sus funciones como diputada
federal electa en la cuarta circunscripción plurinominal, para estar en posibilidad de
desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado de Michoacán, a
partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara de
Diputados.
Se pide a la Secretaría dar cuenta con
las comunicaciones.
INSTITUTO DE CULTURA DE LA
CIUDAD
DE MEXICO
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Diputado José Guillermo Anaya
Llamas, presidente de la Comisión Permanente.— Presente.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del DIII aniversario del
natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que se llevará a
cabo el próximo sábado 23 de febrero a las 10:00 horas, en el busto ubicado en el
costado surponiente del atrio de la Catedral Metropolitana en la Plaza de la Constitución
y 5 de Mayo, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito solicitar muy
atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante
de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva
prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
El director general Enrique Semo.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta
Comisión Permanente se designa a los siguientes legisladores:
Micaela Aguilar González y Jorge Carlos
Ramírez Marín.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Diputado José Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Bandera, que se
llevará a cabo el próximo domingo 24 Febrero a las 8:00 horas, en el patio poniente del
palacio del ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y 5 de Febrero,
delegación Cuauhtémoc.
814,815,816
Por tal motivo, me permito solicitar muy
atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante
de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva
prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
El director general, Enrique Semo.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta
Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores:
Mauricio Candiani Galaz, Jorge Carlos
Ramírez Marín y Miroslava García Suárez.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo.— Poder Legislativo de Baja
California.— XVII Legislatura.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México,
D.F.
De conformidad con el artículo 28 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos
comunicarles la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias e instalación del
segundo periodo ordinario, así como la designación de la mesa directiva que comprende
del 1o. de febrero al 31 de mayo del año en curso, correspondiente al primer año de
ejercicio constitucional de la XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja
California, la cual quedó integrada de la siguiente forma:
Presidente, Fernando Jorge Castro Trenti;
vicepresidente, Catalino Zavala Márquez; secretaria, Luz Argelia Paniagua Figueroa;
prosecretaria, María Rosalba Martín Navarro.
Al hacer de su conocimiento lo anterior
aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra distinguida
consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 1o. de febrero
del año 2002. — Diputados: Fernando Jorge Castro Trenti, presidente; Luz
Argelia Paniagua Figueroa, secretaria.»
El Presidente:
De enterado.
ESTADO
DE CHIAPAS
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
Por acuerdo del honorable Congreso,
comunicamos a ustedes, que con esta fecha quedó instalada legalmente la LXI Legislatura
del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas y de conformidad con el
artículo 22 de la Constitución Política local, dio por iniciado su primer periodo de
sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, quedando
instalada la mesa directiva que fungirá durante el tercer mes a partir de esta fecha, de
la siguiente manera:
Dipuados: Agustín Santiago Albores,
presidente; Gloria Trinidad Luna Ruiz y Deisy Castillo Cruz, vicepresidentes.
Lo cual comunicamos a ustedes para los
efectos procedentes, reiterándoles la seguridad de nuestra atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 15 de enero
de 2002.— Por el honorable Congreso del Estado.— Diputados: Guilmar Sarmiento
Gutiérrez y Manuel Velasco Coello, secretarios.»
El Presidente:
De enterado.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chiapas.— Honorable Congreso.
Ciudadano diputado José Guillermo Anaya
Llamas, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.—
México, D.F.
El pleno de la LXI Legislatura del
honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en sesión de fecha 31 de enero
del año en curso, tuvo a bien aprobar un punto de acuerdo, por medio del cual los
diputados integrantes de esta soberanía popular del Estado, se comprometieron a impulsar
lo siguiente:
Primero. El honorable Congreso del Estado
de Chiapas, rechaza enérgicamente la intención de retirar los subsidios al consumo de la
energía eléctrica y consecuentemente elevar las tarifas por este concepto.
Segundo. Los legisladores de Chiapas,
debido a las consideraciones expuestas, solicitan a las autoridades federales se decrete
una tarifa preferencial al consumo de energía eléctrica en el Estado.
Lo cual se hace de su conocimiento para su
inmediata intervención y apoyo procedente, ante las autoridades del sector energético y
hacendario del país.
Sin otro particular, le enviamos un cordial
saludo y nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 1o. de
febrero de 2002.— Por la mesa directiva, diputados: Agustín Santiago Albores,
presidente; Guilmar Sarmiento Gutiérrez, secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chiapas.— Honorable Congreso.
En sesión ordinaria de fecha 31 de enero
de 2002, celebrada por los diputados de la LXI Legislatura constitucional del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, con base a los siguientes
ANTECEDENTES
Que en fechas recientes fue anunciado por
funcionarios del sector energético y hacendario de la Federación, el retiro del subsidio
de las tarifas residenciales de electricidad, que será para las familias de clase media
de por lo menos 90%, a este aumento originado por el retiro del subsidio se debe agregar
un incremento adicional de 8.5% anual que quedó establecido en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio 2002.
Que en la citada sesión ordinaria,
diferentes diputados de diversos partidos políticos de la entidad integrantes de la LXI
Legislatura, en diferentes intervenciones se manifestaron en contra del alza en las
tarifas eléctricas, solicitando mantener el subsidio a los usuarios chiapanecos como una
retribución al uso del suelo y explotación de recursos naturales en nuestro Estado. Por
lo antes expuesto y de conformidad con los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Que aun cuando Chiapas es el
Estado que ocupa el primer lugar en índices de marginación en todo el país, debido a
que el 80% de su población es rural, genera el 43% de la energía eléctrica que se
consume en el país, a través de la explotación de siete presas hidroeléctricas
ubicadas en la geografía chiapaneca, dejando con ello de percibir millones de pesos de
impuestos por tenencia de la tierra; recalcando además que a pesar de que ocupa el sexto
lugar a nivel nacional en la producción de este servicio, no se han realizado por parte
de la Comisión Federal de Electricidad, obras de beneficio social o proyectos productivos
en los municipios donde se encuentran ubicadas dichas presas. Estableciéndose en cambio
un incremento de tarifas en comunidades en resistencia civil del pago por este servicio.
Segundo. Que a la presente fecha son 128
mil 635 usuarios los que tienen adeudos con la CFE, la mayoría de la zona rural en 48
municipios de las zonas norte, Altos, selva y fronteriza de Chiapas, entre ellos Las
Margaritas, Ocosingo, San Andrés Larráinzar y Chenalhó, entre otros; dichos deudores se
han declarado en resistencia civil desde 1994.
Tercero. Que además es necesario mencionar
que en el Estado de Chiapas, por su geografía accidentada provoca que existan comunidades
dispersas y en consecuencia más núcleos de población que carecen de la energía
eléctrica, pues únicamente el 62% aproximadamente de localidades del Estado cuentan con
este servicio elemental, generando esto un atraso sustancial en nuestro desarrollo como
Estado.
Cuarto. El costo por convertirnos en
uno de los principales estados productores de energía eléctrica ha sido muy alto, toda
vez que pueblos enteros quedaron sepultados bajo las aguas, como sería la antigua
cabecera municipal de La Concordia, Chiapas, sin dejar de mencionar las grandes
extensiones de tierra fértil y productiva que tuvieron el mismo fin, así como los
grandes riesgos que día a día vive la población de nuestra entidad y que se hacen más
latentes en la temporada de lluvias.
Quinto. Que por tal razón la
eliminación del subsidio federal en la energía eléctrica impacta gravemente, por una
parte a la clase media chiapaneca, la cual es generadora de una economía sustancial y por
otra a la población de las comunidades marginadas rural y la indígena, que conforman
gran parte de la población en el Estado; toda vez que el salario mínimo que es percibido
por la mayoría de la población se incrementó en tan sólo dos pesos, cuando el índice
inflacionario del año pasado en el país fue del 6%.
Por las anteriores consideraciones el pleno
de la LXI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chiapas, tiene a bien tomar el
siguiente
ACUERDO
Primero. El honorable Congreso del
Estado de Chiapas rechaza enérgicamente la intención de retirar los subsidios al consumo
de la energía eléctrica y consecuentemente elevar las tarifas por este concepto.
Segundo. Los legisladores de
Chiapas, debido a las consideraciones expuestas, solicitan a las autoridades federales se
decrete una tarifa preferencial al consumo de energía eléctrica en el Estado.
Así lo resolvieron por unanimidad los
diputados de la LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, a los 31 días del mes de enero de 2002.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 1o. de
febrero de 2002.— Por la mesa directiva diputados: Agustín Santiago Albores,
presidente; Guilmar Sarmiento Gutiérrez, secretario.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados.
ESTADO DE
JALISCO
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
Diputado José Guillermo Anaya
Llamas.— Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión.— México, D.F.
La LVI Legislatura del honorable Congreso
del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 19 de diciembre del presente año, aprobó el
acuerdo económico número 403/01, del que le anexo copia para los efectos legales,
mediante el cual se solicita eleve a rango de ley, la obligación para comprometer
recursos en proyección, para que al final del sexenio del Gobierno Federal se cumpla con
la asignación del 8% del PIB como mínimo a educación, tal como se signó en la
propuesta que se hiciera y se entregó al SNTE, asimismo promueva la asignación de
mayores recursos en términos reales para fortalecer a las instituciones de previsión y
seguridad social.
Por instrucciones de la directiva de esta
soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación
personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se
sirva tomar al respecto, las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad
posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 19 de diciembre de
2001.— Leonardo García Camarena, oficial mayor.»
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
817,818,819
Ciudadanos diputados: José Guadalupe
Madera Godoy, diputado de la LVI Legislatura del Estado de Jalisco, de conformidad con lo
establecido en el artículo 28 fracción I, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, así como los artículos 85 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo
a bien someter a la consideración de esta soberanía "iniciativa de acuerdo
económico" misma que formulo con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Primero. Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 28 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es
facultad de los diputados presentar iniciativas de leyes, decretos y en su caso de acuerdo
económico, tal y como lo establece el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en este sentido y en relación con el artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que "toda persona tiene
derecho a recibir educación".
Segundo. Así, la educación de todos los
mexicanos es un derecho elevado a garantía constitucional, de conformidad a lo
establecido por el artículo 3o., tanto constitucional como de la Ley General de
Educación, en este orden; la federalización del sistema educativo, fue concertada en
términos de la transferencia del servicio educativo a las entidades federativas,
incluyendo instalaciones, equipos, recursos financieros, administración, relaciones
laborales y capacidad de incorporación de contenidos regionales a planes y programas de
estudio.
Tercero. No obstante, a nueve años de la
firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB),
prevalecen rezagos importantes que contribuyen a la profundización de las desigualdades
entre regiones y entidades del país. Considera que para abatir los rezagos, corregir las
insuficiencias y alcanzar un nivel satisfactorio de calidad, es imprescindible elevar el
financiamiento educativo hasta concretar la recomendación de la UNESCO y de diversas
organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores de la educación, en el
sentido de que la inversión federal en la educación pública debe equivaler al 12% del
PIB en el país.
Cuarto. Sin embargo, en México, el
financiamiento público a la educación está lejos de ser suficiente: durante 1981, entre
el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y los municipios destinaron a la
educación pública únicamente el 5% del PIB, en 1982 el 4.9%, en 1983 el 3.6% y la
relación descendió a 3.2% en 1988, en 1989 alcanzó el 5.5%, en 1993 y 1994 el 5.8%,
para 1999 el gasto público en educación fue de 4.5% del PIB, en el año 2000 se redujo a
4.1% y en el año 2001 el gasto público en materia educativa es ubicado en el 4.2%.
Esto es así, ya que el gasto público se
refiere a los recursos provenientes de la sociedad, captados por impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos o de recursos provenientes de créditos que se destinan al
beneficio social, de acceso universal y sin fines de lucro.
Quinto. Frente a la urgente necesidad de
abatir los rezagos, deficiencias o insuficiencias que afectan al sistema educativo, el
SNTE sostiene que, quienes compartimos la reivindicación de dedicar crecientes recursos a
la educación pública desde nuestros respectivos espacios realizamos esfuerzos para
lograr cuanto antes que la inversión federal cumpla con la meta sugerida.
Nadie puede negar que la educación
pública básica, media superior y superior, constituye uno de los grandes pilares del
desarrollo nacional, la democracia, justicia, libertad, igualdad y equidad de la nación.
Sexto. En este sentido me permito proponer
cuatro puntos vertebrales de la iniciativa: financiamiento educativo para impulsar
un mayor crecimiento económico, una mejor distribución del ingreso y un desarrollo
equilibrado; financiamiento educativo para promover una efectiva participación
social, financiamiento educativo para lograr poner especial énfasis en la calidad y
equidad y afrontar de manera satisfactoria el reto de incorporar nuevas tecnologías en el
quehacer educativo; financiamiento educativo para recuperar y fortalecer la
formación, capacitación, actualización y sobre todo, el salario de los trabajadores de
la educación de todos los tipos, niveles y modalidades.
Séptimo. Es por ello que nuestro Estado y
en particular esta LVI Legislatura, debe comprometerse para buscar un mayor financiamiento
para elevar la calidad de todos y cada uno de los elementos que componen la educación en
nuestro país. Por tanto, me permito presentar a ustedes la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 28 fracción I, de nuestra Constitución local, 85 y 88 de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, someto a la elevada consideración de ustedes,
ciudadanos diputados, el siguiente proyecto de
ACUERDO ECONOMICO
Primero. Gírese atento oficio al
Ejecutivo Federal, así como a los titulares del Ejecutivo de los estados de la
República, para invitarlos a que asignen recursos crecientes en términos reales a la
educación pública.
Segundo. Gírese atento oficio al
Ejecutivo Federal y al honorable Congreso de la Unión, elevar a rango de ley, la
obligación de comprometer recursos en proyección para que al final del sexenio del
Gobierno Federal, se cumpla con la asignación del 8% del PIB como mínimo a educación,
tal como se signó en la propuesta que el Gobierno Federal entregó al CEN del SNTE.
Tercero. Gírese atento oficio al
titular del Ejecutivo Federal, a efecto de que promueva la asignación de mayores recursos
en términos reales para fortalecer a las instituciones de previsión y seguridad social
(ISSSTE, pensiones, Forte, IMSS, entre otros.)
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 19 de diciembre de
2001.— Diputado José Guadalupe Madera Godoy.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México,
D.F.
La LVI Legislatura del honorable Congreso
del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 8 de noviembre del año próximo pasado,
aprobó el acuerdo económico número 323/01 del que se anexó copia en el oficio de fecha
8 de noviembre de 2001 para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó
girar a esa alta representación popular atento y respetuoso oficio, para manifestarles la
recomendación de esta legislatura jalisciense a efecto de que las contribuciones que se
reciban por concepto de cuotas compensatorias a los productos de importación sean
canalizados a las organizaciones que agrupan a productores y empresarios del ramo
económico de que se trate y éstos sean destinados a la defensa y promoción de su
actividad, realizando para tal efecto las reformas a las leyes fiscales y de comercio,
mediante los mecanismos adecuados para tal propósito, solicitando de nueva cuenta dé
contestación al mismo.
Por instrucciones de la directiva de esta
soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación
personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se
sirva tomar al respecto, las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad
posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 28 de enero de
2002.— Leonardo García Camarena, oficial mayor.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Porder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México,
D.F.
La LVI Legislatura del honorable Congreso
del Estado de Jalisco, en sesión celebrada el día 7 junio del año próximo pasado,
aprobó el acuerdo económico número 126/01 del que le anexo copia en el oficio de fecha
11 de junio de 2001 para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó
girar a esa alta representación popular, atento oficio para que se sume y enriquezcan el
acuerdo que se acompaña y se formule a la brevedad posible dentro de su competencia el
proyecto de norma oficial mexicana para la leche de vaca y que dentro de su contenido se
incluyan los apartados siguientes:
Denominación, especificaciones, formación
comercial y métodos de prueba, solicitando de nueva cuenta dé contestación al mismo.
Por instrucciones de la directiva de esta
soberanía estatal hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación y para los
efectos procesales consecuentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 28 de enero de
2002.— Leonardo García Camarena, oficial mayor.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano.— San Luis Potosí.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 42 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a
ustedes que con esta fecha, la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado, abrió y
clausuró el sexto periodo de sesiones estraordinarias correspondiente al primer receso
del segundo año de su ejercicio legal. Asimismo, se eligió la mesa directiva que fungió
durante el mismo, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Diputados: Malaquías Guerra Martínez,
presidente; Marco Lucano Vázquez Rodríguez, primer vicepresidente; Santiago Hernández
Robles, segundo vicepresidente; Ismael Trujillo Martínez, primer secretario; Humberto
Páez Galván, segundo secretario; Arturo Ramos Medellín, primer prosecretario; Oziel
Yudiche Lara, segundo prosecretario.
Lo que hacemos de su conocimiento para los
efectos procedentes, haciendo propia la ocasión para reiterarles las seguridades de
nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Luis Potosí, a 30 de enero de
2002.— Diputados: Malaquías Guerra Martínez, presidente; Ismael Trujillo
Martínez y Humberto Páez Galván, secretarios.»
El Presidente:
De enterado.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente:
Iniciando con el capítulo de
iniciativas, tiene la palabra el señor senador José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de
reformas a diversos artículos del Código Fiscal de la Federación.
El senador José Antonio Aguilar
Bodegas:
Con su permiso, señor Presidente:
Los legisladores miembros de la fracción
parlamentaria de nuestro partido en esta Comisión Permanente, con base a las peticiones
de diversas cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de diversos grupos de
contribuyentes pertenecientes a las entidades federativas que representamos, acudimos a
esta tribuna para someter a la consideración de esta soberanía dos proyectos de
iniciativas de reforma. Primeramente el artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta y posteriormente otro proyecto de decreto para adicionar el Código Fiscal de la
Federación con un artículo en el 114 apartado B.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Proyecto de decreto que reforma el
artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Los legisladores que integran el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión con base en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a la
consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que reforma el artículo 137 de
la Ley del Impuesto Sobre La Renta, conforme lo sustenta esta
820,821,822
EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad con el artículo 31
fracción IV de la Carta Magna, es obligación de todos los mexicanos contribuir para los
gastos públicos. No obstante, es un reclamo tanto de las autoridades fiscales como de los
ciudadanos el hecho de que, a pesar de que no existan recursos suficientes para sufragar
los gastos públicos, no son pocos los mexicanos que no cumplen con este mandato
constitucional. Estos evasores, en su mayoría, realizan actividades, prestan servicios u
otorgan el uso o goce temporal de bienes de manera informal; no importando que dichas
fuentes de riqueza se encuentran gravadas por impuestos tales como el impuesto sobre la
renta y el impuesto al valor agregado.
La no declaración y mucho menos el pago de
estos impuestos se justifica, entre otros argumentos, debido a las formas de tributar:
demasiado confusas, complicadas y además, de un altísimo costo burocrático.
En este sentido, es obligado construir una
legislación que vaya encaminada a facilitar los medios y mecanismos para quienes se
encuentren en el "comercio informal" puedan cumplir con el pago de sus
impuestos. Este propósito se logra, en parte, a través del régimen de pequeños
contribuyentes, una vez que se eliminen ciertos candados que limitan el registro de estas
actividades en el padrón de contribuyentes. Sin embargo, la regulación actual difiere de
este objetivo. El penúltimo párrafo del artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta dificulta el incremento de contribuyentes, toda vez que no permite el pago del
impuesto de manera fácil y sin complicaciones de trámites administrativos.
Así, la presente propuesta busca que se
permita inscribir como contribuyentes a aquellas personas que realicen operaciones en
mercados, tianguis, mercados sobre ruedas, entre otros; es decir, se trata de incrementar
la base de contribuyentes y con ello, disminuir a los evasores de impuestos que se dedican
al "comercio informal". De esta manera, se pretende, a la vez, disminuir la
competencia desleal en perjuicio de los comerciantes establecidos, pues ambos tipos de
comerciantes tendrían los mismos derechos y obligaciones. Por último, consideramos que
esta iniciativa desalentaría la comisión de ilícitos relacionados con el robo de
mercancías, ya que al existir un eficaz control de los contribuyentes que enajenen estos
productos, quienes se dedican a delinquir con mercancías de dudosa procedencia (robadas,
adulteradas o falsificadas) no tendrían nicho de mercado para distribuir estos productos.
De tal manera, se propone ampliar los
supuestos o hipótesis para que más contribuyentes de mediana capacidad administrativa
puedan tributar mediante el régimen de pequeños contribuyentes y más aquellos que
comercializan con productos de naturaleza extranjera, pues son estos quiénes integran el
mayor porcentaje del comercio informal.
Por las razones expuestas se somete a la
consideración de esta soberanía, el siguiente
Proyecto de decreto
Que reforma el artículo 137 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
Unico. Se reforma el párrafo cuarto
del artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
"Artículo 137. . .
. . .
. . .
. . .
No podrán pagar el impuesto en los
términos de esta sección quienes obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por
concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación,
distribución o espectáculos públicos ni quienes enajenen mercancías de procedencia
extranjera cuando éstos sean los importadores directos.
. . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 20 de febrero de
2002.— Legisladores: César Camacho Quiroz, Alfredo Ochoa Toledo, David Jiménez
González, Beatriz Paredes Rangel, José Antonio Aguilar Bodegas, Efrén Leyva Acevedo,
José Ernesto Gil Elorduy, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Natividad González Parás,
José Manuel Medellín Milán, Miguel Angel Navarro Quintero, Juan Manuel Sepúlveda
Fayad, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Roberto Ruiz Angeles, Noemí Guzmán Lagunes y
Rafael Rodríguez Barrera.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
El senador José Antonio Aguilar
Bodegas:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Proyecto de decreto que adiciona el Código
Fiscal de la Federación con un artículo 114-b.
Los legisladores que integran el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión con base en los artículos 71 fracción II y 72 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a
la consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que adiciona el Código Fiscal
de la Federación con un artículo 114-b, conforme lo sustenta esta
EXPOSICION DE MOTIVOS
Uno de los objetivos que persigue el
ordenamiento jurídico mexicano es precisamente, el otorgar seguridad y certeza jurídica
a los gobernados (contribuyentes); además, de buscar una equidad procesal.
No obstante, existe la duda fundada por
parte de los contribuyentes de que realmente se cumplan dichos principios en el Código
Fiscal de la Federación, a pesar de que este mismo ordenamiento legal, en su artículo
5o. párrafo segundo, señale que a falta de norma expresa en el mismo se aplicará el
derecho federal común.
En este sentido, el Código Fiscal de la
Federación otorga diversas facultades a las autoridades para que, en ejercicio de sus
funciones, puedan someter a los contribuyentes a un sinnúmero de obligaciones de hacer y
no hacer, extendiéndose estas facultades a una "presunción" por parte de la
autoridad, incluso cuando las hipótesis de dichas presunciones no se actualicen o no
puedan ser probadas o demostradas por las autoridades, trayendo como consecuencia el
apotegma de que los contribuyentes son culpables hasta que no demuestren lo contrario.
Para guardar una equidad procesal las
autoridades y los contribuyentes deben ser sujetos de los mismos derechos y obligaciones
(responsabilidades). Es decir, si la autoridad demuestra fehacientemente que el
contribuyente es responsable de infracciones, omisiones o de delitos fiscales entonces
éste deberá responder de sus obligaciones, pero si en el ejercicio de sus facultades las
autoridades causan un perjuicio a los contribuyentes éstas deberán, al igual,
responsabilizarse. Ya sea un daño moral o bien económico.
Para buscar esta igualdad entre
contribuyentes y autoridades y que éstas respondan por los daños y perjuicios causados
en el ejercicio de sus facultades, se propone reformar el Código Fiscal de la
Federación.
Por las razones expuestas se somete a la
consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto
Que adiciona el Código Fiscal de la
Federación con un artículo 114-b.
Artículo único. Se adiciona el
artículo 114-b al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
"Artículo 114-b. Cuando en el
ejercicio de sus facultades las autoridades fiscales causen un daño a los contribuyentes
o a sus representantes legales, aquéllas tendrán la obligación de indemnizarlos si se
demuestra que hubieron excesos o se interpretó o aplicó mal una disposición legal.
La reparación del daño deberá consistir,
a elección del contribuyente o su representante legal, en el reestablecimiento de la
situación anterior, cuando ello fuere posible, en el pago de daños y perjuicios, o en la
indemnización con una cantidad igual a la que se le pretendía exigir tomando en
consideración la suerte del principal y sus accesorios.
Cuando el daño sea causado por uno o más
servidores públicos o funcionarios que conozcan o participen en la causación o bien
omitan intervenir para disuadir que se consuma el daño serán igualmente responsables
como si lo hubieren causado."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 20 de febrero de
2002.— Legisladores: César Camacho Quiroz, Alfredo Ochoa Toledo, David Jiménez
González, Beatriz Paredes Rangel, José Antonio Aguilar Bodegas, Efrén Leyva Acevedo,
José Ernesto Gil Elorduy, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Natividad González Parás,
José Manuel Medellín Milán, Miguel Angel Navarro Quintero, Juan Manuel Sepúlveda
Fayad, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Roberto Ruiz Angeles, Noemí Guzmán Lagunes y
Rafael Rodríguez Barrera.»
Sin más por el momento, agradecemos la
atención y dejamos ante la Secretaría las iniciativas presentadas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Francisco
Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa de reformas al artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
El senador Francisco Fraile García:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Con fundamento en la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
artículos 55 fracción II, 56,60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Cámara de
Diputados para su dictamen y posterior discusión al pleno la siguiente iniciativa que
reforma el artículo transitorio decimosexto del decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 14 de agosto de 2001, en el Diario
Oficial de la Federación, fue publicada la reforma a los artículos 2o., 4o. y 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos y
cultura indígena.
Esta reforma estableció en el apartado
"B" del artículo 2o. constitucional, un conjunto de disposiciones que obliga a
que la Federación, los estados y municipios, deberán por medio de las políticas
publicas, abatir los rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, además
de implementar acciones en educación, salud, migrantes, mujeres, desarrollo sustentable,
vivienda, entre otras.
Con este apartado "B" del
artículo citado, se busca brindar mejores oportunidades de desarrollo para los
indígenas, propiciando aquellas condiciones que permitan a estos pueblos y comunidades
tener una vida más digna.
A partir de esta reforma constitucional, se
ha comenzado a desarrollar un proceso de reestructuración interna del Instituto Nacional
Indigenista, creado por un decreto que fue emitido por el presidente Miguel Alemán y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1948.
Este Instituto, durante muchos años a
tenido la tarea directa de brindar sus servicios a los indígenas y hoy se encuentra en el
camino de reconsiderar su estructura interna en beneficio de estos pueblos.
En cumplimiento de este ordenamiento
constitucional, la Cámara de Diputados establece en el decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, publicado el 1o. de enero de este año,
en el Diario Oficial de la Federación que en su transitorio decimosexto, dice:
"El Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaría de Desarrollo Social, deberá celebrar a más tardar el último día hábil
de marzo, convenios de reasignación con las entidades federativas, en los términos del
artículo 8o. de este decreto, con el objeto de descentralizar el funcionamiento de los
programas del Instituto Nacional Indigenista (INI) y de la Comisión Nacional de las Zonas
Aridas (Conaza) a que se refiere el artículo 64 del referido decreto. En el caso del
Instituto Nacional Indigenista, se procurará que las oficinas centrales, así como las
instancias de atención se ubiquen lo más cerca posible de las comunidades
indígenas."
823,824,825
En razón de lo expuesto, cumplir con lo
ordenado por el transitorio de referencia implica inconvenientes de tipo jurídico, ya que
es contrario a lo dispuesto en el decreto de creación del Instituto Nacional Indigenista,
que en su artículo 2o. fracciones IV, V y VII, establece que:
"Artículo 2o. El Instituto
Nacional Indigenista desempeñará las siguientes funciones:
IV. Intervendrá en la realización de las
medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso la acción de los órganos
gubernamentales componentes.
V. Fungirá como cuerpo consultivo de las
instituciones oficiales y privadas, de las materias que conforme a la presente ley, son de
su competencia.
VII. Emprenderá aquellas obras de
mejoramiento de las comunidades indígenas, que le encomiende el Ejecutivo, en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas."
Al determinar el transitorio decimosexto la
reasignación de los programas del Instituto Nacional Indigenista a las entidades
federativas y no establecer una limitante, se infiere ha que es la totalidad de éstos,
dejando al Instituto sin materia para cumplir con su objeto y funciones, en términos del
artículo antes invocado del decreto promulgado de su creación.
Pero además, en el artículo 8o. del
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, en su
Capítulo II, titulado "de la Reasignación de Recursos Federales a las Entidades
Federativas", establece:
"Las dependencias y entidades con
cargo a sus presupuestos y por medio de convenios, podrán reasignar recursos
presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de transferir
responsabilidades y en su caso, recursos humanos y materiales, correspondientes a
programas federales, con base en el convenio modelo que emitirán la Secretaría y la
Contraloría a más tardar el último día hábil de enero.
Los convenios a que se refiere el párrafo
anterior los celebrará el Ejecutivo Federal, por conducto de los titulares de la
Secretaría, la Contraloría, las dependencias y en su caso, las entidades a través de su
titular y con la participación que corresponda a su coordinadora sectorial, con los
gobiernos de las entidades federativas; dichos convenios deberán prever criterios que
aseguren transparencia en su distribución, aplicación y comprobación. Asimismo, no
podrán contravenir los términos del presente decreto ni ser utilizados para exigir a los
gobiernos de las entidades federativas comprometer recursos que excedan su capacidad
financiera..."
En este sentido y como se ha señalado, la
Secretaría de Desarrollo Social tendría que celebrar los convenios que se puntualizan,
produciéndose el efecto jurídico antes mencionado, además de que el último párrafo
del artículo 8o. del propio decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del año en curso, indica:
"La Cámara, por conducto de la
Auditoría Superior de la Federación, deberá acordar con los respectivos órganos
técnicos de vigilancia de las legislaturas locales, medidas para que la comprobación del
ejercicio de los recursos federales reasignados se realice en los términos de las
disposiciones presupuestarias federales, así como otras acciones que permitan fiscalizar
el ejercicio de dichos recursos, sin que ello implique limitaciones o restricciones en la
administración y ejercicio de los mismos. Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de
la Contraloría, previamente a la entrega de los recursos que se reasignen, deberá
acordar con las secretarías de Contraloría o sus equivalentes de las entidades
federativas, el establecimiento por parte de las entidades federativas de una cuenta
específica que identifique los recursos públicos federales."
De lo anterior, se desprende que por una
parte la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional Indigenista, deberían
estar negociando con las entidades federativas los términos de la reasignación y por la
otra, la Cámara de Diputados y los órganos técnicos de vigilancia tendrían que estar
ya acordando estas medidas de supervisión.
Con base en lo planteado, a efecto de
evitar la paralización de los programas ya aprobados del Instituto Nacional Indigenista
para su operación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2002 y para la aplicación del subejercicio de recursos presupuestales destinados a estos
pueblos y comunidades indígenas y con la finalidad de preparar los trámites y mecanismos
de vigilancia pertinentes, se propone una reforma al artículo transitorio decimosexto del
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, que
permita ampliar, en un tiempo más razonable y de acuerdo a las acciones que implica el
proceso de reasignación, el plazo para el cumplimiento del transitorio de referencia,
así como de su artículo 8o., evitando de esta forma, un perjuicio a la población
indígena del país.
Lo anterior además, ayudaría a no verse
inmerso en una controversia innecesaria y se tendría el suficiente tiempo para realizar
las adecuaciones al marco legal, así como preparar los trámites y mecanismos de
vigilancia pertinentes.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, Presidente de la Mesa Directiva
de esta Comisión Permanente, presentamos a la consideración del Congreso de la Unión la
siguiente
INICIATIVA
De reforma del artículo transitorio
decimosexto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2002.
Artículo único. Se reforma el
artículo transitorio decimosexto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2002, para quedar como sigue:
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero al decimoquinto.
Decimosexto. El Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, procurará celebrar a más tardar el
último día hábil de diciembre, convenios de reasignación con las entidades
federativas, en los términos del artículo 8o. de este decreto, con objeto de
descentralizar el funcionamiento de los programas del Instituto Nacional Indigenista (INI)
y de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas (Conaza) a que se refiere el artículo 64
del referido decreto. En el caso del Instituto Nacional Indigenista, se procurará que las
oficinas centrales, así como las instancias de atención, se ubiquen lo más cerca
posible de las comunidades indígenas.
Decimoséptimo al decimonoveno.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Instituto Nacional
Indigenista seguirá operando en el transcurso de este año, sus programas para cumplir
con las responsabilidades establecidas con los pueblos y comunidades indígenas.
Salón de sesiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 20 de febrero de
2002.— Senador Antonio Fraile García.»
El Presidente:
Gracias, señor senador.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
SERVIDORES
PUBLICOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Felipe
Calderón Hinojosa, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 73
fracción XI, 75, 115 fracción IV y 127 y una adición a la fracción VIII al artículo
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa:
Gracias, señor Presidente; señoras y
señores legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; señoras y
señores:
En los términos del artículo 71
constitucional, los suscritos legisladores del Partido Acción Nacional presentamos ante
el Congreso de la Unión la presente iniciativa de reformas y adiciones a diversos
artículos constitucionales al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Nuestro país está viviendo tiempos
políticos nuevos; existe por fortuna, una ciudadanía cada vez más atenta a los asuntos
públicos y en particular más vigilante del desempeño de los gobernantes en todos los
niveles de responsabilidad. La ciudadanía está atenta e interesada en conocer el destino
y cerciorarse del correcto uso de los recursos que con el esfuerzo de todos los mexicanos
se recaudan para sufragar los gastos públicos.
En esta nueva cultura política de
escrutinio y exigencia de rendición de cuentas, uno de los temas que más preocupa a los
ciudadanos, es el que se refiere a las remuneraciones que los servidores públicos
percibimos en el ejercicio de nuestro cargo.
La democracia se sustenta en el principio
de representación, cuya expresión más simple es la que define al servidor público como
mandatario y a los ciudadanos como mandantes. En esa virtud, todo servidor público, sea
por elección o designación, tiene la obligación de vincular sus decisiones al marco
constitucional y legal que rige el ejercicio de la función que le ha sido confiada, amén
de la responsabilidad de actuar con apego a la ley y con sensibilidad y prudencia para que
se aprovechen de manera eficiente los recursos de un país con rezagos como el nuestro.
Acción Nacional reconoce la necesidad de
contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos, que accedan a su
cargo mediante el voto popular o mediante o un proceso de nombramiento basado en criterios
de honestidad, capacidad, eficiencia y transparencia. Para ello es imposible prescindir de
una adecuada remuneración de los funcionarios públicos dentro de las posibilidades
presupuestales del Gobierno y en orden a la realidad socioeconómica nacional.
En razón de ello, Acción Nacional
considera pertinente revisar el marco constitucional que sustenta tales remuneraciones de
los servidores públicos, incluidas las de los legisladores, en forma tal que permita
crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los
gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus
gobernantes.
Consideramos que el servicio público debe
ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure de que en el desempeño de los
cargos públicos se cuente con ciudadanos que por su preparación, capacidad y honestidad,
puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido
confiadas, al tiempo que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un
ingreso digno.
Regular mediante ley las remuneraciones
públicas, permitirá, por una parte, garantizar la permanencia, regularidad y eficiencia
en la prestación del servicio público y por otra, evitar los abusos que con cargo al
erario se presentan cotidianamente por parte de servidores públicos en todos los niveles
de gobierno en lo que a sus percepciones respecta. Para ello, se precisa realizar diversas
reformas constitucionales que permitan que el Congreso de la Unión establezca las bases
para determinar, con justicia y equidad, las remuneraciones públicas.
Uno de los asuntos que mayormente indigna a
la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados
que con frecuencia los servidores públicos se asignan. El problema se agrava dado el
enorme sacrificio que implica para los ciudadanos el cumplir con sus responsabilidades
fiscales, por una parte y, por la otra, por la terrible situación económica en la que
viven millones de mexicanos.
Es verdaderamente ofensivo observar cómo
en estados y municipios donde se vive en condiciones de verdadera miseria y donde la
carencia de servicios públicos para diversos sectores de la población es abrumadora,
existen presidentes municipales con sueldos y prestaciones económicas que resultan
incluso superiores a las percepciones del propio Presidente de la República.
En este contexto, la remuneración de los
servidores públicos debe responder, entre otros, a criterios tales como el grado de
responsabilidad y nivel jerárquico, de manera que se eviten disparidades inadmisibles
entre cargos de características similares, con fundamento en el principio jurídico que
establece que "a trabajo igual corresponde salario igual". Asimismo, bajo el
presupuesto del Estado de Derecho, es imprescindible reducir los márgenes de
discrecionalidad de que actualmente disponen no pocos servidores para determinar, por sí
y ante sí, el monto de sus percepciones.
Acción Nacional ha defendido
históricamente el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública como
una piedra angular de la democracia. Por consiguiente, sostenemos que el gobierno
democrático se sustenta en la existencia de diversos controles sobre los gobernantes, de
tal forma que se evite la arbitrariedad en el ejercicio del poder y que resulten
efectivamente sancionados los servidores que se extralimiten en el ejercicio de tales
funciones.
826,827,828
En razón de lo anterior, desde la
perspectiva de Acción Nacional es necesario transparentar no sólo el uso de los recursos
públicos, sino de manera particular las percepciones a las que todo funcionario tiene
derecho, con objeto de reducir la arbitrariedad y el abuso en la determinación de los
ingresos de dichos servidores. Si semejante medida además se eleva al ámbito
constitucional, puede adicionalmente contribuir a delinear un programa legislativo de
largo alcance, que reduzca aquellos espacios normativos que puedan dar origen a prácticas
corruptas en el ejercicio de la función pública.
Este asunto no puede ser soslayado por los
legisladores federales. El Congreso de la Unión es el poder responsable de la
determinación de los impuestos y de la asignación del gasto público, pero poco o nada
puede hacer en materia de regulación de las remuneraciones, pues carece de facultades
explícitas para ello. Hoy proponemos una vía de solución: "otorgar facultades al
Congreso para establecer las bases que determinen el sueldo de los servidores públicos en
todos los niveles de gobierno".
Esta atribución permitiría, por ejemplo,
contar con tabulaciones generales, profesionalmente diseñadas, que permitan homologar las
bases de ingreso de quien presta un servicio público determinado.
El establecimiento de los criterios que
definan los rangos sobre los cuales debe determinarse la remuneración es un paso de
innegable importancia en el proceso de transparencia en el ejercicio del poder. Dichas
regulaciones permitirán a los órganos encargados de fiscalizar el gasto y a los
ciudadanos en general, tener conocimiento de los parámetros dentro de los cuales oscilan
los ingresos de sus servidores.
Por las razones anteriormente expuestas,
resulta oportuna la propuesta de una reforma constitucional que permita establecer dichos
lineamientos dentro del marco legal vigente. La Constitución integra el marco jurídico
nacional al cual deben subordinarse los ámbitos normativos federal y locales, de modo tal
que una reforma como la que aquí se plantea busque establecer bases uniformes que, sin
violentar la autonomía de las entidades federativas y de los municipios, aseguren las
referidas justicia y transparencia en la determinación de las remuneraciones públicas.
Los proponentes estamos conscientes de que
una reforma de este tipo debe realizarse con apego a los principios federales que rigen
nuestra Constitución y al propio tiempo debe ser respetuosa de la autonomía de los
estados. Para ello proponemos que sean las legislaturas de los estados y los cabildos, los
que al momento de aprobar sus respectivos presupuestos, vigilen el debido cumplimiento de
los principios de legalidad, justicia y proporcionalidad en la remuneración de sus
funcionarios. Sin menoscabo de lo anterior, es pertinente que la Constitución faculte al
Congreso para establecer, por medio de ley, los lineamientos generales a los cuales debe
sujetarse toda percepción pública.
No puede ignorarse, además, el hecho de
que la abrumadora mayoría de estos sueldos públicos, aun en los ámbitos locales y
municipales, son sufragados cada día en mayor medida, con cargo a partidas que tienen su
origen en fondos de la Federación, recaudadas por mandato de este Congreso de la Unión.
Se trata, en efecto, de un gasto que es aplicado localmente, pero que su origen está
determinado por esta soberanía, la cual es responsable de vigilar la adecuada aplicación
de dichos recursos públicos y que no puede renunciar, de manera alguna, a propiciar su
debida aplicación en todos los ámbitos. Se trata de consagrar, en una norma eficaz y
claramente vinculatoria, el compromiso de que la sobriedad republicana será garantizada
en la erogación de las percepciones de todo servidor público.
Por otra parte, el Constituyente Permanente
prevé la participación de los estados en el proceso de reforma constitucional, amén de
la representación nacional, que tanto diputados como senadores ostentamos por mandato
popular. En efecto, el artículo 135 constitucional regula el procedimiento por virtud del
cual se puede llevar a cabo esta reforma, estableciendo que las revisiones del pacto
federal se perfeccionan por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes
en ambas cámaras del Congreso y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las
legislaturas de los estados.
Para llevar adelante esta reforma, en
primer lugar es necesario conferir al Congreso de la Unión, en términos del artículo 73
constitucional, la facultad para expedir la legislación reglamentaria en la materia.
Dicha legislación, en la medida en que definiría directamente el sentido y alcance de
una disposición constitucional, vincularía por igual a la Federación, a los estados y a
los municipios.
Por otra parte, es preciso fijar en el
artículo 75 constitucional, la obligación de la Cámara de Diputados de ceñirse, para
efectos de la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos federales,
en el Presupuesto de Egresos a los lineamientos constitucionales que por ley se
establezcan.
En el mismo sentido, se debe modificar el
artículo 127 de la Constitución, en virtud de que en éste únicamente se establecen hoy
día las características de las remuneraciones que deberán recibir el Presidente de la
República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y
senadores al Congreso de la Unión y en forma genérica los demás servidores públicos.
En consecuencia, es menester precisar los lineamientos constitucionales y legales para el
establecimiento de controles y criterios sobre la remuneración de todos los servidores.
Con el fin de dotar de congruencia a la
reforma planteada, se impone modificar también los artículos 115 y 116 constitucionales,
de modo que se establezca el deber constitucional para las legislaturas locales y para los
municipios, de sujetarse a los aludidos lineamientos en la expedición de los respectivos
decretos presupuestales.
Por todo lo anteriormente expuesto, los
suscritos, diputados y senadores a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento
Interior del Congreso General y los relativos de la Ley Orgánica, sometemos a la
consideración del Constituyente Permanente la presente iniciativa de reformas
constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores públicos, al tenor del
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma los artículos 73 fracción XI,
75, 115 fracción IV y 127 y que adiciona una fracción VIII al artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneraciones de
los servidores públicos.
Artículo primero. Se adiciona la
fracción XI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 73. El Congreso
tiene facultad:
I a la X...
XI. Para crear y suprimir empleos públicos
de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, así como para expedir
la ley que establezca los lineamientos a los cuáles deberán sujetarse las remuneraciones
de los servidores públicos en los ámbitos federal, estatal, municipal y del Distrito
Federal;
XII a la XXX..."
Artículo segundo. Se modifica el
artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en
los siguientes términos:
"Artículo 75. La Cámara de
Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la
retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley y, en caso de
que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por
señalada la que hubiera tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que
estableció el empleo. Dicho señalamiento deberá respetar los lineamientos previstos en
el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso
General."
Artículo tercero. Se modifica el
penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 115. . .
I a la III. . .
IV. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Las legislaturas de los estados aprobarán
las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.
Los ayuntamientos aprobarán sus presupuestos de egresos con base en los ingresos
disponibles. En la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos
municipales, los ayuntamientos deberán atender en el correspondiente decreto
presupuestal, los lineamientos previstos en el artículo 127 de esta Constitución y en
las leyes que en la materia expida el Congreso General.
. . .
V a la X . . ."
Artículo cuarto. Se adiciona una
fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 116. . .
I a la VII. . .
VIII. Las remuneraciones de los servidores
públicos de los estados, se establecerán anualmente en el Presupuesto de Egresos que
aprueben las legislaturas locales y se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que en la materia
expida el Congreso General."
Artículo quinto. Se modifica el
artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
"Artículo 127. Los servidores
públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su
función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los
presupuestos de egresos que correspondan.
Las remuneraciones del Presidente de la
República, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los
diputados y senadores al Congreso de la Unión y de los demás servidores públicos de
elección popular, en los ámbitos federal, estatal, municipal, del Distrito Federal y sus
delegaciones, serán determinadas anualmente en los presupuestos de egresos
correspondientes y se sujetarán a los lineamientos que establecen esta Constitución y
las leyes que expida el Congreso General.
Ninguna remuneración será superior a la
que perciba el Presidente de la República. Ningún servidor público podrá percibir una
remuneración mayor a la establecida para su superior jerárquico."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente reforma y
adición iniciarán su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero
de 2002.— Legisladores: Jorge Zermeño Infante, Jesús Galván Muñoz, Francisco
Fraile, Micaela Aguilar, Cecilia Romero; José Alfredo Botello, Herber Taylor,
María Guadalupe López Mares, Abelardo Escobar, Mauricio Candiani, Jaime Salazar, José
Luis Novales Arellano y Raúl Gracia Guzmán y el que suscribe Felipe Calderón
Hinojosa.»
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.
DERECHOS
Y CULTURA INDIGENA
El Presidente:
Se recibió una iniciativa de decreto que
propone reformas a los artículos 2o., 4o., 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por un grupo plural de diputados.
«Diputado Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
Con fundamento en los artículos 71
fracción II 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II; 56, 60, 63, 135, 138, 139,
140, 141, 165 y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración una iniciativa de ley que
establece modificaciones constitucionales en materia indígena que presenta un grupo
plural de legisladores de esta Cámara de Diputados.
La presente iniciativa de ley que establece
modificaciones constitucionales en materia indígena está sustentada en el cumplimiento
de los acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados entre el Gobierno Federal y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 16 de febrero de 1996, bajo el amparo de
la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.
De conformidad con lo anterior, nos
permitimos solicitarle respetuosamente efectúe las acciones pertinentes, a efecto de que
se incluya en el orden del día de la Comisión Permanente del próximo 20 de los
corrientes.
829,830,831
Sin más por el momento, hacemos propicia
esta ocasión, para enviarle un afectuoso saludo y reiterarle la seguridad de nuestra más
distinguida consideración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de
febrero de 2002.— Diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz.»
«Iniciativa de ley que establece
modificaciones constitucionales en materia indígena en cumplimiento de los acuerdos de
paz de San Andrés Larráinzar, firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, el 16 de febrero de 1996.
Diputado Guillermo Anaya Llamas, presidente
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.
EXPOSICION DE MOTIVOS
México está constituido por una
diversidad de pueblos y culturas, entre los que se encuentran una serie de colectivos
culturalmente diferenciados del resto de la sociedad nacional que se han denominado
"pueblos indígenas".
En la actualidad existen 59 pueblos
distintos que en su conjunto hacen un total aproximado de 10 millones de habitantes, es
decir, aproximadamente el 10% del total de la población nacional mexicana.
Algunos pueblos indígenas se encuentran
concentrados en un territorio relativamente compacto (como los mixes) mientras otros se
hallan dispersos en muy distintas regiones (como los nahuas). Algunos están formados por
cientos de miles de personas (hasta 1 millón y medio los nahuas), mientras en otros sólo
sobreviven unas cuantas familias (ocho, los kiliwes).
La condición india y la pobreza están
claramente asociadas. El INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática) clasifica como extremadamente pobres a todos aquellos municipios en que el
90% o más de la población son indígenas. De este modo, más de las tres cuartas partes
de la población india vive en cerca de 300 municipios clasificados en el rubro de extrema
marginación.
Casi la mitad de los indígenas son
analfabetos, cuando el promedio a nivel nacional es de poco más del 10% de la población.
Alrededor de la mitad de los municipios indígenas carecen de electricidad y servicio de
agua potable (frente al 13 y el 21% de los promedios nacionales respectivos).
En tres quintas partes de dichos municipios
se observa migración regular de una porción significativa de sus habitantes. Cuatro
quintas partes de los niños indígenas menores de cinco años presentan elevados índices
de desnutrición.
En ese rubro de edad se observa una cuota
de mortalidad del 26%, frente al 20% nacional. La situación anterior no es casual ni
gratuita; por el contrario, tiene hondas raíces sembradas por cientos de años.
Analizarla, conocerla y combatirla es nuestra tarea.
En nuestro país, a partir de la
Independencia y sobre todo, después de restaurada la República, México se planteó la
incorporación de los indígenas para que adoptaran los rasgos de la nación moderna y
mestiza que se pensaba construir.
La Constitución de 1917, continuando con
esta tendencia, preservó la concepción unitaria bajo el principio de la igualdad
jurídica, no reconoció la pluralidad cultural del país y por tanto, se definió la
nacionalidad mexicana a partir de una sola lengua, un territorio, una historia y una
cultura común.
En 1989 se aprobó el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
Dentro de las posibilidades que ofrece este
convenio encontramos que su ratificación produce efectos jurídicos inmediatos para el
orden interno en casi todo el sistema constitucional latinoamericano.
Esta implicación en términos del proceso
de juridicidad significa un avance porque en este instrumento se asumen conceptos básicos
relativos al ámbito de los derechos colectivos frente a la hegemonía de los derechos
individuales, de esta naturaleza es el sujeto de derecho, el pueblo indígena se define en
atención a su origen histórico y a la persistencia de todas o parte de sus instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, destacando en este concepto el principio
básico de la autoidentificación. Asimismo, establece que el concepto de tierras debe
comprender al de territorio entendido como el hábitat. Sus limitaciones están dadas por
la naturaleza misma de un convenio que siendo internacional debe perfilar criterios tan
generales que permitan su adaptación a las diversas situaciones de los países
integrantes de la OIT.
México fue el primero de América Latina
que lo ratificó cuando aún no se reformaba su constitución para incluir la
pluriculturalidad. Así, el Senado de la República dictaminó que: "el presente
convenio no contiene disposición alguna que contravenga nuestro orden constitucional ni
vulnere la soberanía nacional".
La ratificación constituye una obligación
para que el Estado cumpla con todas las disposiciones y asegure que en el orden jurídico
interno no haya leyes en contra y esto incluye la misma Constitución.
Perfil de la iniciativa
En primer lugar, habría que anotar que la
propuesta de iniciativa de modificaciones constitucionales, pactada en los Acuerdos de San
Andrés, consiste en reconocer la libre determinación y como expresión de ésta la
autonomía como garantía constitucional para los pueblos indígenas, a fin de dotarles de
derechos específicos en torno a los aspectos sustantivos que constituyen su razón de ser
como pueblos, por ejemplo, formas propias de organización social y política, promoción
y desarrollo de sus culturas, aplicación de sus sistemas normativos internos, definición
de estrategias para su desarrollo, acceso al uso y disfrute de recursos naturales.
Vista así la autonomía sería un derecho
constitucional de los pueblos indígenas, de carácter colectivo ya que ninguno o ninguna
de sus integrantes se puede apropiar de él a título individual.
Estos derechos colectivos tendrían el
mismo rango, coexistirían con los derechos individuales que ya tenemos todos y todas.
En síntesis, la autonomía de los pueblos
indígenas no implica segregación ni reservación o separatismo, pues se dará en el
marco del Estado nacional.
Permite una nueva relación de los pueblos
indígenas con la sociedad y con el Estado. Este es el sentido de la propuesta de reformas
al artículo 4o.
Las relativas al artículo 115
constitucional buscan propiciar el ejercicio del poder político en todos los niveles y
ámbitos de Gobierno, desde la base, la comunidad, establecer la integración de los
ayuntamientos para que los que tengan población mayoritariamente indígena, si así lo
deciden, se remunicipalicen para buscar coincidencia con los territorios actualmente
ocupados por los pueblos indígenas y así se establezca la posibilidad de coordinación
entre dos o más municipios o varias comunidades entre sí. Todo ello no implica la
creación de un cuarto nivel de gobierno.
Así, tenemos a un sujeto de derecho, los
pueblos indígenas, con una definición general y abstracta como corresponde a este tipo
de normas.
Este sujeto de derechos que existe
históricamente sería reconocido con los atributos de libre determinación y autonomía
acotadas al ejercicio de derechos específicos en sentido material, esto es en cuanto a su
contenido. Por lo que se refiere a su ámbito espacial, esto es el ámbito de aplicación,
se respetan los niveles del pacto federal.
La posterior reglamentación de estos
derechos constitucionales precisaría el tipo de competencias y regulaciones necesarias
para garantizarlos en un marco de paulatina modificación del orden jurídico nacional a
fin de que refleje todo él la pluriculturalidad que es característica de la nación
mexicana.
Así pues, la inserción del derecho
indígena no implicaría la creación de diversos órdenes jurídicos como se ha señalado
ni tampoco se trataría de normas destinadas al 10% de la población nacional considerada
indígena.
Criterios constitucionales para abordar
la presente iniciativa
La reforma indígena debe analizarse a
partir de los principios básicos de supremacía constitucional, de igualdad de las normas
constitucionales.
Asimismo, se deben tener presentes las
distinciones entre conceptos propios del derecho internacional público respecto de los
del derecho público interno: es el caso de los conceptos de soberanía, territorio y
libre determinación.
El constitucionalismo es un sistema que si
merece el nombre, si no se reduce a mera cobertura de poderes, toma como punto de partida
el reconocimiento de derechos.
Lo hace para el mismo establecimiento de
poderes, de unos poderes sociales. Los unos se deben a los otros, los poderes a los
derechos. Han de garantizarlos y promoverlos. Para eso sirven constitucionalmente. Lo
primero, el derecho, es lo primario o precedente; lo segundo, el poder, lo secundario o
derivado.
La definición de reformas constitucionales
es momento del derecho sustantivo más que del adjetivo. La armonización y la precisión
de procedimientos se verán en la etapa reglamentaria.
Hay conciencia sobre la complejidad
jurídica de las reformas propuestas; no están en la lógica que ha imperado en el orden
jurídico. Por lo tanto, habría que encontrar los equilibrios necesarios entre unidad y
diversidad, entre derechos individuales y derechos colectivos, entre normas legales
generales y otras particulares, entre los principios de competencia y jerarquía de las
normas, entre la Constitución General y legislaciones locales y secundarias.
Los constitucionalistas han analizado que,
como tendencia, en nuestros países muchas veces se busca crear normas constitucionales
programáticas para el futuro, para cuando seamos grandes, para cuando seamos
democráticos; otra tendencia es crear normas para mañana, para lo que necesitamos
mañana, y pasado hay que reformar otra vez la Constitución; pero una tercera tendencia,
que es la más grave y que es el peligro que pueden tener las nuevas normas
constitucionales de derecho indígena, es la de no reflejar siquiera la realidad que está
sustentando las demandas de los pueblos indígenas y provocar distorsiones en la
naturaleza de las demandas.
Es necesario aclarar que es un falso
dilema, preguntamos si sólo con el contenido de nuevas normas constitucionales se
resolverá la grave situación de los pueblos indígenas, conociendo de antemano la
respuesta. Esta lógica nos podría llevar a la peligrosa conclusión de que da lo mismo
tener el derecho que no tenerlo.
Otro argumento que suele interponerse
resulta menos constitucional, aunque parezca más democrático. Se refiere al de las
mayorías y las minorías, ahí donde ocurre o se presume que los pueblos indígenas se
comprenden entre estas últimas, entre unas minorías.
Más, una cuestión constitucional tan
primaria como la de unos derechos colectivos de alcance constituyente no es cuantitativa,
sino cualitativa.
No es de demografía, sino precisamente de
derecho constitucional. No depende de mayorías y minorías, de cuántos sean los unos y
los otros, los de unas o los de otras culturas, sino de que la pluralidad cultural se dé.
Una vez que dichas normas se integren a la
Constitución, serán parte del interés general que dicha Carta Fundamental representa.
Son normas para todos los mexicanos, si
bien para los pueblos indígenas tienen implicaciones directas en su ejercicio, para el
resto las tiene en la obligación de respetarlas y para el Estado el garantizar su
ejercicio.
La definición de los pueblos indígenas
como nuevos sujetos de derecho
A la definición contenida en la iniciativa
debe relacionársele con el elemento adicional que establece el Convenio 169 de la OIT,
esto es el de la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental.
El texto de la iniciativa reconoce
derechos, no asigna competencias, no crea nuevos niveles de gobierno; consigna el
reconocimiento de derechos colectivos a un nuevo sujeto jurídico constituido por cada
pueblo indígena, derechos de naturaleza diferente a los individuales (derechos
fundamentales que no se cuestionan y a los que no renuncian los integrantes de los pueblos
indígenas).
Cuando se reconoce en la primera frase del
párrafo primero del artículo 2o., hoy vigente, que "la nación mexicana tiene un
carácter pluricultural sustentado originalmente en sus pueblos indígenas", se
refiere a que existe un sujeto preconstitucional y constituyente de la nación mexicana.
La gran mayoría de los mexicanos somos
descendientes de los pueblos originales y de los españoles; sin embargo, algunos
mexicanos pertenecen a los pueblos indígenas y conservan todas o parte de sus culturas
propias. Por lo tanto, no todos los mexicanos tenemos existencia distintiva en tanto
pueblos indígenas ni funcionamiento colectivo a partir de culturas diferentes.
Debe considerarse la naturaleza colectiva
de los derechos de los pueblos indígenas, dimensión que no puede incluirse en los
derechos individuales.
Como sabemos, la concepción clásica de
los derechos humanos define como destinatario o destinataria a la persona. Así lo podemos
constatar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los pactos
internacionales de Derechos Civiles y Políticos y en el de los Derechos Económicos y
Sociales.
832,833,834
Situación que se refleja de manera similar
en la Declaración Americana y en el Pacto de San José. Hay, así, derechos humanos
básicos para toda persona independientemente de su género, raza, lengua, religión. Son
derechos universales, derechos iguales.
Esta concepción ha sido ampliada del plano
de los derechos civiles y políticos a los económicos y sociales, es decir, al del
contexto necesario para que se respeten y ejerzan los derechos inherentes a todo ser
humano.
Según la doctrina clásica a cada derecho
individual corresponde una acción individual y el titular del derecho es el titular de la
acción.
En este caso se trata de derechos cuya
titularidad es difusa, porque no puede ser individualizada. Por ejemplo, todos los
integrantes de un pueblo son sujetos del mismo derecho; todos tienen su disponibilidad y
al mismo tiempo, no pueden contrariarlo porque violarían los derechos de todos los otros
miembros del pueblo. Por ello, su violación o desconocimiento acaba por condicionar el
ejercicio de los derechos individuales tradicionales.
Se trata del reconocimiento constitucional
a una realidad social que permanece a contrapelo de la pretensión de homogeneidad y de
igualdad. Los pueblos indígenas persisten, han practicado y practican formas de
organización social y política y cuentan con culturas diferentes que por lo demás
están en nuestras raíces como nación. Ninguna de las llamadas garantías individuales
permite la adaptación a estos derechos colectivos, a estos derechos de pueblo, a este
nuevo sujeto jurídico.
Los pueblos indígenas están asentados en
comunidades que a su vez lo están en uno o varios municipios de una o varias entidades
federativas (por ejemplo, en Chiapas, el pueblo tzotzil se encuentra en Zinacantán y San
Juan Chamula o el tojolabal en Las Margaritas, Comitán y Altamirano; en los estados de
Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas están los huicholes).
Por lo tanto, la garantía constitucional
de autonomía cuya titularidad correspondería a los pueblos indígenas se ejercería a
partir del espacio comunitario, que sería su unidad primaria de representación. Pero no
sólo en él, no se encerraría el ámbito de la autonomía en los límites territoriales
de la comunidad, por ello se plantea la asociación de comunidades de uno o más pueblos.
La comunidad encierra el ejercicio de
derechos hacia adentro y en el marco del horizonte actual de cada una de ellas
acostumbradas a la sobrevivencia, muy ligada al autoconsumo.
En contraste, el concepto de pueblos
proyecta hacia afuera los derechos de la comunidad.
El concepto de pueblo indígena constituye
una apuesta a su paulatina reconstitución que no obliga a sus comunidades de manera
mecánica a romper su unidad interna o transformarse y abrirse si no lo deciden, pero
permite un horizonte de futuro para aquellas que así lo definan.
Asumir la pluriculturalidad desde el punto
de vista jurídico significa reconocer que el país tiene divisiones culturales y
políticas a lo largo y ancho del país e independientemente de la división territorial
en entidades y municipios, pueblos que no obstante la pulverización en comunidades
continúan reconociendo su pertenencia a ese concepto más amplio.
Reconocer a los pueblos indígenas como la
matriz de esas culturas plantea la necesidad de que la nación se organice y su orden
constitucional exprese esa característica.
La libre determinación y la autonomía
Los pactos internacionales de Derechos
Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificados por
México y que por ello constituyen también parte de la Ley Suprema conforme el artículo
133 constitucional.
En su artículo 1o (numeral 1.1) señalan:
"todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural".
El Convenio 169 de la OIT, si bien no
menciona de manera explícita el derecho a la libre determinación, sí lo presupone al
señalar desde su inicio, en el preámbulo, la necesidad de que los pueblos controlen sus
instituciones propias dentro del marco del Estado en que viven; también disponen los
principios de participación y consulta en la toma de decisiones y el control sobre su
desarrollo social y cultural. Esta normatividad internacional ha sido asumida por nuestro
país al ratificar dichos instrumentos jurídicos.
El ejercicio de este derecho fundamental en
el marco del Estado nacional es la garantía de existencia y desarrollo de los pueblos
indígenas.
Derivada de ello, la autonomía y
autogobierno son condiciones básicas. La autonomía y el autogobierno no son otra cosa
que la capacidad de decidir los asuntos fundamentales de acuerdo con su cultura y bajo
unas reglas pactadas con el Estado.
La propuesta, incluida en los Acuerdos de
San Andrés, es reconocer la autonomía como garantía constitucional para los pueblos
indígenas, con el fin de dotarlos de derechos específicos en torno a los aspectos
sustantivos que constituyen su razón de ser como pueblos, por ejemplo, formas propias de
organización social y política, promoción y desarrollo de sus culturas, sistemas
normativos, definición de estrategias para su desarrollo, acceso al uso y disfrute de
recursos.
Para valorar esta iniciativa es
indispensable advertir sobre la confusión que se ha planteado entre soberanía y
autonomía. De ella derivó el razonamiento sobre la supuesta balcanización. La
autonomía no implica separatismo. No se cuestiona el dominio eminente del Estado sobre el
territorio nacional.
Por otra parte, el artículo 4o.
constitucional se ubica en la parte dogmática de la Constitución, la que refleja los
derechos fundamentales y por ende, los valores que serán garantizados, entre los que ha
estado ausente el de la pluriculturalidad. No contiene, por lo tanto, expresión alguna
que vulnere el Pacto Federal contenido en su parte orgánica.
La iniciativa que presentamos el día de
hoy, precisa la libre determinación y la autonomía relativa a un conjunto de derechos
limitados, acotados; no está colocando a los pueblos indígenas por encima de la nación
mexicana.
Acerca de la protección de sus
territorios: las tierras y los recursos naturales
El territorio es un concepto clave en la
delimitación y reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Se refiere al
espacio geográfico que se encuentra bajo la influencia históricocultural y el control
político de un pueblo, lo que permite tomar decisiones sobre los recursos naturales para
definir cómo se usan y cómo se dispone de ellos.
Recordemos que estos pueblos cuentan con
conocimientos ancestrales y que el territorio está asociado a su vida ritual, creencias,
lugares sagrados; incluso su organización social se relaciona con la ocupación y
distribución adecuada de los recursos naturales.
Es importante aclarar que el ejercicio de
este derecho, como todos los demás, está sujeto a la delimitación de competencias
frente al Estado; no se trata de ejercer soberanía.
Este concepto está definido en el
parágrafo segundo del artículo 13 del Convenio 169, al señalar que la utilización del
término "tierras" deberá incluir el concepto de territorios, "lo que
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna manera".
La propiedad y posesión se refiere, por lo
tanto, a las tierras y no al territorio; ocupación y utilización es sinónimo de uso y
disfrute. Siendo éste el significado del territorio para la preservación y desarrollo de
los pueblos indígenas, resulta clara su distinción con la mera tenencia de la tierra,
cuya regulación jurídica y tipos de propiedad establecidos se mantienen.
Sistemas normativos
Hoy día los pueblos indígenas aplican sus
normas y las modifican y en efecto administran justicia. Se trata de que adquieran el
derecho constitucional sobre esas prácticas históricas.
El reconocimiento de los sistemas
normativos es otro de los derechos referidos a situaciones que históricamente se han
ejercido por los pueblos indígenas como un importante elemento para mantener su cultura.
Son formas de justicia que les han
permitido regularse internamente, enfrentar el conflicto y mantener la cohesión
colectiva. Se habla de "sistemas" porque cuentan con órganos específicos de
tipo colegiado, procesos orales con garantía de audiencia para los implicados, sistema de
sanciones y de verificación de su cumplimiento y sobre todo, normas de cohesión y
control social.
Con base en lo señalado, parece
conveniente el reconocimiento constitucional a los sistemas normativos. Ello no
implicaría violación a la división de poderes.
Se establece la coexistencia con otras
normas como las que se refieren en el artículo 21 constitucional, el cual señala:
"la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial" y
la del artículo 17 constitucional que establece que: "ninguna persona puede hacerse
justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho".
El reconocimiento constitucional otorgaría
validez jurídica a las decisiones de estos pueblos y status de derecho público.
Quedaría así claro que la justicia indígena es justicia propiamente dicha y no forma de
resolución de conflictos entre particulares, como se ha pretendido equiparar.
Con este reconocimiento, no se crearían
"fueros indígenas especiales".
En primer lugar, el centro de la norma
constitucional es el reconocimiento a los sistemas normativos.
La convalidación sería parte de los
mecanismos de articulación de dicho reconocimiento con el conjunto del orden jurídico y
esta característica no la tienen los fueros o tribunales especiales.
Es decir, la materia de la convalidación
serían las resoluciones específicas de los pueblos indígenas y de ninguna manera el
derecho autonómico de "aplicar sus sistemas normativos".
La precisión en cuanto a la materia del
orden jurídico, civil, penal, fiscal, mercantil, administrativo y laboral, se regularán
en la legislación secundaria.
Este sistema de administración de justicia
indígena, en un proceso reglamentario podría válidamente considerarse como base de
instancia final en casos menores y de primera instancia jurisdiccional en casos graves,
dejando a las autoridades externas la posibilidad de resolver en apelación, siempre y
cuando se introduzcan reformas que permitan la consideración de los elementos culturales
que incidieron en los hechos materia del litigio, tales como uso del traductor en lengua
indígena, peritajes de autoridades tradicionales, testimoniales de la comunidad, entre
otros.
De ser el caso, la siguiente etapa
consistiría en precisar los ámbitos materiales y espaciales de la jurisdicción
reconocida a los pueblos indígenas: sin duda requiere reglamentación, delimitación de
funciones, de competencias, habrá asuntos que deben quedar a cargo del Estado, incluso
muchos de ellos demandados por los propios pueblos, como por ejemplo, el combate al
narcotráfico.
Se precisaría si la capacidad
jurisdiccional de los pueblos se refiere a todas aquellas situaciones que se presenten en
el territorio ocupado por ellos, independientemente de que en ellas participen indígenas
y/o no indígenas o bien si en algunas situaciones se requiere establecer la "opción
de jurisdicción" para que se defina quién atiende tal o cual situación o
conflicto.
La comunidad como entidad de derecho
público
Otro de los elementos de la iniciativa se
refiere al reconocimiento de la comunidad indígena como entidad de derecho público en
atención a su origen histórico y a que no tiene como finalidad la satisfacción de
intereses particulares: operaría independientemente del tipo de tenencia de la tierra.
Con ello permitiría el manejo de recursos públicos, le dotaría de personalidad
jurídica para ser sujetos de derecho en los asuntos que les atañen, como realizar la
planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, asociarse libremente con otras
comunidades o municipios para promover proyectos comunes que fortalezcan a los pueblos
indígenas, otorgar presunción de legalidad y legitimidad a sus actos, definir
representantes para la integración de los ayuntamientos y entre otras funciones,
establecer y aplicar las disposiciones relativas a su gobierno interno.
Así pues, el reconocimiento al pueblo
indígena y el específico a las comunidades que lo integran no es excluyente, sino
complementario o derivado. No implica modificación al Pacto Federal, no es un cuarto
nivel de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto y
CONSIDERANDO
Primero. Que el dictamen aprobado
por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados a partir de la iniciativa elaborada
por la Cocopa y presentada por el Ejecutivo Federal que reforma los artículos
constitucionales en materia indígena, lejos de conseguir los objetivos que le dieron
fundamento, provocó la suspensión inmediata del diálogo y la negociación con el EZLN.
Segundo. Que consecuencia de ello es la
vigencia de la declaración de guerra que hizo el EZLN al Gobierno Federal en 1994 y la
imposibilidad de firmar un acuerdo de paz con justicia y dignidad.
Tercero. Que la publicación del
decreto, más que significar un avance en la distensión nacional, provocó el malestar de
las comunidades indígenas que han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación más de 300 controversias a cinco puntos constitucionales expresados en dicha
reforma: los ámbitos de la autonomía, la libre determinación, tierra y territorio,
recursos naturales, el reagrupamiento de nuevos municipios y los pueblos indígenas como
entidades de derecho público.
835,836,837
Cuarto. Que el procesamiento
legislativo al cumplir sus fases jurídicas no satisface las demandas y exigencias de un
vasto sector de la sociedad mexicana, precisamente el principal destinatario de la ley y
que han sido apoyados por millones de mexicanos físicamente, con su presencia en calles y
plazas en las movilizaciones y con su opinión, en las consultas públicas realizadas por
el EZLN y el Congreso Nacional Indígena.
Quinto. Que los legisladores debemos
reconocer que la incitativa de ley de modificaciones constitucionales en materia
indígena, elaborada por la Cocopa, que hoy presento nuevamente al pleno de esta
legislatura, a nombre de un grupo de diputados, tiene una dimensión mayor que otras
iniciativas elaboradas por los partidos políticos o el Poder Ejecutivo, pues es el
resultado de una negociación bilateral entre el gobierno y el EZLN.
Sexto. Que la iniciativa de ley que
hoy se presenta, formaliza los acuerdos entre el EZLN y el Gobierno, conocidos como de San
Andrés Larráinzar, que especifican cuáles son las aspiraciones de las poblaciones
originarias de México, por lo que se debe aceptar esta iniciativa de ley como el
documento que finca y antecede la firma de un acuerdo de paz.
Séptimo. Que el procesamiento
legislativo no puede perder de vista que las reformas a la Constitución aquí propuestas
son una condición ineludible para despejar los riesgos de inestabilidad y avanzar en la
pacificación, la concordia y el desarrollo equilibrado y democrático de amplias regiones
del país donde se asientan las comunidades indígenas.
Octavo. Que el Congreso de la Unión
no es una oficialía de partes que recibe y daca, con rúbricas indelebles, acuerdos que
no reflejan la esperanza de los mexicanos, sus demandas sociales, políticas, económicas,
culturales e históricas. Por el contrario, el Congreso de la Unión es un espacio creado
por la ciudadanía en complejos y frecuentemente penosos procesos históricos. Su fin es
producir los argumentos que vinculen la buena fe con la lucidez, la responsabilidad con la
oportunidad de lograr que prevalezcan los intereses colectivos por sobre los intereses de
facciones, grupos o minorías ilustradas que pretenden negar la existencia de individuos y
comunidades que reclaman el respeto a su cultura sus derechos de posesión y acceso a los
recursos naturales de los territorios donde ancestralmente han vivido.
Noveno. Que corresponde a los legisladores
propiciar, con su participación decidida, a que la iniciativa de modificaciones
constitucionales en materia indígena, elaborada por la Cocopa, tenga un procesamiento
donde participen, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y a favor de la paz, todos
los pueblos indígenas de México y la sociedad en general en una consulta pública
convocada por el Congreso de la Unión y que el dictamen final que se presente, sea el
resultado de esta consulta, tal como lo dispone el actual marco jurídico nacional.
Con fundamento en los artículos 71
fracción II 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56, 60, 63, 135, 138, 139,
140, 141, 165 y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a su consideración, la siguiente
INICIATIVA
De ley que establece modificaciones
constitucionales en materia indígena
Artículo único. Se reforman y
adicionan los artículos 2o., 4o., 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Está prohibida
la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al
territorio nacional alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y la protección de las
leyes.
Artículo 4o. La nación mexicana
tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas,
que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la
colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos
Mexicanos y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Los pueblos indígenas tienen el derecho a
la libre determinación y como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado
mexicano, para:
I. Decidir sus formas internas de
convivencia y de organización social, económica, política y cultural;
II. Aplicar sus sistemas normativos en la
regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales,
los derechos humanos y en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus
procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades
jurisdiccionales del Estado;
III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus
formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía,
garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;
IV. Fortalecer su participación y
representación política de acuerdo con sus especificidades culturales;
V. Acceder de manera colectiva al uso y
disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la
totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquéllos cuyo
dominio directo corresponde a la nación;
VI. Preservar y enriquecer sus lenguas,
conocimientos y todos los elementos que configuren su cultura e identidad y
VII. Adquirir, operar y administrar sus
propios medios de la comunicación.
La Federación, los estados y los
municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con el concurso de
los pueblos indígenas, promover su desarrollo equitativo y sustentable y la educación
bilingüe e intercultural. Asimismo deberán impulsar el respeto y conocimiento de las
diversas culturas existentes en la nación y combatir toda forma de discriminación.
Las autoridades educativas federales,
estatales y municipales, en consulta con los pueblos indígenas, definirán y
desarrollarán programas educativos de contenido regional, en los que reconocerán su
herencia cultural.
El Estado impulsará también programas
específicos de protección de los derechos de los indígenas migrantes, tanto en el
territorio nacional como en el extranjero.
Para garantizar el acceso pleno de los
pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos
que involucren individual y colectivamente a indígenas, se tomarán en cuenta sus
prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta
Constitución. Los indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan conocimiento de sus
lenguas y cultura.
El Estado establecerá las instituciones y
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos
indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con dichos pueblos.
Las constituciones y las leyes de los
estados de la República, conforme a sus particulares características, establecerán las
modalidades pertinentes para la aplicación de los principios señalados, garantizando los
derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas.
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Artículo 26. . .
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La legislación correspondiente
establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se
tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus
especificidades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la
distribución de la riqueza nacional.
. . .
Artículo 53. . .
Para establecer la demarcación territorial
de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá
tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su
participación y representación políticas en el ámbito nacional...
. . .
Artículo 73. El Congreso tiene
facultad:
I a la XXVII. . .
XXVIII. Para expedir las leyes que
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal de los estados y de los municipios en el
ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los pueblos y comunidades indígenas,
con objeto de cumplir los fines previstos en los artículos 4o. y 115 de esta
Constitución;
Artículo 115. . .
I y II. . .
III. Los municipios tendrán a su cargo las
funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines y su
equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del
artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito e
i) Los demás que las legislaturas locales
determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así
como su capacidad administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia
constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su
cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
Los municipios, previo acuerdo entre sus
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este
caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, deberán contar
con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas.
Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal
de algunos de ellos o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
municipio;
Las comunidades indígenas, dentro del
ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que
prevenga la ley.
IV y V. . .
a al j. . .
. . .
En los planes de desarrollo municipal y en
los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación en los
núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, en los términos
que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos de
participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación,
ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen
al desarrollo social.
VI a la VIII. . .
IX. Se respetará el ejercicio de la libre
determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que
hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a
las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.
Las comunidades indígenas como entidades
de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena,
tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las
autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos,
para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá
a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que
pudieran transferírseles y
838,839,840
X. En los municipios, comunidades,
organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un
pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo
con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los
procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado
nacional. La legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el
ejercicio pleno de este derecho.
Las legislaturas de los estados podrán
proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos
indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.
Artículo 116. . .
. . .
I y II. . .
. . .
. . .
Para garantizar la representación de los
pueblos indígenas en las legislaturas de los estados por el principio de mayoría
relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución
geográfica de dichos pueblos."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan los artículos
transitorios del decreto de reformas constitucionales de fecha 15 de agosto de 2001.
México, D.F., Palacio Legislativo.—
San Lázaro, a 18 de febrero del año 2002.— Diputados: Jaime Martínez Veloz,
José Narro Céspedes, José Manuel del Río Virgen, Humberto Mayans Canabal, Raquel
Cortés López, Juan Carlos Regis Adame, Víctor Roberto Infante González, Félix
Castellanos Hernández, Rosa Delia Cota Montaño, Luis Priego Ortiz, Ildefonso Zorrilla
Cuevas, Josefina Hinojosa Herrera, César Augusto Santiago, Jorge Esteban Sandoval, Samuel
Aguilar Solís, Librado Treviño Gutiérrez, Norma Enriqueta Bacilio Sotelo, Hermilo
Monroy Pérez, Angel Meixueiro González, Efrén Leyva Acevedo, Abel Trejo González,
Lilia Araceli Mendoza Cruz, Bulmaro Rito Salinas, Cándido Coheto Martínez, Rodolfo
González Guzmán, Irma Piñeiro Arias, Beatriz Lorenzo Juárez, José Calderón Cardoso,
Benjamín Ayala Velázquez, Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Larrazábal Bretón, José Soto
Martínez, José María Guillén Torres, José Gerardo de la Riva Pinal, Salvador
Castañeda Salcedo, Oscar del Real Muñoz, Sergio Acosta Salazar, Lorena Beaurregard de
los Santos, Jesús de la Rosa Godoy, Flor Añorve Ocampo, Nabor Ojeda Delgado, Sergio
Maldonado Aguilar, Félix Salgado Macedonio, Héctor Pineda Velázquez, Andrés Carballo
Bustamante, Eréndira Cova Brindis, Maricruz Cruz Morales, Santiago López Hernández,
Claudio Bres Garza, María Luisa Araceli Domínguez Ramírez, Laura Hermelinda Pavón
Jaramillo, Maricela Sánchez Cortés, Olga Margarita Uriarte Rico, Adela Cerezo Bautista,
Víctor Antonio García Dávila, Alberto Anaya Gutiérrez, Lorena Martínez Rodríguez,
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, Jaime Alcántara Silva, Jaime Vázquez Castillo,
Roberto Javier Fuentes Domínguez, Gustavo Lugo Espinoza, Beatriz Cervantes Mandujano,
José Luis González Aguilera, Ranulfo Márquez Hernández, Ramón León Morales,
Magdalena del Socorro Nuñez Monreal, Arturo Herviz Reyes, María del Rosario Tapia
Medina, Emilio Ulloa Pérez, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Héctor Sánchez López, Rafael
Servín Maldonado, María Miroslava García Suárez, Silvano Aureoles Conejo, Víctor Hugo
Cirigo Vázquez, Rafael Hernández Estrada, Esteban Daniel Martínez Enríquez, Rufino
Rodríguez Cabrera, Francisco Patiño Cardona, David Augusto Sotelo Rosas, Eric Eber
Villanueva Mukul, Auldarico Hernández Gerónimo, Rufino Elías Martínez, Petra Santos
Ortíz, Bonifacio Castillo Cruz, Martí Batres Guadarrama, Angel Enrique Herrera y
Bruquetas, Alfredo Hernández Raigosa, Hortensia Aragón Castillo, Ma. de los Angeles
Sánchez Lira, J. Jesús Garibay García, Gregorio Urías Germán, Pedro Miguel Rosaldo
Salazar, Genoveva Domínguez Rodríguez, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, José
Antonio Magallanes Rodríguez, Tomás Torres Mercado, Mario Cruz Andrade, Rogaciano
Morales Reyes, Luis Herrera Jiménez, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Manuel Duarte
Ramírez, Rosalinda López Hernández, Rubén Aguirre Ponce, Uuc-kib Espadas Ancona,
Alejandro Gómez Olvera, Adela del Carmen Graniel Campos, Rodrigo Carrillo Pérez, Miguel
Bortolini Castillo, Ricardo Moreno Bastida, Sergio Acosta Salazar, Martha Angélica
Bernardino Rojas, María Alejandra Barrales Magdaleno, José Delfino Garcés Martínez,
Jaime Cervantes Rivera, Neftalí Jiménez Olán, Julio César Vidal Pérez, Jorge Luis
García Vera, Silverio López Magallanes, Simón Iván Villar Martínez, Maricruz
Montelongo Gordillo, Marco Antonio Dávila Montesinos, Miguel Arizpe Jiménez, César
Horacio Duarte Jáquez, Raúl Homero González Villalva, Celestino Bailón Guerrero,
Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, Manuel Añorve Baños, Bernardo de la Garza Herrera,
Concepción Salazar González, Diego Cobo Terrazas, Nicasia García Domínguez, Esveida
Bravo Martínez, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, María
Teresa Campoy Ruy Sánchez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Francisco Agundis Arias,
Erika Elizabeth Spezia Maldonado y María Cristina Moctezuma Lule.»
El Presidente:
Túrnese esta iniciativa a las
comisiones unidas de Puntos Constitucionales e inscríbase íntegramente en el Diario
de los Debates.
Continúe la Secretaría con los oficios.
PEMEX
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán
Lagunes:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número III-324 de
fecha 13 de diciembre de 2001, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos,
con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar
número DG-80-02-028/2002 de fecha 7 del mes en curso, signado por el ciudadano Marcos
Ramírez Silva, director general de Gas y Petroquímica Básica de Petróleos Mexicanos,
por el que da contestación al punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Energía
del Senado de la República, en relación con las propuestas del Congreso del Estado de
Coahuila y de los senadores Adalberto Madero Quiroga y Natividad González Parás.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 12 de febrero de
2002.— Director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
En atención a su oficio número
DGG/210/2852/01 del pasado 18 de diciembre, dirigido al ingeniero Raúl Muñoz Leos,
director general de Petróleos Mexicanos, me permito comentarle lo siguiente con relación
a los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión de Energía del Senado de la
República:
1. La conducción y definición de la
política energética de largo plazo corresponde a la Secretaría de Energía, mientras
que la definición de las condiciones regulatorias de la industria corresponde a la
Comisión Reguladora de Energía. En este sentido, Petróleos Mexicanos y PEMEX-Gas siguen
los lineamientos que ambas entidades dicten en materia de gas natural y de gas licuado.
2. La potencial cancelación del Convenio 4
x 3, implicaría que Pemex-Gas dejaría de percibir utilidades por aproximadamente 350
millones de dólares. Se están estudiando, conjuntamente con las autoridades en la
materia, diferentes alternativas del procedimiento a seguir en caso de que se decidiera la
cancelación de dicho convenio.
3. La metodología de fijación de precios
de todos los productos comercializados por Petróleos Mexicanos, considera el costo de
oportunidad en los mercados internacionales relevantes, ajustando el valor correspondiente
con los costos de logística o con variables de calidad. En el caso del gas natural,
corresponde a la Comisión Reguladora de Energía analizar las alternativas y, en su caso,
promover los cambios que se consideren oportunos.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes
para cualquier comentario al respecto.
Atentamente.
México, D.F., a 7 de febrero de
2002.— Director general, Marcos Ramírez Silva.»
El Presidente:
Remítase a la Cámara de Senadores.
VICENTE
FOX QUESADA
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán Lagunes:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número DGPL
58-II-1-529 de fecha 11 de diciembre de 2001, signado por los ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño
para los fines que estimen procedentes, copia de la comunicación número..... DG/160/02
suscrita por el licenciado Manuel Gómez Morín Martínez del Río, director general de
Radio, Televisión y Cinematografía, de esta propia Secretaría, dando contestación al
punto de acuerdo relativo al programa radiofónico "Fox en vivo, Fox contigo",
promovido por el diputado Efrén Leyva Acevedo.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Licenciado Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno.— Presente.
Me refiero a su oficio número
DGG/210/2693/01, recibido en esta dirección general el 2 de enero del presente año,
mediante el cual solicita atender el oficio emitido por los ciudadanos secretarios de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el cual exhorta a esta
dependencia para que evalúe el programa radiofónico "Fox en vivo, Fox contigo"
y verifique que sus transmisiones se apeguen a lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y
Televisión, en su artículo 10 fracción I.
Sobre el particular, le informo que se
supervisaron cuatro transmisiones por radio del programa "Fox en vivo, Fox
contigo" , constatándose que las mismas cumplen con lo dispuesto en el artículo
antes mencionado, en virtud de que se mantienen dentro de los límites de respeto a la
vida privada, a la dignidad personal y a la moral, no atacan derechos de tercero ni
provocan la comisión de algún delito o perturban el orden y la paz pública.
Sin otro particular, le envío un cordial
saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 8 de febrero de
2002.— Licenciado Manuel Gómez Morín Martínez del Río.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
REINO DE
BELGICA
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán Lagunes:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Michel Yvan
Stinglhamber de Brouwer, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona,
en grado de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada de su carta de
naturalización y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la
que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
841,842,843
Agradezco a ustedes su atención a la
presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán
Lagunes:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Artemio
Santos Santos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado
de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de
nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se
le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán
Lagunes:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a
continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Ennio López Mora, auxiliar administrativo,
Embajada de la República Oriental de Uruguay, en México.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, originales de la nota diplomática K.16/002005 y carta del
interesado, con la que se solicita se realicen los trámites correspondientes, así como
copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha
persona.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Túrnese a la Primera Comisión.
estados
unidos de america
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán
Lagunes:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se
citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno que se menciona:
Andrés de González-Argüelles Guasque;
como empleado de oficina en la agencia consular de Estados Unidos de América en San Luis
Potosí, San Luis Potosí.
Carlos Olvera Moreno, como mecánico de
mantenimiento, en el consulado general de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Soraya Reené Garduño Estrada, operadora
telefónica en la embajada de Estados Unidos de América en México.
Brenda Cruz Hernández, como empleada de la
sección de visas, en el consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
Paola Dominic Arozamena Aguilar, como
asistente de visas; José Joel López Moreno, como ayudante general; Manuel Mora
González, como almacenista, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
María Esther Rojas Castañeda, como
asistente de visas, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Héctor Aguirre Osuna, como asistente
consular en la agencia consular de Estados Unidos de América en Puerto Vallarta, Jalisco.
Para tal efecto, se anexan copias
certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de las
personas mencionadas, así como los originales de los escritos en que solicitan se
realicen los trámites correspondientes.
Por otra parte, comunico a usted que la
siguiente persona se dirigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitando la
cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión,
para prestar sus servicios al gobierno estadounidense:
Marco Antonio García Cárdenas, como
técnico en contabilidad, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 11 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Por lo que se refiere a la solicitud de
permisos: recibo y túrnese a la Primera Comisión.
Y por lo que se refiere al ciudadano que
ha dejado de prestar servicios: túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Publica de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de
Senadores, para su conocimiento.
REPUBLICA
DE KENIA
El Presidente:
Los siguientes puntos del orden del día
son dictámenes a discusión.
En virtud de que se encuentran publicados
en la Gaceta Parlamentaria, consulte, señora Secretaria, a la Asamblea, si
autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos en su parte
resolutiva.
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán Lagunes:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a
los puntos de acuerdo y a los decretos.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Se autoriza.
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán Lagunes:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión
de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el
expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor de la
ciudadana Margarita Diegues y Armas, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de
México en la República de Kenia, enviado a esta Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI
del artículo 89.
Esta comisión desea señalar que después
de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el
expediente respectivo y de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento
presentada por la ciudadana Diegues y Armas, consta que nació en la Ciudad de México el
16 de junio de 1941. Por lo anterior, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento
y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designada. A
su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece
que obtuvo la licenciatura en derecho por la Universidad Iberoamericana. Es miembro de
carrera del servicio exterior mexicano desde 1964.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores
se ha desempeñado dentro del comité preparatorio para la proscripción de las armas
nucleares en América Latina, como secretaria particular del titular de la Cancillería y
directora general de organismos regionales americanos. En el exterior, fue ministra del
servicio exterior mexicano adscrita a la misión permanente de México ante las Naciones
Unidas y embajadora de nuestro país ante el gobierno de la República de Bolivia.
Dentro de otras responsabilidades en la
Administración Pública Federal, ha sido subdirectora de Asuntos Bilaterales
Internacionales de la Secretaría de Turismo; directora general de Asuntos Internacionales
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y coordinadora de asesores del
Secretario de Pesca.
Con base en el acuerdo tomado por la
Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente
para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos
diplomáticos, la comisión que suscribe citó a la ciudadana Diegues y Armas a una
reunión en donde se conversó sobre la política exterior de México en el Africa
subsahariana, el estado actual de las relaciones de nuestro país con la República de
Kenia, así como con los gobiernos de Tanzania, Uganda, Etiopía, Erítrea y Seychelles,
donde la diplomática estará acreditada concurrentemente, de ser ratificada por esta
soberanía.
La embajadora designada inició su
exposición haciendo una breve reseña de la relación México-Kenia, del porqué la
decisión del Gobierno de México de abrir la Embajada en Kenia, sustentándola en su
reconocido liderazgo y la importancia estratégica que este país tiene en Africa del
este, especialmente por su participación en la búsqueda a la solución de los conflictos
que aquejan a sus vecinos, en su estabilidad interna y su política de no intervención,
en su actitud a favor de la solución a conflictos civiles, aunque paradójicamente su
rechazo enérgico a la injerencia externa en el tema de los derechos humanos le ha
permitido mantener una excelente relación con sus vecinos.
Las relaciones con la República de Kenia
se han caracterizado por un buen entendimiento político, lo que ha propiciado que los
encuentros bilaterales de alto nivel se hayan intensificado, especialmente en los foros
multilaterales. La embajadora designada enumeró los objetivos de trabajo a desarrollar
como representante permanente ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi, y que se enfocarán básicamente a participar en la
construcción de un nuevo diseño institucional del propio PNUMA para que sus tareas
estén bien definidas y sus recursos asegurados, así como aprovechar el monitoreo que
realiza este programa sobre el deterioro ambiental a nivel mundial, de ahí que consideró
importante impulsar la reestructuración de este órgano, de tal forma que no se siga
debilitando por el trabajo que desarrolla la Comisión de Desarrollo Sustentable.
Si bien ratificó la postura de México por
apoyar al PNUMA para que retome el liderazgo en materia ambiental y para que se le siga
reconociendo como la principal instancia de Naciones Unidas en materia de Medio Ambiente,
los miembros de esta Segunda Comisión solicitamos que nos ampliara sus argumentos y las
posibilidades de que los países miembros del sistema de Naciones Unidas lleguen a la
misma conclusión, no obstante el que nuestro país sea la sede de la oficina para
América Latina y el Caribe.
844,845,846
La embajadora designada comentó a los
miembros de la comisión dictaminadora que la importancia de tener una representación en
Nairobi no sólo se sustenta en el papel estratégico de Kenia en el este africano o el
que sea la sede del PNUMA, sino además citó la importancia que representa nuestra
presencia dentro del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(Un-Habitat), por ser éste uno de los principales desafíos que enfrenta México y en
donde nuestro país ha manifestado que los retos de la urbanización requieren una visión
integral del desarrollo que involucre los aspectos ambientales, sociales, económicos y
políticos. Conviene resaltar las dos propuestas que en este tema destacan y que son el
fortalecimiento del Fondo para la Erradicación de la Pobreza y la Intensificación del
Diálogo a través de la Comisión de Asentamientos Humanos para el fortalecimiento de las
autoridades locales y de los cuales México puede sacar provecho para la instrumentación
de sus políticas correspondientes. Por esto último, durante su exposición comentó la
ciudadana Diegues y Armas que convendría a nuestro país promover la participación de
una alta autoridad del Gobierno de México en la próxima Asamblea de la Organización de
la Unidad Africana, que tendrá lugar en Sudáfrica en junio próximo, así como también
participar en los preparativos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable que
tendrá lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de este mismo año.
En su programa de trabajo, la embajadora
designada expuso que en congruencia con los antecedentes que han determinado el rumbo de
nuestra relación con Kenia, una de las tareas a realizar será estrechar el contacto con
las personalidades de la vida política, social, cultural y empresarial tanto de Kenia
como de los países donde tendrá sus concurrencias, asimismo destacó el papel de los
cónsules honorarios dada la amplitud de su circunscripción, por lo que buscará
identificar a los candidatos idóneos para desempeñarse como cónsules honorarios en
Addis Abeba, Asmara y Dar es Salaam, así como al encargado de inaugurar el consulado
honorario en Arusha, Tanzania.
Destacó la importancia que reviste para
Kenia el próximo proceso electoral a desarrollarse en el segundo semestre de este año,
en donde el actual Presidente entregará el poder después de cinco mandatos consecutivos
en el poder; de haber cambios se traducirían en un nuevo manejo de nuestra relación
bilateral.
En la relación comercial bilateral
destacó su compromiso por contactar a los empresarios kenianos para alentarlos a
incrementar sus importaciones de México e identificar nuevos productos que pudieran
interesar en esta región.
En el rubro de la cooperación técnica,
educativa y cultural, mencionó que ésta sigue siendo una importante herramienta de
penetración de México en el Africa subsahariana, que con respecto a Kenia, registró un
notorio incremento mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de ese país que les
permite cursar estudios de postgrado; afirmó que continuará promoviendo la realización
de visitas de estudio a nuestro país y se buscará ampliar el Programa Especial de Becas
para Africa incrementando la cooperación técnica de México hacia la región. En el
campo cultural, se comprometió a impulsar la presentación de muestras culturales
mexicanas como exposiciones, ciclos de cine etcétera, para que se difundan en el interior
de la región donde estará acreditada.
La embajadora finalmente se refirió al
estado que guardan las relaciones bilaterales con los países donde estará acreditada
concurrentemente. Se refirió a Tanzania por haber sido el país africano en el cual
México abrió su primera Embajada en Africa oriental y desde donde se estrechó la
relación bilateral a través de la cooperación técnica y educativa. Se ocupó entonces
de Etiopía donde a pesar de que México cerró su misión diplomática a partir de 1989,
los vínculos políticos se mantienen por el referente de la defensa que nuestro país
hizo en la sociedad de naciones en los años treinta del siglo pasado contra el
expansionismo de su ex metrópoli que éste país sufría. Actualmente, el presidente
etíope ha manifestado su interés por establecer proyectos de colaboración con México
mediante la suscripción de un acuerdo bilateral en materia de agricultura, turismo, pesca
e intercambio comercial. Aunado a lo anterior, la ciudadana Diegues y Armas, manifestó
que, en el caso de que México pretenda ampliar su presencia en Africa, habría que
considerar la opción de reabrir nuestra representación diplomática en Etiopía, ya que
además de su situación estratégica, este país es sede de la Organización para la
Unidad Africana y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa. Respecto
a la relación bilateral con Eritrea, la ciudadana Diegues y Armas informó que es
reciente y México becó a un grupo de estudiantes eritreos en las áreas de turismo,
química y medicina. Con Seychelles la relación data de 1986, pero ha sido sólo a
través de los contactos en foros multilaterales. Es importante señalar, concluyó la
embajadora designada, que todos estos países, con excepción de Eritrea que no pudo votar
por problemas financieros, apoyaron la candidatura de nuestro país al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
Dicha reunión tuvo verificativo en el
salón "Cristales" del edificio G de la Cámara de Diputados y en la misma, los
legisladores que integramos esta comisión que dictamina, conversamos sobre los citados
temas con la embajadora designada, pudiendo comprobar por este medio y por el programa de
trabajo que presentó, el grado de conocimientos que tiene sobre los temas internacionales
así como la preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. En
particular, le reconocemos su trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano.
Dentro de los cuestionamientos hechos por
los legisladores destacan los del diputado Ildefonso Guajardo sobre el impacto que el
cierre de embajadas en Africa tuvo en las relaciones de México con los países de esa
área en los años ochenta. La embajadora designada coincidió en lo lamentable de tal
decisión sugiriendo la necesidad de reabrir la de Etiopía.
El diputado José Alfredo Botello preguntó
si mantendría contactos con todos los actores políticos de ese país. La ciudadana
Diegues y Armas asintió procurando hacerlo con tacto y discreción.
La senadora Sara Castellanos la felicitó
por su defensa de los derechos humanos y de género y pidió que la embajadora designada
ampliara sus comentarios sobre la relación de PNUMA y la Comisión de Desarrollo
Sustentable de la ONU. La ciudadana Diegues y Armas dijo que aquella era desfavorable para
el PNUMA por los recursos y el lugar de la sede.
Con base en la documentación remitida por
la Cancillería y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que
suscribe, constatamos por unanimidad que la ciudadana Diegues y Armas posee los requisitos
ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser
designada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de
Kenia.
En tal virtud, nos permitimos someter a la
consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de las facultades que
le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor de la ciudadana
Margarita Diegues y Armas, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en
la República de Kenia.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 19 de febrero de
2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats, secretario; Alfredo Ochoa Toledo, secretario; Ernesto
Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz,
Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; Efrén Leyva Acevedo,
Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan
Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.»
El Presidente:
Está a discusión el dictamen con punto de
acuerdo.
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán Lagunes:
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a las puertas de este recinto
la ciudadana Margarita Diegues y Armas, cuyo nombramiento como embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria de México en Kenia, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que la introduzcan a este salón y la
acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes
legisladores: José Natividad González Parás, Jorge Nordhausen González; Jaime Salazar
Silva; Miroslava García Suárez y José Rodolfo Escudero Barrera.
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán Lagunes:
Se invita a los presentes a ponerse de
pie.
El Presidente:
Ciudadana Margarita Diegues y Armas:¿Protesta
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria de México en Kenia, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Margarita Diegues y Armas:
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciera, que la nación se lo
demande.
¡Felicidades, señora embajadora!
Se solicita a la comisión designada,
acompañar a la señora embajadora cuando desee retirarse.
Continúe, señor Secretario.
REPUBLICA
DE BOLIVIA
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión
de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el
expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del
ciudadano Eliezer Morales Aragón, como embajador extraordinario y plenipotenciario de
México en la República de Bolivia, enviado a esta Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI
del artículo 89.
Después de haber analizado el nombramiento
que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión
desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento que la
Secretaría de Relaciones Exteriores anexa a aquél, hace constar que el ciudadano Morales
Aragón nació en Villa Guerrero, Estado de México, el 8 de octubre de 1933. En tal
virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se
requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece
que obtuvo la licenciatura en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es de destacar que el embajador designado
ha desempeñado diversos cargos en organizaciones sociales, entre los que podemos citar
los siguientes:
Secretario general del Sindicato de
Personal Académico y secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México; así como secretario general del Sindicato
Unico Nacional de Trabajadores Universitarios.
En el sector público se desempeñó como
asesor del titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
En el ámbito académico y docente, el
ciudadano Morales Aragón fue director de la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México y desde 1968 profesor titular definitivo de tiempo completo.
Es miembro del Colegio Nacional de Economistas y consejero profesor de la Facultad de
Economía en el Consejo Académico del Area de Ciencias Sociales de la UNAM. Fue coautor y
compilador del volumen número 67 de las lecturas del trimestre económico del Fondo de
Cultura Económica con el tema crecimiento, equidad y financiamiento en América Latina.
847,848,849
En acatamiento del acuerdo tomado por la
Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente
para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos
diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano Morales Aragón a una reunión
en donde se conversó sobre la política exterior mexicana hacia Latinoamérica, la
circunstancia internacional en que se desenvuelve esa región, en forma especial la
interna de Bolivia, así como el estado que guardan las relaciones bilaterales. Expuso a
esta soberanía de manera sintética, su programa de trabajo.
El embajador designado comentó que a nivel
regional, México se ha propuesto consolidar una asociación privilegiada con los países
latinoamericanos, que refleje las profundas afinidades culturales e históricas entre los
pueblos de la región. Este concepto recoge en lo político, la articulación de consensos
regionales sobre asuntos de interés común; en lo económico, el establecimiento y
fortalecimiento de los tratados de libre comercio y en el ámbito de la cooperación, el
impulso a una intensa relación con todos los sectores.
El embajador designado comentó que la
importancia de Bolivia se acrecienta debido a que, geopolíticamente es estratégico por
su ubicación, ya que como miembro de la comunidad andina de naciones y como miembro
asociado del Mercosur, converge dentro de las principales zonas que se encuentran
promoviendo su proceso de integración.
En materia consular el embajador designado
pretende consolidar un servicio de documentación eficiente y atender la protección de
los derechos de los mexicanos en Bolivia. En esta línea se dará especial atención al
caso de nuestra connacional Raquel Gutiérrez Aguilar, para solucionar su situación
jurídica en ese país.
Los miembros de esta Segunda Comisión de
Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estamos conscientes que
Bolivia ha sido uno de los países latinoamericanos que mayor inestabilidad política ha
sufrido a lo largo de sus casi dos siglos de vida independiente. La promoción de la
democracia es una de sus más caras aspiraciones. El 6 de agosto de 2001, como resultado
de la renuncia del presidente Banzer, asumió la presidencia el entonces vicepresidente
Jorge Quiroga, quien concluirá su mandato en agosto de 2002. En consecuencia, la
situación política para el 2002 girará alrededor del proceso electoral y la
designación de nuevas autoridades en todos los niveles. El IFE ha manifestado su
disposición de asesorar en la organización el proceso.
Un asunto en el que el embajador designado
buscó la atención de los miembros de esta comisión fue en el tema de la marginación
social que vive ese país latinoamericano. Es el país más pobre del continente después
de Haití, el 70% de su población es indígena y registra en muchos indicadores niveles
de desarrollo social similares a los de algunos países africanos. El Informe Mundial de
Desarrollo Humano de 2001 lo sitúa en el lugar 104 del mundo. El gobierno boliviano acude
con mayor frecuencia a la cooperación que reviste la modalidad de donación y cubre todos
los aspectos financieros de los proyectos que se presentan. Señaló que la estrategia de
lucha contra la pobreza no ha arrojado los resultados esperados. El 63% de la población
está bajo la línea de la pobreza y 37% bajo la de indigencia. El embajador designado
afirma que la cooperación mexicana (científica y técnica o educativa) sin eliminar el
criterio de gastos compartidos, no puede plantearse en términos similares en los que se
otorga a otros países de Sudamérica, sino confiriéndole un tratamiento similar al
concedido a los países centroamericanos.
Siendo el combate al narcotráfico uno de
los delitos de alta prioridad para los gobiernos de México y Bolivia, la colaboración
con aquel país está centrada en el Comité Bilateral de Cooperación para el Combate al
Narcotráfico y la Farmacodependencia cuya tercera reunión alentará para que se realice
próximamente.
Respecto a los intercambios económicos y a
seis años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con ese país, el intercambio entre
ambas partes aumentó 23%, al pasar de 32 millones 500 mil dólares en 1994 a 40 millones
en 2000, con saldos favorables para México en la balanza comercial. Sin embargo, en
relación con 1999, el comercio total sólo se incrementó en 1.5%; las exportaciones
mexicanas registraron una disminución de 15.8%, mientras que las importaciones
provenientes de Bolivia crecieron en 71.8%. No obstante lo anterior, se registró un
superávit para México por 13 millones 200 mil dólares. Continuar con el fortalecimiento
y la promoción para un mayor intercambio comercial, será una prioridad de la misión del
embajador designado.
El embajador designado señaló que la
economía boliviana tiene un carácter monoexportador de minerales. La explotación de sus
enormes reservas de gas natural y petróleo por su importancia creciente en los ingresos
del país y la ampliación de los sistemas de distribución de gas a sus vecinos ha
permitido a Bolivia contar con un peso relativo en la región y en el continente llevando
al actual gobierno a realizar proyectos de exportación de gas natural licuado a
Norteamérica incluyendo en el futuro a México y otros mercados, como el que ya se tiene
con Brasil.
El programa de trabajo dedica especial
atención a la contribución de la diplomacia parlamentaria en el fortalecimiento de las
relaciones, señaló que, se deben resaltar los contactos celebrados a nivel legislativo
entre ambos países, recordando que en julio de 1996, se suscribió el "Protocolo
para la Integración del Grupo Parlamentario de Amistad México-Bolivia", con el
propósito de fomentar el intercambio de experiencias legislativas entre los congresos de
ambos países. En marzo de 1998, durante la visita a Bolivia de una delegación de la
Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de México, se destacó el
interés por concretar la Primera Reunión Interparlamentaria México-Bolivia, pero no hay
fechas ni agenda concertada hasta el momento.
A manera de síntesis el embajador
designado, planteó en su programa de trabajo que, de ser ratificado por esta soberanía,
se propondría:
Fortalecer el diálogo político al más
alto nivel para profundizar la relación tanto en el ámbito bilateral como multilateral;
Impulsar los vínculos comerciales entre
los dos países en el marco del Tratado de Libre Comercio;
Privilegiar acciones de cooperación
bilateral en el combate al narcotráfico y la farmacodependencia;
Proteger los intereses de México y los
derechos de sus connacionales;
Promover la plena aplicación de los
diferentes convenios bilaterales entre los dos países e impulsar la conclusión de otros;
Difundir información veraz y oportuna de
la realidad política y económica de México, a fin de dar a conocer una imagen amplia
del país;
Coadyuvar a la coincidencia de posiciones
en los foros y organismos multilaterales, a los que pertenecen ambos países, como la OEA,
Grupo de Río y la Cumbre Iberoamericana;
Promover la identificación de
oportunidades de negocios y los contactos comerciales que permitan incrementar la
relación comercial entre los dos países;
Atender los casos de protección a
mexicanos en Bolivia con especial referencia a nuestra connacional Raquel Gutiérrez
Aguilar;
Dar seguimiento puntual al desarrollo de la
vida política del país, principalmente frente a las elecciones generales que se
realizarán el 30 de junio de 2002.
En la etapa de comentarios de los miembros
de la comisión, el diputado Alfredo Ochoa inquirió sobre el impacto del narcotráfico en
la relación bilateral y la posibilidad de firmar acuerdos para combatirlo, como el que se
tiene con Colombia, el embajador designado dijo que exploraría esa posibilidad e hizo
comentarios sobre la relación entre el combate al narcotráfico boliviano y a la
situación de marginación del campesinado de esa nación. Por su parte, el diputado
Ildefonso Guajardo pidió información adicional sobre el trabajo que ha desempeñado en
la última década y solicitó sus comentarios sobre el sistema electoral boliviano
comparándolo con el mexicano. El embajador designado informó que en aquél juega un
papel preponderante la composición de fuerzas en el Congreso y las alianzas que lleven a
cabo éstas para inclinar la balanza a favor de uno de los candidatos presidenciales. La
senadora Sara Castellanos manifestó su preocupación porque en el programa de trabajo no
se hace mención de la protección del medio ambiente. El senador González Parás expuso
que su voto sería de aprobación, en consideración al amplio curriculum
académico del embajador designado, aunque agregó que requeriría un esfuerzo
considerable para cumplir adecuadamente con su responsabilidad, por la carencia de
experiencia en las actividades diplomáticas y de relaciones internacionales.
Con base en la documentación remitida por
la Cancillería y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que
suscriben, sometió a votación este asunto y resolvió por mayoría de votos, con la
abstención de la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, que el ciudadano Morales
Aragón posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del
Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador extraordinario y plenipotenciario
de México en la República de Bolivia.
En tal virtud, nos permitimos someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de las facultades que
le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano
Eliezer Morales Aragón, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la
República de Bolivia.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente.— México, D.F., a 19 de febrero de 2002.— Legisladores: José
Natividad González Parás, presidente; Juan José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa
Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Efrén Leyva
Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco Fraile García, José Alfredo Botello Montes,
Armando Chavarría Barrera, María Guadalupe López Mares, Jesús Galván Muñoz, Juan
Camilo Mouriño Terrazo, Sara Isabel Castellanos Cortés y Miroslava García
Suárez.»
El Presidente:
Está a discusión el punto de acuerdo.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese
al Ejecutivo.
Se encuentra en el anexo de este recinto,
el ciudadano Eliezer Morales Aragón, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y
plenipotenciario de México en la República de Bolivia acaba de ser aprobado por esta
Asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo
acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los legisladores: José
Natividad González Parás, Francisco Fraile García, Guadalupe López Mares, Miroslava
García Suárez y José Rodolfo Escudero Barrera.
(La comisión cumple con su cometido.)
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Eliezer Morales Aragón:¿Protesta
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y
plenipotenciario de México en la República de Bolivia que se le ha conferido y guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que
de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Eliezer Morales Aragón:
¡Sí, protesto!
El Presidente:
Si así no lo hiciera, que la nación se lo
demande.
Felicidades, señor embajador.
Se solicita a la comisión designada, que
acompañe al señor embajador cuando desee retirarse.
Continúe la Secretaría.
CANADA
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión
de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el
expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del
ciudadano Héctor Antonio Romero Barraza, como cónsul general de México en Vancouver,
Columbia Británica, Canadá, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo
89.
850,851,852
Después de haber analizado el nombramiento
que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión
desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada
por el ciudadano Romero Barraza, consta que nació en la Ciudad de México el 8 de marzo
de 1961. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad
mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su
vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece
que obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales con mención honorífica por la
Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta además con una maestría en Planeación
y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de
Marina. Es miembro de carrera del servicio exterior mexicano desde 1984 y a partir de 1993
ascendió al rango actual de ministro.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores
desempeñó diversas funciones en las direcciones generales para Asia, Europa Oriental,
Africa y Oceanía; y de 1993 a 1995 fue secretario técnico y asesor del titular. Del 1o.
de febrero de 2001 a la fecha se venía desempeñando como director general para América
del Norte en la cancillería mexicana.
En el exterior, ha estado adscrito con
distintos rangos en las embajadas de México en la exUnión Soviética, Italia, Chile y
Canadá en donde estuvo asignado como jefe de cancillería, fungió también como
observador permanente del Gobierno de México ante el Consejo de Europa con sede en
Estrasburgo, Francia hasta enero de 2001.
Domina los idiomas inglés, francés e
italiano y posee conocimientos elementales de ruso y alemán.
En acatamiento del acuerdo tomado por la
Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente
para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos
diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano Romero Barraza, a una reunión
en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país hacia América del
Norte, la circunstancia internacional en que se desenvuelve Canadá y en particular la
jurisdicción donde estará acreditado y que comprende Columbia Británica, Alberta y
Saskatchewan, como un punto importante para la promoción de los intereses de México.
En la citada entrevista, el ciudadano
Romero Barraza demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y
cultural de Canadá, de la ciudad de Vancouver y del área de su circunscripción.
Inició su exposición ante los miembros de
la Segunda Comisión refiriéndose a los antecedentes que a la fecha han permitido
construir y mejorar la relación de México con Canadá y en particular señaló como
punto de referencia la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), las visitas de alto nivel en ambos sentidos y las coincidencias para
manejar la relación con Estados Unidos de América.
Sostuvo que las relaciones de México con
los países de América del Norte constituyen una de las más altas prioridades en materia
de la política exterior mexicana dada su importancia geopolítica y el enorme volumen de
intercambios económicos y culturales que tienen lugar entre los dos países
"lo que ha derivado en México, en la
idea de avanzar hacia el establecimiento de una Comunidad de América del Norte incluyendo
Estados Unidos de América". Agregó que "para México la asociación con
Canadá tiene un valor estratégico, tanto por los beneficios directos que le reporta en
materia comercial, financiera, educativa y tecnológica, como por su contribución
fundamental para dar un mayor equilibrio y diversidad a nuestros vínculos con América
del Norte", al respecto, convino en señalar que en la actualidad México constituye
el principal socio comercial de Canadá en América Latina, así como el hecho de que
Canadá es el tercer inversionista extranjero en nuestro país sólo después de EUA y
Holanda.
Explicó que el trabajo que deben cumplir y
desempeñar los consulados de nuestro país como representantes del Estado y la sociedad
mexicana tiene que ser congruente con la atención y defensa de los intereses
fundamentales de nuestros connacionales, de fomentar la atracción de inversiones,
facilitar los flujos comerciales, promover los intercambios educativos y culturales y
alentar la absorción de nuevas tecnologías, así como difundir la promoción de los
atractivos de nuestros centros turísticos.
El ciudadano Romero Barraza centró los
objetivos de su propuesta de trabajo al oeste de Canadá y mencionó al respecto que esta
zona se encuentra a la vanguardia de ese país en cuanto a la dotación, producción y
explotación de recursos energéticos, además de estar concentrado ahí cerca del 90% de
las reservas petroleras de Canadá. "Ahí se ubica más del 50% del universo forestal
de aquel país, lo cual la posiciona como destacada productora de madera, celulosa y papel
en Canadá y respecto a sus recursos mineros". Citó además la vasta actividad
agropecuaria, que incluye la producción del 60% de todo el trigo canadiense, así como el
hecho de contar su circunscripción con la tercera y cuarta ciudades más importantes en
términos de tamaño y actividad económica de aquel país.
Las tres provincias de su jurisdicción:
Columbia Británica, Alberta y Saskatchewan, congregan alrededor del 30% de los más de 31
millones de habitantes de Canadá, además de que en manera conjunta generan
aproximadamente un 25% del PIB total de aquel país, son también sede de algunas de las
empresas canadienses con mayores volúmenes de inversión en México y contribuyeron en
2001 con un 10% de los intercambios comerciales con nuestro país. En el sector educativo,
cuentan con universidades que en años recientes han establecido programas de intercambio
y centros de estudio sobre México y los cuales albergan en la actualidad una comunidad
mexicana de aproximadamente 10 mil connacionales.
Se refirió a la provincia de Columbia
Británica como la puerta de entrada canadiense al Pacífico y en donde el 15% de su
población se encuentra formada por inmigrantes provenientes de China, Japón y la India.
Los miembros de la comisión que suscribe preguntaron al diplomático de carrera si la
crisis asiática no había afectado la economía local. Al respecto, el ciudadano Romero
Barraza comentó que esta provincia sigue contando con el más alto índice nacional de
desarrollo tecnológico y señaló que su economía creció un 3.4% frente al 6.7% del
2000. Mencionó que los empresarios locales han encontrado oportunidades de inversión en
nuestro país en los sectores energético, tecnológico, educativo y comercial y en ese
proceso se han incorporado mayores intercambios en lo político, cultural y académico, al
grado de que en la actualidad se estima, que la comunidad mexicana establecida en esta
provincia alcanza los 2 mil 300 habitantes y su perfil se compone de inversionistas
(alrededor de 30%), estudiantes (20%), trabajadores no documentados (25%); miembros de la
comunidad menonita y, por supuesto, turistas. Por otra parte, expuso que en el sector
minero, empresas de esta provincia operan ya en Baja California, Chihuahua, Durango,
Guerrero, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas y entre las cuales destacan
Westcoast Energy, dedicada al rubro de la automatización de ductos de gas natural para
Pemex.
El cónsul general puntualizó que el campo
más dinámico después del económico, es el de la educación superior y destacó que
esta provincia es sede de las tres universidades más importantes y que son parte del
Convenio Académico Interinstitucional entre Facultades y Escuelas de Administración o de
Negocios. De ellas enunció las universidades de Columbia Británica, Simón Fraser y de
Victoria, que mantienen convenios con la SEP, la AUIES y el Conacyt.
Se refirió al Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales, el cual definió como exitoso en materia de trabajadores
migratorios; agregó que un porcentaje menor de los más de 10 mil trabajadores bajo el
convenio se encuentran en su jurisdicción.
Comentó que se está pensando en la
posibilidad de abrir un consulado en la ciudad de Calgary, que se ha convertido en el
centro financiero y comercial más importante del sector energético de Canadá y también
se destaca por ser un centro de transporte, con una gran red de infraestructura carretera,
ferroviaria y aérea de primer nivel que concentra el 80% de las reservas de petróleo
crudo de Canadá y más del 90% del gas natural, lo que a su vez contribuye a intensificar
el dinamismo comercial de nuestra relación con está provincia, resultando en acuerdos de
colaboración bilateral que se han celebrado con los gobiernos de algunos estados de la
República Mexicana, como Durango y Jalisco, en sectores como el de la energía,
agricultura y la transferencia de tecnología. Su nivel de intercambio y sus amplias
perspectivas de ampliación de los contactos económicos, han conducido a las autoridades
provinciales a anunciar que en este año se abrirá una oficina de representación de
Alberta en México y buscar coinversiones en la explotación y transformación de gas
natural. En referencia a lo anterior, ha sido importante el acuerdo celebrado entre la
empresa TransCanada International Business Development y Pemex, el cual permitirá la
construcción del gasoducto Energía Mayakán, que realizará el transporte de gas natural
entre Ciudad Pemex y diversas poblaciones de los estados de Campeche y Yucatán.
El cónsul designado señaló que, de ser
ratificado su nombramiento por esta soberanía, su trabajo se abocará a conocer mejor las
oportunidades de intercambio entre ambas partes, así como velar por los múltiples
intereses de nuestro país en esta zona oeste de Canadá, apoyándose para ello con la
guía de nuestros principios constitucionales de política exterior, así como en las
prioridades que en este sentido enmarca el actual Plan Nacional de Desarrollo y por
supuesto, los lineamientos e instrucciones que sobre el particular pudieran surgir de la
Secretaría de Relaciones Exteriores; asimismo, se manifestó a favor de complementar su
misión mediante el trabajo y coordinación estrecha con la Embajada de México, en
Canadá y con las oficinas del Bancomext y del Consejo de Promoción Turística de México
ubicadas en Vancouver, así como mantener un contacto permanente con los representantes
del gobierno, del sector privado y las ONG de esta circunscripción. Se propuso también
colaborar en lo necesario para facilitar la ampliación en número, alcance geográfico y
sectorial del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales hacia las provincias del
Occidente, así como respaldar los esfuerzos de colaboración de los sectores energéticos
de México y Canadá.
Dicha reunión tuvo verificativo en el
salón "Cristales" del edificio G de la Cámara de Diputados y en la misma, los
legisladores que integramos esta comisión que dictamina, conversamos sobre los citados
temas con el cónsul general designado, pudiendo comprobar por este medio y por el
programa de trabajo presentado, el grado de conocimientos que tiene sobre los temas
internacionales, los de protección y documentación consular y los de promoción
económica, así como la preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera
profesional.
Con base en la documentación remitida por
la cancillería y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que
suscribe, hemos podido constatar por unanimidad que el ciudadano Romero Barraza posee los
requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior
Mexicano para ser designado Cónsul General de México en Vancouver, Canadá.
En tal virtud, nos permitimos someter a la
consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de las facultades que
le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano
Héctor Antonio Romero Barraza, como cónsul general de México en Vancouver, Canadá.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente.— México, D.F., a 19 de febrero de 2002.— Legisladores José
Natividad González Parás, presidente; Juan José Rodríguez Prats, Alfredo
Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz,
Francisco Fraile García, Armando Chavarría Barrera, Jesús Galván Muñoz, Sara
Isabel Castellanos Cortés; Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José
Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava
García Suárez.»
El Presidente:
Está a discusión el dictamen con
punto de acuerdo...
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese
al Ejecutivo.
Junto a este salón se encuentra presente
el ciudadano Héctor Antonio Romero Barraza, cuyo nombramiento como cónsul general de
México en Vancouver, Canadá, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
853,854,855
Para que lo introduzcan al salón y lo
acompañen a rendir la protesta de ley se nombra en comisión a los siguientes
legisladores José Natividad González Parás, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Jorge
Zermeño Infante, Herbert Taylor Arthur, Armando Chavarría Barrera y José Rodolfo
Escudero Barrera.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
Se invita a los presentes a ponerse de
pie.
El Presidente:
Ciudadano Héctor Antonio Romero
Barraza: ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de
México en Vancouver, Canadá, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Héctor Antonio Romero
Barraza:
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciera, que la
nación se lo demande.
Felicidades, señor cónsul.
Solicito a la comisión que acompañe al
cónsul en cuanto desee retirarse del salón.
Continúe la Secretaría.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Segunda Comisión
de Trabajo fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el
expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del
ciudadano Juan Carlos Cue Vega como cónsul general de México en El Paso, Texas, Estados
Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo
89.
Después de haber analizado el nombramiento
que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión
desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada
por el ciudadano Cue Vega, consta que nació en el Distrito Federal el 1o. de octubre de
1958. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima
que se requieren constitucionalmente para desempeñar el cargo para el que ha sido
designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su curriculum vitae se establece
que obtuvo la licenciatura en derecho por la Universidad Iberoamericana, cursó el
diplomado de estudios políticos en la Universidad de Estrasburgo, Francia y realizó
curso de formación diplomática en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos,
lo que lo acreditó como miembro del servicio exterior mexicano desde 1992.
Los miembros de la comisión que dictamina
queremos señalar que el cónsul general designado ha ocupado dentro de la Secretaría de
Relaciones Exteriores los cargos de director de Coordinación Consular y de Protección a
Mexicanos en el Exterior, ambos dentro de la Dirección General de Asuntos Consulares.
En la administración pública ha
colaborado en las secretarías de Turismo, Educación Pública y en la Procuraduría
General de la República.
En el exterior, se ha desempeñado como
titular de la sección consular de la Embajada de México en Washington, DC y como cónsul
de México en Brownsville, Texas.
En el área académica ha impartido
cátedra en la carrera de relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana y
formó parte del profesorado del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Ha
escrito y publicado diversos artículos en diarios de la ciudad de Oaxaca sobre temas de
derecho internacional, asuntos migratorios y sobre la pena de muerte.
En acatamiento del acuerdo tomado por la
honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión
Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de
nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano Cue Vega a una
reunión en donde se conversó sobre las posiciones desempeñadas hasta el momento en el
servicio exterior, el tema migratorio y de protección en las relaciones México Estados
Unidos y en especial las condiciones que presenta su jurisdicción, así como una
explicación de su programa de trabajo que presentó a esta soberanía.
Al darle la palabra el presidente de la
Segunda Comisión de Trabajo, senador José Natividad González Parás, el embajador
designado inició su exposición sobre el marco de la relación México- Estados Unidos y
en especial la que se vive en la frontera entre los dos países afirmando que ésta
transcurre en los ámbitos no sólo federal y estatal, sino de manera cotidiana en los
vínculos que a nivel local se logran entre los individuos, sus autoridades y las
instituciones.
En este contexto habló sobre la situación
de la ciudad de El Paso, Texas y del complejo tema migratorio. Comentó que la frontera
entre México y Estados Unidos es un área con un señalado dinamismo en la que se
reflejan de manera muy intensa todos los asuntos de la relación bilateral: migrantes,
narcotráfico, desarrollo regional, cooperación en todos los órdenes, pero enfatizó que
la prioridad es la atención que debe brindarse al tratamiento del fenómeno migratorio y
la problemática expresada en la vulnerabilidad de los migrantes. En este caso señaló
que se deben fortalecer los mecanismos institucionales de diálogo y cooperación
permanente existentes con las autoridades federales de ese país para la atención de los
trabajadores no documentados.
El Consulado General de El Paso, tiene una
circunscripción muy amplia que incluye los consulados de carrera en Albuquerque, Nuevo
México y en Presidio, Texas, además de los 12 condados incluidos en la jurisdicción de
El Paso, nueve de ellos en Nuevo México y tres en Texas.
La población total a atender dentro de
esta circunscripción es del orden de 1millón 800 mil habitantes, de los cuales cerca del
75% son de origen mexicano. El Paso es considerada la cuarta ciudad más importante en el
Estado de Texas, en ella se asienta una población del orden de las 700 mil personas de
las cuales el 76% es de origen hispano. Lo anterior aunado a la extensión de la
circunscripción explica la importancia de los consulados móviles.
Los connacionales trabajan principalmente
en áreas agrícolas. Por ello, el reto que enfrenta esta circunscripción es el combate a
abusos de autoridades, empleadores y personas sin escrúpulos que los explotan e
intimidan. Agregó que no se respetan sus derechos humanos fundamentales como en la
vertiente penal, donde el mexicano indocumentado es remitido a alguno de los 18 centros de
readaptación o prisiones de condado o a la federal, la estatal o a un centro de
detención migratoria en las que se alojan a más de 2000 internos mexicanos por diversos
delitos.
El Consulado General en El Paso, Texas,
dijo el diplomático mexicano, cuenta actualmente con un registro superior a los 1 mil 150
casos de protección, principalmente de tipo migratorio y penal. En cuanto a los casos de
detenidos por la autoridad migratoria norteamericana, añadió que se revisará
permanentemente el estado actual de cada caso para mantener un puntual seguimiento de los
mismos en coordinación con las instancias, tanto en México como otros consulados del
norte de Estados Unidos de Norteamérica, de donde llegan repatriados por las autoridades
migratorias de esa nación para ser entregados con el apoyo de este consulado las
autoridades migratorias mexicanas en la frontera norte. En cuanto a los detenidos por
delitos estadounidenses del orden común y federal, recibirán especial atención los
casos, vigentes, procurando un inmediato acercamiento con los abogados defensores y con
los fiscales y jueces del conocimiento. Se fortalecerán los contactos con los abogados
consultores actualmente designados y se buscará incrementar su plantilla en lo posible,
con el propósito de cubrir plenamente los casos, especialmente los de potencial pena de
muerte en la circunscripción. Asimismo señaló que se preocupará por la problemática
derivada de permisos humanitarios, repatriación de menores, pensiones alimenticias,
localización de presos, indemnizaciones laborales y compensaciones por muerte.
El cónsul general designado habló sobre
la importancia de los intercambios comerciales que usan por lo general los puentes
internacionales. Durante el 2000 las exportaciones de El Paso hacia México fueron del
orden de los 17 mil 493 millones de dólares, de los cuales el 99% tuvieron destino a
nuestro país. Esto obliga al Consulado General a interactuar con todas las autoridades de
los tres niveles de gobierno de ambos lados de la franja bajo la sombrilla del mecanismo
de enlace fronterizo. Asimismo se comprometió a promocionar ante las diversas cámaras
del comercio y de la industria, asociaciones culturales y organismos, diversos asentados
en las principales ciudades de la circunscripción los productos mexicanos organizando
eventos y seminarios de oportunidades de inversión que tengan impacto en esa
circunscripción.
En la propuesta de programa de trabajo
presentada ante esta comisión por el ciudadano Cue Vega señala que, de ser ratificado su
nombramiento por esta soberanía, se propondría difundir una imagen objetiva del diario
suceder nacional ante los medios y la opinión pública local; el incremento y
mejoramiento de los mecanismos de diálogo con la autoridad local y federal, las
legislaturas y ejecutivos de los estados de la circunscripción; así como la procuración
de justicia, además de apoyar a las comunidades de nacionales residentes en el área,
para lograr vínculos con la sociedad en la que conviven.
Se propondrá dar seguimiento a las
acciones contempladas en el plan de acción para la Cooperación sobre Seguridad
Fronteriza, poniendo especial énfasis en:
Impulsar el fortalecimiento de los
operativos para protección de los migrantes, así como la operación para su búsqueda y
rescate en zonas peligrosas de la circunscripción;
El desarrollo de la cooperación bilateral
para combatir y desmantelar las organizaciones dedicadas al tráfico de personas;
La actualización y vigencia de los
memoranda de entendimiento sobre cooperación en contra de la violencia fronteriza y sus
respectivos lineamientos de aplicación y el relativo a la cooperación entre cónsules de
México y fiscales federales de Estados Unidos en la región fronteriza.
En relación con los asuntos consulares
atenderá la expedición de documentación consular, ya que representa un ingreso
considerable por concepto de derechos y contribuye a que nuestros nacionales cuenten con
documentos de identidad que les permita una mejor defensa en sus derechos en el
extranjero. Además, buscará que la matricula consular sea reconocida por las autoridades
locales como medio confiable y seguro de identificación.
En cuanto a la promoción cultural comentó
que buscará abrir oportunidades a los artistas nacionales de la plástica, la música, la
literatura y otras artes mediante la presentación y difusión permanente de sus obras en
el centro cultural "Paso del Norte", ya que éste es una de las 21 instituciones
creadas por el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero.
En la etapa de comentarios por parte de los
miembros de la Segunda Comisión de Trabajo, el diputado Efrén Leyva solicitó su
opinión acerca del proyecto de construcción de un tren Ciudad Juárez- El Paso. El
cónsul general designado comentó que era importante impulsar la agilización de los
cruces fronterizos en esta región, buscando otras alternativas.
Con base en el expediente mencionado y la
entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido
constatar por unanimidad que el ciudadano Cue Vega posee los requisitos ordenados por el
artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado cónsul
general.
Por lo anteriormente expuesto, los
suscritos miembros de la comisión consideramos que el ciudadano Juan Carlos Cue Vega
reúne en su persona cualidades para el buen ejercicio del cargo de cónsul general de
México en El Paso, Texas. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de las facultades que
le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano
Juan Carlos Cue Vega, como cónsul general de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de
América.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente.— México, D.F., a 19 de enero del año 2002.— Legisladores: José
Natividad González Parás, Juan José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, Ernesto Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, Armando
Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; Efrén Leyva Acevedo, Manuel
Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan
Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.»
856,857,858
El Presidente:
Está a discusión el dictamen con punto de
acuerdo.
El secretario Roberto Ruiz Angeles:
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado el punto de acuerdo. Túrnese
al Ejecutivo.
A las puertas de este recinto se encuentra
el ciudadano Juan Carlos Cue Vega, cuyo nombramiento como cónsul general en México en El
Paso, Texas, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Se nombra en comisión a los legisladores:
José Natividad González Parás, Alfredo Ochoa Toledo, Micaela Aguilar González,
Abelardo Escobar Prieto, Armando Chavarría Barrera y José Rodolfo Escudero Barrera, para
que lo acompañen a rendir la protesta de ley.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Juan Carlos Cue Vega: ¿protesta
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de cónsul general de México en El Paso,
Texas, Estados Unidos de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Juan Carlos Cue Vega:
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciera, que la
nación se lo demande.
Felicidades, señor cónsul.
Se solicite a la comisión que acompañe al
señor cónsul cuando desee retirarse del salón.
Continúe la Secretaría con los puntos de
acuerdo.
GRADOS
MILITARES
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 240, año
segundo, sección primera, índice "N", fojas 43-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del coronel de fuerza aérea piloto
aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Germán Noriega Mejía, como general de
grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó a la Escuela Militar de
Aviación el 4 de septiembre de 1972, graduándose como subteniente de fuerza aérea
piloto aviador el 1o. de septiembre de 1976.
b) Para efectos de ascenso se le computan
29 años dos meses y 16 días de tiempo de servicios y cinco años de antigüedad en el
grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Su formación profesional la inició en
la Escuela Militar de Aviación, realizó los cursos de aplicación de adiestramiento
táctico, de medicina de aviación y medidas de seguridad en vuelo. En la Escuela Superior
de Guerra efectuó los cursos de mando y Estado Mayor Aéreo y superior de guerra. En la
Escuela Naval de Posgrados en Monterrey, California, EUA, efectuó el curso de
administración internacional de defensa.
e) Habiendo ejercido el mando en
escuadrones aéreos de combate, de transportes medianos y pesados. En el noveno grupo
aéreo y en la base aérea militar número nueve, desempeñó el cargo de agregado militar
adjunto aéreo a la Embajada de México, en Washington, DC, EUA. Prestó sus servicios en
la planta de la Escuela Superior de Guerra y en el Estado Mayor de la Comandancia de la
Fuerza Aérea.
f) Se le han conferido las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de
Estado Mayor Aéreo Germán Noriega Mejía y en atención a su gran aptitud profesional,
amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado de general de
fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder
Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Germán Noriega Mejía.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F. a 29 de enero del año
2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, Juan José Rodríguez
Prats, secretario; Alfredo Ochoa Toledo, Ernesto Gil Elorduy, César Camacho Quiroz,
Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel
Castellanos Cortés; Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello
Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García
Suárez.»
Esta a discusión el punto de acuerdo... No
habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 241, año
segundo, sección segunda, índice "G", fojas 43-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de fuerza aérea
piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Otoniel Gómez Morales, como coronel de
fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó a la Escuela Militar de
Especialistas de Fuerza Aérea el 1o. de septiembre de 1971, graduándose como subteniente
técnico en electrónica el 1o. de septiembre de 1977.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 30 años, dos meses y 19 días de tiempo de servicios y cinco años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Su preparación profesional abarca
diversas especialidades de servicios en la Fuerza Aérea Mexicana y la profesión de
piloto aviador. En la Escuela Superior de Guerra realizó el curso de mando y estado mayor
aéreo para continuar sus estudios en la agregaduría de defensa militar y aérea en la
Embajada de México en Washington, DC, EUA, con el curso de "Colegio de Mando y
Estado Mayor Aéreo".
e) Coronel piloto aviador con amplia
experiencia profesional, habiendo ejercido el mando en siete escuadrones aéreos, dos
grupos aéreos y en la 1a. ala de combate; desempeñó funciones de Estado Mayor en el
Cuartel General de la Región Aérea del Sureste y en el Estado Mayor de la Defensa
Nacional. En el ámbito docente fue profesor en la Escuela Superior de Guerra.
f) Se le han conferido las condecoraciones
de Perseverancia hasta la de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de fuerza aérea piloto aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo Otoniel Gómez Morales y en atención a su gran aptitud
profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado
de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a
ratificación.
859,860,861
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular
del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Otoniel Gómez Morales.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 29 de enero
del año 2002.—Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, Armando
Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; Efrén Leyva Acevedo,
Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan
Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 242, año
segundo, sección cuarta, índice "R", fojas 43-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de fuerza aérea
piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Benjamín Romero Fuentes, como coronel de
fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó a la Escuela Militar de
Aviación el 2 de septiembre de 1974, graduándose como subteniente piloto aviador el 1o.
de septiembre de 1978.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 27 años, dos meses y 18 días de tiempo de servicios y seis años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Su formación profesional la inició en
la Escuela Militar de Aviación, realizando los cursos de: piloto aviador y de aplicación
y adiestramiento táctico aéreo. En la Escuela Superior de Guerra cursó los estudios de
mando y estado mayor aéreo. En Monterrey, California, EUA, efectuó el curso de
administración de recursos de defensa.
e) Ha desempeñado sus servicios en mandos
de escuadrones aéreos de pelea, de búsqueda y rescate; en los grupos aéreos quinto y
séptimo, en la planta de la Escuela Superior de Guerra y en el cuartel general de la
comandancia de la Fuerza Aérea.
f) Se le han conferido las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de fuerza aérea piloto aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Benjamín Romero Fuentes y en atención a su gran
aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus
cargos, se deduce que el interesado reúne los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor
Aéreo, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular
del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Benjamín Romero Fuentes.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 29 de enero del
año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente;
Juan José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; senadores: Ernesto
Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz,
Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; Efrén Leyva Acevedo,
Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan
Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.»
Está discusión el punto de acuerdo... No
habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 243, año
segundo, sección quinta, índice "H", fojas 44-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de fuerza aérea
piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Darwin Hernández Chable, como
coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el Ejecutivo
Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de septiembre de 1975, graduándose como subteniente de caballería, el 1o. de
septiembre de 1979.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 26 años, dos meses y cuatro días de tiempo de servicios y cuatro años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondiente.
d) Inició su formación profesional en el
Heroico Colegio Militar graduándose como oficial de caballería; posteriormente efectuó
los estudios correspondientes en la Escuela Militar de Aviación donde se graduó como
piloto aviador; efectuó los cursos básicos de entrenamiento y de aplicación y
adiestramiento táctico; en la Escuela Superior de Guerra cursó los estudios
correspondientes de mando y Estado Mayor Aéreo.
e) Piloto aviador con gran experiencia en
el ejercicio del mando en unidades de la Fuerza Aérea, prestó sus servicios en alas de
pelea y combate, así como en la base aérea militar número 7 y en el cuartel general de
la región aérea del centro.
f) Se le han otorgado las condecoraciones
de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, fue condecorado por el gobierno de la
República de Nicaragua con la Medalla de Honor al Mérito Militar "Soldado de la
Patria".
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de fuerza aérea piloto aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo Darwin Hernández Chable y en atención a su gran aptitud
profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado
de coronel de fuerza aérea, piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular
del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Darwin Hernández Chable.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 29 de enero del
año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente;
Juan José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto
Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván
Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; Efrén Leyva
Acevedo, Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López
Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 244, año
segundo, sección primera, índice "M", fojas 44-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del coronel de fuerza aérea
meteorólogo Carlos Minero Rodríguez, como general brigadier meteorólogo, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó a la escuela militar de
especialistas de fuerza aérea, el 2 de septiembre de 1970, graduándose como sargento
segundo observador meteorologista y posteriormente como subteniente aerologista el 1o. de
septiembre de 1975.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 31 años, dos meses y 18 días de tiempo de servicios y cinco años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondiente.
d) Posee una sólida formación en el
servicio meteorológico que se inicia con el curso de observador meteorologista,
continuando su especialidad con los cursos de oficial aerologista y el de meteorólogo;
realizó estudios de orientación de actividades de su servicio y de aplicación y
adiestramiento táctico en la comandancia de la fuerza aérea y en el escuadrón mixto de
entrenamiento táctico respectivamente y el curso superior de armas y servicios en la
escuela superior de guerra.
e) Ha ejercido la jefatura en seis
estaciones meteorológicas de la Fuerza Aérea Mexicana; desempeñó el cargo de
comandante del cuerpo de cadetes de la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea y
el de jefe de la sección del servicio meteorológico de la comandancia de la Fuerza
Aérea Mexicana.
f) Se le han otorgado las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado coronel de fuerza aérea meteorólogo Carlos Minero
Rodríguez y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y
capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reúne los
requisitos legales que merecen la obtención del grado de general brigadier meteorólogo,
sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
general brigadier meteorólogo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor
del ciudadano Carlos Minero Rodríguez.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, D.F., a 29 de enero del año
2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco
Fraile García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe
López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García
Suárez y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
862,863,864
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 245, año
segundo, sección segunda, índice "T", fojas 44-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del coronel médico cirujano Roberto
Octavio Torres Romero, como general brigadier médico cirujano, que el Ejecutivo Federal
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de enero de 1967, obteniendo el grado de subteniente de artillería y posteriormente
causó alta en la Escuela Médico Militar graduándose como mayor médico cirujano el 1o.
de septiembre de 1978.
b) Para efectos de ascenso se le computan
34 años, 10 meses y 19 días de tiempo de servicios y seis años de antigüedad en el
grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondiente.
d) Efectuó el curso de formación de
oficial de artillería en el Heroico Colegio Militar y posteriormente en la Escuela
Médico Militar cursó estudios de médico cirujano; ha efectuado los cursos de
anestesiología, terapia intensiva y medicina crítica, cirugía laparoscópica; en la
Escuela Superior de Guerra efectuó el curso superior de armas y servicios y actualmente
se encuentra como cursante en el Colegio de Defensa en la maestría de seguridad y defensa
nacionales.
e) Coronel médico cirujano que se ha
mantenido actualizado en su profesión y en su especialidad de anestesiología; ha
prestado sus servicios inicialmente como oficial de artillería en los 1o. y 2o.
batallones del arma y como médico militar en diversas instalaciones del servicio. En el
Hospital Central Militar como jefe de servicios de anestesiología, jefe del curso de
anestesiología en el mismo nosocomio. En el área docente su actuación fue destacada
habiendo sido director de la Escuela Médico Militar.
f) Se le han conferido las condecoraciones
de Perseverancia hasta la de Primera Clase, así como la del "Mérito Docente".
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado coronel médico cirujano Roberto Octavio Torres Romero y
en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el
desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reúne los requisitos legales que
merecen la obtención del grado de general brigadier médico cirujano, sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de
general brigadier médico cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a
favor del ciudadano Roberto Octavio Torres Romero.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, D.F., a 29 de enero del año
2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco
Fraile García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe
López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García
Suárez y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 246 año
segundo, sección cuarta, índice "C", fojas 42-5 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel del arma blindada
Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Castellanos Franco, como coronel del arma blindada
Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente,
para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de septiembre de 1977, graduándose como subteniente de caballería el 1o. de
septiembre de 1981.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 24 años, dos meses y 19 días de tiempo de servicios y cuatro años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo en tiempo
y forma en la primera oportunidad de cada grado.
d) Su formación profesional la inició en
el Heroico Colegio Militar, donde realizó el curso de Formación para Oficiales de
Caballería y en la Escuela Superior de Guerra efectuó el Curso de Mando y Estado Mayor
General. En la República de Venezuela realizó el curso integral de Caballería y
Blindados; en la Escuela de las Américas en el Fuerte Benning, Georgia, EUA, efectuó el
curso de Instructores de Doctrina del Ejército de los Estados Unidos.
e) Ha desempeñado sus servicios en
actividades de Estado Mayor y docencia, en cuarteles generales de zona militar, en la
planta de la escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios en el Heroico Colegio
Militar y en la Escuela Superior de Guerra. Desempeñó funciones de Estado Mayor en el
Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue agregado militar y aéreo
adjunto a la Embajada de México en la República de Corea, con sede en la ciudad de
Seúl.
f) Se le han conferido las condecoraciones
de Perseverancia hasta la de Tercera Clase y la República de Venezuela le confirió la
condecoración al mérito "Estrella de Carabobo".
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel del arma blindada Diplomado de Estado
Mayor, Rogelio Castellanos Franco y en atención a su gran aptitud profesional, amplia
instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel
del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica, el grado de
coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Rogelio Castellanos Franco.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F. a 29 de enero de
2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, Armando
Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; Efrén Leyva Acevedo, Manuel
Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo
Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 247 año
segundo, sección quinta, índice "A", fojas 45-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre de 2001,
por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería Diplomado
de Estado Mayor Darío Avalos Pedraza, como coronel de infantería Diplomado de Estado
Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de septiembre de 1976, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de
septiembre de 1980.
b) Para efectos de ascenso se le computan
25 años dos meses y tres días de tiempo de servicios y cinco años de antigüedad en el
grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Realizó el curso de formación de
oficiales en el Heroico Colegio Militar; el curso de paracaidismo y el de maestro de
salto, en la brigada de fusileros paracaidistas; en la Escuela de las Américas en El
Fuerte Gulik en la República de Panamá realizó el curso de operaciones de patrulla. En
la escuela Superior de Guerra, en EUA, realizó los siguientes cursos: de comando y estado
mayor en inglés en El Fuerte Leavenworh, Kansas y el de Programa Internacional de Colegas
del Colegio de Guerra. Actualmente desempeña el cargo de agregado de defensa, militar y
aéreo a la Embajada de México en Washington, DC, EUA.
e) Ha ejercido con eficiencia en el mando
de tropas en unidades de paracaidistas, en zonas militares y ha destacado en actividades
docentes en planteles de educación militar, asimismo se ha desempeñado en actividades de
su especialidad en la planta del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
f) Se le han conferido las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería Diplomado de Estado
Mayor Darío Avalos Pedraza y en atención a su gran aptitud profesional, amplia
instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de
infantería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico: Se ratifica el grado de
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Darío Avalos Pedraza.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 29 de enero de
2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats, secretario; Alfredo Ochoa Toledo, secretario; Ernesto
Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz,
Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel Castellanos Cortés; Efrén Leyva Acevedo,
Manuel Medellín Milán, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan
Camilo Mouriño Terrazo y Miroslava García Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquense al Ejecutivo.
Continúe la Secretaría.
TARIFAS
ELECTRICAS
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Tercera
Comisión de Trabajo.
Honorable Comisión Permanente: a la
comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el punto de acuerdo
presentado en sesión plenaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión del día miércoles 30 de enero del año en curso, donde la diputada Miroslava
García Suárez presentó una proposición para solicitar se exhorte al Ejecutivo Federal
para que se posponga la entrada en vigor de la disminución del subsidio a las tarifas
eléctricas y requerir más información sobre la política de reestructuración de los
subsidios a las tarifas, con objeto de que esta instancia legislativa cuente con los
elementos suficientes para emitir una evaluación y para garantizar que el impacto de la
medida afecte lo menos posible a los estratos de la población con menores ingresos, el
cual fue turnado en sesión plenaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, para los efectos de su análisis en los términos de los artículos 58 y 60,
párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
A partir del estudio del expediente en
cuestión y de conformidad con los artículos 93, 94 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos exponer los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Que el Gobierno Federal, a través
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha manifestado que en breve disminuirá
el monto del que se otorga a la tarifa por el uso de energía eléctrica de uso
doméstico.
Segundo. Que en la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación se consideró un incremento importante de
recursos para el rubro de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
Tercero. Que existe un acuerdo que propicia
un alza mensual en las tarifas eléctricas que al parecer será en el transcurso del año
2002 del 8.5%.
Cuarto. Los legisladores integrantes de las
comisiones Tercera de la Comisión Permanente, de Energía de la Cámara de Diputados y de
Energía del Senado de la República realizarán una reunión de trabajo con los
secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con los directores generales de
la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, a efecto de conocer los
pormenores de la decisión de disminuir los subsidios a las tarifas de servicios
eléctricos para uso residencial, misma que se llevará a cabo el día 12 de febrero del
año en curso.
En virtud de lo anteriormente expuesto, nos
permitimos someter a consideración de esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Exhortar, a través de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, para que
se suspenda la decisión de retirar el subsidio a las tarifas del servicio eléctrico para
uso doméstico, en tanto esta representación nacional y las áreas correspondientes al
Ejecutivo, no hayan encontrado alternativas que eviten el impacto económico y social de
tal medida.
Salón de sesiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión; Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
11 de febrero de 2002.— Legisladores: Efrén Leyva Acevedo, presidente; Miroslava
García Suárez, J. Camilo Mouriño Terrazo y César Camacho Quiroz,
secretarios; José Antonio Aguilar Bodegas, Fauzi Hamdan Amad, Miguel Angel Navarro
Quintero, Francisco Fraile García; Roberto Ruiz Angeles, Manuel Medellín Milán, Juan
Manuel Sepúlveda Fayad, Jaime Salazar Silva, Jorge Carlos Ramírez Marín, Juan Carlos
Regis Adame y Herbert Taylor Arthur.»
El Presidente:
Está a discusión el punto de acuerdo...
Se abre el registro de oradores.
Se concede el uso de la palabra al diputado
Mouriño Terrazo.
El diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo:
Con su permiso, señor
Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En primer lugar, el Partido Acción
Nacional reconoce en éste, un tema de alto contenido social que como tal tiene que ser
tratado. Este obliga a actuar con responsabilidad a todas partes y a todos los actores que
de una y otra manera estamos directamente participando en la discusión del mismo.
865,866,867
Es por eso que Acción Nacional estuvo de
acuerdo con el llamado que hiciera esta soberanía para que en un ejercicio de diálogo
entre los poderes de la Unión, comparecieran los secretarios de Hacienda y de Energía,
así como los directores de las empresas paraestatales de la CFE y Luz y Fuerza del
Centro. Este llamado respondió por un lado a la confusión e inconformidad que la medida
causó, sobre todo por la forma en que fue dada a conocer, pero por el otro respondió a
la facultad que como Poder Legislativo sí tenemos, que es la de llamar a cuentas y a dar
explicaciones al Ejecutivo sobre las acciones o medidas que éste toma.
Hoy, sin embargo, no podemos estar de
acuerdo con el dictamen presentado porque rebasa nuestras facultades.
Precisamente en la comparecencia de los
funcionarios antes referidos, uno de los principales cuestionamientos de diversos partidos
políticos fue el sustento legal de la medida, el cual nos parece quedó plenamente
demostrado. Consideramos que independientemente del fondo de la discusión, el Ejecutivo
Federal actuó dentro del ámbito de su competencia.
Quedando este punto claro, es importante
aclarar otros que han sido manejados por diversos legisladores por desinformación o con
dolo, respecto a la decisión de la disminución de los subsidios de las tarifas
eléctricas.
En 1994 los subsidios a las tarifas
alcanzaron la cifra de 10 mil millones de pesos, desde entonces esta cifra se fue
incrementando de manera importante; en 1997 ésta ya superaba los 30 mil millones de pesos
y el año pasado alcanzó los 55 mil millones de pesos. Del simple análisis de estas
cifras queda claro que la política de subsidios a este sector no ha funcionado y se fue
convirtiendo en un verdadero problema económico para el Estado.
Si analizamos con mayor detalle,
encontramos que el subsidio del año pasado, 40 mil millones de pesos, es decir, el 73%
del total se destinó a subsidiar las tarifas domésticas; con la medida adoptada, la
reducción del subsidio doméstico es de 5 mil millones de pesos, un 12.5%. No existe
eliminación de los subsidios. El Estado seguirá subsidiando a los consumidores
domésticos, aquellos que sí lo justifican socialmente con 35 mil millones. Si ponemos
esta cifra en perspectiva resulta mayor que los recursos destinados al Progresa, al
Procampo, al sector salud etcétera. Es decir, el programa social que mayor cantidad de
recursos recibe de la Federación sigue siendo el de apoyo a las tarifas eléctricas de
los usuarios domésticos.
No es de extrañarse que estas cifras hayan
motivado la preocupación de las autoridades del sector de energía en nuestro país, así
como de distintos actores de diversos partidos políticos. Esta preocupación no es nueva,
puesto que ya en la administración pasada, la que encabezó el doctor Zedillo y cuyo
responsable en materia energética fue el doctor Téllez, plasmó en su documento
propuesta de cambio estructural de la industria eléctrica en México, la necesidad de
revisar y de ir eliminando los subsidios de las tarifas eléctricas. Textualmente el
documento refiere:
"La política actual de concederlos,
refiriéndose obviamente a los subsidios, de manera generalizada a través de las tarifas,
está socavando la viabilidad financiera del sector. Resulta preferible que los subsidios
se concedan de forma transparente y se destinen a quienes realmente lo necesitan",
termina la transcripción del texto.
De igual manera, durante el transcurso de
diversas reuniones de trabajo de los miembros de la Comisión de Energía de esta Cámara
de Diputados que sostuvimos con autoridades del sector, el tema de los subsidios fue
abordado de forma recurrente; en todos los casos diputados de todos los partidos
políticos presentes, manifestaron no sólo su preocupación por la tendencia de los
subsidios del sector, sino incluso su disposición para revisar los mismos. Es una
consecuencia lógica que esta grave preocupación compartida por autoridades actuales y
pasadas del sector, así como por diversos partidos políticos derivara en diversas
propuestas concretas tendientes a corregir las distorsiones de la política de subsidios
aplicada.
Podrá haber divergencias al interior de
los grupos parlamentarios sobre éste y sobre muchos otros temas de impacto social, pero
la realidad es que las fuerzas políticas más representativas de este Congreso
manifestaron de diversas maneras su coincidencia en cuanto a dejar de subsidiar
parcialmente las tarifas eléctricas.
Se ha ahondado de manera exhaustiva en la
propuesta alternativa a la reforma fiscal que presentó el PRD, donde se plasmó la
intención de este instituto político, de recuperar vía el incremento a las tarifas
eléctricas domésticas, la cantidad de 4 mil 300 millones de pesos.
En el caso del PRI, además de los
funcionarios de la administración pasada a los que ya hicimos referencia, este tema se
incluyó en su proyecto denominado "visión de la reforma hacendaria", en el
cual se establecen puntos necesarios tales como: revisión de los precios y tarifas de los
organismos paraestatales, eliminación de los subsidios generalizados sustituyéndolos por
subsidios a los sectores de la población más vulnerables y eliminar las distorsiones en
los precios y tarifas. Estas propuestas fueron ampliadas durante la discusión de la
reforma hacendaria por algunos legisladores del PRI, que además fueron voces calificadas
durante las negociaciones de dicha reforma.
Me permito citar como ejemplo al diputado
Chávez Presa, quien en declaraciones públicas del mes de octubre del año pasado dijo:
"en el caso de la electricidad, el argumento es que no debe mantenerse el subsidio
para las zonas residenciales y sí conservarlo para los más pobres". Este rubro es
uno de los que más ha convencido a los priístas porque la tarifas no se han modificado
los últimos años.
En otras declaraciones del mismo diputado,
éstas del mes de diciembre, se refiere a que es indispensable que el Ejecutivo Federal
asuma su responsabilidad de reducir los subsidios generalizados y alinee los precios y
tarifas de bienes y servicios públicos, especialmente el de la electricidad donde el
subsidio estimado es de cerca de 60 mil millones de pesos.
La intención de estas referencias es la de
demostrar que la preocupación legítima y coincidente de diversos actores respecto a este
tema, supera las ideologías partidistas. La responsabilidad de esta medida es del
Ejecutivo Federal, de esto, que no quede duda. Pero es precisamente esa responsabilidad la
que lo lleva a tomar medidas que si bien no son populares, es indudable que son
necesarias.
La responsabilidad a su vez de este Poder
Legislativo, es la de actuar con congruencia, sin desconocer las facultades del Ejecutivo
Federal y no de desinformar a la opinión pública respecto a este tema.
Es por esta razón y sin menoscabo de
algunas, de que compartimos algunas de las inquietudes sociales manifestadas en el
dictamen, que nuestro partido votará en contra del mismo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Está abierto el registro de oradores...
Consulte la Secretaría si está
suficientemente discutido.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
En votación económica, se pregunta a
la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Suficientemente discutido, sométalo a
votación señor Secretario.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
En votación económica, se pregunta a
los señores legisladores si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, señor Presidente.
El Presidente:
Le ruego señor Secretario, que haga favor
de contar individualmente los votos.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
Los diputados y senadores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados y senadores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, es mayoría por la afirmativa.
El
Presidente:
Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Continúe la Secretaría con los puntos de
acuerdo.
ISSSTE
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Tercera
Comisión de Trabajo.
Honorable Comisión Permanente: a la
comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el punto de acuerdo
presentado en sesión plenaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión del día miércoles 13 de febrero del año en curso, donde el senador Elías Miguel
Moreno Brizuela, presentó, a nombre de los integrantes de los grupos parlamentarios de
los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México, una proposición para solicitar se exhorte a las autoridades del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se
haga uso racional de los recursos, se eviten dispendios e ineficiencias y se obtengan el
máximo de beneficios para los derechohabientes, asimismo exhortar a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público que en caso de que se dé un crecimiento económico o que los
ingresos fiscales sean mayores a lo estimado, se destinen más recursos presupuestales al
Instituto y que en caso de recortes al presupuesto no se vea éste afectado. El cual fue
turnado en sesión plenaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, para los efectos de su análisis en los términos de los artículos 58 y 60
párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
A partir del estudio del expediente en
cuestión y de conformidad con los artículos 93, 94 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos exponer los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Que la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión en sesión del 20 de julio de 2001, aprobó un punto de
acuerdo que proponía que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2002
considerara recursos suficientes para que no se vieran afectadas las finanzas del
Instituto.
Segundo. Que en el punto de acuerdo
referido, también se propuso que en el Plan Nacional de Desarrollo sexenal fuera
contemplada la implementación de políticas públicas que garantizaran la viabilidad del
Instituto.
Tercero. Que en la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación no se consideró un incremento importante al
presupuesto del ISSSTE, incluso, los recursos financieros asignados para el presente
ejercicio fueron menores a los del año próximo pasado.
Cuarto. Que la deteriorada situación
presupuestal del Instituto incidirá en el alcance y calidad de los servicios que ofrece
en perjuicio de los derechohabientes.
En virtud de lo anteriormente expuesto nos
permitimos someter a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Exhortar, a través de la
Comisión Permanente del honorable. Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal para que
las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, hagan uso racional de los recursos, eviten dispendios e ineficiencias y obtengan
el máximo de beneficios para los derechohabientes.
Segundo. Exhortar a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para que, en caso de que se dé un crecimiento económico
o que los ingresos fiscales sean mayores a lo estimado, se destinen más recursos
presupuestales al Instituto y que en caso de recortes al presupuesto, no se afecte al
Instituto.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
19 de febrero de 2002.— Legisladores: Efrén Leyva Acevedo, presidente; Miroslava
García Suárez, secretaria; César Camacho Quiroz, secretario; J. Camilo
Mouriño Terrazo, secretario; José Antonio Aguilar Bodegas, Fauzi Hamdan Amad,
Miguel Angel Navarro Quintero, Francisco Fraile García; Roberto Ruiz Angeles, Manuel
Medellín Milán, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Jaime Salazar Silva, Jorge Carlos Ramírez
Marín, Juan Carlos Regis Adame y Herbert Taylor Arthur.»
El Presidente:
Está a discusión el punto de acuerdo. No
hay oradores. Haga favor la Secretaría de someterlo a votación.
868,869,870
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
En votación económica se pregunta a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Suficientemente discutido. Sométalo a
votación, por favor, señor Secretario.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
En votación económica, se
pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo.
Continúe la Secretaría.
CONDECORACIONES
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión
de Trabajo que suscribe, le fue turnado los oficios de la Secretaría de Gobernación, por
el que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos embajador
Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, coronel de
fuerza aérea piloto aviador DEMA Horacio Ornelas García, licenciado José Guillermo
Ordorica Robles, capitán de navío CG Ezequiel Osorio Chiñas, capitán de navío CG DEM
José Luis Vergara Ibarra y vicealmirante CG DEM José Santiago Valdés Alvarez, para que
puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de
Corea, Federativa de Brasil, Santa Sede y la Junta Interamericana de Defensa en
Washington, DC, EUA.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C del artículo 37
constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso al embajador Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden HeungIn en Segundo Grado, que le confiere el gobierno de la
República de Corea.
Artículo segundo. Se concede
permiso al licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden HeungIn en Segundo Grado, que le confiere el gobierno de la
República de Corea.
Artículo tercero. Se concede
permiso al coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo
Horacio Ornelas García, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla del
Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.
Artículo cuarto. Se concede permiso
al licenciado José Guillermo Ordorica Robles, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador (Clase
Civil), que le confiere la Santa Sede.
Artículo quinto. Se concede permiso
al capitán de navío cuerpo general Ezequiel Osorio Chiñas, para que pueda aceptar y
usar la condecoración de la Medalla Especial, Medallón y Cinta, que le confiere la Junta
Interamericana de Defensa de Washington, DC, EUA.
Artículo sexto. Se concede permiso
al capitán de navío cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Luis Vergara Ibarra,
para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla Especial, Medallón y Cinta,
que le confiere la Junta Interamericana de Defensa de Washington, DC, EUA.
Artículo séptimo. Se concede
permiso al vicealmirante cuerpo general Diplomado de Estado Mayor José Santiago Valdés
Alvarez, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial, Medallón y
Cinta, que le confiere la Junta Interamericana de Defensa de Washington, DC, EUA.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 7 de febrero de
2002.— Legisladores: Alejandro Zapata Perogordo, presidente, Jorge Zermeño
Infante y Jorge Carlos Ramírez Marín, secretarios; Sadot Sánchez
Carreño, David Jiménez González, José Ernesto Gil Elorduy, Fauzi Hamdan Amad, Jesús
Galván Muñoz, Rafael Melgoza Radillo, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Efrén Leyva
Acevedo, José Alfredo Botello Montes, Herbert Taylor Arthur, Magadalena Núñez Monreal y
Arturo Escobar y Vega.»
Está a discusión el proyecto de decreto
que concede permiso a los ciudadanos Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, Francisco Javier
Ortiz Ortiz, Horacio Ornelas García, José Guillermo Ordorica Robles, Ezequiel Osorio
Chiñas, José Luis Vergara Ibarra y José Santiago Valdés Alvarez, para aceptar y usar
condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de Corea, Federativa de
Brasil, Santa Sede y la Junta Interamericana de Defensa en Washington, respectivamente.
El Presidente:
Está a discusión el dictamen en lo
general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la Asamblea si se va
a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...
Al no haber reservas de artículo alguno
para discutir en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del
proyecto de decreto.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
Por instrucciones de la Presidencia se va a
proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de
decreto.
(Votación.)
Se emitieron 29 votos en pro y ninguno en
contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo
particular el proyecto del decreto.
Pasa al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
Proceda la Secretaría a dar cuenta con el
presupuesto de la Cámara de Senadores.
CAMARA
DE SENADORES
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos
y gasto de la Cámara de Senadores para el mes de enero de 2002.
Servicios personales
52,598,235
Materiales y suministros
1,228,880
Servicios generales
56,176,099
Bienes muebles e inmuebles
3,072
Obras públicas
0
Ayudas y subsidios
24,809
Total
110,031,095
Importa el presente presupuesto la cantidad
de ciento diez millones treinta y un mil noveta y cinco pesos 00/100 moneda nacional.
*El presupuesto ejercido incluye el
presupuesto pagado y el comprometido.
México, D.F., a 13 de febrero de
2002.— Senadores: Mariano González Zarur, presidente de la Comisión de
Administración; Ramón Corral Avila y Antonio Sosto Sánchez, secretarios
de la comisión de Administración; licenciada Graciela Brasdefer H., tesorera del
Senado de la República.»
El Presidente:
Tratándose del presupuesto ejercido,
esta Comisión se da por enterada.
Proceda la Secretaría a dar cuenta del
presupuesto para el mes de febrero.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos
y gasto de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2002.
Servicios personales 55,374,300
Materiales y suministros 1,628,200
Servicios generales 54, 893,600
Bienes muebles e inmuebles 996,500
Obras públicas 0
Ayudas y subsidios 47,900
Total 112, 940,500
Importa el presente presupuesto la cantidad
de ciento doce millones novecientos cuarenta mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional.
México, D.F., a 13 de febrero de
2002.— Senadores: Mariano González Zarur, presidente de la Comisión de
Administración; Ramón Corral Avila y Antonio Sosto Sánchez, secretarios
de la comisión de Administración; licenciada Graciela Brasdefer H., tesorera del
Senado de la República.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado. Gracias, señor Secretario.
DISTRITO
FEDERAL
El Presidente:
Pasamos al capítulo de proposiciones y
tiene la palabra el senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativa al Gobierno
del Distrito Federal.
El senador David Jiménez González:
Muchas gracias, señor Presidente,
con su permiso:
Los legisladores que suscribimos,
integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en
los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de
acuerdo para que la misma se discuta y se someta a votación en la presente sesión de la
Comisión Permanente, por considerarse de urgente y obvia resolución.
La Ciudad de México desde su fundación ha
experimentado un permanente y constante cambio. Su transformación es resultado de varios
factores, pero destaca, entre ellos, el esfuerzo e impulso de sus habitantes y del
sentimiento federalista desde que nos constituimos como nación libre e independiente que
hemos tenido los mexicanos.
Es importante no olvidar la génesis del
Distrito Federal cuando nos constituimos como una nación republicana, democrática y
federal, decididos que si la falta de una jurisdicción y la interpolación de facultades
entre los poderes federales y los locales, fueron causa fundamental para pensar que el
lugar en donde se asentaran los poderes federales, éstos pudieran actuar con
independencia de cualquier ingerencia de índole local, como lo pensaron y decidieron los
convencionistas de Estados Unidos de América en Filadelfia en 1787, fue y lo es un tema
vital también para los mexicanos. Tan fuerte que el 18 de octubre de 1824 el presidente
Guadalupe Victoria lanza un manifiesto a la nación en donde cita inclusive a George
Washington declarando que si los estados no dejan al Congreso General ejercer aquellas
funciones que indudablemente le ha conferido la Constitución, todo caminará rápidamente
a la anarquía y confusión.
Necesario es para la felicidad de los
estados que en alguna parte se haya depositado el supremo poder para dirigir y gobernar
los intereses generales de la Federación. Sin esto no habría unión y seguiría muy
pronto el desorden.
871,872,873
Así, desde el 18 de noviembre de 1824 se
constituye mediante resolución del Congreso Nacional, mediante el decreto que firman don
Valentín Gómez Farías, don José María Izazaga y José Rafael Alarid, así como por el
presidente don Guadalupe Victoria, a la Ciudad de México como la residencia de los
supremos poderes de la Federación.
Durante 173 años el gobierno del Distrito
Federal fue ejercido por gobernantes designados por el titular del Ejecutivo Federal hasta
el año de 1997.
Es importante recordar que en el año de
1987 se dio inicio a una nueva y vigorosa reforma política del Distrito Federal, en el
seno del Congreso de la Unión, donde la participación ciudadana cobraría una gran
importancia, otorgándole mayores derechos políticos y una nueva estrategia de
desconcentración y descentralización tanto administrativas como políticas, las que
fueron vistas como forma para impulsar un sistema democrático y funcional de la Ciudad de
México, lo que permitiría enfrentar con mayor eficacia y eficiencia la prestación de
servicios públicos y resolver los graves y complejos problemas del Distrito Federal.
Desde ese año hasta la fecha, el marco
jurídico y político del Distrito Federal ha evolucionado en general en forma muy
importante y sustancial. Estos cambios y transformaciones han traído como consecuencia
una mayor autonomía en cuanto a sus funciones y responsabilidades de los órganos de
gobierno de la ciudad y que no en pocas ocasiones ha dejado a veces mucho que desear.
Sin embargo hoy día los habitantes y
ciudadanos del Distrito Federal gozan de derechos y garantías políticas al igual que el
resto de los habitantes de la República; así como eligen a sus gobernadores, senadores,
diputados federales y locales, presidentes municipales, aquí en el Distrito Federal
también se elige senadores, diputados federales, jefe de gobierno, diputados locales y
hasta sus respectivos delegados.
Aquí tienen vigencia las leyes, decretos y
disposiciones de carácter general emitidos por la Asamblea de Representantes y por el
gobierno de la ciudad; tienen una vigorosa estructura vecinal real que permite tener un
acercamiento con sus autoridades, fundamentalmente delegacionales, para tratar y resolver
los asuntos de sus demarcaciones.
El grado de autonomía de las delegaciones
debe de fortalecerse y consolidarse respecto a las decisiones centrales del gobierno de la
ciudad, para poder tener una mayor facilidad en la atención y solución de los asuntos
que les son propios.
Dentro de este escenario actual, tanto los
poderes federales y los órganos de gobierno locales deben de cumplir con sus funciones de
acuerdo con las competencias que la Constitución y las leyes les han señalado y no
podría ser de otra manera, ya que la Ciudad de México, es decir el Distrito Federal,
sigue siendo la sede, el asiento de los poderes federales y en este territorio ejercen
todos sus actos soberanos.
Si en un principio se pensó y se pensó
bien, que los habitantes de la Ciudad de México al tener autoridades propias electas
directamente por la ciudadanía, estarían más cerca de ellos y le resolverían sus
problemas y necesidades, evaluando y calificando la actuación de cada una de ellas,
sería un paso trascendente en la democratización de la vida de la capital, sin pensar
por ello en un acotamiento o limitación de los poderes federales más allá de lo
establecido por la Constitución.
Sí, la devolución del poder y el
propósito de hacer más transparente y responsable el gobierno de la ciudad por conducto
de sus órganos de gobierno ha sido, sin duda, con el más sano y limpio propósito de
beneficiar a los pobladores de esta demarcación territorial para que desarrollen una
auténtica convivencia en donde se impulse la educación, la cultura, el deporte, el
fortalecimiento de la familia, la recreación y se dé oportunidades de empleo a miles y
miles de ciudadanos que se incorporan cada año a la fuerza de trabajo de esta ciudad para
que puedan realizarse como personas en lo individual y como sociedad.
La sociedad exige un clima de orden,
tranquilidad y seguridad pública. Para poder alcanzar estos fines es necesario que las
autoridades locales respondan a ese compromiso de afrontar, sin demagogia, sin eludir sus
responsabilidades, el compromiso de trabajar en la solución de los problemas y las
necesidades de sus habitantes.
El Distrito Federal no puede ser rehén de
grupos, partidos políticos, de individuo o individuos que por apetitos de poder
antepongan sus intereses a los de la Ciudad de México. El gobernar implica una seria y
grave responsabilidad para todos. No debe entenderse el desempeño de un cargo público
como patrimonio personal para hacer y deshacer lo que uno quiere, sino implica un
compromiso en que fundamentalmente sus actos y el ejercicio del poder público deben
ajustarse al más estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Sólo así y
nada más así gobernantes y gobernados podemos construir el futuro del país, del
Distrito Federal y de nuestros estados.
Respetar el orden jurídico que nos hemos
dado los mexicanos es vivir en un Estado de Derecho. El no aceptar y no acatar las
disposiciones legales que rigen los actos de cualquier autoridad nos conduciría al
desacato, a la improvisación, a la irresponsabilidad y a la anarquía, que nadie quiere y
a nadie conviene.
El ser miembro de un partido político
distinto a los que ejercen la representación política en los poderes públicos o tener
una posición de poder público distinto al otro no nos hace o permite dejar de hacer o de
cumplir y respetar las instancias de gobierno y mucho menos violentar el orden jurídico
normativo que nos hemos dado.
La ley no es solamente instrumento de
aplicación de las autoridades para con los gobernados; es dispositivo e imperativo que
deben de cumplir en primerísimo lugar las autoridades, entiéndase, los gobernantes. Su
incumplimiento e inobservancia los hace merecedores a sanciones y penas que la propia ley
determina.
Si hemos sostenido en diferentes foros y
reuniones que queremos vivir en un Estado de Derecho los mexicanos, debemos ser los
primeros en cumplirlo observando fielmente la Constitución y las leyes que de ella
emanan. Su acatamiento no puede quedar sujeto a juegos políticos ni a medición de
fuerzas políticas ni a someterlas a consultas públicas o privadas, sean telefónicas o
no, sino simple y llanamente a cumplirlas.
La falta de cumplimiento de resoluciones
judiciales, violaciones a las disposiciones legales como a la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal; violentar el Estado de Derecho al permitir el tránsito de personas
armadas, en clarísima violación a las disposiciones constitucionales; el no acatamiento
a las disposiciones emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la violación
en materia de nombramientos, facultades que le corresponden al Presidente de la
República, como fue el caso del Secretario de Seguridad Pública en el Distrito
Federal recientemente, nos hace pensar que un gobernante que no acata la ley desconoce el
Pacto Federal e incumple los mandatos judiciales, envía un peligroso mensaje a los
gobernados, pues los alienta a la desobediencia civil y al desconocimiento del Estado de
Derecho.
El querer disfrazar u ocultar una realidad
que se está dando en la capital del país, en donde los problemas, las necesidades y los
conflictos crecen, hace que los habitantes de ella se pregunten: ¿qué beneficios han
recibido todas estas reformas y adecuaciones legales? No son pocos inclusive los que
critican la situación actual y añoran el sistema de asignación del titular de gobierno
de la ciudad.
Estamos convencidos que las reformas
constitucionales y legales que ha experimentado el marco jurídico del Distrito Federal,
han sido positivos, han significado avances importantes, pero también no debemos pasar
por alto conductas y acciones reiteradas de reto franco, abierto, de desacato a las leyes
y a las resoluciones judiciales.
Muchos se preguntan: ¿cuándo se afecta el
orden público? Pues cuando se quebranta, se altera o se desobedece el cumplimiento de la
Constitución y de la ley.
Si la autoridad no entiende lo que es
respeto a la vigencia y cumplimiento del orden constitucional y jurídico, estamos en
presencia de actos y acciones de ilegalidad, cuyos resultados serán sanciones y penas.
Los acontecimientos recientes en la ciudad
de México y la situación que se está provocando, nos permite pensar, reflexionar, que
es momento de actuar enérgicamente dentro de nuestra competencia constitucional para
hacer, por lo pronto hoy día, un severo extrañamiento al ciudadano Jefe de Gobierno de
la ciudad, para que respete y ajuste sus actos a la Constitución y a las leyes y
aprovechando también este momento, lo hacemos para todos los órdenes de gobierno,
llámense para los tres poderes federales, como también para las instancias locales.
«Por todo lo anteriormente expuesto y con
fundamento en la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión y su reglamento
correspondiente y por considerarlo de urgente y obvia resolución, sometemos a su
consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que se le haga un severo
extrañamiento por esta vez, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés
Manuel López Obrador, para que sus actos y acciones se ajusten a la Constitución y a los
principios de legalidad que manda nuestro vigente orden jurídico.
Salón Legisladores de la República del
Congreso de la Unión, a 20 de febrero de 2002.— Senadores: David Jiménez
González, José Ernesto Gil Elorduy, José Antonio Aguilar Bodegas, César Camacho
Quiroz, José Natividad González Parás, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Miguel Angel
Navarro Quintero, Miguel Sadot Sánchez Carreño, Jorge Zermeño Infante, Jesús Galvan
Muñoz José Escudero Barrera, Sara Castellanos, Eduardo Ovando, Francisco
Fraile García; diputados: José Escudero Barrera, José Alfredo Botello, Alfredo
Ochoa Toledo, Herbert Taylor, Raúl Cervantes, Efrén Leyva, Juan Sepúlveda, Jaime
Salazar, Abelardo Escobar, Felipe Calderón Hinojosa, Juan Mouriño y Rafael
Rodríguez Barrera.»
Muchas gracias, señor Presidente, y
quisiéramos que se sometiera este asunto como lo hemos dejado aquí ya dicho, como un
asunto de urgente y obvia resolución.
Dejo aquí la propuesta del punto de
acuerdo.
El Presidente:
Señores legisladores, en este momento,
a reserva de continuar con el trámite correspondiente, quiero comentar, dado que ya
entramos al capítulo de puntos de acuerdo, que la Mesa Directiva resolvió, primero,
retirar el punto de acuerdo sobre el fondo de desastres; segundo, incorporar los puntos de
acuerdo que han sido solicitados, uno sobre la fructosa y otro sobre el sindicato de salud
y finalmente incorporar en la agenda política el tema relativo a la corrupción.
Son los cambios resueltos por la directiva
en el curso de la sesión, con relación al orden del día de esta sesión.
Señor senador, tiene usted el uso de la
palabra.
Estamos en el trámite relativo, señor
senador, compañeros legisladores, respecto de la solicitud de considerar de urgente
resolución. Daremos la palabra al señor senador y posteriormente someteremos a votación
de la Asamblea si se considera de urgente resolución.
Tiene la palabra, señor senador.
El senador Ricardo Gerardo Higuera:
Gracias, con su permiso, señor
Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Yo creo que el desempeño del Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ha sido un desempeño muy
decoroso, es una gente que está trabajando con su equipo intensamente, es una gente que
de veras, les guste o no a algunos, está trabajando desde las 6:00 de la mañana, reunido
con su gabinete, con gente de la sociedad civil, está participando también en los
principales problemas de esta ciudad.
Y, pues hay que reconocer, que a un año y
fraccioncita de su Gobierno, de su encargo, tiene, está a la vista su trabajo, aquí
luego lo dicen las encuestas de opinión realizadas por los diversos medios de
comunicación, por diversas empresas serias en este país y así nos lo dicen, por
supuesto, diversos sectores del Distrito Federal.
Sin embargo, hay que reconocer que tenemos
problemas estructurales, problemas estructurales producto del modelo económico neoliberal
desarrollado, instrumentado en los últimos años que nos ha dejado saldos muy amplios,
negativos, que nos ha dejado, pues a una gran cantidad, millones de pobres en este país
que tenemos en este momento falta de oportunidades para la gente y que tenemos pues
problemas estructurales que no se pueden resolver de la noche a la mañana.
No es el caso aquí, porque no tenemos
tiempo, de hacer referencia a estadísticas, a datos de cómo han evolucionado y, por lo
menos, en el peor de los casos, se ha definido el índice de crecimiento de factores
diversos negativos que en los últimos años se habían incrementado tremendamente.
Si nos vamos al aspecto jurídico, y aquí
se hizo referencia, el artículo 44 constitucional establece la naturaleza jurídica del
Distrito Federal , sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos
Mexicanos y a su vez al artículo 122 de nuestra Carta Magna establece que su gobierno
está a cargo de los poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de carácter local, en los términos de dicho artículo.
En este precepto se indica, entre otras
cosas, la distribución de competencia entre los poderes de la Unión y el Distrito
Federal, así diversas funciones del Gobierno son compartidas entre la Federación y los
poderes del Distrito Federal.
874,875,876
En materia de seguridad pública, el
artículo 122 constitucional, apartado C base segunda fracción II inciso e,
señala que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establecerá las facultades y
competencias de cada ámbito de gobierno. Esto con relación a la fracción VII del
artículo 115 constitucional que indica que el Ejecutivo Federal tendrá el mando de la
fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente.
La propuesta para la Secretaría de
Seguridad Pública que hiciera el Jefe de Gobierno lo hizo apegado a derecho, hizo una
primera propuesta y, bueno, como lo indican también las normas, lo acordó con el
Ejecutivo Federal, se llegó a un acuerdo y que en verdad yo creo que si vemos los
últimos acontecimientos y hemos analizado la última información, todo está
perfectamente bien, está apegado a derecho y no veo yo por qué de una situación
política, respetable, cada quien tiene derecho a tener su punto de vista, que esto no se
quiera hacer un asunto de carácter jurídico, mucho menos creo yo que se justifica venir
aquí al Poder Legislativo para hacer ese extrañamiento que se está planteando.
Por supuesto que nosotros, los integrantes
del Partido de la Revolución Democrática, pensamos y estamos totalmente en desacuerdo,
rechazamos esa propuesta y hacemos un llamado a que con toda la civilidad política, toda
la objetividad, sigamos caminando en esta etapa de transición del país, en esta etapa
muy importante para la vida nacional y para el Distrito Federal, para nuestra ciudad.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente:
Gracias, señor senador.
Para referirse también al trámite de
urgente resolución, tiene la palabra el señor senador Jesús Galván Muñoz.
El senador Jesús Galván Muñoz:
En realidad yo quisiera, señor
Presidente, estimados legisladores, hacer una… referirme a lo que acaba de comentar
el compañero más que referirme al asunto de la obvia resolución.
Quisiera señalar primero, que Acción
Nacional ha solicitado que estos acuerdos, este tipo de acuerdos se lleven a las
comisiones, al seno de las comisiones de manera que la discusión que se haga sea mucho
más serena, mucho más sensata y no que se den las discusiones al calor de lo que aquí
resulta de inmediato y por eso nosotros queremos decir que en este caso quisiéramos que
sean las comisiones las que resuelvan, las que debatan, las que diriman esta proposición
que nosotros mismos hemos apoyado.
Pero no quisiera dejar de lado algunas de
las afirmaciones que aquí el compañero senador vino a verter. Ciertamente él habla de
lo que a su juicio es un desempeño muy decoroso del Jefe de Gobierno.
Dice y hace hincapié en que el señor Jefe
de Gobierno trabaja desde las 6:00 de la mañana, sin embargo, el punto de acuerdo que se
pone aquí a consideración nada tiene qué ver con estos aspectos.
Fue muy claro el senador Jiménez, al hacer
uso de la palabra, en señalar un conjunto de acciones que se considera que no están
apegadas a derecho y justamente por eso, por esas razones es que se está solicitando que
esta Comisión Permanente apruebe ese punto de acuerdo.
¿Cuáles son, en síntesis, las acciones
que nosotros consideramos que no están apegadas a derecho? Primero, quiero señalar un
desacato a los tribunales judiciales, que ha sido público y que el señor Jefe de
Gobierno ha mantenido de manera incluso ostentosa este desacato.
También hubo, desde luego, otro tipo de
desapego a la ley, por ejemplo a la Ley de Obras Públicas que aquí se mencionó y que el
Jefe de Gobierno ha ignorado de manera también ostentosa.
De igual manera, aunque como lo dijo el
compañero, aparentemente el Jefe de Gobierno hizo su propuesta para que un servidor
público ocupara, para que quien ocupa el mando de servidor público de las fuerzas en el
Distrito Federal al Presidente de la República. Sin embargo, era muy claro y así quedó
constatado, que el Jefe de Gobierno lo que hizo fue, nombró, hizo la designación y
después quería que el Presidente de la República simplemente hiciera la ratificación y
eso no es lo que dice la Constitución.
En síntesis, lo que aquí se está
juzgando o lo que aquí se quiere juzgar no es tanto el desempeño global del jefe de
gobierno del Distrito Federal. Lo que se está y lo que se está poniendo a colación es
justamente el que el Jefe de Gobierno en algunos de sus actos ha actuado en contravención
a la ley.
Por lo que toca al fondo del asunto y por
lo que toca al trámite, nosotros quisiéramos que este trámite se diera como establece
el Reglamento, es decir, que se turne a comisión y que ahí se discuta y se dictamine.
Muchas gracias.
El Presidente:
Señores legisladores, permítanme aclarar
el trámite.
Si ustedes lo autorizan procederíamos a
votar si se considera de urgente resolución. En caso afirmativo, si tenemos dos tercios
de legisladores a favor de que se considere de urgente resolución, entraríamos a
discutir el fondo del tema. De no ser así, turnaríamos a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente.
Por lo tanto, señor Secretario. ¿Me
permite, señor orador? Lo registramos, señor senador, nada más le estaba pidiendo su
autorización y a los demás miembros de la comisión, que nos pemitieran desahogar el
tema. Si no es de urgente y obvia resolución ya no entramos en materia. Si fuese,
entonces lo turnamos a comisión, pero estamos sólo en el trámite de decidir si es o no
de urgente y obvia resolución, no estamos entrando a discutir el fondo del tema.
El senador Armando Chavarría Barrera
(desde su curul):
De la votación, como se ha hecho en casos
anteriores en esta misma Comisión Permanente.
El Presidente:
Si usted insiste tiene la palabra, hasta
por cinco minutos, señor senador y yo le ruego que al finalizar su intervención
procedamos a recoger la votación sobre el trámite.
El senador Armando Chavarría Barrera:
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Hace algunos momentos un colegislador,
senador de la República planteó como punto de acuerdo, según palabras de él, un severo
extrañamiento al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Al respecto yo quiero hacer algunos
comentarios.
Yo creo que durante la campaña política
para elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador,
estableció una serie de puntos programáticos, lo cual le ganó la simpatía de la
inmensa mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal.
Yo creo que una cosa hay que reconocer en
Andrés Manuel López Obrador, un asunto de congruencia entre lo que se propuso en la
campaña y lo que se está haciendo en este ejercicio de gobierno...
El Presidente:
Un momento, señor senador.
Dígame, señor diputado.
El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa (desde su curul):
Pudiera abordar el fondo del asunto en
este momento, nosotros nos veríamos obligados a autorizar su discusión inmediata.
Yo le pediría al legislador que considere
nuestra posición.
El senador Armando Chavarría Barrera:
Está en su derecho, diputado.
El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa (desde su curul):
Le agradezco mucho.
El Presidente:
Efectivamente ha habido un procedimiento
tolerante por parte de la mesa. El Reglamento prevé una intervención a favor y una en
contra. El expositor lo hace obviamente a favor. Admitimos otras dos intervenciones, ésta
sería la tercera y efectivamente, yo le insistiría al señor orador a que se refiriera
sólo al trámite, porque efectivamente, si entra al fondo del tema estaríamos
violentando el procedimiento y nos obligaría a modificar lo que ya habíamos consultado a
la Asamblea.
Le ruego entonces, señor senador, se
refiera al trámite si se considera o no de urgente resolución, para proceder a la
votación y evitar que se desvíe el tema que está a debate.
El senador Armando Chavarría Barrera:
Yo con todo respeto le quiero plantear a
usted, señor Presidente, que para efectos de resolver si procede o no lo que están
planteando, eso se resuelve con una votación. No tendría ningún sentido venir a la
tribuna solamente para manifestar si estoy de acuerdo o no. Entonces yo le sugiero con
todo respeto que nos permita expresar con libertad nuestras ideas, como se hizo en el caso
de los dos oradores anteriores.
El Presidente:
Yo le ruego que concluya de inmediato, pero
le insisto en que su intervención no corresponde con el tema a debate y que esto se
turnaría a comisiones, en las comisiones se discutiría el fondo, después de comisiones
regresaría aquí al pleno y tendríamos la oportunidad de entrar nuevamente en el fondo
del asunto.
Si me permite una muy comedida sugerencia
de la mesa, permítanos entonces someter ya a votación el trámite y...
El senador Armando Chavarría Barrera:
No se puede porque estoy en el uso de la
palabra, señor Presidente, ya me la otorgó usted.
El Presidente:
Sí, por eso le pido su autorización,
señor senador.
El senador Armando Chavarría Barrera:
No, yo quiero concluir el tiempo que me
compete.
El Presidente:
Concluya usted, señor senador.
El senador Armando Chavarría Barrera:
Yo estaba señalando que es muy importante
en esta evaluación que se está haciendo, porque así lo hicieron quienes me antecedieron
en la palabra, una cosa fundamental: el asunto de la congruencia política entre lo que se
ofrece y lo que se hace. A mí me parece que en ese sentido el desempeño de Andrés
Manuel López Obrador, aunque no quieran escuchar los que hacen bola ahí, ha sido un
desempeño positivo que ha ido generando simpatías entre los habitantes del Distrito
Federal y que incluso, como se decía hace un rato, en las encuestas que se han
establecido con los ciudadanos, hay en lo general una satisfacción con el desempeño del
Gobierno del Distrito Federal.
Yo no vengo aquí, claro está, a hacer una
apología del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo que sí me parece es que
necesitamos ser justos, prudentes y dar un espacio de reflexión para ver si efectivamente
lo que aquí se ha señalado de que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal está al
margen de la legalidad, lo pudiéramos discutir en las comisiones como ya se ha planteado
por parte de algunos compañeros.
Nosotros, por la gravedad del
señalamiento, no consideramos que sea conveniente y adecuado que se le dé el turno de
obvia y urgente resolución. Estamos planteando que se turne a las comisiones y que
incluso yo planteo, si fuera necesario proponer la comparecencia del mismo Jefe del
Gobierno del Distrito Federal, de manera tal que se pudieran esclarecer algunas dudas que
tengamos los diputados y los senadores de la República.
Ahora, terminando con el planteamiento que
hacía el senador David. Yo creo que si esta exhortación tiene como propósito hacer un
llamado a los tres poderes y al conjunto de quienes gobiernan los estados de la República
y al propio país, pues eso sería una cuestión que necesitaríamos discutir en las
comisiones, pero sí planteo yo que dada la propuesta que se hizo, la conveniencia de que
en estas reuniones de comisiones, pudiera incluso estar presente, insisto, señor
Presidente, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal para que pudiera dar respuesta a
todas las inquietudes que emanen de este Congreso de la Unión.
877,878,879
Muchas gracias,
El Presidente:
Muchas gracias, señor senador, eso pudiera
ser objeto del dictamen de la propia comisión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si
considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
En votación económica, se pregunta a la
Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Sí se considera de urgente resolución, se
abre el registro de oradores.
Se abre el registro de oradores para
someter a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo...
El senador David Jiménez González
(desde su curul):
Señor Presidente. De acuerdo con el
Reglamento, voy a fundamentarla.
El Presidente:
Si me permite, señor senador una vez que
la Asamblea lo ha considerado de urgente resolución, procede poner a discusión la
proposición.
Por lo tanto es obligación de la
Presidencia abrir un registro de oradores a favor y en contra.
Está abierto el registro de oradores, si
no los hay, procederíamos a votar el punto de acuerdo. Si los hay, procederíamos a darle
la palabra a dos oradores a favor y dos en contra como máximo.
Tiene la palabra el senador David Jiménez
a favor.
El senador David Jiménez González:
Con su permiso, señor Presidente:
Yo creo que es muy importante que aquí
llegue a puntualizarse cuál es el sentido, el objeto y el motivo de este punto de acuerdo
y este punto de acuerdo no está encaminado u orientado para saber si las autoridades del
Distrito Federal y en especial el Jefe de Gobierno de la ciudad, fue electo
abrumadoramente o no, si ha desempeñado o no, de acuerdo con ciertos criterios en forma
correcta o no su cargo como Jefe de Gobierno.
Aquí el punto de acuerdo y éste es el
asunto central, ha sido que todas las autoridades y en especial el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México ajuste todos y cada uno de sus actos a lo que la Constitución y las
leyes establecen.
Uno de los primeros principios que deben de
regir la actividad de cualquier gobernante, es aquel que establece la propia
Constitución, cuando nos hace protestar, cumplir y hacer cumplir la misma Constitución y
las leyes que de ella emanen.
Y en el concepto central de la exposición
del punto de acuerdo, quedó perfectamente establecido, que lo que estamos nosotros
requiriendo, es que tanto los órganos de Gobierno del Distrito Federal, actúen dentro de
las competencias que le han sido fijadas por la Constitución, por el Estatuto de Gobierno
y por las leyes que han emanado de su órgano legislativo, en este caso de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, y de acatar las resoluciones que emitan, no solamente
las autoridades jurisdiccionales federales, sino también las locales.
Y en ese sentido, nosotros que hemos
observado, que hemos visto el desempeño en este sentido del Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, por eso es que…
El Presidente:
Si me permite. Diputada Miroslava
García Suárez.
La diputada María Miroslava
García Suárez (desde su curul):
Señor Presidente, ¿puede preguntarle al
orador si acepta una pregunta de esta legisladora?
El Presidente:
Señor senador, ¿acepta usted una
pregunta de la diputada?
El senador David Jiménez González:
Las que quiera, todas.
El Presidente:
Y esta Presidencia le autoriza. Adelante
diputada.
La diputada María Miroslava
García Suárez (desde su curul):
Gracias. Señor senador, yo quisiera que
usted informara a esta soberanía, con base en qué artículo usted fundamenta que este
Congreso tiene atribuciones, para formular un extrañamiento al Jefe de Gobierno o a
cualquier otro gobernador de las diferentes entidades que tiene esta República.
El senador David Jiménez González:
Con mucho gusto. Le voy a hacer dos
aclaraciones muy puntuales: una, que ha sido ya práctica reiterada y entre ellas desde
luego las que su fracción ha hecho, no solamente una vez sino muchísimas veces, en
establecer extrañamientos no solamente a autoridades locales o estatales, sino al
mismísimo Presidente de la República.
Sí, como no, tengo los antecedentes se los
puedo dar. Permítame tantito, ésa es una.
La segunda, que usted me está preguntando,
debe de conocer de las facultades que tiene el Congreso de la Unión, artículo 73 y entre
ellas se establecen unas que son facultades explícitas y otras que son facultades
implícitas.
Aquellas facultades explícitas, son las
que se encuentran comprendidas textualmente dentro de la Constitución o de cualquier
ordenamiento de carácter legal o de carácter jurídico y las implícitas son, por
supuesto, las que derivan de las propias autorizaciones que las leyes le da y en este caso
el Congreso las tiene.
De tal manera que en uno y en otro sentido,
esta exhortación que nosotros estamos haciendo, para que tengamos un punto de acuerdo
para hacer, desde luego un extrañamiento al Jefe de Gobierno para que ajuste sus actos y
sus conductas a la Constitución, nos permite desde luego someterla con fundamento
constitucional y legal. Ha sido mi respuesta.
El Presidente:
Continúen con el reloj.
El senador David Jiménez González:
De tal manera que lo que a nosotros nos
interesa, es que todas las autoridades, efectivamente deben de regirse por los principios
de legalidad y ninguna de ellas debe de violentarlo o inclusive de rebasarlo.
No, aquí la autoridad para que pueda
realmente actuar, tendrá forzosamente que ceñirse estrictamente a lo que establece la
Constitución y a lo que establece su ordenamiento jurídico.
Y en el caso del Distrito Federal hubo
muestras palpables en que esto no ha sucedido, sino que se han violentado preceptos
constitucionales, como los que se dieron recientemente; para no ir muy lejos, la semana
pasada en la Ciudad de México, en donde se creó una atmósfera de incertidumbre, de
incredulidad de lo que estaba pasando respecto a la designación del Secretario de
Seguridad Pública del Distrito Federal.
Pero también podrían desde luego
señalarse algunos otros casos, que el público y que la opinión pública y que la
sociedad del Distrito Federal y la sociedad nacional ha desde luego estado observando; el
no acatamiento a las resoluciones que emiten los poderes judiciales, tanto federales como
locales o las que puede haber emitido mediante leyes la propia Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
De tal forma que el propósito de nuestra
propuesta ha sido y seguirá siendo que las autoridades del Distrito Federal ajusten,
ciñan sus actos y sus conductas a lo que establecen las leyes, porque si queremos vivir
un Estado de Derecho, los primeros que debemos de observar todos estos dispositivos
normativos, somos las autoridades y en este caso las del Gobierno del Distrito Federal.
Porque la Constitución está perfectamente
delineando y marcando las competencias de las autoridades federales, en este caso los
poderes federales: cuáles son las que tiene el Presidente de la República, el Congreso
de la Unión y desde luego el Poder Judicial Federal; pero también la misma Constitución
en su artículo 122 y en el propio Estatuto de Gobierno que ha sido emitido por esta
soberanía, por el Congreso de la Unión, marca también las competencias y las facultades
que tienen autoridades y funcionarios.
De tal manera que nosotros nos hemos
ajustado estrictamente a los lineamientos que establece la Constitución, el Estatuto de
Gobierno y las facultades que tiene la Comisión Permanente y el Congreso de la Unión
para hacer esta exhortación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Miroslava
García Suárez, para hablar en contra del punto de acuerdo.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Con el permiso de la Presidencia;
señoras y señores legisladores:
El día de hoy nos venimos a enterar en voz
del senador que me antecedió, de que el Congreso tiene facultades implícitas; realmente
éstas no existen y para ello quisiera solicitarle a la Mesa Directiva de esta Comisión
Permanente que pudieran dar lectura al artículo 124 constitucional.
El Presidente:
Por favor, proceda la Secretaría a dar
lectura al texto del artículo 124 constitucional... Lo hará la Presidencia.
"Artículo 124. Las facultades
que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales,
se entienden reservadas a los estados."
Continúe, señora diputada.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Le agradezco, señor Presidente.
Lo que realmente me parece paradójico,
compañeras y compañeros legisladores, es que el Presidente de la Comisión del Distrito
Federal en el Senado de la República, mantenga congelada la iniciativa de reforma
política del Distrito Federal.
Me parece incomprensible que hoy venga a
hacer recriminaciones que no le corresponden al gobierno de la ciudad, cuando él en su
carácter de presidente de esta comisión en el Senado de la República ha hecho caso
omiso de lo votado aquí en esta Cámara de Diputados, en relación a una reforma
consensada que le da a la Ciudad de México un gran paso, un gran avance para poder
homologar los derechos y las facultades tanto de los ciudadanos como del gobierno, en
relación al resto de las entidades.
Pero ¿qué es lo que hay en el fondo de
todo esto? Pareciera ser que el senador representa no a su partido político, sino a una
fracción o facción del mismo. Pareciera ser que la aparente disputa en los medios a
raíz de la renuncia de Leonel Godoy a la Secretaría de Seguridad Pública y la propuesta
del Ejecutivo local, fue tan sólo un pretexto para desviar la atención pública de otros
temas que tienen realmente trascendencia nacional.
Me parece muy curioso que el día de hoy
los legisladores del PRI o en este caso el senador que me antecedió, tercie en este
debate o aparente debate a favor del presidente Fox. ¿Será esto fruto de un acuerdo
político de la añeja alianza PRI-PAN?
Se sabe también que este asunto se
diseñó, insisto, deliberadamente para desviar la atención de otros temas, como el
aumento de las tarifas eléctricas por parte del Ejecutivo.
Yo quisiera decirles, compañeros
legisladores del PRI, que en materia de seguridad pública, no tienen ninguna autoridad y
menos porque ustedes gobernaron la Ciudad de México durante tantas décadas.
880,881,882
Del PRD no fueron los Durazo, señor
senador, ni los Sahágun Baca ni tampoco los Garibay o los Salgado Cordero. El PRD en la
Ciudad de México ha luchado contra la inseguridad heredada por la descomposición del
tejido social que el PRI, su partido, provocó. La inseguridad pública puede ser
combatida, pero no va a ser a través de discursos que vayan en contra o que vayan a
debilitar al propio gobierno de la Ciudad de México, que fue legítimamente electo. El
PRI tuvo su oportunidad por más de 70 años, por cierto, para combatir la inseguridad y
en ese sentido no hubo, porque aquí la historia no da cuenta de soluciones o avances.
El PRD está tratando precisamente de
componer lo que ustedes señores del PRI, descompusieron. Por ello insisto, el Partido
Revolucionario Institucional no tiene ninguna autoridad en la materia y francamente lo que
vienen a confirmar aquí en esta tribuna, es esa vieja alianza PRI-PAN.
De cualquier forma los habitantes, los
ciudadanos de esta querida Ciudad de México, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir
exigiendo que en el Senado de la República, se dictamine favorablemente para la reforma
política del Distrito Federal y que no sigan poniendo piedras en el camino para que esto
esté congelado de manera permanente, cuando sabemos que ya hay un acuerdo político de
las fuerzas de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados, para darle a la Ciudad
de México el rango y la autonomía que merece.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, diputada García Suárez.
Tiene la palabra para hablar en pro, el
diputado Mauricio Candiani Galaz... Muy bien. Para el mismo propósito se concede la
palabra al senador Galván Muñoz.
El senador Jesús Galván Muñoz:
Con su permiso, señor Presidente:
Creo que en el curso de esta discusión se
ha intentado centrar el debate en lo que corresponde. Aquí no se trata y lo digo muy
respetuosamente, de venir a hablar sobre las bondades que sí tiene la reforma política
del Distrito Federal. No se trata, de ninguna manera, de venir a presumir el enorme avance
que ha tenido la Ciudad de México con el excelente desempeño del Jefe de Gobierno. No se
trata de eso.
Aquí nadie vino a juzgar ni el desempeño
ni la ley. Aquí no se vino tampoco a hacer una valoración de la reforma política, de
esa reforma política que ya fue enviada al Senado mediante una minuta emitida por la
Cámara de Diputados. De eso no se trata.
Entremos al tema. La diputada Miroslava
pregunta que con qué facultades se está solicitando este extrañamiento. Hace, en su
intervención, lectura al artículo 124 y dice, después de esa lectura, resulta que aquí
el Congreso tiene facultades implícitas.
Quiero decirles a ustedes que hace un
ratito, en esta misma Comisión Permanente, se aprobó un dictamen con una proposición
presentada justamente por la diputada Miroslava García Suárez, para que se congele el
incremento anunciado en las tarifas eléctricas.
Vean ustedes. Resulta que para solicitar al
Ejecutivo que se congele el incremento anunciado en las tarifas eléctricas el Congreso
sí tiene facultad y sí tiene facultad porque al Partido de la Revolución Democrática
le parece que es de enorme trascendencia para la vida del país. No importa si tiene o no
facultades, no importa si está en el artículo 73 constitucional, en alguna de tantas
fracciones de que consta el 73 constitucional. Basta con que sea de suma importancia para
el país.
Y en cambio aquí le reclama al senador
Jiménez que le diga cuál es el fundamento constitucional en donde el Congreso puede
hacer un extrañamiento al Jefe de Gobierno.
Yo diría, señores, independientemente de
que esté o no la facultad del Congreso y desde luego de la Comisión Permanente, de
manera explícita, el Congreso en México tiene eminentemente, además de su función
legislativa, una función política que se desprende directamente de la lectura de la
Constitución, del espíritu constitucional.
Y el Congreso sí tiene, aunque no esté
enumerado explícitamente en ninguna de esas facultades, sí tiene facultad para, como
aquí se señaló, solicitarle algo al Presidente o hacer una censura. Sí la tiene y la
tiene fundada justamente en esa función que el Congreso, que hoy nadie le niega al
Congreso. El Congreso tiene una eminente función política que debe cumplir.
Entonces este Congreso, esta Comisión
Permanente sí tiene facultades para hacer extrañamientos, sí tiene facultades para
emitir opinión sobre la vida pública del país, para emitir opinión sobre lo que está
sucediendo en el Distrito Federal. Claro que sí la tiene.
Y, por otro lado, insistiría simplemente:
el extrañamiento se funda exclusivamente en su falta de apego a la legalidad por parte
del Jefe de Gobierno. Es ostentoso, pero además él procura hacerlo público por todos
los medios, que él está desafiando no solamente a la ley sino que, en la última
ocasión, intentando desafiar al Presidente de la República.
En realidad lo que cometió fue un desacato
a la Constitución. Porque, independientemente de lo que se pueda considerar,
independientemente de que hay quienes consideran que el Distrito Federal debe ser una
entidad federativa con poderes iguales que el resto de las entidades, independientemente
de eso, la Constitución es muy clara y la Constitución les otorga la facultad al
Presidente de la República, de designar al funcionario que tenga el mando de la fuerza
pública a propuesta del Jefe de Gobierno y eso fue lo que no cumplió el Jefe de
Gobierno, entre otras cosas, porque en el acuerdo, en esa petición que se está haciendo,
que fue formulada, tiene un conjunto de desacatos a la ley y por eso se está solicitando.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Para concluir el registro de oradores, se
concede el uso de la palabra al senador Ricardo Gerardo Higuera y posteriormente si
alguien más desea intervenir, lo hará para rectificar hechos.
El senador Ricardo Gerardo Higuera:
Muchas gracias, señor Presidente:
Miren, compañeras y compañeros: en verdad
es lamentable que demos pasos hacia atrás y que en un asunto, en una, no quiero decir yo,
componenda política, con no sé qué objetivos de última hora, las dos fracciones del
PRI y del PAN estén adoptando esta actitud de veras intransigente.
Hasta este momento no se ha señalado una
sola cosa, no hubo ningún señalamiento preciso, objetivo de cuáles son, en qué se
incurrió en ilegalidad con la propuesta que hizo el Jefe de Gobierno ante el Presidente
de la República, de acuerdo al artículo 122 constitucional. No han señalado una sola.
Entonces me parece a mí que no es de
altura venir aquí con generalidades, con posiciones políticas y miren que aquí algunos
de ustedes estuvieron haciendo el señalamiento de que en las anteriores intervenciones
nuestras se había hecho alusión o se había hecho referencia al desempeño político y
al desempeño cabal que ha tenido el Jefe de Gobierno en su encargo, fueron ustedes. Sin
embargo hasta este momento de manera precisa, seria, concreta, no han hecho un solo
señalamiento ninguno ni ustedes los del PAN ni los del PRI, compañeras y compañeros.
Entonces a mi me parece que si fuéramos
incluso a señalar quiénes han incurrido en ilegalidad, yo creo que en honor a la verdad
el extrañamiento en todo caso sería para el Presidente de la República. Les voy a decir
por qué: porque hasta este momento él no ha publicado ni el Programa de Seguridad
Pública ni la Ley de Seguridad Pública de la Federación; no las ha publicado, siendo
que ya se la envió el Jefe de Gobierno con mucha anticipación. El no la ha publicado y
eso sí es caer en ilegalidad, eso sí es estar actuando fuera de la legalidad.
Entonces a mí me parece, se me hace muy
curioso también, que aquí los compañeros del PRI vengan con una posición de
generalidades, denotando más que nada una posición política sobre esta situación que
ya pasó, que independientemente del vuelo que se le haya dado en el sentido que ustedes
quieran, está ya comprobado, está apegado a la legalidad y no hay ningún problema. Sin
embargo, cosas como éstas que yo acabo de señalar, no se hace referencia por los
compañeros que están abocados aparentemente a este análisis riguroso, jurídicamente
hablando.
Yo les hago un llamado de veras a que con
mucha madurez y con mucha seriedad sigamos caminando todos en este Congreso, que nos
apeguemos a la responsabilidad que tenemos con la nación, con el país, con nuestra
ciudad y que nos dejemos de este tipo de cosas, de este tipo de componendas, de este tipo
de estrategias, que no sabemos qué es lo que traen atrás de ello.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente:
Gracias, señor senador.
La diputada María Miroslava García
Suárez
(desde su curul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra
la diputada Miroslava García Suárez.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Con el permiso de la Presidencia:
Me parece, compañeras y compañeros
legisladores, que aquí hay una grave confusión por parte de los senadores que han tomado
la palabra, porque no es lo mismo una exhortación, que viene siendo una propuesta;
ustedes pueden consultar algún diccionario y lo que significa un extrañamiento, que es
más bien una censura. Son de naturaleza diferentes.
En ese sentido también le quiero aclarar
al senador Galván que yo me referí, precisamente, a que las facultades implícitas no
existen. Por eso le pedí a la mesa directiva de esta Asamblea que le diera lectura al
artículo 124 constitucional. Las facultades implícitas no existen. Por eso yo pregunté
cuáles son las facultades expresas que tiene este Congreso para hacer un extrañamiento a
un gobierno local, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Es claro que tienen una
confusión o que no quieren hacer la diferencia de lo que es una exhortación o un
extrañamiento.
Quisiera también decirles que no hubo
desacato a la ley ni a la Constitución ni al Estatuto de Gobierno de la ciudad, cuando el
Jefe de Gobierno hizo su propuesta. Yo quisiera preguntarles si en la ley existe algún
artículo que señale la forma en que se deben hacer las propuestas para sustituir, en
este caso al Secretario de Seguridad Pública.
Por otro lado, en este caso el senador
Galván me ha dado la razón. "A confesión de partes, relevo de prueba"
y en este caso yo quisiera preguntarle también, porque tal vez no escuché bien o no
entendí una definición que él llamó o que él citó en su intervención, no sé a qué
se refiere cuando señala o comenta la palabra "evaloración".
Por último yo quisiera decirles,
compañeras y compañeros legisladores, que estamos ante un debate artificial e inútil
porque es claro que este Congreso no tiene facultades expresas para hacer un
extrañamiento y es claro que este Congreso sí tiene facultades para hacer una
exhortación.
En ese sentido yo conmino nuevamente a mis
compañeros senadores, particularmente a los de la Comisión del Distrito Federal y a su
presidente, para que sean propositivos. Para que en lugar de hacer extrañamientos activen
en su comisión la dictaminación de la reforma política del Distrito Federal y también
les pido que no pequen de amnesia, que recuerden el paso de su partido en el Gobierno de
la ciudad o en el antes llamado Departamento del Distrito Federal.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra
el señor senador Armando Chavarría Barrera.
El senador Armando Chavarría Barrera:
Voy a ser breve. Con su permiso, señor
Presidente:
A mí me parece que está haciendo un uso
irracional de una fuerza parlamentaria, pues evidentemente mayoritaria en este recinto y a
veces da la impresión, aunque uno no lo quisiera ver así, de que hubiese una complicidad
o peor aún, un complot, una vendetta para golpear al Jefe del Gobierno del Distrito
Federal, por lo que consideran una irreverencia al haber hecho una propuesta al Presidente
de la República en materia de seguridad pública.
Aquí quienes han hablado han argumentado
que el jefe de Gobierno se ha colocado al margen de la legalidad y que eso amerita un
severo extrañamiento, en términos coloquiales un jalón de orejas, porque está
al margen de la legalidad. Pero, compañeras y compañeros legisladores, queremos resolver
un asunto de supuesta ilegalidad con otro acto de ilegalidad, porque hasta este momento
Constitución, Estatuto y Reglamento en mano no nos han demostrado fehacientemente las
atribuciones que tiene el Congreso de la Unión para sancionar a quienes representan a las
distintas entidades federativas.
883,884,885
El extrañamiento no solamente es una
censura, el extrañamiento entra en el rango de sanción y nosotros no tenemos capacidad
para eso.
La compañera Miroslava decía que se está
confundiendo lo que han sido los llamados, las exhortaciones y las propuestas que han
emanado del Congreso de la Unión, con una figura distinta como es la sanción.
Hace unos momentos, comentando con el
senador David, hacía alusión a que en sesiones anteriores de igual manera se han
solicitado extrañamientos para algunos funcionarios, extrañamientos que afortunadamente
no han pasado, porque los hubiéramos colocado, efectivamente, en un acto de ilegalidad.
Ahora, pues está mezclada una cosa con la
otra. Yo sé que algunos colegisladores no les gusta mucho escuchar este tipo de
opiniones, pero yo sí las quiero señalar. Sin duda alguna el desempeño del Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, en nuestra opinión en general ha sido un buen desempeño y
si lo ponemos en la balanza, con el desempeño que ha tenido el titular del Ejecutivo
Nacional, pues deja mucho que desear, primero porque él sí ha cometido un gran fraude
político a la nación, porque prometió caminar hacia adelante y está caminando como los
cangrejos, para atrás, en materia económica, en materia educativa, en materia de salud y
en muchos aspectos más, es decir, se le ofrecen expectativas y promesas a la gente para
conseguir el voto y después se camina en dirección contrario a lo que se le ofreció a
la nación.
Si tomamos en consideración las actitudes
que ha tenido el Presidente de la República, agresivas en contra de la economía popular
y si tomamos en cuenta, eso sí, un distanciamiento, un apartamiento de lo que ha sido la
política exterior de los gobiernos en México, eso sí valdría la pena hacer un exhorto
para una enmienda en ese tipo de política.
Pero pareciera que aquí algunos
legisladores, por conveniencia, por amnesia o por miopía política, pues solamente ven la
paja en el ojo ajeno y no ven el tamaño tronco que tienen delante de los ojos el titular
del Ejecutivo Federal.
Pues yo lo señalo así porque me parece
que hay una confusión que no debiéramos caer en una ilegalidad cuando supuestamente
estamos cuestionando ese tipo de actos ilegales en el Jefe del Gobierno del Distrito
Federal.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias señor.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si
está suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
En votación económica se pregunta a
la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Someta la Secretaría a votación el
punto de acuerdo.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
En votación económica se pregunta si se
aprueba la proposición.
Los legisladores que estén...
El Presidente:
Un momento, señor Secretario.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
A ver , porque no la oímos.
La diputada María Miroslava García
Suárez
(desde su curul):
Es que estaba usted muy emocionado dando
lectura.
Señor Presidente, le solicito amablemente
que la votación pueda ser nominal.
El Presidente:
Sí bueno, votamos sobre
suficientemente discutido y ya está declarado suficientemente discutido, votaremos ahora
nominalmente el punto de acuerdo a propuesta de la diputada García Suárez y tenemos
legisladores que secunden la propuesta de acuerdo con el Reglamento.
Muy bien, esta Presidencia obsequia la
solicitud habiendo legisladores que la secundan y por lo tanto le solicito al Secretario
que levante la votación nominal del punto de acuerdo.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
Por instrucciones de la Presidencia se va a
proceder a recoger la votación nominal.
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
La Presidencia se abstiene en esta
votación.
El secretario diputado Roberto Ruiz
Angeles:
Señor Presidente, se han emitido 23 votos
a favor y cuatro votos en contra.
El Presidente:
Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
COMISION NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS (II)
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfredo
Botello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
proposición con punto de acuerdo para que el Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos comparezca ante las comisiones respectivas de ambas cámaras. Al
finalizar esta presentación someteremos a votación la posibilidad de concluir la
sesión.
El diputado José Alfredo Botello
Montes:
Muchas gracias, con su permiso, señor
Presidente:
Los diputados y senadores integrantes del
grupo parlamentario del PAN, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo para solicitar la comparecencia
del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes
Fernández ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y
de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, respectivamente, al tenor de las
siguientes
CONSIDERACIONES
Decía Montesquieu, que para que no se
pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder. Es en este sentido que
instituciones como el ombudsman colaboran de manera fundamental para la
consolidación del Estado de Derecho al que todos los mexicanos aspiramos; la doctrina ha
sostenido y Acción Nacional coincide plenamente en ello, que los derechos humanos son
facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a la
libertad, a la seguridad y la integridad de su persona; al trabajo, a la protección de
las leyes, a tribunales imparciales, a la privacía de su vida familiar, su domicilio, su
correspondencia y sus comunicaciones; a la información verás y oportuna, a la libertad
de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación de sindicatos, partidos
políticos, organizaciones profesionales y de cualquier otra índole a participar en las
decisiones del Gobierno por sí y a través de representantes libremente escogidos; a la
educación, a formar a sus hijos conforme a sus convicciones o a cualquier otro aspecto
fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona.
Las únicas limitaciones al ejercicio de
estos derechos, sólo pueden ser el derecho de los demás, garantizado por las leyes, el
orden público y el bienestar general. Desde luego que en una comunidad de hombres libres
estos derechos fundamentales se encuentran estrechamente conectados con la idea de
dignidad humana y son al mismo tiempo las condiciones de desarrollo de esta idea de
dignidad, idea que es fundamento y estandarte de Acción Nacional.
El grado de respeto, defensa, promoción y
protección de los derechos humanos es uno de los mejores termómetros de los más
convincentes parámetros para medir el grado de desarrollo en los países que enarbolan
como causas últimas de su sistema jurídico la libertad, la seguridad y la democracia.
Los legisladores panistas sabemos que
nuestra tarea es insistir incansable y permanentemente en la formación de valores
sociales y solidarios, así como por el respeto, la defensa y la promoción de los
derechos humanos ya que el respeto que se le otorga a éstos es claro indicador de la
calidad de vida del gobernado.
En efecto, democracia y derechos humanos
son dos tópicos que poseen la cualidad de tener un vínculo indisoluble; son al propio
tiempo, recíprocamente, causa y consecuencia. En este sentido, los panistas trabajamos
por un Estado democrático y de Derecho porque sólo ahí pueden tener mejor cabida la
libertad, la igualdad y la dignidad humana y no así en el Estado totalitario dentro del
cual se dejan a un lado con mayor facilidad los intereses de la persona y se olvida que a
ésta debe servir en este contexto el impulso y reconocimiento de figuras como el ombudsman
nacional que son una obligación del Poder Legislativo.
Al efecto es importante recordar que a lo
largo de nuestra historia parlamentaria hemos pugnado primero, por la creación de un
organismo de defensa de los derechos humanos y particularmente, en la pasada legislatura,
por la plena autonomía de este órgano defensor de las más esenciales prerrogativas
humanas, logrando la aprobación junto con los demás partidos, de la reforma que dio
origen al vigente texto del artículo 102 constitucional.
Consideramos en tal sentido, que las
instituciones están dada y debemos caminar en el sentido de consolidarlas en los hechos.
El deber de ser plasmado en la norma debe ser llevado a la práctica.
De hecho, es incuestionable que nos
encontramos en este proceso de consolidación y hoy el ombudsman es libre e
independiente en su actuar y en sus decisiones y se encuentra vinculado con la
representación popular en un ánimo de coadyuvancia al rendir su informe anual de
actividades.
Los avances en esta materia en la presente
administración, son de suyo significativos. Primero, porque hay un cambio de actitud de
parte del Gobierno Federal respecto al tema de los derechos humanos.
En tal sentido y en obviedad de tiempo,
como ejemplos baste señalar casos como el de los campesinos ecologistas de Guerrero,
liberados por el Ejecutivo Federal; el caso de los pescadores de Pátzcuaro igualmente
liberados; el caso del general Gallardo, liberado de acuerdo a resoluciones de organismos
internacionales de derechos humanos y en estricto apego al derecho patrio.
Tenemos, en tal virtud, plena convicción
de que los derechos humanos son un límite natural y necesario al poder público, sabemos
que si su respeto escrupuloso ni el Estado se justifica ni la autoridad tiene razón de
ser.
Afirmamos categóricamente que es necesario
promover y garantizar los derechos humanos sin distinción de credos religiosos,
convicciones políticas, rangos o categorías sociales, clases o ideologías.
Aquél que pretende ignorar que los
derechos humanos son anteriores y superiores al Estado y éste por tanto debe de
reconocerlos y garantizarlos plenamente, se engaña a sí mismo.
Ahora bien, el vertiginoso desarrollo de
los derechos humanos tanto a nivel nacional, como en el internacional, nos obliga a
adecuarnos, a modernizar y a humanizar nuestra visión del mundo y nuestras aptitudes. Por
eso los legisladores tenemos la obligación de revisar con detenimiento el informe de
actividades que presentó el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en
comisiones estudiarlo con detenimiento para después contar con la notable presencia del ombudsman
ante dichos órganos colegiados, dado que esta retroalimentación ante el Legislativo
seguramente redundará en aportaciones. Esa es la naturaleza de la última reforma al
artículo 110, mismo que vincula al ombudsman al Legislativo, tanto por el aspecto
de la elección, como por el informe y la comparecencia que nos ocupan.
Sabemos que las acciones nunca serán
suficientes, la lucha por el respeto a los derechos humanos nunca estará acabada, pero
también sabemos que con actos como el presente, vamos por buen camino.
El Estado tiene como función primaria y
esencial, además de la seguridad pública, la defensa y promoción de los derechos
humanos, los esfuerzos de los tres poderes deben encaminarse a ello, la revisión
minuciosa de la situación que guarda el respeto a los derechos humanos en nuestro país
no es tarea aplazable.
886,887,888
«En tal virtud, compañeros y compañeras
diputadas; senadoras y senadores: por las consideraciones anteriormente expuestas y con
fundamento en lo que dispone la fracción III del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Respetuosamente se sirva
solicitar al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comparezca ante
las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos
Humanos de la Cámara de Senadores, a efecto de que se amplíen las explicaciones del
informe anual de actividades del ombudsman nacional, así como se resuelvan las
dudas que al respecto tengan los legisladores en tan trascendente tema.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
20 de febrero del año 2002. Firma un servidor y mis compañeros legisladores del Partido
Acción Nacional en esta Comisión Permanente.»
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado.
Túrnese a las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos del Senado de la
República.
TRABAJOS
LEGISLATIVOS
El Presidente:
En uso de las atribuciones concedidas por
el artículo 23 de la Ley Orgánica, habida cuenta de que han transcurrido las cuatro
horas reglamentarias y en consideración a trabajos parlamentarios que suceden a esta
sesión, particularmente en la Cámara de Senadores, daremos por concluidos los trabajos
de esta sesión ordinaria y en el entendido de que los temas pendientes podrán ser
cubiertos en una sesión posterior.
Yo quisiera dar cuenta de una invitación
que nos hace llegar la Segunda Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente a todos
los presentes para asistir el día de mañana a las 12:00 horas en este mismo salón y
acompañar al presidente de la República de Guatemala que estará con los miembros de
dicha Comisión Segunda de Trabajo.
La senadora Martha Sofía
Tamayo Morales (desde su curul):
n relación al acuerdo que está listado,
que iba a presentar mi partido por mi conducto, estaba contemplado para ser leído antes
del cierre de la sesión.
Por lo cual le solicitaría reconsidere muy
amablemente esta posibilidad.
El Presidente:
Lo que se resolvió fue que cumplidas las
cuatro horas tendríamos la posibilidad de concluir la sesión y que así lo plantearía
la Presidencia, no es el punto que usted me menciona el que sigue a continuación y por lo
tanto aún dando esa holgura no cabría, por lo tanto la Presidencia somete al pleno la
decisión que ha hecho pública, de suspender la sesión en uso de las atribuciones del 23
de la Ley Orgánica, pero lo somete al pleno, que es quien puede corregir los trámites de
la Presidencia y por lo tanto le ruego, señora Secretaria, que someta al pleno la
suspensión de esta sesión para ser continuada en sus puntos en la próxima.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Por instrucciones de la Presidencia, se
somete a consideración del pleno la determinación de dar por concluida la sesión.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, favor de manifestarlo de manera económica...
Los que estén por la negativa...
El Presidente:
El voto por la afirmativa es en el sentido
de suspender la sesión, el voto por la negativa es en el sentido de continuar la sesión
y corregir el trámite de la Presidencia y lo haríamos... Estábamos en la votación.
El senador José Ernesto Gil Elorduy
(desde su curul):
Que la sesión continúe para poder atender
un asunto de importancia que quiere plantear y que está en el orden del día, la senadora
Martha Tamayo y que pudiera darnos de media hora a 45 minutos para terminar la sesión, no
para que continúe indefinidamente con todo el orden del día, sino solamente para este
asunto. Esa es la petición que respetuosamente hago a la Presidencia.
El Presidente:
Sí. La votación que le ruego a la
Secretaría que levante, es en el sentido de avalar el trámite resuelto por la
Presidencia, para lo cual tiene atribuciones en el 23 de la Ley Orgánica y el voto
afirmativo sería por suspender la sesión, el voto negativo por prorrogarla y en el
supuesto de que se prorrogue lo haríamos en términos de tiempo con relación a los
puntos en el orden en que se encuentran y no en términos de asuntos. Por lo tanto, si me
permite proceder a la votación, diputada.
La diputada María Miroslava García
Suárez
(desde su curul):
Es una pregunta, señor Presidente.
Considero que es válida la petición de la
senadora, considero que su punto es importante, pero también todos los puntos que están
en la agenda son importantes, por lo que yo quisiera solicitar a ustedes que de continuar
esta sesión se puedan agotar los puntos que están agendados que no se limite el tiempo,
porque entonces habría una situación en la que no se desahogarían todos los puntos que
son importantes, que están en la agenda.
El Presidente:
La Presidencia desde luego recoge con mucho
gusto su observación, señora diputada y vamos a proceder a votar en el sentido que he
comunicado al pleno. El voto a favor es para suspender la sesión, el voto en contra es
para prorrogarla por un tiempo prudente, habida cuenta de que hay tareas parlamentarias
programadas para el día de hoy que reclaman entre otras cosas la presencia de los
senadores en sesión de Cámara.
Por favor, señora Secretaria, recoja usted
la votación.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea en votación económica, si se está de acuerdo en la suspensión
de la sesión.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa... Son 12
votos por la afirmativa y 15 por la negativa.
El Presidente:
Por lo tanto la Presidencia con base en
la resolución de este pleno corrige el trámite, continuaremos por espacio de media hora
y después de 30 minutos volveré a hacer la consulta.
CREDITOS
INCOBRABLES
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Miroslava
García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre créditos incobrables y controvertidos.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Con el permiso de la Presidencia:
El sistema tributario mexicano se compone
de dos elementos básicos: el primero es el marco normativo o legal y el segundo son las
técnicas fiscales que se utilizan para mejorar la recaudación y hacerla más equitativa.
El Estado, a través de la política
tributaria, tiene capacidad para redistribuir los ingresos fiscales. La administración
fiscal comprende aquellas actividades relacionadas con la recaudación de los ingresos
públicos. El Estado mexicano depende del monto recaudado para financiar el gasto
gubernamental.
Una eficiente administración tributaria
permitirá una recaudación más amplia y a bajos costos. La recaudación de impuestos
será eficiente entre menos recursos fiscales se usen para ello y menos evasión y
elusión fiscales ocurran en la economía.
El SAT (Servicio de Administración
Tributaria), se instituye en julio de 1997, siendo un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y cuyo propósito es recaudar los impuestos federales destinados a
cubrir los gastos presupuestados por el Gobierno.
El SAT tiene a su cargo las facultades y el
despacho de los asuntos que le encomienda la Ley del Servicio de Administración
Tributaria y de los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos,
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente. También administra los programas especiales
y los asuntos encomendados por la Secretaría de Hacienda.
El SAT tiene por principio la realización
de la actividad estratégica del Estado, la cual consiste en la determinación,
liquidación y recaudación de los contribuyentes por mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos federales y accesorios para el financiamiento del gasto público.
Como resultado de lo anterior el SAT
deberá observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la
legislación fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la administración
tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente de las obligaciones
derivadas de la legislación.
Sin embargo, si todo lo anterior es la base
sobre la cual el SAT trabaja, no deja de ser preocupante que este organismo presente
deficiencias que se traducen en engorrosos trámites para los contribuyentes y en
crecientes problemas en el cobro de los impuestos.
Las autoridades hacendarias están
orgullosas de la reciente calificación favorable de la firma Standard and Pours por el
grado de inversión. Entre las razones por las que se le otorgó esta valoración es por
un mejor desempeño en la administración tributaria.
Sin embargo, observamos que en el reciente
informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda, al cuarto
trimestre de 2001 el saldo de créditos fiscales a diciembre del mismo año,
específicamente en los llamados créditos controvertidos y créditos incobrables,
asciende a una suma mayor a los 131 mil 551 millones de pesos y 63 mil 600 millones de
pesos, respectivamente. Los créditos controvertidos se definen como: aquellos que no
pueden ser objeto de acciones coactivas de cobro por parte de la administración
tributaria, debido a que están sujetos a algún procedimiento de carácter legal. Es
decir, su cobro depende de una resolución o sentencia de la autoridad competente,
mientras los créditos incobrables se refieren a lo siguiente: créditos que la
administración tributaria ha determinado a cargo de deudores insolventes o no
localizados.
La administración tributaria determina que
los créditos son incobrables, después de aplicar una serie de procedimientos para
intentar ese cobro, tales como la verificación en el Registro Público de la Propiedad,
en los diferentes padrones de registro de propiedad de automóviles, de teléfonos
etcétera. Una vez que se han agotado las diversas instancias, se proceda a cancelar estos
créditos.
Sin embargo, en el informe de Hacienda no
se da más información sobre quiénes son los que están en estas categorías y en los
sectores de la actividad económica.
Recordemos la propuesta de recaudación
inicial de reforma hacendaria del Ejecutivo, en ella se mencionaba que se pretendía
recaudar alrededor de 120 mil millones de pesos.
Si contrastamos estos créditos
controvertibles e incobrables, tendríamos mayores recursos para destinarlos a áreas
prioritarias de carácter social e inversión pública.
La falta de capacidad por parte del SAT
para el cobro efectivo de los impuestos, refleja la ineficiencia de la administración
tributaria mexicana. No se ha logrado resolver el rezago en esta materia.
Por ello, el Partido de la Revolución
Democrática propuso una iniciativa, para que sea el Congreso de la Unión quien nombre al
presidente del SAT y que el mismo sistema de administración tributaria no tenga la
facultad de interpretación de la norma fiscal, ya que esta práctica se presta a
disposiciones discrecionales, que perjudican a los contribuyentes.
Cabe agregar que hasta el día de hoy, no
hay titular en el Servicio de Administración Tributaria, la presidencia la sigue
detentando el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Ya hace año y
medio que no se designa al presidente de ese órgano desconcentrado, quien además tiene
que ser ratificado por el Senado de la República.
889,890,891
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la
suscrita diputada federal, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del
conocimiento del Poder Legislativo, sobre quiénes son los que se encuentran en el rubro
de créditos controvertidos y créditos incobrables y en qué sectores de la actividad
económica se ubican dichos créditos.
Segundo. Asimismo la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión solicita a dicha Secretaría, informe sobre el estado
que guarda la designación del titular del Servicio de Administración Tributaria, dada la
importancia que reviste para el funcionamiento eficaz en la obtención de ingresos
fiscales para la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Muchas gracias, diputada García Suárez.
Se turna a la Comisión de Hacienda de
la Cámara de Diputados.
DISPOSICIONES
FISCALES
El Presidente:
La siguiente intervención es para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el régimen fiscal, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra la senadora Martha Tamayo
Morales.
La senadora Martha Sofía Tamayo
Morales:
Gracias, señor Presidente; compañeras,
compañeros legisladores:
En diciembre pasado el Congreso de la
Unión aprobó una serie de modificaciones a ciertos ordenamientos fiscales, que si bien
en un principio buscaban otorgar una nueva estructura y organización en el marco
tributario vigente, en la realidad muchos de ellos han venido generando serias
dificultades con un impacto negativo en diversas regiones y sectores del país.
Muy pronto el tiempo nos dio la razón a
los legisladores priístas cuando nos opusimos a la aprobación de impuestos especiales y
suntuarios, porque han resultado de ellos diversas irregularidades, imprecisiones y
lagunas que motivan la inconformidad de amplios sectores de la población.
Por ello, a reserva de plantear las
reformas legislativas que ameriten, presentamos este punto de acuerdo.
Este día el presidente Fox anuncia
correcciones fiscales, correcciones a la reforma fiscal, habla de una nueva reforma
fiscal. Hay que advertir que una reforma fiscal no podrá ser nunca producto de la
voluntad única del Ejecutivo y deberá siempre, como la Constitución mandata, pasar por
esta soberanía.
Sin embargo, a lo que probablemente se
refiera el Ejecutivo son a algunas enmiendas a las que la sociedad y el priísmo
concretamente, le han exigido su reconsideración; no se trata, pues, de un acto de bondad
ni gracioso o gratuito; obedece, pues, al legítimo reclamo de la sociedad con los
priístas al frente. Nosotros estamos siendo congruentes con la negativa que dimos a la
imposición de esto que consideramos injusto e irregular.
Yo le pediría al Ejecutivo que se ponga de
acuerdo con Gil Díaz, porque él está tratando de tirar la piedra y esconder la mano;
Gil Díaz dijo que hasta el último momento se había encargado de cabildear la reforma
fiscal y así lo constatamos porque el subsecretario de Ingresos: Aguirre Pambur, estuvo
hasta muy altas horas de la noche negociando en ambas cámaras. ¿Cómo de que ahora esa
reforma que la gente rechaza no es la de él? ¿No será que la reacción negativa de la
gente lo precisa a tratar de deslindarse de este hecho?
En primera instancia, mediante el
establecimiento de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para
el año 2002, se gravó una serie de bienes y servicios que fueron considerados de consumo
suntuario y si bien la medida pretendió obtener un ingreso tributario adicional a partir
de los consumidores de altos ingresos, al realizarlo mediante la violación al marco
constitucional que nos rige hizo nugatoria e inviable tal disposición, ello debido a que
la presentación, discusión y aprobación se efectuó primero en la Cámara de Senadores,
que para el efecto constituye la instancia revisora, de acuerdo a la disposición expresa
contenida en el apartado "H" del artículo 72 de nuestra Constitución, lo cual
representó una transgresión constitucional de origen, dando por resultado desde luego,
la inconformidad de múltiples segmentos ciudadanos y de manera especial sectores
productivos del país, quienes se han inconformado en diversas formas incluyendo la
interposición masiva de juicios de amparo. Probablemente ahí está la intención de
darle para atrás.
La anterior situación se agrava para el
caso de los estados fronterizos, quienes han venido experimentando frente a sus vecinos
una mayor pérdida de competitividad.
Igualmente los gravámenes especiales
establecidos a las bebidas alcohólicas afecta de manera importante la industria
restaurantera y turística por el encarecimiento de los servicios ligados al consumo de
tales bebidas alcohólicas, que sufrieron alzas impositivas muy superiores a los acuerdos
que diversos grupos parlamentarios sostuvieron en este tema, específcamente el consenso
que en la Cámara de Diputados tenía esta disposición correspondiente a bebidas
alcohólicas de más de 25 grados Gay Lussac, en donde el acuerdo era gravarlos con 45% y
el impuesto alcanzó el 60%.
Mención especial merece que al haber
sufrido tal alza impositiva requiere, lo relativo al tequila, a las bebidas de origen,
concretamente a nuestro tequila.
Las nuevas medidas lejos de contribuir al
desarrollo e impulso productivo de la industria nacional, han originado una pérdida de la
competitividad y el desplazamiento de los productos nacionales con el ingreso de productos
del extranjero y en el mejor de los casos de adulteración de productos que se expenden,
que redundan en una menor recaudación, en un mayor contrabando sin la existencia de
estímulos reales y eficientes a productos netamente mexicanos que integran cadenas
productivas y generan valor agregado.
En atención a lo anterior, desde hace
varias semanas los legisladores del grupo parlamentario del PRI, nos hemos venido
reuniendo con representantes de los distintos sectores en diversas regiones del país,
dando y tratando de tomar medidas para incorporarlas a la reforma. Nos dimos a la tarea de
buscar alternativas que nos permitan corregir todos los sesgos generados a partir de su
aprobación en diciembre pasado. Como resultado de este proceso conjunto, el día de hoy
sometemos a esta honorable tribuna el proponer una consideración de modificaciones que
nos permita estructurar la reforma fiscal de mejor manera, en favor del desarrollo
productivo y social de nuestro país; entendiendo que este trabajo es el primer paso de un
proceso que habrá de continuar.
Por ello, con fundamento en los artículos
50 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los
legisladores del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, presentamos el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que el Ejecutivo Federal, a
través de la facultad que al efecto le concede la fracción II del artículo 39 del
Código Fiscal de la Federación, emita las regulaciones administrativas tendientes a
precisar las siguientes materias:
1. Con la finalidad de reducir la
importación de bienes, desincentivar el contrabando, impulsar el desarrollo económico e
incrementar la competitividad, se propone se deje sin efecto la aplicación del impuesto a
bienes y servicios suntuarios, el cual no soporta un análisis de constitucionalidad.
2. Se resuelva la situación tributaria de
restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, en relación al impuesto suntuario que
encarece tal servicio.
3. Con la finalidad de inhibir la práctica
del contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas, se deberá modificar el inciso
b de la fracción I del Impuesto Especial para la Producción y Servicios, a fin de
que se reduzca el gravamen a niveles que no afecten la competitividad ni se distorsione el
mercado o se afecte el desempeño productivo de la industria nacional.
Con objeto de preservar y fomentar el
desarrollo de la industria tequilera nacional en una forma integral fortaleciendo la
cadena productiva se propone el establecimiento de un estímulo a la producción del agave
que consiste en un reconocimiento fiscal sobre el impuesto efectivamente causado y se
constituya como incentivo para la reactivación y fortalecimiento de la industria.
Y por último, que esta soberanía dispuso
en un punto de acuerdo de fecha 6 de los corrientes, que el Ejecutivo emitiera una
disposición administrativa de observancia general y su respectiva publicación en el Diario
Oficial de la Federación, para prorrogar la aplicación del artículo transitorio
sexto fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece la causación
de la tasa cero por el servicio o suministro del agua potable para uso doméstico.
Por lo que enérgicamente pedimos una
definición en este punto para conjurar la amenaza del pago del IVA al agua potable que se
cierne sobre los mexicanos y desde luego que todas estas propuestas no son producto de una
actitud individual, voluntaria de parte del Ejecutivo. Son producto del esfuerzo de la
sociedad que permanentemente y a partir de la injusta aprobación de estas medidas, se ha
manifestado y ha podido tender un marco de observancia a la legalidad, que exigimos los
priístas.
Por su atención, gracias.
El Presidente:
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
de esta Comisión Permanente.
Tiene la palabra el senador Armando
Chavarría Barrera, para presentar un punto de acuerdo, sobre la equidad y el
fortalecimiento de las universidades públicas.
Discúlpeme, señor senador, efectivamente
hay un orden distinto previsto en el orden del día.
ESTADO
DE CHIHUAHUA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Abelardo
Escobar Prieto, para presentar un punto de acuerdo sobre violación de los derechos
humanos en el Estado de Chihuahua.
El diputado Abelardo Escobar Prieto:
Gracias, señor Presidente:
Mientras en nuestro Estado de Chihuahua la
sociedad se encuentra sumamente alarmada y agredida por los altos índices de violencia en
contra de mujeres y de la sociedad en general, los presidentes municipales priístas y los
diputados locales priístas, todos ellos obedientes a una sola voz, tuvieron la
desfachatez de hacer esta publicación:
¡Felicitamos al gobernador constitucional
del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, por la forma responsable y valiente
como ha enfrentado los problemas de inseguridad pública que vive nuestro Estado! Siguen
adelante y le exigen enérgicamente al Gobierno Federal, al licenciado Vicente Fox, asuma
su responsabilidad y finalmente repudian rotundamente la actitud de los diputados panistas
que, según ellos, todo lo politizan.
Compañeras y compañeros legisladores: con
fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitarle al
gobernador del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, reconsidere el
nombramiento del ciudadano Jesús José Solís, como procurador general de justicia del
Estado, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
Frente a los últimos acontecimientos
ocurridos en el territorio del Estado, por lo que hace a la procuración de justicia y en
congruencia a nuestra responsabilidad constitucional de representar a una gran cantidad de
mexicanos en nuestras respectivas entidades federativas, creemos que es imposible dejar de
señalar lo siguiente:
Los chihuahuenses, particularmente quienes
habitan en la frontera norte de la entidad, hemos tenido que lamentar en repetidas
ocasiones diversas violaciones a los derechos humanos, sin que hasta el momento haya una
respuesta satisfactoria por parte de la autoridad estatal competente y en este sentido
afirmamos que continúan los inexplicables asesinatos de mujeres, sin que existan todavía
investigaciones serias que lleven a encontrar a todos los culpables.
Peor aún, hay suficientes datos que
demuestran la intención del gobierno del Estado de no hacerse cargo de la investigación,
atención y resolución de ciertos crímenes, aunque dichas obligaciones legalmente le
correspondan.
Tal es el caso de los asesinatos de
habitantes del Estado a quienes, sin que existan bases legales, se califica de ejecuciones
derivadas del narcotráfico. Todo lo que las autoridades competentes del Estado no saben,
no pueden o no quieren resolver, se le califica como delito que debe resolver la autoridad
federal.
892,893,894
Existen casos documentados de tortura en la
investigación de delitos diversos. Ejemplo concreto el caso de los presuntos responsables
de los homicidios de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En este caso,
independientemente de los indicios, hay que lamentar que la confesión bajo tortura,
suficientemente documentada en partes médicos de la propia autoridad, sea una de las
principales, si no es que la única, pruebas de la Procuraduría.
Hay evidencias de agresión física por
parte de autoridades estatales a manifestantes y líderes de opinión respecto del
asesinato del abogado Mario César Escobedo Anaya, agresiones que, por su naturaleza, son
constitutivas de diversos delitos tales como homicidio en grado de tentativa, lesiones y
abuso de autoridad, sólo por mencionar algunos.
Los medios de información que no son
afines a las políticas emprendidas por el gobierno del Estado, son perseguidos, lo cual
constituye una violación de los derechos humanos. Basta recordar lo ocurrido hace algunos
años con el periódico Norte de aquella localidad y hace apenas pocos días uno de
los radiocomunicadores Tamira Izaguirre y Antonio Tirado, fueron sorpresiva violenta e
ilegalmente separados de sus puestos de transmisión y finalmente, el que haya un evidente
cuestionamiento respecto de la designación del licenciado Jesús José Solís, mejor
conocido con el apodo de "Chito" Solís, como procurador General de Justicia,
atendiendo a su desempeño en cargos previos, así como la confirmación posterior de esos
mismos hechos tales como tortura, violación de los derechos humanos, agresión y delitos
cometidos en grado de tentativa, entre otros, no obstante su elevada responsabilidad.
Estamos convencidos de que para el
desarrollo armónico de una sociedad, no pueden estar ausentes dos aspectos fundamentales:
la democracia y el Estado de Derecho. Este último, sin duda, implica una eficiente y
eficaz procuración de justicia y una perfecta protección contra todas las violaciones de
la ley.
Todo lo anterior nos obliga a pedir al
gobernador del Estado, Patricio Martínez García, que reconsidere su decisión de tener
como primer abogado en la entidad y como el principal responsable de las políticas
públicas contra el crimen, a una persona como el licenciado Jesús José Solís, quien ha
demostrado en los últimos días, no sólo su falta de capacidad, sino también su
proclive y reiterada tendencia a violar la ley y los derechos humanos de los
chihuahuenses.
Esperamos, en efecto, que se rectifique ese
nombramiento por parte del titular del Poder Ejecutivo, no sólo como consecuencia de
respetar y hacer respetar la ley, sino como una muestra de respeto al pueblo de Chihuahua.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, el
suscrito diputado federal por la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados a nombre del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta
Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta soberanía,
respetuosa del Pacto Federal emita un atento llamado al gobernador del Estado de
Chihuahua, para que reconsidere el nombramiento del ciudadano Jesús José Silva, como
Procurador General de Justicia Estatal y
Segundo. Que esta soberanía
solicite al gobernador de Chihuahua, incremente sus esfuerzos para que se dé cabal
cumplimiento a la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de los gobernados a
la seguridad pública y el de investigar, perseguir y sancionar los delitos con apego al
marco jurídico y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, México, D.F., a 20 de febrero de 2002.— Lo suscriben los diputados: Abelardo
Escobar, servidor de ustedes, César Reyes Roel, Luis Villegas Montes, María
Eugenia Galván, Carlos Borunga Zaragoza, David Rodríguez Torres, Francisco Jurado,
Gregorio Arturo Meza, Manuel Narváez Narváez, todos ellos miembros del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional y representantes del Estado de Chihuahua.»
Muchas gracias, por su atención.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
EDUCACION
SUPERIOR
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Armando
Chavarría, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre las universidades
públicas.
El senador Armando Chavarría Barrera:
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores legisladores:
Con fundamento en los artículos 67 numeral
1 inciso b y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, nos permitimos, un conjunto de diputados y senadores, someter a la
consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo con base en los
siguientes
ANTECEDENTES
El 29 de enero las universidades públicas
realizaron un paro general de labores y el Secretario General de la ANUIES, José Luis
Ibarra, informó que había recursos suficientes para otorgar a los trabajadores
universitarios un incremento salarial similar al 8%.
El 1o. de febrero, la Universidad Autónoma
Metropolitana estalló su movimiento de huelga al rechazar la oferta de 5.25% de
incremento salarial y hasta hoy la huelga continúa.
El Gobierno Federal y el Congreso de la
Unión nos hemos comprometido en otorgarle un lugar prioritario a la educación. Este
compromiso debe traducirse en acciones concretas, atendiendo básicamente al derecho
universal consagrado en el artículo 3o. de nuestra Constitución Política que reclama
para todas y todos el acceso a los beneficios que la educación ofrece.
Sin embargo, en el transcurso del presente
mes hemos sido testigos de una ola de huelgas, tanto de trabajadores administrativos como
académicos que afectan a las instituciones de educación superior públicas del país.
Sus demandas son:
Un salario digno que restituya las
pérdidas de los últimos 10 años de restricciones presupuestales.
La solución satisfactoria a las
violaciones a sus contratos colectivos de trabajo, pero sobre todo un trato igual en las
negociaciones entre académicos y administrativos como en el financiamiento entre
instituciones de educación superior estatales y las nacionales.
También hemos atestiguado las demandas de
los rectores por corresponder con recursos suficientes a los esfuerzos de reforma que han
realizado las comunidades universitarias para ponerse a tono de los retos presentes y
futuros, reestructura orgánica y curricular.
En cada universidad pública del país los
procesos de reforma generaron una participación comprometida de todos los sectores:
estudiantes, maestros, administrativos y autoridades que en términos de vida interna
democrática lograron consolidar la unidad y fortalezas institucionales, así como la
construcción de objetivos comunes y grandes expectativas para el desarrollo de sus
potencialidades.
La ya histórica y sostenida restricción
presupuestal, sea en tiempos de estabilidad económica o de crisis, enfrenta a rectores
con sus bases de trabajadores en el dilema de rebasar un tope salarial impuesto desde la
Secretaría de Educación Pública y que no va más allá del 5.25%, el menor incremento
por cierto, el menor incremento salarial directo en los últimos 20 años. Han estallado
seis huelgas, un paro general en 30 universidades en 25 estados y han emplazado a más de
140 mil trabajadores a una huelga virtualmente generalizada.
Desde 1994 los recursos públicos
destinados a la educación han alcanzado menos de cinco puntos porcentuales respecto del
Producto Interno Bruto. El Congreso trabajó para que en el ejercicio fiscal de 2002 el
presupuesto a la educación propuesto por el Ejecutivo se incrementara en 15 mil millones
de pesos, con la intención de ofrecer al sistema educativo en general y a las
instituciones públicas de educación superior un mínimo de certidumbre que les
permitiera enfrentar sus requerimientos básicos de operación y sus problemas urgentes.
De estos recursos la UNAM recibió 500
millones, la UAM 300 y el Instituto Politécnico Nacional 200 millones más que la
propuesta del Ejecutivo Federal. Recursos que supondrían atender, entre otros asuntos,
los relacionados con la inminente demanda de los trabajadores para mejorar sus condiciones
salariales.
Las universidades públicas de los estados,
en cambio, no corrieron la misma suerte. Mientras las universidades nacionales reciben la
totalidad de su subsidio del Gobierno Federal, el conjunto de las universidades públicas
de los estados recibe en promedio el 30% del subsidio del Gobierno estatal y el 60% de la
Federación. Los porcentajes de las aportaciones de cada una de las universidades van
desde la proporción del 94% federal y del 6% estatal hasta el 45% federal y el 55%
estatal; lo que muestra de manera evidente la carencia de criterios claros y objetivos
para la asignación de recursos escasos y confusamente distribuidos de la Federación y el
trato desigual o diferente al menos para cada universidad.
En consecuencia y a pesar de los programas
compensatorios como el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, Fomes o el
Programa para el Mejoramiento del Profesorado, Promep, las brechas se siguen ampliando y
las iniquidades siguen prevaleciendo. Equidad significa en este terreno, resarcir los
desequilibrios financieros y presupuestales históricos de las universidades públicas de
los estados mediante los mecanismos que sean necesarios y que permitan alcanzar recursos
suficientes para cumplir con calidad las funciones de docencia, investigación, difusión
y extensión que realiza la universidad pública.
Ha sido un reclamo constante de los
rectores el tratamiento como iguales que se les debe dar a las universidades estatales y a
las instituciones nacionales. La diferenciación e iniquidad del tratamiento financiero no
ha hecho más que acentuar las enormes carencias materiales y diferencias académicas
entre nuestras instituciones de educación superior.
A esto se suma la necesidad de establecer
criterios claros y objetivos de distribución de la participación, aportaciones y
subsidios federales para el financiamiento de los servicios educativos en los estados y
las instituciones autónomas federales y estatales de educación superior, así como
mecanismos legales que hagan realidad una concurrencia estatal suficiente para sostener
una educación equitativa y de calidad en todos sus niveles.
Todos creemos y nos unimos con el
propósito de alcanzar en el 2006, un presupuesto público educativo de ocho puntos
porcentuales en relación al PIB, por ello no debemos dejar a la deriva el presente
financiero de nuestras universidades públicas y el futuro de la formación de los cuadros
profesionales que México necesita.
La educación superior pública sigue
siendo la opción de las y los jóvenes mexicanos y seguirá siendo la vanguardia del
desarrollo profesional, tecnológico y científico de la nación.
Hoy tenemos la oportunidad de actuar a
favor de la equidad financiera de las universidades públicas de los estados y avanzar con
firmeza en las medidas que hagan factible, a partir del presupuesto del año 2003, la
realización de los proyectos de transformación, innovación y desarrollo de nuestras
universidades públicas, además de proporcionarles los medios para atender las justas
demandas de sus trabajadores.
En este sentido, los trabajadores
universitarios merecen nuestra firme solidaridad y retomamos la legítima demanda de
rectores, sindicatos, especialistas de los temas educativos, comunidad científica y bases
estudiantiles, para solicitar al Presidente de esta Mesa Directiva turne a las comisiones
correspondientes del Congreso de la Unión la siguiente
«PROPOSICION
Primero. Atender las necesidades
financieras de las instituciones públicas de educación superior y definir con claridad y
transparencia los criterios de asignación de subsidios aplicables a todas las
instituciones públicas de educación superior, a fin de que estén en condiciones de
cumplir en oportunidad sus programas prioritarios como la superación académica del
profesorado, la infraestructura física, el equipamiento de las instalaciones, el fomento
de la investigación científica y tecnológica y las labores de extensión y de difusión
de la ciencia y la cultura y evitar la acumulación de rezagos e irregularidades en la
materia.
Segundo. Establecer una comisión
especial, formada por los integrantes de las comisiones de Educación y Cultura, Ciencia y
Tecnología y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y
del Senado de la República, que convoquen al Ejecutivo Federal y a las autoridades de las
universidades públicas de los estados, a formar parte de los trabajos dirigidos a crear
el Fondo para la Equidad y el Fortalecimiento de la Educación Superior Pública, con base
en los proyectos de desarrollo institucional de las universidades públicas estatales.
Tercero. Que el proyecto resultante
sea presentado al Congreso de la Unión a más tardar durante el siguiente periodo de
sesiones ordinarias, para que el fondo inicie su ejecución en el ejercicio fiscal del
año 2003 con los recursos suficientes en el nuevo concepto presupuestario y durante el
tiempo que sean necesarios, hasta lograr restituir satisfactoriamente la capacidad
financiera de las universidades de los estados en términos de equidad.
895,896,897
Firman: el de la voz, senador José
Natividad González Parás, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la
República; senadores: César Camacho, Sadot Sánchez, Rafael Melgoza, Martha Tamayo,
David Jiménez, Sara Castellanos, Jorge Zermeño Infante, Francisco Fraile García; diputados:
Efrén Leyva y José Rodolfo Escudero Barrera.»
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Educación,
de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador José
Natividad, para el mismo tema.
El senador José Natividad
González Parás:
Gracias, señor Presidente, seré
breve.
Sólo quiero recordar que la educación es
un capítulo central de la vida de nuestro país y a propósito del punto de acuerdo que
se presenta, señalar también el capítulo crítico de la educación en México, está
siendo en estos momentos de la educación media y superior.
Ciertamente el presupuesto para la
educación Superior del país es insuficiente y además el sistema de financiamiento de la
educación superior de México es irracional e inequitativo, ésa es la razón por la cual
en la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la República hemos considerado
urgente para la vida del país, el realizar una reforma integral de la educación media y
superior del país, una reforma que permita definir con claridad lo que es, lo que no es
autonomía, una reforma que establezca un órgano consultivo nacional, que establezca
criterios para el otorgamiento de autorizaciones a las instituciones de Educación
Superior y a los títulos que establezcan programas de formación de maestros y sobre
todo, que establezca un sistema racional y justo de financiamiento a la educación.
Así que por todas estas razones, a nombre
de la fracción parlamentaria nuestra, yo apoyo el punto de acuerdo que ha formulado el
senador Armando Chavarría y exhorto a los compañeros legisladores para que en
conjunción con las autoridades del sector educativo y las universidades públicas y
privadas del país, construyamos este nuevo sistema de educación media y superior que le
hace mucha falta a México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese también la intervención del
senador González Parás, a las mismas comisiones.
ALTA
FRUCTOSA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ildefonso
Guajardo para presentar una proposición con punto de acuerdo...
Una vez que la propuesta llegó a la mesa,
lo comentamos con todos los que la componen y anunciamos hace probablemente hora y media
que ese punto había sido incluido y otro en la agenda política por acuerdo de la mesa en
el curso de la sesión, de acuerdo como lo previenen las reglas que establecimos por el
propio pleno para el desarrollo de las sesiones y fue anunciado de esta manera, al
terminar este punto propondremos, como lo habíamos anunciado, el procedimiento en
términos de sesión.
Adelante diputado.
El diputado Ildefonso Guajardo
Villarreal:
Con permiso de la Presidencia; compañeras
y compañeros senadores y diputados:
El punto de acuerdo que vengo a presentar a
esta tribuna tiene como antecedente la acción soberana de este Congreso en la pasada
aprobación de la Ley de Ingresos del Gobierno Federal.
En esta aprobación, dentro del apartado de
impuestos especiales, con el apoyo de todas las fuerzas políticas se aprobó la creación
de un impuesto sobre las bebidas que utilizaran como endulzante el alta fructosa.
Esta decisión estuvo motivada
fundamentalmente con un sentido estrictamente social, además de tener un elemento de
apoyar al Ejecutivo de aumentar la recaudación, el sentido social fue el principal
motivante.
Contribuir a apoyar a una industria, la
industria azucarera, a un sector social como es el de los cañeros mexicanos que se han
visto terriblemente afectados por la desigual interpretación, evidentemente de un tratado
signado con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, específicamente en el caso
del azúcar con Estados Unidos.
Sin embargo, el pasado 14 de febrero los
medios nacionales consignan en sus páginas el discurso de un senador norteamericano, el
senador Charles Grassely, en el piso del Senado el día 12 de febrero, lunes 12 de febrero
donde este senador republicano por Iowa específicamente recrimina la acción por parte de
México de establecer un impuesto al uso de alta fructosa en la industria refresquera y
adicionalmente dice que este impuesto es atentatorio contra la relación comercial y
violatorio del Tratado de Libre Comercio.
Bueno, las mismas notas también consignan
que según el senador Grassely, el secretario de Economía Luis Ernesto Derbéz, se
comprometió a dejar sin efecto dicha medida.
Bueno compañeros, este tema difundido en
la prensa nacional y de alguna manera corroborado con los récords del Senado
norteamericano, nos da un elemento fundamental.
Resulta que cuando el Congreso
estadounidense toma una decisión para proteger a grupos afectados por la apertura
comercial como fue el caso de los transportistas, la cual por acciones políticas de dicho
Congreso retrasó su apertura cinco años, flagrantemente violatorio del Tratado de Libre
Comercio, ahí no atenta contra la relación comercial, no atenta contra la buena voluntad
en la relación de ambos países, pero cuando este Congreso en su soberanía toma una
decisión que no es violatoria del Tratado de Libre Comercio, porque ese impuesto se
impone tanto a productores nacionales como a extranjeros, entonces sí estamos atentando
contra la relación comercial y contra la buena voluntad.
Así es que con este tipo de medidas,
tradicionalmente el negociador norteamericano está fortaleciendo su posición de
negociación frente al mexicano, porque se voltea y dice: "es que mi Congreso, es que
mi Senado…", pero parece ser que para el secretario de Economía, Luis Ernesto
Derbez, este Congreso es un estorbo en sus negociaciones y no un aliado para fortalecer la
posición negociadora de México.
Por tal motivo, compañeros y en respeto al
tiempo, diputado Calderón, brevemente propongo un punto de acuerdo único y este punto de
acuerdo es: se investigue sobre los supuestos compromisos adquiridos por el secretario de
Economía, Luis Ernesto Derbez, con el gobierno o el Senado estadounidense, relacionados
con el tema de alta fructosa y de encontrarse si dicho compromiso es atentatorio a los
intereses de los campesinos mexicanos, tomar las medidas necesarias para compensar tal
efecto.
Solicito atentamente a la Presidencia, que
este acuerdo se mande a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente.
Gracias.
PUNTO DE ACUERDO
El pasado jueves 14 de febrero, diversos
medios de comunicación difundieron un discurso desde Washington del senador republicano
Charles Grassely, de Iowa, donde recrimina la acción por parte de México de establecer
un impuesto sobre bebidas producidas con alta fructosa, calificándolo como atentatorio
contra la relación comercial y violatorio del TLCAN. Las mismas notas también consignan
que según el senador Grassely, el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, se
comprometió con él a dejar sin efecto dicha medida.
Resulta que cuando el Congreso
estadounidense toma una decisión para proteger a grupos afectados por la apertura
comercial, como fue el caso del trasporte, apertura que fue retrasada por más de tres
años, eso no afecta la relación, aun cuando esta acción violó flagrantemente el TLC.
Con este tipo de medidas el ejecutivo
estadounidense ha utilizado la posición de su Congreso para fortalecer su negociación
frente al Gobierno mexicano. Sin embargo, parece ser que para el secretario Derbez el
Congreso mexicano, en vez de ser un apoyo, es un estorbo en su urgencia de complacer las
exigencias del Senado estadounidense, aun y cuando este supuesto compromiso afecte el
bienestar de más de dos millones de campesinos mexicanos que dependen para su
subsistencia de la producción cañera nacional.
Con base en lo anterior, me permito
introducir el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se investigue sobre los
supuestos compromisos adquiridos por el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, con
el senador estadounidense Charles Grassely en lo relacionado al tema de la fructosa y de
encontrarse dicho compromiso atentatorio a los intereses de los campesinos mexicanos,
tomar las medidas necesarias para tal efecto.
Se solicita a la Presidencia de esta
Comisión Permanente se turne para su efecto y consideración a la Tercera Comisión.
Atentamente.
Palacio Legislativo a 20 de febrero de
2002.— Diputado, Ildefonso Guajardo Villarreal.»
El Presidente:
Se turna la proposición con punto de
acuerdo a la Tercera Comisión de Trabajo y…
La diputada María Miroslava García
Suárez
(desde su curul):
Para rectificar hechos...
El Presidente:
No hay hechos; pero si usted quiere…
Tenemos cinco minutos disponibles para la propuesta del senador y no sé si los tomamos
para rectificar hechos y luego votamos la terminación de la sesión... puede quedarse
fuera la propuesta del senador… la diputada Miroslava García...
Bueno, lo que pasa es que el reloj va a
cumplir las 16:05 horas cuando termine usted. Si me permite darle la palabra al senador,
cubrimos ese tema que nos falta en el capítulo de proposiciones.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Gerardo
Higuera, para presentar una proposición con punto de acuerdo.
El senador Ricardo Gerardo Higuera:
Gracias, señor Presidente:
Con fundamento en los artículos 67 numeral
1 inciso b y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía,
una proposición con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Que un grupo de trabajadores sindicalizados
de la Secretaría de Salud fueron víctimas de una injusticia derivada de una mala
práctica administrativa por la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, en aquel
entonces a cargo del contralor interno, contador público Alfredo Adams Adams, quien no
consideró apropiadamente las pruebas y documentos que fueron ofrecidos en defensa de los
trabajadores, tales como sus licencias sindicales que la propia Secretaría del ramo
extendió, cubriéndose el tiempo motivo y objeto de la sanción impuesta que por
cuestiones ajenas a su voluntad no se presentaron en tiempo y forma por una omisión
técnico-jurídica por parte de la defensa.
Que lamentablemente el departamento
jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de la Secretaría de Salud no defendió los
puntos clave y por ende hoy sus únicos bienes, producto de su trabajo, han sido
embargados por la oficina local de Hacienda en La Paz, Baja California Sur y están a
punto de salir a remate.
Que el procedimiento para el remate de
dichos bienes está momentáneamente detenido gracias a la intervención del gobernador
del Estado de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño.
898,899,900
Hacemos un urgente llamado al secretario
del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud,
Marco Antonio García Ayala y al senador Joel Ayala Almeida, secretario general de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, para que intervengan
ante las instancias correspondientes.
Que no es posible que por errores
técnico-jurídicos, como los señalados, un grupo de trabajadores hoy sean despojados del
único patrimonio de sus hijos: la casa donde hoy habitan con su familia.
Que a los trabajadores en comento hemos
escuchado y estamos convencidos de apoyarlos en un acto de justicia. Por eso apelamos a la
sensibilidad de ustedes como representantes populares, a todos ustedes, compañeras y
compañeros legisladores.
Por todo lo anterior, solicitamos al
Presidente de la Mesa Directiva, turne a la Primera Comisión: de Gobernación, Puntos
Constitucionales y de Justicia de esta Comisión Permanente, la siguiente
PROPOSICION
Unica. Que las comisiones antes
aludidas y en uso de sus buenos oficios y con pleno respeto de las atribuciones de las
autoridades correspondientes, se entrevisten con las mismas, a efecto de que reconsideren
la cancelación de los créditos fiscales número 85 mil 500, 86 mil 501, 86 mil 503, 86
mil 504, 86 mil 506 y 86 mil 507.
Y de ser pertinente se suspenda la
ejecución de embargo de los bienes inmuebles de los ciudadanos: María de Jesús Osuna
Maldonado, Ayala Chávez Gámez, Miguel Agustín Colts Avilés, Juan Manuel Mayoral Cota,
Rafael Olachea Sandoval y Héctor Ramón Olachea Castro.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
20 de febrero del año 2002.
Compañeras y compañeros legisladores: yo
les pido, de veras, apelo a su sensibilidad por este caso tan patético y que por estas
irregularidades administrativas, por estas omisiones, este grupo de trabajadores está
ahora en estos graves problemas y que si tenemos casos donde delincuentes verdaderos,
algunos de cuello blanco y otros de diversa índole, no se han atendido como lo están
haciendo con estos trabajadores, no se han puesto las leyes y las acciones
correspondientes para sancionarlos en su justa dimensión, yo apelo a su sensibilidad para
que este caso y en especial a los compañeros de la comisión, para que se lleve a cabo lo
que aquí está solicitado.
Hago entrega, señor Presidente, de este
punto de acuerdo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor senador.
Se turna a la Primera Comisión de
Trabajo de esta Comisión Permanente.
TRABAJOS
LEGISLATIVOS (II)
El Presidente:
Señora Secretaria, consulte a la Asamblea
sobre la propuesta de la Presidencia para dar por concluida la sesión.
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán Lagunes:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si se da por concluida la sesión.
Los legisladores que estén por la
afirmativa favor de manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, favor de manifestarlo...
El Presidente:
Gracias.
Se queda para el orden del día de la
siguiente sesión. Se incluyen los puntos de agenda política que quedaron pendientes de
ésta y se pide a la Secretaría que se refiera al resto del orden del día.
ORDEN DEL DIA
La secretaria senadora Noemí Zoila
Guzmán Lagunes:
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.— Primer
Receso.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 27 de febrero de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México invita a la ceremonia cívica que con motivo del CDLXXVII aniversario luctuoso de
Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 28 de
febrero a las 10:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la parroquia
de Santiago Tlaltelolco.
De los congresos de los estados de Durango
y Sonora.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos María Abascal Carranza, Miguel Stuart
Escobedo y Fulda y Mario Alberto Góngora Villarreal, para aceptar y usar condecoraciones
que les confieren su alteza real don Carlos de Borbón, el gobierno del Reino de Bélgica
y la Armada de Chile, respectivamente.
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Ariadna Barrera Aranda, Verónica Guadalupe
Rodríguez Reséndiz, María Alicia Chilpa Sánchez y Enrique Migueles Cruz, para prestar
servicios en las embajadas del Reino de Suecia y de la República Popular de China en
México.
Doce, de la Segunda Comisión con puntos de
acuerdo por los que se ratifican grados a miembros del Ejército mexicano.
Y los demás asuntos con los que la Mesa
Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
El Presidente (a las 16:06 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la
próxima que tendrá lugar el miércoles 27 de febrero a las 11:00 horas.
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