Presidencia
del diputado
José Guillermo Anaya Llamas
ASISTENCIA
El Presidente:
Buenos días. Proceda la Secretaría a
pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Se va a proceder a pasar lista de
asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 28 legisladores. Hay quorum,
señor Presidente
El Presidente (a las 11:21 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Se va a dar lectura al orden del día:
«Comisión Permanente.— Primer
Receso.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día.
Miércoles 27 de febrero de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De legisladores.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México invita a la ceremonia cívica que con motivo del CDLXXVII aniversario luctuoso de
Cuauhtémoc, ultimo Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 28 de
febrero a las 10:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la parroquia
de Santiago Tlaltelolco.
De los congresos de los estados de Durango
y Sonora.
Informe semestral sobre la situación que
guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre
del 2001, que fue aprobado por la junta de gobierno de la Consar, que remite el presidente
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (Turno a comisión.)
Iniciativa del Congreso del Estado de
Jalisco
Que adiciona una fracción XV al artículo
séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2002. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas al Código Fiscal de la
Federación, a cargo del diputado Roque Joaquín Gracia Sánchez, a nombre del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona un párrafo segundo al
artículo 154 y un artículo transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita
por el diputado Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley General de Deuda
Pública, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo octavo
transitorio, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002,
suscrita por el diputado Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Oficio de la Cámara de Senadores
Por el que comunica la apertura y
conclusión del periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al primer receso del
segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.
Oficios de la Secretaría de
Gobernación
Cuatro, con los que remite copias de los
oficios: del subjefe administrativo y de logística del Estado Mayor de la Defensa
Nacional; del director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y del secretario general de gobierno del Estado de México, en relación a
puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Dos, con los que remite copias de los
oficios: del subsecretario de gobierno para asuntos agrarios del Estado de Guerrero y del
gerente regional golfo-centro de la Comisión Nacional del Agua, en relación a puntos de
acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Por el que solicita el permiso
constitucional necesario para que el capitán de fragata cuerpo general Raúl Martínez
Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla Minerva, que le confiere la
Armada de Chile. (Turno a comisión.)
Por el que solicita el permiso
constitucional necesario para que la ciudadana Lina María del Rosario Ramella Osuna,
pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Italia, en la ciudad de Guadalajara,
con circunscripción consular en el Estado de Jalisco. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos María Abascal Carranza, Miguel Stuart
Escobedo y Fulda y Mario Alberto Góngora Villarreal, para aceptar y usar condecoraciones
que les confieren su alteza real don Carlos de Borbón, el gobierno del Reino de Bélgica
y la Armada de Chile, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y
votación.)
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Michel Yvan Stinglhamber de Brouwer y Artemio
Santos Santos, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del
Reino de Bélgica y de la República Federativa de Brasil, respectivamente. (Dispensa de
segunda lectura, discusión y votación.)
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Ariadna Barrera Aranda, Verónica Guadalupe
Rodríguez Reséndiz, María Alicia Chilpa Sánchez y Enrique Migueles Cruz, para prestar
servicios en las embajadas del Reino de Suecia y de la República Popular de China en
México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Soraya Reéne Garduño Estrada, Paola Dominic
Arozamena Aguilar, José Joel López Moreno, Manuel Mora González, María Esther Rojas
Castañeda, Carlos Olvera Moreno, Brenda Cruz Hernández, Andrés de González Argüelles
Guasque, Héctor Aguirre Osuna y Ennio López Mora, para prestar servicios en la Embajada
y consulados generales y agencias consulares de Estados Unidos de América en México;
Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Tamaulipas; San Luis Potosí, San Luis Potosí;
Puerto Vallarta, Jalisco y en la Embajada de la República Oriental de Uruguay en México,
respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
Dictámenes a discusión
Doce, de la Segunda Comisión con puntos de
acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Marcial Muñoz Mendoza, Miguel
Angel Sánchez Dámazo, Alejandro Sandoval Torres, Gustavo Ramírez Palacios, Juan Antonio
Jasso Martínez, Alberto Reyes Vaca, Héctor Esquivel Piña, Carlos Barraza Murillo, José
Ausencio Garrido Márquez, Salvador Hernández Montes de Oca, Oscar del Angel Guevara y
Abel Villaroel Torres, miembros del Ejército mexicano.
La Cámara de Senadores, para los efectos
del inciso g del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos,
para el mes de marzo de 2002.
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación a la
problemática del acero en México, a cargo del senador José Natividad González Parás,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la huelga en la
Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para que el Poder
Ejecutivo Federal explique ante el Poder Legislativo Federal, las razones que tiene para
aplicar el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en el caso de las bebidas
que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en torno a las
facultades de inversión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a
cargo del senador Miguel Angel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo
Federal, respete los derechos humanos de los periodistas y comunicadores, a cargo del
diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Urgente resolución.)
Agenda política
Comentarios sobre la Reforma del Estado, a
cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
Comentarios sobre el secuestro de Ingrid
Betancourt, candidata del Partido Ecologista Oxígeno Verde a la presidencia de Colombia,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comentarios sobre la guerra sucia, la
fiscalía especial y la comisión de la verdad, a cargo del senador Armando Chavarría
Barrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios en relación a las elecciones
en el Estado de Baja California Sur, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre el combate a la
corrupción, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre las declaraciones del
presidente Vicente Fox Quesada, en relación a la Miscelánea Fiscal aprobada por el
honorable Congreso de la Unión, en diciembre pasado, a cargo del diputado Juan Carlos
Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
El Presidente:
Gracias, diputada Secretaria.
ACTA DE LA SESION
ANTERIOR
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido
publicada en la Gaceta Parlamentaria y se procede a su votación.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se
procede a su votación.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinte de febrero de dos mil
dos, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima
Octava Legislatura
Presidencia del diputado
Manuel Medellín Milán
En el Salón Legisladores de la República del
Palacio Legislativo en San Lázaro, de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con una asistencia de treinta
legisladores, a las once horas con once minutos del miércoles veinte de febrero de dos
mil dos, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
Desde su curul, la legisladora María
Miroslava García Suárez solicita incorporar un punto en el orden del día y el
Presidente informa que en el transcurso de la presente sesión, la Mesa Directiva
resolverá la solicitud.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión
anterior en votación económica.
El Presidente designa una comisión para
introducir al recinto al doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y le concede el uso de la palabra para presentar el
informe de actividades de esa Institución, del periodo comprendido del dieciséis de
noviembre de dos mil al treinta y uno de diciembre de dos mil uno.
9917, 918, 919
La Presidencia agradece la presencia del
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, turna el informe de referencia a
las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos
Humanos de la Cámara de Senadores y solicita a la comisión designada acompañar al
doctor José Luis Soberanes Fernández cuando decida retirarse del salón.
Comunicación de la diputada María
Alejandra Barrales Magdaleno, con la que solicita licencia para separarse del cargo de
diputada federal electa en la cuarta circunscripción plurinominal. Se aprueba el punto de
acuerdo respectivo en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación del Instituto de Cultura de
la Ciudad de México, con la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del
pentacentésimo tercer aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani
de la Triple Alianza. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Comunicación del Instituto de Cultura de
la Ciudad de México, por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del Día de
la Bandera. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Baja California, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Chiapas, con la que informa de actividades
propias de su legislatura. De enterado.
Chiapas, con acuerdo por el que manifiesta
su rechazo al retiro de subsidios en el consumo de energía eléctrica. Se turna a la
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Jalisco, con acuerdo para que se asignen
recursos crecientes a la educación pública. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Jalisco, con acuerdo sobre el destino de
las contribuciones recibidas por cuotas compensatorias a los productos de importación. Se
turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Jalisco, con acuerdo para solicitar se
formule el proyecto de Norma Oficial Mexicana para la leche de vaca. Se turna a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
San Luis Potosí, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se concede la palabra, para presentar
iniciativas con proyectos de decreto, a los legisladores:
José Antonio Aguilar Bodegas, del Partido
Revolucionario Institucional, una que reforma el artículo ciento treinta y siete de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, y otra que adiciona un artículo ciento catorce b al
Código Fiscal de la Federación. Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
de la Cámara de Diputados.
Francisco Fraile García, del Partido
Acción Nacional, que reforma el artículo decimosexto transitorio del decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos mil Dos. Se turna
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del
Partido Acción Nacional, que reforma los artículos setenta y tres fracción undécima;
setenta y cinco; ciento quince fracción cuarta, y ciento veintisiete, y que adiciona una
fracción octava al artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Se
turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El Presidente informa de la recepción de
una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos dos, cuatro,
veintiséis, cincuenta y tres, setenta y tres, ciento quince y ciento dieciséis de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura
indígenas, suscrita por un grupo plural de diputados. Se turna a las comisiones unidas de
Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados e insértese
íntegra en el Diario de los Debates.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Uno, con el que remite copia de oficio del
director general de Gas y Petroquímica Básica de Petróleos Mexicanos, en relación con
un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores. Se remite a la Cámara de
Senadores.
Uno, con el que remite copia de oficio del
director general de Radio, Televisión y Cinematografía, en relación con el punto de
acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al programa radiofónico "Fox
en vivo, Fox contigo". Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Dos, con los que solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos Michel Yvan Stinglhamber de Brouwer y
Artemio Santos Santos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los
gobiernos del Reino de Bélgica y de la República Federativa de Brasil, respectivamente.
Se turnan a la Primera Comisión.
Dos, con los que solicita el permiso
constitucional necesario para que diez ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en
representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México y comunica que el
ciudadano Marco Antonio García Cárdenas ha dejado de prestar servicios en la Embajada de
Estados Unidos de América en México. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos,
se turnan a la Primera Comisión, y en lo referente a quien ha dejado de prestar
servicios, se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados y a la de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto
de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Margarita Diegues y Armas, como
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Kenia.
Sin discusión se aprueba en votación
económica. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra la ciudadana Diegues y Armas, cuyo nombramiento como embajadora acaba
de ser aprobado por la Asamblea y acompañada de una comisión designada rinde la protesta
de ley.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto
de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Eliezer Morales Aragón, como embajador
extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Bolivia.
Sin discusión se aprueba en votación
económica. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra el ciudadano Morales Aragón, cuyo nombramiento como embajador acaba
de ser aprobado por la Asamblea y acompañado de una comisión designada, rinde la
protesta de ley.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto
de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Héctor Antonio Romero Barraza, como
cónsul general de México en Vancouver, Canadá.
Sin discusión se aprueba en votación
económica. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra el ciudadano Romero Barraza, cuyo nombramiento como cónsul general
acaba de ser aprobado por la Asamblea y acompañado de una comisión designada, rinde la
protesta de ley.
Dictamen de la Segunda Comisión, con punto
de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Juan Carlos Cue Vega, como cónsul
general de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América.
Sin discusión se aprueba en votación
económica. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente informa que a las puertas del
salón se encuentra el ciudadano Cue Vega, cuyo nombramiento como cónsul general acaba de
ser aprobado por la Asamblea, y acompañado de una comisión designada, rinde la protesta
de ley.
Ocho dictámenes de la Segunda Comisión,
con puntos de acuerdo por los que ratifican grados a miembros del Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos.
Se aprueban sin discusión en votación
económica. Comuníquense al Ejecutivo.
Dictamen de la Tercera Comisión, con punto
de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a que suspenda la decisión de eliminar
subsidios a las tarifas del servicio eléctrico para uso doméstico, en tanto no se hayan
encontrado alternativas que eviten el impacto económico y social de tal medida.
Para hablar en contra, se concede la
palabra al legislador Juan Camilo Mouriño Terrazo, del Partido Acción Nacional.
Sin nadie más que haga uso de la palabra,
se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la Tercera Comisión, con punto
de acuerdo sobre el presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Sin discusión se aprueba en votación
económica. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la Primera Comisión, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos mexicanos: Miguel Pedro Angel
Marín y Bosch, Francisco Javier Ortiz Ortiz, Horacio Ornelas García, José Guillermo
Ordorica Robles, Ezequiel Osorio Chiñas, José Luis Vergara Ibarra y José Santiago
Valdés Alvarez, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de la
República de Corea y Federativa de Brasil, la Santa Sede y la Junta Interamericana de
Defensa de Washington, DC, Estados Unidos de América. Es de segunda lectura.
Sin discusión se aprueba en lo general y
en lo particular por veintinueve votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Ejecutivo para
los efectos constitucionales.
Para los efectos del artículo sesenta y
seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara
de Senadores remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos ejercido en el
mes de enero y el programado para el mes de febrero de dos mil dos. Por lo que respecta al
presupuesto de enero, de enterado y el relativo al mes de febrero, se aprueba en votación
económica.
Presentan proposiciones con punto de
acuerdo los legisladores:
David Jiménez González, del Partido
Revolucionario Institucional, para hacer un extrañamiento al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal y solicita trámite de urgente resolución.
El Presidente informa de diversos cambios
en el orden del día acordados por la Mesa Directiva y concede la palabra, para hablar en
contra de la proposición, al legislador Ricardo Gerardo Higuera, del Partido de la
Revolución Democrática; y en contra del trámite solicitado al legislador Jesús Galván
Muñoz, del Partido Acción Nacional.
Rectifica hechos el legislador Armando
Chavarría Barrera, del Partido de la Revolución Democrática, quien es interrumpido por
el legislador Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para solicitar una moción de orden que
el Presidente hace suya.
La Asamblea considera el asunto de urgente
resolución en votación económica y el Presidente concede la palabra a los legisladores:
David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y acepta
interpelación de la legisladora María Miroslava García Suárez; María Miroslava
García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y durante su
intervención solicita se dé lectura al artículo ciento veinticuatro de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente atiende la solicitud; Jesús
Galván Muñoz, del Partido Acción Nacional, en pro; y Ricardo Gerardo Higuera, del
Partido de la Revolución Democrática, en contra.
Rectifican hechos los legisladores: María
Miroslava García Suárez y Armando Chavarría Barrera, ambos del Partido de la
Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente
discutido el punto de acuerdo en votación económica y se aprueba en votación nominal,
solicitada por la legisladora García Suárez, por veintitrés votos en pro y cuatro en
contra.
José Alfredo Botello Montes, del Partido
Acción Nacional, para que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
comparezca ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y
de Justicia de la Cámara de Senadores, a efecto de que amplíe las explicaciones de su
informe de actividades. Se turna a las comisiones de referencia.
El Presidente informa que, transcurrido el
tiempo reglamentario de duración de las sesiones de la Comisión Permanente, se
procederá a levantar la presente sesión e invita a la reunión de la Segunda Comisión
con el Presidente de la República de Guatemala, del día veintiuno de febrero de dos mil
dos a las doce horas, en el salón Legisladores de la República.
Desde sus respectivas curules, los
legisladores: Martha Sofía Tamayo Morales; José Ernesto Gil Elorduy; y María Miroslava
García Suárez solicitan se prorrogue la sesión en curso. El Presidente instruye a la
Secretaría consultar a la Asamblea si aprueba continuar con la sesión.
La Asamblea autoriza prorrogar la presente
sesión en votación económica.
920, 921, 922
Continúan la presentación de
proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
María Miroslava García Suárez, del
Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público información sobre créditos incobrables y controvertidos y sobre la
designación del titular del Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido
Revolucionario Institucional, para solicitar al Ejecutivo Federal, emita las regulaciones
administrativas tendientes a precisar diversas disposiciones fiscales. Se turna a la
Tercera Comisión.
Abelardo Escobar Prieto, del Partido
Acción Nacional, en relación con el nombramiento del Procurador General de Justicia del
Estado de Chihuahua. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados.
Armando Chavarría Barrera, del Partido de
la Revolución Democrática, para la equidad y el fortalecimiento de las universidades
públicas de las entidades federativas. Se turna a las comisiones de Educación Pública y
Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.
Sobre el mismo tema habla el legislador
José Natividad González Parás, del Partido Revolucionario Institucional, y su
intervención se turna a las citadas comisiones de la Cámara de Diputados.
Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido
Revolucionario Institucional sobre la importación de alta fructosa. Se turna a la Tercera
Comisión.
Ricardo Gerardo Higuera, del Partido de la
Revolución Democrática, en relación con trabajadores sindicalizados de la Secretaría
de Salud. Se turna a la Primera Comisión.
La Asamblea aprueba, en votación
económica, dar por concluida la presente sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con seis
minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles veintisiete de febrero de dos mil
dos, a las once horas.»
El Presidente:
Proceda la Secretaría a someter a
discusión el acta.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobada el acta.
DIPUTADA QUE
SOLICITA LICENCIA
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Comunicaciones:
«Partido Acción Nacional.— Palacio
Legislativo.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente
La suscrita, diputada federal integrante
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 51 y 63 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los artículos 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le manifiesto de manera respetuosa lo
siguiente:
Que he recibido la invitación del gobierno
de Jalisco para dirigir el Instituto Jalisciense de las Mujeres, por lo tanto le solicito
a este órgano la resolución de los siguientes puntos:
Primero. Se me conceda licencia a partir
del 1o. de marzo de 2002, para ausentarme de forma indefinida del cargo de diputada
federal.
Segundo. Llamar al ciudadano Humberto
Muñoz Vargas, quien es mi compañero de fórmula y suplente, a fin de que tome posesión
del cargo durante el periodo de mi ausencia.
Tercero. Se sirva realizar los trámites
necesarios para aprobar lo solicitado.
Sin otro particular, agradezco la atención
que se sirva prestar a la presente.
Atentamente.
Palacio Legislativo a 26 de febrero del
2002.— Diputada Rocío García Gaytán.»
El Presidente:
De conformidad con lo que establece el
artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Por instrucciones de la Presidencia, está
a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia a la
diputada María del Rocío García Gaytán, para separarse de sus funciones como diputada
federal electa en la primera circunscripción plurinominal, para estar en posibilidad de
desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado de Jalisco, a partir
del 1o. de marzo de 2002.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara de
Diputados.
Se pide a la Secretaría dar cuenta con la
invitación.
INSTITUTO DE
CULTURA DE LA CIUDAD
DE MEXICO
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Diputado José Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CDLXXVII aniversario luctuoso
de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que se llevará a cabo
el próximo jueves 28 de febrero a las 10:00 horas, en la plaza de las Tres Culturas, a un
costado de la parroquia de Santiago Tlaltelolco, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito solicitar muy
atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante
de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva
prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 27 de febrero de
2002.— El director general, Enrique Semo.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta
Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores: Juan Manuel Sepúlveda
Fayad, María Guadalupe López Mares y Miroslava García Suárez.
ESTADO DE DURANGO
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado de Durango.— LXII Legislatura.— Oficialía
Mayor.
Diputados secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
En sesión ordinaria, verificada el día 15
de los corrientes, la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Durango, aprobó un punto de acuerdo, que dice:
"Enviar solicitud, a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, para que revisen y modifiquen los decretos de
derechos relacionados con la condonación y exención de contribuciones y accesorios en
materia de derechos por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales, así
como de los cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales para que se haga el
reembolso de manera automática y directa por los anteriores conceptos al organismo
operador del entero de ese concepto, para el mejoramiento de su infraestructura
hidráulica o de los mecanismos operadores de los sistemas."
Lo anterior para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.
Nos es grato reiterar a ustedes las
seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 22 de enero
de 2002.— Diputados: Jorge Herrera Delgado y María del Rosario Castro
Lozano, secretarios.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE SONORA
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.— Hermosillo.—
Secretaría.
Ciudadano presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
El honorable Congreso del Estado, en
sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
Primero. El Congreso del Estado
Libre y Soberano de Sonora, solicita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión, que en uso de sus facultades y atribuciones legales y en el marco de discusión
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2002, se modifique el proyecto presentado por el Ejecutivo Federal con el propósito de
que no disminuyan los recursos destinados a los renglones de salud, educación, seguridad
pública, desarrollo rural, así como tampoco aquellos recursos que se destinan a los
estados y municipios del país, como vienen a ser los comprendidos en el Ramo 33 y de
fortalecimiento de las entidades federativas, para lo cual, se invita al titular del Poder
Ejecutivo estatal, así como a los senadores, diputados federales y presidentes
municipales de nuestra entidad, para acudir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a
efecto de solicitar el aumento en el monto de las aportaciones y participaciones federales
que correspondan a nuestra entidad.
Segundo. El Congreso del Estado
Libre y Soberano de Sonora, acuerda solicitar a las cámaras del honorable Congreso de la
Unión, así como al titular del Poder Ejecutivo Federal, se establezcan acuerdos que
lleven a concretar e implementar para el próximo ejercicio fiscal, una reforma al marco
tributario nacional que venga a fortalecer las haciendas públicas de los municipios, los
estados y la Federación, capaz de generar con suficiencia los recursos públicos
requeridos para promover el desarrollo y atender los requerimientos sociales más
apremiantes con la oportunidad e intensidad precisada.
Tercero. El Congreso del Estado
Libre y Soberano de Sonora, acuerda solicitar a las cámaras del honorable Congreso de la
Unión, incluyan dentro de su agenda legislativa del próximo año, una reforma fiscal
integral que contemple invertir la proporción de ingresos de las entidades federativas,
para que los ingresos propios de éstas integren la mayoría de su hacienda y buscar así
reducir al mínimo su dependencia de los recursos federales que por concepto de
aportaciones y participaciones se envían a las mismas, la cual deberá comprender una
reforma constitucional que distribuya convenientemente las fuentes de ingresos y
facultades tributarias entre la Federación y los estados para que no continúen en
dependencia de la Federación y esto constituya la verdadera base para la soberanía
política de los estados.
Cuarto. El Congreso del Estado Libre
y Soberano de Sonora, acuerda solicitar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, que en el marco del examen, discusión y aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, se incluya en el mismo la
implementación del programa de apoyos a las entidades federativas, en virtud del evidente
beneficio que éste representa para las haciendas de los gobiernos estatales y para el
fortalecimiento del federalismo en nuestro país y además, se reforme la Ley de
Coordinación Fiscal con objeto de instituir dicho programa de manera permanente a favor
de los estados y se asegure la entrega de recursos y aportaciones destinados a fortalecer
su política de gasto social.
923, 924, 925
Quinto. El Congreso del Estado
acuerda nombrar una comisión especial de diputados, para que acudan ante las cámaras del
honorable Congreso de la Unión, con el fin de realizar las gestiones necesarias para que
los anteriores puntos de acuerdo sean tomados en consideración oportunamente en el marco
de examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2002.
Sexto. Remítase los presentes
puntos de acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, para que, de estimarlo procedente, se adhieran a los mismos y remitan
los acuerdos respectivos ante las autoridades federales citadas.
Séptimo. Hágase del conocimiento
los presentes acuerdos del titular del Poder Ejecutivo del Estado, senadores y diputados
federales por el Estado de Sonora y presidentes, municipales de la entidad, para los
efectos correspondientes.
Reiteramos a usted las seguridades de
nuestra alta consideración y respeto.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Hermosillo, Sonora, 12 de diciembre de
2001.— Diputados Ricardo Rivera Galindo y Heleodoro Pacheco Vázquez,
secretarios.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
CONSAR
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 5o. fracción XIII; 8o. fracción VIII y 12 fracciones III, VIII y XIII, de la
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 98 de su reglamento, respetuosamente me
permito enviar a usted, en tres tantos, el informe semestral sobre la situación que
guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre
de 2001, mismo que fue aprobado por la junta de gobierno de la Consar en su trigésima
cuarta sesión ordinaria celebrada el pasado 22 de febrero, solicitándole sea el conducto
para turnar un ejemplar del documento a las cámaras de Diputados y Senadores del
honorable Congreso de la Unión.*
Reitero a usted las seguridades de mi más
alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 25 de febrero de
2002.— El presidente, Vicente Corta.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
LEY DE
INGRESOS
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión. México D.F.
La LVI Legislatura del honorable Congreso
del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 31 de enero del presente año, aprobó el
acuerdo económico número 444/02 del que le anexo copia para los efectos legales
procedentes, mediante el cual con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eleva ante esa
alta representación popular iniciativa de decreto que adiciona una fracción XV al
artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el presente
ejercicio fiscal y de acuerdo al texto que en fotocopia se acompaña.
Por instrucciones de la directiva de esta
soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación
personal y para los efectos legales subsecuentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 4 de febrero de
2002.— LCTC Leonardo García Camarena, oficial mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
Ciudadanos diputados: los que suscribimos,
diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en uso de la facultad que
nos otorga el artículo 28 fracción I de la Constitución Política del Estado, así como
los artículos 85, 88 y 90 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
sometemos a la consideración de este honorable Congreso, iniciativa de acuerdo económico
que envía una iniciativa de ley con proyecto de decreto al honorable Congreso de la
Unión, misma que presentamos con base en los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. Mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002, se expidió
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, donde se establecen
los conceptos mediante los cuales el Gobierno Federal puede allegarse de recursos.
Habitualmente, en la misma fecha se modificaba la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en
donde se establecen los actos y actividades que causan el pago del 15% correspondiente a
este impuesto federal. Asimismo, en la ley antes señalada se indican los supuestos que no
causan el impuesto anterior, por considerar el legislador que gravarlos iría en
detrimento de diversos sectores de la población. Sin embargo, para el ejercicio fiscal
que transcurre actualmente no se modificó la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sino que
los legisladores adicionaron en la Ley de Ingresos un artículo séptimo transitorio en
donde se incluyeron todas las reformas referentes a este gravamen.
Segundo. Desde el ejercicio fiscal
de 1997, la Ley del Impuesto al Valor Agregado ha venido estableciendo disposiciones
transitorias con vigencia anual, en el sentido de que el impuesto sobre el servicio o
suministro de agua para uso doméstico se causará a la tasa del 0%. Sin embargo, en el
séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del
año en curso se omitió incluir esta disposición, situación que ha creado un gran
desconcierto entre la sociedad y aún en los sistemas operadores de agua potable, ya que
esto implica que los mismos tendrán que empezar a cobrar el 15% del IVA por el concepto
anterior. En el caso de nuestro Estado, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado solicitó tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como al
Congreso de la Unión, que aclaren lo relativo al cobro de este impuesto, así como si
habrá de realizarse alguna reforma para que los consumos por agua potable sigan exentos.
De la misma manera, este organismo ha declarado que hasta en tanto no reciba una respuesta
oficial por parte de las entidades a las cuales se dirigió, no aplicará el gravamen en
los recibos de consumo emitidos, tanto en los cortes mensuales como en los estimados
anuales.
Tercero. Tomando en cuenta que no
hubo una exposición específica sobre los motivos por los cuales no se incluyó la
disposición transitoria que se ha expuesto, se considera que esta omisión se debió a un
error involuntario por parte de los legisladores federales, por lo cual creemos que
existirá la voluntad del Congreso de la Unión para enmendar la omisión señalada. Es
necesario volver a gravar con tasa cero el servicio de agua potable para consumo
doméstico, ya que por tratarse de un servicio básico que no puede ser dejado de
aprovechar por la población, la aplicación del 15% sobre la tarifa actual impactaría en
gran medida la situación económica de las familias mexicanas.
Por lo anteriormente expuesto y de
conformidad con el artículo 71 fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que faculta a las legislaturas de los estados para iniciar leyes
o decretos en materia federal, sometemos a la consideración de este honorable Congreso,
el siguiente
ACUERDO ECONOMICO
Unico. El Congreso del Estado Libre
y Soberano de Jalisco pone a consideración del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política Federal,
iniciativa de decreto mediante la cual se adiciona una fracción XV al artículo séptimo
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, en
los siguientes términos
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante la cual se adiciona una fracción
XV al artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2002
Único. Se adiciona una fracción XV
al artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2002, para quedar como sigue:
"Séptimo. . .
I a XIV. . .
XV. Durante el Ejercicio Fiscal de 2002 el
impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro de agua para uso doméstico que
se efectúe en dicho ejercicio, se causará a la tasa del 0%."
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación y surtirá efectos a partir del 1o. de enero de 2002.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco, a 31 de enero de
2002.—Diputados: José Trinidad Muñoz Pérez, presidente; Fernando Ruiz
Castellanos, José Manuel Ramírez Jiménez, Salvador Sánchez
Guerrero, Javier Galván Guerrero, Salvador Caro Cabrera y Claudio
Palacios Rivera, vocales.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La iniciativa que presentaría el
diputado Roque Joaquín Gracia Sánchez ha sido retirada del orden del día para una
próxima sesión.
Se le concede la palabra a la diputada
María Guadalupe López Mares, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo
segundo al artículo 154 y un artículo transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la
Renta...
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
El Presidente:
Perdón, antes de esta iniciativa,
diputada, se recibió la iniciativa que adiciona el párrafo segundo al artículo 154 y un
artículo transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado
Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
«El suscrito, diputado de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Mexicanos, sometemos a la consideración de este Congreso la presente iniciativa de
decreto por el que se adiciona el párrafo segundo del artículo 154 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta y un artículo transitorio bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
A partir de los años sesenta, en nuestro
país, se empezó a gravar la enajenación de inmuebles en lo que respecta al impuesto
sobre la renta, aplicándose en la mayoría de los casos, valores fiscales más bajos que
los valores comerciales o de operación, ocasionando casi en la totalidad de los casos que
los avalúos emitidos para el pago de impuestos fueran inferiores a la cantidad que
realmente se pagó por la compra-venta de los inmuebles, haciéndose lo anterior una
práctica común.
A partir de los años noventa, en algunas
entidades federativas como Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal y Querétaro se tomó la
resolución de aplicar los valores comerciales para tales fines.
A raíz de las reformas constitucionales
del artículo 115 que modifican sustancialmente las características administrativas y de
gobierno de los municipios de nuestra República y dándoles mayor autonomía en el
ámbito de su administración, así como en la toma de decisiones, tales reformas han dado
mayor claridad y facultades para el manejo de las haciendas municipales, incluyendo el
cobro de los impuestos inmobiliarios, así como el cambio en los valores de éstos.
Y en este particular es dónde el artículo
quinto transitorio del decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, establece que antes del inicio
del Ejercicio Fiscal del Año 2002, las legislaturas de los estados en coordinación con
los municipios respectivos adoptarán las medidas conducentes para que los valores
unitarios de suelo sean equiparables a los valores de mercado, de aplicar tal cual este
artículo transitorio provocaría cambios súbitos en el pago del impuesto sobre la renta,
lo cual distorsionaría las utilidades obtenidas en el mercado inmobiliario, al
interpretarse que con la entrada en vigor del precepto constitucional en cuestión, se
afecta el cálculo para el pago del impuesto sobre la renta de las operaciones
inmobiliarias al llevarse a valores comerciales.
926, 927, 928
Dada la gran disparidad existente entre
estos conceptos (como anteriormente se mencionó, se estima que el valor fiscal fluctúa
entre el 30% y el 40% del valor comercial) es de esperarse que el monto de la obligación
causada se incremente de manera abrupta, ocasionando que nuevas operaciones de
compra-venta se inhiban, principalmente por el efecto que tiene el impuesto sobre la renta
en los impuestos a pagar.
Las autoridades hacendarias federales han
adoptado para el cálculo del ISR el valor fiscal que se tomó del costo de adquisición y
el cual se ajusta conforme al índice nacional de precios al consumidor; entonces no
sería proporcional ni equitativo que en este año, en que se van a ajustar los valores
fiscales a valores de mercado, no se tomara en cuenta un valor referido (valor comercial)
a la fecha de adquisición, porque la diferencia entre un valor fiscal y valor comercial
sería totalmente desproporcionada e inequitativa.
A mayor abundamiento: el artículo segundo
transitorio del decreto obliga también a las autoridades federales a hacer las
adecuaciones legislativas correspondientes a fin de que garanticen los principios de
proporcionalidad y equidad que establece el mismo decreto, según dice: "artículo
segundo. Los estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto
en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor". En su
caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a
más tardar el 30 de abril de 2001 (cosa que no se hizo).
Asimismo, el artículo 4o. del reglamento
del Código Fiscal de la Federación, establece las reglas y los procedimientos para
efectuar avalúos a una fecha anterior a la fecha de enajenación, es decir avalúos
referidos y en la fracción III de dicho artículo se faculta al valuador para efectuar
ajustes a dicho valor referido cuando existan razones que así lo justifiquen y estas
razones son los propios principios de proporcionalidad y equidad a que debe sujetarse la
aplicación del decreto referido.
De la misma forma de acuerdo a lo
establecido en el Diario Oficial de la Federación a partir del 1o. de enero del
año 2002, todas las operaciones de compra-venta que se efectúen en el territorio
nacional, deberán de realizarse sobre la base del valor comercial de los bienes; por
consiguiente, de acuerdo a lo anterior, tenemos que sobre la base actual los impuestos que
se pagan son relativamente bajos de acuerdo a la costumbre, pero a partir de la entrada en
vigor de la nueva disposición señalada en el artículo quinto transitorio del artículo
115 constitucional, los impuestos que se pagarán serían muy altos pues sobre la base del
valor comercial el incremento podría llegar a impactar hasta en un 367%.
A mayor abundamiento, la disparidad que
existe actualmente entre valores fiscales y comerciales es muy grande, lo que ocasiona que
el impuesto se eleve abruptamente pudiendo ocasionar el desaliento y la depresión de las
operaciones del mercado inmobiliario y la cadena productiva relacionada con la promoción
de vivienda principalmente por el efecto que tiene el impuesto sobre la renta en el total
de los impuestos a pagar, producto de las operaciones inmobiliarias, como se señala en el
cuadro comparativo anexo y que forma parte de la presente exposición de motivos.
Asimismo, el articulo 4o del reglamento del
Código Fiscal de la Federación, establece las reglas y los procedimientos para efectuar
avalúos a una fecha anterior a la fecha de enajenación, es decir, avalúos referidos y
en la fracción III de dicho artículo se faculta al valuador para efectuar ajustes a
dicho valor referido, cuando existan razones que así lo justifiquen y estas razones son
los principios de proporcionalidad y equidad a que debe sujetarse la aplicación del
decreto tantas veces referido.
En virtud de lo anterior, los suscritos
proponemos se adicione el párrafo segundo del artículo 154 de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta con el fin que los contribuyentes que enajenen inmuebles adquiridos antes del 1o.
de enero del año 2002, considerarán como costo de adquisición el valor mayor entre el
valor de adquisición y el valor que arroje un avalúo practicado por perito valuador
registrado como valor referido a la adquisición. Se propone asimismo que el pago
provisional del impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles se considere como
pago definitivo de los impuestos no acumulables a ingresos, con el fin de evitar la
posible duplicación en el pago del impuesto sobre la renta por este concepto y evitar
también cargas administrativas mayores a aquellos contribuyentes personas físicas que en
un año de calendario, exclusivamente obtienen ingresos por enajenación de bienes
inmuebles.
Finalmente podemos señalar que el aspecto
principal de la presente iniciativa de reformar el artículo 154 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta es el que las ganancias derivadas de las operaciones de enajenación de
bienes inmuebles realizadas por personas físicas, se determinen con base a un mecanismo
acorde con la realidad de la operación respectiva, buscando correspondencia entre los
valores de enajenación y los valores de adquisición, ya que ambos quedarían ajustados
al valor del mercado, situación que se lograría en los términos de la iniciativa que
presentamos a continuación.
Por todo lo anterior y para evitar una
diferencia tan desmedida en la utilidad gravable que provocaría el aplicar como costo de
adquisición el valor fiscal frente al valor comercial en las operaciones de compraventa
de inmuebles para este año, se propone que se adicione el párrafo segundo del artículo
154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la siguiente forma:
"Artículo 154. Los
contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles, efectuarán pago
provisional por cada operación, aplicando la tarifa que se determine conforme al
siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de
años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20
años. El resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo
número de años en que dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto que
corresponda al pago provisional.
Los contribuyentes que enajenen inmuebles
adquiridos antes del 1o. de enero del año 2002, considerarán como costo de adquisición
el valor mayor entre el valor de adquisición y el valor que arroje un avalúo practicado
por perito valuador registrado como valor referido a la fecha de adquisición.
La tarifa aplicable para el cálculo de los
pagos provisionales que se deban efectuar en los términos de este artículo, se
determinará tomando como base la tarifa del artículo 113 de esta ley, sumando las
cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior
y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses
del año en que se efectúe la enajenación y que correspondan al mismo renglón
identificado por el por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior.
Tratándose de los meses del mismo año,
posteriores a aquél en que se efectúe la enajenación, la tarifa mensual que se
considerará para efectos de este párrafo, será igual a la del mes en que se efectúe la
enajenación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mensualmente realizará las
operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable en
dicho mes, la cual publicará en el Diario Oficial de la Federación.
En operaciones consignadas en escrituras
públicas, el pago provisional se hará mediante declaración, dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores,
jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan costo por medio por acción
que en los términos del artículo 25 de esta ley correspondió a las acciones de las
sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión o escisión.
Artículo transitorio. Para los efectos de
la fracción II del artículo 97 de la ley, cuando el enajenante haya adquirido y consten
en la escritura las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble,
así como en terrenos, antes del 31 de diciembre de 2001, se considerará como costo el
80% del valor de avalúo que al efecto se practique por persona autorizada, referido a la
fecha en que las mismas se hayan adquirido.
Cuando se hayan realizado inversiones en
construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble y las mismas no consten en la
escritura de adquisición, antes del 31 de diciembre de 2001, se considerará como costo
de las mismas, el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra.
Las autoridades fiscales podrán ordenar,
practicar o tomar en cuenta el avalúo de las inversiones por los conceptos mencionados,
referidos a la fecha en que las construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble se
hayan terminado. Cuando el valor de avalúo sea inferior en más de un 10% de la cantidad
que contenga el aviso de terminación de obra, se considerará el monto del avalúo como
costo de las inversiones."
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
27 de febrero de 2002.— Diputado Ricardo Torres Origel.»
El Presidente:
Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
LEY DE INGRESOS
(II)
El Presidente:
Ahora sí tiene la palabra la diputada
Guadalupe López Mares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de reforma al artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002.
La diputada María Guadalupe López
Mares:
Con su permiso, señor Presidente:
«La suscrita, diputada, de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Congreso la presente iniciativa de
decreto por el que se modifica el subinciso 3 del inciso a de la fracción I del
artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2002, y un artículo transitorio bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
A partir de la aprobación de la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, se ha creado un ambiente de
confusión e incertidumbre en el ámbito del sector marroquinero del Estado de Guanajuato,
de la misma forma que en el sector productivo de la cadena cuero-calzado, con motivo de la
aplicación del impuesto "suntuario" del 5% que se adiciona al impuesto al valor
agregado para el presente ejercicio presupuestal, tal y como advierte el artículo 8o. de
la citada ley.
La fracción I del artículo 8o. de la ley
citada arriba, se refiere al impuesto del 5% adicional al IVA que se aplicará cuando se
enajenen (inciso a), ciertos artículos de consumo citados en los subincisos 1, 2,
3 y 4. En el subinciso 3, se señala: "prendas de vestir de seda o piel, excepto
zapato".
Como es evidente, dicha redacción no
especifica de manera clara qué se entiende por "prenda de vestir" o
"zapato" ni mucho menos se establece un monto máximo para la no aplicación de
dicho gravamen, tal y como ocurre en otros bienes de consumo citados en el mismo inciso a
de la fracción I, del mismo artículo en cuestión.
A raíz de esta ambigüedad, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público ha emitido un reglamento que busca interpretar dicha ley
sin embargo, éste no ha sido del todo claro y ha generado aún más incertidumbre y
confusión entre los industriales del sector marroquinero y cuero-calzado del Estado de
Guanajuato, quienes de manera personal han hecho llegar al que suscribe sus inquietudes y
propuestas por este motivo.
Queda claro que con la redacción que tiene
el referido subinciso, no se cumple con la condición constitucional de que todo impuesto
debe ser equitativo, pues en este caso en particular, resulta que un par de zapatos finos
para caballero que puede costar más de 3 mil pesos, no pagará el impuesto de lujo,
mientras que un par de botas industriales o un par de guantes sí lo pagará. Tampoco es
equitativo tasar por igual un abrigo de zorro y una chamarra de cuero, pues ésta está al
alcance de un gran número de mexicanos, mientras que el primero sólo puede ser adquirido
por quienes tienen mayores recursos económicos.
No está claro si los comerciantes deben
aplicar el impuesto suntuario cuando enajenan un sombrero de piel, una billetera, un bolso
de dama, un cinturón o un botín ortopédico para niño.
Es importante destacar que la aplicación
de esta norma ya empieza a tener efectos negativos en la industria marroquinera y del
cuero, pues además de las graves consecuencias de la recesión de la economía nacional,
está un impuesto poco claro que inhibe el consumo de prendas de vestir de piel que se
producen en el país y que no brinda tampoco certeza jurídica ni al contribuyente ni al
fisco.
929, 931, 931
Finalmente, debemos advertir que esta
situación derivada de la inexactitud de la redacción del inciso citado, afectará en el
corto plazo a la planta laboral, que en el caso de la ciudad de León la industria
marroquinera genera 15 mil empleos directos; como representante de los ciudadanos del
Estado de Guanajuato, es mi deber exponer ante este honorable Congreso, dicha situación.
Ante esta situación, he recibido la
propuesta del sector marroquinero para que se modifique el citado inciso, en el sentido
que fijar un monto máximo de 5 mil pesos a partir del cual se graven las prendas de
vestir de seda o piel, sin la necesidad de exceptuar el zapato o calzado en general, pues
al introducir el monto referido en el cuerpo del articulado, queda a salvo el espíritu de
la ley al identificar de manera clara el universo de contribuyentes que tienen el poder
adquisitivo necesario para adquirir prendas costosas y a quienes se aplicaría el gravamen
suntuario.
En virtud de lo anterior, el que suscribe,
propongo se modifique el subinciso 3 del inciso a fracción I del artículo octavo
transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, en
la siguiente forma:
"Artículo octavo. . .
a) a la d). . .
I. . .
a). . .
1) y 2). . .
3) "Prendas y accesorios de vestir de
seda o piel cuyo precio sea superior a los 5 mil pesos."
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
27 de febrero de 2002.— Diputada María Guadalupe López Mares.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE
DEUDA PUBLICA
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Miroslava
García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Deuda Pública.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Gracias, señor Presidente:
Los gobiernos neoliberales han impulsado en
los últimos cuatro años una política económica que antepone el pago del servicio de la
deuda externa y el arropamiento de los intereses de un reducido número de grupos
financieros y empresariales, ocasionando con ello reiteradas crisis financieras: fuga de
capitales y caídas de la producción.
Se ha planteado también reducir el costo
del servicio de la deuda externa pública, estableciendo en el corto plazo nuevas
renegociaciones que protejan los intereses del país.
Pero en estos momentos no es lo único que
planteamos, necesitamos normar en la Ley de Deuda Pública para que el endeudamiento
externo nuevo o adicional que se contrate, siempre y cuando existan ventajas evidentes y
se establezcan mecanismos estrictos para su canalización y que participen en ello de
manera directa el Congreso de la Unión.
De esta manera los recursos de deuda
deberán ser dirigidos a las actividades que directa o indirectamente generen en el futuro
el flujo de divisas suficiente para su amortización. Asimismo, el plazo al que será
contratada deberá relacionarse directamente a su propia generación de recursos con los
que será liquidado.
Proponemos también reformar la Ley de
Deuda Pública para poner un tope al déficit presupuestal del sector público,
dependiendo de la disponibilidad de fuentes no inflacionarias para financiarlos.
La crisis de deuda externa de 1982 en
México, trajo como consecuencia una fuerte inestabilidad financiera, reflejada en altas
tasas de inflación y un tipo de cambios con ajustes abruptos frecuentes.
En adición, contratación de crédito
externo estaba cerrada para el país. Esto evidenció la necesidad de desarrollar y
profundizar mercado interno de valores gubernamentales que permitiera, por un lado, hacer
frente a los requerimientos financieros inmediatos del Gobierno de una manera
aparentemente más barata y, por otro, utilizar la política de deuda pública como un
instrumento de política macroeconómica.
En 1994 se observó un escenario donde el
promedio de vencimiento fue corto y la deuda próxima a madurar se concentró en unas
cuantas fechas, por lo que el Gobierno tuvo que tomar prestado grandes cantidades de
dinero durante la segunda mitad de 1994. Al ocurrir una crisis de confianza en estas
fechas, entonces sobrevino un cambio de régimen, aunque debe recordarse que la razón de
deuda, Producto Interno Bruto, era menor que el promedio en los países de la OCDE.
Así, cuando el Gobierno incrementó la
proporción de Tesobonos, disminuyéndo la de Cetes, implícitamente asumió mayor riesgo
cambiario aunque la situación de entonces lo pudiera justificar.
Por esto este mayor riesgo implica
necesariamente mayores riesgos para la sociedad, por ejemplo, mayores probabilidades de
elevar los impuestos para balancear el presupuesto, como de hecho sucedió en México a
inicios de 1995, cuando el IVA se incrementó del 10% al 15%. Entonces no es tan claro que
haya ganancias de una estrategia que busque en el corto plazo minimizar costos.
De acuerdo a este segundo modelo, el
Gobierno también dolarizó la deuda inmediatamente después del asesinato del licenciado
Luis Donaldo Colosio, debido a que la volatilidad del tipo de cambio real no era muy alta
como se muestra en la presente iniciativa de ley.
Esto es consistente con la teoría que
sugiere que la deuda dolarizada sería preferible sólo cuando el tipo de cambio real no
fluctúe sustancialmente y la correlación entre los choques al tipo de cambio real y al
gasto gubernamental sea negativa.
Si bien el resultado es interesante, no se
resuelve tampoco el acertijo de si el manejo de la deuda en 1994 fue finalmente una causa
importante en la explicación de la crisis del llamado "efecto tequila".
No obstante, esta segunda prueba nos indica
que el manejo de la deuda no necesariamente ha sido el correcto. La crisis financiera fue
detonada por factores de naturaleza macroeconómica, asociados a la crisis de 1994 y a la
política de estabilización que le siguió, ambas condujeron a alzas impresionantes en
las tasas de interés y a caídas drásticas del nivel de actividad, del ingreso personal
disponible y del empleo que deterioraron la calidad de los activos bancarios, depreciaron
el valor de las garantías vinculadas a los préstamos y expandieron las carteras
vencidas.
La crisis se gestó con el abuso de la
política cambiaria que sirvió de eje a la estrategia contra la inflación iniciada con
los famosos pactos económicos; tal abuso condujo a una expansión del déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos que arrojó una proporción del Producto Interno
Bruto similar al que precedió a la crisis de 1982. Su financiamiento reposó en los
flujos de capitales externos, que sirvieron para financiar la inversión y el consumo y
por esta vía para generar un auge crediticio que operó como el antecedente
macroeconómico de la crisis bancaria
Por otro lado, la devaluación afectó a
los bancos que incentivados por la aparente firmeza del tipo de cambio, suministraron
créditos en moneda extranjera. Asimismo, la resistencia de las autoridades a modificar a
tiempo la política cambiaria, desembocó en una devaluación obligada ya no por la
necesidad de mantener el poder de compra de la paridad, sino por la insolvencia en materia
de reservas internacionales. De esta forma, se hizo ineludible recurrir a una política
económica restrictiva cuyos efectos sobre las tasas de interés, el ingreso personal y el
nivel de actividad fueron devastadores para la salud de las instituciones financieras.
Me parece sumamente importante, en esta
exposición de motivos, hacer este recuento muy sintético de la historia financiera de
nuestro país en la época contemporánea, para entender cuál es el objetivo primordial
de la presentación de esta iniciativa por parte del PRD.
La revisión de las causas macro y
microeconómicas revelaron que tanto la crisis de la economía mexicana iniciada en 1994,
como la financiera que le siguió, fueron producto de errores en el manejo de la política
económica y financiera.
En la primera, la principal responsabilidad
reposó en la obstinación del Gobierno de proseguir combatiendo la inflación con un tipo
de cambio sobrevaluado, a pesar del peligro que representaban los desequilibrios externos
y la fragilidad de los flujos de capital, a ella se unió efectivamente en diciembre de
1994 el manejo de tipo de cambio, misma que posibilitó que en unos cuantos días las
reservas cayeran drásticamente.
Un segundo elemento que afectará la
estructura y evolución futura de la deuda pública, se asocia al Programa de Rescate
Bancario, implementado por el Gobierno a partir de 1995. Si bien es cierto que el problema
de la fragilidad financiera tiene sus causas en errores y deficiencias asociadas al propio
proceso de liberalización financiera y reprivatización de la banca, la crisis aceleró y
profundizó este deterioro.
El problema de cartera vencida e
instituciones con problemas de insolvencia y capitalización, se profundizó a partir de
1995. Ante esta situación y frente a la posibilidad de un colapso del sistema, el
Gobierno implementó un conjunto de programas tendientes a disminuir las presiones sobre
las instituciones y sobre los deudores, este programa se llevó a cabo a través del
famoso Fobaproa, el cual fue creado como un fideicomiso en 1990 y cuyo patrimonio se
deriva de aportaciones por parte de las mismas instituciones financieras.
A partir de la crisis de 1995, el Fobaproa
crea un Programa de Capitalización Temporal, con la finalidad de hacer frente a los
problemas de insolvencia, capitalización y quiebra de las instituciones financieras.
Adicionalmente se instrumentaron programas
de apoyos para el sector agropecuario y para las pequeñas y medianas empresas por otros
23 mil millones de pesos. En conjunto, estos programas, a valor presente representan 2.4%
del PIB de 1996.
Con relación a las instituciones, el
programa incluyó dos modalidades. La primera consistió en intervenir aquellos bancos en
los cuales se detectaron manejos fraudulentos, asignándoles un interventor para
reestructurar y sanear las operaciones y ponerlos a la venta posteriormente o en algunos
casos liquidarlos si se determina que el banco no tenía valor como un negocio en marcha.
En junio de 1999, 18 eran los bancos en
esta situación, de los cuales, el Fobaproa asumió su cartera, de éstos cuatro han sido
vendidos a terceras partes, cuatro se encuentran en proceso de limpia y 10 están en
liquidación. El costo de este programa se estima en aproximadamente 7% del PIB.
Todo esto viene finalmente a reflejar cuál
ha sido el papel que este Congreso ha jugado en el tema de deuda. El papel del Congreso
finalmente ya lo conocemos, en ese periodo de la historia, con la entonces alianza del PRI
y el PAN se transformó el Fobaproa en IPAB y la deuda generada por los pasivos se sigue
pagando a través del Presupuesto de Egresos año con año, como todos lo sabemos.
Otra hubiera sido la historia si el
Congreso hubiera tenido una mayor participación derivada de la Ley de Deuda Pública
anticipando la actuación de la Secretaría de Hacienda en la aprobación del rescate.
Es por ello que hoy resulta indispensable
en el marco de una reforma democrática del Estado disminuir ese poder concentrado en el
sistema presidencialista y darle a este Congreso de la Unión el peso que debe de tener
como un poder más de la Unión y en ese sentido me parece indispensable que todas las
iniciativas que se presenten en esta materia tiendan a fortalecer al Poder Legislativo y
es por eso que presentamos el día de hoy esta iniciativa para modificar diferentes
artículos de la Ley General de Deuda Pública, estos artículos son: 3o., 5o., 6o, 7o. y
8o.
No voy a leer el texto general de la
iniciativa pero sí me parece indispensable, señoras y señores legisladores, que tomemos
muy en cuenta hacia dónde queremos llevar y orientar esta Reforma del Estado que tanto ha
sido comentada pero que pocas veces se ha visto reflejada en iniciativas de ley.
Es por eso que me parece de suma
importancia, más hoy cuando por diferentes temas nacionales ha pasado un poco
desapercibido el anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda para contratar una nueva
línea de crédito por más de 17 mil millones de dólares, un tema que, según tengo
conocimiento por los senadores del PRD, no ha sido discutido aun en el Senado de la
República y me parece que el Congreso no solamente debe tener ese papel de ratificar o de
aprobar la contratación de líneas de crédito, sino de participar en todo el proceso en
el análisis de para qué y por qué se van a contratar nuevas deudas cuando sabemos muy
bien que el peso de la actual deuda externa que tenemos en el país es muy onerosa en el
Presupuesto de Egresos de nuestro país en detrimento del gasto social, de la inversión
pública productiva, por ejemplo.
En fin, en síntesis, la intención es
darle mayor fortaleza y mayor poder de decisión a este Congreso de la Unión en un tema
tan importante como el de la deuda pública, el de la deuda externa, que finalmente la
deuda que se contrate hoy, los mexicanos, las nuevas generaciones serán quienes paguen
año con año esta muchas veces lamentable situación.
932, 933, 934
Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa de reformas a la Ley General
de Deuda Pública.
Los gobiernos neoliberales han impulsado en
los últimos cuatro sexenios una política económica que antepone el pago del servicio de
la deuda externa y el arropamiento de los intereses de un reducido número de grupos
financieros y empresariales, ocasionando con ellos reiteradas crisis financieras, fuga de
capitales y caídas de la producción. Se ha planteado reiteradamente reducir el costo del
servicio de la deuda externa pública, estableciendo en el corto plazo nuevas
renegociaciones que protejan los intereses del país.
Pero en estos momentos no es lo único que
planteamos. Necesitamos normar en la Ley de Deuda Pública para que el endeudamiento
externo nuevo o adicional se contrate siempre y cuando existan ventajas evidentes y se
establezcan mecanismos estrictos para su canalización y que participe en ello el Congreso
de la Unión. De esta manera, los recursos de deuda deberán ser dirigidos a las
actividades que directa o indirectamente generen en el futuro el flujo de divisas
suficiente para su amortización; asimismo, el plazo al que será contratada deberá
relacionarse directamente a su propia generación de recursos con los que será liquidado.
Proponemos también reformar la Ley de
Deuda Pública, para poner un tope al déficit presupuestal del sector público
dependiendo de la disponibilidad de fuentes no inflacionarias para financiarlos.
La crisis de deuda externa de 1982 en
México trajo como consecuencia una fuerte inestabilidad financiera reflejada en altas
tasas de inflación y un tipo de cambio con ajustes abruptos frecuentes. En adición, la
contratación de crédito externo estaba cerrada para el país. Esto evidenció la
necesidad de desarrollar y profundizar un mercado interno de valores gubernamentales que
permitiera, por un lado, hacer frente a los requerimientos financieros inmediatos del
Gobierno de una manera aparentemente más barata y, por otro, utilizar la política de
deuda pública como un instrumento de política macroeconómica.
En 1994 se observó un escenario donde el
promedio de vencimiento fue corto y la deuda próxima a madurar se concentró en unas
cuantas fechas, por lo que el Gobierno tuvo que tomar prestado grandes cantidades de
dinero durante la segunda mitad de 1994. Al ocurrir una crisis de confianza en esas
fechas, entonces sobrevino un cambio de régimen, aunque debe recordarse que la razón de
deuda/PIB era menor que el promedio en los países de la OCDE.
Así, cuando el Gobierno incrementó la
proporción de Tesobonos (disminuyendo la de Cetes) implícitamente asumió mayor riesgo
cambiario, aunque la situación de entonces lo justificara. Por esto, este mayor riesgo
implica necesariamente mayores riesgos para la sociedad (por ejemplo, mayores
probabilidades de elevar los impuestos para balancear el presupuesto, como de hecho
sucedió en México a inicios de 1995, cuando el IVA se elevó de 10% a 15%). Entonces, no
es tan claro que haya ganancias de una estrategia que busque minimizar costos.
De acuerdo a este segundo modelo, el
Gobierno también dolarizó la deuda inmediatamente después del asesinato de Colosio
debido a que la volatilidad de tipo de cambio real (TCR) no era muy alta como se muestra
en este trabajo. Esto es consistente con la teoría que sugiere que la deuda dolarizada
sería preferible sólo cuando el tipo de cambio real no fluctúe sustancialmente y la
correlación entre los choques al tipo de cambio real y al gasto gubernamental sea
negativa. Si bien el resultado es interesante, no se resuelve tampoco el acertijo de si el
manejo de la deuda en 1994 fue finalmente una causa importante en la explicación de la
crisis del llamado "efecto tequila". No obstante, esta segunda prueba nos indica
que el manejo de la deuda no necesariamente fue incorrecto.
La crisis financiera fue detonada por
factores de naturaleza macroeconómica, asociados a la crisis de 1994 y a la política de
estabilización que le siguió. Ambas condujeron a alzas impresionantes en las tasas de
interés y a caídas drásticas del nivel de actividad, del ingreso personal disponible y
del empleo, que deterioraron la calidad de los activos bancarios, depreciaron el valor de
las garantías vinculadas a los préstamos y expandieron las carteras vencidas.
La crisis se gestó con el abuso de la
política cambiaria, que sirvió de eje a la estrategia contra la inflación iniciada con
los pactos. Tal abuso condujo a una expansión del déficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos, que arrojó una proporción del PIB similar a la que precedió a la
crisis de 1982. Su financiamiento reposó en los flujos de capitales externos, que
sirvieron para financiar la inversión y el consumo, y por esta vía, para generar un auge
crediticio que operó como el antecedente macroeconómico de la crisis bancaria.
Por otro lado, la devaluación afectó a
los bancos que, incentivados por la aparente firmeza del tipo de cambio, suministraron
créditos en moneda extranjera. Asimismo, la resistencia de las autoridades a modificar a
tiempo la política cambiaria desembocó en una devaluación obligada, ya no por la
necesidad de mantener el poder de compra de la paridad, sino por la insolvencia en materia
de reservas internacionales. De esta forma, se hizo ineludible recurrir a una política
económica restrictiva, cuyos efectos sobre las tasas de interés, el ingreso personal y
el nivel de actividad, fueron devastadores para la salud de las instituciones financieras.
La revisión de las causas macro y
microeconómicas revela que tanto la crisis de la economía mexicana iniciada en 1994,
como la financiera que le siguió, fueron producto de errores en el manejo de la política
económica y en la financiera. En la primera, la principal responsabilidad reposó en la
obstinación del Gobierno de proseguir combatiendo la inflación con un tipo de cambio
sobrevaluado, a pesar del peligro que representaban los desequilibrios externos y la
fragilidad de los flujos externos de capital. A ella se aunó la impericia mostrada en
diciembre de 1994 en el manejo del tipo de cambio, misma que posibilitó que en unos
cuantos días las reservas internacionales cayeran drásticamente.
Un segundo elemento que afectará la
estructura y evolución futura de la deuda pública se asocia al programa de rescate
bancario implementado por el Gobierno a partir de 1995. Si bien es cierto que el problema
de la fragilidad financiera tiene sus causas en errores y deficiencias asociadas al propio
proceso de liberalización financiera y reprivatización de la banca, la crisis aceleró y
profundizó su deterioro. El problema de cartera vencida e instituciones con problemas de
insolvencia y capitalización se profundizó a partir de 1995. Ante esta situación y
frente a la posibilidad de un colapso del sistema, el Gobierno implementó un conjunto de
programas tendientes a disminuir las presiones sobre las instituciones y sobre los
deudores. Este programa se llevó a cabo a través del Fondo de Protección al Ahorro
(Fobaproa), el cual fue creado como un fideicomiso en 1990 y cuyo patrimonio se derivaba
de aportaciones por parte de las mismas instituciones financieras. A partir de la crisis
de 1995, el Fobaproa crea un programa de capitalización temporal (Procapte) con la
finalidad de hacer frente a los problemas de insolvencia, capitalización y quiebra de las
instituciones financieras.
En cuanto a los deudores, el Gobierno
implementa diversos programas con la finalidad de reestructurar los créditos en términos
de unidades de inversión (Udis), modificar plazos y aplicar deducciones a aquellos
deudores al corriente. Estos programas se engloban en el Acuerdo de Apoyo Inmediato a los
Deudores (ADE) y un programa de beneficios adicionales, que en conjunto a valor presente
de 1997 representaron alrededor de 45 mil millones de pesos.
Adicionalmente se instrumentaron programas
de apoyo para el sector agropecuario y para las pequeñas y medianas empresas, por otros
23 mil millones de pesos. En conjunto, estos programas a valor presente representan
aproximadamente 2.4% del PIB de 1996.
Con relación a las instituciones, el
programa incluyó dos modalidades. La primera consistió en intervenir aquellos bancos en
los cuales se detectaron manejos fraudulentos, asignándoseles un interventor para
reestructurar y sanear sus operaciones y ponerlos a la venta posteriormente o en algunos
casos, liquidarlos si se determina que el banco no tiene valor como un negocio en marcha.
A junio de 1999, 18 eran los bancos en esta situación, de los cuales el Fobaproa asumió
su cartera. De éstos, cuatro han sido vendidos a terceras partes, cuatro se encuentran en
proceso de limpia y 10 están en liquidación. El costo de este programa se estima en
aproximadamente 7% del PIB.
La segunda modalidad consistió en apoyos
temporales para capitalización. En este caso, los bancos que entraron al programa se
financiaron vía la emisión de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria, las
cuales fueron compradas en su totalidad por el Fobaproa con recursos del Banco de México.
Estos bonos tienen una madurez de 10 años con cupón cero y capitalizan interés. Por su
parte los bancos intentan recuperar parte de la cartera vencida y canalizan este monto
hacia el Fobaproa. Al final se compensan ambos elementos. Debe destacarse que los bancos
compartirán 25% a 30% de las pérdidas remanentes. Para esto último, los bancos tienen
la obligación de crear provisiones de respaldo para dicho porcentaje.
Estas provisiones empezaron en septiembre
de 1998 y en ocasiones se han diferido. Los bancos tenían la posibilidad de liberarse del
programa en los siguientes cinco años. En caso contrario, los montos no liquidados
serían convertidos en acciones ordinarias que posteriormente el Fobaproa se encargaría
de vender. Como resultado de este programa, para junio de 1997 el Fobaproa contaba con
activos por un total de 363 mil millones de pesos, de los cuales el 58% provenían de
bancos intervenidos y el resto del programa de capitalización y compras de cartera a
bancos comerciales. La volatilidad y altas tasas de interés han incrementado el costo,
esto debido a que los bonos pagaban una tasa de Cetes a 91 días más un margen.
En abril de 1998, el Gobierno envía una
iniciativa al Congreso de la Unión, en la cual se propone hacer explícito el costo
derivado de este programa e integrarlo a la deuda pública. Para febrero de 1998, se
estima que los pasivos directos del Fobaproa y Famerval con garantía explícita o riesgo
del Gobierno Federal y los pasivos directos de las instituciones intervenidas sumaban
alrededor de los 552 mil millones de pesos, esto es, alrededor de 15% del PIB.
El papel del Congreso ya lo conocemos, con
la entonces alianza del PRI y el PAN se transformó el Fobaproa en IPAB y la deuda
generada por los pasivos se sigue pagando a través del Presupuesto de Egresos.
Otra hubiera sido la historia si el
Congreso hubiera tenido una mayor participación derivada de la Ley de Deuda Pública,
anticipando la actuación de la Secretaría de Hacienda en la aprobación del rescate. Es
por ello, que hoy resulta indispensable un mayor margen de acción por parte del
Legislativo.
El artículo 73 constitucional faculta al
Congreso para aprobar la deuda pública del Ejecutivo, siempre y cuando ésta se destine a
inversión productiva. Hasta aquí parece que todo está bien, sin embargo la Ley General
de Deuda Pública otorga facultades a la Secretaría de Hacienda para interpretar la ley y
emitir reglamentación relativa al tema.
Debido a ello, en ocasiones el Legislativo
no tiene idea clara sobre el endeudamiento cuando se autoriza en el Presupuesto de Egresos
ni tampoco para exigir claridad sobre la totalidad de los compromisos de pago adquiridos
por el Gobierno. Dado que Hacienda lleva a cabo la negociación de la deuda externa, tanto
directa como de cartera, el Congreso no puede poner un coto a la inversión nociva,
desplazante o monopolística.
Una muestra de ello es el crédito
contingente que, sin autorización de las cámaras está negociando el Gobierno con el
Fondo Monetario Internacional por 17 mil millones de dólares. En vez de atacar las causas
de otra eventual crisis financiera (el desequilibrio externo, la sobrevaluación del peso,
la alta exposición al capital volátil etcétera) el Gobierno pretende de nueva cuenta
protegerse sometiendo al país a la condicionalidad del Fondo.
Fundado en lo anterior, en ejercicio de la
facultad que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de
esta Asamblea la siguiente iniciativa.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se reforman los
artículos 3o., 5o., 6o., 7o. y 8o. de la Ley General de Deuda Pública para quedar de la
siguiente manera:
"Artículo 3o. . .
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la
aplicación de la presente ley, así como de interpretarla administrativamente y expedir
las disposiciones necesarias para su debido cumplimiento, previo acuerdo con el Congreso
de la Unión.
. . .
Artículo 5o. . .
. . .
. . .
II. Someter a la autorización del
Presidente de la República y del Congreso de la Unión, las emisiones de bonos del
Gobierno Federal que se coloquen dentro y fuera del país, las cuales podrán constar de
una o varias series que se pondrán en circulación en la oportunidad en que el Ejecutivo
Federal lo autorice a través de la Secretaría. Estas emisiones constituirán
obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos Mexicanos, de
acuerdo con los términos fijados en las actas de emisión o en los documentos
contractuales respectivos. Sus demás características serán señaladas por la misma
Secretaría al suscribir las actas de emisión o los documentos contractuales mencionados.
935, 936, 937
. . .
III. Tomar las medidas de carácter
administrativo relativas al pago del principal, liquidación de intereses, comisiones,
gastos financieros, requisitos y formalidades de las actas de emisión de los valores y
documentos contractuales respectivos que se deriven de los empréstitos concertados, así
como la reposición de los valores que documenten obligaciones en moneda nacional y
extranjera y para su cotización en las bolsas de valores extranjeras y nacionales,
informando previamente al Congreso de la Unión.
. . .
IV y V. . .
Artículo 6o. . .
Las entidades del sector público federal
requerirán la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
del Congreso de la Unión para efectuar negociaciones oficiales, gestiones informales o
exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales.
. . .
Artículo 7o. . .
El manejo que hagan las entidades de
recursos provenientes de financiamientos contratados en los términos de esta ley, será
supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión,
las que podrán coordinarse con la Secretaría de Estado o el departamento administrativo
al que corresponda el sector respectivo.
Artículo 8o. . .
Los financiamientos que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público contrate o autorice deberán estar comprendidos en el
programa financiero elaborado en los términos del Capítulo III de esta ley y en el
programa general de deuda y deberán informarse al Congreso de la Unión."
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
27 de febrero de 2002.— Diputada Miroslava García Suárez.»
El Presidente:
Muchísimas gracias, diputada Miroslava
García Suárez.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público de la Cámara de Diputados.
CAMARA
DE SENADORES
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la
Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Para conocimiento de esa honorable
colegisladora, me permito comunicarles que en esta fecha, la Cámara de Senadores llevó a
cabo la apertura y conclusión del periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al
primer receso del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura del Congreso de la
Unión.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 20 de febrero de
2002.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»
El Presidente:
De enterado.
ESTADO DE
GUERRERO
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número
C.P.2R.1A.-534 de fecha 8 de agosto de 2001, suscrito por el senador Enrique Jackson
Ramírez, les acompaño con el presente copia del similar número 11490 fechado el 13 del
actual, signado por el general de brigada DEM Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, subjefe
administrativo y de logística del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el que informa
la disponibilidad para materializar acciones de reforestación durante el presente año,
en la sierra de Petatlán y en el municipio de Coyuca de Catalán, en el Estado de
Guerrero.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 18 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de la Defensa Nacional.— Estado Mayor.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno. — México, D.F.
Por orden del general Secretario de la
Defensa Nacional y en relación a su oficio número DGG/210/1811/01 de 12 de
septiembre de 2001, me permito distraer su fina atención para saludarlo y al mismo tiempo
aprovecho la ocasión para informarle que esta Secretaría estableció coordinación con
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), habiéndole ratificado la disponibilidad para
materializar acciones de reforestación durante el presente año en la sierra de Petatlán
y en el municipio de Coyuca de Catalán en el Estado de Guerrero.
Al respecto y de conformidad a la
reforestación programada para el 2002 en dicha área, la Sedena fue considerada con lo
siguiente:
A. Reforestación de los predios Corrales,
La Botella y Arroyo Frío en el municipio de Petatlán, así como Zihuaquio, del municipio
de Coyuca de Catalán, con planta del vivero forestal militar "Petatlán".
B. Proporcionar a la Conafor 77 mil 770
plantas del vivero forestal militar "Petatlán", destinadas a actividades de
reforestación en dichos municipios.
Sin otro particular por el momento reitero
a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lomas de Sotelo, D.F., a 13 de febrero de
2002.— El subjefe administrativo y de logística del Estado Mayor de la Defensa
Nacional general de brigada DEM Humberto Alfonso Guillermo Aguilar.»
El Presidente:
Remítase a la Cámara de Senadores.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El ministro Leopoldo Michel Díaz, director
general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a
esta dirección, solicitando se le haga llegar al diputado Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Mesa Directiva de esa comisión, el original del similar DEP 00115.
Por lo anterior les acompaño el documento
de referencia, en relación con el oficio número V-288 de fecha 6 de diciembre de 2001,
suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente de la Cámara de
Senadores del honorable Congreso de la Unión.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 19 de febrero de
2002.— El director general de gobierno M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.— Dirección General de Enlace
Político.— México.
Licenciado Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Con relación al oficio número
DGG/210/2590/01, me permito solicitar su amable conducto para hacer llegar a la Comisión
Permanente algunos comentarios que tiene esta Secretaría con relación al punto de
acuerdo aprobado por el Senado de la República relativo a un asunto presentado por el
honorable Congreso del Estado de Veracruz.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle
las seguridades de mi más alta consideración.
Muy atentamente.
México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— Ministro Leopoldo Michel Díaz, director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.— Dirección General de Enlace
Político.— México.
Diputado Guillermo Anaya Llamas, presidente
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente.— Presentes.
Con relación al punto de acuerdo aprobado
por el Senado de la República el pasado 6 de diciembre de 2001 en el que exhorta a la
Secretaría de Relaciones Exteriores a que analice con el gobierno de Estados Unidos de
América el asunto presentado por el honorable Congreso del Estado de Veracruz respecto a
la posibilidad de que se reintegre el monto cobrado por la Embajada que ese país mantiene
en México por el servicio de trámites de visado en aquellos casos en que la visa sea
denegada, me permito informarle que ya se ha entrado en contacto con la Embajada de
Estados Unidos en México para analizar esa solicitud. En fecha próxima se podrá
responder sobre el curso de la gestión iniciada.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle
las seguridades de mi más alta consideración.
Muy atentamente.
México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— Ministro Leopoldo Michel Díaz, director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El ministro Leopoldo Michel Díaz, director
general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido a
esta dirección, solicitando se le haga llegar al diputado Guillermo Anaya Llamas,
presidente de la Mesa Directiva de esa comisión, el original del similar DEP0071.
Por lo anterior les acompaño el documento
de referencia, en relación con el oficio número I824 de fecha 15 de diciembre de 2001,
suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente de la Cámara de
Senadores del honorable Congreso de la Unión.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 19 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.— México.— Dirección
General de Enlace Político.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Con relación al oficio número
DGG/210/2870/01, me permito remitir a usted algunos comentarios que tiene esta Secretaría
con relación al punto de acuerdo aprobado por el pleno del Senado de la República el 15
de diciembre de 2001 referido en dicho documento.
Lo anterior a efecto de que a través de su
conducto, se haga del conocimiento de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle
las seguridades de mi más alta consideración.
Muy atentamente.
México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— Ministro Leopoldo Michel Díaz, director general.»
El Presidente:
Remítase a la Cámara de Senadores.
ROBERTO
CHAVEZ RESENDIZ
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.— México.— Dirección
General de Enlace Político.
Diputado Guillermo Anaya Llamas, presidente
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente; ciudadanos secretarios de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente.— Presentes.
Hago referencia al punto de acuerdo
DGG/210/287/01 del 15 de diciembre del 2001 aprobado por el pleno del Senado de la
República, con relación al seguimiento de las negociaciones que el Ejecutivo Federal
lleva a cabo para lograr un acuerdo migratorio con el Gobierno de Estados Unidos de
América, así como al caso del connacional Roberto Chávez Reséndiz, quien falleciera en
Arizona el 5 de marzo de 2001.
938, 939, 940
1. Respecto al seguimiento de las
negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos de América sobre el acuerdo migratorio me
permito señalar que:
Tal y como lo prometió el presidente
Vicente Fox, el tema migratorio fue incorporado el año pasado por primera vez en la
historia a la agenda bilateral, sobre la base de la responsabilidad compartida. Para ello,
se estableció el grupo de alto nivel sobre migración, dotado de un enfoque con visión
de largo plazo que busca aprovechar las sinergias que existen entre ambos países. El
grupo ha venido sosteniendo con regularidad reuniones de carácter técnico, en las que se
han abordado los cinco rubros que, de manera integral, componen las negociaciones en la
materia: seguridad en la frontera, promoción de desarrollo económico en las zonas
expulsoras de migrantes, aumento en el número de visas permanentes, un esquema de
trabajadores temporales y la regularización de los indocumentados en Estados Unidos.
En ese contexto, el tema migratorio fue uno
de los principales asuntos tratados por el Secretario de Relaciones Exteriores, en su
último viaje a Washington, DC, del 9 al 11 de enero de 2002 cuando se entrevistó con
Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos y otros altos funcionarios de la
administración del presidente Bush. Este encuentro tuvo, entre otros, la finalidad de
continuar las negociaciones migratorias entre México y Estados Unidos al más alto nivel.
Cabe mencionar que, en esta ocasión, tanto
el canciller Castañeda como el secretario Powell reiteraron el interés y la disposición
de México y Estados Unidos para mantener la agenda integral de migración, que comprende
los puntos anteriormente señalados.
En esta ocasión ambos secretarios
acordaron que, a lo largo del presente año, se impulsarán y realizarán todas las
reuniones técnicas que sean necesarias con la finalidad de reforzar los encuentros que
permitan contar con mecanismos institucionalizados y eficientes para promover el avance en
temas de la frontera y seguridad. De igual forma, acordaron sostener una reunión del
grupo de alto nivel para evaluar los alcances y resultados obtenidos por los grupos
técnicos.
El tema migratorio sigue siendo una
prioridad en la relación México-Estados Unidos, por lo que ambos representantes
concluyeron en continuar el diseño de esquemas que, enmarcados en una lógica de
cooperación y responsabilidad compartida, permitan obtener un acuerdo que contribuya a
regular los flujos migratorios de forma ordenada, segura y sin menoscabo de los derechos y
garantías individuales de los migrantes.
Los esfuerzos del Gobierno de México deben
continuar para lograr un acuerdo migratorio que beneficie a nuestros connacionales y que
al mismo tiempo ofrezca un escenario de cooperación, seguridad y garantías, que eliminen
la violencia, la clandestinidad y la marginación.
El Gobierno de México está consciente de
que los lamentables hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos han
alterado los tiempos que nuestro vecino otorga a los diferentes temas de su agenda, sin
embargo, para México es de suma importancia que aquellos destinados a la negociación
migratoria se aceleren para que nuestro país pueda ofrecer a los migrantes mexicanos y
sus familiares un paraguas de protección y atención tanto en México como en Estados
Unidos.
2. Respecto al caso del connacional Roberto
Chávez Reséndiz, originario de Mixquiahuala, Hidalgo, quien falleció el 5 de marzo de
2001 a consecuencia de un disparo con arma de fuego a manos del agente de la patrulla
fronteriza, Marco Antonio Rivera, en Pima, Arizona, al que hace alusión en el primer
párrafo resolutivo del punto de acuerdo, le informo que esta Secretaría, a través del
Consulado de México en Tucson, después de exigir el esclarecimiento de los hechos, ha
seguido puntualmente las investigaciones realizadas por las autoridades estadounidenses;
de la propia patrulla fronteriza, la oficina del Procurador Federal en Arizona, la oficina
del inspector general y el FBI.
Tan pronto como se tuvo conocimiento del
incidente, el Consulado de México en Tucson sostuvo una reunión con David Aguilar, jefe
del sector Tucson de la patrulla fronteriza, Jan Kearney, procurador Federal y William
King Junior, de la oficina del inspector general, con el propósito de transmitir nuestro
reclamo por lo ocurrido, así como la preocupación del Gobierno de México ante un hecho
tan lamentable.
Un día después, el personal de
protección del Consulado, en compañía del abogado consultor del gobierno mexicano
William Risner, entrevistó a Ignacio Chávez Reséndiz y a José Adrián Bautista Pérez,
acompañantes de Roberto Chávez y testigos de los acontecimientos. Adicionalmente, se
procedió a comunicar lo sucedido a los familiares del fallecido y ofrecerles todo el
apoyo requerido para el traslado del cuerpo.
El 8 de marzo de 2001, Ignacio Chávez
Reséndiz y José Adrián Bautista Pérez regresaron por vía aérea a la Ciudad de
México, acompañados del abogado Risner, quien se entrevistó con los padres de Roberto.
Su cuerpo fue repatriado al territorio nacional el día 9 de marzo. Todas las gestiones y
pagos relativos al tránsito del cadáver fueron realizados por nuestro Consulado en
Tucson.
En el ámbito civil, me permito informar
que el abogado consultor del Consulado de México en Tucson, señor William Risner,
presentó el 11 de marzo de 2001 un reclamo administrativo para que el gobierno de Estados
Unidos indemnice a la familia de nuestro connacional con una cantidad de 25 millones de
dólares. En virtud de que el gobierno estadounidense no respondió a ese planteamiento,
dicho profesionista interpuso una demanda civil el 25 de septiembre de 2001, cuyo proceso
está en curso.
En el ámbito penal, el 18 de abril de 2001
el Consulado de México en Tucson solicitó a la oficina de la Procuraduría Federal, a la
procuraduría del condado de Pima, a la patrulla fronteriza y al inspector general del
departamento de Justicia, información sobre los resultados de sus respectivas
investigaciones.
Lamentablemente el 23 de abril de 2001 se
recibió una respuesta, por escrito de la procuraduría del condado de Pima, informando
que los resultados de las investigaciones del sheriff local indican que la muerte de
Roberto Chávez Reséndiz ocurrió de manera accidental y por ello, tales autoridades no
iniciarán ningún proceso penal.
No obstante lo anterior, el secretario
Castañeda solicitó personalmente al director del FBI, Louis Freeh, que la agencia a su
cargo atrajera las investigaciones y resolviera sobre la responsabilidad culposa del
oficial de la patrulla fronteriza. El FBI aceptó la petición mexicana, misma que está
actualmente en proceso.
Hemos tenido notificación de nuestro
Consulado de que, aun cuando la oficina del inspector general en Tucson ha considerado que
el caso debe cerrarse por vía penal, el departamento de Derechos Civiles del FBI también
ha determinado continuar las investigaciones a fin de establecer si hubo violaciones a los
derechos civiles de Roberto Chávez.
Desafortunadamente, a la fecha no ha habido
resultados concretos de la investigación criminal, la cual fue turnada a la oficina de
Derechos Civiles del departamento de Justicia en Washington, en donde la Embajada de
México también observa de cerca la evolución de esta asunto.
Por lo expuesto anteriormente y en
referencia al punto de acuerdo que nos ha sido remitido, me permito comentarle que la
Cancillería comparte la indignación expresada por ese cuerpo legislativo y ofrece no
cejar en el esfuerzo por lograr que se haga justicia tanto en este caso como en todos
aquellos que involucran a los mexicanos en el extranjero y se compromete a mantener
informada a esa legislatura y a los familiares del señor Chávez sobre cualquier novedad.
En espera de que estos elementos respondan
a la inquietud de ese cuerpo legislativo, reitero la disposición de esta Secretaría de
ofrecer cualquier información adicional que pudiera requerirse.
Atentamente.
México, D.F., a 1o. de febrero de
2002.— Ministro Leopoldo Michel Díaz, director general.»
El Presidente:
Remítase a la Cámara de Senadores.
ESTADO DE MEXICO
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número. I699 de
fecha 15 de noviembre de 2001, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos Ramos,
presidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente
les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SGG/046/02
signado por Manuel Cadena Morales, secretario general de Gobierno del Estado de México,
por el que da contestación al punto de acuerdo presentado por el senador Antonio García
Torres, en relación con la propuesta para establecer partidas especiales a favor de los
indígenas.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente
México, D.F., a 19 de febrero de
2002.— El director general gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo.— Gobierno del Estado de
México.— Secretario General de Gobierno.
Ciudadano M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Señor director: a nombre de Arturo Montiel
Rojas, gobernador constitucional del Estado de México y del mío propio, agradezco el
envío de su oficio número DGG/201/2342/01 por medio del cual comunica el punto de
acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la
Unión del 15 de noviembre del año próximo pasado, por el que se solicitan recursos a
favor de los indígenas y se establezcan disposiciones conducentes para la participación
de los indígenas en el ejercicio de dichos recursos.
Al respecto, respetuosamente me permito
comunicarle que en el Estado de México, mediante el decreto publicado en el periódico
oficial Gaceta de Gobierno de fecha 10 de octubre de 1994, fue creado el consejo
estatal para el desarrollo integral de los pueblos indígenas del Estado de México, como
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios
cuyo objetivo es el definir, ejecutar y evaluar las políticas de atención a los pueblos
indígenas, así como constituir un sistema de planeación y ejecución con las diversas
dependencias, ámbitos de gobierno y este sector de la población, el cual desde su
constitución ha venido aportando recursos para el desarrollo de 577 proyectos de
beneficio social en materia productiva, social, cultural e infraestructura básica.
Asimismo, dentro de este organismo, están
representados en la figura de siete vocales los cinco pueblos originarios de la entidad
que son: Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlazinca, uno por cada pueblo y dos más
invitados en representación de los pueblos con mayor presencia indígena, quienes
participan de manera directa en la definición, ejecución y evaluación de los diferentes
programas, proyectos y acciones a emprender en beneficio de sus comunidades.
Sin otro particular, reitero a usted las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Toluca de Lerdo, México, a 12 de febrero
de 2002.— El secretario general de gobierno, Manuel Cadena Morales.»
El Presidente:
Remítase a la Cámara de Senadores.
ESTADO DE GUERRERO
(II)
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número DGPL
58-II-2-553 de fecha 11 de diciembre de 2001, suscrito por los secretarios de la Cámara
de Diputados, les acompaño con el presente copia del similar número SSAA/0099/2002,
fechado el 1o. del actual, signado por el licenciado Esaú Tapia Abarca, subsecretario de
gobierno para asuntos agrarios del Estado de Guerrero, por medio del cual comunica el
compromiso del gobierno del Estado de coadyuvar con las instancias del Ejecutivo Federal,
para que en el marco de la coordinación interinstitucional se logren estrategias que
pretendan dar solución a la problemática agraria que enfrenta el agro guerrerense, mismo
que se prevé en el punto de acuerdo presentado por el diputado Félix Castellanos
Hernández.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 19 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
941, 942, 943
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.— Poder
Ejecutivo.— Secretaría General de Gobierno.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
En atención al oficio citado en
antecedentes, por este conducto me permito dirigirme a esa dirección a su digno cargo,
para expresarle lo siguiente:
El gobierno del Estado de Guerrero ratifica
su compromiso de coadyuvar con las instancias del Ejecutivo Federal, para que en el marco
de la coordinación interinstitucional logremos estrategias que pretendan dar solución a
la problemática agraria que enfrenta el agro guerrerense; muestra de ello es el oficio
número SGG/1331/2001 de fecha 15 de octubre de 2001 (del cual anexo copia) dirigido a la
titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y en el que se destaca la propuesta del
Programa de Adquisición y Adjudicación de Tierras, el cual consideramos conveniente se
analice en mesas de trabajo para su consenso.
Por otra parte, consideramos que los puntos
de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados del honorable Congreso, se eleven a la
consideración de la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, para que de creerlo
conveniente, instruya a quien corresponda para los efectos de que, en coordinación con el
gobierno del Estado y municipal, se constituyan mesas de concertación agraria y un
fideicomiso público para la atención de los conflictos agrarios del Estado.
Sin otro particular, reciba un cordial
saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, a 1o. de febrero de
2002.— El subsecretario, Esaú Tapia Abarca.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.— Poder
Ejecutivo.— Secretaría General de Gobierno.
Licenciada María Teresa Herrera Tello,
titular de la Secretaría de la Reforma Agraria.— Presente.
Estimada señora Secretaria: por medio del
presente y derivado de la reciente gira que realizó a nuestra entidad en compañía del
licenciado René Juárez Cisneros, gobernador del Estado, me permito adjuntar cuadernillo
en el cual ponemos a su consideración algunos planteamientos álgidos en materia agraria
y sus posibles soluciones, así como anexo del proyecto de Programa de Adquisición y
Adjudicación de Tierras.
Lo anterior, a efecto de que una vez
analizado dicho documento, logremos coordinadamente estrategias que permitan coadyuvar al
desarrollo del agro guerrerense y sobre todo, prevalezca la tranquilidad en nuestro campo.
Sin otro particular, reitero a usted mi
más alta estima.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Guerrero, a 15 de octubre de
2001.— El secretario general de gobierno, Marcelino Miranda Añorve.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Reforma
Agraria de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
RIO PAPALOAPAN
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número DGPL
58-II-2-552 de fecha 6 de diciembre de 2001, suscrito por los secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los
fines que estimen procedentes, copia del similar número........... BOO.00.R10.07.3-082 de
fecha 25 de enero del año en curso, signado por el ingeniero Guillermo A. Hernández
Viveros, gerente regional Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, por el que
comunica lo procedente al punto de acuerdo relacionado con la calidad del agua en la
cuenca del río Papaloapan y aplicación de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento
dentro de la jurisdicción territorial de la misma, promovido por el diputado José Soto
Martínez.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 21 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo.— Comisión Nacional del
Agua.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado,
director general de gobierno.— Subsecretaría de gobierno.— México, D.F.
En atención a su oficio número
DGG/210/2586/01, turnado a esta gerencia regional por la secretaría particular de la
dirección general de la Comisión Nacional del Agua para su atención correspondiente, en
el que señala que el día 6 de diciembre de 2001, los secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión comunicaron al titular de esa dependencia el
punto de acuerdo aprobado en sesión de esa fecha, que a la letra dice:
"Se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato conforme a la
normatividad vigente, para:
1. Sancionar a fondo a las empresas
infractoras y dar inicio a la restauración ambiental de dicha cuenca.
2. Fortalecer las acciones de inspección y
vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable; ya que, hasta
ahora, aun con sanciones se sigue degradando la calidad del agua del río Papaloapan y sus
afluentes.
3. Elaborar un diagnóstico detallado que
permita analizar de manera integral, el estado actual de dichas aguas, a efecto de que la
propia CNA determine las medidas de restauración necesarias para revertir los graves
daños causados al ambiente, incluyendo a los habitantes de esa región.
4. Publicar las acciones a seguir e
informar sobre ello a esta comisión que, a su vez, mantendrá enterado al diputado José
Soto Martínez."
Al respecto, me permito comunicar a usted
lo procedente a cada instrucción del citado punto de acuerdo, dentro del ámbito de
competencia de esta Comisión Nacional del Agua, haciendo referencia en cada caso al
número utilizado en el mismo.
1 y 2. Con relación a las acciones de
inspección, vigilancia y aplicación de sanciones a empresas infractoras en la cuenca del
Papaloapan y en estricto apego a lo establecido en la NOM-001-ECOL-1996 y Ley Federal de
Derechos en materia de agua, en el transcurso del año 2000 personal de esta gerencia
regional realizó 23 visitas de inspección en la cuenca del río Papaloapan, con objeto
de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de contaminantes
establecidos en la citada norma oficial y ley, en las descargas de aguas residuales de
poblaciones mayores de 50 mil habitantes y descargas no municipales con una carga
contaminante de demanda bioquímica de oxígeno y/o sólidos suspendidos totales mayor de
tres toneladas/día, ya que tales descargas deberían cumplir con los citados límites a
partir del 1o. de enero del año 2000.
Dentro de las 23 visitas realizadas, se
inspeccionaron 16 ingenios, cuatro organismos operadores de sistemas de alcantarillado
municipal, dos empresas y el Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
del Alto Río Blanco (Firiob) que recibe los efluentes de seis localidades y 13 empresas;
del total de las instalaciones inspeccionadas sólo un ingenio cumplió con la calidad
establecida para sus descargas de aguas residuales, por lo que a las 22 instalaciones
restantes se les inició el procedimiento de aplicación de sanciones, emitiendo hasta el
momento siete resoluciones de aplicación de sanciones a los siguientes usuarios: fábrica
Mexicana de Papel, S.A. de C.V.; Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S.A. de C.V.;
ingenio San Francisco Naranjal, S.A. de C.V.; ingenio San Gabriel, Veracruz, S.A. de C.V.;
ingenio Central Motzorongo, S.A. de C.V. y Compañía Industrial Azucarera, S.A. de C.V.
Es importante mencionar que dentro de las
resoluciones emitidas, además de aplicar una sanción económica, se establece un plazo
para corregir la falta determinada durante la visita de inspección y en caso contrario
esta comisión podrá ordenar la suspensión de las actividades que dan origen a la
descarga, tal es el caso del usuario fábrica Mexicana de Papel S.A. de C.V., al cual se
le notificó la orden de suspensión el pasado 3 de diciembre de 2001, por lo que el
próximo 29 de enero del año en curso, esta gerencia realizará la verificación
correspondiente para constatar el cumplimiento de la orden dictada, en cuyo caso, si la
empresa no acató dicha orden, se procederá a su clausura.
3. En la cuenca del río Papaloapan se
tienen establecidas 12 estaciones de monitoreo, de las cuales cuatro se localizan sobre el
río Blanco. De los resultados de análisis derivados del muestreo permanente que se
realiza en dichas estaciones podemos clasificar la cuenca de manera general como
"contaminada" de acuerdo a los índices de calidad del agua (ver croquis anexo);
sin embargo, en cada zona existe una problemática específica y se tienen plenamente
identificadas las fuentes contaminantes. Las zonas identificadas como críticas por la
contaminación que presentan, son la parte media alta del río Blanco y la parte alta del
río Papaloapan.
En la subcuenca del río Blanco se generan
142 millones de m3 anuales de aguas residuales, con una carga orgánica de DBO de 126 mil
toneladas; donde los usuarios que forman parte del Firiob contribuyen con el 42% de la
carga orgánica total de DBO que se descarga en parte media baja de la subcuenca y la
industria azucarera integrada por cinco ingenios con el 49% (se anexa croquis de
localización de fuentes contaminantes), por lo que el cumplimiento de la
NOM-001-ECOL-1996 por parte de ambas agrupaciones, resolverá casi en su totalidad la
problemática de contaminación prevaleciente en la zona, donde como una medida de
restauración complementaria a la restauración natural del sistema, la CFE deberá
analizar la viabilidad de limpiar la presa Tuxpango, la cual se encuentra totalmente
azolvada y contribuye en la degradación de la calidad del agua del cauce del río Blanco
que escurre por ésta.
Cabe señalar que independientemente de la
aplicación de sanciones derivadas de las visitas de inspección de referencia, tanto la
industria azucarera como el Firiob continúan trabajando en sus programas de acciones para
el control de la calidad de las descargas de aguas residuales y actualmente algunas
descargas de ingenios se destinan para riego agrícola, acción con la cual se han dejado
de verter 13 mil toneladas por año de DBO al río Blanco.
En la cuenca del río Papaloapan (sin
incluir la subcuenca del río Blanco) se localizan 11 ingenios (se anexa croquis de
localización), de los cuales seis se ubican en la parte alta y en su mayoría destinan
sus aguas residuales para riego agrícola. El impacto en la calidad del agua en esta zona
se debe a las descargas de aguas residuales provenientes de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca,
que cuenta con una población aproximada de 127 mil habitantes y que hasta el momento no
ha realizado ninguna acción para el control de la calidad de sus descargas y la fábrica
Mexicana de Papel, S.A. de C.V. (se anexa croquis de localización); siendo el organismo
operador de Tuxtepec, Oaxaca, uno de los inspeccionados a los cuales se les ha iniciado
procedimiento de aplicación de sanciones por incumplimiento de la NOM-001-ECOL-1996 y la
fábrica Mexicana de Papel, la empresa que recientemente se le notificó la orden de
suspensión de actividades."
Considerando que el mayor impacto en la
calidad del agua se genera en la parte alta de la cuenca y que en la parte media y baja
aunque es menor, éste es ocasionado principalmente por la industria azucarera; el
cumplimiento de la normatividad en materia de descargas de aguas residuales por estos
usuarios, permitirá la inmediata recuperación de la corriente, dada su gran capacidad de
dilución y asimilación. Como acción complementaria de restauración, se realizaría una
revisión del estado de las lagunas afectadas por las descargas de aguas residuales, para
analizar la viabilidad de su limpieza una vez controladas las fuentes contaminantes.
Sin otro particular, le envío un cordial
saludo y reitero nuestra firme decisión en el seguimiento y conclusión de los
procedimientos legales iniciados, conforme a las atribuciones otorgadas a esta dependencia
por el Ejecutivo Federal, que conlleven a la mejor solución del problema de
contaminación prevaleciente en la cuenca y permitan iniciar la etapa subsecuente de
restauración.
Atentamente.
Xalapa, Veracruz, a 25 de enero de
2002.— El gerente regional, Guillermo A. Hernández Viveros.»
944, 945, 946
VER IMÁGENES
947, 948, 949
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
REPUBLICA DE CHILE
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Subsecretaría de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el capitán de fragata
CG Raúl Martínez Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla Minerva,
que le confiere la Armada de Chile.
Por lo anterior me permito anexar, para que
se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable
Congreso de la Unión, solicitando el permiso, respectivo; copia certificada del acta de
nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en la que
le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., 21 de febrero de 2002.—
El director general de gobierno M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA ITALIANA
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se
dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso c fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Lina María
del Rosario Ramella Osuna, pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de Italia en la
ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Por lo anterior me permito anexar,
originales de la carta con la que la interesada solicita dicho permiso y de la carta de
vecindad; copia certificada del acta de nacimiento y del certificado de nacionalidad; así
como copias simples de su curriculum vitae y de la nota de nombramiento formulada
por la Embajada de Italia.
Agradezco a ustedes su atención a la
presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 22 de febrero de
2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
El Presidente:
Túrnese a la Primera Comisión.
CONDECORACIONES
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Dictámenes de primera lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera
Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión
de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación,
por el que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Carlos
María Abascal Carranza, Miguel Stuart Escobedo y Fulda y capitán de corbeta cuerpo
general Mario Alberto Góngora Villarreal, puedan aceptar y usar condecoraciones que les
confieren su alteza real don Carlos de Borbón, el gobierno del Reino de Bélgica y la
Armada de Chile, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional y el artículo 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso al ciudadano Carlos María Abascal Carranza, para aceptar y usar la condecoración
de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, en grado de Gran Cruz al Mérito,
que le confiere su alteza real don Carlos de Borbón.
Artículo segundo. Se concede
permiso al ciudadano Miguel Stuart Escobedo y Fulda, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de la Corona, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de
Bélgica.
Artículo tercero. Se concede
permiso al ciudadano capitán de corbeta cuerpo general Mario Alberto Góngora Villarreal,
para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Minerva, que le confiere la Armada de
Chile.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— Legisladores: Alejandro Zapata Perogordo, presidente; Jorge Carlos
Ramírez Marín, Jorge Zermeño Infante, secretarios; Sadot Sánchez Carreño,
David Jiménez González, José Ernesto Gil Elorduy, Fauzi Hamdan Amad, Jesús Galván
Muñoz, Rafael Melgoza Radillo, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Efrén Leyva Acevedo, José
Alfredo Botello Montes, Herbert Taylor Arthur, Magdalena Núñez Monreal y Arturo
Escobar y Vega.»
El
Presidente:
Es de primera lectura.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera
Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión
de Trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación,
por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Michel
Yvan Stinglhamber de Brouwer y Artemio Santos Santos, puedan aceptar y usar las
condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica y de la República
Federativa de Brasil, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional y el artículo 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Mexicanos, se permite someter a la
consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso al ciudadano Michel Yvan Stinglhamber de Brouwer, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno
del Reino de Bélgica.
Artículo segundo. Se concede
permiso al ciudadano Artemio Santos Santos, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden de Río Branco, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República
Federativa de Brasil.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— Legisladores: Alejandro Zapata Perogordo, presidente; Jorge Carlos
Ramírez Marín, Jorge Zermeño Infante, secretarios; Sadot Sánchez Carreño,
David Jiménez González, José Ernesto Gil Elorduy, Fauzi Hamdan Amad, Jesús Galván
Muñoz, Rafael Melgoza Radillo, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Efrén Leyva Acevedo, José
Alfredo Botello Montes, Herbert Taylor Arthur, Magdalena Núñez Monreal y Arturo Escobar
y Vega.»
El Presidente:
Es de primera lectura.
PRESTAR
SERVICIOS
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Primera
Comisión de Trabajo.
950, 951, 952
Honorable Asamblea: en oficios fechados el
23 de enero y 8 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el
permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ariadna Barrera Aranda, Verónica
Guadalupe Rodríguez Reséndiz, María Alicia Chilpa Sánchez y Enrique Migueles Cruz,
puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las embajadas del Reino de Suecia
y de la República Popular de China en México.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 13 de febrero, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios
interesados prestarán en las embajadas del Reino de Suecia y de la República Popular de
China en México, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional y el
artículo 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso a la ciudadana Ariadna Barrera Aranda, para prestar servicios como secretaria
recepcionista, en la Embajada del Reino de Suecia en México.
Artículo segundo. Se concede
permiso a la ciudadana Verónica Guadalupe Rodríguez Reséndiz, para prestar servicios
como secretaria en la Embajada de la República Popular de China en México.
Artículo tercero. Se concede
permiso a la ciudadana María Alicia Chilpa Sánchez, para prestar servicios como personal
de mantenimiento, en la Embajada de la República Popular de China en México.
Artículo cuarto. Se concede
permiso al ciudadano Enrique Migueles Cruz, para prestar servicios como chofer ejecutivo,
en la Embajada de la República Popular de China en México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 14 de febrero de
2002.— Legisladores: Alejandro Zapata Perogordo, presidente; Jorge Carlos
Ramírez Marín, Jorge Zermeño Infante, secretarios; Sadot Sánchez Carreño,
David Jiménez González, José Ernesto Gil Elorduy, Fauzi Hamdan Amad, Jesús Galván
Muñoz, Rafael Melgoza Radillo, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Efrén Leyva Acevedo, José
Alfredo Botello Montes, Herbert Taylor Arthur, Magdalena Núñez Monreal y Arturo
Escobar y Vega.»
El Presidente:
Es de primera lectura.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: en oficios de fecha 11
y 14 de febrero de 2002, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos Soraya Reéne Garduño Estrada, Paola
Dominic Arozamena Aguilar, José Joel López Moreno, Manuel Mora González, María Esther
Rojas Castañeda, Carlos Olvera Moreno, Brenda Cruz Hernández, Andrés de González
Argüelles Guasque, Héctor Aguirre Osuna y actuario Ennio López Mora, puedan prestar
servicios de carácter administrativo, en la Embajada, consulados generales y agencias
consulares de Estados Unidos de América en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo
Laredo, Tamaulipas; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Puerto Vallarta, Jalisco y en la
Embajada de la República Oriental de Uruguay en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 20 de febrero, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su
nacionalidad mexicana, con la copia certificada de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios
interesados prestarán en la Embajada, consulados generales y agencias consulares de
Estados Unidos de América en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo,
Tamaulipas; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Puerto Vallarla, Jalisco y en la Embajada
de la República Oriental de Uruguay en México, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional y el
artículo 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso a la ciudadana Soraya Reéne Garduño Estrada, para prestar servicios como
operadora telefónica en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede
permiso a la ciudadana Paola Dominic Arozamena Aguilar, para prestar servicios como
asistente de visas, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede
permiso al ciudadano José Joel López Moreno, para prestar servicios como ayudante
general en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso
al ciudadano Manuel Mora González, para prestar servicios como almacenista en la Embajada
de Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso
a la ciudadana María Esther Rojas Castañeda, para prestar servicios como asistente de
visas en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo sexto. Se concede permiso
al ciudadano Carlos Olvera Moreno, para prestar servicios como mecánico de mantenimiento
en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo séptimo. Se concede
permiso a la ciudadana Brenda Cruz Hernández, para prestar servicios como empleada de la
sección de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
Artículo octavo. Se concede permiso
al ciudadano Andrés de González Argüelles Guasque, para prestar servicios como empleado
de oficina en la Agencia Consular de Estados Unidos de América en San Luis Potosí, San
Luis Potosí.
Artículo noveno. Se concede permiso
al ciudadano Héctor Aguirre Osuna, para prestar servicios como asistente consular en la
Agencia Consular de Estados Unidos de América en Puerto Vallarta, Jalisco.
Artículo décimo. Se concede
permiso al ciudadano actuario Ennio López Mora, para prestar servicios como auxiliar
administrativo en la Embajada de la República Oriental de Uruguay en México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 21 de febrero de
2002.— Legisladores: Alejandro Zapata Perogordo, presidente; Jorge Carlos
Ramírez Marín y Jorge Zermeño Infante, secretarios; Sadot Sánchez
Carreño, David Jiménez González, Ernesto Gil Elorduy, Juan Manuel Sepúlveda Fayad,
Efrén Leyva Acevedo, Fauzi Hamdan Amad, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello
Montes, Herbert Taylor Arthur, Rafael Melgoza Radillo, Magadalena Núñez Monreal y Arturo
Escobar y Vega.»
El Presidente:
Es de primera lectura.
Consulte la secretaría a la Asamblea si se
le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la
segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Se les dispensa la segunda lectura.
En consecuencia se pide a la Secretaría
poner a discusión los proyectos de decreto.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos Abascal Carranza, Miguel Stuart
Escobedo y Fulda y Mario Alberto Góngora Villarreal para aceptar y usar las
condecoraciones que les confieren su alteza real don Carlos de Borbón, el gobierno del
Reino de Bélgica y la Armada de Chile, respectivamente.
El Presidente:
Está a discusión el dictamen en lo
general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo
en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Michel Yvan Stinglhamber de Brouwer y Artemio
Santos Santos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del
Reino de Bélgica y de la República Federativa de Brasil, respectivamente.
El Presidente:
Está a discusión el dictamen en lo
general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo
en lo particular...
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Ariadna Barrera Aranda, Verónica Guadalupe
Rodríguez Reséndiz, María Alicia Chilpa Sánchez y Enrique Migueles Cruz para prestar
servicios en las embajadas del Reino de Suecia y de la República Popular China, en
México.
El Presidente:
Está a discusión el dictamen en lo
general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se
pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo
particular...
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Soraya Reéne Garduño Estrada, Paola Dominic
Arozamena Aguilar, José Joel López Moreno, Manuel Mora González, María Esther Rojas
Castañeda, Carlos Olvera Moreno, Brenda Cruz Hernández, Andrés de González Argüelles
Guasque, Héctor Aguirre Osuna y Ennio López Mora, para prestar servicios en la Embajada,
consulados generales y agencias consulares de Estados Unidos de América en México;
Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Tamaulipas; San Luis Potosí, San Luis Potosí;
Puerto Vallarta, Jalisco y en la Embajada de la República Oriental de Uruguay en México,
respectivamente.
953, 954, 955
El Presidente:
Está a discusión el dictamen en lo
general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo
en lo particular...
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación
nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Por instrucciones de la Presidencia, se
va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este
proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Señor Presidente, se emitieron 32 votos en
pro y ninguno en contra
El Presidente:
Aprobado, en lo general y en lo particular
los proyectos de decreto.
Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
GRADOS
MILITARES
El Presidente:
Los siguientes puntos del orden del día
son dictámenes a discusión. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que sólo se dé
lectura a los puntos de acuerdo.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se consulta a la Asamblea si autoriza que solamente se dé lectura a
los puntos de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Se autoriza.
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con número 275, año
segundo, sección quinta, índice "M", fojas 50-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea
abastecedor de material aéreo Diplomado de Estado Mayor aéreo, Marcial Muñoz Mendoza,
como coronel de Fuerza Aérea abastecedor de material aéreo Diplomado de Estado Mayor
aéreo que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1975 a
la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento dependiente del Colegio del Aire,
graduándose como teniente de Fuerza Aérea abastecedor de material aéreo el 1o. de
septiembre de 1979.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 26 años, dos meses y 19 días de tiempo de servicios y seis años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo en los
concursos de selección correspondientes.
d) Realizó estudios de formación en la
Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento; en la Escuela Superior de Guerra
efectuó el curso de mando y estado mayor aéreo y en el Fuerte Bennig, EUA, el curso de
operaciones sicológicas.
e) Ha ejercido su especialidad con
eficiencia en instalaciones de depósito y mantenimiento de la Fuerza Aérea, en la planta
de la Escuela Superior de Guerra como docente y desempeñando funciones de estado mayor
aéreo en la Secretaría de la Defensa Nacional.
f) Se le han conferido las condecoraciones
de Perseverancia hasta la de Segunda Clase, así como la de "Mérito Docente".
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea abastecedor de
material aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Marcial Muñoz Mendoza y en atención a
su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de
sus cargos, se deduce que el interesado reúne los requisitos legales que merecen la
obtención del grado de coronel de Fuerza Aérea abastecedor de material aéreo Diplomado
de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
956, 957, 958
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel de Fuerza Aérea abastecedor de material aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo
que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Marcial Muñoz
Mendoza.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D. F., a 6 de febrero de
2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy,
César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco Fraile
García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López
Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García Suárez
y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: A la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con número 274, año
segundo, sección cuarta, índice "S", fojas 50-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea
Especialista en Electrónica de Aviación Diplomado de Estado Mayor Aéreo Miguel Angel
Sánchez Dámazo, como coronel de Fuerza Aérea especialista en electrónica de aviación
Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión
Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1971 a
la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea del colegio del aire, graduándose
como subteniente de Fuerza Aérea técnico en electrónica de aviación el 1o. de
septiembre de 1977.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 30 años dos meses y 19 días de tiempo de servicios y seis años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Se graduó como técnico en electrónica
de aviación en la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea y efectuó el curso
de mantenimiento de equipo electrónico en el 4o. escalón de mantenimiento en la Escuela
Superior de Guerra, además de los estudios correspondientes de mando y Estado Mayor
Aéreo.
e) Se ha desempeñado en diversas
instalaciones de la Fuerza Aérea en actividades de su servicio, así como en la Escuela
Militar de Mantenimiento y Abastecimiento; en la Escuela Superior de Guerra, en la
subsecretaría de la Defensa Nacional y en el cuartel general de la comandancia de la
Fuerza Aérea, habiendo destacado en actividades docentes.
f) Le han otorgado las condecoraciones de
Perseverancia hasta de Primera Clase, así como la condecoración al "Mérito
Docente".
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea especialista en
electrónica de aviación Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Miguel Angel Sánchez Dámazo
y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en
el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reúne los requisitos legales que
merecen la obtención del grado de coronel de Fuerza Aérea especialista en electrónica
de Aviación Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel de Fuerza Aérea especialista en electrónica de aviación Diplomado de Estado
Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano
Miguel Angel Sánchez Dámazo.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 6 de febrero del
año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy,
César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco Fraile
García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López
Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García Suárez
y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con número 301, año
segundo, sección cuarta, índice "S", fojas 52-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor Alejandro Sandoval Torres, como coronel de infantería Diplomado
de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de septiembre de 1974, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de
septiembre de 1978.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 27 años, dos meses y 19 días de tiempo de servicios y siete años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Inició su formación profesional como
subteniente de infantería y realizó el curso respectivo en la Escuela Militar de
Aplicación de Infantería, Artillería, Zapadores y Servicios; realizó el curso de mando
y estado mayor general en la Escuela Superior de Guerra y el Curso de Mando y Estado Mayor
General en el Fuerte Benning, Georgia, EUA, efectuó el curso superior de análisis para
jefes y oficiales diplomados de estado mayor, en la Escuela de Capacitación de Grupos de
Comando.
e) Es un militar con esmerada formación
profesional y amplio ejercicio del mando, habiendo prestado sus servicios en diversas
corporaciones de su arma en cuarteles generales de zona militar, en la planta del Estado
Mayor de la Defensa Nacional y en el Heroico Colegio Militar.
f) Le han otorgado las condecoraciones de
Perseverancia hasta de Segunda Clase. Se le concedió "Mención Honorífica" por
haber ocupado el primer lugar regional en competencia de maratón de 10kms.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería Diplomado de Estado
Mayor Alejandro Sandoval Torres y en atención a su gran aptitud profesional, amplia
instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de
infantería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Alejandro Sandoval Torres.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 13 de febrero del
año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente;
Juan José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco
Fraile García, Jesús Galván Muñoz, José Algredo Botello Montes, María Guadalupe
López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García
Suárez y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación
económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con número 302, año
segundo, sección quinta, índice "R", fojas 53-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor Gustavo Ramírez Palacios, como coronel de infantería Diplomado
de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de septiembre de 1976, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de
septiembre de 1980.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 25 años dos meses y 19 días de tiempo de servicios y cinco años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Inició su carrera profesional como
subteniente de infantería; que efectuó el curso correspondiente en la Escuela Militar de
Aplicación de las Armas y Servicios; que realizó el curso de mando y estado mayor
general en la Escuela Superior de Guerra, y que en Montpellier, República de Francia,
efectuó el curso de perfeccionamiento de oficiales subalternos en la escuela de
aplicación de la infantería.
e) Es un militar con experiencia en el
ejercicio del mando de tropas en batallones de su arma, habiendo prestado sus servicios en
el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Estado Mayor
Presidencial, con amplia experiencia como docente.
f) Se le han otorgado las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería Diplomado de Estado
Mayor Gustavo Ramírez Palacios y en atención a su gran aptitud profesional, amplia
instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de
infantería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Gustavo Ramírez Palacios.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D. F., a 13 de febrero del
año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy,
César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco Fraile
García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López
Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García Suárez
y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación
económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con número 304, año
segundo, sección segunda, índice "J", fojas 53-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre de 2001,
por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería Diplomado
de Estado Mayor Juan Antonio Jasso Martínez, como coronel de infantería Diplomado de
Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de septiembre de 1976, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de
septiembre de 1980.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 25 años, dos meses y 19 días de tiempo de servicios y cuatro años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Inició su formación profesional como
subteniente de infantería; que efectuó el curso de aplicación correspondiente en la
Escuela Militar de Aplicación de las Armas; en los EUA, realizó los cursos siguientes:
operaciones aeromóviles en áreas urbanas y rurales, recolección clandestina de
información, operaciones en áreas urbanas (SWATT) y el de prevención y control de
tráfico de armas y que efectuó el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela
Superior de Guerra.
e) Es un militar con amplio ejercicio del
mando de tropas en cuatro batallones de infantería; ha prestado sus servicios en
cuarteles generales de zona militar y en la planta de la Escuela Superior de Guerra.
f) Le han otorgado las condecoraciones de
Perseverancia hasta de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería Diplomado de Estado
Mayor, Juan Antonio Jasso Martínez y en atención a su gran aptitud profesional, amplia
instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de
infantería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Juan Antonio Jasso Martínez.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 13 de febrero de
2002. — Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco
Fraile García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe
López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García
Suárez y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con número 305, año
segundo, sección cuarta, índice "R", fojas 54-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de infantería
Diplomado de Estado Mayor, Alberto Reyes Vaca, como coronel de infantería Diplomado de
Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente para los efectos
de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de septiembre de 1976, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de
septiembre de 1980.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 25 años, dos meses y 19 días de tiempo de servicios y cinco años de
antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo en los
concursos de selección correspondientes.
d) Inició su formación profesional como
subteniente de infantería, realizó el curso de mando y estado mayor general en la
escuela Superior de Guerra y en los EUA, efectuó los cursos siguientes: operaciones
aeromóviles de áreas urbanas y rurales, operaciones en áreas urbanas (SWATT) de
táctica y técnicas de operaciones especiales antinarcóticos y los de unidades
antinarcóticos.
e) Es un jefe con amplia preparación y
ejercicio del mando en unidades de fuerzas especiales, en batallones de infantería;
prestó sus servicios en la planta de la Escuela Superior de Guerra, en el 1er. cuerpo de
Ejército y en el cuartel general de la 39ª zona militar.
f) Se le han conferido las condecoraciones
de Perseverancia hasta la de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería Diplomado de Estado
Mayor, Alberto Reyes Vaca y en atención a su gran aptitud profesional, amplia
instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de
infantería Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo
Federal expidió a favor del ciudadano Alberto Reyes Vaca.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, D.F., a 13 de febrero del año
2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Enrique Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco
Fraile García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe
López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García
Suárez y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 280, año
segundo, sección primera, índice "E", fojas 52-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de fuerza aérea
especialista en mantenimiento de aviación Héctor Esquivel Piña, como coronel de fuerza
aérea especialista en mantenimiento de aviación, que el Ejecutivo Federal envió a esta
Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea
mexicanos como soldado de infantería el 4 de julio de 1967, graduándose como subteniente
de Fuerza Aérea especialista en mantenimiento de aviación en la Escuela Militar de
mantenimiento y abastecimiento, dependiendo del Colegio del Aire, el 1o. de septiembre de
1978.
959, 960, 961
b) Para efectos de ascenso se le computan
34 años, cuatro meses y 15 días de tiempo de servicios y cinco años de antigüedad en
el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Su formación profesional se relaciona
con actividades de abastecimiento hasta el nivel de especialista en este servicio y que
además de estos estudios realizó el curso de adiestramiento en helicóptero Bell en
Fortworth, Texas, EUA.
e) Cuenta con gran experiencia en el
ejercicio de su especialidad habiendo prestado sus servicios en cinco escuadrones aéreos,
en un grupo aéreo, en planteles de educación militar de la Fuerza Aérea, en el tercer
escalón de mantenimiento y en la jefatura regional del servicio de mantenimiento de
material aéreo de la región aérea del centro.
f) Se le han conferido las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea especialista en
mantenimiento de aviación Héctor Esquivel Piña y en atención a su gran aptitud
profesional, amplia instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se
deduce que el interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado
de coronel de Fuerza Aérea especialista en mantenimiento de aviación, sujeto a
ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel de Fuerza Aérea especialista en mantenimiento de aviación que el titular del
Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Héctor Esquivel Piña.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 6 de febrero
del año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente;
Juan José Rodríguez Prats, Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco
Fraile García Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe
López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García
Suárez, Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 279, año
segundo, sección quinta, índice "B", fojas 51-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea
meteorólogo Carlos Barraza Murillo, como coronel de Fuerza Aérea meteorólogo, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó a la escuela Militar de
Especialistas de Fuerza Aérea el 2 de septiembre de 1970, graduándose como subteniente
de Fuerza Aérea aerologista el 1o. de septiembre de 1975.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 31 años, dos meses, 18 días de tiempo de servicios y cinco años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Efectuó los cursos de formación de
oficiales aerologistas y el de meteorología en la Escuela Militar de Especialidades de la
Fuerza Aérea del Colegio del Aire.
e) Ha prestado sus servicios profesionales
con eficacia en cinco estaciones meteorológicas; se ha desempeñado como jefe del grupo
de meteorología y jefe de la sección pedagógica de la Escuela Militar de Especialidades
de Fuerza Aérea y que fue jefe de la Estación de Escucha y Difusión de Tiempo Severo en
Chetumal, Quintana Roo.
f) Se le han otorgado las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea meteorólogo Carlos
Barraza Murillo y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar
y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reúne los
requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de Fuerza Aérea
meteorólogo, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel de Fuerza Aérea meteorólogo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió
a favor del ciudadano Carlos Barraza Murillo.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, Distrito Federal, a 6 de
febrero del año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás,
presidente; Juan José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios;
Enrique Gil Elorduy, César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín
Milán, Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes,
María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera,
Miroslava García Suárez y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación
económica en conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 276, año
segundo, sección primera, índice "G", fojas 50-2 del libro respectivo; que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel ingeniero
industrial José Ausencio Garrido Márquez, como coronel ingeniero industrial, que el
Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de septiembre de 1974, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de
septiembre de 1978 . Se graduó posteriormente como capitán primero ingeniero industrial
el 1o. de septiembre de 1988.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 27 años, dos meses, 19 días de tiempo de servicios y ocho años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Su formación académica la inicia con
el curso de formación para oficiales de infantería; posteriormente realizó estudios de
ingeniería industrial en la Escuela Militar de Ingenieros. En la República de Brasil
cursó estudios de maestría en ingeniería eléctrica.
e) Ejerció el mando de tropas en
corporaciones de su arma como oficial de infantería, posteriormente desempeñó sus
servicios como ingeniero en la fábrica de vestuario y equipo "Sedena" y en la
planta de la Escuela Militar de Ingenieros y del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
f) Se le han otorgado las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Segunda Clase. Además de que el gobierno de la República de
Brasil le concedió la "Medalla del Pacificador".
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel ingeniero industrial José Ausencio
Garrido Márquez y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar
y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reúne los
requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel ingeniero industrial,
sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel ingeniero industrial que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor
del ciudadano José Ausencio Garrido Márquez.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 6 de febrero del
año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; José
Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy,
César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco Fraile
García Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López
Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslova García Suárez
y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Segunda
Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 278, año
segundo, sección cuarta, índice "H", fojas 51-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea
controlador de vuelo, Salvador Hernández Montes de Oca, como coronel de Fuerza Aérea
controlador de vuelo, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para
los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó el 1o. de septiembre de 1967 al
Colegio del Aire, graduándose el 1o. de septiembre de 1974 como subteniente de Fuerza
Aérea despachador aéreo.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 34 años, dos meses, 19 días de tiempo de servicios y nueve años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Su formación profesional se dio en
planteles de la Fuerza Aérea mexicana, comprendiendo estudios de controlador de vuelo y
despachador aéreo; adicionalmente efectuó el curso de aplicación y adiestramiento
táctico en el escuadrón mixto de entrenamiento táctico.
e) Cuenta con un amplio ejercicio de su
especialidad en siete bases aéreas militares, teniendo buen desempeño como docente en la
Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea, habiendo prestado sus servicios en el
cuartel general de la comandancia de Fuerza Aérea y como coordinador aéreo regional y
auxiliar en la II Región Militar.
f) Se le han otorgado las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Primera Clase y con fecha 7 de junio del año 2000, fue aceptado
como legionario.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea controlador de vuelo,
Salvador Hernández Montes de Oca y en atención a su gran aptitud profesional, amplia
instrucción militar y capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el
interesado reúne los requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel de
Fuerza Aérea controlador de vuelo, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel de Fuerza Aérea controlador de vuelo que el titular del Poder Ejecutivo Federal
expidió a favor del ciudadano Salvador Hernández Montes de Oca.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, D.F., a 6 de febrero de
2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Ernesto Gil Elorduy,
César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco Fraile
García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López
Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García Suárez
y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
962, 963, 964
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 277, año
segundo, sección segunda, índice "D", fojas 51-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel médico cirujano
Oscar del Angel Guevara, como coronel médico cirujano, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó el 14 de septiembre de 1972 a
la Escuela Médico Militar graduándose como mayor médico cirujano el 1o. de septiembre
de 1978.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 29 años, dos meses, cinco días de tiempo de servicios y 10 años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Sus ascensos los obtuvo en los concursos
de selección correspondientes.
d) De excelente preparación profesional
graduado en la Escuela Médico Militar y especializado en hematología, por haber
realizado los estudios de la especialidad en la Escuela Militar Graduados del Servicio de
Sanidad. Realizó en el hospital de la Princesa en Madrid, España, el curso de
"Transplante de Progenitores Homopoyéticos, Avances de la Ultima Epoca".
e) Es un médico militar con amplios
conocimientos en la especialidad de hematología y que ha prestado sus servicios en
pelotones de sanidad de corporaciones militares, en forma destacada en el Hospital Central
Militar; realizando también actividades docentes.
f) Se le han otorgado las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Segunda Clase, así como la condecoración al "Mérito
Docente".
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel médico cirujano Oscar del Angel
Guevara y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y
capacidad en el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reúne los
requisitos legales que merecen la obtención del grado de coronel médico cirujano, sujeto
a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel médico cirujano que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del
ciudadano Oscar del Angel Guevara.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 6 de febrero del
año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan
José Rodríguez Prats y Alfredo Ochoa Toledo, secretarios; Enrique Gil
Elorduy, César Camacho Quiroz, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán, Francisco
Fraile García, Jesús Galván Muñoz, José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe
López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Armando Chavarría Barrera, Miroslava García
Suárez y Sara Isabel Castellanos Cortés.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 281, año
segundo, sección segunda, índice "V", fojas 52-2 del libro respectivo, que
contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año
2001, por el Presidente de la República, a favor del teniente coronel cirujano dentista
Abel Villaroel Torres, como coronel cirujano dentista, que el Ejecutivo Federal envió a
esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte que:
a) Ingresó al Heroico Colegio Militar el
1o. de septiembre de 1975, graduándose como subteniente de infantería el 1o. de
septiembre de 1979.
b) Para los efectos de ascenso se le
computan 26 años dos meses 19 días de tiempo de servicios y siete años de antigüedad
en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de
selección correspondientes.
d) Su formación profesional la inició
como oficial de infantería. Posteriormente efectuó estudios profesionales en la Escuela
Militar de Odontología, graduándose como cirujano dentista. Continuó su
especialización con los cursos de educación continua de estomatología y el de
especialización y residencia de ortodoncia, en la Escuela Militar de Graduados de
Sanidad.
e) Como oficial de infantería ejerció el
mando en corporaciones de su arma, posteriormente como cirujano dentista prestó sus
servicios en diversos escalones sanitarios, en la planta del Hospital Central Militar y en
la unidad de especialidades odontológicas.
f) Se le han otorgado las condecoraciones
de Perseverancia hasta de Tercera Clase.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado teniente coronel cirujano dentista Abel Villaroel Torres
y en atención a su gran aptitud profesional, amplia instrucción militar y capacidad en
el desempeño de sus cargos, se deduce que el interesado reúne los requisitos legales que
merecen la obtención del grado de coronel cirujano dentista, sujeto a ratificación.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a
lo que establece el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de
esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de
coronel cirujano dentista que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del
ciudadano Abel Villaroel Torres.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 6 de febrero del
año 2002.— Legisladores: José Natividad González Parás, presidente; Juan José
Rodríguez Prats, Ochoa Toledo, secretarios; César Camacho Quiroz,
Francisco Fraile García, Jesús Galván Muñoz, Armando Chavarría Barrera, Sara Isabel
Castelanos Cortés; Ernesto Gil Elorduy, Efrén Leyva Acevedo, Manuel Medellín Milán,
José Alfredo Botello Montes, María Guadalupe López Mares, Juan Camilo Mouriño Terrazo
y Miroslava García Suárez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobados los puntos de acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo.
Proceda la Secretaría a dar cuenta con el
presupuesto de la Cámara de Senadores.
CAMARA DE SENADORES
La secretaria diputada Magdalena del
Socorro Núñez Monreal:
Presupuesto de la Cámara de Senadores
para el mes de marzo de 2002.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos
y gasto de la Cámara de Senadores para el mes de marzo de 2002.
Servicios personales 55,374,300
Materiales y suministros 1,628,200
Servicios generales 54, 893,600
Bienes muebles e inmuebles 996,500
Obras públicas 0
Ayudas y subsidios 47,900
Total 112, 940,500
Importa el presente presupuesto la cantidad
de ciento doce millones novecientos cuarenta mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional.
México, D.F., a 13 de febrero de
2002.— Senadores: Mariano González Zarur, presidente de la Comisión de
Administración; Ramón Corral Avila y Antonio Soto Sánchez, secretarios de
la comisión de Administración; licenciada Graciela Brasdefer H., tesorera del
Senado de la República.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION
El Presidente:
Se entregó a esta Presidencia, iniciativa
de reformas al Código Fiscal de la Federación, suscrita por integrantes del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la cual se había retirado el
punto del orden del día.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Los diputados que suscribimos, Eduardo
Andrade Sánchez, Roque Joaquín Gracia Sánchez, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Francisco
Castro González, José María Guillén Torres, Eduardo Abraham Leines Barrera, Marcos
Paulino López Mora, Jaime Mantecón Rojo, Pedro Manterola Sainz, Ranulfo Márquez
Hernández, Enrique Ramos Rodríguez, Francisco Ríos Alarcón, Martha Silvia Sánchez
González, Jorge Schettino Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla, Efrén Leyva Acevedo,
José Elías Romero Apis, Jaime Rodríguez López, Claudio M. Bres Garza, María Elena
Chapa Hernández, Rodolfo González Guzmán, Angel Meixueiro González, Juan Manuel
Sepúlveda, Timoteo Martínez Pérez y Efrén Leyva Acevedo, en uso de la facultad que nos
confiere la fracción II del artículo 71 constitucional, presentamos por el digno
conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de reformas al artículo 39 del Código
Fiscal de la Federación, para que sea turnada a las comisiones correspondientes de la
Cámara de Diputados.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En diciembre del año próximo pasado el
Congreso de la Unión, después de nueve meses de extensos análisis y complejas
negociaciones, aprobó un conjunto de disposiciones fiscales que representan un importante
incremento a la recaudación fiscal, gracias a lo cual el Gobierno dispone por primera vez
en muchos años de recursos adicionales que superan el 1% del Producto Interno Bruto.
Este factor fue determinante para que las
empresas dedicadas a la calificación de condiciones crediticias, otorgaran a nuestro
país el grado de inversión que implica ventajas financieras importantes para México.
Esto constituyó un indiscutible avance,
producto de la nueva realidad democrática que vive el país. Las fuerzas políticas
alcanzaron acuerdos positivos en los que también participó el Gobierno, que dieron
certeza a las condiciones económicas, independientemente del mayor o menor agrado con que
determinados sectores reaccionaron frente a los cambios fiscales, los cuales, por cierto,
no generaron desasosiego en las grandes masas de menores ingresos. Pese a ello el
Presidente de la República formuló un anuncio de modificaciones a las normas aprobadas,
basado en facultades que le otorga el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.
Las atribuciones que le confiere dicho
artículo para eximir o condonar determinados impuestos tiene el propósito de atender
circunstancias excepcionales y supervenientes por virtud de las cuales se haya afectado o
se pueda afectar la situación de algún lugar del país o una rama de actividad.
La posibilidad de que el Ejecutivo se
proponga efectuar cambios unilaterales habiendo transcurrido sólo 50 días de aplicación
de las nuevas disposiciones fiscales, sin que en su momento haya ejercido el derecho de
veto, puede propiciar un daño mucho mayor que el que supuestamente se quiere corregir.
Esta actitud genera un ambiente de desconfianza y tensión entre poderes de la Unión y
atenta contra el equilibrio presupuestal, pues una reducción en los ingresos afectará
necesariamente los egresos dispuestos por la Cámara de Diputados en detrimento de obras o
programas que benefician a la sociedad.
Igualmente provocará la falta de certeza
jurídica; afectará la recaudación tributaria e impactará negativamente en la imagen de
seriedad económica del país en el exterior con la consecuente disminución de la
inversión.
965, 966, 967
Es indispensable evitar que el uso de una
facultad diseñada para otros fines pueda generar una desestabilización institucional y
económica que dañaría a toda la nación. Por esa razón proponemos la supresión de
dicha facultad, así como la que le permite otorgar subsidios o estímulos fiscales que
podría ser usada con el mismo propósito desquiciante, modificando el artículo 39 del
Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 39. El Ejecutivo Federal,
mediante resoluciones de carácter general, dictará medidas relacionadas con la
administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales
sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la
tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin
de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación.
México, D. F., a 27 de febrero de
2002.— Diputados: Eduardo Andrade Sánchez, Roque Joaquín Gracia Sánchez,
Guillermo Díaz Gea, Enrique Ramos Rodríguez, Francisco Castro González, Edgar Consejo
Flores Galván, José Francisco Yunes Zorrilla, Eduardo A. Leines Barrera, Jorge Schettino
Pérez, Marcos Paulino López Mora, Pedro Manterola Sainz, Ranulfo Márquez Hernández,
Martha Silvia Sánchez González, Nemesio Domínguez Domínguez, Jaime Mantecón Rojo,
Francisco Ríos Alarcón, Juan Nicolás Callejas Arroyo, José María Guillén Torres,
Juan M. Sepúlveda, Efrén Leyva Acevedo y Claudio M. Bres Garza.»
El Presidente:
El trámite que se le da es: se le turna
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
INDUSTRIA
ACERERA
El Presidente:
Tiene la palabra el senador José Natividad
González Parás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la problemática del acero
en México.
El senador José Natividad González
Parás:
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeros legisladores de la Comisión Permanente; señoras y señores:
En octubre del año pasado la Comisión
Internacional de Comercio de Estados Unidos, determinó que el deterioro que tiene
paralizada al 27% de la industria siderúrgica de ese país, se debe al incremento de las
importaciones de acero a bajo precio, ante lo cual recomendó imponer medidas de
salvaguarda con base en la sección 201 del acta de comercio de 1974.
Distintos grupos afectados de ese país han
recomendado al presidente Bush la imposición de un arancel de entre el 20 y el 40% a las
importaciones del acero. La decisión sobre esta iniciativa deberá ser tomada antes del 6
de marzo próximo y en ningún momento las autoridades estadounidenses han hecho
referencia a que quedan exentos de este acuerdo, de esta decisión, a México y Canadá,
que son socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con esta nación.
Tenemos incluso comunicaciones de
legisladores norteamericanos, casi un tercio de la Cámara de Representantes, que
liderados por legisladores representantes de los grupos acereros, están exigiendo que
este arancel se extienda a todos los países y hay también acciones del parlamento
canadiense exhortando al gobierno norteamericano a que no tome estas medidas con sus
socios comerciales del Tratado de Libre Comercio.
Lo anterior es motivo de especial
preocupación para los mexicanos, dadas las implicaciones que tiene para el país una
medida como la que pretende tomar el gobierno de Estados Unidos.
La siderurgia es una de las industrias más
dinámicas de México, sus exportaciones ascienden alrededor de 2 mil millones de dólares
al año y beneficia directa e indirectamente a cerca de 55 mil personas, lo que representa
el 10% del Producto Interno Bruto industrial. Más aún, por el tipo de intercambio que
tenemos y la profunda integración que hasta hoy tienen ambas industrias, poner barreras
al acero entre México y Estados Unidos tendría un importante efecto de disrupción de
las cadenas productivas a un buen número de industrias que se benefician del comercio de
las dos naciones.
La sociedad comercial que mantenemos con
Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio debería ser referencia suficiente
para nuestra exclusión de una medida de salvaguarda de esta naturaleza
Así lo establece el tratado comercial y
así lo han acordado también distintos páneles de la Organización Mundial de Comercio
como parte de las obligaciones del comercio internacional.
Asimismo, hay que recordar que en el año
2008 los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte inevitablemente nos
enfrentaremos con la libre realización casi total de nuestros mercados y tendremos que
responder como una sociedad comercial más integrada ante el resto del mundo.
Por ello, lejos de considerarse como
asuntos aislados e individuales, es urgente que los países del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte enfrentemos este tipo de problemas como globales y cobremos
conciencia de que iniciativas internas en ciertas materias como las que está por tomar
Estados Unidos, tienen importantes repercusiones para México como uno de sus principales
socios comerciales y particularmente en un sector que está atravesando por dificultades
en momentos de recesión y que requiere de tener abiertas las fronteras con sus socios
comerciales del norte.
Por las anteriores consideraciones
sometemos a votación de esta Comisión Permanente el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión de México emita una exhortación al Congreso de Estados Unidos de
América para que interceda ante el gobierno del presidente Bush para que ante la eventual
decisión sobre la posible aplicación de medidas de salvaguarda contra las importaciones
de acero, se excluyan a las exportaciones mexicanas de conformidad con los criterios que
se establecen en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Segundo. Que exhortamos también al
Ejecutivo Federal de nuestro país y particularmente a la Secretaría de Economía, para
que continúe con las acciones que ya está realizando y las refuerce tendientes a
proteger a la industria acerera nacional y con ello preservar este sector estratégico de
nuestra economía y las correspondientes fuentes de empleo que ello significa.
Tercero. Que siendo éste un asunto
de primordial importancia y dado que las medidas a las que se hizo referencia están por
tomarse en el curso de los próximos días, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de esta Mesa Directiva dé al presente el trámite
de urgente y obvia resolución.
Muchas gracias por su atención y hago
entrega de la propuesta del punto de acuerdo a esta Presidencia.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo para
apoyar a la industria acerera nacional ante la eventualidad de aplicación de medidas de
salvaguarda contra la importación de acero al mercado americano
Los suscritos legisladores de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes de diversos grupos
parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Que el gobierno de Estados Unidos de
América determinó en octubre pasado que las importaciones de acero dañan a los
productores estadounidenses;
Que con el fin de proteger a su industria
acerera, el próximo día 6 de marzo el presidente de Estados Unidos decidirá sobre la
posible aplicación de medidas de salvaguarda contra las importaciones de dicho producto;
Que en el sector siderúrgico, Estados
Unidos mantiene un superávit en su balanza comercial con México, por lo que las
exportaciones mexicanas no pueden ser consideradas como causantes de daño a la industria
de ese país;
Que de imponer medidas de salvaguarda a las
exportaciones mexicanas de acero a Estados Unidos dañaría el alto nivel de
complementariedad alcanzado en el comercio de productos de acero entre ambos países como
resultado del TLCAN y la integración entre empresas e inversiones en el sector
manufacturero, principal usuario de los productos de acero de la región;
Que la industria acerera nacional está
pasando por un momento difícil en sus condiciones de producción y competitividad
internacional que pone en riesgo esta rama de la economía y los empleos que ello
entraña.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a
consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente
emite una exhortación al Congreso de Estados Unidos de América para que interceda ante
el gobierno del presidente George W. Bush para que ante la eventual decisión sobre la
posible aplicación de medidas de salvaguarda contra las importaciones de acero, se
excluyan a las exportaciones mexicanas de conformidad con las disposiciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Segundo. La Comisión Permanente
exhorta igualmente a las autoridades comerciales de Estados Unidos de América a
abstenerse de imponer aranceles a las importaciones de acero mexicano y a la Comisión
Internacional de Comercio de ese país a que reconsidere su recomendación de imponer
medidas de salvaguarda en el caso de países con los cuales Estados Unidos de América
tienen tratados de Libre Comercio, como es el caso de México.
Tercero. Exhortamos también al
Ejecutivo Federal de nuestro país y particularmente a la Secretaría de Economía para
que continúe y refuerce las acciones tendientes a proteger a la industria acerera
nacional y con ello preservar este sector estratégico de nuestra economía y las
correspondientes fuentes de empleo que ello significa.
Cuarto. Que siendo éste un asunto
de primordial importancia y dado que las medidas a las que se hizo referencia están por
tomarse en el curso de los próximos días, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de esta Mesa Directiva dé al presente el trámite
de urgente y obvia resolución.
Dado en el Palacio Legislativo.— San
Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de
febrero de 2002.— Legisladores: Felipe Calderón Hinojosa, José Natividad
González Parás.»
El Presidente:
Gracias, senador José Natividad
González Parás.
En virtud de que ha solicitado se considere
de urgente y obvia resolución, se consulta a la Asamblea si se considera de urgente y
obvia resolución.
Le pido a la Secretaría consulte a la
Asamblea, por favor.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Por instrucciones de la Presidencia se
pregunta a la Asamblea, en votación económica, con fundamento en el artículo 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
si se considera de urgente y obvia resolución esta proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...Se considera de urgente resolución.
El Presidente:
En consecuencia está a discusión la
proposición.
Tiene la palabra el diputado Felipe
Calderón Hinojosa.
El
diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa:
Gracias, señor Presidente; señoras y
señores legisladores:
Es criterio del Partido Acción Nacional el
permitir que las comisiones profundicen en todos los casos en que ello sea posible, en el
contenido de las propuestas que son puestas a consideración del Congreso y en particular
de la Comisión Permanente.
968, 969, 970
Ahora bien, como hemos tenido conocimiento
tanto por la información pública, como por el seguimiento que las autoridades han dado
de este tema, efectivamente y como parte, por un lado, de razones comerciales pero por
otro quizá de razonamientos políticos que se vive en Estados Unidos de América y en uso
de las facultades que le conceden las disposiciones legales de ese país, tanto las
autoridades comerciales de Estados Unidos y desde luego el Poder Ejecutivo, están a punto
de, como se ha dicho aquí, resolver medidas que pueden significar un perjuicio importante
para miles de mexicanos que viven de la industria del acero y también para obviamente la
industria nacional.
Dada la situación económica que vivimos y
la recesión que vive el país, derivada desde luego de la recesión americana,
consideramos inconveniente, a todas luces inconveniente el que se establezcan aranceles a
nuestro país a productos derivados del acero y que se establezcan además en una
situación recesiva como la que tenemos.
Por tal razón, nosotros coincidimos en el
punto a pesar de que hubiésemos pensado y deseado que la formulación, y esto va para
todos, la hubiéramos podido hacer con anterioridad para evitar precisamente la práctica
de puntos de obvia y urgente resolución y sin embargo nos permitiríamos en este proceso
en el cual ya estamos a discusión y aprobación en su caso de la medida, proponer a la
Comisión Permanente y proponer al ponente… al proponente, que adicionemos un punto
que sea concordante con las exhortaciones que aquí se hacen.
Como ustedes acaban de escuchar, se hace
una propuesta con la que coincidimos, para exhortar al Senado estadounidense a que exhorte
a su vez al presidente Bush y a las autoridades norteamericanas en materia de comercio,
para que evite la imposición de estos aranceles.
Por otra parte se exhorta, en otro punto, a
que sean las autoridades mexicanas con lo cual también coincidimos, las que continúen
con sus oficios en la materia a fin de que las medidas de comercio internacional y
concretamente con nuestro socio comercial, se orienten hacia el flujo cada vez más libre
en materia comercial con las consecuentes mejoras o ventajas que para nuestro país este
comercio representa en términos de inversión y de empleo.
Pero creemos que, sin menoscabo de esos
puntos con los que, repito, coincidimos, podamos agregar uno en que la exhortación de
esta Comisión Permanente sea también no sólo para el Senado del Congreso norteamericano
y no sólo para las autoridades mexicanas, sino también para las autoridades comerciales
de Estados Unidos y para la propia administración pública del presidente Bush, de
Estados Unidos.
Esto implicaría precisamente que no fuera,
no dependiera la voluntad del Congreso mexicano y la claridad de nuestra determinación de
los buenos oficios que en su caso hagan senadores norteamericanos, que obviamente
responden en muchos casos a intereses que no califica ni siquiera de legítimos o
ilegítimos, simplemente a la voz de sus propios representados, sino que quede claro y
patente ante quienes deben tomar estas determinaciones, cuál es el sentir, que ojalá
fuera unánime, de los legisladores mexicanos sin distinción de partido político.
Y debe hacer notar además a esas
autoridades, que sin menoscabo de las consideraciones que hagan respecto del precio del
acero internacional, hay factores que deben valorar en esta relación y que es el
carácter de socio comercial de vecino de nuestro país y de la importancia que tiene para
la propia economía norteamericana y los temas de la agenda bilateral, el que no se
afecten industrias nacionales en México. De manera tal que propondríamos a la
consideración del pleno de la Comisión Permanente en este debate un tercer punto que
sustituiría al tercero que se propone y este tercero se recorrería a cuarto que dijera
lo siguiente:
"La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta igualmente a las autoridades comerciales de Estados Unidos a
abstenerse de imponer aranceles a las importaciones de acero mexicano y a la Comisión
Internacional de Comercio de ese país a que reconsidere su recomendación de imponer
medidas de salvaguarda en el caso de países con los cuales Estados Unidos de América
tienen Tratado de Libre Comercio, como es el caso de México."
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, diputado Felipe Calderón
Hinojosa.
Tiene usted la palabra senador José
Natividad González Parás
El senador
José Natividad González Parás:
Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente para señalar que estamos de
acuerdo con el plantamiento que se formula y que se ha considerado en el cuerpo de la
propuesta de punto de acuerdo.
El Presidente:
Muchísimas gracias, senador.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se
considera suficientemente discutida la proposición con punto de acuerdo con el agregado
que ha hecho el diputado Felipe Calderón Hinojosa.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
En votación económica, se pregunta a la
Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición, con la modificación
presentada por el diputado Calderón y aceptada por el senador González Parás.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Suficientemente discutida.
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
En votación económica, se pregunta si se
aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
El
Presidente:
Aprobada con las modificaciones hechas
por el diputado Felipe Calderón Hinojosa. Comuníquese al Ejecutivo y a las demás
autoridades.
UNIVERSIDAD AUTONOMA
METROPOLITANA
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Magdalena
Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la huelga en la Universidad
Autónoma Metropolitana.
La diputada Magdalena del Socorro
Núñez
Monreal:
La suscrita, diputada integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:
Una de las prioridades de nuestro proyecto
de nación lo constituye sin duda alguna la educación. A lo largo del siglo pasado por
mandato constitucional el Estado mexicano realizó considerables esfuerzos en pro de la
función educativa, no obstante lo cual aún subsisten enormes rezagos que nos obligan a
mejorar permanentemente el complejo sistema educativo nacional.
Es por sensibilidad y responsabilidad
política que nuestro partido ha tenido de manera permanente frente a este tema que hemos
decidido traer a esta tribuna, la preocupante coyuntura por la que atraviesa la educación
superior en todo el país; es una situación que se encuentra detrás de los conflictos
universitarios que se han dado sucesivamente en más de 35 instituciones educativas,
algunas de las cuales se vieron paralizadas por movimientos de huelga, conflictos que no
se han resuelto en lo sustancial, sino que su solución simplemente se ha postergado.
La educación superior vive hoy día un
problema estructural que le impide cumplir cabalmente con los objetivos que la sociedad le
ha impuesto y que tiene como punto medular una política salarial restrictiva que ha
erosionado el nivel de vida de los trabajadores universitarios, que ha provocado un
déficit cada vez mayor de los fondos para la seguridad social y que ha deteriorado las
cada vez más adversas condiciones en las que se realizan actividades de investigación,
docencia y difusión de la cultura.
Esta problemática se expresa nítidamente
en la situación por la que pasa la Universidad Autónoma Metropolitana que hoy cumple 27
días de huelga. La UAM, que fue creada en 1973 como respuesta a la creciente demanda
educativa del valle de México y recogió lo mejor de las experiencias de la UNAM y del
Politécnico Nacional, ello le permitió encarnar un nuevo proyecto educativo atento a los
cambios, dinámico y con una organización flexible; asimismo, le permitió sortear no sin
dificultades, las transformaciones operadas en el ámbito de la educación superior y el
abandono gradual por parte del Estado de su responsabilidad de sostener este nivel
educativo. Todo ello gracias al trabajo comprometido del personal académico y
administrativo.
En la actualidad, la UAM imparte 59
licenciaturas, 10 especializaciones, 32 maestrías y 23 doctorados, es responsable de la
formación profesional del 15% de los jóvenes que asisten a instituciones de educación
superior en la zona metropolitana del valle de México y muchos de sus profesores e
investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. En suma, la UAM es
considerada una institución de excelencia con un fuerte compromiso social, equiparable en
calidad académica a la Universidad Nacional.
La UAM y el conjunto del sistema
universitario han padecido la política de contención salarial que ha hecho que miles de
docentes e investigadores vean mermado sustancialmente su poder adquisitivo. Para dar un
ejemplo del nivel del deterioro al que se ha llegado, baste mencionar que hoy día un
profesor investigador de tiempo completo y con la categoría más alta de esa casa de
estudios, con doctorado y varios años de trabajo universitario, percibe como sueldo base
menos de 14 mil pesos al mes, un salario ridículo e insultante.
Por ello, compartimos la demanda de los
trabajadores de recibir un incremento salarial superior al 5.25% que ofrece la Rectoría,
recordemos que se trata de un monto que se logró superar en otras instituciones
académicas, como la UNAM con el 8.77% en promedio directo al salario para el personal
administrativo; en Aguascalientes, con un 7.25%; en Durango con el 6.75%; en Guadalajara
con el 6.75%; Morelos con el 7.5% y la Universidad Autónoma de Sinaloa, que pactó un
aumento del 6.75% directo al salario.
Esta política de contención al ingreso
inducida por el Gobierno Federal mediante topes salariales y que ha sido denunciada por
los propios rectores, ha generado en los últimos 15 años un modelo de incremento de las
percepciones por vía de las becas y los estímulos al desempeño basadas en el trabajo a
destajo, el cual contraviene disposiciones legales cuyo principio se asienta claramente en
el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que toda percepción producto
del trabajo es salario.
Cabe mencionar que en la determinación del
salario cubierto con estímulos han quedado fuera los sindicatos y el Situam no es la
excepción, lo que ha sido considerado legítimamente como un ataque a la bilateralidad.
En ese sentido son entendibles las demandas
de los trabajadores de la UAM que buscan que las becas y estímulos otorgados en función
del desempeño académico, sean integrados totalmente al salario. El mecanismo de estos
estímulos rompe la homologación y genera una fuerte polarización y desintegración del
salario, beneficiando sólo a una parte de los académicos, pues el problema no sólo es
que el mecanismo para otorgar los estímulos, sino que los montos limitados que componen
la base de recursos a repartir y sobre todo la discrecionalidad con que esto se hace. En
la UAM la cobertura y los montos de los estímulos han sido disminuidos discrecionalmente
por la Rectoría.
Por otra parte, desde hace más de 20 años
la política de contención salarial en México ha causado otro problema muy serio: que
cada vez menos recursos sean aportados a la seguridad social de los trabajadores
universitarios. Es un problema que se agrava porque al conjugarse con negociaciones
contractuales ha generado una situación explosiva que se traduce en que si todos aquellos
trabajadores universitarios que están en condiciones de jubilarse, decidieran hacerlo el
día de hoy, se necesitarían más de 120 mil millones de pesos para finiquitarlos.
Es obvio que se trata de recursos
inexistentes en las propias instituciones de educación superior y que significa casi tres
veces el monto total que el Gobierno Federal presupuestó para este año destinado a
educación superior, ciencia y tecnología.
Junto a estas cuestiones medulares, se
completa el cuadro del conflicto con una serie de medidas administrativas que ha tomado la
rectoría, que a los ojos de los trabajadores resultan en francas violaciones a su
contrato colectivo de trabajo.
971, 972, 973
En síntesis, el sindicato exige la
resolución satisfactoria del pliego petitorio motivo de la huelga, entre cuyas demandas
destacan: el aumento al salario directo que permita proteger el poder adquisitivo de los
trabajadores; la reinstalación de los despedidos por motivos políticos; el respeto a la
materia del trabajo contratado; la incorporación de becas y estímulos al salario de los
académicos, así como la transparencia informativa sobre los recursos públicos ejercidos
por la institución.
Compañeras y compañeros legisladores: por
las manifestaciones de diversa índole que se han realizado tanto en la capital del país
como en las diversas entidades de la República, resulta evidente que los resultados
desplegados en las universidades e instituciones de educación superior han sido
insuficientes para resarcir la caída salarial del sector y para desarrollar las bases
fundamentales de su modelo educativo, que es la docencia y la investigación.
El PRD considera oportuno que esta
soberanía se pronuncie en torno a la solución de este conflicto, al tiempo de que se
comprometa a conformar propuestas junto con el Ejecutivo Federal que lleven a encontrar
fórmulas de financiamiento público creciente y sostenido hacia este importante y
estratégico nivel educativo.
Desde nuestro punto de vista existen las
condiciones para que en el marco de la autonomía universitaria y sin poner en riesgo las
actividades sustantivas de la UNAM, las autoridades ofrezcan una propuesta salarial que
les permita levantar la huelga.
En consideración a ese compromiso y por lo
anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades de la Universidad
Autónoma Metropolitana para que mediante un diálogo amplio y abierto con el Situam
encuentre las vías que permitan solucionar el conflicto de huelga que vive esa
Universidad.
Segundo. Se exhorta respetuosamente
a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que en el marco de sus
atribuciones y responsabilidades lleven a cabo las acciones necesarias para fortalecer el
Sistema Nacional de Educación Superior, en particular las políticas de financiamiento y
coadyuven a la solución inmediata de la huelga de la UAM.
Solicito, señor Presidente, que el
presente punto de acuerdo se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos de la Cámara de Diputados para su conocimiento y desahogo correspondiente.
Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo sobre
la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana.
La suscrita, diputada integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Una de las prioridades de nuestro proyecto
de nación lo constituye, sin duda alguna, la educación. A lo largo del siglo pasado, por
mandato constitucional, el Estado mexicano realizó considerables esfuerzos en pro de la
función educativa, no obstante lo cual aún subsisten enormes rezagos que nos obligan a
mejorar permanentemente el funcionamiento del complejo sistema educativo nacional.
Es por la sensibilidad y responsabilidad
política que nuestro partido ha tenido de manera permanente frente a este tema que hemos
decidido traer a esta tribuna la preocupante coyuntura por la que atraviesa la educación
superior en todo el país. Es una situación que se encuentra detrás de los conflictos
universitarios que se han dado sucesivamente en más de 35 instituciones educativas,
algunas de las cuales se vieron paralizadas por movimientos de huelga. Conflictos que no
se han resuelto en lo sustancial, sino que su solución simplemente se ha postergado.
La educación superior vive hoy día un
problema estructural que le impide cumplir cabalmente con los objetivos que la sociedad le
ha impuesto y que tiene como punto medular una política salarial restrictiva que ha
erosionado el nivel de vida de los trabajadores universitarios; que ha provocado un
déficit cada vez mayor de los fondos para la seguridad social y que ha deteriorado las
cada vez más adversas condiciones en las que se realizan actividades de investigación,
docencia y difusión de la cultura. Esta problemática se expresa nítidamente en la
situación por la que pasa la Universidad Autónoma Metropolitana, que hoy cumple 27 días
de huelga.
LA UAM fue creada en 1973 como respuesta a
la creciente demanda educativa del valle de México y recogió lo mejor de las
experiencias de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Ello le permitió encarnar
un nuevo proyecto educativo atento a los cambios, dinámico y con una organización
flexible. Asimismo le permitió sortear, no sin dificultades, las transformaciones
operadas en el ámbito de la educación superior y el abandono gradual por parte del
Estado de su responsabilidad de sostener este nivel educativo. Todo ello gracias al
trabajo comprometido del personal académico y administrativo.
En la actualidad, la UAM imparte 59
licenciaturas, 10 especializaciones, 32 maestrías y 23 doctorados; es responsable de la
formación profesional de más del 15% de los jóvenes que asisten a instituciones de
educación superior en la zona metropolitana del valle de México y muchos de sus
profesores e investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. En suma, la
UAM es considerada una institución de excelencia con un fuerte compromiso social,
equiparable en calidad académica a la Universidad Nacional.
La UAM y el conjunto del sistema
universitario han padecido la política de contención salarial que ha hecho que miles de
docentes e investigadores vean mermado sustancialmente su poder adquisitivo. Para dar un
ejemplo del nivel de deterioro al que se ha llegado, baste mencionar que hoy día un
profesor investigador de tiempo completo y con la categoría más alta de esa casa de
estudios, con doctorado y varios años de trabajo universitario, percibe como sueldo base
menos de 14 mil pesos al mes. Un salario ridículo e insultante.
Por ello, compartimos la demanda de los
trabajadores de recibir un incremento salarial superior al 5.25% que ofrece la Rectoría.
Recordemos que se trata de un monto que se logró superar en otras instituciones
académicas, como la UNAM, con 8.77%, en promedio, directo al salario, para el personal
administrativo; Aguascalientes con 7.25%; Durango con 6.75%; Guadalajara con 6.75%;
Morelos con 7.5% y la Universidad Autónoma de Sinaloa, que pactó un aumento de 6.75%,
directo al salario.
Esta política de contención al ingreso,
inducida por el Gobierno Federal mediante topes salariales y que ha sido denunciada por
los propios rectores, ha generado en los últimos 15 años un modelo de incremento de las
percepciones por vía de las becas y los estímulos al desempeño, basada en el trabajo
"a destajo", el cual contraviene disposiciones legales, cuyo principio se
asienta claramente en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que
toda percepción producto del trabajo es salario. Cabe mencionar que en la determinación
del salario cubierto con estímulos han quedado fuera los sindicatos y el Situam no es la
excepción, lo que ha sido considerado legítimamente como un ataque a la bilateralidad.
En ese sentido, son entendibles las
demandas de los trabajadores de la UAM, que buscan que las becas y estímulos otorgados en
función del desempeño académico sean integrados totalmente al salario. El mecanismo de
los estímulos rompe la homologación y genera una fuerte polarización y desintegración
del salario, beneficiando sólo a una parte de los académicos, pues el problema no sólo
es el mecanismo para otorgar los estímulos, sino los montos limitados que componen la
bolsa de recursos a repartir y, sobre todo, la discrecionalidad con que se hace. En la UAM
la cobertura y los montos de los estímulos han sido disminuidos discrecionalmente por el
rector.
Por otra parte, desde hace más de 20
años, la política de contención salarial en México ha causado otro problema muy serio:
que cada vez menos recursos sean aportados a la seguridad social de los trabajadores
universitarios. Es un problema que se agrava porque al conjugarse con negociaciones
contractuales ha generado una situación explosiva que se traduce en que si todos aquellos
trabajadores universitarios que están en condiciones de jubilarse decidieran hacerlo el
día de hoy, se necesitarían más de 120 mil millones de pesos para finiquitarlos.
Es obvio que se trata de recursos
inexistentes en las propias instituciones de educación superior y que significan casi
tres veces el monto total que el Gobierno Federal presupuestó para este año, destinado a
educación superior, ciencia y tecnología.
En el caso de la UAM, la Cámara de
Diputados aprobó un presupuesto para el año 2002 de 2 mil 477 millones 600 mil pesos, el
cual fue superior en 300 millones al propuesto por el Ejecutivo Federal, pero es apenas
suficiente para que esta institución enfrente satisfactoriamente sus necesidades de gasto
corriente. Esto indica la necesidad de asignar recursos crecientes a esta universidad los
próximos años.
Junto a estas cuestiones medulares, se
completa el cuadro del conflicto con una serie de medidas administrativas que ha tomado la
rectoría, que a los ojos de los trabajadores resultan en francas violaciones a su
contrato colectivo de trabajo.
En síntesis, el sindicato exige la
resolución satisfactoria del pliego petitorio motivo de la huelga, entre cuyas demandas
destacan:
• Aumento suficiente al salario
directo que permita proteger el poder adquisitivo de los trabajadores;
• Reinstalación de los despedidos por
motivos políticos;
• Respeto a la materia de trabajo
contratado;
• Incorporación de becas y estímulos
al salario de los académicos y
• Así como la transparencia
informativa sobre los recursos públicos ejercidos por la institución.
Compañeros legisladores: por las
manifestaciones de diversa índole que se han realizado, tanto en la capital del país,
como en las diversas entidades de la República, resulta evidente que los esfuerzos
desplegados en las universidades e instituciones de educación superior han sido
insuficientes para resarcir la caída salarial del sector y para desarrollar las bases
fundamentales de su modelo educativo, que es la docencia y la investigación.
El PRD considera oportuno que esta
soberanía se pronuncie en torno a la solución de este conflicto, al tiempo de que se
comprometa a conformar propuestas, junto con el Ejecutivo Federal, que lleven a encontrar
fórmulas de financiamiento público creciente y sostenido hacia este importante y
estratégico nivel educativo.
Desde nuestro punto de vista, existen
condiciones para que, en el marco de la autonomía universitaria y sin poner en riesgo las
actividades sustantivas de la UAM, las autoridades ofrezcan al sindicato una propuesta
salarial que les permita levantar la huelga.
En las revisiones contractuales de
instituciones como ésta, las partes están en libertad de acordar la asignación de los
recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados, destinados a salarios y
prestaciones. El Poder Legislativo fija el techo financiero, sin embargo, la negociación
bilateral determina su mejor distribución. La suspensión de las negociaciones sólo
agrava el conflicto.
En consideración a ese compromiso y por lo
anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de la Universidad
Autónoma Metropolitana para que, mediante un diálogo amplio y abierto con el Situam,
encuentre las vías que permitan solucionar el conflicto de huelga que vive esa
Universidad.
Segundo. Se exhorta respetuosamente
a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de sus
atribuciones y responsabilidades, lleven a cabo las acciones necesarias para fortalecer el
sistema nacional de educación superior, en particular las políticas de financiamiento y
coadyuven a la solución inmediata de la huelga en la UAM.
Solicito que el presente punto de acuerdo
se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de
Diputados para su conocimiento y desahogo correspondiente.
Muchas gracias.
México, D.F., a 27 de febrero de
2002.— Diputada Magdalena Núñez Monreal.»
El Presidente:
Muchas gracias, diputada Magdalena Núñez
Monreal.
Túrnese a la Comisión de Educación
Pública y de Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. También se turna a la
Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
974, 975, 976
INDUSTRIA
AZUCARERA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Rodolfo
Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Poder Ejecutivo Federal
explique ante el Poder Legislativo Federal, las razones que tiene para aplicar el
artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en el caso de las bebidas que utilicen
edulcorantes distintos del azúcar de caña.
El diputado José Rodolfo Escudero
Barrera:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeros legisladores:
Es de preocuparnos los comentarios que ha
emitido nuestro presidente Vicente Fox Quesada en los últimos días y como también la
posibilidad de unos posibles nexos de nuestros administradores públicos con sus
contrapartes en Estados Unidos de América.
Es por eso que el Partido Verde Ecologista
de México presenta ante ustedes el presente punto de acuerdo y solicita se turne a la
Comisión de Agricultura y Ganadería del honorable Congreso de la Unión
CONSIDERACIONES
Recientemente el Gobierno Federal expropió
27 ingenios azucareros, con el argumento de que dichos ingenios se encontraban en una
profunda crisis, en la que sus dueños no podrían cubrir los adeudos contraídos con los
productores, afectando aún más a una industria, que ha sido pilar en la alimentación de
los mexicanos.
Caso concreto, el Gobierno Federal reconoce
la crisis económica por la que está pasando la industria azucarera, entonces, ¿por qué
actúa de esta manera al tratar de aplicar a la fructosa el artículo 39 del Código
Fiscal de la Federación? De esta industria dependen más de 2 millones de compatriotas,
los cuales tienen que subsistir, día con día, con las normas establecidas en el Tratado
de Libre de Comercio con América del Norte. Acuerdo que Estados Unidos de América no han
cumplido desde aproximadamente el mes de octubre del año 2000, incumplimiento que ha
estado muy unido con la gran cantidad de jarabe de maíz de fructosa, que ha contribuido
para que existan 600 mil toneladas de azúcar de excedentes en los ingenios, las cuales no
han sido compradas por el vecino del norte, aun cuando se establecía en el Tratado de
Libre Comercio, que si México tuviera excedentes por dos años consecutivos, esto sería
comprado.
Es obvio que es necesario liberar estas 600
mil toneladas de azúcar de excedente, así lo ha manifestado el Gobierno Federal, pero
¿cómo podemos realizarlo, si las propuestas de este Congreso pareciera que no son afines
a los intereses del Gobierno?
Por otra parte y sabemos que el doctor
Derbez ha dado una explicación al respecto; sin embargo, sigue preocupándonos el hecho
de las exigencias y las demandas que hacen los senadores de Estados Unidos.
Por eso es que pedimos, en principio,
debido a los comentarios del senador estadounidense Charles Grasgly del estado
norteamericano de Iowa, que es precisamente el estado principal productor de maíz
amarillo, donde nos manifiesta el señor, que ya llegó a su límite de paciencia y que el
secretario de Economía, el señor Ernesto Derbez, está comprometido a resolver a
mediados de febrero la controversia entre ambos países con relación a la fructosa.
Es claro que el Secretario de Economía no
tiene facultad en asuntos que competen al Legislativo, por lo que ante esta Comisión
Permanente el pasado 20 de febrero se presentó un punto de acuerdo, en el que se
solicitaba investigara al Secretario de Economía por sus nexos y compromisos con dichos
legisladores.
La Cámara de Diputados con la facultad que
le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 73
fracción VIII y 74 fracción IV aprobó el pasado 30 de diciembre el decreto que
reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, en el que establece un impuesto con una tasa del 20% para todas
aquellas aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas, hidratantes o rehidratantes,
concentrados, polvos, jarabes, esencias o extracto de sabor, que al diluirse, permitan
obtener refrescos bebidas, hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes,
distintos al azúcar de caña.
Dicho decreto fue sancionado y publicado
por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación el día 1o. de
enero del año en curso.
En nuestro país existen únicamente dos
compañías dedicadas a la producción y comercialización de fructosa, éstas son:
Arancia Com. Products y Almidones Mexicanos, las cuales son empresas norteamericanas, que
basan su nivel de producción con maíz amarillo, subsidiado por el gobierno
estadounidense y podríamos agregar también, subsidiado por el Gobierno mexicano, debido
a los comentarios que salieron hoy en el periódico, que nuestro Gobierno ya
definitivamente va a retirar todo tipo de subsidio a la industria azucarera.
Parece que nosotros estamos ayudando a los
gringos, a los norteamericanos a que vengan aquí y hagan peor la situación en nuestro
campo. Estas dos empresas serían las únicas en nuestro país que se verían favorecidas;
aunado a ello es sabido que la fructosa de maíz podría producir impactos negativos a la
salud.
En días pasados, el presidente Vicente Fox
Quesada anunció que con la facultad que le confiere el artículo 39 del Código Fiscal de
la Federación eximiría del pago que estable la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios en su artículo 2o. fracción I inciso g; lo anterior
contraviene al principio de legalidad tributaria que establece el artículo 31 fracción
IV constitucional que señala que sólo el Poder Legislativo puede decretar las
contribuciones necesarias para cubrir el gasto público.
Por otra parte, el segundo párrafo del
artículo 131 constitucional señala las excepciones de la regla, mismas que debe
autorizar el Congreso de la Unión, ya que la fracción f del artículo 72 de la Ley
Fundamental, establece que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión sólo pueden
ser reformadas, modificadas, derogadas o abrogadas mediante el proceso legislativo que les
dio origen y no mediante otro mecanismo.
Por todo lo anterior, si una contribución
amerita ser eliminada, sólo lo puede hacer el propio Congreso, más nunca el Poder
Ejecutivo y si así lo hiciera apegándose al artículo 39, esto sí sería legal pero no
constitucional.
El día de ayer el Secretario de
Agricultura presentó la política nacional azucarera, lo que establece 16 acciones que
supuestamente darán certidumbre y rentabilidad al sector. Nosotros como legisladores
queremos conocer la eficacia y viabilidad de este proyecto, queremos saber si la medida de
eliminar el subsidio, así como el impuesto a la fructosa fueron tomadas en cuenta con el
sector azucarero, el más dañado.
Los legisladores del Partido Verde
Ecologista de México, solicitamos la comparecencia de los secretarios de Hacienda y
Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y
la Secretaría de Economía para que expliquen las políticas, los programas de apoyo,
así como la información relativa a las importaciones y exportaciones de la industria
azucarera, como también el cumplimiento y los términos del Tratado de Libre Comercio en
esta materia y los compromisos adquiridos por los funcionarios del Gobierno de México con
los legisladores norteamericanos.
Por ello, los legisladores que firmamos al
calce solicitamos al pleno de esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 58 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se turne a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados
a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se solicita la presencia del
ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz; del ciudadano
secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista; del secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo ante la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados en los términos que
establece el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el artículo 45 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Dado en el Salón Legisladores de la
República en el Palacio Legislativo, San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de febrero de 2002.
Por su atención, gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Partido Verde
Ecologista de México.
Presidente de la Comisión Permanente de la
LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.
Los legisladores que firman al calce, de la
LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58
y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Agricultura de la Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente
proposición con punto de acuerdo
CONSIDERACIONES
Recientemente el Gobierno Federal expropio
27 ingenios azucareros, con el argumento de que dichos ingenios se encontraban en una
profunda crisis en la que sus dueños no podrían cubrir los adeudos contraídos con los
productores, afectando aún más a una industria que ha sido pilar en la alimentación de
los mexicanos.
El Gobierno Federal reconoce la crisis
económica por la que está pasando la industria azucarera. ¿Entonces por que actúa de
esa manera al tratar de aplicar el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación?
De esta industria dependen más de 2
millones de compatriotas, los cuales tienen que subsistir día con día con las normas
establecidas en él Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA), acuerdo que
Estados Unidos de América no han cumplido desde aproximadamente el mes de octubre del
año 2000. Incumplimiento que ha estado muy unido con la gran cantidad de jarabe de maíz
de fructosa, que ha contribuido para que existan 600 mil toneladas de azúcar de excedente
en los ingenios, las cuales no han sido compradas por el vecino del norte, aun cuando se
establecía en el TLC, que si México tuviera excedentes por dos años consecutivos, éste
sería comprado.
Es obvio que es necesario liberar las 600
mil toneladas de azúcar de excedente, así lo ha manifestado el Gobierno Federal; pero
¿cómo podemos realizarlo si las propuestas de este Congreso parecieran que no son afines
a los intereses del Gobierno?
Por otra parte el senador estadounidense
Charles Grasgly del estado norteamericano de lowa, el cual por cierto es el primer
productor de maíz amarillo, ha manifestado que "llegó a sus límites de paciencia y
que el secretario de Economía de México el señor Ernesto Derbez esta comprometido a
resolver a mediados de febrero la controversia entre ambos países con relación a la
fructosa". Es claro que el Secretario de Economía no tiene facultad en asuntos que
competen al Legislativo, por lo que ante esta Comisión Permanente el pasado 20 de febrero
se presentó un punto de acuerdo en el que se solicitaba investigar al Secretario de
Economía por sus nexos y compromisos con dicho legislador.
La Cámara de Diputados con la facultad que
le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 73
fracción VIII y 74 fracción IV, aprobó el pasado 30 de diciembre el decreto que
reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, en el que se establece un impuesto con una tasa del 20% para
todas aquellas aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o
rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al
diluirse, permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen
edulcorantes distintos del azúcar de caña. Dicho decreto fue sancionado y publicado por
el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación del 1o. de enero del
año en curso.
En nuestro país existen únicamente dos
compañías dedicadas a la producción y comercialización de fructosa, éstas son:
Arancia Com Products y Almidones Mexicanos las cuales son empresas norteamericanas que
basan su nivel de producción con maíz amarillo, subsidiado por el gobierno
estadounidense, estas dos empresas serían las únicas en nuestro país que se verían
favorecidas. Aunado a ello, es sabido que la fructosa de maíz produce impactos negativos
en la salud, ya que las enzimas que actúan en el proceso de digestión lo hacen de manera
distinta a la glucosa, provocando afectaciones al hígado.
En días pasados el presidente Vicente Fox
Quesada, anunció que con la facultad que le confiere el artículo 39 del Código Fiscal
de la Federación, eximiría del pago que establece la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios en su artículo 2o. fracción I, inciso g. Lo anterior
contraviene el principio de legalidad tributaria que establece el artículo 31 fracción
IV constitucional que señala que sólo el Poder Legislativo puede decretar las
contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, por otra parte el segundo
párrafo del artículo 131 constitucional señala las excepciones a la regla, mismas que
debe autorizar el Congreso de la Unión ya que la fracción f del artículo 72 de
la Ley Fundamental establece que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión sólo
pueden ser reformadas, modificadas, derogadas o abrogadas mediante el proceso legislativo
que les dio origen y no mediante otro mecanismo. Por todo lo anterior si una contribución
amerita ser eliminada sólo lo puede hacer el propio Congreso, más nunca el Poder
Ejecutivo y si así lo hiciera esto sería legal pero no constitucional.
977, 978, 979
De todo lo anterior, pareciera que con la
actitud demostrada por los funcionarios del Gobierno del presidente Fox, ya no existe
dentro de sus responsabilidades tiempo suficiente para resolver las inquietudes del pueblo
de México y de la industria azucarera, han ignorado que la caña de azúcar está
presente en 15 estados; que registra una producción de 4 millones 800 mil toneladas de
azúcar y es fuente de más 2.5 millones de empleos directos e indirectos en los campos
cañeros, (datos de la CNIAA). No ha sido ésta la única ocasión en que los funcionarios
de Administración Pública Federal han mostrado desinterés en atender las solicitudes de
los ciudadanos legisladores. Existen similares casos en que el Gobierno Federal prefiere
actuar a espaldas del Congreso tratando de conducir al país a un escenario de conflicto
entre los poderes de la Unión.
El día de ayer, el Secretario de
Agricultura presentó la política nacional azucarera, la que establece 16 acciones que
supuestamente darán certidumbre y rentabilidad al sector. Nosotros como legisladores
queremos conocer la eficacia y viabilidad de este proyecto, queremos saber si la medida de
eliminar el subsidio, así como el impuesto a la fructosa, fueron tomadas en cuenta con el
sector azucarero.
Los legisladores del Partido Verde
Ecologista de México solicitamos la comparecencia de los secretarios de Economía, de
Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, para que expliquen las políticas, los programas de apoyo, así como la
información relativa a las importaciones y exportaciones de la industria azucarera, como
también el cumplimiento y los términos del TLC, en esta materia, y los compromisos
adquiridos por los funcionarios del Gobierno de México con los legisladores
norteamericanos.
Ante la urgencia de resolver un problema
que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la situación económica de la industria del
azúcar de la cual dependen millones de mexicanos, es primordial que esta soberanía
conozca en detalle la actuación de las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito
Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la
política azucarera 2002-2006 que se implementará, así como las razones que les
motivaron proponer al Ejecutivo Federal la aplicación del artículo 39 del Código Fiscal
de la Federación, para eximir del pago del impuesto del 20% a la fructosa.
Por ello, los legisladores que firmamos al
calce solicitamos al pleno de esta Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 58 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se turne a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados
en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se solicita la presencia del
secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz; del secretario de
Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista; del secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo; ante la Comisión de
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados; en los términos que establece el
artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo
45 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el
artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
Dado en el Salón Legisladores de la
República en el Palacio Legislativo, San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de febrero de
2002.— Diputado José Rodolfo Escudero Barrera.»
El Presidente:
Muchas gracias, diputado José Rodolfo
Escudero Barrera.
Ha pedido el uso de la palabra para el
mismo tema la diputada Miroslava García, hasta por cinco minutos.
La diputada
María Miroslava García Suárez:
Con el permiso de la Presidencia:
Quiero participar en este punto, porque en
los últimos días, debido a filtraciones y a las notas periodísticas que leemos día con
día, sabemos que hay una pretensión o existe el supuesto de la pretensión del Poder
Ejecutivo, para no aplicar y por lo tanto en la práctica emitir un veto a diferentes
resoluciones fiscales que este Congreso en su momento analizó y determinó en diciembre
pasado.
Este punto que trae el diputado del Partido
Verde, es tan sólo un aspecto del conjunto de supuestos y pretensiones que el Ejecutivo
pudiera desde su óptica autoritaria y también, hay que decirlo, desde un ámbito ilegal,
pudiera ser mediante un decreto. Pero justamente por la importancia, quisiera en estos
momentos y hasta donde el tiempo lo permita, poder compartir con ustedes los artículos de
nuestra Carta Magna, en relación a este tema.
La pretensión del Ejecutivo de modificar y
ajustar las disposiciones fiscales aprobadas por el Congreso de la Unión y en especial
los gravámenes y contribuciones aprobados por la Cámara de Diputados para el presente
ejercicio fiscal, se enfrenta irremediablemente a una imposibilidad jurídica que sólo
puede ser superada en forma ilegal o mediante el abuso del poder.
La facultad reglamentaria del Ejecutivo
vista desde una panorámica general y no únicamente dentro de las cuestiones fiscales, no
contempla desde ninguna visión aplicable, el derecho de rebasar una ley; esto se deriva
tanto de las disposiciones constitucionales que dan forma y características a los
ordenamientos reglamentarios, como de la jerarquía jurídica de los mismos reglamentos.
El artículo 89 constitucional dice:
"...de las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: promulgar y
ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera
administrativa, a su exacta observancia..." Ojo: exacta observancia. Derivado de la
redacción de dicha disposición el Ejecutivo se encuentra dotado de la posibilidad y la
obligación de proveer a su esfera, la administrativa, de las disposiciones que permitan
detallar las situaciones contempladas en una ley, con la finalidad de acatar y lograr esa
exacta observancia.
El reglamento, pese a ser un ordenamiento
contenedor de normas y reglas, no se considera un acto legislativo, sino un acto de
naturaleza administrativa, sin más límites que el de no rebasar ni contravenir las
disposiciones emanadas de una ley. Para mayor abundamiento, dado que el procedimiento de
creación de las leyes es distinto al procedimiento de creación de reglamentos y que todo
reglamento se vincula y subordina a una ley, no hay reglamento sin ley y ningún
reglamento puede abrogar o derogar una ley.
No omitimos integrar a estas
consideraciones lo ordenado por el artículo 72 constitucional inciso f que a la
letra indica: "en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos,
se observarán los mismos trámites establecidos para su formación". Es decir, que
si se quiere hacer modificaciones al contenido de las leyes fiscales que aprobó este
Congreso, tendrán que presentarse necesariamente nuevas iniciativas tanto del presidente
como de los grupos parlamentarios si así lo desean, porque ése es su derecho.
En ese sentido, compañeras y compañeros
legisladores, me parece fundamental que este Congreso y esta Comisión Permanente, tengan
la claridad de entender que el Presidente de la República no tiene ningún derecho a veto
o a no aplicar, que es prácticamente lo mismo, a no aplicar alguna disposición fiscal
que resolvió este Congreso.
Y en esa medida, como integrante del grupo
parlamentario del PRD, hacemos un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo para que, si
difiere o no está de acuerdo con los aspectos que este Congreso resolvió en materia
fiscal, presente de inmediato nuevas iniciativas de ley, que tendrán el tratamiento que
todas: serán analizadas en comisiones y serán dictaminadas, por lo cual la proposición
del diputado del Partido Verde me parece que toca un tema mucho más profundo, que es:
evidentemente rechazamos, desde el PRD, la no aplicación de este impuesto porque a todas
luces sería ilegal.
Pero que quede claro, finalmente, que no
sólo es en relación a la fructosa, sino a todo el conjunto de medidas y disposiciones
que este Congreso aprobó.
Muchas gracias.
El
Presidente:
Muchas gracias, diputada Miroslava García.
Túrnese a la Comisión de Agricultura y
Ganadería de la Cámara de Diputados.
MEDIOS
DE COMUNICACION
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día
respecto del uso de la palabra del senador Miguel Angel Navarro Quintero, ha sido retirado
por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una próxima
sesión.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos
Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una
proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal respete los derechos
humanos de los periodistas y comunicadores.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Con su permiso, diputado Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
A pesar de los esfuerzos que la sociedad
mexicana ha realizado durante los últimos 34 años para consolidar la plena vigencia de
los derechos humanos, el cumplimiento a la Constitución Política, la legalidad y el
irrestricto respeto al Estado de Derecho, aún existen actores y operadores del pasado
autoritario que reclaman nuevamente su advenimiento criminal ante la tolerancia y voces de
complicidad de las autoridades correspondientes del Gobierno Federal.
Ninguna sociedad moderna, con clara visión
de lo que representa la vida democrática, está exenta de los males que se incubaron en
su pasado antidemocrático de hegemonía partidista, corrupción e impunidad.
Pero ha sido esta clara visión de estas
sociedades que miran hacia un presente y un futuro próspero, libre y justo, la que las
motiva a impedir el regreso del crimen y la pobreza institucionalizada.
En esta lucha por un mejor país los medios
democráticos y liberales, así como los periodistas, han sido parte fundamental del
cambio anhelado. Sin embargo, desde hace varios años y hasta la fecha, los periodistas
experimentan en carne propia una de las prácticas más primitivas e indeseables del
sistema político mexicano: el amedrentamiento, la amenaza y el crimen a periodistas que
ejercitan en forma profesional su derecho a la libre expresión.
Varios han sido los periodistas asesinados
por los patrocinadores del autoritarismo y la corrupción, sin que exista claro compromiso
de los gobiernos en turno por esclarecerlos.
La sangre de los periodistas libres es
altamente cara, porque para los compinches del autoritarismo y la impunidad resulta
peligroso que sus tropelías sean conocidas por la sociedad. Quiénes son, cuánto ganan,
quiénes los encubren, por qué el Gobierno abdica de su responsabilidad que tanto daño
le hace al país, qué debemos hacer los mexicanos para evitarlo.
Desde las amenazas, el asalto y hasta el
crimen, la muerte llegó sin pedir permiso al periodista Félix Alonso Fernández García,
en Tamaulipas. Han sido hostigados Noreste, judicialmente Manuel Jesús Clouthier y
Refugio Haro, del periódico Noreste. Asimismo, amenazados con arma de fuego, en
Tijuana, los reporteros del Diario Frontera Ernesto Alvarez y Gonzalo González, su
agresor está libre al pagar una fianza-multa de 4 mil pesos
Para el Partido del Trabajo y Convergencia
por la Democracia Partido Político Nacional, esta etapa del pasado ignominioso parece
revivir ahora; amenazas, fuertes amenazas le han tocado a periodistas como Eduardo Ibarra,
aquí en México; Jesús Blancornelas, en Tijuana; Otoniel Ramírez, en Sonora; José Laya
Izamira, en Ciudad Juárez; Chihuahua y últimamente, hace algunos días, a don Fausto
Fernández Ponte, en su propia oficina, en la Ciudad de México, quien después de haber
publicado la verdad sobre el caso del general Gallardo, entre otros temas de gran
trascendencia nacional, recibió una llamada anónima que le dijo: "no sabes con
quién te estás metiendo".
La lista es grande. Tan sólo el director
de la revista mexicana de comunicación, Omar Raúl Martínez, tiene documentadas 72
agresiones contra periodistas durante el primer año del gobierno actual. Se trata, como
lo dijo el periodista Carlos Ramírez, de casos clásicos de intimidación a periodistas
que resultan aún más aberrantes de lo que ya son, porque ocurren en un momento
histórico en el cual se supone que el país dejó atrás una época autoritaria y entró
en otra en la que predomina un espíritu de cambio.
Las amenazas sobre don Fausto Fernández
Ponte, últimas realizadas a periodistas en el México que suponíamos había cambiado,
junto con los demás amedrentamientos a otros periodistas, deben ser investigados hasta
las últimas consecuencias, encontrando a sus responsables y procediendo en contra de
ellos, llámense intelectuales o materiales.
980, 981, 982
Si el Gobierno no actúa en consecuencia,
estará convalidando la etapa de ajusticiamiento de periodistas democráticos que en el
pasado inmediato vivimos en forma por demás aterradora.
A un año del cambio anunciado, la postura
del Ejecutivo Federal sobre la defensa de los derechos humanos sigue todavía pendiente.
El caso de Digna Ochoa, no resuelto aún, es una muestra de ello, donde la coordinación
de esfuerzos entre el Gobierno Federal y el Distrito Federal, no existe.
Esta misma temática priva en el resto del
país, donde el hampa organizada, las cofradías políticas impunes, las nomenclaturas
criminales, el narcotráfico y en sí, la delincuencia organizada, realizan su trabajo
campeador, lo que tristemente demuestra que la respuesta del Gobierno ante estos hechos ha
quedado rebasada por la delincuencia organizada.
Así la seguridad pública, la soberanía
nacional y la democracia están en grave riesgo.
Por las consideraciones antes expuestas y
de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, se pone el siguiente punto de acuerdo en los términos siguientes
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión solicite al Gobierno Federal investigue a la brevedad
posible las amenazas que han sufrido todos los periodistas mexicanos y se proceda
legalmente en consecuencia contra los autores materiales e intelectuales, además de
garantizar la vida y actividad de todos los trabajadores de los medios.
Asimismo solicitamos que el Ejecutivo
Federal se apegue a lo que dispone en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de respeto
a los derechos humanos.
Firman este punto de acuerdo los diputados:
por el Partido Convergencia por la Democracia, José Manuel del Río Virgen; por el
Partido de la Revolución Democrática, Miroslava García Suárez; por el Partido Acción
Nacional, Alejandro Zapata Perogordo; por el Partido Verde Ecologista, José Rodolfo
Escudero Barrera; por el Partido Revolucionario Institucional, Efrén Leyva y el de la
voz, Juan Carlos Regis, por el Partido del Trabajo.
Dado en el Palacio Legislativo a los 27
día del mes de febrero de 2002.
El Presidente:
Gracias, diputado Regis Adame.
Túrnese a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
REFORMA
DEL ESTADO
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es
"comentarios sobre la Reforma del Estado". Tiene la palabra la diputada
Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, hasta por 10 minutos.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Gracias, señor Presidente:
En este tema de la reforma democrática del
Estado mexicano hay un tema que ha ocupado varias columnas y notas periodísticas,
anteponiéndose como un tema central cuando en realidad no lo es, y éste es: el de la
reelección de los legisladores y los presidentes municipales. A ese tema me voy a referir
de manera particular.
En el año de 1933, siendo presidente de la
República Abelardo Rodríguez, se establece en la Constitución el principio de No
Reelección en las cámaras federales. Así, las reformas publicadas en el Diario
Oficial del 29 de abril de ese año dieron constancia de esto.
En el segundo párrafo de dicha ley, en el
artículo 59, se menciona cómo se regula la no reelección inmediata en tres posibles
supuestos:
a) Los senadores y diputados no podrán ser
reelectos para el periodo inmediato;
b) Los suplentes sí podrán ser reelectos
al periodo siguiente como propietarios, siempre y cuando no hubieren estado en ejercicio
de funciones;
c) Pero los propietarios no podrán ser
postulados para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.
La reforma publicada posteriormente, el
día 17 de marzo de 1987, en el artículo 116 constitucional, en su segundo párrafo dice:
"que esto se aplica para regular las legislaturas de los estados, aunque cabe
señalar que en todas las constituciones locales se reproducen los términos que establece
nuestra Carta Magna". Establecer estos preceptos en nuestra Constitución es
consecuencia de las ideas revolucionarias. El Sufragio Efectivo y la No Reelección fueron
bandera de Francisco I. Madero en 1910 y en ellos se sintetizan los ideales democráticos
del pueblo mexicano. En el Plan de San Luis, proclamado por Madero, destaca la
declaración del principio de no reelección. Lema utilizado por el partido
antirreeleccionista, que finalmente triunfó.
Los Constituyentes de 1917 decían con
relación a esta frase "que no debía de preocuparnos la reelección, sino lo que
realmente debiera de tomar nuestra atención es la existencia del sufragio efectivo".
Es por ello que no deja de llamar la atención que pues quien se dice ferviente
admirador y seguidor del apóstol de la democracia, sea el mismo que hoy pone en la
palestra el tema de la reelección.
Pero ejemplos de incongruencia abundan en
nuestra historia, lamentablemente. Recordemos que los argumentos antirreeleccionistas
fueron protagonizados por Porfirio Díaz al estar en descontento con el gobierno de
Juárez. Desde su hacienda, La Noria, lanzó en noviembre de 1871 su proclama, misma que
entre otras cosas decía: "la reelección indefinida, forzosa y violenta del
Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales".
Podemos observar como a través de
nuestra historia el tema ha tomado diferentes cursos, pero 33 años marca la ruta que hoy
tenemos. En aquellos tiempos, con la unificación de las corrientes políticas del país
en un partido nuevo, en el que se pretendió aglutinar a todos los grupos y corrientes que
participaron en la Revolución Mexicana, se tomó, se adoptó este precepto de la no
reelección inmediata en las cámaras federales.
Se puede considerar que la reelección de
diputados y senadores es relativa. En el caso de la Presidencia de la República y
gobernadores es absoluta. Esto obedece a la amarga experiencia que todos conocemos en la
historia de nuestro país.
Hoy que discutimos sobre la reforma
democrática del Estado tampoco podemos reducir ese tema a la reelección inmediata de
representantes populares. Esa es una visión muy corta de un proceso que implica una
renovación total de las instituciones. Es decir, la Reforma del Estado debe apuntar a
fortalecer justamente a las instituciones, no a los individuos y es que el tema de la
reelección sigue presente en el consciente colectivo de la nación mexicana.
No obstante la algarabía actual que reina
en el campo de quienes favorecen la consagración constitucional de la reelección
legislativa consecutiva, conviene señalar, para poder alcanzar un equilibrio en la
materia, que dicha figura tiene también muchas desventajas claras, que dependiendo del
contexto nacional del sistema político que adopte esta reelección, se pueden ver
profundizados. Así, el listado de contras, por decirlo de alguna manera o de desventajas,
es muy larga.
En este momento tan sólo abordaré, por
cuestiones de tiempo, algunas, pero tienen qué ver con, por ejemplo, la imposibilidad de
emerger o de surgir a nuevas figuras políticas y por lo tanto el consolidarse los grupos
de interés, de presión y de poder, en clubs de elite, que finalmente no favorecen en
nada a la democracia.
Esta existencia de la reelección
legislativa consecutiva y marco insistentemente lo de consecutiva, porque sabemos
muy bien y porque aquí tenemos legisladores, tanto diputados como senadores, que han
tenido la oportunidad de ser varias veces representantes populares, es decir, aquí de lo
que se trata es de evitar desde la perspectiva del PRD, la reelección inmediata
consecutiva, porque de hecho existe hasta cierto punto un tipo de reelección y hay muchos
ejemplos de ello.
En fin, que se trata pues no sólo de
fomentar con la reelección consecutiva lo que yo decía, la consolidación de grupos de
interés o de poder, que se vuelven grupos cerrados y que desafortunadamente muchas veces
caen en corrupción abierta y descarnada que se presenta no sólo en México, sino en
otros países del mundo que han implementado esta fórmula de reelección consecutiva.
La corrupción abierta o velada puede ser
fomentada también por este tipo de reelección, porque lo que está en juego es el poder
mismo y para conservarlo los hombres y las mujeres están dispuestos muchas veces a
cualquier cosa.
Ya desde principios de este siglo, un
célebre politólogo italiano, Gaytán Lomosa, desarrolló una ya clásica teoría de las
élites, en que entre otras ideas expone que los sistemas políticos logran mantener un
módico equilibrio y estabilidad generacionales, permitiendo una indispensable renovación
de élites políticas, que no sólo refresca los mandos políticos y de gobierno,
brindando nuevas ideas y nuevas ópticas, sino que libera tensiones acumuladas por grupos
de poder que generacionalmente buscan tener su oportunidad en el ejercicio mismo del
poder.
La reelección consecutiva impide per se
la renovación de los grupos que conforman y que hacen política o, en el mejor de los
casos, la pone en manos de muy pocos, lo que tampoco es deseable.
Una clase política que no se renueva, en
el caso de este análisis, los representantes políticos ante una Asamblea,
inevitablemente pierde vigor, vigor en el debate, en las ideas y también en el ejercicio
político, ya que los retos de ciertos grupos sociales existentes no se trasladarán a la
arenga legislativa, puesto que la reelección configura un club de caras conocidas.
El argumento de que la reelección promueve
la profesionalización de una carrera legislativa, tiene como contraargumento, el hecho de
que en algunos contextos nacionales lo único que se ha visto profesionalizado,
desafortunadamente es el abuso de poder y la formación de cotos personales.
Al existir continuismo de los personajes en
un Poder Legislativo con reelección consecutiva, se facilitaría el que los poderosos e
influyentes grupos de interés y de poder en México intentaran y eventualmente lograran
cooptar, para usar un eufemismo, a verdaderos regimientos de legisladores favorables de
forma sistemática, a favorecer, representar y proteger los intereses de dichos segmentos
de la sociedad, en demérito del conjunto de la población.
En este sentido, conviene recordar las
palabras de una mujer política con muchos años de experiencia y que por cierto no es de
mi partido, pero vale la pena resaltar, y es la diputada local María de los Ángeles
Moreno, cuando ella afirma: "la reelección de representantes populares puede
ocasionar que el Congreso termine por anquilosarse, la movilidad política y social se
deteriore y se convierta en motor de un círculo vicioso que cierre la representación en
torno a intereses creados".
Para finalizar esta reflexión, quisiera
señalar que encuestas realizadas por diversos medios de comunicación, tanto
electrónicos como impresos, dan luz sobre el sentir de la población y ésta
mayoritariamente se ha manifestado en contra de la reelección inmediata de legisladores.
Nuestro deber es ser portavoces de los
ciudadanos, compañeras y compañeros legisladores, tenemos muchos temas de mayor
trascendencia que la reelección consecutiva o inmediata, tenemos un rezago legislativo y
tenemos que expresar sobre todo creatividad y decisión para hacer realidad la reforma
democrática del Estado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputada Miroslava
García Suárez.
MEDIOS
DE COMUNICACION (II)
El Presidente:
Antes de darle la palabra al senador Juan
José Rodríguez Prats para referirse al mismo tema.
Esta Presidencia, a petición del
diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del PT, rectifica el turno
dictado a la proposición con punto de acuerdo en materia de derechos humanos que
presentó hace unos momentos y se turna a la Primera Comisión.
REFORMA
DEL ESTADO (II)
El Presidente:
Tiene usted la palabra senador Juan José
Rodríguez Prats.
El senador Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, señor Presidente:
Bueno, escuché con mucha atención las
reflexiones de nuestra compañera diputada y sí me gustaría hacer algunas
consideraciones en torno a este tema.
983, 984, 985
En primer lugar, una consideración
histórica, el Poder Legislativo en México desafortunadamente, ya lo hemos dicho en otras
ocasiones, ha tenido destellos en nuestro pasado, posiblemente el periodo de la República
restaurada, curiosamente en el porfiriato hubo grandes figuras: Justo Sierra, Guillermo
Prieto, Yves Limantour, Joaquín Demetrio Casasús González, Alfredo Chavero, se hacían
grandes efemérides pero no era un contrapeso del Poder Ejecutivo.
El periodo de la XXV y XXVI legislaturas,
siendo presidente los 15 meses Francisco I. Madero, ahí estuvo Querido Moheno, estuvo
Emilio Rabasa en el Senado, estuvo Luis Cabrera, extraordinario legislador y había una
enorme crítica al Poder Ejecutivo o sea era un factor de equilibrio.
Y sin duda la medida a la que usted hace
referencia en 1933 era el periodo del maximato, era el periodo donde se estaba ahogando al
Poder Legislativo, estábamos en un proceso de las corrientes centrípetas para que
hubiera un poder desmesurado en el Poder Ejecutivo y marca un hito de ese 1933, cómo se
fue concentrando, si usted analiza 1933 a la última década del siglo pasado, el Poder
Legislativo tiene destellos nada más pero no es un factor de equilibrio, no es un factor
que exija rendición de cuentas, digamos que no estábamos ante un auténtico Poder
Legislativo.
Yo hasta supondría relativa vigencia del
artículo 49 constitucional que evita la concentración en una sola persona del Poder
Legislativo y Poder Ejecutivo, pero si vemos la historia, casi podemos afirmar que el gran
legislador era el Presidente de la República.
Y entonces empezó a hablarse del
profesionalismo en el trabajo parlamentario y en su anterior intervención usted hablaba
de hacer críticas al Presidente de la República, sin duda estamos ante un ajuste de
instituciones y que aquí en el trabajo legislativo y parlamentario, iniciativa que se
recibiera del Presidente, de inmediato iba a seguir el canal para concluir con un
dictamen, yo le recordaría diputada que nunca se dictaminó la reforma fiscal que envió
el Presidente de la República.
Entonces esto nos lleva a una primera
enorme responsabilidad: fortalecer al Poder Legislativo y sin duda y hay textos, yo aquí
le remitiría a Lursu Lujambio donde cómo habla de las experiencias en los congresos
locales, cuando empezó a haber vida en los congresos locales con congresos equilibrados,
con presencia de la oposición, yo diría que los congresos locales nacieron en 1989 allá
en Baja California Norte al iniciarse el gobierno de Ernesto Rufo, cuando ya no había un
partido mayoritario que impusiera su voluntad.
Y, quiero decirle, diputada, que solamente
hay dos naciones que no tienen la reelección, cuando menos en lo que se refiere al mundo
americano y al mundo europeo, Filipinas, Costa Rica, todos los demás países consagran el
principio de la reelección, ¿por qué?, porque se requiere el profesionalismo, es un
trabajo sumamente complicado y yo le suplicaría que no encajonemos a los partidos en una
tesis porque yo conozco voces de su partido que sí están de acuerdo en la reelección.
Yo me permitiría inclusive hasta
manifestar cierta nostalgia porque aquí no estuviera un Pablo Gómez, una Rosa Albina
Garavito, un Jorge Calderón, que, sin duda alguna, hicieron un trabajo muy profesional en
el parlamento.
Hace usted mención a Gaytán Lomosa,
efectivamente, él habla de la profesionalización de la clase política y yo le
remitiría a Giovanni Sartori cuando habla de la ingeniería constitucional como el
trabajo parlamentario… ¡ah!, yo creía que me iba usted a interpelar… bueno,
gracias.
Entonces yo le recomendaría a Giovanni
Sartori como habla de la necesidad de profesionalizar el trabajo legislativo y le
remitiría, dado que usted siempre hace alusiones, a la historia de este parlamento.
En 1965, grandes parlamentarios: Enrique
Ramírez y Ramírez, en las filas del Partido Revolucionario Institucional; Adolfo
Christlieb Ibarrola, del Partido Acción Nacional y Vicente Lombardo Toledado, del Partido
Popular Socialista, impulsaron el que hubiera reelección consecutiva en el Poder
Legislativo. Desafortunadamente en una actitud no muy limpia ni nítida, en el Senado de
la República se congeló, se rechazó esta iniciativa y quiero decirle que ahí quedó,
se regresó a la Cámara de origen y ahí quedó, nunca se logró que se avanzara en una
discusión seria y por fin se fortaleciera al Poder Legislativo.
Creo que hoy estamos los partidos maduros,
vamos a entrar sin duda a lo que es la reforma del Estado, que tampoco es un tema nuevo;
los estados se han renovado periódicamente con todo y que el término surge allá con
Maquiavelo cuando dice lo stato, lo que ahí está, pero sin duda alguna los
estados se renuevan y creo que debemos entrar a esta discusión, diputada, sin
suspicacias, sin sospechas, abiertos a todos los temas. No porque se trate de la
discusión del Poder Legislativo ya estemos pensando que va a venir la reelección en el
Ejecutivo Federal.
Yo inclusive, en lo que se refiere a los
estados, hay entidades federativas en donde yo dejaría esa decisión a los congresos
locales, ¿por qué tiene que haber la prohibición en la Constitución General de la
República en relación a municipios? A mí me parece que estados como Baja California
Norte, por ejemplo, ha impulsado mucho esta iniciativa; Coahuila, Chihuahua, que pueda
haber elección en los municipios.
Si un ayuntamiento, un municipio tiene la
fortuna de que haya una autoridad que esté haciendo bien las cosas, ¿por qué no pensar
en su reelección? Yo tendría mis reservas, por ejemplo, de una reelección en Oaxaca o
una reelección, por ejemplo en Chiapas, no porque yo aluda algún acontecimiento reciente
o una reelección en alguno de los estados del sureste, en Guerrero por ejemplo, ahí sí
yo compartiría sus suspicacias de que pudieran consagrarse cacicazgos, grupos de interés
o grupos de poder.
Creo que todos los partidos debemos ponerle
la mayor seriedad a este tema y abrirnos a una agenda muy amplia y que podamos contemplar
todas estas iniciativas. Sin duda alguna el Poder Legislativo, lo dice la plataforma
electoral del Partido Acción Nacional presentada el año pasado, debe reducirse en su
número; definitivamente yo creo que una Asamblea de 500 diputados no permite una
reflexión serena y en el Senado de la República tenemos que revisar de nuevo la lista
que presentan los partidos, tal vez pensar en algunos otros esquemas, pero definitivamente
también hay que reducirlo.
El Poder Legislativo por último, diputada,
tiene una historia apasionante; tiene una historia que prácticamente aquí es en donde
surgen los términos de izquierda y derecha; en la asamblea francesa, el 11 de septiembre
de 1779, ahí se estaba discutiendo por primera vez el veto del rey hacia el parlamento y
ahí se ubicaron a la izquierda los que deseaban frenar el autoritarismo, los que querían
que hubiera un cuerpo colegiado que razonara, que exigiera eficacia a las políticas
públicas, rendición de cuentas, juicio político,… todo esto surgió de esa
asamblea y del otro lado estaban los gueroldinos que no deseaban limitar el poder del rey.
Y esta discusión, que de ahí surgió la
izquierda y la derecha, "la montaña", que así se le conocía a los jacobinos,
ahí estaba Robespierre frenando, frenando el ejercicio desbordado del poder y para eso
requerimos un Poder Legislativo con el mayor profesionalismo.
Yo por eso sí creo que este tema debe
retornar a la mesa de la reforma del Estado.
Y por último, diputada, cuando alude usted
a ciertas encuestas o a cierta opinión de ciudadanía en torno a estos temas, yo le
diría como Winston Churchill que si los partidos no estamos dispuestos a asumir
decisiones que puedan ser impopulares, no merecemos ser gobierno. Hay temas en los que uno
debe asumir en lo que corresponde a un deber ser y el Poder Legislativo en México
todavía tiene un largo camino que recorrer para ser un factor real, que como dijera
Crispie Ibarrola, no estamos hablando de un régimen parlamentario, sino nada más, pero
nada menos de que el Poder Legislativo desempeñe el papel que la Constitución le otorga.
Ojalá y podamos discutir este tema con la
mayor amplitud de criterio y se legisle por lo mejor para México.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Muchas gracias, senador Juan José
Rodríguez Prats.
Ha solicitado de nueva cuenta el uso de la
palabra la diputada Miroslava García Suárez.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Gracias, señor Presidente:
Me agrada profundamente que el senador haya
citado el artículo 49 constitucional, porque debido a la relación que él mismo hizo, en
relación a otra intervención que hice con anterioridad, respecto a que el presidente Fox
no puede invalidar o dejar de aplicar las resoluciones de este Congreso en materia fiscal,
porque como dice el artículo 49, no se puede concentrar más de un poder en una misma
persona. Usted lo dijo y tiene la razón.
En ese sentido, yo les quiero decir que
aquí de lo que se trata es de frenar, de inhibir y de eliminar el presidencialismo
heredado de tantas décadas, el presidencialismo que no ayuda a una concepción
democrática, el presidencialismo que durante mucho tiempo conjugó más de un poder en la
práctica. De lo que se trata es de dar un verdadero equilibrio de poderes y de
fortalecer, como usted lo dijo, al Poder Legislativo, pero fortalecer a este Congreso de
la Unión no significa fortalecer a algunos distinguidos integrantes de partidos
políticos para que utilicen el Senado, utilicen la Cámara y los congresos locales como
columpio político, se trata de darle la relevancia y el respeto que se le debe tener al
Congreso y para eso, señor senador, se necesita fortalecer, insisto, a las instituciones.
En ese sentido yo le quiero destacar que
desde su óptica, la reelección continua, inmediata, puede ser un tema que desde luego
vamos a debatir no sólo en esta tribuna, sino en las comisiones, cuando se dictaminen las
propuestas.
Lo que a mí me parece lamentable es que
algunos partidos centren la reforma democrática del Estado en la reelección continua y
por eso es que vengo con este tema en agenda política. Por eso es que el PRD, en
consecuencia para fortalecer al Legislativo, lo que está haciendo es presentar
iniciativas de ley para que en todos los temas que acaparó, que concentró de manera
absurda y en un abuso de poder el Presidente de la República, con un Congreso que era tan
sólo la extensión de su voluntad presidencial, antes de tener un Congreso plural, antes
de tener un Congreso mucho más democrático, de lo que se trata es que ahora este Poder
Legislativo, este Congreso de la Unión pueda no sólo opinar, no solamente aprobar o
rechazar, sino estar en el punto central de la toma de decisiones en materia económica,
en materia de derechos humanos, en todos los temas trascendentales del país.
Yo lo que les quiero pedir, compañeras y
compañeros legisladores, es que sean propositivos y que no únicamente estén velando por
sus intereses personales, de partido o de grupo para ser reelectos por la larga
trayectoria o por los largos años que han estado en la política mexicana.
Yo lo que les quiero decir es que vayamos
más a fondo en la Reforma del Estado, que con todos los conocimientos y el caudal de
experiencia que ustedes tienen sean más propositivos y no solamente estén dando una mala
impresión a la opinión pública, porque pareciera que la Reforma del Estado es la
reelección inmediata y sí es una mala impresión porque no solamente un medio impreso o
un canal televisivo han hecho encuestas para saber la opinión de los ciudadanos, me
parece que incluso hasta es mezquino estar pensando nosotros legisladores, en la reforma
del Estado, vayámonos dando más concesiones para fortalecer al Poder Legislativo, pero
pensando en intereses de carácter, incluso hasta personal.
Yo quisiera decirles que en algunos
países, como Estados Unidos, donde a usted en lo particular le gusta tomar como ejemplo,
quiero decirle que a partir de los años noventa, este asunto de la reelección
legislativa consecutiva ha generado cada vez más diferencias y más disensos tanto entre
los legisladores estadounidenses como con la población, un creciente clamor para limitar
por lo menos el número de periodos de reelección consecutiva. ¿Por qué?, porque esto
ha generado los problemas que ya mencioné anteriormente: los cotos de poder, los grupos
de interés, los grupos de presión que no ayudan a una democracia que está intentando
nacer en este país.
Por último quisiera decir que hay muchos
argumentos en contra, que se me ha terminado el tiempo, pero que el PRD como grupo
parlamentario tiene una posición muy clara más allá de lo que algunos legisladores
opinen al respecto de la reelección. Yo le quiero decir que en este caso el PRD tiene una
idea muy clara de una reforma democrática, de fortalecer instituciones, de fortalecer al
Congreso de la Unión, pero no de fortalecer cotos ni grupos de interés.
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputada Miroslava García.
Ha solicitado el uso de la palabra el
senador Juan José Rodríguez Prats, para contestar alusiones personales. Tiene usted la
palabra hasta por cinco minutos, senador.
El senador Juan José Rodríguez Prats:
Muchas gracias, señor Presidente:
Diputada, si viéramos la versión
estenográfica de su intervención, ustedes hablan de concluir con un presidencialismo,
pero a su vez ya en la parte final habla de lo que era el Congreso. Entonces precisamente
yo creo que sí estamos en un cambio de régimen.
En su famoso ensayito, Daniel Cosío
Villegas hablaba de dos elementos del sistema político mexicano: una presidencia
exacerbada, inclusive violentando el Estado de Derecho y un partido hegemónico. Creo que
las dos cosas han quedado atrás y cuando usted precisamente dice que ya hay un Congreso
que toma sus atribuciones, que desempeña su papel, revise usted su intervención,
entonces quiere decir que ese presidencialismo ya acabó. Acabó el 2 de julio del año
pasado.
986, 987, 988
Que quedan resabios, desde luego diputada,
desde luego. Ningún sistema cambia al 100% y sobre todo en la cultura política. Todavía
hay voces que pueden señalarlo desde luego. Estos cambios son más lentos y es más
difícil de medir, pero no me diga que la Presidencia que tiene Vicente Fox ha o tiene o
concentra tanto poder como en el pasado. Yo creo que ahí hay algo que sí le permitiría
que nos concediera usted.
Lo de los diputados que pueden convertir
los cargos o los miembros de un partido, como columpio. Mire usted, eso sucede en todos
los países del mundo. Recurriría yo al ideólogo tal vez más destacado del Partido
Revolucionario Institucional, don Jesús Reyes Heroles. Las clases políticas existen en
todos los sistemas, efectivamente van del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, al Poder
Judicial y don Jesús decía: "en todo caso culpa de la política, pero no de los
políticos".
En todos los países existe una clase
profesional que se va cuajando, que va escalonando los distintos cargos y que se consagra
desde luego al servicio público, lo cual no hay nada de deshonesto ni de degradante. La
carrera política es tan importante, tiene tanta trascendencia como cualquier otra si se
desempeña con honradez.
Habla usted de fortalecimiento de las
instituciones, pero las instituciones se fortalecen con los hombres, se fortalecen con la
gente experimentada. Ahí estamos en el caso de la Suprema Corte de Justicia, hubo una
reforma judicial que está operando, en donde se redujo a 11 ministros con una larga
carrera y con una mayor permanencia en el cargo. Precisamente eso es lo que buscamos: que
haya la posibilidad de fortalecer a las instituciones a través de los hombres, que sin
duda alguna tendría la consecuencia de la reelección inmediata o de quitar la
prohibición de la reelección inmediata.
Habla usted de Estados Unidos de América.
Vea usted a los senadores que a base de muchos sexenios se han convertido en expertos. Hay
expertos en relaciones exteriores, hay expertos en política agropecuaria, en política
fiscal que son un auténtico contrapeso y han repetido un sexenio y otro sexenio.
Dice usted que seamos propositivos, yo le
quiero decir, diputada, ojalá además de su lectura cotidiana a los medios, porque
siempre alude usted a ellas, pueda usted ver en el Diario de Debates las
más de 700 iniciativas que ha presentado el Partido Acción Nacional, prácticamente en
todas las materias y prácticamente de todos los ordenamientos jurídicos.
Y en el mismo aspecto que usted nos exhorta
a ser propositivos yo la exhorto a ser propositiva, ¿por qué se cierran en este tema?
No, vamos a una agenda amplia, vamos a discutir todos los temas con la mayor objetividad,
repito, como lo dije en mi primera intervención, con el mayor sentido profesional para
efectos de que se apruebe lo indicado para México, que no sea la norma la que frene el
desarrollo de las instituciones sino que permita el desarrollo pleno de nuestra vocación
democrática.
Yo le diría, diputada, que en nuestra
legislación vigente usted ve muchos candados, no tan sólo es en el aspecto de la no
reelección de legisladores, hay muchos candados que no corresponden más que a la
suspicacia, a que venimos arrastrando una sociedad de sospechas, que muchas veces lo que
se presume es la mala fe y no la buena fe como cuando habla de que se van a formar grupos
o elites que van a ser del Poder Legislativo su coto del poder.
Y por último, en su interpretación del
artículo 49, yo le recuerdo que todo nuestro texto jurídico habla también de la
colaboración de poderes; división de poderes desde hace mucho tiempo dejó de ser ya
esos espacios cerrados, sino que hay la colaboración de poderes en donde se logra afinar
las políticas públicas, discutirlas y lograr lo mejor para México. En ese sentido está
el artículo 39 del Código Fiscal, que se utilizó muchísimas veces. Antonio Carrillo
Flores como secretario de Hacienda tiene un texto sobre este artículo 39 porque
definitivamente sí se puede dar el caso, eso es lo que tendríamos que analizar y en su
momento a detalle, que un gravamen que haya salido del Poder Legislativo esté dañando
gravemente a una actividad económica y ahí lo señala el 39, en los casos en que por
catástrofes, en situaciones adversas económicamente pueda ejercer esta facultad el
Presidente de la República.
Confiemos en que recibiremos en su
oportunidad toda la información y entonces valoraremos la trascendencia de esa medida,
pero sí hay colaboración de poderes, no podemos partir de que cada poder se tiene que
circunscribir dogmáticamente a su tarea porque entonces el Estado dejaría de cumplir sus
fines.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Gracias, senador Juan José Rodríguez
Prats.
Ha solicitado el uso de la palabra para el
mismo tema la diputada Miroslava García, para lo cual se le concede hasta por cinco
minutos.
La
diputada María Miroslava García Suárez:
Gracias, señor Presidente:
Sin querer abusar de esta tribuna, sabiendo
que hay otros temas agendados a continuación, yo sí quiero decirle al senador Rodríguez
Prats que me parecen muy contradictorios algunos de sus argumentos, que me parece que no
está tomando en cuenta otros que pude verter en esta Asamblea respecto a la partes
negativas que pudiera traer como consecuencia una reelección inmediata.
Y yo quisiera decir más allá y desde
luego sabiendo y rescatando que la profesión política, la carrera política es a todas
luces una de las carreras más importantes, más sacrificadas para los que realmente
consideramos que la política es un servicio público y no como lo entienden otros, cuando
se sirven del poder, yo quisiera decirle que aquí hay otras argumentaciones y una de
ellas es que en la reelección inmediata consecutiva prácticamente se está cancelando un
relevo generacional que es ante todo una situación indispensable en todas las esferas de
la vida.
Me parece también que en este caso hay que
recordarle a usted, por si no lo sabe, que el PRD en otras legislaturas donde estuvieron
diputados tan notables como los que usted mencionó en esta tribuna, diputados y cuadros
políticos profesionales de excelente calidad que usted reconoce como miembros del PRD,
que ellos también están en la misma tesitura que esta humilde diputada que hoy ocupa la
tribuna.
No estamos de acuerdo con la reelección
consecutiva inmediata y se lo digo porque en la pasada legislatura, un diputado nuestro,
el diputado Carmelo Enríquez, con el apoyo de otros diputados, de todo el grupo
parlamentario, sostuvo precisamente la no reelección inmediata consecutiva donde firman
varios de los que usted aquí mismo mencionó.
Yo quisiera preguntarle por la última
intervención que hizo, señor senador, que en el caso del tema de la fructosa, en el caso
del tema del artículo 49 que usted citó y en el caso de esta colaboración de poderes,
desde su punto de vista este impuesto que resolvió el Congreso en diciembre pasado, este
impuesto especial a la fructosa, ¿a qué sector de la sociedad mexicana, a qué sector
productivo de la sociedad mexicana está dañando?
Tal vez no quiera contestar la pregunta,
pero si es así yo quisiera que usted me diga…
El Presidente:
Diputada Miroslava, le solicita una
interpelación el senador Juan José Rodríguez Prats ¿Está de acuerdo?
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Adelante.
El
senador Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul):
Bueno, me está usted interpelando desde la
tribuna, yo conocía la otra interpelación cuando es desde la tribuna... desde la
Asamblea…
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Adelante senador, éste es un diálogo,
adelante.
El senador Juan José Rodríguez Prats
(desde su curul):
Pero dado que usted me interpela, yo le
pregunto: ¿de dónde tiene usted información que esa modificación viene en relación al
impuesto a la fructosa?
La diputada María Miroslava García
Suárez:
Yo le estoy haciendo una pregunta y me
está contestando con otra. Si usted no me quiere contestar, está en su derecho, pero no
responda con otra pregunta.
El
Presidente:
Adelante, diputada Miroslava.
La diputada María Miroslava García
Suárez:
En este caso lo digo por lo que ustedes
mismos han informado como legisladores del PRI y del PAN. Lo sabemos porque hay
filtraciones del equipo de la Presidencia de la República, sabemos que el presidente Fox
pretende concentrar más de un poder en la figura del Ejecutivo, al querer modificar o no
aplicar, cuando ya prescribió el tiempo del veto a las resoluciones del Congreso.
Y en este caso yo no sé si es porque está
muy preocupado al afectar, supuestamente, algún sector productivo de la sociedad mexicana
o está muy preocupado en las presiones de los legisladores estadounidenses.
Y sí es un tema, lo quiero decir, es un
tema, porque usted lo mencionó, usted mencionó el artículo 49 y usted al final también
mencionó este asunto de la colaboración, que no es lo mismo que la suplantación de
funciones como sabemos.
Y también como sabemos, sin ser licenciada
en derecho o experta en la materia, todo mundo sabe que una ley secundaria está por
debajo de la Carta Magna y de la Ley General, que en este caso es muy clara en sus
artículos 72 y 89.
Pero finalmente, hablando de la
reelección, yo lo que les quiero decir, señoras y señores del PAN en particular, porque
les ha tomado muy a pecho este tema y este punto que vengo a exponer, es que desde luego
que el PRD está abierto a la discusión, tan es así que lo estamos discutiendo ahorita,
tan es así que lo vamos a discutir en comisiones.
Y yo lo que sí quiero concluir con esta
intervención, es decir que en la reforma democrática del Estado, necesitamos combatir la
herencia del presidencialismo, que no acabó ni en sueños el 2 de julio del 2000; pensar
eso, es una ilusión y yo creo que este Congreso no puede legislar sobre ilusiones o sobre
percepciones muy personales.
Si para usted acabó el presidencialismo el
2 de julio, es algo que realmente estamos viendo todos los días, todo el tiempo. En ese
sentido, menos presidencialismo, más equilibrio de poderes, más poder al Congreso de la
Unión.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputada Miroslava.
Ha solicitado para el mismo tema el uso de
la palabra el diputado Alejandro Zapata Perogordo, hasta por cinco minutos.
El
diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Gracias, señor Presidente:
Si tenemos en consecuencia diferencia de
visiones, para otros el presidencialismo era cuando en una sola persona se ejercía un
gran poder y por eso comenzamos a luchar obviamente con consistencia ideológica, pero
pensando en un México diferente, donde hubiera división de poderes.
Evidentemente entiendo que la reforma del
Estado no se centra en la cuestión de la reelección, va mucho más allá y en eso en
Acción Nacional estamos plenamente conscientes y adicionalmente por lo mismo hemos hecho
muchas propuestas de diversa naturaleza, pero no olvidamos que quien trajo este tema a
tribuna y que obviamente estamos dispuestos a debatir éste y muchos otros temas
importantes para el país, pues fue el PRD; en consecuencia de ello, no ha sido para
Acción Nacional el tema central de la Reforma del Estado, como también y regresando,
consideramos que el presidencialismo ya se terminó, pero ya se terminó en tanto que
existe un Congreso que se ha ido vigorizando; existe un Congreso que empieza a ser
efectivamente un contrapeso del propio Ejecutivo y tenemos también y no podemos negarlo,
un Poder Judicial que se ha convertido en el árbitro natural entre ambos poderes, en caso
de que surjan controversias. No ver esa parte, bueno, pues sería tanto como no creer que
hubo discusiones serias, serenas, responsables, en las cámaras.
989, 990, 991
Estamos inmersos en una tarea para
fortalecer las instituciones y creo que parte importante de eso la ha ido aportando
Acción Nacional. Nosotros pensamos que los hombres deben trascender a través de las
propias instituciones, consideramos que las instituciones es el hombre perenne y uno de
los grandes constructores de institución reconocidos por la historia, pues fue el
fundador Manuel Gómez Morín.
Así pues, hemos aportado para el
fortalecimiento de las propias instituciones y consideramos que uno de los temas
fundamentales, es ver las cuestiones relativas a la elección de las personas dentro de
las propias instituciones y hay un punto que no quiero dejar pasar desapercibido, porque
en ocasiones nos damos a la tarea de estar debatiendo aquí algunos temas y se nos olvida
también que vivimos en una etapa de consolidación democrática donde nos interesa de
manera puntual y esencial y fundamentalmente la opinión del electorado; no podemos dejar
afuera a la gran ciudadanía que es la que debe decidir.
Por eso me sorprendía cuando se hablaba de
la reelección de que se iban a beneficiar algunas personas o cotos de poder en caso de
que eso se llegara a dar en la hipótesis, cuando una afirmación de esa naturaleza es
finalmente hacer menos a la ciudadanía, que es la que tiene que elegir a sus
representantes.
Por último, porque podríamos estar
platicando aquí sobre una serie de temas diferentes, pero hay algo que me llama la
atención: por un lado se dice que el Presidente de la República no suplante al
Legislativo y por lo tanto, que no ejerza facultades que pueden ser controvertidas en
algunas leyes secundarias. Está bien, nada más que este mismo Congreso, esta misma
Comisión Permanente hace unos días le pidió que hiciera uso de esas facultades para que
quitara el impuesto al valor agregado en lo que se refiere al agua potable de uso
doméstico. Entonces ¿quiénes son los que no tenemos congruencia? Para unas cosas
resulta que sí procede y para otras no.
Yo creo que una de las partes fundamentales
de la reforma del Estado es hacer de México un país de leyes, de certidumbre, de
congruencia, pero sobre todo de manera especial, de que los políticos seamos
responsables, serios, que hagamos un buen debate dentro del área que nos compete en el
Legislativo.
Exijamos respeto del Ejecutivo, tanto, como
aquel que estemos dispuestos a dar y asimismo, exijamos respeto de nuestros compañeros
legisladores, cuanto, tanto estemos dispuestos a dar. Yo creo que en la medida en que eso
se vaya dando, es en la medida como podemos ir alcanzando una serie de acuerdos consensos
para construir efectivamente un México más moderno, un México reformado y un México
que nos permita a todos caminar con mucha mayor certidumbre.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Alejandro Zapata.
Ha solicitado de nueva cuenta la palabra la
diputada Miroslava García, hasta por cinco minutos.
La
diputada María Miroslava García Suárez:
No ocuparé esos cinco minutos porque
únicamente quiero aclarar algunos puntos que el diputado Zapata mencionó.
El PRD presenta este tema desde nuestro
punto de vista, de la no reelección, porque fue el Presidente Fox el primero en
mencionarlo como parte sustancial de la Reforma del Estado, sin acompañarlo de otras
propuestas que nos parecen fundamentales: como modificar el formato del informe
Presidencial, la ratificación del gabinete por este Congreso, la aprobación, el
análisis del Plan Nacional de Desarrollo etcétera. Son temas que por cierto el PRD no
sólo ha anotado en la agenda, sino que ya presentó iniciativas legislativas para su
análisis, que consideramos que ésta sí es parte sustancial de una Reforma del Estado.
Al PRD no se le ocurrió el tema de la
reelección para venir a lastimar susceptibilidades partidistas o personales. Lo apuntamos
el día de hoy, bueno, esto ya estaba agendado desde la semana anterior, precisamente
porque es el presidente Fox quien lo saca a colación cada que puede, sobre el tema de la
Reforma del Estado.
Pero también quisiera comentar que el
punto que aprobó esta Comisión Permanente en relación al agua potable, no fue pedirle
al presidente Fox que no aplicara un gravamen; fue para aclararle a la Secretaría de
Hacienda, que de manera constante año con año en el capítulo de transitorios de las
misceláneas fiscales y de la Ley de Ingresos, este punto estaba presente y vigente por un
respaldo a la economía popular y que había sido de consenso por todos los partidos
políticos, a menos que alguien me diga que no está de acuerdo en el punto.
En ese sentido, tenía esta Comisión
Permanente que hacer una aclaración a la Secretaría de Hacienda porque al momento de
emitir las reglas de operación para aplicar impuestos, había omitido este punto. Es una
naturaleza distinta, además, este Congreso de la Unión, este Poder Legislativo, tiene
también las facultades de analizar y de modificar, porque para eso estamos nosotros, para
revisar y hacer leyes. En un momento dado, las cosas que se hayan o no aprobado en este
Congreso.
A lo que me refiero y en el caso de que
ningún Poder de la Unión podrá concentrar más de un poder, es el hecho de que este
Congreso puede volver a analizar y a revisar la tan polémica reforma fiscal. Pero esto
tiene que ser a través de los cauces institucionales, diputado, no puede ser a la libre
voluntad del Presidente, porque entonces, pues sigue habiendo presidencialismo a pesar del
2 de julio, a pesar de que la sociedad mexicana se expresó libremente y se respetó su
voto.
En este caso, yo quiero concluir mi
intervención, —dije que no iba a tomar más de los cinco minutos— en el sentido
de que hay temas verdaderamente trascendentales en la Reforma del Estado. Yo espero que el
PAN, que el PRI y que todos los partidos políticos aquí presentes, el Verde y el PT,
estén de acuerdo en un verdadero equilibrio de poderes y estén de acuerdo en estas
iniciativas que el PRD ya presentó.
Gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputada Miroslava.
Ha solicitado la palabra el senador Rafael
Melgoza Radillo, hasta por cinco minutos.
El senador
Rafael Melgoza Radillo:
Gracias, señor Presidente; compañeras y
compañeros:
A mí me parece se da, realmente no
encontramos, no tenemos utilidad ni para el Congreso de la Unión, que constituimos todos
ni tampoco para el país, en los términos en que se pretende orientar esta discusión y
este debate.
Yo realmente pedí la palabra a pesar de ya
lo tedioso creo, del debate mismo, no voy a profundizar en los términos en que éste se
está dando, la pedí fundamentalmente para emitir la opinión que desde el Partido de la
Revolución Democrática existe respecto a la urgente necesidad de una reforma profunda
del Estado mexicano, que es una demanda no solamente del Partido de la Revolución
Democrática, como todos sabemos, sino que es una demanda que inmediatamente que se dio el
cambio de régimen político, derivado del voto mayoritario de los mexicanos el 2 de julio
anterior, en las elecciones federales pasadas, empezó a verse en el contexto nacional
como una necesidad que sería impulsada por las fuerzas políticas fundamentales del país
y por el propio Ejecutivo Federal, que emanó de esa elección y que ahora parece que esa
demanda, insisto, que es fundamental para la vida toda de este país, está dejándose de
lado.
Por lo que parece, no se pretende discutir
y profundizar en eso que es tan importante para todos.
Yo creo, en efecto, que estar en el
Congreso de la Unión, en sus cámaras o en la Permanente, tocando puntos parciales, que
tienen qué ver, en efecto, con la Reforma del Estado, pero en donde no se esté
discutiendo el contexto general de esta reforma en todos sus aspectos, desde el asunto
constitucional hasta la reforma misma de los poderes públicos del Estado, no vamos a
poder caminar en un sentido correcto y positivo para el país y para el Congreso de la
Unión.
Yo quiero dejar aquí clara la disposición
del Partido de la Revolución Democrática en el Senado y en la Cámara de Diputados para
buscar, con urgencia, los acuerdos, los consensos necesarios con las demás fuerzas
políticas nacionales y para encontrar una verdadera reforma que sea útil, que sirva para
el desarrollo de este país y para que mejoren las condiciones de vida del pueblo
mexicano.
Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado el uso de la palabra,
para el mismo tema, el senador Jorge Zermeño Infante. Inmediatamente después consultaré
a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.
Tiene usted la palabra, senador, hasta por
cinco minutos.
El
senador Jorge Zermeño Infante:
Gracias, señor Presidente:
Nosotros consideramos que se señala aquí
que este tema no es de utilidad para la discusión en este Congreso, para qué se viene a
plantear a la tribuna un tema que no tiene utilidad para ustedes.
Sin embargo, sí queremos reflexionar sobre
una percepción que nosotros sí tenemos y creo que es compartida por gran parte del
pueblo de México.
El presidencialismo ya se acabó, cuando
menos en la etapa en la que vivimos durante muchos años. Un Presidente de la República
que tenía no solamente poderes constitucionales, sino una serie de atribuciones
metaconstitucionales, que iban desde el nombramiento de su sucesor, el jefe virtual de su
partido político, el nombramiento de candidatos a todo tipo de puestos populares
etcétera y una serie de cuestiones que le daban lo que conocimos durante mucho tiempo
como este esquema presidencialista, en donde había propuestas legislativas en el gran
legislador que era el Ejecutivo, que a veces en una semana eran discutidas y aprobadas, en
el Congreso de la Unión y en el Constituyente Permanente.
Yo recuerdo algún congreso, allá en la
época de López Portillo, que de pie le aplaudía al Presidente de la República la
estatización de la banca y la misma legislatura, con el siguiente presidente, Miguel de
la Madrid, aplaudía también de pie la privatización de la banca.
Pues ése era el presidencialismo que
vivíamos y podemos poner muchos ejemplos de esta fórmula que afortunadamente
consideramos que ha quedado atrás.
Este Congreso le ha rechazado al actual
Presidente iniciativas que ha presentado. Hace rato se mencionaba la propia iniciativa de
reforma fiscal, que ni siquiera fue dictaminada.
El propio Poder Judicial ha resuelto
controversias constitucionales en contra del propio Ejecutivo.
Creo que estamos viviendo un
fortalecimiento de los poderes y a nosotros nos interesa discutir temas de la Reforma del
Estado que por supuesto van mucho más allá de la sola reelección de los legisladores,
que además hay que entender que la reelección por sí sola no es automática.
Cuando un legislador, cuando algún alcalde
hace bien su trabajo, yo creo que tendrá elementos, argumentos suficientes para
presentarse frente al electorado y el electorado podrá decidir si le da o no su voto.
Pero yo no creo que aquellas que no cumplen con su deber, con su obligación, tengan el
valor de ir a pedirle el voto a los ciudadanos cuando ni siquiera han cumplido con lo
mismo. Me parece que son temas de reflexión que nos ayudan a fortalecer nuestros esquemas
democráticos, a fortalecer la división de poderes y estar abiertos a esa discusión de
una serie de temas que conforman la Reforma del Estado, buscando aquello que fortalezca al
Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial, desde luego pasando por un federalismo que
requiere, desde luego, mayor participación en estados y municipios para que la vida
pública de este país se vea fortalecida en esta discusión, que ojalá podamos hacerla
entre todos, buscando consensos por el bien de este país.
Gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, senador Jorge Zermeño
Infante.
Los demás puntos del orden del día,
cuatro puntos de ellos han sido retirados por los respectivos grupos parlamentarios, para
una próxima sesión.
DISPOSICIONES
FISCALES
El Presidente:
En tal virtud el siguiente punto del orden
del día, son "comentarios sobre las declaraciones del presidente Vicente Fox
Quesada, en relación con la Miscelánea Fiscal Aprobada por el honorable Congreso de la
Unión en diciembre pasado", por el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
El diputado Juan Carlos Regis Adame:
Con la venia de la Presidencia; compañeras
y compañeros legisladores:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo hace uso de esta tribuna para referirse al discurso del Presidente de la
República, pronunciado en el aniversario del consejo de cámaras industriales, de
Jalisco, el 20 de febrero del presente año.
992, 993, 994
Para el Partido del Trabajo la declaración
del titular del Ejecutivo, es, por decir lo menos, una insensatez. Parecería que Vicente
Fox no ha entendido que las campañas electorales concluyeron y que debe actuar como
Presidente de la República. Es la manía de pronunciar discursos al gusto del auditorio
que le escucha, hace que la actuación del Ejecutivo Federal se atrofie y que
sistemáticamente prometa hacer lo que no puede.
En el caso particular que nos ocupa, el
Presidente de la República soslaya que tuvo la oportunidad constitucional de formular
observaciones al paquete fiscal aprobado por el honorable Congreso de la Unión y que al
promulgar y ordenar la publicación de las mismas, validó la legalidad de ellas.
No debemos soslayar que nuestro grupo
parlamentario no coincidió con la decisión del Senado de la República de adicionar la
Ley de Ingresos de la Federación con los artículos séptimo y octavo transitorios. Este
último que es la parte medular de la litis y que fueron propuestas tanto por los
senadores del PAN y del PRD.
Dicho procedimiento nos pareció
inconstitucional pero fue avalado por los legisladores de estos partidos y reiteramos, el
Ejecutivo Federal lo validó al promulgarlo.
Ahora bien, el Presidente de la República,
de acuerdo con lo que dispone la Constitución General de la República en el artículo
131 segundo párrafo en materia fiscal, únicamente está facultado para aumentar,
disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas
por el propio Congreso.
Por lo que hace a la legislación
secundaria, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 39 faculta al Presidente
de la República para que mediante resoluciones de carácter general, conforme a la
fracción I pueda, citamos: "condonar o eximir total o parcialmente el pago de
contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o
región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la
realización de una actividad, así como en caso de catástrofes sufridas por fenómenos
metereológicos, plagas o epidemias". Se cierra la cita.
De la transcripción anterior se desprende
que las condiciones actuales del país en los aspectos económicos no se ven afectados por
catástrofes o situaciones análogas. Desde luego que el Ejecutivo Federal está facultado
conforme a la fracción III del propio artículo 39 para conceder subsidios o estímulos
fiscales, pero el ejercicio de estas atribuciones por parte del Ejecutivo de ninguna
manera podrían constituir ajustes y correcciones a lo que él llamó reforma fiscal.
Por supuesto que los legisladores del
Partido del Trabajo no entendemos el tono plañidero del Ejecutivo Federal cuando dice y
citamos: "que el Ejecutivo Federal propuso y propuso en marzo 1o. del año pasado una
reforma fiscal y el Congreso Federal dispuso una reforma muy diferente a nuestra propuesta
original".
¿Qué esperaba el Ejecutivo que las
cámaras del Congreso aprobaran sin chistar su iniciativa, su reformón fiscal que
pretendía cargar en la espalda de los trabajadores el costo de dichas propuestas? Tal
parece que el Ejecutivo Federal pretende soslayar o de plano ignora que el Poder
Legislativo es un poder público, autónomo y que de ninguna manera puede ser un títere
al que el Presidente de la República maneje a su antojo.
Los legisladores estamos aquí para
defender los intereses de nuestros gobernados. Si el Presidente quiere pagar los costos
políticos asumidos en su campaña electoral, que no ponga como pretexto la función del
Legislativo.
Compañeras y compañeros legisladores: a
todos nos consta que los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
participaron activamente en el cabildeo para aprobar la Miscelánea Fiscal. Que si el
Secretario de Hacienda no informó al Presidente es un problema de comunicación entre
ellos. Si Vicente Fox se ve presionado ahora por las grandes empresas productoras de
fructosa y plantea eliminar el gravamen a dicho insumo, que asuma la responsabilidad de
este hecho que vulnera la normatividad vigente.
Los legisladores de la fracción
parlamentaria del Partido del Trabajo, conjuntamente con otros grupos parlamentarios,
cumplimos con nuestra tarea y desde luego rechazaremos cualquier iniciativa que provenga
del Ejecutivo Federal que atente con lo que se aprobó y sancionó por el propio
Ejecutivo. En caso de que éste pase de las simples declaraciones a los hechos formales y
demostrara que su interés no es con los sectores productivos nacionales, de igual forma
confirmará su subordinación a los sectores hegemónicos del imperialismo norteamericano.
La afirmación anterior la formulamos en
virtud de que en la Ley de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios los
legisladores aprobamos establecer una tasa adicional a los productos elaborados con alta
fructosa que se importa básicamente de Estados Unidos de América. Esta decisión la
tomamos los legisladores para beneficiar a los productores azucareros mexicanos, ya que
los secretarios de Economía de gobiernos anteriores y del presente no han obligado al
gobierno estadounidense a cumplir con los compromisos comerciales previstos en el Tratado
de Libre Comercio.
Es cuanto.
El Presidente:
Gracias, diputado Regis Adame.
ORDEN DEL
DIA
La secretaria senadora Cecilia Romero
Castillo:
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.
«Comisión Permanente.— Primer
Receso.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 6 de marzo de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Congreso del Estado de Jalisco.
Oficios de la Secretaría de
Gobernación
Con el que se remite copia del oficio del
secretario técnico de planeación, comunicación y enlace de la Secretaría de Economía,
sobre el programa integral de rehabilitación del cocotero, en relación al punto de
acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores.
Cinco con los que se remiten copias de los
convenios: Internacional del Café de 2001; de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional; Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas
Cometidos con Bombas; Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo
e Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. (Turno a comisión.)
Tres con los que se remiten copias de los
acuerdos: de constitución del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral; por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino y de
sede entre los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Pagos Internacionales. (Turno a
comisión.)
Dictámenes a discusión
Doce de la Segunda Comisión con puntos de
acuerdo por los que se ratifican grados a los ciudadanos Francisco Antonio Islas Rivera,
Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, Pedro Almazán Cervantes, Leonardo Hernández
López, Gerardo Mérida Sánchez, Abelardo Morgado Vichi, Homero Mendoza Ruiz, Florencio
Ramírez Hernández, Miguel Angel Núñez García, Mario Antonio Uicab Mex, Leopoldo
Aguilar Molina y Alfonso Murrieta Osorio, miembros del Ejército mexicano.
Y los demás asuntos con los que la Mesa
Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 14:32 horas):
Gracias, senadora Cecilia Romero.
Se levanta la sesión y se cita para la
próxima que tendrá lugar el miércoles 6 de marzo, a las 11:00 horas.
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