Diario de Debates No. 3, 4 de septiembre de 2001, Primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio, LVIII Legislatura

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio

De los congresos de los estados de: Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Oaxaca.

Sobre el aniversario luctuoso de Alfonso García Robles, a cargo de la diputada Yadira Ivette Tamayo Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Por el que comunica la elección de mesa directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del 1o. de septiembre de 2001 al 31 de agosto de 2002, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.

De reformas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con el que remite el informe de avance de gestión financiera, correspondiente al ejercicio 2001, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Turno a comisión.)

Posicionamiento de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, respecto al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura.

Con punto de acuerdo, en relación a las reformas al Código Penal del Estado de Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo, en relación a las reformas al Código Penal del Estado de Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo, en relación a las reformas al Código Penal del Estado de Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

Antes de someter a consideración el orden del día, quisiera rogarle a los representantes de los medios de comunicación tomen nota que hemos iniciado la sesión y le ruego al compañero legislador que les está dando una entrevista, concluya o se trasladen al área de prensa para continuar con la entrevista.

«Acta de la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veintisiete de agosto de dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta minutos del lunes veintisiete de agosto de dos mil uno, con la asistencia de trescientos setenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente a seis oficios de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, por los que comunica que aprobó las solicitudes de licencia de los diputados: Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Héctor Israel Ortiz Ortiz, Salvador López Orduña, José César Nava Vázquez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Eugenio Javier Hernández Flores. Llámese a los suplentes.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos: Gabriela Cuevas Barrón, José Luis Hernández Garza y Julio César González Jiménez, electos como diputados suplentes en la cuarta circunscripción plurinominal, segundo distrito del Estado de Tamaulipas y décimo distrito del Estado de Michoacán, respectivamente, quienes acompañados de una comisión designada rinden la protesta de ley y entran en funciones de inmediato.

El Presidente notifica de la recepción de un oficio de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, por el que comunica su separación del cargo de coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para estar en condiciones de cumplir con lo establecido en el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Se procede a la elección de integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que funcionará durante el segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura y al final del escrutinio y cómputo respectivos, la Secretaría informa que se emitieron un total de cuatrocientos diecinueve votos con los siguientes resultados:

Trescientos ochenta votos en pro de la fórmula integrada por los diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel, como presidenta; María Elena Alvarez Bernal, Eloy Cantú Segovia y Eric Eber Villanueva Mukul, como primer, segundo y tercer vicepresidentes, respectivamente, y Martha Silvia Sánchez González, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán y Adrián Rivera Pérez, como primer, segundo y tercer secretarios, respectivamente.

Veintiséis votos a favor de la presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, de los mismos secretarios y el solo cambio de orden en las vicepresidencias.

Diez votos a favor de la presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel y diferentes vicepresidencias y secretarías.

En consecuencia, el Presidente declara electos para la mesa directiva de la Cámara de Diputados que funcionará durante el segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura a los diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel, como presidenta; María Elena Alvarez Bernal, Eloy Cantú Segovia y Eric Eber Villanueva Mukul, como vicepresidentes y Martha Silvia Sánchez González, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán y Adrián Rivera Pérez, como secretarios y ordena que las cédulas se conserven en la Secretaría.

El Presidente los invita a ocupar un lugar en el presidium; toma la protesta de la Presidenta electa y posteriormente de los vicepresidentes y secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

El diputado Ricardo Francisco García Cervantes entrega a la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, la campanilla a la que calificó cómo símbolo de la responsabilidad y la autoridad que la Asamblea confiere a la Presidencia de la Cámara de Diputados.

La Presidenta hace un reconocimiento a la mesa directiva saliente y puestos todos de pie, declara:

«La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente instalada para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura».

La Presidenta da lectura a las comisiones designadas para informar de la instalación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al Poder Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y notifica que al Senado de la República, a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se les comunicará por escrito.

Agotados los asuntos en cartera, la Presidenta levanta la sesión a las doce horas con cincuenta y cuatro minutos, citando para la de Congreso General a las diecisiete horas del sábado primero de septiembre de dos mil uno, y para la sesión de la Cámara de Diputados el martes cuatro de septiembre de dos mil uno, a las once horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta en mención.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

Diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

De acuerdo con el artículo 71 fracción II, de la Constitución General de la República, la facultad de presentar iniciativas de leyes le corresponde, entre otros funcionarios, a los diputados y senadores de dicho Congreso.

Por tal motivo, me permito hacerle llegar la propuesta de reforma al numeral 9 de la Ley de Amparo, a efecto de que se clarifique o precise la legitimación activa por parte de los órganos de Estado (como es la Procuraduría que represento) para promover el juicio de garantías en todos aquellos casos en que los tribunales administrativos resuelven los conflictos que antes eran de tipo laboral y que ahora se dice son de naturaleza administrativa y que surgen con los agentes de la Policía Ministerial (antes Judicial) de esta dependencia del Ejecutivo de Baja California, cuando éstos son sancionados en alguna forma con motivo de la prestación del servicio de seguridad pública.

La urgencia de tal reforma obedece a que, como sucede en todas las procuradurías del país, en Baja California existe un programa permanente de depuración de todos aquellos policías que incurren en actos de corrupción, actos contrarios a la ley y, en general, actos que generan impunidad; empero, y esto lo lamentamos profundamente, cualquiera que sea el procedimiento para cesar o separar del cargo a dichos malos elementos, debido a nuevos criterios de los tribunales federales, los actos de la Procuraduría ya no se consideran como los de un patrón, sino como los de una autoridad, según se pone de manifiesto en el estudio que acompaña a este escrito, de tal manera que el proceder de esta autoridad es analizado de manera rigorista y con extrema formalidad por los tribunales administrativos, arribando éstos siempre a la conclusión de que no existe la libre remoción de los agentes de la Policía Ministerial, esto es, en el supuesto de que se haya perdido la confianza respecto a uno de tales elementos, por esa sola razón no se les puede separar del empleo o del encargo, circunstancia que también obliga a que el honorable Congreso de la Unión realice un estudio o la reforma —si así se requiere y estima pertinente—, de la fracción XIII apartado B del artículo 123 constitucional.

Por otra parte, aún siguiendo los procedimientos para aplicar la Ley Orgánica de esta Procuraduría, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación para el Estado, los tribunales contenciosos administrativos de nuestro Estado, en el grueso de los asuntos por no decir que en la totalidad, declaran la nulidad de las resoluciones de la Contraloría Interna de esta Procuraduría, en las que se sanciona con la separación del cargo, la suspensión o la inhabilitación de un elemento policiaco, apoyándose en consideraciones relacionadas con cuestiones formales y no de fondo.

Así las cosas, la depuración, en estricto rigor, ha quedado como un mero intento por eficientar la seguridad pública, dado que la mayoría de los agentes despedidos han reingresado o sido reinstalados por orden de los tribunales administrativos, con el consiguiente pago de los salarios caídos.

Precisamente por constituir la situación antes apuntada un problema que seguramente afecta a todas las corporaciones del país, ese honorable Congreso con fecha 3 de febrero de 1999, mediante decreto aprobado por el pleno de la Comisión Permanente, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de marzo de 1999, Primera Sección, Tomo DXLVI, No. 6, reformó el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisando que los agentes ministeriales o judiciales e incluso los agentes del Ministerio Público una vez separados del cargo no pueden ser reinstalados o restituidos en el puesto que desempeñaban; sin embargo, esta disposición no ha sido, a nuestro juicio, debidamente interpretada y, por ende, menos acatada por los tribunales contenciosos administrativos de Baja California, ya que en sus resoluciones se continúa ordenando la reinstalación de agentes ministeriales, a pesar de que una de las excepciones o defensas por parte de esta Procuraduría ha consistido en que no procede en ningún caso tal reingreso, ni aun tratándose de remoción libre, por existir prohibición expresa en el mandato constitucional que nos ocupa.

Por la razón antes apuntada, se propone la reforma al artículo 9o. de la Ley de Amparo, con el propósito de que teniendo acceso esta Procuraduría a la acción constitucional se pueda obtener mediante el amparo directo por parte de los tribunales colegiados o incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pronunciamiento sobre la interpretación o el alcance que debe darse a la referida fracción XIII apartado B del artículo 123 constitucional, es decir, si los policías ministeriales deben ser reinstalados o no.

Cabe destacar que no se ignora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado un proyecto de nueva Ley de Amparo; empero, a juicio del suscrito la forma en que se encuentra redactado el artículo 7o. que aborda el problema que nos ocupa, no resuelve la situación que aquí se plantea al dejar al arbitrio o interpretación de los órganos jurisdiccionales federales la procedencia o improcedencia de juicio de amparo, apoyándose en la legitimación o falta de ésta por parte de quien aparezca como quejoso.

Mexicali, BC, a 6 de agosto de 2001.— Licenciado Juan Manuel Salazar Pimentel, Procurador General de Justicia del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chiapas.— Honorable Congreso.

Por acuerdo del honorable Congreso, comunicamos a usted (es), que con esta fecha y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 de la Constitución Política local y 8o. de la Ley Orgánica de este propio Congreso, se clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, quedando integrada la Comisión Permanente que fungirá durante el receso de la Cámara, misma que comprenderá del 18 de agosto al 16 de noviembre, la cual quedó conformada de la siguiente manera:

Diputados: Jorge Guzmán López, presidente; Eutiquio Velasco González, vicepresidente; José Ricardo Domínguez González, Augusto Orantes Ruiz, secretarios; Pedro Jiménez López y Noel Rodas Vázquez, prosecretarios.

Lo cual comunicamos a usted (es) para los efectos procedentes, reterándole (s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 18 de agosto de 2001.— Por el Congreso del Estado, Héctor Hugo Robledo Gordillo, diputado secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión — Presentes.

Anexo al presente el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura Constitucional del Estado, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, mediante el cual se solicita su apoyo y pronunciamiento para que se revisen los tratados comerciales suscritos por México en el apartado agropecuario.

Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.

Guanajuato, Gto., 2 de agosto de 2001.— El vicepresidente del Congreso del Estado, diputado Omar Octavio Chaire Chavero.

La LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Artículo primero. La LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se revise y renegocie el apartado agropecuario de los tratados comerciales suscritos por México, con la finalidad de pactar condiciones equitativas en la comercialización de productos del campo mexicano.

Artículo segundo. Se adopten las medidas precautorias y moratorias a la importación y comercialización de productos transgénicos.

Artículo tercero. Asimismo, que en el contexto de los compromisos pactados en los tratados comerciales, se generen las políticas de apoyo interno, de subsidios a la exportación y de salvaguarda especial de los productos extremadamente sensibles a las importaciones.

Artículo cuarto. Convoque a las organizaciones de productores agropecuarios del país, para que participen en la elaboración de las políticas del campo.

Artículo quinto. Comuníquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal, para los efectos conducentes. Asimismo, remítase al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitando su apoyo y pronunciamiento en el sentido expresado.

Guanajuato, Gto., 2 de agosto de 2001.— Diputados: Omar Octavio Chaire Chavero, vicepresidente en funciones de presidente; Jesús Domínguez Aranda y Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, secretarios.»

Para su conocimiento y efectos, me estoy permitiendo informar a ustedes, que la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de julio del año en curso, dio apertura al segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional y en junta preparatoria celebrada el mismo día, eligió a los integrantes de la directiva que fungió durante éste, recayendo dichos cargos en los diputados: Gerardo Arturo Saucedo Delgado, presidente; César Sánchez Lozano, vicepresidente; José Pablo Guillermo Uribe Muñoz, José Ignacio Olvera Caballero, secretarios propietarios; Crisóforo Rivera Redondo, Bernardino Padilla Sánchez, secretarios suplentes.

Asimismo, en virtud de haberse desahogado los trabajos de este periodo, fue clausurado el día de hoy.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.

Pachuca, Hidalgo, 26 de julio de 2001.— Licenciado Manuel Angel Villagrán Valdespino, oficial mayor del honorable Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

El honorable Congreso del Estado, en sesión verificada el día de hoy, hace de su conocimiento que aprobó el decreto número 19141, que rechaza la cuenta pública del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1999.

Se anexa copia certificada de la minuta de decreto respectiva, para los efectos legales procedentes.

Guadalajara, Jalisco, a 26 de julio de 2001.— Licenciado Leonardo García Camarena, oficial mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Se rechaza la cuenta pública del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1999 y determina un crédito fiscal en contra de los ciudadanos José Mendoza Echeverría y Emigdio Alvarez Amezcua, por la cantidad de $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 32/100 mn.).

Artículo primero. No es de aprobarse la cuenta pública del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1999, en virtud de que los ciudadanos José Mendoza Echeverría y Emigdio Alvarez Amezcua no demostraron debidamente los manejos de los fondos públicos municipales, por lo que procede el fincamiento de responsabilidad en forma solidaria en contra de los citados ex servidores públicos por la cantidad de $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 32/100 mn.).

Artículo segundo. Se eleva a la categoría de crédito fiscal la cantidad $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 32/100 mn.), en contra de los ciudadanos José Mendoza Echeverría y Emigdio Alvarez Amezcua, ex presidente y ex tesorero municipales, respectivamente.

Artículo tercero. La tesorería del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, deberá hacer efectivo el crédito fiscal en los términos del artículo 7o. de la Ley de Ingresos de aquel municipio para el ejercicio fiscal de 1999, así como lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en contra de los ciudadanos José Mendoza Echeverría y Emigdio Alvarez Amezcua, por la cantidad de $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 32/100 mn.).

Artículo cuarto. Remítase copia certificada del presente dictamen y decreto íntegramente al director general de la entidad Superior de Fiscalización de la Federación y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos legales previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo quinto. Cumplidos los términos del artículo 3o. del presente decreto, extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el cuerpo del dictamen y el presente decreto al ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco y a la Contaduría Mayor de Hacienda, para los efectos legales a que haya lugar.

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Salón de sesiones del Congreso del Estado.— Guadalajara, Jalisco, a 26 de julio de 2001.— Diputados: José Guadalupe Madera Godoy, presidente; Lázaro Arias Martínez y José Trinidad Muñoz Pérez, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados: la Comisión de Inspección que está a cargo de los suscritos, para los efectos de los artículos 35 fracción IV y 89 de la Constitución Política del Estado, en relación con lo dispuesto por el numeral 37 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se abocó al estudio y análisis de la cuenta pública del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1999 y al efecto se hacen las siguientes

I. Que conforme al artículo 39 fracción I numeral 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, es obligación de los ayuntamientos remitir al Congreso del Estado, la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el año inmediato anterior, antes del día último del mes de enero;

II. Que compete a la comisión de inspección el examen y aprobación de la cuenta pública del Estado y de los municipios, conforme lo dispone el artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado;

III. Que con base a lo que disponen el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se envió la documentación que contiene la cuenta pública del ayuntamiento en cuestión a la Contaduría Mayor de Hacienda, con objeto de que se realizará el examen y revisión correspondientes, como lo ordena el artículo 142 de la propia ley;

IV. Que las cuentas públicas estarán sujetas a revisión por el Congreso del Estado, según lo dispone el artículo 87 de Ley Orgánica Municipal y si de la revisión de las mismas se determinasen responsabilidades, la Contaduría Mayor de Hacienda lo hará del conocimiento de la comisión que suscribe el presente dictamen para el ejercicio y las acciones que resulten, conforme a lo señalado por el artículo 240 de la Ley de Hacienda Municipal;

V. Que el contador Mayor de Hacienda, en cumplimiento del artículo 7o. fracción X del Reglamento Interno de la Contaduría Mayor de Hacienda informa a la comisión que suscribe, de las irregularidades de la citada cuenta pública y las responsabilidades de los servidores públicos del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, que tuvieron a su cargo el manejo de los fondos públicos, informe del que se desprende lo siguiente:

a) Las observaciones determinadas por la Dirección de Auditoría a la Obra Pública, en concepto del órgano técnico, no se comprobaron ni justificaron, son las siguientes:

No.	Hoja	Concepto	Observación	Importe.
Obra directa.
1	1/2	Apoyo para el Programa de Regiones Prioritarias en diversas localidades del municipio	Egreso sujeto a aclaración debido a que faltaron comprobantes de los recursos otorgados por el ayuntamiento; debiendo presentar el expediente técnico de las obras que contengan: a) Acta de concertación. b) Presupuesto. c) Proyecto. d) Comprobantes totales de gastos. e) Acta entrega-recepción de obra. f) Actas de no terminación de obra y sus causas.	$139,609.95
2	2/2	Rehabilitación del templo de San Bartolomé, en la cabecera municipal.	Egreso sujeto a aclaración se solicita documentación: a) acuerdo de cabildo. b) Presupuesto de la obra con desglose de mano de obra.	$47,830.41
RAMO 33
1	1/3	Construcción de planta potabilizadora en la cabecera municipal.	Observación sujeta a aclaración por material hidráulico pagado de acuerdo a factura 2164 (todo para la hidráulica), el cual no se encontró en la obra. Se solicita la siguiente documentación: a) Presupuesto. b) Análisis de precios unitarios. c) Generadores. d) Planos. e) Memoria fotográfica. f) Convenios. g) Acuerdos de cabildo h) Oficio aclaratorio donde se explique por que no se termino la obra.	$76,935.96
			Total	$264,376.32

b) En concepto del órgano técnico, no se aclaran ni se justifican las observaciones formuladas por la Dirección de Auditoría a la Obra Pública, descritas en el cuadro que antecede, las que se tienen por reproducidas en obvio de inútiles repeticiones.

1. La observación marcada con el número 1, correspondiente a obra directa, se advierte del acta de cabildo número 32, de fecha 18 de marzo de 1999, así como de la orden de pago número 10695, de fecha 16 de julio de 1999, documentos que obran en la cuenta pública del municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, que el citado ayuntamiento autorizó y realizó una erogación como apoyo para la realización de obras, proyectos contemplados dentro del Programa de Regiones Prioritarias 1998, de los cuales la cantidad correspondiente a las obras auditadas, materia de esta observación es de $139,609.95 (ciento treinta y nueve mil seiscientos nueve pesos 95/100 MN.), misma que no se aclara ni justifica, toda vez que, no obstante que fueron citados los ex servidores públicos, los cuales no comparecieron ni aportaron los documentos requeridos consistentes en: acta de concertación de la obra, presupuestos, proyectos, comprobantes totales de gastos, acta de entrega-recepción; tratándose de electrificaciones de la Comisión Federal de Electricidad, así como las actas de no terminación de las obras y sus causas.

No es óbice para arribar a la anterior conclusión, el que el citado ayuntamiento, haya autorizado, mediante acuerdo de cabildo, el egreso por el monto señalado. Toda vez que no se tienen los comprobantes de gasto de cada una de las obras donde se apoyó, careciendo además, del expediente técnico de las mismas, contraviniendo así lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco que en su artículo 225, tercer párrafo, se establece que si de la revisión aparecieren discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas de los presupuestos o no existiere exactitud o justificación en los gastos hechos o de los ingresos percibidos, se determinarán y fincarán las responsabilidades procedentes, ante la autoridad competente; y toda vez que el ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, no presentó documentación alguna para aclarar y solventar la presente observación, queda un cargo de $139,609.95 (ciento treinta y nueve mil seiscientos nueve pesos 95/100 MN.).

2. La observación número 2, correspondiente a obra directa y la cual consiste en una erogación realizada por concepto de el pago de mano de obra, renta de andamios y suministro de diversos materiales como apoyo para la reconstrucción de dos torres en el templo de San Bartolomé, por la cantidad de $47,830.41 (cuarenta y siete mil ochocientos treinta pesos 41/100 MN.). Los ex servidores públicos, no presentaron documentación alguna con la cual se aclare o justifique la observación en comento, no obstante que fueron requeridos para que presentaran el acuerdo de cabildo que autorice la referida erogación y el presupuesto de la obra con el desglose de mano de obra suministrada; omisión de los ex servidores públicos que contraviene lo establecido en el artículo 225 tercer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal, en el sentido de no justificar los gastos hechos, por lo que en consecuencia, se determina un cargo de $47,830.41 (cuarenta y siete mil ochocientos treinta pesos 41/100 MN.), mismo que deberá ser reintegrado a la hacienda Municipal.

3. La observación número 1, correspondiente al ramo 33, consiste en la erogación realizada por el ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, por $76,935.96 (setenta y seis mil novecientos treinta y cinco pesos 96/100 MN.), cantidad que comprende el suministro de diversos materiales hidráulicos, mismos que se encuentran descritos en la factura número 2164, expedida por el proveedor "todo para la hidráulica" de fecha 13 de agosto de 1999, la cual obra en la cuenta pública del citado municipio y ampara la compra de dichos materiales. Se advierte que éstos no se encontraron en la obra, motivo por el cual el órgano técnico, solicitó para su aclaración: presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, generadores, planos, memoria fotográfica, convenio de concertación, acuerdo de cabildo, así como un escrito aclaratorio en él se informará la razón por la cual no se ha terminado la obra.

En virtud de lo anterior, se contraviene el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que en su tercer párrafo establece que si de la revisión aparecieren discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas de los presupuestos o no existiere exactitud o justificación en los gastos hechos o de los ingresos percibidos, se determinarán y fincarán las responsabilidades procedentes, ante la autoridad competente; en consecuencia, subsiste el cargo por $76,935.96 (setenta y seis mil novecientos treinta y cinco pesos 96/100 MN.).

VI. Que con los fundamentos y motivos legales mencionados con anterioridad, para que se apruebe la cuenta pública del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1999, debe reintegrarse a la hacienda municipal, la cantidad de $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos32/100 MN.)

VII. Que el artículo 7o. de Ley de Ingresos del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1999, establece que las responsabilidades pecuniarias que cuantifique la Contaduría Mayor de Hacienda, en contra de los servidores públicos municipales, se equipararán a créditos fiscales, previa aprobación del Congreso del Estado; en consecuencia la tesorería municipal de aquel ayuntamiento, deberá hacerlo efectivo mediante el procedimiento que fija la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

VIII. Que es procedente el fincamiento de responsabilidad en forma solidaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado y 7o. de la Ley de Ingresos del Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1999, a cargo de los ciudadanos José Mendoza Echeverría y Emigdio Alvarez Amezcua, ex presidente y ex tesorero municipales del citado ayuntamiento, por la cantidad total de $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 32/100 MN.).

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artículos 35 fracción IV y 89 de la Constitución Política, así como los artículos 223, 224, 225, 236, 237, 238 fracción I y 240 de la Ley de Hacienda Municipal; 87, 93, 94, 141, 142 fracciones I, XI, XX y XXI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos, ordenamientos del Estado de Jalisco y con base en los criterios fijados por los diputados que integran la comisión de inspección de esta representación popular, sometemos a la elevada consideración de ustedes, diputados, el siguiente

Que rechaza la cuenta pública del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1999 y determina un crédito fiscal en contra de los ciudadanos José Mendoza Echeverría y Emigdio Alvarez Amezcua, por la cantidad de $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 32/100 MN.).

Artículo primero. No es de aprobarse la cuenta pública del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1999, en virtud de que los ciudadanos José Mendoza Echeverría y Emigdio Alvarez Amezcua, no demostraron debidamente los manejos de los fondos públicos municipales, por lo que procede el fincamiento de responsabilidad en forma solidaria en contra de los citados ex servidores públicos por la cantidad de $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 32/100 MN.).

Artículo segundo. Se eleva a la categoría de crédito fiscal la cantidad de $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 32/100 MN.), en contra de los ciudadanos José Mendoza Echeverría y Emigdio Alvarez Amezcua, ex presidente y ex tesorero municipales, respectivamente.

Artículo tercero. La tesorería del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco, deberá hacer efectivo el crédito fiscal en los términos del artículo 7o. de la Ley de Ingresos de aquel municipio, para el ejercicio fiscal de 1999, así como lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en contra de los ciudadanos José Mendoza Echeverría y Emigdio Alvarez Amezcua, por la cantidad de $264,376.32/100 (doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 32/100 MN.)

Artículo cuarto. Remítase copia certificada del presente dictamen y decreto al director general de la entidad superior de fiscalización de la Federación y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos legales previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo quinto. Cumplidos los términos del artículo tercero del presente decreto, extiéndase el correspondiente finiquito por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, para constancia y resguardo de los interesados.

Comuníquese el cuerpo del dictamen y el presente decreto al honorable ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, Jalisco y a la Contaduría Mayor de Hacienda, para los efectos legales a que haya lugar.

Unico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Sala de comisiones del Congreso del Estado.— Guadalajara, Jalisco, a 16 de Julio de 2001.—Comisión de Inspección.— Diputados: Rafael Sánchez Pérez, presidente; José Antonio Cabello Gil, Salvador Caro Cabrera, Ernesto Díaz Márquez, José Guadalupe Madera Godoy, José Trinidad Muñoz Pérez y Leobardo Treviño Marroquín.»

«El suscrito, oficial mayor del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco

Que las presentes fotocopias, en nueve hojas útiles, son copia fiel de los originales que tuve a la vista y que corresponden a la minuta número 19141, de fecha 26 de julio del 2001, así como al dictamen respectivo, mismos que obran en los archivos de este honorable Congreso del Estado.

Se extiende la presente certificación por acuerdo de la Asamblea a los tres días del mes de agosto del 2001.

Guadalajara, Jalisco, México.— Licenciado Leonardo García Camarena, oficial mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Palacio Legislativo.

Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.

La LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Unico. La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se adhiere al acuerdo emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Se aprueba enviar al Congreso de la Unión el presente acuerdo, con la finalidad de que en uso de sus atribuciones, analice la procedencia legal correspondiente de reformar el Código Penal Federal en el capítulo relativo a delitos ambientales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Forestal, las normas oficiales mexicanas NOM-002-ECOL-1996, NOM-001-RECNAT-1995, NOM-012-RECNAT-1996, NOM-062-ECOL-1994 y demás disposiciones reglamentarias en los rubros anteriormente mencionados. Remítase copia de este acuerdo a la legislatura del Estado de Puebla, así como a las de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en los mismos términos, si así lo creen conveniente, emitan un acuerdo similar y lo envíen al Congreso de la Unión.

Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Remítase copia del presente acuerdo similar al enviado por la LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Puebla, a las legislaturas de los estados, incluyendo a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para que se sumen a la propuesta. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.

Salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 16 de agosto de 2001.— Diputados: Rubén Vasconcelos Beltrán, presidente; Humberto Altamirano Cruz y Romualdo Juan Gutiérrez Cortés, secretarios.

Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Oaxaca de Juárez, a 16 de agosto de 2001.—Diputados: Humberto Altamirano Cruz y Romualdo Juan Gutiérrez Cortés, secretarios.»

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la Cámara de Diputados»

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

En mi calidad de Presidenta de la Cámara de Diputados y en virtud de lo establecido en el artículo 22 numeral 2 de la Ley Orgánica, he recibido invitación del Presidente de la República para asistir a la visita que realizará a Washington, DC, donde habrá de intervenir ante el Congreso norteamericano y se desarrollarán encuentros con legisladores.

Por considerar que los temas que se van a tratar son de la mayor importancia para el país y pueden tener repercusiones en tratados de interés para el Poder Legislativo, acepté la invitación, por lo que estaré ausente en la sesión del jueves 6 de septiembre.

En la mesa directiva hemos tomado providencias para la atención de la sesión de referencia.

México, D.F., a 4 de septiembre de 2001.—Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta.

El gobernador electo del Estado de Baja California, licenciado Eugenio Elorduy Walter, me ha invitado para coordinar la comisión de transición, que recibirá la información y documentación del gobernador actual, previo a la transmisión del Poder Ejecutivo.

He aceptado esta invitación por considerarla una oportunidad de servir a mi Estado y devolverle un poco de lo mucho que me ha dado.

Con este motivo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así como en los artículos 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a ustedes aprobar una licencia por tiempo indefinido para separarme de mi investidura de diputado federal, a partir del día 1o. de septiembre de 2001 y llamar a mi suplente, licenciada Gina Andrea Cruz Blackledge, para que asuma la responsabilidad.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi reconocimiento a todos los integrantes de la Cámara de Diputados, por el compañerismo y trato respetuoso que he recibido durante mi permanencia en esta histórica LVIII Legislatura. Igualmente reconozco la colaboración del personal que nos ha auxiliado en el desempeño de nuestra función.

México, D.F., 24 de agosto de 2001.— Bernardo Borbón Vilches, diputado federal.»

En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia al diputado Bernardo Borbón Vilches para separarse por tiempo indefinido de sus funciones como diputado federal, electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

En consecuencia proceda la Secretaría a notificar al suplente para que en su oportunidad este pleno conozca de su protesta.

Se encuentran a la puerta de este recinto los ciudadanos: Enrique Garza Taméz y Eréndira Olimpia Cova Brindis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Antonio García Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados suplentes electos en el V distrito electoral del Estado de Tamaulipas; el II distrito electoral del Estado de Tlaxcala; el VIII distrito electoral del Estado de Sinaloa y primera circunscripción plurinominal, respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen, a los siguientes diputados: Víctor Emanuel Díaz Palacios, Javier García González, Mónica Leticia Serrano Peña, Apuleyo Viniegra Orta, Jesús Garibay y García, Patricia Chozas y Chozas, Juan Carlos Regis Adame y les solicitamos los introduzcan al recinto, con objeto de que rindan la protesta de ley para entrar en sus funciones.

Ciudadanas y ciudadanos: Enrique Garza Taméz, Erendira Cova Brindis, Víctor Antonio García Dávila, Gina Andrea Cruz, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?

Los ciudadanos: Enrique Garza Taméz, Eréndira Cova Brindis, Víctor Antonio García Dávila, Gina Andrea Cruz

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.— Poder Legislativo.

Por instrucciones del Presidente de la mesa directiva de la LVI Legislatura y con fundamento en el artículo 60 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito enviar a ustedes copia certificada del acuerdo que se refiere a la iniciativa de reforma y adición a la Ley General de Salud, que fue aprobada en sesión ordinaria pública de fecha 7 de agosto del presente año, en términos del artículo 71 fracción III de la Constitución Federal, para proponer a ese honorable Congreso de la Unión la iniciativa de referencia.

Tlaxcala de X., a 14 de agosto de 2001.— El oficial mayor del honorable Congreso, Sergio Cuauhtémoc Lima López.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.—LVI Legislatura.

Primero. Con fundamento en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 54 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, este honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, presenta a la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

Artículo único. Se reforma y adiciona la fracción V y VI del artículo 111 un Capítulo VI al Título Séptimo y se adicionan los artículos 132-bis y 132- ter, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 132-bis. Se entiende por desarrollo de políticas saludables la instrumentación de todas aquellas acciones encaminadas a modificar y reforzar la conducta individual y colectiva, a fin de orientarla a la mejora de las condiciones del medio ambiente, de la educación y de cualquier otro factor que influya o determine el estado de salud colectivo.

Artículo 132-ter. En cada uno de los municipios de la República, se constituirán comités municipales de salud; presididos por el presidente municipal, en el que participarán representantes de los sectores público, privado y social que incidan en la circunscripción territorial del municipio de que se trate, los cuáles realizarán sus actividades de conformidad con la normatividad que emita la Secretaría de Salud y las bases de operación y funcionamiento que sus miembros acuerden. Los presidentes municipales convocarán a formar parte del comité a los representantes de los mencionados sectores.

II. La elaboración, ejecución y evaluación de programas de salud municipal, cuya finalidad sea atender de manera integral la problemática identificada en los diagnósticos municipales de salud;

III. Coordinarse con dependencias y entidades de la administración pública estatal, en especial con la Secretaría de Salud, en la realización de sus actividades y

Los programas de salud municipal formulados con base en los diagnósticos señalados en la fracción I, serán sometidos al cabildo para su aprobación y considerados en los programas municipales de desarrollo.

Para la operación de dichos programas, se observarán en cuanto a los recursos, las disposiciones legales aplicables y los convenios que al efecto se celebren."

Unico. La presente reforma y adición entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Instrúyase al oficial mayor de este Congreso para que comunique de forma inmediata la presente iniciativa al honorable Congreso de la Unión.

Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 7 de agosto de 2001.— Los diputados: Carlos Hernández García, presidente; Joaquín Flores Nophal y Felipe Flores Pérez, secretarios.»

«El suscrito licenciado Sergio Cuauhtémoc Lima López, oficial mayor del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Que la presente copia fotostática que consta de cuatro fojas útiles por un solo lado, concuerdan fielmente con su original, la que tengo a la vista y a que me remito y obra en los archivos de la Oficialía Mayor a mi cargo.

Por lo que expide la presente, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los catorce días del mes de agosto del dos mil uno.

El siguiente punto del orden del día, tiene por objeto referirse al aniversario luctuoso de don Alfonso García Robles.

Esta Presidencia estima pertinente que esta Cámara de Diputados haga una referencia a tan notable internacionalista mexicano, por ello se le concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, a la diputada Yadira Ivette Tamayo Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

"El dolor humano: El dolor de los hombres es la única cosa objetiva, clara, evidente, constante y no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino el dolor que unos hombres causamos a otros hombres: el dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas. Todo lo demás es discutible o incierto". Manuel Gómez Morín.

Con su venia, señora Presidenta de la mesa directiva; compañeras y compañeros diputados:

Hoy comparezco ante ustedes precisamente para recordar ante esta tribuna, en su décimo aniversario luctuoso, a un gran hombre de México y del mundo y su lucha incansable por evitar ese dolor que unos hombres causan a otros hombres, ese dolor originado en la ineficacia de la organización de las cosas humanas: Alfonso García Robles, Premio Nóbel de la Paz, mexicano y quijote incansable del desarme mundial. ¿Quién fue el licenciado Alfonso García Robles?

Alfonso García Robles nació en la ciudad de Zamora, Michoacán, en 1911. Después de estudiar derecho en la UNAM, con estudios de posgrado en Francia y Holanda, se incorporó al servicio diplomático mexicano en 1939; fue embajador en Brasil y luego en 1964 se desempeñó en la Secretaría de Estado en el ministerio de asuntos no nativos.

A partir de 1971 fue representante permanente de México en las Naciones Unidas y luego ministerio de Relaciones Exteriores y desde 1977 fue representante permanente de México en el Comité sobre el Desarme, ubicado en Ginebra.

García Robles desempeñó un papel crucial en implementar el acuerdo en la zona de América Latina concluida con el llamado Tratado de Tlaltelolco de 1967. La idea del referido tratado era asegurar la prohibición de armamentos nucleares y de que América Latina no estuviera implicada en ningún conflicto entre las grandes potencias rivales.

Gracias a García Robles, el acuerdo fue concluido con éxito luego de varios años de negociación, por ello le han llamado el padre del acuerdo de Tlaltelolco.

García Robles desempeñó un papel importantísimo con su trabajo en la Organización de las Naciones Unidas, para promover el desarme en general. El representó a México durante las negociaciones en Ginebra, pero su nombre se asocia sobre todo a la labor mundial del desarme de la ONU, donde fue apoyada su idea de una campaña de desarme del mundo. Esta labor fue la que le hizo merecedor de ese primer Premio Nóbel que se hizo acreedor México.

Alfonso García Robles deja este mundo el 2 de septiembre de 1991, hace ya 10 años.

"Nunca antes se ha visto la humanidad enfrentada como hoy, al peligro real de la extinción provocada por ella misma, de ahí que la disyuntiva sea que el mundo acabe con las armas nucleares o éstas acaben con el mundo". Estas son las palabras de García Robles y hoy más que nunca están provistas de vigencia y verdad y penden sobre nuestras cabezas como un vaticinio tercero, como Leviatán de Job del apocalipsis bíblico.

Mientras estamos aquí ahora, alrededor de 28 guerras, continúan en pleno vigor en todo el mundo y el 90% de las bajas de los muertos son civiles. La abundancia de armas nucleares y livianas, la ausencia de sistemas de justicia criminal adecuados, el legado de una cultura de violencia producto de años de guerras intestinas han impedido el desarrollo de sociedades más justas y pacíficas.

Las armas que distribuyeron las grandes potencias en la guerra fría aún circulan hoy y andan en manos de terroristas y bandas criminales y generalmente han sido recicladas a otras guerras y el tema del desarme mundial sigue hoy más vivo que nunca.

En los últimos meses se ha generado mucha polémica a nivel internacional, dada la decisión del presidente Bush de retirarse unilateralmente del Tratado de Misiles Antibalísticos que suscribió Estados Unidos en 1972, dado que según sus palabras, ha dejado de ser útil.

La justificación del presidente Bush es desplegar un sistema de defensa antimisiles, con el supuesto fin de hacer frente, dice, a una amenaza creciente de proliferación de armas de destrucción masiva, por parte de lo que el propio Bush llama, potencias mundiales renegadas, canallas o irresponsables, según sea la traducción que se haga.

Esto nos habla hoy de la vigencia del pensamiento de García Robles en los albores del Siglo XXI y de la necesidad de retomar su tarea en pro de la paz mundial.

La constitución de la Unesco dice: "como las guerras comienzan en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde ha de construirse las defensas para la paz".

Ustedes, nosotros, somos los artesanos encargados de construir, de crear esas defensas para la paz, de evitar el dolor que unos hombres causan a otros hombres, cobijándonos hoy con la obra y pensamiento del licenciado Alfonso García Robles, Premio Nóbel de la Paz mexicana.

Tiene la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Saludo en primer término, las palabras pronunciadas por nuestra compañera Yadira, del Partido Acción Nacional. Me parece que es muy importante escuchar en sus labios una referencia a uno de los hombres que hoy por hoy representan la tradición política de lo que fue la mejor expresión y testimonio de los principios de la política exterior mexicana en sus diferentes manifestaciones, tanto en las cuestiones que padeció nuestra nación en su largo proceso por defender nuestra independencia, como al mismo tiempo por lograr el respeto a su autodeterminación.

Don Alfonso García Robles pertenece a una generación de diplomáticos que hoy por hoy no sólo han hecho una enorme contribución al derecho internacional, sino que al mismo tiempo han trasladado la defensa de los principios de México al campo universal.

Yo pensaría que García Robles tiene la dimensión de un Isidro Fabela, de un Genaro Estrada, de un Luis Cabrera. Varios de los nombres que hemos mencionado están inscritos aquí en este muro para que los diputados o los miembros integrantes del Congreso de la Unión tengamos siempre presentes, no solamente cuáles fueron las causas y los motivos que dieron origen a que en la Constitución General de la República, en su artículo 89, quedaran escriturados los principios de no intervención y libre autodeterminación, sino al mismo tiempo el respeto a la soberanía de las naciones y a su vez el compromiso de defender la cooperación entre los pueblos y la defensa de la paz como principios que habrán de mantener una validez y un rango universal.

Cuando estalló la bomba nuclear en Hiroshima en 1945, la humanidad enmudeció y una sombra de nube de terror que cubrió a todo el mundo, presagió que la paz habría de sustentarse fundamentalmente en el poder de las armas. De armas capaces de destruir al mismo género humano, como mostraba la hecatombe ocurrida en Japón.

A partir de ese momento el destino de la humanidad se volvió incierta. Si bien el capítulo de la Segunda Guerra Mundial de 1942 se cerró, había dejado la huella de la mortandad de más de 70 millones de seres humanos, cuyas familias vivieron en Europa y en el mundo los amagos permanentes a su libertad, a su seguridad y a su vida.

La fase de la posguerra abrió un gran capítulo en la historia de la humanidad. El propio género humano, ante esta experiencia dramática, creó el derecho con el recurso racional para la convivencia entre los individuos como entre las naciones; frase que expresara con una enorme visión y sabiduría, don Benito Juárez en momentos aciagos de defensa de la soberanía de nuestra nación ante la intervención extranjera.

Por ello, la importancia que tiene que recordemos el uso del derecho como el recurso de convivencia entre los seres humanos y entre las naciones, tiene que ver fundamentalmente con la siguiente determinación de los seres humanos de esta generación, que construyeron la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en la cual se le conocieron como principios de valor universal a aquellos que respondían a la voluntad de los pueblos para darle un cimiento imprescriptible a la paz como un patrimonio del género humano.

El otro gran principio fue la cooperación apoyada en el reconocimiento de la igualdad entre pueblos y estados.

Si bien, los grandes actores de la Segunda Guerra Mundial fueron derrotados en su tendencia hegemónica fascista y totalitaria que escenificaron Alemania, Japón, Italia y la España franquista; las naciones que resultaron vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, emprendieron una carrera de confrontación ideológica que polarizó la tendencia mundial del capitalismo y el socialismo.

La recurrencia a las grandes potencias al desarme mundial no sólo agudizó la confrontación, sino que además éstas intentaron privilegiar la industria armamentista que dio inicio a la segunda etapa de la posguerra y que se llama la Guerra Fría, en la cual los descubrimientos científicos dieron nacimiento a la competencia en los usos de la energía nuclear, iniciándose una carrera desenfrenada por aumentar la capacidad destructiva de las armas. Una carrera en la cual se invirtieron infinidad de recursos económicos en contradicción de las grandes demandas para atender los problemas de la pobreza, de la salud, de la educación y de todos aquellos valores que la propia humanidad se ha propuesto alcanzar a través de su propia participación en la vida creativa.

Sin embargo, durante estas cuatro décadas, antes de 1982 en que se firmara el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares, más de 100 millones de seres humanos se dedicaban a la industria de la guerra.

Hoy venimos a rendir homenaje a don Alfonso García Robles, agregando nuestro reconocimiento al género humano que le entregó el Premio Nóbel de la Paz, fundamentalmente por ser un gran mexicano y porque además logró lo que parecía imposible para la firma de los tratados de proscripción de armas nucleares.

Nos cabe la satisfacción de que García Robles fue un mexicano que se formó en los principios de la Revolución Mexicana; nos cabe la satisfacción de que fue un hombre estrechamente vinculado a nuestro Partido Revolucionario Institucional y que alcanzó su dimensión de un hombre con una ciudadanía concreta a la de un hombre de una ciudadanía universal.

Valdría la pena, pues, pensar cómo hoy por hoy su escuela sigue siendo un ejemplo. Estamos en un momento de la historia en el cual México al igual que el resto de los pueblos del mundo, se ven agobiados ante el profundo proceso de cambios que origina la globalización.

Aquí debemos de recordar que una de las cuestiones fundamentales que se plantea en este cambio, es que la libertad comercial y el predominio del mercado, pretenden avasallar la soberanía de las naciones.

Debemos de recordar que hoy más que nunca es necesario establecer la validez que México dejó como constancia de la defensa de sus principios al establecer una política internacional de Estado.

Estamos ante una gran disyuntiva, México en el primer año de ejercicio del Gobierno actual, ha intentado perfilar algunas líneas fundamentales de su política exterior. El de la voz ha hecho innumerables críticas a esa política exterior; pero dejaría fundamentalmente apuntada una cuestión que me parece fundamental en este momento. Si México aspira a formar parte de las Naciones Unidas, no podemos renunciar ni a los principios históricos establecidos en la Constitución ni a la herencia que nos dejan hombres como García Robles.

Pensamos, pues, que si bien corresponde al Ejecutivo conducir la política exterior, el propio Senado de la República debe establecer con el Congreso en general, las bases fundamentales para que México determine y otorgue su voto en el seno de las Naciones Unidas. Hoy más que nunca ésta será la forma de preservar la paz, la dignidad y la fortaleza moral de nuestra nación.

"Para vencer la renuencia de las potencias nucleares, a cesar la carrera armamentista, será necesario recurrir a la movilización de la opinión pública mundial". Palabra de Alfonso García Robles.

El 2 de septiembre conmemoramos la muerte de Alfonso García Robles, mexicano brillante, sin duda de lo más preciado, honroso y congruente que ha tenido la diplomacia mexicana, a él debemos como parte de su gran legado, que América Latina sea la única región habitada del planeta, libre de arsenales nucleares.

Nacido en Zamora, Michoacán en 1911, fue autor intelectual y negociador del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en Latinoamérica, conocido también como Tratado de Tlatelolco, firmado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas en 1967, lo que lo hizo merecedor del Premio Nóbel de la Paz en 1982.

De espíritu universalista y humanista, la trayectoria de Alfonso García Robles, no deja dudas sobre su vocación diplomática, durante la cual recibió condecoraciones de más de 15 países.

En 1939 ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que fue director de asuntos políticos y del servicio diplomático, director en jefe para asuntos de Europa, Asia y Africa y de organismos internacionales. Embajador en Brasil, subsecretario, presidente de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina, labor que como ya señalamos culminó con la firma del Tratado de Tlatelolco. Representante de México ante la ONU. Secretario de Relaciones Exteriores. Representante de México ante el Comité de Desarme de la ONU con sede en Ginebra, la cual presidió en 1988, entre otros.

Todo ello da testimonio de su dedicación al servicio exterior y la publicación de más de 16 textos de su autoría en materia de diplomacia y desarme nuclear.

Mexicano, que en su época encumbró la labor diplomática, Alfonso García Robles, siempre se manifestó en contra de la proliferación de las armas nucleares, dentro de un mundo polarizado por el control bélico y la supremacía armamentista.

Hizo suya la preocupación de controlar y prescribir las armas nucleares, él aseguraba que las armas nucleares no tienen objeto militar alguno, ya que sólo un loco podría pensar en su utilización, lo que implicaría el suicidio universal.

Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una manera muy loable de conmemorar el aniversario luctuoso de este gran hombre, es pronunciarnos por un repudio por el uso de la fuerza y en contra de las nuevas modalidades, de realineación política y militar, que aumentan los riesgos y vulneran la soberanía y los principios de la autodeterminación e integridad de los estados.

Los acontecimientos ocurridos en las últimas décadas en las relaciones internacionales, aún no han sido fiel reflejo de los organismos internacionales, lo que ha llevado a una descomposición de los mismos y una falta de credibilidad y legitimidad en sus decisiones, frente a acontecimientos tales como la guerra del Golfo Pérsico, la guerra en la ex Yugoslavia, el conflicto de Chechenia, Rusia. El conflicto Israel-Palestina entre otros.

Estos hechos nos han demostrado que los organismos internacionales vigentes, aún no están realmente preparados para promover una paz verdadera y defender cabalmente la universalización de los derechos humanos, sin recurrir al uso de la fuerza o al uso de la violencia.

Es por ello, que el Partido de la Revolución Democrática, se ha manifestado desde su fundación por instituciones que respondan a la necesidad humana de una paz digna. Para esto se requiere promover en la comunidad internacional, representada en la ONU y en la OEA, que las relaciones internacionales sean igualitarias, equitativas, justas y democráticas siempre bajo los principios plasmados en nuestra Carta Magna respetando a la soberanía nacional, a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

El creciente desprecio de las autoridades a la Doctrina Estrada y de manera paralela el insistente afán de formar parte del Consejo de Seguridad en la ONU, hoy más que nunca es necesario recordar cuáles son nuestros planteamientos históricos en favor de la paz mundial para evitar apartarnos del prestigio que México tiene en el terreno internacional.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 61 párrafo quinto de la Ley orgánica del Congreso General y 13 del Reglamento para el Gobierno Interior, me permito comunicar a ustedes que en sesión de instalación celebrada el día de hoy, la Cámara de Senadores de las LVIII y LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, eligió la mesa directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del 1o. de septiembre de 2001 al 31 de agosto de 2002 correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, como sigue:

Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente; César Jáuregui Robles, Carlos Chaurand Arzate, Raymundo Cárdenas Hernández, vicepresidentes; Yolanda González Hernández, Rafael Melgoza Radillo, María Lucero Saldaña Pérez, Sara Isabel Castellanos Cortés, secretarios.

México, D.F., a 31 de agosto de 2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»

Se solicita a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.

Se informa a la Presidencia, que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 432 diputados y un diputado que reporta falla en su lector biométrico.

En atención a una solicitud del grupo parlamentario del PRD, la presentación de una iniciativa que estaba consignada en este punto del orden del día, se difiere por un momento y vamos a dar continuidad a la agenda planteada.

Por lo tanto, proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con el presente acompaño copia del oficio número 101.-1500, suscrito por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz, en el que solicita sea enviado el informe de avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio de 2001 a efecto de que a través de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, dicho informe sea turnado para su revisión a la Auditoría Superior de la Federación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o. fracción IX, 8o. segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Al remitir el documento de referencia, reitero a usted la seguridad de mi consideración.

México, D.F., a 31 de agosto de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como es de su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. fracción IX; 8o. segundo párrafo; 67 fracción II y 74 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, antes del 31 de agosto del año en el que se ejerza el presupuesto respectivo, el Ejecutivo Federal deberá presentar ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el informe de avance de gestión financiera, a efecto de que, a través de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, dicho informe sea turnado para su revisión a la Auditoría Superior de la Federación.

Al respecto, y por instrucciones del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en anexo me permito remitir a usted el informe de avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio de 2001, con el propósito de solicitar a usted su valiosa colaboración para que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a más tardar el próximo 31 de agosto, por su amable conducto, se presente dicho documento a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Me es grato enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi especial consideración.

México, D.F., a 30 de agosto de 2001.— José Francisco Gil Díaz, secretario.»

Documentos referentes al informe de avance de gestión financiera de 2001,
que con esta fecha se entregan a la Cámara de Diputados*

*La entrega completa dos tantos de toda la información, uno destinado a la Cámara de Diputados y otro para que por conducto de la Comisión de Vigilancia se haga llegar a la Auditoría Superior de la Federación.

Túrnese a las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se consulta al grupo parlamentario del PRD, si hay enlistado un orador para presentar su iniciativa o si nos autorizan a plantearla en la próxima sesión. Se pospone para la próxima sesión...

El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, respecto al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio.

Para referirse al tema han solicitado el uso de la tribuna los siguientes diputados: José Manuel del Río Virgen, José Antonio Calderón Cardoso, Gustavo Riojas Santana, Juan Carlos Regis Adame, Francisco Agundis Arias, Rafael Hernández Estrada, Silvia Alvarez Bruneliere y José Manuel Carreras López.

Se concede el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.

En estos momentos es un imperativo elevar el relieve institucional de la Cámara de Diputados, realzar su dimensión política y ello exige reforzar la actividad legislativa y fortalecer las facultades de control del Congreso sobre las acciones del Ejecutivo.

Los ciudadanos nos reclaman un nuevo parlamentarismo acorde con una sociedad moderna y activa. Los legisladores tenemos la obligación de transformarlo.

Debemos recrear un Congreso en tiempo real, dinámico frente al peligro de la cerrazón que hemos padecido en muchos momentos, donde los asuntos legislativos los concentran unas cuantas manos y los asuntos administrativos no terminan de resolverse por falta de consensos.

En esta Cámara no tenemos Secretario General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Coordinador General de Servicios Financieros y el colmo mayor es que desde hace mes y medio estamos sin contralor. Parece que conviene más desenvolverse en medio del caos.

A casi un año de distancia, en un acto de absoluta congruencia, esta Cámara debe tomar la decisión de desaparecer esos puestos. Si no han sido ocupados es que no han sido necesarios.

También en esta Cámara las fracciones parlamentarias deben establecer un sistema de rendición de cuentas, como lo hace el Presidente, para que haya claridad en el ejercicio del trabajo legislativo y no sirva para proyectos políticos personales.

Somos los legisladores los primeros obligados en conocer su manejo financiero y el rumbo del gasto; el buen juez por su casa empieza.

En la etapa de transición que vive nuestro país, las funciones legislativas y de control son fundamentales. Le solicitamos respetuosamente a la mesa directiva que continúe manteniendo los principios de imparcialidad y de objetividad y que prevalezca la tolerancia, la mesura y la igualdad, respeto a las minorías y debe comprenderse que todo símbolo de discriminación por opinión o por minoría está prohibido por la Constitución, que marca que los diputados somos iguales para representar a la nación.

En relación con la función legislativa, proponemos proceder a una modernización y racionalización de los procesos legislativos. No podemos continuar con un vergonzante retraso legislativo, con un pleno medio vacío que no sólo crea una mala imagen de los legisladores, sino que la sociedad reclama nuestra productividad.

La función de control que esta Cámara debe tener sobre las acciones del Gobierno destaca sobremanera y nos da la auténtica medida de un legislativo vivo, que representa adecuadamente a sus ciudadanos.

Ojalá que las expectativas generadas y las promesas de campaña lleguen rápidamente transformadas en iniciativas de ley por el Ejecutivo a este filtro evaluador para ser enfrentadas con la realidad y plantear las medidas correctivas que proceda en función del interés nacional. Con nuestra actividad debemos contribuir a su solución.

Respecto al Ejecutivo, la información que se recibe en esta Cámara es insuficiente. Tampoco podemos permitir que continúe la historia de dos méxicos: uno dibujado por las cifras oficiales y el que se observa en la realidad de los hogares y de los bolsillos de los mexicanos.

Al presidente Fox le solicitamos definir con carácter de urgente el pacto de gobernabilidad para darle rumbo y estabilidad a este país. Los partidos y la sociedad quieren conocer los detalles para atender esta convocatoria.

En las comparecencias de los secretarios se debe presentar la propuesta de proyecto de nación que quiere desarrollar este Gobierno.

La corrupción, cuyo costo es muy alto en términos económicos, daña los valores y los principios éticos. Esta continúa muy elevada en la Comisión Federal de Electricidad, sin que se ponga impedimento a ella. En su momento presentaremos otras denuncias desde esta tribuna.

Apoyamos decididamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. La apoyamos porque desde el inicio la UNAM ha estado ligada a la historia del país, por la libertad de pensamiento que en ella se ejerce. No es cierto tampoco que sea fábrica de grillos y de desempleados. Apoyamos a la UNAM porque pocas instituciones en el mundo publican 12 mil 500 artículos científicos y tecnológicos al año, como es el caso de esta institución y porque representa la conciencia crítica de la UNAM.

Honorable Asamblea: esta legislatura tiene que ser la verdadera voz de los ciudadanos, de una inmensa mayoría que no tiene posibilidad de hacerse oír de otra manera.

Hoy inicia el primer periodo ordinario del segundo año legislativo de esta LVIII Legislatura. Este periodo, el más largo que marca nuestra Constitución; sin embargo, parece corto ante los temas pendientes que requieren inmediata atención.

Así las cosas y toda vez que tendríamos que ajustar las prioridades como si en nuestro país existieran temas que pueden esperar, marcaríamos desde luego de manera muy breve tres asuntos:

El primero es, sin duda, la discusión que sobre la reforma fiscal demos, para en su caso aprobarla. Al respecto pensamos que no debemos impulsar una reforma que siendo de largo alcance haga descansar toda la recaudación tributaria solamente en el IVA. Presentará Alianza Social en los próximos días y de manera oportuna su propuesta alternativa.

En el segundo asunto, vemos que urge abordar los temas relacionados con la reforma de Estado, misma que no debe circunscribirse a aspectos puramente electorales, sino que debe abarcar aspectos económicos, políticos y sociales. Alianza Social se suma al llamado presidencial para arribar a un gran acuerdo nacional que dé claridad y rumbo a nuestra transición. Asimismo la mejor forma de arribar a ése gran acuerdo nacional pasa necesariamente por una agenda común e integral de la reforma de Estado.

Por último, el tercer asunto, tiene qué ver con el fortalecimiento de la vida interna de este parlamento. La Presidencia de la Cámara anterior señaló, igual que Alianza Social, en la clausura del periodo anterior que había un deficit de la vida institucional. Asimismo se señaló que se requiere un nuevo andamiaje jurídico que responda a la realidad plural y compleja de esta Cámara.

Aprovechamos para hacer un extrañamiento a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, puesto que hace un año la diputación de Alianza Social presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso y aún no ha sido dictaminada, esto en desacato a la Ley Orgánica del Congreso.

Por último, queremos enfatizar que hoy más que nunca este poder tiene en sus manos la inmejorable oportunidad histórica de ser a la vez órgano de control del Ejecutivo e impulsor decidido de medidas que den gobernabilidad y viabilidad a nuestra patria. La sociedad mexicana es más participativa. El Poder Legislativo debe representar realmente los intereses de la sociedad, regulando, vigilando y, por ende, mejorando los aspectos legales.

He aquí, creemos, parte de la gran agenda nacional. He aquí parte del reclamo ciudadano. He aquí, entendemos, algunos de los retos. Las soluciones dependen de todos. Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso.

Las responsabilidades, las obligaciones, los deberes de los legisladores en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de transformación, en los que todos y cada uno de nosotros de alguna manera hemos participado. Es pues nuestra responsabilidad presente el poder realizar los trabajos que se nos encomiendan y realizarlo de una forma de consensos, sin falsas modestias, así lo observamos nosotros, los del Partido Socialista. Nos hemos distinguido esta LVIII Legislatura como la legislatura del consenso, como la legislatura del avance, del trabajo, de la responsabilidad.

En esta nueva sesión, en este nuevo periodo de sesiones, ojalá que podamos seguir en la misma ruta y de la misma forma. Es urgente la reforma de Estado. Es urgente reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es urgente hacer iniciativas para que nuestras industrias, las industrias del país y de los mexicanos, puedan tener mayores facultades para que realicen su trabajo y no existan las presiones de privatizaciones a las que hemos vivido en los últimos tiempos.

Expresamos en el posicionamiento que tuvimos en el I Informe del Presidente Vicente Fox, que lo más importante que debemos de tener en estos momentos es la actitud, la actitud propositiva, la actitud de consenso, la actitud de estar abiertos a los señalamientos, a las observaciones, a los juicios que se tengan desde las diferentes posiciones partidarias.

Nosotros consideramos que es impostergable la actitud de los legisladores como forma permanente de tratar de resolver todos y cada uno de nuestros compromisos, la sociedad mexicana está en espera y creo que ha quedado en espera de uno de los temas más controversiales que se han presentado como es lo de la Ley Indígena y como es la ley, la nueva reforma fiscal.

No podemos retrasar más, no podemos, no debemos, estamos de alguna otra manera afectando directamente a millones de mexicanos al no ponernos de acuerdo en sacar adelante una reforma fiscal que como ha sido reconocido por todas y cada una de las fracciones y de los partidos políticos y de las organizaciones ciudadanas, es necesaria esta reforma.

En ese sentido yo sólo haría dos cosas, un compromiso del partido de la sociedad nacionalista en el cual, en la medida de nuestra capacidad y de la manera más objetiva analizaremos y participaremos en todos y cada uno tanto de la revisión del informe que se nos presentó por el Gobierno Federal como de las iniciativas que ustedes y nosotros el partido presentará en este periodo de sesiones.

Por lo tanto lo único que me queda es reiterar nuestro compromiso, nuestra posición y ojalá podamos seguir siendo la legislatura del consenso, la legislatura de los mexicanos, el equipo de los 500 que ven por los intereses de todos y cada uno de nuestros compatriotas.

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, hasta por 15 minutos, señor diputado.

Con el inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, todos los legisladores nos enfrentamos a una serie de arrestos que habremos de resolver de manera responsable anteponiendo el interés de las mexicanas y mexicanos más necesitados.

Quienes tenemos una responsabilidad pública tenemos también el compromiso político y moral con las mayorías de la sociedad.

El sábado pasado, en la sesión de Congreso General y ante la nación, el Partido del Trabajo señaló las necesidades más urgentes que debemos atender para calificar el rumbo que debe seguir este país, el cambio que la población esperaba ansiosamente y del que fue artífice el 2 de julio de 2000 sigue sin llegar; no obstante los compromisos del presidente Fox que refrendó el pasado 1o. de septiembre de apoyar a los más necesitados, sigue apoyando al gran capital, la prueba más palpable ha sido la expropiación de 27 ingenios cañeros para sanearlos financieramente con recursos públicos y privatizarlos, dice: después de 18 meses nos preocupa que el inicio de este periodo legislativo se enmarque en el escenario trazado por el titular del Ejecutivo Federal que anuncia la continuidad de las políticas económicas y sociales de los primeros nueve meses de la administración y se pide al mismo tiempo la convergencia de todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía y de la sociedad, para construir un gran acuerdo nacional.

Nos preocupa que iniciemos con esta contradicción difícil de superar porque no aporta la confianza necesaria ni las certezas políticas para asumir los compromisos que demanda la nutrida y compleja agenda nacional.

¿Qué grupo parlamentario, qué partido político, qué sector y grupos sociales aceptarán comprometerse en la definición de las políticas que tratará de instrumentar el Gobierno Federal cuando las señales de mantener políticas antipopulares siguen presentes? No existen las condiciones para iniciar la construcción del nuevo acuerdo nacional y no vemos señales claras de Gobierno ni del partido en el poder.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, desde esta tribuna, solicita respetuosamente al presidente Fox y a Acción Nacional que pongan las cartas sobre la mesa; que definan puntualmente los temas centrales que tienen en sus perspectivas en el corto y mediano plazos y que asimismo pongan con claridad los procedimientos que tienen pensado impulsar para llevar a cabo la discusión nacional.

La agenda del honorable Congreso de la Unión y de esta Cámara en particular, está determinada desde hace tiempo por los principales problemas que afectan a la nación y desde luego a sus sectores sociales mayoritarios. En primer término, la necesidad urgente de adoptar un manejo activo de la política económica, es decir, no dejar al libre juego del mercado el comportamiento de la inversión, de la generación de empleos y de los niveles de ingreso, sino que el Gobierno Federal construya esquemas y proyectos de corresponsabilidad con los sectores empresariales y con las representaciones de los trabajadores para atajar los riesgos de una grave recesión y estimular la economía para que genere sus efectos positivos sobre el conjunto de la sociedad mexicana.

No se puede esperar a que el mercado determine en qué momento concluye la desaceleración, sino que es necesario y urgente que el Gobierno, los sectores sociales y el Poder Legislativo construyan acuerdos para tomar las medidas que la situación requiere.

En este marco nadie ha levantado la voz para decir que el país no necesita con urgencia una reforma fiscal, pero las voces mayoritarias del país han señalado reiteradamente que esta reforma no es la que propuso el presidente Fox.

El Partido del Trabajo, así como los amplios sectores de la sociedad, hemos sostenido y lo subrayamos nuevamente, que la reforma fiscal no debe aumentar los ingresos públicos mediante la aplicación del IVA a alimentos, medicinas, libros, colegiaturas y transportes, el incremento debe venir por los impuestos a quienes más tienen; a las transacciones especulativas y a las transacciones en la bolsa de valores.

Esta soberanía y nuestro partido en particular, deben asumir la definición de una nueva política social para atender la grave situación de pobreza y marginalidad en que se encuentra más de la mitad de los mexicanos. En este sentido habremos de proponer y llevar a cabo las reformas legales conducentes y en primera instancia debemos desahogar lo relativo a la Ley de Desarrollo Rural.

En lo relativo a esta problemática de la pobreza, habremos de hacer un examen escrupuloso y determinar consensadamente los programas y los recursos necesarios para atacar esta situación dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Finalmente queremos decir que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo espera que en este periodo hagamos un esfuerzo de convergencia todos los grupos parlamentarios y el Ejecutivo, para definir la agenda; los procedimientos y los tiempos para llevar a cabo la reforma integral y democrática del Estado. Esperamos que haya voluntad necesaria para cometer estas tareas tan importantes y urgentes para la nación.

Gracias diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Agundis Arias.

Este Congreso plural que en las próximas semanas tendrá que decidir asuntos graves y trascendentes para el país, debe llevar a cabo una evaluación de nuestro desempeño por el año legislativo que concluyó y por supuesto debe afrontar los retos que nos esperan en este periodo, el cual sin duda será uno de los más arduos por los compromisos que nuestros partidos políticos ha asumido con la sociedad en general.

A lo largo de este periodo los diputados del Partido Verde Ecologista de México, haremos un trabajo parlamentario que se enfoque a concretar los compromisos que asumimos con la ciudadanía.

Los razonamientos que aquí se expongan, así como los argumentos que en esta tribuna se debatan, marcarán el porvenir de nuestra naciente democracia, ya que la alternancia en el poder y el respeto al sufragio son una condición necesaria pero no suficiente para alcanzarla.

Debemos recordar que la esencia de la democracia se encuentra en el debate de la razón, en el triunfo de las mejores ideas, en la construcción de acuerdos, en el respeto a la vida y a los elementos naturales, patrimonio de todos los ciudadanos de ésta y las siguientes generaciones.

Conscientes de que vivimos circunstancias inéditas y sabedores de que nos toca a nosotros construir esta democracia, invitamos a todos los legisladores a asumir esta perspectiva histórica y a conducirnos con seriedad y compromiso en torno a cada uno de los asuntos sobre los que habremos de legislar en este periodo de sesiones.

De igual manera y como consecuencia de la forma en que nos conduzcamos se establecerán nuevas formas de interacción entre los poderes. Estamos los legisladores, todos, ante la posibilidad real de establecer una posición de independencia y respeto con los demás poderes de la Unión. De ser así, los anhelos de aquellos constituyentes que eligieran la democracia como forma de gobierno de nuestro país y que el pasado 2 de julio ratificara la mayoría de los mexicanos como el régimen bajo el cual queremos vivir, se harán una realidad.

Como nos comprometimos, las comisiones que preside el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México han elaborado al menos un proyecto de dictamen en todas las iniciativas y puntos de acuerdo turnados a las comisiones que presidimos.

Esperamos que en este segundo año de la LVIII Legislatura el trabajo en comisiones sea más arduo, avancemos de manera más eficiente, desahoguemos los dictámenes pendientes con más velocidad, trabajemos para darle a nuestro país las bases y soportes que requiere para transitar por el camino del cambio, el camino hacia la prosperidad y el camino hacia la igualdad.

Como legisladores tenemos el compromiso de dirigir y evaluar los procesos del cambio, así como de renovar eficaz y profundamente las leyes que nos permitan hacer realidad los más preciados sueños y el que hoy compartimos es el de un México de mujeres y hombres libres y dignos, unidos en democracia, con plena vigencia de los derechos humanos y con una economía eficiente y solidaria.

Nuestra economía requiere de estabilidad, de un régimen fiscal transparente, de impuestos justos, coherentes con un proyecto claro de gobierno, de reglas sencillas y precisas que permitan al ciudadano cumplir sus obligaciones y que le permitan también conocer el uso que se le da a sus contribuciones.

Estamos convencidos que nuestro país no contará con un sistema fiscal confiable mientras éste se encuentre sujeto a los caprichos anuales de una tecnocracia ensorbecida que se da el lujo de manejar a capricho el dinero del pueblo.

Si nosotros los diputados no logramos consensuar una reforma fiscal propia y nos limitamos a votar las iniciativas fiscales que nos envía el Ejecutivo, estaremos renunciando a la posibilidad de construir un sistema fiscal estable, sencillo, equitativo, transparente y congruente con las definiciones de política que desde aquí se hagan.

Nos comprometemos a trabajar por una reforma fiscal a fondo, en la que imperen entre otros, los principios de equidad , progresividad y claridad. Queremos un sistema fiscal con rostro humano que esté encaminado a elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos, por ello, es necesario que la reforma fiscal atenúe los efectos de una crisis permanente, en la que estamos inmersos desde hace más de dos décadas.

Con relación a la reforma de Estado, exhortamos a todas las fracciones a definir conjuntamente la estructura institucional que hará de la democracia la práctica cotidiana de convivencia entre las autoridades y los ciudadanos. Exhortamos a los diputados de todos los partidos políticos, a que legislemos con miras a construir verdaderas políticas públicas. Consideramos que las políticas gubernamentales en las distintas áreas, no se podrán denominar como públicas mientras se encuentren dictadas por un cerrado círculo de colaboradores del Ejecutivo y no sean frutos de amplios acuerdos entre la ciudadanía y todos los actores involucrados.

México y los mexicanos nos observan. Hoy, a fin de trabajar por y para quien fuimos elegidos, debemos aprobar cambios para mejorar nuestro sistema jurídico y promover la convivencia armónica de todos los ciudadanos, haciendo de ella pieza fundamental de nuestro quehacer político.

Así también, estamos convencidos que debemos avanzar en la protección del medio ambiente y con una visión integral y de conjunto para el desarrollo humano, reconociendo que es una tarea difícil, imposible de alcanzar mediante el esfuerzo aislado de una persona, un partido o un Congreso. Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde, ratificando el compromiso que tiene con los mexicanos y el cuidado de su medio ambiente, trabajará de manera ardua y afanosa en el periodo que inicia el día de hoy, fundamentalmente en aspectos relativos a prevenir la deforestación de nuestro territorio.

Buscaremos tipificar como delito grave la tala clandestina, presentaremos una iniciativa de Ley Integral de Residuos para normar de una manera eficiente su disposición; buscaremos que en verdad, con acciones y con sustento legal, el agua, los bosques y las selvas sean considerados como un problema de seguridad nacional.

En materia de energía, nos preocupa que no se esté impulsando decididamente la adopción de tecnologías limpias. Es absurdo que mientras países más desarrollados económicamente y con menos posibilidades, aprovechen la energía sustentable como la solar y la eólica.

Vigilaremos que no se comprometan los recursos de las futuras generaciones en la reforma del sector energético que se avecina.

Una señal de cómo pretenden manejar los recursos naturales de nuestro país, se puede observar en que uno de los primeros actos del Ejecutivo Federal fue el de transferir el manejo de los recursos pesqueros de una Secretaría cuyo eje político es la preservación del medio ambiente, a una Secretaría cuya finalidad es la satisfacción de las demandas del mercado y cuyas autoridades hasta el momento han demostrado una orientación marcadamente empresarial y productivista. Nos preocupa que los enormes recursos marítimos de este país se rijan por criterios de mercado y no por criterios de sustentabilidad.

En el proyecto común del país debemos buscar el acuerdo en la diversidad, éstos son necesarios para construir puentes entre las fuerzas políticas y el Estado.

El grupo parlamentario del Partido Verde considera en esta nueva etapa de su desenvolvimiento político, como oposición, consensuada entre todos los legisladores federales, que es indispensable actuar frente al Gobierno Federal para buscar cumplir con las expectativas que la sociedad esperaba del cambio.

Vigilaremos en todo momento que las decisiones que se tomen busquen mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

Nuestra responsabilidad es con México y en el Partido Verde tenemos un compromiso especial con los jóvenes y el medio ambiente.

Mucho le extrañó a mi grupo parlamentario que algunos tuvieran la mirada puesta en el reparto de un botín. De acuerdo con María Moliner, éste significa conjunto de los despojos cogidos al enemigo o el conjunto del dinero o cosas robadas.

No confundamos los términos, estamos seguros de que ninguno de los partidos que conformamos la alianza por el cambio consideramos a la administración pública como despojos cogidos al enemigo.

Ese olfato de cazadores que ven en el gobierno una presa o un botín de guerra no es el nuestro, pero sí es de algunos que han buscado llegar al poder, que son trapecistas y al fin, sin respeto a ninguna ideología lo han logrado.

Por ello esta legislatura tiene un gran compromiso con México, con su historia y con su futuro. Hagamos de ésta una de logros y anhelos cumplidos. Construyamos hoy las bases para el futuro de esta gran nación.

La gran tarea de esta LVIII Legislatura, la que responde al auténtico mandato de los electores que dieron origen a la correlación de fuerzas que en ella se expresa, es la reforma democrática de las instituciones del Estado, la cual debe ser a nuestro juicio, la idea rectora de los trabajos de la Cámara de Diputados durante el periodo de sesiones ordinarias que hoy inicia.

En lo que va de esta legislatura, en la Cámara de Diputados se han presentado 174 iniciativas de leyes y reformas legales y constitucionales, de las cuales solamente se han dictaminado y aprobado 33, es decir, el 19%. Al rezago propio de esta legislatura habrá que añadir el acumulado que se heredó de las anteriores.

Existe una opinión compartida por diputados de todos los partidos en el sentido de que nuestra legislatura ha tenido una baja productividad legislativa y que más allá de los números, los grandes temas nacionales han quedado pospuestos.

El continuismo neoliberal, hay que decirlo, se ha ido imponiendo por inercia y las grandes reformas, las de la transición política, las del cambio de rumbo de la nación y las de la justicia social siguen pendientes.

Este entrampamiento legislativo se debe, por un lado, a la nula voluntad reformadora del titular del Poder Ejecutivo y a su ausencia como promotor de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Ensimismado con el espejismo del marketing y el cuidado de su imagen, al Presidente le ha faltado vocación de estadista y parece engolosinarse con el presidencialismo que caracterizó al sistema político mexicano durante más de 70 años.

A contrapelo de la plataforma electoral del partido que lo postuló, el cual siempre criticó al presidencialismo mexicano, hoy los asesores del Presidente teorizan y divagan sobre la supuesta debilidad del Presidente frente al Congreso y en lugar de acotar las atribuciones del Presidente de la República proponen restringirle facultades a las cámaras.

Así, dentro de la reforma hacendaria se propone una seria limitación a la atribución que el Poder Legislativo tiene de aprobar la Ley de Ingresos y el presupuesto, pues cualquier modificación que se intente a los proyectos del Ejecutivo, según esa propuesta, deberá contar con el apoyo de dos terceras partes de la Cámara para surtir efectos, de lo contrario prevalecerá el proyecto del Ejecutivo.

El llamado presidencial a un acuerdo político nacional reiterado con motivo del mensaje del pasado 1o. de septiembre, resulta insuficiente porque no define ni el temario ni la ruta crítica ni el objetivo de un acuerdo de esa naturaleza.

Pero, compañeras y compañeros, habrá que decir que el nulo avance de la reforma de Estado también se debe a la incapacidad de las propias fuerzas políticas para acordar y negociar una agenda que permita avanzar en las reformas que México necesita.

Si el Presidente no asume el reto de construir un régimen político diferente, democrático e incluyente, el Poder Legislativo de manera inteligente y propositiva, puede y debe tomar la iniciativa de allanar el camino de los acuerdos en torno a los grandes asuntos nacionales.

La glosa del informe presidencial ofrece a esta Cámara de Diputados una primera oportunidad para avanzar en ese sentido. En la respuesta institucional al informe, la diputada Beatriz Paredes, reforzando su argumento con una cita de Norberto Bobbio, señaló que las acciones del Ejecutivo se subordinan al análisis que de ellas haga el Legislativo.

Efectivamente, la división de poderes establecida en la Constitución, no es una simple división de trabajo, sino una organización compleja de competencias para impedir el abuso del poder. Que el poder detenga al poder, según la célebre definición de Montesquieu.

El grupo parlamentario del PRD ha formalizado ante las demás fracciones sus propuestas para que la glosa del informe deje de ser un maratón de pronunciamientos y un diálogo de sordos entre los funcionarios y los diputados. La glosa del informe debe de ser un ejercicio de la facultad de control evaluatorio de las políticas públicas, facultad que la Constitución le confiere al Poder Legislativo.

Es por ello que proponemos que aparte de la comparecencia de los secretarios de Estado, de mayor relevancia, comparezcan también ante el pleno, los directivos de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

También hemos propuesto que los funcionarios del Ejecutivo Federal de todas las secretarías y de los más importantes organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, comparezcan ante las comisiones ordinarias, debiéndose solicitarles a los mismos, un informe por escrito de sus respectivos ramos, mismo que debiera ser entregado 48 horas antes de su comparecencia.

Por su parte, las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, hemos propuesto, deberán elaborar un documento de conclusiones que resuma su análisis sobre los informes que les presenten la secretaría de Estado y las demás dependencias del Ejecutivo Federal que se encuentren en la órbita de su competencia. De esta manera, la Camara de Diputados, a través de sus comisiones ordinarias, planteará observaciones y formulará propuestas de políticas públicas, ejerciendo plenamente las atribuciones de control evaluatorio que le confiere el artículo 93 de la Constitución y los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

Con la alternancia política que el 2 de julio de 2000 impusieron los votos, el partido de Estado cedió su espacio a la pluralidad de los partidos. Diversidad alimentada por una sociedad cada vez más madura, crítica y despierta.

Pero la alternancia en el poder por sí sola no puede considerarse una transición democrática, entendida como el cambio de régimen político. Si la alternancia no avanza al cambio de régimen, derivará inevitablemente en un continuismo con ropa nueva y pasará a la historia como una decepción de grandes dimensiones. Es por ello que de manera urgente la Cámara de Diputados debe acordar una agenda legislativa cuya idea rectora sea la reforma democrática del Estado.

Debiéramos partir de que el actual diseño constitucional y legal del régimen político mexicano, constituye un exacerbado modelo presidencialista.

Revisemos entonces las atribuciones del Ejecutivo, revisemos las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, a fin de redistribuirlas, para equilibrar los poderes y garantizar su coexistencia en un nuevo marco de formas de parlamentarismo.

Valoremos las propuestas que ha presentado el PRD y en las que ha coincidido con otros partidos en el pasado, y que han sido recogidas en eventos como el Seminario de Chapultepec y la propia Comisión de Estudios para la Reforma de Estado, que instaló el equipo de transición del actual Gobierno.

Discutamos la propuesta para que el Plan Nacional de Desarrollo, su aprobación, sea facultad del Congreso de la Unión, así como la ratificación por las cámaras de los secretarios de Estado, la ampliación de las facultades de control del Poder Legislativo, la eliminación del fuero presidencial y las partidas secretas, el fortalecimiento de la soberanía de los estados y de la autonomía de los municipios.

El servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno y la democracia directa a través del referendum y el plebiscito.

Asimismo, debemos de reabrir el debate sobre los derechos y la cultura de los pueblos indios, para reconocer plenamente el carácter pluriétnico y pluricultural del Estado mexicano y darles a los pueblos indios su reconocimiento como sujetos de derecho público.

Abordemos el tema de la rectoría económica del Estado y dentro de ese tema los de la política de fomento a la industria y a las diversas ramas productivas, un programa de reactivación de la economía nacional.

No circunscribamos la reforma fiscal sólo al fortalecimiento de las finanzas públicas; respondamos a la pregunta de más ingresos para qué, vinculando el ingreso y el gasto públicos.

Rechacemos la pretensión de gravar con el IVA las medicinas, alimentos y libros e impongamos gravámenes a los que más tienen, como los especuladores de la bolsa de valores o los grandes consorcios, que mediante la consolidación fiscal eluden impuestos millonarios. Reformemos la Ley del IPAB, para que no sea el pueblo el que pague durante generaciones los descalabros de los negocios turbios que oculta.

Reformemos el sector eléctrico para modernizarlo y defenderlo. Aprobemos la Ley de Desarrollo Rural que el Presidente vetó. Expidamos la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. Resolvamos lo necesario para que aumenten las pensiones y se establezca la atención universal. Expidamos la Ley de Protección a los Adultos Mayores y acordemos las reformas necesarias para garantizar la gratuidad de la educación.

Mejorar el nivel académico del sistema educativo nacional y combatir el rezago educativo. Defendamos a las universidades públicas, particularmente a la UNAM, del embate privatizador. Garanticemos en todos los órdenes la equidad entre los géneros y erradiquemos toda forma de discriminación.

En cuanto a nuestro régimen interno, expidamos el nuevo Reglamento Interior de la Cámara de Diputados. Abordemos la reestructuración de los órganos de administración interna y hagamos realidad el servicio civil de carrera. Tal es el contenido esencial de nuestra agenda legislativa, misma que al entregarla al Secretario, ponemos sobre la mesa para su discusión.

Compañeras y compañeros: en el momento actual de nuestro país, coexisten el entusiasmo provocado por la caída de un régimen de varias décadas y la incertidumbre sobre el nuevo rumbo de la nación.

Las bases para la creación de una sociedad más justa y democrática, son aún frágiles. La consolidación democrática depende, en mucho, de que acordemos una reforma que replante la relación entre los ciudadanos y las autoridades reorganice los distintos niveles de gobierno y garantice el equilibrio de poderes, a la vez que responda a las expectativas de las mayorías nacionales, hoy sumidas en la pobreza y en la pobreza extrema, en el rezago educativo y marginadas del progreso y la globalidad.

Aquí está nuestra propuesta; como lo establecimos el 1o. de septiembre, estamos dispuestos a sumar fuerzas por nuestro país. Queremos acuerdos que beneficien a la población; pactemos para transformar, no para conservar intereses e inercias del pasado.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura

Compañeras y compañeros diputados: la gran tarea de esta LVIII Legislatura, la que responde al auténtico mandato de los electores que dieron origen a la correlación de fuerzas en ella expresada, es la reforma democrática de las instituciones del Estado la cual debe ser, a nuestro juicio, la idea rectora de los trabajos de la Cámara de Diputados durante el periodo ordinario de sesiones que hoy inicia.

Existe una opinión, compartida por diputados de todos los partidos, en el sentido de que nuestra legislatura ha tenido una baja productividad legislativa y que, más allá de los números, los grandes temas nacionales han quedado pospuestos.

El continuismo neoliberal, hay que decirlo, se ha ido imponiendo por inercia y las grandes reformas, de transición política, de cambio de rumbo de nación y de justicia social, siguen pendientes.

Este entrampamiento legislativo se debe, por un lado, a la nula voluntad reformadora del titular del Poder Ejecutivo y a su ausencia como promotor de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Ensimismado con el espejo del marketing y el cuidado de su imagen, al Presidente le ha faltado vocación de estadista y parece engolosinarse con el presidencialismo que caracterizó al sistema político mexicano durante más de 70 años.

A contrapelo de la plataforma electoral del partido que lo postuló, el cual siempre criticó al presidencialismo mexicano, hoy sus asesores teorizan y divagan sobre la supuesta debilidad del Presidente frente al Congreso y, en lugar de acotar las atribuciones del Presidente de la República, proponen restringirle facultades a las cámaras.

Así, dentro de la reforma hacendaria, se propone una seria limitación a la atribución que el Poder Legislativo tiene de aprobar la Ley de Ingresos y el presupuesto, pues cualquier modificación que se intente a los proyectos del Ejecutivo deberá contar con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara para surtir efectos; de lo contrario, prevalecerá el proyecto de Ejecutivo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, expedido por el presidente Fox en mayo anterior, confunde la transición democrática con la alternancia en el poder y no contiene compromisos explícitos para la reforma de Estado.

El llamado presidencial a un acuerdo político nacional, reiterado con motivo del mensaje del pasado 1o. de septiembre, resulta insuficiente porque no define ni el temario ni la ruta crítica ni el objetivo de un acuerdo de esa naturaleza.

Pero habrá que decir que el nulo avance de la reforma de Estado también se debe a la incapacidad de las propias fuerzas políticas para acordar y negociar una agenda que permita avanzar en las reformas que México necesita.

Si el Presidente no asume el reto de construir un régimen político diferente, democrático e incluyente, el Poder Legislativo, de manera inteligente y propositiva, puede y debe tomar la iniciativa y allanar el camino de los acuerdos en torno a los grandes asuntos nacionales.

La glosa del informe presidencial ofrece a esta Cámara de Diputados una primera oportunidad para avanzar en ese sentido.

En la respuesta institucional al informe, la diputada Beatriz Paredes, reforzando su argumento con una cita de Norberto Bobbio, señaló que las acciones del Ejecutivo se subordinan al análisis que de ellas haga el Legislativo.

Efectivamente, la división de poderes establecida en la Constitución no es una simple división del trabajo, sino una organización compleja de competencias para impedir el abuso del poder. "Que el poder detenga al poder", según la célebre definición de Montesquieu.

La glosa del informe debe ser un ejercicio de la facultad de control evaluatorio de las políticas públicas, facultad que la Constitución le reconoce al Poder Legislativo.

Es por ello que proponemos que, aparte de la comparecencia de los secretarios de despacho de los ramos de mayor relevancia, comparezcan también ante el pleno los directivos de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

También hemos propuesto que los funcionarios del Ejecutivo Federal de todas las secretarías de Estado y de los más importantes organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, comparezcan ante las comisiones ordinarias, debiendo solicitárseles un informe por escrito de sus respectivos ramos, mismo que debiera ser entregado 48 horas antes de su comparecencia.

De esta manera, la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones ordinarias, planteará observaciones y formulará propuestas de políticas públicas, ejerciendo plenamente las atribuciones de control evaluatorio que le confieren el artículo 93 de la Constitución y los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

Con la alternancia política que el 2 de julio de 2000 impusieron los votos, el partido de Estado cedió su espacio a la pluralidad de los partidos, diversidad alimentada por una sociedad cada vez más madura, crítica y despierta.

Pero la alternancia en el poder, por sí sola, no puede considerarse una transición democrática entendida como el cambio de régimen político. Si la alternancia no avanza al cambio de régimen, derivará inevitablemente en un continuismo con ropa nueva y pasará a la historia como una decepción de grandes dimensiones.

Es por ello que, de manera urgente, la Cámara de Diputados debe acordar una agenda legislativa cuya idea rectora sea la reforma democrática de Estado.

Debiéramos partir de que el actual diseño constitucional y legal del régimen político mexicano constituye un exacerbado modelo presidencialista.

Revisemos entonces las atribuciones del Ejecutivo, plasmadas en el artículo 89 de la Constitución y las de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, contenidas en los artículos 74 y 76, respectivamente, a fin de redistribuirlas, para equilibrar los poderes y garantizar su coexistencia dentro de un marco que introduzca formas de parlamentarismo.

Valoremos juntos las propuestas que el PRD ha planteado en esta Cámara, en las que en el pasado ha coincidido con otras fuerzas políticas y que han sido recogidas en eventos como el seminario de Chapultepec y la propia Comisión de Estudios para la reforma de Estado que instaló el equipo de transición del actual Gobierno.

El Poder Legislativo tiene como principal función el limitar y controlar al Poder Ejecutivo. El fortalecimiento del Poder Legislativo y de ésta, su función, es un contenido esencial de la transición democrática de México.

Discutamos la propuesta para que la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo sea facultad del Congreso de la Unión, así como la ratificación por la cámaras de los secretarios de Estado, la ampliación de las facultades de control del Poder Legislativo, la eliminación del fuero presidencial y de las partidas secretas y el fortalecimiento de la soberanía de los estados y de la autonomía de los municipios.

Abordemos temas como el de la erección del Distrito Federal como el estado 32, el derecho a la información y la seguridad nacional, el servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno y la democracia directa a través del referendum y el plebiscito.

Asimismo debemos reabrir el debate sobre los derechos y la cultura de los pueblos indios para reconocer plenamente el carácter pluriétnico y pluricultural del Estado mexicano y darle a los pueblos indios su reconocimiento como sujetos de derecho público.

Abordemos el tema de la rectoría económica del Estado y dentro de él, los de la política de fomento de las distintas ramas productivas y el de un programa para la reactivación de la economía nacional. No circunscribamos la reforma fiscal sólo al fortalecimiento de las finanzas públicas, respondamos a la pregunta de más ingresos, ¿para qué?, vinculando el ingreso y el gasto públicos. Redistribuyamos las potestades tributarias a estados y municipios, rechacemos la pretensión de gravar con el IVA las medicinas, alimentos y libros e impongamos gravámenes a los que más tienen, como los especuladores de la bolsa de valores, o los grandes consorcios que, mediante la consolidación fiscal, eluden impuestos millonarios.

Reformemos la Ley del IPAB para que no sea el pueblo el que pague, durante generaciones, los descalabros de los negocios turbios que oculta. Reformemos el sector eléctrico para modernizarlo y defenderlo.

Aprobemos la Ley de Desarrollo Rural sustentable que el Presidente vetó. Expidamos la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. Resolvamos lo necesario para que aumenten las pensiones y se establezca la pensión universal. Expidamos la Ley de Protección a los Adultos Mayores y acordemos las reformas necesarias para garantizar la gratuidad de la educación, mejorar el nivel académico del sistema educativo nacional y combatir el rezago educativo. Defendamos a las universidades públicas, particularmente a la UNAM, del embate privatizador. Garanticemos, en todos los órdenes, la equidad entre los géneros y erradiquemos toda forma de discriminación.

En cuanto a nuestro régimen interno, expidamos el Nuevo Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, abordemos la reestructuración de los órganos de administración interna y hagamos realidad el servicio civil de carrera.

Tal es el contenido esencial de nuestra agenda legislativa, misma que, al entregarla al Secretario, ponemos sobre la mesa para su discusión.

Compañeras y compañeros: en el momento actual de nuestro país coexisten el entusiasmo provocado por la caída de un régimen de varias décadas y la incertidumbre sobre el nuevo rumbo de la nación. Las bases para la creación de una sociedad más justa y democrática aún son frágiles.

La consolidación democrática depende, en mucho, de que acordemos una reforma que replantee la relación entre los ciudadanos y las autoridades, reorganice los distintos niveles de gobierno y garantice el equilibrio de poderes, a la vez que responda a las expectativas de las mayorías nacionales, hoy sumidas en la pobreza y la pobreza extrema, en el rezago educativo y marginadas del progreso y la globalidad.

Aquí está nuestra propuesta. Como lo establecimos el 1o. de septiembre, estamos dispuestos a sumar fuerzas por nuestro país. Queremos acuerdos que beneficien a la población. Pactemos para transformar, no para conservar intereses e inercias del pasado.»

Reforma de Estado y Política Exterior	Derechos y cultura indígenas Reforma de Estado. * Nueva constitucionalidad * Fortalecimiento del Federalismo * Cambiar la naturaleza jurídica del Distrito Federal y ampliar las facultades de sus órganos de gobierno. * Equilibrio entre los poderes del Estado. * Rendición de cuentas y control de la actividad de los poderes públicos. Fortalecimiento de los poderes Legislativo y Judicial. * Federalización electoral. * Democracia participativa * Reforma de los medios de comunicación. * Servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno * Reforma económica de Estado. * Reforma social de Estado. Ley Reglamentaria de Seguridad Nacional e Información Reformas a la Ley de Amparo.
Política Económica	Observaciones de la Cámara de Diputados al Plan Nacional de Desarrollo. Glosa del I Informe de Gobierno. Programa de reactivación económica. Reforma fiscal integral. Reformas a la Ley del IPAB. Reformas para modernizar y defender sector eléctrico. Análisis de la Cuenta Pública 2000 Paquete Económico 2001 Reformas al decreto de extinción de Ferronales para precisar los derechos en materia de activos remanentes, casas-habitación y pago de pensiones.
Política social	Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Incremento de pensiones y pensión universal. Ley de Protección a los Adultos Mayores. Reformas para garantizar la gratuidad de la educación, mejorar el nivel académico del sistema educativo nacional y combatir el rezago educativo. Reforma laboral para defender los derechos de los trabajadores. Ley de Desarrollo Social. Equidad entre géneros. Reformas legislativas para garantizar una alimentación adecuada de los menores de cinco años y mujeres embarazadas. Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
Régimen interior de la Cámara	Nuevo Reglamento Interior de la Cámara de Diputados. Reestructuración de los órganos de administración interna de la Cámara de Diputados. Reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Servicio civil de carrera parlamentaria.

Se instruye a la Secretaría que el proyecto de agenda legislativa del grupo parlamentario del PRD, se turne a la Conferencia.

Se procede a dar el uso de la palabra a la diputada Silvia Alvarez Bruneliere, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Iniciamos este primer periodo del segundo año de actividades de la LVIII Legislatura con un Congreso fortalecido, respetado y reconocido por la sociedad como la instancia de representación ciudadana por excelencia, una instancia legítima de deliberación y discusión; legitimidad ésta, otorgada por el voto después del 2 de julio del año 2000.

Desde hace un año, esta Cámara de Diputados ha enfrentado la responsabilidad de recorrer la trascendente búsqueda de los consensos y el fortalecimiento de las instituciones. No ha sido una tarea sencilla como tampoco lo es la transición democrática del país. Entendemos que tanto las circunstancias externas como los problemas de carácter coyuntural, alteran las condiciones y desvían esfuerzos importantes que demoran inevitablemente la reflexión de fondo.

No obstante lo anterior, hemos afrontado con seriedad los problemas que requieren la atención de la Cámara de Diputados. La contribución por parte de todos los partidos políticos representados en esta Asamblea, ha ido obteniendo en base al esfuerzo y al trabajo compartido, un reconocimiento social que necesariamente ubica al Congreso de la Unión como un poder cada vez más vigoroso, responsable y renovado.

Estamos conscientes de la necesidad de entrar con mayor ahínco a la reflexión, al debate y al análisis de todos aquellos temas que dentro de la vida nacional, se encuentran en el ámbito de las expectativas sociales tanto en lo relativo a la problemática marginal, como de la renovación estructural que con visión de largo plazo se requiere. Sería estéril el sólo intercambiar puntos de vista o confrontar ideas, sin el ánimo patente de arribar al puerto de los acuerdos.

Cada grupo parlamentario, cada partido político en esta Cámara representa una corriente de pensamiento, una plataforma política y podemos afirmar que hasta un programa de gobierno que procura defender y promover. Esto, sin lugar a dudas, son insumos importantes cuyos contenidos no debemos desdeñar, pues son materia del estudio que nos debe ocupar. Todos sin excepción, traen conceptos y propuestas cuya atención es obligada por su justa valoración.

Probablemente esas posiciones deriven en cuestiones singulares que nos otorgan identidad, que nos definen y nos diferencian unos de otros. Esa realidad nos ubica con mayor sentido de responsabilidad al provenir del reflejo ciudadano que en mayor o menor medida se identifican, participan, simpatizan o simplemente comparten ideologías, posturas o sentimientos expresados por compañeros diputados en la riqueza de la pluralidad.

En consecuencia, huelga mencionar que esta representatividad otorga una legitimidad a todos y cada uno de los miembros de esta Cámara de Diputados para expresar, a nombre de nuestros representados, aquello en lo que creemos.

Sin embargo, la fortaleza de la institución parlamentaria no se ubica solamente en el debate y la confrontación de ideas, sino adicionalmente en la reflexión y obligado análisis, cuyo objetivo es la exploración y creación de alternativas legislativas que sirvan a nuestra nación.

Así pues, como órgano colegiado, estamos comprometidos no solamente con los ciudadanos, sino en esencia con México.

Nos ha tocado la enorme oportunidad de pertenecer a esta legislatura en épocas de gran complejidad y, paradójicamente, de gran trascendencia por lo mucho que podemos aportar en esta etapa de evolución democrática.

No basta, por lo tanto, el simple intercambio de ideas. Este por sí mismo es insuficiente para dar atención y cabal cumplimiento a la encomienda delegada por la soberanía ciudadana. Es menester, a través del ejercicio de la política, tener y propiciar puentes de diálogo, de apertura, de convicción y de construcción de ese cambio democrático que hemos emprendido y que tiene como objetivo fundamental establecer las condiciones necesarias para que cada mujer y cada hombre de nuestra nación puedan realizarse en lo individual y en lo colectivo.

En este contexto los legisladores hemos impulsado importantes reformas, precisamente para el bien común de los mexicanos. Se creó la Secretaría de Seguridad Pública y apenas a un año de ejercicio fueron creados también el Instituto Nacional de las Mujeres y la Auditoría Superior de la Nación. Se aumentaron las pensiones, fueron reconocidos constitucionalmente la cultura y los derechos de los pueblos indígenas; el sistema financiero se modernizó y juntos aprobamos un presupuesto por consenso.

Se legisló para dar seguridad jurídica a los pequeños ahorradores. Exigimos mayores responsabilidades a los funcionarios públicos y los estados cuentan hoy con más recursos federales.

El inicio de este primer periodo ordinario de sesiones constituye la oportunidad propicia para profundizar en los temas de interés nacional y resolver lo que sea mejor para México.

Tengamos presente que en el camino hacia un nuevo régimen político el fortalecimiento del Congreso es la piedra angular en la construcción de las instituciones democráticas sólidas.

Desde un Congreso fortalecido, respetable, responsable y reconocido por todos como una instancia legítima de deliberación y decisión, debemos impulsar la legislación que necesita el país para garantizar a los mexicanos un mejor futuro.

Como primera actividad de esta Cámara de Diputados tendremos que analizar el informe presidencial. El análisis del I Informe debe ser un ejercicio que nos brinda la oportunidad de hacer un balance responsable de cuánto se ha hecho o se ha dejado de hacer.

Hemos de realizar una valoración objetiva, considerando los resultados. Habrá que reconocer avances y compromisos cumplidos, pero también señalar las limitantes y los problemas.

En este análisis es mucho lo que se puede decir; sin embargo, expresarlo sin objetividad es un acto irresponsable. Las acciones y los logros reportados darán muestra de la integralidad del rumbo y de la claridad de propósitos en esta administración.

Estaremos, pues, atentos a las propuestas y a la crítica constructiva, ya que ambos elementos fortalecerán el diálogo y el debate.

Pretendemos, como Partido Acción Nacional, avanzar en la construcción de una agenda legislativa de consenso nacional que incluya, entre otros temas, la reforma de Estado, la reforma fiscal integral y la reforma del sector eléctrico.

Impulsaremos la creación de un marco legal en el área laboral y económica que propicie el desarrollo con igualdad.

Nuestra agenda continuará dando prioridad a los temas que afectan a los que menos tienen y a los que menos pueden. Atenderá a la creación de nuevos instrumentos que promuevan el desarrollo humano integral. Incluirá también aspectos tendientes a lograr la equidad y la eliminación de toda forma de discriminación. Impulsaremos la creación y recreación de un marco legal que asegure a las futuras generaciones la conservación del ambiente y que propicie un desarrollo sustentable y seremos fieles vigilantes de un estado de derecho.

La sociedad que nos otorgó su confianza y quien depositó su esperanza en nosotros, reclama que se legisle para lograr un verdadero desarrollo rural, una auténtica cultura de participación ciudadana, un Código Civil y Penal actualizados, porque al igual que nuestra Constitución requieren reformas para que respondan a la realidad que hoy vivimos.

Debemos dar un verdadero impulso a la educación, la ciencia y la tecnología como ejes del desarrollo de nuestra nación. Es urgente contar con leyes que apoyen el desarrollo social y el acceso a la información. Estamos obligados a dirigir la mirada a nuestra juventud, al deporte que nuestro país requiere más que nunca un apoyo, para construir generaciones sanas y la legislación debe apoyar este esfuerzo.

Esta, compañeros legisladores, es la forma de construir un nuevo pacto y una gran alianza entre nosotros y la sociedad que representamos. Por ello, los diputados del Partido Acción Nacional pondremos énfasis en un más amplio y mejor diálogo con las demás fracciones parlamentarias. Para nosotros el camino a seguir es muy claro: completar la transición de México a la democracia y hacer de este país una patria ordenada y generosa, donde valga la pena vivir y desarrollarse.

Como Poder Legislativo tenemos la oportunidad de trabajar juntos por un proyecto conjunto de nación. En todo proceso democrático la búsqueda de consensos y acuerdos es la estrategia para una sana, respetuosa y armoniosa convivencia. En Acción Nacional comprendemos el reto de gobernar en la pluralidad.

Hoy, ante este pleno del honorable Congreso, establecemos y ratificamos el compromiso de legislar, desarrollando un trabajo legislativo, congruente y ejemplar. Una tarea legislativa participativa y coordinada. Nos proponemos ser constructores de consensos y acuerdos, agentes de cambio y gestores de la sociedad. Asumimos la responsabilidad de hacer de esta legislatura el reflejo de los sueños y los deseos de la nación que representamos.

Iniciamos el primer periodo de sesiones del segundo año de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión en uno de los momentos más importantes de la historia para el Poder Legislativo del país.

Hace un año los ciudadanos decidieron no solo un gobierno dividido, esto es, que los partidos políticos que postularon al Presidente de la República no tuvieran mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, sino que también votó para que ningún grupo parlamentario pueda decidir por sí solo un asunto legislativo.

La pluralidad política, en fiel reflejo de nuestra composición social, se instaló entonces a plenitud en los escenarios del poder público. De la mano de ella llegaron también la necesidad del consenso, de la tolerancia y de la valoración de los acuerdos políticos entre todas las fuerzas.

Hoy los logros de esta Cámara no han sido menores. No lo son porque, como ya se señaló en esta tribuna, se ha procesado un número muy importante de dictámenes legislativos en los cuales en la gran mayoría hemos sabido tejer la voluntad y puntos de vista entre todos los grupos políticos aquí representados.

Asimismo, hemos ejecutado con responsabilidad nuestras facultades constitucionales de colaboración en el ejercicio del poder público al revisar, analizar y aprobar, con las modificaciones procedentes las iniciativas y propuestas que el Poder Ejecutivo ha sometido a esta soberanía.

Es decir ni la parálisis legislativa ni la obstrucción de la marcha de la administración han sido el signo de esta legislatura; pero todavía tenemos que ir más allá, en este periodo de sesiones debemos profundizar y acelerar nuestras tareas legislativas en diversos temas, así como en las funciones de contrapeso, de equilibrio entre poderes como lo son las de dirección, control y fiscalización del ejercicio de los programas públicos, ésa es la demanda ciudadana.

De esta manera la agenda de la Cámara para este periodo resulta notablemente enriquecida, particularmente en tres vertientes; los trabajos de glosa del informe, la agenda legislativa propiamente dicha y los acuerdos sobre la reforma de Estado.

La glosa del informe que haremos en los próximos días , estoy seguro , será un ejercicio donde el espíritu crítico y el debate constructivo pasarán revista sobre los principales asuntos encargados al Ejecutivo. De este modo, las consideraciones que en materia política, económica y social, harán los distintos grupos parlamentarios, tendrán un nuevo significado y marcarán también nuestros compromisos de trabajo con diversos temas de la agenda nacional. Cito tan solo algunos ejemplos.

En materia política, resalta el hecho de que el Ejecutivo no haya presentado en muchos sentidos un informe de lo efectuado sino una prospectiva de esperanzas, de lo que se tiene la intención de hacer, con lo cual se genera confusión y desencanto en la sociedad como reflejo de un tránsito de campaña a gobierno que se da en un marco de múltiples contradicciones discursivas.

Además, habrá que reconocer que si bien hay apertura del gobierno para resolver problemas políticos importantes, también se debe señalar que no se han encontrado las soluciones, hay casos que ilustran lo anterior.

El tema de Chiapas, sobre el cual seguimos atentos a la evolución que puedan tener las negociaciones siempre abiertos y con el deseo de apoyar toda posibilidad de obtener un acuerdo de paz para la región. El no poder establecer una agenda de lo que sería una construcción pactada del nuevo federalismo, tema que es urgente, ya que el poder establecer acuerdos con los estados permitirá establecer una vía de encauzamiento tanto de la pluralidad política existente en todas las entidades federativas como de los deseos y necesidades ciudadanas de establecer desarrollos regionales plenos, dejando así atrás un modelo presidencialista que a todas luces le queda ya chico al país.

Y, por último, la deuda pendiente que sigue así en materia de seguridad pública, de administración de justicia.

En materia económica, por otra parte, reiteramos nuestra preocupación de que parece no haber reconocimiento de los problemas en especial de los relacionados con el cero crecimiento. Por lo tanto no hay propuestas o medidas claras y explícitas para enfrentar este problema.

La meta de crecer al 7% anual ofrecida en campaña, no sólo parece distante sino ya irrealizable, un solo año de crecimiento cero puede impactar de manera general para todo el sexenio y no hay ningún programa emergente para salir del atorón económico.

Existe un reconocimiento explícito de que se han perdido cerca de 250 mil empleos, cifra que para no variar, contrasta con la del Banco de México que señala que son poco más de 400 mil los empleos perdidos.

Pero al margen de estas contradicciones la situación es aún más grave si se suman los 250 mil empleos que debieron crearse en un escenario de crecimiento moderado. Esto daría como resultado una cifra real de más de medio millón de empleos perdidos, dato que nos coloca muy lejos de aquella desmesurada oferta de campaña de crear 1 millón 300 mil empleos por año.

Además, por lo que se refiere a la marcha de la administración pública, la discusión sobre el subejercicio de gasto no se aborda frontalmente; por el contrario, busca la Presidencia de la República mostrar que no hay tal subejercicio al presentar comparaciones con años anteriores y estableciendo que el gasto programable registra un crecimiento real de 5.8% con respecto al de 2000. Sin embargo, el subejercicio se define con base en los calendarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció y respecto a éstos, sí hay graves retrasos, los cuales se registran fundamentalmente en los rubros de inversión en comunicaciones y transportes, seguridad social, política laboral, abasto y asistencia social.

Nuestra posición en este tema no es que se rompa la disciplina presupuestaria; nuestro desacuerdo proviene del hecho de que la administración está haciendo fuertes erogaciones de gasto corriente y está descuidando el gasto de inversión y programas de desarrollo social.

De igual modo, en relación a la política social, debemos señalar el hecho de que no se le esté dando el lugar que le corresponde en la agenda nacional. Hay acciones inconclusas, ausencia de compromisos vitales en rubros tan importantes como la educación pública y subejercicios en perjuicio de las clases más necesitadas, éstas son las constantes.

Además, la oferta para duplicar el presupuesto del gasto social quedó tan solo en 5%, es decir, 95% menos de lo prometido. Inclusive y a manera de ejemplo, de acuerdo con la información remitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a este Congreso de la Unión, programas como Empleo Temporal y Alianza para el Campo, cuentan con un avance en su gasto programable del 14 y 22%, respectivamente, en lo que va del año. Así es difícil que se vayan a alcanzar las metas programadas y sin duda serán un elemento más que ahonde las diferencias entre diversos grupos de productores del país con el actual Gobierno.

Como se podrá observar con la revisión de estos ejemplos, los trabajos de glosa del informe en los próximos días serán intensos y decisivos en lo que se refiere a la construcción de los nuevos equilibrios entre el Ejecutivo y el Congreso y en cuanto a la participación de éste en la evaluación de las políticas públicas.

Por lo que se refiere a los temas de la agenda legislativa del periodo, el grupo parlamentario del PRI señala que por una parte continuaremos los trabajos de análisis relativos a las iniciativas que ha enviado el Ejecutivo en materia fiscal, reiterando aquí nuestro compromiso social con este tema. De igual modo, trabajaremos en la búsqueda de una alternativa legislativa al veto sobre la legislación rural en el seguimiento sobre la controversia constitucional presentada en relación al ejercicio de las facultades reglamentarias del Ejecutivo en materia de energía eléctrica y en el análisis y discusión de la iniciativa que presentamos de reformas a la Ley Orgánica del Congreso, para así tratar de resolver de manera definitiva y de largo plazo la estructura administrativa de la Cámara, sobre la base de que ningún funcionario tenga preeminencia sobre la jerarquía de los diputados.

El mejor ejemplo de este esquema administrativo es que hemos funcionado así en esta legislatura, sin caos y con alta productividad parlamentaria; además, esperamos que los trabajos legislativos de los próximos meses sean muy importantes para la consolidación de la agenda social del país y se discutan entonces temas como el derecho a la alimentación, la seguridad social, el desarrollo social, la búsqueda de medidas de apoyo para los trabajadores migrantes en el envío de remesas al país y diversas leyes de fomento, actividades agropecuarias.

Asimismo, promoveremos que la agenda incluya el análisis de diversas reformas y adecuaciones a ordenamientos jurídicos en materia de seguridad y justicia, así como en la búsqueda de un diseño constitucional que siente nuevas bases de funcionamiento del pacto federal.

Por último, es importante mencionar que el grupo parlamentario del PRI recoge con simpatía la propuesta del Ejecutivo para celebrar un acuerdo nacional sobre diversos temas de interés en relación a la reforma de Estado; lo hacemos con base en dos principios básicos: por una parte, la convicción de que es en el seno de este Poder Legislativo donde se deben concretar los compromisos para seguir trabajando en las transformaciones que el país necesita de acuerdo al interés mayoritario y por otra parte, que estos acuerdos se construirán sólo con base en la práctica de no avasallar ni aniquilar fuerzas políticas, poderes, niveles de gobierno o grupos sociales.

Todas las voces deben de ser escuchadas con voluntad y respeto, sólo así serán viables los acuerdos.

Compañeras diputadas y diputados: las proyecciones de los trabajos legislativos hechas el día de hoy en esta tribuna por todos los grupos parlamentarios, son clara muestra de la importancia del momento actual del parlamento mexicano; sin duda las relaciones entre los poderes, en particular las del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se han transformado de manera profunda por el voto ciudadano, propiciándose el equilibrio republicano previsto por el Constituyente. Por ello, debemos trabajar cotidianamente en la construcción de un Poder Legislativo de nuestro tiempo, atento a las preocupaciones de la sociedad y con la aptitud y voluntad necesarias para lograr acuerdos y marcar el rumbo del país, ésa es nuestra realidad y también nuestro reto, los cuales estoy seguro, honraremos con pasión y templanza.

El siguiente punto del orden del día se refiere a comentarios de los grupos parlamentarios en torno a la cuestión azucarera.

Han solicitado el uso de la palabra hasta por 10 minutos, los siguientes diputados: Bernardo Pastrana Gómez, del grupo parlamentario de Acción Nacional; José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista; Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Francisco Castro González, del grupo parlamentario del PRI.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto, viene a esta tribuna a presentar su posicionamiento con respecto al decreto que expropia a favor de la nación 27 ingenios del país.

Compañeras y compañeros diputados: la agroindustria azucarera tiene una gran tradición en nuestra patria; tan sólo si recordamos que en 1520 se instaló en el sureste de México el primer trapiche de América Latina y desde entonces esta actividad ha significado un importante polo de desarrollo que fue evolucionando de tal manera que casi a 500 años de distancia este sector constituye hoy un gran pilar de la economía del país, en él se emplean 50 mil obreros permanentes, hay 160 mil productores con 750 mil hectáreas sembradas, que tienen su asiento en unos 240 municipios en 15 estados productores de caña.

Durante todos estos años como consecuencia de la falta de una auténtica política azucarera y una ineficiente administración de los ingenios, se generan crisis que son recurrentes y que en el pasado ya tuvimos alguna participación de un Gobierno alrededor de los años setenta por un monto equivalente a los 13 mil millones de pesos, buscando sanear esta industria.

Aunado a la falta de responsabilidad en la administración de los ingenios, ha convertido desde entonces a los dueños de estas factorías en meros administradores de los recursos que el Gobierno Federal destinaba para el funcionamiento de los ingenios en estos años.

Estos hechos generaron los problemas que hicieron crisis el pasado mes de junio al darse la condición de que la gran mayoría de los ingenios azucareros del país no tenían liquidez para hacer frente a sus compromisos con los productores de caña ni mucho menos para reparar las fábricas. Esta condición ponía en riesgo la ejecución de la zafra 2001-2002 y la supervivencia de gran parte de la industria que indudablemente tendría repercusiones negativas en lo económico y en lo social.

En función de ello, era necesario que el Gobierno Federal interviniera rápida y eficazmente para garantizar la continuidad de la actividad cañera y en un acto de responsabilidad, el día de ayer el Presidente de la República emitió el decreto expropiatorio de los 27 ingenios que eran los que mayores dificultades estructurales enfrentaban.

La expropiación de estas 27 factorías y la consecuente intervención del Gobierno de la República en la administración de dichos ingenios no pretende volver a prácticas pasadas que ya demostraron su inoperancia, sino que de lo que se trata es ordenar y dar certidumbre a los diversos actores de esta agroindustria y, una vez que se logre tener una industria saneada, ordenada y con visión de futuro, se esté en condiciones de ofertar estos ingenios a la iniciativa privada.

Coincidimos y apoyamos las acciones emprendidas por el Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, en el sentido de que éste es el primer paso que se da el día de ayer y que debe continuar con otras acciones que se encaminen a ordenar el mercado del azúcar. El establecimiento de esquemas de financiamiento en el campo se hace preciso, necesitamos buscar la diversificación en el uso de la caña de azúcar como materia prima y necesitamos impulsar y exigir el estricto cumplimiento del Tratado de Libre Comercio en lo referente a la exportación de todos los excedentes de azúcar y fundamentalmente en la fiscalización de los recursos públicos que el Gobierno Federal destina al financiamiento de estas empresas.

Es preciso, para que se apliquen correctamente y en este sentido, que los diputados de Acción Nacional estén vigilantes para que la paraestatal que se constituya con la finalidad de administrar esas empresas, se maneje con transparencia y honestidad, toda vez que lo que se busca es evitar mayores quebrantos al erario federal.

No volver a caer en esquemas como lo sucedido en las intervenciones hechas en los ingenios en los años setenta, que llevó a demandar recursos fiscales por el orden de 40 ó 50 mil millones de pesos de aquella época, de aquel entonces. Recibimos entonces con beneplácito la decisión del Gobierno Federal en el sentido de continuar las acciones legales que lleven a fincar responsabilidades a aquellos que hayan hecho uso indebido de los recursos públicos.

La expropiación de los activos de los 27 ingenios no representan sino la adjudicación al Gobierno Federal de bienes que, derivados de las deudas que estos industriales tenían contraídos con la banca de desarrollo, por un monto aproximado de 18 mil millones de pesos, y que la venta de dichos activos no son suficientes para cubrir el adeudo, por lo tanto lo único que se ha formalizado es precisamente la adjudicación.

El grupo parlamentario de Acción Nacional reconoce que este acto realizado por el Ejecutivo Federal da certidumbre a los cañeros, a los obreros, a los inversionistas y, sobre todo garantiza la viabilidad de esta importante agroindustria.

En este sentido, compañeras y compañeros diputados, Acción Nacional refrenda el apoyo a la medida implementada a través de un decreto expropiatorio de 27 ingenios, por el Presidente de la República y los esquemas que ahí se señalan.

Desde hace varios años, el campo mexicano ha sido víctima de la miseria y la ignorancia, de la injusticia y la opresión, ha venido padeciendo esa enfermedad que algunos ya consideran crónica y hasta incurable, llamada mal gobierno y rezago absoluto. Por ello, sabemos que es imprescindible e inaplazable mejorar las condiciones del campo. No podemos dejar de escuchar y atender las necesidades cada vez mayores de los campesinos ante la crisis del sector agrario.

En este aspecto, es de particular importancia la reciente expropiación de 27 de los más grandes ingenios de nuestro país. El ramo azucarero sin duda ha sido uno de los sectores que han presentado graves problemas desde hace ya varios años.

Recordamos cuando el presidente Luis Echeverría expropiaba los ingenios azucareros para mejorar su productividad. Posteriormente, a partir del 1983, comienza un repunte de la deficiencia de producción y con la entrada del gobierno de Salinas de Gortari y el planteamiento del Tratado de Libre Comercio, se privatizan los ingenios para 1990 y 1991.

Sin embargo, se otorgan facilidades de pago a los nuevos empresarios que resultaron ser, por palabra del actual Secretario de Hacienda, personas que sólo se dedicaron a ordeñarlos en sus beneficios personales.

Nuestro partido, el Partido Verde Ecologista de México, se manifiesta a favor de la expropiación por el beneficio de los miles de campesinos y trabajadores que dependen de esta industria.

Es necesario que el Gobierno vele por el bienestar de los campesinos, que sin tener culpa alguna tienen que pagar los errores de empresarios y servidores públicos irresponsables que jamás se preocuparon por la reinversión de los ingenios de azúcar para generar su crecimiento y diversificación.

Sin embargo, no podemos pasar por alto que una vez más el Gobierno asume el costo de prácticas indebidas de un grupo de personas dedicadas a esta agroindustria y que el mismo Gobierno puso irresponsablemente en sus manos. Sería deseable y justo que los incentivos que el Ejecutivo otorgue al campo sean de manera directa a los campesinos y no vía intervención para beneficio de los empresarios, ya que con este saneamiento de ingenios los campesinos no mejorarán, simplemente no empeorarán.

Por otra parte, sabemos que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio se fijó una cuota de exportación de azúcar libre de arancel. Sin embargo, durante el año pasado Estados Unidos desconoció los acuerdos y sólo importa de México 116 mil toneladas en vez de las 575 mil estimadas para esta zafra.

Es necesario entonces que la política exterior de nuestro país tome un nuevo rumbo para el mercado del azúcar, se amplíe y se tenga un Tratado de Libre Comercio equitativo.

También resulta relevante saber si el Gobierno Federal va a hacer las denuncias correspondientes respecto a los acuerdos que se hicieron en la administración anterior mediante los cuales se permitió la importación indiscriminada de fructosa, lo cual vino a golpear severamente a los productores de caña.

2. Que explique los mecanismos bajo los cuales se piensa privatizarlos 18 meses después.

3. ¿Cuál será la garantía para que empresas trasnacionales no adquieran los ingenios a precios por debajo de su costo real y asegurar una representación de los cañacultores en estos futuros 18 meses de privatización?

Otro aspecto preocupante son las posibles acciones que el Gobierno debe tomar para investigar y castigar a los posibles fraudes cometidos por empresarios que recibieron subsidios indebidos por más de 100 millones de pesos para exportar y que no lo hicieron. Mientras esto sucedía, los ingresos de los campesinos se veían disminuidos.

Por otra parte, nuestro partido, el Partido Verde Ecologista de México exige que en caso de comprobarse el fraude antes mencionado, se les finque responsabilidad a aquellos secretarios de Estado o subsecretarios que pudieran haber estado involucrados en actos de corrupción del sector cañero.

En cuanto a la cantidad destinada para mantener la operación de los ingenios expropiados, que asciende alrededor de los 3 mil millones de pesos, cabe destacar que esta cantidad, aunque se supone será recuperada posteriormente, por el momento tendrá que salir del presupuesto aprobado para este año, el cual ya está destinado para proyectos específicos, por lo que tendrán que desaviarse recursos de otros sectores para este objetivo, lo que aunado a los recortes presupuestales de alrededor de 10 mil millones de pesos, agravan señores, agrava bastante la situación económica del país.

La medida que ha tomado nuestro gobierno pensamos que ha sido acertada, aunque un poco tarde. Los resultados de esta medida, esperamos que sean positivos, pero sean buenos o sean malos, al término de los 18 meses de privatización nos daremos cuenta de la honestidad y eficiencia de la administración actual.

Finalmente, sólo nos queda una pregunta por hacer, ¿nuevamente los mexicanos tendremos que pagar las pérdidas generadas por malos manejos de particulares y de la ineficiente política exterior respecto al Tratado de Libre Comercio?

Aquí se ha debatido en muchas ocasiones el problema de la agroindustria de la caña de azúcar. Ya veíamos venir los graves problemas en el sector cañero; ya habíamos manifestado que hace falta en el sector cañero una reestructuración a fondo, ya habíamos hecho denuncias de empresarios irresponsables que habían obtenido créditos millonarios y que no habían sido utilizados en el sector; ya habíamos hecho denuncias de que no se estaba cumpliendo el decreto cañero, de que hacía tres años no hay crédito suficiente y oportuno en el campo; que desde el mes de enero las preliquidaciones no estaban llegando a los productores del campo; que en el mes de julio correspondían las liquidaciones y no hay liquidaciones aún en el campo cañero.

Todo esto ha generado incertidumbre en el campo cañero, por eso el anuncio de la expropiación de 27 ingenios en el país, lo vemos como una primera acción que puede culminar realmente en el rescate del sector cañero. No estamos hablando de que se haga un Fobaproa, no queremos un Fobaproa ni dulce ni amargo en el sector cañero. Queremos que aquí el Gobierno Federal, no, por ningún motivo, vuelva a repetir los viejos vicios del ayer; venden, privatizan, quiebran y vuelven ellos a recoger para retroalimentar al empresario. Han demostrado los empresarios en el país, su incapacidad para administrar.

Por eso decimos que no estamos de acuerdo en que se vaya a quedar en esta sola acción la expropiación de los ingenios. Hace falta que a esta acción de expropiación, vengan más acciones: la revisión del Tratado de Libre Comercio, regular el mercado nacional, el crédito o financiamiento a los productores del campo, a los cañeros. No tenemos crédito. Hace falta el financiamiento también a los empresarios que han cumplido. Serán necesarias muchas medidas más como la compactación de zonas. Es cierto que el sector requiere una reestructuración a fondo y aquí precisamente se han presentado iniciativas de ley de la agroindustria de la caña de azúcar, iniciativas que de alguna manera van a venir a generar la libre asociación de los productores de caña y acabar con estas organizaciones corporativas que le han hecho mucho daño al sector cañero.

En el sector industrial ya vimos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la cláusula de exclusión. Afortunadamente se están dando los sindicatos independientes, como es el Sindicato del Potrero, el Sindicato de San Cristóbal, que son sindicatos independientes. Bueno, ya todo esto forma parte de esa reestructuración del sector y que es muy importante. Por eso también le decimos al Gobierno: "si estos empresarios se endeudaron enormemente, debieron de haber dejado garantías, que les haga válidas esas garantías. Si Enrique Molina Sobrino cometió fraude al recibir subsidio para exportación y no exportó, las toneladas de azúcar se quedaron en el país, afectando el mercado nacional. Bueno, que se proceda contra este señor, no importa que haya sido tesorero de la campaña de Carlos Salinas de Gortari, eso no importa, no debe de haber impunidad, debe de haber certeza del Gobierno en las acciones que está ejerciendo".

Por eso decimos que es muy importante aquí que el Gobierno vaya con todo, vaya sumando más acciones a esta primera acción. También es importante la investigación en cuanto a las cuotas del Seguro Social. A los productores de caña se les han descontado las cuotas del Seguro Social y esas cuotas no han ingresado a este Instituto, se han quedado los empresarios con las cuotas del Seguro Social, como retenedores tenían que haber ya entregado esas cuotas al Seguro Social y no lo han hecho. Han cometido fraude, porque en las hojas de las Afore de los cañeros, aparece en ceros, sin aportación. Esto dentro de algunos años, va a ser muy probable muy grave si no se pone a tiempo la solución, por eso el Gobierno tiene que estar muy pendiente de todas estas situaciones.

Decíamos que es importante la investigación, para que quede muy claro al pueblo de México, que esto no será un Fobaproa, ni dulce ni amargo. Simplemente es una acción que viene al rescate del sector cañero y que a los productores de caña de alguna manera nos da confianza.

Por otro lado, quisiéramos también decir lo siguiente, hemos manifestado aquí en otras ocasiones, que es necesaria la revisión del Tratado de Libre Comercio, hemos manifestado que el Senado de la República, como responsable de los convenios internacionales, debe de dar la cara en la revisión de ese Tratado de Libre Comercio y que el Gobierno Federal también debe de dar la cara a los productores del campo, ya no hablaríamos nada más de los productores de caña de azúcar, sino de los productores del campo.

Tenemos piña de Tailandia, tenemos arroz de los países asiáticos, tenemos maíz transgénico de los Estados Unidos, tenemos alta fructosa de los Estados Unidos, café de Costa Rica, en fin ha sido invadido nuestro mercado nacional y el Gobierno ha dejado pasar, ésta debe ser otra acción que el Gobierno debe de emprender también, para que le estemos dando certeza a los campesinos de México.

Ya no queremos más campesinos que vivan en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, queremos a nuestros campesinos, ahí, en el campo, en la tierra, produciendo y por eso se hace necesario recordarle al Presidente Vicente Fox, que le cumpla a los campesinos de México.

Ya les falló vetando la Ley de Desarrollo Rural, ahora que la Comisión de Desarrollo Rural y de Agricultura, van a pasar la iniciativa, una vez más esperamos que esta salga en bien de los campesinos de México.

No queremos ni estamos de acuerdo que las deudas se socialicen y las ganancias se privaticen, por eso el Gobierno Federal debe estar muy claro en la acción que acaba de ejercer. Si el Gobierno Federal va administrar 27 ingenios, de los cuales dos ya eran del Gobierno, La Joya en Campeche y Santa Rosalía en Tabasco, ya los administraba el Fideliq, solamente son 25 más. Le exigimos al Gobierno Federal, a la Sagarpa que es responsable de este sector, que manden verdaderos administradores, conocedores de la problemática en el sector cañero.

Que no manden al compadre, al primo, al pariente, al amigo político que no pudieron colocar en el gabinete, que no los manden de administradores, esos son los vicios del pasado, que los cometieron reiteradamente en los gobiernos anteriores.

Esperamos que manden verdaderos administradores que vengan al rescate del sector y que con ello podamos sacar adelante a los campesinos de México.

Recuerdo que es importante que en este periodo de sesiones, el debate de la Ley de la Industria de la Caña de Azúcar. Esperamos que todas las fracciones estemos participando, aportando y podamos sacar una ley que permita el rescate de este sector, que permita dar el marco jurídico en donde nos podamos desenvolver los cañeros, los obreros, los empresarios y podamos decir que la agroindustria de la caña de azúcar sigue siendo la más importante en este país.

Hace un par de semanas, los campesinos productores de caña de azúcar, se vieron obligados a desplazarse desde diferentes partes del territorio nacional para plantear sus legítimos derechos, también la afectación de sus intereses patrimoniales que no era una cosa menor, se trataba ni más ni menos del derecho que les asistía de que los empresarios azucareros les pagaran la caña que habían entregado a los ingenios para su procesamiento por un monto de 4 mil 500 millones de pesos. Tuvieron que bloquear calles, carreteras, tomar oficinas públicas tanto del orden federal como estatal, para conseguir la solución de una parte, de una parte del problema: la promesa de que a través de un fideicomiso se les liquidaría ese adeudo.

Como una expresión de prepotencia foxista tuvieron que recibir los descalificativos de los funcionarios en turno antes de ser escuchados; tuvieron que hacer largas antesalas ante quienes conciben la crisis del campo como un problema de forma de propiedad, dejando de lado cuestiones trascendentales como el reconocer que este sector sufre la competencia desleal del exterior, sin que el gobierno actual haga nada por resolver esa cuestión de fondo.

Sin embargo, ante el desastre de la industria azucarera, el gobierno federal ha tenido que reconocer que el problema de los cañeros no se remite a la simple creación de un fideicomiso para liquidar las deudas de los campesinos afectados; para ello se ha visto obligado a tomar una decisión más radical consistente en emitir un decreto expropiatorio el pasado 2 de septiembre del año en curso, donde se establece la expropiación de los siguientes grupos: Consorcio Azucarero "Escorpión" CAZE, Grupo Azucarero Mexicano, los grupos encabezados por la familia Machado y la familia Santos, así como dos ingenios administrados por el Fideicomiso Liquidador Fideliq del Gobierno Federal.

Como sabemos, se trata de casi la mitad de los ingenios azucareros que existen en nuestra nación, la decisión de expropiación que anunció el Ejecutivo Federal, incluye desde los instrumentos financieros que están respaldados por una parte del patrimonio físico de dichos ingenios, hasta todas las propiedades representadas por bienes muebles e inmuebles y desde luego, la maquinaria de equipo productivo, entre otros.

Compañeras y compañeros legisladores, la expropiación de los ingenios que hoy debatimos en el seno de esta soberanía, llega precedida de varios hechos que son importantes señalar para ubicar en su justa dimensión a la decisión del Ejecutivo Federal. Para nadie era desconocida la corrupción que se venía dando desde hace varias décadas entre los propietarios de los ingenios azucareros y las autoridades federales encargadas de la administración de los recursos públicos asignados a la promoción de las exportaciones de azúcar.

¿Quién no recuerda el escandaloso caso del grupo azucarero "Escorpión", que las dependencias de Hacienda y Crédito Público, así como la Secodadm, tuvieron que reconocer públicamente que había recibido de forma fraudulenta el equivalente a más de 128 millones de pesos como subsidio a las exportaciones de azúcar que nunca realizó?

Pero esto fue solamente la punta de la madeja, simplemente se trató de la confirmación de algo que el pueblo mexicano sabe por sentido común, que constituye una práctica del Gobierno Federal y otros niveles del gobierno mexicano, que consiste en lucrar con los recursos que aportan los trabajadores al fisco y con facilidad se distribuyen de forma fraudulenta, tanto los grandes empresarios como los altos funcionarios públicos de nuestra nación y que por lo visto, el régimen actual está dispuesto a seguir avalando, contradiciéndose en sus promesas de desterrar la corrupción.

Con esta corrupción se continúa cancelando la posibilidad que otras capas de la población más necesitadas reciban dichos recursos por la vía de programas sociales destinados al combate de la pobreza extrema, de la salud y de la educación.

Sin embargo, justo es decirlo, el problema de los cañeros y de los ingenios azucareros de México no sólo se remite a la corrupción, sino también a las ineficaces políticas públicas que el Estado mexicano ha realizado en las últimas décadas y sobre todo a partir de la apertura de la economía mexicana al mercado mundial, en especial con la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, que prácticamente ha desaparecido a cientos de miles de productores rurales que han tenido que emigrar a los Estados Unidos para buscar lo que en su propia nación no encuentran, como son los satisfactores básicos para sus familias.

En el caso de la industria azucarera se ha permitido que la importación de fructosa procedente de los Estados Unidos se haya convertido en una competencia no sólo desleal sino violatoria de lo establecido en el marco del TLC.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo fue el primero en solicitar al Gobierno Federal que interviniera en la solución de los graves problemas que aquejan a los cañeros, así como a la industria azucarera en general y a los hombres del campo.

Sin embargo, el Ejecutivo Federal dejó agravar el problema y con la medida unilateral y autoritaria que hoy asume con la expropiación de los ingenios está prefigurando un estilo de gobierno prepotente y autoritario.

Por ello planteamos que es necesario buscar las convergencias institucionales entre el Gobierno Federal y sus afectados y las instancias del Poder Legislativo para dar solución a la problemática de la industria azucarera y los campesinos cañeros.

Asimismo, solicitamos se integre un organismo tripartita integrado por productores, empresarios y el Gobierno Federal para dar solución a los graves problemas que aquejan a la industria cañera, con la participación directa de las comisiones respectivas del Congreso de la Unión.

El propósito de crear dicha comisión es para analizar la problemática de fondo de dicha industria, porque a nadie le es desconocido que a nivel mundial se está produciendo un cambio muy claro en el consumo industrial y doméstico de los edulcorantes. La fructosa está desplazando a los distintos tipos de endulzantes, entre ellos principalmente el azúcar; no podemos negarnos a esta realidad que se va imponiendo paulatinamente pero de manera firme.

Requerimos de verdaderas políticas de Estado, en el sector agropecuario, que nos permitan desarrollar perspectivas nítidas que proyecten a nuestro campo en una dirección rentable, eficaz y justa para la gente que vive de la actividad agropecuaria.

No debemos guardarnos con las viejas fórmulas del subsidio y del gesto asistencialista que llevan, indefectiblemente, a la miseria a nuestros hermanos campesinos.

Si este Gobierno se precia de ser moderno y competitivo debe actuar en consecuencia para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. No hacerlo implicará, en principio, continuar rescatando empresarios de la industria azucarera, que se sumarán a los rescates fraudulentos de los banqueros y también de los empresarios carreteros.

Venimos ante esta tribuna con el más firme propósito de comentar lo relacionado a la industria azucarera y sobre todo a la acción emprendida por el Gobierno de Vicente Fox sobre la expropiación de los ingenios.

Para nadie de los que estamos aquí es desconocida la importancia que tiene esta agroindustria en nuestro país. Integrada por 50 mil obreros, 158 mil productores de caña, que genera en forma directa 440 mil empleos, que en forma indirecta tenemos dos millones y medio de empleos. Que participamos y tenemos presencia en 227 municipios en los 15 estados cañeros. Que contamos con 2 mil 154 ejidos productores de caña. Que tenemos actualmente sembrada aproximadamente 640 mil hectáreas y que la consideramos actualmente la más importante del campo mexicano.

La decisión del Gobierno se veía venir ante los fuertes adeudos de los cuatro grupos en donde fueron expropiados sus ingenios, era insostenible ya esta situación. Falta de la entrega de avíos, falta de recursos para reparar el equipo de cosecha, falta de recursos para contratar cortadores y al final la falta del pago de preliquidaciones y liquidación final a los cañeros.

Por esta razón, consideramos positiva esta decisión. Pero sí es importante señalar que no se debe de permitir jamás el cierre de ningún ingenio. Quienes tenemos años de estar en la industria azucarera, hemos visto que en donde se cierra un ingenio se convierte en un pueblo fantasma.

Es importante que el actual Gobierno manifieste con claridad cual es la política que en materia de la industria azucarera va a seguir y que es importante que esto, relacionado con los adeudos que dejaron no se quede ahí y se tenga que investigar.

Necesitamos también que al año y medio que administre estos ingenios, el Gobierno, no se entreguen, no se vendan, a los mismos propietarios; que estos ingenios deben ser entregados a empresarios que cuenten con recursos frescos que permitan invertir campo-fábrica, para que siga siendo fuente generadora de empleo y de recursos esta gran agroindustria. Por ello, vamos a estar muy pendientes en este sentido, porque es necesario que ya no siga sucediendo lo mismo.

Yo quiero decirles a ustedes que nuestras organizaciones estuvieron exigiendo, precisamente, el cumplimiento al decreto nacional cañero, que no podía seguir sosteniendo a grupos industriales que en cada una de las zafras no contaban con los recursos para cumplirle a los cañeros el pago de sus cañas. Es indispensable que estos casos no se sigan produciendo. Los cañeros seguiremos exigiendo que esta gran agroindustria azucarera siga adelante, siga siendo generadora de empleo, para que en esa forma los 158 mil productores de caña que hay en los 15 estados de los 59 ingenios, sigan llevando recursos a sus familias para mejorar sus condiciones de vida.

Yo quiero decirle a las compañeras diputadas y diputados aquí presentes en esta sesión, que en lo relacionado al Tratado de Libre Comercio debemos exigir el fiel cumplimiento del mismo ya que en él se establece que si en dos años somos superavitarios en la producción de azúcar, Estados Unidos tiene la obligación y el compromiso de recibirnos todos los excedentes; no tenemos dos años, tenemos cuatro años de ser superavitarios y no podemos permitir que se nos relegue a segundo término y que quedemos a merced de lo que decidan los Estados Unidos para que en este año solamente nos reciban 116 mil toneladas de azúcar, cuando tenemos de excedentes 700 mil toneladas.

No es posible que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en los dos primeros años solamente nos recibieron 7 mil 500 toneladas y en los cuatro años restantes, antes de llegar al séptimo, solamente nos recibieron 25 mil y hoy, hoy que tenemos el derecho porque así está establecido en el Tratado de Libre Comercio de que nos reciban todos los excedentes, solamente pretenden recibirnos 116 mil, esto es inaceptable.

Hay un punto de acuerdo en el Senado de la República, en el que todos los grupos parlamentarios aprobaron y acordaron exigir el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio como está suscrito; por ello, aquí en esta Cámara también pasamos a la tribuna e impedimos ese punto de acuerdo con el propósito de exigir el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio.

Más aún, hay una carta paralela, de las tres que hay, en donde manifiesta que si México es superavitario en dos años consecutivos tiene derecho a que de facto Estados Unidos le reciba todos los excedentes.

¿Cómo aceptar que los señores no le quieren dar cumplimiento al Tratado de Libre Comercio y sin embargo la Organización Mundial de Comercio ante el panel interpuesto por los fructoseros de Estados Unidos desgrava el arancel que aquí en México, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial gravó con 175, 150 y 90 dólares la tonelada de fructosa? Y muy cómodamente los señores de la Organización Mundial del Comercio quitan el arancel que se había impuesto a la fructosa en nuestro país.

Yo siento que si la Organización Mundial del Comercio desgrava el arancel de la fructosa, nosotros al no haber cumplimiento en el Tratado de Libre Comercio tenemos que tomar acciones también y no permitir la entrada de fructosa en nuestro país .

Por esa razón compañeros, debemos de estar solidarios para que esta gran agroindustria azucarera, la más importante que tenemos en el campo mexicano, siga adelante buscando mejorar las condiciones de vida de los hombres del campo cañero.

No podemos seguir permitiendo que nos impongan condiciones y no se respete el derecho que nos asiste cuando tenemos la razón y esté suscrito en un tratado...

Por ello compañeros, yo siento que hoy más que nunca debemos estar más solidarios para defender esto que realmente es una fuente de generación de empleos, que esto que da tranquilidad en el campo cañero pero sobre todo fundamentalmente es una gran agroindustria que tanto requerimos en nuestro país y que consideramos es más importante que tenemos en el campo mexicano.

Esta Presidencia considera que la importancia de la problemática planteada por los diversos diputados que han hecho uso de la palabra, requiere que esta Cámara de Diputados disponga de mayores elementos para normar su criterio.

Por lo que instruye a la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera cite a comparecer a los subsecretarios de Hacienda, Economía y Agricultura involucrados en este tema.

En el capítulo de proposiciones, se han inscrito para tratar el tema relativo al Código Penal del Estado de Chihuahua, las siguientes diputadas de los grupos parlamentarios: Hortensia Aragón Castillo del PRD; Nelly Campos Quiroz de Acción Nacional y Hortensia Enríquez Ortega del Partido Revolucionario Institucional.

Me permito presentar ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara se pronuncie en contra de las modificaciones hechas al Código Penal del Estado de Chihuahua que derivaron en la atenuación de las sanciones por delitos sexuales, lo que resulta violatorio de convenciones internacionales suscritas por México para la protección de mujeres, niñas y niños; además conculca el interés público de la seguridad, protección y tutela de los derechos de la población chihuahuense, presentando esta proposición en virtud de las siguientes

Mediante un pacto social los grupos humanos conformaron el estado como el medio, instrumento e institución que les diera cohesión, dirección y certidumbre, pero sobre todo se erigió la figura del estado para que brindara protección a sus integrantes.

Hoy, la protección de tres y medio millones de mexicanas y mexicanos corre un grave riesgo. Este día todos los chihuahuenses se enfrentan ante una penosa decisión legislativa que vulnera y agravia la tutela de sus derechos.

Un abuso de mayoría parlamentaria priísta, indolencia ante la realidad o simplemente ignorancia suprema, el hecho es que un grupo de diputados locales, desconociendo la voluntad social, haciendo a un lado la participación ciudadana e ignorando los tratados internacionales firmados por México a favor de la protección de mujeres y menores, han aprobado precipitadamente y de forma por demás excluyente y discutible, diversas reformas al código penal de la entidad.

Si bien el procedimiento no fue ejemplo de transparencia legislativa, la situación parece perder relevancia ante el humillante y desconcertante fondo, así como las graves consecuencias que dichas reformas acarrearán para el Estado en el que aún se mantienen impunes, hasta hoy, los responsables de más de 180 casos de mujeres violadas y asesinadas desde 1993 en Ciudad Juárez.

La protección y tutela de la libertad y seguridad sexual ha cambiado de destinatario, ahora se protege al violador, al hostigador, al abusivo sexual y a aquel que comete estupro. El violador ha ganado la disminución de las penas aplicables; además, se protege su derecho a la bestialidad con la atenuante de la provocación.

Según las reformas, cito: "cuando el sujeto pasivo se niegue a la realización de la cópula habiéndola provocado por actos conducentes a ésta, practicado directamente con el agente, a éste se le aplicarán de uno a seis años de prisión". Ahora resulta que además del dolor de haber sido ultrajadas, deberá enfrentarse a la acusación de ser provocadora del ultraje porque ninguno de los violadores renunciará a la excitante sensación de defenderse agraviando aún más a su víctima.

La violación equiparada, aquella que se realiza mediante la introducción por la vía vaginal, oral o anal, de objetos distintos al miembro viril, ha sido eliminada de un plumazo y ahora se llama simple y llanamente: "abuso sexual" y es sancionado con penas menores, sin importar que la violación equiparada puede conllevar daños físicos y emocionales, en ocasiones muchísimo más graves.

Con las reformas en comento, la prostitución infantil logrará un impulso jamás imaginado, toda vez que de seis a 20 años de prisión para el violador de menores de 14 años, esta reforma los disminuye específicamente al exonerar al violador a través del artículo 241 que a la letra ordena, cito: "no se aplicará sanción cuando se compruebe plenamente que la persona ofendida, siendo mayor de 12 años y dedicándose a la prostitución, dio su consentimiento".

Esta disposición se contrapone abiertamente a la convención sobre los derechos de la niñez, de la cual México forma parte y cuyos compromisos obligan a la Federación en su conjunto, de conformidad con el artículo 133 constitucional y con los principios constitucionales de protección a la infancia.

Ahora, con las reformas llevadas a cabo estos delitos serán perseguibles únicamente por querella de partes, cerrando los ojos a la imperiosa necesidad de la actuación de oficio por parte del Poder Judicial para la reversión y erradicación de los delitos sexuales que asuelan a este estado en particular.

Son reformas que no solamente provienen de un procedimiento dudoso, que las vicia de origen; se trata de modificaciones que contravienen los tratados internacionales firmados por México en materia de protección a los menores y a las mujeres; se trata de parámetros que alentarán la práctica de estos delitos, ya que reflejan la insensibilidad y desinterés de las autoridades a quienes corresponde dotar de mecanismos adecuados y de aquellas autoridades que se encargarán de aplicar la justicia que obvio resulta, será omisa en el Código Penal que nos ocupa.

Las reformas al Código Penal del Estado de Chihuahua no sólo son injustificables, se trata de criterios aberrantes, de sobreprotección a los delincuentes que traicionan la confianza de mujeres y menores y habitan en general, depositan en sus autoridades para el ataque frontal contra la delincuencia y en específico contra los delitos sexuales. Son reformas, pues, que atentan contra los derechos primordiales de los habitantes del Estado de Chihuahua, que agreden el interés público de la sociedad, que van en contra de toda legislación internacional, que confrontan la lógica y la justicia elemental y en resumen son modificaciones insostenibles.

Por lo anterior expuesto, compañeras y compañeros diputados y con fundamento en los artículos 58 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración y aprobación, bajo el procedimiento de obvia y urgente resolución, al pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Primero. Esta Cámara se pronuncia en contra de las modificaciones hechas al Código Penal del Estado de Chihuahua, que derivaron en la atenuación de las sanciones por delitos sexuales, lo que resulta violatorio de convenciones internacionales suscritas por México para la protección de las mujeres, las niñas y los niños y conculca el interés público de la seguridad, protección y tutela de los derechos de la población chihuahuense.

Segundo. Esta Cámara de Diputados exhorta al honorable Congreso del Estado de Chihuahua a realizar una reconsideración inmediata de las reformas al Código Penal del Estado recientemente aprobadas en materia de delitos sexuales.

Señora diputada. Esta Presidencia desea solicitar su autorización para que escuchemos las intervenciones de las diputadas que se van a referir al mismo tema y nos permita someter el trámite que ha solicitado, al término de las mismas.

En la reforma penal aprobada por el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua, existe un notorio desinterés en cuanto a la víctima de los delitos modificados, particularmente es atentatorio a la dignidad humana de las mujeres, que es generalmente el sujeto más vulnerable de estos ilícitos. No es tanto que ignoren el problema que la reforma trae a las víctimas, es en todo caso un problema de disfunción de prioridades, en el que parece ser más urgente resolver la situación del delincuente.

Al delincuente se le privilegia con la iniciativa, se le estudia, se le protege, se le trata, se le auxilia, se le ayuda, en tanto que a la víctima de los delitos que se modifican, se le abandona o margina en el drama penal, para convertirla tan sólo en un testigo silencioso, lo que aumenta su desamparo y provoca una sobrevictimización por la vía legislativa.

Ser víctima u ofendido de un delito significa en mucho el fracaso del Estado en su misión de protección y tutela de los intereses de la sociedad, en tal virtud que resultan inadmisibles las reformas que el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua emprendió al Código Penal del Estado, más aún cuando apenas hace seis meses atrás se había aprobado ya, por unanimidad, una reforma integral.

Como ya se afirmó, la reforma o mejor dicho la contrarreforma de la diputación priísta, resulta en una disminución a la protección de los derechos humanos o de los bienes jurídicos que pretenden titular los tipos penales aludidos. Es así que de manera equívoca las penas de cárcel se ven atenuadas en el caso del delito de violación.

En efecto, la contrarreforma priísta disminuye la pena mínima a tres años, pero lo más grave, lo realmente deplorable, es el caso de que se haya adicionado un párrafo al artículo 239, en el que se establece una penalidad disminuida de uno a seis años de prisión cuando la víctima haya provocado determinados actos y se niegue a la realización de la cópula.

Compañeras y compañeros legisladores: textualmente, este párrafo propone: "cuando el sujeto pasivo se niegue a la realización de la cópula habiéndola provocado por actos conducentes a ésta, practicados directamente con el agente, a éste se le aplicarán sólo de uno a seis años de prisión".

No podemos escuchar nada más absurdo y ofensivo para las víctimas del delito de violación, ya que por ley se abre la posibilidad de que el violador argumente que su víctima lo provocó sexualmente y hacemos de la víctima el victimario. El proceso penal se plegará con rigor no sobre el delincuente, sino sobre la persona violada, se juzgará a ella en el sentido de determinar si provocó o no provocó ciertas conductas. En este caso, se establece subjetivamente y aberrante el riesgo para la impartición de la justicia en cuanto a este tipo de conductas, pues resulta la interrogante: ¿cuáles son y cómo deben ser los actos que deben ser considerados como provocadores para la cópula? ¿Será acaso un abrazo efusivo, un beso prolongado, el tipo de vestido, el tipo de palabras o el clima?

Una disposición como ésta rompe el fin de prevención general y particular que debe tener la norma penal: inhibir y castigar. Se produce una doble victimización.

Otro inconveniente es que aun aplicándole la pena máxima de seis años, el violador podrá obtener su libertad al cumplir la mitad de la sentencia, si obtiene los beneficios que se otorgan a los reos, ya que se otorgó al Ejecutivo la facultad discrecional de conceder la libertad preparatoria aun en este tipo de delitos.

No podemos negar que el delito más grave contra la libertad sexual es el de violación. En efecto, la persona que sufre la desgracia de un ultraje sexual, de violación, trastorna su vida y necesita de mucha fuerza y de terapias para rehacerla de nueva cuenta, incluso podemos afirmar que en la violación de la víctima no se viola a sí mismo, sino a toda la familia; se viola al esposo, a los hijos, a los hermanos, pues ellos también sufren los efectos nocivos que deja la violación de un familiar.

La violación es una de las formas de victimización más graves que dejan mayor número de secuelas en el sujeto pasivo y que tiene una cifra negra muy elevada. En este sentido, creemos que la reforma será un motivo más para aumentar dichas cifras negras, pues el supuesto normativo propuesto inhibe a la víctima para denunciar, ante el posible hecho de que ella pueda convertirse en una especie de seudoprocesada.

También y de manera grave, esta reforma deja sin sanción algunos casos en que se demuestre de que se trate de personas que sean mayor de l2 y menor de l4 años, que se dedique a la prostitución y dé su consentimiento. Con esto se deja indebidamente a un lado la actual disposición que agrava la pena en el caso que la víctima fuera menor de l4 años, aun cuando hubiese otorgado su consentimiento.

Esta disposición es preocupante en dos vertientes: primero, el legislador acepta abiertamente la existencia de personas menores de edad que se dedican a la prostitución y segundo, niega la violación equiparable por el hecho de la actividad a la que la víctima se dedica. Esto es, a todas luces, no sólo violatoria de derechos sino atentatorio a la razón tutelar de la norma reformada. Se les olvidó a los artífices de esta reforma, que el bien jurídico tutelado por el delito de violación es la libertad sexual y no la castidad y la honestidad, que son elementos constitutivos del estupro, pero no de la violación.

En el caso de los menores, precisamente se equipara a violación, aun cuando den su consentimiento, porque en la mayoría de las legislaturas de los estados se acepta que por su corta edad no gozan del pleno albedrío para decidir, por ello sí hay y debe haber violación cuando se copula con una persona mayor de l2 años y menor de l4, pues es de explorado derecho que el consentimiento prestado por un menor de edad carece de toda validez jurídica, debida cuenta de que quien la otorga no está en disponibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales y en consecuencia la cópula con él tenida en esta coyuntura, encierra un ataque contra la libertad sexual de estos menores, en virtud de que el principio de que todo hecho realizado sobre una persona sin su voluntad validad, encierra un atentado contra su voluntad.

No aceptamos, como parece lo hizo la diputación del PRI en Chihuahua, que esta triste condición social de los menores que se prostituyen, los convierta hoy en un despojo humano, carentes de su libertad sexual y que el Estado y sus autoridades tomen acciones en su contra.

¿Dónde está en la reforma la tutela de esta libertad sexual a estos menores o en qué caso el ejercicio de la prostitución priva a estos menores de protegerlos y garantizarles su libertad sexual?

Otra forma inadecuada en el caso de violación realizada con algún objeto ajeno al miembro viril, el delito deja de tipificarse como violación y se considera simplemente abuso sexual. De este modo el agresor también logra disminuir el castigo penal.

El artículo 239 establecía antes de la reforma integral de febrero, una pena de prisión de dos a nueve años para el delito de violación. Con la reforma integral del decreto 797/01, aumentó de cuatro a 12 años de cárcel y se fijó además una multa de 50 a 100 veces salario mínimo.

El derecho penal ha superado la etapa de la venganza pública; la cultura del respeto y protección de los derechos humanos ha ido permeando en el tejido social y la conciencia individual y colectiva de nuestros pueblos, razón que obliga al sistema penal a humanizarse.

Al discutir estos delicados temas, debemos estar atentos de encuadrar en el contexto de una auténtica política criminar y verificar factores educativos y de prevención. Hablar concretamente de la elevación o disminución de las penas, es un tema del suyo complicado, es decir, es muy difícil y es prácticamente imposible fijar un límite preciso a las penas, un punto de equilibrio en donde no se deban aumentar o disminuir, un punto en donde la prevención general sea lo más eficaz posible, en donde se inhiba el mayor número de delitos y más aún, con el consentimiento de la multiplicidad de los factores criminógenos involucrados en especial en el delito de violación, no obstante, parece ser el caso de las reformas aprobadas en el Estado de Chihuahua, pudieran acarrear un mayor número de impunidad y no obstante la ya imperante, en particular, y más allá del debate sobre la elevación de las penalidades.

Finalmente, la falta de sensibilidad de los diputados priístas del Congreso de Chihuahua para tratar estos asuntos de índole penal y que tienen relación con la protección de bienes jurídicos de suma importancia en la dignidad humana y los habitantes de Chihuahua, los hace incurrir en otro tropiezo más al anunciar que se iniciarán los trabajos para diseñar el método de consulta a los ciudadanos, organismos civiles y asociaciones profesionistas.

Acción Nacional quiere dejar muy en claro que compartimos el honesto y desesperado clamor de muchas mujeres que son victimizadas y apelamos a que sea atendido con seriedad y mesura las reacciones ante estos hechos de violencia y degradación humana que deben guiarse por el conocimiento y el estudio, la razón, atendiendo a la justicia, el bien común y a la seguridad jurídica.

Unico. Se sirva solicitar respetuosamente al Congreso del Estado de Chihuahua, considere la posibilidad de una nueva reforma para regresar al marco normativo anterior a la misma, para eliminar y subsanar los inconvenientes que contiene y que representan un retroceso en nuestro sistema de garantías de derechos humanos.

Firman el siguiente punto de acuerdo, los diputados de Chihuahua, de la diputación panista.»

En nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, hago uso de la palabra para aportar algunas reflexiones y puntos de vista relativos a las recientes reformas del Código Penal de Chihuahua, que entre otros aspectos, atañen a los delitos sexuales y ésta es una primera corrección: La reforma penal se refiere a delitos como el fraude y el secuestro.

Deseo manifestar en primer término que el asunto de referencia, además de polémico por naturaleza, ha sido abordado dolosamente con elementos de información insuficiente y al calor de un debate que ha alejado del rigor técnico jurídico, que debe prevalecer en todo análisis serio, objetivo, de buena fe y ajeno a intereses partidistas.

Es imperativo que quienes tenemos la obligación de opinar en torno a esta cuestión lo hagamos con pleno conocimiento de causa, de cómo se dio el proceso de reforma y cuál fue su resultado.

Lo primero que se tiene que hacer, es buscar en el tiempo el proceso de reformas al Código Penal, es decir, si realmente en algún momento las penas a violadores han disminuido en Chihuahua y voy a los ejemplos:

En el código que estaba vigente la pena a los violadores era de dos a nueve años de prisión. En enero se hizo una reforma a la ley. En esa reforma se les imponía de seis a 20 años de prisión, pero esta reforma nunca entró en vigor, entre otras cosas, porque estaba plagada de imperfecciones jurídicas. Mencionaré algunas: no se sancionaba a quienes hubieran tenido cópula sin violencia con menores de 14 años o privadas de razón; el abuso sexual tenía penas más altas que la propia violación o del homicidio; no se tomaba en cuenta el engaño a través de la confianza, la fe, el respeto, o cuando se utilizan los medios que proporciona la docencia o un empleo público. A pesar de que estos agravantes están presentes en el 90% de los casos, en la reforma de enero no se contemplaban, el hostigamiento sexual, el solo dicho del ofendido bastaba para que se girara una orden de aprehensión.

Por las reformas de enero hubieran quedado en libertad los sujetos que violaran a menores de 14 años, por esta reforma los violadores o abusadores sexuales hubieran gozado del beneficio de no ir a la cárcel, a cambio de una medida de seguridad, sólo por ser condición senil o sea anciano, por estas graves contradicciones la reforma de enero nunca entró en vigor.

En agosto el Congreso hizo una nueva reforma, que se protesta ahora con más ánimos electorales que justicieros, porque en Chihuahua nunca han disminuido las penas por los delitos sexuales, que quede claro, nunca han disminuido.

En la ley vigente hace 10 días, la pena para un violador era de dos a nueve años, hoy, con la reforma, es de tres a 12 años, pregunto: ¿dónde está la reducción?

La nueva reforma castiga el delito con más severidad y se evitan las graves contradicciones que se daban en la reforma de enero, en Chihuahua la violación no alcanza la libertad caucional y ningún violador puede salir libre bajo fianza y ningún violador anda suelto en las calles, como se ha dicho.

En el caso en Chihuahua se dijo que las reformas en cuestión agreden a la mujer, son oscurantistas y retrógradas, entre otros calificativos, porque al principio se compararon estas modificaciones legales que hoy son derecho vigente, con las contenidas en el proyecto que se frustró —como decíamos anteriormente—, por sus serias deficiencias, cuando lo debido era y es, comparar la situación que guarda el Código Penal, antes y después de la multicitada reforma.

Ello ha creado confusión y ha desatado una polémica, en donde lamentablemente prevalece el tono emocional y electoral sobre el análisis científico y técnico-jurídico.

Es entendible por las razones expuestas y por los delitos de que se trata, particularmente la de violación y otros temas como la prostitución y la violencia familiar, siempre han sido objeto de encendidos debates, de tesis contradictorias y posicionamientos, que se relacionan con la forma de ser cultural de una sociedad determinada.

Los más ilustres juristas de México y el mundo, coinciden en que lo ideal es prevenir la comisión de los delitos más que castigar a los responsables y que particularmente el tipo de ilícitos que nos ocupa, tiene qué ver con la existencia de una subcultura, que predica los más altos valores de la moral y los violenta y niega en la práctica.

Por otro lado, esos juristas saben, por experiencia, que el aumento del vigor de las penas no desalienta a los delincuentes, si estas medidas no van acompañadas de otras cruciales, como lo son: más y mejor educación, un aumento sustancial del ingreso de las familias y, en general, de la calidad de vida, particularmente de los grupos sociales más débiles y en desventaja.

En pleno ejercicio de su soberanía, el Congreso de Chihuahua hizo una reforma a la ley en enero y en pleno ejercicio de esta soberanía ha modificado esta reforma, perfeccionándola, según su criterio.

Hoy, además, celebremos que en un gesto, que lo distingue y enaltece, la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso de Chihuahua, por unanimidad, ha tomado el acuerdo de abrir el tema a una amplísima consulta, para aportar nuevos consensos en aras del perfeccionamiento de la legislación.

Por eso nos extraña que todavía se guarden afanes partidistas, donde un órgano soberano ha demostrado que su interés es hacer buenas leyes, por cierto este acuerdo los firman los coordinadores del PRI, del PAN, del PRD e incluso un legislador independiente.

Reconozcámoslo, resulta difícil forjar consensos que respondan a las exigencias de una Ley Penal objetivamente válida con enfoque de equidad de género y de justicia social, sobre todo en un país como el nuestro de tan grandes y graves carencias, de tan grandes y graves rezagos, inercias y contrastes socioculturales. Prioritario es salvaguardar y defender los derechos de las mujeres, pero hacerlo sin atropellar el principio fundamental de la justicia.

Una servidora como mujer, como chihuahuense, como diputada, como defensora de la equidad de género tiene la obligación de analizar el problema con detenimiento y profundidad, a efecto de estar en posibilidades de emitir un juicio de valor; una servidora que no es jurista, que se precia de ser una convencida defensora de los derechos de las mujeres, antes que todo tiene un compromiso fundamental con el derecho y con los valores de la seguridad y de la justicia y reconoce que requiere de la asesoría experta y bien intencionada de especialistas en derecho penal y particularmente en derechos sexuales, mismos que deben aportar su conocimiento y su experiencia, a efecto de que el legislador pueda responsablemente formular juicios y adoptar posicionamientos concretos y con base a lo anterior, presento a ustedes el siguiente

Que la Cámara de Diputados, en el estricto respeto a los artículos constitucionales que consagran la soberanía de los estados y su derecho a formular sus propias leyes, mantenga una posición de no intervenir en ninguna forma en las decisiones del Congreso de Chihuahua, si no es con la voluntad de los diputados que quisieran participar en la consulta que este poder soberano ha abierto para aportar de buena fe, sus observaciones más allá de cualesquier ánimo partidista y con la verdadera intención de enriquecer el desarrollo de la vida y de la sana convivencia de los habitantes de Chihuahua.

Ha solicitado la palabra para rectificar hechos la diputada Hortensia Aragón, se le concede hasta por cinco minutos.

Esperábamos quizá, de buena fe, otra actitud; esperábamos mayor congruencia entre lo que se ha venido diciendo en esta misma tribuna y lo que hoy se dijo. Esperábamos por lo menos que no se defendiera una actitud totalmente insostenible y que se vinieran a plantear verdades a medias o mentiras muy completas.

Efectivamente, la comparación que quien me antecedió vino a hacer, data del Código de 1987; también si lo comparamos con el de 1931, también va a haber muchos avances. Pero lo que en Chihuahua sucedió fue que desde mayo de 1999, para hacer frente a la alarmante violencia, el gobierno del Estado con el Supremo Tribunal de Justicia, con el Congreso local, con la participación de las universidades de Chihuahua y de Ciudad Juárez, con la federación de colegios, de barras de asociaciones de abogados convocaron a foros múltiples.

Fue una gran consulta que unificó, más allá de los colores partidarios, unificó en el sentido de poder tener un código penal que diera a la entidad la medida necesaria para juzgar la problemática en hechos de violencia como es el caso del tristemente célebre Ciudad Juárez.

Y en este sentido sí hubo una aprobación por el Congreso de un código penal. La diputada debe tener muy buena memoria porque estuvo en esa legislatura y se votó por unanimidad.

¿Qué sucedió después, qué sucedió después que se votó ese código pena? Lo que nosotros entendemos es que se empezó a fabricar este albazo, no se publicó y después se publica y se da una prórroga para que se ejerza a 180 días, que se cumplían el 24 de agosto.

Pero tenemos nosotros el día 20 y por un solo partido, un código penal, que si tuviera tantas ventajas como se menciona no hubiera sido aprobado sólo por el Partido Revolucionario Institucional y no hubiera sido aprobado en un salón de un hotel con esos 17 legisladores que hoy, por lo mismo que se dijo ahorita en tribuna, parece ser que se desdijeron.

No es entonces un código penal que tenga todas las ventajas si se está aduciendo a un acuerdo que hoy en la mañana tuvieron que asumir los propios legisladores del PRI de revisar su propia reforma.

A mí me parece que lo menos que nos compete, como Congreso en este momento, como Cámara de Diputados, es tener una voz de censura para quienes de manera tan a la ligera, tan irresponsable, legislan, excluyan y hacen a un lado lo que fue toda una consulta el año pasado, misma que nosotros consideramos que es una de las más avanzadas y que se hizo a un lado.

Rumores hay muchos. La posición del PRI aquí le dará la razón en este momento que se vote a quienes han estado en Chihuahua manifestándose y diciendo que detrás de esto hubo una consigna para beneficiar de manera particular un caso que tiene compromisos en este mismo Congreso.

Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional...

Con su permiso, señora Presidenta. Sabe bien la diputada Hortensia Enríquez el aprecio y el afecto que le tiene su servidor, pero también estoy convencido de que, haciendo a un lado las cuestiones de sentimientos personales como simpatías o antipatías, tenemos un deber que cumplir como diputados federales.

Y en este caso hago uso de la palabra para hacer una reseña de cómo se llevaron a cabo esos tristes hechos, tristes para el pueblo de Chihuahua y vergonzantes para los 17 diputados del Partido Revolucionario Institucional.

En marzo de 1999, por parte del Partido Acción Nacional, que presenta una iniciativa, el Congreso del Estado de Chihuahua envía una convocatoria a la sociedad chihuahuense para que se reciban propuestas por medio de foros, que se llevan a cabo en las principales ciudades del Estado.

Doscientas ponencias aproximadamente son recibidas y posteriormente se acuerda formar un comité de análisis, con un integrante de cada partido representado en la Cámara.

Veintidós meses después de todo ese trabajo, en enero de este año se aprueban las reformas en el Congreso del Estado.

En el mes de febrero aparece en el periódico oficial del Estado las reformas, el decreto, el cual sería llevado a cabo su aplicación 90 días después de su aparición en el periódico oficial.

En esos 90 días el gobernador del Estado, Patricio Martínez, envía un documento con una serie de reformas e iniciativas a lo que ya se había enviado al periódico oficial del Estado.

Días después en ese lapso, debido a que el gobernador del Estado envía un nuevo paquete de iniciativas, el Congreso decide postergar 90 días más la aplicación de la reforma, tiempo en el cual los magistrados llevan a cabo un análisis y una revisión del documento enviado por el gobernador.

Posteriormente, el 20 de agosto, cuando se va a llevar a cabo el séptimo periodo extraordinario de sesiones, uno de los diputados del Partido Revolucionario Institucional recibe las observa-ciones de los magistrados y hace suya la iniciativa de reforma, pretende que sea presentada en la sesión extraordinaria del 20 de agosto, a lo cual se oponen los diputados del Partido Acción Nacional y del PRD.

En la sesión, viendo los diputados del Partido Revolucionario Institucional la presión que ejercen grupos de organismos no gubernamentales, deciden, allá en la tenebra, en esos lugares parecidos a las galeras donde se esconden las serpientes, deciden cambiar el lugar donde sesiona la Cámara de Diputados y sin tomar en cuenta el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chihuahua, que señala "que el Congreso sesionará en el recinto oficial o en un lugar distinto que éste designe por decreto".

No hubo ningún decreto y decidieron ellos reafirmar el amasiato que tienen con el Poder Ejecutivo y convertir en lecho conyugal un restaurante. Y ahí sin importarles violar, en este caso no con un miembro viril sino con una pluma, firmando, violentando el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, acuerdan y aprueban, comiendo y levantando el dedo, esa serie de aberraciones jurídicas.

De ese amasiato extralegislativo, pues surge el producto de esa relación el 20 de agosto, que no es otra cosa más que una reforma al Código Penal y un "henruchito" , que no va a ser otra su misión más que apoyar a los delincuentes que violan y secuestran y aun, por si fuera poco, convertir a las víctimas en gente más desprotegida, en este caso las mujeres, las niñas y los niños. Ojalá y reconsideren su actitud los señores del Partido Revolucionario Institucional y piensen un poquito más, que a lo mejor también ellos tienen sobrinas, sobrinos, hermanas menores o de 12 años para arriba y no me gustaría que estuviera de por medio la palabra de la víctima y por otra parte el dinero y el poder del delincuente.

Solicitó el uso de la palabra para rectificar hechos la diputada María Elena Chapa Hernández.

Para las mujeres legisladoras del Partido Revolucionario Institucional y para todos nosotros es muy importante dejar clara la posición del Partido frente a este planteamiento de punto de acuerdo que han realizado aquí las tres fracciones parlamentarias.

Quiero ser muy enérgica, para que quede muy claro, que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, nosotras y nosotros estaremos de acuerdo o aceptaremos ninguna acción que derive o lastime la integridad de las mujeres mexicanas. Y que en el caso de Chihuahua, con pleno respeto a la soberanía que los Estados tienen, igual con pleno respeto al acuerdo que hoy en la mañana tomó el Congreso local en el sentido de abrir una consulta ciudadana sobre estas reformas al Código Penal.

Un atenuante de responsabilidad que reduzca la penalidad de un delito abominable o deleznable como es la violación a las mujeres, a los niños y a las niñas y que esto suponga o presuponga o explicite una modificación reduciendo esa penalidad con toda energía, repito, no está de acuerdo la fracción del PRI desde este, con pleno respeto, desde este escenario al Congreso de Chihuahua.

Nuestra postura debe quedar perfectamente clara, dicha con toda energía, todas las mujeres tenemos todos los derechos y como bien dijo la colega, ni un paso atrás y si reducir la penalidad significa dar un paso atrás, que quede muy claro, estas mujeres y estos hombres del PRI no estaremos de acuerdo, bajo ninguna circunstancia, que esto suceda.

Solicitó el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Francisco Jurado Contreras. Le cede su lugar el diputado Francisco Jurado Contreras a la diputada Rocío Gaytán.

En primer lugar, quisiera celebrar la postura manifestada aquí por la diputada María Elena Chapa; sin embargo, confunde, habrá que saber cuál es exactamente la postura del Partido Revolucionario Institucional, si la primera manifestada o esta última, dicha por la diputada María Elena Chapa.

Creo que en esto nos debe de quedar claro una cosa: este tipo de posturas, el no dejar avanzar las reformas a favor de la protección de los derechos de las mujeres no es cuestión de partidos políticos; es cuestión del poco respeto que se sigue teniendo, a veces nada, respecto a la dignidad de la mujer. Y se da en todos los congresos de los estados y se da por distintos partidos políticos.

En la primera postura del Partido Revolucionario Institucional se hablaba de que no había tal reducción de la pena, que porque antes de la reforma que se dio en enero, se castigaba de dos a nueve años la violación; después de una reforma integral donde se perfeccionaba el Código Penal, quedaba de seis a 20 años esta penalidad y después de la perfección de lo que ya estaba perfeccionado, queda de tres a 12 años; por supuesto que hay una reducción.

Pero lo más preocupante es el párrafo que agregaron que ése no fue mencionado por la diputada que fijó el primer posicionamiento del Revolucionario Institucional.

Este párrafo, cuando la víctima haya provocado determinados actos y se niegue a la realización de la cópula, se propone "cuando el sujeto pasivo se niegue a la realización de la cópula habiéndola provocado por actos conducentes a ésta, practicados directamente con el agente, a éste se le aplicará de uno a seis años de prisión".

Este es el párrafo que debería de estarnos preocupando que es provocar. Como bien lo decía mi compañera diputada Nelly, el ir al cine con alguien, el darle un beso a alguien, lo que se debe de entender que violación es violación, que cuando la mujer dice "no" debe de ser no y no, ande vestida como ande vestida, haya despertado lo que haya despertado... estamos hablando de seres humanos que deben de tener control sobre sus emociones. No es no, hay que entenderlo.

Por otro lado, hay otro párrafo también donde se habla de que las personas menores de edad que se dedican a la prostitución, será rebajada la pena; quiere decir con esto que uno, estamos premiando el que los adultos tengan relaciones con menores de edad; estamos avalando que se dé la prostitución infantil. ¿Cómo puede ser que se haya puesto un atenuante ante esta situación? Creo yo que debería de ser agravante el que un adulto vaya y busque tener relaciones sexuales con menores de edad.

El niño no tiene la capacidad de prostituirse... y en éste párrafo lo estamos poniendo como que él es responsable de ese acto. Esto más que atenuante, debe de ser agravante.

Si realmente queremos proteger a nuestra niñez, de otra manera, pues les estamos abriendo el paso, tendrán menos problemas…

De esta manera tendrán menos problemas si asisten y hacen uso de la prostitución infantil.

Con su permiso, señora Presidenta; colegas, legisladores y legisladoras as, os.

Durante muchos años hubo un esfuerzo de diálogo plural para revisar uno de los que constituyen temas prioritarios de las Naciones Unidas, como es la violencia contra la mujer, incluido en ello la violación.

Esta Cámara ha sido testigo de posiciones encontradas respecto a algunas de las argumentaciones que la colega Rocío ha venido a exponer aquí y me parece fundamental el avance que se logró en diciembre de 1997, cuando de una manera incluyente, respetuosa, plural, producto de un esfuerzo de consenso de mujeres y hombres de todas las organizaciones políticas, esta Cámara aprobó una Ley Federal contra la Violencia Familiar, ubicada como está, en el ámbito doméstico, esta problemática.

Hay, sin duda, muchas tareas que faltan de realizar que tienen qué ver con la conciencia pública del valor o de lo que significan los hechos de violencia que las mujeres cotidianamente viven y que llevan a cifras o a datos verdaderamente preocupantes. Una de cada tres mujeres de este país sufre algún tipo de violencia, llámese verbal, llámese física, llámese sicológica; no tenemos todavía la cultura de la denuncia, las mujeres por vergüenza, por muchas razones, no acuden ante los ministerios públicos a hacer una exposición de sus hechos porque además todavía las reformas no incluyen que esas exposiciones sean privadas y no que sean de carácter público, como ahora sucede.

Todavía no logramos que las mujeres que sufren estos problemas, que sufren violación, tengan derecho a ser revisadas por médicas mujeres; todavía nos falta mucho por avanzar en este tema.

Creemos que el Gobierno y el Congreso del Estado de Chihuahua debe hacer una consideración muy seria, muy responsable, además de abrir a la consulta de estos argumentos que han sido vertidos en la Cámara, por lo que la intención de subir aquí es hacer un muy respetuoso, pero muy enérgico exhorto al Congreso del Estado de Chihuahua, para que valore la trascendencia de estas presuntas modificaciones que eximan a los violadores de la severidad que merece la pena o el delito que comete.

Creemos que habrá que revisar igualmente si estas reformas afectan de alguna manera los derechos, por ejemplo, de tratados internacionales, como la Convención de Belem do Pará, para eliminar o erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y muchas otras herramientas internacionales que hablan de los derechos de las mujeres.

Este es el llamado que hacemos desde acá, exhortar enérgicamente al gobierno y al Congreso del Estado de Chihuahua para que revisen en esta consulta con toda puntualidad, los elementos y los argumentos expresados en esta tribuna, que es la posición de las tres fracciones parlamentarias mayoritarias, pero con la simpatía de todas las fracciones, de que de ninguna manera se pueden atropellar o violentar los derechos humanos de las mujeres, su dignidad o su integridad o se pretendan afectar; de ninguna manera, como lo dije anteriormente, los logros que hasta este momento en materia de violencia tiene el Estado de Chihuahua, es uno de los 13 estados que ya tiene un marco normativo de violencia familiar.

Falta mucho por hacer en otras entidades, al leer el marco que Rocío nos compartía de la ley, vimos que todavía le faltan 15 días para sanar las heridas, o sea, que todavía hay muchísimas cosas que revisar y que puntualizar y el sentido de mi llamado es que actuemos con toda responsabilidad pidiéndole y exigiéndole al Congreso del Estado de Chihuahua, que revise todas estas recomendaciones y que tenga que modificar lo que sea, pero que lo modifique, a fin de que responda a no violentar de ninguna manera los derechos de las mujeres, de las niñas y de los niños y mucho menos en casos como éstos, tan serios y tan graves como la violación.

El diputado Francisco Jurado Contreras tiene la palabra hasta por cinco minutos.

Posiblemente algunos legisladores no conozcan que una de las principales demandas en nuestro país sea el combate a la inseguridad pública y me refiero a los diputados locales del PRI por Chihuahua.

Existe un amplio consenso en el ámbito académico y político sobre dos de las causas más lacerantes de la situación actual, que son la corrupción y la impunidad.

Quisiera referirme en esta ocasión únicamente al tema de la impunidad, porque no tengo elementos concretos que me permitan presumir que también estamos ante un caso de corrupción, aunque no lo descarto del todo.

La impunidad consiste en que un acontecimiento que es sancionable no sólo por lo que dice la ley, sino porque intrínsecamente constituye un acto que vulnera principios universalmente reconocidos, deja de ser castigado.

En un primer plano nos encontramos frente a actos que han sido considerados por el legislador como delictivos y susceptibles de una sanción penal y no obstante ello, las instituciones responsables de investigar y perseguirlos, no cumplen con su obligación.

Las estadísticas nos hablan de una crisis a nivel mundial por los altos niveles de impunidad en este nivel; sin embargo, existe otro nivel de impunidad igual o más grave tal vez: cuando la conducta no es calificada como delito por quienes ejercen el poder y por tanto no es merecedora de una sanción penal.

En este último caso estamos hablando de un estado que formalmente puede conducirse conforme a las leyes jurídicas, siguiendo todos los procedimientos formales legalmente establecidos, pero realiza una violación sistemática y permanente de los derechos fundamentales.

A lo largo de la historia han existido regímenes políticos que se caracterizaron por realizar acciones consideradas universalmente como criminales y sin embargo quedaron impunes porque su sistema jurídico no los consideraba delitos merecedores de una sanción penal. En este otro nivel también existen innumerables casos de impunidad.

Si bien es cierto que los mecanismos del derecho penal no son los más idóneos para reducir o combatir a la delincuencia, de acuerdo con los nuevos estudios de criminología crítica también es cierto que es fundamental que en la revisión de los sistemas penales no queden desprotegidos los bienes jurídicos fundamentales del individuo, como el caso que nos ocupa de la dignidad, integridad física y libertad sexual de una persona.

En la democracia sustantiva se deben proteger los derechos fundamentales del individuo y garantizar su ejercicio, incluso por encima de las decisiones de la mayoría, como es el caso que nos ocupa.

Con relación al artículo 239, el cual introduce atenuantes en la penalidad por el delito de violación, toda vez que se establece en su segundo párrafo, que dice que cuando el sujeto pasivo se niegue a la realización de la cópula habiéndola provocado por actos conducentes a ésta, practicados directamente con el agente, a éste se le aplicarán de uno a seis años de prisión.

Estamos frente a una norma que establece una hipótesis susceptible de una amplia valoración subjetiva, en la cual se coloca en grave riesgo la libertad de una persona y que al mismo tiempo deja también grandes márgenes de discrecionalidad que se alejan de los principios de legalidad y seguridad pública.

¿Alguno de ustedes podría decirnos un criterio en el cual exista certeza jurídica para determinar la provocación por actos conducentes? El principio de estricta legalidad que rige el derecho penal en un régimen democrático, exige que los criterios de aplicación se encuentren con claridad expresados en la ley y que reduzcan al margen de discrecionalidad de quien aplique la ley, ya que en caso contrario únicamente se trata de una burla de dicho principio.

Para concluir, quiero decirles que yo estoy casado y tengo hijos y no quiero que Chihuahua se convierta en el paraíso de los violadores.

Quiero informar a esta Asamblea que para este tema han solicitado el uso de la palabra, para rectificar hechos, seis diputados, y que ha solicitado el uso de la palabra el diputado César Duarte, para rectificar hechos.

Inmediatamente después de la intervención de la diputada, consultaré con la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

Es un tema difícil, es un tema delicado, pero que sin duda a todos nos preocupa llevarlo a los mejores términos, pero sobre todo que sea en los estados en donde la legalidad, en donde el ámbito de los congresos y las leyes locales se discutan y se apliquen.

En el caso de Chihuahua, que ha sido un tema que no debemos olvidar que estuvo cercano a las elecciones, que estuvo involucrado dentro de las elecciones y que este tema llevó a un debate político-electoral, que por la naturaleza misma del tema no es nada cómodo electoralmente llevarlo a cabo.

El Congreso del Estado de Chihuahua hoy tomó una resolución que yo pido a todos, como debe ser, en la soberanía y en el marco jurídico de los estados, la respetemos. Llegaron al acuerdo todas las fracciones políticas involucradas en este Congreso local, a llevar una amplia discusión en el Estado para, si es necesario, en un periodo extraordinario reformar de nueva cuenta la ley y aquí el punto que marca mi partido, es que los priístas estamos puestos y dispuestos a contribuir a que nada afecte los derechos de las mujeres ni de los niños ni de los menores.

Sin embargo, felicitamos pues que esta disposición hecha por el Congreso de Chihuahua se lleve a cabo en los mejores términos de construir una legislación adecuada al tema, pero sobre todo que no olvidemos que en Chihuahua sí hay leyes y se respetan, que no podemos satanizar un momento político de Chihuahua con un tema tan delicado como éste, insisto y que nos sobra decir que es suficientemente claro para nosotros que en el delito de violación actualmente no existe la posibilidad de que un violador salga en Chihuahua bajo fianza, eso no se dijo aquí, como también se ha pretendido hacer creer que los violadores andarán sueltos en las calles, representando de alguna manera un peligro para los niños.

Yo quisiera mencionar que las penalidades del delito de violación en Chihuahua, vigentes, son en muchos de los casos más graves que en otros estados de la República. En Chiapas la penalidad es de seis a 10 años, en Chihuahua es de 15, en Colima es de dos a 10 años, en Chihuahua es de l5; en el Estado de México es de cinco a 11 años, en Chihuahua es de l5; en Guanajuato de cinco a 12 y en Jalisco de cinco a 12 años.

Es entonces éste el tema que nos debe llevar a construir con toda responsabilidad, respetando la soberanía del Estado de Chihuahua y la autonomía de su Congreso, en el ámbito a que participemos todos los interesados, como se han manifestado aquí, a construir una mejor definición legal en este tema en Chihuahua.

Pues quiero felicitar verdaderamente el acuerdo que ha tomado el Congreso de Chihuahua para analizar esta situación con detenimiento, para reformar esta reforma, para contrarreformarla, porque es precisamente este hecho el que nos tiene aquí, promovido por los diputados del PRI en Chihuahua, que ha sido bochornoso e inaudito, que es un acto por demás irresponsable que lesiona gravemente la voluntad popular de los chihuahuenses, pues es inconcebible que en 17 días, después de 22 meses de consulta, se desvanezca una reforma que fue debidamente consensada por los diversos sectores de la sociedad.

Bajo esta tesitura, es importante mencionar que la aprobación de la reforma priísta consternó a las familias chihuahuenses, pues no conformes con las argucias que llevaron a cabo, tuvieron a bien poner en vigencia las reformas que mencionaron los diputados que me antecedieron.

Quiero comentarle al diputado que me antecedió, que las compasiones con la reforma que se había y el decreto que se había publicado en febrero, de Chihuahua con Chihuahua, tengo aquí una comparación de distintos delitos, —como comentaba la compañera de Casas Grandes—, donde una muestra, por ejemplo dice: "ultrajes a la moral pública", la pena era de seis meses a tres años y la cambian de tres meses a tres años; "delitos contra la correcta formación del menor y protección integral de incapacitados", la pena era de tres a seis años y se reduce de uno a seis años; "lesiones que pongan en peligro la vida", era de tres a siete años y se reduce de tres a seis años. Estas penas eran las que fueron propuestas después de la consulta y en el decreto que se publicó y que por la petición del gobernador de Chihuahua no se llevó a cabo. Repito que me da mucho gusto que en el Congreso de Chihuahua haya llegado a un acuerdo y esperamos que este bochornoso caso pase a la historia como eso que es y que Chihuahua tenga un Código Penal a la altura de su sociedad.

Gracias, señor diputado. La diputada María de los Angeles Sánchez Lira, tiene el uso de la palabra.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Ese parecería o parecía un debate de otros tiempos y de otro lugar. De repente parecía que aquéllas que han caminado con nosotras en la dispensa, en la defensa de los derechos de las mujeres, hoy olvidan ese propósito. Qué bueno que rectifiquen como fueron las palabras que dejó patentes la compañera diputada María Elena Chapa. Les pedimos su voto en este punto de acuerdo, que no puede aplazarse más, buscamos con éste mandar un mensaje a la sociedad en el sentido de que sus representantes los representan. No permitamos que se consuman hechos tan abobinables como los que se perpetran en el Congreso de Chihuahua. Hacerlo sería convalidarlo.

Unamos fuerzas y contra esa reforma ya habrá otros tiempos que nos hagan debatir y disentir.

Este no debe de ser un tema que nos permita destacar nuestras diferencias. Ya habrá oportunidad, compañeras y compañeros, de hacerlo. Por congruencia, por convicción, aprobamos y aprobemos por urgente y obvia resolución, la propuesta presentada por la diputada Hortensia Aragón.

La violación es el peor delito del que puede ser objeto un ser humano y las mujeres y los niños no son quienes más la deben de padecer. La impunidad en este terreno por falta de denuncias, es muy grande y grave.

Con estas reformas al Código Penal de Chihuahua, ya no sólo quedarían impunes, compañeras y compañeros. Estas se convertirían en legales, legalizaríamos esta situación. Con esas reformas nos estaríamos negando en nuestra capacidad de sancionar lo que lastima a esta sociedad.

Llamamos, pues, a ser responsables con nuestra calidad de representantes, por lo que hacemos un llamado a la rectificación al Congreso de Chihuahua, a aquellas y aquellos compañeras y compañeros que siempre hemos apoyado y defendiendo esas causas.

Que siempre hemos apoyado y defendido esas causas, efectivamente tiene mucha razón el diputado Duarte, en ninguno de los textos los violadores pueden alcanzar fianza ni ser indultados, pero el artículo 74 del código aprobado deja como facultad discrecional del Ejecutivo, otorgar el beneficio de la libertad preparatoria.

Apoyamos el exhorto que propone la diputada María Elena Chapa, nosotros, sí, los del PRD, esperamos que sus compañeras y compañeros también.

La amplia discusión que proponen es muy diferente a la amplia consulta que ya se realizó y que por cierto duró 22 meses. ¿Será que estas reformas tienen acaso algún destinatario? ¿Para qué quieren más tiempo?

Exhortamos a las diputadas y a los diputados a la congruencia. Apoyamos el exhorto y rechazamos que las mujeres seamos, como en otras ocasiones, bandera política. Esperamos su congruencia a quienes decimos que representamos y defendemos las causas, no solamente de las mujeres de México, sino a las niñas y los niños de este país. Por su atención, muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, hasta por cinco minutos.

En primer lugar, debo dejar específicamente claro que nuestras diputadas, no solamente marchan unidas en la defensa de los derechos de la mujer, de la protección de los niños, del combate a los delitos sexuales, en muchos casos marchan adelante en la defensa de todos estos derechos.

Y es fundamental reconocerlo, porque éste no es sólo el asunto de una ley y posiblemente nuestro posicionamiento sería diferente, si no hubiéramos encontrado en el Congreso de Chihuahua, la sensibilidad que se expresa en este acuerdo:

Artículo 1o. Es necesario buscar mecanismos de participación y consensos de los diferentes grupos de la sociedad en materia de delitos contra libertad y seguridad.

Conforme al punto anterior, se propiciará una conducta especializada de los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Colegios, Derechos Humanos, Barras de Abogados, autoridades judiciales y demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí?

¿Pasar por encima de la voluntad soberana de un Congreso local? ¿Desconocer a uno de los poderes de una de las entidades federativas? En este sentido no podemos estar de acuerdo y esto no nos rezaga de ninguna manera en la lucha o el combate contra los delitos sexuales o las perversiones.

Podríamos encontrar muchos defectos y muchas virtudes en las leyes que estamos discutiendo nosotros, que son leyes del ámbito local, no lo olvidemos.

Y no olvidemos que el artículo 41 al definir la soberanía nacional, define expresamente la facultad de los estados de darse sus propias leyes, contra eso no podemos pasar, al contrario, ése es uno de los motivos de nuestra existencia como Cámara de Diputados y como Congreso.

No estamos retrocediendo en la defensa de esos derechos, al contrario, ojalá y encontremos muchas formas de participar en la consulta a la que ha abierto el Congreso del Estado de Chihuahua.

Nos preocupa, si, que esta legislación y la de otros estados, no valdría la pena descartarlo, estén en conivencia, en convergencia con los tratados de acuerdos internacionales firmados por México. Pero ésta no es materia de urgente y obvia resolución, en todo caso, es materia de examen y de estudio, por nuestras comisiones que para eso existen.

Alejémonos de la lucha partidaria en un tema tan delicado, respetemos el interés de la sociedad chihuahuense.

Manifiesto, es importante decirlo, no solamente por la diputación del PRI, éste es un acuerdo de la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso de Chihuahua que firma el coordinador del PRI, el coordinador del PAN, el coordinador del PRD, el coordinador de un Grupo Independiente, de un diputado independiente.

Nosotros, con todo respeto, en tema local en materia de una legislación local, no debemos tratar de ir más allá de lo que ellos pueden plantearse por sí mismo como les mandata la Constitución y como nos mandata a nosotros.

Hagamos de este tema, un tema de interés del Congreso; observemos la ley, cuidemos el respeto a nuestra norma máxima y hagamos una causa fundamental en la consulta que el Congreso de Chihuahua ha abierto para participar de la manera posible y hacer que, efectivamente, ese interés por la defensa de los menores, de las mujeres, de la violencia familiar que nunca va a aceptar el Partido Revolucionario Institucional, por ningún concepto y sin ningún demérito de su respeto a las autonomías, hagamos de ésta, nuestra causa, no la causa de pasar encima de la soberanía de una entidad.

Diputada Hortensia Aragón, había yo expresado a la Asamblea que íbamos a someter a su consideración si el asunto estaba suficientemente discutido, al término del registro de oradores que anuncié públicamente; sin embargo, en virtud de que usted es la promovente, se le concede el uso de la palabra para rectificar hechos e inmediatamente después se someterá a consideración de la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

Llama la atención la argumentación tan diferente y diversa que sobre el tema de cuándo corresponde un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, se ha dado en esta tribuna.

Llama la atención también que las oradoras y oradores que han hecho uso de esta tribuna, coincidan en lo elemental: en Chihuahua se cometió una atrocidad; lo que algunos quieren es que sobre esa atrocidad, este Congreso no tenga derecho a decir nada, no es tema, no es materia. Espero que opinen igual, que no es materia de este Congreso, cuando se discutan asuntos como la anulación del proceso electoral en Ciudad Juárez; tampoco será tema de este Congreso, serán asuntos de los congresos locales.

Entonces, ¿de qué va a discutir este Congreso si la vida de la sociedad se genera en espacios estatales, en espacios municipales?, ¿de qué tendremos qué discutir?, ¿de las galaxias, de las estrellas?, ¿de asuntos en donde los ciudadanos directamente tengan qué ver con este espacio?; ¿en qué momento lo que es materia de seguridad, de integridad, lo que tiene qué ver con el espíritu de lo que han sido los tratados internacionales firmados por nuestro país, van en un momento a permitirnos levantar la voz sin que sintamos que nos están agrediendo partidariamente?

A mí me parece que hay una reducción excesiva en el tema y quienes han planteado el asunto de la politización del mismo, están haciendo lo mismo que desde 1993 no ha permitido resolver los casos de las mujeres asesinadas, mutiladas, violentadas, arrojadas en los lotes baldíos de Ciudad Juárez; porque ahora resulta que la dignidad es una bandera política y votaremos por línea cuando se estén agrediendo nuestros derechos como seres humanos.

Yo hago un llamado muy respetuoso a que por primera vez en este Congreso, en esta Cámara, nos demos la oportunidad de pensar que lo que aquí se está proponiendo no es en beneficio de ninguno de los partidos que están en disputa electoral en el territorio fronterizo, sino que lo que aquí queremos plantear es el compromiso de que sí escuchamos, primero como representantes de esta sociedad, los reclamos por un acto injusto, un acto a todas luces ya reconocido por el mismo Congreso local y que no violentamos ninguna soberanía al respaldar lo que el mismo Congreso local ya reconoció: que cometió un error.

Hagámoslo en las condiciones en que el razonamiento de los que me antecedieron en la palabra lo han estado expresando. Nadie ha dicho que no se cometieron errores y si alguien lo dijera estaría yendo en contra del acuerdo que el Congreso local ahora recibió y, al mismo tiempo, en contra de la posición del mismo Ejecutivo en el Estado.

Cabe pues sólo preguntarnos cuándo el tema que tiene qué ver con la dignidad de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de este país va a ser de urgente y obvia resolución para nosotros.

Hemos escuchado, sobre el tema, la intervención de 11 distinguidas y distinguidos legisladoras. Se pregunta a la Asamblea si consideran el tema suficientemente discutido.

Se solicita a la Secretaría se sirva dar lectura al artículo 59 del Reglamento Interior.

Artículo 59. "En los casos de urgente u obvia resolución calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta a la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura".

Se solicita a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la diputada Hortensia Aragón Castillo.

Primero. Esta Cámara se pronuncia en contra de las modificaciones hechas al Código Penal del Estado de Chihuahua que derivaron en la atenuación de las sanciones por delitos sexuales, lo que resulta violatorio de las convenciones internacionales suscritas por México para la protección de las mujeres, las niñas y los niños y conculca el interés público de la seguridad, protección y tutela de los derechos de la población chihuahuense.

Se pregunta a la diputada Nelly Campos Quiroz si desea que su proposición también se consulte o someto a votación esta propuesta, que es la única para la que se me pidió el trámite de urgente y obvia resolución.

En tal virtud, consulte a la Asamblea si es de considerarse de urgente y obvia resolución la propuesta presentada por la diputada Hortensia Aragón.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa.

Esta Presidencia considera pertinente para ilustrar a la Asamblea el solicitarle a la Secretaría dé lectura los artículos 39, 40 y 133 de la Constitución General de la República, antes de dictar el trámite respectivo.

"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida, según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados."

En tal virtud, túrnense las propuestas recibidas a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Equidad y Género.

Solamente para solicitarle se envíe una copia de la versión estenográfica de este debate al Congreso de Chihuahua y asimismo se exhorte a la comisión para que a la brevedad posible pueda dictaminar.

Esta Presidencia considera pertinente la solicitud hecha por el diputado y se instruye a la Secretaría para que turnen transcripción de ese debate al Congreso del Estado de Chihuahua y exhorta a las comisiones relativas a que en términos de la ley valoren los puntos de acuerdo que se les han remitido.

Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLIV aniversario de la Batalla del Molino del Rey y de Casa Mata, tendrá lugar el 8 de septiembre a las 10:30 horas.

Diecisiete, con los que se remiten los informes de labores de las secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Contraloría y Desarrollo Administrativo, Desarrollo Social, Defensa Nacional, Economía, Energía, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría General de la República, Reforma Agraria, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social y Turismo, correspondientes al periodo 2000-2001.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alex Ibarra Castañeda, pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México.

De reformas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 6 de septiembre, a las 10:00 horas.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESIÓN
(en orden alfabético)

Agundis Arias, Francisco (PVEM)	Trabajos legislativos, respecto al inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Alvarez Bruneliere, Silvia (PAN)	Trabajos legislativos, respecto al inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Aragón Castillo, Hortensia (PRD) entres ocasiones.	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales. Presenta proposición de punto de acuerdo que se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Equidad y Género. A solicitud del diputado Raúl Gracia Guzman, turna copia de la versión estenográfica de este debate al Congreso del Estado de Chihuahua y se exhorta a las comisiones relativas a que en términos d de la ley, valoren los puntos de acuerdo a ellas.
Calderón Cardoso, José Antonio (PAS)	Trabajos legislativos, respecto al inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Campos Quiroz, Nelly (PAN)	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales. Presenta proposición de punto de acuerdo que se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Equidad y Género. A solicitud del diputado Raúl Gracia Guzmán, turna copia de la versión estenográfica de este debate al Congreso del Estado de Chihuahua y se exhorta a las comisiones relativas a que en términos de la ley, valoren los puntos de acuerdo a ellas.
Carreras López, Juan Manuel (PRI)	Trabajos legislativos, respecto al inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Castro González, Francisco (PRI)	Industria Azucarera, sobre la situación de la industria azucarera del país. La Presidencia considera que el asunto es de tal importancia y se requiere disponer de mayores elementos para normar el criterio de la Cámara de Diputados, por lo que instruye a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, se cite a comparecer a los subsecretarios de Hacienda, de Economía, y de Agricultura, involucrados en el tema.
Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN)	Trabajos legislativos, respecto al inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Duarte Jáquez, César Horacio (PRI)	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales.
Enríquez Ortega, Hortensia (PRI)	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales. Presenta proposición de punto de acuerdo que se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Equidad y Género. A solicitud del diputado Raúl Gracia Guzman, turna copia de la versión estenográfica de este debate al Congreso del Estado de Chihuahua y se exhorta a las comisiones relativas a que en términos de la ley, valoren los puntos de acuerdo a ellas.
Escudero Barrera, José Rodolfo (PVEM)	Industria Azucarera, sobre la situación de la industria azucarera del país. La Presidencia considera que el asunto es de tal importancia y se requiere disponer de mayores elementos para normar el criterio de la Cámara de Diputados, por lo que instruye a la Comisión Especial de la Agroindustrai Azucarera, se cite a comparecer a los subsecretarios de Hacienda, de Economía, y de Agricultura, involucrados en el tema.
García Dávila, Víctor Antonio (PT)	Industria Azucarera, sobre la situación de la industria azucarera del país. La Presidencia considera que el asunto es de tal importancia y se requiere disponer de mayores elementos para normar el criterio de la Cámara de Diputados, por lo que instruye a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, se cite a comparecer a los subsecretarios de Hacienda, de Economía, y de Agricultura, involucrados en el tema.
García Gaytán, María del Rocío (PAN)	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales.
Gómez Villanueva, Augusto (PRI)	Alfonso García Reyes, rinde homenaje en el X aniversario luctuoso del ilustre internacionalista mexicano.
Hernández Estrada, Lorenzo Rafael (PRD)	Trabajos legislativos, respecto al inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura. Presenta el proyecto de agenda legislativa de su grupo parlamentario. Se turna a las Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Herviz Reyes, Arturo (PRD)	Industria Azucarera, sobre la situación de la industria azucarera del país. La Presidencia considera que el asunto es de tal importancia y se requiere disponer de mayores elementos para normar el criterio e la Cámara de Diputados, por lo que instruye a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, se cite comparecer a los subsecretarios de Hacienda, de Economía y de Agricultura, involucrados en el tema.
Jurado Contreras, Francisco Ezequiel (PAN)	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales.
Nuñez Monreal, Magdalena del Socorro (PRD)	Alfonso García Reyes, rinde homenaje en el X aniversario luctuoso del ilustre internacionalista mexicano.
Pastrana Gómez, Bernardo (PAN)	Industria Azucarera, sobre la situación de la industria azucarera del país. La Presidencia considera que el asunto es de tal importancia y se requiere disponer de mayores elementos para normar el criterio e la Cámara de Diputados, por lo que instruye a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, se cite a comparecer a los subsecretarios de Hacienda, de Economía, y de Agricultura, involucrados en el tema.
Ramírez Marín, Jorge Carlos (PT)	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales.
Regis Adame, Juan Carlos (PT)	Trabajos legislativos, respecto al inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Reyes Roel, César Patricio (PAN)	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales.
Riojas Santana, Gustavo (PSN)	Trabajos legislativos, respecto al inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura.
Rodríguez Torres, David (PAN)	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales.
Sánchez Lira, María de los Angeles (PRD)	Estado de Chihuahua, respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales.
Tamayo Herrera, Yadira Ivette (PAN)	Alfonso García Reyes, se rinde homenaje en el X aniversario luctuoso del ilustre internacionalista mexicano.

ASISTENCIA	Pág. 55
ORDEN DEL DIA	55
ACTA DE LA SESION ANTERIOR	56
LEY DE AMPARO	57
Comunicación del Procurador de Justicia del Estado de Baja California, con la que envía proposición de reformas al artículo 9o. de dicha ley. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.	57
ESTADO DE CHIAPAS	58
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.	58
ESTADO DE GUANAJUATO	59
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo por el que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, se revise y renegocie el apartado agropecuario de los tratados comerciales suscritos por México, así como el tomar medidas precautorias a la importación y comercialización de productos transgénicos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.	59
ESTADO DE HIDALGO	60
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.	60
ESTADO DE JALISCO	60
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite decreto rechazando la cuenta pública del ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, para el ejercicio fiscal de 1999. De enterado.	60
ESTADO DE OAXACA	65
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo por el que se adhiere al acuerdo del Congreso del Estado de Puebla enviado al Congreso de la Unión, en relación con las reformas al Código Penal en el capítulo relativo a Delitos Ambientales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y a la Ley Forestal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.	65
MESA DIRECTIVA	66
Comunicación de la Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa que fue invitada al viaje del Presidente de la República a Washington, DC, Estados Unidos de América y estará ausente en la sesión del jueves 6 de septiembre de 2001. De enterado.	66
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA	66
Comunicación del diputado Bernardo Borbón Vilches, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de su cargo. Se aprueba el punto de acuerdo respectivo, llámese al suplente.	66
DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN	67
La Presidenta designa comisión que acompañe a los ciudadanos Enrique Garza Taméz, Eréndira Olimpia Cova Brindis, Víctor Antonio García Dávila y Gina Andrea Cruz Blackledge, electos como diputados suplentes en el V distrito del Estado de Tamaulipas, II distrito de Tlaxcala, VIII distrito de Sinaloa y primera circunscripción, respectivamente, en su protesta de ley.	67
LEY GENERAL DE SALUD	67
Oficio del Congreso del Estado de Tlaxcala, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona dicha ley. Se turna a la Comisión de Salud.	67
ALFONSO GARCIA REYES	69
Rinden homenaje en el X aniversario luctuoso del ilustre internacionalista mexicano, los diputados:	69
Yadira Ivette Tamayo Herrera	69
Augusto Gómez Villanueva	70
Magdalena del Socorro Núñez Monreal	71
CAMARA DE SENADORES	73
Oficio de la colegisladora, por el que comunica la elección de la mesa directiva que conducirá los trabajos durante el segundo año de ejercicio constitucional. De enterado.	73
ASISTENCIA (II)	73
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	73
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de avances de gestión financiera correspondiente al ejercicio 2001, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se turna a las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.	73
TRABAJOS LEGISLATIVOS	75
Se refieren al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, los diputados:	75
José Manuel del Río Virgen	75
José Antonio Calderón Cardoso	76
Gustavo Riojas Santana	76
Juan Carlos Regis Adame	77
Francisco Agundis Arias	78
Lorenzo Rafael Hernández Estrada quien presenta el proyecto de agenda legisltiva de su grupo parlamentario. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programción de los Trabajos Legislativos.	81
Silvia Alvarez Bruneliere	87
Juan Manuel Carreras López	89
INDUSTRIA AZUCARERA	92
Sobre la situación de la industria azucarera del país, se concede el uso de la palabra a los diputados:	92
Bernardo Pastrana Gómez	92
José Rodolfo Escudero Barrera	93
Arturo Herviz Reyes	94
Víctor Antonio García Dávila	96
Francisco Castro González	98
La Presidencia considera que el asunto es de tal importancia y se requiere disponer de mayores elementos para normar el criterio de la Cámara de Diputados, por lo que instruye a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, cite a comparecer a los subsecretarios de Hacienda, de Economía, y de Agricultura, involucrados en el tema.	99
ESTADO DE CHIHUAHUA	99
Respecto a las reformas realizadas al Código Penal de dicha entidad, en materia de delitos sexuales, intervienen las diputadas:	99
Hortensia Aragón Castillo, quien presenta proposición de punto de acuerdo.	99
Nelly Campos Quiroz, presenta proposición de punto de acuerdo.	101
Hortensia Enríquez Ortega, presenta proposición de punto de acuerdo.	103
Rectifican hechos, los diputados:	105
Hortensia Aragón Castillo	105
David Rodríguez Torres	106
María Elena Chapa Hernández	107
María del Rocío García Gaytán	108
María Elena Chapa Hernández	109
Francisco Ezequiel Jurado Contreras	110
César Horacio Duarte Jáquez	111
César Patricio Reyes Roel	111
María de los Angeles Sánchez Lira	112
Jorge Carlos Ramírez Marín	113
Hortensia Aragón Castillo	114
Se considera suficientemente discutido.	114
Se turnan las proposiciones con punto de acuerdo de las diputadas: Aragón Castillo, Campos Quiroz y Enríquez Ortega, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Equidad y Género.	115
La Presidenta, a solicitud del diputado Raúl Gracia Guzmán, turna copia de la versión estenográfica de este debate al Congreso del Estado de Chihuahua y se exhorta a las comisiones relativas a que en términos de la ley, valoren los puntos de acuerdo a ellas.	116
ORDEN DEL DIA	116
De la próxima sesión.	116
CLAUSURA Y CITATORIO	116
RESUMEN DE TRABAJOS	117
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION	118

Documento	Unidad	Cantidad
Sector público presupuestario	Tomo	2
Gobierno Federal	Tomo	2
Entidades paraestatales de control presupuestario directo.	Tomo	2
Información en medios magnéticos	Disco	2

Afore	Administradora de fondos para el retiro.
BC	Baja California
D.F.	Distrito Federal
Gto.	Guanajuato
IPAB	Instituto de Protección al Ahorro Bancario
IVA	Impuesto al valor agregado
OEA	Organización de Estados Americanos
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAN	Partido Acción Nacional
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Secodadm	Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México.
UNESCO	Organización Educacional, Científica y Cultural, de Naciones Unidas (por las siglas en inglés)