DIARIO de los DEBATES
ORGANO
OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
| DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Héctor de Antuñano y Lora |
PRESIDENTE |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
AÑO II México, D.F., jueves, 6 de septiembre de 2001 No. 4 |
S U M A R I O
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| Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que remite acuerdo relativo a la concesión de una prórroga al grupo de trabajo de la Comisión de Energía, encargado de estudiar y analizar la situación de la industria eléctrica nacional, para la entrega y lectura del informe final de sus actividades. Aprobado. | 139 |
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| REINO DE SUECIA | 144 |
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Se refieren al CXLI aniversario de la proclamación de las Leyes de Reforma, los diputados: |
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Se refiere al mismo asunto el diputado Miguel Bortolini Castillo. |
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Se refiere al problema de la discriminación, el diputado Rufino Rodríguez Cabrera. |
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Intervienen sobre el problema de la discriminación, los diputados: |
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| DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION | 203 |
DIARIO de los DEBATES
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Año lI No.4 PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS SEPTIEMBRE 6, 2001 |
Ruego a la Secretaría, haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
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Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 260 diputados, por lo tanto, hay quorum.
| La Presidenta (a las 10:38 horas): |
Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
| El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: |
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 6 de septiembre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLIV aniversario de la Batalla del Molino del Rey y de la Casa Mata, tendrá lugar el 8 de septiembre a las 10:30 horas.
De los congresos de los estados de Morelos y Oaxaca.
De la Comisión Permanente.
De la Junta de Coordinación Política.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dieciocho con los que se remiten los informes de labores de las secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Contraloría y Desarrollo Administrativo; Desarrollo Social; Defensa Nacional; Economía; Energía; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Procuraduría General de la República; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad Pública; Trabajo y Previsión Social y Turismo, correspondientes al periodo 20002001.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alex Ibarra Castañeda, pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia, en México. (Turno a comisión.)
Oficios de la Cámara de Senadores
Por el que comunica la designación del senador Enrique Jackson Ramírez, como presidente de la Junta de Coordinación Política, para el segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura.
Por el que comunica la disposición de los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía y de Hacienda y Crédito Público de comparecer ante comisiones de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Iniciativas de diputados
De reformas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De Ley de Protección de Datos Personales, a cargo del diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Efemérides
Sobre la proclamación de las Leyes de Reforma, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre comercio exterior, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la problemática del gas doméstico, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la termoeléctrica de Baja California, a cargo de la diputada Sara Figueroa Canedo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la nueva Hacienda Pública Distributiva del Ejecutivo Federal, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios en relación a la discriminación, a cargo del diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido
entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus
observaciones y se proceda a su votación.
El secretario
Adrián Rivera Pérez:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de septiembre de dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia
de la diputada |
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con veintidós minutos del martes cuatro de septiembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos sesenta y seis diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba, en votación económica, el acta de la sesión preparatoria.
Comunicación del Procurador de Justicia del Estado de Baja California, con la que envía proposición de reformas al artículo nueve de la Ley de Amparo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Chiapas, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Guanajuato, con acuerdo por el que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, se revise y renegocie el apartado agropecuario de los tratados comerciales suscritos por México. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
Hidalgo, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Jalisco, con la que remite decreto rechazando la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, para el Ejercicio Fiscal del mil novecientos noventa y nueve. De enterado.
Oaxaca, con acuerdo por el que se adhiere al acuerdo del Congreso del Estado de Puebla enviado al Congreso de la Unión, en relación con las reformas al Código Penal en el capítulo relativo a Delitos Ambientales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley Forestal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
Comunicación de la Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa que fue invitada al viaje del Presidente de la República a Washington, DC, Estados Unidos de América y estará ausente en la sesión del jueves seis de septiembre de dos mil uno. De enterado.
Comunicación del diputado Bernardo Borbón Vilches, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse del cargo de diputado federal electo en la primera circunscripción. La Asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo en votación económica. Llámese al suplente.
La Presidenta informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos: Enrique Garza Taméz, Eréndira Olimpia Cova Brindis, Víctor Antonio García Dávila y Gina Andrea Cruz Blackledge, electos como diputados suplentes en el quinto distrito del Estado de Tamaulipas, segundo distrito de Tlaxcala, octavo distrito de Sinaloa y primera circunscripción, respectivamente y acompañados de una comisión designada, rinden la protesta de ley y entran en funciones de inmediato.
Iniciativa del Congreso del Estado de Tlaxcala, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Se refieren al aniversario luctuoso de Alfonso García Robles, los diputados: Yadira Ivette Tamayo Herrera, del Partido Acción Nacional; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional y Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática.
Oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica la elección de la mesa directiva que conducirá los trabajos durante el segundo año de ejercicio constitucional. De enterado.
A las doce horas con diez minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y tres diputados y la Presidencia ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de avances de gestión financiera correspondiente al ejercicio dos mil uno, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se turna a las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se refieren al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México; Lorenzo Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta el proyecto de agenda legislativa de su grupo parlamentario, que la Presidencia turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; Silvia Alvarez Bruneliere, del Partido Acción Nacional y Juan Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el problema de los azucareros, hacen uso de la palabra los diputados: Bernardo Pastrana Gómez, del Partido Acción Nacional; José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México; Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo y Francisco Castro González, del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidencia considera que el asunto es de tal importancia, que la Cámara de Diputados requiere disponer de mayores elementos para normar su criterio, por lo que instruye a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera, cite a comparecer a los subsecretarios de Hacienda, de Economía y de Agricultura, involucrados en el tema.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo en relación con las reformas al Código Penal del Estado de Chihuahua, las diputadas:
Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita dar trámite de urgente resolución a su proposición.
Nelly Campos Quiroz, del Partido Acción Nacional.
Hortensia Enríquez Ortega, del Partido Revolucionario Institucional.
129,130,131
Rectifican hechos, los diputados: Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia
de la diputada |
David Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional;
Presidencia
de la diputada |
María Elena Chapa Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; María del Rocío García Gaytán, del Partido Acción Nacional; Francisco Ezequiel Jurado Contreras, del Partido Acción Nacional; César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional; César Patricio Reyes Roel, del Partido Acción Nacional; María de los Angeles Sánchez Lira, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional y Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.
En votación económica, la Asamblea considera suficientemente discutido el tema.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e inmediatamente después, a la proposición con punto de acuerdo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, la que no es considerada de urgente resolución por la Asamblea en votación económica.
La Secretaría da lectura a los artículos treinta y nueve, cuarenta y ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Presidenta turna las proposiciones con punto de acuerdo de las diputadas Hortensia Aragón Castillo, Nelly Campos Quiroz y Hortensia Enríquez Ortega, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Equidad y Género.
Desde su curul, el diputado Raúl Gracia Guzmán solicita remitir copia de la versión estenográfica de este debate al Congreso del Estado de Chihuahua y se exhorte a las comisiones para que a la brevedad posible emitan el dictamen correspondiente.
La Presidenta considera pertinente la solicitud, instruye a la Secretaría para que envíe la versión estenográfica del debate al Congreso del Estado de Chihuahua y exhorta a las comisiones relativas a que en términos de la ley, valoren los puntos de acuerdo a ellas turnados.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves seis de septiembre de dos mil uno, a las diez horas. »
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
| La Presidenta: |
Proceda la Secretaría a dar lectura a la invitación.
INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD
DE MEXICO
| La secretaria Martha Silvia Sánchez González: |
«Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLIV aniversario de la Batalla del Molino del Rey y de la Casa Mata, que se llevará a cabo en el monumento erigido en memoria de los héroes, ubicado en Anillo Periférico y Alencastre, delegación Miguel Hidalgo, el día 8 de septiembre, a las 10:30 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
El director general, Enrique Semo.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: José Manuel Correa Ceceña, Jorge Alberto Lara Rivera y Elías Martínez Rufino.
Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones que esta Cámara ha recibido.
ESTADO
DE MORELOS
La secretaria
Martha Silvia Sánchez González:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, tengo el honor de informar a ustedes que en sesión de esta fecha, se clausuró el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la XLVIII Legislatura del Estado de Morelos.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, julio 31 de 2001.— El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos, Armando Ramírez Saldívar.»
De enterado.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, tengo el honor de informar a ustedes, que en sesión de esta fecha el Congreso del Estado eligió presidente, vicepresidente y secretarios de la Diputación Permanente, que fungiran durante el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, por el mes de agosto del año en curso, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Diputados: Arturo Roberto Huicochea Rodríguez, presidente; Joel Juárez Guadarrama, vicepresidente; Juan David Suayfeta González, José Luis Correa Villanueva y Pablo Guzmán Sánchez, secretarios.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 31 de julio de 2001.— El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos.— Doctor Armando Ramírez Saldívar.»
De enterado.
ESTADO
DE OAXACA
La secretaria
Martha Silvia Sánchez González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios del Congreso de la Unión.— México, D.F.
La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
Unico. Esta honorable legislatura se suma al punto de acuerdo emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos en sesión ordinaria del 15 de junio del presente año y hace atenta solicitud al titular del Poder Ejecutivo Federal y al honorable Congreso de la Unión, de que en tanto no se tengan los recursos económicos necesarios para atender este importante nivel educativo en las entidades federativas y de que se procure el consenso real en tiempo y forma de los trabajadores, no se transfieran los servicios de educación tecnológica, en los niveles medio superior y superior.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, publíquese en el periódico oficial del gobierno del Estado. Remítase copia del presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, así como a la XLVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Morelos y a las legislaturas de los estados incluyendo a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para que se sumen a la propuesta.
Dado en el salón de sesiones del honorable. Congreso del Estado. Oaxaca de Juárez, Oaxaca—, a 31 de julio del año 2001.— Diputados: Jorge Luis Sosa Campos presidente: Alfredo E. Ramos Villalobos y Alvaro Díaz Azamar, secretarios. Rúbricas.
Lo que nos permitimos transcribir a ustedes para su conocimiento.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz."
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de julio de
2001.— Diputados: Alfredo E. Ramos Villalobos y Alvaro Díaz Azamar, secretarios.»
La Presidenta:
De enterado y remítase a la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
El secretario
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios del Congreso de la Unión.— México, D.F.
La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
Primero. La LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se adhiere al acuerdo económico emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en sesión ordinaria de fecha 25 de junio pasado, en el sentido de que se envíe un atento escrito al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, mediante el cual, de manera respetuosa, se le solicite transfiera ahorros presupuestales emanados de los rubros de servicios personales y generales; retiro voluntario y se reduzcan al mínimo las contrataciones por honorarios, el parque vehicular, gastos de telefonía y cancelación de contratos de arrendamiento, todos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se asigne a la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y dependencias del sector rural los recursos que se obtengan, para que de esta manera se compense el recorte presupuestal del que fue objeto esta Secretaría y con ello se permita la no afectación de los programas destinados a los campesinos y la aplicación eficiente y corresponsable de todos y cada uno de los mismos.
Segundo. Se aprueba enviar un respetuoso escrito al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación C. Javier Usabiaga Arroyo, en los mismos términos.
Tercero. Notifíquese al Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco el presente acuerdo de apoyo y adhesión al similar enviado a esta legislatura, para su conocimiento y a todas las legislaturas de los estados del país, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para los mismos fines.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese en el periódico oficial del gobierno del Estado.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de julio de 2001.— Diputados presidentes: Jorge Luis Sosa Campos, Alfredo E. Ramos Vallalobos, Alvaro Díaz Azamar.
132,133,134
Lo que nos permitimos transcribir a ustedes para su conocimiento.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz."
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de julio de
2001.— Diputados: Alfredo E. Ramos Villalobos y Alvaro Díaz Azamar, secretarios.»
La Presidenta:
De enterado y túrnese a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El secretario
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios del Congreso de la Unión.— México, D.F.
La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente.
ACUERDO
Unico. Esta legislatura se adhiere a los acuerdos emitidos por el Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a fin de que se haga una atenta excitativa al titular del Poder Ejecutivo Federal y emprenda las negociaciones necesarias con el gobierno de los Estados Unidos de América, con objeto de signar un convenio que regule el flujo de indocumentados mexicanos hacia dicho país, el cuál tenga como prioridad garantizar el respeto de los derechos humanos, laborales, sociales y culturales de los trabajadores migrantes en territorio estadounidense. Elévese ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pronunciamiento por el que se le insta a emitir, de manera urgente y con la autoridad y representación popular que tiene conferida, similar pronunciamiento por el que, en vía de excitativa, inste al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a resolver con el espíritu republicano que el caso requiere, el grave y lamentable problema migratorio que se vive en el país, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos. Entender como fundamental el hecho de establecer una adecuada política nacional de migración; de impulsar las acciones y estrategias necesarias para superar la recesión económica del país; de propiciar el fortalecimiento de la economía nacional; de suprimir la política errática de disminuir las participaciones y restringir los apoyos oficiales a las entidades federativas; de que en el marco de los tratados internacionales y en el del buen entendimiento se promuevan de manera urgente los acuerdos para la internación legal de nuestros trabajadores; de que en salvaguarda de la integridad y dignidad de los mexicanos y, en la propia de nuestro pueblo, sean impulsados a hacer que cesen en ese país los actos de maltrato, vejación, discriminación y explotación a nuestros conciudadanos; de impulsar la iniciativa por la que se tipifiquen las prácticas de contrabando humano como delito grave; así como el hecho de que por su evidente inconstitucionalidad y su nefasta operancia, sea dispuesta de inmediato la eliminación de los llamados "retenes".
TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, publíquese en el periódico oficial del gobierno del Estado. Remítase copia del presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal y al honorable Congreso de la Unión, así como a la legislatura del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a las legislaturas de los estados incluyendo a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para que se sumen a la propuesta.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oax., a 31 de julio del año 2001.— diputados Jorge Luis Sosa Campos, presidente; Alfredo E. Ramos Villalobos y Alvaro Díaz Azamar, secretarios.
Lo que nos permitimos transcribir a ustedes para su conocimiento.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz."
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de julio de
2001.— "2001, 140 aniversario del movimiento liberal mexicano".—
Firman los diputados: Alfredo E. Ramos Villalobos y Alvaro Díaz Azamar y
secretarios.»
La Presidenta:
De enterado y túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.
| El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: |
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para conocimiento de esa Cámara de Diputados, tengo el honor de comunicar a ustedes que en sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada en esta fecha dio por finalizados sus trabajos correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio de la LVIII Legislatura.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 31 de agosto de 2001.— Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente.»
De enterado.
COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD
PUBLICA
El secretario
Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel.— Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Felipe Calderón Hinojosa y con fundamento en el artículo 34 numeral 1, inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto envío el original del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a efecto de que se integre la Comisión Especial de Seguridad Pública.
Lo anterior, con la finalidad de que sea considerado por el pleno de esta Cámara en la sesión del próximo seis de septiembre.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 5 de septiembre de 2001.— José González Morfín.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.
La Junta de Coordinación Política, en uso de las atribuciones que le conceden los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resuelve la proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Con fecha 27 de abril de 2001 fue turnada por la Mesa Directiva a esta Junta de Coordinación Política una proposición con punto de acuerdo presentada ante el pleno de esta Cámara de Diputados, por el diputado Omar Fayad Meneses, para crear la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados.
Dada la importancia que reviste la coordinación de esfuerzos entre los órdenes de gobierno Federal y de las entidades federativas para hacer efectivos los programas y acciones encaminados a la atención de la compleja problemática que implica la seguridad pública del país, esta Junta de Coordinación Política se permite proponer a la Asamblea acuerde la constitución de la Comisión Especial de Seguridad Pública, ejerciendo la facultad que le otorga el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que funcione durante el tiempo de la presente LVIII Legislatura y atienda de manera específica el tema de su nombre y la problemática nacional que afronta en la materia.
Por lo anteriormente expuesto esta Junta de Coordinación Política se permite proponer a la honorable Asamblea el siguiente
ACUERDO
Primero. Se integra la Comisión Especial de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, con objeto de atender las situaciones que afecten dicha actividad en México y coadyuve en la elaboración de los proyectos legislativos y parlamentarios que promuevan su solución.
Segundo. La comisión funcionará de manera permanente durante toda la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, estará formada por 30 diputados de los diversos grupos parlamentarios, en la proporción siguiente: 13 del PRI, 12 del PAN, tres del PRD, uno del PVEM y uno del PT.
Tercero. La Junta de Coordinación Política determinará los integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Pública, así como la conformación de su mesa sirectiva.
Cuarto. En caso de que la integración y la conformación a que se refiere el punto segundo de este acuerdo se realice fuera del periodo de sesiones, la propia Junta dará cuenta al pleno de las mismas en la segunda sesión ordinaria del próximo periodo de sesiones, para su ratificación; mientras tanto, se hará la publicación correspondiente en la Gaceta Parlamentaria y la comisión podrá actuar conforme lo determinan la Ley Orgánica y las prácticas parlamentarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de
julio de 2001.— Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Junta y
coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Felipe
Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;
diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática; diputado Bernardo de la Garza Herrera, coordinador
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diputado Alberto
Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. »
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la
Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El secretario
Adrián Rivera Pérez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobada.
INDUSTRIA
ELECTRICA
El secretario
Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Felipe Calderón Hinojosa, y con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto envío el original del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se otorga una prórroga al grupo de trabajo de la Comisión de Energía que está encargado del estudio y análisis de la situación de la industria eléctrica, para la lectura y entrega del informe final de sus actividades.
Lo anterior, con la finalidad de que sea considerado por el pleno de esta Cámara en la sesión del próximo 6 de septiembre.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F., a 5 de septiembre de 2001.— Doctor José González Morfín.»
«Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se otorga una prórroga al grupo de trabajo de la Comisión de Energía que está encargado del estudio y análisis de la situación de la industria, eléctrica, para la lectura y entrega del informe final de sus actividades.
135,136,137
La Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, con fundamento en el articulo 34 numeral 1 inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
I. Con fecha 24 de abril de 2001, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, suscribieron el "acuerdo para la creación de un grupo de trabajo de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la situación de la industria eléctrica nacional".
II. Que el pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó el 26 de abril del 2001 el "acuerdo para la creación de un grupo de trabajo de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la situación de la industria eléctrica nacional".
III. El 30 de agosto de 2001, la Junta de Coordinación Política recibió una solicitud de la Comisión de Energía y del grupo de trabajo encargado del estudio y análisis de la situación de la industria eléctrica nacional, por conducto del presidente de la comisión, a efecto de que se prorroguen las fechas previstas en el "acuerdo para la creación de un grupo de trabajo de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la situación de la industria eléctrica nacional" para la lectura y entrega del informe final.
CONSIDERACIONES
I. Que el artículo cuarto del "acuerdo para la creación de un grupo de trabajo de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la situación de la industria eléctrica nacional" determina que el estudio realizado por especialistas en la materia debería ser entregado a la Comisión de Energía y a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 15 de agosto de 2001.
II. Que el artículo quinto del "acuerdo para la creación de un grupo de trabajo de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la situación de la industria eléctrica nacional" determina que el informe final del grupo de trabajo debería ser leído ante la Comisión de Energía a más tardar el 10 de septiembre de este año y se daría cuenta del mismo a la Junta de Coordinación Política para que ésta proponga lo conducente al pleno de la Cámara.
III. Que en virtud de la solicitud de la Comisión de Energía y el grupo de trabajo, la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente que el informe final sea leído y entregado con fecha posterior, con la única finalidad de que los trabajos producto del estudio y análisis de la situación de la industria eléctrica se encuentren debidamente realizados.
Por los antecedentes y consideraciones expuestas, la Junta de Coordinación Política propone al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
ACUERDO
Primero. Se otorga una prórroga a los términos establecidos en el "acuerdo para la creación de un grupo de trabajo de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la situación de la industria eléctrica nacional" para que, el estudio a que hace referencia el artículo cuarto de dicho ordenamiento, sea entregado el 15 de octubre del presente y para que la lectura a que se hace referencia en el artículo quinto del mismo ordenamiento, se realice el 1o. de noviembre próximo.
Segundo. Comuníquese a la Comisión de Energía para los efectos conducentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de
septiembre de 2001.— Diputados coordinadores de los grupos parlamentarios: Felipe
Calderón Hinojosa, presidente del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez
Barrera, del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama,
del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, del
Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del
Trabajo.»
La Presidenta:
Consulte la secretaría a la
Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El secretario
Adrián Rivera Pérez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobada.
Continúe la Secretaría.
SECTOR
AGROPECUARIO
El secretario
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se otorga una prórroga al grupo de trabajo de comisiones unidas de Comercio, Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, encargado de examinar la regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC, para la lectura y entrega del informe final de sus actividades
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
I. Con fecha 24 de abril de 2001, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados LVIII Legislatura, suscribieron un acuerdo por el que se instruyó a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y de Desarrollo Rural, para la creación de un grupo de trabajo cuyo objeto es examinar la regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC.
II. Que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 26 de abril de 2001 el acuerdo a que se hace referencia en el "punto I de los antecedentes".
III. El 17 de julio, la Junta de Coordinación Política recibió una solicitud de los diputados Miguel Castro Sánchez, coordinador del grupo de trabajo que se encarga de examinar la regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC; Silvano Aureoles Conejo, y Jesús Mario Garza Guevara, secretarios, a efecto de que se prorroguen las fechas previstas en el acuerdo, a que se hace referencia en el "punto I de los antecedentes", aprobado en el pleno el 26 de abril.
CONSIDERACIONES
I. Que el artículo cuarto del acuerdo por el que se instruye la creación del grupo de trabajo encargado de examinar la regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC, determina que el estudio realizado por especialistas en la materia debería ser entregado a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Comercio, Desarrollo Rural y a la Junta de Coordinación Política, a más tardar el 15 de agosto de 2001.
II. Que el artículo quinto del acuerdo por el que se instruye la creación del grupo de trabajo encargado de examinar la regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC, determina que el informe final del grupo de trabajo, debería ser leído en reunión de las tres comisiones unidas, a más tardar el 10 de septiembre de este año y se daría cuenta del mismo a la Junta de Coordinación Política para que ésta proponga lo conducente al pleno de la Cámara.
III. Que en virtud de la solicitud de los diputados: Miguel Castro Sánchez, coordinador del grupo; Silvano Aureoles Conejo y Jesús Mario Garza Guevara, secretarios; la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente que el informe final sea leído y entregado con fecha posterior, con la única finalidad de que los trabajos producto del examen de la regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC se encuentren debidamente realizados.
Por los antecedentes y consideraciones expuestas, la Junta de Coordinación Política propone al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
ACUERDO
Primero. Se otorga una prórroga a los términos establecidos en el acuerdo por el que se instruye la creación del grupo de trabajo encargado de examinar la regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC, para que el estudio a que hace referencia el artículo cuarto de dicho ordenamiento, sea entregado el 1o. de octubre del presente y para que la lectura a que se hace referencia en el artículo quinto del mismo ordenamiento, se realice el 24 de octubre próximo.
Segundo. Comuníquese a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Comercio y Desarrollo Rural para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, a 5 de septiembre de 2001.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa,
presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael
Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya
Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
La Presidenta
Consulte la Secretaría a la
Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los acuerdos propuestos por la
Junta de Coordinación Política.
El secretario
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobados.
Continúe la Secretaría.
INFORME
DE LABORES PODER EJECUTIVO
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se recibieron 18 oficios con los que se remiten los informes de labores correspondientes al periodo 20002001, de las siguientes secretarías: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Contraloría y Desarrollo Administrativo, Desarrollo Social, Defensa Nacional, Economía, Energía, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría General de la República, Reforma Agraria, Relaciones Exteriores. Salud, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social y Turismo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, correspondiente al periodo 20002001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al periodo 20002001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, correspondiente al periodo 20002001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
138,139,140
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Economía, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Energía, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Gobernación, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
141,142,143
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El directo general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Marina, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Procuraduría General de la República, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de la Reforma Agraria, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de Labores de la Secretaría de Salud, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Seguridad Pública, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del informe de labores de la Secretaría de Turismo, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
La Presidenta:
De enterado de los oficios recibidos. Distribúyanse a los diputados y túrnense a las comisiones correspondientes para los efectos del numeral 4, del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
REINO
DE SUECIA
La secretaria
Martha Silvia Sánchez González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 apartado C fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Alex Ibarra Castañeda, pueda prestar sus servicios en la representación diplomática como chofer en la Embajada del Reino de Suecia en México.
Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, fotografías y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención al presente reiterándoles las seguridades de mi consideración.
Atentamente.
México D.F., a 3 de septiembre de 2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.»
| La Presidenta: |
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
CAMARA
DE SENADORES
El secretario
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVII Legislatura
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
Tengo el honor de comunicar a ustedes que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se dio cuenta con una comunicación de los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, por la que designan al senador Enrique Jackson Ramírez, como presidente de la Junta de Coordinación Política, para el segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 4 de septiembre de
2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.— Rúbrica.»
La Presidenta:
De enterado.
MAIZ
El secretario
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.»
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite otro del director general de enlace político de la Secretaría de Gobernación, por el que informa de la disposición de los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a comparecer en fecha a convenir con las instancias competentes, en respuesta a acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 8 de agosto.
La Presidencia dispuso que dicha comunicación se turnara a las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería; de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, así como a la Cámara de Diputados.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 4 de septiembre de 2001.— Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadano senador Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Comisión Permanente del honorable, Congreso de la Unión.— Presente.
En atención a su oficio No. CP.2R.1A533 fechado el día 8 del actual, con el presente le acompaño copia del similar SDP/DGEP/081/01, signado por el ciudadano José Luis Díaz Moll, director general de enlace político de esta Secretaría, por el que solicita hacer de su conocimiento la disposición de los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a comparecer en fecha a convenir con las instancias competentes.
Reitero a usted las seguridades de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 27 de agosto de 2001.— Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, director general de gobierno.»
| La Presidenta: |
De enterado.
Remítase a la Junta de Coordinación Política y a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
Pasando al apartado de iniciativas de diputados, tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ASISTENCIA
(II)
La Presidenta:
Le ruego a la diputada un momento
para pedir a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir
a su cierre.
El secretario
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 334 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
La Presidenta:
Más un diputado al que no le funcionó su registro, el diputado Manuel Medellín. Entonces serían 335. Ciérrese el sistema electrónico.
Señora diputada Hortensia Aragón, tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, compañeras diputadas; compañeros diputados:
En ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expongo ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reforma al artículo 1o. constitucional, de conformidad a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El pasado 15 de agosto del año en curso entraron en vigor las adiciones y reformas a diversos ordenamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al margen de la polémica que han suscitado, es menester reconocer la existencia de un elemento importantísimo: la introducción de la no discriminación como uno de los principios rectores del derecho positivo mexicano y al que se reconoce como una de las garantías individuales que nos protegen.
La adición de un tercer párrafo al artículo 1o. constitucional y que nos coloca a la vanguardia, al nivel de las legislaciones más evolucionadas mundialmente, establece un derecho fundamental que no sólo involucra a los pueblos indios de México, sino intenta garantizar el trato igual para todos los mexicanos independientemente de su origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil o cualquier otra en la que pudiera basarse ilegítimamente la aplicación de una discriminación negativa.
Si bien, reiteramos, esto representa un gran avance en la protección y tutela de los derechos humanos, lamentablemente aún no resulta completamente incluyente. Insuficiente se rebela el establecer la posibilidad de expandir la prohibición tal y como se establece en la última parte del párrafo tercero al ser establecido: "... o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
El amplio espectro de la discriminación no permite la generalización de los conceptos, muy por el contrario requiere para su reversión, de mayor especificidad por medio de la cual se logre establecer la respuesta más adecuada de frente a nuestra realidad nacional. Es por esto que me permitiré ahondar en el tema de la discriminación, que de una u otra manera, por diversos motivos y en diferentes grados todas y todos hemos padecido.
La Real Academia de la Lengua Española define la discriminación primeramente como el acto de separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, asimismo señala que discriminar es dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos y políticos.
Jurídicamente, discriminación es el término que se ha venido aplicando para calificar aquel tratamiento diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a un determinado número de personas.
Es un hecho que la libertad personal de mujeres y hombres se ve constantemente amenazada por diversos factores y circunstancias, paradójicamente los principales elementos de riesgo para la libertad son los patrones culturales cuya creación es responsabilidad única de los seres humanos, mismos que se han transmitidos de generación en generación, a pesar de haberse demostrado reiteradamente la nocividad y lo equívoco de estos parámetros.
La discriminación negativa es uno de estos factores que consuetudinariamente priva de derechos y libertades, limitando el desarrollo tanto de grupos sociales como de individuos en lo particular, existiendo un sinnúmero de pretextos para la aplicación de discriminación que repercute de forma definitiva en el crecimiento de aquel país que avale la intolerancia y la discriminación.
Siendo que la libertad requiere de la igualdad, el respeto, la tolerancia, la equidad y la no discriminación para poder ser ejercida plenamente, cuando alguno de estos principios falta, la libertad se encuentra minada, coartada y en algunas ocasiones obstaculizada por completo.
Por lo que el Estado como cuerpo político de toda nación y protagonista indudable del andar social, cuya presencia puede observarse hasta en los aspectos más mínimos de la cotidianeidad mediante sus mecanismos de control, debe renovarse de acuerdo a la galopante complejidad de las relaciones humanas, el estado moderno nace y se desenvuelve conforme a las necesidades específicas, logrando su consolidación en el mismo camino de la búsqueda de su perfeccionamiento y adecuación.
144,145,146
La democracia, en nuestro país, ha dejado de ser considerada únicamente como una forma de gobierno, ahora es concebida como "un proceso de organización social caracterizado por los principios de libertad, igualdad y justicia, en el acceso y elección de los safisfactores que requieren los miembros del grupo social"... la democracia por tanto y de acuerdo a nuestro artículo 3o. constitucional es un sistema de vida que propone y garantiza la libertad de los individuos para optar por sus satisfactores considerados no solamente aquellos que resuelven las necesidades físicas y materiales, sino incluyendo aquellos que colmen los requerimientos que no se materializan, como lo son: la libertad personal plena, la igualdad, la justicia, la soberanía; la propiedad y la equidad.
Así la discriminación como conducta sistemáticamente injusta, se opone abiertamente al estado moderno y democrático, retrasa y detiene su desarrollo en todos aspectos y niega enfáticamente los principios supremos que le sustentan. La discriminación rompe el núcleo social, desconociendo que la pluralidad posibilita y enriquece el mosaico de soluciones y oportunidades que potencialmente representa la infinidad de circunstancias que reviste a un grupo social conformado y caracterizado por las diferencias, es por ello que el respeto a estas diferencias no requiere de una actitud pasiva, sino por el contrario, de acción permanente.
El espíritu de la adición al artículo 1o. constitucional parece reflejar cuanto aquí hemos mencionado, esta nueva postura ante la opresión de unos sobre otros es merecedora de amplios reconocimientos, siendo de vital importancia manifestar que las diferencias y diversidades pueden contemplarse en muchísimos más aspectos, aspectos reconocidos estadísticamente y otros ignorados, rechazados o negados; penosamente cualquier circunstancia personal es susceptible de ser despreciada.
Nuestro artículo 1o. con sus nuevas reformas deja de lado algunas realidades y pretende, con un enunciado final, generalizar la prohibición de la discriminación. Toda discriminación conlleva atentados contra la dignidad humana, anulación o menoscabo de los derechos y libertades de las personas es por ello que dicha enunciación no posibilita la defensa de otras personas y grupos que han quedado fuera de listado integrado al tercer párrafo en comento.
No podemos seguir cerrando los ojos a la discriminación que se practica en nuestro país y que regatea los derechos humanos en base a las opiniones de un grupo sobre otro, no podemos seguir permitiendo la existencia de habitantes y ciudadanos de segunda, tercera o mínima valía.
En la mayoría de los jóvenes mexicanos se conjuntan circunstancias que acostumbradamente son base de actos discriminatorios, como lo son la edad y la condición económica y social, siendo la posición socioeconómica factor determinante para su exclusión injusta de múltiples y muy diversos conjuntos sociales, desde los considerados triviales hasta aquellos que definen su crecimiento personal.
Asi mismo, nuestra realidad nos arroja 2 millones 500 mil embarazos al año, sin que se tomen medidas realmente efectivas para la atención de la madre y el producto, aún más, a las mujeres en estados de gestación le son negados sistemáticamente y con plena impunidad, sus derechos laborales, se minimiza la importancia de su atención médica y se le prestan servicios insuficientes y de pésima calidad, lo que redunda en daños físicos y emocionales terribles y lamentablemente en algunos casos hasta la muerte de la madre, el bebé o de ambos.
Es preciso señalar que dentro de estos grupos a los que algunos los consideran de baja categoría y que han sido excluidos de la protección específica de la Constitución, también se encuentran los homosexuales, bisexuales y transexuales; mujeres y hombres con orientaciones sexuales distintas a la del grupo culturalmente aceptado. Seres humanos que actualmente padecen todo tipo de persecuciones, abusos, exclusiones, vejaciones, agresiones verbales y sexuales, torturas y con grave frecuencia la muerte por el hecho de ser diferentes.
Los homofóbicos, conjuntamente a su actitud negativa e irracional contra homosexuales, se distinguen por la postulación de otros prejuicios como verdades supremas, así tenemos que en la Alemania nazi los homosexuales eran marcados con un triángulo rosa en el pecho, siendo aniquilados 100 mil de ellos en los campos de concentración, tan criticados y despreciados por todos nosotros.
En nuestro país la situación no es menos agresiva por ser más oculta. En México existen desde fundamentalismos religiosos, hasta "escuadrones de la muerte" que con una idea distorsionada de lo que debe ser una sociedad integrada persiguen a todo aquel que viva una orientación sexual que no sea la heterosexual. La discriminación contra homosexuales se observa como práctica reiterada por personas de todas las esferas, estructuras sociales e institucionales que sin bases legítimas, científicas, jurídicas o de cualquier índole se avocan a la comisión de los "delitos por odio" por el simple hecho de sentirse o creerse superiores moralmente, cuando lo cierto es que ninguno de nosotros está exento de pertenecer a un grupo que queda ser limitado, cuestionado, agredido o excluido.
La homofobia otorga el pretexto perfecto para matar sin leyes, para aplicar la fuerza, para abusar del poder, para sentenciar al silencio, para minimizar y oprimir, para perseguir y exterminar impunemente. La dinámica es simple, primero se estigmatiza la homosexualidad, para así tener una base para excluir a los homosexuales de la defensa y aplicación de sus derechos, se deprecia su valor como seres humanos para justificar su persecución y posteriormente se les denomina amenaza social dando paso a las más inhumanas e irracionales conductas discriminatorias.
Los hechos no permiten las exageraciones: en el Distrito Federal aún se encuentran pendientes de aclaración 99 homicidios de homosexuales, en los cuales el principal impedimento para esclarecer son el silencio y la indiferencia.
En todo nuestro territorio hay claras evidencias de la discriminación de la que son objeto los homosexuales, en Colima una serie de ataques contra la comunidad homosexual que comenzaron el año pasado aun no se ha aplicado castigo a responsable alguno, a pesar de que el procurador Jesús Antonio Sam López anunció tener identificado al responsable, atreviéndose a manifestar que "si un grupo de homosexuales dice estar aterrorizado, su miedo es muy personal, nadie puede garantizarle la vida a nadie".
Está equivocado. El fin último del Estado es el logro de la armonía y la convivencia y su fundamental sustento es la tutela de los derechos de los individuos.
Los alcaldes de Veracruz y de Boca del Río, Ramón Gutiérrez de Velasco y Adrián Avila Estrada, respectivamente, declararon el pasado 15 de enero que "habrá una guerra sin cuartel contra homosexuales y prostitutas".
Jorge Alvarez Medina, funcionario del municipio de Aguascalientes permitió que en el balneario público "Ojo Caliente" mediante un enorme cartel se prohibiera la entrada a "perros y homosexuales".
Los homosexuales son detenidos por elementos policíacos con acusaciones poco concretas como faltas a la moral, mujeres y hombres con orientaciones sexuales distintas son violados sexualmente con el pretexto de darles un escarmiento o demostrarles lo que es un verdadero hombre, estas prácticas sólo muestran lo inhumano, irracional e infundado de los prejuicios y la ignorancia e indolencia de personas y "autoridades" que solapan y encubren estos hechos.
La peculiar diversificación que enmarca nuestra realidad poblacional resulta evidente y fácilmente comprobable. Nuestra población se encuentra integrada por casi 100 millones de habitantes, de los cuales los jóvenes constituyen alrededor de 24 millones de personas; los mayores de 60 años son casi 5 millones; las mujeres somos el 50.9% de la población; el 10% lo integran indígenas, el 25% de nosotros son infantes, más de 3 millones son migrantes internos, 70 mil mexicanos son migrantes externos; el 9.6% de los habitantes de nuestro país son analfabetas; los discapacitados importan el 10% de nuestra población, de éstos más de 2 millones son menores de edad, la población rural significa el 21% y la población económicamente activa en ocupaciones primarias suman el 15%; la burocracia mexicana incluye al 2.4%; los pobres totales abarcan el 45.2%, siendo pobres extremos el 26% de los habitantes; económicamente y midiendo la distribución del ingreso en deciles, los pobres ocupan los primeros seis deciles, la clase media ocupa tres deciles y los privilegiados económicos únicamente ocupan un decil; la matricula de alumnos en preescolar asciende a 3 millones 400 mil, 14 millones 800 mil en primaria, 5 millones 300 mil en secundaria, 3 millones en el nivel medio superior y 1 millón 600 mil se encuentran en el nivel superior. Después de unas cuántas cifras, a México difícilmente puede considerársele como grupo homogéneo. Ante la ley todos somos iguales, pero el Estado debe velar también por dotar de efectividad esa garantía.
La máxima de la justicia de dar a cada quien lo justo y correspondiente, es la base del equilibrio distributivo, mismo que resulta determinante para el establecimiento de la convivencia social sobre bases de permanencia y cohesión nacional.
La discriminación no puede ser prohibida a favor de algunos sectores e ignorada para otros, la exclusión del aspecto socioeconómico, las mujeres embarazadas y los homosexuales, bisexuales y transexuales, entre otros grupos con problemática no menos agresiva, de la protección del artículo 1o., párrafo tercero resulta un acto discriminatorio en sí. Paradójico es pues, un artículo contra la discriminación que en su contexto discrimina doblemente al no incorporarlos en su conceptualización protectora.
Se evitó mencionar el color de la piel, el embarazo, el idioma y la situación económica. Asimismo, en lugar de hacer mención a la discriminación por orientación sexual, se estableció la no discriminación por preferencias sin especificar a qué se refiere.
En cuanto a las personas con discapacidad, se pretendió involucrarlas con el término de capacidades diferentes siendo que dicho concepto no refleja a este grupo en especial, ya que absolutamente todos tenemos capacidades diferentes. De igual modo se omite, en la reforma reciente, la mención de la ideología que resulta ser una parte integral y personalísima de cada ser humano.
Si proponemos que nuestra Carta Magna mencione la orientación sexual, el embarazo, trabajo y la posición económica como elementos en los que se sustenta la discriminación, es porque resultan prácticas que peligrosamente se arraigan cada vez más entre nuestra sociedad.
Con esta iniciativa buscamos, además de las precisiones, el establecimiento de la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la no discriminación, lo que no es menor, pues con ello se impone que en las códigos y leyes reglamentarias derivadas se integre este principio y se establezcan acciones afirmativas sin matices distorsionantes.
La discriminación elimina toda posibilidad del ejercicio de la libertad personal; es por esto que el fundamental respeto a la libertad, a las diferencias y la proclamación de la igualdad y la tolerancia precisa en este momento histórico de ser reforzado por un lado garantizando la prohibición de cualquier tipo de discriminación, sin exclusión de ninguna persona o característica y, por otro, la obligación de las autoridades de salvaguardar dichos derechos y de considerar en los diseños de los programas gubernamentales, la no discriminación como su eje rector fundamental, por lo que con fundamento en el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados:
Artículo único Se reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Queda prohibida cualquier forma de discriminación motivada por origen étnico edad, género, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo o profesión, posición económica, aspecto físico, discapacidad o estado de salud o cualquier otra forma discriminatoria que atente contra la dignidad humana y tienda a anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Toda política pública deberá garantizar el ejercicio de los derechos plasmados en este artículo."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo a los 6
días del mes de septiembre de 2001.— Diputada federal Hortensia Aragón
Castillo.»
La Presidenta:
Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
VOTO
DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Sergio
Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa
de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado
Sergio Acosta Salazar:
Buenos días. Gracias, señora Presidenta; buenos días, compañeras y compañeros diputados:
147,148,149
En esta ocasión nos ha tocado presentar precisamente una iniciativa de decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Yo le ruego a esta Presidencia el permitirme omitir la lectura del articulado en cuanto a las modificaciones del artículo, pero a la vez solicito a esta Presidencia que sea totalmente inscrito tanto en el Diario de los Debates como en las versiones estenográficas.
Gracias, muy amable.
«Iniciativa de decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Honorable Asamblea: el suscrito, diputado Sergio Acosta Salazar, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción ll y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción ll; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tendientes a reconocer y regular lo concerniente al voto de los mexicanos en el extranjero, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
A lo largo de la historia de nuestro país, se han sucedido una serie de transformaciones y reformas en el sistema jurídico nacional, todas y cada una de estas modificaciones ha sido consecuencia directa de las necesidades que la sociedad mexicana ha tenido a través del tiempo.
El ámbito de los ordenamientos jurídicos encargados de regular las cuestiones electorales, no ha estado exento de sufrir estos cambios. En los últimos 20 años, la legislación electoral es una de las que más cambios experimentó. Todos y cada uno de estos cambios han estado orientados a establecer y consolidar un sistema de gobierno basado en la democracia representativa.
Hoy día uno de los asuntos pendientes en las discusiones de los órganos legislativos es el que se refiere al tema del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. La resolución positiva a este tema se hace necesaria para así consolidar el cambio democrático en el sistema de gobierno de nuestro país.
El voto, como sabemos, es el derecho político que los ciudadanos tienen a participar en los asuntos públicos de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Se trata de un derecho público subjetivo de naturaleza política.
Consolidar el reconocimiento del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero tiene como finalidad lograr que los ciudadanos que se encuentren en esta situación participen directa o indirectamente en la estructura del poder estatal y en la realización del orden jurídico de la nación.
Ante esta situación se encuentran millones de mexicanos que viven en el extranjero y que virtualmente no ejercen ningún derecho político. Hacia estos conciudadanos se deben de enfocar los trabajos de los órganos legislativos encaminados a lograr que sean sujetos de una serie de garantías en la observancia de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, de entre los cuales el sufragio constituye uno de los principales.
Ante estos hechos, el Partido de la Revolución Democrática ha mantenido un histórico y sostenido esfuerzo por lograr que los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero, sean parte de la nación mexicana por cuanto se refiere al pleno ejercicio de sus derechos. De esta forma es que nuestro partido, por medio de diversas iniciativas presentadas en la legislatura anterior y en la presente, ha buscado defender los derechos y en consecuencia de sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.
Como muestra de esta lucha el Partido de la Revolución Democrática, junto con otras fuerzas políticas, fue actor importante en la consolidación del primer paso encaminado a reconocer y salvaguardar los derechos de estos mexicanos que se encuentran en el extranjero. Dicho paso fue el de avanzar sobre las reformas constitucionales y legales para que los mexicanos preserven su nacionalidad, independientemente de la ciudadanía o la residencia que hayan adoptado. Esta reforma permite a cientos de miles de nuestros com patriotas una mejor defensa de sus derechos en sus nuevos lugares de residencia.
Aunado a esta reforma, también se logró modificar el texto constitucional y la ley secundaria, con la finalidad de permitir el voto de los ciudadanos mexicanos que se encontraran fuera de su distrito electoral o de su entidad federativa. De esta forma se suprimió el obstáculo territorial.
Sin embargo, esta reforma esta inconclusa; aún queda por resolver la situación relativa a los derechos ciudadanos de los mexicanos que no han adoptado otra ciudadanía y que por encontrarse viviendo en el extranjero, no pueden, dentro del marco jurídico y administrativo vigente, hacer realidad su derecho al voto, a pesar, como todos lo sabemos, de que en el caso de los migrantes mexicanos que radican en los Estados Unidos, son una de las principales fuentes de sustento de la economía nacional en general y de muchas regiones de manera determinante en lo particular
La presente iniciativa de reformas, que hoy venimos a presentar, busca solventar esta laguna, ya que está encaminada a defender y garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero, tratando así de fortalecer los lazos de unión entre ellos y la nación mexicana, la cual han tenido que dejar, la mayoría de las veces obligados por los altos índices de desempleo y por las faltas de oportunidad en su país.
De igual forma mediante este proyecto de reformas se busca hacer frente a las voces que se alzan en contra de tal posibilidad, argumentando que el reconocimiento de tal derecho, constituiría un grave atentado contra la soberanía nacional; que el voto se daría de forma irresponsable dada la lejanía de los residentes en el extranjero y su supuesto desconocimiento de la realidad nacional y que, asimismo, no sufrirían las consecuencias de dicho voto; que los mexicanos que se encuentran fuera del país, dado su extenso número, mediante su voto podrían decidir el curso de la elección presidencial.
Sin embargo éstos y otros argumentos que existen en contra del reconocimiento del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, no deben ser obstáculo para que esta Cámara de Diputados y en general el Congreso de la Unión, legislen sobre la materia. Los legisladores no podemos discriminar a nuestros compatriotas en el extranjero; por el contrario, debemos ser factor decisivo para lograr la extensión del derecho de voto en el extranjero y contribuir al perfeccionamiento de nuestra democracia.
El Congreso de la Unión debe hacer su tarea y luchar por esta reforma que se hace necesaria ante la situación de millones de nuestros compatriotas. Esto con la finalidad de que la ley reconozca su estado y sus derechos a ser parte activa en la vida pública del país. La reforma se hace necesaria, ya que un sistema político democrático, que no refleje los fenómenos sobresalientes de su entorno social, como lo es el migratorio, será un sistema democrático imperfecto, una democracia a medias.
Es imprescindible que un derecho constitucional, como lo es el voto, sea garantizado para que toda la colectividad nacional pueda hacer uso de él, incluidos los ausentes del país que manifiesten su deseo de ejercitarlo.
Por ello nuestra Constitución, como ley máxima de nuestro sistema legal y la ley secundaria encargada de reglamentar lo concerniente al ámbito electoral, deben dar un pleno reconocimiento a los derechos de esos conciudadanos que por necesidades varias, tienen que emprender el éxodo y ganarse la vida en el extranjero.
El derecho electoral es uno de los pilares de la democracia. Sin un buen derecho electoral no hay un buen sistema democrático y sin este buen sistema los derechos de los ciudadanos no son plenos. La reforma tanto constitucional como de la ley secundaria se hace necesaria, a fin de fortalecer nuestra incipiente democracia. Siempre que damos un paso en el derecho electoral, la democracia avanza, se afirma. Donde la democracia se impone, hay garantía para la realización de la justicia y de la paz, los espacios se abren para el trabajo y no hay más impunidad.
De lo anterior es que se deriva la necesidad de reconocer la universalidad del derecho al voto para los ciudadanos mexicanos, independientemente de donde se encuentren. Exigir el requisito de residencia en el país para poder ejercer el voto sería notoriamente injusto, sobre todo cuando gran parte de los conciudadanos que se van del país lo hacen por razones de supervivencia económica; además de que en la mayoría de las veces se van del país dejando aquí a su familia, su patrimonio, sus bienes muebles e inmuebles que pagan impuestos y que por ende contribuyen a la economía nacional. El no reconocer su derecho al voto es excluirlos de la toma de decisiones públicas, cuando aún forman parte de la nación y del Estado mexicano.
Conceder el voto a los ciudadanos mexicanos que se encuentran fuera del país, permitirá fortalecer el sistema democrático mexicano, reforzará los nexos con nuestros compatriotas que están en el extranjero y reafirmará su sentimiento de pertenencia a la patria, que se considera no perdido.
Ante tal situación es que los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática atendemos las necesidades de una sociedad que se transforma y que tiene necesidades varias. Por tal motivo se propone una reforma legal que tenga como finalidad reconocer el ejercicio del voto de los mexicanos que se encuentran en el extranjero.
En primer lugar se propone una reforma al texto constitucional, esto con la intención de que en el máximo ordenamiento legal de nuestro sistema legal y que rige todos los actos del acontecer nacional, se reconozca el ejercicio de este derecho para los ciudadanos que por diversas circunstancias se encuentran fuera del territorio nacional.
De esta forma se propone una adición de un segundo párrafo en la fracción I del artículo 35 de nuestra Constitución Política. La adición de este segundo párrafo establece que los ciudadanos mexicanos que se encuentran en el extranjero podrán votar en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El hecho de que los ciudadanos mexicanos que se encuentran en el extranjero puedan votar únicamente en la elección para Presidente de la República, se debe al hecho de que las elecciones para diputados y senadores están sujetas a condiciones de representatividad territorial, mientras que la del Presidente es una elección nacional.
Igualmente se propone una adición en el artículo 41 constitucional, en donde se establecen la generalidades del órgano encargado de organizar y llevar a cabo las elecciones federales. La adición consiste en establecer dentro del párrafo décimo del citado precepto la facultad que tendría el Instituto Federal Electoral, para que en coordinación con la autoridad federal correspondiente, establezcan los mecanismos tendientes a garantizar el derecho a voto de los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero.
Esta reforma está orientada a promover la colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la autoridad administrativa, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad que se establezcan los mecanismos que faciliten el ejercicio del voto de los mexicanos que se encuentran en el extranjero.
Estas son las dos reformas que en materia constitucional proponemos. La intención es buscar el reconocimiento de un derecho constitucional del que gozan todos los mexicanos.
Ahora bien como nuestra Constitución Política es un ordenamiento jurídico heteroaplicativo, depende de la existencia de una ley secundaria que establezca la regulación e implementación de los principios y derechos estipulados en nuestra máxima ley. Debido a esto es que también proponemos la realización de una serie de reformas al texto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En un primer punto se propone la adición en el artículo 1o. en el inciso a de su numeral 2, con la finalidad de establecer el hecho de que el presente código regulará las normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones políticoelectorales de los ciudadanos, aún y cuando se encuentren en el extranjero.
En el artículo 6o. dentro de los requisitos que se establecen para poder ejercitar su voto, se propone la salvedad que tendrían aquellos mexicanos que por cuestiones de su situación y ante la falta de un presupuesto para la expedición de credenciales de elector, carezcan de la misma. Ante tal situación se faculta al Consejo General del Instituto para que en la primera sesión correspondiente al inicio del proceso electoral decida mediante que documentos oficiales se permitiría el ejercicio del voto y emita las bases correspondientes.
De igual forma en el mismo artículo 6o. se propone la adición de un 3, numeral en el cual se establezca la limitante que tienen los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero para votar única y exclusivamente en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En el artículo 9o. relativo a sistema electoral mediante el cual se elegirá al Presidente de la República se establece que la elección se hará en toda la República y en el extranjero de acuerdo a las modalidades que establezca la ley.
En el artículo 69 que estipula los fines del Instituto, se propone una adición tendiente a establecer la obligación que tiene el Instituto para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticoelectorales, aún y cuando los ciudadanos mexicanos se encuentren en el extranjero.
En el artículo 82 proponemos que dentro de las atribuciones del Consejo General del Instituto se estipule en el inciso q de su numeral 1 la obligación que tiene dicho consejo de realizar el cómputo total de los votos en el extranjero. Asimismo se propone la adición de un inciso a mediante el cual se le concede la facultad, al mismo Consejo General, de capacitar a los miembros del servicio exterior mexicano como coadyuvantes del Instituto durante la realización del proceso electoral.
150,151,152
Por lo que respecta al artículo 83 aquí proponemos la atribución que tendría el Presidente del Consejo General para celebrar convenios de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que el personal del servicio exterior mexicano participe como coadyuvante del Instituto.
La colaboración surge a raíz de que en las reformas propuestas se establece que las casillas para recoger la votación se instalarán en las embajadas y representaciones consulares mexicanas.
Asimismo, la finalidad de esta reforma es lograr una estrecha colaboración entre el Instituto y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de que los titulares de las embajadas y consulados serán quienes dispongan de la integración de las mesas directivas de casilla, mediante el auxilio de los miembros del servicio exterior mexicano a su cargo, dadas las dificultades que se presentaría para su conformación.
Ante la desconfianza que generaría la situación de que funcionarios federales participen de esta manera en el proceso electoral es que se establece en el capítulo relativo a sanciones, la facultad del Instituto para conocer de las infracciones incurridas a las disposiciones electorales por los miembros del servicio exterior ,exicano. El Instituto integrará un expediente y lo remitirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual será la encargada de tomar las medidas pertinentes y sancionar al servidor público federal.
De igual forma en las reformas que proponemos se establece la participación de los partidos mediante la acreditación de representantes de partido en las casillas que se instalen en las embajadas o consulados. El gasto de estos representantes correrá a cargo de los institutos políticos conforme al financiamiento que se les entregue, en donde se establecerá una partida presupuestal cuya finalidad sea solventar estas erogaciones.
Dentro de las reformas que se proponen se realizan una serie de adecuaciones tendientes a asegurar el correcto ejercicio de los funcionarios de casillas de las mesas directivas que se establezcan en las representaciones diplomáticas. Estas modificaciones y adiciones tienen la finalidad de otorgar a los miembros del servicio exterior mexicano de las facultades necesarias para el cabal cumplimiento de sus encomiendas.
Finalmente dentro del cuerpo de las presentes reformas se establece un artículo transitorio encargado de estipular que para los efectos de fechas y horas señaladas en el código se tomen en cuenta los husos horarios de los lugares en donde se encuentren ubicadas las representaciones diplomáticas.
Es así como con el fin de lograr el reconocimiento del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, se proponen esta serie de reformas y adiciones, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Pensamos que las reformas propuestas son inaplazables y permitirán que en el año 2006 voten en las elecciones presidenciales todos los mexicanos que deseen hacerlo, sin importar si residen en el país o no ni su situación migratoria, correspondiente al lugar donde se encuentren. El principio de igualdad, pilar de todo estado de derecho, será ahora sí salvaguardado.
Por todas las consideraciones antes expuestas, el suscrito, en uso de las facultades que le conceden los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a nombre del Partido de la Revolución Democrática, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 35; se reforma el párrafo décimo de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Votar en las elecciones populares.
Para el caso de los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero, sólo podrán votar en la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
II a la V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) al c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, el padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Asimismo el Instituto Federal Electoral en coordinación con la autoridad federal correspondiente se encargará de establecer los mecanismos tendientes a garantizar el derecho a voto de los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero, en los términos que se establezca en la ley de la materia. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 1o., 6o., 9o., 69, 82, 83, 92, 118, 119, 120, 122, 126, 138, 139, 140, 144; 150, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 207, 208, 223, 242, 250, 252, 253, 254 y 267 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 1o.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Este Código reglamenta las normas constitucionales relativas a:
Los derechos y obligaciones políticoelectorales de los ciudadanos, aún y cuando se encuentren en el extranjero.
b) al c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 6o.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Contar con la credencial para votar correspondiente. Para el caso de los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero y carezcan de la credencial para votar, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará, durante la primera sesión correspondiente al inicio del proceso electoral, cual o cuales serán los documentos oficiales que se admitan para tal efecto.
2. En cada distrito electoral uninominal el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por este código.
3. Los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto sólo para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos conforme lo establezca el presente código.
Artículo 9o.
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo en toda la República, así como en el extranjero con las modalidades que para el efecto establezca el presente código.
Artículo 69.
1. Son fines del Instituto:
a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;
c) Integrar el Registro Federal de Electores;
d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticoelectorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, aún y cuando se encuentren en el extranjero;
e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión;
f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.
2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
3. Para el desempeño de sus actividades el Instituto contará con un cuerpo de funcionarios integrados en un servicio profesional electoral. La desconcentración será base de su organización.
Tratándose de la recepción de votos de ciudadanos mexicanos en el extranjero el Instituto celebrará convenios de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de que el personal del servicio exterior mexicano coadyuve en dicha tarea.
Artículo 82.
1. El consejo general tiene las siguientes atribuciones:
a) al p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de este código, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección. De igual forma deberá realizar el cómputo total de los votos en el extranjero para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
r) al z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Capacitar a los miembros del servicio exterior mexicano que participarán como coadyuvantes del Instituto durante el proceso electoral en el cual se elija presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 83.
1. Corresponden al presidente del consejo general las atribuciones siguientes:
a) al o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p) Celebrar convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la designación del personal del servicio exterior mexicano que coadyuvará en el proceso electoral relativo a la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y
q) Las demás que le confiera este código.
Artículo 92.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) al j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k) Mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, municipio y sección electoral, así como la relativa a las principales concentraciones de ciudadanos mexicanos en el extranjero, de acuerdo a la información que sea proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
l) al p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 118.
1. Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales. De igual forma se establecerán mesas directivas de casilla en cada una de las representaciones diplomáticas mexicanas a fin de recibir el voto de los mexicanos que se encuentren en el extranjero, ya sea porque ahí tengan su lugar de residencia o bien porque se encuentren en tránsito o de viaje.
2 y 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 119.
1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales.
153,154,155
Las mesas directivas de casilla instaladas en las representaciones diplomáticas mexicanas se encontrarán formadas por miembros del servicio exterior mexicano.
2. Las juntas distritales ejecutivas llevarán a cabo permanentemente cursos de educación cívica y capacitación electoral, dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos.
3. Las juntas distritales ejecutivas integrarán las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento señalado en el artículo 193 de este código.
Artículo 120.
1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;
c) Contar con credencial para votar;
d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;
e) Tener un modo honesto de vivir;
f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente;
g) No ser servidor público de confianza con mando superior ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía y
h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.
2. Para el caso de los integrantes de las mesas directivas de casilla en las representaciones diplomáticas no se observará lo dispuesto en el inciso g del numeral anterior, atendiendo en todo caso a lo establecido en los convenios de colaboración celebrados entre el Instituto y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Artículo 122.
1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla:
a) al g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al consejo distrital la documentación y los expedientes respectivos en los términos del artículo 238 de este código. Para el caso de los presidentes de mesas directivas de casilla ubicadas en los consulados, turnarán a las embajadas del país en el que se encuentren la documentación y expedientes relativos a la jornada electoral. Una vez que las embajadas reúnan la documentación de los consulados enviarán ésta y la propia al consejo general del Instituto e
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 126.
1. Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus representantes ante los consejos locales y distritales a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del consejo de que se trate.
De igual forma deberán de acreditar ante el consejo general del Instituto a sus representantes que estarán en las sesiones relativas al cómputo de las casillas ubicadas en las representaciones diplomáticas mexicanas.
2 y 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 138.
1. Las cuatro secciones del Registro Federal de Electores se formarán, según el caso, mediante las acciones siguientes:
a) La aplicación de la técnica censal total o parcial;
b) La inscripción directa y personal de los ciudadanos;
c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes relativas a fallecimientos o habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los ciudadanos y
d) La información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores relativa a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
Artículo 139.
1. Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores.
2. Asimismo, los ciudadanos participarán en la formación y actualización del Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.
Para el caso de los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero, se estará a lo dispuesto por el artículo 6o. de este ordenamiento.
Artículo 140.
1. El Instituto Federal Electoral debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la credencial para votar.
2. La credencial para votar es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. Quedan exceptuados de lo anterior los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero; quienes podrán votar por medio de los documentos que al efecto determine el Consejo Federal Electoral en los términos señalados en el artículo 6o. de esta ley.
Artículo 144.
1. Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal Electoral, a fin de obtener su credencial para votar con fotografía. Para el caso de los ciudadanos que se encuentren en el extranjero, se estará a lo dispuesto en los convenios de colaboración que celebren el Instituto y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2 al 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 150.
1. Es obligación de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral dar aviso de su cambio de domicilio ante la oficina del Instituto Federal Electoral más cercana a su nuevo domicilio. Los ciudadanos radicados en el extranjero atenderán lo dispuesto por el artículo 6o., inciso b de este código.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 193.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) al h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) El consejo general, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se asegurará de la integración de las mesas directivas en el extranjero, cuya conformación estará a cargo de los titulares de la embajada o de la representación consular, quienes designarán a los funcionarios de entre los miembros del servicio exterior.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 195.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Las casillas en las que emitirán su voto los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero, se ubicarán en las instalaciones del consulado o embajada respectiva.
Artículo 196.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. El secretario del consejo distrital o el consejo general, en el caso de los integrantes de casillas especiales, en las embajadas o consulados mexicanos, entregará una copia de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.
Artículo 197.
1. Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. Para el caso de los ciudadanos mexicanos que radiquen o se encuentren en el extranjero, el consejo general designará a las embajadas o consulados como sede de las casillas especiales.
2 al 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 198.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Los partidos políticos podrán acreditar en cada uno de los distritos electorales uninominales un representante general por cada 10 casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales. De igual forma podrán acreditar hasta dos representantes por cada embajada o consulado
3 al 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 199.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de casilla instaladas en el distrito electoral para el que fueron acreditados o bien ante la Embajada o consulado en el que hayan sido acreditados.
b) al g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 200.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) al d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla, al consejo distrital correspondiente, o al consejo general, en el caso de las casillas ubicadas en embajadas y consulados, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral y
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 205.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Las boletas para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán:
a) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación. En el caso de las boletas para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que vayan a ser utilizadas en las embajadas o consulados, deberán contener además la especificación de la representación diplomática respectiva;
b) al j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 al 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 207.
1 y 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) al e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Para el caso de las casillas especiales ubicadas en las embajadas o consulados mexicanos, los documentos se harán llegar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lo cual se levantará el acta a que se refiere el inciso b del presente numeral. Las demás prevenciones quedarán a cargo del titular de la representación diplomática.
3 al 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 208.
1 al 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Para el caso de las casillas especiales instaladas en las embajadas y consulados, la papelería le será entregada al titular de la representación diplomática por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta con una semana de anticipación. El número de boletas que se entregará será el mismo al número de ciudadanos mexicanos que se encuentren registrados en el Catálogo General de Electores en el Extranjero.
Artículo 223.
1. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección o bien que se encuentren en las casillas especiales ubicadas en las representaciones diplomáticas, se aplicarán, en lo procedente, las reglas establecidas en los artículos anteriores y las siguientes:
a) y b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) al d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Para el caso de los electores que se encuentren en el extranjero, sólo podrán votar por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
3 al 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 242.
1 y 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. La recepción de los paquetes electorales provenientes del extranjero correrá a cargo del secretario del consejo general, quien de inmediato procederá a salvaguardarlos conforme a lo dispuesto anteriormente.
Artículo 250.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. El mismo procedimiento se llevará a cabo en las embajadas y consulados en donde se ubique una casilla especial.
156,157,158
Artículo 252.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. El secretario del consejo general integrará los expedientes relativos a las casillas especiales ubicadas en las embajadas y consulados mexicanos.
Artículo 253.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. El secretario del consejo general hará todo lo señalado en el numeral anterior, respecto a los expedientes de las casillas especiales ubicadas en el extranjero, referentes única y exclusivamente a la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que se interponga algún medio de impugnación, deberá remitirlo a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 254.
1 y 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Las mismas prevenciones tomará el consejo general, en el caso de la documentación relativa al cómputo de las casillas especiales instaladas en las embajadas o consulados.
Artículo 267.
1 y 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. El Instituto Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que incurran los miembros del servicio exterior mexicano, en su desempeño como coadyuvantes del proceso electoral. Conocida la infracción se integrará el expediente relativo, el cual será remitido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que proceda en los términos de la legislación aplicables. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá comunicar al Instituto de las medidas que se hayan aplicado al caso."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Tercero. Para los efectos de fechas y horas señaladas para el desarrollo de los procesos electorales, se tomarán en cuenta los husos horarios de los lugares en donde se encuentren ubicadas las representaciones diplomáticas.
Cuarto. En el financiamiento público otorgado a los partidos, se tomará en cuenta lo correspondiente a asegurar la participación de los representantes de partido en las casillas especiales ubicadas en las embajadas y consulados mexicanos.
Atentamente.
Diputado Sergio Acosta Salazar.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Atendiendo a su solicitud, se pide a la Secretaría reciba para su inserción total el documento de iniciativa que ha entregado el señor diputado Acosta Salazar, y túrnese la iniciativa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.
LEY FEDERAL DE PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales.
| El diputado
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: |
Gracias, señora Presidenta:
Aun cuando debiéramos reclamar el quorum, por la ausencia de la mayoría de los legisladores, resulta importante presentar esta iniciativa ante esta Cámara de Diputados, ante los medios de información y ante los diputados asistentes.
Omito la lectura del articulado referente y entrego a esta mesa directiva, por conducto de su Secretaría, el texto de la iniciativa suscrita por el dicente y material magnético para su reproducción en el Diario de los Debates, en la Gaceta y en los demás órganos de esta Cámara.
Muchas gracias.
«Iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El derecho a la privacidad es uno de los derechos humanos esenciales que dan contenido y sustancia a la dignidad humana.
Nuestra cultura actual reconoce que existe un ámbito de la vida de cada persona que solamente concierne a ésta y que queda reservado para los demás.
Este ámbito es la consecuencia de la individualidad, de la autonomía y de la libertad que se admite como propias de todo ser humano. Es ahí de donde se desprende el derecho de todo hombre de mantener secretas e inviolables ciertas manifestaciones de su vida. Sin su expreso consentimiento nadie puede inmiscuirse dentro de este ámbito.
El derecho a la intimidad se manifiesta así, como la facultad que tiene cada persona de disponer de su esfera, reducto infranqueable de libertad individual, el cual no puede ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado. El reconocimiento y salvaguarda de este derecho presuponen, pues, las condiciones mínimas indispensables para que el ser humano pueda desarrollar su individualidad en inteligencia y libertad.
Hoy, sin embargo, el derecho a la intimidad está seriamente amenazado por la que se ha querido llamar sociedad de la información. La globalización tanto de las redes informáticas y de comunicación hacen cada vez más frecuentes los casos de violación al derecho a la intimidad.
Los medios tradicionales de protección de la vida privada han sido absolutamente desbordados por las nuevas modalidades de injerencia que en contra de ella proporciona el actual adelanto científico y tecnológico. El empleo de nuevas tecnologías permite acumular una cantidad enorme de información que es ordenada y clasificada automáticamente y que puede ser almacenada en espacios muy reducidos. La información puede ser recogida en cualquier parte del mundo y, mediante conexiones telefónicas, quedar clasificada en el acto. En esta forma sería posible compilar una información abundante sobre cada individuo y reunir un conjunto de datos que aisladamente nada dicen y que por ello no se ocultan, pero que al ser presentados en forma sistematizada pueden constituir una seria amenaza contra la intimidad de la persona.
Hasta hace pocos años, las fronteras de la privacidad estaban defendidas por el tiempo y el espacio, el tiempo permitía, con su transcurso, que desaparecieran los recuerdos de las actividades ajenas, impidiendo así la configuración de una historia lineal e ininterrumpida de la persona; el espacio, con la distancia que imponía, hasta hace poco casi insuperable, hacía difícil que tuviésemos conocimiento exacto de los hechos que, protagonizados por los demás, hubieran sucedido en lugares distantes. El tiempo y el espacio operaban, así como una salvaguarda natural de la privacidad de la persona.
Uno y otro límite han desaparecido hoy, las modernas técnicas de comunicación permiten salvar sin dificultades el espacio y la informática posibilita almacenar todos los datos que se obtienen a través de las comunicaciones y acceder a ellos en apenas segundos, por distante que fuera el lugar donde transcurrieron los hechos. Los más diversos datos sobre la infancia, sobre la vida académica, profesional o laboral, sobre los hábitos de vida y consumo, sobre el uso del denominado dinero plástico, sobre las relaciones personales o, incluso, sobre las creencias religiosas e ideologías, por mencionar sólo algunos, podrían ser, así, compilados y obtenidos sin dificultar. Ello permitiría a quien dispusiese de ellos acceder a un conocimiento cabal de actitudes, hechos o pautas de comportamiento que, sin duda, pertenecen a la esfera privada de las personas; a aquella a la que sólo deben tener acceso el individuo y, quizá, quienes le son más próximos o aquellos a los que él autorice.
Aún más, el conocimiento ordenado de esos datos puede dibujar un determinado perfil de la persona o configurar una determinada reputación o fama que es, en definitiva, expresión del honor y este perfil, sin duda, puede resultar luego valorado, favorable o desfavorablemente, para las más diversas actividades públicas o privadas del individuo.
Superados tiempo y espacio como barreras naturales, se hace preciso, por tanto, instrumentar una nueva protección, ahora normativa, del derecho a la intimidad, que como garantía de todo individuo consagra el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocen además el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 16 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, artículo 9o. de la Declaración Americana de Derechos Humanos y el artículo 11.2 del Pacto de San José de Costa Rica, como Ley Suprema de la Unión en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
No olvidemos que el papel de la ciencia del derecho frente a todo avance tecnológico es el de servir como eje disciplinador del proceso y corresponde ahora regular el progresivo desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamiento de datos y de acceso a los mismos para salvaguardar el derecho a la intimidad de las personas.
De ahí que teniendo como propósito esencial el hacer frente a los riesgos que para los derechos de la personalidad puede suponer el acopio y tratamiento de datos, la redacción de la presente iniciativa se hace girar en torno a un elemento básico, lo que convencionalmente se denominan "ficheros de datos", ya que es precisamente la existencia de estos ficheros y la utilización que de ellos podría hacerse la que justifica la necesidad de una nueva protección al derecho a la intimidad.
Al efecto, en la iniciativa que se somete a esta soberanía, se introduce el concepto de tratamiento de datos, concibiendo los ficheros desde una perspectiva dinámica; es decir, no sólo como un mero depósito de datos, sino también y, sobre todo, como una globalidad de procesos o aplicaciones informáticas que se llevan a cabo con los datos almacenados y que son susceptibles, si llegasen a conectarse entre sí, de configurar el perfil personal de un individuo.
El texto del proyecto se estructura con una parte general y otra especial. En la parte general se establecen las normas delimitadoras del ámbito de aplicación de la ley, principios reguladores del acopio, registro y uso de datos personales y, sobre todo, garantías de los titulares o afectados.
Así, el ámbito de aplicación se define por exclusión, quedando fuera de él, por ejemplo, los datos anónimos, que constituyen información de dominio público, los que se recogen como información para darla a conocer al público en general o los de uso estrictamente personal. Igualmente se considera conveniente mantener las regulaciones especiales que contienen ya suficientes normas de protección y que se refieren a ámbitos que revisten una singularidad distinta, como los ficheros electorales y en fin, quedan también fuera del ámbito de la norma aquellos datos que, en virtud de intereses públicos prevalentes, no deben estar sometidos a su régimen cautelar.
Bajo los principios generales se definen también las pautas a las que deberá sujetarse la recolección de datos de carácter personal objeto de tratamiento, pautas encaminadas a garantizar tanto la veracidad de la información contenida en los datos almacenados como la congruencia y la racionalidad de la utilización de los datos. Este principio de la congruencia y la racionalidad, garantizará que los datos no puedan ser usados sino cuando lo justifique la finalidad para la que han sido recabados; su observancia es, por ello, esencial para evitar la difusión incontrolada de la información.
Por su parte, el principio de consentimiento o de autodeterminación, del mismo modo consagrado, otorga a la persona la posibilidad de determinar el nivel de protección de los datos a ella referentes. Su fundamento está constituido por la exigencia del consentimiento consciente e informado del afectado para que la recolección de datos sea lícita y ello, a su vez, se refuerza con la definición de lo que se denominan datos sensibles, que comprenden la ideología, las creencias religiosas, la raza, la salud y la vida sexual de un individuo.
La protección reforzada de estos datos viene determinada porque los primeros de entre los datos mencionados sólo serán disponibles con el consentimiento expreso y por escrito del afectado y los segundos sólo serán susceptibles de ser recopilación mediando dicho consentimiento o una autorización legal expresa, habilitación que, según exigencia del proyecto, ha de fundarse en razones de interés general. Mientras que en todo caso se establece la prohibición de los ficheros creados con la exclusiva finalidad de almacenar datos personales sensibles.
Pero indudablemente que los derechos que se establecen en favor del titular o afectado constituyen los elementos medulares de la parte general y se configuran jurídicamente como derechos subjetivos encaminados a hacer operativos los principios genéricos. Son, por ejemplo, los derechos de autodeterminación, de rectificación y de cancelación los que otorgan virtualidad normativa y eficacia jurídica a los principios consagrados en la parte general, principios que, sin los derechos subjetivos aludidos, no rebasarían un contenido meramente programático.
159,160,161
En concreto, los derechos de impugnación de valoraciones, de consulta, de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición y de indemnización que se definen y delimitan en el texto, constituyen las piezas centrales del sistema cautelar que se propone en el proyecto.
Con objeto de procurar la máxima eficacia de sus disposiciones, en la parte especial del proyecto se propone la creación del registro nacional de protección de datos, como el ente encargado de coadyuvar en el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.
Y para la debida articulación de los extremos concretos que han de regir los ficheros de datos, se distinguen distintos tipos de ficheros, según sea su titularidad pública o privada y simultáneamente, se propone establecer regímenes diferenciados para los ficheros en razón de su titularidad, toda vez que, con toda evidencia, resulta más problemático el control de los de titularidad privada que el de aquellos de titularidad pública.
Otras disposiciones de la parte especial que es pertinente destacar son las que se refieren a la cesión o transmisión de los datos objeto de tratamiento. La protección de la integridad de la información personal se concilia, de esta suerte, con el libre flujo de datos, que constituye una auténtica necesidad de la vida global actual y en cuanto a la transmisión internacional de datos se opta por exigir que el país de destino cuente en su ordenamiento con un sistema de protección suficiente para garantizar la integridad de los datos transferidos.
Mención muy especial merece la regulación de la acción de protección de datos personales o habeas data (exhibe el dato) como una garantía de toda persona para acceder a la información y a los datos que sobre sí misma obren en registros privados u oficiales; para conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad y para solicitar la rectificación o la destrucción de aquéllos, si fuesen erróneos o afectaran ilegalmente sus derechos.
Finalmente, se contempla también un capítulo donde se tipifican diversas figuras delictivas, estableciendo severas sanciones, al que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un fichero de datos personales; al que a sabiendas e ilegalmente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales y al que revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley.
En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Artículo único. Se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales, para quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1o.
Objeto de la ley.
Para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales, así como el acceso a la información que sobre las mismas se recabe, esta ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos sean éstos públicos o privados destinados a dar informes.
Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas morales.
En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.
Artículo 2o.
Ambito de aplicación de la ley.
Las disposiciones de esta ley serán de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento automatizado o no automatizado y a toda modalidad de uso posterior, sea que el tratamiento de estos datos se realice en territorio nacional o en el extranjero cuando la legislación mexicana resulte aplicable de acuerdo con normas de derecho internacional público.
Artículo 3o.
Excepciones al ámbito de aplicación de la ley.
Se excluye del régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en esta ley:
I. A ficheros manipulados por personas morales o físicas particulares en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
II. A ficheros regulados por disposiciones sobre protección de materias clasificadas.
III. A ficheros establecidos para la prevención, investigación y persecución de la delincuencia y crimen organizado.
Artículo 4o.
Regulación especial.
Se regirán por las disposiciones legales específicas:
I. Los ficheros derivados de los servicios nacionales de estadística y de información geográfica, así como los que sirvan para fines exclusivamente estadísticos.
II. Los ficheros originados por la aplicación de la legislación electoral.
III. Los derivados del Registro Civil.
Artículo 5o.
Definiciones.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Datos de carácter personal: cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recolección, registro, tratamiento o transmisión referida a personas físicas o morales determinadas o determinables, identificadas o identificables.
II. Datos sensibles: datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
III. Datos informatizados: los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
IV. Fichero, archivo, registro, base o banco de datos: indistintamente, designan al conjunto organizado de datos de carácter personal sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
V. Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos y sistemáticos de carácter automatizado o no, electrónicos o no, que permitan la recolección, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo, cancelación, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
VI. Responsable del fichero, archivo, registro, base o banco de datos: persona física o moral, de naturaleza pública o privada, que sea titular de un archivo, registro, base o banco de datos, o tenga poder de decisión sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
VII. Encargado del fichero, archivo, registro, base o banco de datos: la persona física o moral, de naturaleza pública o privada, que sola o conjuntamente con otras, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.
VIII. Titular, interesado o afectado de los datos: toda persona física o moral con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.
IX. Usuario de datos: toda persona física o moral, de naturaleza pública o privada, que realice a su arbitrio el tratamiento de datos ya sea en ficheros, archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.
X. Identificación del titular, interesado o afectado de los datos: cualquier elemento que permita determinar directa o indirectamente la identidad física, fisiológica, psíquica, económica, de afiliación política, religiosa, cultural o social de la persona física afectada.
XI. Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.
XII. Transferencia de datos: el transporte de datos entre sistemas informáticos por cualquier medio de transmisión, así como el transporte de soportes de datos por correo o por cualquier otro medio convencional.
XIII. Cesión de datos: toda obtención de datos resultante de la consulta de un fichero, la publicación de los datos contenidos en el fichero, su interconexión con otros ficheros y la comunicación o revelación de datos realizada por una persona distinta de la afectada.
XIV. Disociación de datos: todo tratamiento de datos personales efectuado de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.
XV. Bloqueo de datos: la identificación y reserva de datos con el fin de impedir su tratamiento.
XVI. Datos accesibles al público: los datos que se encuentran a disposición del público en general, no impedida por cualquier norma limitativa y están recogidos en medios tales como censos, anuarios, bases de datos públicos, repertorios de jurisprudencia, archivos de prensa, repertorios telefónicos o análogos, así como los datos publicados en forma de listas de personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan únicamente los nombres, títulos, profesión, actividad, grados académicos, dirección e indicación de su pertenencia al grupo.
XVII. Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una disposición legal limitativa.
CAPITULO II
Principios fundamentales para la
protección
de datos personales
Artículo 6o.
Consentimiento del titular en el tratamiento de datos.
I. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento libre, expreso, informado e inequívoco del afectado.
II. No será necesario el consentimiento del interesado cuando los datos se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; cuando los datos se obtengan exclusivamente de fuentes de acceso público; cuando los datos deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento; cuando se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o provisional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio o se trate y deriven de operaciones que realicen entidades financieras y de las informaciones que reciban directamente de sus clientes.
III. El consentimiento del afectado podrá ser revocado en cualquier momento cuando existe causa fundada para ello.
Artículo 7o.
Tratamiento de datos sensibles.
I. Nadie podrá ser obligado a proporcionar datos sensibles. Cuando para recolectar estos datos se proceda a recabar el respectivo consentimiento, se advertirá al afectado acerca de su derecho a no prestarlo.
II. Sólo por razones de orden público e interés general autorizadas en la ley podrán ser recolectados y sujetos a tratamiento datos sensibles. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas siempre que no identifiquen a sus titulares.
III. Está prohibida la formación de ficheros, archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros. Se exceptúan de esta prohibición los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado.
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IV. Los datos relativos a antecedentes penales o los derivados de controversias judiciales o procedimientos administrativos sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades competentes, con sujeción a las leyes y reglamentos respectivos.
Artículo 8o.
Condición de los datos personales sujetos a tratamiento.
I. Los datos de carácter personal que se recaben para su tratamiento deberán ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos con relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.
II. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades distintas e incompatibles con aquellas para las que los hubieran sido reunidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines puramente históricos, estadísticos o científicos.
III. Está prohibido el acopio de datos de carácter personal para su tratamiento por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.
IV. Los datos sujetos a tratamiento serán exactos y actuales de modo que reflejen con veracidad y precisión la situación personal del afectado. Si ellos resultaren incompletos o inexactos, en todo o en parte, deberán ser suprimidos y sustituidos de inmediato o en su caso completados, por el responsable del fichero, sin perjuicio del derecho de acción de rectificación del afectado.
V. Para su tratamiento los datos personales deberán ser recopilados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular.
VI. Los datos de carácter personal serán cancelados y destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
Artículo 9o.
Derecho de información del afectado en el tratamiento de datos personales.
I. Cuando se recaben datos de carácter personal para su tratamiento, los afectados deberán ser informados en forma expresa e inequívoca de:
a) La finalidad para la que serán tratados y los destinatarios de la información;
b) La existencia del fichero y la identidad y domicilio de su responsable y encargado;
c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga;
d) De las consecuencias de la captura de los datos o de la negativa a suministrarlos;
d) De la legitimidad del titular a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (sic).
II. En el texto de los cuestionarios o impresos que se utilicen, se consignarán los derechos a que se refiere la fracción anterior.
III. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados directamente del titular, éste deberá ser informado por el responsable o encargado del fichero dentro de los 30 días siguientes al momento del registro de los datos.
IV. No se aplicará lo dispuesto en la fracción anterior, cuando expresamente una ley así lo disponga o cuando el tratamiento tenga una finalidad exclusivamente históricos, estadísticos o científicos; o cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento, así como de los derechos que le asisten.
Artículo 10.
Datos de carácter personal relativos a la salud.
Las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de la materia, respetando los principios del secreto profesional.
Artículo 11.
Deber de confidencialidad del responsable y encargados del fichero.
El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular. El responsable podrá ser relevado del deber de confidencialidad por resolución judicial o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.
Artículo 12.
Medidas de seguridad de los datos de carácter personal objeto de tratamiento.
El responsable del fichero y en su caso, el encargado del tratamiento deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
II. Está prohibido el tratamiento de datos de carácter personal en ficheros que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.
Artículo 13.
Terceros frente á datos de carácter personal objeto de tratamiento.
I. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.
II. El consentimiento que exige la fracción anterior no será necesario:
a) Cuando la cesión está expresamente autorizada en una ley.
b) Cuando se trate de datos obtenidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica de la que sea parte el titular, cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad de la relación contractual.
d) Cuando la comunicación sea requerida por una autoridad judicial.
e) Cuando la cesión se produzca entre entidades de la Administraciones Pública Federal y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines puramente históricos, estadísticos o científicos.
f) Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación.
g) Cuando la comunicación de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación de la materia.
III. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero, cuando la información que se facilite no satisfaga la finalidad que motivó la autorización.
IV. Es revocable el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero.
V. El tercero cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el titular de los datos de que se trate.
VI. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a la información cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento necesario al mantenimiento o funcionamiento del fichero.
VII. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá regularse mediante contrato, en el que se estipulará:
a) Que el tercero encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato ni los comunicará a otras personas.
b) Que una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
c) Que en el caso de que el tercero encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.
Artículo 14.
Transferencia internacional de datos de carácter personal objeto de tratamiento.
I. Está prohibida la transferencia temporal o definitiva de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento con países u organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados.
II. Los niveles adecuados de protección que ofrece el país de destino se evaluarán atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la transferencia o categoría de transferencia de datos y en particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino final, las normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate.
La prohibición contenida en la fracción I no se aplicará en los siguientes supuestos:
a) Colaboración judicial internacional;
b) Cuando la transferencia internacional de datos de carácter personal resulte de la aplicación de tratados o convenios en los que México sea parte;
c) Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público;
d) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado o una investigación epidemiológica;
e) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme a la legislación de la materia;
f) Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico;
g) Por el consentimiento expreso del afectado.
CAPITULO III
Prerrogativas de los de titulares
Artículo 15.
Derecho de consulta al Registro Federal de Protección de Datos.
Toda persona tiene derecho a solicitar del Registro Federal de Protección de Datos información relativa a la existencia de ficheros, archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables y encargados. El Registro será de consulta pública y gratuita.
Artículo 16.
Derecho de acceso a ficheros por el titular de los datos.
I. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en ficheros públicos o privados destinados a proveer informes.
Il. El responsable o encargado del fichero debe proporcionar la información solicitada dentro de los 20 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Vencido el plazo sin que se satisfaga la petición o si desahogado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales prevista en esta ley.
III. En caso de fallecimiento del titular, el ejercicio de este derecho corresponderá a sus sucesores legítimos.
165,166,167
Artículo 17.
Condición de la información que se proporcione al titular de los datos.
I. La información que solicite el titular de los datos debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de una explicación en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población.
II. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado.
III. A petición del titular, la información podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen u otro idóneo a tal fin.
Artículo 18.
Impugnación de valoraciones de datos personales.
I. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas, no podrán tener como único fundamento los elementos derivados del tratamiento de datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del afectado.
II. Las resoluciones y los actos que resulten contrarios a la disposición precedente serán nulos de pleno derecho.
III. El afectado está legitimado para impugnar las resoluciones y los actos administrativos que impliquen una valoración de su comportamiento y tengan como único fundamento un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o personalidad.
Artículo 19.
Derechos de rectificación, actualización y cancelación de datos de carácter personal.
I. El afectado tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, cancelados o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular en un fichero.
II. El responsable o usuario del fichero debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de 20 días naturales a la fecha de recepción de la reclamación o de advertido el error o falsedad.
III. El incumplimiento de la obligación por parte del responsable del fichero, legitimará al afectado para ejercer la acción de protección de los datos personales o de habeas data prevista en la presente ley.
IV. En el supuesto que existiere cesión o transferencia de datos, el responsable o usuario del fichero debe notificar la rectificación o cancelación al cesionario dentro de los 10 días siguientes a efectuado el tratamiento del dato.
V. La cancelación no procede cuando cause perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.
VI. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario del fichero deberá o bien bloquear el archivo o consignar al proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión.
VII. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular de los datos.
VIII. En forma fundada, los responsables o usuarios de ficheros deberán denegar el acceso, rectificación o la cancelación de datos:
a) Cuando así lo exija el interés público, por razones de seguridad nacional, seguridad pública o para proteger derechos legítimos de terceros.
b) Cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso.
Artículo 20.
Gratuidad en la rectificación, actualización y cancelación de datos de carácter personal.
La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que obren en ficheros públicos o privados se efectuará de forma gratuita para el interesado.
Artículo 21.
Derecho a indemnización.
I. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daños, perjuicios o lesión en sus bienes o derechos, tendrán derecho a ser indemnizados.
II. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la acción de reparación del daño se promoverá ante el juez de lo civil del orden común del domicilio del afectado, sin perjuicio de aplicar el régimen de sanciones y responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
III. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercerá ante el juez de lo civil del orden común del domicilio del afectado.
CAPITULO IV
Del Registro Nacional de Protección de Datos
Artículo 22.
Registro Nacional de Protección de Datos.
I. Se crea el Registro Nacional de Protección de Datos como un ente integrado al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
II. Serán objeto de inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos:
a) Los ficheros de que sean titulares las entidades de los poderes de la Unión.
b) Los ficheros de titularidad privada.
c) Las autorizaciones a que se refiere la presente ley.
d) Los datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Artículo 23.
Funciones del Registro Nacional de Protección de Datos.
I. Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente ley y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;
II. Dictar circulares que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley;
III. Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos regulados por la ley y mantener el registro permanente y actualizado de los mismos;
IV. Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;
V. Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que se le requieran.
CAPITULO V
De los responsables, encargados y
usuarios de ficheros
Artículo 24.
Registro e inscripción de ficheros.
I. Todo fichero, base o banco de datos público o privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el Registro Nacional de Protección de Datos.
II. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información:
a) Nombre y domicilio del responsable y encargado;
b) Características y finalidad del fichero;
c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;
d) Forma de recolección y actualización de datos;
e) Destino de los datos y personas físicas o morales a las que pueden ser transmitidos;
f) Modo de interrelacionar la información registrada;
g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de la información;
h) Tiempo de conservación de los datos;
i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos.
III. Ningún usuario de datos podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los declarados en el registro.
Artículo 25.
Ficheros de titularidad pública.
I. Las disposiciones sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
II. Las disposiciones respectivas deben precisar:
a) Características y finalidad del fichero;
b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;
c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;
d) Estructura básica del archivo, informatizado o no y la descripción de la naturaleza de los datos personales que contendrán;
e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;
g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión.
Artículo 26.
Supuestos especiales de ficheros.
I. Quedarán sujetos al régimen de la presente ley, los datos personales que por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente en los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquéllos sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de datos a las autoridades administrativas o judiciales que los requieran en virtud de disposiciones legales.
II. El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia, sin consentimiento de los afectados, queda limitado a aquéllos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquellos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la investigación o persecución de los delitos. Los archivos, en tales casos, deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.
III. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.
Artículo 27.
Ficheros de titularidad privada.
Los particulares que formen ficheros, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse en el Registro Nacional de Protección de Datos.
Artículo 28.
Prestación de servicios informatizados de datos personales:
I. Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento de datos personales, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios ni cederlos a otras personas.
II. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización expresa de aquél por cuenta de quien se prestan tales servicios o cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un periodo de hasta dos años.
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CAPITULO VI
Acción de protección de los datos personales o de habeas data
Artículo 29.
Procedencia y objeto de la acción.
La acción de protección de los datos personales o de habeas data procederá:
I. Para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes y de la finalidad de aquellos;
II. En los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, cancelación, confidencialidad o actualización.
Artículo 30.
Legitimación activa y pasiva para el ejercicio de la acción.
La acción de protección de los datos personales o de habeas data podrá ser ejercida por el afectado o sus representantes y procederá respecto de los responsables, usuarios y encargados de ficheros de titularidad pública o privada destinados a proveer informes.
Artículo 31.
De la competencia para el ejercicio de la acción.
Es competente el juez de lo civil del orden común del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del afectado.
Artículo 32.
Procedimiento aplicable.
La acción de protección de los datos personales o de habeas data se tramitará según las disposiciones de la presente ley y por el procedimiento establecido para los juicios ordinarios civiles en la legislación local aplicable.
Artículo 33.
Requisitos de la demanda y medidas preventivas.
I. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable o usuario del mismo. En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.
II. El actor deberá exponer los motivos por los cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta.
III. Desde la presentación de la demanda el afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.
IV. El juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate.
Artículo 34.
Disposiciones del trámite.
I. Admitida la acción el juez requerirá al responsable del fichero, registro o banco de datos la remisión de la información concerniente al actor. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.
II. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser ampliado a criterio del juez.
Artículo 35.
Contestación del informe.
Al contestar el informe, el responsable del fichero, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquéllas por las que no evacuó en términos de esta ley el pedido efectuado por el afectado.
Artículo 36.
Ampliación de la demanda.
Contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando la cancelación, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos personales, en los casos que resulte procedente conforme a la presente ley. De la ampliación de la demanda se dará traslado al demandado por el término de tres días.
CAPITULO VII
De los delitos
Artículo 37.
Se impondrá sanción de uno a tres años de prisión:
I. Al que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un fichero de datos personales.
II. Al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un fichero de datos personales.
Artículo 38.
Se impondrá sanción de dos a cinco años de prisión:
I. Al que a sabiendas e ilegalmente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un fichero de datos personales;
II. Al que revelare a otro información registrada en un fichero o banco de datos personales, cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2001.— Diputado federal, Luis Miguel Barbosa Huerta.»
| La Presidenta: |
Gracias a usted, señor diputado.
Y de acuerdo a su petición, insértese totalmente el contenido de la iniciativa presentada y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
LEYES
DE REFORMA
La Presidenta:
Pasando al punto de efemérides, tenemos registrados para hacer uso de la palabra y conmemorar la proclamación de las Leyes de Reforma, a las siguientes legisladoras y legisladores: María Cristina Moctezuma Lule, José Manuel del Río Virgen, David Augusto Sotelo Rosas y José Francisco Yunes Zorrilla.
Tiene la palabra la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros:
El Siglo XIX constituye una de las épocas de mayor trascendencia en la vida política social y económica de la República Mexicana, ya que acontecieron numerosos cambios que transformaron radicalmente el curso de nuestro país.
Este 6 de septiembre conmemoramos la proclamación de las Leyes de Reforma, uno de los pilares que han servido de base para plasmar en nuestra Constitución, algunas de las garantías individuales fundamentales, como son la libertad de culto y la educación laica, que dieron mayor igualdad a la ciudadanía y que son el resultado de un nuevo concepto de Estado, en el que se somete a la sociedad religiosa al poder civil.
Hablar de las Leyes de Reforma, es hablar necesariamente de Benito Juárez, Lerdo de Tejada y José María Iglesias, personajes quienes gestaron con sus leyes al movimiento reformista, tras haber padecido un periodo de inminente intervención por parte de la Iglesia, el ejército colonial y los grupos privilegiados, con objeto de conservar las estructuras coloniales, que consagraban una gran desigualdad.
De esta forma la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, del 23 de noviembre de 1855, más conocida como la Ley Juárez, suprimía los tribunales especiales, con excepción de los eclesiásticos y los militares. Sin embargo, restringía el poder de éstos al permitirles solamente intervenir en los asuntos relacionados a la Iglesia o al Ejército, respectivamente.
La Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedades de las corporaciones civiles y religiosas, expedida el 25 de junio de 1856, más conocida como Ley Lerdo, tenía como características principales, que la propiedad de todo predio urbano o rural, que perteneciera a corporaciones eclesiásticas y civiles, sería asignada a los respectivos inquilinos y arrendatarios. Antes de la aplicación de la Ley Lerdo, las propiedades se encontraban concentradas en manos de la Iglesia y de corporaciones civiles, que al poseer tantos terrenos, dejaron de preocuparse por la explotación de éstos y se dedicaron solamente a cobrar su renta, lo cual había provocado un gran retraso económico.
Por otra parte, la Ley de Remuneraciones Parroquiales, expedida el 11 de abril de 1857, más conocida como Ley Iglesias, prohibía el cobro por la presentación de servicios parroquiales a aquellas personas que no ganaran más que lo preciso para vivir e imponían castigos para los curas que la infringieran.
Con todo esto, observamos que con las Leyes de Reforma, se intentó ayudar a los más desprotegidos del país, despojando a los ricos y a la Iglesia de todas sus propiedades, repartiéndolas a los más necesitados, además de decretar la separación de Iglesia y Estado y, más aún, la sujección de una al otro.
Se establecieron leyes, pero con un carácter social también: la del matrimonio y registro civil, la secularización de los cementerios, la libertad de culto y la reducción de festividades religiosas. En su conjunto, estas leyes fueron proclamadas por el presidente Juárez el 6 de septiembre de 1860, culminando así un proceso de más de 40 años, encaminado a limitar los privilegios del clero.
Hoy el Estado laico contemporáneo acepta no ser instancia definitoria de verdades ni de normas morales, sino sólo tener responsabilidades prácticas, orientadas a garantizar la convivencia justa y armoniosa. La laicidad no debe pretender imponer a los ciudadanos ninguna religión, así como tampoco irreligión alguna, sino debe ir enfocada a la plena libertad de ideologías y creencias.
Asimismo, el principio de laicidad política se traspone al orden educativo como principio de neutralidad en donde debe haber una conciliación entre ésta con la libertad de conciencia de los educandos, ya que las convicciones religiosas, arreligiosas o irreligiosas, entran con cada niña o niño a la escuela, seguidas por la legítima vigilancia de sus padres respecto a la educación que reciben sus hijos.
Deberíamos aspirar a que las diversas familias de pensamientos del país, incluyendo a la Iglesia católica, comprendan los valores positivos de la laicidad y de parte del Estado, deberíamos también aspirar a que integre en la conciencia de su identidad laica la memoria religiosa nacional.
Cuando logremos una legitimación recíproca, cuando logremos esta acción social del Estado y de la acción de las iglesias, tendremos orientaciones normativas más amplias, asimiladas y podremos hacer converger las grandes tradiciones éticas de nuestro pasado: la religión y las seculares. En la solución de estos retos, una laicidad redefinida podrá movilizar a la sociedad plural por arriba de diferencias ideológicas hacia la consecución de objetivos comunes.
Hoy podemos observar que el actual Gobierno ha mantenido estrechos lazos con los jerarcas de la Iglesia católica en nuestro país; sin embargo; creemos que no se deben olvidar aquellos principios consagrados en las Leyes de Reforma y con ello dar marcha atrás a muchos logros obtenidos. De nosotros depende que hoy más que nunca, estas leyes no pierdan su vigencia.
La opinión de nuestro grupo parlamentario, es que las Leyes de Reforma fueron el resultado de la lucha entre liberales y conservadores, que con un buen fin llevaron al país a tratar de lograr un equilibrio más de igualdad y más de orden.
Es por lo anterior que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México rememora este acontecimiento tan significativo para México, pues es un parteaguas en nuestra historia, otorgándole al Estado mexicano la titularidad absoluta de la soberanía nacional.
Muchas gracias, señora Presidenta.
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| La Presidenta: |
Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen.
Con su permiso, señora Presidenta:
Para Juárez nuestro respeto, para esta Cámara también nuestro respeto.
A nombre del los diputados: Juan Carlos Regis, del Partido del Trabajo; José Delfino Garcés, Sergio Acosta, José Antonio Calderón y el de la voz, para Juárez nuestro respeto.
Cuando el presidente Juárez se encontraba presionado por las difíciles circunstancias que imperaban durante su mandato, decidió decretar una serie de leyes en las que radicalizaba aún más su política; por medio de esas leyes se estableció la separación de la Iglesia con el Estado, ya que la Iglesia tenía en sus manos la mayor parte de la actividad económica, pues era propietaria de innumerables bienes. Pero dejó de preocuparse por su explotación, lo que provocó un enorme retraso económico en el país.
La respuesta del Estado ante estas circunstancias fue la supresión de las corporaciones del clero regular y de los sacerdotes secularizados; se extinguieron también las cofradías y todas las corporaciones religiosas; se expropiaron a favor de la nación todos los bienes administrados por el clero; la remuneración que hacían los fieles a los sacerdotes por los servicios religiosos se convirtió en materia privada y la autoridad civil ya no podía intervenir en ellas. Se decretó además, la Ley del Registro y del Matrimonio Civil.
Estos cambios pretendían crear una nueva relación del Estado y con la sociedad, para ayudar a los más pobres que como ahora eran los campesinos. Fue una época difícil, de muchos cambios y revueltas, los liberales pensaron que esta resolución haría desaparecer uno de los errores económicos que contribuyó a mantener estancada la propiedad e impedir el desarrollo de las artes y de la industria.
Pretendían a su vez que los tribunales eclesiásticos y militares solamente pudieran intervenir en asuntos relacionados con la Iglesia o el Ejército, sin que intervinieran en la vida de todos los mexicanos, dejando que los tribunales del Estado resolvieran los asuntos entre particulares.
Las Leyes de Reforma fueron resultado de una lucha entre liberales y conservadores, cuyo principal objetivo era lograr la igualdad en nuestro país e imponer el orden.
Es momento, es momento como entonces, de cambiar el rumbo de la nación con dinamismo, aun en contra de la cerrazón de quienes pretenden mantener el statu quo por serles benéfico.
La igualdad que buscaron las Leyes de Reforma, debe hacerse presente ahora también en esta Cámara de Diputados. Debemos crear un parlamentarismo acorde a los tiempos modernos, como una obligación que el pueblo nos reclama, en la posición de representantes que tenemos.
Se debe establecer un sistema de rendición de cuentas del honorable Congreso y racionalizar los procesos legislativos y emitir un balance que hable de las actividades de cada uno de nosotros como legisladores. El pueblo, nuestro pueblo, exige saber cuál es la efectividad de sus representantes en el Congreso. La sociedad civil se encuentra deseosa de participar en la construcción de su destino colectivo. No podemos seguir difiriendo, escondiendo y soslayando esta responsabilidad.
El Poder Legislativo debe ejercer sus funciones de vigilancia del Ejecutivo porque lo ordena la Constitución, pero también porque debemos de tener una autoridad moral a prueba de toda cosa. La rendición de cuentas entonces, debe hacerse efectiva hacia el pueblo y para el pueblo.
Es imperativo que haya una explicación de los recursos que se asignan a las fracciones parlamentarias: ¿cómo se otorgan? ¿Quién las decide? Tan sólo basta con señalar desde esta alta tribuna, la construcción en la planta baja del edifico "B", de un remanso de relajación y recreo, donde se instalan mesas para masajes, salones de vapor con regaderas de alta presión, que no corresponde al trabajo republicano que debemos de ejercer.
Muchos diputados, secretarios técnicos y asesores, despachan hacinados en espacios tan reducidos que su tamaño se pelea como en los reclusorios. Señalamos que inclusive aquí en San Lázaro, hay oficinas que tienen baño privado, que son utilizados por personas que no sabemos qué hacen y que no se debe tolerar. Que mientras la productividad de esta Cámara es baja, existan todavía pretensiones de las fracciones, de tener áreas de diversión o de distracción, como el salón Vip, que se encuentra ubicado en el tercer piso o el salón de billar de otras fracciones.
Debemos, compañeras y compañeros diputados, evitar a toda costa que próximamente se vaya a instalar aquí un diputable. Venimos aquí sólo para legislar, compañeras y compañeros, no para regocijar.
Por la sociedad rindamos cuentas y como el Benemérito de las Américas, transparencia. Responsabilidad republicana y productividad nos calificarán.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado David Augusto Sotelo Rosas, para referirse al mismo tema que se está conmemorando.
Muchas gracias, señora Presidenta; señores diputados:
La generación de los hombres de la reforma ha dado a este país y a la historia universal ejemplo de congruencia, ejemplo de altura de miras y compromiso con la nación, compromiso con la patria mexicana.
No es ni fue fortuito el que estos hombres operaran los grandes cambios que la nación mexicana en el Siglo XIX exigía. Conscientes de ello, en el periodo de 1855 a 1863 establecieron diversas medidas que vinieron a dar nueva forma, por eso es reforma, al Estado mexicano.
En el aspecto político, el establecimiento del sistema federal, la independencia de los poderes que conforman el Gobierno y el sufragio universal. La libertad de trabajo, de comercio, de prensa, de enseñanza y, finalmente, de conciencia.
En el aspecto social, lucharon por la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Nadie por encima de la ley, la cual llevaba aparejada la abolición de fueros y privilegios y es necesario recalcarlo porque las efemérides no solamente son el recuento o la rememoración de eventos pasados, sino deben ser la columna vertebral que oriente a los diputados del Congreso mexicano sobre su actuación parlamentaria y legislativa en los actuales momentos de la nueva agenda de la política mexicana.
Hoy, hoy que vienen nuevos embates de los neocristeros, abanderando y proclamando la libertad y fueros. Por eso las Leyes de Reforma en el aspecto social propugnaron por el reconocimiento de que el matrimonio era un contrato civil regulado por el Estado y, finalmente, la secularización de la vida de las personas en lo relativo al registro de nacimientos, matrimonio, adopción y defunción.
En el aspecto económico pugnaron estas reformas por lograr la libre circulación de la riqueza, desamortizar los bienes de las corporaciones civiles y religiosas, permitir la libertad testamentaria, nacionalizar los bienes eclesiásticos, fomentar la colonización y la inversión que harían posible mejorar la producción, la agricultura y el comercio.
Gracias a estas reformas se hizo posible que durante la presidencia de Lerdo de Tejada los principios se elevaran a rango constitucional y éstos fueran sostenidos por los liberales puros, la separación de la Iglesia y del Estado, el reconocimiento de que nosotros, los ciudadanos, somos iguales ante la ley.
Los diputados que me han antecedido en la palabra han hablado sobre las diferentes leyes: la ley Juárez, la ley Lerdo, entre otras. Tiempo después vino la guerra denominada de Reforma y entonces la restauración de la República, si la entendemos como el regreso a las formas republicanas. Pero Juárez y los hombres de la Reforma crearon, a nuestro parecer, la segunda República.
Hoy que estamos conmemorando estas leyes que han dado rumbo y que son paradigma de la nación las debemos de tomar, a ellas y a los hombres de la Reforma, como ejemplo para nosotros mismos. Legislaturas van y legislaturas vienen. Esta legislatura no se ha significado por nada importante que esté demandando el pueblo de México, para orientar el rumbo, para dar nueva forma a nuestras instituciones.
Hemos desnaturalizado el Congreso porque ni siquiera tenemos una Ley Orgánica que dé presencia, que dé el debate político y parlamentario en esta legislatura y en este Congreso. Hay disociación en nuestra Ley Orgánica y el Reglamento, hay pareceres distintos de distintos diputados, de los distintos partidos políticos, por el manejo de los recursos materiales, humanos y financieros en esta Cámara. Así, no nos podemos poner de acuerdo. Necesitamos regresar a la esencia del Congreso mexicano, necesitamos volverlo a dotar de vitalidad, de dinamismo. Hay perdidas en las comisiones innúmeras iniciativas de diputados de otras y de esta legislatura y no hemos abordado el problema toral de la nación: el proyecto nacional.
Por eso hoy, cuando estamos conmemorando las Leyes de Reforma, debiéramos tomar ejemplo de aquellos héroes, de aquellos hombres, de aquella generación, que supo actuar en su momento y supo la responsabilidad histórica que tenía.
Estamos a tiempo, señores diputados, amigos y compañeros, de retomar el rumbo del proyecto nacional, porque así nos lo exige el pueblo de México. No solamente en los hombros del titular del Poder Ejecutivo se encuentra el rumbo de la nación; se encuentra, precisamente, en la de nosotros, en el Poder Legislativo.
De la República del silencio con aplausos, ahora tenemos una República de la palabra, pero sin ideas. ¡Construyamos las ideas y construyamos el proyecto nacional!
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para finalizar la conmemoración de la proclamación de las Leyes de Reforma hará uso de la palabra el diputado José Francisco Yunes Zorrilla.
Con su permiso, señora Presidenta; con el permiso de las señoras y los señores diputados.
Y agradeciéndoles de antemano la atención que se sirvan prestarle a estas palabras que voy a leer:
Siempre será un honor hacer uso de la voz desde esta tribuna, entre muchas razones porque simboliza el encuentro de los distintos proyectos de nación que a lo largo del tiempo muchos mexicanos han querido instaurar a través del debate, porque significa el lugar no obstante los lapsos de interrupción democrática y los cambios de sede por donde han transitado brillantes generaciones de congresistas, las cuales desde aquí sentaron las bases formales del país socialmente avanzado, representativo y democrático que nos comprende.
Es un honor presentarme en esta tribuna, porque ésta sintetiza el sitio de la disputa intelectual que ha propiciado la construcción del México maduro, activo, contestatario y heterogéneo que vivimos en la actualidad.
Este día aprovecho este escenario para junto con ustedes recordar y reconocer a aquellos mexicanos a quienes sus acciones públicas han salvado del olvido y les han abierto un espacio en el reconocimiento nacional.
Para los integrantes de la fracción parlamentaria a la que pertenezco, representa un acto de justicia y de congruencia destacar a la generación de políticos que un día como hoy pero de 1860 promulgaron las leyes que reformaron de una vez y para siempre la vida cívica y económica del país durante el siglo decimonónico.
Es un acto de justicia, porque su participación política y su responsabilidad pública nos legó a los mexicanos de los años venideros instituciones sociales fundadas en reglas claras, las cuales reivindicaron al individuo por medio del derecho.
Para nosotros también es un acto de congruencia destacar los esfuerzos de esta generación, porque para nadie es extraño que los miembros de la fracción a la que pertenezco encontramos en los postulados de los reformadores del Siglo XIX algunos de los referentes políticos fundamentales de nuestra propuesta.
Como miembros de un grupo parlamentario que ha ejercido el poder, hemos ratificado y protegido la expresión política que emanó de la reforma y que se manifiesta tanto en la igualdad de todos ante la ley, como en la libertad que a todos nos asiste para decir, decidir, pensar y especialmente creer. Expresión política ligada con la defensa de la soberanía nacional, con el diseño de una realidad seglar y con la promoción de la República como forma de gobierno y del federalismo como sistema de organización política.
Ahora que celebramos un aniversario más de la promulgación de las Leyes de Reforma, no podemos soslayar lo que en su momento representó este importante acontecimiento político, significó el tránsito hacia la modernidad, superar un entorno agotado y asumir las nuevas formas de definición social que proliferaban con éxito en otras latitudes.
Las Leyes de Reforma implicaron una profunda transformación institucional, no sin temibles colapsos y con la sin razón entre hermanos; los costos fueron vastos, pero las lecciones certeras y elocuentes.
El entorno que explica los acontecimientos reformistas de mediados del Siglo XIX presenta un acontecer radicalizado por la intolerancia, un escenario fuertemente enfrentado, sin el andamiaje institucional necesario para desahogar los resentimientos de clase, los fanatismos de cualquier índole y las ideologías antagónicas.
Por un lado, grupos sociales privilegiados ostentaban el dominio del ejercicio gubernamental, inmersos en una práctica política sustentada en el centralismo, decididamente apegada a las costumbres de la madre patria y de la Iglesia, relacionada con los grandes capitales y las poderosas inversiones. Por el otro, una clase media incipiente, vinculada con los sectores ilustrados de la sociedad y también con aquellos núcleos sociales más desprotegidos; una parte del México predominantemente mestizo, federalista y laico, dispuesto a hacerse notar y a participar. Se descartaron los mecanismos políticos, el desastre nacional no tardaría en aparecer.
En medio de polos con diferencias tan difíciles de salvar, después de varios intentos de soluciones por la vía democrática, la descalificación irresponsable, el descontrol el manejo de los ánimos, la cerrazón en el diálogo empujó hacia lo inevitable y mientras nuestro país resolvía sus controversias de la manera más rudimentaria y aberrante, mediante una guerra civil, simultáneamente desde el puerto de Veracruz, la reforma se hacía.
El conjunto de disposiciones legales conocidas como Leyes de Reforma, tienen dos precedentes dignos de mención, la Ley Juárez, promulgada el 25 de noviembre de 1855 tendiente a reformar la administración de justicia para que se abolieran los fueros militares y eclesiásticos y así poder someter a las clases privilegiadas a la jurisdicción de los tribunales civiles y del derecho común y la Ley Lerdo, promulgada el 25 de junio de 1856, la cual liquidaba los bienes raíces del clero y minaba el monopolio territorial más extenso de México a través de la desamortización de las fincas rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y religiosas.
Ya en Veracruz, el presidente Benito Juárez formalizó lo anterior, promulgando entre julio y agosto de 1859 las siguientes leyes: Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero Secular y Regular, Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes y Extinción de Corporaciones Religiosas, Ley del Matrimonio Civil; Ley del Registro Civil y Secularización de Cementerios; Ley de Limitación de Días Festivos y Prohibición de Asistencia Oficial a ceremonias religiosas por funcionarios públicos.
Posteriormente a este primer grupo de leyes provinieron la Ley de Libertad de Cultos fechada el 4 de diciembre de 1860 y la Ley de Secularización de Hospitales y Establecimientos de Beneficencia vigentes el 2 de febrero de 1861.
Definitorios para nuestra vida cívica y nuestro devenir político resultaron los acontecimientos en estados entre 1857 y 1861. Durante este intervalo México experimentó una profunda reforma tanto en sus prácticas públicas como en sus instituciones.
Esta es la época sustantiva donde desde la Constitución General de la República y leyes secundarias se consagran las libertades de manifestación de opiniones e ideas, de enseñanza, de circulación y de asociación; es el momento donde se plasman las garantías individuales relacionadas con el juicio de amparo, con la abolición de fueros y tribunales especiales, con la suspensión del encarcelamiento por deudas y con el derecho a la defensa en cualquier juicio.
Sin arrogarnos la propiedad de ninguno de los logros sociales de esa época y sin caer en el exceso de pretender vincular a nuestro organismo político con las decisiones tomadas muchos años de su fundación, es incuestionable también que como fracción parlamentaria hemos sido vehementes continuadores, en los hechos, más allá de las palabras de una visión de gobierno comprometida con el estado laico, democrático y federal, dispuesta a ampliar el alcance de las libertades más elementales y a definir nuevos esquemas para que entre todos florezca el principio de la igualdad con todas sus fuerzas.
Durante prácticamente todo el Siglo XX a través de medidas orientadas desde el Gobierno se consolidaron y adecuaron a la nueva realidad nacional, todos los valores forjados en los intempestivos años de la reforma.
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A lo largo del Siglo XX los gobiernos revolucionarios jamás permitieron posibilidad alguna de retroceso en la vigencia de los principios esenciales que con sangre se apuntalaron. Por el contrario, el Siglo XX es el escenario donde junto a esos logros sociales heredados, coexiste una posición de gobierno consecuente continuadora, la cual afianzó a la educación y a la salud como un derecho universal, una posición de gobierno que repartió más de la mitad del territorio nacional por medio de la otra reforma, la agraria.
Una posición de gobierno protectora de la propiedad de la nación, de los derechos de los trabajadores y de la seguridad social; una posición de gobierno que le ofrece al México del nuevo siglo los beneficios de instituciones consolidadas garantes de convivencia diaria y principalmente artífices de la solución pacífica y civilizada a las controversias y vicisitudes entre personas y grupos, instituciones que tienden a dificultad la violencia y la intransigencia.
Lo repito con respeto, los gobiernos subsecuentes del Siglo XX consumaron la reforma decimonónica, la enriquecieron, no la contrariaron y sí la continuaron hasta llegar al México de alternancia pacífica de consistencia económica y de movilidad social que hoy está a los ojos de todos y que nadie con objetividad puede negar.
Con nuestra disposición, sin renunciar a la defensa de la corriente histórica que representamos con todas sus expectativas y conquistas, los priístas hemos sabido desempeñarnos en las funciones legislativas para no dañar al país en su conjunto, con esta mentalidad abordaremos la propuesta de reforma de Estado y el acuerdo político nacional propuesto por el Ejecutivo Federal.
Con nuestra disposición al diálogo, con nuestro deseo de construir, con respeto a las decisiones institucionales que tanto le han costado a este país, en tan importantes días, los priístas recordamos y reconocemos a quienes con sus actos han logrado enaltecer nuestra historia.
Gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
NUEVA
HACIENDA PUBLICA DISTRIBUTIVA
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día
se refiere a proposiciones y tenemos en primer lugar, la proposición que presentará el
señor diputado José Antonio Calderón Cardoso, el cual tiene la palabra para presentar
una proposición con punto de acuerdo sobre la Nueva Hacienda Pública Distributiva del
Ejecutivo Federal.
El diputado
José Antonio Calderón Cardoso:
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados, amigos que nos acompañan:
Los suscritos diputados, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez y José Antonio Calderón, integrantes de la representación parlamentaria del Partido Alianza Social, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se presenta la propuesta alternativa a la Nueva Hacienda Pública Distributiva presentada por el Ejecutivo Federal, bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El crecimiento económico nacional es, hoy día, lamentable y mientras se pronostican crecimientos futuros por parte del Gobierno Federal, las condiciones de vida de la población desmienten esos pronósticos a diario: quien ha perdido el empleo lo busca sin encontrarlo; el que ha desertado en la escuela en cualquier nivel por no poder solventar los gastos que asistir a la escuela implica; el que enferma o ha estado enfermo y no tiene ingreso suficiente para adquirir sus medicamentos y que sólo tiene la opción de comprarlos por no contar con seguridad social y, la de millones de niños, jóvenes y ancianos que dependen de una persona que hoy no encuentra trabajo. Todos ellos, la mayor parte de la población mexicana, no pueden esperar el futuro, hoy se tiene que comer, hoy se está enfermo, hoy se necesitan ingresos.
La sociedad mexicana decidió un cambio de Gobierno porque estaba desilusionada del mañana y del después.
Es natural, por otra parte, que un gobierno necesita recursos para solventar sus gastos, pero vistas y revisadas las iniciativas de ley componentes de la Nueva Hacienda Pública, así como del estudio realizado por la diputación y asesores, militantes y demás personas que apoyaron, acordamos, Alianza Social, manifestar nuestra rotunda negativa para implementar una política fiscal recaudatoria restrictiva a la inversión y orientada a reducir aún más el pobre ingreso y bajo poder adquisitivo del salario actual.
A nuestra consideración, la propuesta del Ejecutivo no va orientada al crecimiento de la paz impositiva ni a la protección y mejora de los niveles de vida de los mexicanos, más bien parece dirigida a implementar la política del Banco Mundial garantizando la liquidez necesaria que permita al Gobierno cumplir en el futuro inmediato con el religioso pago de la voluminosa deuda pública interna internacionalizada y de la deuda externa pública, preocupaciones fundamentales del sector financiero mundial.
Para resolver los grandes atrasos nacionales, es necesario solucionar los graves problemas que existen en materia fiscal. Sobre el particular, coincidimos con el Ejecutivo y con otros partidos en la urgencia de implementar un sistema tributario redituable donde la evasión fiscal no sea lo mayoritario; así como coincidimos con la ampliación de la base tributaria, la diferencia está en la aplicación de la reforma en lo referente al cuándo, al cómo y a las prioridades de la reforma fiscal.
El pase está por una reforma a favor de México y no de la usura.
Sobre estas bases señalamos que es importante mantener la estructura actual de tasas del IVA en educación, alimentos, medicinas y libros; la revisión de la tasa fronteriza del 6% y 10% para uniformizarla; la implementación de un régimen tributario justo, proporcional y equitativo, como lo establece la Constitución.
Es justo, proporcional y equitativo el principio fiscal que establece que: "quien más tiene, más debe pagar", por lo tanto se debe establecer un régimen tributario realmente justo y proporcional sobre los que más tienen y puedan gastar y no sobre los que no pueden gastar ni siquiera con el mínimo de la subsistencia humana.
Es cierto que hay 40 millones de pobres de los cuales 25 millones están en extrema pobreza, pero nos preguntamos: ¿cuántos mexicanos están desnutridos por no tener el ingreso necesario para tener acceso a los alimentos adecuados y estar debidamente nutridos?
La argumentación teóricatécnica de la Secretaría de Hacienda que está contenida en el documento distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles, de ingreso de las familias, sostiene que existe una desigualdad en la distribución del ingreso, así como un gasto centralizado en los deciles que corresponden a las familias de mayores ingresos.
En esencia, por medio de esos argumentos se sostiene que se deben de eliminar las exenciones y las tasas preferenciales en todos los productos básicos y similares que son consumidos por todos, porque las familias de mayores ingresos, al tener más dinero consumen más y dentro de ese mayor consumo se encuentran productos y servicios exentos y por lo tanto se ven más beneficiadas con las exenciones, mientras los que menos ingresos tienen no pueden gastar más allá de sus elementales requerimientos.
Esta situación conforma una desigualdad y según la Secretaría de Hacienda debe ser resuelta eliminando las exenciones y haciendo que todos paguen impuestos por cualquier consumo útil o inútil, necesario o innecesario, proveniente de cualquier persona rica o pobre.
Sosteniéndose en los resultados del mencionado estudio, la Secretaría de Hacienda afirma que una vez eliminadas las exenciones y tasas preferenciales de impuestos a las familias más pobres, se les devolverá mensualmente lo que han pagado por IVA, más un copeteado. Según dichos cálculos, se devolvería una cantidad de 110 pesos; sin embargo este razonamiento propuesto por la Secretaría es más injusto que la misma propuesta en sí, porque se pretende convertir a los pobres de México en financiadores, dado que pagarán un dinero que supuestamente se les devolverá 30 días después.
El Estado olvida así que a los pobres no les alcanza para comer, menos para financiar algo, simplemente por eso dejarán de comer, pero ocurre que este estrato de pobres no es el único que comerá menos, sino también el estrato de la clase media, cuyo salario es más bajo, según se deduce del propio estudio presentado por la propia Secretaría, porque según ellos, además de esos cinco millones de familias, hay otros 7 millones 500 mil que no ahorran nada, es decir, gastan más de lo que reciben, a lo que hay que sumar otros cinco millones de familias que ahorran en promedio 380 pesos.
Por lo que se ve, la propuesta del Ejecutivo es empobrecer a más de 15 millones de familias, de los 23 millones 500 mil que existen en el país; para los pobres y para los que apenas les alcanza el salario, no hay retorno de IVA y mucho menos copeteado.
Nuestra propuesta es que en vez de la pretendida devolución de un copeteado y del empobrecimiento de la clase media, se haga un justo y real ajuste de las familias que tienen mayores ingresos y cuyos gastos son elevados, ese justo y real ajuste se haría tomando como base el mismo estudio de la Secretaría que hemos venido mencionando, donde también se consignan las aportaciones porcentuales a la recaudación total del IVA de dichas familias, a la inversa de la entrega copeteada y tomando como base la Constitución y los principios que deben estar contenidos en el diseño y aplicación de un impuesto, se debería hacer un cobro justo extra por pago del IVA exento a las familias de mayores ingresos, cobro cuyo cálculo bien podría salir del mismo estudio elaborado por la Secretaría.
De manera enunciativa, ya que anexo a este documento presentamos nuestra propuesta detallada, mencionamos las siguientes alternativas:
Se deben revisar los regímenes fiscales preferentes de forma tal que las empresas multinacionales no sigan practicando la elusión.
Que en el caso del régimen fiscal para las micro, pequeña y mediana empresas, se mejore para lograr la generación de empleos.
Nos pronunciamos también por preservar la exención en las prestaciones de índole social y por la creación de un programa de emergencia de creación de empleos.
Nuestra propuesta parte de preferenciar el gravamen sobre el ingreso y no sobre el consumo, toda vez que esto es más equitativo y proporcional. Pero en particular una preocupación que hicimos explícita en esta misma tribuna en diciembre del año 2000, radica en que los movimientos de los capitales especulativos están exentos de impuestos en función de sus volúmenes, por lo que proponemos se graven dichos movimientos usureros.
Por último, es un hecho que la Nueva Hacienda Pública debe ser analizada, debatida y en su caso aprobada, pero esto último debe responder a un diálogo respetuoso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y que no olvidemos que representamos al pueblo de México, depositario original de la soberanía nacional.
Por ello, la búsqueda de lo mejor para la nación debe anteponer a todo interés particular o de partido el interés de la nación. Legislemos para dar a México un presente y un futuro mejor, ya que ésa es nuestra obligación y al mismo tiempo nuestro privilegio.
Por lo anterior, los suscritos, diputados del Partido Alianza Social, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente propuesta fiscal alternativa a la iniciativa del Poder Ejecutivo, denominada "Nueva Hacienda Pública", mediante el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que se mantenga la estructura actual de tasas del IVA; evitando imponer este ruinoso impuesto a los alimentos, medicinas, libros y educación.
Segundo. Se turne a las comisiones de Presupuesto, Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Publico, el presente punto de acuerdo, junto con el documento detallado anexo en el que se incluye la propuesta alternativa integral del Partido Alianza Social.
Firman este punto de acuerdo, los diputados: Arturo Magallanes, del PRD; José Manuel del Río, de Convergencia, Juan Carlos Regis Adame, del PT, Beatriz Lorenzo y su servidor, José Antonio Calderón, así como aproximadamente 20 mil ciudadanos mexicanos jefes de familia y aportadores del gasto público, que están en contra de esta medida recaudatoria.»
Haremos entrega a la Secretaría de la documentación y de las firmas.
Muchas gracias.
«Propuesta fiscal alternativa del Partido Alianza Social.
Como es de conocimiento público, el 5 de abril de 2001 se publicó en la Gaceta Parlamentaria, órgano oficial de la Cámara de Diputados, la iniciativa del Poder Ejecutivo de la denominada Nueva Hacienda Pública Distributiva (NHPD).
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En ésta, el Ejecutivo sostiene que la Nueva Hacienda Pública Distributiva que plantea se agrupa en cinco grandes líneas que son:
1) Adoptar medidas distributivas para compensar la ampliación de la base del impuesto al valor agregado. Estudio de la SHCP, "distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de ingresos de las familias" del 13 de marzo de 2001.
2) Apoyar la inversión, el ahorro y el empleo.
3) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
4) Otorgar mayor seguridad jurídica.
5) Combatir a la economía informal.
De estas "cinco grandes líneas", la primera se sustenta en un estudio elaborado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue entregado el 13 de marzo pasado al honorable Congreso de la Unión y que se denominó distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de ingreso de las familias.
Vistas y revisadas las iniciativas de ley, componentes de la NHPD, así como el estudio mencionado por parte de los diputados federales del Partido Alianza Social (PAS), dirigentes nacionales, militancia, especialistas y equipos técnicos, acordamos manifestar nuestra rotunda negativa para implementar una política fiscal recaudadora restrictiva a la inversión y orientada a reducir aún más el pobre ingreso y bajo poder adquisitivo del salario actual. A nuestra consideración la propuesta del Poder Ejecutivo no va orientada al crecimiento de la base impositiva ni a la protección y mejora de los niveles de vida de los mexicanos. Más bien parece dirigida a implementar la política del Banco Mundial garantizando la liquidez necesaria que permita al Gobierno cumplir en el futuro inmediato el religioso pago de la voluminosa deuda pública interna internacionalizada y de la deuda externa pública, preocupaciones fundamentales del sector financiero.
Para resolver los grandes atrasos nacionales (presentes en distintos ámbitos) es necesario solucionar los graves problemas que existen en materia fiscal, sobre el particular coincidimos con el Poder Ejecutivo en la urgencia de implementar un sistema tributario redituable, donde la evasión fiscal no sea lo mayoritario. Así como coincidimos en la ampliación de la base tributaria. La diferencia está en la aplicación de la reforma en cuanto al cuándo, el cómo y en las prioridades de la reforma fiscal. El PAS está por una reforma en favor de México, no de la usura.
Sobre la base de esas coincidencias y discrepancias, el PAS pone a disposición del Poder Ejecutivo y de todos los mexicanos, nuestra posición y propuesta para ser debatida y aprobada por el Congreso de la Unión, cuando se inicie la discusión parlamentaria sobre el tema:
Sobre el impuesto sobre la renta (ISR)
1) Revisión de los regímenes fiscales preferentes para lograr que las grandes empresas multinacionales eviten la elusión, al igual que si han transcurridos cinco años de funcionamiento ya sean asimiladas al régimen normal de tributación, en caso de estar en algún sistema preferencial.
2) Creación mejorada de un régimen de tributación especial para la micro, pequeña y mediana empresas que participan decididamente en la generación del empleo.
3) No cambiar el sistema de tasas aplicables a personas morales y físicas. Es absolutamente falso que la situación de destrucción de la economía nacional tenga como base los problemas tributarios. Más bien estos últimos son una consecuencia del saqueo al que se ha sometido a México, en especial durante los tres últimos sexenios.
4) Todas las prestaciones de seguridad y previsión social deben mantenerse exentas, a menos que no estén debidamente justificadas.
5) Cumplimiento en las metas de generación de empleo y en caso contrario la creación de un programa de emergencia del empleo.
Dado que y de acuerdo a lo establecido, la base impositiva sobre la que descansa el impuesto sobre la renta está definida por las actividades empresariales, los sueldos y salarios, los honorarios profesionales y los intereses. Las tres primeras son función directa del empleo y de la inversión en los sectores productivos de la economía. Así esta base es fundamental en la obtención de impuestos.
Se observa que son dos los problemas fundamentales que afectan a esta base y sobre los que recaen mayoritariamente las causas de la escasez tributaria.
Ellos son, por un lado, el poco crecimiento o disminución de la base formal impositiva nacional y por otro lado, de manera concatenada con la anterior, el crecimiento de la economía informal.
A falta de crecimiento suficiente o un decrecimiento en el empleo formal, inmediatamente se genera un aumento en la economía informal y/o en la delincuencia. Con este hecho una parte importante del circulante nacional se dirige hacia actividades económicas que no generarán ingresos al fisco. Es necesario capturar fiscalmente a estas actividades e integrarlas a la economía formal ofreciendo tributaciones posibles, bajas y fijas, pero a la vez fomentar la generación de empleos que den a quienes los ejerzan un sueldo justo, la seguridad de que el empleo será permanente y en donde se cuente con las prestaciones que otorga la ley. Cualquier otra alternativa no podrá generar un resultado positivo y duradero, que se reflejaría en un crecimiento sustentable de la economía.
Por ello, es de primera necesidad que el gobierno actual, tal como prometió, genere y propicie 1 millón 200 mil nuevos empleos anuales. Por nuestra parte consideramos que se debe elaborar un inmediato programa de emergencia del empleo, que considere grandes inversiones públicas en alianza explícita con el sector privado nacional, exclusivas en los sectores agropecuario, industrial, infraestructura, salud, educación y vivienda, de forma tal que se genere no menos de 2 millones 500 mil empleos anuales a partir de 2002 y hacemos énfasis en que sean inversiones públicas en alianza explícita con el sector privado nacional, porque las inversiones privadas se han venido haciendo a favor de inversionistas extranjeros con el apoyo y apertura pública, como son los casos de las privatizaciones ferrocarrileras, portuarias y energéticas implementadas en los dos últimos sexenios.
6) Sistema de impuestos fijos, sectoriales y geográficos para el comercio ambulante y los productores no registrados fiscalmente.
La denominada economía informal tiene varios componentes, no es sólo el comercio ambulante, también lo es la producción clandestina (llamada piratería), el contrabando y sus múltiples modalidades, todas ellas expresiones de la evasión de impuestos. Esta economía requiere un tratamiento específico por cada forma en que se manifiesta, siendo prioritarios el comercio ambulante y la producción clandestina.
En cuanto al tratamiento de estos dos aspectos de la economía informal, será imposible resolverlos si no se generan simultáneamente empleos. Sin embargo, y mientras no se resuelva este último punto, se propone el cobro de un impuesto diferenciado por sectores o áreas geográficas sobre las actividades comerciales o productivas de la economía informal. La fijación del monto de dicho impuesto debe ser resultado de un diálogo directo entre el Gobierno, las organizaciones formales respectivas como la Concanaco, la Canacintra etcétera y las organizaciones de ambulantes o productores informales existentes.
Estos diálogos deben ir orientados a que se paguen tasas fijas mensuales según giro, actividad y ubicación geográfica, así como a brindarles incentivos a aquellos que se incorporen y se mantengan en el pago de sus impuestos. Si por el contrario, estos cobros se quieren hacer de manera compulsiva, simplemente no habrá éxito. La causa principal del origen del ambulantaje y de la producción clandestina es la falta de un empleo digno y de un sistema tributario que cada vez se va haciendo más agobiante para la población que ve simultáneamente reducir su ingreso familiar.
7) Legislar explícitamente para efectos fiscales a las consideradas personas físicas extranjeras residentes en México, cuyos ingresos de fuente de riqueza extranjera, ya sea total o parcialmente, sean percibidos por las personas durante su periodo de residencia fiscal mexicana, de forma tal que el ingreso generado en el extranjero, no pague impuestos a la hacienda mexicana y que el ingreso generado en territorio nacional, no pague impuestos en el extranjero.
Para esto se proponen reformas a los párrafos correspondientes de los artículos 74 y 161 de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta, así como al párrafo sexto del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.
Sobre el impuesto al valor agregado (IVA)
1) Mantener la estructura actual de tasas del IVA. Más aún en educación, alimentos, medicinas, libros y agricultura.
2) Revisión de la tasa fronteriza del 6% y 10%, para uniformizarla.
3) Implementar un régimen tributario justo, proporcional y equitativo como lo establece la Constitución.
Es justo, proporcional y equitativo el principio fiscal que establece que "quien más tiene, más debe de pagar".
Por lo tanto se debe establecer un régimen tributario realmente justo y proporcional sobre los que más tienen y pueden gastar y no sobre los que no pueden gastar ni siquiera en el mínimo para la subsistencia humana. Es cierto que hay en el país más de 44 millones de pobres y dentro de éstos hay 25 millones en extrema pobreza. Pero nos preguntamos ¿cuántos mexicanos están desnutridos por no tener el ingreso necesario para tener acceso a los alimentos adecuados y estar así debidamente nutridos?
Sobre este particular, la argumentación teóricatécnica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que está en el documento distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de ingresos de las familias sostiene que existe una desigualdad en la distribución del ingreso, así como un gasto centralizado en los deciles que corresponden a las familias de mayores ingresos.
En esencia, por medio de estos argumentos se sostiene que se deben de eliminar las exenciones y las tasas preferenciales en todos los productos básicos y similares que son consumidos por todos, porque las familias de mayores ingresos, al tener más dinero, consumen más, y dentro de ese mayor consumo se encuentran productos y servicios exentos y, por lo tanto, se ven más beneficiadas con las exenciones. Mientras los que menos ingresos tienen no pueden gastar más allá de sus elementales requerimientos. Esta situación conforma una desigualdad y según la Secretaría de Hacienda debe ser resuelta eliminando las exenciones y haciendo que todos paguen impuestos por cualquier consumo: útil, inútil, necesario, suntuoso etcétera proveniente de cualquier persona: rica, pobre, empresaria, limpia parabrisas, niños de la calle, empleados, desempleados etcétera.
Sosteniéndose en los resultados del mencionado estudio (que da cuenta de cuanto aportan por IVA desde los más pobres hasta los más ricos) la Secretaría de Hacienda y el propio Ejecutivo sostienen que una vez eliminadas las exenciones y tasas preferenciales de impuestos, a las familias más pobres se les devolverá mensualmente lo que han pagado por IVA más un "copeteado". Así, según dichos cálculos se devolvería la cantidad de 110 pesos al mes a cada familia más pobre, bajo el programa denominado "Contigo" y que suman 5 millones 500 mil hogares de los 23 millones 500 mil que se estima existen en el país, según el mismo estudio.
A nuestro entender este razonamiento propuesto por la SHCP es más injusto que la misma propuesta en sí, porque se pretende convertir a los pobres de México, en "financiadores", dado que pagarán un dinero que posteriormente se les devolverá (30 días después). El Estado olvida que si a los pobres no les alcanza para comer, menos para financiar algo; simplemente dejarán de comer.
Pero ocurre que este estrato de pobres no es el único que comerá menos, sino también el estrato de la clase media, cuyo salario es muy bajo según se deduce del propio estudio presentado por la SHCP. Porque, según ellos mismos lo sostienen, además de esos 5 millones de familias, hay otrás 7 millones 500 mil familias que no ahorran nada, desahorran (gastan más de lo que reciben) así como otros 5 millones de familias que ahorran en promedio 380 pesos al mes.
La propuesta del Ejecutivo es empobrecer a más de 15 millones de familias de los 23 millones 500 mil que existen en el país. Para los pobres y para los que apenas les alcanza el salario no hay "retorno de IVA" y mucho menos "copeteado".
Vistos y revisados estos estudios, nuestra propuesta es que en vez de la pretendida "devolución de un copeteado" a sólo 5 millones de familias (consideradas como familias en extrema pobreza) y al mismo tiempo empobrecer a más de 10 millones de familias, se haga un "justo y real ajuste" de las familias que tienen mayores ingresos y cuyos gastos son elevados, a lo cual, y sin duda alguna, tienen el más absoluto derecho.
Ese "justo y real ajuste" se haría tomando como base el mismo estudio de la SHCP que hemos venido mencionando, donde también se consignan los aportes porcentuales a la recaudación total del IVA de dichas familias.
A la inversa de la "entrega copeteada" y tomando como base la Constitución y los principios que deben estar contenidos en el diseño y aplicación de un impuesto, se haría, a las familias de mayores ingresos, un "cobro justo extra" por "pago de IVA exento" cuyo cálculo bien podría salir del mismo estudio elaborado de la SHCP.
Ese cálculo podría tener sustento a partir del cuadro de presentación del porcentaje sobre el gasto total en que incurren las familias de más altos ingresos. Así, según sus propios datos, si para el decil I (el de menos ingresos) el porcentaje sobre el gasto total es del 2.01% y para el decil X (el de más ingresos) su participación en el gasto total es de 29.68%, bien podría establecerse un pago mensual directo al ingreso del decil X de 15%, dado que ésa es la proporción aproximada de 29.68 a 2.01% y dado que este último porcentaje de participación en el gasto se podría considerar de "sobrevivencia".
181,182,183
Dados estos resultados nuestra propuesta es la siguiente:
"4) Cobrar un impuesto adicional mensual sobre los más altos ingresos pertenecientes al llamado decil X, del orden del 15%. De manera similar, a las denominadas familias que corresponden al nivel de ingresos del decil IX cobrar un impuesto similar pero del 10% y a las familias que corresponden al nivel de ingresos del decil VIII un impuesto del 5%. Con estas medidas se lograría una justa, real y verdadera distribución en el cobro de impuestos. Distribución justa que tanto reclaman los tributaristas de Hacienda y del Banco Mundial."
Más aún, este impuesto no sólo podría cobrarse a las personas físicas, sino también al decil más alto de empresas, que cuentan con las más altas utilidades.
Sobre la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
Creación de un impuesto adicional especial sobre producción y consumo de tabaco, cigarro y bebidas alcohólicas.
Sobre la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)
Deben permanecer sin ninguna variación.
Sobre la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
En este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deben ser incorporados como miembros ejecutivos del mismo, representantes de los gobiernos estatales y municipales, mas no deben ampliarse las atribuciones a dicho Servicio de Administración Tributaria.
Propuestas adicionales
1) Pago de impuesto especial anual a maquilas (2%.)
Las maquilas han recibido un extraordinario trato preferencial respecto al resto de la industria nacional. En la actualidad el 90% del comercio internacional de México depende del mercado de los Estados Unidos de América. De ese porcentaje, la mitad corresponde a las exportaciones e importaciones de la maquila.
En la actualidad, las maquilas ocupan 1 millón y medio de trabajadores, es decir un poco más de la cantidad que ocupa la industria nacional y la suma de exportaciones e importaciones de la maquila representa un volumen anual de más de 100 mil millones de dólares al año. Por ello se debe de gravar ese movimiento internacional de dinero, en un porcentaje del 2%.
2) Pago de impuesto especial sobre cada transacción que se realice en el mercado de derivadas y en la bolsa de valores (1%).
En México, los mercados de dinero como la bolsa de valores y el mercado de derivados sólo son mercados especulativos, no representan un impacto significativo para la producción y el empleo, mucho menos ahora con la globalización e internacionalización automatizada de flujos monetarios.
Muy útil para México sería regularizarlos en lo mínimo para que no afecten a la economía nacional con sus fugas espectaculares y dejen algo de dinero en vez de dejar su SIDA financiero: lento, silencioso, pero destructivo. De ahí que se deba obligar a los capitales especulativos a mantenerse un año en el país y además, por cada movimiento que se haga con ellos, se gane o se pierda, se cobre un impuesto sobre el monto de la apuesta financiera o el monto bursátil jugado. Así, si algún inversionista apuesta equis cantidad, paga un impuesto del 1% sobre la cantidad equis que jugó.
3) Creación de un impuesto especial adicional sobre la producción, instalación y funcionamiento con fines lucrativos de juegos electrónicos, así como sobre la producción, publicación, distribución y venta de material pornográfico.
4) Rescate de la soberanía crediticia, monetaria, financiera, fiscal y económica, para lo cual se requiere una renacionalización del Banco de México.
5) Elaboración de un nuevo programa económico nacional que empiece por la reactivación de la producción nacional y la reactivación del mercado interno.
6) Sobre la deducibilidad de notas de consumo y gastos de representación se propone que éstas tengan deducibilidad cuando se trate de actividades relacionadas directamente a la administración y/o al ámbito de la producción agrícola e industrial exclusivamente.
7) Con la finalidad de mantener la recaudación procedente del IVA, que se ve amenazada cuando hay una reducción del empleo, se propone la protección social de un seguro de desempleo, con lo cual las personas en esta situación podrían contar con un ingreso seguro, al menos durante el periodo de tiempo que tarden en encontrar un nuevo empleo (aproximadamente seis meses.)
Es un hecho que la NHPD debe ser analizada, debatida y en su caso aprobada, pero esto último debe responder a un diálogo respetuoso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, y que no olvidemos, representan al pueblo de México, depositario original de la soberanía nacional. Por ello, la búsqueda de lo mejor para la nación debe anteponerse a todo interés particular o de partido y en donde fechas fatídicas no sean la causa de decisiones incorrectas y por tanto motivo de conflictos futuros. Legislemos para dar a México un presente y un futuro mejor, ya que ésa es nuestra obligación y al mismo tiempo nuestro privilegio.
"Por la Paz, la Verdad y el Cambio."
México, D.F., a 6 de septiembre de
2001.— Por el Partido Alianza Social, diputados federales: Beatriz P. Lorenzo
Juárez y José Antonio Calderón Cardoso.»
La Presidenta:
Muchas gracias, diputado José Antonio Calderón Cardoso.
Túrnese la proposición con punto de acuerdo a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y acompáñense los documentos que el proponente ha dejado, así como el paquete de hojas que contienen las firmas que el diputado ha enunciado.
COMERCIO
EXTERIOR
La Presidenta:
Para hacer también la presentación
de una proposición con punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Orlando Alfonso
García Flores, del Partido Acción Nacional.
El diputado
Orlando Alfonso García Flores:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
El comercio exterior mexicano se ha constituido como una de las principales actividades del país, de ahí la necesidad de que la comunidad nacional e internacional tenga un claro panorama de las normas y requisitos que como Estado las diversas autoridades han impuesto en la esfera de sus respectivas competencias.
Actualmente la Ley de Comercio Exterior prevé en que casos puedan establecerse las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación y exportación de ciertas mercancías, específicamente por los artículos 15 al 18 de dicho ordenamiento legal.
En este sentido, el artículo 15 establece en materia de exportación, los siguientes casos:
1o. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y el abastecimiento en materias primas a los productos nacionales o para regular o controlar recursos naturales no renovables del país, de conformidad a las necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado internacional.
2o. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.
3o. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta por disposición constitucional, a restricciones específicas.
4o. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento de las especies.
5o. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico y
6o. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas, en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en la materia.
Ahora bien, según el artículo 16, en materia de importación se atenderá a los siguientes casos:
1o. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.
2o. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su país de origen o de procedencia.
3o. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.
4o. Como respuesta a las restricciones o exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros países.
5o. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, conforme a lo dispuesto en esta ley y
6o. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas.
Estas medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, según lo establece el artículo 17, deberán previamente someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, que es el órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para expedir o hacer cumplir estas medidas deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación los procedimientos para su expedición, cumplimiento e informar a la comisión acerca de la administración de dichas medidas y procedimientos.
El análisis de la comisión deberá basarse en un análisis económico elaborado por la dependencia correspondiente de los costos y beneficios que se derivan de la aplicación de la medida. Este análisis podrá tomar en cuenta, entre otros, el impacto sobre los siguientes factores: precios, empleo, competitividad de las cadenas productivas, ingresos del Gobierno, ganancia del sector productivo, costo de la medida para los consumidores, variedad y calidad de la oferta disponible y nivel de competencia de los mercados.
Por otra parte, el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior a la letra dice: "... que las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias, se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva".
En este orden de ideas también es conveniente señalar que el artículo 36 fracciones I y II, incisos c y b, respectivamente de la Ley Aduanera vigente, señalan que se deberán adjuntar al pedimento los documentos arancelarios que comprueban el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación o exportación que se hubieran expedido de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les correspondan conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación.
En cumplimiento a lo ordenado por las disposiciones jurídicas ya referidas, diversas dependencias del Ejecutivo Federal han identificado, por conducto de la Secretaría de Economía, a nivel de fracción arancelaria las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias correspondientes a su ámbito de competencia, las cuales han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha establecido la lista de mercancías identificando a nivel de fracción arancelaria las que se encuentran sujetas a regulación o restricciones no arancelarias, lo que ha ocasionado incertidumbre entre los importadores y exportadores respecto a estas mercancías.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, se presenta el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que se exhorte al Secretario de Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, a que publique en el Diario Oficial de la Federación a nivel de fracción arancelaria, las mercancías que son competencias de esta Secretaría y que se encuentren sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias a usted, señor diputado.
Túrnese la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
184,185,186
Tiene la palabra el diputado Alfredo
Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la problemática del gas
doméstico.
El diputado
Alfredo Hernández Raigosa:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; estimados legisladores:
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo fundamentado en la afectación de los intereses de millones de mexicanos y con base en las siguientes consideraciones:
1o. México ocupa el cuarto lugar mundial como consumidor de gas licuado de petróleo y el primer lugar en el mundo como consumidor de ese mismo energético para su uso doméstico; así como ser considerado como el quinto país productor de dicho energético.
2o. El gas licuado de petróleo es el combustible utilizado por más del 80% de los hogares mexicanos y actualmente alrededor del 70% del consumo nacional de dicho energético es para uso doméstico.
3o. Actualmente la infraestructura de la industria del gas licuado de petróleo en México está conformada por instalaciones tanto de particulares como del Gobierno Federal, a través de Petróleos Mexicanos.
4o. Dado que la apertura del mercado no será benéfica para la economía de millones de familias mexicanas, sino al contrario afectará a millones de pobres en este país, como lo demuestran las experiencias internacionales donde la apertura del mercado del gas LP aumentó los precios del energético en más del 100%.
5o. Hasta el momento el Gobierno Federal no ha sancionado a las empresas gaseras que ejercen prácticas monopólicas u oligopólicas, por lo que dichas empresas al amparo del poder público han impuesto sus condiciones en perjuicio de las clases obreras, de los trabajadores y de millones de consumidores del gas LP.
6o. De las 159 empresas gaseras emplazadas por la Comisión Federal de Competencia Económica por ser presuntas responsables de prácticas monopólicas, ninguna ha sido sancionada con la clausura o el retiro de su permisoconcesión, por lo cual sigue existiendo una falta de competencia efectiva y los gaseros siguen abusando de los pobres y de los consumidores a lo largo y ancho de la República Mexicana.
7o. Actualmente existen más de 10 millones de cilindros que representan verdaderas bombas de tiempo en los hogares de México por su mal estado, ya que se encuentran abollados, oxidados, con válvulas flojas, sin base, sin cuello protector, abombados o con grietas. Esto significa que más del 40% del total de cilindros portátiles se encuentran en pésimas condiciones, los cuales no cumplen con las normas oficiales mexicanas, en concreto la Norma Oficial Mexicana 011 de 1999.
8o. Actualmente no existen nuevos esquemas o mecanismos que permitan la distribución de más de 11 millones de kilos diarios de gas LP, por lo que se seguirá utilizando los cilindros que no cumplen con las normas oficiales mexicanas.
Esta falta de mecanismos afectará gravemente a quien menos tiene, ya que mientras algunos pueden tener un tanque estacionario, la mayoría de los mexicanos que están en condiciones de pobreza, tienen que soportar las pésimas condiciones de estos cilindros.
9o. Actualmente hay un total desamparo de parte de las autoridades federales en torno a las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas gaseras y a la fecha no hay indicios de que se quieran solucionar las paupérrimas condiciones laborales de los trabajadores que expenden directamente al consumidor los tanques de gas.
10. Dado que existe una falta de transparencia de la información por parte de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía respecto a los suministros diarios de gas LP a las empresas gaseras, el número de empresas con contrato de suministro, el número de empresas con permiso de distribución, lo cual ha permitido que los gaseros abusen de la necesidad de los consumidores en México.
11. Dado que en abril pasado se presentó por el suscrito ante el pleno de esta soberanía una iniciativa de ley que pretende acabar con 40 años de anarquía en la industria del gas LP, la cual tiene en esencia tres propuestas fundamentales que son:
a) La creación de una tarifa nacional a partir de los precios y los costos de producción de Pemex de cada kilogramo de gas LP.
b) Facultar al Congreso, a esta soberanía, para que fije los precios del gas licuado de petróleo al consumidor y acabar con la referencia internacional.
c) La creación de una instancia única que regule la cadena de producción y distribución del gas LP, la cual llevaría el nombre de "Comisión Nacional de Vigilancia y Control del Gas Licuado de Petróleo".
12. Dado que hasta el momento no existen en la Administración Pública Federal alternativas reales de solución a los innumerables problemas del gas LP y a que hemos insistido una y otra vez ante instancias como Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Competencia Económica, Procuraduría Federal del Consumidor, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, para que se solucionen problemas históricos como altos costos en el precio del gas, la ordeña hormiga, los cilindros en pésimas condiciones, el carácter oligopólico y monopólico, los camiones en mal estado, las bases piratas, la falta de capacitación y condiciones laborales óptimas para los trabajadores de las empresas gaseras, el fraude, la transa, la propina obligatoria, la corrupción y la asociación delictuosa, entre las empresas gaseras y algunos funcionarios, como las antes mencionadas y que hasta el momento no ha existido la voluntad política para solucionar de fondo los problemas antes mencionados, es que solicitamos al pleno de la honorable Cámara de Diputados, instruya a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, a fin de que también se dictamine la iniciativa presentada por el de la voz y dar así certidumbre al actual estado en que se encuentra la industria del gas LP en nuestro país y de esta manera solucionar de fondo su grave problemática.
13. Dado que la apertura, parcial o completa, del mercado del gas LP y la liberación de los precios al consumidor final, no beneficiarán sino a los voraces empresarios gaseros, pero no solamente ni mucho menos se saneará con estas medidas la industria del gas LP, como la ordeña hormiga que ya hemos señalado: los cilindros en malas condiciones o la falta de transparencia en la información.
Hemos de plantear también, que el sobreprecio que hemos estado viviendo, se deriva de la referencia internacional del gas texano, del Monveldiu, las deplorables condiciones que también hemos señalado de los trabajadores que expenden los tanques de gas a las amas de casa, estas prácticas monopólicas, oligopólicas y la falta de competencia efectiva, el fraude y la ordeña, que ya también hemos señalado a lo largo y ancho de la República Mexicana.
14. Rechazamos por ello rotundamente ésta pretendida apertura, porque no se ha saneado en nada el mercado ni mucho menos se han fijado nuevas reglas, que vayan a mejorar las condiciones de distribución del gas LP y dado que las condiciones actuales en que se encuentra el mercado, no son favorables para permitir la entrada de empresas extranjeras.
Nos oponemos, de manera firme y contundente, a ésta pretendida apertura del mercado del gas LP al capital extranjero, porque se ha demostrado en otros países, donde se ha liberado y se ha abierto el mercado, que los precios han excedido los límites considerables para el consumo popular.
15. Dado que incrementar de un solo tajo más del 7% el kilogramo del gas LP, refleja una política económica que perjudica a la mayoría de la población, que no tiene otra alternativa para calentar sus alimentos o bañarse que el gas LP.
16. Dado que en el informe de gobierno presentado por el presidente Fox el pasado 1o. de septiembre, se mencionaron datos incorrectos, al señalar que hoy se identifican al 100% los recipientes, vehículos, uniformes y notas de revisión y que hay un avance del 23% del retiro de cilindros en malas condiciones, esto no es cierto en la práctica.
Hoy mismo constatamos, al verificar cuatro camiones, encontramos tanques en mal estado, encontramos de 26 tanques 25 ordeñados hasta con 2.5 kilogramos cada uno de ellos y la mayoría tenían fugas, estaban sueltas las válvulas o estaban picados en la base de estos tanques.
17. Dado que el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto y un acuerdo, el presidente Fox y del secretario de Economía Luis Ernesto Derbez respectivamente, donde el primero sujeta un precio máximo de venta a usuarios finales, al cual tiene una duración de un año solamente y el segundo suspende el otorgamiento de permisos previos de importación de gas LP a granel para el mes de septiembre, le queremos decir que esto no significa de ninguna manera, el congelamiento del precio del gas LP.
18. Que, sin embargo, dichas medidas no son suficientes, ya que para hacer una reestructuración de fondo en la industria del gas LP, se necesita dar certidumbre a los consumidores en los precios en su seguridad y en un abasto oportuno.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicite a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos, para que realicen los ajustes necesarios, a fin de congelar el precio del kilogramo y el litro del gas licuado de petróleo al consumidor final, en tanto no se saneé y se fijen nuevas reglas en la cadena de producción y distribución del gas LP.
Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados cite a comparecer al Secretario de Energía y al director de Petróleos Mexicanos, ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, para que expliquen y den una solución a los problemas que hemos estado viviendo los últimos años con el asunto del gas LP, su cadena de producción y particularmente el daño que han causado a millones de mexicanos que consumen gas LP como una alternativa de energético.
Tercero. El pleno de esta Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Economía, para que suspenda, de manera definitiva, la pretendida apertura del mercado del gas LP a la inversión extranjera, ya que no existen actualmente condiciones favorables en la cadena de producción y distribución del gas LP, pues ni siquiera se han decretado formalmente las prácticas monopólicas y la existencia de condiciones de competencia absolutas en diversos mercados de la República Mexicana por la Comisión Federal de Competencia Económica.
Cuarto. El pleno de esta Cámara de Diputados, solicite a la Secretaría de Energía para que retire del mercado más de 10 millones de cilindros en pésimas condiciones, los cuales representan un peligro latente en todos y cada uno de los hogares mexicanos que consumen un cilindro de 20, 10, 30 y 40 kilogramos y también de tanques estacionarios que ya tienen una vida útil fuera de serie.
Quinto. El pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicite al director de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía, para que entreguen a esta soberanía toda la información relacionada con la cadena de producción del gas LP que tengan en su poder, para de esta manera transparentar, aclarar y colocar en las expectativas de mejores condiciones de mercado el gas LP, ya que hasta el momento se carece de la información de los contratos de concesión a cada una de las gaseras; cuántas gaseras son las que existen en el país y cuáles son las condiciones a través de las cuales se otorgan estos contratos en beneficio de cinco familias que detentan el poder económico del gas en nuestro país.
Atentamente.
Su servidor diputado Alfredo Hernández
y diputados: Martí Batres, Rafael Hernández Estrada, Raquel Cortés y otros
diputados de nuestra fracción parlamentaria que firman este punto de acuerdo en beneficio
de millones de consumidores en el país.»
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado Alfredo Hernández Raigosa.
Su proposición, túrnese a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Energía.
Ha pedido hacer uso de la palabra y se le concede hasta por cinco minutos, al señor diputado Victor Infante González.
Gracias, estimada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Sobre el tema del gas doméstico que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha venido planteando también en esta tribuna desde el pasado mes de noviembre, vale la pena hacer las siguientes puntualizaciones.
187,188,189
Es sin duda necesario reordenar en nuestro país el manejo de la industria del gas doméstico. Debemos también reconocer que la industria del gas y el mercado en México son obsoletos, caducos, abusivos e irracionales.
Como seguramente se habrá de confirmar, esperamos que sea el día de hoy o en los próximos días por parte de la Comisión Federal de Competencia, en nuestro país no existen condiciones de competencia para la distribución del energético y es importante que una vez más, como lo señalaba el compañero Hernández Raigosa, lo enfaticemos desde esta alta tribuna del país.
La liberación del precio del gas doméstico que el Gobierno Federal tenía programado realizar en los próximos días mediante un decreto, hubiera sido, como ya se dijo en esta tribuna, muy grave, muy delicado y de graves consecuencias para la economía de millones de familias.
Es lamentable también que la Secretaría de Economía, con un criterio distinto al que había expresado el titular de la Secretaría de Energía, un día antes del informe del Ejecutivo Federal, haya anunciado un incremento del 7% cuando corría el último mes de vigencia del decreto que fue emitido por cierto, el pasado mes de marzo y que fijó temporalmente los precios del gas doméstico.
Ante estas circunstancias, resulta de fundamental importancia que la Secretaría de Energía haya mostrado sensibilidad al planteamiento que hemos hecho para cancelar la liberación del precio del gas LP y congelarlo o regularlo por un periodo adicional y que haya estimulado que el Presidente Vicente Fox emitiera por conducto de la Secretaría de Economía un decreto el día de ayer, por el que se determina el precio máximo de venta a los usuarios finales, mismo que tendrá vigencia de un año.
Debemos pues, estar atentos los legisladores para que no se incrementen los precios y por el contrario para que puedan bajar, pues insisto, el precio fijado el día de ayer por el Gobierno Federal, es el precio máximo.
Estemos también atentos, compañeros legisladores, para que con motivo de la glosa del I Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox, ante los secretarios de Energía y de Economía, como así lo determine esta soberanía, les pidamos información más detallada sobre lo que está sucediendo con la industria del gas LP.
Reiteramos pues que en el decreto publicado ayer por el Gobierno Federal, éste reconoce que esta medida era necesaria por razones de orden público, también interés social, ya que se trata de bienes y servicios que utiliza la gran mayoría de la población y ante la urgencia de dar certidumbre a los precios finales para procurarles estabilidad. Para defender la economía de más de 16 millones de familias que utilizan este combustible para cocinar sus alimentos y calentar el agua.
Debemos pues aprovechar este periodo de transición, llamémosle así a este año que da el decreto del Ejecutivo Federal, para consolidar la reforma estructural del sector gas LP, para reforzar el marco jurídico como se ha planteado en muchas ocasiones en diferentes puntos de acuerdo y en iniciativas de reformas legales, mismos que esperamos, como lo repetía el legislador que me antecedió en el uso de la palabra, sean dictaminados en su totalidad tanto los puntos de acuerdo como las diversas iniciativas que se han presentado por las comisiones correspondientes, como ya lo hizo la Comisión de Seguridad Social al turnar al Instituto Mexicano del Seguro Social, la solicitud para un programa nacional de verificación de la totalidad de las empresas en todo el país, para que tengan los trabajadores las mismas prestaciones laborales y prestaciones en materia de seguridad social.
También dará oportunidad este año, este periodo de transición, para mejorar las condiciones de seguridad y para exigir de una vez por todas, un servicio de calidad, sin mermas en el contenido de los cilindros, con reposición de los mismos, con mejores condiciones laborales y de seguridad social de los macheteros y con un mercado racional de competencia, que permita, como negocio, ganancias a empresarios, que es legítimo, pero no con los excesos que se han dado hasta la fecha, con menoscabo y sobre las espaldas de millones de mexicanos de clase media y baja y de grupos marginados. Así, no lo podemos permitir.
Que el periodo de transición también sirva para fortalecer a la dirección de gas LP de la Secretaría de Energía, como instancia eficaz, profesional, en la que confluyan todas las dependencias relacionadas con el tema, para establecer una política de precios predecible y transparente; que refleje las condiciones de un mercado competitivo y eficiente y en la cual se integre una comisión o comité consultivo, en el que podamos participar los legisladores de las diversas fracciones.
Esperamos pues, que el día de hoy la Comisión Federal de Competencia, inicie con las resoluciones definitivas en los tres procedimientos de investigación: en la investigación de oficio por prácticas monopólicas absolutas, es decir, en la colusión de precios, en el procedimiento para determinar la ausencia de competencia efectiva en todo el territorio nacional y en la investigación de oficio para posibles concentraciones prohibidas o por el incumplimiento de notificar dichas concentraciones.
Por último, qué bueno que el acuerdo de la Secretaría de Economía en su artículo 3o., señala que no se expedirán a particulares permisos, precios de importación de gas licuado de petróleo a granel, pues ha trascendido que de 35 solicitudes presentadas, la única que se pretendía otorgar, es a una empresa en la que al parecer incluso están involucrados ex funcionarios de este sector.
Coincidimos una vez más, en atender, discutir y lograr convergencia en estos temas que afectan a la gente. Ojalá la Secretaría de Economía revise las regiones.
Les doy rápidamente, si me permite,
señora Presidenta, el ejemplo de Zacatecas.
La Presidenta:
Señor diputado, ha agotado su
tiempo. Con la mayor brevedad, por favor.
El diputado
Víctor Roberto Infante González:
Gracias, señora Presidenta, le agradezco su comprensión.
En el caso de Zacatecas, muy brevemente lo re fiero, hay tres regiones establecidas para precios: la 21 con Durango y Zacatecas, la 23 para Zacatecas y la 26 para Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas. La más elevada de ellas es de 5.37 pesos por kilogramo, pero considera a tres municipios que están en la zona semidesértica, donde hay una alta marginación: está El Salvador, está Mazapil, está Melchor Ocampo y Concepción del Oro. Vale la pena que la Secretaría de Economía revise estas regiones, para no afectar a zonas marginadas del país.
Gracias, compañeros.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado Infante González.
Para referirse al mismo tema, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Mauricio Candiani, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con su permiso, señora Presidenta:
En un tema tan delicado que tiene qué ver con el consumo de la gran mayoría de las familias en México no podemos pensar que una propuesta simple, sin modificar estructuralmente las condiciones que proveen el servicio de gas LP en el país se vaya a lograr un beneficio natural para todas las familias.
No es solamente diciendo que el Gobierno corrija las cosas sin señalar dónde se ha avanzado y dónde hemos tenido pasos firmes.
Está claro que hace no muchos meses habíamos tenido el gran problema de que el precio del gas se estaba disparando por condiciones de mercado y hay una serie de cosas que están en el camino y que hay que decirle a la opinión pública que van a ir permitiendo perfilar una solución de raíz, de base.
Número uno. Está claro que este decreto que ha expedido el Presidente, donde se somete durante un periodo de un año al precio máximo de este combustible ha logrado que este precio, en lo que va a seguir de los 12 meses en adelante, vaya a tener una estabilidad.
Y que en ese precio estable podamos, aquí en el Congreso y pueda la autoridad federal, combinar el conjunto de soluciones para que realmente puedan darse condiciones que estructuralmente le den el mejor precio al consumidor final.
Y viene, primero, una gran resolución que tendrá que ser, como ya se dijo en esta tribuna, la de la Comisión Federal de Competencia. Que quede con claridad establecido dónde sí y dónde no hay condiciones de competencia y dónde debe y dónde no debe entrar el Gobierno a intervenir.
Pero por otro lado, hay que subrayar que hay un problema serio en este país de dependencia de las importaciones en gas LP. En las cifras estimadas de este año vamos a estar produciendo 236 mil barriles diarios de gas LP y vamos a estar importando aproximadamente 104 mil barriles diarios de este combustible, pagándolos a precios internacionales.
Es casi un tercio de lo que traemos del exterior para fondear nuestro consumo interno. Un consumo que es, como se dijo aquí y lo decían bien mis compañeros, alto para las familias en este país.
De tal manera, amigos, que lo que no podemos decir a la gente es que vamos artificialmente a bajar los precios sin poder cambiar las condiciones para que pueda haber mayor oferta de este producto a lo largo y ancho del país.
Tampoco podemos decirle que en un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, donde uno de los factores más caros en el costo del gas LP es el transporte de un lugar a otro, vamos a poder tener un precio uniforme a lo largo del país porque sería tanto como decir que los que viven cerca de los factores de producción van a tener que estar subsidiando a la parte lejana y seguramente más de uno cuestionaría por qué.
Es una cuestión de inversión, es una cuestión donde tengamos, en el futuro cercano, y con eso concluyo, una modificación con base en la resolución de la Comisión Federal de Competencia de cómo vamos a lograr que en este país haya mucho más y mejor infraestructura para prestarle un servicio oportuno al ama de casa.
Que no tengamos que estarle exigiendo al Gobierno que cambie los cilindros viejos sistemáticamente, que presione a las empresas, sino que las condiciones de infraestructura hagan que los cilindros, los tanques estacionarios y toda la infraestructura esté cotidianamente revisada y sea revisada con seriedad por nuevas disposiciones de ley.
Concluyo, amigos, haciendo un reconocimiento al Gobierno Federal por este decreto que permite darle estabilidad al precio, bien para las familias mexicanas que tendrán un año de precios estables en su economía en este insumo. Pero que en la premura que hemos manifestado aquí los legisladores para resolver este asunto, esté la premura también para consolidar una reforma en esta materia que permita, subrayo e insisto, estructuralmente resolver este problema con más inversión, con mejor infraestructura de país y con mejor servicio para todas las familias mexicanas que dependen de este gas LP.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Muchas gracias, diputado Mauricio Candiani.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
La Presidenta:
Para presentar una proposición con
punto de acuerdo sobre la termoeléctrica de Baja California, hará uso de la palabra el
diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México.
El diputado
José Antonio Arévalo González:
Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
La permisibilidad de la inversión privada o pública en nuestro país en el sector eléctrico, fundamentalmente en lo relativo a la generación, necesariamente deberá llevarse a cabo con la restricción que dicha inversión se realice para fomentar la generación de electricidad con proyectos ambientalmente eficaces.
Actualmente existe un proyecto para construir una central termoeléctrica en Rosarito Ensenada, Baja California, que sería para una central generadora de energía eléctrica de ciclo combinado. Lo cual significa que tendrá una capacidad de generación de 450 megawatts y estaría diseñada para quemar gas natural como combustible principal, así como diesel como combustible de respaldo.
Con las características que se indican en la NOM 086 Ecol 1994 este combustible sería suministrado vía terrestre, desde las instalaciones de Pemex en Rosarito, hasta un tanque de almacenamiento con capacidad de 18 mil metros cúbicos en el sitio de la central.
La central utilizaría agua de mar para cubrir sus requerimientos de agua de enfriamiento, servicios y de proceso, para lo cual se le contempla la construcción de una obra de toma submarina para un caudal aproximado de 6 mil litros por segundo.
190,191,192
El predio para la construcción de la central termoeléctrica Rosarito IV, productor externo de energía, se ubica en el sitio denominado La Jovita, en los lotes números 22 y 23 del fraccionamiento Costa Azul, municipio de Ensenada en el Estado de Baja California. En una superficie de 232 mil 649 metros cuadrados. En una extensa meseta de rocas volcánicas denominada La Meseta de la Misión El Tigre, la cual tiene una elevación media de 200 metros sobre el nivel del mar, con un tipo de suelo de textura media que permite ciertos escurrimientos.
El área cercana a la planta se encuentra en una extensa franja litoral de constante oleaje y una plataforma continental relativamente amplia. Está totalmente dominado por la influencia oceánica, particularmente representada por la corriente de California de la mayor parte del año.
El clima dominante es árido, templado, con lluvias de invierno, con lluvias de verano fresco, largo y extremoso. Así como una gran cantidad de vientos que harían muy factible una eleoeléctrica.
En el área se presentan dos tipos de vegetación: el chaparral californiano y el matorral costero, en donde se encuentra la presencia de especies listadas en la NOM 059 Ecol 1994 como amenazadas y raras.
En lo que se refiere a la fauna, se caracteriza por presentar un alto grado de endemismos debido al aislamiento geográfico en el que han permanecido varias de sus especies.
El Estado de Baja California ocupa el segundo lugar de importancia a escala nacional en cuanto a diversidad de fauna y en cuanto al porcentaje de especies únicos en la región.
Existen 14 especies raras, 19 amenazadas, 10 bajo protección especial y tres en peligro de extinción, las cuales también están protegidas por la NOM 059 Ecol 1994, así como otras de importancia económica y además, con dicha construcción, se establecerían barreras para el libre desplazamiento de la fauna y se fragmentarían los habitats.
En el medio acuático existen comunidades de vegetales bentónicas, que se caracterizan por la presencia de algas marinas de las divisiones clorofíceas, paeófita y rodofíceas, principalmente.
En las zonas son evidentes los mantos de macrosis, especie considerada de interés comercial y distribución para México y Estados Unidos, ya que se explota desde 1956 de forma ininterrumpida en el área donde se bosqueja la construcción de la planta.
La importancia que tienen estos mantos de algas, no sólo radica en el hecho de sostener desde hace más de 40 años un sector de la industria de las algas de Baja California, sino también estriba en el hecho de construir parte fundamental del hábitat de especies de alto valor comercial, como el erizo, abulón y la langosta, de cuya comercialización dependen varias cooperativas pesqueras y en otros casos ser el punto de concurrencia de barcos de pesca deportiva.
Finalmente, de acuerdo al Sistema Nacional de Areas Protegidas, el sitio de ubicación del proyecto se encuentra al sureste de un área terrestre prioritaria para la conservación, definida así por el Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad.
Asimismo, las emisiones a la atmósfera que produce una termoeléctrica como ésta, utilizando gas natural, son óxidos de nitrógeno y monóxidos de carbono; este último no está regulado actualmente. Cuando eventualmente se utilice aceite combustible diesel, se tendrán emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono, bióxidos de azufre y así como partículas.
Por ello, las emisiones contaminantes deberán estar sumamente controladas para estar dentro de los niveles permitidos en la normativa ambiental vigente, lo que dificultaría considerablemente la operación de la planta y sus expectativas de distribución.
Las aguas residuales es otro problema, ya que estas aguas industriales se generan como producto de los procesos para el tratamiento de agua cruda, para la alimentación en la generación de vapor y para la inyección de aguas a las cámaras de combustión de las turbinas de gas cuando se consume diesel.
En México y el mundo desde varios años se ha estudiado la contaminación ambiental producida por las centrales eléctricas y sus potenciales efectos adversos, los cuales cada día producen un daño irreparable al ser humano y su entorno.
Si no procuramos procesos de producción limpios y eficientes, actuaríamos con la misma irresponsabilidad de aquellos hombres que en aras de su desarrollo económico han hecho de nuestro planeta un lugar cada vez menos habitable.
Por todo lo anterior, es en extremo cuestionable que la construcción de la Central Termoeléctrica Rosarito IV y su operación una vez puesta en marcha, su funcionamiento no afecta el ecosistema donde estaría localizada ni tampoco la salud de la población.
Así pues, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la subsecretaría de Recursos Naturales para que en base en la legislación vigente y a la manifestación de impacto ambiental ya presentada, desestime el recurso de revisión interpuesto por la Comisión Federal de Electricidad y evite con ello la degradación y daño a nuestro entorno natural en Ensenada, Baja California, por la construcción de la Central Termoeléctrica Rosarito IV, productor externo de energía.
Segundo. Se exhorta al gobierno del Estado de Baja California, en particular a la subsecretaría de Coordinación Sectorial y Promoción del Desarrollo Urbano de la SAOPE, a las direcciones de ecología del municipio de Ensenada y del Estado de Baja California, para que en función de sus facultades y respetando la legislación vigente, así como el plan de desarrollo del Estado, el ordenamiento ecológico del Estado de Baja California y el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero TijuanaEnsenada, actúen en concordancia a dichos ordenamientos locales y los federales que resulten aplicables.
Firman los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el diputado Miguel Bortolini, del PRD.»
Hago entrega a la Secretaría del presente punto de acuerdo.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado José Antonio Arévalo González.
Túrnese la proposición a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado Miguel Bortolini hace uso de la
palabra, hasta por cinco minutos.
El diputado
Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso, señora Presidenta:
Efectivamente, la termoeléctrica que en el norte del país pretenden establecer a través de la Comisión Federal de Electricidad, los Estados Unidos de Norteamérica, es el tema central de la energía eléctrica de la frontera norte del país y éste toma relevancia en fechas recientes en virtud de que la política energética mexicana del Gobierno Federal, lejos de contribuir a garantizar la soberanía y seguridad energética del país, emprende acciones entreguistas afines a los intereses de los Estados Unidos que resultan además lesivas de nuestro medio ambiente.
El caso del proyecto de construcción de la Termoeléctrica Rosarita IV, en Baja California resulta emblemática de lo antes dicho, pues forma parte de un mega proyecto para construir 13 plantas similares a lo largo de la frontera con Baja California.
En primer término el proyecto es adverso a los intereses de nuestro país al convertir a la industria eléctrica nacional en una maquiladora transnacional, pues el modelo consiste en construir la central con dinero de inversionistas norteamericanos, alimentarla con gas californiano trasladado desde San Diego mediante el gasoducto también construido con capital norteamericano para generar energía con venta exclusiva para el mercado californiano.
En segundo término, en territorio bajacaliforniano se quedará toda la contaminación generada por la utilización de ese combustible fósil como lo es el gas natural y aun cuando existen alternativas menos contaminantes como sería la construcción de centrales eoloeléctricas o geoeléctricas, estas últimas con gran desarrollo en la región.
Con este modelo de cooperación energética binacional México, la Comisión Federal de Electricidad le resuelve a los Estados Unidos el problema de gran contaminación que va asociado a este tipo de centrales en un asunto que de por sí tiene a nuestros vecinos del norte en el centro de la crítica de la comunidad internacional por la renuencia de los Estados Unidos a asumir todo compromiso que signifique, como el Protocolo de Kioto y ahí se establece a asumir cambios en el modelo de desarrollo exfoliador de los recursos naturales y que aumentan el calentamiento global de la Tierra.
Otra consideración que hace emblemático este proyecto es que resulta de las violaciones a las leyes estatales y federales de protección al medio ambiente, habría que preguntarse, ¿por qué construyen los Estados Unidos centrales de este tipo en nuestro territorio y no en el suyo?, entre otras cosas porque aquí existe una legislación ambiental demasiado lacta y parece que la quieren hacer en este régimen aún más lacta y por los bajos costos de producción, producto del desequilibrio salarial.
Pero no obstante lo poco estrictas que resultan las leyes locales y federales, este proyecto ya había sido rechazado por el Instituto Nacional de Ecología, el INE , luego de que estudios de impacto ambiental mostraron su efecto devastador.
En la nueva administración la Comisión Federal de Electricidad solicitó una revisión del proyecto e inexplicablemente el titular del Instituto Nacional de Ecología da entrada a esa iniciativa negándose a dar cualquier información al respecto a todo aquel que lo solicite, el caso coincidentemente fue retirado en la página de Internet del propio instituto.
En cuanto a las leyes ambientales locales no obstante que el proyecto se asentaría en un área ambiental protegida y que ha sido rechazado por distintos pobladores de la zona y por organizaciones ciudadanas preocupadas por el medio ambiente, el gobierno estatal y Federal no han hecho valer decididamente la ley estatal y Federal para rechazar debidamente y decididamente el proyecto.
Por esta razón nosotros coincidimos en el hecho de rechazar la construcción de estas plantas que dejarían de nuestro lado la contaminación ambiental y la electricidad se iría a los Estados Unidos.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
DISCRIMINACION
(II)
La Presidenta:
En el punto del orden del día sobre
agenda política, tenemos comentarios en relación a la discriminación, para lo que hará
uso de la palabra el ciudadano diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
El diputado
Rufino Rodríguez Cabrera:
Muy agradecido, señora Presidenta, con su permiso; compañeras y compañeros legisladores:
El pasado 31 de agosto, dio principio en Durban, Sudáfrica, la III Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Es la tercera conferencia que se realiza en donde se pretende empujar programas de acción que tendrán que ser aplicados en cada uno de los países participantes para eliminar toda forma de discriminación que se halle presente en las diferentes legislaciones de los países participantes; está auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas esta conferencia mundial.
En razón de este acontecimiento pretende comunicarles algunas reflexiones: es innegable que actos discriminatorios de todo tipo se presentan para grandes franjas de la población mexicana, así como para un elevado número de personas en tránsito por nuestro territorio nacional y que los actos de gobierno tendientes a eliminar tales prácticas son incipientes y poco efectivos todavía, prevaleciendo actos lesivos a la dignidad humana en contra de discapacitados, de indígenas, de mujeres, de migrantes, de enfermos de padecimientos virales como el SIDA y sobre todo la endémica y vergonzante discriminación contra personas caracterizadas por su preferencia sexual o por su grado de pobreza.
Sin lugar a dudas, la construcción de las condiciones para una sociedad libre de discriminación pasa por escenarios complejos y al parecer no tenemos aún la voluntad de recorrer los senderos que nos conduzcan a un escenario en donde no se rechace a las personas bajo una falsa etiqueta de ser diferentes o desiguales.
A diferencia de otras prácticas sociales, las manifestaciones externas de todo tipo de discriminación no siempre son advertibles; incluso puede parecer que no se transgrede ninguna disposición normativa vigente. Por lo demás, la simple enumeración de los derechos de quienes componen los grupos propensos a la discriminación no es ni será suficiente para revertir las condiciones sociales, culturales y de idiosincrasia que reproducen este fenómeno discriminatorio.
193,194,195
La correcta interpretación de un régimen cabalmente inscrito en un estado de derecho, debe proteger a todos los individuos de abusos legales y no sólo eso, sino ofrecerles un correcto resguardo a sus derechos humanos, entre ellos la garantía al principio de la tolerancia y a no ser objeto de ninguna forma de discriminación.
El hecho de que prevalezcan las prácticas discriminatorias en nuestro país, constituye un agravio para nuestra cultura, que está en una ansiosa búsqueda de igualdad de oportunidades y de un trato equitativo y recíproco.
Mi partido, el de la Revolución Democrática, ha sido vanguardia en la lucha por los derechos de los marginados y los grupos vulnerables; sin embargo autocríticamente quisiera señalar que en el pasado Congreso Nacional de mi partido, se rechazó de manera tajante la propuesta de registrar en igual número a candidatos varones y mujeres a los diferentes cargos de elección popular postulados por el PRD y lo peor de todo es que la percepción que prevaleció entre los delegados de ese congreso es que se había hecho lo correcto, que se estaba haciendo lo que era correcto en esos momentos.
Por sucesos de este tipo, siento, desgraciadamente, que ya no podemos afirmar dentro del PRD que somos pioneros en la búsqueda de la equidad entre géneros, pues hemos aprovechado varias oportunidades para diseñar reglas internas que permitan un escenario más favorable a la igualdad entre varones y mujeres.
Debo decir que este escenario se repite en todos y cada uno de los partidos políticos que existen en nuestro país en mayor o menor intensidad.
Sólo menciono lo anterior como un punto de referencia que nos permitirá identificar los grandes prejuicios y las fuertes resistencias que tendrían que vencerse para constituir una sociedad que gradualmente se despoje de sus cargas discriminatorias y no porque la igualdad entre varones y mujeres se reduzca a un concepto de igualdad numérica en donde se tengan igual cantidad de candidatos que de candidatas, tal afirmación sería errónea.
Si se reduce el concepto de equidad y de no discriminación entre géneros a este principio, se parte de una premisa falsa y de una concepción equivocada.
De ahí que diseñar las condiciones que permitirían un contexto libre de discriminaciones, requiere, desde mi punto de vista, de una amplia voluntad para cambiar prácticas y costumbres sociales, para modificar disposiciones legales o reglamentarias y por último para realizar profundas transformaciones en los actos administrativos y en los programas de gobierno en todos los niveles.
Al existir, por ejemplo, en el sistema educativo nacional una falta de contenidos curriculares que inculquen una cultura de igualdad y de respeto a las diferencias, tal cosa genera un ambiente poco propicio para tratar adecuadamente este conflicto. Creo que debe ser considerado como algo muy necesario, el que nuestras autoridades educativas tracen planes y programas docentes en donde los contenidos curriculares aborden adecuadamente el tema de la no discriminación.
Por otra parte, si cometemos el error de identificar la respuesta a este problema desde una óptica meramente legislativa, en donde la solución se busque diseñando nuevas reglas y nuevas normas, seguramente estaremos recorriendo sólo una parte del camino.
Es de valorarse que una respuesta integral al problema de la no discriminación en México, si bien debe de contemplar necesariamente modificaciones legislativas importantes, debe de priorizar también una serie de actos gubernativos en donde los programas especiales a aplicarse en los centros educativos nacionales deben ser complementados con campañas permanentes en los medios de comunicación.
No creo que se vaya a avanzar sustancialmente contra la discriminación en nuestro país si se identifica como la solución a este fenómeno el implementar un esquema legalista en donde se priorice la aplicación de penas y la imposición de sanciones a quienes ejerzan actos de rechazo hacia las personas clasificadas prejuiciadamente como distintas.
Creo y debo ser enfático, en la necesidad de contar con un marco normativo que regule adecuadamente el problema de la discriminación en México.
Ahora bien, con esto no quiero decir que en nuestro país no existan normas que atiendan el problema de la restricción de ciertos grupos al ejercicio de sus derechos; sin embargo, el Poder Legislativo a través del tiempo ha realizado labores dispersas que han ocasionado que no se enfoque adecuadamente la fuerza del Estado en su lucha contra la discriminación.
Existen diversos artículos en nuestra codificación civil, penal, administrativa o laboral que tienen esa meta, incluso se han promulgado leyes que tienen por objeto la correcta salvaguarda de los grupos considerados como vulnerables, niños, jóvenes, adultos en edad avanzada o indígenas; sin embargo, considero que se trata de esfuerzos aislados que atacan ciertas prácticas discriminatorias consideradas individualmente y tutelan a sólo ciertos grupos, dejando muchas de las modalidades de la discriminación sin respuesta jurídica.
Si bien es cierto que es conveniente destacar la importancia de la recién aprobada y muy cuestionada reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 14 de agosto, que establece entre otras cosas disposiciones generales sobre la no discriminación, es conveniente recordar que hasta ahora no existe en nuestra legislación federal una ley general en la materia, como sucede en otros países, capaz de dotar a la ciudadanía con instrumentos jurídicos concretos que le proteja contra la exclusión social y que se puedan hacer efectivos ante los tribunales.
Compañeros legisladores: por las razones expuestas, es que considero necesario destacar nuestro posicionamiento sobre el caso particular, resaltando dos aspectos:
Primero. Consideramos como medidas indispensables que deben implementarse por conducto de la actual Administración Pública Federal en el ramo de la educación, el diseño de programas y prácticas curriculares, tendientes a inculcar en los educandos una cultura de respeto a las diferencias que coadyuve a forjar un escenario propicio contra la discriminación, medidas que deberán ir acompañadas de una amplia y adecuada difusión en los tiempos oficiales de que dispone el Estado en los medios masivos de comunicación de cobertura nacional.
Segundo. Dada la jerarquía normativa que revisten los tratados y las convenciones internacionales en materia de no discriminación y la falta de aplicabilidad de los mismo en el marco jurídico mexicano, se hace necesario tanto la adecuada difusión del contenido de éstos, como la correcta aplicación de las disposiciones establecidas en dichos instrumentos, así como la instauración de mecanismos que permitan la adecuada y sistemática aplicación de tratados internacionales en la materia, lo anterior en el marco legislativo de las diferentes comisiones de esta soberanía y para el desarrollo, el diseño de un proyecto de una ley federal contra la discriminación.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado Rodríguez Cabrera.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA (II)
La Presidenta:
Antes de seguir dando el uso de la palabra para referirse a este tema de la discriminación, quiero adicionar al procedimiento de turno de la proposición con punto de acuerdo que presentó el diputado José Antonio Arévalo González, y que fue turnado a la Comisión de Energía, a petición del grupo parlamentario de Acción Nacional se turna también a la Comisión de Medio Ambiente.
DISCRIMINACION
(III)
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al señor diputado Enrique Villa Preciado, para referirse al mismo tema de la discriminación.
Con su venia, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
La lucha contra la discriminación ocupa un lugar preponderante en nuestra diaria labor parlamentaria, prueba de ello es la reciente reforma a nuestra Carta Magna en esta materia, habiendo quedado de la siguiente forma:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Nuestra Constitución, dentro de las garantías individuales, salvaguarda los derechos de todas las personas que se encuentren en nuestro territorio, con respeto pleno a la conformación pluricultural que tiene nuestro país.
En el artículo 3o. constitucional párrafo segundo, se establece: "la educación que imparta el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia".
El Estado, como rector de la vida nacional, procura que exista armonía entre todos los habitantes de la nación, así como que el propio país conviva en armonía en el concierto de las naciones, siempre en aras de la defensa de los valores democráticos.
En nuestro país se han dado muchos cambios para combatir el racismo y la discriminación, de hecho es la primera vez que el Ejecutivo Federal nombra un comisionado encargado de hacer estudios que nos lleven a la creación de un marco jurídico adecuado para combatir todo tipo de discriminación hacia los mexicanos, quien se ha reunido con los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Cámara, para generar proyectos de gran trascendencia en todas las esferas sociales, políticas y jurídicas del país y que dentro de sus propuestas, entre muchas otras, encontramos la creación de un Consejo Nacional contra la Discriminación.
En estos momentos se está llevando a cabo la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en Durban, Sudáfrica, en la cual el licenciado Gilberto Rincón Gallardo está participando en proyecto de intervención como jefe de la delegación de México, donde en su intervención dejó claro el compromiso que el presidente Fox ha manifestado en su lucha contra la discriminación y por lo que apoya decisivamente los trabajos de la Comisión Ciudadana en contra de la Discriminación, organismos en el que concurren los poderes de la Unión, los principales partidos políticos, las ONG y especialistas.
Esta importante cumbre está orientada a lograr que la aldea global logre terminar con el odio fraticida de todos los habitantes de la misma, manifestamos de una u otra manera en detrimento del progreso y crecimiento de la humanidad. Recordamos que los principios de igualdad de las personas y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de ningún tipo por motivos de raza, sexo, color, idioma, religión, ideología política, nacionalidad, origen o condición social, también son los principios del derecho internacional y por lo tanto de la normativa internacional sobre los derechos humanos.
Esta conferencia estaría incompleta si no reconociera una realidad, en la cual la discriminación sufrida por las personas con algún tipo de discapacidad, no cuenta en las Naciones Unidas con un instrumento integral de naturaleza vinculante, por lo que México propone que se incluya en la declaración, una solicitud a la Asamblea General para que promueva la elaboración de una convención internacional para proteger los derechos de estas personas.
Debemos enfrentar las manifestaciones de discriminación mediante la tolerancia y la mutua comprensión de los pueblos, aprovechando los retos y las oportunidades de vivir en un mundo que cada vez es más pequeño, este mundo que es nuestro hogar.
México ha demostrado avances en la eliminación de todas la formas de xenofobia, pero aún nos queda camino por recorrer y para ello gobierno y sociedad civil unidos haremos frente común sin claudicar en nuestros esfuerzos. Habremos pues de terminar de la misma manera con la discriminación que nace de otros males como lo son: la pobreza, la migración, las enfermedades, promoviendo estrategias, ideando programas y generando auténticas políticas e instituciones donde se pongan en marcha acciones que favorezcan la aplicación y el respeto de todos los derechos.
No olvidemos que nuestro trabajo amplio, complejo y profundo, jamás deberá perder de vista el verdadero centro de su atención: las personas todas; razón de más para redoblar esfuerzos en la siempre lucha por defender la dignidad de todas y todos. Tenemos en razón de un único hecho, el que somos seres humanos.
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Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Librado Treviño Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Escuchando los comentarios en relación a la discriminación a cargo del diputado Rufino Rodríguez Cabrera y aclarando que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia no ha terminado y que estamos al pendiente de los acuerdos que de ahí emanen, ya que México se encuentra representado por una comisión plural encabezada por don Gilberto Rincón Gallardo, quien ha estado al pendiente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Cámara, para darnos a conocer cómo la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación está trabajando, rumbo a conformar una institución de Estado que luche en contra de la discriminación.
Como ejidatario que soy de la frontera del país, he sentido en carne propia la discriminación hacia algunos grupos en extrema pobreza, como piadosamente se les llama ahora a los muy pobres y porque convivo a diario a las orillas del Río Bravo con grupos de inmigrantes y por la experiencia adquirida en la Comisión de Grupos Vulnerables, escuchando los planteamientos de grandes personalidades plurales, a grandes defensores de los derechos humanos, académicos, administradores públicos, preocupados para desarrollar programas y políticas contra la discriminación, exclusión, distinción o restricción basada en la edad, en el género, en el embarazo, en el estado civil, en la etnia, en el idioma, en la religión, en la ideología, en la orientación sexual, en el color de la piel, en la situación económica, en el trabajo o profesión o en la discapacidad o estado de salud que anulan los derechos de las personas, porque la discriminación es innegable.
Hoy existen altos índices de desigualdad y marginación que se tornan invisibles ante el derecho positivo y ante las normas del gobierno.
El Partido Revolucionario Institucional ha estado y estará en contra de las prácticas discriminatorias, como el desprecio, la violencia, la marginación, la minusvaloración y la desigualdad disfrazados de atraso cultural o de inercias comunitarias y se tiene que reconocer esto como una falla grave en la cual los legisladores tenemos que proponer algunos cambios para poder castigar la discriminación y ver la manera de compensar los daños de quienes la padecen que afortunadamente en la agenda legislativa, para este periodo, la fracción priísta como la mayoría de los aquí presentes, estamos de acuerdo en reformas constitucionales para proteger efectivamente a los discriminados y que el Estado nos garantice realmente su enfoque a protegerlos. Por eso la propuesta de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Para el Apoyo a los Trabajadores Migrantes en el envío de remesas al país, de reformas a la Ley del Trabajo, en apoyo a los jornaleros agrícolas y trabajadores migratorios.
Nos proponemos elevar a rango constitucional la seguridad social, el derecho a la alimentación, ya que casi 28 millones de pobres están desnutridos porque México es el cuarto país más pobre de América Latina. Por eso también incluso la iniciativa de Ley para el Apoyo de la Micro, Pequeña y Mediana Industrias, discriminados por las macroempresas y por el Gobierno, que se han enfocado al sector exportador, traicionando la promesa de hacerlos competitivos, apoyarlos, iniciar la desregulación con reglas claras, simples y estables.
Por eso nuestra lucha también para que las mujeres, en el empleo no sean discriminadas, en su contratación, en la remuneración que hoy, si, hoy, las maquiladoras, por miles en el país de manera racista y discriminatoria, rebajan el salario real y no otorgan las prestaciones a las mujeres y muchas de ellas en las zonas urbanas también, simplemente porque ellos son capitalistas extranjeros, estadounidenses y muchos de ellos asiáticos y duran sin pagarles a esas mujeres hasta por semanas, las dádivas que les ofrecen.
Contrario a los puntos de acuerdo de la Comisión Permanente de esta Cámara de hace unos días, en contra de las políticas migratorias, engañadoras y contradictorias, por parte del Estado, dejamos asentado el clamor de los profesionales y de los talentos mexicanos discriminados, que nos han pedido elevar la voz desde esta tribuna, por bajas remuneraciones, por pocas oportunidades laborales, por favoritismo, por nepotismo y corrupción, que están ocasionando que hoy, hoy vivan en Estados Unidos 250 mil hermanos mexicanos, con maestrías y posgrados, trabajando en labores rudimentarias.
Contemos también la discriminación que sufren a diario el 10% de la población mexicana, que sufren de algún tipo de discapacidad y que nos han pedido a través de la comisión, que elevemos la voz.
Cómo no hemos de levantar la voz, ante la muerte de migrantes, porque hoy los Estados Unidos, hoy han reforzado 3 mil 800 kilómetros de frontera, transformándola en una zona militarizada, donde se usan sensores infrarrojos, helicópteros, aviones, vehículos militares, detectores de pisadas desarrollados para la guerra de Vietnam, buscando y capturando indocumentados, lo que confirma que Estados Unidos, no elimina el racismo hacia los inmigrantes, mandando a nuestra gente por zonas peligrosas donde muchos mueren.
Alzamos también la voz en contra de esa reforma fiscal que se anuncia regresiva y que afectará a los grupos más vulnerables de la población, al proponer gravarle el IVA en sus alimentos y en sus medicinas.
Por último, compañeros legisladores, nosotros tenemos la última palabra, esperamos los estudios de la comisión, que encabeza el licenciado Rincón Gallardo, se comprometieron en este año a entregarlos a esta Cámara. Nosotros diremos, porque queremos, todos los priístas, como la mayoría de los diputados también, aportar la solución a estos problemas.
Que todos podamos llegar a un gran consenso y que busquemos una reforma social, para dar justicia a todos esos mexicanos que se quejan de discriminación y como lo expresó el señor Octavio Paz, lo lamento, ésta no es una tarea de piedad histórica, sino de imaginación política.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias señor diputado.
Para rectificación de hechos se concede la palabra, hasta por cinco minutos, al señor diputado Rufino Rodríguez Cabrera.
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
En México existe, se pregunta un compañero: ¿existe la discriminación?, por supuesto que existe la discriminación, basta realizar cotidiana la prensa, cualquier periódico, cualquier día, en donde se registra un evento de diferente magnitud, en donde registramos, vemos, notamos que si hay actos discriminatorios y tolerados.
Miren, por la mañana la compañera Hortensia Aragón presentó una propuesta de reforma al artículo 1o. Que acabamos de reformar, porque consideramos que ese artículo como está, en la reforma como se hizo, es discriminatorio, es decir, comentaba con una diputada hace un momento y me dice que efectivamente se refiere a que no deben sufrir ninguna discriminación en razón de su preferencia sexual, que así decía el texto que se discutió en comisiones.
Sin embargo, cuando se publicó, dice: que no debe de existir discriminación en función de sus preferencias y le quitaron el concepto de sexual. Yo acabo de leer un recorte de lo ocurrido en Yucatán a un artista, a un danzarín, a un bailarín de danza contemporánea, que fue hostigado, violado y sigue siendo hostigado para que no presente las denuncias. Escuchamos aquí lo que la compañera Hortensia nos refiere de Colima, de Aguascalientes; hay discriminación, hay intolerancia y hay discriminación hacia compatriotas mexicanos en función de sus preferencias sexuales.
Entonces hay que revisarlo, es decir, nuestra actitud como legisladores debe ser para que al margen de que estas cosas se compongan en nuestras legislaciones, promovamos que se modifique la cultura, promovamos que en la curricula en los planes educativos, contemplen la modificación de nuestros usos y costumbres como cultura occidental.
Lo que estamos proponiendo, es pues, modificar la forma de pensar de las mexicanas y los mexicanos para que seamos 100% tolerantes con nuestros contemporáneos.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA (III)
La Presidenta:
En relación con la modificación al trámite de la proposición con punto de acuerdo que presentó el señor diputado José Antonio Arévalo González, sobre la termoeléctrica de Baja California, quiero pedir que se tome nota en la Secretaría de que el turno a la Comisión de Medio Ambiente, sea solamente para que ella genere una opinión.
Pido una disculpa al señor diputado Antonio Arévalo González, por no haberle consultado antes si deseaba que se agregara a su proposición, como él era el ponente, el agregó de esa comisión para el turno; pero queda turnada a Energía y se le pedirá sólo la opinión a la Comisión de Medio Ambiente.
Continúe la Secretaría con el desarrollo del orden del día.
ORDEN
DEL DIA
El secretario
Adrián Rivera Pérez:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 11 de septiembre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación
Del Congreso del Estado de Puebla.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que el embajador Rafael Tovar y de Teresa, pueda aceptar y usar condecoraciones que le confieren los gobiernos del Reino de España y de la República de Colombia. (Turno a comisión.)
Comparecencia del Secretario de Gobernación, análisis del I Informe de Gobierno (política interior).
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 11 de septiembre a las 10:00 horas, en la cual comparecerá el señor secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda.
Se les ruega a todas las señoras y señores legisladores su puntual asistencia, teniendo presente que la sesión deberá empezar a las 10:00 horas.
Muchas gracias.
199,200,201
Tiempo de duración: 3 horas 41 minutos.
Quorum a la apertura de sesión: 260 diputados.
Asistencia al cierre de registro: 335.
Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
Efemérides: 1
Puntos de acuerdo aprobados: 3.
Proposiciones de puntos de acuerdo: 4.
Temas de agenda política:1.
Oradores en tribuna: 18
PRI-3; PAN-3; PRD-8;
PVEM-2; PAS-1; CDPPN-1.
Se recibió:
1 invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México;
5 comunicaciones de los congresos de los estados de: Morelos y Oaxaca;
1 comunicación de la Comisión Permanente;
3 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política;
18 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten los informes de labores de 17 secretarías de Estado y de la Procuraduría General de la República,correspondientes al periodo 2000-2001;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que un ciudadano, pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México;
2 oficios de la Cámara de Senadores;
3 iniciativas del PRD.
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESIÓN.
(en orden alfabético).
| Acosta Salazar, Sergio (PRD) | Voto de mexicanos en extranjero, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. |
| Aragón Castillo, Hortensia (PRD) | Discriminación, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| Arévalo González, José Antonio (PVEM) | Estado de Baja California, presenta proposición con punto de acuerdo, sobre la construcción de la Central Termoeléctrica Rosarito IV, en dicha entidad. |
| Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD) | Ley Federal de Protección de Datos Personales, presenta iniciativa con proyecto de dicha ley. |
| Bortolini Castillo, Miguel (PRD) | Estado de Baja California, sobre la construcción de la Central Termoeléctrica Rosario IV, en dicha entidad. |
| Calderón Cardoso, José Antonio (PAS) | Nueva Hacienda Pública Distributiva, presenta proposición con punto de acuerdo, sobre la Nueva Hacienda Pública Distributiva del Ejecutivo Federal. |
| Candini Galaz, Mauricio Enrique (PAN) | Gas doméstico, respecto a las tarifas del gas doméstico. |
| Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN) | Leyes de Reforma, se refiere al CXLI aniversario de la proclamación de las Leyes de Reforma. |
| García Flores, Orlando Alfonso (PAN) | Comercio exterior, presenta proposición con punto de acuerdo, referente a las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias. |
| Hernández Raigosa, Alfredo (PRD) | Gas doméstico, presenta proposición con punto de acuerdo, respecto a las tarifas del gas doméstico. |
| Infante González, Víctor Roberto (PRI) | Gas doméstico, respecto a las tarifas del gas doméstico. |
| Moctezuma Lule, María Cristina(PVEM) | Leyes de Reforma, se refiere al CXLI aniversario de la proclamación de las Leyes de Reforma. |
| Rodríguez Cabrera, Rufino (PRD) en dos ocasiones. | Discriminación, sobre dicho problema. |
| Sotelo Rosas, David Augusto /(PRD) | Leyes de Reforma, se refiere al CXLI aniversario de la proclamación de las Leyes de Reforma. |
| Treviño Gutiérrez, Librado (PRI) | Discriminación, sobre dicho problema. |
| Villa Preciado, Enrique Adolfo (PAN) | Discriminación, sobre dicho problema. |
| Yunes Zorrilla, José Francisco (PRI) | Leyes de Reforma, se refiere al CXLI aniversario de la proclamación de Leyes de Reforma. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
| Canacintra | Cámara Nacional de la Industria de Transformación. |
| Concanaco | Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio |
| D.F. | Distrito Federal. |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado. |
| LP | Licuado de Petróleo. |
| NHPD | Nueva Hacienda Pública Distributiva. |
| NOM | Norma Oficial Mexicana. |
| PAN | Partido Acción Nacional. |
| PAS | Partido Alianza Social. |
| Pemex | Petróleos Mexicanos. |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática. |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional. |
| PT | Partido del Trabajo. |
| PVEM | Partido Verde Ecologista de México. |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| SIDA | Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. |
| TLC | Tratado de Libre Comercio. |