DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio

AÑO II                 México, D.F., martes, 17 de septiembre de 2001            No. 7

S U M A R I O

DIARIO de los DEBATES

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves trece de septiembre de dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con dieciséis minutos del jueves trece de septiembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos setenta y cinco diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba, en votación económica, el acta de la sesión anterior.

Se pronuncian sobre los lamentables acontecimientos del once de septiembre en los Estados Unidos de América, los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo; José Antonio Calderón Cardoso, a nombre de los partidos Alianza Social y Convergencia por la Democracia;

 María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México; Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

José Carlos Borunda Zaragoza, del Partido Acción Nacional y Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.

Análisis del Primer Informe de Gobierno. Política económica.

La Presidenta comunica la recepción de un alcance al acuerdo relativo a las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, remitido por la Junta de Coordinación Política, por el que autoriza excepcionalmente para la comparecencia programada para esta sesión, la participación de un representante de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, además de la de los grupos parlamentarios.

La Presidencia designa una comisión para introducir y acompañar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz, al lugar que le ha sido asignado.

Desde su curul, el diputado Héctor Sánchez López solicita aclarar el retiro de una efemérides del orden del día. La Presidenta da las explicaciones respectivas.

A las once horas con un minuto, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos diecinueve diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por la Asamblea y que norma las comparecencias para el análisis del Primer Informe de Gobierno, se concede la palabra al Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien informa sobre la política económica del país.

La Presidencia concede el uso de la palabra a los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social y, para fijar la posición general de sus respectivos grupos parlamentarios, a los diputados: Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México; María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; José Manuel Minjarez Jiménez, del Partido Acción Nacional y José Luis Ugalde Montes, del Partido Revolucionario Institucional.

Para hacer sus comentarios, se concede el uso de la palabra al Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz.

En el primer turno de preguntas, con derecho de réplica, hacen uso de la palabra los diputados: Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México; Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática; Guillermo Padrés Elías, del Partido Acción Nacional, y Jorge Alejandro Chávez Presa, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, el Secretario de Hacienda y Crédito Público responde a sus preguntas.

Ejercen en su momento el derecho de réplica, los diputados: Cervantes Rivera, Arévalo González, Emilio Ulloa Pérez, en lugar del diputado Hernández Raigosa; Fernando Herrera Ávila, en lugar del diputado Padrés Elías, e Ildefonso Guajardo Villarreal, en lugar del diputado Chávez Presa.

En el segundo turno de preguntas, con derecho de réplica, hacen uso de la palabra los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo;

 Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México;

Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Abelardo Escobar Prieto, del Partido Acción Nacional, y Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, el Secretario de Hacienda y Crédito Público responde a sus preguntas.

Ejercen el derecho de réplica, en su momento, los diputados: García Dávila, Agundis Arias, Petra Santos Ortiz, en lugar del diputado Rosaldo Salazar; Jaime Salazar Silva, en lugar del diputado Escobar Prieto, y Roberto Preciado Cuevas, en lugar del diputado Añorve Baños.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz, dirige unas palabras finales a la Asamblea.

La Presidenta dirige un mensaje para agradecer la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público; solicita a la comisión designada acompañarlo al retirarse del salón de sesiones y, de conformidad con lo establecido en el artículo siete numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la versión estenográfica de esta sesión se remita al Presidente de la República, para su conocimiento.

353,354,355

Presentan iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:

Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Cuauhtémoc Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ochenta-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el cual remite el informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al periodo dos mil dos mil uno. De enterado, distribúyase entre los señores diputados y túrnese a las comisiones correspondientes, para los efectos del numeral cuatro del artículo cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Asamblea aprueba, en votación económica, incorporar en el orden del día de esta sesión, la efemérides relativa al aniversario de la Guerra de Intervención de mil ochocientos cuarenta y siete y, para hablar al respecto, la Presidenta concede el uso de la palabra a los diputados: Angel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la Revolución Democrática; María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México; Ramón Paniagua Jiménez, del Partido Acción Nacional, y Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a avisos por los que se convoca a los diputados a la comparecencia de la Secretaría de Turismo del viernes catorce de septiembre en el Salón Legisladores de la República, a las diez horas, ante las comisiones de Turismo y de Comercio y Fomento Industrial; se designa para asistir a ella en representación de la mesa directiva a la diputada Martha Silvia Sánchez González, y se recuerda que el lunes diecisiete de septiembre comparecerán el Secretario de Educación Pública ante las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología y de Cultura, a las nueve horas; y funcionarios del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, ante las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, a las diecisiete horas, también en el Salón Legisladores de la República.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta informa que en el curso de la tarde del día de hoy, un grupo de dirigentes sindicales de diversas organizaciones acudirá a la Cámara de Diputados; designa una comisión para atenderlos, y a las dieciséis horas con seis minutos, levanta la sesión, citando para la próxima que tendrá lugar el lunes diecisiete de septiembre de dos mil uno, a las doce horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

Gracias, señor Secretario. Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al oficio del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, de fecha 5 de septiembre de 2001, presentado ante la Junta de Coordinación Política y con fundamento en los artículos 34 numeral 1 inciso c y 42 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto le solicito atentamente se realicen los trámites correspondientes, a fin de que el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se integre a las comisiones de Pesca, Radio, Televisión y Cinematografía y Salud, toda vez que el diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos solicitó licencia para separarse del cargo de legislador federal, el pasado 2 de agosto.

Lo anterior, para lo conducente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 6 de septiembre de 2001.— Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 44 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le informo que el diputado Víctor Antonio García Dávila, se integra a las comisiones ordinarias del dictamen legislativo de Pesca, Radio, Televisión y Cinematografía, y Salud.

Esto en virtud de que el diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos solicitó licencia para separarse del cargo el 2 de agosto pasado.

Por tanto le solicito, atentamente gire los correspondientes oficios a los presidentes de las comisiones antes citadas informándoles de la incorporación del diputado Víctor Antonio García Dávila, a los trabajos de las mismas.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 5 de septiembre de 2001.— Diputado federal Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

De enterado.

GRUPOS DE AMISTAD PARLAMENTARIA

«Grupo de amistad con Francia de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Eloy Cantú Segovia, presidente, PRI; Ismael Estrada Colín, PRI; Juan Nicolás Callejas Arroyo, PRI; Alma Carolina Viggiano Austria, PRI; Alejandro Zapata Perogordo, PAN; Francisco Javier Chico Goerne, PAN; Francisco López Brito, PAN; Fanny Arellanes Cervantes, PAN; Luis Miguel Barbosa Huerta, PRD y Víctor Hugo Cirigo Vázquez, PRD.

Grupo de amistad con Guatemala de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Oscar Alvarado Cook, presidente, PRI; Jesús Adelfo Taracena Martínez, PRI; Ricardo Augusto Ocampo Fernández, PRI; Narciso Alberto Amador Leal, PRI; Pablo Arnaud Carreño, PAN; Alba Leonila Méndez Herrera, PAN; Francisca Raúl Ramírez Avila, PAN; Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, PAN; Raquel Cortés López, PRD; Magdalena Núñez Monreal, PRD;, Nicasia García Domínguez, PVEM y Norma Patricia Riojas Santana, PSN.

Grupo de amistad con Costa Rica de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Feliciano Calzada Padrón, secretario, PRI; Edgar Consejo Flores, PRI; Roberto Javier Fuentes Domínguez, PRI; Flor Añorve Ocampo, PRI; Adrián Galarza González, presidente, PAN; Jorge Lara Rivera, PAN; Luis Fernando Sánchez Nava, PAN; José Marcos Aguilar Moreno, PAN; Mario Cruz Andrade, PRD y Alfonso Oliverio Elías Cardona, PRD.

Grupo de amistad con Chile de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Roberto Preciado Cuevas, secretario, PRI; Oscar Alfonso del Real Muñoz, PRI; Miguel Vega Pérez, PRI; Martha Ofelia Meza Escalante, PRI; J. Ramón Mantilla y González, presidente, PAN; Jaime Salazar Silva, PAN; Héctor González Reza, PAN; María Guadalupe López Mares, PAN y Mario Cruz Andrade, PRD.

Grupo de amistad con Uruguay de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Efrén Leyva Acevedo, presidente, PRI; Hortensia Enríquez Ortega, PRI; Jaime Mantecón Rojo, PRI; Arturo de la Garza Tijera, PRI; Arcelia Arredondo Gracia, PAN; Fernando Herrera Avila, PAN; Guillermo Anaya Llamas, PAN; Raúl Martínez González, PAN; Silvano Aureoles Conejo, PRD y Bonifacio Castillo Cruz, PRD.

Grupo de amistad con Canadá de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Manuel Medellín Milán, presidente, PRI; Manuel Garza González, PRI; María Elena Chapa, PRI; Jaime Rodríguez López, PRI; Silvia Alvarez Bruneliere, PAN; Mónica Serrano Peña, PAN; Ernesto Saro Boardman, PAN; Jesús Dueñas Llerenas, PAN; Manuel Duarte Ramírez, PRD; Miroslava García Suárez, PRD y Olga P. Chozas y Chozas, PVEM.

Grupo de amistad con China de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Jaime Martínez Veloz, presidente, PRI; Luis Priego Ortiz, PRI; Raúl González Villalba, PRI; Miguel Arizpe Jiménez, PRI; Griselda Ramírez Guzmán, PAN; Felipe Olvera Nieto, PAN; Néstor Villarreal Castro, PAN; José G. León Castañeda, PAN y Jesús Garibay García, PRD.

Grupo de amistad con España de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Miguel Angel Moreno Tello, presidente, PRI; Lorena Martínez Rodríguez, PRI; Jaime Vázquez Castillo, PRI; Salvador Cosío Gaona, PRI; Cuauhtémoc Cardona Benavides, PAN; Adrián Rivera Pérez, PAN; Martha P. Martínez Macías, PAN; Juan Camilo Mouriño Terraza, PAN; Rubén Aguirre Ponce, PRD; Rodrigo Carrillo Pérez, PRD y Julieta Prieto Fuhrken, PVEM.

Grupo de amistad con Brasil de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta, PRI; Ranulfo Márquez Hernández, PRI; Patricia Aguilar García, PRI; Abel Guerra Garza, PRI; María Elena Alvarez Bernal, PAN; Hugo Camacho Galván, PAN; Mauro Huerta Díaz, PAN; José María Rivera Carranza, PAN; Hortensia Aragón Castillo, PRD, Martha A. Bernardino Ramos, PRD; Arturo Escobar y Vega, PVEM y Humberto Domigo Mayans Canabal, Independiente.

Grupo de amistad con Israel de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Rafael Rodríguez Barrera, secretario, PRI; Juan Leyva Mendívil, PRI; David Penchyna Grub, PRI; Eddie Varón Levy, PRI; Bernardo Pastrana Gómez, presidente, PAN; Samuel Yoselevitz Fraustro, PAN; Ricardo Torres Origel, PAN; Salvador López Orduña, PAN; Luis Miguel Barbosa Huerta, PRD y José R. Escudero Barrera, PVEM.

Grupo de amistad con Venezuela de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Víctor Díaz Palacios, presidente, PRI; Manuel Añorve Baños, PRI; Esther López Cruz, PRI; Roque Joaquín Gracia Sánchez, PRI; Manuel Castro y del Valle, PAN; José Bañales Castro, PAN; Victoria Ruth Sonia López Macías, PAN; Roberto Aguirre Solís, PAN; Rufino Rodríguez Cabrera, PRD y José A. Arévalo González, PVEM.

Grupo de Amistad con República Dominicana de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: Adela Cerezo Bautista, presidenta, PRI; Carlos Berlín Montero, PRI; Nemesio Domínguez Domínguez, PRI; José del Carmen Soberanis González, PRI, José María Anaya Llamas, PAN; Rigoberto Romero Aceves, PAN; Héctor Méndez Alarcón, PAN y Benjamín Avila Márquez, PAN.

Grupo de amistad con Alemania de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Diputados: José Alvaro Vallarta Ceceña, PRI; Jorge Chávez Presa, secretario, PRI; Eduardo Andrade Sánchez, PRI; Alberto Amador Leal, PRI; Heidi Storsberg Montes, presidenta, PAN; Sergio Vaca Betancourt Bretón, PAN; José Antonio Gloria Morales, PAN; Alfonso Bravo y Mier, PAN; Miguel Bortolini Castillo, PRD; Magdalena Núñez Monrreal, PRD y Bernardo de la Garza Herrera, PVEM.

Nota: En posteriores fechas se agregarán algunos nombres de diputados que se integrarán a estos grupos de amistad.

De enterado.

356,357,358

PLANTA NUCLEOELECTRICA
DE LAGUNA VERDE

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

El 28 de abril de 2001 fue turnado por la mesa directiva a esta Junta de Coordinación Política una proposición con punto de acuerdo presentada ante el pleno de esta Cámara de Diputados por los diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, PVEM y PT, así como los diputados del PSN y CDPPN, para crear una comisión de investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz.

Los suscritos diputados federales coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ponen a la consideración de la Asamblea el presente acuerdo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

ANTECEDENTES

1. La gerencia de centrales nucleoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con la Central Laguna Verde, localizada sobre la costa del golfo de México, en el municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz, a 70 km. Al noroeste de la ciudad de Veracruz. La Central Laguna Verde, está integrada por dos unidades, cada una con una capacidad de 682 Mwe; los reactores son tipo agua hirviente (BWR5) y la contención tipo Mark II de ciclo directo. El sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS) fue suministrado por general electric Co. y el turbogenerador por Mitsubishi Heavy Industries.

2. Esta forma de generar energía ha sido ampliamente cuestionada en el ámbito mundial por los graves daños que representa a la humanidad y al ecosistema, así como a la inestabilidad del sistema tal y como quedo comprobado en el accidente en 1986 de uno de los cuatro reactores de la planta de Chernobyl.

3. Desde el inicio de sus operaciones, la sociedad civil y grupos ambientalistas han solicitado al Gobierno Federal una inspección técnica y administrativa independiente a Laguna Verde para investigar una serie de irregularidades: paros de emergencia, fugas radioactivas al ambiente, represión contra técnicos que denuncian fallas.

4. Entre las irregularidades mencionadas, destacan el manejo inadecuado de desechos radiactivos que según un ex trabajador de la planta, son "camuflageados" en bolsas negras de basura y después depositados al aire libre sin ningún tipo de cuidado.

5. La historia de la planta nucleoeléctrica no resulta nada halagadora, sus constantes fallas y negligencias en cuanto a la operación y manejo de los desechos por su uso, nos manifiestan la imperiosa necesidad para realizar una investigación profunda y seria.

6. El Organismo Internacional Pronuclear World Association of Nuclear Operators (WANO), que califica la seguridad de Laguna Verde como "mala". El reporte de WANO reprueba el desempeño de los operadores y su preparación, así como la falta de dirección adecuada de la central nuclear. WANO confirma las denuncias presentadas por agrupaciones ambientalistas, así como la necesidad de que se realice una auditoría independiente a la central nuclear.

7. Después de haber recibido el informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) sobre la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, Greenpeace envió el documento a la consultora independiente Large& Associates, el cual presentó el informe número de referencia R3039-A1, con fecha 15 de abril de 2000, referente a la evaluación de operaciones nucleares en la planta de energía nuclear en Laguna Verde.

8. En el informe mencionado anteriormente, se identifican varias áreas de administración y organización débiles y/o descuidadas en Laguna Verde, de manera que se podría considerar que esta planta nucleoeléctrica por sus estructuras de organización y administración corporativa está al borde de falla institucional, ésta se encuentra en donde los factores y eventos causativos relacionados se combinan y actúan de tal manera que derrumban el sistema completo.

9. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), se comprometió a llevar a cabo una auditoría independiente de la central nuclear con la participación de grupos ambientalistas y el Congreso de la Unión.

10. El 15 de julio de 1999, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodadm) encuentra graves irregularidades administrativas e inhabilitó a 10 funcionarios de alto nivel de la central nuclear.

No hay duda que los recursos naturales forman parte de la riqueza de una nación y que el medio ambiente sano debe ser una de las prioridades del gobierno para proporcionar la garantía establecida en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna; el Estado debe regular y fomentar su uso y aprovechamiento en un marco de racionalidad, que no altere el equilibrio de los ecosistemas ni deteriore el ambiente, poniendo en peligro especies de flora y fauna y aún la salud humana.

12. En materia de nucleoeléctricidad se debe de investigar y analizar muy detenidamente el aspecto de la estructura, organización y capacidad de la planta de Laguna Verde, ya que son de suma trascendencia los resultados óptimos de un organismo de esas características.

13. Por consiguiente la Cámara de Diputados puede hacer uso de la facultad de crear comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritario.

CONSIDERACIONES

I. Dados los antecedentes expuestos, que dan cuenta de la situación controvertible y apremiante de la empresa en cuestión; de los altos riesgos que su operación genera para la población adyacente y para el entorno natural y social; así como la presumible deficiencia administrativa de la misma, que en todo caso debe ser probada en forma objetiva y racional, lo cual la coloca en la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la proposición para crear la comisión para investigar el funcionamiento de dicho organismo ha sido presentado por 132 diputados de la LVIII Legislatura en ejercicio, lo cual excede la cuarta parte de los miembros de este órgano representativo de la nación, la Junta de Coordinación Política considera procedente la petición de referencia.

Por lo anterior, esta Junta de Coordinación Política, de conformidad con los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 34 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al pleno de esta Cámara el siguiente

ACUERDO

Primero. Se crea la comisión de investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz, en razón de los antecedentes y consideraciones mencionados anteriormente y con fundamento en el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política y en los artículos 34 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El objetivo de esta comisión será el dar seguimiento a las auditorías practicadas a la planta nucleoeléctrica sobre las medidas de seguridad, protección del medio ambiente y tecnología de Laguna Verde, así como presentar un informe final a la Junta de Coordinación Política.

Tercero. La comisión de investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde se integrará por 20 diputados en la siguiente proporción: ocho del Partido Revolucionario Institucional, ocho del Partido Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido del Trabajo. Al proponer a sus integrantes, la Junta de Coordinación Política hará el señalamiento de su mesa directiva.

Cuarto. La comisión realizará sus trabajos con el apoyo de los recursos que le asigne la Junta de Coordinación Política, a través de la junta de apoyo administrativo. Sus resultados serán dados a conocer al pleno por conducto de la Junta de Coordinación Política y quedará extinguida el 30 de abril del año 2002.

Quinto. Notifíquese a los interesados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de agosto de 2001.— Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura.— Diputados: Rafael Rodríguez Barrera, presidente de la junta y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por afirmativa, señora Presidenta.

Aprobado el punto de acuerdo.

Continúe la Secretaría.

COMISION ESPECIAL DE GANADERIA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Por acuerdo aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados el 30 de abril de 2001, se creó la Comisión Especial de Ganadería. El punto tercero de dicho acuerdo establece que la Junta de Coordinación Política determinará los integrantes de la comisión especial así como su directiva.

En razón de lo anterior, me permito hacer del conocimiento de la Asamblea que los coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de esta Junta de Coordinación Política, han acordado que la Comisión Especial de Ganadería y su directiva, se integrará de la siguiente forma:

Diputados : Arturo de la Garza Tijerina, PRI, presidente; Silverio López Magallanes, PRI; José de Jesús Hurtado Torres, PAN; Francisco Arano Montero, PAN y Alfonso Oliverio Elías Cardona, PRD, secretarios; PRI; Manuel Payán Novoa, PRI; Héctor Pineda Velásquez, PRI; Jaime Mantecón Rojo, PRI; Jesús de la Rosa Godoy, PRI; Neftalí Jiménez Olán, PRI; Roberto Domínguez Castellanos, PRI; Jaime Rodríguez López, PRI; Julián Luzanilla Contreras, PRI; Manuel Medellín Milán, PRI; Efrén Leyva Acevedo, PRI; Edilberto Buenfil Montalvo, PRI; Sergio García Sepúlveda, PAN; PAN; J. Jesús Dueñas Llerenas, PAN; Guillermo Padres Elías, PAN; PAN; J. Tomás Ríos Bernal, PAN; José Roque Rodríguez López, PAN; Abelardo Escobar Prieto. PAN; José María Tejeda Vázquez, PAN; Carlos Alberto Valenzuela Cabrales, PAN; José Carlos Luna Salas, PAN; José María Anaya Ochoa, PAN; Cuauhtémoc Montero Esquivel, PRD; Arturo Hérviz Reyes, PRD; Rodolfo Escudero Barrera, PVEM y Félix Castellanos Hernández, PT integrantes.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2001.— Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

Consulta la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba.

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.

359,360,361

COMISIONES ESPECIALES

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.— LVIII Legislatura.

Acuerdo por el que se determinan las directivas de la comisión especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México, del Comité del Centro de Estudios de Derecho e investigaciones parlamentarias y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Consideraciones y antecedentes

I. Por acuerdos aprobados en el pleno de esta Cámara de Diputados el 5 y el 17 de abril de 2001, se crearon la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México y la comisión especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, respectivamente.

II. Asimismo, el 7 de noviembre de 2000, se aprobaron los acuerdos para crear los comités de los centros de estudios derecho e investigaciones parlamentarias y de estudios sociales y de opinión pública.

III. En razón de las facultades que los acuerdos mencionados otorgan a la Junta de Coordinación Política para la integración de las directivas de la comisiones especiales y los comités, los integrantes de este órgano de dirección política han determinado emitir la siguiente

RESOLUCION

Primero. La directiva de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México, se integrará de la siguiente forma:

Diputados: Francisco Castro González, presidente; Bernardo Pastrana Gómez y Arturo Herviz, secretarios.

Segundo. La directiva de la comisión especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, se integrará de la siguiente forma:

Diputados: Sergio Acosta, presidente; Eddie James Varón Levy y Jorge Urdapilleta Núñez, secretarios.

Tercero. La directiva del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, se integrará de la siguiente forma:

Diputados: Juan Manuel Carreras López, presidente; Héctor Ortiz Ortiz, Lucio Fernández González y Miguel Barbosa, secretarios.

Cuarto. La directiva del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se integrará de la siguiente forma:

Diputados: José Antonio Hernández Fraguas, presidente; Alma Carolina Viggiano Austria, Eduardo Rivera Pérez y Rufino Rodríguez, secretarios.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de julio de 2001.— Diputados: Beatriz Paredes Rangel, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

Señor Presidente, nos informan de un cambio en la directiva del Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias, nombramos al diputado Tomás Coronado y en su lugar está Lucio Fernández.

Regístrese por la Secretaría y sométase de esta manera a consulta a la Asamblea en votación económica.

Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada.

COMISION ESPECIAL DE
SEGURIDAD PUBLICA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo por el que se determina la integración y directiva de la Comisión Especial de Seguridad Pública

I. Por acuerdo aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados el 6 de septiembre de 2001, se creó la Comisión Especial de Seguridad Pública, cuyo punto tercero establece que la Junta de Coordinación Política determinará los integrantes de la comisión especial así como su directiva.

II. En razón de las facultades legales conferidas a la Junta de Coordinación Política, este órgano de dirección política ha determinado emitir la siguiente

RESOLUCION

Unico. La Comisión Especial Seguridad Pública y su directiva, se integrarán de la siguiente forma:

Diputados: Manuel Espino Barrientos, PAN, presidente; Tomás Coronado Olmos, PAN; Omar Fayad Meneses, PRI; Ricardo A. Ocampo Fernández, PRI y Alfredo Hernández Raigosa, PRD, secretarios; Jaime Vázquez Castillo, PRI; José Alvaro Vallarta Ceceña, PRI; Juan Manuel Carreras López, PRI; Fernando Díaz de la Vega, PRI; Roberto Zavala Echavarría, PRI; Alfredo Ochoa Toledo, PRI; José Elías Romero Apis, PRI; Patricia Aguilar García, PRI, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, PRI; José Antonio Hernández Fraguas, PRI; Oscar Alfonso del Real Muñoz, PRI; Armando Salinas Torre, PAN; Alejandro Zapata Perogordo, PAN; José Alfredo Botello Montes, PAN; Francisco de Jesús de Silva Ruiz, PAN; Francisco Blake Mora, PAN; Néstor Villarreal Castro, PAN; Lucio Fernández González, PAN; Rodrigo David Mireles Pérez, PAN; Ulises Ramírez Núñez, PAN; Víctor Hugo Círigo Vázquez, PRD; Daniel Esteban Martínez Enríquez, PRD; Arturo Escobar y Vega, PVEM y Juan Carlos Regis Adame, PT integrantes.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Comuníquese a la mesa directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2001.— Diputados coordinadores de los grupos parlamentarios: Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta, del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo.»

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

Aprobada.

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA
FEDERAL, 1999

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

Me permito comunicar a usted que con oficio OASF-FR-1167/01, de fecha 10 de septiembre del año en curso, la Auditoría Superior de la Federación, remite a esta Comisión de Vigilancia el informe de resultados derivado de la revisión de la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1999, dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 3 fracción II inciso b de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en relación con el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999.

En razón de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 10 fracción V de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, vigente para la revisión de dicha Cuenta Pública, solicito que por su amable conducto, se haga saber al pleno de esta Cámara de la presentación en tiempo y forma, del referido informe de resultados. Anexo se servirá encontrar el referido informe de resultados, contenido en 10 tomos y un anexo, para un total de 17 volúmenes, así como un CD-ROM.

Le expreso mi mayor consideración y respeto.

Atentamente

México, D.F., a 10 de septiembre de 2001.— Diputado Manuel Galán Jiménez, presidente.»

De enterado. Remítase al Archivo para consulta de los diputados.

En lo referente a oficios de la Secretaría de Gobernación, le ruego a la Secretaría proceda a dar lectura a los citados oficios.

REPUBLICA DE COREA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el contralmirante CG DEM Alberto Gerardo del Barrio y Guille, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla Cheonsu de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional, que le confiere el gobierno de la República de Corea.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México D.F., a 10 de septiembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»

Se recibe y se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

SALVADOR ALLENDE

Pasando a otro punto del orden del día referente a efemérides, se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer alusión al tema del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Se le concede la palabra hasta por 10 minutos.

Gracias, señor diputado Presidente; compañeras diputadas y diputados:

La violencia es condenable. Hoy recordamos la violencia llevada a cabo hace 28 años contra la democracia. Condenemos la violencia, pero no sólo la violencia militar, también condenemos la violencia económica que trae como resultado la muerte lenta por desnutrición y del desarrollo de los pueblos. Es también otra forma de terrorismo, no hay que olvidarlo. Digamos pues, no a la violencia.

362,363,364

Allende nació en 1908 el 26 de junio en Valparaíso, sus padres fueron el abogado-notario militante del Partido Radical, Salvador Allende Castro y doña Laura Gocenso Uribe.

De 1920 a 1925, instalados en Valparaíso, ingresa al Liseo Eduardo de la Barra, donde realiza sus estudios con excelentes calificaciones, destaca en la práctica de diferentes deportes. Por esos años conoce a Juan de Marqui, viejo anarquista italiano que influye en su formación ideológica, prestándole los primeros textos de marxismo.

En 1925 cumple como voluntario del servicio militar en renacimiento de coraceros de Viña del Mar; en el transcurso del mismo pide su traslado al regimiento lancero de Tangá y egresa como oficial de la reserva del ejército.

En 1926, en Santiago de Chile, entra a la Universidad de Chile a estudiar medicina; en 1929 pide su incorporación a la masonería, en 1930 es nombrado vicepresidente de la federación de estudiantes de Chile y participa activamente en la lucha contra la dictadura de Carlos Ibáñez; en 1931 fue nombrado miembro del consejo universitario y en representación de los estudiantes, fue temporalmente expulsado de la universidad pero pronto reincorporado por sus excelentes calificaciones. En el mes de julio es reeducado Ibáñez.

En 1932 termina sus estudios y se traslada a Valparaíso para estar cerca de su padre enfermo.

En junio se proclama la República Socialista que encabeza Marmaduque Grove. Tras la fugaz experiencia socialista el nuevo gobierno desata la persecución contra los elementos progresistas. Allende es encarcelado.

Mientras permanece en prisión muere su señor padre. El joven médico jura sobre la tumba de su padre, dedicar su vida a la lucha por la libertad de Chile.

En 1933 recibe su título de médico y después de muchos intentos obtiene un puesto de anatomo-patólogo.

Participa el 19 de abril en el nacimiento del Partido Socialista de Chile, junto a Eugenio Mate Hurtado, Marmaduque Grove, Eugenio González y Oscar Esnaque, entre otros.

En 1935 es nombrado dirigente de la Asociación Médica Chilena. Funda en Valparaíso, el boletín médico de Chile.

En 1936, en marzo, participa en la creación del Frente Popular y asume como presidente provincial en Valparaiso.

En 1939, en la noche del terremoto de Chiyan el 25 de enero, conoce casualmente en Santiago, a la maestra de historia Hortensia Busi Soto, quien a la postre sería su esposa y fiel compañera.

En septiembre de 1939 renuncia al Congreso y asume la cartera de salubridad del gobierno del Frente Popular y escribe su libro sobre la realidad médico-social de Chile.

En 1940 organiza la primera exposición de la vivienda y la instala en plena alameda Bernardo O’Higgins, frente al Club de la Unión. Participa en la reunión anual de la Asociación Médica Americana de los Estados Unidos de Norteamérica.

En 1945 es nombrado senador por Valdivia, Yanquigue, Chiloé, Aisen y Magallanes.

En 1947 se divide el Partido Socialista Chileno y Allende se integra al Partido Socialista Popular.

En 1948 visita a los recluidos por González Videla en el campo de concentración de Pisagua y es nombrado presidente del Colegio Médico de Chile.

En 1951 al respaldar el Partido Socialista Popular la candidatura de Carlos Ibáñez, Allende rompe con el Partido Socialista y vuelve a las filas del Partido Socialista Chileno.

En 1952, el Frente del Pueblo lo presenta como candidato a presidente de la República y obtiene 52 mil votos. Presenta en el Senado junto a Elías Laferte, famoso político chileno, un proyecto de Ley de Nacionalización del Cobre.

En 1953 es nombrado senador por Tarapaca y Antofagasta. Es nombrado también vicepresidente del Senado.

En 1957, el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista de Chile, se unifican y constituyen junto con el Partido Comunista, el Frente de Acción Popular. Este frente lo proclama candidato a la presidencia y en 1958 pierde la elección contra Jorge Alexandre.

Al año siguiente asiste a la toma de mando de Rómulo Betancourt en Venezuela.Visita La Habana para conocer el proceso revolucionario cubano y sostiene largas conversaciones con el "Che" Guevara y Fidel Castro.

En 1961, es nombrado senador por Valparaíso y Aconcagua. Viaja a Punta del Este, Uruguay y denuncia junto con el "Che", el carácter propagandístico de la Alianza para el Progreso.

En 1963, la Convención del Frente de Acción Popular lo designa nuevamente candidato a la presidencia de la República.

En 1964 es derrotado por Eduardo Frey Montalva y Allende consigue sin embargo, casi 1 millón de sufragios. Dos años después es nombrado presidente del Senado. En 1967 encabeza la delegación que asiste a la Conferencia Tricontinental de La Habana, es nombrado presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad.

En 1968 visita la República Democrática de Corea y la República Democrática de Vietnam.

Es nombrado en 1969, senador por Chiloé, Aisen y Magallanes. Se crea la Unidad Popular integrada por comunistas, socialistas, radicales del Mapu, Padena, sociedad civil y Acción Popular Independiente.

En 1970 el 22 de enero, la Unidad Popular Chilena lo proclama candidato a la presidencia de la República. El 4 de septiembre triunfa en los comicios por mayoría relativa. El 22 de octubre es víctima de un atentado el comandante en jefe del Ejército general René Schneider, quien fallece tres días después. El 24 de octubre el Congreso pleno proclama a Salvador Allende, como presidente electo. El 3 de noviembre asume el cargo de Presidente de la República Chilena.

En 1971, en las elecciones municipales de marzo, la Unidad Popular obtiene mayoría absoluta de los votos. El 11 de julio, día de la dignidad, promulga la Ley de Nacionalización del Cobre, aprobada por unanimidad del Congreso.

En 1972 denuncia en la Asamblea General de las Naciones Unidas la agresión internacional de que es víctima su país y es ovacionado de pie durante varios minutos. Visita la Unión Soviética, México, Colombia y Cuba.

En 1973, en las elecciones de marzo, la Unidad Popular obtiene un 45% de los votos y aumenta su representación parlamentaria. Aun sin conseguir la mayoría en las dos cámaras, se hace imposible la acusación constitucional ideada por la oposición.

El imperialismo y la derecha agudizan una lucha sin cuartel contra el gobierno popular y desatan el terrorismo en el país hermano de Chile. Las fuerzas progresistas exteriores le recomiendan armar a los obreros, pero no lo hace por respeto al Congreso y al Estado.

El 11 de septiembre Salvador Allende muere heroicamente defendiendo su cargo en el Palacio de la Moneda. Me voy a permitir leerles las últimas palabras de él.

"Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino, superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.

"Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores chilenos. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición."

Hasta siempre, compañero Presidente.

Muchas gracias, diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar.

Para referirse al mismo tema se le concede la palabra al diputado Félix Castellanos Hernández.

Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Paradójicamente en estos días, en que se conmemora el XXVIII aniversario del derrocamiento y asesinato del presidente socialista Salvador Allende, auspiciado por la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, el imperio del norte sufre en carne propia una agresión terrorista que es condenable en todos los sentidos, al igual que fue condenable el apoyo que recibió Pinochet en sus perversos propósitos para derrocar al presidente Allende hace 28 años.

No podemos ni debemos olvidar que la actitud injerencista del gobierno de los Estados Unidos propició la traición de los militares y el asesinato de miles de chilenos.

El gobierno socialista del presidente Allende fue presa de un proceso de socavamiento por parte de los sectores más reaccionarios de Chile y apoyado por los intereses oligárquicos internacionales.

Desde que inició su régimen en 1970 su gobierno se vio confrontado con una parte de la sociedad chilena, la cual se negaba a reconocer un régimen electo democráticamente y con un programa que recogía las demandas sociales y políticas del pueblo chileno.

Sin embargo, la guerra fría, como expresión del conflicto mundial entre capitalismo y socialismo complicaba enormemente la gestión del segundo gobierno socialista que emergía en América Latina.

Estados Unidos no estaba dispuesto a que en el cono sur se consolidara un país socialista. Cuba fue un rejón de fuego en las entrañas del imperialismo. Tener al enemigo a 90 millas de distancia era algo que indignaba y lastimaba el orgullo de la oligarquía norteamericana. Por eso no podía permitir que otro país —como decían ellos—, cayera en las garras del comunismo.

El desgaste al que fue sometido el gobierno allendista fue intenso, pero no obstante ello, el mártir del Palacio de la Moneda mantuvo de manera inamovible su postura de construir un país más justo y más libre.

Pocos fueron los países que apoyaron de manera abierta y solidaria al gobierno de Allende. Entre ellos destacan de manera principal Cuba y México. Pero fueron muchas y diversas las manifestaciones de simpatía y apoyo material y moral de los que ambos dieron cuenta.

México en particular acogió con la hospitalidad y dignidad que nos caracteriza a los exiliados chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, peruanos y bolivianos que fueron víctimas de la persecución política de los regímenes militares que gobernaban en sus naciones y que en una clara guerra sucia contra los ciudadanos disidentes buscaban por todos los medios aniquilarlos. Pero afortunadamente, justo es decirlo, el régimen priísta prevaleciente en aquélla época en nuestro país, no dudó en desplegar una amplia política de solidaridad internacional con los perseguidos procedentes del cono sur.

Han tenido que pasar un poco más de 25 años para que Augusto Pinochet fuese sometido al juicio unánime de parte de la comunidad internacional, como genocida artero y cobarde, al pesar sobre su conciencia más de 30 mil asesinatos ordenados por él, por ser contrarios a su régimen autoritario.

Compañeras y compañeros legisladores: hoy recordamos al hombre digno que como gobernante ejerció el poder al servicio de las mayorías, al hombre que tuvo un alto concepto del honor de gobernar a su pueblo y que no dudó en ofrendar su vida en la defensa de las instituciones.

Hoy recordamos con profunda admiración al presidente Salvador Allende y refrendamos nuestro repudio al asesino, al cobarde de Augusto Pinochet y a quienes como él masacraron al hermano pueblo chileno.

Hoy la figura de Allende revitaliza las aspiraciones y los ideales de millones de latinoamericanos que aspiramos a que nuestros pueblos transiten hacia nuevas formas de desarrollo económico y social para acabar con las desigualdades, tal como lo pretendió el propio presidente Allende para los chilenos.

Es cuanto. Muchas gracias.

Gracias a usted, diputado Félix Castellanos Hernández.

ESTADO DE CHIAPAS

Dentro del mismo tema de efemérides, de la orden del día en efemérides pero para hablar sobre el tema de la federalización de Chiapas, se le concede la palabra al diputado Andrés Carballo Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; ciudadanos chiapanecos:

365,366,367

Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento, es célula infinita que sufre, llora y canta. Invisible universo que vibra, ríe y canta. Chiapas, un día lejano, serena, tranquila y transparente. Debió brotar del mar ebrio de espuma o del cósmico vientre de una aurora y surgió inadvertida. Como un rezo de lluvia entre las hojas, tenue como la brisa, tierna como un suspiro; pero surgió tan honda, tan real, tan verdadera y tan eterna, como el dolor que desde siempre riega su trágica semilla por el mundo.

Di inicio a mi intervención con los primeros fragmentos del poema Canto a Chiapas, de su autor Enoc Cancino Casahonda, poeta chiapaneco, ya que para los chiapanecos el día 14 de septiembre es un día histórico que celebramos todos en nuestra entidad federativa, porque Chiapas ha sido legendariamente territorio con historia, un pasado que no olvidamos y un presente con porvenir para el futuro.

En este CLXXVII aniversario de la federalización de Chiapas a México, recordamos que en el Siglo XIX hubieron sucesos trascendentales. Uno de ellos, cuando Chiapas se hace independiente de España, iniciándose el movimiento libertario en Comitán, siendo el cerebro, director fray Matías de Córdoba, quien el 28 de agosto de 1821, en el templo de Santo Domingo de Guzmán, arengó al pueblo para lograr la firma de las actas de independencia.

Reunidos en la sala capitular se formaron dos grupos: uno, integrado por el pueblo y las mujeres; y el otro, por los ricos y personas de significación social. Estos últimos discrepaban con los primeros. Entonces una voz femenina, la señorita Josefina García, pidió la palabra y dijo: "si usted padre Córdoba nos autoriza, podemos las mujeres hacer un trato con los caballeros. Y es que ellos se queden aquí en la ciudad, cuiden de las casas y de los niños. Nosotras marcharemos a la frontera, en el caso de que Guatemala no secunde nuestro movimiento de insurrección".

Todas las mujeres se pusieron de pie, apoyando a la resuelta joven, habiendo de inmediato una reacción de los señores importantes, en el sentido de que no habían sido bien interpretados, y pidieron que se levantara el acta para firmarla de inmediato, ofreciendo colaborar personalmente con armas y dinero. Este movimiento fue secundado por Ciudad Real y toda la provincia.

"En enero de 1822 se firmaron en la Ciudad de México los documentos en que constaba que Chiapas quedaba unido al imperio mexicano. El Plan de Iguala y los Tratados de Córdova fueron desconocidos con la caída de Iturbide y por ello Chiapas quedó independiente de México y para resolver su destino fue realizado un plebiscito que dio como resultado 96 mil 829 votos a favor de la federalización con México y 60 mil 400 por la unión a Guatemala.

De esta manera democrática y por voluntad propia de la mayoría de los chiapanecos, el 14 de septiembre de 1824 se efectuó la ceremonia solemne, declarando que Chiapas quedaba unido para siempre al territorio mexicano. Por eso este día, para los más de cuatro millones de habitantes en Chiapas, lo recordamos con júbilo y lo celebramos con fervor.

Posiblemente cabe mencionar que a tan magno acontecimiento no se le ha dado la importancia que la misma historia nos da. Por ello, revivir nuestro pasado es entender que en el presente de Chiapas no sólo es conflicto, no sólo son armas ni mucho menos capuchas.

No es mi intención minimizar el actual problema de insurrección en el Estado, pero es importante que desde la más alta tribuna de la nación le digamos a la comunidad internacional y al resto de los mexicanos que en Chiapas habitamos una gran mayoría de mujeres y hombres dedicados al trabajo honesto y productivo, que nos permite nuestra propia riqueza natural y que nuestra patria chica, no sólo se debe ver envuelta en los medios de comunicación, de notas rojas y de masacres sólo para vestir la nota, la que según aquéllos es la que más se vende o la que más se escucha, a costa del sufrimiento de nuestros hermanos indígenas.

Queremos decirle a nuestros compañeros diputados y al pueblo de México que Chiapas significa más que todo aquello, significa la producción agrícola que Chiapas que le da al país. En la importancia que tiene la producción de café en el primer lugar a nivel nacional, en el cacao, de maíz, de frijol, de plátano, cacahuate, mango, por decir algunos productos.

En la ganadería bovina aportamos 92 mil 278 toneladas anuales, que esto significa el tercer lugar nacional y con parecida importancia también es la producción porcina, avícola, ovina y que de igual manera importante es la producción lechera, donde ocupamos el doceavo lugar, sin dejar a un lado la importante producción de energía eléctrica, que emana de las aguas del río Grijalva.

Con las presas hidroeléctricas Belisario Domínguez, en La Angostura; la Manuel Moreno Torres, en Chicoasén, la de Mal Paso y la de Peñitas, por decir las más importantes del Estado, las cuales aportan a la nación un total de 17 mil 341.7 giga-wats, que significan el 9.6% respecto a la producción nacional, ocupando el tercer lugar en producción. Y en lo que significa a hidroeléctricas, producimos el 53% nacional, lo cual significa el primer lugar en hidroeléctricas a nivel nacional.

Asimismo, en la parte norte del Estado contamos con grandes yacimientos petroleros, los cuales forman parte también de la gran riqueza que aporta el subsuelo chiapaneco a la nación; producimos petróleo y gas.

Y no podemos pasar desapercibida la belleza de nuestro Estado, vestido con la naturaleza más noble de sus ríos, sus montañas, sus llanuras, la gran variedad de climas, sus ruinas arqueológicas como Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, Chincultic, Tenan Puente, por señalar algunas. Así como la majestuosidad de las cascadas de Agua Azul y los lagos multicolores de Montebello, lugares donde el espíritu se encuentra con la naturaleza.

Desde la costa del Pacífico hasta sus agrestes y escarpadas sierras, imponentes cañones, insondables selvas, volcanes, planicies y sembradíos, todo Chiapas refleja una grandeza y virtuosismo, una multiplicidad de paisajes que los distinguen como uno de los estados más bellos de la tierra mexicana y del mundo.

Además nuestro Estado cuenta con 260 kilómetros de litoral y una superficie total de 75 mil 634 kilómetros. Una de las puertas más grandes de Chiapas al mundo es sin duda alguna Puerto Madero, un puerto de altura sustancial, considerando los tratados comerciales que México tiene firmados con más de 22 países.

Chiapas es también un mosaico de contrastes que la hace fascinante, mereciendo una especial referencia las razas indígenas de tzoquets, tzotziles, tezeltales, mames, tojolabales, chamulas, entre otros, las cuales enriquecen la convivencia chiapaneca, una convivencia histórica y sólida donde los conflictos representan nudos superables y reto para buscar una convivencia más amplia.

En este mes de la patria y de un aniversario más de la federalización de Chiapas a México, permea en el ambiente el recuerdo imperecedero de hombres y mujeres ilustres e intelectuales como el poeta Jaime Sabines capaz de seducir a la muerte con su poesía, a Cancino Casahonda autor de "Canto a Chiapas", a José María Urgel, a Rosario Castellanos, escritora, poetisa y literaria; Manuel Arrainzar Pinero, abogado, político, diplomático y escritor; y el orgullo de un chiapaneco ilustre nacido en Comitán, quien siendo senador de la República con un patriotismo y un valor civil extraordinario, desde la más alta tribuna parlamentaria del país, se pronunció con gallardía en contra del gobierno del usurpador Victoriano Huerta.

Su osadía la pagó con su vida que la ofrendó en aras de la libertad y la democracia de su patria, recordamos con respeto y admiración al hombre que dijo; "libres por la palabra libres", me refiero al doctor Belisario Domínguez Palencia.

Por todo ello es un privilegio ser chiapaneco y por nuestra propia voluntad tener el orgullo de ser mexicano.

Muchas gracias.

Muchas gracias a usted diputado Andrés Carballo Bustamante.

En otro tema de la agenda del día de hoy, en proposiciones, en aquella referente a una exhortación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo para que realicen las gestiones necesarias a fin de que se dé cumplimiento a lo pactado por el Gobierno Federal, Ferronales, Instituto Mexicano del Seguro Social para los trabajadores ferrocarrileros, se difiere esta proposición al final de las que están agendadas el día de hoy.

La siguiente, que es referente a una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Presidente de la República a fin de que expropie el terreno en el que se ubica el ex hotel Casino de la Selva y sea éste declarado monumento artístico, histórico y arqueológico. Este punto de proposición se difiere para una sesión próxima.

ESTADO DE PUEBLA

Por lo tanto, entramos a la proposición que formula con punto de acuerdo sobre el saneamiento integral del sistema hidrológico Necaxa, el diputado Alberto Amador Leal, a quien se le concede el uso de la palabra. 

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

La primera planta generadora de energía eléctrica a gran escala, fue construida a principios del siglo pasado aprovechando los afluentes del río Necaxa en la sierra norte de Puebla.

A partir de ese despliegue técnico y financiero de la empresa canadiense, promotora del proyecto, pasando por la nacionalización de la industria, así como por el proceso de liquidación hasta llegar a la constitución de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro como empresa descentralizada apenas en la última década, los trabajadores de la industria y la potencialidad de la naturaleza de esta región, han aportado una cuota significativa al desarrollo de la zona centro del país.

Como otras regiones de la geografía nacional, esta zona no ha tenido reciprocidad para un desarrollo sostenido y equilibrado. Como ejemplo, trágico ejemplo, cabe mencionar que la comunidad nahuatl de Necaxaltepetl, asentada a principios de siglo en el lecho de lo que hoy es la presa de Necaxa y hoy ubicada en la parte alta, tuvo energía eléctrica apenas hace 10 años y el miércoles pasado perdieron la vida seis personas por el desprendimiento de tierras a virtud de la deforestación y la erosión de la tierra.

Así que al paso del tiempo, el desbalance económico y social y la acumulación de rezagos han configurado un escenario tal de conflicto que la viabilidad del crecimiento y la calidad de vida de esta zona podría estar en riesgo, de ahí la importancia de la exhortación aprobada por esta soberanía el pasado 5 de abril para que los tres órdenes de gobierno impulsen un programa integral de desarrollo de la sierra norte de Puebla.

Una parte importante, justamente se refiere a la atención, a la urgente atención que debemos dar a la descomposición ecológica que está prácticamente por convertirse en un verdadero ecocidio.

No existe posibilidad alguna de desarrollo sustentable y equitativo y menos aún de una reconversión productiva que aproveche racionalmente el atractivo y la riqueza natural si no se detiene la contaminación de las aguas, la deforestación y la erosión de los suelos, por eso ha sido alentadora la actitud de todos los actores para construir una propuesta incluyente y comprometida.

Entre los antecedentes inmediatos destacan: en mayo de 1999, a instancias de los diputados locales, el gobierno del Estado y los municipios de la región firmaron un acuerdo para construir depósitos comunes de basura, operar con eficiencia el acueducto denominado "Puente de Riel" y formular los proyectos y los modelos de financiamiento para el tratamiento de aguas.

En marzo de 2000, el Sindicato Mexicano de Electricistas incluyó en la revisión de su contrato colectivo la obligatoriedad de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para formular un estudio sobre la contaminación de los vasos que alimentan a la planta.

El 3 de mayo de ese mismo año, representantes de los gobiernos federal, estatal y de los municipios, suscribieron una carta de intención para que el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México realice un diagnóstico integral de las condiciones ambientales.

El 9 de mayo de este mismo año, el gobernador del Estado, Melquiades Morales Flores; los secretarios: de Energía, Ernesto Martens; el del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger; los directores generales de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Alfonso Caso; de la Comisión Nacional del Agua; el de la Comisión Forestal y los seis presidentes municipales involucrados, suscribieron las bases de coordinación para llevar a cabo la primera etapa del programa de saneamiento y asignaron un presupuesto de 11 millones de pesos.

El estudio del Instituto destaca, entre otras cosas, que la cuenca de Necaxa tiene en su entorno seis centros urbanos con una población de 300 mil habitantes; que el 22% del suelo es sobreexplotado o incompatible; que el 38% de la superficie tiene índices altos y muy altos de erosión; que los niveles de deforestación indican que en los últimos 20 años se han perdido 6 mil 700 hectáreas o sea una tasa del 10% muy superior a la media nacional que es del 2%; que cerca de 13 mil hectáreas presentan altos niveles de riesgo geológico, como ya lo indicamos, con desprendimientos, con pérdida de vidas humanas a causa de las lluvias, como sucedió hace algunos días.

368,369,370

En fin, que la baja calidad del agua afecta la salud ambiental y que el depósito de basuras a cielo abierto igualmente está poniendo en riesgo la ecología.

En principio se acordó, como ya decíamos, una inversión inicial de 11 millones de pesos para el presente año, que por un lado ha resultado insuficiente y que por otro han surgido obstáculos para que los ayuntamientos concreten las inversiones acordadas. También se observa un escaso avance en el tratamiento de las zonas reforestadas y de los suelos erosionados.

Por todo lo anterior y en atención a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que las comisiones de Energía y de Ecología, de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados promuevan, convoquen a una reunión de trabajo a los servidores públicos involucrados de la Federación, del Estado de Puebla, del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de los municipios de Chignahuapan, Huauchinango, Juan Galindo, Xicotepec de Juárez y Zacatlán, del propio Estado de Puebla, así como al Sindicato Mexicano de Electricistas, a efecto de determinar el horizonte del proyecto de saneamiento integral del sistema hidrológico de Necaxa y particularmente la ejecución de las acciones específicas determinadas.

Segundo. Que de conformidad con la valoración derivada del punto anterior, se haga del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de ponderar la inclusión de una partida específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2002 que permita dar continuidad y consistencia a las acciones emprendidas para hacer frente al grave problema a que nos hemos referido.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias al diputado Alberto Amador Leal, quien escuché bien, su planteamiento implicaría a tres comisiones: la de Medio Ambiente; Recursos Naturales y de Energía.

Túrnese, en consecuencia, a las comisiones unidas de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE COLIMA

Para presentar una proposición con punto de acuerdo en torno a desaparecidos en el Estado de Colima, tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados nombre una subcomisión encargada de dar seguimiento al caso de dos desaparecidos en el Estado de Colima.

La libertad del hombre es un derecho garantizado y respetado por el Estado mexicano, que se traduce en que ninguna autoridad pueda privarlo de ella, si no es consecuencia de una resolución dictada por un juez, seguida de un procedimiento en el que se hayan respetado las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14, 15 y 21 de la Constitución General de la República.

"Cualquier funcionario que priva de la libertad a otro, la ordena o la permita, sin observar lo anterior, comete un acto ilegal e injusto, pero también ruin, que merece el desprecio de los familiares, de quien la sufre y de la sociedad entera."

Lo anterior lo digo porque muchos ciudadanos en este país han padecido la desaparición injusta temporal o definitiva de un familiar, de un amigo o de un vecino por parte de las autoridades policiacas. Es el caso de la familia Martínez Dueñas, quien desde el pasado 30 de junio del presente año han sufrido las consecuencias de la detención y desaparición del ciudadano Alejandro Martínez Dueñas, ocurrida en la ciudad de Colima. Los antecedentes son los siguientes:

El pasado 26 de junio, Alejandro Martínez Dueñas, de 25 años de edad, con residencia en la ciudad de Guadalajara, viajó a la ciudad de Colima para visitar a su amigo Jesús González Medina. El día 30 ambos fueron detenidos afuera del domicilio de este último por un numeroso grupo de personas armadas, vestidas de negro, quienes actuaban al estilo de policías judiciales, mismos que iban a bordo de cinco vehículos, entre los cuales se encontraba una camioneta Lobo y una Suburban, de acuerdo con el testimonio de vecinos del lugar.

La familia de Alejandro Martínez, y en especial su hermana Diana, al enterarse de lo anterior iniciaron una búsqueda que ha sido todo un viacrucis y que afirman, están dispuestos a continuar hasta dar con el paradero de su hermano.

En la ciudad de Guadalajara presentaron una demanda de amparo en contra de diversas autoridades policiacas, tanto del Estado como federal, mismos que negaron haberlos detenido. Acudieron a los juzgados de distrito y en ninguno había proceso. En Colima, igualmente se presentó demanda de amparo, pero también negaron el acto de detención.

Sus familiares presentaron una denuncia ante la Policía General Judicial del Estado, por la desaparición. A la fecha se desconoce cualquier avance.

La señora Diana Martínez, acompañada del diputado local Armando de la Mora, acudió con el secretario general de gobierno del Estado de Colima, Humberto Silva Ochoa, quien les aseguró que tenía información de que a los jóvenes los habían detenido elementos de la Policía Judicial Federal, que los tenían en esta Ciudad de México, vivos pero incomunicados.

La señora Diana llegó a esta ciudad el pasado 10 de agosto y desde luego inició su búsqueda, presentó su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes le informaron que no tenían tiempo de apoyarla porque se encontraban ocupados en la formación del expediente de los desaparecidos políticos de 1970.

Tuvieron que aparecer algunas notas en la prensa nacional para que actuaran en consecuencia, sin embargo, un servidor, a petición de los propios familiares, he ofrecido el apoyo para lograr el paradero de su familiar. Así también lo han hecho otros legisladores: la señora Rosario Ibarra de Piedra, algunos periodistas y muchas otras personas preocupadas por la desaparición del joven Alejandro Martínez.

El 14 de agosto envié un oficio al Procurador General de la República y la oficina de asuntos jurídicos de la fracción parlamentaria envió otro a Jorge Campos Murillo, subprocurador de procedimientos penales, solicitándole información acerca de la detención o no del joven Alejandro Martínez y su amigo.

La respuesta la recibimos el martes 28 de agosto mediante el oficio 1464/01, firmada por el licenciado Jorge Campos Murillo, en la que nos informa lo siguiente:

Que realizada una minuciosa búsqueda y recabados los antecedentes respectivos de la subprocuraduría a mi cargo, así como de la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud y de la subprocuraduría A y C, no se encontró acta circunstanciada, averiguación previa ni mandamiento judicial en contra de las personas afectadas.

El pasado 21 de agosto, la señora Diana Martínez presentó ante la autoridad federal una denuncia por el delito de desaparición forzosa de personas, delito de reciente aprobación y quizá estemos ante los primeros dos desaparecidos del actual Gobierno.

En lo particular, el 30 de agosto envié un oficio al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, a efecto de que informe a los familiares si elementos de esa dependencia los tienen o no detenidos. El 7 de septiembre le envié otro oficio al Secretario de Gobernación, en el que le expongo el asunto y solicitamos su intervención.

Recientemente, en la ciudad de Colima, el gobernador del Estado negó públicamente que alguna autoridad del Estado lo haya detenido y que el Procurador General de Justicia del Estado tiene información extraoficial de que un grupo especial de la PGR se encontraba en esas fechas en Colima y que ellos los habían detenido por supuesta falsificación de billetes. La delegación de Colima negó lo anterior mediante un boletín de prensa.

Han pasado más de dos meses y medio y de los jóvenes detenidos no se sabe nada, los familiares viven en la zozobra y la desesperación ante la ausencia de información. Sin embargo, creen que alguna autoridad los tenga detenidos en algún lugar, esperando cuando menos que se encuentren bien de salud.

Los familiares de Alejandro Martínez aseguran que no tiene ningún antecedente penal. Sin embargo, aun en el caso de que estuviese acusado de algún delito, esto no da derecho para tenerlo incomunicado por más de dos meses. Esto es ilegal e injusto y no se debe consentir ni permitir por ningún ciudadano y mucho menos por esta representación. Sería muy lamentable y penoso que finalmente resulte que los muchachos se encuentran detenidos por alguna de las autoridades que han negado su detención y que hasta este momento nada más se están echando la bolita.

El asunto de la desaparición de personas, sea por cuestiones política u otras, es un tema que por años se ha pretendido ocultar y hacer olvidar y sin embargo aún subsiste y continuará hasta que se logre el paradero y se castigue a los culpables.

Sería penoso que esta práctica continuara, pero más agrave aún es que la autoridad no haga nada por encontrarlos ante la desesperación de familiares y el asombro de la sociedad.

Por lo anterior y por tratarse de una violación a los derechos humanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRD, somete a consideración de esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados integre una subcomisión para que examine los antecedentes que como anexos se acompaña y en su momento haga las gestiones e investigaciones necesarias con objeto de identificar a la autoridad que los tengan detenidos y consecuentemente dar fin a la incomunicación.

Este es un problema, compañeras y compañeros diputados, que ningún legislador, ninguna persona de la sociedad, puede seguir permitiendo; nos encontramos, desde mi punto de vista, ante un problema de desaparecidos y esto por la forma en que han actuado las autoridades, tanto locales como federales, considero que esto está enmarcado desde el propio Estado.

Estamos asombrados de lo que está pasando en los Estados Unidos, pero yo creo que no podemos perder la capacidad de asombro ante lo que sucede en nuestro país, ante los desaparecidos políticos o no en los que se viola constantemente sus derechos humanos.

Muchas gracias.

Gracias al diputado Ramón León Morales.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Señor Presidente.

Sí, diputado Jaime Salazar Silva...

Activen el sonido en la curul del diputado, por favor.

(desde su curul):

Para rectificar hechos, por favor.

Tiene usted la palabra, diputado, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, diputado Presidente; compañeros diputados:

La denuncia a la cual ha hecho referencia mi compañero Ramón León, obedece sin lugar a dudas a un tema muy importante para todos nosotros, en especial para los diputados que tenemos la representación del Estado de Colima.

El hecho mismo ya narrado ha tomado tintes de desesperación para todos los familiares que tocando una serie de puertas e instancias gubernamentales, no han podido encontrar una respuesta adecuada a sus demandas y cómo no desesperarse ante el hecho, por demás doloroso, de la desaparición de sus seres queridos y de personas que, según su dicho, no presentaban ninguna serie de problemas legales que pudiesen dar origen al procedimiento jurisdiccional por parte de autoridades.

371,372,373

El señor Alejandro Martínez Dueñas, la desaparición, y de Jesús González Medina, por ningún motivo puede quedar impune y mucho más allá, nosotros mismos no podemos permitir este tipo de acciones sin que caigamos tampoco en el acto de juzgar a ciertas instancias como responsables de esta desaparición; pero sí reclamamos el que la propia instancia gubernamental haga las investigaciones correspondientes y rindan el informe hacia este Congreso a través de la comisión que se crearía para poder dar respuesta a un reclamo natural y de estos ciudadanos que desgraciadamente se encuentran inmersos en esta situación tan difícil.

El grupo de Acción Nacional y en especial los diputados de Colima, integrantes de este grupo parlamentario, manifestamos nuestra adhesión al punto de acuerdo externado por el diputado Ramón León y hacemos votos también a que la instancia de la Cámara rinda un punto de acuerdo inmediato para que pueda ser calificado y encontrar una respuesta inmediata a este planteamiento tan noble y que debería de ocuparnos a todos nosotros.

Tengo la convicción y la firme idea de que estas personas todavía se encuentren con vida y puedan reunirse con sus familiares. Contribuyamos a ello.

Muchas gracias.

Gracias a usted, diputado Jaime Salazar Silva.

Por considerar que sería del interés de los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la intervención del diputado Jaime Salazar Silva, se instruye a la Secretaría para que se les otorgue la versión estenográfica a los miembros de dicha comisión.

Tiene la palabra el diputado Roberto Preciado Cuevas, por cinco minutos.

Con su permiso, señora Presidenta:

Efectivamente como ha sido mención de manera muy recurrente el tema de los dos desaparecidos en nuestro Estado, en Colima, se hace absolutamente necesario que se integre la comisión que indague el paradero y que dé resultados cabales; yo creo que la opinión del compañero Ramón León Morales se ajusta estrictamente a un hecho que no corresponde a una verdad sobre una solicitud. Hubo planteamientos de parte del diputado León Morales ante las autoridades del Gobierno de la República, para que pudiera esclarecerse el paradero de estas dos personas que se han hecho mención. No obstante que una hermana de uno de ellos ha estado comunicándose con autoridades estatales y se tiene conocimiento de parte del Secretario de Gobierno, una opinión que pudiera ajustarse precisamente a un indicio de lo que pudiera estar ocurriendo con estos dos desaparecidos.

Ramón León Morales lo ha ajustado de una manera muy precisa, que se estuvieran dando los primeros dos desaparecidos de este Gobierno de la República y creo que si coincidiendo los compañeros panistas del Estado de Colima, Ramón León Morales y mi compañero Jesús Orozco, también del Estado, que pudiéramos ser los legisladores federales de Colima, los que estuviéramos componiendo esta comisión a fin de que pudiera aclararse por parte del Gobierno de la República, de una vez por todas, la situación que guarde de estas dos personas que fueron privadas de su libertad y que tiene en una angustia a su familia y por supuesto que yo creo que la sociedad colimense estaría más tranquila si se diera una respuesta cabal, inmediata a la situación de estos dos desaparecidos.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el compañero Jesús Orozco Alfaro y un servidor Roberto Preciado Cuevas, nos pronunciamos también a favor de integrar esta comisión, y, sobre todo, si fuéramos los legisladores federales de Colima los que estuviéramos al frente o componiendo esta comisión.

Muchas gracias.

Muchas gracias, señor diputado.

Se solicita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos tome nota de esta solicitud de los diputados y en el marco de las atribuciones de la comisión, invite cuando lo considere pertinente a los legisladores de Colima de todos los grupos parlamentarios, para que coadyuven con los trabajos formales de la comisión sobre este tema.

ESTADO DE MEXICO

Continuando con la orden del día se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a las actividades de espionaje telefónico en el Estado de México.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Resulta siempre grave que se afecten los derechos y garantías de cualquier individuo, particularmente cuando se daña el ámbito íntimo de las personas y, en consecuencia, se atenta en contra de la dignidad humana, por ello, la ley prevé un límite a la actividad estatal, en los casos en que ello resulta necesario.

En efecto, el reconocimiento de los derechos humanos, son un dique a la acción estatal en el marco de la aplicación de la ley, estableciendo un espacio mínimo de facultades, posibilidades y oportunidades, que propicien la vida social del ser humano, por ello el respeto de los derechos de toda persona humana, constituyen los principios medulares de los actos de los sistemas políticos de corte democrático.

Asimismo, libertad y derechos humanos, entrañan un vínculo indisoluble. La libertad es el punto eje de los derechos humanos, toda vez que por ella se explica la posibilidad de autonomía del ser humano en la sociedad, así como en los límites a los poderes externos a él, singularmente del Estado y sus autoridades.

En síntesis, los derechos humanos, plasmados en nuestra Constitución como garantías individuales o sociales, constituyen el espacio por el que la persona hace valer su dignidad ante el poder del Estado y son el dique por el que se resguarda, ante cualquier tentativa autoritaria, de alguna de las instancias de gobierno.

No obstante lo anterior, sigue habiendo en nuestro país hechos reprochables, que vulneran garantías de los gobernados, ejemplo de ello, es lo acontecido en el Estado de México recientemente.

Recordemos que hace más de dos meses, el pasado 5 de julio, la unidad especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, detuvo a 12 personas, por presuntas actividades de intervenciones ilícitas de comunicaciones, al no ser ordenadas por autoridad judicial federal. Actividades ilícitas que operaban, tanto en domicilios del Estado de México como en los mismos domicilios del Distrito Federal.

Derivado de dicho operativo, a las personas involucradas se les encontraron cassettes, aparatos electrónicos, documentos y demás objetos e instrumentos, que fueron los indicios para afirmar que estaban llevando a cabo de manera ilegal, vigilancia a personas, inmuebles e instalaciones determinadas, así como intervenciones telefónicas a dirigentes de partidos políticos y funcionarios federales.

Se tiene conocimiento hasta el día de hoy, que las indagatorias efectuadas, se arrojan indicios de que esta actividad ilícita, era presumiblemente promovida y financiada, desde las oficinas del Secretario General de Gobierno y del Secretario Particular del gobernador del Estado de México, licenciado Arturo Montiel Rojas.

Siendo el caso que eran estos funcionarios estatales a los que se reportaban e informaban los 12 espías detenidos por la PGR, así como otros 35 espías más, de los cuales se sabe, existe orden de presentación en su contra.

Las conductas ilícitas descritas y mejor conocidas como espionaje, son una violación a los derechos humanos, es una violación flagrante a las garantías individuales, establecidas en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, particularmente del párrafo noveno del artículo 16, que garantiza como regla la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, estableciendo sólo como caso de excepción, cuando la autoridad judicial federal las autorice a petición de la autoridad federal, que faculta la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente y de conformidad con los requisitos y límites previstos en las leyes; luego entonces tales hechos son una actividad que daña a la sociedad y una violación al derecho humano que tienen las personas a la intimidad.

En otros países, la intervención ilícita de comunicaciones es un acto sancionado severamente, incluso cabe recordar que en Estados Unidos de América, el sonado caso Water Gate, le costó la destitución al entonces presidente Richard Nixon.

Resulta lamentable que quienes son responsables de garantizar el estado de derecho, sean los primeros en vulnerarlo; resulta también lamentable que la autoridad estando obligada a generar confianza, sea la primera en generar sospechas. Es inaceptable que consideren más importante su razón política y su ambición desmedida de poder, que respetar la razón superior de los ciudadanos, su libertad y en consecuencia el derecho a su privacidad e intimidad.

Por ello, acciones como las desarrolladas en el Estado de México, sólo pueden ejecutarse mediante estrategias perfectamente definidas y concertadas y lo más grave, financiadas con los impuestos de los contribuyentes del Estado de México.

El rudimentario sistema de intercepciones telefónicas ha dejado al descubierto la ineficiencia, la corrupción y el desastre político del gobierno que encabeza el licenciado Arturo Montiel Rojas, en donde los ejemplos de esta mala actuación abundan.

Por estas consideraciones expuestas, los diputados integrantes de la fracción del Estado de México, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, coincidimos en la necesidad de que esta representación nacional dé seguimiento al desarrollo de las indagatorias.

Sobre estos reprobables hechos, consecuentemente sometemos a esta soberanía el presente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Que esta Cámara de Diputados, se sirva solicitar al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, para que informe respecto del estado que guarda las investigaciones del caso de intervención ilegal de comunicaciones privadas, suscitada en el Estado de México.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Rodolfo González Guzmán, sobre este tema.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Me permito hacer uso de esta tribuna, para referirme a los planteamientos vertidos por el Partido Acción Nacional, sobre el supuesto espionaje cometido en el Estado de México, asunto en el que hago las siguientes precisiones:

En la sesión celebrada por la Comisión Permanente el 18 de julio del año en curso, el PAN presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que las investigaciones o la integración de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos sobre intervenciones ilegales a comunicaciones telefónicas u otras cometidas en el Estado de México, se realicen hasta sus últimas consecuencias, se profundicen las mismas y se realicen las consignaciones que correspondan, a efecto de deslindar responsabilidades penales respectivas.

En dicha sesión, se dejó constancia de que la posición del grupo parlamentario del PRI, al solicitar que se continúen las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República, hasta que se llegara a la conclusión del caso; se iniciaran las correspondientes en los otros asuntos que son de la misma naturaleza, que se evitará la partidización del caso y se realizarán las acciones legales que correspondan.

Posteriormente, en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, que tal vez sea lo que ignore el diputado Alejando Enrique Gutiérrez, en la sesión celebrada el pasado 22 de agosto se sometió a la consideración de sus integrantes, el dictamen correspondiente mediante el cual se solicita a la Procuraduría General de la República que en la integración de la averiguación previa relacionada con hechos sobre intervenciones ilegales a comunicaciones telefónicas, cometidas en el Estado de México, se realicen hasta sus últimas consecuencias a efecto de deslindar las responsabilidades y consignar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos, mismo que fue aprobado.

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Hasta el momento en la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República, no se tienen como probables responsables, a ningún funcionario del gobierno del Estado de México, motivo por el cual no se ha emitido ninguna orden de aprehensión.

El gobierno del Estado de México, se ha comprometido a coadyuvar en todo lo que sea necesario, para que las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República, en torno a los presuntos involucrados en la red de espionaje, sigan adelante y lleguen hasta sus últimas consecuencias, manteniendo una actitud de total apertura y transparencia.

Y asimismo, condenó enérgicamente la práctica del espionaje y se deslinda de tener injerencia alguna en este ilícito. Ha urgido a la PGR, a efecto de que se agilice y profundice la investigación sobre la red de espionaje descubierta por dicha dependencia.

Cabe mencionar a los integrantes de esta Cámara, que a partir de que se empezó a magnificar el supuesto espionaje en el Estado de México, han surgido diferentes casos de espionaje a nivel nacional, entre otros, los realizados en Querétaro, Baja California, Jalisco y Morelos, que son gobernados por Acción Nacional. Por lo que consideramos necesario que la Procuraduría General de la República, investigue a todos aquellos casos de espionaje que se han dado a conocer a través de los medios masivos de comunicación, ya que de lo contrario, se estaría dando un trato inequitativo o parcial al asunto del Estado de México.

Y con referencia al Estado de Querétaro, el propio gobernador Ignacio Loyola Vera, aceptó. Y decimos que ante confesión expresa, relevo de pruebas.

Por lo anterior, los legisladores que integramos el grupo parlamentario del PRI, consideramos necesario hacer una solicitud para que se continúen por parte de la Procuraduría General de la República, las investigaciones del caso que nos ocupa.

Asimismo, que se incorpore en el punto de acuerdo, propuesto por el PAN, que se inste a la Procuraduría General de la República, para que inicie las investigaciones correspondientes en todos aquellos asuntos de espionaje que han dado a conocer a través de los medios masivos de comunicación en toda la República y en particular en los que he dado cuenta en mi intervención, evitándose la partidización del caso; debiéndose conducir quienes intervengan en las indagaciones correspondientes, con seriedad, con responsabilidad y profesionalismo.

Y por ser un asunto que por su naturaleza requiere de mayor estudio, solicito a la Presidencia se turne a comisiones.

Muchas gracias.

Gracias, señor diputado.

Ha solicitado para rectificar hechos sobre el mismo tema, el diputado Alfonso Bravo y Mier, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Con su venia, señora Presidenta; compañeros diputados:

Los diputados de Acción Nacional nos presentamos el día de hoy aquí, a pedir y a reafirmar que se nos entregue por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Nación, el resultado de las investigaciones sobre el asunto del espionaje en el Estado de México.

Si nuestros compañeros diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, tienen pruebas y denuncias que hacer ante la Procuraduría General de la República, sobre el hecho del espionaje, es su derecho y estamos de acuerdo, en que procedan a levantar las actas y las denuncias correspondientes.

Por el otro lado, es importante resaltar que durante el término de la petición de Acción Nacional, no fue de manera gratuita, habrá que recordar muy concretamente los hechos en los que el propio gobernador del Estado de México, con hechos totalmente resumidos y relacionados, aceptó y promovió la firma de un acuerdo de diferentes gobernadores de los estados de la República, con dinero del Congreso del Estado de México.

Nosotros exigimos y pedimos que se nos entreguen pruebas concretas, los resultados de la investigación, sea quien sea el culpable. No estamos señalando nosotros directamente a nadie. Pedimos a la autoridad responsable que nos entregue los resultados de las investigaciones y que si hay alguien a quien sancionar se le sancione.

Pero no es el venir aquí, al pedir una investigación, el zafarse de ella lanzando culpas y ataques a otros. Eso no se puede definir aquí, sino se tiene que definir, en todo caso, con hechos, resultados y acciones concretas, de la autoridad concreta responsable del hecho.

Y finalmente, compañeros, tenemos que pedir a la autoridad que se preserva sobre toda instancia el bienestar y los derechos de comunicación de cada uno de los compatriotas mexicanos.

Muchas gracias.

El señor diputado Rodolfo González ha solicitado el uso de la palabra, para rectificar hechos.

Sobre el mismo tema, el diputado Barbosa.

Nuevamente con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Esta alta tribuna de la nación tiene por objeto, aparte de que las legisladoras y legisladores hagamos las mejores leyes que trasciendan para la vida nacional del país, revisar aspectos como los que se mencionan.

Pero no se puede generar una polémica solamente hacia un solo sentido, hacia el Estado de México. Es notorio y de pública sabiduría que diferentes gobernadores de Acción Nacional han aceptado que llevan a cabo estas prácticas porque los medios de comunicación, la prensa escrita así lo ha determinado.

Consideramos, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que estamos de acuerdo que se permita la libertad, que no se ataque y que no se transgredan los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución General de la República, pero nuestra finalidad, como legisladores, no es la persecución de los delitos. La Procuraduría General de la República es la instancia que está abocada para la integración de la averiguación previa. Tendrá que realizar las indagatorias correspondientes para que los culpables materiales o intelectuales paguen.

Pero nosotros no podemos crear en esta tribuna y hacer cuestiones de carácter personal. Decía el diputado que no se señala a nadie, pero sí se ha señalado, se ha señalado a Arturo Montiel, quien no se ha determinado su responsabilidad.

Y yo quisiera concluir nada más diciendo que efectivamente Ignacio Loyola sí aceptó tener una red de investigación para cuidar a las universidades, a los funcionarios estatales, federales, a los políticos, a las propias iglesias. Entonces, aquí podría caber la situación de que si Calígula hizo a su caballo cónsul, porqué Ignacio Loyola no iba a hacer a su perico un investigador.

Muchas gracias.

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, sobre el mismo tema.

Gracias, señora Presidenta:

Indudablemente que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional están haciendo su labor: justificar y defender al gobernador Montiel.

Y los legisladores de Acción Nacional haciendo lo suyo respecto al gobernador Loyola.

Yo quisiera invitarlos a que tuviéramos una posición no inmediatista, que asumiéramos con mucha responsabilidad nuestra función de parlamentarios y reconociéramos que este tipo de prácticas políticas, que podrían desarrollarse en cada uno de los estados, está dado por la ausencia de un marco jurídico al respecto.

No existe una ley federal que regule a los organismos de inteligencia. Hay una confusión entre lo que es inteligencia y lo que es espionaje político. El mismo Cisen, que tiene destinada una sola fracción del artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública para establecer su existencia, es y está diseñado para ser un organismo de espionaje político. Así está hecho y se justifica a través del tema y del concepto de seguridad nacional, cuyos alcances y limitaciones no están aún definidos.

Así es que yo invitaría a priístas y panistas que no nos pongamos a defender a nuestros gobernadores y que nos pongamos a legislar y a trabajar sobre un marco regulatorio en relación al espionaje político y a la inteligencia nacional.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias, señor diputado.

Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el diputado Ulises Ramírez Núñez del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Con su permiso, señora Presidenta:

Hemos escuchado muy atentamente argumentos francamente con poco sustento, particularmente de nuestros compañeros del Partido Revolucionario Institucional. Es verdaderamente lamentable que en esta tribuna se venga a defender lo indefendible. Para nadie y para ningún ciudadano del Estado de México resulta ajeno la ola de calamidades que el gobierno del Estado viene desarrollando consecuentemente de estas actividades de espionaje.

Hemos criticado abiertamente el mal manejo de los recursos públicos que el gobierno del Estado de México está haciendo. El día de hoy, sin lugar a dudas, pudimos percatarnos en los medios de comunicación nacionales que adicionalmente a este espionaje telefónico, el gobernador del Estado entrega recursos a diputados independientes y de otros partidos para comprar conciencias. En lugar de preocuparse por el desarrollo de nuestra entidad, se pone a comprar conciencias de diputados. Recursos del programa de inversión estatal que deben de ser invertidos en el desarrollo de nuestras comunidades.

¡Qué más hay de los maiceros que fueron golpeados en la plaza de la propia capital! ¡Qué más hay de Chimalhuacán que ha sido un reclamo de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática!

¡No queremos más en esta tribuna que se venga a hablar de calamidades! Comparto lo que mi compañero diputado acaba de señalar, ¡vengamos con responsabilidad aquí a construir consensos, no a defender ladrones que se han dedicado a usurpar funciones, a dañar a la sociedad mexiquense y por supuesto a seguir impulsando cuestiones que todos repudiamos!

Yo los invito a todos aquí a que nos pongamos de acuerdo a sacar consensos. A que aquí nuestros compañeros, diputados federales, hagamos reglas claras para la utilización de los recursos públicos que se necesitan en los lugares que se están inundando precisamente ahora en tiempo de lluvia. ¡No perdamos el tiempo en este tipo de vaguedades! ¡Seamos positivos, constructivos y los invitamos a todos, incluso a los del PRI, a que nos sumemos a este acuerdo político nacional que seguramente es una necesidad para el desarrollo de nuestra nación!

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, diputado.

Ha solicitado el uso de la palabra para el mismo tema, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Vázquez.

Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El Estado de México, con 13.5 millones de habitantes, con una industria de la transformación que aporta el 19% al ingreso por este concepto al país, que aporta el 11% al producto interno bruto, ha enfrentado hace muchos años un crecimiento demográfico singular impresionante. Han llegado al territorio mexiquense cientos, miles, millones de mexicanos provenientes de todas las latitudes del país, para encontrar en esa tierra, en nuestra tierra, una oportunidad de vida mejor.

Ahora la sociedad mexiquense, urbana fundamentalmente, tiene serias preocupaciones y tiene inquietudes e intereses que distan mucho de centrarse en el pleito o el litigio entre partidos.

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Tengo, amigas y amigos, la fortuna de conocer prácticamente todo el territorio del Estado, de haber dialogado con todas las corrientes políticas, de haber escuchado a muchas personas de distintos estratos y de diferentes edades y algo que me queda muy claro es que los mexiquenses no desean ver pleitos entre sus políticos, para eso están los rines si de eso se trata y me parece, amigas y amigos diputados, que el tema que hoy ha motivado este debate tiene un camino natural, hay instituciones públicas que no pueden ser ignoradas; la investigación de los delitos corre a cargo de la Procuraduría General de Justicia. En el caso del Estado de México y de la Procuraduría General de la República, en el caso de los ilícitos federales.

Se han mencionado aquí declaraciones de diversas personas y no es desviar el tema y derivar acusaciones, hay una expresión en derecho que dice que: "a confesión de parte, relevo de pruebas". El señor gobernador del Estado de Querétaro reconoció públicamente que en su Estado había intervención telefónica, que había evidentemente espionaje telefónico; no ha ocurrido eso en el Estado de México.

Con todo respeto y con toda consideración para esta Asamblea, me parece que debieran ocuparnos temas más trascendentes. Podríamos discutir mucho en materia política, podría recordar, por ejemplo, que el Partido Acción Nacional en el Estado de México es gobierno, que gobierna municipios importantes. Podría recordar también que algunos de sus presidentes municipales han resultado con más dotes histriónicas que para gobernar, que algunos presidentes municipales se han visto inmiscuidos en problemas severos de corrupción y que hoy los quieren defender a toda costa.

Y podría citar finalmente algo que yo lamenté, porque reconozco la seriedad y el profesionalismo de muchos políticos de Acción Nacional, pero lamenté que en julio de 1999 y en agosto de 1999 el consejo estatal de ese partido, ordenara a sus diputados incumplir la Constitución del Estado, al ordenarles no acudir a la sesión de la legislatura del Estado del 15 de septiembre, en la que debía rendir protesta el gobernador Montiel: Montiel ganó la elección, pero finalmente, amigas y amigos, el tema que han presentado me parece que debe revisarlo la Procuraduría conforme a sus propias atribuciones.

Y, señora Presidenta, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, se permite proponer en relación al asunto del espionaje telefónico, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

"Unico. Que se haga extensiva la investigación de la Procuraduría General de la República sobre espionaje telefónico a todos aquellos gobiernos denunciados ante los medios de comunicación y, desde luego, a aquellos que hayan aceptado públicamente incurrir en este ilícito."

Le ruego someterlo a la consideración de la Asamblea, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Gracias, señor diputado.

Le ruego entregue a la Secretaría la propuesta, para proceder en consecuencia al trámite respectivo.

Ha solicitado la palabra para rectificar hechos, el diputado Víctor Hugo Sondón Saavedra, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Inmediatamente que concluya su exposición el diputado Sondón, esta Presidencia hará referencia a los trámites pertinentes derivados del debate que estamos presenciando.

¿El diputado Torres? Tomás Torres.

Diputado Torres, ¿quiere usted hacer algún planteamiento o está solicitando el uso de la palabra?

Activen el sonido en la curul del diputado Tomás Torres, por favor.

 Sí, señora Presidenta, gracias por el uso de la palabra. Solamente para preguntar a usted cuál es el trámite respectivo ordenado, con relación a la adición al punto de acuerdo que el diputado que me precede en el uso de la voz por esta Presidencia.

Hasta este momento no he dispuesto ningún trámite, señor diputado, porque nos habían pedido la palabra para rectificar hechos sobre el mismo tema el señor diputado Sondón y esta Presidencia le comentó a la Asamblea que inmediatamente terminando esta intervención someteremos a su consideración el trámite que nos sugiere la Ley Orgánica.

Sí, diputado, en el uso de la palabra, por favor.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Nosotros indudablemente que en Acción Nacional seremos muy respetuosos de la etapa indagatoria en la cual se encuentra actualmente la Procuraduría General de la República, pero indudablemente también los diputados de Acción Nacional y en su conjunto el partido, estaremos muy pendientes de todos los trabajos que se realicen y hacia dónde apunten las líneas de investigación.

Pero también no podemos hoy decir o pretender tener ceguera cuando sabemos que es un secreto a voces las prácticas de espionaje que se han realizado hoy en el Estado de México, no tan sólo, sino en toda su historia.

Los nuevos tiempos reclaman al país la transparencia en todas sus actividades de investigación y obviamente también hay sus instancias respectivas para realizarlas; las líneas de investigación hasta el día de hoy apuntan directamente hacia gente que trabajó, hasta ese día por lo menos, en el gobierno del Estado de México y sobre los resultados de la Procuraduría que entregará, esperemos muy pronto, seguramente estaremos encontrando lo que aquí estoy diciendo.

Y quiero decirles que también respecto de todas las acusaciones que pudieran hacerse o denuncias respectivas de otros gobiernos estatales sobre espionaje telefónico, nosotros no venimos aquí únicamente a acusar y no venimos tampoco solamente a defender, aquí venimos a acusar, independientemente de quienes realizan el espionaje telefónico, a todas las autoridades no autorizadas por medio de las líneas de investigación, a realizar este tipo de actos.

Y tampoco es desconocido que de una u otra manera hasta hoy el gobernador Montiel ha tratado de intervenir, de una u otra forma, a los partidos políticos en el Estado de México. Prueba de ello es el propio Congreso local, de donde como lo había dicho un compañero mío de Acción Nacional, por medio de uno de los presupuestos más importantes que tiene la entidad, el PRI ha venido otorgando el uso indiscriminado de estos recursos a los diputados locales los cuales hasta el día de hoy no se han dedicado a legislar, que es su labor; se han dedicado a estar promoviendo obra pública en la entidad y esto no lo podemos negar y de eso también tenemos pruebas.

Pareciera ser que hoy el gobernador Montiel, y digo el gobernador Montiel, porque pareciera ser que hasta allá se inclinan las investigaciones. Quisiera que algún científico inventara el día de hoy algo que pudiera leer la mente de la gente en el Estado de México para poderse enterar de todas las estrategias políticas que pueden llevar a cabo los partidos políticos, pues ojalá parte del presupuesto lo asignaran para que todos los científicos mexiquenses tuvieran esta oportunidad, por lo menos.

Y una vez más se demuestra la impunidad que prevalece hoy en el Estado de México. Hace poco tuvimos la desgracia de perder a una entrañable compañera, regidora de Atizapán; sin hacer alguna acusación directa hacia nadie, tuvimos el brutal asesinato de la séptima regidora del ayuntamiento de Atizapán, María de los Angeles Támez Pérez, quien fue victimada a la entrada de su domicilio y hasta ahora también le hemos exigido a la Procuraduría del Estado hacia a dónde apuntan las líneas de investigación y un resultado con respecto de esta investigación y no hemos tenido respuesta, lo único que dicen, igual que siempre, "se está investigando". Nos queda el beneficio de la duda.

Lo que le pedimos en este caso a la Procuraduría General de la República, es que de manera inmediata rinda un informe como ya se había solicitado, con antelación, de toda la investigación realizada con respecto al espionaje telefónico.

Señores, nunca el gobernador del Estado de México, y eso se nota aquí con los resultados del espionaje telefónico, ha hecho en todo su gobierno, un acto de inteligencia.

Quiero comentarles también, que no respetó tampoco al Congreso local, eso es rehuir a la labor que se tiene dentro de la entidad. No presentó su informe como gobernador ante el Congreso local, eso también nos quiere decir mucho, tal vez porque esperaba interpelaciones por parte de los congresistas. Lo único que pedimos son resultados, resultados ya.

Con el propósito de que la Asamblea esté informada de la lógica de esta mesa directiva para el trámite que vamos a proponerles, se ha presentado en esta sesión una propuesta del diputado Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a las actividades de espionaje telefónico en el Estado de México; esa propuesta fue turnada por esta Presidencia a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

En el curso del debate, el diputado Rodolfo González Guzmán sugirió desde esta tribuna el que se adicionara esa propuesta de punto de acuerdo con que se hiciese extensiva esta solicitud a la Procuraduría General de la República a otras entidades federativas de las cuales los medios de comunicación habían señalado problemas de esa índole y particularmente aquéllas en donde los presuntos involucrados habían hecho declaraciones en sentido positivo.

Posteriormente, un diputado del grupo parlamentario de Acción Nacional señaló que no había la disposición de incorporar este elemento adicional a la propuesta inicial de punto de acuerdo y posteriormente, hubo una nueva propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Jaime Vázquez con una proposición distinta.

En ese sentido, esta Presidencia quisiera preguntar al diputado proponente de manera inicial, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, si el texto de su punto de acuerdo queda exactamente como fue presentado o admite alguna adición en el sentido que lo presentó el diputado Rodolfo González Guzmán.

Queda tal cual como se presentó, señora Presidenta.

Gracias, señor diputado.

En tal virtud, se le solicita al diputado Secretario dé lectura al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara.

"Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara: las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que le suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:

I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas; podrá su autor o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.

II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, refiriéndose al autor del proyecto o proposición.

III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."

Gracias, señor diputado.

Le ruego dar lectura a la proposición presentada por el diputado Jaime Vázquez Castillo.

Unico. Que se haga extensiva la investigación de la Procuraduría General de la República sobre espionaje telefónico a todos aquellos gobiernos denunciados ante los medios de comunicación: Diputado Jaime Vázquez.

Le ruego consulte a la Asamblea, en términos del numeral tercero del artículo 58, si es de admitirse o no a discusión la proposición. La presentada por el diputado Jaime Vázquez; la anterior ya fue turnada.

Por instrucciones de la Presidencia, se solicita a los diputados si se acepta la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jaime Vázquez.

380,381,382

Diputado Barbosa, ¿quiere usted hacer algún comentario antes? ¿Me permite concluir el trámite o es una observación de trámite?

 Sí, diputada.

El artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, que dio lectura el señor Secretario, se refiere al trámite que debe llevarse a cabo para poner a discusión una proposición con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ése es el tema de esta sesión y está en el orden del día, no podemos abrir un espacio para una nueva proposición con punto de acuerdo y ése es el derecho del PRI para hacerle una sesión diferente.

Señor Secretario. Atendiendo la observación del diputado Barbosa, la proposición con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional fue turnada por esta mesa directiva inmediatamente después de presentada, porque esta proposición con punto de acuerdo se procesó en el seno de la Junta de Coordinación Política y recibimos la información en la mesa directiva en donde están representados los grupos parlamentarios que hacen mayoría en esta Cámara, de que el turno acordado por los coordinadores era a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

En ese sentido, nadie está cuestionando un turno que se dio oportunamente en función de los acuerdos en los órganos de gobierno que tienen facultades y posibilidades de desarrollar acuerdos de manera previa a la sesiones. Sin embargo, los órganos de gobierno que tienen esas posibilidades y esas aptitudes no son limitativos del derecho que tiene esta Asamblea, para en uso de los artículos que señala nuestro Reglamento, dar cauce a su interés legislativo o político, de conformidad con la ley aplicable y esta mesa directiva tiene la obligación, sin limitar porque no hubo consulta previa con los órganos de gobierno, la obligación de dar cauce en términos jurídicos a las solicitudes que se presenten en el curso de la sesión.

En ese sentido, lo que está haciendo esta Presidencia es someter a consideración del pleno si es de aceptarse o no la propuesta presentada por el diputado Jaime Vázquez Castillo.

Le solicito a la Secretaría nuevamente dé lectura al artículo 58.

"Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara: las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:

I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en la que sean presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.

II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición y

III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quien corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada".

Señor Secretario, le ruego dar lectura al artículo 21 fracción IV del Reglamento Interior de esta Cámara.

"Artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior: son obligaciones del Presidente: fracción IV: determinar qué asuntos deben ponerse a discusión, prefiriendo los de utilidad general; a no ser que por moción que hiciera algún individuo de la Cámara, acuerde ésta dar la preferencia a otro negocio"

Es todo.

En tal virtud y habida cuenta de que ya habló un individuo en pro o a favor de la propuesta del diputado Jaime Vázquez y que el tema se había discutido de manera suficiente, sugerimos a esta Secretaría proceder con el numeral 3 del artículo 58. Sin embargo, si algún diputado quiere hacer uso de la palabra en contra de la propuesta del diputado Jaime Vázquez, se abre el registro.

De no ser así, le ruego a la Secretaría dar de nuevo lectura al artículo 58 fracción III y someter inmediatamente a votación si es de admitirse o no la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Jaime Vázquez.

"Artículo 58 fracción III: inmediatamente se preguntará a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición. En el primer caso, se pasará a la comisión o comisiones a quien corresponda y en el segundo se tendrá por desechada".

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a los diputados si se admite o no a discusión la proposición que se acaba de leer.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, señora Presidenta.

Gracias, señor diputado.

TRABAJADORES MIGRANTES

El siguiente punto del orden del día es la presentación del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para establecer el día de los trabajadores braceros.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros...

Señora Presidenta.

Sí... disculpe, señor diputado. Diputado Jaime Vázquez, sobre qué tema... activen el sonido en la curul del diputado Jaime Vázquez.

En relación con el resultado de la votación...

Diputado Jaime Vázquez, lo lamento, esta Presidencia dio turno al siguiente punto del orden del día y no hubo una observación previa y no podemos regresar el trámite, le ofrezco una disculpa.

Adelante, diputado.

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

En el marco de las festividades del mes patrio, sigue habiendo en nuestro país luchadores y héroes no reconocidos y ellos también son parte sustantiva de nuestra historia.

Me refiero a los millones y millones de compatriotas que de manera legal o ilegal han emigrado a nuestro vecino país convirtiéndose en el pilar para el sostenimiento de sus familias y de la economía en sus regiones y entidades de origen.

México es uno de los países que enfrenta a sus ciudadanos a que encuentren una salida a su demanda de sobrevivencia a través de este fenómeno social llamado la emigración.

El desempleo, la falta de oportunidades, las constantes crisis económicas por las que ha atravesado el país son sólo unas de las cuantas causas por las cuales cerca de medio millón de mexicanos emigran anualmente a Estados Unidos. Esto ha tenido como consecuencia familias desintegradas, violaciones de los derechos humanos, altos índices de mortalidad al tratar de cruzar la frontera ilegalmente entre otras.

Quiero empezar refiriéndome al más importante convenio que para el envío de trabajadores a Estados Unidos se suscribió entre los dos gobiernos en el año de 1942, el famoso Programa Bracero.

En el marco de este convenio, entre 1942 y 1964, se enviaron 4 millones 500 mil trabajadores mexicanos quienes fueron contratados para trabajar en los campos agrícolas y en las vías férreas a fin de mantener la base económica de ese país durante la guerra y la época de recuperación. Estos trabajadores no recibieron ningún reconocimiento oficial a la entrega y valentía que representaba su contribución a las economías de los dos países.

Como parte del acuerdo, los trabajadores braceros se comprometieron a aportar el 10% de los salarios a cuentas bancarias de los gobiernos de Estados Unidos y México y en el caso específico los ferrocarrileros, otro tanto al fondo de pensión. El fondo de ahorro creado debería ser regresado a los trabajadores y hasta el momento no lo han recibido.

No quiero extenderme en este punto, mismo que ya es de sobra conocido por esta soberanía, misma que sensiblemente ante este histórico problema ha creado el pasado mes de abril la Comisión Especial para la Investigación de los fondos de ahorro de los braceros entre 1942 y 1964.

El 10 de septiembre de 1942, se firmó el primer contrato denominado Contrato Tipo, destinado a los trabajadores agrícolas teniendo como base el arreglo internacional.

El 29 de septiembre de 1942 llegó el primer grupo de 1 mil 500 trabajadores emigrantes a Stockton, California, quienes se inconformaron por el trato que recibieron a su llegada por las condiciones tan deplorables en las que los recibieron, por lo que los mexicanos en un acto heroico realizaron la primera huelga de trabajadores migrantes en ese país, con la cual demandaron respeto a su dignidad y derechos.

En días pasados, los presidentes Bush y Fox han estado abordando el asunto de los migrantes y ello ha llevado tanto a tener esperanza como precaución entre las diversas comunidades de mexicanos radicados al otro lado. Es por ello que han decidido declarar el 29 de septiembre, día internacional del bracero, este mismo mes en Estados Unidos. Están previstos diversos actos entre los que destacan el que se realizará en Stockton, California el día 29, así como el día de acción proderechos del migrante que se realizará el día 25 de este mes en Washington.

Como nos hemos dado cuenta, nuestros paisanos lo que están buscando con estas celebraciones es su reconocimiento como trabajadores, que históricamente han contribuido y siguen contribuyendo al engrandecimiento de la economía norteamericana. Por parte de nosotros mexicanas y mexicanos, que tenemos la oportunidad de encontrar alternativas de vida en el país, es importante tener siempre presente que en buena medida nuestras oportunidades se sientan en la aportación invaluable que ellos dan a la economía nacional. Ello demanda que les demos el justo y merecido reconocimiento, haciendo eco de las diversas solicitudes de acciones que nuestros paisanos realizan del otro lado de la frontera. Con ello sólo estaremos reconociendo la necesidad histórica de dignificar a nuestros connacionales en su trabajo, derechos humanos y contribución a la economía del país.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito propone ante este pleno, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se instruya a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que a la brevedad y a nombre de esta soberanía, solicite al Ejecutivo Federal la instauración del día 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, (Bracero).

Segundo. Que la Comisión de Relaciones Exteriores haga comparecer al ciudadano Jorge Castañeda, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que exponga la política y acciones que en materia migratoria viene realizando el actual Gobierno Federal.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor diputado.

383,384,385

Han solicitado hacer uso de la palabra sobre este tema, hasta por cinco minutos, el diputado Raúl Martínez González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su permiso, señora Presidenta:

Los mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos son parte importante para la economía de México, así como su apoyo a la economía estadounidense y esto es innegable.

Las recurrentes crisis que por años ha sufrido nuestro país, ha sido la causa de que millones de mexicanos emigren a los Estados Unidos, aunque tengan para esto que vivir todo un viacrucis en los Estados Unidos, así como la pasión que sufrieron en su trayecto por las vejaciones que sufrieron dentro de nuestro mismo país por parte de nuestras autoridades mexicanas.

Hemos visto con tristeza, consecuencia de la emigración, cómo han sido violados los derechos humanos de ambos países hacia nuestros connacionales y revisando la situación que guardan nuestros compatriotas en los Estados Unidos, debemos de impulsar el acuerdo migratorio planteado por nuestro señor Presidente para que los cerca de tres millones y medio de mexicanos que se encuentran en la ilegalidad en los Estados Unidos, tengan mejores condiciones de vida y vivan dentro de la legalidad y salgan con la frente en alto y puedan ser producto, tener producto a un acceso a la seguridad social y a la educación en aquel país, así como transitar con orgullo y con la frente en alto dentro de Estados Unidos, como todo un gran mexicano y dentro de lo legal.

En 1942 y precisamente el 29 de septiembre llega el primer grupo de trabajadores a California, quienes a su llegada demandaron siempre respeto a sus derechos, a sus personas, a su dignidad, situación que poco se ha dado, pero que el actual Gobierno está demandando.

Es por eso, que apoyamos la propuesta del diputado Ramón León, para que se establezca el 29 de septiembre como el día del trabajador migrante, ya que los mexicanos que en los Estados Unidos se encuentran, tienen distintas formas de vida, producto de su trabajo y no todos precisamente como braceros.

Por lo cual, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, está de acuerdo en que se constituya el 29 de septiembre como el Día del Trabajador Migrante, en reconocimiento a la merecida labor realizada por nuestros connacionales y en contribución a las economías de ambos países.

Esta propuesta quedará además marcada dentro de las festividades de nuestro mes patrio y que forman también ya parte de nuestra historia y que a los hermanos que han emigrado al vecino país y que son parte fundamental del sostenimiento de sus familias y por ende, de la economía de sus regiones y de nuestro México, les demos el apoyo y reconocimiento que ellos se merecen.

Muchas gracias.

Gracias señor diputado.

Sobre el mismo tema Timoteo Martínez Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

A nombre de mis compañeros y amigos diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, me permito dar el punto de vista sobre este tema tan importante para nuestra fracción, la cual siempre ha estado y estará de acuerdo en todo lo que signifique el apoyo y bienestar para nuestros compañeros connacionales, los cuales al no encontrar oportunidades de empleo en su lugar de origen, se ven obligados a buscar éstas en un país extraño que no es el de ellos, con otros idiomas, otras costumbres.

Por todo lo anterior y otros motivos más, estamos de acuerdo con lo antes expuesto por el diputado Ramón León Morales, el que se investigue bien lo referente al Programa Paisano, el cual fue firmado el primer contratotipo el 10 de septiembre de 1942 y que duró hasta el año de 1964.

Que va a ser muy importante y motivante para nuestros paisanos, que están en el extranjero, el que se instituya el día nacional del trabajador migrante o bracero. Y qué bueno que sea el 29 de septiembre, ya que es el mes más significativo por todo lo que representa para nosotros los mexicanos.

Nuestros compatriotas se sentirán bien representados en esta Cámara de Diputados, que nos acordamos de ellos, que por lejos que estén, ellos nos ayudan en la economía, en nuestrps locales, en los municipios y en el estado y que ellos se sientan parte de esta Cámara de Diputados, que nos acordamos de ellos y qué bien que se celebre el día del paisano en los Estados Unidos, ya que ellos vienen a contribuir al mejoramiento de la economía nacional y vean ellos también que nosotros nos preocupamos por sus condiciones de vida, de trabajo y de su bienestar social.

Es cuanto, muchas gracias.

Gracias, señor diputado.

Se solicita a la Secretaría dé el siguiente turno al punto de acuerdo.

En cuanto al numeral 1, túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. En cuanto al numeral 2, túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

El siguiente punto del orden del día, corresponde a comentarios sobre el asunto electoral en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

ASISTENCIA (II)

Hemos pasado a agenda política y le solicitamos a la Secretaría antes de ello, cierre el registro de asistencia que permaneció abierto hasta estas horas, para propiciar se incorporaran los diputados que estaban trabajando en la comparecencia del Secretario de Educación Pública.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 381 diputados.

Ciérrese el sistema electrónico.

ESTADO DE CHIHUAHUA

Como habíamos informado, el siguiente punto del orden del día se refiere a comentarios sobre el asunto electoral en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Han solicitado el uso de la palabra sobre este tema hasta por 10 minutos, el diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario de Acción Nacional; el diputado Víctor Antonio García Dávila; del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y el diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la palabra al diputado David Rodríguez Torres.

Con su permiso, señora Presidenta:

«Los suscritos, en nuestro carácter de diputados de esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, como miembros del grupo parlamentario de Acción Nacional, ocurrimos a esta elevada representación a fin de presentar un posicionamiento respecto de la pretensión de anular las elecciones al ayuntamiento en el municipio de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua. Para hacerlo nos basamos en lo siguiente:

Fracción I. El día 1o. de julio del presente año, se llevaron a cabo elecciones para renovar ayuntamientos, el Congreso local y los síndicos en el Estado de Chihuahua.

En el municipio de Juárez, el proceso electoral marchó sin contratiempo alguno, aunque las campañas políticas estuvieron marcadas por las descalificaciones, ataques a las instituciones, marcada agresividad y enfrentamientos continuos. Ese clima de hostilidad manifiesta fue alentado fundamentalmente por el gobernador del Estado de Chihuahua, el contador público Patricio Martínez García.

En fecha 4 de julio, la asamblea municipal declaró la validez de las elecciones y entrega la constancia de mayoría a la planilla de Acción Nacional. En esa elección se tuvo una ventaja de poco más de 9 mil sufragios sobre aquella que ocupó la segunda opción, que fue la del PRI. Tres días después, el PRI interpone dos recursos: uno de inconformidad y otro de revisión.

Ahora bien, el 20 de agosto retropróximo, fue resuelto por el tribunal estatal electoral el recurso en comento, sentencia según la cual se anulan las elecciones en aquel municipio en atención a considerandos diversos como son la pretendida sustitución ilegal de candidatos a regidores suplentes, supuestas violaciones al principio de equidad que rige en materia electoral; la supuesta ilegalidad para sustituir poco más de 3 mil funcionarios en 901 casillas y la ubicación irregular, supuestamente, de algunas de estas.

Fracción II. A todo esto, el 25 de agosto el PAN presenta una demanda de juicio de constitucionalidad, misma que está pendiente de resolver entre las que se destaca lo siguiente:

1. Primeramente llama la atención la activa participación del tribunal estatal electoral en la resolución del recurso; una y otra vez el Tribunal se desatiende de los hechos narrados por el promovente y le enmienda la plana; una y otra vez ignora los razonamientos y agravios que pretendió sacar adelante el PRI y los corrige y los modifica arbitrariamente, para finalmente concluir en asuntos ajenos a aquellos que le fueran primeramente planteados por este.

2. Sin embargo, uno de los principales sustentos para resolver como lo hizo fue la supuesta intervención en medios por parte del presidente municipal, de la que destaca la transmisión desde el canal 26, ubicado en la ciudad de El Paso, Texas, intervención de un solo día en un solo canal de televisión y que según la cual el pueblo de Juárez votó por los candidatos de Acción Nacional.

Para llegar a esta aberrante conclusión, el tribunal no titubeó en lo absoluto, dejando de considerar que dichos actos no pueden, válidamente, considerarse como suficientes para anular toda una elección. Ello, por la simple razón de que no fueron graves, sistemáticos, generalizados ni determinantes para el resultado de la misma; para haberlo sido, tendría que haberse demostrado que su difusión constituyó una violación sustancial dirigida a la jornada electoral, lo que es inexacto, pues razonablemente no puede creerse que esos actos aislados en un solo día etcétera hayan sido determinantes, pues ello implicaría que todos los potenciales electores que lo vieron, votaron precisamente por el partido político del cual emana el presidente municipal; que bastaron dos entrevistas para lograr lo anterior; que bastó sólo un día para lograr todo eso y que el solo hecho de que fuera el presidente municipal quien dio esas entrevistas, vinculó su contenido con el hecho de que la ciudadanía votara por el PAN. Pero además, que con toda la influencia que se le atribuye se pudo ganar solamente la presidencia municipal de Ciudad Juárez, por el PAN y perder las diputaciones en el mismo municipio; la mayoría de las diputaciones fueron triunfos para el PRI.

Fracción III. En síntesis, no tiene lógica lo ocurrido en Chihuahua; no tiene lógica que el gobernador del Estado interfiera en asuntos ajenos a su competencia; no tiene lógica que un órgano autónomo e independiente, que está obligado a resolver conforme a derecho, se pliegue a la voluntad del mandatario en turno; no tiene lógica que se privilegie el deseo o el capricho de un gobernante, por encima del interés de miles de ciudadanos que en forma libre y espontánea decidieron favorecer con su voto a los candidatos de su preferencia.

En Juárez, recién acaba de consumarse uno de los peores atracos electorales en la historia de Chihuahua. Ello por parte del tribunal estatal electoral, porque esta vez lejos de las prácticas habituales en ese sentido, superada ya la etapa del carrusel, de la urna embarazada, del taqueo, entre otras muchas, producto de la fértil imaginación de algunos, superada esa etapa, repito, se pretende inaugurar ahora una nueva forma de engañar la voluntad popular. Si se consuma este atraco, ya ni los órganos ciudadanizados ni los organismos autónomos, serán garantía de transparencia y limpieza electorales. Se condena con ello a ese municipio y con ello al Estado y al país, a continuar en el atraso, como si nada hubiera ocurrido en los últimos años que nosotros recordemos; como si el advenimiento de la democracia fuera cosa de un México independiente de los mexicanos.

Los juarenses lo que con nuestro voto limpio ganamos el pasado 1o. de julio, simplemente no habremos de permitirlo.

Es todo lo que tengo que decir, señora Presidenta.

Atentamente este documento debo darlo a conocer en el sentido que fue firmado por los diputados: Francisco Ezequiel Jurado Contreras, Gregorio Arturo Meza de la Rosa, Manuel Narváez Narváez, César Patricio Reyes Noel, Luis Villegas Montes, Abelardo Escobar Prieto y su servidor, David Rodríguez Torres.»

Muchas gracias.

386,387,388

Gracias, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra sobre el mismo tema, al diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del PT.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Hemos decidido participar en el tema de la elección del ayuntamiento de Ciudad Juárez, ya que consideramos que la resolución del tribunal electoral del Estado acerca del recurso de inconformidad en el que el Partido Revolucionario Institucional es actor, estamos ciertos de que es una sentencia apegada a derecho.

Como partido de oposición, el Partido del Trabajo siempre ha estado a favor de que los procesos electorales se desarrollen en cumplimiento estricto de las normas jurídicas que lo rigen, pero no estamos de acuerdo en que las autoridades, trátese del nivel de que se trate, intervengan a favor de algún candidato, realizando con ello elecciones de Estado.

Los partidos de oposición siempre hemos condenado, política y jurídicamente, el que desde las oficinas administrativas del Gobierno se pusieran a disposición de los candidatos recursos económicos o realización de obra pública para favorecerlo.

Debe existir siempre una clara diferencia entre lo que es el ejercicio de la función pública y lo que es la participación, como militante de un partido en apoyo a sus candidatos.

En el caso de la elección de Ciudad Juárez quedó acreditada la indebida intervención del alcalde panista Gustavo Elizondo, ya que, en contravención a lo que se establece en el Código Electoral, adquirió tiempo en una estación de televisión de El Paso, Texas, para hacer promoción a favor del candidato de su partido. Esto, una vez que los tiempos para hacer campaña habían concluido, aclarando que el alcalde no tenía por qué asumir tales conductas.

El Partido del Trabajo está persuadido de que nuestra participación en los procesos electorales se puede ganar o se puede perder. A fin de cuentas el elector es quien decide en conciencia por quién da su voto. Este acto de libertad lo respetamos y somos consecuentes con ese mandato.

Pero lo que no podemos aceptar es que la autoridad pública indebidamente haga proselitismo por algún candidato. Eso rompe el sano equilibrio entre los partidos políticos y hace presumir que la autoridad utiliza indebidamente recursos públicos en esas campañas.

Compañeras y compañeros legisladores, los diferentes actores políticos en múltiples ocasiones impulsamos propuestas de reformas legales para establecer un sistema jurisdiccional de lo contencioso electoral. En 1996, el Constituyente Permanente aprobó reformas a diferentes ordenamientos de nuestra Norma Fundamental.

En el caso que nos ocupa, el artículo 116 fracción IV incisos c y d…

Señor diputado, me permite un segundo. Está solicitando el uso de la palabra el diputado Gregorio Meza. ¿Con qué objeto, señor diputado?

Señora Presidenta, deseo preguntarle al orador si acepta una pregunta, si me hace el favor.

Señor diputado, consulta el diputado Meza si acepta usted una pregunta.

Sí.

Sí la acepta, puede formularla.

Gracias, señora Presidenta.

Diputado, ¿usted vio o conoció de viva voz las declaraciones del presidente municipal de Ciudad Juárez por lo que usted acaba de decir? No es cierto lo que usted acaba de decir. ¿Las conoció, señor?

Las conocí por lo siguiente, compañero. Yo trabajo en radio y las escuché en cinta grabada. Yo trabajo en una estación de radio.

Señor diputado, le ha contestado su pregunta.

Continúe, diputado, con su exposición.

El artículo 116 fracción IV incisos c y d de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos transitorios de dicha reforma se estableció la obligación por parte de los constituyentes permanentes de los estados, de realizar las adecuaciones correspondientes a sus constituciones locales.

En razón de lo anterior, existe ya, a nivel federal y en todos los estados, un sistema de lo contencioso electoral. Si los compañeros del Partido Acción Nacional no estuvieron conformes con la resolución del tribunal electoral local, por supuesto que interpusieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el juicio de revisión constitucional correspondiente.

Es a esa resolución a la que se le debe acatamiento.

Muchas gracias.

Gracias, diputado.

En el uso de la palabra el diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del grupo parlamentario… Sí, diputado Sandoval.

Creo que la respuesta del compañero diputado del PT es suficiente, declino de mi participación.

Declina el diputado Sandoval.

El diputado Tomás Torres, para rectificar hechos.

Les recuerdo a los diputados que éste es un debate pactado. Vamos a permitir el registro de una ronda para rectificar hechos y luego someteremos a consideración de la Asamblea si se considera el punto suficientemente discutido.

Pregunto a los diputados que se quieran inscribir en la ronda para rectificar hechos, para hacer el registro pertinente.

Diputados: Villegas Montes, del PAN; Tomás Torres, del PRD; Jorge Esteban Sandoval, del PRI; Manuel Narváez, del PAN; César Duarte, del PRI; Abelardo Escobar, del grupo parlamentario de Acción Nacional; Gregorio Meza, del grupo parlamentario de Acción Nacional; Efrén Leyva, del PRI y Francisco Jurado Contreras, de Acción Nacional.

Al término de estas exposiciones se consultará a la Asamblea si está suficientemente discutido el punto.

Se concede el uso de la palabra al diputado Villegas, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Buenas tardes. Gracias, señora Presidenta:

Me preocupa como chihuahuense, me preocupa como diputado, lo argumentado esta mañana por el compañero que me precedió en el uso de la tribuna, porque denota un profundo conocimiento del sentido de la resolución. En principio me voy a permitir leer la trascripción de dicho spot:

"Amigo juarense: hace apenas pocos años los juarenses enfrentamos los obstáculos que impedían el respeto a nuestra libertad y así fuimos pioneros de la vida democrática que hoy se respira en México. El respeto a tu dignidad y a tu libertad se logró con el sacrificio y la entrega de muchos.

"¡Por eso, te invito a que este domingo decidas libre y conscientemente el futuro de Juárez. Que nada ni nadie te impida votar! Muchas gracias."

Es falso que se haya hecho proselitismo a favor de candidato político alguno. En este sentido, la resolución del tribunal estatal electoral en Chihuahua viola la ley, principalmente, porque olvida el tribunal aplicar un principio que él mismo había defendido con anterioridad, como era que las controversias en esa materia debían ser de estricto derecho. Así resulta sorprendente que el magistrado ponente dos días después de haber emitido dicha resolución haya declarado en medios lo siguiente, cito textualmente:

"Además, al presentar el PRI una impugnación de nulidad un tanto corta por los escasos días que contempla la ley electoral para promover este recurso, los argumentos no fueran tan fuertes. Había formas de destruirlo, dice, el recurso de nulidad, pero no presentaron pruebas."

Resulta sorprendente, repito, que el magistrado declare que el recurso del PRI era corto, que los argumentos no eran fuertes y que había formas de destruir el recurso. Es decir, que expresamente admita que no encontraba razones válidas para declarar la nulidad de las elecciones y, sin embargo, haya emitido su resolución en ese sentido. Olvida las tesis que el mismo tribunal con antelación había sostenido, una de las cuales dice, cito textualmente:

"Este tribunal debe ceñirse a los agravios y consideraciones jurídicas de las partes, sin poder ir más allá, aun cuando se adviertan circunstancias que impliquen irregularidad de algún acto."

No obstante, cabe señalar también que el tribunal decide contra derecho, porque uno de los recursos que presentó el PRI lo presentó extemporáneamente. Llama también la atención que el tribunal haya olvidado sus propios criterios cuando textualmente deslinda al gobernador del Estado de declaraciones, de entrevistas que el mismo gobernador Patricio Martínez había hecho en los medios del Estado.

Dice el tribunal respecto de las declaraciones del gobernador: "si bien es cierto que la ley obliga a no publicar un mes antes del día de la jornada electoral las obras que estén o haya realizado, también es cierto que con ello no implica deban paralizarse las actividades de Gobierno". Es decir, el gobernador sí pudo descalificar, vituperar, criticar, influir y en general externarse con entera libertad sin que pasara nada, pero cuando un funcionario de segundo nivel, en la página 10 del diario de menor circulación del municipio presenta una entrevista, entonces sí hay motivo en este caso para anular las elecciones de aquel municipio.

No tiene sentido esa resolución porque no se aplica a derecho. No tiene sentido porque no existe una aplicación jurídica racional alguna, sólo la arbitraria voluntad de un gobernante, la sumisa actitud de un tribunal y el peor retroceso en la historia democrática de este país, si toleramos que sucumba al capricho de uno solo la voluntad de miles.

¡Por todo ello, acudimos ante esta elevada tribuna, confiados en que el Tribunal Federal Electoral, basado en la ley, habrá de rectificar! ¡Por todo ello, repito, acudimos a esta tribuna a denunciar este hecho y a advertirle a Patricio Martínez García, gobernador del Estado de Chihuahua y a quienes son como él y junto con él han hecho de las aspiraciones democráticas de este país una burla, que no lo vamos a tolerar, que no permitiremos que la triste historia de fraudes a la voluntad popular continúe y se repita en perjuicio de los chihuahuenses! ¡Venimos a decirle hoy aquí, que ya basta!

Muchas gracias.

Gracias. Le ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 102 del Reglamento, relativo a rectificar hechos.

"Artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior. Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco minutos."

389,390,391

Gracias, señor Secretario.

Esta Presidencia solicitó el registro de intervenciones para rectificar hechos, habida cuenta de que el debate que estamos presenciando es un debate pactado, en el cual los grupos parlamentarios habían registrado exclusivamente un orador.

Queda claro que las intervenciones de los diputados están vinculados con el tema y con la intervención antecedente que dio pauta a la solicitud de rectificar hechos.

Si no fuere así o si fuese sobre hechos subsecuentes, pondremos a consideración el registro de los diputados que se han inscrito.

Habiendo solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos, el diputado Tomás Torres Mercado, se le concede hasta por cinco minutos.

Con su venia, señora Presidenta:

Hace apenas escasos siete u ocho minutos, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, conjuntamente con la del Partido Acción Nacional, externó su voto y corrigió el trámite parlamentario ordenado a un punto de acuerdo planteado en esta tribuna.

La Presidenta con atingencia, una vez superada la etapa procesal correspondiente, da por asumida la voluntad de esta Asamblea.

Hago esta reflexión a modo de prólogo, en el sentido de que en el ejercicio del poder público quede claro que existen tres órbitas de competencia: la del Ejecutivo o la del Legislativo de crear leyes o las del Poder Judicial de dirimir controversias, es decir, de aplicar la ley.

Es preciso señalar al Partido de la Revolución Democrática en un contexto en el que a través de una lucha histórica se han instituido órganos jurisdiccionales con el propósito de dirimir controversias, aun en la materia electoral, como es el tema que ahora se discute y estamos obligados a someternos al imperio de la ley.

Y aun en el supuesto de que la resolución no convenza a la parte contendiente, que sea el golpe, decía un legislador del siglo antepasado, que sea el golpe redoblado de la jurisprudencia el que la modifique o el que el Congreso asuma su propia responsabilidad.

¿Ante quién dirimiremos las controversias como éstas y otras? Por analogía señora Presidenta, cito el caso último de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que establece que Andrés Bermúdez, connacional nuestro, a propósito estamos en el mismo tono de reconocer su esfuerzo en el extranjero, era innelegible y declara en efecto que el voto obtenido y el cómputo legalmente ratificado en todas las instancias no le era propio y en este momento hay una discusión intensa en el Estado de Zacatecas, en donde los votantes dicen, es responsabilidad del titular del Ejecutivo del Estado y no hemos dimensionado el efecto que esto tiene.

El llamado nuestro es, si discursamos y hablamos de someternos a un estado de derecho como único posible de llevarnos a niveles de desarrollo convenientes para la sociedad toda, aceptemos, aceptemos con dignidad y aun en contra del convencimiento partidario individual, las resoluciones definitivas de los órganos jurisdiccionales que finalmente son reivindicación y son producto de la expresión política de las fuerzas que juegan en éste y en otros escenarios.

Hágase la voluntad de Dios en el peculio de mi compadre, pero cuando nos toque a nosotros habrá que reflexionarlo repetidamente si cumplimos también con responsabilidad el procesar leyes justas, sabias, que convengan, si no a todos, que pretendan equilibrar el desarrollo armónico de la sociedad.

Gracias señora Presidenta.

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Manuel Narváez Narváez , del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Con su permiso, señora Presidenta:

Desde 1939, año en que se fundó, Acción Nacional ha librado un sinfín de batallas en contra de la represión, la corrupción y en contra de toda práctica antidemocrática.

El PAN se creó y desarrolló como una constante fuerza opositora del régimen autoritario; a seis décadas de su nacimiento levantamos enérgicamente la voz ante el atraco que se pretende perpetrar en contra de la voluntad del pueblo chihuahuense.

Es inaceptable que mientras la nación vive inéditos tiempos democráticos, en Chihuahua se pretenda realizar una regresión a las épocas en que el gobernador decidía la suerte y destino de sus gobernados.

Compañeras y compañeros: atrás suponemos quedaron los años en que la voluntad del pueblo era burlada de la manera más burda, tosca y vulgar, donde sólo bastaba que el tirano en turno elevara el pulgar para imponer a su antojo al heredero de sus innobles propósitos.

No olvidemos que en 1986, cansados precisamente de la impunidad en los actos electorales, en Chihuahua salimos a las calles a defender con toda justicia lo que legítima y legalmente ganamos en las urnas.

Aunque pudo más la bayoneta, la opresión, la represión y el chantaje, jamás, jamás bajamos los brazos y en 1992 regresamos para recuperar lo que democráticamente nos correspondía; sin embargo, hoy la voluntad popular de nueva cuenta se ve amenazada pero ahora por las argucias de aquellos simuladores que ante la falta de compromiso y talento para gobernar, le apuestan a la interpretación subjetiva y a la frialdad de la ley con el afán de obtener en la mesa lo que no son capaces de conseguir con el trabajo honesto.

Señoras y señores diputados: en Ciudad Juárez la voluntad popular pretende ser burlada por un tribunal electoral sumiso, que como muchos heredados del viejo régimen aún subsisten para interpretar a su antojo las leyes electorales y así cumplir los caprichos que nacen del odio y del calor emocional.

En franco desafío a las más elementales garantías individuales y lacerando terriblemente nuestro estado de derecho, el tribunal electoral que anuló por órdenes del gobernador Patricio Martínez las elecciones de Ciudad Juárez y despojó de un triunfo legítimo al PAN, es el mismo que el 27 de octubre de 1997 desechó la solicitud de 264 mil chihuahuenses que invocaron la figura del referendum para rechazar una reforma constitucional que presentó el PRI y en la que desaparecía de un plumazo un organismo electoral independiente del Ejecutivo.

Es el mismo que en 1998 despoja a Acción Nacional de dos diputaciones plurinominales, partiendo de su muy particular interpretación de la ley; es el mismo que el pasado mes de agosto arrebata nuevamente al PAN dos diputaciones plurinominales siguiendo el despojo, evidenciando una vez más la sumisión hacia la mayoría priísta en el Congreso y al Ejecutivo estatal.

Sin duda, esta resolución del tribunal electoral de Chihuahua se aleja de los principios rectores de una verdadera institución de derecho que debe estar conformada por jueces imparciales, tal y como lo consagra nuestra Carta Magna; éste se ha convertido en un mero colegio electoral que sirve a los intereses del gobernador del Estado. A pesar de ello, Acción Nacional cree en las auténticas instituciones jurídicas de México, es por eso que estamos seguros que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitirá su sentencia apegada a derecho y a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, certeza e imparcialidad.

Partiendo de ese criterio, en honor a la justicia, estamos seguros que ratificará el triunfo del candidato electo por el pueblo.

¡Juárez no está solo y los chihuahuenses estamos listos para defender con todo lo que de hecho y por derecho nos corresponde!

Es cuanto, diputada Presidenta.

Gracias.

En el uso de la palabra, el diputado Jorge Esteban Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su permiso, compañera Presidenta; señoras y señores diputados:

Quiero felicitar, en primer término, al diputado Tomás Torres, por la claridad con la que ha expuesto aquí el ámbito de competencias para dirimir las cuestiones de orden electoral. Sin duda esta tribuna no es para entrar al fondo del asunto de una controversia electoral que se ha suscitado en el Estado de Chihuahua.

Me ha llamado la atención poderosamente, que los compañeros de Acción Nacional en Chihuahua, están convencidos y creen que son depositarios en exclusiva y per se, de la honestidad, de la honorabilidad de la eficiencia, de la capacidad y quieren venir aquí a demostrarnos y convencernos de que ellos son puros, castos y honestos.

He tenido la fortuna de dirigir a mi partido en momentos cruciales en la vida política del Estado de Chihuahua y en esos momentos pudimos demostrar a los chihuahuenses que los gobiernos de Acción Nacional no son ni tan honestos ni tan eficaces, como lo quieren seguir pregonando.

Hoy, no nos extraña que nuevamente los señores legisladores de Acción Nacional traten de defender lo indefendible y de crear confusión en torno a hechos plenamente conocidos y valorados por la opinión pública.

Una vez más retoman lo que ellos denominan el problema electoral de Ciudad Juárez, esgrimen los ya gastados y consabidos argumentos que tan reiteradamente hemos escuchado. La mayoría de los chihuahuenses a quienes nos constan los hechos de referencia sabemos que el tribunal estatal electoral actuó apegado a derecho y valorando con justicia las pruebas que el PRI le presentó para acreditar los agravios causados.

Quiero recordarles a los compañeros diputados de Acción Nacional, que mi partido acreditó la existencia de violaciones a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que en materia electoral consagran la Constitución General de la República y la propia Constitución del Estado de Chihuahua. Quiero referirme nada más a unos cuantos casos, que por su gravedad determinaron la nulidad del proceso de elección para presidente municipal de Juárez.

La asamblea general del instituto estatal electoral autorizó indebidamente la modificación del orden de los candidatos a regidores suplentes, sin que se hubiera dado el caso de que cada uno de ellos hubiera renunciado, como lo exige la ley en su artículo 82 y 85 de la Ley Electoral del Estado, de esta manera se dejó al PAN sin candidatos a regidores suplentes en el 100% de sus fórmulas, actualizándose así y dándose el supuesto que establece la ley de que al resultar inelegibles el 50% de las fórmulas de regidores, el Congreso debe convocar a nuevas elecciones.

Aquí han reconocido los compañeros de Acción Nacional, que efectivamente Gustavo Elizondo, reconocido líder del PAN en Ciudad Juárez, pagó y ordenó que se publicaran spots televisivos los días 28, 29, 30 y 1o. de julio, en los que hizo señalamientos en contra de grupos y partidos políticos. Se le exhortó para que retirara del aire esos mensajes y al no poder transmitirlos en Ciudad Juárez, ordenó que se difundieran en canales televisivos de El Paso, Texas. Esto violentó flagrantemente tanto el orden jurídico local como el internacional.

Es para todos conocido que el alcalde, aparte de estas acciones publicitarias, insertó planas completas en los periódicos de mayor circulación en los mismos términos de los spots televisivos.

El presidente municipal de Juárez ofreció entrevistas, conferencias, los días 28 y 29 en televisión y abiertamente al público para hablar en contra del PRI y sus candidatos, violando nuevamente las fechas límites para hacer proselitismo.

Diputado, le ruego concluya su intervención.

Concluyo nada más, compañera, si me permite.

Yo quisiera culminar esta intervención estableciendo una comparación entre el caso que nos ocupa y el caso de la anulación de las elecciones como gobernador en Tabasco.

En Tabasco por mucho menos el Tribunal Federal Electoral resolvió la anulación del proceso para elección de gobernador, ya que consideró que se violentó el principio de equidad, sobre todo en la asignación de tiempos para efectos propagandísticos.

Este agravio frente a los múltiples y graves que se cometieron en el caso de Juárez, resulta pálido y sin embargo fue suficiente para resolver la anulación del proceso electoral de Juárez.

Muchas gracias, señora Presidenta.

392,393,394

Tiene la palabra el diputado Abelardo Escobar Prieto, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Se adelanta el turno del diputado Gregorio Meza entonces, porque estaba registrado. Yo entiendo su intervención como declinada, señor diputado, ¿es correcto?

Tiene la palabra el diputado Gregorio Meza de la Rosa.

Gracias, señora Presidenta:

Diputado Esteban Sandoval, dice usted que el tribunal estatal electoral actuó apegado a derecho. Eso no está ni en usted ni en los demás diputados decidirlo, lo decidirá el órgano competente. No es éste el lugar donde se tiene que decir.

Dice usted que los gobiernos del PAN no son como los del PRI y que demostraron que no son tan honestos como decimos y claro que no somos iguales que los del PRI. Para empezar, los gobiernos municipales del PRI sí amedrentaban y golpeaban a todo aquel ciudadano que no era afín a sus intereses, no como lo han expresado ustedes en uno de sus argumentos.

Señor diputado Sandoval, únicamente se cambió a uno de los candidatos a regidores suplentes, no a toda la planilla como usted argumentó aquí y no fundamenta el 50% que establece la ley para anular las elecciones.

Dice que el presidente municipal de Ciudad Juárez es un líder reconocido. Es un líder reconocido por su honestidad, pero nunca dijo que votaran por el PAN y ya mi compañero Luis Villegas externó la versión tal y cual la dijo.

Me extraña, diputado Sandoval, que siendo de Chihuahua no haya escuchado esa entrevista tal y cual la dio el presidente municipal.

Por mencionar otros de los argumentos que manifiesta el PRI para anular, para hacer que se anulen las elecciones, se dice que sustituyó a 3 mil 144 funcionarios de casilla en 901, en forma ilegal, que la ubicación de casillas se hizo en forma irregular y por lo tanto se viola el principio de certeza que establece que los actos de órganos electorales deben ser fidedignos, confiables y verificables.

Estas supuestas irregularidades violan el principio de definitividad que priva en materia electoral, porque son actos que debían haberse denunciado previos a la jornada electoral. Además, en todo momento el PRI estuvo presente y enterado a través de sus representantes, convalidó con su presencia y su silencio la transparencia y legalidad de los acuerdos que en el transcurso de dicho proceso se efectuaron por las autoridades competentes.

Ustedes tenían representación...

Señor diputado, está solicitando el uso de la palabra el diputado Víctor Dávila. Por favor, activen el sonido de la curul del diputado García Dávila.

Gracias, señora Presidenta.

Quiero preguntarle si él es de Chihuahua.

Pero primero quiere usted saber si el diputado permite una pregunta.

Sí, si me la permite.

Señor diputado, ¿permite usted la pregunta del diputado García Dávila?

No, señora Presidenta, tiene el espacio para hacer el uso de la tribuna.

No aceptó la pregunta, señor diputado.

Continúe, señor diputado.

Es cuanto, señora Presidenta.

Gracias.

Gracias, señor diputado.

El diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

Gracias, señora Presidenta:

Me llamó mucho la atención la manera que los compañeros diputados del Partido Acción Nacional, por el Estado de Chihuahua, manifiestan tácitamente que se vale violar la ley nada más poquito, que se vale que se viole la ley, que se pueda hacer a favor de un partido que históricamente ha defendido la verdad.

Pero yo quiero hacer un llamado para recordar que las instituciones del país han sido creadas precisamente en esta evolución democrática y que esas instituciones como esta propia Cámara, tenemos fusiones muy específicas.

Este es el escenario para hablar de los grandes temas nacionales pero no para litigar, no para llevar a fondo los temas que la gran mayoría de los compañeros requerirían haber conocido o conocer a fondo para poder tener una opinión al respecto. Para eso están las instituciones.

Mi partido en Chihuahua, ante la gravedad del desarrollo de la elección en la forma que se violó la ley de manera permanente, puso su inconformidad ante el tribunal estatal electoral y ésta dio la razón a nueve de las 12 ofensas o agravios que nosotros manifestamos.

Este mismo tribunal electoral ha dado fallos en muchas ocasiones en contra del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua y los hemos aceptado y es aquí, donde hoy el Partido Acción Nacional ha asistido al tribunal federal electoral en esa inconformidad, esperemos ese resultado.

Esperemos ese resultado con apego a la ley, esperemos ese resultado en bien de las instituciones de Chihuahua, porque no podemos aceptar que descalificaciones o la pasión electoral nos contamine en un ambiente que se ha venido construyendo en Chihuahua para su desarrollo.

Chihuahua ha sido nombre nacional en muchos temas y hoy Chihuahua vuelve a ser tema en esta alta tribuna, por lo tanto, compañeros, yo los invito a que respetemos las instituciones, a que respetemos las instituciones de Chihuahua, al Poder Ejecutivo quien guardó en absoluto respeto a la ley y el manifiesto claro es que las violaciones dadas en Ciudad Juárez, quieren atribuírselas, hubiera sido más común que se hubieran generalizado en el Estado y no fue así.

En Chihuahua hubo respeto del Poder Ejecutivo a la elección, a las elecciones y el resultado hoy no convino al Partido Acción Nacional, quien pareciera que sólo cuando gana es cuando están bien hechas las cosas.

Sometámonos al resultado del Tribunal Federal Electoral, como ya lo dio el tribunal del Estado de Chihuahua y de ahí que sea la última voz como está dado en la ley.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Francisco Jurado Contreras, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señora Presidenta:

Por ahí decía el compañero César Duarte, que en Chihuahua el PRI sí se portó bien.

Veamos lo que hizo el lunes 25 de junio el gobernador del Estado en Ciudad Juárez. Se presentó en el programa nocturno de 10:00 a 11:30 del canal 44 local, en el que anunció, entre otras cosas, la dotación de agua de Anapra, una de las zonas más marginadas de la ciudad; la nacionalización de autos chuecos por el gobierno del Estado; la donación de 300 hectáreas a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y fustigó a los panistas, a Francisco Barrio, al gobierno municipal y al mismo Elizondo por no haber hecho obra y manejar ineficientemente los recursos públicos. Ellos sí lo pueden hacer.

La denuncia que hoy presentamos halla sustento en la indebida injerencia del gobernador Patricio Martínez, en la elección de ayuntamiento en el municipio de Ciudad Juárez. En aquella entidad, su ilegal intromisión queda de manifiesto si atendemos no sólo a su actuación previa a la jornada electoral, sino a lo acontecido con posterioridad, cuando días antes de que fuera formalmente dictada la resolución que anuló las referidas elecciones por parte del tribunal estatal electoral, concretamente el viernes 17 de agosto el gobernador Patricio Martínez celebró una reunión en la clase política priísta de ese municipio en una granja conocida como granja Barrasa, propiedad del padre del ex candidato a presidente municipal perdedor por el PRI, Roberto Barrasa Jordán.

En la reunión se contó con la asistencia de más de 300 personas. Se tuvo conocimiento por parte de la prensa y los medios de comunicación social de la ciudad, que en ella el gobernador del Estado informó a los asistentes y que era la plana mayor del PRI, la anulación de las elecciones para ayuntamiento en ese municipio por parte del tribunal estatal electoral de Chihuahua. De esa celebración de la reunión, dieron cuenta la columna política don Mirone, del diario matutino El Norte, de Ciudad Juárez, así como el propio dueño del inmueble en que ésta se desarrolló, según se desprende de declaraciones aparecidas en su edición del día 21 de agosto de 2000.

La influencia que el gobernador del Estado había desplegado para presionar o conocer de antemano la resolución que hoy se recurre, quedó de manifiesto si consideramos que días después del mismo día que se emitió la resolución y antes de que el tribunal estatal electoral terminara la lectura de la misma, el día 20 de agosto de 2001, el periódico vespertino El Mexicano, de Ciudad Juárez, anunció a ocho columnas "Quitan triunfo a Delgado", "Sí Procede la impugnación del PRI a la elección de alcalde": tribunal estatal electoral. Inmediatamente después en su nota interior de primera plana el diario informó: "el documento oficial que fue leído después del mediodía fue conocido por este periódico El Mexicano, unas horas antes de la sesión oficial". Lo anterior, por no repetir lo relativo a la declaración del 23 de agosto por parte del magistrado ponente.

Estos hechos nos llevan a algo muy concreto: el tribunal estatal electoral de Chihuahua o está a las órdenes de Patricio Martínez o el señor Patricio Martínez manda en Chihuahua sobre cualquier organismo o el señor Patricio Martínez es clarividente. Señores, nosotros siempre hemos luchado por las organizaciones; nosotros estamos de acuerdo con el fallo que da el tribunal, pero si suceden estas cosas no podemos quedarnos callados. Señores: ésa es la actuación de Patricio Martínez en Chihuahua y el tribunal estatal electoral, está en sus manos.

Tiene la palabra el diputado Efrén Leyva Acevedo.

Con su permiso, señora Presidenta: compañeras y compañeros diputados:

Estamos siendo testigos de un debate que poco le aporta, sin duda, a la vida política y democrática de nuestro país, porque cuando afirmamos que reconocemos a las instituciones legalmente establecidas su personalidad y venimos aquí a descalificar cualquier hecho que ellos realicen en la vigilancia de la equidad o de la justicia y en este caso electoral, estamos negando realmente lo que por un lado estamos tratando de fortalecer.

Creo por otro lado, compañeros, que debemos de ajustarnos a lo que determinen las instancias electorales que se han creado a través de las diversas legislaciones en los estados y las que nosotros hemos creado también aquí y que en algunas ocasiones nosotros, como priístas, hemos manifestado nuestra inconformidad, con algunos dictámenes que se han dado inatacables, pero que las hemos acatado y las hemos acatado, porque nosotros las constituimos y tenemos la obligación de fortalecerlas.

Y las hemos acatado y hemos señalado a veces, que no nos gusta la interpretación que le dan por simplista a alguna de las acusaciones que se han presentado.

Hoy, estamos refiriéndonos a asuntos de carácter legal, que se han suscitado a raíz de denuncias en un proceso electoral local y que no lo vamos a resolver con las falsedades o verdades que estén diciendo aquí. Que se han venido a dar hipótesis de diferentes tipos pero que, sin embargo, querramos o no, tenemos que ajustarnos a lo que determine la última instancia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Lo que no podemos tampoco dejar pasar por alto es una expresión que se hizo y que quiero decirles que, como muchos de nosotros, compañeros priístas, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Acción Nacional, hemos tenido la fortuna, porque es una fortuna de haber servido como presidente municipal. Es mentira que el presidente municipal pueda ser un manipulador o pueda tratar de mover las conciencias de la gente, como aquí vanamente o simplistamente se ha querido dar a entender.

Negamos categóricamente esa acción, cada quien es dueño de su propia voluntad y ser presidente municipal es el más alto honor que me ha otorgado a mí la política, porque es el nivel de poder y de administración más cercano que hay con la población y creo que no es justo lo que se está manejando aquí.

El PRI reitera, compañeros de todos los partidos, que seamos respetuosos y estemos muy atentos a la definición que se dé sobre este caso en particular y que no aceptemos que se vengan a calificar las acciones, cuando lo que queremos es fortalecer las instancias en todos sus niveles.

Muchas gracias.

Se ha agotado el registro de oradores.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo a comentarios sobre las reformas legales y constitucionales propuestas por el gobernador del Estado de Aguascalientes.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del PT.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Con fecha 5 de agosto del presente se realizaron elecciones en el Estado de Aguascalientes, para renovar la legislatura local y los ayuntamientos del Estado. Como resultado de esta jornada electoral el Partido Acción Nacional sufrió una estrepitosa derrota, que se significa en la reducción de su porcentaje de votación, en la pérdida de varios distritos electorales uninominales y en la pérdida de la mayoría en el Congreso local.

Ante esta situación de rechazo del electorado hidrocálido al proyecto político del PAN en Aguascalientes, este partido y sus correligionarios en la legislatura local reaccionan impulsando una contrarreforma constitucional ilegal, que más que favorecer la democracia en el Estado, se entiende como un castigo a los electores, por no haberles mostrado confianza con la emisión de su sufragio.

En tal virtud, los legisladores del Partido Acción Nacional someten a la consideración de la legislatura con fecha 6 de agosto de 2001, una iniciativa de reformas constitucionales por medio de las cuales proponen la modificación del sistema de elección distrital existente.

Hasta el día de hoy, en Aguascalientes, existe una geografía electoral, en donde los municipios del Estado son también cabezas de distrito electoral, siendo sede al menos de un distrito, con excepción de la capital, que cuenta con ocho distritos, lo cual permite que todos los municipios del Estado, independientemente de su extensión territorial o poblacional, se encuentran representados en el Congreso.

En la propuesta del PAN se pretende el que la población total del Estado se divida entre el número de distritos uninominales existentes, a saber 18 distritos, para obtener el número de habitantes que pertenecerán a cada uno de ellos sin que el número de habitantes no sea más/menos el 20% del cociente resultante, como se establece en la propuesta de reforma al artículo 17.

Bajo este procedimiento se atenta directamente contra representación paritaria que tienen todos los municipios, con excepción de la capital, de contar con al menos un diputado en la legislatura del Estado y aparte aunque el Estado de Aguascalientes es territorialmente pequeño, dentro de él no existe homogeneidad entre sus municipios. Además, esa posibilidad de más/menos 20%, necesariamente hará que haya distritos electorales con más electores o menos, según sea el caso.

Otra nefasta propuesta de reforma es la que se establece para la aprobación de la Ley Orgánica de la legislatura del Estado y que se contiene en la fracción XXVI del artículo 27 de la Constitución. La propuesta consiste en que la Ley Orgánica de la legislatura del Estado, las modificaciones o reformas que a ella se hagan, sean aprobadas por una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, siendo que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se regulan en cuanto a su estructura interna, funciones y competencias por sus correspondientes leyes orgánicas, sin que para ello se haya planteado también una votación calificada para modificarla.

La explicación que en este caso se encuentra, es que como el PAN perdió la mayoría en la legislatura, quiere dejar candados a los legisladores entrantes en lo que corresponde a la integración de los órganos de gobierno y funcionalidad administrativa de la Cámara.

Otro aspecto negativo que se contiene en la propuesta de reforma en comento, es el que se refiere al artículo 65, que en sí misma es una afrenta al Poder Legislativo, ya que ni siquiera plantea la recondución presupuestal, sino que en caso de que la iniciativa de presupuesto presentada por el Ejecutivo o los ayuntamientos, en caso de no haber sido aprobada por la legislatura, iniciarán a tener vigencia la iniciativa del Ejecutivo o la de los ayuntamientos. Esta propuesta vulnera lo que es la esencia histórica del surgimiento de los parlamentos y que es la de la aprobación de los gastos públicos.

Los anteriores comentarios se refieren al de la propuesta de reforma constitucional, pero a continuación pasamos a analizar algunas de las propuestas de reforma a la Ley Orgánica:

Con fecha 19 de marzo de este año, la legislatura local aprobó la vigente Ley Orgánica del Congreso; a escasos cinco meses de vigencia, el Partido Acción Nacional, que es mayoría en la actual legislatura, pretende realizar modificaciones sustanciales: la primera de ellas y como ya se comentó en el apartado de reformas constitucionales, consiste en que para la aprobación de cualquier reforma a la ley, se requiere hacerlo mediante votación calificada de dos terceras partes de los diputados, siendo que de los resultados obtenidos en la pasada elección ningún partido político tiene por sí mismo la mayoría absoluta.

En lo que se refiere al órgano de gobierno de la Cámara, pretenden concentrar la dirección de la misma; en caso de que ningún partido haya obtenido mayoría absoluta, ésta se haga por los coordinadores de los grupos parlamentarios que hayan obtenido al menos el 25% de la población.

Un aspecto que demuestra la ausencia de honestidad del Partido Acción Nacional, es el que se refiere a la designación de los titulares de las unidades administrativas de apoyo a la tarea legislativa, que pretenden realizar en lo que resta de los trabajos de la presente, la LIV Legislatura local.

En esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, los diputados federales, todos, hemos sido testigos de que la estructura administrativa que nos impuso la anterior legislatura, se convierten en una camisa de fuerza y eso mismo pretenden hacer allá, cuando los actuales diputados designen e impongan a quienes vayan a ocupar esos cargos.

Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, invita a quienes integramos la actual legislatura, a formular un respetuoso exhorto a los compañeros diputados locales del Partido Acción Nacional a que depongan su actitud de albazo legislativo, que se daría exclusivamente en razón de la mayoría numérica con la que cuentan y no por tener la razón para impulsar dichas propuestas.

Es cuanto.

Gracias, señor diputado.

Ha solicitado el uso de la palabra sobre el mismo tema, el diputado José Roque Rodríguez López, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras; compañeros diputados:

Con la finalidad de hacer una aclaración a lo que aquí se ha mencionado, me permito hacer las siguientes precisiones: que el debate sobre las reformas al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, no es nueva. Desde 1992 existe esta inquietud generada por la iniquidad con la cual son electos los diputados locales. Actualmente, con la ley en vigor los diputados son electos de manera dispar, dando como resultado que existan diputados que representan a 7 mil electores y otros que son electos por más de 80 mil.

El criterio territorial que se utilizó, evidentemente queda ya rebasado ante la nueva realidad electoral, pues el propio Cofipe establece criterios poblacionales y no territoriales, para la elección de diputados.

Por lo anterior es conveniente hacer los siguientes análisis: un estudio comparativo nacional de las disposiciones legales en materia de distritos electorales, que incluyó las constituciones políticas de todos los estados de la República Mexicana, salvo la de Baja California Sur y 25 códigos o leyes electorales estatales.

Los artículos referentes a la conformación de los congresos estatales y a la demarcación de los distritos electorales, permiten afirmar que además de Sinaloa, sólo la Constitución Política de Aguascalientes consigna explícitamente un criterio territorial al asignar un número fijo de distritos a cada municipio. Todas las otras constituciones aplican criterios poblacionales o combinados o derivan a las leyes o códigos específicos, la definición de los criterios aplicables. Este hecho se puede traducir en una diferencia evidente: nuestra Constitución es la única en el país que dispone erróneamente la conformación de los distritos electorales locales.

Los resultados del estudio referido en su sección constitucional, pueden resumirse de la siguiente manera: nueve constituciones delegan en las leyes o códigos electorales, la determinación de los criterios para demarcar los distritos electorales, son las correspondientes a los siguientes estados: Colima, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Nueve constituciones no contienen preceptos explícitos referentes a la demarcación de los distritos electorales: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Tamaulipas. Cinco constituciones ordenan categóricamente la aplicación de criterios poblacional para la definición de los distritos electorales.

En estos términos la demarcación territorial de los distritos electorales unominales, será la que resulte de dividir la población total del estado, entre el número de distritos señalados conforme al último censo general de población, los que comprenden un número de habitantes que no podrán diferir más o menos del número por ciento del coeficiente resultante.

Los estados cuya constitución contienen estos criterios son: Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala.

Seis constituciones establecen una serie de requisitos o condiciones que combinan criterios poblacionales y territoriales, socioeconómicos y medios de comunicación, para determinar los distritos electorales. Los estados que usan este esquema son: Coahuila, Guanajuato, México, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas.

Sólo dos constituciones recurren al criterio político-territorial consistente en asignar a cada municipio un número determinado de distritos. Para definir la distribución de éstos, son las pertenecientes a Aguascalientes y Sinaloa.

Sin embargo, el artículo constitucional de esta entidad incluye una acotación importante: la demarcación territorial de los distritos territoriales uninominales se fijará teniendo en cuenta la población total del estado.

La comparación de los 25 códigos o leyes electorales estatales revisados permite sustentar las siguientes afirmaciones: 10 ordenamientos electorales no establecen principios o criterios generales para la demarcación de distritos, sino que describen extensamente las localidades o municipios que contendrán cada uno el perímetro geográfico que los demarcará. Los estados que así lo determinan son Chiapas, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

Siete códigos o leyes electorales prescriben la demarcación distrital conforme a una serie de principios, requisitos o reglas que combinan los criterios poblacional, geográfico, sociopolítico y vías de comunicación. Son los pertenecientes a Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Seis códigos o leyes electorales no indican ningún procedimiento específico o remiten a lo dispuesto en la constitución estatal: Campeche, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca y Quintana Roo.

398,399,400

Unicamente el Código Electoral de Aguascalientes aplica en exclusiva el criterio territorial, sin hacer más aclaraciones de cómo se demarcan los ocho distritos correspondientes al municipio de Aguascalientes.

En síntesis, los argumentos para la aprobación de la mencionada reforma son amplios y muy diversos; sin embargo, es conveniente que en esta nueva realidad política, donde la división de poderes y el respeto a las decisiones de los estados es cada vez mayor, nosotros nos pronunciamos por el respeto irrestricto a las resoluciones que tomen cada uno de los actores y apostemos a la civilidad y al diálogo como forma de resolución a todos los problemas que se presenten.

Muchas gracias.

Gracias, diputado.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, la diputada Lorena Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Buenas tardes; compañeras y compañeros diputados, con su permiso, señora Presidenta:

Quiero aprovechar esta magnífica oportunidad de estar en la tribuna no como la oportunidad para un ataque al gobernador del Estado ni mucho menos como un ataque a los compañeros diputados locales del Partido Acción Nacional en Aguascalientes.

Quiero aprovechar la oportunidad de esta reflexión para hacer un llamado, un llamado de atención a todos los aquí presentes, porque me ha quedado claro a lo largo de este año de ejercicio legislativo que los que estamos aquí presentes hemos propiciado y hemos buscado el fortalecimiento del Poder Legislativo como uno de los pilares esenciales de nuestro sistema de gobierno y porque creo firmemente que en el fortalecimiento del Poder Legislativo está sin duda uno de los grandes ejes de la reforma de Estado, en la cual habremos de debatir y de discutir en los próximos meses.

Y quiero llamar la atención sobre este punto porque si bien es cierto en todas las iniciativas de reforma, que en este caso estamos hablando de la reforma a la Constitución del Estado de Aguascalientes y a la Ley Orgánica del Congreso, como en todas las iniciativas yo siempre veo que no todo es oscuro ni todo es claro, es decir ni todo es bueno ni todo es malo.

Y que en esta iniciativa, así como hay temas cuestionables y temas sobre los cuales nos hemos manifestado los diputados del Partido Revolucionario Institucional en contra, también hemos de reconocer que hay algunos temas que pueden ser nobles, que pueden ser buenos y pueden contribuir al desarrollo político de nuestra entidad.

Pero uno de los temas sin duda preocupantes y sobre el cual yo quiero llamar la atención es, precisamente, al que refería nuestro compañero Roque Rodríguez y es específicamente al artículo 65 de la Constitución y de la Ley Orgánica. Porque si bien es cierto que el Poder Legislativo tiene muchas atribuciones y funciones, creo que sin duda una de las esenciales, de la fundamental, por la cual estamos aquí, es justamente el de ejercer una función de peso y contrapeso con los demás poderes de la Unión y en nuestra función de peso y contrapeso nos corresponde, precisamente, discutir, analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

Y en esta iniciativa que tuvo a bien el Ejecutivo enviar al Congreso del Estado pretenden que no sea el Congreso quien ejerza esta facultad, que deberíamos cuidar por encima de muchas otras de las facultades que hoy tenemos y que es sin duda una de las preocupaciones que hoy aquí en este pleno y en esta Cámara de Diputados estamos, precisamente, en vías de buscar como fortalecerla.

Y quiero también llamar la atención a un hecho, al hecho de que hace apenas cinco meses aprobamos o aprobaron los compañeros diputados en el Congreso local una Ley Orgánica, que no ha entrado en funciones y que obedeció, sin duda, a la composición política que tenía en ese momento la Cámara local y a escasos cinco meses pretendemos reformarla con una intención muy clara, que es la de debilitar el funcionamiento del Congreso y el de poder hacer negociaciones en donde se requiera la mayoría absoluta, sabiendo de antemano que la composición política actual impediría, por todas las vías, poder llegar a una reforma y a una aprobación de modificaciones a la Ley Orgánica.

Y también hacer un llamado, porque si durante tres años de ejercicio legislativo de la actual LVII Legislatura no pudieron llevarse a cabo estas reformas, por qué la sorpresa de pretenderla llevar a cabo a dos meses de que finiquite la actual legislatura. Sin duda se debe a un claro interés, una clara intención, de buscar destinatario de esta reforma político-electoral y creo que ése es justamente el punto de lo que a mi juicio está en el debate, a los intereses que en ocasiones anteponemos los intereses partidarios y los intereses personales a los intereses del Estado.

Y decirles que en la representación de Aguascalientes el espíritu democrático que imprimió la Constitución desde hace 10 años, fue precisamente la de asignarle un diputado a cada municipio, con la clara intención de fortalecer la posibilidad de defender los intereses regionales y el desarrollo regional de cada una de nuestras zonas.

Sabemos que Aguascalientes, la capital, tiene el 70% de la población, el 70% del electorado y casi el 86% de la actividad económica y evidentemente los presupuestos siempre se han priorizado y se han canalizado de manera mayoritaria hacia el municipio de la capital y esto nos ha propiciado, en los últimos años, que se haya concentrado el desarrollo de nuestro Estado en la capital. Descuidando el desarrollo regional y descuidando el crecimiento de nuestros municipios.

El espíritu que impulsó la reforma hace 10 años para dotar a cada municipio de un diputado, fue precisamente ése, el que la voz de las regiones, el que la defensa de los intereses de las regiones se hiciera sentir en la Cámara local y que fuera en esa Cámara donde pudieran los originarios de sus regiones y de sus municipios, que nunca son escuchados, pudieran ser oídos y tomados en cuenta a la hora de discutir los presupuestos y a la hora de asignar los recursos.

Ese fue el espíritu que motivó la reforma hace 10 años y ése es el espíritu con el cual la defendemos, porque hoy como nunca Aguascalientes y sus regiones requieren de que la voz de su pueblo, la voz de sus comunidades, sea escuchada en la tribuna del Estado.

Gracias.

Tiene la palabra el diputado Luis Herrera Jiménez, hasta por cinco minutos.

Gracias, señora Presidenta:

En Aguascalientes han despertado en la población un interés muy especial algunas iniciativas a tratarse en el actual periodo extraordinario, creándose un clima de incertidumbre y de animadversión a tales iniciativas, dado que han sido ventiladas con poca profundidad y a la luz de los recientes resultados de la pasada contienda electoral.

No todo se reduce a someter a votación una iniciativa, conociendo de antemano el resultado numérico de la misma, unos aplicando su mayoría y otros encendiendo ánimos que durante mucho tiempo ellos mismos apagaron con la misma práctica, por lo que ahora se sienten agraviados.

Se ha intentado obtener dividendos políticos tanto por un lado como por el otro, en cuanto a las fracciones parlamentarias mayoritarias PRI y PAN. El debate se ha dado al exterior del Congreso, bajo argumentos sesgados por cada una de las partes en controversia. Cada cual trata de buscar legitimación a su actuar en los diferentes sectores de la población, no consultando, sino justificando actitudes, proporcionando información que sólo lleve el objetivo de denostar y desprestigiar a quien no se manifieste de acuerdo con alguno de ellos.

Los temas que han causado controversia no son de discusión reciente. Nuestro partido ha sido consecuente con sus posturas legislativas, de acuerdo a su línea política, ahora reafirmada en el último congreso nacional y por supuesto en su declaración de principios.

Durante el IV congreso estatal del Partido de la Revolución Democrática, celebrado en 1998, antes de que iniciara la actual legislatura local sus trabajos; se discutió y aprobó lo que significó como nuestro documento político rector para el periodo 1999-2004; este documento es la agenda política. En él se encuentra registrada nuestra postura frente a los temas que ahora discuten el PRI y el PAN.

Nuestra agenda política gira alrededor de cuatro ejes fundamentales: transición a la democracia, mejores condiciones de vida y combate a la pobreza, desarrollo sustentable y por último, el fortalecimiento del partido.

Es en el primero de los ejes en donde encontramos, a través de sus diferentes programas, el sustento a nuestra posición como instituto político, sobre los temas de oriundez como requisito para ser gobernador y distritación en el Estado, temas principales de controversia.

En el eje número uno, transición a la democracia, programa tres, que trata sobre las reformas, legislación y Ley Orgánica, se especifica en el inciso de modificaciones constitucionales lo siguiente: "la Constitución debe de garantizar una mejor representación de la ciudadanía, una participación e ingerencia mayores en los asuntos públicos y anular toda forma de discriminación y exclusiones políticas, por una redistritación electoral que evite la sobrerrepresentación y la subrrepresentación social en el Poder Legislativo; abrir una amplia consulta sobre la necesidad de dar plena ciudadanía a los inmigrantes en Aguascalientes y a las posibles reformas constitucionales para ello".

Este documento fue elaborado y presentado a las representaciones partidarias y de gobierno justo antes de comenzar labores la actual legislatura. Esto significa que nuestra postura es independiente y totalmente desligada del debate mediático que están llevando el PRI y el PAN, particularmente desde 1998.

La capital de nuestro Estado tiene un reconocimiento nacional histórico como ciudad de confluencias y crisol de voluntades y cultura regionales. En nuestro partido saludamos con beneplácito y abanderamos de origen el reconocimiento constitucional a todos los ciudadanos que hubiese de reconocérseles este derecho.

En el PRD no tenemos al fantasma de las supuestas reformas constitucionales con dedicatoria. Nadie puede garantizar desde ahora triunfos electorales dentro de tres años.

Reiteramos que nuestra postura legislativa no es de ahora, por lo tanto no necesitamos ni tenemos la necesidad de dar avales. Nuestra postura y nuestro voto como Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes, será en función de los ejes fundamentales que acabo de decir y que se contiene en nuestra agenda política.

Muchas gracias.

Gracias, señor diputado.

Se ha agotado el registro de oradores sobre este tema.

ANALISIS I INFORME DE GOBIERNO

Esta Presidencia se permite recordar a las señoras y a los señores legisladores que el día de hoy a las 17:00 horas en el Salón Verde comparece el Secretario Ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, antes las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta mesa directiva designa al diputado Eric Eber Villanueva Mukul, como representante de esta mesa para asistir a tal evento.

Para rectificar hechos, sobre el tema anterior, la diputada Patricia Martínez, del PAN...

ESTADO DE AGUASCALIENTES (II)

Activen el sonido en la curul del diputado García Dávila, del PT.

Para solicitarle amablemente, señora Presidenta, que la versión de este debate sea enviada en su versión estenográfica al honorable Congreso de Aguascalientes.

Así lo haremos, señor diputado.

La diputada Martínez tiene la palabra, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras legisladoras y legisladores:

Algunos argumentos que aquí han esgrimido diputados sobre la reforma constitucional y la Ley Orgánica del Congreso, me permito aquí sintetizar algunos de estos elementos de disputa que han hecho allá en el Congreso de Aguascalientes.

Argumentan que cada municipio debe tener un diputado que lo represente en el Congreso del Estado.

401,402,403

Otro argumento es que hay que ser compasivos y solidarios con los ciudadanos que habitan en la zona rural del Estado, pues están en una situación de notable desventaja y es necesario escuchar la voz ahí en el Congreso del Estado.

Cada ayuntamiento debe tener su diputado para que defienda y vigile su cuenta pública en la legislatura.

Los promotores de la redistritación pretenden instrumentar un fraude electoral mediante la manipulación de las reglas del juego para permitir al PAN recuperar en la mesa lo que perdió en la contienda electoral.

Me permito contradecir estos argumentos.

Los legisladores no son representantes de una región o de un municipio, como se argumenta, sino que representan a ciudadanos o grupos sociales y no a territorios. La representación de los municipios recae en los ayuntamientos y por ello es la inquietud de que se haga la redistritación, tomando en cuenta a la población.

Aquellos que afirman que es necesario otorgar una sobrerrepresentación a los habitantes de la zona rural están implícitamente menospreciando a otros ciudadanos, los que son de la zona urbana, ya que su voto vale menos que el voto de los que viven en la zona rural.

Los que afirman que cada ayuntamiento debe tener su propio diputado para que sea el guardián de la Cuenta Pública, omiten decir que los diputados deben representar al interés de los ciudadanos y no al de los gobiernos municipales, que los diputados locales no representan ningún pacto federal, como lo hacen los senadores de la república ni son embajadores de su municipio, de su ayuntamiento ante el Congreso, ya que es el Poder Legislativo con un sentido institucional y con un sustento técnico como cuerpo colegiado y a través de estudios contables y financieros, el que examina y califica las cuentas públicas; no lo hace cada diputado en lo individual, como parte de un grupo partidista con criterios subjetivos y políticos, ni tampoco como parte nada más de un municipio.

Una distritación que tenga como objetivo la equidad en la distribución de la población electoral no constituye de modo alguno un fraude o una manipulación de las reglas del juego democrático, sino que por el contrario, corregiría esa manipulación histórica que ha afectado la representación política en Aguascalientes.

Con esta iniciativa lo que se pretende y lo que se obtendría sería preservar el número actual de diputados que integran el Congreso, evitando con ello costos políticos y financieros que conllevarían a aumentar el número de legisladores, elimina la comisión constitucional que originó la asimetría poblacional existente en los distritos electorales y la iniquidad que existe actualmente en la representación de estos mismos distritos; corrige la tendencia histórica de distorsión poblacional y previene la futura distorsión poblacional obligando al órgano electoral a revisar fronteras distritales cada 10 años.

También se corrige la contradicción constitucional que actualmente existe en la Constitución de ese Estado al otorgar una facultad al instituto estatal electoral de revisar cada 10 años la redistritación, cosa que no sucede porque inmediatamente después se establece el límite que debe de ser un diputado por cada municipio, lo cual aquí hay una contradicción y también corregiría este defecto.

Finalmente, yo quiero invitar a los compañeros del Estado de Aguascalientes que están ahí en el Congreso local, sobre todo a los que han impedido que se dialogue, que se analice de fondo esta iniciativa para fortalecer el sistema electoral para que dialoguen, para que se acerquen y lleguen a acuerdos y respetemos, como se ha dicho aquí por varios compañeros legisladores, que se respeten las instituciones de cada estado y se respeten los propios procedimientos de reformas a las constituciones y leyes locales.

Gracias.

Gracias, diputada.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 18 de septiembre de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

• Tiempo de duración: 4 horas 12 minutos.

• Quorum a la apertura de sesión: 288 diputados.

• Asistencia al cierre de registro: 381.

• Acuerdos aprobados: 3.

• Proposiciones de punto de acuerdo: 4.

• Efemérides: 2.

• Agenda política: 2.

• Oradores en tribuna: 33
       PRI–11; PAN–13; PRD–6; PT–3.

Se recibió:

• 6 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política;

• 1 Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, por la que informa que el 10 de septiembre, la Auditoría Superior de la Federación, remitió el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio de 1999;

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que 1 ciudadano pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Corea.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 16:44 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la que ten-drá lugar mañana martes 18 de septiembre, a las 10:00 horas de la mañana, en la que com-parecerá el secretario de Economía, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista. Se les ruega su puntual asistencia.

RESUMEN DE TRABAJOS.

• Tiempo de duración: 4 horas 12 minutos.

• Quorum a la apertura de sesión: 288 diputados.

• Asistencia al cierre de registro: 381.

• Acuerdos aprobados: 3.

• Proposiciones de punto de acuerdo: 4.

• Efemérides: 2.

• Agenda política: 2.

• Oradores en tribuna: 33

PRI–11; PAN–13; PRD–6; PT–3.

Se recibió:

• 6 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política;

• 1 Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, por la que informa que el 10 de septiembre, la Auditoría Superior de la Federación, remitió el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio de 1999;

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que 1 ciudadano pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Corea.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION

(en orden alfabético)