Diario de Debates No. 10, 25 de septiembre de 2001, Primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio, LVIII Legislatura

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXX aniversario de la Consumación de la Independencia, tendrá lugar el 27 de septiembre a las 10:00 horas, en la Columna a la Independencia.

De adiciones a los artículos 3o. párrafo primero; 43 párrafo primero y 45 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro González Olvera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "José Matías Delgado", en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador. (Turno a comisión.)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime Ignacio Corredor Esnaola, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania. (Turno a comisión.)

De Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones hacendarias a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

De adiciones a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la educación preescolar, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De Ley sobre la Iniciativa Popular, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas y adiciones a los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y al artículo 149 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que modifica la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren el Reino de España y el gobierno de la República de Colombia. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Alberto Gerardo del Barrio y Guille, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Cheonsu de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional, que le confiere el gobierno de la República de Corea. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Laura Patricia Sánchez Anaya, Hortencia Bautista Cantú, María Guadalupe Suárez Barrera, Juan Manuel Velázquez Sánchez, Jesse Guillermo Miles Rayón, Bernardino Nicolás Cuevas, María Luisa Pérez Tovar, Mónica Selene Ornelas Albarrán, Antonio Reyes Serrano, Manuel Domínguez Hernández, Alejandra Lizbeth Ramírez González y Rita Graziela Palacios Soltero, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales en Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alex Ibarra Castañeda, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Pablo Aguilar Hernández, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Con punto de acuerdo en relación al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para crear un programa de pensión asistencial, destinado a los adultos mayores de 65 años, a cargo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realicen los trámites para condonar el adeudo por consumo, del distrito de Altar, Sonora, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal tome medidas emergentes para apoyar a la industria turística y a las aerolíneas, por la contingencia de los actos terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Juan Ignacio García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre procuración de justicia, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el asunto del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el 2 de octubre, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar el apoyo para los familiares de los mexicanos, víctimas en los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Sobre el LXXVI aniversario de la fundación del Banco de México, a cargo de la diputada María Teresa Goméz Mont y Urueta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre el CDL aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

Sobre el mes de septiembre, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo de la instalación en México de la primera imprenta en el nuevo mundo (1539), a cargo del Partido Alianza Social.

Comentarios sobre la política migratoria en México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y que copia de ella ha sido entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinte de septiembre de dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con veintitrés minutos del jueves veinte de septiembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos sesenta y dos diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

Héctor Israel Ortiz Ortiz, por la que solicita prorrogar hasta el treinta de noviembre de dos mil uno, la licencia otorgada por la Comisión Permanente del segundo receso del primer año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, el ocho de agosto de dos mil uno. En votación económica, la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo correspondientes.

Juan Ramón Díaz Pimentel, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separase del cargo de diputado federal electo por el noveno distrito del Estado de Oaxaca. La Asamblea aprueba en votación económica los puntos de acuerdo respectivos.

La Presidenta informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos Lizbeth Evelia Medina Rodríguez y Angel Artemio Meixueiro González, electos como diputados suplentes en la tercera circunscripción plurinominal y en el noveno distrito electoral federal del Estado de Oaxaca, respectivamente y acompañados de una comisión designada, rinden protesta y entran en funciones de inmediato.

Acuerdo por el que se prorroga la duración de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México. En votación económica se aprueba.

Acuerdo de comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal, para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, administración dos mildos mil seis. De enterado.

La Presidenta informa de la visita de integrantes de la junta directiva del Parlamento Latinoamericano, a quienes les da la más cordial bienvenida, y concede la palabra al senador Jorge Pizarro, secretario general del mismo, para dirigir un saludo a la Asamblea.

La Presidenta informa que en el salón de protocolo se encuentra el secretario de Energía, arquitecto Ernesto Martens Rebolledo y designa una comisión para introducirlo y acompañarlo al lugar que le ha sido asignado.

De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por la Asamblea y que norma las comparecencias para el análisis del Primer Informe de Gobierno, se concede la palabra al Secretario de Energía, quien informa sobre la situación del ramo de su competencia.

La Presidencia agradece a los distinguidos integrantes del Parlamento Latinoamericano su visita y les solicita transmitir a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, la solidaridad y el aprecio del pueblo de México.

Fijan la postura de sus respectivos partidos políticos, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional y José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.

Antes de la intervención del diputado Calderón Cardoso, a las once horas con veintiún minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y nueve diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Fijan la posición general de sus grupos parlamentarios, los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo y Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México.

Desde su curul, el diputado David Augusto Sotelo Rosas solicita verificar el quorum y la Presidenta informa que se harán los avisos correspondientes y de ser necesario se atenderá la moción posteriormente. También desde su curul, el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta hace observaciones sobre el procedimiento de verificación de quorum y la Presidenta hace las aclaraciones respectivas.

Continúan la fijación de posturas de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Camilo Mouriño Terrazo, del Partido Acción Nacional y Marco Antonio Dávila Montesinos, del Partido Revolucionario Institucional.

Para hacer sus comentarios, se concede el uso de la palabra al secretario de Energía, arquitecto Ernesto Martens Rebolledo.

En el primer turno de preguntas, con derecho de réplica, hacen uso de la palabra, los diputados: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo;

Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional y Rafael López Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, el Secretario de Energía responde a sus preguntas.

Ejercen en su momento el derecho de réplica, los diputados: Cota Montaño; Figueroa Canedo; Garibay García; Mauricio Enrique Candiani Galaz, en lugar del diputado González Reza y Raúl Efrén Sicilia Salgado, en lugar del diputado López Hernández.

En el segundo turno de preguntas, con derecho de réplica, hacen uso de la palabra, los diputados: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México; Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática;

Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Acción Nacional y Roque Joaquín Gracia Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, el Secretario de Energía responde a sus preguntas.

Ejercen el derecho de réplica, en su momento, los diputados: María Cristina Moctezuma Lule, en lugar de la diputada Figueroa Canedo; Hernández Raigosa; Noé Navarrete González, en lugar del diputado Castañeda Pomposo y Narciso Alberto Amador Leal, en lugar del diputado Gracia Sánchez.

El secretario de Energía, arquitecto Ernesto Martens Rebolledo, dirige unas palabras finales a la Asamblea.

La Presidenta dirige un mensaje para agradecer la comparecencia del Secretario de Energía; solicita a la comisión designada acompañarlo al retirarse del salón de sesiones y de conformidad con lo establecido en el artículo siete, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la versión estenográfica de esta sesión se remita al Presidente de la República, para su conocimiento.

Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad y género. La Presidenta hace la excitativa correspondiente.

Manuel Duarte Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, respecto a una iniciativa de reformas al artículo vienticinco de la Ley General de Educación, presentada el catorce de septiembre de dos mil. La Secretaría da lectura al artículo veintiuno fracción decimosexta, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Presidenta emplaza a las comisiones referidas, a que emitan el dictamen respectivo a más tardar el día cuatro de octubre de dos mil uno.

Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se dirija al Secretario de Gobernación, a fin de que las dependencias del Ejecutivo cumplan con las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en relación con el uso del Escudo Nacional en toda la papelería, impresos y demás material gráfico utilizado por las dependencias del Ejecutivo Federal, presentada el catorce de septiembre de dos mil. La Presidenta hace la excitativa correspondiente.

Francisco Ramírez Cabrera, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, a que realicen las gestiones necesarias a fin de que se dé cumplimiento a lo pactado por el Gobierno Federal, Ferrocarriles Nacionales de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para los trabajadores ferrocarrileros. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social y por lo que respecta al inciso tercero, se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Presidente de la República, a fin de que expropie el terreno en el que se ubica el ex hotel "Casino de la Selva" y sea declarado monumento artístico, histórico y arqueológico y pase a formar parte del patrimonio nacional.

Se refiere al mismo tema, la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática, para que el Gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga un extrañamiento al gobierno de los Estados Unidos de América por la recepción al Presidente Vicente Fox Quesada.

Habla sobre el mismo tema, la diputada Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional.

Rectifica hechos el diputado Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidenta solicita al diputado Sánchez López, permita a los legisladores que con acuerdo de esta soberanía participaron en la gira del Presidente Vicente Fox, revisar el texto propuesto y en el caso de que se pueda comprobar que los legisladores no participaron en el evento al que se hace referencia, se retire del texto la alusión a los mismos.

César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, pida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dar cumplimiento a una resolución de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la problemática del arroz.

Para el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Arano Montero, del Partido Acción Nacional.

Sube a la tribuna, para rectificar hechos, el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática.

Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la posición del Gobierno mexicano ante los atentados en la ciudad de Nueva York y es interrumpido por el diputado Raúl Gracia Guzmán, quien solicita una moción de orden. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ciento cinco del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su curul, el diputado Martí Batres Guadarrama hace comentarios al respecto y el diputado Gracia Guzmán reitera su petición. La Presidenta hace las aclaraciones respectivas y no considera procedente la moción.

Para referirse al mismo asunto, se concede la palabra al diputado Eduardo Arnal Palomera, del Partido Acción Nacional.

Martha Ofelia Meza Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la problemática pesquera en el Estado de Sinaloa y quien solicita trámite de urgente resolución.

Para hablar sobre el mismo tema, sube a la tribuna el diputado Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional, quien presenta una proposición con punto de acuerdo complementaria y solicita trámite de urgente resolución.

En votación económica, la Asamblea considera la proposición con punto de acuerdo conjunto de urgente resolución.

La Secretaría da lectura al artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Presidenta concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados: Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática y José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.

La Secretaría da lectura al punto de acuerdo conjunto a discusión y la Presidencia concede el uso de la palabra a la diputada Martha Ofelia Meza Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, quien precisa una modificación en el resolutivo tercero.

La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto, en votación económica y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo conjunto.

Agotado el tiempo programado para esta sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta convoca a los diputados a la comparecencia del Secretario de Salud del viernes veintiuno de septiembre de dos mil uno, a las diez horas en Salón Legisladores de la República, ante las comisiones unidas de Salud, Seguridad Social y Desarrollo Social; designa para asistir a ella en representación de la mesa directiva, a la diputada María Elena Alvarez Bernal y a las comparecencias ante comisiones del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y del Director General de Petróleos Mexicanos, del lunes veinticuatro de septiembre de dos mil uno, a las diez y diecisiete horas, respectivamente, en el Salón Legisladores de la República, y designa a los diputados Martha Silvia Sánchez González y Eloy Cantú Segovia, respectivamente, para asistir a ellas en representación de la mesa directiva.

La Presidencia clausura la sesión a las diecisiete horas con veintiocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veinticinco de septiembre de dos mil uno, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

El siguiente punto se refiere a comunicaciones. Se ruega a la Secretaría dar lectura a una invitación recibida.

«Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXX aniversario de la Consumación de la Independencia Nacional, que se llevará a cabo en la Columna de la Independencia, ubicada en Paseo de la Reforma y río Tiber, delegación Cuauhtémoc, el día 27 de septiembre, a las 10:00 horas.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 25 de septiembre de 2001.— El director general, doctor Enrique Semo.»

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Jorge Alberto Lara Rivera y María de los Angeles Sánchez Lira.

La ceremonia tendrá lugar el jueves 27 de septiembre en la Columna de la Independencia, a las 10:00 horas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.

Con fundamento en el artículo 34 párrafo primer, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, envío el original del "acuerdo por el que se determina la integración de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz", a efecto de darle el trámite correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F., a 24 de septiembre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo por el que se determina la integración de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34 párrafo primero, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones:

I. Que por acuerdo aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2001, se creó la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de la Laguna Verde, en Veracruz.

II. Que en el punto tercero del acuerdo de creación de dicha comisión, se determina que ésta se integrará por 20 diputados, en la siguiente proporción: ocho del Partido Revolucionario Institucional, ocho del Partido Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido del Trabajo.

Primero. La Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de la Laguna Verde en Veracruz, se integrará de la siguiente forma:

Diputados: Juan Nicolás Callejas Arroyo (GPPRI), Andrés Carballo Bustamante (GPPRI), Marco Antonio Dávila Montesinos (GPPRI), Víctor Emanuel Díaz Palacios (GPPRI), Elías Dip Rame (GPPRI), Eduardo Abraham Leines Barrera (GPPRI), Gustavo Lugo Espinoza (GPPRI), Enrique Martínez Orta Flores (GPPRI), Héctor González Reza (GPPAN), Orlando García Flores (GPPAN), Francisco Ramírez Avila (GPPAN), Javier Julián Castañeda Pomposo (GPPAN), Miguel Gutiérrez Machado (GPPAN), Francisco Arano Montero (GPPAN), Rómulo Garza Martínez (GPPAN), Rafael Ramírez Agama (GPPAN), Rosario Tapia Medina (GPPRD), Francisco Patiño Cardona (GPPRD), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (GPPVEM) y Rosalía Peredo Aguilar (GPPT).

Segundo. Comuníquese a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2001.— Diputados: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—Presentes.

El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de fecha 29 de agosto del año en curso, tuvo a bien aprobar el acuerdo parlamentario donde solicita al Gobierno de la República revisar el marco jurídico federal en materia hacendaria, con objeto de realizar modificaciones legales necesarias para otorgar a las entidades federativas y a los municipios mayores atribuciones tributarias. Lo que se hace del conocimiento de esa Presidencia para los efectos legales procedentes.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, septiembre 4 de 2001.— El presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso del Estado, diputado Ernesto Vélez Memije.»

La LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y

Primero. Que la inestabilidad observada en los mercados internacionales repercute en nuestra economía nacional, trayendo aparejadas severas restricciones de recursos externos para la totalidad de las economías emergentes, entre las que se encuentra inmersa la de nuestro país.

Segundo. Que los factores de riesgo, tanto de incertidumbre como de inestabilidad, derivados del comportamiento de la economía internacional han ocasionado que el Gobierno de la República recurra a realizar ajustes a la política económica.

Tercero. Que entre los ajustes económicos aplicados por el Ejecutivo Federal se encuentran las modificaciones presupuestales que han afectado en forma considerable, lo cual trae como consecuencia, la imposibilidad de los gobiernos para dar respuesta y solución a las demandas ciudadanas más sentidas, sobre todo de los grupos sociales más vulnerables.

Cuarto. Que ante la incertidumbre señalada, el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero ha realizado ajustes a los techos presupuestales relativos a las áreas administrativas y de apoyo, a fin de estar en condiciones de alcanzar las metas proyectadas tanto en el programa operativo anual, como en el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005.

Quinto. Que los gobernadores de las entidades federativas, preocupados por la situación financiera que actualmente se vive en el país, con fecha 11 de agosto del año en curso, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, llevaron a cabo una reunión urgente, en la que emitieron un documento denominado "Declaración de Mazatlán", en el que se tomaron por consenso, entre otros, los siguientes acuerdos: proponer al Poder Legislativo Federal realice reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de fortalecer el federalismo hacendario, mediante el otorgamiento de mayores facultades tributarias a los estados y municipios.

Sexto. Que previo análisis exhaustivo del paquete de iniciativas de reforma fiscal, remitidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, al honorable Congreso de la Unión, con fecha 16 de agosto del año en curso, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su presidenta, presentó una propuesta de reforma fiscal alternativa, que contempla aspectos fundamentales tendientes a otorgar mayores atribuciones en materia de recaudación a las entidades federativas y municipios, de tal manera que les permitan fortalecer sus haciendas públicas, para contar con solidez económica y hacer frente a las demandas de la ciudadanía, como son, entre otras, las siguientes:

2. Hacer eficaz la fiscalización del ejercicio presupuestario por parte del Congreso.

3. Expedir una nueva Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública.

4. Distribuir equitativamente el porcentaje del IVA y otorgar facultades a los estados para que cobren impuestos complementarios o adicionales.

7. Consolidar el Sistema de Administración Tributaria y combatir la evasión fiscal.

Séptimo. Que una medida inmediata que debe ponderarse al Gobierno de la República es impulsar la modernización de la Hacienda Pública Federal, estatal y municipal, que tenga como primer objetivo la transferencia de potestades, atribuciones y responsabilidades en las entidades federativas en materia de ingresos, deuda y gasto público, a fin de estar en mejores condiciones de atender las demandas de los mexicanos, pero sobre todo de los más desprotegidos, a efecto de consolidar el federalismo hacendarío, para ser menos dependientes de la Federación.

Octavo. Que desde esta óptica y en apoyo a los pronunciamientos citados y a las razones expuestas, la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de su diputación Permanente, con pleno respeto a nuestro Estado de derecho y a la división de poderes, acuerda solicitar al Gobierno de la República, el establecimiento de mecanismos legales que incidan en el desarrollo sostenido de la inversión social, traducida en empleos, salud, educación y la lucha contra la pobreza, entre otros, que redunden en beneficio directo de la población más desprotegida de nuestra entidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I, de la Constitución Política local; 8o. fracción I y 127, párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente

Unico. La Comisión Permanente de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a los ámbitos de competencia, acuerda solicitar al Gobierno de la República, revisar el marco jurídico federal en materia hacendaria, con objeto de realizar las modificaciones legales necesarias para otorgar a las entidades federativas y a los municipios mayores atribuciones tributarias, como son, entre otras:

1. Distribuir equitativamente el porcentaje del IVA y otorgar facultades a los estados para que cobren impuestos complementarios o adicionales.

2. Devolver en su totalidad el impuesto al valor agregado, pagado por los estados y municipios.

3. Incorporar a la recaudación federal participable los derechos extraordinarios sobre la extracción de petróleo.

4. Mantener las tasas actuales aplicables en materia de impuesto sobre la renta (ISR), a personas morales y físicas, ampliando la base gravable.

5. Transferir el régimen de pequeños contribuyentes como potestad de las entidades federativas.

6. Transferir a la entidades federativas el impuesto sobre la enajenación de inmuebles de personas físicas, correspondiendo a las legislaturas locales la determinación del monto a participar a los municipios.

7. Mantener el tratamiento preferencial a contribuyentes con actividad agrícola, ganadera, pesquera y silvícola con ingresos anuales hasta de 4 millones de pesos.

8. Incrementar del 80% al 100% los incentivos fiscales otorgados a las entidades federativas por recaudación de impuestos federales.

Primero. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su expedición.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a los honorables congresos de las entidades federativas para su conocimiento y, en su caso, se pronuncien en los mismos términos.

Tercero. Remítase a las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del gobierno del Estado, para el conocimiento general.

Salón de sesiones del Poder Legislativo, a 29 de agosto de 2001.— Diputados: Ernesto Vélez Memije, presidente; Roberto Alvarez Heredia y Sebastián de la Rosa Peláez, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Por este conducto, me permito comunicar a usted que la mesa directiva que coordinará los trabajos durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 17 al 30 de septiembre del 2001, quedó integrada por los siguientes diputados: Patricia Garduño Morales, presidenta; Miguel González Compean, Emilio Serrano Jiménez, Santiago León Aveleyra y Enoé Margarita Uranga Muñoz, vicepresidentes; Ernesto Herrera Tovar y Rafael Luna Alviso, secretarios; Raúl Antonio Nava Vega y Adolfo López Villanueva, prosecretarios.

Recinto Legislativo, a 14 de septiembre de 2001.— Por la mesa directiva, Juan José Castillo Mota, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Por este conducto, me permito comunicar a usted que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy, dio inico a su primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio .

Recinto Legislativo, a 17 de septiembre de 2001.— por la mesa directiva, diputada Patricia Garduño Morales, presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y de conformidad con los numerales 41 y 42 párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como del acuerdo suscrito por todos los miembros de la Comisión de Gobierno de fecha 17 de septiembre del año 2000, informo a usted que la diputada María de los Angeles Moreno Uriegas, asumió la presidencia de la Comisión de Gobierno de esta soberanía, para el periodo comprendido del 17 de septiembre de 2001 al 17 de septiembre de 2002.

Recinto Legislativo, a 17 de septiembre de 2001.—Por la mesa directiva, diputada Patricia Garduño Morales, presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.

Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, D.F.

La LVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

"Unico. Se aprueba remitir al honorable Congreso de la Unión en carácter de propuesta de iniciativa de adiciones a los artículos 3o. párrafo primero; 43 párrafo primero y 45 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Ciudadanos secretarios diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Oaxaca, en sesión plenaria de fecha 12 de septiembre del año 2001, acordó someter a la consideración de esa soberanía, la presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 3o. párrafo primero; 43 párrafo primero y 45 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

La historia política de la República Mexicana que a través de sus constituciones reseña los grandes intentos y esfuerzos para establecer la integración armónica de la vida nacional, es también la gran maestra que guía y encauza la senda de sus transformaciones.

Nuestra historia política es, innegablemente, con todo su caudal axiológico, la base fundamental del Estado mexicano, pues en ella encontramos la razón de ser un pueblo liberal en constante y permanente búsqueda de los mejores niveles de vida y de cultura.

La historia política de México, es pues, la historia de las asambleas constituyentes y de los instrumentos constitucionales; el Congreso de Anáhuac instalado en Chilpancingo en 1813, con el acta solemne de la declaración de la Independencia de América Septentrional y el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814; las bases constitucionales aceptadas por el Segundo Congreso Mexicano en febrero de 1822; el Plan de la Constitución Política de la nación mexicana de 1823; de la Junta Nacional Instituyente; el acta constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del Congreso General Constituyente de 4 de octubre de 1824; el Congreso Constituyente y las bases constitucionales de 15 de diciembre de 1835; las siete leyes constitucionales de 29 de diciembre de 1836; el Congreso Ordinario erigido en Constituyente en 1839 y la reforma constitucional de 9 de noviembre del mismo año; el Congreso Constituyente de 1842; las bases orgánicas de la República Mexicana acordadas por la honorable Junta Legislativa el 12 de junio de 1843; el Congreso Constituyente Extraordinario del mes de junio de 1846 y el acta constitutiva y de reformas de 18 de mayo de 1847 y el Congreso Constituyente de 1856 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857, son fuente de la inagotable riqueza jurídica y política de México;

Durante el periodo comprendido entre los movimientos de emancipación capitaneados por Hidalgo y Rayón, que enmarcaron el paso de la Independencia al Régimen Central (1821-1835), del Régimen Unitario (1835-1846); de la restauración del federalismo a la Revolución de Ayutla (1846-1854); hasta el triunfo de la República consolidado en 1867 por el presidente Benito Juárez.

Posteriormente, entre la etapa de la dictadura y la Revolución Mexicana que inició en 1910, surgen los programas y los planes; los ideólogos mexicanos se proyectan con el programa del Partido Liberal Mexicano "Reforma, Libertad y Justicia", con Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante; el plan de San Luis Potosí, de Francisco I. Madero; el Plan de Ayala y el Plan de Guadalupe; cuyos efectos cristalizan primero con el mensaje del primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, ante el Constituyente de Querétaro el 1o. de diciembre de 1916 y después, con su proyecto de constitución presentado en la misma fecha.

Las exigencias derrocadoras de los usurpadores por una parte y los reclamos de institucionalizar los lineamientos agrarios, garantías obreras, reivindicaciones y fraccionamientos de latifundios, así como la absolución de deudas y abolición de tiendas de raya, por otra, además del suspenso de la vigencia de la Constitución de 1857, condujeron a Carranza a emitir el decreto de 14 de septiembre de 1916, en el cual convocó a elecciones para un Congreso Constituyente, integrado por representantes de la entidades federativas en proporción al número de habitantes; este Congreso Constituyente se instaló en la ciudad de Querétaro, iniciando las juntas preparatorias el 21 de noviembre de 1916, para ocuparse de manera exclusiva del proyecto de Constitución que le presentaría el propio primer jefe, mismo que fue elaborado por: José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Félix R. Palavicini y Alfonso Cravioto, entre otros y que discutieron y enriquecieron determinantemente: Pastor Rouaix, Francisco J. Múgica, Esteban Baca Calderón, Heriberto Jara, Rafael Martínez de Escobar, Hilario Medina, Paulino Machorro Narváez, Enrique R. Colunga, Fernando Lizardi, José M. Truchuelo, Arturo Méndez y Agustín Garza González, como diputados constituyentes. El 30 de enero de 1917, por unanimidad de 150 votos, fue aprobado el dictamen y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 10 de mayo del mismo año.

Con estos antecedentes que no pretenden agotar en sus extremos la historia política de México, nos percatamos con certeza indubitable, que en los congresos y asambleas constituyentes que han dado a través de nuestras constituciones las garantías y la protección necesarias a los anhelos transformadores del pueblo y gobierno mexicanos, con las muestras evidentes de sus tiempos y de sus espacios en el devenir jurídico-político del Estado mexicano, han participado de manera activa las entidades federativas; si bien hasta ahora, en el modelo de constituyente originario, por mandato expresamente contenido en el texto constitucional, pero no por ello, restándoles la importancia y la trascendencia que necesariamente tienen para el desarrollo y en la evolución de la estructura constitucional de México.

En efecto, si los principios y los valores del federalismo, son rectores de los cambios y de las transformaciones de la vida nacional, debe incluirse en mérito de esos principios y de esos valores, la participación real, verdadera, plena y sin restricciones de las entidades federativas, no solamente en tratándose de convocar a la conformación de un Congreso Constituyente en el modelo doctrinal originario, sino que, debe dárseles participación también en el Constituyente Permanente ordinario; por ello, ya hemos elevado ante esa soberanía, nuestra iniciativa de reforma integral al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya exposición de motivos expresamos:

La participación activa y oportuna de las legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuando se trata de iniciativas que por su importancia y trascendencia incidan el pacto federal, no se puede dejar de convocar, con efectos plenos, precisamente, para expresar con toda libertad, lo que los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consideren procedente; sin perjuicio de que las opiniones que se viertan deban únicamente constreñirse en los casos de reformas o adiciones en sentido estricto; sino que también deben ser convocadas las legislaturas estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se trate de derogaciones o en su caso de abrogaciones en materia constitucional.

Es oportuno y procedente apuntar aquí, que en los antecedentes histórico, jurídicos del actual artículo 135 de nuestra Ley Fundamental, no está prevista ni incluida la participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo cual es razonable atento a que, al promulgarse la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, se excluyó al Distrito Federal para dar lugar al Estado de México, aun cuando la elección de este último, sólo tendría efecto, cuando los supremos poderes federales se trasladaren a otro lugar; en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Distrito Federal se incluye en el original artículo 44; pero lo trascendente al respecto, resulta de la reforma constitucional al artículo 122 de nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996, en la cual, se establecen expresamente como órganos locales de gobierno para el Distrito Federal: la Asamblea Legislativa, el jefe del gobierno del Distrito Federal, así como el Tribunal Superior de Justicia; en este contexto, si hasta la reforma constitucional de 1966 al artículo 135, no existía jurídica y políticamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora, en esta reforma integral, debe incluírsele por razón natural de su existencia como órgano local de gobierno para el propio Distrito Federal.

Por ahora, a pesar de la vigencia formal del pacto federal en materia de cambios y transformaciones a la Constitución General de la República, no se da en la realidad política jurídica, en toda su amplitud, la intervención que corresponde a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues constituye un hecho notorio innegable que la participación de los congresos locales se ha constreñido únicamente para los efectos de aprobación o no aprobación de las reformas del Constituyente Permanente, con menoscabo de las facultades constitucionales explícitas e implícitas de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con perjuicio de la plena vigencia del pacto federal.

Siendo pues, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal parte importante en la vida constitucional de México, debe, necesariamente, dárseles y garantizárseles la participación total sin restricciones, en el proceso legislativo constitucional y con ello, fortalecer con plenitud el federalismo mexicano con el mandato constitucional que expreso abarque el irrestricto respeto a las facultades que tienen de: participar, expresar, opinar y, en su caso, rechazar las iniciativas que ingresen al Congreso de la Unión, que incidan en el pacto federal y que reporten cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta forma, las modificaciones que se adopten en el Congreso, llevarán ya de antemano el sentido de la votación de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, convirtiéndose la aprobación en mero formulismo.

Por todo lo antes expuesto, necesario es pues, imprimir una modalidad a nuestra Carta Magna, mediante una reforma integral al citado artículo 135. La reforma que se propone al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se da en cinco grandes vertientes trascendentales que fortalecen de una manera irrestricta el pacto federal y la vocación representativa y popular de la nación mexicana; en suma, abren el cauce de la República a los nuevos tiempos; así, la primera vertiente permitirá ya no solamente las adiciones o las reformas a nuestra Ley Fundamental, sino que también, acorde con la realidad actuante que vivimos en México, instituye la posibilidad fáctica de que, sea el Constituyente Permanente ordinario, el órgano del Estado con la capacidad y la competencia necesarias y suficientes para abrogarla y sustituirla por una nueva Constitución; la segunda vertiente mandata de manera expresa y concreta que las reformas o adiciones constitucionales o en su caso la abrogación y sustitución de nuestra Carta Magna, sean acordadas por el Congreso de la Unión, mediante el voto de las dos terceras partes del pleno de ambas cámaras; la tercera, establece una formalidad esencial del procedimiento constitucional, consistente en que, las adiciones, reformas o abrogación de que se trate, sean debidamente aprobadas también, por el voto de las dos terceras partes del mayor número de congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; se supera cabalmente la utilización de la voz "mayoría" para no confundirla con la mayoría parlamentaria y se define de manera exacta con la expresión "del mayor número de congresos locales", el auténtico y prístino sentido de la disposición, que abatirá radicalmente la ambigüedad hermenéutica; la cuarta vertiente reformadora llenará un vacío en el texto constitucional y colmará un reclamo impostergable de los signatarios del pacto federal, con la intervención activa de todos los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el proceso legislativo constitucional federal, en la forma y términos que se deberán establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su incorporación a los trabajos de comisión; por último, la quinta vertiente reformadora es determinante, en el sentido de que, corresponderá al Congreso de la Unión o en sus recesos a la Comisión Permanente, en un primer tiempo, la acción de verificar debidamente el proceso de votación y después, efectuar de manera escrupulosa el cómputo de los votos de la totalidad de los congresos de los estados y los de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todo esto permitirá que, antes de efectuar la declaración de aprobación o de no aprobación que en su caso corresponda, el propio Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, tendrán verificada con absoluta certeza, la participación en los trabajos de comisión por una parte y la votación por otra, de todos y cada uno de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por todo ello, las cinco vertientes de la reforma integral propuesta al artículo 135 de nuestra Ley Fundamental desembocan en la adición consecuencial y complementaria a los artículos 3o. párrafo primero; 43 párrafo primero y 45 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la siguiente manera:

El artículo 3o. párrafo primero, estatuye que el Congreso y las cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución General de la República, esta ley, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos internos que cada una de las cámaras expidan en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales; en este contexto, es lógico y jurídico que, si en la Constitución General de la República por la propuesta de reforma integral al artículo 135, se concede a los congresos estatales "la intervención que les concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en los trabajos de comisión", se adicione el precepto referido de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el siguiente texto: "cuando la Cámara de Diputados actué en funciones de Constituyente Permanente, su Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal, se integrará en la forma que prevé el artículo 43 párrafo primero, parte final, de esta ley".

Consecuentemente, el artículo 43 párrafo primero, parte final, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberá adicionarse en el sentido siguiente: "la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal, además de los 30 miembros de la Cámara que la integren, cuando actúe en funciones de Constituyente Permanente, se integrará con un diputado de cada uno de los congresos estatales y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los que tendrán los mismos derechos y obligaciones que los diputados federales integrantes de esta comisión. Los congresos estatales y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal acreditarán a su representante dentro de los 30 días siguientes de instalada la legislatura Federal".

Por último, el artículo 45 párrafo primero, de la citada Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberá adicionarse con la siguiente disposición: "cuando la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal proceda al análisis, discusión y dictamen de una iniciativa de adiciones o reformas a nuestra Constitución General, lo comunicará inmediatamente a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal enviándoles un ejemplar de la iniciativa de que se trate y señalándoles la fecha exacta de la primera sesión de comisión para que se incorporen sus representantes a los trabajos legislativos".

El Congreso de la Unión declara adicionados los artículos 3o. párrafo primero; 43 párrafo primero, y 45 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se adicionan los artículos 3o. párrafo primero; 43 párrafo primero y 45 párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

1. El Congreso y las cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución General de la República, esta ley, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos internos que cada una de las cámaras expidan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Cuando la Cámara de Diputados actúe en funciones de Constituyente Permanente, su Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal, se integrará en la forma que prevé el artículo 43 párrafo primero, parte final de esta ley.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Ningún diputado pertenecerá a más de dos de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones Jurisdiccional y a las de Investigación. La Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal, además de los 30 miembros de la Cámara que la integren, cuando actúe en funciones de Constituyente Permanente, se integrará con un diputado de cada uno de los congresos estatales y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los que tendrán los mismos derechos y obligaciones que los diputados federales integrantes de esta comisión. Los congresos estatales y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal acreditarán a su representante dentro de los 30 días siguientes de instalada la Legislatura Federal.

1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. Cuando la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal proceda al análisis, discusión y dictamen de una iniciativa de adiciones o reformas a nuestra Constitución General, lo comunicará inmediatamente a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, enviándoles un ejemplar de la iniciativa de que se trate y señalándoles la fecha exacta de la primera sesión de comisión para que se incorporen sus representantes a los trabajos legislativos."

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese en el periódico Oficial del gobierno del Estado. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla. Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca., a 12 de septiembre del año 2001.— Diputados: Baruc Efraín Alavez Mendoza, presidente; Humberto Altamirano Cruz, Alfredo E. Ramos Villalobos, secretarios.

Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Diputado Humberto Altamirano Cruz y Alfredo E. Ramos Villalobos, secretarios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo

Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, D.F.

La LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

"Unico. Se aprueba remitir al honorable Congreso de la Unión en carácter de iniciativa con proyecto de decreto de la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la propuesta firmada por diputados integrantes de la misma, por la que proponen la reforma al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes:

Ciudadanos secretarios diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

La LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Oaxaca, con las atribuciones que nos otorgan el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y 74 de su Reglamento Interior, sometemos a la consideración del pleno legislativo, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Los antecedentes constitucionales e históricos del artículo 135 de nuestra Constitución Federal, se localizan desde el año de 1811, en los elementos constitucionales elaborados por Ignacio López Rayón, hasta el año de 1906 en el programa del Partido Liberal Mexicano.

Así, el criterio reformador de la Constitución, se ha expresado en los textos de la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, artículos del 375 al 384; en el decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, artículo 237; en el artículo 35 del acta constitutiva de la Federación Mexicana, de 31 de enero de 1824; en los artículos del 166 al 171 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824; en los artículos 12 fracción X de la segunda; 26 fracciones I y IlI, 28, 29 y 38 de la tercera; 17 fracción II, de la cuarta y 1o. al 3o. de la séptima, de las leyes constitucionales de la República Mexicana, suscritas en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1836; en la parte resolutiva del dictamen del Supremo Poder conservador emitido en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1839, artículos del 161 al 163 del proyecto de reformas a las leyes constitucionales de 1836, fechado en la Ciudad de México el 30 de junio de 1840; artículos de 179 al 182 del primer proyecto de la Constitución Política de la República Mexicana fechado en México el 25 de agosto de 1842; artículo 83 del voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente, el 26 de agosto de 1842; artículos del 152 al 155 del segundo proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1842; artículo 202 de las bases orgánicas de la República Mexicana, acordados por la junta legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionados por el Supremo Gobierno provisional con arreglo a los mismos decretos el día 12 de junio de 1843 y publicadas por Bando Nacional el día 14 del mismo mes y año; voto particular de Mariano Otero al acta constitutiva y de reformas de 1847, fechado en la Ciudad de México el 5 de abril del mismo año; artículos 27 y 28 del acta constitutiva y de reformas, sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847; artículo 125 del proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 16 de junio de 1856; el artículo 127 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857; artículo 81 del estatuto provisional del imperio mexicano, dado en el palacio de Chapultepec el 10 de abril de 1865; convocatoria y circular para la elección de los supremos poderes expedidas por el Gobierno de la República en la Ciudad de México el 14 de agosto de 1867; punto 51 del programa del Partido Liberal Mexicano, fechado en la ciudad de San Luis Missouri, Estados Unidos de América el 1o. de julio de 1906: y en el mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, fechado en la ciudad de Querétaro el 1o. de diciembre de 1916.

El artículo 135 de nuestra Constitución Federal, encuentra su inspiración en el artículo 127 de la Ley Fundamental de 1857 y en el artículo 131 del proyecto de Constitución de Venustiano Carranza; el texto del citado artículo 127 fue el siguiente: "la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que un Congreso por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas".

La historia constitucional registra que en la sesión del 18 de noviembre de 1856, se presentó el artículo en comento con el siguiente texto: "la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Más para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución se requiere: que un Congreso, por el voto nominal de dos terceras partes de sus miembros presentes, acuerde qué artículos deben reformarse; que este acuerdo se publique en los periódicos de toda la República tres meses antes de la elección del Congreso inmediato; que los electores, al verificarla, manifiesten si están conformes en que se haga la reforma, en cuyo caso lo harán constar en los respectivos poderes de los diputados, que el nuevo Congreso formule las reformas y éstas se someterán al voto del pueblo en la elección inmediata si la mayoría absoluta de los electores votare en favor de las reformas, el Ejecutivo las sancionará como parte de la Constitución", mismo que fue impugnado precisamente por que se argumentó que era muy lento en el medio que se proponía y que en él se confundían la democracia pura y el sistema representativo, por ello, la comisión, solicitó permiso para retirarlo y el Congreso se lo concedió; fue en la sesión del 25 de noviembre de 1856 cuando se presentó un nuevo texto en el cual se establece que la reforma necesita ser votada por dos tercios del Congreso y aceptada por la mayoría de los electores que nombran a los diputados del Congreso siguiente, al que toca decretar el resultado; como se aprecia, más sencillo que el anterior, pero también fue impugnado puesto que se consideró que si bien se hubo simplificado el sistema antes propuesto, no se había salvado la objeción de que se mezclaba el sistema representativo con el de la democracia pura.

Así, en la sesión del 26 de noviembre de 1856, el debate se perfiló en los siguientes términos:

Siguiendo el debate sobre el artículo 125 del proyecto que trata de la reforma de la Constitución, el señor Prieto lo combatió en todas sus partes. Que se exija el voto de los dos tercios del Congreso para iniciar una reforma es establecer el predominio de una minoría tiránica, haciéndola omnipotente para frustrar toda reforma, es consentir en que la minoría sirva de obstáculo a todo progreso. Extraña es esta concesión de parte de los defensores de la democracia que forman la comisión. ¿Por qué la minoría ha de dar la ley al pueblo? ¿Por qué en este punto se han falseado todos los principios democráticos? Porque la comisión se ha creído infalibles, porque es una comisión Pío IX que entiende la democracia a su manera.

Consultar el voto de los electores ofrece gravísimos inconvenientes. Los ciudadanos no sabrán si serán o no nombrados electores: cuando lo sean, ignorando de qué se trata, se encontrarán obligados sin discutir, sin razonar, sin instruirse, a contestar si o no el señor Ocampo, que ciertamente merece el nombre de sabio, ha creído que para dar esta respuesta bastará el sentimiento del bien, pero su señoría convendrá en que para resolver cuestiones constitucionales, se necesitan conocimientos que no han de reunir todos los electores. No es fácil resolver, por ejemplo, con un sí o un no la cuestión del Senado, que si ha parecido importuna en esta Asamblea, dividió en Francia los pareceres de hombres eminentes, poniéndose de un lado Lamartine y del otro Odillon Barrot. Los electores, por más que diga el señor Ocampo, no tienen ciencia infusa ni alguna inspiración extraña que les ilumine. El buen sentido y el talento por sí solos no harán que un hombre pueda preparar una lámina para el daguerrotipo; el buen sentido y el talento no bastarán para que otro, tomando un telescopio, pueda hacer cálculos astronómicos. Pero el señor Ocampo, refiriéndose al teorema del cuadrado de la hipotenusa y de los catetos, ha dicho que basta una sencilla explicación para comprender la verdades científicas. Esto es cierto, pero entonces en cada colegio electoral debe haber un catedrático que dé explicaciones y este maestro será un rábula, un tinterillo, que, si se tratara del teorema geométrico, enseñaría que la hipotenusa es una figura cuadrada o redonda. "¿A dónde vamos a parar con estos absurdos que se quieren derivar del sentido del bien?¿A la insurrección contra la razón y el sentido común?".

Iniciada una reforma, habrá electores que la quieran más o menos amplia, más o menos restringida, que la quieran con ciertas restricciones y ¿cómo cabe todo esto en el sí o no, es el único monosílabo que les permite articular la comisión? "Queremos seguir la voluntad del pueblo, se dice, queremos conocerla para que a ella se sujete el legislador; proclaman la libertad de la discusión para la reforma, pero a nuestras preguntas sólo se ha de responder sí o no. Esto es una burla, es una ironía, un plagio de la libertad de imprenta de Beaumarchais. Esta no es la libertad, es el ¡atrás! de un centinela, es el grito de un pedagogo y no hay soberanía con consigna, no hay libertad con mordaza, no hay discusión con gendarmes. Cuando la opinión pública quiera una reforma con ciertas modificaciones, no encontrará ni la fórmula para expresar su pensamiento, porque tiene un candado en la boca que sólo le deja decir sí o no".

"Si es cierto que la comisión tiene tanta confianza en el buen sentido del pueblo, razón ha habido para reprocharle que no adoptará el sufragio universal. Habría que hacer concesiones a las circunstancias. De esto no hay que escandalizarse, como nadie se admira de que lleve arrugas la casaca de un jorobado; pero el reproche es fundado, cuando la comisión que huyó de la elección directa recurre a la democracia pura y en este punto no hay nada que contestar a las objeciones expendidas en el debate. Es tanto más notable esta inconsecuencia, cuando que la comisión consultaba que no pudiesen votar los que no saben leer y escribir."

"Decía el señor Zarco que, si el Congreso no tiene autoridad bastante para la reforma y debe someterla al voto del pueblo, no hay motivo para que la Constitución se escape del voto ni para que de él se libren las leyes comunes como las de contribuciones. A esta observación contesta el señor Mata con sueños e ilusiones; quiere que los pueblos sean amantes platónicos, que vean con desdén los intereses materiales, que se dejen esquilmar porque el dinero es una cosa vil y que piensen sólo en las reformas constitucionales, como si fuera más importante para la nación determinar el número de magistrados de la corte que poner coto a los gastos públicos y arreglar el presupuesto de ingreso. El señor Mata, en su soberano desdén hacia las leyes de impuestos, dice que éstas son cuestiones de más o de menos. Cuestión de más o de menos es la del té de la China; cuestión de más o menos es en las colonias inglesas el papel sellado y el impuesto sobre el algodón y, sin embargo, ella da lugar a la aparición de los Estados Unidos en el mundo, cuestión de más o de menos es que el pueblo coma pan y no obstante de aquí nace la Revolución Francesa del siglo pasado, cuestión de más o de menos es la muerte del jornalero, el malestar del obrero y con todo esto se ocupa la Revolución de 1848, cuestión de más o de menos es que los buques y las mercancías del mundo pasen por ciertos mares y así la guerra de Oriente, el grande acontecimiento de nuestra época, ha sido una bagatela. Discurrir así es hacer poesía sobre los intereses más positivos del mundo y no mirar que el siglo tiende al bienestar material, a consumar la emancipación del hombre por medio del trabajo y la libertad.

Las dificultades creadas por la comisión cesarían, si la reforma votada por un Congreso pudiera ser decretada, si la aceptaba el siguiente. Con este procedimiento sencillo no había el riesgo de los extravíos de los colegios electorales, que, o se compondrían todos de sabios o necesitarían bastoneros. Para desconfiar de la actitud de todos los electores, para votar sobre cuestiones constitucionales, basta ver la poca circulación de los periódicos, la escasez de libros que tratan de política, la circunstancia de que a veces no circulan ni las mismas leyes y luego las interpretaciones que en las aldeas le dan el notario, el cura y el juez de paz. En último resultado estos sabios de mala ralea, estos Sócrates cimarrones serían los que vendrían a decidir de las reformas. ¡Triste esperanza para un país que necesita avanzar en la senda del progreso!

Si los electores quedan reducidos a máquinas de decir sí o no, no es menos triste la condición del segundo Congreso, que sólo tiene facultad para contar los votos. Los representantes del pueblo, aunque en ellos se ha delegado la soberanía del pueblo, tienen que guardar silencio en muchas cuestiones porque sus credenciales están truncas, porque hay eclipse en sus poderes, porque tienen en la Cámara una manzana vedada: la cuestión resuelta por los electores. El Congreso no es ya legislador, es la máquina que da la última manipulación química a productos ajenos."

"Si no se quiere seguir el antiguo sistema, sométase la reforma al examen y al voto de las legislaturas, verdaderos representantes de los estados, y así se seguirá el principio federal, y sobre todo se rendirá un homenaje a la razón y al saber, al saber que hoy es blanco del epigrama y del sarcasmo, como si fuera posible renegar de la ciencia y de la sabiduría, como si la humanidad, anhelando sumergirse en las tinieblas de la barbarie, pudiera sublevarse contra el entendimiento, contra la más preciosa facultad que plugo conceder el Ser Supremo, para entregarse ciega al yugo del instinto salvaje y brutal."

El señor Ocampo juzga desventajoso para sí tener que hablar después de la brillante improvisación del señor Prieto, en que tanto ha mostrado la facilidad de su solución y el vuelo de su fantasía; pero tiene que defender a la comisión de infundadas inculpaciones y a esto se limita toda su pretensión. Se ha dicho que la comisión se cree infalible, se le ha llamado la comisión Pío IX, cuando no hace más que someter respetuosamente sus ideas a la decisión del Congreso y cuando confiesa que se equivoca a menudo, el orador, que en lo que a su persona atañe lo confiesa francamente, está expuesto a grandes y frecuentes equivocaciones.

Creyó la comisión que era prudente evitar reformas precipitadas y poco calculadas, pensó que la Constitución debía ser más respetada que otras leyes, se figuró que, discutida una cuestión en el Congreso, dilucidada por la prensa, formulada en un proyecto claro y preciso, podía ser comprendida por todos los ciudadanos y en estos conceptos fundó su sistema para las reformas constitucionales. Puede haber errado, pero creyó que después de la discusión por todo el país de un punto dado, ya no tendría nada de abstracto.

El señor Prieto extraña que los electores tengan que decir sí o no y ve en esta concisión una especie de ultraje a la razón humana; sin embargo, no hay otro medio analítico para averiguar si una proposición cualquiera es aceptada por el entendimiento de los hombres y a este medio recurre el mismo Congreso después del debate sin creer que degrada su razón. No hay otro arbitrio, no hay ni siquiera palabras para expresar una aclamación repentina que tenga algo de inspiración maravillosa.

No hay consigna para la inteligencia ni para la libertad y, si el artículo contiene prevenciones reglamenarias, es sólo para lograr orden y ahorrar tiempo.

Si el método propuesto no parece aceptable, la comisión, aprovechándose del debate, está en la mejor disposición para modificar el artículo, hasta hacer que sea tan fácil reformar la Constitución como expedir una ley secundaria si esto es lo que quiere el Congreso.

Los puntos constitucionales son tan difíciles, si como todos científicos salen del tecnicismo para llegar a todas las inteligencias. Cuando en la geología se dice capas de tierra, en lugar de estratificaciones, los que no son geólogos entienden de qué se trata. Si la palabra estelionato y otras que se usan en el foro, asustan a los que no las comprenden, una vez definidas no ofrecen dificultades ni a los más ignorantes. Por fortuna el entendimiento es tan a propósito para percibir la verdad, como los ojos para ver, como el estómago para digerir y Dios ha hecho que la verdad esté al alcance del entendimiento de todos los hombres.

La comisión ha estado muy lejos de consultar el predominio de las minorías cuando profesa como dogma democrático y social que la mayoría es la fuente de la verdad y de la ley.

Agradece el señor Prieto el inmerecido elogio que le ha dispensado; sabe muy poco, sólo tiene el sentimiento del deber, única cosa que lo hace permanecer en la Asamblea.

Jamás pudo consultar que los que no saben leer ni escribir fueran excluidos de las elecciones porque entiende que saber leer y escribir es muy poca cosa, que estás dos facultades que se adquieren no son más que medios de saber, que de nada sirven si no se estudia, porque cree también que la tradición oral comunica grandes conocimientos, como lo prueba lo difundidos que estaban en la antigüedad, antes de la invención de la imprenta.

Los diputados no son máquinas cuando dicen sí o no para expresar de una manera terminante su sentir y la comisión creyó que no degradaba a los electores valiéndose del mismo medio para conocer su voluntad.

El señor Prieto ha abogado por el desarrollo de la mano, de este instrumento prodigioso sin el que la humanidad no hubiera salido de la barbarie. Pero hay tres cosas que necesitan desarrollo: el corazón, la facultad de sentir, la moral; el entendimiento, la facultad de conocer la verdad, la razón y la mano, y la industria, la actividad, el medio de hacer efectivas las conquistas de la inteligencia. Pero no es la mano lo preeminente, no vale más que la inteligencia y el sentimiento. El señor Prieto se equivoca al ponderar lo que llama intereses positivos; la vida del hombre no se reduce a la materia; su misión no es comer y dormir y nadie puede negar que es positivo amar y conocer.

Es deplorable y aflige en verdad que un poeta sea el que venga a pintar como preeminentes los intereses materiales y a igualar los intereses de la Inglaterra en el comercio de China, con la libertad y con el amor. Exagérense en buena hora los intereses materiales, ellos valdrán mucho, pero por grande que sea el positivismo de la época, siempre valdrán más que ellos la libertad y el amor al género humano.

El señor Villalobos acusa de inconsecuente a la comisión porque desechado el Senado y el veto para la formación de las leyes, los adopta para la reforma de la Constitución, haciéndola pasar por tres cámaras en vez de dos y procediendo abiertamente contra la práctica de todos los pueblos, que siempre encomiendan la formación de la ley fundamental a una sola Asamblea y las leyes comunes a dos cámaras.

El artículo es declarado sin lugar a votar y la comisión presenta otro en estos términos:

"La presente Constitución puede ser adicionada o reformada: más para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución se requiere que el Congreso por el voto de las dos terceras partes de sus individuos, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas."

El señor Anaya Hermosillo contrarió el requisito de los dos tercios de votos como favorable a la opresión ejercida por una minoría.

El señor Guzmán replicó que este temor es ilusorio, pues en último análisis la minoría no hace, sino que impide que se haga desde luego. Explicó después el artículo diciendo que, adoptado el sistema federal, siendo soberanos los estados y la Constitución el pacto de su alianza, es natural que las reformas necesiten de su aprobación y por esto se busca el voto de las legislaturas.

Sobre la votación al artículo 125, debemos apuntar que, en la historia del Congreso Constituyente de Francisco Zarco, se registran 64 votos contra 14 y en el acta oficial correspondiente, registra 67 votos a favor y 13 en contra.

En el derecho comparado encontramos en materia de criterios sobre las reformas a las constituciones, tres grandes vertientes: la que impide someter a revisión la integridad del territorio o la forma republicana de gobierno, dentro de esta corriente rígida se encuentran países europeos como Francia e Italia.

Por lo que corresponde al criterio de la flexibilidad en Latinoamérica existe la corriente sobre la revisión de la Constitución que puede afectar a la totalidad de ésta, como es el caso de Argentina, Haití, Nicaragua y Uruguay.

También existe el criterio prohibitivo, como es el caso de Finlandia, cuya constitución prohibe expresamente que este ordenamiento sea modificado en forma alguna.

El derecho positivo mexicano sigue la corriente de flexibilidad que permite de manera expresa la reforma a la ley fundamental.

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, fue en la 54 sesión ordinaria, celebrada el día 21 de enero de 1917, en la cual se presentó el artículo 131 del proyecto de Constitución, como el artículo 133; así, el texto fue aprobado por unanimidad de 154 votos, sin discusión, en la sexagésima segunda sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 1917, siendo el texto original el siguiente: "la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones o que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas".

El anterior texto original del artículo 135 de nuestra Carta Magna solamente ha sido materia de una reforma; con fecha 15 de diciembre del año de 1965, diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de las comisiones unidas Primera y Segunda de Puntos Constitucionales, promovieron una iniciativa para adicionar el artículo en comento; la tesis fundamental esgrimida en ese entonces consistió sustancialmente en que, en tratándose de reformas o adiciones a la Constitución Federal, la facultad de realizar el cómputo de los votos de las legislaturas locales, así como la declaratoria respectiva, que hasta entonces se reservaba de manera exclusiva al honorable Congreso de la Unión, pudiera ejercitarla, en los recesos de éste, la Comisión Permanente, para efectos de que, toda reforma constitucional entre en vigor tan luego sea aprobada, sin que sea necesario suspender su vigencia hasta la iniciación del siguiente periodo de sesiones del Congreso.

Consecuencia de la anterior iniciativa, es precisamente el texto actual, promulgado el día 11 de octubre de 1966 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de octubre de 1966; al día siguiente, se publicaron aclaraciones al decreto que adicionó el artículo 135, por lo cual, el texto vigente reza: "la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas".

En este año, celebramos ya 177 años del federalismo mexicano; dentro de este sistema hemos vivido los seis millones de mexicanos que conformaran la República en 1824, los 15 millones de 1917 y en los albores del Siglo XXI los casi 100 millones de mexicanos que somos ahora.

En esta tesitura, a partir del análisis crítico de las necesidades reales, se destacan los valores del federalismo, que es, innegablemente, el instrumento republicano que permite el cambio racional y oportuno, sin quebrantar el orden jurídico del estado de derecho mexicano.

Los principios y valores que sustentan al México moderno, exigen y reclaman la mayor participación, siempre activa, siempre constante, de los elementos signantes del pacto federal, al mismo tiempo que también reiteran la vocación republicana, representativa y popular de la nación mexicana.

Así pues, los principios y los valores del federalismo son rectores de los cambios y de las transformaciones de la vida nacional, incluyendo desde luego, a las adecuaciones, reformas y evolución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto la Ley Fundamental de México permite y hace posible formal y materialmente considerados, los cambios que el país necesita para perfilarse hacia el nuevo milenio, para asumir con todas las energías nacionales, la tarea insoslayable de fortalecer en toda su potencia y en toda su eficacia el federalismo y el estado de derecho mexicanos.

En este orden de ideas, resulta innegable, ingente e inaplazable la necesidad real de participación activa de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el proceso legislativo constitucional federal, referido en forma concreta a las reformas, adiciones y en su caso la abrogación y sustitución de nuestra Carta Fundamental.

Efectivamente, nuestro derecho positivo constitucional debe considerar necesaria la participación activa de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el proceso legislativo en tratándose de reformas, adiciones, derogación y sustitución de la propia Constitución, lo cual no puede ser de otra manera en virtud, precisamente, del pacto federal que sostiene la República Mexicana.

Ahora bien, en la praxis legislativa, es una realidad fenoménica que los congresos estatales o legislaturas de los estados, como les denomina nuestra Constitución Federal, cuando se trata de reformas o adiciones a la Constitución Federal, únicamente han sido convocadas para aprobar las reformas del Constituyente Permanente, pero sin que las legislaturas de los estados tengan la oportunidad de participar en los trabajos de comisiones y en ellos, hacer propuestas que modifiquen, supriman o en su caso enriquezcan las iniciativas que ingresen en cualquiera de las cámaras que integran el honorable Congreso de la Unión.

Esta práctica resulta a todas luces contradictoria al sentido prístino del pacto federal, implícitamente contenido y reiterado en los textos constitucionales, incluyendo al precitado artículo 135; se equipara esta participación a un referendum que en nuestro sistema jurídico no tiene relevancia o no está reconocido.

La participación activa y oportuna de las legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se trata de iniciativas que por su importancia y trascendencia incidan el pacto federal, no se puede dejar de convocar, con efectos plenos, precisamente para expresar con toda libertad, lo que los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consideren procedente; sin perjuicio de que las opiniones que se viertan deban únicamente constreñirse en los casos de reformas o adiciones en sentido estricto; sino que también deben ser convocadas las legislaturas estatales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se trate de derogaciones o en su caso de abrogaciones en materia constitucional. Es oportuno y procedente apuntar aquí, que en los antecedentes histórico jurídicos del actual artículo 135 de nuestra Ley Fundamental, no está prevista ni incluida la participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo cual es razonable atento a que al promulgarse la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, se excluyó al Distrito Federal para dar lugar al Estado de México, aun cuando la elección de este último, sólo tendría efecto, cuando los supremos poderes federales se trasladaren a otro lugar; en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Distrito Federal se incluye en el original artículo 44; pero lo trascendente al respecto, resulta de la reforma constitucional al artículo 122 de nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996, en la cual, se establecen expresamente como órganos locales de gobierno para el Distrito Federal; la Asamblea Legislativa, el jefe del gobierno del Distrito Federal, así como el Tribunal Superior de Justicia; en este contexto, si hasta la reforma constitucional de 1966 al artículo 135, no existía jurídica y políticamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora, en esta reforma integral, debe incluírsele por razón natural de su existencia como órgano local de gobierno para el propio Distrito Federal.

Por ahora, a pesar de la vigencia formal del pacto federal en materia de cambios y transformaciones a la Constitución General de la República, no se da en la realidad política jurídica, en toda su amplitud; la intervención que corresponde a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues constituye un hecho notorio innegable que la participación de los congresos locales se ha constreñido únicamente para los efectos de aprobación o no aprobación de las reformas del Constituyente Permanente, con menoscabo de las facultades constitucionales explícitas e implícitas de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con perjuicio de la plena vigencia del pacto federal.

Siendo pues, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal parte importante en la vida constitucional de México, debe, necesariamente, dárseles y garantizárseles la participación total sin restricciones, en el proceso legislativo constitucional y con ello, fortalecer con plenitud el federalismo mexicano con el mandato constitucional que expreso abarque el irrestricto respeto a las facultades que tienen de: participar, expresar, opinar, y en su caso rechazar las iniciativas que ingresen al Congreso de la Unión, que incidan en el pacto federal y que reporten cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta forma, las modificaciones que se adopten en el Congreso, llevarán ya de antemano el sentido de la votación de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, convirtiéndose la aprobación en mero formulismo.

Por todo lo antes expuesto, necesario es pues, imprimir una modalidad a nuestra Carta Magna, mediante una reforma integral al citado artículo 135.

La reforma que se propone al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se da en cinco grandes vertientes trascendentales que fortalecen de una manera irrestricta el pacto federal y la vocación representativa y popular de la nación mexicana, en suma, abren el cauce de la República a los nuevos tiempos; así, la primera vertiente permitirá ya no solamente las adiciones o las reformas a nuestra Ley Fundamental, sino que también, acorde con la realidad actuante que vivimos en México, instituye la posibilidad fáctica de que, sea el Constituyente Permanente ordinario, el órgano del Estado con la capacidad y la competencia necesarias y suficientes para abrogarla y sustituirla por una nueva Constitución; la segunda vertiente mandata de manera expresa y concreta que las reformas o adiciones constitucionales o en su caso la abrogación y sustitución de nuestra Carta Magna, sean acordadas por el Congreso de la Unión, mediante el voto de las dos terceras partes del pleno de ambas cámaras; la tercera, establece una formalidad esencial del procedimiento constitucional, consistente en que, las adiciones, reformas o abrogación de que se trate, sean debidamente aprobadas también, por el voto de las dos terceras partes del mayor número de congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; se supera cabalmente la utilización de la voz "mayoría" para no confundirla con la mayoría parlamentaria y se define de manera exacta con la expresión "del mayor número de congresos locales" el auténtico y prístino sentido de la disposición, que abatirá radicalmente la ambigüedad hermenéutica; la cuarta vertiente reformadora llenará un vacío en el texto constitucional y colmará un reclamo impostergable de los signatarios del pacto federal, con la intervención activa de todos los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el proceso legislativo constitucional federal, en la forma y términos que se deberán establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su incorporación a los trabajos de comisión; ahora bien, efectuado el análisis correspondiente al texto que se propone del artículo 135 de la Constitución General de la República, esta Comisión de Puntos Constitucionales ha considerado adicionarlo sin afectar su dogmática, en el sentido expreso de establecer un tiempo razonable para que, en mérito y beneficio de un proceso legislativo expedito se conceda un plazo de 30 días a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contado a partir de la fecha en que sean debidamente notificados con un ejemplar de la iniciativa de que se trate, para que se incorporen a los trabajos legislativos de comisión, apercibidos de que, en caso de que, por cualquier razón o motivo no den contestación a la aludida notificación, se configurará en su perjuicio la afirmativa ficta, la cual será tomada en cuenta en su oportunidad para efectos del cómputo de los votos que deberá realizar el Congreso de la Unión, o, en sus recesos, su Comisión Permanente; por último, la quinta vertiente reformadora es determinante, en el sentido de que corresponderá al Congreso de la Unión o en sus recesos a la Comisión Permanente, en un primer tiempo, la acción de verificar debidamente el proceso de votación y después, efectuar de manera escrupulosa el cómputo de los votos de la totalidad de los congresos de los estados y los de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todo esto permitirá que, antes de efectuar la declaración de aprobación o de no aprobación que en su caso corresponda; el propio Congreso de la Unión o la Comisión Permanente tendrán verificada con absoluta certeza, la participación en los trabajos de comisión por una parte y la votación por otra, de todos y cada uno de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las legislaturas de los estados, declara reformado el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo único. Se reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada, abrogada y sustituida por una nueva. Para ello, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes del pleno de ambas cámaras, acuerde las adiciones, las reformas y en su caso, la abrogación y sustitución; y que éstas sean aprobadas por el voto de las dos terceras partes del mayor número de los congresos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para cuyo efecto, tendrán la intervención que les concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en los trabajos de comisión y se les notificará inmediatamente enviándoles un ejemplar de la iniciativa de que se trate; apercibidas de que, por cualquier razón o motivo no den contestación a la notificación aludida en un plazo de 30 días de efectuada la misma, se configurará en su perjuicio la afirmativa ficta.

El Congreso de la Unión, o, en sus recesos, su Comisión Permanente verificarán el proceso de votación, harán el cómputo de los votos de la totalidad de los congresos de los estados, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y emitirán la declaración que corresponda.

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla. Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca., a 12 de septiembre del año 2001.— Diputados: Baruc Efraín Alavez Mendoza, presidente; Humberto Altamirano Cruz, Alfredo E. Ramos Villalobos, secretarios.»

Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Diputados: Humberto Altamirano Cruz y Alfredo E. Ramos Villalobos, secretarios.»

Proceda la Secretaría a dar lectura a los oficios de la Secretaría de Gobernación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Pedro González Olvera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "José Matías Delgado", en grado de Comendador que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación, en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración.

México, D.F., 18 de septiembre de 2001.— El director general de gobierno licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Jaime Ignacio Corredor Esnaola, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración.

México, D.F., a 20 de septiembre de 2001.— El director general de gobierno, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.»

Pasando al punto de iniciativas de los diputados, tiene la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley sobre la Investigación, el Fomento, Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano.

Antes, señora Presidenta, permítame comentar que este trabajo lo he dedicado a un científico mexicano, de mucho prestigio y que destacó principalmente por la formación de recursos humanos, de científicos, en diferentes áreas de conocimiento en nuestro país. Me refiero al doctor Santiago Sendejas, quien por motivos de salud tuvo que dejar la asesoría que durante muchos años estuvo prestando en esta Cámara de Diputados.

«Iniciativa de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano.

Francisco Patiño Cardona, diputado de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su dictamen, la siguiente iniciativa de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano.

La presente iniciativa es complementaria a lo dispuesto en la Ley General de Salud, en lo que se refiere a la investigación científica y tecnológica o al tema de la biotecnología o ingeniería genética...

Se ruega a los señores legisladores ocupar sus lugares y prestar atención al orador, ya que está presentando ante ustedes una iniciativa de gran importancia. Les agradezco la atención a este llamado.

Desde los orígenes del hombre, el avance de la ciencia y la tecnología ha estado en concordancia con el proceso evolutivo y el desarrollo de la sociedad. La ciencia y la tecnología han ayudado a romper las tinieblas del oscurantismo; al mismo tiempo, el saber y el conocimiento nos han servido en la lucha contra las enfermedades; nos han liberado de la oscuridad, dotándonos de electricidad, de medios de comunicación y de transporte, a través de los cuales hemos conquistado y controlado los distintos medios, el aire, la tierra y el agua, para el bienestar de todos los individuos.

De esa forma, el desarrollo de los conocimientos y de la ciencia y la tecnología, ha servido para elevar los niveles de vida, lo que a su vez ha impactado en el espectro sociopolítico, interno y externo de las naciones e incluso, por qué no decirlo, también ha servido para la destrucción y la muerte.

En pocas palabras, el conocimiento es poder; quien controla la ciencia y la tecnología, controla su destino, manteniendo su libertad, autonomía y soberanía.

Señoras y señores diputados: el impacto que han tenido la ciencia y la tecnología sobre la conformación y el devenir de la sociedad, sobre todo en los últimos años, es inmensurable.

Los cambios y los diferentes descubrimientos han moldeado, cambiado y transformado nuestro entorno, en un mundo en el que los hombres y las mujeres se han convertido en hacedores del ser humano. Podemos hablar de muchos descubrimientos, como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, la fibra óptica, el átomo, la penicilina y los superconductores, por mencionar algunos.

Nosotros, señoras y señores diputados, como nación autónoma e "independiente", todavía, debemos ponernos a la vanguardia del desarrollo y la investigación en ciencia y tecnología. Para lo cual debemos legislar con el propósito de impulsar y fomentar el desarrollo de dicho sector, por demás estratégico y prioritario.

Hasta ahora, todos los descubrimientos han sido fundamentales; sin embargo, hoy día, a principios de un nuevo siglo y de un nuevo milenio, la humanidad se enfrenta posiblemente al descubrimiento más trascendental de todos: el descubrimiento del mapa de la vida, cuyas repercusiones en el corto, mediano y largo plazos cambiarán, para bien o para mal, el devenir del hombre y la mujer y de sus instituciones.

Hasta ahora nos hemos quedado a la zaga, como simples observadores y receptores de dicho avance. Las investigaciones propias son muy pocas, a lo cual debemos hacer un reconocimiento a los centros de educación superior y de investigación de nuestro país que, con sus escasos recursos, están fomentando el estudio y el análisis de dicho descubrimiento.

Pero ante la magnitud del evento, es muy poco lo que se está haciendo, de ahí que debemos enfrentarlo con más seriedad. Para lograr avances significativos, debemos asignar mayores recursos a la investigación básica y aplicada, así como a la creación y formación de centros e institutos de investigación especializados en este tema. La incursión de México en la medicina genómica estimulará el desarrollo de infraestructura de punta, que permitirá al país incorporarse al nuevo orden mundial en el campo de la salud.

El debate de las posibles implicaciones morales, palidece ante las posibilidades de salud, desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Al respecto, lo más preocupante es que dichos conocimientos, pueden ser manipulados, concentrados y monopolizados por unas cuantas empresas y/o gobiernos. Por lo que la investigación en esta área es una cuestión de seguridad nacional.

Se llama genoma a la totalidad del material genético de un organismo. El genoma humano posee entre 30 mil y 40 mil genes, distribuidos entre los 23 pares de cromosomas de la célula somática humana. Cada cromosoma puede contener más de 250 millones de pares de bases de ADN y se estima que la totalidad del genoma humano tiene 3 mil millones de pares de bases 2.

El proyecto genoma humano tiene como objetivo no sólo conocer la secuencia completa del ADN, sino también conocer la ubicación exacta de cada genes y la función que desempeña en la construcción de un nuevo ser humano.

Una de las consecuencias más inmediatas del PGH es la de disponer de sondas y marcadores moleculares para el diagnóstico de enfermedades genéticas, de cáncer y de enfermedades infecciosas. A plazos mayores, se espera que la investigación genómica permita, además, nuevas generaciones de fármacos, que sean más específicos y que tiendan a tratar las causas y no sólo los síntomas. La terapia génica puede aportar, en un futuro, soluciones a enfermedades tanto hereditarias como infecciosas.

En años recientes, se ha identificado a los genes relacionados con enfermedades hereditarias como la fibrosis quística, la distrofia muscular o el mal de Alzheimer, el mal de Parkinson, la diabetes etcétera.

Este es el primer paso en el desarrollo de mejores pruebas de selección genética, nuevos medicamentos y tratamientos genéticos para atacar estas enfermedades. La capacidad de corregir defectos mortales de la herencia genética humana, puede alterar espectacularmente la forma de enfocar la enfermedad.

El mayor conocimiento del genoma humano puede tener también consecuencias éticas, jurídicas y sociales muy controvertidas. Los primeros resultados ya han estimulado un debate internacional sobre la conveniencia o no de patentar, para uso comercial, secuencias de genes humanos, pero sin duda el PGH traerá grandes conocimientos y abrirá nuevas puertas a la ciencia del mañana.

La defensa por la UNESCO del proyecto genoma humano como bien patrimonio de la humanidad, es coherente con el derecho del ser humano a la libertad y a la democracia; con el derecho a la salud y a la dignidad y por la justicia y el bienestar; se trata de proteger, con ello, nada menos que lo más íntimo que es la herencia genética, de la agresión exterior por parte de grupos racistas y personalidades delirantes o de empresarios y multinacionales sin escrúpulos, dispuestos a la especulación salvaje de lo más sagrado del ser humano: la herencia genética.

Por tanto, es importante legislar en nuestro país, para sumarnos al esfuerzo de la UNESCO y considerar la base completa o secuencia completa de bases del genoma humano como patrimonio de la humanidad y no patentable su conocimiento y con ello pasar a ser parte de los países que garantizan el libre acceso a la secuencia de bases, con lo que se quiere impedir que el ADN humano se convierta en un coto cerrado de unos cuantos, lo que indudablemente causaría un daño de dimensiones absolutamente gigantescas en contra de la humanidad.

Consideramos que se deben respetar las garantías individuales, específicamente la de igualdad de los individuos, cualesquiera que sean sus características genéticas, negando así la discriminación.

Todas las personas deben tener alcance a los progresos biológicos y genéticos. A su vez estas investigaciones deben estar orientadas a aliviar los males de la humanidad.

Debe imponerse en los científicos responsabilidades especiales, tanto en sus investigaciones como en los resultados de éstas.

Es por todo lo anterior, que el suscrito diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Patiño Cardona, somete a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

Artículo 1o. La presente ley es de observancia general en toda la República Mexicana.

Artículo 2o. La secuencia completa de bases del genoma humano o mapa de la vida, constituye un patrimonio de la humanidad y, por tanto, no es patentable su conocimiento.

Artículo 3o. La investigación y los descubrimientos del genoma humano, serán considerados como estratégicos y prioritarios por el Estado.

Artículo 4o. Se deberá fomentar el desarrollo económico, promoviendo la participación de los sectores público y privado en la investigación y empleo del genoma humano.

Artículo 5o. La investigación del genoma humano y la aplicación que de ella se desprenda, será considerada de utilidad pública, bajo control y supervisión del Estado, con el propósito de garantizar una estricta justicia y equidad, con respeto absoluto a la integridad y sancionando toda discriminación de personas e individuos.

Artículo 6o. Al Centro de Medicina Genómica y Molecular, surgido de una alianza entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación Mexicana para la Salud, se le deberá dotar de los recursos económicos necesarios y suficientes, en cada ejercicio presupuestal, con el propósito de que cuente con los recursos humanos y materiales y la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus investigaciones.

Artículo 7o. Todas las personas, sin distinción de credo, raza, sexo y posición social, deberán tener acceso a los progresos biológicos y genéticos. A su vez estas investigaciones deberán estar orientadas a aliviar los males de la sociedad.

Artículo 8o. Se prohíbe la utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o de exterminio de la raza humana.

Artículo 9o. Los científicos encargados de investigar y desarrollar el programa del genoma humano en nuestro país, tendrán la responsabilidad legal y moral, de investigar y aplicar sus investigaciones y descubrimientos apegados a derecho y acorde con los cánones de discreción, ética y moral de los seres humanos.

Unico. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 20 de septiembre de 2001.— Francisco Patiño Cardona, diputado federal.»

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya a su cierre.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 419 diputados.

Tiene la palabra el diputado Rodolfo González Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones hacendarias.

«Proyecto de ley que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El suscrito, diputado Rodolfo G. González Guzmán, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta

1. El Congreso Constituyente de 1917 elevó a nivel constitucional, a través de nuestra Ley Suprema, la tutela jurídica de los derechos sociales, como principio fundamental para garantizar las condiciones laborales más justas. Gracias al esfuerzo del Constituyente, el artículo 123 de nuestra Carta Magna sienta las bases para darle al trabajador los elementos mínimos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad social.

El estado de derecho, entre sus objetivos fundamentales, considera que a los trabajadores, en su aportación a los ingresos públicos, vía impuestos, se le debe aplicar una tasa impositiva justa y equitativa, evitando el pago excesivo de la carga tributaria, teniendo en cuenta que las prestaciones de seguridad social se encuentran contempladas en el artículo123 de nuestra Carta Magna.

Expresa el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley".

Dispone la fracción XXIX. "Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá: seguro de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares".

De ahí que el legislador debe proteger el estado de derecho a la seguridad social del trabajador.

2. La reducción real de los salarios a través de varias décadas, así como las crisis recurrentes han afectado el nivel de vida de los trabajadores mexicanos, induciéndolos a la falta de interés por parte de la clase trabajadora a integrarse a las fuentes de empleo formal. Por esta razón, el subempleo y autoempleo son considerados por la población como una alternativa atractiva para obtener ingresos a efecto de cubrir el gasto familiar, a pesar de perder los beneficios de la previsión social que le permiten a la edad de retiro, gozar de prestaciones y beneficios que no se obtienen por el subempleo

Aquellos que pertenecen al sector formal laboral en su carácter de causantes cautivos, se ven lesionados por la recién publicada tesis jurisprudencial 2a./J 19/2001 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa (anexo l), la cual está causando serias controversias y a la vez afectando la estabilidad de los factores de la producción, ya que esta tesis jurisprudencial considera que las aportaciones patronales al IMSS, Infonavit y SAR, deben incluirse para integrar el calculo del monto del subsidio que menciona el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a pesar de que el Código Fiscal de la Federación, el cual es de aplicación estricta, mas no interpretativa, en su artículo 2o. expresa claramente que las aportaciones de seguridad social son contribuciones y, por lo tanto, no deben considerarse como ingresos sujetos a gravamen.

3. A partir de enero de 1991 entró en vigor el nuevo procedimiento para calcular el impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, impuesto que el patrón está obligado a retener y enterar en términos de ley. El procedimiento consiste en aplicar la tarifa del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al ingreso gravado y al impuesto así determinado deberá restarse el subsidio acreditable que determine el patrón conforme al procedimiento previsto en el artículo 80-A de la citada ley, a efecto de restituir el poder adquisitivo de los trabajadores, cuestión que mitiga parcialmente la constante reducción de poder de compra de los salarios.

4. El artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta no precisa el detalle de los conceptos que integran las erogaciones relacionadas con la prestación de servicios personales subordinados, en especial por lo que se refiere a la previsión social, lo que provocó confusión entre los contribuyentes el inicio de vigencia de esta disposición, ya que no se expresan claramente los criterios para calcular la proporción del subsidio acreditable, pues esta insuficiencia no define claramente si deben de incluirse o no del denominador de la fórmula, las cuotas del IMSS y del Infonavit.

Los estudiosos en la materia concluyeron de inmediato que esas aportaciones por parte de los patrones de ninguna manera representan un ingreso directo para los trabajadores y, por lo tanto, no pueden considerarse como ingresos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados, ya que representan un ingreso exento de cualquier gravamen y por lo tanto no inciden en el calculo de la proporción del subsidio acreditable. Derivado de lo anterior, se concluye al igual que la ley, que es una obligación directa a cargo del patrón y, por lo mismo, para efectos de la citada, no constituyen un ingreso directo para los trabajadores las referidas cuotas de seguridad social, que el patrón debe pagar por ser contribuciones a su cargo.

5. En la regla 67-F de la resolución miscelánea, publicada el día 24 de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que para calcular la proporción del subsidio acreditable se deberían de excluir las cuotas del IMSS y del Infonavit pagada por los patrones.

"67-F. Para los efectos de lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se considerarán erogaciones efectuadas por la prestación de servicios personales subordinados, los pagos de contribuciones que originalmente corresponda, al propio empleador. Se considerarán erogaciones efectuadas por la prestación de servicios personales subordinados, entre otras, las inversiones y gastos efectuados en relación con servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores."

La anterior regla fue refrendada íntegramente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al publicar la nueva resolución miscelánea en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de marzo de 1991, con vigencia por un año más, sólo que al amparo de la regla 100, mediante la cual se reitera el mismo criterio de excluir las cuotas del IMSS y del Infonavit para calcular la proporción del subsidio acreditable.

6. En 1992 se reformó parcialmente el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fórmula para determinar la proporción que sirve de base para calcular el subsidio acreditable no cambió.

7. El 24 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la vigesimasegunda resolución miscelánea, mediante la cual se deroga la regla 100 anterior y se adiciona la regla 100-B, cambiando drásticamente el criterio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había sostenido, al señalar ahora que para calcular la proporción que sirve de base para calcular el subsidio acreditable, se deberán adicionar las cuotas del IMSS e Infonavit. La citada regla se transcribe a continuación en su parte conducente:

"100-B... también se considerará como erogaciones los pagos de contribuciones que originalmente corresponden al propio empleador como son: las cuotas del IMSS, Infonavit, el impuesto del 1% sobre erogaciones y los impuestos locales sobre nóminas".

De la regla transcrita se desprende la inconsistencia de criterio de la autoridad hacendaria, provocando con ello inseguridad jurídica a los contribuyentes, además de confusión e incertidumbre en los patrones, que venían aplicando el criterio sostenido en la regla 67-F y 100 anteriores y por parte de los trabajadores tendrían que soportar una carga fiscal adicional, que no justifica lo que el legislador trató de expresar en el contenido del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

8. Para subsanar parcialmente el error cometido por la SHCP, con fecha 7 de febrero de 1992 se reforma la regla anterior para eliminar del cálculo del subsidio el impuesto del 1% sobre erogaciones y los impuestos locales sobre nóminas, explicándose esta razón únicamente porque estos conceptos no constituyen un ingreso exento que perciban de manera directa los trabajadores y como claramente lo expresa el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En las subsecuentes reglas de la resolución miscelánea que estuvieron vigentes en años posteriores y hasta la fecha en la regla 3.17.4 y anexo 8, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha continuado con el criterio de incluir las cuotas del IMSS e Infonavit para calcular la proporción del subsidio acreditable de los trabajadores, en detrimento de estos últimos.

Es importante señalar que sólo el legislador puede imponer contribuciones, no así la autoridad administrativa. En este sentido es importante señalar que en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación se establece una facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar a conocer criterios administrativos en la aplicación de las disposiciones fiscales, de tal suerte que el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación solamente refiere criterios, por lo que no se generan nuevas obligaciones para los contribuyentes, salvo cuando dichas disposiciones beneficien al contribuyente, de tal manera que una interpretación jurídica en este sentido es aplicable cuando es un beneficio.

En la práctica, la generalidad de los patrones contribuyentes han calculado el subsidio a los trabajadores sin considerar las referidas aportaciones de seguridad social al amparo del criterio que originalmente sostuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aunque posteriormente lo modificó, de dicha rectificación no nacen obligaciones para los contribuyentes. asi mismo, por el análisis e interpretación que le han dado los estudiosos del derecho al concluir que las cuotas del IMSS. Infonavit y SAR constituyen un ingreso exento y directo para los trabajadores y son una obligación para la seguridad social a cargo del patrón, por lo que no tienen que formar parte del cálculo de la proporción para determinar el subsidio acreditable.

9. Por otra parte, los precedentes y jurisprudencia que sostuvo el entonces Tribunal Fiscal de la Federación y los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación, se llegó a la conclusión de no considerar en el cálculo de la proporción del subsidio acreditable, las cuotas del IMSS y del Infonavit.

Desde el año de 1995 el Tribunal Fiscal de la Federación ha fallado diversos recursos de apelación y ha sentando precedentes en el sentido de que las cuotas del IMSS y del Infonavit, no deben considerarse para determinar el subsidio acreditable de los trabajadores a que se refiere el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por ultimo, el Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fijaron la jurisprudencia SJ-1-7, misma que se publicó en la revista de dicho tribunal en el mes de junio de 1998 tercera época, jurisprudencia aprobada en sesión del 24 de marzo de 1998, por la primera sección de la Sala Superior, interpretando el alcance y contenido del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al sostener que las cuotas al IMSS y al Infonavit, no deben ser consideradas para tomar la proporción del subsidio acreditable.

10. Con diferentes resoluciones de tesis jurisprudenciales, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando como ponente el ministro Mariano Azuela Güitrón, en sesión de fecha 18 de mayo de 2001, sienta la jurisprudencia 19/2001, expresando en la misma que prevalece la interpretación de incluir las cuotas del IMSS y del Infonavit, para calcular la proporción de subsidio acreditable a favor de los trabajadores (Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, junio 2001, páginas 253 y 25).

Lo anterior expresa un grave problema para la clase trabajadora y los empleadores, ya que la Corte sienta un precedente en contra de una jurisprudencia que había sido sustentada con anterioridad por el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, misma que incluso era comúnmente aplicada por la mayoría de los patrones en el país; por lo que el problema que se presentará es la posibilidad que la jurisprudencia sea aplicada de manera retroactiva (cinco años), en el caso de alguna controversia que se ventile en los tribunales, sin que por ello se considere que se violentan derechos adquiridos por aplicación retroactiva de alguna disposición legal.

11. La jurisprudencia es la interpretación de una ley o de una norma que realizan los tribunales judiciales y por atribución, en materia fiscal lo realiza el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; aclarando que la jurisprudencia no es una norma jurídica de carácter general y abstracta que obliga a los particulares a cumplirla; en cambio, serán los tribunales al dirimir controversias quienes estarán obligados a respetar la jurisprudencia cuando ésta sea invocada por las partes en el juicio.

El problema es que la jurisprudencia no tomó en cuenta la intención del legislador y los ministros de la Corte confunden la naturaleza de un gasto de previsión social a cargo de los patrones con un ingreso total o parcialmente exento que los trabajadores tendrán derecho a recibir a futuro, dependiendo de la situación que guarden las relaciones laborales y de las contingencias que se presenten, ya sea que reciban atención médica por enfermedades o maternidad, o bien los depósitos constituidos en el SAR; o de retiro de las aportaciones del Infonavit.

Pretender aplicar la retención de esas diferencias impositivas a todos los trabajadores de México, podría provocar problemas laborales muy serios y los sindicatos en la legítima defensa de los mismos, pudieran en su defecto, llegar hasta emplazamientos a huelga si existe cobro más allá de los que determina el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, que en su fracción I establece la prescripción a favor del trabajador de efectuar descuentos no realizados después de 30 días.

De igual manera la obligación del pago retroactivo a cinco años a las empresas, las pone ante la grave situación de que algunas que no tienen liquidez, puedan hasta provocar su cierre, por las cantidades que no retuvo y que se incrementaran por las diferencias de actualización y recargos.

Por lo antes expuesto, a efecto de dar precisión y con objeto de otorgar seguridad jurídica a los factores de la producción, se somete a consideración de este honorable Congreso

Artículo único. Se reforma el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomara el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capitulo, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, a excepción de las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, al Sistema del Ahorro para el Retiro y a las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La aplicación de esta ley se deberá de aplicar con efectos retroactivos en los últimos cinco ejercicios en beneficio de la clase trabajadora del país.

Tercero. Quedan sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2001.— Rúbricas.»

Tiene la palabra la diputada Celita Alamilla Padrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de adiciones a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la educación preescolar.

De conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el primer párrafo del artículo 3o. y sus fracciones III y VI, así como la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

El propósito de la iniciativa que hoy presentamos es para establecer en el texto constitucional la obligatoriedad de la educación preescolar. Con esta propuesta Acción Nacional hace un llamado a los demás grupos parlamentarios para iniciar los trabajos de discusión y a partir del diálogo abierto y respetuoso, construir una propuesta consensada.

La educación preescolar es el primer nivel educativo de formación de la persona y entre sus objetivos hacia la niñez persigue lo siguiente:

a) Propiciar y encauzar científicamente, la evolución armónica en esta etapa de su vida;

c) Brindarles la oportunidad de su socialización, su creatividad y su disposición al trabajo intelectual y cognoscitivo;

d) Vigilar, prevenir y atender oportunamente posibles detenciones o alteraciones en su proceso normal de desarrollo;

e) Lograr la incorporación natural al siguiente nivel educativo, para un mejor aprovechamiento de sus destrezas físicas e intelectuales para la educación posterior;

f) Fomentar su progresiva interacción con el medio circundante y proyectarlo a la comunidad de la que forma parte, como elemento activo;

g) Coadyuvar a la maduración progresiva del pensamiento, de la prelectura y la preescritura, el análisis, el razonamiento; así como de la abstracción y la construcción de conceptos que, integrados, le hará fácil el manejo cotidiano de su vida, favoreciendo su desempeño escolar futuro.

Asimismo, la educación preescolar es una oportunidad para que niñas y niños aprendan y razonen los fundamentos de los valores y los comportamientos sociales que los acompañarán a lo largo de su vida y comiencen a abrir sus mentes bajo la guía de educadores capacitados en el desarrollo infantil. Por medio de áreas recreativas, el arte, la música, la alfabetización y el comienzo de los estudios de matemáticas, los niños preescolares aprenden a cooperar, hacer amigos, hacer preguntas, usar la imaginación, construir el autorespeto y usar sus cuerpos con confianza. La educación preescolar es el lugar crucial para enfatizar la equidad en un mundo diverso. Por medio de celebrar la existencia de todo tipo de gente, culturas y donde se aprende la aceptación y la inclusión.

La educación preescolar tiene una importancia de primer orden dentro del sistema educativo, por los efectos multiplicadores que genera en otros ámbitos de la sociedad. De acuerdo con el estudio "la educación preescolar en América Latina", realizado por Robert Myers, se han hecho descubrimientos donde se demuestra que los programas orientados a la niñez pueden acarrearles grandes beneficios, no sólo en términos individuales e inmediatos, sino también en términos sociales y económicos, a lo largo de toda su vida en cuanto a sus habilidades para contribuir a la familia, la comunidad y el futuro de la nación. También se muestra que las niñas y niños que reciben atención pronta y constante tienen, generalmente, un mejor nivel de nutrición, contraen menos enfermedades y aprenden mejor que quienes no reciben ese tipo de atención y a la inversa, los párvulos que no reciben cuidados adecuados tienen mayor tendencia a las enfermedades y la desnutrición y están menos motivados y peor equipados para el aprendizaje.

En nuestro país la educación preescolar comenzó su expansión y a tener un gran reconocimiento social a partir de los compromisos pactados por el Gobierno Federal a finales de los años setenta, en el marco de acuerdos internacionales a favor de la niñez. Así, en un par de años la matrícula de preescolar para niños de cinco años pasó de alrededor de 30% a casi 70%; se mantuvo estable desde entonces y fue hasta mediados de los años noventa cuando comenzó a crecer de nuevo y a expandirse hacia los niños de tres y cuatro años. Resulta interesante hacer notar que la inversión más grande en este rubro se dio precisamente en un momento en que la economía del país se estancó y los ingresos públicos tuvieron una fuerte contracción. Como característica particular, la educación preescolar en México es ofertada en alrededor de 90% por el Estado y el resto por particulares, lo cual señala el gran compromiso y las obligaciones que se tienen para con este nivel educativo.

Para el ciclo escolar 1999-2000 la matrícula de la educación preescolar se situó en 3 millones 39 mil alumnos, lo que representa 14.5% del total de alumnos de educación básica y 11.6% del sistema educativo nacional.

En el presente la población del país está entrando a lo que se denomina la transición demográfica, fenómeno que básicamente consiste en una combinación de bajas tasas de mortalidad y de natalidad y un incremento en la esperanza de vida. Ello ha repercutido en la matrícula y la demanda de educación preescolar, la cual se encuentra en un proceso de crecimiento más ligero y de posible estabilización en el mediano plazo. La matrícula de educación preescolar de 1999-2000 creció en 1% respecto de periodo anterior. Para el periodo 2000-2001 se inscribieron 29 mil 900 preescolares más que en el periodo previo, lo que representaría un incremento de 0.8%, para alcanzar a una matrícula de 3 millones 42 mil preescolares.

Los esfuerzos por incorporar a un mayor número de educandos a este nivel, nos muestran que ésta es una de las áreas con mayor crecimiento en los índices de atención en los años noventa. Aunque la cobertura resulta diferenciada: para los niños de tres años es de 14.2% para los de cuatro de 57.4% y para los de cinco de 82.6%.

Cuando se observa la cobertura de preescolar para niños de entre cuatro y cinco años en el ámbito estatal, tenemos situaciones contrastantes y preocupantes. Por un lado entidades con cobertura muy alta e incluso casi universal como Tabasco, Guerrero, Guanajuato, Baja California Sur y Colima, cuya cobertura va de 92.4% a 98.6% y por otro lado, entidades con cobertura baja y muy baja que oscila entre 70.5% y 55.8%, entre las que están Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Durango, Jalisco, Michoacán y México. Estas disparidades muestran los rezagos existentes, pero también los retos que se tienen por delante, lo que exige una respuesta gubernamental focalizada hacia los estados con mayor rezago.

De acuerdo con los informes de labores de la Secretaría de Educación Pública, son varios los retos por los que atraviesa este nivel educativo: de cobertura, equidad y de calidad. La cobertura presenta un rezago significativo y requiere de un crecimiento sensible en los próximos años, especialmente en entidades con rezagos sociales como Chiapas o algunas que han invertido relativamente pocos recursos como el Estado de México, Jalisco e incluso el Distrito Federal. En los rubros de accesibilidad, equidad, cobertura y calidad, existen diferencias importantes para el ingreso a este nivel de las niñas y niños provenientes de familias pobres e indígenas respecto a quienes viven en zonas urbanas y rurales. En torno a la calidad, el nivel preescolar ha sido poco evaluado en nuestro país, pero varios estudios coinciden en que hay problemas de continuidad entre este nivel y la primaria, reflejándose en un alto coeficiente de repetición en el primer año, además de los problemas asociados con la capacitación de los profesores e instalaciones inadecuadas.

Invertir en educación es invertir en el futuro de la nación, a favor de una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Un estudio de la Cepal señala que los educandos que han recibido atención preescolar muestran una tasa mayor de escolarización secundaria y posecundaria, de acceso a mejores empleos y una menor propensión a la marginalidad social. Los programas de atención preescolar benefician a los infantes de todos los grupos socioeconómicos, pero tienen efectos más apreciables para los niños provenientes de hogares de menores recursos, pues reducen sus desventajas relativas y facilitan su posterior inserción en la educación formal, entre otras ventajas, por ello debemos trabajar para reducir la brecha entre los menos favorecidos y los más favorecidos.

En otro estudio sobre Latinoamérica, se apunta que existe evidencia de un posible aumento de productividad económica para la sociedad, generada por la inversión en programas de educación temprana, la cual va más allá de los beneficios que se observan directamente en el educando. Un ejemplo de ello es una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, dado que les permite ocuparse productivamente mientras sus hijos reciben educación. Asimismo, muchos de estos programas dejan en libertad a los hermanos mayores, generalmente las hermanas, quienes se hacen cargo del cuidado de sus hermanos pequeños en ausencia de sus padres, para que se dediquen a estudiar y así poder obtener mayores remuneraciones.

Igualmente y con base en una investigación realizada en Estados Unidos, se sugiere que la tasa de retorno de la inversión preescolar puede multiplicarse por siete. Para realizar este cálculo, se estimó una serie de gastos que se ahorran gracias a la menor incidencia de criminalidad, menor necesidad de programas de recuperación escolar y reducción de la demanda de otros programas sociales.

Respecto a los beneficios para el sistema escolar en su conjunto, existen evidencias de que los programas de preescolar ayudan a reducir los costos del sistema educativo, puesto que a mayores tasas de cobertura preescolar le acompañan menores tasas de deserción en los años posteriores y al mismo tiempo un menor índice de reprobación, con lo cual no se truncan ni desperdician los recursos de niveles subsiguientes. Visto de esta manera, la educación preescolar no significa un gasto, sino una inversión de largo plazo.

No obstante todos estos beneficios y el esfuerzo realizado para ampliar la cobertura de este nivel educativo, la pregunta principal no es si queremos invertir en educación preescolar, debe ser cuánto queremos invertir, cómo debe realizarse esa inversión y al mismo tiempo asegurar su eficiencia y eficacia.

A partir de estudios realizados en México a mediados de los años noventa, se llegó a la conclusión de que el Estado debe comprometerse a ampliar la cobertura, la calidad y la equidad, con base en una política de promoción en la creación de la demanda y en un marco de participación activa de los maestros y de los padres de familia. Si bien durante la administración anterior se destinaron recursos crecientes al subsistema de educación básica y la matrícula del preescolar creció significativamente, también es cierto que paralelamente provocó un proceso de deterioro de la infraestructura, de los ingresos de los docentes y de la situación social de las comunidades, lo cual repercutió negativamente en la calidad y la equidad del preescolar, al tiempo que remarcó desigualdades de antaño.

Por esto mismo, la iniciativa que presentamos tiene como objetivo generar un cambio constitucional y posteriormente, en las disposiciones reglamentarias, propiciar una discusión sobre la importancia de la educación preescolar, del conjunto de la educación básica y obligatoria, de las políticas públicas orientadas hacia este rubro y de los compromisos de la sociedad y el Estado con la educación en general.

Esta reforma estipula además de la obligación del Estado, la responsabilidad compartida de la familia y la sociedad en su conjunto para con este nivel educativo. La iniciativa propone la obligatoriedad de la educación preescolar, la cual se establece como prerrequisito para poder ingresar al nivel de educación primaria; asimismo, se asienta la obligación de destinar los recursos necesarios con el fin de lograr la cobertura en la prestación de los servicios de educación preescolar, en un plazo acorde a la situación y capacidad de cada entidad federativa. Con el entronque obligatorio del preescolar, se espera un mejoramiento de este nivel y un impulso a los cambios que se están llevando a cabo en los subsiguientes ciclos educativos.

Finalmente, queremos invitar a nuestros compañeros legisladores a que podamos construir un espacio de reflexión, diálogo y análisis sobre las adiciones que proponemos a los artículos 3o. y 31 constitucionales, para hacer obligatoria la educación preescolar y avanzar en la construcción de un esquema de educación básica obligatoria de 10 años. Esperamos que este impulso a la educación preescolar se consolide en beneficio de los infantes para que adquieran desde temprana edad, los conocimientos y herramientas que generen la sinergia necesaria y adecuada en su vida escolar como en la laboral posteriormente. Todo ello coadyuvará a que nuestro país concentre en sus mujeres y hombres, el más alto y mayor activo que puede tener un país, una sociedad educada y capacitada para hacer frente a los retos del futuro.

Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente

Que adiciona el primer párrafo del artículo 3o. y sus fracciones III y VI, así como la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo primero. Se adiciona el artículo 3o. constitucional para quedar como sigue:

"Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, estados y municipios, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, la primaria y la secundaria son obligatorias.

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

Artículo segundo. Se adiciona el artículo 31 constitucional para quedar como sigue:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria y reciban la militar, en los términos que establezca la ley;

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para poder ingresar al nivel de educación primaria será prerrequisito haber cursado un año de educación preescolar, la cual deberá iniciarse a los cinco años cumplidos del educando. Esta medida se aplicará cuando hayan transcurrido cuatro ciclos escolares, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Los gobiernos Federal y estatales celebrarán los convenios que consideren pertinentes, de acuerdo a la situación y capacidad de cada entidad federativa, para cumplir con la obligatoriedad de la educación preescolar, de ser posible, antes del plazo establecido en el artículo transitorio anterior.

Cuarto. Los gobiernos Federal y estatales implementarán programas de información y promoción dirigidos a los padres de familia para que inscriban a sus hijos a la educación preescolar.

Quinto. Los gobiernos Federal y estatales destinarán a partir de la entrada en vigor de este decreto los recursos necesarios con el fin de lograr la cobertura suficiente para la prestación de los servicios de educación preescolar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 25 de septiembre de 2001.— Integrantes de la Comisión de Educación: los diputados: Celita Alamilla Padrón, Alfonso Vicente Díaz, Eduardo Rivera Pérez, Oscar Ochoa Patrón, José María Tejeda Vázquez, María Isabel Velasco Ramos, Luis Aldana Burgos, Silvia Alvarez Bruneliere, José Carlos Luna Salas, Héctor Méndez Alarcón, Fernando Ugalde Cardona y Rodolfo Ocampo Velázquez.»

Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Educación y Servicios Educativos.

Para presentar una iniciativa sobre ley de iniciativa popular, tiene la palabra el diputado Enrique Villa Preciado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Enrique Adolfo Villa Preciado, diputado federal por el IV distrito federal del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante esta Asamblea, a presentar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 41 y se adicionan el artículo 71 con una fracción IV y el 99 con una fracción V-bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se crea la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En los anales de la historia constitucional de nuestro país, encontramos que la constante lucha de nuestro pueblo por preservar sus instituciones democráticas y por mejorarlas en aras del progreso y del bienestar de todos y cada uno de los mexicanos, fundándose como causa común de los pueblos del mundo que se precian de ser democráticos, nunca ha cesado ni lo hará, porque de ello depende la búsqueda de progreso y bienestar social, encausado siempre por el camino del diálogo y del consenso.

Desde nuestra Carta Magna de 1824 hasta la fecha, hemos pasado del centralismo al federalismo; de la República a la monarquía y de ésta al Estado liberal progresista; de la reelección indefinida del Poder Ejecutivo (que desató en varias ocasiones al monstruo de la tiranía y la dictadura), al sistema de partido hegemónico, terminando su periodo de desgaste y de cerrazón hasta las elecciones del 2 de julio del año 2000, cuando de manera responsable y democrática el pueblo mexicano escogió un nuevo gobierno y una distinta perspectiva de crecimiento y desarrollo social.

Un aspecto importante de esa transición, es cuando la ciudadanía interviene en el juego democrático. Al suceder esto, se fomenta la participación política de los individuos, dando oxigeno al sistema político y certeza a nuestro sistema jurídico, ya que cada persona (física o jurídica) diría cómo y en qué sentido desea se regule su conducta social.

Coincidimos con otros sectores políticos del país, que recientemente han expresado en esta alta tribuna su sentir, respecto de que no es nuestro fin la implementación de la democracia directa en nuestro sistema constitucional.

Nuestro sistema representativo necesita que la sociedad coadyuve con quienes cumplimos una función decisoria y eso no significa nuestro debilitamiento, sino por el contrario, fortalece y dignifica la función representativa del Congreso, ya que lo hace realmente un órgano del pueblo y para beneficio de éste.

Con la iniciativa popular se estimula el interés de la sociedad en temas que le atañen y para dar cumplimiento a ello, se propone se organicen células de ciudadanos que, en coordinación con la autoridad electoral, eleven propuestas al Congreso de la Unión con normas jurídicas concretas, instrumentos jurídicos adecuados, con los cuales se regule la conducta de los individuos en relación con otros y con intereses más altos, como lo son el bien común y el interés general.

La proposición de adición al artículo 71 constitucional otorga al pueblo la facultad de presentar iniciativas de ley y con ello transformar la vida de nuestro país. Recientemente el diputado, Amador Rodríguez Lozano presentó una interesante iniciativa de reforma de Estado y en ella insertó, entre otras figuras, a la iniciativa popular bajo el argumento de que "la iniciativa popular es un instrumento delicado que conviene ordenar de manera puntual, a efecto de evitar su utilización de una manera desordenada. No hacerlo así conllevaría el riesgo de que la institución llegase a ser utilizada como un instrumento de ataque al propio régimen democrático. Por ello es que, teniendo en mente los ejemplos proporcionados por el derecho comparado, en el presente proyecto de reforma, se propone acotar la iniciativa popular con base en los siguientes parámetros: a, se establece un porcentaje de electores requeridos para subscribirla y b, se señala un criterio de distribución geográfica adecuada de los subscribientes...".

Es importante resaltar este argumento, ya que es donde coinciden la iniciativa presentada al pleno de esta soberanía el 27 de marzo pasado y la que hoy suscribimos. Coincidimos en que no se puede dejar abierto el derecho del ciudadano para presentar iniciativas de ley o decreto. Necesario es acotarlo para no violentar no sólo el principio democrático que nos distingue de otros países con regímenes totalitarios y verticales, sino que se salvaguarda también el respeto a las instituciones democráticamente elegidas y se conserva el orden y la seguridad pública.

La propuesta del diputado Rodríguez Lozano nos parece muy valiosa. Sin embargo, la nuestra consiste en tratar de un modo especial la iniciativa popular, tanto que se le crea una ley reglamentaria especial que no incluye otras formas de participación directa de la ciudadanía y además busca tener como requisito un número de ciudadanos apropiado, facilitando su propio cumplimiento.

Nuestra propuesta está apegada al realismo político que vivimos (actualmente de intensa participación ciudadana) y como elemento de salvedad para impedir un mal uso de este derecho, proponemos el siguiente requisito: cada ciudadano que suscriba una iniciativa popular deberá de estar inscrito tanto en el Registro Federal Electoral como en el Registro Unico de Población. Además, proponemos la integración de un órgano promotor para que éste elabore y presente a la autoridad electoral federal, el proyecto de ley o decreto.

El imponer, desde el texto constitucional, las limitantes a la iniciativa ciudadana, es un punto importante de tratar. Con ella, que se sostendría el principio de certeza jurídica y además, se cumpliría con las reglas que dicta la seguridad jurídica dentro del proceso legislativo, en el entendido de que ciertos temas de seguridad nacional no podrían ser tocados por la presión social ni los intereses de unos cuantos.

Nos parece esencial aclarar que la iniciativa de ley es un acto jurídico que tiene por objeto presentar a discusión un proyecto de ley o decreto, que busca la aprobación del órgano creado con anterioridad para tal fin, por lo que la iniciativa ciudadana debe de guardar formas determinadas para su presentación. Esta es labor de la ley que se propone y que reglamentaría esta prerrogativa ciudadana.

Efectivamente la presentación de una iniciativa popular no tendrá efectos vinculativos para su aprobación, siendo que para tal efecto, se deberá de seguir el procedimiento establecido en el numeral 72 de nuestra Carta Magna. Por lo tanto, queda entendido que aquellos que suscriban una iniciativa popular no están creando una ley que entre en vigor de manera inmediata, sino únicamente están celebrando un acto jurídico que da inicio al procedimiento ordinario de creación de leyes y, por lo tanto, el legislador podrá aprobarlo o rechazarlo.

Para la composición del presente proyecto se atendió a la doctrina, a las propuestas y leyes relativas a la iniciativa popular adoptadas por otros países del continente y a la legislación local en cada una de las entidades federativas de la nación, como el caso del Estado de Jalisco, pionero en la creación y aplicación de figuras que permiten la participación directa de la ciudadanía, tales como la propia iniciativa ciudadana, el referendum y el plebiscito.

Una de las grandes ventajas que la iniciativa ciudadana tiene radica en que el destinatario de las normas jurídicas plasmadas en leyes o decretos emitidas por los órganos legislativos de un país determinado tiene la posibilidad de proponer proyectos adecuados a su realidad, buscando su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos sociales, implicando, con ello, el arribo de la justicia, la equidad y el bienestar social.

La iniciativa ciudadana estrecha la relación del legislador con el pueblo de una manera más natural. Enriquece el procedimiento parlamentario al proponer, en la arena de la discusión política, ideas emanadas directamente de la sociedad. Con la iniciativa ciudadana se abren las puertas de la participación a la población organizada, fomentando el desarrollo de una política más activa, repercutiendo directamente en la cultura cívica de la nación.

Otra característica de la iniciativa ciudadana es la neutralidad de su origen, ya que no contiene intereses particularmente partidistas. La ciudadanía presenta a través de este medio, sus necesidades de ordenamiento y regulación sociojurídica, radicando ahí su importancia social. La iniciativa genera el compromiso ciudadano de cumplir con la ley o decreto que él mismo propone. Esto se debe de tomar en cuenta por el dictaminador.

Estamos convencidos de que el artículo 41 de nuestro Código Fundamental, que establece el principio de representatividad, no se corrompe, ya que por su texto se interpreta que la soberanía es ejercida por tres órganos de poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El facultar al pueblo directamente para presentar iniciativas de ley o decreto se entendería como una forma de auxilio con esos órganos para que se implementen en el marco jurídico-constitucional de nuestro país, las normas jurídicas que el pueblo necesita.

Lo anterior obliga al Constituyente Permanente a establecer las bases o puntos fundamentales bajo los cuales el legislador le dé vida a la forma estructurada y organizada de presentar proyectos de normas jurídicas concretas. Dichas bases encontrarían una nueva fracción IV al artículo 71 de la Constitución General en vigor.

Pero, como a todo derecho que se otorga a los ciudadanos o a los individuos en general, es necesario poner límites para evitar su abuso y en este caso, la manera de limitar esta libertad social sería la de delimitar su campo de acción, por lo que la iniciativa popular no tendría incumbencia en las materias siguientes:

Estos candados tienen como fin proteger ciertas áreas estratégicas del ámbito federal, así como de estricta jurisdicción estatal, además de que, como en su caso señalara la ley reglamentaria, debe presentarse de tal modo que cuide las relaciones de subordinación con la autoridad, siendo éstas el respeto a la investidura del funcionario y la preservación del orden público.

La ley reglamentaria establecerá aquellos requisitos mínimos que hagan viable la iniciativa, como serían el registro mínimo de suscriptores, lo que deberá hacerse con apoyo de la autoridad electoral; el carácter de interés general de la misma, lo que la hará prevalecer sobre otros ordenamientos jurídicos que la complementen o se contrapongan con ella; el establecimiento de un órgano promotor quien funja como representante para los efectos de la impugnación y las reglas de procedimiento del recurso que ataque una resolución del órgano instructor que le dé viabilidad y forma jurídica a la iniciativa.

Como el sistema de integración de la iniciativa se asimila a los métodos de votación, es necesario reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para que le dé coherencia y unidad a la reforma que se propone.

Además, es necesario darle atribuciones al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que a su competencia corresponda, por lo que se integran reformas a la normatividad electoral federal como sería, además del Cofipe, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, en su caso, a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

Para la aplicación de las normas que encuentran la exposición de sus motivos aquí, así como para su interpretación, se entenderá a las mismas como un sistema integral y como parte de un todo, que es el ordenamiento jurídico de nuestro Estado y se estará a lo dispuesto en la letra de la ley y a falta de ésta, a los principios generales del derecho.

La posible ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 constitucional establece los mínimos requisitos de estructura y de discurso para darle viabilidad a la reforma, pero, en caso de procedimiento ante el órgano legislativo, es necesario que tanto el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establezcan el o los procedimientos que se deben de seguir en el caso de la presentación de una iniciativa popular.

Por el que se reforma el artículo 41 y se adicionan el artículo 71 con una fracción IV y el 99 con una fracción V-bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se crea la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo primero. Se reforma el artículo 41 y se adicionan una fracción IV al artículo 71 y una fracción V-bis al artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

III. La organización de las elecciones federales, así como de la integración de la iniciativa ciudadana a que se refiere la fracción IV del articulo 71 de esta Constitución, son funciones estatales que se realizan a través de un organismo publico autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordena la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales y la integración del órgano promotor de la iniciativa ciudadana a que se refiere la fracción IV del artículo 71 de esta Constitución. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado, de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución y de presentar de manera organizada y respetuosa la o las iniciativas ciudadanas que tengan un proyecto de ley o decreto según la fracción IV del artículo 71 de esta Carta Fundamental.

IV. A los ciudadanos mexicanos, siempre y cuando reúnan los requisitos siguientes:

1. Quienes suscriban la iniciativa deben de estar inscritos en el Registro Nacional de Población y en el Registro Federal de Electores y contar con su credencial de elector, además de organizarse en la forma y términos que disponga la ley correspondiente.

2. Que el número de suscriptores represente el 5% del total nacional o el 1% total de al menos 10 de las entidades federativas de la Unión de los registros mencionados en el numeral 1 de esta fracción.

3. La materia de la iniciativa deberá referirse al otorgamiento de derechos o a la imposición de obligaciones, mismas que deberán considerarse obligatorias para la población en general. Queda prohibida la proposición de toda ley privativa o que establezca tribunales especiales, tal y como lo dispone el artículo 13 de esta Constitución.

A. La reforma, adición, derogación o, en su caso, abrogación, de normas contenidas en esta Constitución.

B. La reforma, adición, derogación o en su caso abrogación, que tengan como fin ordenamientos de índole fiscal, respecto de las finanzas públicas de la Federación y respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

C. La reforma, adición, derogación o en su caso abrogación, que tengan como objeto la regulación de las fuerzas armadas o que correspondan a problemas de seguridad nacional.

D. La reforma, adición, derogación o, en su caso, abrogación, que se refieran a tratados o convenios internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal y que ratifique el Senado de la República.

E. La reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, en normas de carácter electoral

El procedimiento de la iniciativa ciudadana se regirá conforme a lo que establece el artículo 72 de esta Constitución, en la ley reglamentaria de la fracción IV de este artículo, así como en la reglamentación interna del Congreso de la Unión y demás ordenamientos aplicables.

Al tribunal electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes;

V-bis. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen lo dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de esta Constitución;

Primero. El presente artículo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral, así como el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación tendrán un plazo no menor de 90 ni mayor de 270 días naturales para expedir los ordenamientos correspondientes e implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.

Tercero. Una vez aprobada la presente reforma según lo dispuesto por el artículo 135 de esta Constitución, las entidades federativas de la República que tengan en sus constituciones locales, estatutos de gobierno o legislación ordinaria, disposiciones que la contravengan, tendrán un plazo no menor de 90 ni mayor de 270 días naturales contados a partir de ese suceso para adecuarlas a la misma. En caso que de no cumplimentarse, prevalecerá la presente disposición sobre los ordenamientos locales no armonizados con ésta.

Artículo segundo. Se expide la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y reglamenta la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional.

Artículo 2o. Para efectos de la presente ley, son autoridades ejecutoras: la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la forma y términos que dispongan esta ley, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medio de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, así como por la reglamentación interna que cada instituto expedida al efecto.

Las autoridades federales, locales y municipales auxiliarán en su labor a estas instituciones de acuerdo a sus respectivas competencias.

La presentación de una iniciativa popular no obliga de ninguna manera a las autoridades a aprobarla, siendo que se deberá de seguir el procedimiento señalado para tal efecto en el artículo 72 de la Constitución Federal.

Para la imposición de las sanciones a que esta ley se refiere, la autoridad competente será la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, excepto en el caso de que el infractor sea funcionario del Instituto Federal Electoral o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes además de imponer las sanciones que resultaren conforme al presente ordenamiento, podrán disciplinar al infractor conforme a sus propias normas internas.

Artículo 3o. Los consejos e instituciones electorales de las entidades que componen la unión y los tribunales electorales de las mismas coadyuvarán con las autoridades electorales y administrativas en la aplicación de la presente ley.

Artículo 4o. Para todo lo no previsto en la presente ley se estará a lo que establece la Constitución Federal de la República, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5o. Una vez presentada una iniciativa no podrá ser retirada para su estudio ni solicitar su desechamiento.

Artículo 6o. Los proyectos de iniciativa ciudadana anónimos no producirán ningún efecto alguno ni tendrán validez alguna.

El Instituto Federal Electoral no está obligado a conocer de las iniciativas que se presenten de manera anónima o que violenten el procedimiento establecido en esta ley, por lo que procederá a declarar inexistente la misma, haciéndose del conocimiento público a través del Diario Oficial de la Federación.

Artículo 7o. Para el cómputo a que se refiere el numeral 2 de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá estarse a lo que el Instituto Federal Electoral establezca, siempre y cuando tome en cuenta las bases siguientes:

I. El cómputo deberá hacerse en un periodo de 60 días naturales a partir de la presentación de solicitud de inscripción del órgano promotor, tomando en cuenta las listas de nombres, firmas, claves de elector y copias de las credenciales electorales de quienes lo componen;

II. La resolución respecto de que se ha cumplido con dicho requisito constitucional, deberá expedirse en un plazo de 10 días, al tiempo que se expida la constancia de registro del mismo y de preferencia en la misma.

En caso de no expedirse la resolución en el plazo señalado, se tendrá por aprobada la inscripción y entonces el Instituto expedirá la constancia correspondiente y

III. Cuando el cómputo sea por entidad federativa, el Instituto Federal Electoral deberá establecer en la resolución el porcentaje que se ha cumplido por cada una de ellas.

Artículo 8o. Es materia de iniciativa ciudadana de ley o decreto lo previsto en el numeral 3 de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 9o. Como lo señala el numeral 4 de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución General de la República, no podrá versar la iniciativa ciudadana de ley o decreto respecto de las materias siguientes:

I. Reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, de normas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, de normas de índole fiscal o que tengan qué ver con las finanzas públicas de la Federación y respecto de las contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, de normas que regulen a las fuerzas armadas o que pretendan resolver problemas de seguridad nacional;

IV. Reforma, adición, derogación o en su caso abrogación, de normas contenidas en tratados o convenios internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal y que ratifique el Senado de la República y

V. Reforma, adición, derogación, o en su caso abrogación, de normas contenidas en la legislación federal electoral.

Artículo 10. Todo proyecto de iniciativa ciudadana que se refiera a una o a varias de las materias que se señalan en el artículo anterior, serán improcedentes y se declarará inexistente el proyecto por el Instituto Federal Electoral.

Hecho lo anterior, el Instituto notificará, en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación, al órgano promotor de la iniciativa para que manifieste lo que a su derecho convenga en otro plazo igual. Si el órgano no hiciere uso de este derecho en el tiempo señalado, el Instituto declarará que la resolución ha causado fuerza de cosa juzgada y archivará el asunto como total y definitivamente concluido.

En caso de que el órgano haga uso del mismo, el Instituto Federal Electoral deberá resolver el recurso en un plazo no mayor de 15 días naturales, dando vista al Ministerio Público Federal. Si la resolución no es favorable al órgano promotor, éste podrá ejercer la acción a que se refiere el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Para la sustanciación de este recurso, el recurrente deberá apegarse a las bases generales que señalan el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los ordenamientos legales que correspondan en materia de procedimiento administrativo.

Artículo 11. Los proyectos de iniciativa ciudadana que se presenten ante el Instituto deberán elaborarse como si fueran los definitivos para su presentación y no deberán contener disposiciones que contravengan ordenamientos del orden federal, local o municipal en vigor.

Los proyectos deberán versar sobre una sola materia y no podrán contener inclinaciones de carácter regionalista ni podrán otorgar privilegios u obligaciones a una o varias entidades federativas sobre el resto de la Unión.

Artículo 12. Para la elaboración de una iniciativa ciudadana, previamente se integrará un órgano promotor de la misma, el que una vez constituido deberá registrarse ante el Instituto Federal Electoral en un plazo no mayor a 90 días naturales, recibiendo el órgano la constancia correspondiente y con los requisitos a que se refiere esta ley.

Si la resolución de registro es negativa, el Instituto notificará ésta de inmediato al órgano para los efectos legales correspondientes.

El órgano promotor no tendrá personalidad jurídica ni patrimonio propios, no constituye persona distinta a sus constituyentes y se disolverá automáticamente sin previa declaración del Instituto Federal Electoral al extinguirse su objeto.

Artículo 13. Una vez hecho el registro a que se refiere el artículo anterior, el órgano tendrá un plazo de 15 días naturales para presentar al Instituto el proyecto de ley o decreto que manifestó en su solicitud de registro.

En caso de no hacerlo, el órgano podrá pedir una prórroga impostergable de otros cinco días naturales para su presentación. Si el proyecto no es exhibido en dicho término, se tendrá por no presentado.

Artículo 14. La iniciativa elaborada por el órgano promotor deberá de contener los requisitos de la forma siguiente:

a) El documento debe dirigirse a los secretarios de la Cámara competente del honorable Congreso de la Unión, cerciorándose el Instituto de que la materia de la iniciativa coincida con los criterios de competencia de las cámaras del Poder Legislativo Federal que para ello establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que el órgano no pueda determinar la competencia de la Cámara a que se dirija la iniciativa o erróneamente haya señalado otra distinta a la competente, el Instituto salvará el error al momento de resolver la procedencia de la misma;

b) Debe presentarse el documento en hojas foliadas por el órgano, mismas que serán selladas por el Instituto Federal Electoral. Hecho lo anterior, el proyecto no podrá enmendarse ni modificarse posteriormente;

c) Al momento de exhibir el proyecto de iniciativa, el órgano deberá presentar la constancia de inscripción del órgano promotor que previamente haya otorgado el Instituto. En dicha constancia deberá constar el nombre, número de folio, clave de elector y sección electoral transcritos de las credenciales de elector de todos y cada uno de los miembros del órgano, señalándose en la misma, que se cubre el requisito a que se refiere el numeral 2 de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución;

f) La iniciativa deberá de contener un apartado declarativo con razonamientos lógicojurídicos sobre las razones por las cuales la misma debe ser aprobada. La redacción de los mismos debe ser clara y precisa, señalando expresamente la materia sobre la que versa el proyecto;

g) Si el proyecto propone un nuevo ordenamiento, el documento deberá contener un artículado completo e integral, además de señalar claramente el nombre de la ley o decreto que se está creando.

Si el proyecto propone modificar, adicionar, derogar y en su caso abrogar una ley o decreto en vigor, deberá expresar claramente el o los artículos a cambiar.

Al final del proyecto se establecerán las disposiciones transitorias, las que deberán presentarse de manera articulada.

Artículo 15. Toda iniciativa ciudadana observará ante todo el respeto a la autoridad, al orden público y a las buenas costumbres, por lo que se evitarán las injurias, los términos que denigren a aquélla, a la sociedad o a un sector de ésta, por lo que de no ser así, el Instituto la tendrá por no presentada y así se lo hará saber al órgano promotor.

Artículo 16. El instituto tendrá un plazo perentorio de 15 días naturales para declarar procedente una iniciativa, turnándola, con todas y cada una de las constancias solicitadas, a la Cámara competente. En caso de no hacerlo, salvo lo dispuesto por los artículos subsecuentes, el órgano promotor podrá hacer llegar una copia de la iniciativa a la misma, siempre y cuando el mismo acredite haber llevado todo el procedimiento anterior.

Al recibir la Cámara la copia de referencia, solicitará al Instituto exhiba los originales en un plazo perentorio de siete días naturales. Transcurrido el plazo, reciba o no la documentación, la Cámara le dará el procedimiento que acuerde el órgano de gobierno correspondiente conforme a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 17. Recibida la iniciativa y la documentación anexa el pleno de la Cámara le dará el trámite correspondiente conforme al artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, salvo la resolución que al efecto determine el pleno en el momento de recibirla.

Artículo 18. El turno que el Presidente de la mesa directiva de la Cámara competente dé a la iniciativa ciudadana será comunicado a:

Lo anterior para efectos de registro de las mismas y para opinión que auxilie a la comisión dictaminadora correspondiente en su labor.

Artículo 19. El trámite de la iniciativa se regirá conforme lo establece el artículo 72 constitucional y la normatividad interna de cada una de las cámaras.

Artículo 20. Contra la determinación de las cámaras no procede el juicio a que se refiere la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 21. Para efectos de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez validada la iniciativa ciudadana conforme lo dispuesto por esta ley, podrá ser sujeta de acción de inconstitucionalidad, siempre y cuando exista el supuesto contenido en dicho precepto constitucional para su procedencia.

I. La violación o inobservancia a lo dispuesto por los artículos 8o., 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la presente ley;

II. Cuando la presentación de una iniciativa ciudadana traiga aparejada algún perjuicio a terceros o cuando se pida alguna cantidad cierta y en dinero para esos efectos, indistintamente de lo que la legislación penal establezca.

II. Multa hasta por 500 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

III. Destitución del puesto e inhabilitación en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y

Artículo 24. Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella;

Si el infractor es un servidor público, las condiciones que se aplicarán para la imposición de la sanción se sustentarán en lo que dispone la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la legislación y normatividad correspondientes.

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. Para la implementación y aplicación de la presente ley, se estará a lo que disponen los artículos transitorios segundo y tercero del artículo primero del presente decreto.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo tercero. Se reforman y adicionan los artículos 4o., 68, 69, 82 y 94 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar de la siguiente manera:

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano que se ejerce para integrar los órganos del estado de elección popular; asimismo, será un derecho del ciudadano el suscribir una iniciativa ciudadana, ajustándose a lo previsto en este Código y en la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable:

b) De la preparación, vigilancia y desarrollo del proceso de registro de la iniciativa ciudadana conforme a lo que dispone la ley de la materia.

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática y

h) Preparar, vigilar y desarrollar el proceso de registro de la iniciativa ciudadana, así como su remisión a la Cámara que corresponda del honorable Congreso de la Unión.

o-bis) Recibir la solicitud de registro del órgano promotor de una iniciativa ciudadana, dictaminar la procedencia de la misma, encargarse de la organización e implementación del proceso de validación de la misma, así como su remisión a la Cámara del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que corresponda, de conformidad con lo previsto en la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

i) Coadyuvar a la organización del proceso a que se refiere el inciso o-bis del artículo 82 de este código y

Artículo cuarto. Se reforma el inciso f y, con las disposiciones que éste tenga, se adiciona un inciso g del numeral 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar de la siguiente manera:

f) Habiéndose reunido con otros ciudadanos para presentar, ante cualquiera de las cámaras que componen el honorable Congreso de la Unión, un proyecto de iniciativa de ley o decreto y sea negada su solicitud de incorporación ante el órgano promotor o sea invalidado el proyecto de iniciativa por el Instituto conforme a lo que establece la ley correspondiente.

Para efectos de la presente ley, el órgano promotor podrá ejercer, por medio de su representante legal, tanto la acción que niegue su registro, como aquélla contra la invalidación del proyecto de iniciativa de ley o decreto y

g) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior.

Artículo quinto. Se adiciona un párrafo segundo al inciso c de la fracción III del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

En el mismo sentido, por actos y resoluciones que violen los derechos de quienes se reúnan para presentar una iniciativa de ley o decreto conforme a lo que establece la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo sexto. Se adiciona un nuevo inciso e y el contenido que éste tenía pasará a formar un nuevo inciso f del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

e) Turnar a la comisión ordinaria competente las iniciativas ciudadanas presentadas al pleno y

Artículo séptimo. Se modifica el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

"Artículo 61. Para la recepción y turno de una iniciativa ciudadana conforme lo dispone la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, recibida ésta por la mesa directiva de la Cámara correspondiente, la turnará a la Conferencia para los Trabajos Legislativos para que ésta lo turne a la comisión que corresponda, misma que deberá presentar su dictamen en los términos del artículo 87 de este Reglamento."

A. Para los artículos 1o. a 3o. del presente decreto, en los términos establecidos en sus respectivos transitorios.

B. En el caso de los artículos cuarto a sexto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F., a 30 de abril de 2001.— Diputado Enrique Adolfo Villa Preciado»

Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Participación Ciudadana, atendiendo el pedimento verbal del diputado Enrique Villa.

Tiene la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El suscrito, coordinador del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción ll, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reformas y adiciones al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Fortalecer al Poder Legislativo es una de las necesidades de la transición democrática. Transición por cierto inconclusa y, sin embargo, ya hay quien pide echar marcha atrás.

Hacer del Congreso un verdadero contrapeso volviendo eficaces sus atributos que ahora en gran medida se quedan en lo declarativo, resulta parte sustancial de lo que ésta, la LVIII Legislatura debe legar al término de su ejercicio.

Sin un eficaz sistema de rendición de cuentas, no habrá confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos, mismos que no se agotan en el ejercicio del sufragio, sino se actualizan en el cotidiano ejercicio de un verdadero estado de derecho.

El equilibrio de poderes en México, sigue siendo una aspiración. Tenemos un Poder Ejecutivo muy fortalecido en detrimento de los otros poderes.

En el grupo parlamentario del PRD, por eso planteamos una nueva constitucionalidad.

La iniciativa que presento ante esta soberanía, planteamos adicionar y modificar el artículo 93 constitucional, por que es en dicho artículo, donde se establecen parte de las atribuciones de control político que le corresponden ejercer al Poder Legislativo.

Se trata de una disposición angular relacionada con las comparecencias, de la que deben derivar facultades reales de vigilancia del Legislativo hacia la Administración Pública Federal y que, sin embargo en gran medida se tornan ineficaces y eso se refleja en el desencanto que han generado las recientes comparecencias de servidores públicos.

Que los secretarios de despacho acudan a realizar la glosa del informe que anualmente presenta el titular del Ejecutivo, es un acto republicano necesario en un esquema de división de poderes.

Que aunado a ello las cámaras puedan citar a servidores públicos a comparecer, para explicar asuntos de su competencia, es en sí mismo un acto de vigilancia.

Sin embargo, eso no ha sido suficiente, pues dichas atribuciones hasta ahora no han evitado que en los hechos muchas veces se vea entorpecida la labor del Legislativo, principalmente por funcionarios al servicio del Poder Ejecutivo.

Si quien acude a comparecer no informa o lo hace con falsedad y eso no genera ninguna consecuencia, entonces nuestra normatividad no está funcionando.

Las comparecencias de los servidores públicos no están dando todo lo que se espera de ellas, porque los funcionarios acuden ya con la convicción de que se trata sólo de un mal rato, durante el cual creen que su tarea es eludir cuestionamientos, evadir respuestas precisas, ignorar críticas, esperar que termine y retirarse a sus oficinas.

Por eso planteamos, con esta iniciativa, hacer de las comparecencias de servidores públicos, un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y no la simple conjunción de monólogos, donde cada quien se va con lo que vino, situación que en muchas ocasiones sucede con el actual esquema, así como dotar a esta soberanía del carácter de autoridad competente para citar a cualquier persona que cuente con información útil para los trabajos del Congreso.

Aquellos particulares relacionados en asuntos públicos de la competencia del Congreso, no podrían, en caso de aprobarse esta reforma, negarse a comparecer ante este poder, so pena de incurrir en desacato. Obviamente, lo mismo operaría en el caso de los funcionarios.

Proponemos también, que quien acuda a una cita con el Congreso a comparecer, lo haga bajo protesta de decir verdad, respecto a lo que va a informar y a las respuestas que formule a las preguntas que le sean presentadas por los legisladores.

Aquel que mienta o no informe, por virtud de la reforma propuesta, sería sujeto a proceso por las responsabilidades jurídicas derivadas de esa conducta.

En estos días estamos llevando a cabo las comparecencias de secretarios de despacho y de titulares de organismos públicos descentralizados, con motivo de la glosa del I Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal; se trata de un ejercicio en donde en algunos casos hemos constatado la falta de respeto, por parte de quienes deben informar y no lo hacen o lo hacen parcial sólo, somos testigos de cómo, a cambio de respuestas a preguntas concretas se ofrecen citas en oficinas ajenas al Legislativo para desahogar los cuestionamientos de los diputados. Situación a todas luces anómala, dado que las respuestas las estamos esperando en la máxima tribuna de la nación.

El parlamentarismo y el constitucionalismo, son dos conceptos de una misma acepción: límites al ejercicio omnímodo del poder público.

Esa es la razón más trascendente de la división de poderes, del parlamento y de la constitucionalidad.

Se trata de una reforma de Estado, que busca ampliar la fuerza de este Poder Legislativo, para convertirlo en un auténtico poder el Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

El Congreso de la Unión, a través de cualquiera de las cámaras, podrá citar a cualquier persona, para que aporte información respecto a asuntos de la competencia del Poder Legislativo.

Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tienen facultad de integrar a comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal."

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2001.— Rúbricas.»

Tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y al artículo 149 del Código Federal de Procedimientos Penales.

«La suscrita, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputada de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y posterior discusión en el peno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

Durante las últimas décadas se ha incrementado la llamada "crisis de la biodiversidad" por su acelerada pérdida en todo el mundo. La deforestación y la fragmentación de ecosistemas se han reconocido en muchos países como una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad y se ha alertado sobre las consecuencias que estos fenómenos pueden tener sobre el bienestar de la humanidad y la salud general del ambiente.

México es un país excepcionalmente favorecido por la naturaleza. Cuenta con una gama impresionante de climas y suelos, que permiten que en su territorio se desarrolle una gran variedad de ecosistemas forestales. Ellos contribuyen a la base de recursos naturales con los que cuenta la nación.

Las múltiples combinaciones de climas, suelos, altitudes y latitudes dan como resultado un número de contrastes, productos, paisajes; los bosques y las selvas producen una gran variedad de plantas y animales comestibles, que forman parte de la dieta de los hogares mexicanos en el medio rural y son abastecedores primordiales de materiales para la construcción de viviendas en estas zonas.

La actividad de aprovechamiento de los recursos forestales son fuente permanente de empleos o ingresos para quienes aprovechan los productos maderables y no maderables a nivel comercial o bien aquellos que por su extraordinaria belleza son usados como recreativos y de esparcimiento.

Los bosques, las selvas y la vegetación de las zonas áridas proporcionan servicios ambientales básicos que incluyen la regulación del régimen hidrológico, la recarga de los acuíferos, mantenimiento de la biodiversidad, la retención del suelo y la protección de éste contra la erosión, generación de alimentos, contribución a la agricultura y ganadería. Son el hábitat para la fauna silvestre, regulan el clima, capturan y almacenan eficientemente el carbono de la atmósfera, que en forma de bióxido de carbono constituye uno de los principales gases que produce el efecto invernadero y con ello contribuyen a mitigar el calentamiento del planeta.

Los recursos forestales tienen un papel muy importante en la protección del ambiente a nivel local y regional. En las cuencas hidrográficas con fuertes pendientes, las raíces de los árboles cumplen con una importante tarea de sujeción del suelo y defensa contra la erosión y el deslizamiento de tierras. El desmonte sin control en las partes altas de las cuencas, además de sus efectos locales, tiene grandes consecuencias aguas abajo, donde la infraestructura hidroagrícola e hidroeléctrica se congestiona y reduce su capacidad por el depósito y la acumulación de partículas de suelo.

Además de los productos maderables los bosques, las selvas y la vegetación de zonas áridas cuentan con recursos forestales no maderables que se traducen en bienes y servicios de la sociedad y que contribuyen a la economía de las familias campesinas. Se tienen identificados más de 250 productos en los que se incluyen: hojas, frutos, rizomas, resinas, gomas, ceras, corteza y hongos, de los cuales aproximadamente 70 de ellos son de aprovechamiento comercial.

La fragmentación de la vegetación tiene como consecuencia inmediata la reducción del hábitat para las especies, lo que puede ocasionar un proceso de defaunación o desaparición parcial o total de comunidades de algunos grupos como insectos, aves y mamíferos. Las relaciones bióticas y abióticas de las comunidades también se pueden alterar en función del tamaño y la forma de los fragmentos, ya que al modificarse la distribución espacial de los recursos, también se modifica su disponibilidad. El grado de interrelación de los fragmentos determina entonces la viabilidad de estas especies en el mediano y largo plazos, ya que si ésta no existe, pueden producirse procesos de aislamiento, favorecerse procesos endogámicos o bien llegar hasta la extinción local de algunas especies.

La deforestación, por tanto, puede ocasionar la extinción local o regional de las especies, la pérdida de recursos genéticos, el aumento en la ocurrencia de plagas, la disminución en la polinización de cultivos comerciales, la alteración de los procesos de formación y mantenimiento de los suelos (erosión), evitar la recarga de los acuíferos, alterar los ciclos biogeoquímicos, entre otros procesos de deterioro ambiental. En síntesis, la deforestación es una causa de pérdida de la diversidad biológica a nivel genético, poblacional y ecosistémico.

Nuestro país conserva solamente el 10% de sus recursos naturales originarios; sin embargo, la riqueza forestal de México es todavía importante. Durante 1994 el inventario nacional forestal periódico determinó que el 72% del territorio nacional, es decir 141 millones 700 mil hectáreas, está cubierto por diferentes tipos de vegetación forestal. Décimo lugar del mundo con respecto a su extensión forestal. En total 28% de la superficie del territorio nacional es arbolada, ya que los bosques y selvas en conjunto cubren 55 millones 300 mil hectáreas.

México también se distingue por sus altas tazas de deforestación. Según datos oficiales se han obtenido cifras que varían entre 400 mil a 1 millón 500 mil hectáreas anuales con distintos niveles de afectación. Este rango tan amplio en los valores se debe a la heterogeneidad de la información que se utiliza para estimar las tasas de deforestación, como son diferentes definiciones y enfoques, diversas metodologías, distintos tiempos y distintas escalas geográficas de análisis.

Independientemente de la variabilidad, los valores reportados son muy altos y denotan una pérdida anual considerable de los ecosistemas naturales. Nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial con respecto al número de hectáreas deforestadas anualmente.

Las cifras son bastante alarmantes. En un periodo de 20 años crecieron 6 millones 281 mil hectáreas las tierras dedicadas a las actividades agropecuarias. Las pérdidas de zonas maderables muestran que la deforestación no sólo ha afectado a los ecosistemas naturales, sino también a los cuerpos de agua superficiales y por tanto a los recursos hídricos del país. Las tasas de deforestación más altas se registraron para comunidades riparias o de freatofitas, como la vegetación de galería (3.6%), palmares (1.6%) y mezquitales (1.1%), registrándose también una disminución de los cuerpos de agua dulce epicontinentales (0.83%).

Debemos considerar que existen muchos factores que causan la deforestación en nuestro país. Entre las que destacan podemos mencionar:

• Los cambios de utilización de terrenos forestales para fines agropecuarios, que van desde el 45% en zonas templadas al 60% en zonas tropicales. En el ámbito local el crecimiento de la mancha urbana ha generado también un impacto negativo, como ejemplo, el valle de México ha perdido el 95% de sus zonas boscosas originales.

• Los incendios; sus principales causas son las actividades agropecuarias que representan un 54%, cambios intencionales de uso de suelo un 16% y actividades silvícolas un 2%

• La tala legal y clandestina; si consideramos que la pérdida por tala legal es del 10% en zonas tropicales, en cuanto a la tala clandestina es razonable suponer que el efecto es igual o mayor. Tan sólo en el rubro de leña combustible se estima que en México se consumen anualmente 37 millones de metros cúbicos de madera, lo que significa casi cinco veces la producción forestal maderable autorizada.

• Los ataques de plagas y enfermedades; éstas afectan a las áreas forestales que no tienen ningún tipo de manejo; asimismo el clima y la orografía restan vigor al arbolado.

El 80% de la superficie forestal nacional es propiedad de ejidos y comunidades, el 15% es propiedad privada y únicamente 5% son terrenos de la nación. La propiedad social integra una población estimada de 10 millones de habitantes, de los cuales más del 27% habla alguna lengua indígena, que es el 28% de las comunidades rurales del país; es decir, 8 mil 417 son poseedores de recursos forestales.

• Agricultura itinerante; situándonos en un contexto de presión demográfica y pobreza del sector rural, resulta literalmente imposible al menos minimizar la práctica de roza-tumba-quema. Por el contrario la pulverización de la propiedad rural y la falta de créditos, maquinaria agrícola y fertilizantes, trae como consecuencia la extensión de la frontera agrícola.

• Incentivos nocivos; los subsidios crediticios a la ganadería extensiva y los subsidios del Procampo parecen tener un vínculo con la destrucción de áreas boscosas. Además el Procede (Programa para la Parcelación y Titulación de Terrenos Ejidales en Propiedad Privada), no incluye las zonas forestales, incentivando aún más el desmonte.

• Problemas de propiedad y usufructo; La Ley Agraria determina que los bosques y selvas tropicales dentro de un ejido no son parcelables, es decir, todos los ejidatarios son dueños de las zonas boscosas, pero no pueden reclamar su parte para aprovechamiento; agregando que los bosques se consideran bien público. Esto desincentiva a los ejidatarios para ver al bosque como una posible alternativa de generación de ingresos. El bosque se vuelve tierra de nadie, lo que propicia una tala clandestina y la explotación legal excesiva de personas o empresas ajenas al ejido. Este problema también se presenta en las áreas naturales protegidas.

• Pobreza presupuestal; debido al mal manejo de los recursos asignados a este sector, resulta difícil el trabajo de protección y rehabilitación de los recursos forestales, por lo cual no es de extrañarse que la autoridad se vea impedida de aplicar la normatividad vigente, que los expedientes se acumulen y que la corrupción sea constante.

Para impulsar la producción silvícola garantizando un manejo sustentable del recurso, es necesario redefinir los términos y condiciones de los programas de aprovechamiento, protección, cuidado y conservación, así como perfeccionar los sistemas de protección y vigilancia.

México, siendo un país megadiverso, requiere conocer estos procesos de deterioro del ambiente, para tratar de revertir el problema de pérdida de biodiversidad antes de que sea demasiado tarde.

Los ecosistemas más amenazados del país por su grado de fragmentación se encuentran distribuidos de manera diferencial. Los fragmentos de vegetación tropical se encuentran distribuidos más o menos homogéneamente en las regiones tropicales de México (costas del Pacífico: desde Nayarit hasta Chiapas; costa del Golfo de México: desde Veracruz hasta Tabasco y la península de Yucatán); en tanto que las regiones áridas más afectadas por fragmentación, en su mayoría, se encuentran en el noreste de México (Tamaulipas y Nuevo León), en algunos estados de la altiplanicie central del país (Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo) y en algunos estados de la costa este (Colima y Jalisco). Los fragmentos de regiones templados que presentan una mayor amenaza se ubican en su mayoría en la Sierra Madre del Sur, el eje neovolcánico y la Sierra Madre de Chiapas.

Asimismo, el problema de la fragmentación de ecosistemas es aún más severo. La mayoría de los fragmentos, incluidos dentro de las categorías comprendidas entre 21 y 100 m/ha, se perdieron durante un periodo de 20 años. Esta pérdida seguramente repercutirá negativamente en el manejo y conservación de hábitats, así como en la calidad y salud del ambiente.

Es necesario adecuar la normatividad penal de nuestro país para que el delito ambiental que contempla actividades como la tala ilegal sea un efectivo desincentivizador de las actividades relacionadas con el saqueo de nuestros bosques.

El delito ambiental del que estamos hablando no es considerado como grave, por lo que todos los que cometen un delito ambiental gozan del beneficio de la libertad provisional, situación que debería de cambiar, en virtud de la importancia del bien jurídico tutelado, ya que las afectaciones a los ecosistemas forestales, como se había mencionado anteriormente, contribuyen a una gran cantidad de resultados nocivos para el ambiente.

Por otro lado, en muchas ocasiones es habitual que la madera talada ilegalmente sea transportada en distintos vehículos por personas asociadas. Dichos vehículos transportan menos de cuatro metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente, evadiendo de este modo la acción de la justicia. Por lo que proponemos que se disminuya la cantidad de madera de cuatro metros cúbicos a dos metros cúbicos.

En mérito de lo anteriormente expuesto pongo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente.

Por el que se reforma y adicionan los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo primero. Se reforman y adicionan los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Al que sin contar con la autorización que se requiera conforme a la Ley Forestal, desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale árboles, realice aprovechamientos de recursos forestales o cambios de uso del suelo, se le impondrá pena de tres a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 30 mil días multa.

La misma pena se aplicará a quien dolosamente ocasione incendios en bosques, selva o vegetación natural o terrenos forestales que dañen recursos naturales, la flora o la fauna o al ambiente o los ecosistemas.

A quien transporte, comercie, acopie o transforme recursos forestales maderables en cantidades superiores a dos metros cúbicos de rollo o su equivalente, para los cuales no se haya autorizado su aprovechamiento conforme a la Ley Forestal, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y de 300 a 30 mil días multa, excepto en los casos de aprovechamiento de recursos forestales para uso doméstico, conforme a lo dispuesto en la Ley Forestal."

Artículo segundo. Se reforma y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, los delitos siguientes:

Numeral 34. Utilización de recursos forestales maderables, previsto en los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal"

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 10 días de septiembre de 2001.— Diputados: Erika Elizabeth Spezia Maldonado, Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González; de otras fracciones parlamentarias: Félix Salgado Macedonio, Irma Piñeiro, Adela Cerezo Bautista, Juan Carlos Sainz L., César H. Duarte, Angel Meixueiro, Alfonso Vicente Díaz y Víctor E. Díaz P.»

El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que modifica la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Salud.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa de ley que contiene una adición a la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, en relación con la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla.

Esta comisión, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numeral 3; 43, 44 y 45 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 87, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Asamblea, el siguiente dictamen, de acuerdo con los siguientes

1. Con fecha 9 de septiembre de 1998 se presentó al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa que adiciona la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, en relación con la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla, por el diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diversos diputados pertenecientes a diversos grupos parlamentarios.

2. Para su estudio y dictamen, el 9 de septiembre de 1999, la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Salud, con opinión de la de Comercio.

3. Previo estudio y análisis de la iniciativa, se procedió a la elaboración del presente dictamen, exponiendo las siguientes

El objetivo fundamental que se propone en la iniciativa, es adicionar nutrientes a las harinas de trigo y de maíz, así como a los nixtamales para que de esta manera se pueda prevenir la desnutrición y asimismo proteger a los infantes de las zonas marginadas de nuestro país.

De la exposición de motivos se desprende que la desnutrición es considerada como el desbalance entre los nutrimentos requeridos y los ingeridos; es uno de los puntos álgidos que encontramos en nuestro país; además se considera como una enfermedad de origen multifactorial y que puede ser diferenciada en dos grandes ramas: la secundaria, que es la resultante de otro proceso patológico previo y la primaria o social, que es la que resulta de la pobreza y de la falta de acceso a los alimentos necesarios, de amplios sectores de la población.

Los autores de la iniciativa consideran que los principales motivos para adicionar nutrientes a los alimentos son: restaurar pérdidas debidas a procesamiento y manejo de los alimentos; corregir una deficiencia reconocida en la dieta y mejorar la calidad nutricional global del suministro de alimentos.

Establecen que para llevar a cabo la fortificación de los alimentos se requieren las siguientes condiciones:

Que el alimento debe ser consumido básicamente por todas las personas de la población.

Que el alimento fortificado debe permanecer estable bajo condiciones estándares de almacenamiento y uso.

Que los nutrientes adicionados deben estar fisiológicamente disponibles en el alimento.

Que los nutrientes adicionados deben suministrarse en cantidades óptimas sin implicar un riesgo de ingesta excesiva o de efectos tóxicos.

Que el enriquecimiento no debe producir cambios indeseados en las características organolépticas del alimento.

Que el enriquecimiento no debe aumentar en forma sustancial el precio del alimento y, por último, que el enriquecimiento debe ser económicamente factible a través de un proceso industrial.

Argumentos que en su conjunto sustentan la iniciativa, con objeto de hacer obligatoria la fortificación de alimentos, con la siguiente propuesta:

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos y hacer obligatoria la fortificación de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla y..."

De conformidad con los antecedentes y motivaciones de referencia, esta comisión expone las siguientes

Efectivamente la fortificación de alimentos es un aspecto primordial que beneficia, sin lugar a dudas, a los habitantes de nuestra nación y su aplicación no constituye mayor dificultad, ya que la adición de pequeñas cantidades de una o varias vitaminas, minerales o proteínas (aminoácidos) que normalmente no contiene el producto, tecnológicamente es un aspecto resuelto.

La nutrición es un tema frecuente en la conversación diaria; sin embargo, la mayoría de la gente relaciona su significado con las áreas más comunes, como por ejemplo, el colesterol, la reducción de peso y el aporte de vitaminas, sin apreciar totalmente la amplitud del tema, su importancia y sus propósitos.

Al respecto, los integrantes de esta Comisión de Salud observan que este enfoque brinda importantes y nuevas oportunidades comerciales para la industria alimenticia, porque el significado de nutrición ha pasado desde el campo dietético con productos específicos para el tratamiento de diversas enfermedades hacia el campo de la alimentación sana y equilibrada. También se ofrecen nuevas oportunidades, por el hecho de que el consumidor actual está tomando cada vez más conciencia de la nutrición y de la capacidad de los alimentos para mantener la salud y prevenir enfermedades crónicas-degenerativas. El contenido nutricional de un producto es, por lo tanto, un factor significativo en la forma en que el consumidor elige el alimento.

Macronutrientes: proteínas (aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales); lípidos (ácidos grasos poliinsaturados, monosaturados y saturados), e hidratos de carbono (azúcares, hidratos de carbono complejos, fibra.)

Micronutrientes: son los cofactores esenciales para que el metabolismo funcione correctamente.

Los micronutrientes son principalmente vitaminas (ejemplo: vitaminas A, del complejo B, C, D, E y K), minerales (ejemplo: hierro y calcio) y elementos traza (zinc, selenio y manganeso.)

A pesar de que éstos se requieren en pequeñas cantidades en la dieta, son factores claves en los componentes de la misma. Los procesos de crecimiento, producción de energía y funciones normales no ocurrirían sin ellos.

Por esto a través de muy diversos estudios en diferentes países, cada día son más los argumentos a favor de mejorar la nutrición de las personas y en especial de los niños para poder alcanzar un desarrollo humano sostenible. Nuevas evidencias científicas y tecnológicas sugieren que mediante el suministro de nutrientes vitales a la población es posible no sólo prevenir el inmenso costo social y económico de la desnutrición, sino que coadyuva para alcanzar las metas de un país en materia de educación, salud y productividad.

El trigo, en nuestro país se consume en forma de pan y de pastas; sin embargo, el maíz, mediante la tortilla, es el alimento que más se consume y en muchos casos donde existe la pobreza extrema es de los escasos alimentos que nuestra población ingiere. En algunos países de América Latina se han adicionados varios tipos de alimentos, entre ellos podemos encontrar el azúcar y las galletas, mientras que en nuestro país podríamos pensar en alimentos que tengan accesibilidad y que en las poblaciones más distantes sean de fácil acceso como productos finales para el uso inmediato del consumidor, por ejemplo las sopas de pasta y los atoles.

Existen numerosos estudios, tanto en México como en Latinoamérica, donde se demuestra que la fortificación de alimentos con micronutrientes ha beneficiado a la población. En donde se encuentran alimentos fortificados ha disminuido la mortalidad infantil; de igual manera la mortalidad materna ha reducido su número, así como también se ha observado un aumento del coeficiente intelectual de la población. De la misma manera, específicamente en nuestro país, la deficiencia de ácido fólico se ha relacionado con defectos congénitos del tubo neural.

Relacionado con el espíritu de la iniciativa, se ha considerado mediante investigaciones fundamentalmente realizadas por el Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán" y la misma Secretaría de Salud, la adición en pequeñas cantidades de micronutrientes a las harinas industrializadas de trigo y de maíz, ya que la deficiencia de estos nutrientes los encontramos en una proporción importante de la población y que su suplementación en la dieta ha demostrado ser benéfica en la salud y en la funcionalidad de la misma, debido a que es muy accesible hacérselas llegar por este medio. Además se ha comprobado que mediante esta adición en las harinas industrializadas se asegura la correcta absorción de estos nutrientes sin ningún riesgo de toxicidad o reacción adversa.

El olor, sabor, textura de la tortilla o de cualquiera de las harinas, de trigo o de maíz, no se vería afectada en lo más mínimo y el costo de la suplementación sería muy económico. No así para las harinas de los nixtamales de uso inmediato y de consumo directo en las pequeñas poblaciones. De acuerdo con el censo de población del año 2000, existen en la República más de 100 mil comunidades que tienen menos de 2 mil 500 habitantes y muchas de ellas de muy difícil acceso, lo que haría prácticamente imposible la adición de estos productos.

Sin embargo, en nuestro país existen normas oficiales que regulan la fortificación de alimentos como son:

En la Norma Oficial Mexicana................... 086-SSAI-1994, bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1996, a través de la cual, como su nombre lo indica, establece las especificaciones nutrimentales a que deben sujetarse dichos productos y en su punto l "objetivo y campo de aplicación" establece:

I.I Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones nutrimentales que deben observar:

I.I.I Los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición.

l.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dediquen a su proceso o importación.

Y en el punto 6.3. se refiere a los interesados que deseen adicionar o que adicionan nutrimentos a los productos de esta norma. Como ejemplo de productos que los industriales adicionan nutrimentos se menciona: la fécula de maíz de la marca Maizena (para elaborar atoles), así como también la miel Karo, se basan en esta norma.

En la Norma Oficial Mexicana...................... 147-SSAI-1996, bienes y servicios, cereales y sus productos. Harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1999, esta norma en su punto I.I, establece las disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales, que deben cumplir las harinas de cereales, sémolas o semolinas, los alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas y los productos de panificación. Así también menciona que no son objeto de esta norma, las harinas preparadas, botanas, pastas para sopa, tortillas y tostadas.

Y en su punto 5.3. "Especificaciones nutrimentales", el 5.3.1. dice: "la harina de trigo debe ser adicionada con 2 mg de ácido fólico/kg de harina y 35 mg de hierro (como son ferroso)/kg de harina", observamos que en la harina de trigo se tiene la obligación de adicionar estos micronutrientes.

Por estas razones, los integrantes de la Comisión de Salud, establecen el siguiente

Que se considera que los beneficios de la fortificación son la prevención de muertes infantiles, reducción de morbilidad materna, aumento de capacidad de trabajo y aumento del coeficiente intelectual y el combate a la desnutrición.

Que las ventajas de la fortificación de las harinas de trigo y de maíz industrializadas se consideran como un proceso eficaz y seguro, ya que se pueden fortificar alimentos de todos los grupos, sobre todo para la población de escasos recursos.

Que el nivel nutricional del alimento mejore sin que se tengan que modificar sus características culinarias, además de que no se altere la característica sensorial de los alimentos.

Que esta medida incorporaría un beneficio a la población consumidora y establecería la obligación de las industrias de fortificar las harinas de trigo y de maíz, medida cuyo cumplimiento, vigilancia y fijación de lineamientos, corresponderá a la Secretaría de Salud.

• Con base en el estudio y análisis realizado de los argumentos, se considera que el espíritu de la iniciativa es operante y que en algunos casos ya se está llevando a cabo la fortificación con micro-nutrientes en algunos alimentos industrializados con un costo mínimo, si se realiza en grandes volúmenes. Sin embargo, el hecho de procurar fortificar a los nixtamales consideramos que es inoperante, debido a que es muy difícil para quienes los producen y viven en comunidades aisladas, dado que tendrían que recorrer grandes distancias para poder obtener estos micronutrientes, además de que los dueños o quienes se hacen cargo de la producción de nixtamal tendrían que comprar y recibir capacitación para poder agregar de manera adecuada dichos nutrientes.

• Con objeto de continuar con el espíritu de la iniciativa, los integrantes de esta comisión la modifican en los términos del siguiente proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Salud somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

Artículo único: se modifica la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse."

Unico: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de febrero de 2001.— Comisión de Salud.— Los diputados de la Comisión de Salud.— Mesa directiva los diputados: Ma. Eugenia Galván Antillón, Presidenta; Rafael Orozco Martínez, Héctor Esquiliano Solís, Eduardo A. Leines Barrera y Adela del C. Graniel Campos, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, Juan Ramón Díaz Pimentel, María L.A. Domínguez Ramírez, Neftalí S. Escobedo Zoletto, María García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Núñez Monreal, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel Santibáñez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos A. Valenzuela Cabrales, José S. Velázquez Hernández y Juvenal Vidrio Rodríguez.»

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Son de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Salud

Honorable Asamblea: a la Comisión de Salud le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto mediante la cual se adiciona una fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud, respecto a los requisitos a los que se deberá sujetar la publicidad de tabaco y alcohol.

Esta comisión, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3; 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Asamblea el siguiente dictamen de acuerdo con los siguientes

1. En sesión del 28 de febrero de 2001, celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se presentó la iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud, por la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2. Para su estudio y dictamen en la misma fecha, la Presidencia de la mesa directiva de la LVIII Legislatura turnó la iniciativa a la Comisión de Salud.

3. Los integrantes de esta comisión procedieron a su estudio y dictamen en los siguientes términos

La adición que proponen los autores de la iniciativa de una fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud, consiste en:

Los requisitos a los que se deberá sujetar la publicidad de tabaco y alcohol son los siguientes:

IX. Toda la publicidad exterior referente a tabaco y bebidas alcohólicas deberá situarse a una altura no mayor de 15 metros y a una distancia no menor a 1 mil metros de cualquier institución de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y las comprendidas dentro del nivel medio superior; tomando como base la orientación de la fachada de la institución y como referencia específica la puerta principal de la misma.

En la exposición de motivos los legisladores proponentes de la iniciativa exponen, entre otros argumentos, los siguientes:

Que en la actualidad las personas que habitan los centros urbanos están sujetos a las influencias de la publicidad como consecuencia de una creciente industrialización y avances tecnológicos, los cuales han influido y marcado el desenvolvimiento diario de la sociedad.

Que en este año, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior (AMPE) los anuncios espectaculares aumentarán más de un 10%. Este tipo de anuncios saturan a las grandes y pequeñas poblaciones y provocan un desorden que genera contaminación visual.

Que en la actualidad, los niños y los jóvenes son el blanco preferido de los anunciantes, ya que son los compradores del futuro y en caso de los adolescentes, compradores "semiadultos", con ciertos recursos para adquirir productos que les pueden causar daño.

Que este segmento de la población es el principal elemento del mercado cautivo y por lo tanto los consumidores más expuestos y afectados, ya que reciben continuamente información publicitaria, que inconscientemente los puede incitar a desarrollar actividades nocivas y peligrosas para su salud y/o la de terceros.

Que de los 13 millones de fumadores que existen en nuestro país, aproximadamente el 10% tienen entre 12 y 17 años de edad. Sin duda, un factor determinante de esta situación es la combinación de la creciente permisibilidad y fuertes campañas publicitarias de las empresas tabacaleras y de bebidas alcohólicas, que crean en los niños y jóvenes la equivocada idea que el consumo del tabaco y el alcohol son hábitos normales que no causan daños.

Que es necesario prevenir los posibles daños a la salud y los efectos nocivos que puede generar la exposición a este tipo de publicidad, sobre todo la relacionada con el tabaco y alcohol, toda vez que a diferencia de la radio y la televisión es imposible poner horarios de exposición con objeto de disminuir el número de impactos en los niños y jóvenes.

Con base en lo anterior, los integrantes de esta comisión formulan las siguientes

Los integrantes de la Comisión de Salud consideran que el manejo y control de toda la publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco, es un aspecto de gran importancia y es por ello que toda la sociedad en el ámbito de competencia debe coadyuvar a que las medidas que se emitan al respecto estén dotadas de mayor eficacia.

Así pues, en materia de salud, la regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco, entre otras disposiciones legales, se contiene en:

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Publicidad, Capítulo IV, publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.

• Norma Oficial Mexicana 009-SSA2-1993 para el fomento de la salud del escolar.

Las cuales fueron revisadas cuidadosamente por los integrantes de la Comisión de Salud.

Por otra parte, se conoce que de los 13 millones de fumadores que existen en nuestro país, aproximadamente el 10% tienen entre 12 y 17 años, edad en la que inician una adicción, por lo que se estima necesario reparar en los daños a la salud y los efectos nocivos que genera la publicidad, sobre todo la relacionada con tabaco y el alcohol.

De lo anterior, esta comisión está de acuerdo con los argumentos de la iniciativa y además considera que las normas que disminuyan el consumo de alcohol y de tabaco repercuten positivamente en la salud de nuestra población.

No puede subestimarse el gran daño que provocan estas sustancias, que son factores de alto riesgo que aumentan la probabilidad de presentar un sinnúmero de padecimientos. En el Boletín de Información Estadística 1999 de la Secretaría de Salud, se señalan las 11 principales causas de mortalidad en la República Mexicana.

Es sorprendente que en estas 11 causas, la ingestión de bebidas alcohólicas, el tabaquismo o ambos, sean factores de riesgo relevantes, según se expone en la tabla siguiente:

Estas 11 primeras causas de muerte constituyen el 74% de todos los fallecimientos en la República. Si se toma en cuenta el gasto que se deriva del tratamiento ambulatorio y hospitalario de estos enfermos, se hace patente que el tabaquismo y el alcoholismo tiene un enorme costo que afecta la vida, la salud y la economía del pueblo de México

Desde hace 20 años, autoridades federales de los Estados Unidos y víctimas del tabaco iniciaron juicios contra la industria tabacalera por los gastos millonarios que han provocado en los sistemas de salud. El 20 de junio de 1997, los fabricantes de cigarrillos de ese país aceptaron pagar 368 mil 500 millones de dólares a 40 estados norteamericanos.

La Food and Drug Administration de ese país reglamentará hasta el año 2009 los niveles de nicotina permitidos en los cigarrillos. Después de esa fecha podrá prohibir totalmente el uso de nicotina, considerada como una sustancia nociva y adictiva.

Se exponen a continuación algunos conceptos de la literatura médica mundial de los últimos años, elegidos de 91 artículos sobre tabaquismo y 106 sobre bebidas alcohólicas, con sus referencias correspondientes:

• Los adolescentes reconocen las frases de la propaganda de cigarros. Suspender anuncios tiene implicaciones positivas. (Ethn Health 1999 4: 285-803 Johns Hopkins University, Baltimore).

• En 45 mil 117 derechohabientes del IMSS, 40% de los hombres y 17.6% de las mujeres son fumadores. Más de la mitad empezaron a fumar entre los 12 y los 18 años. (Salud Pública de México 1997 39: 125-32 Div. De Epidemiología. IMSS).

• En forma global, los hombres fuman cuatro veces más que las mujeres (47% y 12% respectivamente). Las campañas publicitarias se enfocan en las mujeres jóvenes, de países en desarrollo, en grupos con bajos ingresos y con carreras independientes. (Monaldi Arch Chest Dis 1997 52: 384-9 University of New South Wales, Australia).

• Se calcula que para tratar a los adolescentes que actualmente fuman en los Estados Unidos, se gastarán en el futuro 200 mil millones de dólares. (Curr Opin Pediatr 1997 9: 470-7 Children’s Hospital, Boston).

• En los años noventa, las mayores iniciativas contra el tabaquismo se dieron contra la industria tabacalera, lo que representó una lucha de poderes muy intensa. Es preferible que el esfuerzo se enfoque contra la publicidad del tabaquismo. (Dent CI North Am 2000 44: 179-87 University of Pittsburgh, Pennsylvania).

• El tabaquismo ha disminuido en los países desarrollados y ha aumentado en los países en desarrollo, sobre todo entre los jóvenes. (Chest Med 2000 21: 1-9 University of California School of Medicine).

• De acuerdo con una investigación en 300 mil estudiantes de secundaria entre 1978 y 1995, la publicidad produce entre los adolescentes una mayor aceptación del tabaco y una menor conciencia de los daños. (J. Behav Med 1999 22: 379-95 College of Business Admon, Ohio).

• En España, 80% de los niños después de una campaña pudieron opinar sobre los trucos que se usan en la propaganda a favor del tabaco. (Rev Esp Salud Pública 1998 72: 303-18 Facultad de Medicina, Oviedo).

• El tabaquismo en las mujeres ha crecido considerablemente desde la segunda mitad del Siglo XX, como consecuencia de la propaganda en la que se yuxtaponen imágenes de esbeltez, glamour, feminismo, independencia. Las adolescentes en el estado de Nueva York fuman más que los adolescentes.(J Obst Gynecol Neonatal Nurs 1998, 27: 241-9 Elmira College, NY).

• El tabaquismo es la causa de enfermedad más importante entre los padecimientos prevenibles. Se ha calculado que el 50% de los fumadores fallecerán como consecuencia del tabaquismo. (Schweiz Rundsch Med Prax 1998 87: 76-92 Kantonsspital Basilea).

• La principal causa de muerte relacionada con el tabaquismo es el infarto del miocardio. Si el paciente sobrevive y deja de fumar, las probabilidades que repita el infarto son casi nulas. Si continúa fumando, el 20% volverá a presentar infarto (Arch Mal Coeur 1998 5: 53-B Hospital Henri-Monder, Cretell).

• El tabaco es la causa del 30% de todas las muertes por cáncer. (Ann NY Acad Sci 1997 833: 91-111 University of Minnesota Cancer Center).

• Se requiere mayor control en la venta de cigarrillos. Se ha demostrado lo fácil que es para un adolescente conseguir tabaco. (Annu Rev Public Health 1998 19: 203-35 University of Minnesota).

• Más del 80% de los cánceres del pulmón y el 14% de todos los cánceres en los países nórdicos de Europa, se deben al tabaquismo (19% de los hombres y 9% de las mujeres). (APMIS Suppl 1997: 9-47 Institute of Carecer, Dinamarca).

• Recientemente, en Rusia hubo una disminución de las muertes relacionadas con el alcohol, resultado de una campaña estatal antialcohólica. El Estado puede hacer mucho por estimular o disminuir la ingestión de bebidas alcohólicas. (Alcohol. 1999. 34: 34: 824-9. London School of Hygiene and Tropical Medicine).

• La prevención y la educación, para abatir la ingestión de bebidas alcohólicas debe ser de tipo familiar: esposo, esposa e hijos. (J. Stud Alcohol. 1991 52: 215-23. División of Research. Oakland California).

• Se requieren investigaciones en las comunidades sobre alcoholismo, antes de iniciar cualquier programa antialcohólico masivo. (Subst Use Misuse 2000 35: 31-53 Addiction Research Foundation Division. Toronto Canadá).

• Los integrantes de las comunidades deben participar en el manejo de la prevención del alcoholismo. (Annu Rev Public Health. 1996 17: 337-58 Johnson Foundation. Princeton, New Jersey).

• La enseñanza en contra del alcohol debe iniciarse en la escuela primaria. (Arztl Jugendrd 1991 82: 215-23).

• La ingestión de bebidas alcohólicas es menor entre las mujeres de habla española que entre los hombres. Un número escaso bebe moderadamente. La publicidad se enfoca a las mujeres. (Int J Addict 1994 29:1083-100 Behavioral Sciences Research Institute University of Puerto Rico.)

• En adolescentes y jóvenes que ingieren alcohol son comunes los accidentes y suicidios. En la edad adulta media, el cáncer de seno, la osteoporosis y la cirrosis hepática. En los ancianos, la depresión y problemas con sicotrópicos. (Recient Dev Alcohol 1995 12:181-97. University of Pittsburgh, Pennsylvania).

• La mortalidad derivada de la ingestión abundante de alcohol es alta. (Psychiatr Clin North Am. 1999 22: 371-83 Michigan State University).

• En una encuesta en 1929 estudiantes de secundaria de Pachuca, Hidalgo, con un promedio de edad de 14 años, el 48% había probado bebidas alcohólicas y 12.6% había tomado más de cinco raciones de bebidas alcohólicas el mes anterior, sobre todo cerveza y coolers. (Salud Pública de México 1999.41: 297-308 Investigaciones Epidemiológicas. Instituto Mexicano de Siquiatría).

• Ingerir más de 80 grados de alcohol diariamente, en los hombres y 40 grados en las mujeres, aumenta la presión arterial. (Clin Nephrol 1999 49: 205-13 University of Wurzburg, Alemania).

• El abuso de alcohol por la madre gestante produce deformaciones fetales. (Alcohol. 1998 33: 411-6. Wayne State University. Detroit).

En la Primera Conferencia Interamericana de Parlamentarios en Salud celebrada en La Habana, Cuba, en mayo de 1999, a la que asistieron representantes de todo el Continente y de la Organización Mundial de la Salud se estableció la Declaración por un Mundo Libre de Tabaco, considerando que la amenaza internacional del tabaquismo ha sido reconocida por importantes foros políticos, como la Cumbre de las Américas, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y que todas las políticas tendientes a reducir el consumo del tabaco constituyen instrumentos centrales para la reforma del sector salud en la medida en que contribuyen a la reducción de los costos de la atención médica. Por lo anterior, se resolvió en la Conferencia Interamericana de Parlamentarios en Salud:

"Formular una política amplia y multisectorial para combatir el tabaquismo a través de programas de asistencia a los fumadores y estrategias o medidas para desalentar a los jóvenes que se inicien en el tabaco".

Destinar los recursos necesarios para implementar políticas y programas eficaces a través del presupuesto nacional.

Solicitar de manera firme a los países, la puesta en marcha de políticas de salud con la debida participación y compromiso de otros sectores que:

• Eliminen la publicidad, incluyendo vallas, sobre el cigarrillo y las promociones de eventos culturales deportivos y otros patrocinados por las compañías tabacaleras.

• Regulen estrictamente la venta de tabaco a menores de edad, incluyendo sanciones severas a los que no cumplan con la ley.

• Pongan en marcha y brinden el apoyo técnico de recursos humanos, de capacitación y de fondos para operar programas eficaces para prevenir el inicio del fumado en la población de niños y adolescentes en el medio comunitario y escolar.

Estimular en el caso de países productores el desarrollo de planes intersectoriales que creen alternativas de trabajo y de inversión en el área agrícola e industrial que permitan una sustitución progresiva sin efectos nocivos en el plano económico y laboral.

Consolidar un movimiento legislativo y de apoyo político a la iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, para poner en marcha una Convención Marco para el Control del Tabaquismo, la cual será refrendada en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1999, con el fin de atenuar la amenaza de un mercado internacional de los productos del tabaco, que está en incremento geométrico en el nivel mundial.

Por lo anterior acuerdan: solicitar a los presidentes de las comisiones encargadas de salud de los parlamentos regionales que a través de los mecanismos correspondientes incluyan en sus respectivas agendas de trabajo el tema de control de tabaquismo, a efecto de fortalecer políticamente el tratamiento del tema a nivel nacional.

En un estudio reciente se comprobó que los empleados del Gobierno Federal empezaron a fumar antes de los 16 años en un 34% y antes de los 18 en un 50.5%. La propaganda de las bebidas alcohólicas y de los cigarrillos ha sido considerada por más de la mitad de los empleados gubernamentales como "moralmente inaceptable".

De acuerdo con una investigación de campo realizada por esta Comisión de Salud a 295 alumnos, se concluyó que la distancia que recorre un estudiante desde la escuela a su casa o al lugar en el que pasa su medio de transporte, es en promedio entre cuatro y cinco cuadras (400 y 500 metros). En ese espacio está expuesto a toda la propaganda estática que encuentre. De ahí que podría modificarse la iniciativa, que propone retirar la publicidad a 1 mil metros de las escuelas y dejar esta distancia en 400 metros a la redonda. Menos de esta distancia provocaría que muchos niños y jóvenes estuviesen expuestos varias veces al día a la publicidad del tabaquismo y de la ingestión de bebidas alcohólicas.

Por otra parte, esta comisión que dictamina establece que es necesario adicionar un segundo transitorio, en el que se concede un plazo de 90 días naturales a los anunciantes, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, con objeto de que se reubiquen todos aquellos anuncios ya existentes, que contravengan la presente disposición legal.

El término de 90 días que se sugiere en el presente dictamen, se considera un plazo prudente para lograr la reubicación de los anuncios existentes relativos a la publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco.

Con base en la consideración anterior, la comisión acordó hacer a la iniciativa que se dictamina la siguiente

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se concede un plazo de 90 días naturales, a partir de que entre en vigor el presente decreto, para que los anunciantes reubiquen la publicidad que contravenga la fracción IX artículo 308 de la Ley General de Salud.

Tercero. En el supuesto que los anunciantes omitan la observancia del segundo transitorio, se harán acreedores a la sanción administrativa correspondiente.

1. Los integrantes de la Comisión de Salud estiman que mediante la adición de la fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud, se contribuye a prevenir en niños y adolescentes el consumo de alcohol y tabaco.

2. Existe evidencia contundente sobre el daño que en la salud producen el alcohol y el tabaco, a corto y largo plazos.

3. Es nuestra labor apoyar, prevenir y legislar en beneficio de la salud de nuestra población. No debe subestimarse los riesgos en la salud por la proliferación de la publicidad que incite al consumo de bebidas alcohólicas y del tabaco.

4. México se ha comprometido en diversos foros a participar en la cruzada mundial contra el tabaquismo y el alcoholismo.

Por todo lo expuesto, esta Comisión de Salud somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Artículo único: se adiciona la fracción IX al artículo 308 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

"Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

IX. Toda la publicidad exterior referente a tabaco y bebidas alcohólicas deberá situarse a una distancia no menor de 400 metros a la redonda de cualquier institución de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y las comprendidas dentro del nivel medio superior; tomando como referencia específica la misma institución académica."

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se concede un plazo de 90 días naturales, a partir de que entre en vigor el presente decreto, para que los anunciantes reubiquen toda aquella publicidad que contravenga la fracción IX del artículo 308 de la Ley General de Salud.

Tercero. En el supuesto que los anunciantes omitan la observancia del segundo transitorio, se harán acreedores a la sanción administrativa correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de mayo de 2001.— Mesa directiva: María Eugenia Galván Antillón, presidenta; Eduardo A. Leines Barrera, Rafael Orozco Martínez, Adela del C. Graninel Campos, Héctor Esquiliano Solís, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, Juan Ramón Díaz Pimentel, María L.A. Domínguez Ramírez, Neftafí S. Escobedo Zoletto, María García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Núñez Monreal, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Jorge alberto Rodríguez Pasos, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel Santibáñez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos A. Valenzuela Cabrales, José S. Velásquez Hernández y Juvenal Vidrio Rodríguez.»

Los siguientes puntos del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de ciudadanos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional para que el embajador Rafael Tovar y de Teresa, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España y de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Colombia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

Artículo único. Se concede permiso al embajador Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar las siguientes condecoraciones: de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España; de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 13 de septiembre de 2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Alberto Gerardo del Barrio y Guille, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla Cheonsu de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional, que le confiere el gobierno de la República de Corea.

Artículo único. Se concede permiso al contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Alberto Gerardo del Barrio y Guille, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Cheonsu de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional, que le confiere el gobierno de la República de Corea.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 18 de septiembre de 2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio de fecha 6 de septiembre de 2001, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Laura Patricia Sánchez Anaya, Marcela Hortencia Bautista Cantú, María Guadalupe Suárez Barrera, Juan Manuel Velázquez Sánchez, Jesse Guillermo Miles Rayón, Bernardino Nicolás Cuevas, María Luisa Pérez Tovar, Mónica Selene Ornelas Albarrán, Antonio Reyes Serrano, Manuel Domínguez Hernández, Alejandra Lizbeth Ramírez González y Rita Graziela Palacios Soltero, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, en México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 11 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, en México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León y Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C de los artículos 37 constitucional y 60 segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Laura Patricia Sánchez Anaya, para prestar servicios como asistente administrativa, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Marcela Hortencia Bautista Cantú, para prestar servicios como asistente de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Suárez Barrera, para prestar servicios como empleada de oficina del departamento comercial en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Juan Manuel Velázquez Sánchez, para prestar servicios como empleado de oficina del departamento comercial en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Jesse Guillermo Miles Rayón, para prestar servicios como operador telefónico en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo sexto: Se concede permiso al ciudadano Bernardino Nicolás Cuevas, para prestar servicios como jefe de grupo de mantenimiento (electricista) en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana María Luisa Pérez Tovar, para prestar servicios como asistente de información en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Selene Ornelas Albarrán, para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano Antonio Reyes Serrano, para prestar servicios como ayudante de laboratorio en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo décimo. Se concede permiso al ciudadano Manuel Domínguez Hernández, para prestar servicios como chofer en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo decimoprimero. Se concede permiso a la ciudadana Alejandra Lizbeth Ramírez González, para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Articulo decimosegundo. Se concede permiso a la ciudadana Rita Graziela Palacios Soltero, para prestar servicios como asistente administrativa en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 12 de septiembre de 2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 3 de septiembre del año en curso, la dirección general de Gobierno solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alex Ibarra Castañeda, pueda prestar servicios como chofer, en la Embajada de Suecia en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 6 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de Suecia en México, serán como chofer y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo anterior, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alex Ibarra Castañeda, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Suecia en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 7 de septiembre de 2001.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, los diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas; Víctor M. Gandarilla Carrasco; José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo Femández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio de fecha 6 de septiembre de 2001, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Pablo Aguilar Hernández, pueda prestar servicios como jardinero, en la Embajada del Reino de Suecia en México.

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que el propio interesado prestará, en la Embajada del Reino de Suecia en México, serán de carácter administrativo y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Juan Pablo Aguilar Hernández, para prestar servicios como jardinero, en la Embajada del Reino de Suecia en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., 2 de septiembre de 2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 21 de septiembre, consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al embajador Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar condecoraciones de la orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz que le confiere el Reino de España y de la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Oficial que le confiere el gobierno de la República de Colombia.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal el conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor, Alberto Gerardo del Barrio y Guille, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Cheonsu de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional que le confiere el gobierno de la República de Corea.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Laura Patricia Sánchez Anaya, Hortencia Bautista Cantú, María Guadalupe Suárez Barrera, Juan Manuel Velásquez Sánchez, Jesé Guillermo Miles Rayón, Bernardino Nicolás Cuevas, María Luisa Pérez Tovar, Mónica Selene Ornelas Albarrán, Antonio Reyes Serrano, Manuel Domínguez Hernández, Alejandra Lizbeth Ramírez González y Rita Graziela Palacios Soltero, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales en Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Está a discusión en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alex Ibarra Castañeda, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Pablo Aguilar Hernández, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados en un solo acto.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Abrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Rivera Pérez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Tiene la palabra, señor diputado.

Gracias. Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Sea enhorabuena el momento en que los trabajadores del Estado y sus sindicatos rescaten sin temor sus derechos políticos y puedan tener tribuna abierta para la defensa de sus intereses. Sea enhorabuena que los sindicatos tengan la posibilidad real de decidir libremente, luchar por sus legítimas pretensiones, respetando los derechos políticos de sus miembros en lo personal.

El caso particular al que me voy a referir se inscribe dentro de la vieja lógica de las prácticas autoritarias y represivas que han afectado el sentido real del sindicato. La libertad sindical se ha quebrantado, de tal manera que los principios básicos e irrenunciables para los trabajadores, como la libertad y la democracia sindical no se han cumplido. Algunas prácticas que ayudan al quebranto de los sindicatos prevalecen en algunas instancias sindicales y también en algunas instancias gubernamentales y tal es el caso que voy a mencionar brevemente.

Veamos los hechos. En las elecciones celebradas el 11 de julio de 1999 fueron electos en congreso, los miembros para ocupar la directiva del Comité Ejecutivo Seccional número I de Puebla, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. El 30 de julio de 1999 fueron registrados y reconocidos por la dirección general de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por medio de la toma de nota. El 5 de mayo de 2000 fueron destituidos arbitrariamente por el propio sindicato, nueve de los integrantes del comité seccional.

Para ahondar en la represalia contra estos trabajadores, en agosto del mismo año se rescinde el contrato de trabajo del destituido secretario del Trabajo Seccional, Aurelio Gerardo Guzmán, sin importar el carácter de funcionario sindical y teniendo una antigüedad efectiva de cerca de 30 años de servicios para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es decir, amigas y amigos, que el sindicato, quien debe defender los derechos y la dignidad del trabajador, en esta ocasión humilla a sus dirigentes y la institución noble, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ocasión compensa a su trabajador que le ha servido durante tres décadas, despidiéndolo injustificadamente.

Para fundamentar esta afirmación continúo informando a esta soberanía, que el registro y reconocimiento de los nueve miembros del Comité Ejecutivo Seccional en Puebla es ratificado mediante resolución de recurso de revisión de fecha 18 de enero del 2001. Esta resolución fue emitida por la subsecretaría del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Sin embargo, el sindicato interpone un recurso de revisión en contra de la resolución aludida en el párrafo anterior, por lo que la misma Secretaría del Trabajo vuelve a emitir la resolución respectiva, ahora con fecha 26 de febrero del presente año, en la que se sobresee y queda ratificada la resolución anterior.

Los líderes afectados sindicales piden atentamente se resuelva este problema y mediante oficio de fecha 9 de abril del 2001, 1 mil trabajadores del Seguro Social en Puebla solicitan al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se resuelva este problema. Este escrito también es dirigido al director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sean respetadas las licencias a que ellos tenían derecho. ¡Nunca hubo respuesta!

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sigue insistiendo en su posición y el 26 de marzo del presente año presenta una demanda de amparo contra la emisión de resolución de este recurso de revisión que había emitido ya la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sustanciándose ante el segundo juez de distrito en materia laboral en el Distrito Federal, quien resolvió en el sentido y que a la letra dice:

"Primero. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por el Sindicato Nacional del Trabajadores del Seguro Social en contra del acto reclamado del Secretario de Trabajo y Previsión Social.

Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

De acuerdo con lo anterior se deduce que la toma de nota del 30 de julio de 1999 del Comité Ejecutivo de la Sección I en Puebla, del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra vigente para todos los efectos legales a que haya lugar."

Como podemos observar y los documentos precisamente que anexo a este punto de acuerdo, prueban que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como su sindicato, han hecho caso omiso de las resoluciones de la autoridad, tanto administrativa como laboral, así como la judicial, para restituir en sus derechos a los trabajadores afectados.

Quiero decirles que la ley obliga tanto al sindicato como al propio Instituto a reinstalar tanto en sus derechos laborales como en sus derechos sindicales a estos líderes precisamente destituidos.

Quiero decirles también y me pregunto ante esta Asamblea: ¿por qué no respetar y se deja de caer en absurdos antijurídicos que rompen con el espíritu de la Ley Laboral? ¿Por qué provocar un ambiente de autoritarismo y persecución donde no se toleran las prácticas democráticas en la vida sindical? ¿O es que acaso seguimos con la práctica corrupta de desposeer a la directiva de un sindicato, democráticamente electa, en función de que otros sean impuestos para conveniencia e intereses de otros líderes sindicales o hasta el propio Instituto Mexicano del Seguro Social?

Este problema que sucede en el Estado de Puebla, señoras y señores legisladores, afecta la vida del sindicalismo en nuestro país. Es una realidad, está presente y hay que combatirla en todos los frentes, respetando en todo momento su autonomía y dentro del marco jurídico que nos rige.

En Acción Nacional somos sensibles a esta problemática. Nos pronunciamos, y que quede claro, nos pronunciamos por no ganar capital político o debilitar a la organización sindical; nuestra convicción es por el respeto a las organizaciones de la sociedad civil y a su autonomía y por el respeto a la dignidad de la persona humana.

Estamos convencidos de que en México se necesita consolidar el estado de derecho y precisamente se necesitan proteger, pero efectivamente, los derechos del trabajador.

Sea enhorabuena el momento en que esta Asamblea tome cartas en el asunto. Por esto mismo y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se propone el siguiente

Primero. Que esta Asamblea haga un atento llamado al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que acate las decisiones judiciales y administrativas en el ámbito de su competencia y respete los derechos laborales otorgando las licencias sindicales a los nueve representantes destituidos y reinstale laboralmente conforme a derecho al señor Gerardo Aureliano Guzmán Sánchez.

Segundo. Que esta Asamblea exhorte al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional del IMSS, así como a la Secretaría General de la Sección I en Puebla, del mismo sindicato, para que acaten las resoluciones emitidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como las del segundo juez de distrito en materia laboral del Distrito Federal y permitan el ejercicio de los cargos respectivos a las personas que fueron cesadas del Comité Ejecutivo Seccional número I de Puebla.

México, D.F., a 25 de septiembre de 2001 y firman este punto de acuerdo, los diputados Luis Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; diputada Erika Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México y su servidor por el Partido Acción Nacional.

«Proposición con punto de acuerdo en relación con la destitución de miembros del Comité Ejecutivo Seccional I de Puebla del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Compañeras y compañeros legisladores: sea enhorabuena el momento en que los trabajadores del Estado y sus sindicatos rescaten sin temor sus derechos políticos y puedan tener tribuna abierta para la defensa de sus intereses, sea enhorabuena que los sindicatos tengan la posibilidad real de decidir libremente, luchar por sus legítimas pretensiones, respetando los derechos políticos de sus miembros en lo personal.

El caso particular al que me referiré, se inscribe dentro de la vieja lógica de las prácticas autoritarias y represivas que han afectado el sentido real del sindicato; la libertad sindical se ha quebrantado de tal manera que los principios básicos e irrenunciables para los trabajadores, como la libertad y la democracia sindical, no se han cumplido, provocando con ello la violación a sus derechos laborales. Estas violaciones muchas veces son cometidas por los mismos que deberían representar y velar por los intereses de los trabajadores. Esto hoy nos presenta un desafío para poder construir un verdadero estado de derecho.

Algunas prácticas que ayudan al quebranto de los sindicatos prevalecen en algunas instancias sindicales y gubernamentales, tales como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

En elecciones celebradas el 11 de junio de 1999 fueron electos en congreso los miembros para ocupar la directiva del Comité Ejecutivo Seccional número I de Puebla del SNTSS.

El 30 de julio de 1999 fueron registrados y reconocidos por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social por medio de toma de nota.

El 5 de mayo de 2000 fueron destituidos arbitrariamente por el propio sindicato nueve de los integrantes del comité seccional.

Para ahondar en la represalia contra estos trabajadores, en agosto del mismo año se rescinde el contrato de trabajo del destituido secretario de trabajo seccional, Aurelio Gerardo Guzmán, sin importar el carácter de funcionario sindical y una antigüedad efectiva de cerca de 30 años de servicios para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es decir, el sindicato que debe defender los derechos y la dignidad del trabajador, en esta ocasión humilla a sus dirigentes y la Institución noble como es el IMSS en esta ocasión compensa a su trabajador que le ha servido durante tres décadas despidiéndolo injustificadamente.

Para fundamentar esta afirmación continuo informando a esta soberanía que el registro y reconocimiento de los nueve miembros del Comité Ejecutivo Seccional número I de Puebla, es ratificado mediante resolución de recurso de revisión de fecha 18 de enero del 2001 emitida por la subsecretaría del Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.

Sin embargo, el sindicato interpone un recurso de revisión en contra de la resolución aludida en el párrafo anterior, por lo que la misma Secretaria de Trabajo vuelve a emitir la resolución respectiva con fecha 26 de febrero del 2001 en la que se sobresee y queda ratificada la resolución anterior.

Los lideres sindicales afectados piden atentamente se resuelva este problema y mediante oficio de fecha 9 de abril de 2001, 1 mil trabajadores del Seguro Social en Puebla, solicitan al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional que sean restituidos en sus cargos los miembros del comité que eligieron democráticamente. Esta petición también fue turnada al director nacional del IMSS para que se les restituya la licencia sindical a la cual tienen derecho y que se respetara, con ello, la resolución emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de fecha 18 de enero de 2001. Nunca hubo reopuesta.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social insiste en su posición y el 26 de marzo de 2001 presenta una demanda de amparo contra la emisión de resolución del recurso de revisión emitido como lo mencioné anteriormente por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sustanciándose ante el 2o. juez de distrito en materia laboral en el Distrito Federal, quien resolvió en el sentido y que dice a la letra:

Primero: "se sobresee en el juicio de garantías, promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en contra del acto reclamado del Secretario de Trabajo y Previsión Social..."

Segundo: "la justicia de la unión no ampara ni protege al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social..."

De acuerdo con lo anterior, se deduce que la toma de nota del 30 de julio de 1999 del Comité Ejecutivo de la Sección I en Puebla del Sindicato del IMSS se encuentra vigente para todos los efectos legales a que haya lugar.

Como podemos observar y los documentos que anexo lo prueban, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como su sindicato, han hecho caso omiso de las resoluciones de la autoridad tanto administrativa, laboral, así como judicial, para restituir en sus derechos a los trabajadores afectados.

Conforme al ordenamiento jurídico laboral, en el artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo uno de los requisitos para dar pleno reconocimiento a los sindicatos y su directiva es el registro ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y éste produce efectos ante todas las autoridades. Es el caso que cumplen los nueve miembros del sindicato que fueron electos democráticamente, además de ser legalmente registrados y reconocidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que sin embargo el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social esto no lo respeta, apoyando una directiva espuria, desacatando mandatos judiciales y administrativos.

El IMSS no se conduce conforme lo establecido en el contrato colectivo de trabajo cláusula 42 inciso e, que a la letra dice: "El Instituto concederá permiso con goce de sueldo íntegro incluyendo todas las prestaciones económicas que perciban en el momento de asumir la representación sindical...".

Ni tampoco respeta el capítulo II cláusula 5 fracción II, del mismo ordenamiento, que le ordena a tratar los asuntos de carácter colectivo o individual que surjan entre aquél y sus trabajadores, con los representantes sindicales.

¿Por qué no respetar y se deja caer en absurdos antijurídicos que rompen con el espíritu de la ley laboral?

¿Por qué provocar un ambiente de autoritarismo y persecución donde no se tolera las prácticas democráticas en la vida sindical?

¿O es que acaso seguimos con la práctica corrupta de desposeer a la directiva de un sindicato democráticamente electa, en función de que otros sean impuestos, para conveniencia e interés de otros "líderes sindicales" o hasta del mismo IMSS?; contraviniendo así a la propia Ley Federal de Trabajo y a la organización internacional del trabajo.

Este problema que sucede en el Estado de Puebla, señoras y señores legisladores, afecta la vida del sindicalismo en nuestro país; es una realidad, está presente y hay que combatirla en todos los frentes, respetando en todo momento su autonomía y dentro del marco jurídico que nos rige.

En Acción Nacional somos sensibles a esta problemática, nos pronunciamos por no ganar capital político o debilitar a la organización sindical; nuestra convicción es por el respeto a las organizaciones de la sociedad civil y a su autonomía y por el respeto a la dignidad de la persona humana; estamos convencidos de que en México se necesita consolidar el estado de derecho y proteger efectivamente los derechos del trabajador. Enhorabuena el momento en que esta Asamblea tome cartas en el caso.

Por esto mismo y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propongo el siguiente punto de acuerdo, el cual solicito, con base en el artículo 59 del mismo reglamento, sea considerado de obvia y urgente resolución.

Primero. Que esta Asamblea haga un atento llamado al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que, acate las decisiones judiciales y administrativas en el ámbito de su competencia y respete los derechos laborales otorgando las licencias sindicales a los nueve representantes destituidos y reinstale laboralmente conforme a derecho al ciudadano Gerardo Aurelio Guzmán Sánchez.

Segundo. Que esta Asamblea exhorte al secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional del IMSS, así como al Secretario General de la Sección I de Puebla del mismo sindicato, para que acaten las resoluciones emitidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como las del 2o. juez de distrito en materia laboral en el Distrito Federal y permitan el ejercicio de los cargos respectivos a las personas que fueron cesadas del Comité Ejecutivo Seccional I de Puebla.

México, D.F., a 25 de septiembre de 2001.— Diputados: Eduardo Rivera Pérez (PAN), Luis Miguel Barbosa Huerta (PRD), Erika Spezia Maldonado (PVEM).»

Sobre este tema tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Francisco López González, del PRI.

Quiero manifestar a mi compañero diputado por la fracción de Acción Nacional, que en primer lugar en esta tribuna su presidente dijo que iba a ser respetuoso de la autonomía de los sindicatos. Yo le quiero manifestar a mi compañero que es más conveniente pasar a esta tribuna, no para inmiscuirse en los problemas internos de las organizaciones. Yo le pediría que mejor pasar aquí para pedir aumento para los trabajadores de México, que sería más conveniente.

Y le voy a decir, que el caso concretamente que usted está señalando, efectivamente fue un problema interno de los compañeros que integran el Comité Ejecutivo de la Sección I de Puebla. Estos compañeros fueron requeridos por la Comisión de Honor y Justicia de la sección y esos compañeros en tiempo y forma fueron ratificados de una sanción que les impuso la propia Comisión de Honor y Justicia de la Sección I de Puebla. Asimismo estos compañeros fueron requeridos por el Instituto para que, una vez que la licencia sindical se les retiró, se reintegraran a sus centros de trabajo. Lo hicieron ocho de ellos, con excepción del compañero Aureliano Gerardo Guzmán Sánchez. El invariablemente rehuyó y se negó a regresarse a laborar. No obstante eso, recurrieron a la instancia de Honor y Justicia Nacional del propio Comité Ejecutivo Nacional y en un Congreso Nacional que es el órgano máximo del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social le fue ratificada su sanción.

El compañero acudió a la vía legal y el compañero sigue por la vía legal, entonces el sindicato ha sido respetuoso de la instancia que el compañero tuvo y el sindicato a través de sus órganos generales de Gobierno, repito, le fue ratificada esa sanción y por otro, es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que rescinde a este compañero, no el sindicato y los ocho compañeros que sí aceptaron la sanción que les fue impuesta por la Comisión de Honor y Justicia, en estos momentos están laborando, sí, en este momento están laborando.

Este compañero fue requerido no obstante a que pasó más de cuatro meses disfrutando la licencia, en un citatorio de junio del año 2000, el 6 de junio, por una serie de faltas que había acumulado del 16, 17, 18, 19, 22 y 23 de mayo. Nuevamente fue requerido y el sindicato intervino para que no fuera rescindido. El se negó a presentarse a laborar y el sindicato volvió a insistir y volvió a manifestar faltas injustificadas el día 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28 y así sucesivamente del mes de julio y nuevamente al compañero se le aplicó la cláusula 43 con fecha 25 de julio del año 2000.

Lo que quiere decir que este compañero con una actitud muy particular, se hizo responsable y acreedor de la rescisión que le hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social y las sanciones que le impuso la Comisión de Honor y Justicia, repito, fueron ratificadas por un consejo seccional y ratificadas por un congreso nacional, que es el órgano máximo que rige a nuestra asociación sindical.

Yo reitero a todos los compañeros diputados a que vengamos a legislar aquí y respetemos la vida interna de las organizaciones.

Diputado, ¿para rectificar hechos? El diputado Eduardo Rivera, para rectificar hechos sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

Primero, antes que nada, reiterar y dejar claro que precisamente no es ni ha sido ni será la intención de hacer este pronunciamiento de intervenir en la vida sindical, prueba de ellos, si y usted y el diputado precisamente que me antecedió, ha explicado y ha dicho cuáles son los procedimientos internos que se tienen dentro del propio sindicato, para diferir y dirimir las propias diferencias y la problemática que se tiene al interior del mismo.

Pero una cosa es que tengamos que respetar indudablemente la vida interna sindical y otra cosa es que no respetemos la ley, a la cual todos estamos obligados a cumplir, sea el sindicato, sea el partido político, sea el Instituto Mexicano del Seguro Social, sea el grupo parlamentario.

Y en ese sentido yo quiero reiterar la resolución del juez de distrito precisamente que tiene sede en el Distrito Federal. La resolución del juez de distrito y que precisamente tiene conocimiento de estos argumentos que se expusieron en esta tribuna por el diputado que me antecedió, es clara en su último considerando, donde resuelve la justicia de la unión no ampara ni protege al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en contra del acto reclamado del subsecretario de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para mayor abundamiento, pongo precisamente a su consideración, tanto al diputado que me antecedió como al propio sindicato, como al propio Instituto, este oficio donde la propia Secretaría del Trabajo a través del subsecretario Fernando Franco González Salas, en un oficio dirigido al señor José Arturo Varela López, quien es el secretario sindical precisamente en el Estado de Puebla y que va con copia al licenciado Santiago Levy Alzati, que va con copia precisamente al señor Amador Fernando Rocha Larráinzar, como secretario general de este Instituto, dice este oficio claramente:

"En atención al contenido de la sentencia de amparo del 7 de septiembre del año en curso, con la que se resuelve el juicio de amparo 367/2001 promovido por el licenciado Miguel García Valero, apoderado legal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en la que se sobresee y no ampara ni protege al quejoso en contra del acto reclamado y de acuerdo con los términos plasmados en la sentencia de amparo antes mencionada, se deduce que en primera instancia la toma de nota contenida en el oficio número 211.2.2 2878 del 30 de julio de 1999, el Comité Ejecutivo de la Sección I con residencia en Puebla, Puebla, que usted encabeza —recuerdo que va dirigido el oficio al líder sindical en puebla—, dice que usted encabeza y cuyo periodo social concluirá el 15 de junio del año 2003, se encuentra vigente para todos los efectos legales a que haya lugar."

Es decir, la persona precisamente que fue despedida, tanto del Instituto como los otros ocho líderes y seccionales que fueron destituidos arbitrariamente no están sujetos a discusión ni a puntos de vista de grupos parlamentarios. Es lo que establece la ley y esos nueve líderes seccionales son actualmente en este momento líderes seccionales en el Estado de Puebla y nosotros como grupo parlamentario estamos preocupados porque se haga valer la ley.

Tiene la palabra el diputado Miguel Barbosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos.

Queremos nosotros establecer algunas precisiones que salen en relación a este punto de acuerdo.

Primero, el respeto irrestricto al derecho de asociación de parte de todos los trabajadores de México. No podemos, a través de asuntos particulares, dañar el sindicalismo mexicano; pero también no podemos guardar silencio por el atropello que muchas organizaciones sindicales han hecho de los derechos laborales.

Hoy, un compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional hace uso de esta tribuna para hacer una explicación o una defensa del actuar del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. En la sesión pasada, otro diputado del Partido Revolucionario Institucional, el diputado César Augusto Santiago, venía y reclamaba también el respeto a derechos laborales no acatados por el propio Estado para restituir en sus trabajos que tenían en la Secretaría de Agricultura.

Nosotros nos pronunciamos porque la Cámara sí tenga voz y no guarde silencio ante estos atropellos a los derechos laborales, respetando el derecho de asociación, el libre derecho de asociación que no dejaremos como grupo parlamentario, sea vulnerado por ninguna fuerza política y por ningún sesgo.

Aquí yo quiero reiterar de que los compañeros que fueron destituidos por un órgano interno del sindicato y debo aclarar de que nuestro sindicato, como lo señalaba aquí el compañero que me antecedió, es un sindicato que a diferencia de muchos sindicatos en México, no tiene reelección, no hay reelección. Por lo tanto, los conceptos que aquí se vierten no son tan válidos como los que se habían manifestado.

Por su lado, si bien es cierto que los nueve compañeros que fueron sancionados, ocho de ellos— reitero— se regresaron a trabajar, se regresaron a laborar y el único que no se quiso regresar a laborar fue este compañero Aurelio Gerardo Guzmán. Por lo tanto la rescisión que hace, la hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, no el sindicato. El sindicato lo único que hace es cumplir lo que señalan los estatutos internos de la organización y el sindicato tiene derechos y obligaciones para los que son sus agremiados, así como los tiene cualquier otra organización sindical y los propios partidos políticos.

Yo reitero en esta tribuna de que los asuntos internos de las organizaciones sean respetadas y que si en última instancia al compañero no lo quieren regresar a laborar, bueno, que le reclamen al propio director del Seguro Social.

Insisto a los compañeros parlamentarios, en que los asuntos internos de la organización no se debatan en esta tribuna y que al final, que sea la ley la que determine el qué hacer con los compañeros y que si la ley ya determinó algo, pues nosotros también nos tendríamos que sujetar a esto.

Es todo lo que tendríamos que hacer y nosotros estamos en la mejor disposición como sindicato, que a este compañero si regresa, se le reinstala, pues que la ley cumpla con todos los derechos y obligaciones que tiene la propia Institución hacia él.

En el tema anterior solicito a la Secretaría dé turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y anexe en el turno todas las intervenciones del debate.

Tiene la palabra, con el propósito de presentar una iniciativa, la diputada María del Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.

Quiero presentar una excitativa sobre la iniciativa de decreto que se hizo el año pasado, el 3 de octubre, para ser exactos, para inscribir en el muro de honor de aquí, de nuestro recinto legislativo, la frase: "A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968". En ese momento, el 3 de octubre se hizo esta presentación de iniciativa de decreto, para que se hiciera esta inscripción y sin embargo, a pesar de que en ese momento la Presidencia lo turnó de inmediato a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y dictamen, es el momento en que no hay ninguna propuesta, elaboración que sepamos, de dictamen al respecto.

En ese momento nosotros planteamos que hacíamos esta propuesta porque considerábamos que era prácticamente una necesidad recuperar la historia de nuestro país y específicamente recobrar nuestra historia en esta larga y tortuosa lucha a favor de la democracia en nuestro país.

Reconocer que si hemos llegado a donde estamos en este momento de vida democrática en nuestro país, aunque no totalmente acabada, es gracias a muchos miles, millones de mexicanos que transitaron en diferentes momentos, con diferentes movilizaciones, presiones, expresiones políticas, a favor de esta democracia.

Y en estos movimientos fundamentales que hubo en la historia de nuestro país, el movimiento estudiantil de 1968 tiene un papel, desde nuestro punto de vista, fundamental en la transformación de nuestra historia.

Es obvio que gracias a esta demanda estudiantil que se presentó en gigantescas marchas en la Ciudad de México y en otros estados de la República, se planteara, como único fin, la apertura democrática, la transformación de ese régimen que no permitía la mínima expresión de disonancia.

Nosotros pensamos que recuperar estos elementos de nuestra historia es prácticamente reconocer también que hoy podemos estar en un ambiente democrático, de respeto, de tolerancia a la discrepancia política, a la discrepancia de ideas precisamente respetando la pluralidad social y política que ahora nos caracteriza, especialmente en esta Cámara de Diputados.

Consideramos que hoy más que nunca es necesario recuperar esta parte de nuestra historia y que no podemos regatearle a los héroes, a los mártires, a los miles de estudiantes que exigieron la apertura democrática en nuestro país, hoy no podemos regatearles ese reconocimiento histórico en nuestra historia moderna para inscribir en los muros de este recinto legislativo precisamente un reconocimiento como mártires del movimiento estudiantil de 1968.

Yo creo que muchos que fuimos influidos por ese movimiento en diferentes edades podemos estar seguros de la influencia tan fuerte que tuvo para nuestra definición política a favor de la democracia en México.

Por estas consideraciones me permito presentar esta excitativa porque ha transcurrido, con exceso, el plazo previsto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del citado ordenamiento, solicitamos se envíe excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara, con objeto de que a la brevedad, ojalá antes de un nuevo aniversario del 2 de octubre, se pueda presentar el dictamen de la iniciativa de decreto para inscribir en el muro de honor del recinto legislativo la frase "A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968", presentada por el grupo parlamentario del PRD el 3 de octubre del año pasado, del 2000.

«Excitativa sobre la iniciativa de decreto para inscribir en el muro de honor del recinto legislativo la frase "A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968", que presentó la diputada María del Rosario Tapia Medina", integrante del grupo parlamentario del PRD.

1. El 3 de octubre de 2000, la diputada María del Rosario Tapia Medina presentó, a nombre del grupo parlamentario del PRD, la iniciativa de decreto para inscribir en el muro de honor del recinto legislativo la frase "A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968". En esa misma fecha la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su estudio y dictamen.

2. En la exposición de motivos de dicha iniciativa se sostenía que la transición democrática en México ha sido tortuosa, lenta y con altibajos. No obstante que este proceso había sido posible gracias a movimientos sociales como el de 1968. Que gracias a 1968 y a la persistencia de cientos de miles de mexicanos que en los años subsiguientes mantuvieron viva la llama de la democracia, el statu quo empezó a ser cuestionado profundamente por la sociedad hasta que dejó de ser, para siempre, una justificación para la inmovilidad, para tolerar lo injusto, para mantener el tutelaje autoritario en las decisiones que atañen al pueblo.

Asimismo, que después de más de tres décadas de aquel cercano y presente 1968, la sociedad está atenta a los destinos del país. Ahora nadie permitiría que se aplastaran los sueños y utopías de un mundo justo y democrático en aras de la "estabilidad". Que recuperar nuestra historia reciente, con independencia del partido político al que pertenezcamos, implica aceptar que el movimiento de 1968 representa nuestro reconocimiento y respeto al disenso; encierra nuestro entendimiento a los movimientos históricos que vivimos. En consecuencia por estas y otras razones de la misma densidad histórica y política, se presentó la iniciativa de decreto, para identificarnos en nuestra historia moderna; para reconocernos bajo una misma causa libertaria.

3. Esta propuesta ha sido preocupación de nuestro grupo parlamentario en otras legislaturas. Así, el 30 de septiembre de 1999, el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, presentó, a nombre del PRD, la iniciativa para que se inscribiera en letras de oro la leyenda "A los Mártires de 1968" en el muro de honor de la Cámara de Diputados. La iniciativa aún aguarda ser dictaminada junto con la que presentó la diputada Rosario Tapia.

1. En los muros del recinto legislativo está inscrita parte de nuestra historia patria, son nuestra memoria y nuestra guía. Por eso resulta necesario romper el hito de la historia oficial y reconocer a dichos actores del cambio democrático como parte insustituible de la historia nacional.

2. México cambió después de 1968, pero aún es un país con profundas desigualdades sociales, sin libertades democráticas plenas y con un sistema político que se resiste al cambio. Hoy, a casi 33 años del movimiento estudiantil, debemos rendir homenaje a los jóvenes que marcharon por las calles de la Ciudad de México exigiendo un futuro democrático para nuestra nación. Nuestra propuesta defiende el derecho del pueblo mexicano a tener memoria; hoy, como en el pasado, ¡2 de octubre no se olvida!

Por los anteriores antecedentes y consideraciones, solicitamos a la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se sirva:

Unico. Habiendo transcurrido con exceso el plazo previsto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del citado ordenamiento, le solicitamos envíe excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara con objeto de que presente el dictamen de la iniciativa de decreto para inscribir en el muro de honor del recinto legislativo la frase "A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968", presentada por la diputada María del Rosario Tapia Medina, a efecto de darle el tratamiento legislativo correspondiente.

México, D.F., a 24 de septiembre de 2001.— Diputada María del Rosario Tapia Medina, PRD.»

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se transmite esta excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente.

Continuando con el capítulo de proposiciones, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, con punto de acuerdo para crear un programa de pensión asistencial destinado a los adultos mayores de 65 años.

Nuestro sistema público de seguridad social, integrado por el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM y los ISSSTE estatales no han conseguido la cobertura universal de una pensión de vejez para los mexicanos.

De conformidad con nuestros cálculos, apoyados en cifras oficiales, apenas entre el 18% y el 21% de la población mayor de 65 años goza de una pensión de vejez o de jubilación. Es decir, sólo entre 850 mil y 1 millón de personas adultas mayores, de un total de 4 millones 750 mil registradas por el INEGI en el Censo General de Población y Vivienda 2000 gozan de ese derecho. El resto de los ciudadanos de ese grupo nunca fue acogido por algún sistema de seguridad social o fue expulsado por el mercado formal de trabajo sin alcanzar o reunir los requisitos exigidos por la ley para disfrutar de una pensión de vejez.

El propósito de alcanzar la cobertura universal del régimen de seguridad social ha sido una demanda de la sociedad. La necesidad es mayor por cuanto es en esta etapa de la vida cuando los ciudadanos están más expuestos a las enfermedades crónicodegenerativas, la atención de la salud se carece y sus capacidades y habilidades disminuyen, así como sus oportunidades de empleo y son víctimas de discriminación laboral e incluso abandono.

El diseño legal para acceder a una pensión en nuestro país condicionó este derecho a las contribuciones obrero-patronales (a las que se adicionan las del Estado) y a la permanencia por largos periodos en el empleo formal. El esquema contributivo adoptado en México desde los albores de la seguridad social, ante un escenario de desempleo persistente y subempleo creciente, impidió que amplios sectores de la población se beneficiaran de una pensión de vejez.

Dadas las condiciones de acceso al régimen de seguridad social, que cubre apenas el 37.5% de la población económicamente activa de un total de 43 millones de mexicanos en condiciones de trabajar, es muy difícil pensar en universalizar la pensión en el corto plazo, a menos que se modifique la arquitectura legal y el régimen financiero de nuestro sistema de pensiones.

Lo anterior presupondría adoptar un modelo de pensión universal ciudadana, sostenido con recursos fiscales crecientes, debido a que el número de ciudadanos adultos mayores en nuestro país va en aumento.

Las diversas reformas de corte privatizante a nuestro sistema de pensiones emprendidas durante la última década e iniciadas con la introducción del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992, no han resuelto este desafío de política pública ni siquiera se lo han propuesto. La adopción de un modelo sustitutivo en el régimen de pensiones del IMSS, en 1997, cuya característica principal es la capitalización individual y administración privada de los fondos, dejó sin resolver este asunto relevante para un sector de la población altamente vulnerable y empobrecido, contrariamente a lo que ocurrió en otros países de la misma América Latina con reformas similares.

En México no contamos con este derecho social. Sólo algunos gobiernos estatales como el del Distrito Federal, han puesto en marcha programas asistenciales dirigidos a los adultos mayores de 70 años. No obstante la generosidad y visión social de quien los aplica, este tipo de programas son focalizados, están sujetos a las erogaciones presupuestales y a los ahorros generados durante el año. También pueden ser suspendidos temporalmente por diversas causas.

En el orden federal, el Insen es la institución que procura atención al sector de la población de 60 años y más, a través de diversos programas asistenciales de cobertura limitada, a la que se le destinó un presupuesto para el año 2001 de 143 millones 321 pesos; insuficiente para cubrir las necesidades de apoyo a la senectud.

Otros programas federales atienden a jubilados, quienes ya cuentan con una fuente de ingresos, aunque insuficiente, estable, como el de maestro jubilado de zonas marginadas, que reciben 850 pesos mensuales si participan en el programa, cuya cobertura es de apenas 7 mil 013 estímulos para este año. El DIF por su parte incluye dentro de sus programas aquellos dirigidos a la tercera edad.

El titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro que, entre otras cosas, busca inducir un sistema único de pensiones, en el que estén incluidos los trabajadores que cotizan al IMSS, ISSSTE, los ISSSTE estatales, los empleados de los estados y municipios, los trabajadores que cuentan con planes ocupacionales de seguridad social, así como trabajadores por cuenta propia con capacidad de ahorro.

Sin embargo, quedan fuera de este esquema los adultos mayores ubicados en la completa marginalidad, aquellos excluidos de los beneficios del desarrollo y de las prestaciones y servicios de la seguridad social. Por tanto, ninguna reforma al sistema de pensiones será completa si no considera la inclusión en este universo de ciudadanos mexicanos.

El sistema único de pensiones al que aspira la iniciativa presidencial será excluyente si no incorpora a los adultos mayores que no cuenten con un ingreso propio para sobrevivir con dignidad y con independencia. Pensar sólo en los ciudadanos con capacidad de ahorro como lo propone la iniciativa presidencial, refleja una perspectiva social, excluyente y elitista y desconoce las recomendaciones en materia de adultos mayores de los organismos internacionales de los que México forma parte.

Una de las dificultades más importantes para materializar esta iniciativa es su costo fiscal, que se sumaría al costo fiscal de la reforma a la Ley del Seguro Social, al costo que significa sostener la nómina de pensiones del ISSSTE y a la deuda implícita de los ISSSTE estatales, así como de los planes ocupacionales de pensiones, que de entrar en insolvencia financiera buscarán la garantía del Estado.

Por ello, la reforma al régimen de pensiones y la creación de una pensión asistencial orientada a instaurar la pensión universal básica en nuestro país, que tendría iguales condiciones de acceso para toda la población y beneficios similares, debería estar asociada a la reforma fiscal integral, una parte de cuyos ingresos adicionales se destinarían a este propósito.

Llevar la propuesta a discusión en el marco de la reforma fiscal y del Presupuesto de Egresos 2002, tendría, además, la virtud de alentar el debate sobre la situación actual de nuestros adultos mayores y de evaluar los instrumentos con que cuenta el Estado para hacer de su última etapa de vida un tránsito menos penoso.

Arribar a un esquema de pensión universal básica de condiciones de acceso y beneficios similares para todos los mexicanos, financiada con ingresos fiscales, no contributiva y no sujeta a una relación laboral, exigiría acabar con la fragmentación en nuestro sistema de seguridad social, uniformar derechos y beneficios, así como revisar la eficacia del modelo de pensiones, basado en la capitalización individual para conseguir este objetivo.

Empero, el Congreso de la Unión podría crear la pensión asistencial para adultos mayores que nunca tuvieron acceso a los beneficios de la seguridad social como un primer paso. Es decir, la propuesta más viable sería fortalecer simultáneamente los derechos de los adultos mayores hasta hoy desprotegidos, con varias medidas legislativas como la de elevar a rango constitucional el derecho de una pensión de vejez para los mayores de 65 años que la requirieran y reforzar en la legislación secundaria sus derechos; ambas propuestas presentadas ya por el PRD en tribuna. Al mismo tiempo, que se impulsen las medidas compensatorias a cargo de las instituciones del Estado y de la sociedad, que les permitan una vida con menos sobresaltos, es una medida de política social inaplazable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos solicitamos se turne a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y Seguridad Social de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Primero. Como parte de los trabajos de la reforma fiscal integral en estudio y en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda crear un Programa de Pensión Asistencial para los Adultos Mayores de 65 años que no gozan de ninguna pensión y que sus condiciones socioeconómicas la requirieran. El programa sería sujeto de reglas de operaciones transparentes, claras, objetivas, verificables, que no dieran margen a la discrecionalidad y al clientelismo, cuyos recursos serían escrupulosamente fiscalizados por los beneficiarios y por esta soberanía.

Segundo. Este programa social sería el punto de partida para instaurar una pensión universal y consistiría en brindar un apoyo mensual de medio salario mínimo mensual general equivalente en el Distrito Federal, a todos aquellos ciudadanos mexicanos de 65 años y más que lo requirieran y comprobaran su necesidad. Los recursos se ejercerían a través del ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a la función de desarrollo social.

Tercero. El costo de introducir este programa sería cubierto por los ingresos adicionales recaudados como resultado de la reforma fiscal y su cuantía estaría determinada por el universo de beneficiarios.

Esta proposición con punto de acuerdo, lo firman diputados de casi todas las fracciones, diputados del PRI, del PRD por supuesto, de Convergencia por la Democracia, del Partido del Trabajo y del diputado independiente Humberto Mayans Canabal.

Sobre el mismo tema han solicitado hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos, los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Librado Treviño Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, acude a esta tribuna para referirse al punto de acuerdo para crear una pensión asistencial universal para los adultos mayores de 65 años.

Para nadie resulta sorprendente que nuestro país se encuentre hoy en el plano económico y social en condiciones sumamente desfavorables, los casi 20 años de política neoliberal nos han llevado a límites peligrosos que puedan dar lugar a un desequilibrio político de imprevisibles consecuencias.

El esquema del modelo al bienestar social ha quedado totalmente desmantelado, la población que requiere mayores cuidados, los pequeños y los ancianos particularmente los de escasos recursos que están en el total desamparo. Los ancianos en México han sufrido de manera especial este traumático cambio estructural de nuestra sociedad, de ellos los que tuvieron la fortuna de estar adscritos al sistema de pensiones, reciben aunque sea de manera muy limitada recursos que les permiten sobrevivir.

Como a ustedes les consta, compañeras y compañeros diputados: la mayoría de los grupos parlamentarios hemos hecho esfuerzos para que esta situación cambie radicalmente y hemos presentado las iniciativas de ley y en su caso hemos aprobado los dictámenes que tienden a cambiar este aciago panorama para las personas de edad avanzada.

Pero a diferencia de los que de alguna forma están cobijados en el sistema de pensiones, existen otros muchos que se encuentran en total desamparo y que para vivir requieren seguir trabajando o bien dependen de la buena voluntad de sus familiares y amigos.

Lo cierto es que los ancianos en México están en condiciones muy difíciles para afrontar la parte final de su vida, que es justamente cuando se requiere de mayores cuidados y atenciones.

Debemos tener claro, además, que la población mexicana en su composición por edades tenderá a que el número de ancianos crezca de manera importante en los próximos años. En la actualidad, con base en la información censal del año 2000 tenemos 4 millones 750 mil ancianos en México, pero las tendencias poblacionales nos indican que en unos cuantos años estas cifras serán superadas con creces.

Compañeras y compañeros legisladores, atender a los ancianos que dieron lo mejor de sí mismos para su familia y para nuestra patria es lo menos, lo menos que podemos hacer. Tenemos que asumir de manera responsable y solidaria que ante el desamparo y la miseria al que nos ha llevado esta fase del capitalismo salvaje, debemos proteger a uno de los sectores más desvalidos de nuestro pueblo, los ancianos.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia apoyan el punto de acuerdo de referencia aunque al mismo tiempo reconocen que el monto a aplicar es totalmente insuficiente; sin embargo, nos parece que en este momento es importante sentar este precedente que nos permita de manera posterior mejorar este apoyo económico.

Tiene la palabra el diputado Librado Treviño Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

Escuchando con mucho interés la participación del doctor Pedro Miguel Rosaldo y puesto que coincidimos en el interés y el deseo compartido de que en estos tres años podamos hacer algo por la gente que nos dio todo y que es fecha que no se le ha hecho justicia y porque lo hemos vivido y experimentado en carne propia con nuestros viejos, quiero compartir en hechos el deseo de todas las fracciones, incluso de toda la Cámara y de la Cámara de Senadores también, ya que mañana tendrán ellos el foro "hacia una legislación para adultos mayores y el envejecimiento" y nosotros, la Cámara de Diputados, el próximo lunes 1o. de octubre, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, viendo la problemática en ese foro internacional del envejecimiento demográfico, el Partido Revolucionario Institucional con el compromiso de ser institucionales y velando por la seguridad del país; visualizando el origen de los recursos y decididos los priístas a trabajar por una reforma fiscal única en el sexenio que resuelva de raíz las debilidades del sistema fiscal y contribuya a fortalecer la certidumbre que el proceso económico requiere, tiene una propuesta fiscal alternativa donde la tercera parte de esa propuesta habla de la viabilidad del actual sistema de pensiones que implica reconocer la necesidad de financiarlo sobre la base de una contribución específica, a fin de garantizar recursos para el sano desarrollo del sistema pensionario.

Por otro lado, el planteamiento del PRI hecho durante los últimos meses, en el sentido de analizar con sumo cuidado la situación de las pensiones en nuestro país, en atención a nuestros adultos mayores y específicamente a los más desamparados, podemos decir que desde 1997 que se llevó a cabo la reforma del sistema de pensiones del Seguro Social donde la expedición de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, donde el nuevo sistema basado en las aportaciones y la creación de las Afore, así como el pago de pensiones a quienes se jubilaron con anterioridad, ha sido punto primordial para que se cumplan dichas obligaciones hasta el año 2020.

Pensando por otra parte que habrá que atender el Estado el problema representado por el pasivo contingente que implican los sistemas pensionarios estatales, municipales y de las universidades públicas y viendo que la propuesta priísta contempla el establecimiento de una nueva figura tributaria que se denominaría contribución social para las pensiones, analizando la situación y la necesidad de que tenemos qué ver también por los derechos y los intereses de los más necesitados y preservar esos derechos especialmente para asegurar los recursos presupuestales de las instituciones y programas destinados al desarrollo y bienestar de los adultos mayores, justamente cuando los ahorros, porque así se le llama ahora por parte del Gobierno a los subejercicios, se suman unas fuertes tendencias a adelgazar y retirar al Estado en sus responsabilidades promocionales, gestoras y rectoras del desarrollo social.

Amigos de todos los partidos políticos representados en esta Cámara: por ustedes, colegas en el quehacer político y Legislativo y que nos vemos con simpatía y afecto, respetados y respetables, no de partido de primera, segunda y tercera, sino como mandados por el pueblo para su defensa, quiero pedir en nombre del Partido Revolucionario Institucional, que busquemos la cobertura universal de pensión y apoyo a todos los mexicanos que ofrendaron su vida, el trabajo y riqueza de México y que así como nos apoyaron a llegar aquí con su voto, ahora piden nuestro apoyo. ¡No los podemos defraudar!

Túrnese a las comisiones unidas de Presupuesto, Cuenta Pública y Seguridad Social y que pueda emitir su opinión la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con objeto de presentar una proposición, tiene la palabra el diputado Juan Ignacio García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo para que el Gobierno Federal tome medidas emergentes para apoyar a la industria turística y a las aerolíneas por la contingencia de los actos terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América.

Buenas tardes, con su permiso, señora Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, quisiera someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se comunique al presidente Vicente Fox y a las secretarías pertinentes a tomar medidas emergentes de apoyo a la industria turística y a las aerolíneas con reducción al precio de la turbosina, debido a los problemas que enfrentan derivados de la situación internacional, con base en las siguientes

A raíz de los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre pasado en las ciudades de Nueva York y Washington, se ha afectado la economía, principalmente la aviación comercial que transporta pasajeros y carga y es un sector estratégico del cual dependen otras actividades y el turismo no es la excepción, reduciéndose considerablemente la afluencia de visitantes a nuestro país, afrontando el riesgo de quiebra y pérdida de empleos, lo anterior origina que la gente tiene miedo a volar y pospone sus planes de viaje, lo que ha originado pérdidas por cancelaciones en un 40% en algunos casos y el valor de las acciones de las aerolíneas norteamericanas ha caído drásticamente.

El gobierno norteamericano ha hecho anuncios de respaldar a la industria de aviación, con un monto que varía de los 5 mil a los 15 mil millones de dólares, para afrontar las obligaciones que tendrán que enfrentar por los ataques. Más preocupante es el hecho de que la industria despedirá aproximadamente a 100 mil trabajadores.

Las aerolíneas mexicanas también se han visto afectadas, la agencia calificadora estadounidense Feech, colocó en observación negativa a Aeroméxico y Mexicana, estimando que ambas empresas perdieron cada una entre 5 y 15 millones de dólares sólo en la siguiente semana a los atentados, esto afecta por igual a todas las aero-líneas mexicanas, como resultado directo de la cancelación de los vuelos.

La industria aérea nacional que sorteaba 15 meses de debilidad, tuvo una caída en el volumen de pasajeros y por consiguiente una menor ocupación, cuando se contemplaba también la posibilidad de vender las aerolíneas mexicanas operadas por Cintra, que aproximadamente tienen un valor del 10% del valor del espacio aéreo mexicano estimado en14 mil millones de dólares, siendo obvio que dicha venta debe posponerse hasta que haya mayor certidumbre.

En la aviación mexicana trabajan más de 26 mil empleados directamente, beneficiando a cientos de miles de mexicanos e incidiendo en la economía nacional, transportando anualmente a más de 60 millones de pasajeros y con una oferta disponible de 30 mil 814 asientos en una flota de 286 aero-naves.

El volumen de pasajeros entre México y los Estados Unidos es del orden de 11 millones 811 mil pasajeros transportados por aerolíneas mexicanas y extranjeras, de forma regular y en la modalidad de fletamento, representando el 82% de los vuelos internacionales hacia México, la carga movilizada anualmente asciende a 407 mil 282 toneladas, con un precio de transporte de 615 millones de dólares.

El valor conjunto de los ingresos generados por el transporte aéreo es del orden de 9 mil 935 millones de dólares al año.

El precio del combustible para los aviones, la turbosina, también conocido como gasavión, es de 2 mil 267 pesos 98 centavos por metro cúbico, lo que nos da un precio unitario de 2 pesos con 60 centavos por litro y las aeronaves más comunes que utilizan este combustible son: el MD9 que tiene una capacidad de combustible de 26 y medio metros cúbicos y consume 3.4 metros cúbicos por hora; el DC9 con un consumo de capacidad similar; el Aerbost A320 que consume 3.4 metros cúbicos por hora y con una capacidad de trasladar de 155 a 180 pasajeros; el Boeing 757 tiene 90 metros cúbicos de capacidad en su tanque de combustible y consume aproximadamente 4 metros cúbicos por hora, transportando de 195 a 231 pasajeros; el Aerbost A300 consume 4.63 metros cúbicos por hora y transporta a 225 a 240 pasajeros; el Boeing 727 consume 5.2 metros cúbicos por hora y tiene una capacidad de transporte de 170 a 190 pasajeros; los aviones más grandes como el Oket 10, 11 y el Boeing 747 tienen una capacidad aproximada de 100 metros cúbicos de combustible y consumen hasta 15.12 metros cúbicos por hora, teniendo una capacidad desde 270 a 450 pasajeros.

Para ejemplificar un vuelo redondo de México-Cancún-México o México-Chihuahua-México con cuatro horas totales de vuelo, costaría de 35 mil 471 pesos a 157 mil 742 pesos, considerando el tamaño del avión más pequeño al más grande, siendo el combustible uno de los principales insumos de las aerolíneas que repercuten en los costos de operación.

Hacemos un estimado que el precio de un dólar por galón, incluyendo impuestos a razón de 400 vuelos diarios con un promedio de tres horas de vuelo a los principales destinos y un promedio de consumo de 1 mil galones por hora, tendríamos un consumo de combustible de 12 millones de galones diarios y, si se diera un descuento en la porción de carga en México, tendría un impacto de 18 millones de dólares al mes y se propondría un periodo de descuento de tres meses, con un impacto aproximado de 54 millones de dólares.

El volumen de venta interna de turbosina en México en el 2000 fue de 55 mil 500 barriles diarios, o sea, 20 millones 257 mil barriles al año, con un valor total de 6 mil 681 millones de pesos, siendo en el último mes de julio de 2001 la producción equivalente a 54 mil 100 barriles diarios y con un valor de 449 millones 400 mil pesos, lo que equivale a un precio unitario de 1 peso 64 centavos por litro, sin incluir los impuestos especiales a la producción y servicio, el IVA ni las comisiones a los distribuidores.

La turbosina nacional tiene excedentes hoy en día, y en el año 2000 se exportaron 3 mil 600 barriles diarios y, en el último mes de julio de 2001 se exportaron 7 mil 200 barriles diarios.

A decir de Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, esta situación se corregirá con la política aeronáutica todavía por publicarse, y que a pesar de las pérdidas que han tenido las aerolíneas mexicanas por la situación en Estados Unidos de América el Gobierno Federal no tiene previsto ningún programa, confiando en que ésta sea una situación pasajera en tanto se recupera la confianza.

La industria del turismo en México, fuente importante de divisas y motor de desarrollo económico y empleo, en diversas regiones del país también se ha visto fuertemente afectada. La propia Sectur calcula que tanto el número de turistas extranjeros como su gasto se reducirán este año de manera importante. Solamente durante la semana del atentado se tuvo una contracción de entre 7% el 8% en la ocupación hotelera respecto al mismo periodo del año 2000, por lo que se espera un mayor impacto durante la segunda quincena de septiembre y los meses de octubre y noviembre.

Debemos cuidar el sano desarrollo de estos sectores y sobre todo las fuentes de empleo, y debemos reaccionar racionalmente y con creatividad ante las contingencias que se presentan.

Compañeras y compañeros diputados: por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar el siguiente

Esta Cámara solicita que el Presidente Vicente Fox Quesada, junto con su gabinete, formule un plan de acción emergente para ayudar, tanto a la industria del turismo como a la aérea, a sortear la difícil situación en la que se encuentra derivado de los ataques en los Estados Unidos de América, y que se reduzca el precio de la turbosina con el mayor descuento posible, a las aeronaves que carguen en nuestro país, de manera temporal, hasta que haya una estabilización.

Sobre el mismo tema, ha solicitado hacer uso de la palabra el señor diputado Edilberto Buenfil Montalvo, hasta por cinco minutos.

El día de hoy es importante este punto de acuerdo que ha presentado el compañero García. Efectivamente, los actos del pasado 11 de septiembre hicieron impacto en la cuestión económica del mundo entero en este mundo global que vivimos. El gobierno americano salió de inmediato a apoyar a sus líneas aéreas con 20 mil millones de dólares. También la Comunidad Europea está en proceso de apoyar a las líneas aéreas europeas. ¿Por qué nosotros no debemos de apoyar a las líneas aéreas mexicanas, que es una industria básica del país? Si no apoyamos a las líneas aéreas corremos el riesgo de un mayor desempleo en esa industria.

México debe de instrumentar un programa emergente para apoyar a las aerolíneas, pero además, en las circunstancias que está viviendo, debemos de pugnar porque verdaderamente el Secretario de Comunicaciones emita el programa, la política del transporte aéreo en México que tanto requiere este país.

Pero no debemos de apoyar y pedir que el Gobierno apoye exclusivamente a las aerolíneas, debemos de pedir también que hoy en día el Gobierno apoye también al área turística. ¿Cuánto dinero le ha costado al país la infraestructura turística en Los Cabos, en Huatulco, en Cancún, Cozumel, Acapulco, Mazatlán, cuántos puertos más tenemos hoy, que con esta baja del turismo internacional que tenemos que entender que la gran mayoría de los turistas son americanos?

Por eso es que debemos de tener un programa emergente de turismo, del turismo social, el turismo interno, es día de que el Gobierno a través del ISSSTE y de todas las organizaciones promueva el turismo nacional, turismo social para apoyar a esos industriales, a ésos que dan empleo y que hoy ese empleo necesitan los mexicanos.

¿Cómo podemos apoyar al turismo social? Con acciones de Gobierno. ¿Cómo podemos apoyar a la industria turística de algunos puertos importantes como Cancún, Los Cabos? Aprovechando las experiencias que hay en otros países.

Hay propuestas en la Comisión de Turismo en donde se debe de devolver el IVA a los compradores extranjeros, al igual que se hace en otros países del extranjero.

En un programa de reducción de peaje en autopistas para que el turista nacional pueda salir. También tiene derecho a pasear. ¿Por qué no a esos centros turísticos apoyarlos en el próximo tiempo, en los tiempos fiscales que se avecinan, que tengan tasa cero para congresos y convenciones? Ahí es en donde nosotros debemos de apoyar hoy en día al turismo, así como apoyar también a las aerolíneas.

Es por eso amigos legisladores, la propuesta que ha hecho hoy el compañero García, debe de ser apoyada, así como también en su momento hay otras iniciativas, otros puntos de acuerdo que se han solicitado para apoyar a otros grupos económicos que están en problemas como son los productores de caña, los maíceros, los arroceros; ahí es en donde nos queremos solidarizar con todos los partidos. Apoyemos a los grupos económicos que verdaderamente lo necesiten.

Para solicitarle respetuosamente, diputada Presidenta, que sea de la misma manera turnada a la Comisión de Transportes, que sería a mi juicio pertinente que evaluara esta solicitud, y me hacen saber que los diputados de la Comisión de Energía estarían interesados en conocer el punto de acuerdo.

Diputado con todo gusto, si usted así lo estima pertinente y la Comisión de Energía lo estima pertinente, dejaríamos el turno para comisiones unidas de Turismo y Comunicaciones con opinión de la Comisión de Transportes y de la Comisión de Energía, si no simplemente generar el quorum dentro de 120 diputados haría inoperable el procesamiento del punto de acuerdo.

El turno sería entonces a las comisiones unidas de Turismo y de Comunicaciones, con opinión de la Comisión de Transportes y de la Comisión de Energía.

Para presentar un punto de acuerdo en torno al tema de procuración de justicia, se concede el uso de la palabra al diputado José de Jesús Hurtado Torres, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

En los últimos días han llamado poderosamente la atención de muchos, de muchísimos mexicanos, las noticias que en diferentes medios de comunicación se han emitido en relación al caso Cabal Peniche. Vaya impacto para los mexicanos. De 13 investigaciones federales, 13 reveses para la Procuraduría General de la República. La indignación de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país es muy justificada.

El grupo parlamentario de Acción Nacional se une a esa indignación social, pues considera que este caso es una vergüenza nacional respecto de la procuración de justicia de este país y es que no hay mayor tragedia para la confianza de un pueblo en sus autoridades, que verse traicionado por la actitud irresponsable, negligente o corrupta de quienes se encargan de que se investigue, consigne y aprehenda a los presuntos delincuentes, como está sucediendo con la Procuraduría General en cuanto al procesamiento del señor Carlos Cabal Peniche.

Debemos dejar muy claro que dichas investigaciones fueron realizadas durante el sexenio del doctor Ernesto Zedillo, en el cual estuvo al frente de la Procuraduría el doctor Jorge Madrazo Cuéllar, hombre de singular dicción y particular ineptitud, pues es el responsable, sin duda, de este abultado marcador y quien a pesar de su mal desempeño, hoy de acuerdo a su servidor, mal designado cónsul en el extranjero.

Es claro que no fue el único, que hay muchas víboras prietas aún en esa dependencia que deben responder al pueblo de México por esta afrenta estruendosa en este caso en particular, tal es el caso del actual subprocurador jurídico y de asuntos internacionales que hoy continúa desempeñándose en el mismo cargo que ostentara la pasada administración y quien fuera, de alguna manera, el responsable directo de que Cabal Peniche lograra acudir al país amparado por no haber actuado. Esto es, por falta de actividad procesal de la propia Procuraduría bajo la dirección a su mando, mismo que hoy se convierte ante los medios, según él, en fiscal de los que se desempeñaron de manera irregular.

Por ello el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional quiere dejar muy clara su indignación, su exigencia al actual Procurador General de la República, para que profundice las investigaciones en relación a este caso, para que una vez concluidas, se sancione y consigne a quienes resulten responsables, sea quien fuere y trátese de quien se trate, porque si bien es cierto que las actuales investigaciones por el caso Cabal, en el cual Carlos Cabal ha logrado evadir la justicia, no son responsabilidad directa de esta administración ni de este procurador, sí será responsabilidad del actual procurador, Macedo de la Concha, no llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de la ineptitud, negligencia o corrupción de este multicitado caso.

Esos 13 asuntos se han decidido mediante autos de libertad o sobreseimiento. Sin duda porque las averiguaciones previas se integraron mal, porque las querellas de la Procuraduría Fiscal de la Federación se presentaron fuera de tiempo, lo que arroja una evidente responsabilidad de los procuradores fiscales que en su momento dejaron de actuar oportunamente, lo que derivó, sin duda, en que el ejercicio de la acción penal, según los tribunales respectivos, se hallara prescrita. En otros, se imputaron al inculpado dolosamente delitos distintos a los que en realidad cometió, con la evidente intención de que no surtiera efecto el tipo penal para que resultara absuelto, omitiendo con ello consignarlo por aquellos ilícitos por los cuales sí pudiera haber sido responsable.

Todo lo anterior resulta trágico por el aumento en la desconfianza hacia las autoridades del pueblo mexicano, pues parece un escenario bien armado desde el inicio, una voluntad malsana de integrar averiguaciones deficientes, para que a la postre fueran intrascendentes, lo anterior con el objetivo claro de en su momento, dar satisfacción a las demandas, denuncias e inquietudes ciudadanas, teatro perfectamente armado, por quien en el pasado en este país, podía hacer y deshacer a su antojo,

Obviamente hubo gente involucrada, quienes posibilitaron que su amigo no resultara perjudicado y sí en cambio gravemente burlado el pueblo de México, pues no se nos olvide que somos los mexicanos, con nuestros impuestos, quienes hemos tenido que pagar de nuestros bolsillos este caso y, para colmo, inclusive su regreso a nuestra patria en un vuelo privado y especial, para tan distinguido huésped nacional.

Independientemente de las razones por las cuales ninguna de esas consignaciones haya prosperado, que insisto solamente pueden ser por ineptitud o corrupción, es tan grave como la otra, pues provocan frustración e indignación de la ciudadanía y además alientan a que proliferen los delincuentes de cuello blanco, pues pareciera poderse concluir que en México basta tener suficientes recursos para impedir que se haga justicia e inclusive para burlarse de ella y además que algunos mexicanos crean que quienes son y están al frente de la Procuraduría son los que perdieron las causas penales de las que hablamos.

Nada más alejado de la realidad, las querellas y denuncias en cuestión, las investigaciones practicadas, las consignaciones y las órdenes de aprehensión, que en su momento causaron tal expectación y hasta esperanzas de que ahora sí se iba a hacer justicia, se han desvanecido, y los únicos responsables de este desastre jurídico, son aquellos que a propósito, con dolo o en su caso por ignorancia o negligencia, litigaron a nombre del pueblo de México para perder, a sabiendas de que iban a perder, no se puede explicar de otra manera.

Aquí también hay responsabilidad de muchas dependencias, por ello el grupo parlamentario de Acción Nacional quiere manifestar a la ciudadanía su solidaridad con la pesadumbre que hoy le aqueja, pero además su voluntad inquebrantable de luchar en el ámbito de nuestras facultades para que esto no se repita, legislando en la materia, para evitar casos similares e insistir que los responsables deben ser sancionados.

Quiero dejar con claridad, que dentro de la Procuraduría hay gente muy valiosa, gente mucho más valiosa que el actual subprocurador de asuntos jurídicos y el ex titular de la propia Procuraduría, que la bancada del Revolucionario tiene gente mucho más capaz, que en la que en su momento presidió estas instituciones. Desafortunadamente para el pueblo de México, hoy nos estamos dando cuenta de esos desastrosos resultados

Unico. Se exhorta al procurador General de la República, licenciado Macedo de la Concha, a efecto de que se le dé seguimiento puntual a los procesos penales que se encuentran impugnados en este momento. A que se profundicen las investigaciones actuales, con objeto de que se determine quién o quiénes son los responsables de tan evidente fracaso en la procuración de su justicia y, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes, tanto administrativas como penales. A que se dé una explicación, clara y precisa, a la opinión pública, de las irregularidades en el curso de esta investigación, con la finalidad de que se deslinden las responsabilidades en este caso.

Ha solicitado el uso de la palabra sobre este tema hasta por cinco minutos, el diputado José Elías Romero Apis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dice el orador, diputado que me precedió, que debe profundizarse en el cuidado de estos asuntos, en la investigación de lo que ha sucedido, en el esclarecimiento de los fracasos con que a la opinión pública se ha dado cuenta en torno al asunto que ha mencionado. Esto implica, y estamos de acuerdo, que es posible que no se haya profundizado, que es necesario esclarecer, que es necesario ir a fondo en éste y en muchos otros asuntos en los que se encuentra hoy comprometida la justicia mexicana.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desde hace un año el 26 de septiembre, hizo ante el entonces Procurador General de la República en esta misma tribuna, los planteamientos sobre el problema que hoy nos ocupa. Posteriormente lo ha venido reiterando ante las nuevas autoridades de la procuración.

Visto desde una óptica ligera, no estoy diciendo superficial, el asunto Cabal Peniche resulta tan sólo uno más de los miles de asuntos similares o idénticos en los que se encuentra comprometida la justicia mexicana. Si por algo ha resultado singularmente conspicuo, no es porque sea excepcional en su origen ni en su resultado, sino porque uno o varios de sus protagonistas se encuentran instalados en los centros de la fama, en los del dinero o en los del mando; pero observado con más detenimiento y analizado con método más riguroso, advertimos que se trata de un ejemplo perfecto del drama por el que atraviesa, y hemos señalado reiteradamente, la justicia mexicana.

Si construimos una deducción lógica a través de silogismos, vemos que sólo se puede partir de dos proposiciones: o Cabal es inocente o Cabal es culpable; no hay opción intermedia ni tercera opción. Si Carlos Cabal es inocente, entonces estamos en presencia de una justicia perversa que durante siete años y muchos procuradores, indebidamente lo han perseguido, lo han prejuzgado, lo han apresado, lo han extraditado, lo han desprestigiado, lo han angustiado y lo han flagelado. Si por el contrario, Carlos Cabal es culpable, entonces estamos ante una justicia torpe que no ha podido castigar, que no ha podido restituir, que no ha podido satisfacer y que no ha podido triunfar. Es decir, en conclusión, para efectos de la justicia mexicana, o ésta es torpe o es perversa. No hay tampoco tercera opción.

Pero lo más grave de todo, decíamos, es que Cabal no es un caso aislado; si fuera el asunto de un fracaso excepcional o de una perversidad aislada, lo que fuere, en medio de un mar de alteza y de victorias, estaríamos salvados y la excepción carecería de importancia y trascendencia, pero no es así. Se trata de un lugar común en la justicia mexicana, donde a diario se acusa injustamente y también a diario se fracasa injustificadamente. Esto lo hemos reiteradamente señalado, denunciado y exhortado a las autoridades competentes.

El asunto Cabal es realmente el hacer cabal una realidad que sistemáticamente nos hemos negado a reconocer y mucho menos a aceptar. Ese es en el fondo, el fondo del drama; ése es en el fondo lo que necesitamos revertir; ése es en el fondo, en lo que estamos empeñados mi grupo parlamentario y veo con satisfacción que otros grupos parlamentarios.

Tiene la palabra el diputado Gregorio Urías, hasta por cinco minutos, sobre el mismo tema.

En efecto, el caso Carlos Cabal Peniche, no es un caso aislado. Pero tampoco es sólo un caso de fracasos, de incapacidades de la justicia mexicana; es un caso de complicidades políticas; es un caso que expresa, como muchos otros, que no se han ventilado hasta ahora con la misma trascendencia y fuerza en la opinión pública, en el debate nacional; demuestra la conducción, la administración política del Estado mexicano.

Nosotros pensamos que tenemos que discutirlo ahora y tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda, porque el problema de la corrupción en este país es grave y viene de mucho tiempo atrás. Pero no se ven, no se expresan, no se materializan actos, resultados decisivos y trascendentales en los diferentes ámbitos en que se expresa: en el poder, en la procuración de justicia, en los diferentes poderes.

Yo me quería referir a que hace algunos meses el secretario Francisco Barrio, informaba a través de los medios de comunicación, nos informaba a todos los mexicanos, que el monto de la corrupción en México equivale aproximadamente al 9.7% del producto interno bruto, es decir, cerca de 500 mil millones de pesos.

Hay un problema frente al cual no hubo resultados; es una cantidad inmensa de dinero si lo comparamos con lo que se pretende lograr con la reforma fiscal. Cabal Peniche fue un empresario exitoso y profundamente corrupto desde antes de 1993, desde antes de 1994, que se empezaron a crear, a instituir los fideicomisos para campañas electorales del PRI en diversos estados y la campaña de 1993-1994. Fue declarado así por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, sobre quien apenas hace sólo unas semanas, fue expresado por el actual Presidente de la República, que no había absolutamente nada qué hacer, no había nada en contra de Carlos Salinas de Gortari, en este país.

Con todo lo que se ha discutido, con todo lo que se ha ventilado al interior del país, fuera del país, yo creo que la decisión, la forma como se está conduciendo desde el Ejecutivo, desde el jefe del Ejecutivo Nacional, el combate a la corrupción, las profundas transformaciones que se tienen que operar en lo que hemos denominado la reforma de Estado, para poder ir a fondo en este tipo de males, en este tipo de fenómenos de la corrupción, no son estimuladas en lo más mínimo. ¿Qué estímulos pueden estar recibiendo los jueces o todos los que integran funcionarios del Poder Judicial y de las propias instancias de justicia, con este tipo de declaraciones en los Estados Unidos?

Nos parece que en efecto hay una gran cantidad de fallas, de errores, que pueden ser por la falta de elementos para haber combinado los diferentes procesos federales contra Carlos Cabal Peniche. Puede haber sido por errores en la integración de las averiguaciones. Sin embargo, aquí hay responsables de los encargados de la procuración de justicia, responsables de la Comisión Nacional de Valores; responsables de la Secretaría de Hacienda, en sus diferentes momentos, en sus diferentes etapas y que hay que investigarlos de una vez por todas y proceder en consecuencia. Pero junto con ello es un proceso que debió de haberse iniciado por lo menos desde el inicio del sexenio pasado y durante todo el sexenio pasado, incluyendo el primer procurador Lozano Gracia y el último procurador Madrazo, debieron de haber tenido algo o tienen, tuvieron y tienen algo de responsabilidad en todo este proceso.

En todo caso nuestra conclusión y nuestro llamado es a todos ustedes compañeras y compañeros legisladores de las diferentes fracciones, que asumamos de una vez por todas el compromiso de ir a fondo en el combate a la corrupción en todos sus niveles y en todos sus grados de profundidad, de ir a fondo en la instalación de la comisión de la verdad, para también esclarecer la impunidad. No tenemos futuro si no hay autocrítica profunda, si no se aclaran una serie de hechos de corrupción y de esta naturaleza y esto es un asunto que nos compete a todas las fuerzas políticas.

Tiene la palabra el diputado Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el asunto del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Si se nos preguntase cuál es el primer requisito de un gobierno moderno y democrático, nosotros no dudaríamos en contestar que el primero, sin el cual los otros son inexistentes, es el de la seriedad.

De la seriedad viene la respetabilidad y lo demás, lo demás se da por añadidura.

No hay teoría ni praxis política que pueda florecer sin ella. Gobernar improvisando, negando hoy lo que afirmamos ayer y afirmando mañana lo que negamos hoy es gobernar al azar. Esto es gobernar.

Vivimos horas difíciles. No hay mercadotecnia que salve las comprobadas torpezas. No hay maquillaje publicitario que esconda lo evidente. La ruptura del oficio y del saber político, como filosofía estructural de Gobierno, está hoy irreversiblemente olvidada.

La imagen de la realidad que tenemos a la vista es demasiado Vasta y compleja, es demasiado multidimensional y polémica como para convencernos de que vivimos una etapa real de tránsito democrático.

Hay miopía y hay sordera, ineficacia, deslealtad y soberbia y tal es el caso del Secretario de Gobernación, a quien le compete acatar y vigilar el cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Funcionario aficionado a los logotipos que atentan contra la suprema razón de la patria, logotipos al servicio de una política de descanacionalización creciente.

Esta Cámara ha reiterado de diversas formas su protesta contra el uso del águila mocha, como se le conoce ya en la voz popular. Pero el Secretario de Gobernación padece insensibilidad crónica.

Dice la ley que seguramente nunca ha leído el titular del ramo lo siguiente: "el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales son los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos. La presente ley es de orden público y regula sus características y difusión. Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo descrito en el artículo 2o. de esta ley".

Todas las secretarías de Estado, como hemos podido comprobar en sus publicaciones encabezadas notoriamente por la Secretaría de Gobernación, nos muestran un escudo nacional degradado, mutilado, castrado. A fuerza de repetirlo en imágenes, los niños en las escuelas preguntan a sus maestros si ésa es la representación hecha símbolo de la patria.

Tiene razón el soldado que afirmó: ese dibujo sólo habla de traición a la patria.

Vamos a enviarle un ejemplar de la ley respectiva al incompetente Secretario para que lea el artículo 50 que a la letra dice: "el uso del Escudo y la Bandera Nacionales, así como la ejecución del Himno patrio por las fuerzas armadas del país, se regirá por las leyes, reglamentos y disposiciones respectivas".

Y de paso memorice el artículo 2o. que expresa con meridiana claridad: "el Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate. Este es, señor Secretario de Gobernación, el Escudo Nacional y no la imagen castrante que usted presenta en sus publicaciones.

"Vale recordar la importancia de los símbolos. Como dato de actualidad es aquel que nos dice que al siguiente fin de semana de la destrucción de las Torres Gemelas, se vendieron solamente en la ciudad de Nueva York 250 mil banderas. Los pueblos, los pueblos se cobijan en sus símbolos y aquí en nuestro país sus autoridades los infaman.

Solicitamos al Secretario de Gobernación muy respetuosamente, muy respetuosamente, que deje su discurso logotípico y virtual y cumpla con la ley y si no puede, que pida ayuda y si así todavía no lo logra, que camine rumbo a la academia y deje su puesto a quien rescate la soberanía y majestad del Escudo Nacional.

Veamos este escudo magno que preside esta Cámara y en el que vive y vibra la nación entera. ¡Lo vamos a defender, lo vamos a defender contra toda ofensa! ¡Bandera, Escudo e Himno se enmarcan en el más representativo concepto de la patria y es la patria continente y contenido, la que en el clima sin fronteras del espíritu da perfil, fisonomía y sustento a los ideales y a los valores más genuinos y universales de la civilización y la cultura.

«Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Cámara el siguiente

Que este Congreso dirija al Secretario de Gobernación una enérgica excitativa para que de forma inmediata cumpla con lo que le ordenan los artículos 1o., 2o., 5o., 6o., 50, 51, 55 y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales".

Firman esta propuesta: diputados: José Narro Céspedes, Partido del Trabajo; Beatriz Lorenzo, Partido Alianza Social; José Antonio Calderón, Partido Alianza Social; Víctor A. García Dávila, Partido del Trabajo; José Manuel del Río, Convergencia por la Democracia y los compañeros del PRD: Manuel Duarte Ramírez, Miguel Bortolini, Rodrigo Carrillo Pérez, Bonifacio Castillo y Raquel Cortés López.»

Quisiera solicitar a la Secretaría dé lectura a los artículos 58 y 59 del Reglamento.

Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior. "Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:

I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.

II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición y

III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada.

Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura".

Sobre el mismo tema han solicitado hacer uso de la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y el diputado Armando Salinas, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Yo quisiera consultar con el diputado García Dávila, si su intervención es en pro o en contra.

Acabamos de escuchar una intervención que iniciaba diciendo y refiriéndose a la seriedad, conminaba y hacía historia respecto a la seriedad, al oficio y al saber político; fácil recurso la calumnia, la injuria y el insulto, cuando no se tienen argumentos que puedan hablar de seriedad, de oficio político y de construcción de una nación como la que hacemos en este parlamento.

Una disculpa a quienes han visto en esta tribuna intervenciones y debates muy por encima de lo que acabamos de escuchar en términos de las referencias, los adjetivos y las calificaciones que se toman como de quien vienen.

Más aún, es parte de una fruta fructífera, permanente, congruente, histórica ignorancia. El tema de lo que aquí han llamado "el águila mocha", no solamente se encuentra en discusión, en análisis, en debate serio, en términos de ley, al seno del Congreso, al seno de esta Cámara, sino más aún está por dictaminarse en este sentido lo que ha sido público a través de la Junta de Coordinación Política y que lo hará en unas horas la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Pero ése no es el tema, el tema es, insisto, el oportunismo que obedece mas no a las citas poéticas de una intervención estridente, sino que es congruente con una posición de charlatanería, cuando lo que se busca es no entrar al fondo del asunto, sino buscar y salir por peteneras ante el reclamo de una sociedad, de una posición política que dignifique a la política en sí mismo y, sobre todo, ante los ojos de los representados.

El logotipo al que aluden y se plantea y por eso me inscribí en contra, es simple y sencillamente de algo en lo que abono a la suma ignorancia del proceso parlamentario del diputado que antecedió a mi participación; no puedo hablar de argumentos.

Se encuentra un punto de acuerdo turnado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara, que emitió su opinión, la hizo pública y la envió al Ejecutivo Federal con el mismo contenido; probablemente con menos gravedad en el tono de la voz a la hora de plantearlo por el señor general Ochoa. Se encuentra para su dictaminación agendado para el día de mañana, a propósito...

Yo le ruego a la Asamblea guardar respeto al orador y le solicito atentamente al señor orador no establezca diálogos.

Se encuentra para su dictamen, a propósito de una fundada y razonable excitativa presentada hacia un par de sesiones y en un pleno debate, creo que el debate se tiene que dar y las posiciones se han fijado aquí y se están dando en el contenido.

Pero insisto y abono en el argumento de la ignorancia, más allá del proceso parlamentario, más allá de lo que ha quedado demostrado es una ignorancia del proceso parlamentario y lo que hoy se trae a tribuna es un bola de humo a propósito de buscar una frívola nota para decir que hubo un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, es evadir el tema de fondo y el debate de fondo, el formato no lo permite pero está usted invitado señor diputado, lo daremos en la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y posteriormente en el pleno, esperemos que tenga el tiempo suficiente para remontar la ignorancia vertida en el proceso parlamentario y manifestado por su persona en el planteamiento hecho el día de hoy y más aún, dejar muy claro, lo que se debate es la existencia de un logotipo o no pero hay que decir que hoy que es mes de septiembre y mes que nos convoca a los símbolos patrios como es el Himno Nacional, como es la Bandera y como es nuestro Escudo Nacional no encontrará usted ni en el Congreso de la Unión ni en el Poder Judicial de la Federación ni el Poder Ejecutivo una documentación oficial que tenga y que no contemple el Escudo, la Bandera o el Himno Nacional cuando quiere.

Tiene el uso de la palabra al diputado Enrique Herrera y Bruquetas, para contestar alusiones personales.

No deja de ser graciosa la intervención de quien me antecedió en el uso de la tribuna. El tema en realidad es básico, fundamental, a mí me da vergüenza desde hace mucho tiempo ver publicaciones como ésta con el águila mocha, la Secretaría de Educación Pública con el águila mocha y algo más, ustedes debieron ser los primeros en reclamarle la peregrina idea al dueño del Poder Ejecutivo y obligarlo a respetar la Ley sobre el Escudo, el Himno y la Bandera.

Pero vamos a lo simbólico, tenemos que respetar los símbolos. ¿Qué creen ustedes que se pensaría de alguien que sugiriera que el símbolo tan querido del cristianismo fuera presentado a la mitad? Si la figura de Cristo un publicista genial la partiera en dos, estamos viviendo en este momento a nivel mundial una guerra de símbolos, entonces yo no veo ni siquiera la necesidad de probar la urgencia de devolver a esa águila castrada que usted debe de llevar en el alma y en el corazón su verdadero símbolo que a todos nos llena; la patria es una y no estemos jugando con ella.

Probablemente ustedes quedaron traumados desde el cerro de las Campanas, llegaron aquí con la amplitud del surco de la democracia y pretenden castrarnos y acabarnos con los símbolos.

Recuerdo que hace algunos años a una orquesta muy singular se le ocurrió interpretar el Himno Nacional a rítmo de mambo, la Secretaría de Gobernación en aquella época sí dirigida por un mexicano cabal y patriota, expulsó del país a quien lo hizo, ustedes no, ustedes lo nombrarían con un cargo público,

Yo creo que no está a discusión, queremos ver en todas las publicaciones el águila nacional tal cual, no como lo hace la Secretaría de Gobernación, por cierto, qué chistoso, foros para la revisión integral de la Constitución, pues empecemos por cumplir con ella y aquí tiene usted también si quiere un ejemplar de la ley, que no debe estar a discusión sino en su aplicación, está clarísima la aplicación. Es todo.

El diputado Víctor Antonio García Dávila había solicitado el uso de la palabra en pro, hasta por cinco minutos.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está en desacuerdo con la forma en que el titular del Ejecutivo Federal ha violentado las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Como es del conocimiento de todos nosotros, al inicio del nuevo Gobierno el cambio prometido se empezó a concretar antes que nada en la modificación del Escudo oficial en las hojas de las dependencias públicas, así como en la publicidad del nuevo Gobierno, violentando el contenido del artículo 2o. de la ley antes citada, el Presidente de la República o sus creativos cercenaron el águila de nuestro Escudo Nacional.

Hace apenas unos días se celebró el aniversario de la Fundación de la Gran Tenochtitlán y como cuenta la leyenda, los náhuatl debían fundar su ciudad en el lugar donde encontraran el águila parada sobre el nopal y devorando una serpiente para los que no sabían esto.

A unas cuadras de donde se encuentra este Palacio Legislativo, hacia el poniente, sobre la calle de Corregidora se encuentra el lugar de la fundación de la cuna de la nacionalidad mexicana, precisamente porque nuestro Escudo Nacional recoge la previsión histórica de nuestro país con toda la carga emocional que ello implica, no aceptamos que se pretenda reinventar México a partir de las genialidades de quienes hoy gobiernan este país.

El próximo jueves 27 de este mes, celebraremos un aniversario más de la consumación de nuestra Independencia; días después, el 2 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide decretó: "…que la Bandera Nacional debería contener franjas verticales con los colores verde, blanco y rojo, agregándole en el blanco en el centro una águila coronada, posada sobre el legendario nopal". Desde entonces y hasta la fecha, los tres colores, así como el águila, han sido constantes en las diferentes banderas que hemos tenido.

La forma actual tanto de la bandera como del águila, son las que se contienen en el artículo 2o.de la ley de la materia, por lo que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no acepta que a discreción del Ejecutivo y contrario a la ley, se cercene el águila que constituye el Escudo Nacional.

De igual forma, mucho nos extraña la actitud sumisa sobre este tema de la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada según dispone el artículo 55 de la ley en comento, ya que hasta la fecha no ha dictado las medidas correctivas que corresponden. En nada es diferente el actual régimen presidencialista de aquél que según dicen murió el 2 de julio de 2000, siendo que antes, la voluntad presidencial era ley y en la actualidad, en aspectos específicos como el que comentamos, también lo es.

Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está persuadido de que la nación no se crea ni se reinventa cada seis años, por ello exigimos que se respeten las disposiciones legales vigentes y que en caso de que el titular del Ejecutivo desee contar con otros símbolos, entonces que promueva las reformas que estime pertinentes ante el Poder Legislativo y éste en su oportunidad determinará si son o no de aprobarse.

El águila, así como los colores de nuestra bandera, son en sí mismas síntesis de nuestra identidad nacional, del país que aspiramos a ser desde que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamara a los mexicanos a obtener su libertad. En consecuencia, no aceptamos que el titular del Poder Ejecutivo que en este recinto protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, sea el primero en violar estas disposiciones.

Por ello, al Presidente de la República, le exigimos que deje de usar lo que los mexicanos comúnmente y en la calle han denominado "el águila mocha". De igual forma, al Secretario de Gobernación no le pedimos, le exigimos que dicte las medidas administrativas necesarias que derivan de la obligación que le confiere la multicitada ley.

El procedimiento que le habíamos solicitado a la Secretaría ilustrara en torno a este asunto, es el que se establece en el artículo 58 al que solicitamos se le diera lectura; sin embargo, varios legisladores nos han hecho llegar su interés de participar en el debate, en ese sentido consulte la Secretaría a la Asamblea si se abre el registro para oradores sobre este tema, por una sola ronda a efecto de proceder posteriormente, como lo indica el artículo 58 o si desahogamos la discusión, en términos del artículo 58.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se abre una ronda de oradores sobre el tema.

Para tocar el tema que está a discusión, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Candiani del grupo parlamentario de Acción Nacional; el diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Barbosa, del grupo parlamentario del PRD; el diputado Ulloa, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Habíamos convenido... declina el diputado Ulloa. Es el diputado Candiani, el diputado Gómez Villanueva y el diputado Barbosa.

Venir a esta tribuna a defender una postura basada en argumentos de tipo faccioso, en insultos y descalificaciones no es darle sustento adecuado a las afirmaciones. Seré preciso en esta afirmación que acabo de hacer.

Se ha venido a decir aquí y se ha dividido en dos claramente, un conjunto de adjetivos en contra, en primera instancia del funcionario encargado de la Secretaría de Gobernación, en donde lo han adjetivizado de una serie de palabras y de afirmaciones, y yo quisiera decir tajantemente para entrar al fondo del tema, que si hay un miembro del gabinete, que si hay un funcionario de este Gobierno que se ha caracterizado por el respeto a las instituciones, por el respeto al diálogo democrático y por el respeto a los individuos, ése, señores, se llama el secretario de Gobernación actual Santiago Creel y permítanme decirlo claro, porque no es más valiente aquel que insulta más ni es más claro en su argumentación el que viene aquí a decir adjetivos de todo tipo.

No se confundan diputados, entre dos términos que son claramente distinguibles; el primero, el que se trata de un logotipo que presenta un esfuerzo de comunicación de una estructura de gobierno y el segundo del que se trata de nuestro Escudo, ese Escudo que con la misma vehemencia, con la misma energía usted y yo diputado, defenderemos aquí y defenderemos donde sea y es en los actos de Estado donde está perfectamente clara esa diferencia y así como usted presentaba documentos que no son más que documentos de comunicación en una estrategia de permear un mensaje a la opinión pública, permítame mostrarle un documento que plantea una confirmación de un acto de Estado donde está claramente puesto el Escudo del cual usted quiere hacer un falso, debate, este simple logotipo y el Escudo de los mexicanos que establece la ley, como usted lo ha dicho en forma clara, que es perfectamente impreso el Escudo de todos los mexicanos.

De manera tal que no distraigamos la atención de la opinión pública, porque no es el que defiende mejor un Escudo, un símbolo patrio, un himno o una bandera, el que viene aquí a decir un conjunto de adjetivos de un funcionario. No es el que mejor defiende el Escudo, la Bandera y nuestro Himno, el que viene aquí a simplemente presentar argumentos relacionados con la confusión de un acto de comunicación y mercadotecnia, con un acto del Estado mexicano.

En mi punto de vista, señor diputado y señoras diputadas y diputados, es más digno, es más claro, es más sólido el que viene aquí a dignificar nuestro Escudo, nuestra Bandera y nuestro Himno con actos que ennoblezcan la institución de Estado a la que se pertenece, y sobre esa base que está perfectamente claro en los documentos del Estado mexicano, de los emitidos por el Ejecutivo Federal, que está el Escudo cumpliendo todos y cada uno de los aspectos que la ley que usted citó establece, no hagamos de esto una reproducción de lo que se critica, porque no quiero pensar, señores diputados, que así como se quejan de que un logo es parte de un esfuerzo de mercadotecnia, se quiera utilizar la mercadotecnia que permiten los medios de comunicación para transmitir un mensaje de comunicación, equivocado, a la población, cuando se le dice que no se respetan los escudos de nuestra patria.

Que quede perfectamente claro que la postura de Acción Nacional, que la postura de muchos de los hombres y mujeres que integramos esta institución del Estado mexicano, es decirle a la opinión que el Escudo es el Escudo Nacional y que no los confundan con un argumento ligero de que se incumple la ley cuando se incluye un pequeño logotipo en sus argumentos.

A defender la ley, sí, pero a defenderla con argumentos claros, señor diputado, porque es nuestro Escudo y tenemos tanto interés como usted en defenderlo ante quien sea.

Tiene la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Hace sólo unos cuantos días vine a esta tribuna para hacer una excitativa a la Comisión de Gobernación, con el propósito que dictaminara la iniciativa que fue presentada por nuestros compañeros, el señor diputado Toledo y los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, el compañero Barbosa y el compañero Augusto, para que escuchándose las distintas opiniones, reflexiones manifestadas fundamentalmente en la preocupación que nuestros connacionales nos han hecho sentir, saber de que no entendían por qué razones de pronto en la propaganda, en los anuncios de las distintas dependencias oficiales, pero sobre todo de la Presidencia de la República, apareciera un logotipo que no corresponde al Escudo Nacional.

Nuestra propuesta y reflexión no fue simple y sencillamente en un acto de patriotismo para regresar a lo que identificó e identifica al símbolo nacional representada por el águila devorando la serpiente.

Fuimos, sobre todo, más allá de nuestras reflexiones para advertir a nuestros compañeros diputados de Acción Nacional, que evidentemente se estaba incurriendo en una violación a la ley de los símbolos patrios del Escudo, el Himno Nacional y la Bandera.

Vamos a recordar el artículo que establece en qué momento, cuándo y por qué se debe usar el Escudo Nacional. Dice esta misma ley:

Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo al que se refiere el artículo segundo de esta ley."

Y dice así: "artículo 2o., el Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto la parte superior" etcétera.

Y más adelante del propio artículo 5o. dice: "artículo 6o., con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, en el Escudo Nacional sólo podrían figurar por disposición de la ley o de la autoridad las palabras: Estados Unidos Mexicanos que formarían el semicírculo superior.

El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que usa el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los poderes federales y estatales, así como de la municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares.

El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial por acuerdo de la autoridad correspondiente."

Creo que estamos ante una evidente violación a la ley. Creo que no deberíamos de continuar un debate en el que hemos encontrado muchas coincidencias en defensa de cuestiones fundamentales relacionadas no solamente con la identidad de la nación, sino que estamos concentrando nuestro interés en este momento, en el cual no solamente estamos enfrentando graves problemas de dimensiones internacionales, sino que además es esencial que no olvidemos que el origen de esta ley tiene precisamente como propósito el mantener la cohesión, la unidad de los mexicanos en el reconocimiento a su propia historia, a su origen, a sus luchas, que han hecho posible conformar nuestra existencia como nación y por lo mismo también identificar, como lo dije la semana pasada, en las grandes contiendas de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Primero. ¿Por qué se sigue el trámite de urgente y obvia resolución? Porque lo pide el compañero Herrera.

Segundo. ¿Por qué el PRI tiene que tomar una posición en este momento congruente con sus propias iniciativas?

Bueno, nosotros no estamos de acuerdo en votar que en este momento sea de urgente y obvia resolución, pero esto no quiere decir que estemos de acuerdo en que se siga violando la ley y que no se cumpla con la excitativa para poder dictaminar sobre este tema.

Yo reconozco en el diputado Armando Salinas, con quien conversé y con nuestro compañero Hernández Fraguas, que el día de mañana se va a reunir la Comisión de Gobernación para emitir el dictamen correspondiente.

Confío en que la sensatez, el sentido común y el patriotismo de nuestros compañeros, represente el voto a favor de la iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional y desde ahora quiero decirles a mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática que no votaremos a favor de que se tome como urgente y obvia resolución.

El diputado Luis Barbosa, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

Desde luego que estamos queriendo desviar la atención y la orientación del debate. Aquí el primer diputado panista que hizo uso de la tribuna se preguntaba y así situó su intervención, de cuál era el centro del debate. El centro del debate no es defender al titular de la Secretaría de Gobernación; el centro del debate es un asunto de legalidad, es un asunto de cumplimiento de la ley, es el hecho de exigir a una secretaría de Estado que cumpla con lo dispuesto por el artículo 55 de la ley en comento. Ese artículo que la obliga a dar cabal cumplimiento a los artículos de esa ley. Es el hecho de reconocer por parte de todos, de que se ha hecho una reproducción parcial que deforma a un símbolo patrio; se ha violado el artículo 2o. de la ley que regula los símbolos patrios. Se exige, por tanto, que la secretaría de Estado, la Secretaría de Gobernación, dé cabal cumplimiento a lo que le obliga esta disposición.

La otra vertiente con la que se pretende justificar, es la relativa a la mercadotecnia. No se puede utilizar ese argumento para poder deformar los símbolos patrios. No se puede conceder aquí en esta Cámara, en nuestra calidad de representantes de la nación, el valor que a la mercadotecnia le ha dado el Presidente de la República. No podemos estar sujetos a esas estrategias con las cuales se quiere desviar la atención del pueblo de México.

Y respecto de haber sido utilizado, de haber sido reproducida de manera irregular, al diputado panista que utilizó este argumento, le presento este informe de la Presidencia de la República en donde no existe ningún Escudo Nacional, sino el águila mocha que tanto está en discusión.

A todos los diputados de esta Cámara les pedimos sensibilidad política, les pedimos el reconocimiento a su función ética y moral como representantes de la nación. Les exigimos un poco de patriotismo.

Reglamento para el Gobierno Interior, artículo 58: "las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:

Uno. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.

Dos. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición y

Tres. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."

Reglamento para el Gobierno Interior, artículo 59: "En los casos de urgente y obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura".

No pretendo generar un precedente de desorden en los debates de la Cámara e invoco el artículo 102 del Reglamento y agradezco a la Presidencia la oportunidad de hacer uso de la tribuna.

Reconozco la certeza en la afirmación de que de la seriedad proviene la respetabilidad y de ella deriva todo lo demás. Es un hecho que en este parlamento todos nos empeñamos en hacer un trabajo serio, para ser un Congreso respetable. No se puede descalificar la adjetivación con adjetivos; pretendo fundar en esta intervención la necesidad de acudir a la seriedad para ganar respetabilidad y con ello todo lo demás.

Hechos puntuales y concretos, iniciativas y propuestas en relación al logotipo utilizado por el Ejecutivo Federal, turnadas a las comisiones institucionales de la Cámara y, en forma particular, al órgano de representación política, que la Ley Orgánica del Congreso le asigna la tarea de procesar y generar los acuerdos, los consensos y las declaraciones, que esta soberanía haga en relación a los otros poderes de la Unión, me refiero a la Junta de Coordinación Política.

Fue excitada ella y responde a la excitativa, dirigiéndose a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara, quien programa para la sesión de mañana, la atención de ese asunto. Si es esa comisión la que en términos reglamentarios y legales, deberá atender esta propuesta el día de mañana, con toda seriedad y en ánimo de ganar respetabilidad y con todo ello, vengo a solicitar públicamente al ponente de esta propuesta, simplemente retire el carácter de urgente y obvia resolución y sea tramitada a través de la Comisión de Gobernación que está convocada para mañana. Esperaría por la seriedad que le reconozco públicamente al diputado don Enrique Herrera, pueda conceder este pedimento.

Se está presentando una nueva propuesta. Se consulta al diputado Enrique Herrera si retira la solicitud de que sea de urgente y obvia resolución. Diputado Enrique Herrera.

Con el deseo de no dicotomizar a la Cámara, cuyo resultado iría mucho más lejos, acepto y agradezco la mesura, la ponderación y la prudencia, de la cual nos dio amplio argumento durante la gestión anterior y ahora lo reitera, acepto la proposición del diputado Ricardo García Cervantes.

En tal virtud y dado que el diputado Enrique Herrera y Bruquetas ha retirado la solicitud que sea de urgente y obvia resolución su propuesta...

En tal virtud y dado que el diputado Enrique Herrera y Bruquetas ha retirado su solicitud de que sea urgente y obvia resolución la propuesta que presentó, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que en términos del artículo 58 inciso 3, consulte a la Asamblea si es de considerarse la proposición del diputado Enrique Herrera y Bruquetas y en ese caso, se turne a la Comisión de Gobernación, a efecto de que su argumentación sea considerada en el proceso de dictamen, que estamos enterados, se llevará a cabo el día de mañana. Lea el inciso 3, del artículo 58.

"Inciso 3, artículo 58 del Reglamento Interior de la Cámara. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quien corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."

Consulte la Secretaría si se acepta la proposición, a efecto de que esta Presidencia proceda a turnarla a la comisión respectiva.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Herrera Bruquetas, con la consideración que ha retirado el punto de urgente y obvia resolución.

Sí, señora Presidenta, quisiera establecer una precisión respecto a lo que acaba de ocurrir:

El artículo 58 del viejo Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, prevé un procedimiento para desahogar las proposiciones con punto de acuerdo. La práctica parlamentaria es no observar este procedimiento. ¿Vamos a establecer una distinción en cuáles sí y en cuáles no?

Diputado Barbosa, le agradezco mucho me haya hecho usted esa observación, porque la mesa directiva ha estado durante dos horas tratando de encontrar una explicación de porqué sorpresivamente cuando la Junta de Coordinación Política había acordado que la proposición presentada por el diputado Enrique Herrera y Bruquetas fuese turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública como acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el diputado Herrera y Bruquetas nos planteó urgente y obvia resolución; entonces hicimos un esfuerzo por ceñirnos y por respetar el derecho del diputado.

Por otra parte, quisiera para ilustrar a la Asamblea, informar que la Junta de Coordinación Política en su momento, atendiendo el turno de la anterior mesa directiva, acordó que el expediente relativo a la propuesta del diputado Alfredo Ochoa Toledo en relación al tema del Escudo Nacional, fuese turnado a la Secretaría de Gobernación por considerarlo un asunto de su competencia; lo que hicimos de manera expedita y sólo quedaba pendiente el trámite de la Comisión de Gobernación y Justicia.

Señora Presidenta, estaba esperando que usted hiciera uso de la palabra para proponerle que pudiéramos hacer alusión a lo que establece el artículo 107 del Reglamento, en el sentido de que con la misma buena fe que hemos procesado este momento parlamentario, el orador que fue el ponente de este punto de acuerdo, pudiera usted preguntarle si estuviera dispuesto a retirar lo que en mi punto de vista corresponde a injurias y calumnias que son parte del contenido de su discurso.

Por instrucciones de la Presidencia damos lectura al artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior.

"Artículo 107. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones. Pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que se celebre en día inmediato.

El Presidente instará al ofensor a que la retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa, se autoricen por la Secretaría, insertando éstas en acta especial para proceder a lo que hubiere lugar."

El Reglamento en ese capítulo es muy claro: "… de las discusiones…" Las discusiones han terminado; no procedería en ningún caso que la mesa directiva rectificara posterior y al orador y estaría en duda si pudiera hacerlo, en el momento de su intervención.

Que se asiente con toda claridad en el acto, que sostengo todos los calificativos mantenidos en mi proposición. Lo sostengo y lo reitero.

Bien, procedemos entonces dando continuidad al orden del día y en ese sentido tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un punto de acuerdo para solicitar el apoyo para los familiares de los mexicanos víctimas en los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos de América.

Pido la atención de mis compañeros diputadas y diputados, por considerar este punto de acuerdo importante para la vida del país.

Le rogamos a las compañeras y compañeros diputados, presten atención a la presentación de la diputada Spezia Maldonado. Le rogamos a todos ustedes hagan el favor de ocupar sus curules. Inicie su exposición diputada, por favor.

Todos sabemos las razones principales que motivan a millones de mexicanos a aventurarse a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Principalmente las carencias de tipo económico empujan a nuestros connacionales a buscar oportunidades en otro país, ya que en el nuestro no encuentran la forma de satisfacer sus necesidades y la de sus familias.

En muchas casas de nuestro país, hoy, madres, esposas e hijos, enfrentan además de las limitaciones del tipo económico, el dolor. En muchas casas de nuestro país, hoy muchas madres, esposas e hijos, enfrentan ese dolor. El dolor y la incertidumbre de desconocer el paradero de sus familiares en Estados Unidos, así como la incertidumbre acerca del propio futuro, ya que en la mayor parte de los casos eran precisamente aquellos familiares desaparecidos, los principales proveedores del sustento para sus familias. Hoy muchas familias mexicanas se encuentran en la zozobra temiendo no sólo que sus familias hayan perecido en los actos terroristas del 11 de septiembre ocurridos en Nueva York y Washington, sino ante la incertidumbre de cómo darán de comer a sus hijos y ancianos, ahora que quienes trabajaban y proveían están muertos, víctimas del fanatismo y de la violencia.

Como es sabido, las condiciones de ilegalidad e irregularidad de los trabajadores migratorios los hace quedar fuera de los beneficios de ley que la seguridad social otorga tanto en México como en Estados Unidos.

Hoy, compañeras y compañeros legisladores, el sentimiento de solidaridad que caracteriza a nuestro pueblo y que se ha hecho patente en ocasión de desastres y emergencias, tanto en nuestro país como cuando estos hechos desafortunados han ocurrido en otros países, debe manifestarse en actos decididos encaminados a proteger las familias de aquellos trabajadores desaparecidos en los atentados terroristas de Washington y Nueva York.

El mejor tributo que se les puede brindar a aquellos desaparecidos es el de velar por sus familias, de brindar los apoyos necesarios para cubrir las necesidades de aquéllos por quienes emprendieron el camino hacia el norte, por aquellos por quienes se esforzaron por darles una vida mejor.

Compañeras y compañeros legisladores: es imperativo, es urgente atender las necesidades y demandas de apoyo que reclaman las familias de mexicanos víctimas de los atentados terroristas.

Nos encontramos ante la posibilidad de ofrecer a estas familias la oportunidad de vivir dignamente, materializando la solidaridad del pueblo de México en acciones concretas de apoyo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a solicitar se considere de urgente y obvia resolución el siguiente

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que continúe con las acciones de ayudar a los mexicanos afectados en los lamentables acontecimientos del pasado 11 de septiembre en los Estados Unidos.

Segundo. Que el Poder Ejecutivo Federal instruya a las diferentes dependencias a su cargo para que las familias mexicanas afectadas por estos acontecimientos sean incluidas en los programas sociales de apoyo que así requieran, ayudándoles a sustituir con esto el ingreso que recibían de sus familiares.

Firman diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, así como diputados del PRI, del PR, del PT y de Convergencia por la Democracia.

Consulte la Secretaría si es de considerarse este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se considera de urgente resolución, señora Presidenta.

Diputado, para hacer comentarios sobre el punto anterior estaba usted registrado, es verdad.

En el uso de la palabra el diputado Roberto Aguirre Solís, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos y se ruega al diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se prepare, sigue en el turno.

A nadie es ajena la tragedia del 11 de septiembre pasado suscitada en el vecino país del norte. El impacto inmediato y la repetición de las imágenes causó una herida profunda a las conciencias y a los espíritus de las personas.

Pero a medida que transcurrían los días fuimos enterándonos, con mayor tristeza y preocupación que muchos de nuestros compatriotas perecieron en estos sucesos. Sería deseable pensar que no basta reconstruir los enormes edificios o con realizar un homenaje póstumo a estas inocentes víctimas, pero la realidad es mucho más dura. Hoy más de un centenar de familias mexicanas sufren directamente los efectos más desgarradores del atentado.

Ellos son familiares, mujeres y hombres que con la esperanza de sacar delante sus seres más queridos migraron al vecino país. Ellos eran cocineros, abogados, barrenderos, contadores, eran mexicanos trabajadores y honrados que encontraron su fatal destino sin más culpa que la de encontrarse en el lugar de los hechos. Para sus familias en México el drama apenas inicia, el dolor espiritual y junto con él sobreviene la desgracia económica. Respecto del primero ya no es un dolor evitable y no podemos hacer otra cosa que manifestar nuestra más profunda solidaridad, respecto también del segundo, que es un sufrimiento evitable. Debemos actuar de manera subsidiaria y con apego a los más esenciales principios de humanidad.

En efecto, consideramos que el Gobierno de México en un acto de congruencia y solidaridad debe estudiar la posibilidad de implementar, a la brevedad posible, programas sociales de asistencia, en beneficio de las familias de víctimas de los atentados terroristas recientemente acaecidos en los Estados Unidos de América.

Acción Nacional ha sostenido un objetivo social indispensable en toda acción social. Es de luchar por la suficiencia económica de la familia y que las medidas políticas, económicas y sociales justas y necesarias para satisfacer estas exigencias.

Y hoy sostenemos, sobre todo en situaciones trágicas, deben garantizarse por razones de justicia y equidad mediante transferencias sociales a favor de quienes se encuentran en condiciones objetivas de inferioridad para hacer valer sus derechos y conseguir sus intereses. Hoy es el caso, actuaremos en congruencia.

Es por las consideraciones anteriores expuestas que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se suma aquí al punto de urgente y obvia resolución, a fin de que el Ejecutivo Federal analice la viabilidad de apoyar mediante programas sociales y, en su caso, con recursos económicos a las familias de mexicanos que fueron víctimas de los pasados sucesos el 11 de septiembre en los Estados Unidos.

En el uso de la palabra el diputado Víctor Emanuel Diaz Palacios, hasta por cinco minutos.

Las y los diputados priístas siempre seremos convergentes en los puntos de acuerdo que beneficien a las mayorías, porque ése es uno de los pilares de la declaración de principios de nuestro instituto político. Por ello, la propuesta de mi compañera diputada del Partido Verde Ecologista, Erika Spezia, merece nuestra plena adhesión, toda vez que el hecho de que se incluyan en los programas sociales del Gobierno Federal a las familias de los mexicanos víctimas de los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre, ocurridos en los Estados Unidos de América, no es un acto de caridad si no es un acto de justicia.

Luego entonces, las y los diputados priístas respaldamos el exhorto dirigido al Ejecutivo Federal, a efecto de que estas familias reciban los apoyos que corresponden a los programas sociales como el Progresa, Empleo Temporal, el Procampo, el Provecap, el Fovi, el Fonales etcétera y los demás a que hace referencia el artículo 71 del Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal.

Que sirva de ejemplo lo que ha hecho el gobierno del Estado de Puebla, el cual fue el primero en crear un fideicomiso de 2 millones de pesos, para atender las necesidades más urgentes de las familias de las víctimas de tan lamentable acto terrorista.

Reciba, por tanto, esta proposición con punto de acuerdo el favor y el total apoyo de los diputados priístas.

Yo quisiera rogarle a la Secretaría dé lectura a la propuesta específica de punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista y a la propuesta específica del punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional y les rogaría a los proponentes que pudieran revisar una posibilidad de coincidencia.

"Uno. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que continúe con las acciones de ayudar a los mexicanos afectados en los lamentables acontecimientos del pasado 11 de septiembre en los Estados Unidos de América.

Dos. Que el Poder Ejecutivo Federal instruya a las diferentes dependencias a su cargo, para que las familias mexicanas afectadas por esos acontecimientos sean incluidas en los programas sociales de apoyo que así se requieran, ayudándoles a sustituir el ingreso que recibían de sus familiares."

Punto de acuerdo propuesto por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

"A fin de que el Ejecutivo Federal analice la viabilidad de apoyar mediante programas sociales y, en su caso, con recursos económicos a los familiares de los mexicanos que fueron víctimas de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América."

En tal virtud, someta a votación el punto de acuerdo presentado por la diputada Erika Spezia Maldonado.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado por el Partido Verde Ecologista.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.

Aprobado el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución y en el contenido expreso por la Secretaría, comuníquese.

Para continuar con el orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta, que presentará una efemérides sobre el LXXVI aniversario de la fundación del Banco de México.

El tránsito entre los periodos de receso y el inicio del ordinario de sesiones que viene acompañado del informe de Gobierno en su respectiva glosa, infaliblemente parecen diferir la celebración de una fecha significativa que no debe pasar desapercibida.

El pasado 25 de agosto, el Banco de México, la institución responsable de dar estabilidad monetaria a nuestro país cumplió 76 años de vida.

Para el Partido Acción Nacional la autonomía del Banco de México forma parte de su proyecto político y hoy que este partido tiene la posibilidad de ser Gobierno Federal no puede olvidar sus orígenes.

El Banco de México nació como parte de la reestructuración económica que emprendió el presidente Plutarco Elías Calles al asumir la Presidencia de la República el 1o. de diciembre de 1924. Con ella pretende implementar el mandato constitucional de 1917 que en su artículo 28 establece fundar el banco único de emisión controlado por el Gobierno Federal como consecuencia del desorden generado por varias casas emisoras y crear un Sistema Nacional de Crédito ya que hasta ese momento México había estado supeditado al capital extranjero y debía estar apoyado en la tesis de socializar la economía nacional.

Entre 1917 y 1925 se habían dado varios intentos que se tradujeron en iniciativas que la Cámara de Diputados tenía archivadas, unas de Alvaro Obregón, otra de Antonio Manero, otra de Adolfo de la Huerta y la cuarta de Manuel Gómez Morín que se oponía a las anteriores y consideraban que el proyecto aún podía ser diferido.

Plutarco Elías Calles a través de su secretario de Hacienda don Alberto J. Pani retoman lo que fue conocido como reforma fiscal integrado por la Ley de Impuesto sobre Utilidades y Ganancias aprobada en 1924, la Ley de Ingresos y la Ley del Impuesto sobre Herencias y Legados de 1925 para iniciar otra etapa abocada a la reforma bancaria que se centró en 34 objetivos; uno, legislación integral y adecuada que influya favorablemente en la economía; esto es, integrar el crédito y diversificarlo; dos, reanimar a la banca existente; tres, crear el banco único de emisión, y cuatro, fundar instituciones bancarias de interés social.

El punto número uno comprendía la Ley Federal de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios que reformaba la de 1897 de Casasús, Creel, Macedo y Bulnes y el decreto de Calles, que crea la Comisión Nacional Bancaria.

El punto número dos trataba de la rehabilitación de los antiguos bancos, la Comisión Nacional Bancaria se funda el 12 de enero de 1925 con la misión de aplicar la nueva Ley de Instituciones de Crédito. El primer paso fue activar el proceso de desincautación iniciado años antes y que en mayo de 1924 congrega a gobierno y banqueros en la negociación. La banca estaba desarticulada y la primera convención bancaria debía ser el elemento reactivador que permitía su reconstrucción.

La tercera etapa centra el eje fundamental, la fundación del banco único de emisión, sólo que éste no nace de manera inmediata, sino como parte de un proceso, del cual la Comisión Monetaria es el antecedente inmediato. Nace por decreto el 24 de diciembre de 1924 y tiene la vigencia hasta el 1o. de septiembre de 1925, cuando nace el Banco de México.

Se aboca a organizar principalmente los fondos, pero también a crear las condiciones para que la institución bancaria naciera libre de los vicios que afectaban a las instituciones bancarias y financieras anteriores.

La Comisión Monetaria es dotada de atribuciones de banca comercial y hereda el control monetario y cambiario como sucesora de la Comisión de Cambios y Moneda y poco después se reorganiza y toma el título de Comisión Monetaria, S.A.; bajo el modelo de sociedad anónima se convierte en depositaria de todos los fondos del erario, en administradora de la deuda pública y prestamista del Estado.

Alberto J. Pani acepta que el tiempo ha llegado y deja el proyecto del banco único de emisión en manos de Fernando de la Fuente, jefe del departamento de crédito de la Secretaría de Hacienda, Elías, S.A. de Lina, originario de Curazao, quedaría ya agregado a México contratado por la Casa España y el tercero era un joven de 28 años que llegó pausadamente, casi sin notarse y a las pocas semanas logró, como dijera el mismo De la Fuente, ganar más corazones que dinero en un principio para después mostrar el concurso de un talento excepcional con destellos a veces de genialidad sustentado sobre patriotismo, capacidad de trabajo y desinterés ejemplares.

Manuel Gómez Morín era el redactor de la primera Ley del Impuesto sobre Utilidades y Ganancias en 1924, autor de la nueva Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1925 y de la Ley de Desincautación de Bancos de Emisión.

El, a fines del mes de abril de ese año, fue invitado por Pani para hacerse cargo del departamento legal de la Comisión Monetaria; consejero de la misma y redactor de la memoria de Hacienda que tenía como fin sentar las bases para la organización de la Primera Convención Nacional Fiscal de la que fue nombrado organizador junto con Fernando de la Fuente, para después fungir como vicepresidente de la misma y a su vez presidente de la Comisión de Concurrencia y Reformas Constitucionales.

Esta reunión que congrega por primera vez a los organismos responsables de la recaudación fiscal de toda la República, tiene un mandato ordenador que pretende simplificar y eficientar los ingresos; delimitando las competencias federal y estatal, diferenciando de manera simultánea los impuestos en cuatro rubros: sobre la propiedad, los comercios y la industria, los especiales, los que se aplican sobre el capital y sobre las operaciones jurídicas y adquisiciones profesionales.

Así, los tres personajes se dieron a la tarea de redactar la Ley Constitutiva del Banco de México que comprende la ley, los estatutos y la escritura del Banco, que es presentada el 25 de agosto de 1925, aprobada el 28 y publicada el 31 para comenzar a operar el 1o. de septiembre.

Queda constituido como un banco central de redescuento y como órgano oficial autónomo y exclusivo para el manejo del régimen monetario; con tal motivo, el 29 de agosto de ese año se reforma la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios y ese mismo día Alberto Mascareño fue nombrado director del Banco de México y Manuel Gómez Morín, presidente de su Consejo de Administración, puesto que ocupa hasta el 31 de octubre de 1929, víspera de la elección presidencial en la que contienden Pascual Ortiz Rubio y José Vasconcelos.

Otras experiencias previas influyen en la definición de la naciente institución: Gómez Morín había redactado, en 1920, el primer proyecto de Ley sobre Producción y Exportación de Petróleo que sienta las bases de la ley de 1921, en el que propone una legislación nacionalizadora que permite a México ser un país menos vulnerable a los intereses de otros países y en especial de los sectores de influencia económica y pasa una larga temporada en Nueva York, donde funge como agente financiero de México.

De las experiencias adquiridas concluye que a diferencia de lo que en su momento pretendían los presidentes De la Huerta y Obregón, de negociar con el gobierno y los financieros del país del norte, él proponía que México debía convertirse en un país respetable y que le permitiera acordar en términos de igualdad y esto obligaba a consolidar una economía estable.

La posibilidad de contar con un banco único de emisión, venía a sentar las bases de la institucionalidad que a su vez se convertirían en fuerte pilar de la economía nacional, más cuando se junta exclusivamente con el capital producto del ahorro interno del mismo Gobierno proveniente del pago del impuesto a la extracción y exportación del petróleo. Esto causó el disgusto del Comité Internacional de Banqueros, acreedor de la deuda externa mexicana, que pretendía fungir como banco o bancos refaccionarios del de México, situación que también reclamaban algunos bancos mexicanos como el Nacional de México, de Capital Mayoritario, Egipcio, Francés.

Los hechos evidenciaron la intención del Gobierno mexicano y de los fundadores del Banco de México de que esta institución debía nacer libre de todo intento intervencionista, entendiéndose no sólo del proveniente del exterior, sino también de los intereses del gran capital.

En primer lugar, Gómez Morín se aboca a la constitución de la cuarta etapa de la reconstrucción callista, con la redacción de las leyes del crédito agrícola, del Banco Nacional Urbano, Hipotecario y de Obras Públicas; de los Almacenes Generales de Depósito y de la Ley del Seguro Social.

La crisis económica de 1928 impide que este banco pueda desarrollarse adecuadamente y sin embargo, junto con la Ley Monetaria de 1931, que fue terriblemente controvertida, en el momento que reformada y replanteada, él hace dos reformas más a la Ley del Banco de México.

En el año de 1936 es cuando se da quizá la reforma más importante que se había venido haciendo al Banco de México; esta ley es la que le da la autonomía definitiva, sin embargo, esta ley no entra en vigor debido a las presiones del gobierno de ese momento, a cuyo frente se encontraba el general Lázaro Cárdenas...

Este decreto, que detuvo las reformas de 1936, distorsionó el sentido del Banco de México, la oportunidad que tenía de ser autónomo quedó como un pendiente más.

Eduardo Turrent, que es el historiador del Banco de México, dice que por el contrario, lo que se ganó con esta contrarreforma fue el convertir al Banco de México en instrumento del gobierno en turno y por supuesto traicionaba con ello la intención fundacional de 1925.

Concluyo sólo mencionando que entre las propuestas que lleva Manuel Gómez Morín a fundar el Partido Acción Nacional, está la autonomía del Banco de México, una de las primeras iniciativas que presenta el primer grupo parlamentario del PAN en 1946 es la de dar autonomía al Banco de México.

Y sólo quisiera finalmente concluir diciendo que el compromiso del PAN es con el fortalecimiento de las instituciones y lo seguiremos haciendo, así como lo hicimos de oposición y lo mantendremos en el gobierno.

Sobre el mismo tema, el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El surgimiento del Banco de México vino a poner fin a una larga cadena de fracasos debido a la grave inestabilidad económica y social provocada por el proceso revolucionario, sobre todo en una época en que era menester que el Gobierno contara con una institución gubernamental que controlara la emisión de billetes y monedas.

Sus principales funciones consistieron en regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. Asimismo se erigió en asesor financiero y bancario del Gobierno Federal.

El Banco de México se creó el 1o. de septiembre de 1925 dando cumplimiento con esto a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con la institucionalización de la banca central se buscaba propiciar el establecimiento de un nuevo sistema bancario, con la finalidad de reactivar el crédito en el país y con ello la actividad económica y financiera de México.

Adicionalmente a sus funciones propias de un banco central, se le otorgaron facultades para funcionar como institución ordinaria de crédito y descuento.

Desde su surgimiento ha tenido cambios importantes en sus funciones: a través de él en 1931, con la promulgación de la Ley Monetaria, se desmonetizó el oro en el país; ocho meses después, con la nueva Ley Orgánica del Banco de México, se hizo obligatoria la asociación de los bancos particulares con el banco central y se flexibilizaron las reglas para la emisión de billetes.

Además de las funciones iniciales, la nueva Ley Orgánica facultó al Banco para encargarse del servicio de Tesorería del Gobierno Federal, centralizar las reservas bancarias y convertirse en banco de los bancos y en prestamista de última instancia.

Uno de los mecanismos utilizados por el Banco de México para financiar proyectos gubernamentales lo constituyó el encaje legal, consistente en el depósito que los bancos particulares tenían la obligación de hacer en el banco central como proporción de los recursos que captaban, además el encaje legal permitía evitar las transacciones de créditos con fines de especulación.

Ese mecanismo, eliminado a partir de 1993, permitió a los bancos disponer de los recursos captados de manera discrecional, permitiendo con ello la especulación entre bancos y empresas coludidas a través de préstamos entre socios del mismo grupo corporativo.

A partir de ese año se dio aparentemente un cambio de gran trascendencia para la economía del país, al dársele al Banco de México la autonomía respecto del Gobierno Federal con la finalidad de constituir una salvaguarda contra futuros brotes de inflación, además de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Los fundamentos para dicha autonomía se basaban en su independencia para determinar el volumen de crédito primario que puede ser concedido, la independencia se ha otorgado a las personas que integran su junta de gobierno y la dependencia administrativa de institución.

Como sabemos, los tres fundamentos de la autonomía obedecieron a la necesidad de que el banco central dejara de ser el principal órgano de financiamiento en primera instancia del Gobierno Federal y de no depender del titular del Ejecutivo para determinar la política monetaria; sin embargo, los movimientos especulativos que se hacen con el manejo del tipo de cambio, con la emisión de papel gubernamental y con las tasas de interés, dejan mucho que desear en cuanto a la famosa autonomía, que no responde a las condiciones económicas y financieras del país.

A pesar de lo estipulado en el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, en el sentido de promover el sano desarrollo y funcionamiento del sistema financiero, esta institución se convirtió en partícipe del desfalco financiero más grande en la historia del país. Estamos hablando del Fobaproa.

Para nuestro grupo parlamentario es prioritario que la mencionada autonomía del Banco de México sea una realidad para el beneficio de la economía del país, en la que tanto los integrantes de la junta de gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el titular del Ejecutivo Federal, trabajen cada quien en el campo de sus atribuciones de manera independiente, pero de manera coordinada. Sin embargo, reconocemos que es necesario que la banca central vuelva a sus orígenes y deba constituirse nuevamente en una institución que permita que el ahorro del público pueda ser destinado para el bienestar del pueblo de México. A este propósito dedicaremos nuestros próximos esfuerzos.

Asimismo, para que pueda mostrar su verdadero carácter de autonomía, su política monetaria debe responder a las exigencias del comportamiento de nuestra economía y no a los intereses de la camarilla de vividores que tienen la propiedad del capital financiero dentro y fuera del país.

Los restantes asuntos en cartera se programarán para la sesión subsecuente. Antes de rogarle a la Secretaría dé lectura al orden del día, me permito informar a los legisladores y recordarles de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, el día de hoy martes 25 de septiembre a las 17:00 horas, ante las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública. Esta comparecencia será en el Salón Legisladores de la República, y como representante de la mesa directiva se designa al diputado Adrián Rivera Pérez.

Informarles de la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman, mañana miércoles 26 de septiembre a las 10:00 horas, ante la Comisión de Relaciones Exteriores, en el Salón Legisladores de la República. Como representante de la mesa directiva se designa al diputado Rodolfo Dorador.

Recordarles de la comparecencia del secretario de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, mañana miércoles 26 de septiembre a las 17:00 horas, ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el Salón Legisladores de la República. Como representante de la mesa directiva se designa al diputado Eric Villanueva Mukul.

Recordarles de la comparecencia de la presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Sari Bermúdez, el jueves 27 de septiembre a las 9:00 de la mañana, ante la Comisión de Cultura. Como representante de la mesa directiva se designa a la diputada María Elena Alvarez Bernal.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México invita a la ceremonia cívica que con motivo del CCXXXVI aniversario del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre a las 10:30 horas, en el monumento erigido a su memoria, ubicado en la Plaza de la Ciudadela.

De reformas a los artículos 145 y 170 de la Ley del Seguro Social. (Turno a comisión.)

Sobre el VII aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu, a cargo del diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo de la instalación en México, de la primera imprenta en el nuevo mundo, (1539) a cargo del Partido Alianza Social.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 27 de septiembre a las 10:00 horas.

• 1 invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, para asistir a ceremonia cívica;

• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con el que remite acuerdo por el que se determina la integración de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz;

• 3 comunicaciones de la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

• 2 oficios de Secretaría de Gobernación, por los que solicitan los permisos constitucionales necesarios para que dos ciudadanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

• 2 dictámenes de la Comisión de Salud, con proyectos de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 115 y adiciona la fracción IX del artículo 308 de dicha ley, respectivamente.

• 2 dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso necesario para que dos ciudadanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que le confieren el Reino de España, el gobierno de la República de Colombia y la República de Corea, respectivamente.

• 3 dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos necesarios para que 14 ciudadanos, puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas.

Diputado	Tema
• Aguirre Solís, Roberto (PAN)	Mexicanos en el extranjero, sobre solicitar el apoyo para los familiares de los mexicanos víctimas en los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América.
• Alamilla Padrón, Celita Trinidad (PAN)	Educación preescolar, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la educación preescolar.
• Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD)	Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el despido de trabajadores.
• Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD)	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que se realice excitativa al Secretario de Gobernación, para que cumpla con lo marcado por diversos artículos de dicha ley.
• Batres Guadarrama, Martí (PRD)	Artículo 93 constitucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma dicho artículo de la Carta Magna, referente a las comparecencias de servidores públicos ante el Poder Legislativo.
• Buenfil Montalvo, Edilberto Jesús (PRI)	Aerolíneas mexicanas, para que el gobierno federal tome medidas emergentes para apoyar a la industria turística y a las aerolíneas, por la contingencia de los actos terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América.
• Candiani Galaz, Mauricio Enrique (PAN)	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que se realice excitativa al Secretario de Gobernación, para que cumpla con lo marcado por diversos artículos de dicha ley.
• Díaz Palacios, Víctor Emanuel (PRI	Mexicanos en el extranjero, sobre solicitar el apoyo para los familiares de los mexicanos, víctimas en los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América.
• García Cervantes, Ricardo Francisco (PAN)	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que se realice excitativa al Secretario de Gobernación, para que cumpla con lo marcado por diversos artículos de dicha ley.
• García Dávila, Víctor Antonio (PT)	Adultos mayores, sobre crear un programa de pensión asistencial, destinado a los adultos mayores de 65 años.
• García Dávila, Víctor Antonio (PT)	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que se realice excitativa al Secretario de Gobernación, para que cumpla con lo marcado por diversos artículos de dicha ley.
• García Zalvidea, Juan Ignacio (PAN)	Aerolíneas mexicanas, presenta proposición con punto de acuerdo para que el gobierno federal tome medidas emergentes para apoyar a la industria turística y a las aerolíneas, por la contingencia de los actos terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América.
• Gómez Mont y Urueta, María Teresa (PAN)	Banco de México, sobre el LXXVI aniversario de la fundación del Banco de México.
• Gómez Villanueva, Augusto (PRI)	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que se realice excitativa al Secretario de Gobernación, para que cumpla con lo marcado por diversos artículos de dicha ley.
• González Guzmán, Rodolfo Gerardo (PRI)	Ley del Impuesto sobre la Renta, iniciativa que reforma el artículo 80-A de dicha ley.
• Herrera y Bruquetas, Angel Enrique (PRD) en dos ocasiones	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presenta proposición con punto de acuerdo para que se realice excitativa al Secretario de Gobernación, para que cumpla con lo marcado por diversos artículos de dicha ley.
• Hurtado Torres, José de Jesús (PAN)	Procuración de justicia, presenta proposición con punto de acuerdo, sobre el actuar de la Pro-curaduría General de la República en la procuración de justicia.
• López González, Francisco Javier (PRI) en dos ocasiones	Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el despido de trabajadores.
• Patiño Cardona, Francisco (PRD)	Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano, presenta iniciativa con proyecto de dicha ley.
• Regis Adame, Juan Carlos (PT)	Banco de México, sobre el LXXVI aniversario de la fundación del Banco de México.
• Rivera Pérez, Eduardo (PAN)	Instituto Mexicano del Seguro Social, presenta proposición con punto de acuerdo sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el despido de trabajadores.
• Rivera Pérez, Eduardo (PAN)	Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el despido de trabajadores.
• Romero Apis, José Elías (PRI)	Procuración de justicia, sobre el actuar de la Procuraduría General de la República en la procuración de justicia.
• Rosaldo Salazar, Pedro Miguel (PRD)	Adultos mayores, presenta proposición con punto de acuerdo para crear un programa de pensión asistencial, destinado a los adultos mayores de 65 años.
• Salinas Torre, Armando (PAN)	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que se realice excitativa al Secretario de Gobernación, para que cumpla con lo marcado por diversos artículos de dicha ley.
• Spezia Maldonado, Erika Elizabeth (PVEM)	Recursos forestales, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, respecto a la conservación de los recursos forestales.
• Spezia Maldonado, Erika Elizabeth (PVEM)	Mexicanos en el extranjero, presenta proposición con punto de acuerdo sobre solicitar el apoyo para los familiares de los mexicanos víctimas en los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América.
• Tapia Medina, María del Rosario (PRD)	Letras de oro, solicita excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con iniciativa para que se inscriba en letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados, la frase "A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968", presentada el 3 de octubre de 2000.
• Treviño Gutiérrez, Librado (PRI)	Adultos mayores, sobre crear un programa de pensión asistencial, destinado a los adultos mayores de 65 años.
• Urías Germán, Gregorio (PRD)	Procuración de justicia, sobre el actuar de la Procuraduría General de la República en la procuración de justicia.
• Villa Preciado, Enrique Adolfo (PAN)	Iniciativa popular, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 71 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se crea la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 constitucional; y se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referentes a la iniciativa popular.

ADN	Acido Desoxirribonucleico
Cofipe	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
D.F.	Distrito Federal
DIF	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Fobaproa	Fondo Bancario de Protección al Ahorro
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Infonavit	Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Insen	Instituto Nacional de la Senectud
ISFAM	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
ISR	Impuesto sobre la renta
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
IVA	Impuesto al valor agregado
kg	kilogramo
mg	miligramo
NY	Nueva York
PAN	Partido Acción Nacional
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Procampo	Programa de Apoyos Directos al Campo
PT	Partido del Trabajo
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
S.A.	Sociedad Anónima
SAR	Sistema de Ahorro para el Retiro
Sectur	Secretaría de Turismo
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SNTSS	Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
UNESCO	Organización Educacional, Científica y Cultural, de Naciones Unidas (por las siglas en inglés)

ASISTENCIA	Pág. 625
ORDEN DEL DIA	625
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR	627
INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO	631
Invitación de dicho instituto, a la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXX aniversario de la Consumación de la Independencia. Se designa comisión.	631
LAGUNA VERDE	631
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que remite acuerdo por la que determina la integración de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz. De enterado.	631
ESTADO DE GUERRERO	632
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo por la que solicita al Gobierno de la República revisar el Marco Jurídico Federal en materia hacendaria, para otorgar a las entidades federativas y municipios, mayores atribuciones tributarias. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.	632
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL	634
Tres comunicaciones de la II Legislatura de dicho cuerpo colegiado, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.	634
COMISIONES LEGISLATIVAS	635
Iniciativa del Congreso del Estado de Oaxaca, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 43 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.	635
REFORMAS CONSTITUCIONALES	640
Iniciativa del Congreso del Estado de Oaxaca, con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.	640
REPUBLICA DE EL SALVADOR	648
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro González Olvera, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.	648
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	648
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime Ignacio Corredor Esnaola, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Estado de Baja Sajonia, Alemania. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.	648
LEY SOBRE LA INVESTIGACION, EL FOMENTO, EL DESARROLLO, CONTROL Y REGULACION DEL GENOMA HUMANO	649
El diputado Francisco Patiño Cardona presenta iniciativa con proyecto de dicha ley. Se turna a las comisiones unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología.	649
ASISTENCIA (II)	651
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	652
El diputado Rodolfo Gerardo González Guzmán presenta iniciativa que reforma el artículo 80-A de dicha ley. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.	652
EDUCACION PREESCOLAR	656
La diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la educación preescolar. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.	656
INICIATIVA POPULAR	659
El diputado Enrique Adolfo Villa Preciado presenta iniciativa con proyecto de decreto, por el que reforman los artículos 41, 71 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se crea la ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 constitucional; y se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referentes a la iniciativa popular. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana.	659
ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL	670
El diputado Martí Batres Guadarrama presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma dicho artículo de la Carta Magna, referente a las comparecencias de servidores públicos ante el Poder Legislativo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.	670
RECURSOS FORESTALES	672
La diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, respecto a la conservación de los recursos forestales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.	672
LEY GENERAL DE SALUD	675
Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 115 de dicha ley, en relación a la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla. Es de primera lectura.	675
LEY GENERAL DE SALUD (II)	679
Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX del artículo 308 de dicha ley, respecto a los requisitos a los que se deberá sujetar la publicidad del tabaco y el alcohol. Es de primera lectura.	679
REINO DE ESPAÑA. REPUBLICA DE COLOMBIA	685
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que concede el permiso necesario para que el ciudadano Rafael Tovar y de Teresa, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren el Reino de España y el gobierno de la República de Colombia. Es de primera lectura.	685
REPUBLICA DE COREA	686
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que concede el permiso necesario para que el ciudadano Alberto Gerardo del Barrio y Guille, pueda aceptar y usar la condecoración que le concede el gobierno de ese país. Es de primera lectura.	686
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	686
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que conceden los permisos necesarios para que 12 ciudadanos, puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de ese país en México. Es de primera lectura.	686
REINO DE SUECIA	688
Dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por los que conceden los permisos necesarios para que los ciudadanos: Alex Ibarra Castañeda y Juan Pablo Aguilar Hernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Suecia en México. Son de primera lectura.	688
En votación económica, la Asamblea les dispensa la segunda lectura a los anteriores cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Sin discusión se aprueban, pasan al Senado de la República para los efectos constitucionales.	689
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	690
El diputado Eduardo Rivera Pérez presenta proposición con punto de acuerdo sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el despido de trabajadores.	690
Rectifican hechos, los diputados:	694
Francisco Javier López González	694
Eduardo Rivera Pérez	695
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta	695
Francisco Javier López González	696
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y solicita a la Secretaría anexe todas las intervenciones sobre el tema.	696
LETRAS DE ORO	697
La diputada María del Rosario Tapia Medina solicita excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con iniciativa para que se inscriba en letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados, la frase "A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968", presentada el 3 de octubre de 2000. Se realiza la excitativa correspondiente.	697
ADULTOS MAYORES	698
El diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar presenta proposición con punto de acuerdo para crear un programa de pensión asistencial, destinado a los adultos mayores de 65 años.	698
Hablan sobre el mismo tema, los diputados:	701
Víctor Antonio García Dávila	701
Librado Treviño Gutiérrez	701
Se turna a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social, con opinión de la de Atención a Grupos Vulnerables.	702
AEROLINEAS MEXICANAS	702
El diputado Juan Ignacio García Zalvidea presenta proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal tome medidas emergentes para apoyar a la industria turística y a las aerolíneas, por la contingencia de los actos terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América.	702
Se concede la palabra para el mismo tema, al diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo.	704
Se turna a las comisiones unidas de Turismo y de Comunicaciones, con opinión de las comisiones de Transportes y de Energía.	705
PROCURACION DE JUSTICIA	706
El diputado José de Jesús Hurtado Torres presenta proposición con punto de acuerdo, sobre el actuar de la Procuraduría General de la República en la procuración de justicia.	706
Para el mismo tema, intervienen los diputados:	707
José Elías Romero Apis	707
Gregorio Urías Germán	708
Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.	709
LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES	709
El diputado Angel Enrique Herrera y Bruquetas presenta proposición con punto de acuerdo para que se realice excitativa al Secretario de Gobernación, para que cumpla con lo marcado por diversos artículos de dicha ley y solicita se considere de urgente resolución.	709
Para hablar sobre la proposición intervienen, los diputados:	711
Armando Salinas Torre	711
Angel Enrique Herrera y Bruquetas, para contestar alusiones personales.	712
Víctor Antonio García Dávila	713
La Asamblea aprueba, abrir una ronda de oradores para hablar sobre el tema y se concede la palabra a los diputados:	714
Mauricio Enrique Candiani Galaz	714
Augusto Gómez Villanueva	715
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta	716
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes realiza moción de procedimiento y solicita al diputado Herrera y Bruquetas retirar su solicitud de urgente resolución para que su proposición sea tramitada a través de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en virtud de que ésta tiene en proceso un dictamen sobre el tema. Desde su curul, el diputado Herrera y Bruquetas así lo hace.	717
Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.	718
MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	720
La diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado presenta proposición con punto de acuerdo, sobre solicitar el apoyo para las familias de los mexicanos víctimas en los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América y solicita trámite de urgente resolución.	720
Hablan al respecto, los diputados:	721
Roberto Aguirre Solís, quien presenta proposición adicional.	721
Víctor Emanuel Díaz Palacios	722
Se aprueba el punto de acuerdo de la diputada Spezia Maldonado. Comuníquese.	723
BANCO DE MEXICO	723
Sobre el LXXVI aniversario de la fundación del Banco de México, se concede el uso de la palabra a los diputados:	723
María Teresa Gómez Mont y Urueta	723
Juan Carlos Regis Adame	726
ANALISIS I INFORME DE GOBIERNO	727
La Presidenta convoca a los diputados a las próximas comparecencias ante comisiones, del 26 y 27 de septiembre, para el análisis del I Informe de Gobierno.	727
ORDEN DEL DIA	727
De la próxima sesión.	727
CLAUSURA Y CITATORIO	727
RESUMEN DE TRABAJOS	728
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION	729