Diario de Debates No. 11, 27 de septiembre de 2001, Primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio, LVIII Legislatura

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ASISTENCIA	Pág. 739
ORDEN DEL DIA	739
ACTA DE LA SESION ANTERIOR	740
INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO	744
Invitación del dicho instituto, para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa del CCXXXVI aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón. Se designa comisión.	744
ESTADO DE GUANAJUATO	744
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo para que se exhorte a diversas autoridades e instituciones, a efecto de que se generen acciones para coadyuvar a la liquidación de créditos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.	744
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo mediante el cual apoya las manifestaciones de rechazo por la difusión que autoridades federales, en especial la Procuraduría General de la República, llevan a cabo en la utilización de nombres de estados o ciudades para denominar a distintas organizaciones delictivas o criminales. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.	745
ESTADO DE JALISCO	745
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo mediante el cual se autoriza a la legislatura estatal, por conducto del Contador Mayor de Hacienda, para celebrar un convenio con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que de forma conjunta practiquen una auditoría a la Universidad de Guadalajara, en sus ejercicios fiscales de 1999 y 2000. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.	745
REFORMA HACENDARIA	746
Comunicación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la que remite propuesta alternativa de dicha reforma. Se remite a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.	746
LEY DEL SEGURO SOCIAL	769
Oficio del Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 145 y 170 de dicha ley, en referencia a las pensiones de jubilados y pensionados. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.	769
SERVIDORES PUBLICOS	771
El diputado Marcos Pérez Esquer presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.	771
REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACION Y CONTROL	772
El diputado Ranulfo Márquez Hernández presenta a nombre de integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, iniciativa de dicho reglamento, el cual regula la actividad del órgano técnico especializado de la Comisión de Vigilancia, denominado por la ley "unidad de evaluación y control", y encargado de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamen-tarias.	772
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	787
El diputado Raúl Martínez González presenta a nombre de integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40, numeral 4, de dicha ley, respecto a cambio en la denominación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.	787
ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL	789
El diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación a una iniciativa con proyecto de decreto que reforma dicho artículo constitucional, para elevar a dicho rango el derecho a la alimentación, presentada el 13 de julio de 1994. Se realiza la excitativa correspondiente.	789
PRIMERA IMPRENTA	791
Sobre el aniversario de la instalación en México de la primera imprenta en el Nuevo Mundo, el 25 de septiembre de 1539, hace uso de la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez.	791
JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU	793
Habla sobre el VII aniversario luctuoso del político guerrerense, el diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo.	793
MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON	795
Para referirse al XII aniversario luctuoso del político sinaloense, se concede la palabra al diputado Daniel Ramírez del Valle.	795
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	797
Hablan sobre el CCXXXVI aniversario del natalicio del Siervo de la Nación, los diputados:	797
María de los Angeles Sánchez Lira	797
Agustín Trujillo Iñiguez	798
Jaime Cervantes Rivera	800
Concepción Salazar González	801
LEY GENERAL DE SALUD	805
Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 115 de dicha ley, en relación a la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla. Segunda lectura.	805
A discusión en lo general y en lo particular, se concede el uso de la palabra, para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, a los diputados:	809
Julieta Prieto Fuhrken	809
Adela del Carmen Graniel Campos	809
Felipe Olvera Nieto	810
ASISTENCIA (II)	811
LEY GENERAL DE SALUD (II)	812
Continua la fijación de posiciones, respecto al dictamen de la Comisión de Salud, el diputado Héctor Nemecio Esquiliano Solís.	812
Suficientemente discutido, es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.	813
CINTRA	813
El diputado Raúl Cervantes Andrade presenta proposición con punto de acuerdo sobre la venta de la Corporación Internacional de Transportación Aérea. Se turna a las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes.	813
Rectifica hechos, el diputado Alonso Ulloa Vélez.	814
SECTOR SALUD	815
La diputada María Luisa Araceli Domínguez Ramírez presenta proposición con punto de acuerdo sobre la situación presupuestal para la atención a la salud en los estados de: Chiapas, Oaxaca, México, Michoacán, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Chihuahua.	815
Intervienen sobre el mismo tema, los diputados:	817
María Eugenia Galván Antillón	817
Eduardo Abraham Leines Barrera	817
Tomás Torres Mercado	818
Narcizo Alberto Amador Leal	819
Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud.	820
TRABAJOS LEGISLATIVOS	820
El diputado Luis Villegas Montes presenta proposición con punto de acuerdo sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, en lo que respecta a efemérides.	820
Para rectificar hechos, hablan los diputados:	823
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta	823
Gustavo Riojas Santana	823
José Antonio Calderón Cardoso	828
Raúl Cervantes Andrade	829
Luis Villegas Montes	830
Tomás Torres Mercado	831
David Augusto Sotelo Rosas	832
Se turna la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con las intervenciones sobre el tema.	833
DINA CAMIONES	833
El diputado Francisco Patiño Cardona presenta proposición con punto de acuerdo en relación con la situación de los trabajadores de Dina Camiones S.A. de C.V., en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.	833
ANDRES SERRA ROJAS	835
La Presidenta informa del sensible fallecimiento del maestro y destacado jurista Serra Rojas y solicita guardar un respetuoso minuto de silencio en su honor.	835
ANALISIS I INFORME DE GOBIERNO	835
La Presidenta convoca a los diputados a las próximas comparecencias ante comisiones, del 27 Y 28 de septiembre, para el análisis del I Informe de Gobierno.	835
ORDEN DEL DIA	835
De la próxima sesión.	835
CLAUSURA Y CITATORIO	836
RESUMEN DE TRABAJOS	836
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION	837

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México invita a la ceremonia cívica que con motivo del CCXXXVI aniversario natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre a las 10:30 horas, en el monumento erigido a su memoria, ubicado en la Plaza de la Ciudadela.

De reformas a los artículos 145 y 170 de la Ley del Seguro Social. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, a cargo de integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 40 numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. (Turno a comisión.)

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que modifica la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con motivo de la instalación en México, de la primera imprenta en el Nuevo Mundo (1539), a cargo del Partido Alianza Social.

Sobre el VII aniversario luctuoso del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, a cargo del diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el aniversario luctuoso de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre el aniversario del natalicio del general José María Morelos y Pavón, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Con punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realicen los trámites para condonar el adeudo por consumo, del distrito de Altar, Sonora, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para interponer una controversia constitucional en contra del titular del Ejecutivo Federal, por el acuerdo de la Procuraduría Agraria, que viola y excede la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la venta de la Cintra, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación presupuestal para atención a la salud en diversos estados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación de los ahorradores de la Caja de Ahorro Capricornio, Sinaloa, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la situación de los trabajadores de Dina, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)»

El siguiente punto, del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma, entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma, entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinticinco de septiembre de dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cuarenta y dos minutos del martes veinticinco de septiembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos setenta y tres diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

Comunicación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo octogésimo aniversario de la Consumación de la Independencia. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con acuerdo relativo a la integración de la Comisión de Investigación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz. De enterado.

Comunicación del Congreso del Estado de Guerrero, con la que remite acuerdo por el que solicita al Gobierno de la República revisar el Marco Jurídico Federal en materia hacendaria, para otorgar a las entidades federativas y municipios, mayores atribuciones tributarias. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tres comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Iniciativa del Congreso del Estado de Oaxaca, con proyecto de decreto que reforma los artículos tres, cuarenta y tres y cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa del Congreso del Estado de Oaxaca, con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro González Olvera, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de El Salvador. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Otro oficio de la misma Secretaría, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime Ignacio Corredor Esnaola, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano. Se turna a las comisiones unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología.

A las once horas con veintitrés minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos diecinueve diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Rodolfo Gerardo González Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo ochenta-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Celita Trinidad Alamilla Padrón, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona los artículos tres y treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la educación preescolar.

Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Enrique Adolfo Villa Preciado, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cuarenta y uno, setenta y uno y noventa y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se crea la ley reglamentaria de la fracción cuarta del artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana.

Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos cuatrocientos dieciocho y cuatrocientos diecinueve del Código Penal Federal y el artículo ciento cuarenta y nueve del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura a dos dictámenes de la Comisión de Salud, con proyectos de decreto que:

Modifica la fracción séptima del artículo ciento quince de la Ley General de Salud.

Adiciona la fracción novena del artículo trescientos ocho de la Ley General de Salud.

Cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos necesarios para que:

El ciudadano embajador Rafael Tovar y de Teresa, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren el Reino de España y el gobierno de la República de Colombia.

El ciudadano Alberto Gerardo del Barrio y Guille, pueda aceptar y usar la condecoración que le concede el gobierno de la República de Corea.

Ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en distintas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.

El ciudadano Alex Ibarra Castañeda, pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México.

El ciudadano Juan Pablo Aguilar Hernández, pueda prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México.

En votación económica, la Asamblea les dispensa la segunda lectura y sin discusión se aprueban en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y cinco votos a favor y dos en contra. Pasan al Senado de la República para los efectos constitucionales.

El diputado Eduardo Rivera Pérez, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Rectifican hechos, los diputados: Francisco Javier López González, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Eduardo Rivera Pérez, del Partido Acción Nacional y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidenta turna la proposición a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y solicita a la Secretaría anexe todas las intervenciones sobre el tema.

La diputada María del Rosario Tapia Medina solicita excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con una iniciativa para que se inscriba en letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados, la frase "a los Mártires del Movimiento Estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho", presentada el tres de octubre de dos mil. La Presidenta hace la excitativa correspondiente.

Pedro Miguel Rosaldo Salazar, para crear un programa de pensión asistencial, destinado a los adultos mayores de sesenta y cinco años.

Hablan sobre el mismo tema, los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo y Librado Treviño Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social, con opinión de la de Atención a Grupos Vulnerables.

Juan Ignacio García Zalvidea, del Partido Acción Nacional, para que el Gobierno Federal tome medidas emergentes para apoyar a la industria turística y a las aerolíneas, por la contingencia de los actos terroristas del once de septiembre en los Estados Unidos de América.

Se concede la palabra para el mismo tema, al diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul, el diputado Alonso Ulloa Vélez solicita que se turne también a las comisiones de Transportes y de Energía y la Presidenta amplía el turno a esas comisiones para que emitan su opinión.

José de Jesús Hurtado Torres, del Partido Acción Nacional, sobre la procuración de justicia.

Suben a la tribuna, para el mismo tema, los diputados: José Elías Romero Apis, del Partido Revolucionario Institucional y Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática.

Angel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el asunto del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y quien solicita trámite de urgente resolución.

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura a los artículos cincuenta y ocho y cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Para hablar sobre la proposición, suben a la tribuna los diputados: Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional, en contra; Angel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales, y Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, en pro.

La Asamblea aprueba, en votación económica, abrir una ronda de oradores para hablar sobre el tema y la Presidenta, en consecuencia, concede la palabra a los diputados: Mauricio Enrique Candiani Galaz, del Partido Acción Nacional; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaría da lectura a los artículos cincuenta y ocho y cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Para hacer una moción de procedimiento, se concede la palabra al diputado Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional y quien solicita al diputado Angel Enrique Herrera y Bruquetas, retirar su solicitud de urgente resolución para que su proposición sea tramitada a través de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en virtud de que ésta tiene en proceso un dictamen sobre el tema. Desde su curul, el diputado Herrera y Bruquetas así lo hace.

La Asamblea, en votación económica, acepta a discusión la proposición y en consecuencia, la Presidenta la turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Desde su curul, el diputado Barbosa Huerta hace observaciones sobre el procedimiento para las proposiciones con punto de acuerdo y la Presidenta hace las aclaraciones respectivas.

También desde su cural, el diputado Candiani Galaz solicita al diputado Herrera y Bruquetas retire las palabras que considera injuriosas.

La Secretaría da lectura al artículo ciento siete del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, desde sus respectivas curules, el diputado Ramírez Marín hace aclaraciones sobre el procedimiento respectivo y el diputado Herrera y Bruquetas sostiene y reitera todos los calificativos expresados en su proposición.

Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar el apoyo para los familiares de los mexicanos víctimas en los atentados del once de septiembre en los Estados Unidos de América, y quien solicita trámite de urgente resolución.

La Asamblea considera el asunto, en votación económica, de urgente resolución.

Hablan al respecto los diputados: Roberto Aguirre Solís, del Partido Acción Nacional y quien presenta una proposición adicional y Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaría da lectura a la proposición de la diputada Spezia Maldonado y a la del diputado Aguirre Solís y, desde su cural, el segundo se suma a la proposición con punto de acuerdo de la primera.

Hablan sobre el septuagésimo quinto aniversario de la fundación del Banco de México, los diputados: María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional, y Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.

La Presidenta convoca a los diputados a las comparecencias del Secretario de Seguridad Pública el día de hoy a las diecisiete horas; del Secretario de Relaciones Exteriores el miércoles veintiséis de septiembre de dos mil uno a las diez horas; del Secretario del Trabajo y Previsión Social el miércoles veintiséis de septiembre de dos mil uno a las diecisiete horas, y de la Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el jueves veintisiete de septiembre de dos mil uno a las nueve horas; todas ante las comisiones correspondientes y en el Salón Legisladores de la República, y designa para asistir a ellas, en representación de la mesa directiva, a los diputados: Adrián Rivera Pérez, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Eric Eber Villanueva Mukul y María Elena Alvarez Bernal, respectivamente.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las dieciséis horas con diez minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves veintisiete de septiembre de dos mil uno, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

«Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CCXXXVI aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón; que se llevará a cabo en el monumento erigido a su memoria, ubicado en la Plaza de la Ciudadela, avenida Balderas, esquina con Emilio Dondé, delegación Cuauhtémoc, el día 30 de septiembre a las 10:30 horas.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Para asistir en representación de esta Cámara de Diputados se designa a los siguientes diputados: Hilda Anderson Nevárez, Jorge Alberto Lara Rivera y Rafael Hernández Estrada.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Anexo al presente, me permito remitir el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura Constitucional del Estado, en sesión de diputación Permanente, celebrada en esta fecha, mediante el cual se exhorta a diversas autoridades e instituciones, a efecto de que se generen acciones para coadyuvar a la liquidación de créditos.

Aprovecho la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Guanajuato, Guanajuato, a 6 de septiembre de 2001.— El presidente de la diputación Permanente del Congreso del Estado.— Diputado Enrique Ortiz Rivas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

La diputación Permanente de la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Artículo único. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a las instituciones bancarias y a las administradoras de cartera vencida, para que establezcan comunicación entre sí y con las organizaciones de deudores del país, a fin de generar acciones que coadyuven a liquidar los créditos en condiciones justas para todas las partes.

Guanajuato, Guanajuato, a 6 de septiembre de 2001.— Diputados: Enrique Ortiz Rivas, presidente y Ricardo Alfredo Ling Altamirano, secretario.»

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Anexo al presente, me permito remitir el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura Constitucional del Estado, en sesión de diputación Permanente, celebrada en esta fecha, mediante el cual apoya las manifestaciones de rechazo por la difusión de autoridades federales en la utilización del nombre de los estados o ciudades, para referir a las distintas organizaciones criminales o delictivas.

Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Guanajuato, Guanajuato, a 6 de septiembre de 2001.— El presidente de la diputación Permanente del Congreso del Estado, diputado Enrique Ortiz Rivas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

La diputación Permanente de la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:

Unico. La LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, se adhiere y apoya las manifestaciones de rechazo por la difusión que autoridades federales y particularmente la Procuraduría General de la República llevan a cabo en la utilización del nombre de los estados o ciudades, para denominar a las distintas organizaciones criminales o delictivas incluyendo al narcotráfico, independientemente de su existencia o no en dichas ciudades.

Remítase el presente acuerdo a las legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República.

Guanajuato, Guanajuato, a 6 de septiembre de 2001.— Diputados: Enrique Ortiz Rivas, presidente y Ricardo Alfredo Ling Altamirano, secretario.»

Túrnese a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 26 de julio próximo pasado aprobó el acuerdo económico número 199/01 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se autoriza a esta legislatura jalisciense por conducto del contador mayor de Hacienda, para celebrar convenio con esa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que de forma conjunta practiquen una auditoría a la Universidad de Guadalajara en sus ejercicios fiscales 1999 y 2000.

El convenio de referencia deberá establecer las bases de la auditoría a realizar y las atribuciones de cada órgano de fiscalización, para ello, por su conducto, remítase copia de este acuerdo a la comisión de inspección de esa alta soberanía nacional, para que conforme a su legislación y atribuciones, validen el presente acuerdo.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía jalisciense, envío a ustedes el acuerdo de referencia en forma de notificación personal para los efectos conducentes y si a bien lo tienen, informen a la brevedad a esta legislatura, el resultado de las gestiones parlamentarias que realicen.

Guadalajara, Jalisco, 30 de julio de 2001.— El oficial mayor, Leonardo García Camarena.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, se permite remitir a esta soberanía su propuesta de reforma fiscal, con objeto de buscar los caminos hacia una reforma fiscal justa y equitativa.

Mucho agradeceremos turne a todos los coordinadores de los grupos parlamentarios la propuesta y a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2001.— El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, Martí Batres Guadarrama.»

Consensuar, mediante el debate serio y respetuoso, la propuesta "única" del PRD en materia de reforma fiscal integral.

Es de urgencia nacional precisar la vinculación que existe entre el objetivo de un desarrollo sustentable, capaz de generar el nivel de empleo requerido por la creciente población; la necesidad de promoverlo mediante un sistema democrático de planeación estratégica de los recursos regionales y la de prever su financiamiento mediante la reforma fiscal integral.

Los objetivos enunciados previamente no se pueden cumplir sin la participación del Estado democrático-social en la economía como promotor, regulador y corrector de desequilibrios, con base en una planeación regional que se concentre en los sectores estratégicos y prioritarios de la economía.

IV. Reestructuración de las finanzas públicas y del sistema de banca y crédito.

Primer Eje Estratégico: Reconstrucción de una economía productiva y sustentable.

Segundo Eje Estratégico: Desarrollo Social (Estado con Responsabilidad Social)

• Educación integral: desde preescolar, básica y superior, hasta investigación y desarrollo.

Tercer Eje Estratégico: Responsabilidad de los gobiernos locales y fortalecimiento.

•Asentamientos humanos planeados y consensuados v.s. asentamientos irregulares.

• Fortalecimiento y sustentabilidad de la economía nacional con base en el mercado interno.

La escolaridad promedio de la población mayor de 15 años es de 7.5 años, contra 15 de nuestros socios comerciales.

Existe un rezago en el medio rural y urbano marginado en el mantenimiento de escuelas y prevalece la falta de mobiliario y equipo básico.

Hay en México alrededor de 3.4 millones de personas que carecen de algún tipo de cobertura de salud.

El 20% del equipo médico del IMSS tiene una antigüedad promedio de 22 años (la vida útil de 7 a 10 años ).

La transición epidemiológica y el aumento en la esperanza de vida han generado la aparición de enfermedades cuyo tratamiento es más costoso.

Entre 1997 y 1998 se incorporó al presupuesto federal el costo de la reforma del IMSS; falta incorporar el costo de una reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, estimado en 17 mil 500 millones de pesos al año.

El 42.8% de la población infantil pobre en el medio rural se encuentra en situación de desnutrición.

Uno de cada 10 niños pobres entre 8 y 12 años y casi la mitad de entre 13 y 17 años, no asisten a la escuela.

Un programa integral de combate a la pobreza para 25 millones de mexicanos, se requieren 13 mil 734 millones de pesos al año.

El estado físico de la red federal de carreteras muestra un rezago en conservación y mantenimiento de aproximadamente 20 años.

Con los recursos asignados en el presupuesto de 1998 hacia el año 2000 se mantuvo el 22% en buen estado, el 27% en condiciones regulares y el 51% en mal estado.

Es necesario concluir la descentralización de la educación y de los sistemas de salud, además de la imperiosa necesidad de llevar a cabo la construcción de un nuevo "pacto hacendario".

Durante los últimos dos años la producción de los principales cultivos se ha reducido de manera considerable.

El PIB agropecuario en el 2000, medido a precios de 1993, es inferior al alcanzado en 1995.

Se requieren 39 mil millones de pesos anuales adicionales para abatir el rezago en el sector.

Los requerimientos de gasto adicional diferentes a los requerimientos originados por el costo de la deuda, el rescate bancario y el déficit actuarial de los sistemas de pensiones (IMSS e ISSSTE) se estiman en

• Técnico: mejor administración de los impuestos y funcionamiento fiscal y financiero del gobierno, las empresas y las familias.

• Económico: mayor recaudación tributaria y mayor inversión pública y gasto social.

• Político: fortalecimiento de las finanzas estatales y de la capacidad de gasto público. Un estado pobre es un lastre para la sociedad.

• La reforma debe articular a este eje las medidas referidas al IVA y al régimen fiscal de Pemex.

• La reforma no puede perder recursos provenientes de la renta de las empresas y debe aumentar la recaudación de las personas físicas.

• Los principios que tienen que regir en la gestión del impuesto sobre la renta son:

• Todas las personas que conforman la PEA y reciben un ingreso son contribuyentes.

• Se acumulan todos los ingresos de las personas físicas (excepto cuotas del IMSS e Infonavit y las demás prestaciones sociales que marca la ley), a fin de ser efectivamente progresiva.

• Los impuestos directos son la base de los ingresos tributarios en las economías desarrolladas.

• Nuestra propuesta de reforma del ISR es radical y no persiste en adecuar y parchar una ley que es inoperante y compleja para las autoridades y los contribuyentes.

• Establecer la obligación de que todos los mexicanos y residentes que realicen una actividad productiva, independientemente de su actividad y nivel de ingresos, tengan un registro fiscal y presenten su declaración.

• Los individuos deberán acumular todos los ingresos que reciben: sueldos, honorararios, intereses, dividendos, regalías y rentas.

• Deberán quedar exentos los ingresos de hasta cuatro salarios mínimos para todas las personas.

• Establecer un impuesto especial progresivo sobre donaciones, herencias y legados.

• Para fomentar a la micro pequeña y mediana empresas, se propone que su contribución se efectúe con base en la tarifa progresiva única, estableciendo adecuadamente los límites para no subgravar grandes empresas en este régimen.

• Dar facilidades e incentivos a quienes se desempeñan en la economía informal para que se incorporen al régimen fiscal.

• Quitar la calidad de exentos a los ingresos derivados de operaciones bursátiles y algunos intereses provenientes de crédito cuyo acceso es restringido (bonos y obligaciones emitidos por el Gobierno Federal y organismos internacionales).

• Reconocer el principio de especulación en la bolsa (aplicable a las operaciones de corto plazo), con una tarifa especial por tratarse de un ingreso especulativo.

• Derogar la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) para personas físicas con el objeto de que acumulen todos sus ingresos, incluyendo dividendos y paguen el impuesto que les corresponde.

• Las prestaciones de seguridad social y vivienda (IMSS e Infonavit) se consideran un derecho de clase constitucional y deben quedar exentas.

•Debe mantenerse el actual régimen de exención a las demás prestaciones sociales.

• La propuesta del PRD del impuesto sobre la renta beneficia a quienes perciben ingresos bajos y medios con tasas menores y mantiene la tasa del 40% para los de mayores ingresos.

• El PRD mantiene el crédito fiscal para quienes perciben hasta cuatro salarios mínimos.

Del 15% al 0%: teléfono público, telégrafo, correo, giros, fax público, petróleo, carbón, leña, velas y veladoras.

Del 15% al 10%: vestido, calzado, refrescos, jugos, agua purificada, gas y electricidad domésticos, uniformes y útiles escolares, transporte ferroviario, bicicletas, batidora, licuadora, máquina de coser, plancha, vajillas, diversos artículos de limpieza, focos, papel sanitario, calentador de agua, estufa y lavadora.

Del 15% al 10%: refrigerador, tanques de gas, ventilador, anteojos, aparatos ortopédicos, material primeros auxilios, vitaminas, hierbas medicinales, radio, TV, juguetes, toallas sanitarias, pasta y cepillos dentales, pañales desechables, jabón de tocador, navajas y rastrillos, crema de afeitar, cepillo y peine, desodorantes, champús, artículos y accesorios para bebé.

Restaurantes y similares, bebidas alcohólicas, tabaco, automóviles y camionetas, transporte aéreo, paquetes turísticos, alojamiento temporal, cuotas autopista, lanchas y yates, reparación de vehículos, aceites y lubricantes, servicios de mensajería, teléfonos celulares, bíper, telex, internet, aspiradoras, aire acondicionado, teléfonos, cocinas integrales, objetos ornamentales, compra y cuidado de animales domésticos, instrumentos musicales, artículos de cacería, artículos de jardinería.

Cassettes, discos, artículos y equipo audiovisual (exc. radio y televisión), artículos de fotografía y video, revelado, juegos electrónicos, espectáculos públicos, centros nocturnos, TV cerrada, joyería fina, baños y masajes, permanentes y tintes, manicure, rasuradora, secadora de pelo, seguros de daños, de vida y de automóviles, servicios profesionales (excepto médicos y similares).

• Se mantienen las tasas cero y exenciones vigentes ( excepto espectáculos públicos).

• Se desgravan (del 15% al 10%) los bienes básicos y de consumo generalizado actualmente gravados (26 mil millones).

• Se obtiene una captación adicional, al 100% de eficacia recaudatoria, de 7 mil millones.

• El 50% más pobre de la población se beneficia con 5 mil millones, y los primeros 7 deciles con 7 mil 500 millones. El 20% más rico paga 15 millones más.

• El modelo de federalismo vigente se encuentra agotado y profundamente cuestionado y por ello es necesario transformarlo radical y democráticamente.

• Garantizar que ninguna entidad federativa reciba menos recursos de los actuales.

• Implementar un sistema de información oportuna y confiable de los recursos federales que corresponde a las entidades federativas.

Satisfacer las demandas planteadas, entraña distinguir al menos dos etapas:

• Primera etapa. Coincide con la aprobación de la reforma fiscal en curso, es viable:

• Garantizar que ninguna entidad federativa reciba menos recursos de los actuales.

Segunda etapa. Sin embargo, es prerrequisito celebrar la IV Convención Nacional Fiscal, para:

Reorientación de los subsidios implícitos en las tarifas del servicio de energía eléctrica.

Transformar los subsidios implícitos y generalizados en las tarifas eléctricas hacia una política de subsidio al consumo de electricidad que beneficie a quien más lo necesite.

Para elevar la relación precio/costo de la electricidad suministrada 0.69% Þ 0.77%

El objetivo: concentrar los subsidios en la población de muy bajos ingresos y aquella con temperaturas extremas.

Sin embargo, debido a que la población sólo puede ser identificada por sus niveles de consumo. Hoy sólo se puede definir una política de resignación de subsidios en función del consumo.

• 50% (6 mil 291 millones) irían a la Hacienda Federal por concepto de pago de aprovechamiento.

• 50% (6 mil 291 millones) a CFE y LFC, como partida presupuestal exclusiva para expansión de generación o mantenimientos mayores.

• Subdeclaración de ingresos de las personas físicas y morales, que lleva a decidir prácticamente cuanto impuesto se paga.

• Hay mucha desigualdad en el tratamiento de los causantes, por favores y relaciones de poder.

• Informalidad. La OCDE la ubica entre el 20% y 44% del PIB; la OIT en 57% del PIB.

• El IVA pierde capacidad recaudatoria y como mecanismo de control sobre el ISR.

• Falta de control en la prestación de servicios de trabajadores independientes.

• Con esta base se puede estimar una pérdida gruesa de recaudación de cerca de 90 mil millones de pesos sólo en el IVA.

• Esto se compara con los 91 mil millones que la iniciativa de SHCP espera captar con el IVA a los alimentos.

• El combate frontal a la evasión podría generar una recaudación adicional del 3% del PIB, alrededor de 180 mil millones de pesos.

• Abrir un amplio debate técnico y político sobre la gran evasión fiscal que hay en el país.

• Cualquiera que sea la configuración final de la reforma tributaria, su eficacia será limitada sin una revisión profunda de la administración de los impuestos.

• Esto involucra a la SHCP, al SAT, a la Procuraduría Fiscal, a la PGR, al Poder Judicial y a las tesorerías de los gobiernos de los estados.

Esto involucra la política de gasto público o sea, la asignación de los recursos.

• Nombramiento por el Congreso del director general del SAT por un periodo de 7 años.

• Obligación legal de diseño de planes anuales de incremento de la productividad promedio de los impuestos, de reducción de la tasas de evasión y elusión fiscales y de simplificación administrativa.

Nuestras propuestas de reforma hacendaria y en particular en el tema fiscal deben considerar los cambios ocurridos en la economía mundial. Entre ellos, la importancia que han adquirido los flujos de capital que circulan todos los días entre los principales centros financieros. Buena parte de estos flujos son capital especulativo y sólo una mínima parte corresponde a los intercambios comerciales y a la inversión extranjera directa.

Por lo anterior y tomando en cuenta que esos flujos especulativos han sido la causa de crisis severas en distintas regiones del mundo, incluyendo México, se ha iniciado una campaña mundial a favor del impuesto Tobin, que es un gravamen que se aplica a las transacciones en divisas que se realizan entre distintos países.

Dicha campaña cuenta ya con el apoyo de distintos parlamentos y gobiernos del mundo y tiene como propósito:

• Contribuir a la regulación y moderación de los flujos de capitales especulativos.

• Crear un fondo especial, a cargo de las Naciones Unidas, con los recursos obtenidos por este impuesto que se destinaría a aliviar la pobreza en el mundo.

• Iniciar una reestructuración del sistema financiero internacional que permita evitar las crisis derivadas de la especulación y otorgar mayor estabilidad y certeza a la comunidad económica internacional.

En la medida en que este impuesto sería resultado de un acuerdo internacional en el que participaran las principales economías del mundo, no se contempla su adopción por nuestro país de manera aislada.

• Que las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de Relaciones Exteriores del Senado se aboque al estudio de esta propuesta para que, en su caso, apoyen su adopción a nivel internacional.

• Solicitar al Ejecutivo Federal manifieste su apoyo ante los organismos financieros y económicos internacionales para la adopción de esta medida u otras similares que establezcan medidas de cooperación internacional para combatir la especulación financiera y otorguen mayores recursos para la ayuda a los países pobres.

• Establecer mecanismos de coordinación entre los distintos parlamentos del mundo, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil que apoyan esta propuesta con el objeto de difundirla, actuar juntos y proporcionar su adopción internacional en el futuro inmediato.

México, D.F., a 27 de septiembre de 2001.— Comisión de Reforma Hacendaria Alternativa.— Cámara de Diputados: coordinador Martí Batres Guadarrama; vicecoordinador Gregorio Urías Germán; área económica Miroslava García Suárez; diputados: Tomás Torres Mercado; Erick Villanueva Mukul, José Antonio Magallanes, Magdalena Núñez Monreal, Rosalinda López Hernández y Rafael Servín; asesores: Joaquín Torres Osorno, Raúl Carvajal Cortés y José Luis Zúñiga Jiménez.

Cámara de Senadores: coordinador Jesús Ortega Martínez; vicecoordinador Demetrio Sodi de la Tijera; área económica Ricardo Gerardo Higuera, senador Rodimiro Amaya Téllez; asesores: Julio Boltvinik, León Bendesky, Víctor Godínez, Gregorio Rodríguez, María Elena Domínguez, Jorge López, Mario Maldonado y Jesús Méndez Figueroa.

Comité Ejecutivo Nacional: Amalia García Medina, Jesús Zambrano Grijalva, maestra Ifigenia Martínez, Abelardo Torres Cortez, Armando Tiburcio Robles, Carlos Navarrete Ruiz, Carlos Sotelo García, Eduardo Espinoza Pérez, Fidel Robles Guadarrama, Humberto Zazueta Aguilar, Juan José García Ochoa, Martha Dalia Gastelum, José Antonio Rueda, Martha Lucía Micher Camarena, Saúl Vicente Vázquez y Lorena Villavicencio.

Gabinete Económico: Jorge Calderón Salazar, Octavio Cortés Gutiérrez, Pablo Gómez Alvarez, Ricardo García Sainz, Saúl Escobar Toledo y Sergio Benito Osorio; asesores: Carlos Huerta, Daniel Fajardo y Heidi López.»

Como lo solicita, remítase a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

La LVI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 31 de agosto próximo pasado, aprobó el acuerdo económico número 230/01, mediante el cual, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se eleva ante esa alta soberanía nacional, iniciativa de ley que reforma los artículos 145 y 170, de la Ley del Seguro Social, conforme al texto del acuerdo que se acompaña, para los efectos legales procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.

Guadalajara, Jalisco, 5 de septiembre de 2001.— El oicial mayor, Leonardo García Camarena.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso

El suscrito, diputado integrante de esta LVI Legislatura, Salvador Caro Cabrera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción I y 35, fracción I de la Constitución Política, así como lo dispuesto por los numerales 85, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, someto a la elevada consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo económico, que envía una iniciativa de ley al honorable Congreso de la Unión y emite solicitudes a diversas autoridades federales con relación al tema de las pensiones que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo las siguientes

1. Que el pasado 25 de abril en sesión ordinaria el Senado de la República aprobó un decreto que reforma y adiciona el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de perfeccionar nuestro sistema de seguridad social, concretamente para mejorar el ingreso de los jubilados y pensionados que han visto deterioradas en los últimos años su capacidad adquisitiva y expectativas de una mejor calidad de vida. El fortalecimiento de sus ingresos se daría a través de la denominada pensión dinámica, que consiste en una manera más justa de determinar el incremento del monto de las pensiones que reciben los jubilados y pensionados del ISSSTE, ya no con base en el aumento del salario mínimo general para el D.F, sino, en primer término, con base en el ingreso de los trabajadores en activo y, en segundo término, con el Indice Nacional de Precios al Consumidor.

2. Que el adecuar el método en que se basa el incremento anual al monto de las pensiones no es una necesidad propia de los trabajadores al servicio del Estado, sino de todo aquel trabajador que cuenta con la posibilidad de recibir una pensión por parte del Estado, por ejemplo, a través del IMSS, ya que ellos también han visto rezagados sus ingresos con respecto al aumento de los precios con lamentables consecuencias como el no poder cubrir siquiera sus necesidades básicas.

3. Que según datos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, a diciembre de 2000 existen en nuestro país un total de 1 millón 782 mil 602 pensionados, el 2.1% más con respecto al año anterior.

4. Que actualmente una persona pensionada por el IMSS puede recibir mensualmente un importe de hasta 1 mil 595 pesos, con 50 centavos, monto que evidentemente no alcanza para pagar renta, luz, agua, gas, comida, vestido, educación y demás gastos que cualquier persona debe solventar para vivir en condiciones mínimas de dignidad. Basta mencionar que en el dictamen presentado por las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos del Senado de la República, en torno a las pensiones dinámicas se señala que el costo de la canasta básica es de 3 mil 377 pesos.

5. Que resulta imperativo que los ingresos de los pensionados del IMSS se vean fortalecidos con un incremento que vaya acorde con los aumentos en los precios de los productos y servicios que la ciudadanía más consume y que una medida adecuada para fortalecer el ingreso de este sector de la población es establecer parámetros que vayan más apegados al comportamiento general del alza de los precios en nuestro país.

6. Que es obligación del Gobierno de México el garantizar la seguridad social de todos los ciudadanos, pero particularmente de aquellos que han dedicado su vida entera al crecimiento y desarrollo de nuestro país. El Estado está obligado a cumplir con el compromiso que contrajo con toda la clase trabajadora a partir de la lucha revolucionaria.

7. Es importante destacar que asociaciones muy representativas de pensionados, jubilados y viudas han hecho sentir la necesidad de una reforma en este sentido; esos grupos han enviado cartas dirigidas tanto al gobernador del Estado de Jalisco, como al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en las que solicitan "un aumento justo y real a las pensiones de los derecho-habientes del IMSS y el ISSSTE" para poder solventar los gastos familiares, entre otras peticiones.

8. La presente iniciativa pretende generar un marco que nos permita resarcir lo mucho que la clase trabajadora ha hecho por el país, mediante la implementación de un mecanismo de incremento de las pensiones que esté indexado a los índices de inflación mensual. Debemos quitarles la idea a nuestros pensionados de que son una carga molesta y pesada para nuestra nación.

Por lo que se propone, con fundamento en los artículos y hechos señalados, el siguiente

Que envía una iniciativa de ley al honorable Congreso de la Unión y emite varios comunicados y solicitudes a diversas autoridades federales, con relación a los pensionados del IMSS.

Artículo primero. Envíese al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con el cuerpo de la iniciativa del presente acuerdo económico como exposición de motivos, la siguiente

Artículo único. Se reforman los artículos 145 y 170 de la Ley del Seguro Social, para quedar como siguen:

"Artículo 145. Las pensiones por invalidez y vida otorgadas serán indexadas a los índices inflacionarios mensuales, por lo que su incremento será mensual y en la misma proporción a la inflación registrada en ese periodo. .

Artículo 170. Pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal, en el momento en que entre en vigor esta ley, cantidad que se actualizará mensualmente de acuerdo a la inflación registrada en el mes, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión."

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En caso de que la inflación resulte inferior a cero en un mes dado, las pensiones se mantendrán en el mismo nivel que hasta ese momento tengan.

Artículo segundo. Gírese atento oficio al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, solicitándole implementar todas las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en los artículos antes referidos en este acuerdo económico.

Artículo tercero. Gírese atento oficio al secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, solicitándole implementar todas las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en los artículos antes referidos en este acuerdo económico.

Guadalajara, Jalisco, 31 de agosto de 2001.— Diputado Salvador Caro Cabrera.»

Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Continuando con el capítulo de iniciativas, se concede el uso de la palabra al diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con su venia, diputada Presidenta; secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

«Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por el que se adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se fundamenta bajo la siguiente

El ciudadano que se ha escogido para desempeñar una función pública debe comprobar, por medio de su comportamiento, que posee aquellas cualidades requeridas para hacerlo merecedor de tal investidura. La falta de cumplimiento de los deberes de la función pública por los empleados públicos origina responsabilidades de naturaleza diversa con respecto a la acción del Estado.

El funcionario y el empleado público están subordinados a la ley de la materia, por eso, están obligados a responder de sus actos públicos. La responsabilidad en la función pública es la obligación en que se encuentra el servidor del Estado.

Debe considerarse al trabajador al servicio del Estado como servidor público debido a la naturaleza del servicio a la sociedad que comporta su empleo, cargo o comisión. Este servicio debe someterse sin reservas, al marco jurídico establecido.

El servidor público en el desempeño de su cargo puede incurrir en faltas o delitos, que deben ser reprimidos para mantener una eficaz y justa administración. Esto origina diversos tipos de responsabilidad como la administrativa, política, penal, civil, a que queda sujeto el servidor y asegura una eficaz actuación de los órganos públicos.

El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos ha sido preocupación constante de Acción Nacional. Esta iniciativa en particular, pretende establecer la responsabilidad en el ámbito constitucional de todos los servidores del Estado, independientemente del cargo, empleo o comisión que desempeñen, así como del órgano al cual presten sus servicios.

El texto vigente del artículo 108 constitucional, extrañamente omite incluir a la totalidad de los servidores del Estado dentro de la categoría de servidor público, ya que considera dentro de esta categóricamente:..."a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder de Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal"; excluyendo del concepto de servidor público, a aquellos empleados del Estado que por la naturaleza de su función también debieran ser considerados como servidores públicos. Tenemos así que, el Secretario General de esta Cámara de Diputados, por ejemplo o más aún, el secretario de Servicios Administrativos y Financieros de este órgano Legislativo, no son considerados servidores públicos por nuestra Constitución Política. Ello implica, que la posibilidad técnica de aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a estos funcionarios o cualesquier otro empleado o trabajador de este Poder Legislativo, de la Asamblea del Distrito Federal, del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial del Distrito Federal, queda en entredicho.

En Acción Nacional, consideramos indispensable que se determine con claridad quiénes se consideran servidores públicos y por lo tanto, quiénes podrán ser sujetos de las responsabilidades a que alude el Título Cuarto de nuestra Carta Magna.

Por ello proponemos esta iniciativa que adiciona el primer párrafo del artículo 108 constitucional, en la que incluimos a los empleados, funcionarios y servidores del Poder Legislativo, la Asamblea del Distrito Federal, el Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal en general, es decir, no sólo a los legisladores, ministros, magistrados o jueces, sino a todos aquellos que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en éstos órganos y que por su función, puedan encuadrarse en el supuesto establecido en éste título constitucional, ya que no existe justificación alguna para que queden excluidos, en virtud de la naturaleza de las actividades que desempeñan, que son de carácter propiamente público.

Evitaremos con esto, que eventualmente se hagan interpretaciones parciales, sesgadas o tendenciosas respecto a la categoría legal que tienen estas personas como empleados del Estado y como tales a las responsabilidades a que quedan sujetos.

Esta iniciativa, viene a complementar la iniciativa de decreto presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional en la legislatura próxima pasada que propone la derogación, reformas y adiciones al texto de los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, misma que no se ha dictaminado en el término legal establecido, por lo cual nuestro grupo parlamentario ha promovido la excitativa respectiva para que el texto constitucional sea idóneo y la interpretación de los órganos competentes sea precisa en los alcances de la ley y se establezcan los criterios apropiados para fincar responsabilidades a todos aquellos que son realmente servidores públicos de la Federación o del Distrito Federal; contribuyendo con esto, no sólo a desterrar la prepotencia, negligencia y desdén con que suelen conducirse diversos servidores públicos de los distintos niveles, sino a hacer conciencia en la propia comunidad sobre la función de servicio que desempeñan y la pertinencia en exigirles el estricto cumplimiento de sus obligaciones.

Por lo antes expuesto, los suscritos diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional sometemos a su consideración el siguiente

Por el que se adiciona el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se adiciona el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Para las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y el Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo Federal, en la Asamblea del Distrito Federal, en el Poder Judicial Federal, en el Poder Judicial del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 27 de septiembre del año 2001.— Diputado Marcos Pérez Esquer.»

Tiene la palabra el ciudadano diputado Ranulfo Márquez Hernández, a nombre de integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para presentar una iniciativa sobre el reglamento interior de la Unidad de Evaluación y Control.

Acudo hoy aquí a nombre de los diputados que integramos la Comisión de Vigilancia, para cumplir con una disposición de la Ley de Fiscalización y someter a la consideración de esta soberanía, la propuesta para dotar de un ordenamiento jurídico al órgano especializado, que será la unidad de evaluación y de control.

En diciembre pasado esta Cámara aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, como nueva herramienta jurídica para que la representación popular a través de su órgano técnico, que es la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo la revisión de la Cuenta Pública.

Para cumplir a cabalidad con sus disposiciones, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación debe contar con dos reglamentos:

El primero es el reglamento interior de la ahora Auditoría Superior de la Federación. Para este caso, la ley señala que lo expide el auditor superior y lo ratifica la Comisión de Vigilancia.

Quiero comentarles que hace unos días este reglamento ya fue ratificado por la comisión.

El otro reglamento, es el de la Unidad de Evaluación y Control que la propia ley dispone que será aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados a propuesta de la Comisión de Vigilancia. Esa, unidas, compañeros diputados, será un órgano especializado que dependerá de la Comisión de Vigilancia y será su auxiliar en la tarea que tiene encomendada de evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior, particularmente la unidad vigilará el cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y en su caso aplicar las medidas disciplinarias y sanciones administrativas prevista en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con la aprobación de la Ley de Fiscalización se dio un gran paso en el fortalecimiento de uno de los mecanismos de control con que cuenta la Cámara de Diputados, para revisar el ejercicio honesto y eficiente del gasto público.

Incorporar a la ley fundamental el concepto de fiscalización superior, es un factor para la consolidación democrática, para que la actividad gubernamental además de transparente, sea congruente y eficaz en el cumplimiento de los programas que se han aprobado en el Presupuesto de Egresos.

Con la fiscalización superior, además de la revisión contable, se practicarán auditorías al desempeño para saber si los programas gubernamentales se ajustan a los criterios de eficiencia, eficacia y economía. Con estas y otras facultades la Auditoría Superior de la Federación cumple ya con la labor de fiscalización del ejercicio gubernamental. Pero es importante mencionar que su diseño institucional de autonomía técnica y de gestión, permite que su desempeño se realice ajeno a los intereses partidistas o de grupo. Es en este contexto en que la Ley de Fiscalización concibe la creación de un órgano auxiliar de la Comisión de Vigilancia para evaluar el desempeño de las funciones de la auditoría superior.

El propósito central de la creación de un órgano especializado coadyuvante en las labores de los diputados robustecerá la actividad de la entidad de fiscalización. No se trata simplemente de poner vigilancia al vigilante, de ninguna manera. Se trata aquí de que los diputados cuenten con una opinión profesional y especializada para tener elementos de juicio suficientes que hagan posible transmitir a la sociedad que la actividad toda del órgano que se encarga de revisar la Cuenta Pública, está cumpliendo correctamente los objetivos que le marca la Constitución y la ley.

Creo que aquí, compañeros diputados, lo importante no es el gran número de instituciones que podamos crear, sino qué tan capaces somos para hacerlas realmente efectivas. Por ello esta Iniciativa de reglamento cumple con el objetivo de dar objetividad a la función de un órgano auxiliar en las labores de evaluación de la entidad que revisa la Cuenta Pública.

La unidad de evaluación y control se presenta como el medio para resolver espacios innecesarios de discrecionalidad que puedan poner en entredicho la actuación del órgano técnico de esta Cámara, e incluso de la capacidad institucional de la representación popular en el ejercicio de uno de sus meca nismos de control del ejercicio gubernamental.

Una cuestión debe quedar con claridad, la unidad de evaluación y control no restará autonomía a la auditoría superior, ni mucho menos tendrá injerencia en la gestión de la que se vale la auditoría para fiscalizar. La unidad tiene como propósito conocer de manera técnica y profesional si las actividades de la entidad de fiscalización se apegan a la legalidad y si están cumpliendo sus tareas programadas.

Queda claro entonces que vigilar la actividad de la Auditoría Superior de la Federación, de ninguna manera anula el ejercicio de su actividad fiscalizadora, por el contrario, esta evaluación que nace del seno de la Comisión de Vigilancia, coadyuvará al cumplimiento de sus propósitos y para que su actuación transcurra por las vías de la legalidad.

Compañeras y compañeros diputados: la unidad de evaluación y control es una pieza esencial del nuevo esquema de fiscalización y una herramienta que dará confianza y certidumbre a la sociedad, respecto de la actividad del órgano fiscalizador. Es en este tenor el proyecto de reglamento que hoy se pone a la consideración de esta soberanía, plantea contar con la estructura orgánica siguiente:

Un titular de la unidad; un director de evaluación y control de la gestión técnica; un director de evaluación y control de la gestión administrativa; un director de asuntos jurídicos; un coordinador administrativo y un secretario técnico.

La dirección de evaluación y control de la gestión técnica, contará con tres subdirecciones y le corresponderá esencialmente planear, programar y ejecutar la evaluación, seguimiento y control de los programas de auditorías y evaluaciones que realicen la Auditoría Superior.

La dirección de evaluación y control de la gestión administrativa por su parte contará con dos subdirecciones: la de contraloría y la de registro y control patrimonial, y le corresponderá planear las políticas y criterios técnicos y operativos para regular el funcionamiento para la recepción y atención de las quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la auditoría superior.

Finalmente la dirección de asuntos jurídicos tendrá a su cargo una subdirección jurídica. Esta dirección prestará la asesoría jurídica a la unidad, actuará como su órgano de consulta, revisará todo proyecto jurídico de la unidad y será su representante ante los tribunales de la República, entre otros.

Cabe mencionar que para el apoyo de los trabajos de las direcciones y subdirecciones con que contará la unidad, se está proponiendo que en la estructura se cuente con un personal profesional en las áreas de auditoría, de administración y contaduría fiscal y jurídica.

También en esta iniciativa se desarrollan las atribuciones que tendrá la Comisión de Vigilancia en su relación con la unidad, entre las que destacan la autorización para la práctica de auditorías a la entidad de fiscalización, el nombramiento de personal de mando de la unidad, aprobar sus manuales de organización, así como las normas técnicas a las que deberán sujetarse las visitas, inspecciones y revisiones que se practiquen en la auditoría superior, entre otras.

Así la iniciativa consta de 28 artículos sustantivos, contenidos en ocho capítulos, así como tres disposiciones transitorias.

Los diputados de la Comisión de Vigilancia consideramos la importancia de operar a la mayor brevedad posible los trabajos de esta unidad de evaluación y control y de esta manera completar el esquema de fiscalización que se ha venido construyendo.

Por todo lo anterior, compañeros, presentamos a su consideración de la iniciativa de reglamento inierior de la unidad de evaluación y control de la Comisión de Vigilancia, misma que se encuentra apoyada por las corrientes políticas representadas en la comisión.

Dejo aquí en poder de la Secretaría la iniciativa de mérito para el trámite correspondiente que se sirva acordar la Presidencia.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Los que suscribimos, diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 fracción X y 96 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la iniciativa de reglamento interior de la unidad de evaluación y control, de acuerdo con la siguiente

En 1999, el Constituyente Permanente aprobó las reformas a los artículos 74 y 79 de la Constitución, para robustecer la facultad de la Cámara de Diputados en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La adecuación de la Norma Fundamental fue para dar mayor vigor a un mecanismo de control del poder en el ejercicio del gasto público. Así, se creó la entidad de fiscalización superior, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, para revisar la actividad ordinaria del gobierno en el destino y aplicación de los recursos públicos.

La fiscalización superior se aboca al control de la legalidad, de la regularidad, de la operación financiera y de la gestión misma de la administración. pública. Su único límite es el de practicar su fiscalización para sujetar a una estricta disciplina y vigilancia del ejercicio del gasto público y controlar la ejecución de los programas encomendados a las dependencias y entidades públicas.

Por ello el reto ahora es demostrar con acciones que el renovado mecanismo de control, coadyuvará a que la administración pública se desempeñe con eficiencia y transparencia, pues la preocupación contemporánea no está en el número de los instrumentos de control que se puedan crear, sino en la competencia para que se conviertan en verdaderas instituciones de servicio.

El control del poder constituye un principio democrático fundamental, y un elemento del estado de derecho. Sujetar el poder a los límites constitucionales no significa anular el ejercicio de su actividad, sino controlar sus acciones hacia un espacio más racional, hacia un ejercicio en el cual el derecho al buen gobierno sea garantía de que las instituciones funcionen en los términos de eficacia y de eficiencia que el orden constitucional democrático impone.

Quienes creen que el control del poder debilita el ejercicio del mismo, es una percepción que confunde la acción política, que mengua la confiabilidad de las instituciones y se convierte en un obstáculo para la consolidación democrática. Lo cierto es que el poder sujeto a la Norma Fundamental, es garantía de estabilidad, porque la consolidación de un sistema constitucional democrático, es posible cuando el poder es controlado.

La adecuación y fortalecimiento del instrumento de control sobre la fiscalización superior en la gestión del gobierno, sin duda que es un gran avance que se inscribe en la racionalización de la responsabilidad gubernamental y que fortalece también el control parlamentario sobre la actividad misma del gobierno.

La rendición de cuentas es una responsabilidad primaria de todo gobierno representativo, en tanto que provee un control sobre la actividad del gobierno en los programas sociales y en el uso responsable de los recursos públicos.

Los cambios fundamentales de la reforma constitucional aludida, se enfocan a la autonomía de la entidad de fiscalización superior para decidir sobre su organización interna y los alcances de su función. Autonomía que le permitirá participar en proyectos para normar el control de los procesos de gestión del Estado, a su análisis de la Cuenta Pública, a la planeación de plazos más cortos en las etapas de revisión para lograr resultados más oportunos;. a la intervención y orientación que prestará en la fiscalización de recursos federales asignados a entidades federativas y municipios y a la ampliación de sus facultades para sancionar directamente a los infractores.

Las auditorías y sus resultados alentarán la promoción de un gobierno productivo y responsable, orientado a procurar el bienestar y el desarrollo de la población. La reducción de los tiempos, tanto para elaborar información, como para analizarla y, en algunos casos, para cerrar revisiones, permitirá a los diputados y a la sociedad mexicana, conocer con oportunidad el destino y uso de los recursos públicos.

Un enfoque complementario de la reforma constitucional, es el de centrar el interés de la administración pública en la eficiencia de la operación, en el logro de mejores resultados y en la economía al momento de aplicar recursos, porque la finalidad última de la fiscalización, es fomentar la correcta aplicación de los recursos públicos y promover las sanas prácticas administrativas en todas las instituciones nacionales.

En este orden de ideas, la Comisión de Vigilancia acude ante esta Asamblea para presentar a su consideración la iniciativa de reglamento de un órgano técnico, profesional y especializado que le auxiliará en sus labores, cumpliendo así una disposición de la Ley de Fiscalización Superior, reglamentaria de la Norma Fundamental en la materia.

La Ley de Fiscalización prescribe que la Comisión de Vigilancia contará con un órgano al que se denominará unidad de evaluación y control, que será el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la entidad de fiscalización superior de la Federación.

Dentro de un marco democrático de respeto institucional y de vigencia del marco constitucional resulta de la mayor importancia el que podamos construir y salvaguardar la credibilidad de nuestras instituciones. Esto es así, porque la unidad de evaluación y control dará certidumbre y generará confianza ante la población, de que la Auditoría Superior de la Federación está realizando su labor conforme lo marca nuestra Constitución y su ley reglamentaria.

La función de la evaluación y control forma parte del proceso de la vigilancia que la Cámara de Diputados ejerce sobre su órgano técnico de fiscalización superior. La función que desarrolle la unidad de evaluación en el futuro, dará seguridad para conocer de manera técnica y profesional, si las actividades de la auditoría superior se apegan a la legalidad y se llevan a cabo en la forma programada.

En el diseño de la presente iniciativa, los integrantes de la Comisión de Vigilancia, refrendan el principio constitucional del respeto a la autonomía técnica de la Auditoría Superior de la Federación en el diseño de las auditorías o revisiones hacia los entes fiscalizados y así se infiere del documento que hoy se pone a la consideración de esta Asamblea.

Tampoco debe entenderse que la función de la unidad de evaluación restará atribuciones o anulará el ejercicio de la actividad de la auditoría superior. al contrario, creemos que la función del órgano especializado dará mayor fortaleza a la función de la entidad de fiscalización, pues dará cuenta oportuna de que se está trabajando correctamente, con objetividad y transparencia.

La vigilancia, evaluación y el control de cualquier institución republicana, genera mayor certidumbre y confianza de la población en la actividad de las dependencias públicas y en las acciones de gobierno y que los actos del servidor público se apeguen a las disposiciones legales.

Es indudable que la unidad de evaluación fortalecerá la actividad de la entidad de fiscalización, porque será la voz vigilante, el observador que expondrá la crítica constructiva para impulsar las labores del ente fiscalizador y a la vez darle a la auditoría superior el voto de confianza ante la sociedad de que está trabajando con objetividad, honestidad y eficiencia.

Esta unidad de evaluación será garantía para la representación popular y para la sociedad, de que la auditoría superior se conduce de acuerdo con los principios de transparencia, imparcialidad, sanción, así como prevención de conductas infractoras. Principios que se han establecido dentro de la noción de gobernabilidad y del buen gobierno, sobre todo porque la transparencia es un principio inmanente de la democracia política, cuyo ejercicio robustece la relaciones entre el Estado y la sociedad.

Sin duda que la unidad será una herramienta que auxiliará la labor de la Comisión de Vigilancia en su encomienda de evaluar el desempeño del órgano técnico de la Cámara de Diputados, particularmente en lo que toca al cumplimiento de la legalidad.

Es innegable que la intención de la disposición de la ley para crear la unidad de evaluación y control, tiene el propósito de insertar la actividad del órgano de fiscalización a un ejercicio democrático y transparente. Será una nueva práctica y forma de coordinación con el órgano técnico revisor de la Cuenta Pública, que le permitirá tener referentes claros para orientar y mejorar su función.

El descrédito que afecta a las instituciones destruye el grado de confianza que la ciudadanía debe tener en éstas, por ello, la credibilidad es un asunto de gran trascendencia. El reto entonces, es reforzar los instrumentos de control para recuperar la confianza de los mexicanos, tanto en su representación política, como en la administración de los recursos públicos.

Sujetar la actuación de la administración pública a los límites constitucionales, es un elemento indispensable que le da consistencia a la democracia. Ese fue uno de los argumentos que dio sustento a la reforma constitucional en materia de fiscalización superior, de crear órganos de control que eliminen la discrecionalidad en el manejo y destino de los fondos públicos, así como generar una nueva cultura en la rendición de cuentas, auxiliar en el combate de la corrupción y abatir la impunidad.

La presente iniciativa desarrolla las disposiciones que contiene la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en lo que respecta a la función de la unidad de evaluación y control. En razón de ello y de manera general, en este apartado se menciona el objeto de dicho órgano, de su estructura y sus principales funciones.

La ley de la materia dispone que la unidad de evaluación y control formará parte de la estructura de la Comisión de Vigilancia, y será el órgano especializado de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de aplicar, en su caso, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Consecuentemente, el proyecto de ordenamiento que hoy se pone a la consideración de este pleno, tiene por objeto regular la actividad del órgano técnico especializado de la Comisión de Vigilancia, denominado por la ley "unidad de evaluación y control".

Con base en el artículo 96 de la ley, en la iniciativa de reglamento se propone que la unidad cuente con la estructura y los servidores públicos siguientes: titular de la unidad, director de evaluación y control de la gestión técnica, director de evaluación y control de la gestión administrativa, director de asuntos jurídicos, coordinador administrativo y un secretario técnico.

La dirección de evaluación y control de la gestión técnica, contará con tres subdirecciones, a saber: de evaluación y control de planeación y programas de evaluación y auditorías, de devaluación y control de revisiones programático presupuestales y económico financieras, y por último, la subdirección deevaluación y control de revisiones de regularidad.

Por su parte, la dirección de evaluación y control de la gestión administrativa, contará con las siguientes subdirecciones: la de contraloría y la de registro y control patrimonial. A su vez, la dirección de asuntos jurídicos tendrá a su cargo la subdirección jurídica.

Para el apoyo de los trabajos de las direcciones y subdirecciones de la unidad, en la estructura se ha contemplado contar con personal profesional, en las áreas de contaduría, auditoría, administración y jurídica.

En el Capítulo II del proyecto de reglamento, se desarrollan las atribuciones que tendrá la Comisión de Vigilancia en su relación con la unidad, entre las que destacan: la propuesta para el nombramiento del titular de la unidad; el nombramiento de su personal de mando; aprobar sus manuales de organización y las normas técnicas a las que se deberán sujetarse las visitas, inspecciones y revisiones que se practiquen a la auditoría superior, entre otras.

En el Capítulo III se detallan las atribuciones de la unidad. Las atribuciones que se contienen en este capítulo tienen su base en el artículo 92 de la Ley de Fiscalización Superior.

En el Capítulo IV, se expresan las atribuciones con las que contará el titular de la unidad de evaluación y control, señalando que durará en su encargo con posibilidad de una reelección.

En el Capítulo V, se señalan las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las direcciones de la unidad, para que ejerzan una acción coordinada y se logren los objetivos que marca la ley.

Se plantea que la dirección de la gestión técnica, tenga principalmente, la atribución de planear, programar y ejecutar la evaluación, seguimiento y control de los programas de auditorías y evaluaciones que realiza la auditoría superior; verificar que los servidores públicos de la auditoría superior se apeguen a la normatividad y cumplan con las normas generales de auditoría pública; evaluar el contenido de los informes de la auditoría superior e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la entidad de fiscalización superior.

Por lo que toca a la dirección de la gestión administrativa, se plantea que tenga atribuciones sobre la planeación de las políticas y lineamientos para regular el funcionamiento de la atención de quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la entidad; investigar los actos de los servidores públicos de la entidad, que puedan constituir probable irregularidad o responsabilidad administrativas; llevar y dirigir el registro, evaluación y control de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la auditoría superior, entre otras.

Por lo que corresponde a las atribuciones de la dirección de asuntos jurídicos, resaltan las siguientes: ser el representante legal del titular de la unidad ante los tribunales de la República y demás autoridades administrativas; ejercitar las acciones judiciales, civiles y administrativas en las que la unidad sea parte; dictaminar sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la auditoría superior; sancionar los proyectos de recomendaciones derivados de las auditorías practicadas a la entidad; dictaminar las solicitudes sobre la responsabilidad de indemnizar a particulares, por reparación del daño atribuibles a servidores públicos de la auditoría superior y dictaminar sobre la existencia de motivos de remoción de los auditores especiales de la entidad de fiscalización superior.

Al final del capítulo quinto del proyecto de reglamento, se expresan las atribuciones que corresponderán a las subdirecciones que estarán adscritas a cada una de las direcciones.

En el Capítulo VI, la iniciativa de reglamento plantea que los trabajadores de la unidad se clasifiquen como trabajadores de confianza, y que las relaciones de trabajo se rijan conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 constitucional.

Finalmente, en el capítulo séptimo se mencionan los requisitos para ocupar los cargos de directores y coordinador administrativo de la unidad y el Capítulo VIII, se encarga de regular los casos de ausencias tanto del titular de la unidad, como el demás personal de mando.

En síntesis, este es, señores diputados, el proyecto de reglamento que la Comisión de Vigilancia presenta para regular la función de la unidad de evaluación y control.

Seguramente que la práctica nos irá diciendo si los objetivos que se están planteando en este documento, se están cumpliendo a cabalidad o que está ejecutando correctamente las disposiciones contendidas en la ley de la materia, porque de no ser así, se plantearían en su oportunidad las reformas que el campo de la praxis nos vaya indicando.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, nos permitimos someter a esta Cámara de Diputados la presente

Artículo 1o. El presente reglamento tiene por objeto regular la actividad del órgano técnico denominado unidad de evaluación y control.

Artículo 2o. La unidad de evaluación y control es el órgano técnico de la Comisión de Vigilancia, que tiene a su cargo vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como las demás que expresamente le encomiende la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Comisión: la Comisión de Vigilancia del órgano técnico de la Cámara denominado por la Ley de Auditoría Superior de la Federación.

Auditoría superior: el órgano técnico de la Cámara denominado por la ley como Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 4o. Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la unidad contará con los servidores públicos y las direcciones siguientes:

II.1. Subdirección de evaluación y control de planeación y programas de evaluación y auditorías.

II.2. Subdirección de evaluación y control de revisiones programático presupuestales y económico financieras.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el titular de la unidad contará con una secretaría particular, la que ejercerá las funciones que acuerde el titular y los manuales de organización que apruebe la comisión.

Artículo 5o. La unidad, por conducto de sus servidores públicos y direcciones, llevará a cabo sus actividades en forma programada y conforme a las políticas que para el logro de sus objetivos establezca su titular con el acuerdo de la comisión.

Artículo 6o. La comisión se apoyará en la unidad, para evaluar si la auditoría superior cumple con las funciones que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, le corresponden.

I. Proponer en los términos de la ley al pleno de la Cámara, el nombramiento o remoción del titular de la unidad;

II. Aprobar y presentar al pleno de la Cámara, por conducto de la Junta de Coordinación Política, el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad;

III. Aprobar el programa anual de actividades, el manual general de organización, lineamientos y criterios generales, y demás manuales administrativos de la unidad;

IV. Aprobar las normas técnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditorías que se practiquen a la auditoría superior;

V. Ordenar a la unidad, la práctica de auditorías, inspecciones y visitas a la auditoría superior, para que las practique por sí o de manera externa;

VI. (sic) Autorizar la solventación de las recomendaciones formuladas a la auditoría superior, derivadas de las revisiones practicadas por la unidad, y vigilar que hayan sido plenamente atendidas;

VIII. Autorizar la presentación de denuncias o querellas ante la autoridad competente, imputables a los servidores públicos de la auditoría superior;

X. Autorizar el nombramiento y remoción del personal de mando de la unidad, a partir del nivel de director;

XI. Autorizar el nombramiento y remoción de los trabajadores de confianza, con que cuente la unidad;

XII. Interpretar el presente reglamento, aclarar y resolver las consultas sobre su aplicación;

XIV. Las demás que se deriven de la ley, del presente reglamento y de los acuerdos de la Cámara.

I. Vigilar que los servidores públicos de la auditoría superior de la Federación se conduzcan en términos de lo dispuesto por la ley y demás disposiciones legales aplicables;

II. Por acuerdo de la comisión, practicar por sí o a través de auditores externos, auditorías, visitas e inspecciones, para verificar el desempeño, el cumplimiento de objetivos y metas de los programas anuales de la auditoría superior, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta;

III. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del auditor superior de la Federación y demás servidores públicos de la auditoría superior, iniciar investigaciones y, en su caso, con la aprobación de la comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

IV. Conocer y resolver el recurso de reconsideración que interpongan los servidores públicos sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales;

VI. Por acuerdo de la comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, imputables a los servidores públicos de la auditoría superior;

VII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la auditoría superior;

VIII. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas;

IX. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los particulares relacionadas con servidores públicos de la auditoría superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

X. Sustanciar la investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere la ley, relacionado con las quejas que reciba de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, sobre los actos del auditor superior de la Federación y

XI. Remover a los auditores especiales de la auditoría superior, por las causas a que se refiere el artículo 81 de la ley;

XII. Las demás que le atribuyan expresamente la ley, demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables y los acuerdos de la Cámara y la comisión.

Artículo 9o. El titular de la unidad será responsable administrativamente ante la propia Cámara. Durará en su encargo por el periodo de cuatro años. A propuesta de la comisión, la Cámara podrá prorrogar su nombramiento hasta por otro periodo igual.

Artículo 10. El titular de la unidad podrá ser removido, cuando en el desempeño de su cargo incurriere en falta de honradez, notoria ineficiencia, incapacidad física o mental o cometa algún delito intencional.

En todo caso, la comisión propondrá motivada y fundadamente su remoción a la Cámara, la que resolverá previo conocimiento de lo que en su defensa hubiere alegado el titular ante la propia comisión.

Durante el receso de la Cámara, la comisión podrá suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, para que aquélla resuelva en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

I. Representar legalmente a la unidad ante autoridades, entidades y personas físicas y morales;

II. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad, que será sometido a la Cámara por conducto de la comisión;

III. Administrar y ejercer el presupuesto mensual, dando cuenta comprobada de su aplicación a la comisión, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;

IV. Informar a la comisión dentro de los 30 días siguientes al término del ejercicio del presupuesto anual, acerca de su aplicación;

V. Rendir a la Cámara, por conducto de la comisión, el informe anual de su gestión;

VI. Proponer a la comisión el nombramiento y remoción de los directores, subdirectores, coordinadores, secretario técnico y demás personal de confianza de la unidad;

VII. Rendir los informes de los resultados de las auditorías, visitas e inspecciones practicados a la auditoría superior y los demás que le soliciten la Cámara y la comisión;

VIII. Definir, formular y establecer los sistemas de control interno y de evaluación, procurando que asuman un carácter integral, congruente y homogéneo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

IX. Proponer las políticas, procedimientos y programas por las que se realizarán las auditorías, visitas e inspecciones a la auditoría superior;

X. Planear programar y llevar a cabo las auditorías, visitas e inspecciones a las diversas áreas administrativas de la auditoría superior;

XI. Planear, programar y proponer a la comisión; la práctica de auditorías, visitas o inspecciones de carácter externo a la auditoría superior;

XII. Comunicar a la comisión, del personal que intervendrá en las auditorías, visitas e inspecciones, que realice la unidad a la auditoría superior;

XIII. Resolver las solicitudes de particulares relacionadas con servidores públicos de la auditoría superior, en términos de lo dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

XIV. Cumplir y vigilar que se cumplan los acuerdos y lineamientos emitidos por la Cámara y la comisión;

XV. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, imputables a los servidores públicos de la auditoría superior, en caso de detectar conductas probables de delito;

XVI. Fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan, a los servidores públicos de la auditoría superior, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, previa aprobación de la comisión;

XVII. Imponer a los servidores públicos de la unidad, las sanciones legales que procedan cuando incurran en responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones;

XVIII. Resolver el recurso de reconsideración que interpongan los servidores públicos de la auditoría superior, sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

XIX. Mantener comunicación con el auditor superior y los titulares de las áreas de la auditoría superior, para facilitar la práctica de auditorías, visitas e inspecciones;

XX. Requerir a las unidades administrativas de la auditoría superior, la información necesaria para cumplir con sus funciones;

XXI. Certificar copias de los documentos que obren en los archivos de la unidad y

XXII. Los demás que le otorgue la ley, el presente reglamento y los acuerdos que emita la Cámara o la comisión.

Para la mejor distribución y desarrollo del trabajo de la unidad, el titular podrá delegar sus facultades, en forma general o particular, a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de que las ejerza directamente; teniendo carácter de indelegables las que se mencionan en las fracciones IV, V, VI, de este artículo.

Artículo 12. Para el ejercicio de sus funciones, el titular de la unidad contará con direcciones y subdirecciones, las que tendrán sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos, las siguientes atribuciones generales:

I. Suplir las ausencias del titular de la unidad, de conformidad a lo dispuesto en el presente reglamento;

II. Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos relacionados con la oficina a su cargo o los programas cuya coordinación se le hubieren asignado;

III. Planear y programar las actividades de las oficinas a su cargo y someterlas a la consideración del titular de la unidad;

IV. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y la ejecución de los programas de la dirección a su cargo, de conformidad con los lineamientos y criterios generales que apruebe la comisión;

V. Proponer los planes y programas de auditorías, visitas e inspecciones a la auditoría superior, al titular de la unidad, así como los programas de la dirección;

VI. Supervisar la práctica de auditorías visitas e inspecciones a la auditoría superior;

VII. Elaborar los informes de los resultados de las auditorías, visitas e inspecciones que se realicen a la auditoría;

VIII. Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones formuladas a la auditoría superior, derivadas de las auditorías, visitas e inspecciones;

IX. Participar en la preparación de estudios, planes, programas y proyectos que competan a la unidad, en la forma que lo determine el titular, el manual general de organización y los acuerdos de la Cámara y la comisión;

X. Aportar la información que corresponda para formular el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad, así como la correspondiente para el informe anual de la unidad;

XI. Proponer al titular de la unidad el personal que deba intervenir en las auditorías, visitas e inspecciones a su cargo, y en su caso, comunicar los cambios que se efectúen al respecto y

XII. Requerir a las distintas áreas de la Auditoría Superior y a particulares y terceros que hubieren celebrado operaciones con aquélla, la información y documentación que sea necesaria para realizar las labores de auditoría, visita o inspección;

XIII. Las demás que le otorgue el presente reglamento, el manual general de organización, el titular de la unidad y los acuerdos de la Cámara y la unidad.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, los directores podrán ser auxiliados por subdirecciones, departamentos y demás unidades administrativas. La organización y funciones de las mismas, se precisarán en el manual general de organización de la unidad.

Artículo 13. Al director de Evaluación y Control de la Gestión Técnica, corresponde:

I. Planear, programar y ejecutar la evaluación, seguimiento y control de los programas de auditorías y evaluaciones que realiza la auditoría superior, vigilando el desarrollo de las mismas;

II. Informar al titular de la unidad y determinar la responsabilidad de los servidores públicos de la auditoría superior, cuando al revisar la Cuenta Pública no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten;

III. Verificar que los resultados obtenidos por la auditoría superior, se apeguen a los objetivos trazados por la Cámara y la comisión;

IV. Verificar que las actividades de los servidores públicos de la auditoría superior, se apeguen a la normatividad aplicable;

V. Verificar que los servidores públicos de la auditoria superior, cumplan con las normas generales de auditoría pública y con las normas, políticas y procedimientos que tenga establecidos;

VI. Evaluar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones, y conforme a sus resultados, proponer al titular de la unidad las acciones pertinentes;

VII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la auditoría superior, que pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas y

VIII. Las demás que le atribuya expresamente el titular de la unidad, el manual general de organización y la comisión.

IArtículo 14. Al director de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa, corresponde:

II. Planear las políticas, bases, lineamientos y criterios técnicos y operativos para regular el funcionamiento para la recepción y atención de las quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la auditoría superior;

II. Investigar, por medio de las denuncias o quejas, a los servidores públicos de la auditoría superior, y determinar si existen indicios de responsabilidad y dictaminar sobre la imposición de sanciones, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;

III. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la auditoría superior, que pudieran constituir probable irregularidad o responsabilidad administrativas;

IV. Llevar y dirigir el registro, evaluación y control de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la entidad de Fiscalización Superior de la Federación;

V. Dirigir las acciones de coordinación con otras instancias de fiscalización para la expedición de constancias que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación y

VI. Las demás que le atribuya expresamente el titular de la unidad y la comisión.

I. Asesorar en materia jurídica a la unidad y actuar como su órgano de consulta y cuando lo requiera la comisión;

II. Estudiar, revisar y formular al titular de la unidad, proyectos de reglamento, circulares y demás disposiciones jurídicas en las materias que sean competencia de la unidad;

III. Representar al titular de la unidad ante los tribunales de la República y demás autoridades administrativas;

IV. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y administrativas en las que la unidad sea parte, contestar demandas, presentar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos y en general, dar debido seguimiento a los juicios;

V. Por acuerdo del titular de la unidad, presentar denuncias y querellas relacionadas con hechos que puedan constituir delito, que cometieren los servidores públicos de la auditoría superior;

VI. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la unidad, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o laborales, salvo que se traten de documentos confidenciales;

VII. Asesorar y cuando sea necesario, intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de las auditorías, visitas e inspecciones que practique la unidad a la auditoría superior; así como las que se elaboren internamente con motivo de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

VIII. Dictaminar sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la auditoría superior;

IX. Sancionar los proyectos de recomendaciones y de observaciones y demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la unidad;

X. Tramitar y resolver los recursos o medios de impugnación que procedan y hagan valer los servidores públicos de la auditoría superior, respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones administrativas.

XI. Por orden de la comisión, dictaminar sobre la existencia de los motivos de remoción de los auditores especiales de la auditoría superior;

XII. Analizar y dictaminar las solicitudes de particulares para que se reconozca la responsabilidad de indemnizar reparaciones de daños relacionadas con los servidores públicos de la auditoría superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

XIII. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la comisión y de la unidad;

XIV. Ser enlace por parte de la unidad, en asuntos jurídicos, con las áreas correspondientes de la auditoría superior y de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y

XV. Las demás que le atribuya el manual general de organización, el titular de la unidad y la comisión.

Artículo 16. La subdirección de evaluación y control de planeación y programas de evaluación y auditorías, estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión técnica y le corresponde:

I. Proponer los mecanismos de control para la ejecución de las auditorías, visitas e inspecciones, que permitan evaluar la operación y funcionamiento de las diversas áreas de la auditoría superior;

II. Diseñar los mecanismos de control para la ejecución de las auditorías que lleve a cabo la unidad, en materia de vigilancia de las revisiones programático presupuestales, económico financieras y las de regularidad; así como para evaluar el proceso de planeación y programación de las actividades de la auditoría superior;

III. Proponer las políticas, procedimientos y programas en materia de los procesos de auditoría y supervisión que llevará a cabo la unidad, para la evaluación de las actividades de los servidores públicos de la auditoría superior;

IV. Diseñar y coordinar la formulación de las guías de auditoría que aplicará la unidad, conforme a los programas ejecutados en las unidades administrativas de la auditoría superior, contemplando sus alcances y objetivos;

V. Evaluar las revisiones que la auditoría superior practique a los sujetos de fiscalización superior, analizando los criterios de selección, el procedimiento aplicado, la eficacia, así como el grado de cumplimiento de los objetivos planteados;

VI. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones, pliegos de responsabilidades y aplicación de sanciones, que determinó la auditoría superior en su informe de resultados de la cuenta pública;

VII. Verificar que la operación y funcionamiento de los sistemas de control de información de la auditoría superior se apeguen a la normatividad aplicable y, en su caso, proponer las medidas correctivas que procedan y

VIII. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.

Artículo 17. La subdirección de evaluación y control de revisiones programático presupuestales y económico financieras estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión técnica y le corresponde:

I. Verificar que los resultados obtenidos por la auditoría superior sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y con su programa de actividades;

II. Verificar si en las auditorías de desempeño que practique la auditoría superior a los sujetos de fiscalización superior, se cumplieron los objetivos trazados en su planeación;

III. Verificar si los actos realizados por los servidores públicos de la auditoría superior, se apegan a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;

IV. Verificar que los servidores públicos de la auditoría superior, cumplan con las normas generales de auditoría pública y con las normas, políticas y procedimientos que tenga establecidos;

V. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la auditoría superior y conforme a los resultados, proponer las acciones pertinentes;

VI. Informar si del resultado de sus auditorías, visitas e inspecciones a la auditoría superior, existen presunciones de responsabilidad en contra de los servidores públicos de aquélla, para, en su caso, proponer la aplicación de sanciones en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;

VII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la auditoría superior, que puedan constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas y

VIII. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.

Artículo 18. La subdirección de evaluación y control de revisiones de regularidad estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión técnica y le corresponde:

I. Verificar que los resultados obtenidos por la auditoría superior, sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara, y con su programa de actividades;

II. Practicar auditorías, visitas e inspecciones a la auditoría superior, para verificar si en sus revisiones a los sujetos de fiscalización superior, se observó el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para la ejecución y registro de los recursos federales asignados;

III. Verificar si los actos realizados por los servidores públicos de la auditoría superior, se apegan a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;

IV. Verificar que los servidores públicos de la auditoría superior, cumplan con las normas generales de auditoría pública y con las normas, políticas y procedimientos que tenga establecidos;

V. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de sus auditorías, visitas e inspecciones y conforme a sus resultados, proponer a sus superiores las acciones pertinentes;

VI. Informar si del resultado de sus auditorías, visitas de inspecciones a la auditoría superior, existen presunciones de responsabilidad en contra de los servidores públicos de aquella, para en su caso, proponer la aplicación de sanciones en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;

VII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la auditoria superior, que pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas y

VIII. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.

Artículo 19. La subdirección de contraloría estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión administrativa y le corresponde:

I. Planear y coordinar el programa de auditorías de la unidad, así como diseñar y ejecutar los planes y programas de trabajo específicos en materia de control y evaluación;

II. Apoyar a la comisión, mediante la realización de auditorías internas a la unidad, en coordinación con la dirección de contraloría de la Cámara, verificando que los sistemas de control interno y el ejercicio del presupuesto, se apeguen a las disposiciones vigentes;

III. Coordinar la administración y operación permanente de un sistema de indicadores de desempeño, que permitan analizar y evaluar el comportamiento de los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades de la unidad;

IV. Sustanciar la investigación preliminar por vía especial, cuando se formule queja sobre los actos del auditor superior o de los auditores especiales, notificando al quejoso el dictamen correspondiente;

V. Resolver las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas de la auditoría superior, por incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

VI. Elaborar y proponer los mecanismos de control para la ejecución de las auditorías que lleve a cabo la unidad, en materia de vigilancia de la gestión administrativa de la auditoría superior;

VII. Verificar que las unidades administrativas y financieras de la auditoría superior realicen el manejo y aplicación de los recursos asignados, con eficiencia y de acuerdo a las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal;

VIII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la unidad, que puedan constituir responsabilidades, de acuerdo a la normatividad aplicable;

IX. Participar, en el ámbito de su competencia, en los procesos de licitación que realice la unidad en materia de adquisiciones, contratación de servicios de obra pública; así como en el proceso de licitación de auditorías externas que se practicarán a la auditoría superior y

X. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.

Artículo 20. La subdirección de registro y control patrimonial estará adscrita a la Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa y le corresponde:

I. Proponer y ejecutar los programas preventivos en materia de responsabilidad de los servidores públicos de la auditoría superior;

II. Proponer y ejecutar la recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la auditoría superior;

III. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la auditoría superior;

IV. Proponer los mecanismos de coordinación con otras instancias de fiscalización para la obtención y expedición de constancias que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación y

V. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.

Artículo 21. La subdirección jurídica estará adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos y le corresponde:

I. Presentar a la consideración del director de asuntos jurídicos los proyectos de escritos de demandas, recursos y alegatos, de los juicios en que la unidad sea parte;

II. Por acuerdo del titular de la unidad y del director de asuntos jurídicos, presentar denuncias y querellas relacionadas con hechos que puedan constituir delito, que cometieren los servidores públicos de la auditoría superior;

III. Dar seguimiento a los juicios civiles, penales, administrativos y laborales en que la unidad sea parte;

IV. Presentar a la consideración del director de asuntos jurídicos, los dictámenes sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la auditoría superior;

V. Dictaminar los proyectos de recomendaciones y de observaciones, así como los demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la unidad;

VI. Dictaminar y presentar a la consideración del director de asuntos jurídicos, los proyectos de recursos o medios de impugnación que procedan y hagan valer los servidores públicos de la auditoría superior, respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones administrativas;

VII. Las demás que le atribuya el manual general de organización, el titular de la unidad, la comisión y el director de asuntos jurídicos.

I. Coordinar la administración de los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales de la unidad, de conformidad con las disposiciones legales y con las políticas y normas que emita la comisión;

II. Coordinar y preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad, así como controlar su ejercicio;

III. Proponer al titular de la unidad, los manuales administrativos internos que presenten las diversas áreas de la unidad;

IV. Elaborar los informes mensual y anual correspondientes, de los presupuestos ejercidos por la unidad;

V. Mantener actualizados los registros contables y elaborar los estados financieros y demás informes internos de la unidad;

VI. Proponer al titular de la unidad las adecuaciones presupuestarias que se requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados a la unidad;

VII. Las demás que le confieran el manual general de organización, el titular de la unidad y la comisión.

Artículo 23. El secretario técnico será el auxiliar de las labores del titular de la unidad para el despacho de los asuntos de su competencia y ejercerá las funciones que acuerde el titular y las que se dispongan en los manuales de organización que apruebe la comisión.

Artículo 24. Los servidores públicos de la unidad se clasifican como trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre la unidad de evaluación y control, a través de su titular y los trabajadores a su servicio, para todos sus efectos.

Artículo 25. A efecto de que reciban las prestaciones de seguridad social, el titular de la unidad, por acuerdo de la comisión, celebrará los convenios pertinentes con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 26. Para ser director general, director de área o coordinador de la unidad, se requiere:

I. Ser mexicano, mayor de 30 y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título profesional de contador público, licenciado en Derecho, en Economía, en Administración o cualquier otro título profesional relacionado con actividades de fiscalización, legalmente expedido por autoridad o institución facultada para ello;

En el caso de la dirección de asuntos jurídicos, el título profesional deberá ser de licenciado en Derecho o de Abogado.

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional;

IV. No prestar servicios profesionales a los sujetos de fiscalización superior, durante el desempeño de su cargo;

V. No haber desempeñado puestos de elección popular, cuando menos dos años antes al momento de su designación y

VI. Contar al día de su designación, con una experiencia de cinco años en el ejercicio de su profesión.

Artículo 27. El titular de la unidad será suplido en sus ausencias por el director general de asuntos jurídicos y responsabilidades o por los directores generales de evaluación de la gestión técnica o de evaluación de la gestión administrativa, en ese orden, siempre que las ausencias no excedan de tres meses. Si la ausencia fuere mayor, la comisión dará cuenta a la Cámara para que resuelva lo procedente.

Durante los recesos, el director de asuntos jurídicos ejercerá el cargo hasta en tanto la Cámara designe al titular en el siguiente periodo de sesiones.

Artículo 28. Durante las ausencias temporales de los directores generales, el despacho y la resolución de los asuntos correspondientes, quedarán a cargo de los directores de área o los subdirectores de su adscripción, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Primero. El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El manual general de organización de la unidad de evaluación y control, deberá ser expedido 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente reglamento.

Tercero. En tanto se expidan los manuales que este reglamento menciona la comisión podrá facultar al titular de la unidad para que resuelva las cuestiones internas de la unidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2001.— Diputados: Manuel Galán Jiménez, Francisco Cárdenas Elizondo, Abel Ignacio Cuevas Melo, Amado Olvera Castillo, José Antonio Magallanes, José Antonio Arévalo González, José Narro Céspedes, Hugo Camacho Galván, Adela Cerezo Bautista, Francisco Guadarrama López, Miguel Gutiérrez Hernández, Rosalinda López Hernández, Policarpo Infante Fierro, Víctor R. Infante González, Ranulfo Márquez Hernández, Raúl Martínez González, Enrique Martínez Orta Flores, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, José María. Eugenio Núñez Morillo, Guillermo Padrés Elías, Juan Paredes Gloria, Jorge Carlos Ramírez Marín, Valdemar Romero Reyna, Jaime Salazar Silva, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Felipe Solís Acero, José Luis Ugalde Montes, Joel Vilches Mares, Hugo Adriel Zepeda Berrelleza y Florentino Castro López.»

Tiene la palabra el diputado Raúl Martínez González, a nombre de integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con objeto de presentar una iniciativa de reformas al artículo 40 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Los que suscribimos, diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente

Con la reforma constitucional de 1999, quedaron sentadas las bases de la fiscalización superior en nuestro país, para contar con un renovado y fortalecido marco jurídico en el control, revisión y vigilancia de la gestión financiera pública, desde el ámbito del Poder Legislativo.

Contar ahora con la legislación en la materia de fiscalización superior, es un logro que amplía los alcances de la transformación jurídica y robustece el escenario de la rendición de cuentas y de una mejor vigilancia en el ejercicio del gasto público.

La reforma constitucional y su consecuente ley reglamentaria en el entorno de la fiscalización superior, tuvo su acabada inspiración en la justicia, por ser ésta la primera virtud de las instituciones sociales. Porque alcanzar la justicia a través del fortalecimiento de las instituciones, es la máxima aspiración del estado de derecho.

La disposición constitucional fortalece y amplía la facultad de la representación popular en la revisión y vigilancia del ejercicio del gasto público y de los programas gubernamentales. Los diputados cuentan ahora con un renovado órgano técnico para cumplir su función, pero también con la responsabilidad de convertirlo en un verdadero instrumento institucional al servicio de los mexicanos.

La ahora vigente Ley de Fiscalización Superior, desarrolla más y mejores elementos para que la Cámara de Diputados vigile y revise la gestión financiera del Gobierno Federal, procurando que sus acciones de revisión y vigilancia, contribuyan al bienestar social y a combatir la corrupción.

Así, nuestra Carta Fundamental dispone que la Cámara de Diputados, para llevar a cabo su función de la revisión de la Cuenta Pública, contará con un órgano técnico el cual se denomina entidad de fiscalización superior. Esta entidad sustituye a la anterior denominada Contaduría Mayor de Hacienda. Por su parte, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación refiere a este órgano como Auditoria Superior de la Federación.

En este orden de ideas, presentamos a la consideración del Congreso de la Unión una reforma con el fin de que en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, al hacer alusión a la comisión legislativa encargada de la vigilancia del órgano técnico de la Cámara de Diputados, sea congruente con la misma denominación que para dicho órgano hace la ley de la materia.

En el mes de julio de 1999, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fiscalización superior.

Así, nuestra Carta Magna establece que a la Cámara de Diputados corresponde la facultad de coordinar y evaluar el desempeño de las funciones del órgano de fiscalización superior, en los términos que disponga la ley.

Consecuentemente, la disposición constitucional señala que para la revisión de la Cuenta Pública, la representación popular se apoyará en un órgano técnico denominado "Entidad de Fiscalización Superior de la Federación".

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación que entró en vigor en diciembre pasado, señala que al órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de la revisión de la Cuenta Pública, se le denominará "Auditoria Superior de la Federación".

Cabe precisar que con la denominación de Auditoria Superior de la Federación, se sustituye a la que se venía llamando Contaduría Mayor de Hacienda. La auditoria superior es también la institución que menciona nuestra Carta Magna como Entidad de Fiscalización Superior de la Federación.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en la parte conducente de las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, refiere a la Comisión de Vigilancia, pero del anterior órgano llamado Contaduría Mayor de Hacienda.

En razón de ello, esta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, pretende dar uniformidad en dicho ordenamiento en lo que corresponde a la denominación que la Ley de Fiscalización hace del órgano técnico de la Cámara de Diputados, sobre todo, en la referencia que se hace a la comisión que tiene encomendada la función de vigilancia de dicha entidad.

Es pertinente destacar que la actividad de las comisiones legislativas está relacionada con las diferentes ramas de la administración pública o bien para la atención de la diversa problemática del acontecer nacional; de ahí que la denominación de las mismas tenga concordancia con la nomenclatura de las actividades de la administración pública, sin que ello signifique menoscabo de la independencia de poderes.

La coincidencia en la denominación, propicia un mayor acercamiento y desarrollo de relaciones y vínculos entre los legisladores, funcionarios públicos y ciudadanía. Esto favorece la coordinación y la colaboración entre los poderes de la Unión, así como la atención de los problemas y necesidades de los mexicanos.

En consecuencia, los suscritos diputados proponemos que la referencia que haga la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, respecto del órgano legislativo que tiene a su cargo la vigilancia, coordinación y evaluación de la entidad de fiscalización de la Cámara de Diputados, sea acorde con lo que dispone la ley de la materia.

Por ello, se propone que a la comisión ordinaria encargada de las tareas antes mencionadas, se le denomine: "Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación".

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 70 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente

Que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo único. Se reforma el artículo 40 numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

4. La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación realiza las tareas que le marca la Constitución y la correspondiente ley reglamentaria.

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legisaltivo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2001.— Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.— Firman los diputados: Manuel Galán Jiménez, Francisco Cárdenas Elizondo, Abel Ignacio Cuevas Melo, Armado Olvera Castillo, José Antonio Magallanes, José Antonio Arévalo González, José Narro Céspedes, Hugo Camacho Galván, Adela Cerezo Bautista, Francisco Guadarrama López, Miguel Gutiérrez Hernández, Rosalinda López Hernández, Policarpo Infante Fierro, Victor R. Infante Gonzalez, Ranulfo Marquez Hernández, Raúl Martínez González, Enrique Martínez Orta Flores, Magdalena del Socorro Núñez M., José María. Eugenio Núñez Murillo, Guillermo Padrés Elías, Juan Paredes Gloria, Jorge Carlos Ramírez Marín, Valdemar Romero Reyna, Jaime Salazar Silva, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Felipe Solís Acero, José Luis Ugalde Montes, Joel Vilches Mares, Hugo Adriel Zapeda Barrelleza y Florentino Castro López.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

En virtud de que los legisladores integrantes de la Comisión de Cultura y otros distinguidos miembros de esta Cámara, están asistiendo a la comparecencia de la presidenta del Conaculta en el Salón Legisladores de la República y han presentado solicitud de esta mesa directiva, de que pudiésemos posponer en el orden del día esta presentación, a efecto de que ellos estén en oportunidad de emitir su voto, vamos a darle continuidad al orden del día, con el propósito de pasar a votar el dictamen de referencia, cuando se hayan integrado nuestros colegas legisladores.

En tal virtud, continuamos con el orden del día, en el capítulo de excitativa, con el propósito de escuchar al diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El 13 de julio de 1994, el diputado Francisco Saucedo Pérez, presidente de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó a nombre de diputados del PRI, PRD, PARM, PPS y Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, una iniciativa de decreto para adicionar al artículo 4o. constitucional y elevar a ese rango el derecho a la alimentación.

Con la iniciativa de decreto culminaba un amplio proceso de conducta, iniciado precisamente el 16 de octubre de 1992, Día Mundial de la Alimentación, fecha en que el Frente por el Derecho a la Alimentación, solicitó a esta soberanía se legislara sobre tan importante materia para la vida de los mexicanos.

Una vez recibida la solicitud del frente por las instancias correspondientes y turnada por su estudio a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo, ésta se dio a la tarea de consultar a los sectores involucrados. Llevó a cabo, por acuerdo de sus integrantes, cuatro audiencias públicas celebradas en Oaxaca, Distrito Federal, Coahuila y Durango, en las que concurrieron ciudadanos productores, organizadores no gubernamentales, investigadores universitarios e instituciones públicas interesadas en debatir el tema.

En un ejercicio plural y enriquecedor sin precedentes se examinó el problema y las opiniones expresadas por los distintos sectores, reflejaron un amplio consenso sobre el diagnóstico de la alimentación en México. Igualmente se llegó a un primer acuerdo para resolver el problema alimentario en nuestro país, que requería una reforma legal que fuese acompañado de una acción institucional coordinada, de una verdadera armonización de los planes y programas dispersos y de una política social y presupuestaria, vinculada al abasto, la alimentación y la nutrición.

Todo lo anterior conducía en consecuencia a legislar sobre el tema, máximo que México había firmado y ratificado el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que en su artículo 11 fracción II se refiere específicamente al derecho a la alimentación y de la necesidad de que los países legislen localmente sobre este derecho.

Así la culminación de este proceso fue la presentación formal ante la Cámara de Diputados de la iniciativa que adiciona un párrafo cuarto al artículo 4o. constitucional, para quedar de la siguiente manera:

Todo ser humano tiene derecho a una alimentación, suficiente en calidad y cantidad, el Estado mexicano, la sociedad y las familias son responsables de garantizar la alimentación, que permita la salud física y mental de cada miembro de la sociedad mexicana. La ley establecerá las políticas, instrumentos y apoyos necesarios, para que la Federación, entidades federativas y los municipios, aseguren la satisfacción de una dieta asequible, que contenga todos los nutrientes necesarios de los alimentos en calidad, cantidad y disponibilidad.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, en donde quedó sin dictaminar.

Durante la LVII Legislatura, la diputada Clara Brugada Molina, integrante del grupo parlamentario del PRD, formuló el día 16 de octubre de 1997 una solicitud de excitativa a estas comisiones unidas como lo establece el Reglamento del Congreso. Fruto de esa excitativa y de otras iniciativas similares presentadas con posterioridad por otros legisladores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales preparó un proyecto de dictamen que no alcanzó a discutir el pleno de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura.

El 19 de octubre de 2000, el de la voz envió a la diputada María Eugenia Galván Antillón, presidenta de la Comisión de Salud de esta Cámara, oficio con las prioridades legislativas del grupo parlamentario al que pertenezco; en el documento se sostenía que una adecuada alimentación es fundamental para garantizar condiciones de vida digna y el desarrollo de las potencialidades biológicas y síquicas de mujeres y hombres.

Con 60 millones de mexicanos en pobreza, la desnutrición es el principal problema nacional de salud pública, así lo confirma el reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, dado a conocer con motivo del Día Mundial de la Alimentación. Según el organismo, en México 40% de los cerca de 100 millones de habitantes padece desnutrición; 17.7 de los menores de cinco años está desnutrido y 27% sufre anemia. Por ello es urgente tomar las medidas legislativas y de política pública para abatir y erradicar la desnutrición en nuestro país.

Para ello se propone elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación y revisar la legislación secundaria, con el propósito de aplicar un programa nacional de nutrición dirigido a garantizar la alimentación de la población mexicana, particularmente de los niños menores de cinco años y de las mujeres embarazadas. Este programa debe articularse con una política de suficiencia alimentaria.

La nutrición es un fenómeno esencial de la vida, requisito indispensable para que el ser humano, junto con la satisfacción de otras necesidades, pueda crecer y desarrollarse adecuadamente.

Sin una alimentación variada, completa y nutritiva el hombre no estará en posibilidades de desarrollar todas sus potencialidades.

Al combatir la desnutrición y la mala alimentación, los gobiernos, en el ámbito de sus facultades, las instituciones de salud y la sociedad, han desplegado esfuerzos de diversa naturaleza, alcanzado avances reales pero limitados.

Por tal motivo, el Congreso de la Unión debe dar un paso más en garantizar el acceso de los mexicanos a una adecuada nutrición.

La necesidad de legislar al respecto, es más apremiante por cuanto el Programa Nacional de Salud 2001-2006, reconoce que por ejemplo el principal problema de salud de los niños indígenas menores de cinco años, es la desnutrición crónica que se manifiesta en el retraso en el crecimiento por talla baja. La prevalencia de esta condición es de 44% contra 17.7 en el ámbito nacional. Asimismo, que otros problemas nutricionales son la anemia que afecta alrededor de 36% de los niños indígenas y las deficiencias de zinc, vitamina "c" y vitamina "a" que afectan a entre 12% y 50% de esta población.

La deficiencia de estos micronutrientes en los niños, genera una menor capacidad para la actividad física y limitaciones en las funciones mentales, en particular en la exploración y en la atención, lo que a su vez trae como consecuencia una menor capacidad de aprendizaje. La respuesta del organismo a las afecciones se ve disminuida, lo que ocasiona una mayor gravedad de las enfermedades y por lo mismo un mayor riesgo de muerte.

Que el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, dispone que los dictámenes que las comisiones produzcan sobre los asuntos que no llegue a conocer la legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente legislatura con el carácter de proyectos. El proyecto de dictamen en cuestión obra en los archivos de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de esta Cámara lo siguiente:

Unico. Envíe excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en cuyo poder obra el proyecto referido para que emita el dictamen de la iniciativa de decreto que adiciona al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que eleva a ese rango el derecho a la alimentación, presentada por el diputado Francisco Saucedo Pérez, el día 13 de julio de 1994 y que en la misma fecha le fue turnada.

Asimismo, solicito a la Presidencia tenga a bien acompañar esta excitativa, de las demás que se han presentado y que estén pendientes de dictamen.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que emita el dictamen correspondiente.

El siguiente punto en el orden del día, es el referente a efemérides y el primer tema es el referente a la instalación en México, de la primera imprenta en el Nuevo Mundo, para exponerlo tiene la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.

El 25 de septiembre de 1539, hace 462 años, se manda instalar en la ciudad de México, a instancias del obispo Fray Juan de Zumárraga y del virrey Antonio de Mendoza y al frente del italiano Giovanni Paoli, un taller de imprenta, publicando a fines de ese año la obra breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, que contiene las cosas más necesarios de nuestra santa fe católica, para el aprovechamiento de los indios naturales y salvación de sus ánimas; escrita por el propio Zumárraga.

Así, éste es el primer impreso mexicano conocido y visto y Giovanni Paoli, el primer impresor en este continente. En el Siglo XVIII la producción en número de obras fue vasta; producción religiosa de sucesos y festividades, libros docentes de teología, derecho, medicina y oratoria. Siendo esta última muy estudiada por los criollos, debido a sus deseos de opinar, juzgar y expresarse, exteriorizando así sus ideas y conceptos. La tradición y cultura indígena se incorpora a los elementos españoles, dándose así el embrión del México Independiente.

Los medios de comunicación ya sea prensa, radio, televisión y hoy día Internet, han estado históricamente relacionados a la política, en donde bien su relación puede ser en ocasiones ríspida, débil, de crítica o de impulso común a un asunto específico, su relación es a fin de cuentas indestructible.

La libertad de expresión tanto ayer como hoy, ha utilizado a los medios de comunicación existentes para fortalecer su existencia y promover su defensa y permanencia. Honestidad, conciencia de servicio público, dignidad y trabajo intenso, son las características del trabajo informativo en donde la comunión entre los medios de comunicación y sociedad, es innegable.

La tolerancia y las amenazas a los medios de comunicación, son síntomas de que la razón está de su lado. Imagen y palabras, ambas capaces de levantar o derrumbar a un Estado, al estar detrás de ellas los intereses de toda la sociedad.

Cuando una libertad es necesario, la sociedad debe de ejercer su derecho a una crítica constante, a la presión en sentido contrario, con la intención de evitar la degradación de esa libertad y en particular de la libertad a la expresión de las ideas. La libertad no debe ser intervenida o reprimida, ya que ello sería atentar contra la fuerza de la razón. Así, cuando la sociedad aprende a decir no a todo aquello que le afecta negativamente, esta sociedad estará construyendo los cimientos de su auténtica libertad. Si la información es clara, no pospone y no minimiza; será copartícipe del desarrollo nacional; de lo contrario, contribuirá a su deterioro y degradación.

Debido a los nuevos tiempos que vive la nación, es necesario y prioritario regular constitucionalmente y de manera clara el acceso a la información, ya sea ésta solicitada por los medios de comunicación o por la sociedad. El definir legalmente el cómo y de qué manera se tendrá acceso a la información pública, es imprescindible.

Si bien existe información que por su carácter debe de estar reservada al Estado, es necesario determinar cuál será ésta y plasmarlo en un documento con la correspondiente aprobación del Poder Legislativo, es decir, determinar qué información será del dominio público y cuál de uso exclusivo del Estado.

La información con carácter de seguridad nacional y la información de dominio público, división que es necesario legislar y respetar.

Hoy día la participación ciudadana ha sido uno de los grandes agentes del cambio y por ello ha exigido espacios de expresión que construyan los cimientos de una auténtica democracia participativa. Por medio de la libertad de expresión las ideas, reflexiones, propuestas, críticas y proyectos de una gran cantidad de mexicanos tendrán como efecto el dar origen a una sociedad más ilustrada y por ello sin duda más democrática.

Los medios de comunicación, que colocan en medio del Estado y la sociedad civil, cuando lo debatido entre ambos son las libertades cívicas y el mejoramiento de las conductas de vida y en donde los primeros se erigen como jueces implacables para dar la razón a quien la tenga.

Por lo anterior, los medios de comunicación pueden ser o bien instrumentos de apoyo a las políticas gubernamentales o instrumentos de agitación social.

Cuando se gesta un descontento general en la población y se transforma en una oposición social permanente y creciente, los medios de comunicación la tomarán como punto de partida, asumiendo como suyas las exigencias sociales.

La información no debe ser incondicional de un pequeño grupo, ya sea cual sea éste, sino que debe servir a la sociedad asumiendo así su gran papel como creador de opinión pública.

El escrutinio de los medios no es injusto para el gobierno, ya que sólo con éste el Estado cuidará su actuar y su decir.

El actual Gobierno Federal sin duda cuenta con legitimidad democrática, pero al mismo tiempo esta característica debe ser motivo de una aceptación de la crítica constante y puntual sobre su quehacer de gobierno.

El papel que deben asumir los medios en la actual transición democrática que vive el país obviamente debe ser de crítica, pero responsable y constructiva para ser un freno a los excesos del poder.

La crítica destructiva e irresponsable, por el contrario, sólo debilita al Estado y a la sociedad y en nada fortalece a la consolidación democrática.

La crítica debe ser sobre los errores y deficiencias para mejorar. Los logros no se mencionan; éstos son una obligación.

Los medios representan la voz de la sociedad, la cual se alza por el descontento generalizado debido a la lentitud con la cual se cumplen los cambios prometidos. Así, los medios no pueden y no deben ir en contra de los intereses e ideales de la sociedad.

La información debe tener como raíz la ética y como sostén la calidad de la misma, en donde el contenido tenga la credibilidad suficiente ante una sociedad que ya no cree todo lo que se le dice.

En un régimen democrático la libertad de prensa no puede y no debe estar bajo un control oficial, siendo siempre preferible una pluralidad de opiniones a una sola, uniforme y estrecha de visión.

Pero la crítica en los medios de comunicación debe ser apolítica. Sólo así tendrá valor social.

El bloqueo a la información deforma las conciencias de hombres y mujeres y, por tanto, destruye toda posibilidad de desarrollo nacional. Así, la guerra de información puede dar lugar a dos destinos: fortalecer ideales, sueños y levantar a una nación o destruir voluntades y hundir a un país.

El cómo, cuándo, dónde y por qué, son preguntas esenciales de una auténtica libertad de expresión y mediante las cuales los miembros de la sociedad exigen obtener respuestas a estas preguntas buscando realidades, aunque éstas incomoden a más de uno.

Los gobiernos que quieren mantener su legitimidad ante una sociedad libre y abierta deben promover la transparencia en la comunicación. La democracia no se agota con las elecciones y, por lo tanto, las decisiones de gobierno deben ser determinadas de una forma plural, cuando sea posible esto y no de forma unilateral.

La manifestación democrática de las ideas se vuelve cada vez más un reclamo social cuando los mecanismos de control de Estado únicamente han sido oídos sordos y sólo han escuchado las expresiones del poder y el dinero.

El compromiso con las causas más justas de nuestra sociedad, de nuestra nación, debe dar lugar a que sean silenciados los insultos mutuos, sin razonar y dejar que las ideas hablen.

Alexis de Tocqueville dijo en alguna ocasión: "la libertad de escribir, como todas las demás libertades, es tanto más temible cuanto más nueva es". Fin de la cita.

Demos tiempo a esta nueva libertad y démonos tiempo a nosotros mismos y con ello construyamos una mejor nación.

El siguiente punto del orden del día son comentarios sobre el VII aniversario luctuoso del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.

Tiene la palabra el diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Si reiteramos con energía que se haga justicia y se castigue a los responsables, no es porque nos anime la simple satisfacción del rencor, el deseo de venganza; lo hacemos en este nuevo aniversario del proditorio asesinato de nuestro coterráneo y amigo, porque no se puede humillar a los ciudadanos, mancillar los valores en los que una sociedad como la nuestra aspira vivir y consolidar.

Alzamos la voz desde esta tribuna de la nación para clamar justicia en el caso de José Francisco Ruiz Massieu, a quien manos asesinas segaron la vida en plena dinámica, actividad creadora. Mucho y muy constructivo para la República planeaba el guerrerense ante perspectivas del inicio de la nueva legislatura. Con su dinamismo característico, con su actividad infatigable e inteligente José Francisco hila el fino entramado del quehacer legislativo, motivando, estimulando, impulsando con visionaria pasión el trabajo de sus pares, la solidaridad comprometida de los otros representantes populares.

Con la pasión que le era peculiar promovía entendimientos, concitaba acuerdos, descubría aptitudes y con la fina sensibilidad sentaba las bases para el quehacer armónico y sistemático de los diputados. Había despertado el afecto de todos y prácticamente unanimidad, se pronunciaban solidarios de proyectos en los que todos participaban.

El trabajo de José Francisco nunca fue ni solitario ni de imposición, sino plural, transparente y de consenso. Ahí nunca hubo subordinados, sino mariscales con el bastón de mando en la mochila. Había consumido jornadas prolongadas en el estudio de los asuntos de Estado y tenía por ello muy clara la inteligencia de sus principios, muy precisa la coyuntura social y política de la circunstancia mexicana, ante la cual debía actuar. Ofendió a muchos, seguro, con su talento. Venía de entregar las mejores cuentas en el servicio a su Estado.

Privilegio semejante nunca le envaneció ni le alejó de los más débiles o desprotegidos. No le preocupaba dejar el poder sino que le aterraba, decía, dejar de ver hacia el pueblo, hacia abajo, donde radica todo poder y toda fuerza, donde reside, en fin, el origen de toda inspiración política. Que dejó muy altas las marcas de gobierno es un sentir del pueblo de Guerrero, que le acompañó en todos sus afanes y que fue testigo de su entrega y de su propiedad.

Qué más hubiéramos querido todos alcanzar de su actividad, si no destacando de su amor por su tierra, de su sensibilidad política admirable, los frutos mejores de su entrega. Pero a pesar de cuanto proyectó y construyó, muchas necesidades quedaron insatisfechas, muchas demandas desatendidas, muchos ideales apenas en flor y es que un sistema democrático, como bien decía, propicia, parafraseando a Bovio, las demandas fáciles pero tiene respuestas difíciles. Pero nuestro pueblo sumido en la marginación entrevió desde el fondo de sus tinieblas la luz esplendorosa de su mejor futuro.

El mismo pueblo que hoy clama justicia y que se niega a admitir la impunidad de los criminales que segaron su vida. El es quien nos pide actuar con resolución y demandar que la ley se cumpla por encima de las conveniencias o de los intereses. Se cometió en Ruiz Massieu un crimen sin nombre, un homicidio que mancilla instituciones y normas y que revela un subdesarrollo que no podemos tolerar sino superar definitiva y radicalmente.

Llamado a servir a su partido desde la Fundación Colosio, desempeñó una actividad efectivamente notable. Los estudios de factura técnica impecable se multiplicaron. Asimismo, los foros para el debate de las cuestiones de la nación y del mundo. Las conferencias científicas de todo tipo, propiciaron el intercambio de experiencias y criterios entre los nuestros, notables, con otros de todo el mundo, de todos los credos, de todas las razas, de todas las ideologías.

Datan de entonces las revistas especializadas, admirables como las publicadas en otros tiempos en otros países, los libros, las ediciones impredecibles para la divulgación de la cultura, de lo cual Ruiz Massieu era un apasionado. Su tarea en esta área logra significar la presencia del partido, fijando con oportunidad y pertinencia su posición en todas las cuestiones de interés nacional e internacional. Teníamos voz, usábamos la palabra.

Como nunca entonces, la presencia de los intelectuales solidarios en la tarea, por eso las ediciones se multiplican, los debates elevados profundizan en las perspectivas mejores de la democracia mexicana y la divulgación de los estudios alcanza proyecciones admirables.

Era lo suyo y con otros de su talla magnificó el quehacer intelectual, de ninguna manera al partido. Por eso realizó una tarea sobresaliente que está ahí, ahí como punto de partida para nuevos fructíferos afanes. Son entonces los análisis sobre el movimiento social revolucionario de México, los estudios de factura técnica superior sobre la misión y responsabilidad del partido de los revolucionarios mexicanos. Estaba comprometido con el perfeccionamiento de la democracia y por eso el proyecto de modernizar a su partido y a todos los partidos.

La democracia representativa, decía con frecuencia, sólo es entendible con un sistema de partido sólido y visionario. Estaba en un Congreso capaz de ejercer sus responsabilidades constitucionales de control político, porque sabía que no hay democracia política sin control político del poder.

En una legislatura como la nuestra, Ruiz Massieu hubiera encontrado la oportunidad de fortalecer la división de poderes y elevar las marcas de la democracia nacional. Hubiera impulsado un debate a fondo que pensaba estábamos perdiendo. Pero si sus asesinos pensaron que matándole morirían sus ideales, se equivocaron rotundamente, pues hoy están más vivos que nunca, exigiendo justicia los levantamos con energía y los ponemos a la altura del pueblo, sí, de aquél pueblo al que unía el oído atento para escuchar su clamor, lo mismo en la montaña que en los barrios miserables de las urbes orgullosas.

Nuestro país tiene que ser ámbito del respeto a las ideas y a la vida de todos, las de los poderosos y fuertes y las de los débiles y empobrecidos. Si no logramos rebasar abismos de impunidad que nos aterran, difícilmente podremos convocar a la unidad y a los empeños y compromisos. Si consintiéramos en ello, por decidia y por irresponsabilidad, muy caro y muy pronto pagaríamos en dispersión de la República lo que no podremos unir con la majestad de la ley y la sujeción de todos a la norma.

Es cierto, las balas no matan a las ideas, por eso la demanda de Ruiz Massieu a favor de una Cámara eficaz al servicio de México y un debate inteligente de los asuntos de la República, es, como nunca, un imperativo que nos toca atender. Se trata del bien de México, de la grandeza de la República, entre tanto muchísimos mexicanos a quienes impactó su ímpetu transformador y sus amigos que lo conocimos de cerca su amor por México, al lamentar su ausencia y demandar justicia plena y castigo a sus asesinos, nos proponemos emular la limpia ciudadanía de su existencia, su vida entregada al principio de la República.

Hoy, en este séptimo aniversario de su muerte, seguimos clamando justicia, porque José Francisco Ruiz Massieu vive, vive en sus ideas y vivirá en el tiempo.

La siguiente efemérides es relativa al aniversario luctuoso de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón.

Para abordar este tema se le concede al palabra al diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El hombre que realiza en la acción a través del compromiso, sólo el que corre presuroso a asumir compromiso consigo mismo y con los demás es capaz de crecer como persona y realizarse, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, Maquío.

Amigos legisladores, para hablar de los grandes hombres y honrarlos se debe hablar claro y sencillo, como clara y sencilla fue su vida, por ello el día de hoy cuando la democracia recuerda con nostalgia a uno de sus más grandes adeptos y convencidos, es más grande el sentimiento que la condición formal que me anima.

Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, el Maquío, como lo conocimos, hombre entregado y valiente, demócrata convencido y luchador social, dirigente estudiantil y destacado deportista; nació en Culiacán, Sinaloa donde también formó una hermosa familia con la señora Leticia Carrillo con quien procreó 11 hijos, fue agricultor, porcicultor, empresario y líder patronal, pero ante todo, fue un hombre dedicado al servicio y un extraordinario político.

A 12 años de su lamentable fallecimiento México entero recuerda con profundo sentimiento a quien despertó la conciencia cívica de los electores en los comicios de 1988.

México va a cambiar, va a cambiar contigo, contra ti o a pesar de ti pero va a cambiar, sentenció en una de las pocas oportunidades que tuvo en la televisión y qué razón tenía. Su capacidad de convencer y conmover así como el magnetismo que imprimía a quienes lo observaban provenía de su congruencia y del dinamismo que proyectaba en todo momento; las diferentes movilizaciones de la existencia civil cuando fue víctima de favoritismo y la unilateralidad de cobertura en medios de comunicación electrónicos durante campaña, fueron la clave para mostrar en el Maquío la personalidad de un hombre que defendía los derechos y valores democráticos a cualquier costo.

No le importó nunca arriesgar los bienes materiales ni la vida misma con tal de lograr que los mexicanos despertaran y se dieran cuenta que más allá del régimen estaba una patria ordenada y generosa en espera de sus conquistas.

El Maquío partió un año después de aquellas históricas votaciones; sin embargo, no fue en vano la entrega, no fueron en vano las huelgas de hambre ni haber enfrentado a las bayonetas caladas en el Palacio de Bellas Artes, no fue en vano gritarle al sistema autoritario; en todas sus críticas y sentencias nunca fue un hombre que expresara resentimiento ni agresividad, su bonhomía y capacidad conciliadora demostraba su vocación democrática, por ello nunca podrá argumentarse de él que fuera un hombre violento o agresivo; sostenía que la crítica es buena y nos ayuda a crecer cuando es constructiva.

Por ello decía que todo ciudadano tiene derecho a criticar a su gobierno, pero jamás gobierno alguno deberá utilizar sus medios para manchar el buen nombre de un ciudadano y aun con ello fue calificado por muchos como un apátrida, violento y asesino, pero todo era una difamación.

En contraste con estos infundios, Maquío publicó en uno de sus últimos artículos periodísticos lo siguiente: "habemos muchos mexicanos dispuestos al sacrificio por mejorar a nuestra querida patria, lo queremos hacer además sin odio y sin violencia y estamos dispuestos a ser víctimas de injusticias, sabedores de que éstas se revierten contra los golpeadores".

En repetidas ocasiones el Maquío habló de lucha y de guerra sin cuartel, pero de lucha contra la ignorancia y la promiscuidad; es urgente restituirle su calidad humana al campesino para así poder iniciar a reparar los problemas en el campo. Así concebía él el problema agrario.

Sus propuestas y postulados nunca perdieron el sentido humanista y trascendente que caracteriza a los grandes líderes de Acción Nacional, por eso el recuerdo, por eso la historia le ha colocado como uno de los más grandes e ilustres mexicanos. Su propuesta, a pesar del tiempo, no ha perdido su validez ni su aplicación, porque siempre estuvo impulsada por principios universales.

¿Quién más nos habló de la dignidad de persona humana en aquella época? ¿Quién más realizó un mitin para pedirle al congreso norteamericano que suspendiera los préstamos a nuestro país? Porque no era legal ni ético y mucho menos digno.

¿Quién como Clouthier señaló que no era posible hacerle al gallo bravo en nuestras relaciones internacionales y por otro lado estirar la mano para pedir limosna a los norteamericanos? De dignidad habló cuando dijo: "que su gobierno no vería hacia abajo al indigente y hacia arriba al poderoso, somos adultos con dignidad por eso me gusta ver de frente a todos", sostenía.

Así pues, amigos legisladores, nuestra lucha diaria debe estar inspirada por el legado ético de hombres como Manuel Clouthier, requerimos de acciones concretas, inspiradas por principios universales, porque nuestro México registra hoy un nuevo rostro, el rostro de la tolerancia, de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, del respeto a los valores.

México tiene hoy el rostro de la democracia. Por ello mis amigos, debemos trabajar a diario y en cada iniciativa por el bien común. Debemos luchar sin reservas porque como decía mi líder moral, el Maquío: "no soy yo, mis amigos; son ustedes, somos todos juntos".

La siguiente efemérides es referente al natalicio del general José María Morelos y Pavón. Para abordar este tema se le concede la palabra a la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros legisladores:

El 30 de septiembre de 1765 nació en Morelia, Michoacán, don José María Morelos, "Siervo de la Nación".

En estos momentos que la soberanía es un tema vigente que nos llama a la reflexión, a la definición de nuestra política internacional, Morelos debe y es destacado de hecho como fundador de la nacionalidad y de las instituciones públicas mexicanas.

El 30 de septiembre de 1813, el generalísimo José María Morelos y Pavón consideró necesario crear un Congreso de la Nación. Un cuerpo representativo investido de autoridad y del que emana la voluntad nacional. Instaló en la catedral de Santa María de la Asunción, de la ciudad de Chilpancingo, el benemérito Congreso de Anáhuac, dictándose las bases del constitucionalismo mexicano; dio la doctrina de la independencia y se mostró en este documento que se denominó Los Sentimientos de la Nación.

En él se expresan las disposiciones de orden político, económico y social que deberían considerarse en la futura legislación nacional. En este documento se recogen las ideas políticas, la independencia de México, el reparto de la propiedad, la abolición de la esclavitud, la disolución de las castas y la creación de un sistema republicano sobre las bases de igualdad y libertad.

El Congreso lo nombró generalísimo y depositario del Poder Ejecutivo, cargo que aceptó contra su voluntad rechazando en forma categórica el tratamiento de alteza serenísima, el cual sustituyó por el título que él mismo se había dado: Siervo de la Nación.

En los Sentimientos de la Nación se establecieron principios que han sido a lo largo de los años el eje fundamental en torno al cual ha dirigido el avance de la nación mexicana en su lucha por implantar un gobierno de leyes.

La realización de este Congreso puso de manifiesto la capacidad de la nación para gobernarse a sí misma, para dictar sus propias leyes.

Entre los 23 puntos contemplados por Morelos destacaron por su trascendencia, la declaración de independencia, la preservación de la religión católica, el ejercicio de la soberanía, la división de los poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el otorgamiento de empleos para los americanos, la condena a los gobiernos tiránicos, la capacidad del Congreso para hacer leyes, el ataque a los cuerpos privilegiados, la proscripción de la esclavitud y distinción de casta.

El 6 de octubre de 1813, por medio del acta de independencia de América Septentrional, se planteó formalmente la separación de España y la posibilidad de los prehispanos de gobernarse a sí mismos.

El 5 de octubre se promulgaba un nuevo decreto de abolición de la esclavitud; para el 6 de noviembre se expidió el acta de declaración de independencia en donde resultaban tres ideas, que la soberanía corresponde a la nación mexicana y que se encuentra usurpada, que quedaba rota la dependencia del trono español y que a la nación correspondían los atributos esenciales de la soberanía, dictar las leyes constitucionales y hacer la guerra y la paz y mantener relaciones diplomáticas.

Al saberse lo ocurrido en Chilpancingo, los Guadalupes envían una felicitación a Morelos. Para el año de 1814 Morelos sigue la siguiente ruta: Chichihualco, Tlacotepec, Tlayapa, Huayameo, Huetamo, Tilpetío, Santa Efigenia, Apatzingán, Tanzítaro, Uruapan y de nuevo Apatzingán.

Para el 22 de octubre de 1814 se expide el decreto constitucional en Apatzingán, nuestra primera Constitución; en ella se estableció que la América Mexicana era libre, que la soberanía residía en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, que eran mexicanos todos los nacidos en América, que su religión única sería la católica, apostólica y romana, que el poder se dividiría en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los ideales consagrados en este documento consignaban ya la emancipación total de España y otorgaban a los habitantes la libertad necesaria para ilustrase, trabajar, progresar sin restricción alguna.

De acuerdo con su contenido, se llevó a cabo la elección de tres miembros que debían ejercer el Poder Ejecutivo, el cual recayó en un triunvirato formado por José María Liceaga, José María Morelos y José María Coss.

Hoy, hay quienes quieren olvidar nuestra historia, vulnerar la Constitución y entregar el país. Más valdría que tuvieran presentes a héroes como Morelos, quienes hicieron de la lucha por la libertad y la soberanía del país su religión.

De esta máxima tribuna de la nación llamamos al país a no dejar que aquellos que se burlan de nuestra nación...

No es pregunta. señor Presidente, es una excitativa a la mesa directiva para que llame la atención para que escuchen a la oradora, estamos en un esfuerzo de hacer las efemérides y nadie hace caso. Por favor, señor Presidente.

Muy pertinente la excitativa que formula el diputado Efrén Leyva y esta mesa directiva la hace propia.

Se les ruega de la manera más respetuosa y atenta a todas las compañeras y compañeros diputados, que tengan a bien prestar atención a la diputada oradora.

Desde esta máxima tribuna llamamos al país a no dejar que aquellos que se burlan de nuestra nación y que quisieran ponerla de rodillas ante la principal potencia del mundo se salgan con la suya.

Recordemos como Morelos, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano.

Representantes de las provincias, hagamos pues honor a quienes nos antecedieron, defendamos aun con nuestra vida la libertad del país en contra de cualquier riesgo alentado aun por quienes dirigen nuestra política internacional.

En lo inmediato hagamos nuestro los Sentimientos de la Nación, de tal suerte que las leyes que dictemos obliguen a la constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, se aumente el jornal del pobre, que no merece sus costumbres alegando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

En el mismo tema, se le concede la palabra al diputado Agustín Trujillo Iñiguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Yo quisiera nada más hacer una precisión con todo respeto a quienes se encargan de elaborar la Gaceta Parlamentaria, ya que consignan que es el aniversario luctuoso. El aniversario luctuoso lamentablemente lo celebramos el 22 de diciembre de 1815, ya que fue fusilado el general José María Morelos en Ecatepec, Estado de México, en esa fecha.

Haciendo esa precisión, compañeras y compañeros legisladores, en los momentos en que las libertades del hombre sufren la asechanza de oscuros intereses, cuando el futuro se torna nebuloso y las naciones sufren la angustia de lo incierto, es preciso realizar una visión retrospectiva a los anales de la historia, con el propósito de aprender de los hombres que tuvieron la sabiduría de dar rumbo cierto al destino.

Es preciso recordar fechas, frases y nombres para nutrirnos del saber e inteligencia de quienes supieron tomar decisiones adecuadas en etapas de incertidumbre, con el fin de que en las circunstancias actuales procedamos con justicia ante las amenazas que perturban al mundo.

Oportuno resulta por ello conmemorar que el próximo 30 de septiembre se cumple el CCXXXVI aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón "El Siervo de la Nación", como él mismo se definió ante los afanes aduladores de quienes lo llamaron generalísimo, forjó tesis y estableció principios que luego de dos siglos son de observancia obligatoria no sólo en nuestro país, sino entre todas las civilizaciones modernas.

Morelos vivió la opresión por parte de poderes extraños y combatió contra ella, logrando acendrar el anhelo independentista entre los originarios. El michoacano no se quedó ahí, inició la construcción del andamiaje jurídico que es base de nuestro ser nacional, dando de esta manera cuerpo y espíritu a la patria mexicana.

Son los postulados de Morelos un referente indispensable ante los acontecimientos internos y externos, porque ante la acometida mediática de los sucesos recientes en los Estados Unidos de América no debemos olvidar que los desafíos contra las aspiraciones de los mexicanos también provienen del interior.

El Siervo de la Nación defendió el principio de la división de poderes ante los afanes absolutistas de los gobernantes de la época, porque comprendió que el poder ejercido de manera omnipotente pervierte. En su momento se discutió la posibilidad de que el Ejecutivo fuera el único facultado para el establecimiento y derogación de las leyes y cualquier negocio que interesase a la nación; sin embargo, su convicción de que la concentración del poder no era benéfica para el país, lo llevó a proponer el establecimiento de contrapesos políticos centrales y regionales.

Cuánta razón había en Morelos y los opositores al conservadurismo de su época, el poder es uno, pero debe dividirse para evitar a los iluminados y caudillos que bajo un concepto particular de la realidad pretendan conducir los destinos de un conglomerado plural, que piensa y tiene demandas diferentes.

Cada razonamiento que José María Morelos y Pavón escribió en el corazón de la patria es una sentencia vigente. La soberanía, por ejemplo, la concibió en su acepción más moderna, al señalar que dimana inmediatamente del pueblo el que sólo quiere depositarla en sus representantes.

En ese sentido, compañeras y compañeros, en nuestra calidad de representantes populares, tenemos la señalada responsabilidad de opinar con un sentido social, respondiendo exclusivamente a los intereses de la población a la que representamos.

Por eso las posiciones que aquí se manifiestan encubiertas como demandas de la población, pero que en realidad se basan en intereses particulares o de grupo, carecen de toda legitimidad.

Otra de las aportaciones fundamentales de Morelos a la patria son los Sentimientos de la Nación, en los cuales logró plasmar las aspiraciones de un país sojuzgado que reclamaba su legítimo derecho a ser reconocido. En ello se acrisoló las demandas elementales de los mexicanos y señaló categórico la necesidad imperiosa de moderar la opulencia de la indigencia.

Por supuesto que no ha llegado a su fin esa tarea, pues en aras de conseguir recursos para cumplir promesas irresponsables, hay quien propone hoy día gravar los medios indispensables de subsistencia de los que menos tienen y se les otorgan prerrogativas a quienes detentan la riqueza.

En su lucha y compromiso con la nación mexicana, José María Morelos y Pavón promulgó importantísimos documentos que dan fe de la historia y son fuente de la libertad que hoy día gozamos todos los mexicanos.

El día 14 de septiembre de 1813, se dio lectura a los Sentimientos de la Nación y al día siguiente Morelos fue electo como encargado del Poder Ejecutivo, otorgándole el título de generalísimo.

El 5 de octubre del mismo año, se promulgó un nuevo decreto de abolición de la esclavitud y finalmente, el 6 de noviembre se expidió el acta de la Declaración de la Independencia, en donde resaltaban tres ideas principales: que la soberanía corresponde a la nación mexicana que se encontraba usurpada; que quedaba rota la dependencia del trono español y que a la patria correspondían los atributos esenciales de la soberanía: dictar las leyes constitucionales, hacer la guerra y la paz y mantener las relaciones diplomáticas.

No hay duda, Morelos fue un visionario que propuso juicios para siempre y aplicables en toda circunstancia. En estos días, por ejemplo, el mundo pasa por momentos determinantes en virtud de los ataques arteros que sufrieron los Estados Unidos de América, no podemos menos que conmovernos y solidarizarnos con nuestro vecino del norte ante los violentos acontecimientos. Pero antes de tomar decisiones irreflexivas que puedan comprometer al destino de nuestros hijos, estamos obligados al razonamiento.

Las posiciones obligadas por los intereses puede orillarnos a errar el camino de la superación y el progreso. Antes que los intereses económicos y de cualquier otra índole está la paz, la unidad, las libertades del hombre y sus legítimas aspiraciones de realización.

En la historia de la humanidad, la beligerancia nunca ha sido vía idónea para la construcción de etapas superiores de convivencia, antes bien, tarde que temprano la guerra trae consigo la destrucción de cualquier civilización por poderosa que ésta sea.

Las naciones con legados legítimamente revolucionarios, como el que tiene México, no pueden inventar salidas ni apresurar decisiones que estén fuera del marco histórico ni mucho menos, soslayando la rectoría que establece la Constitución. Cualquier decisión que tome el país, debe tener como base la vocación pacifista de nuestra patria.

El atentado merece nuestro repudio y condena, pero no es posible convertir el motivo del agraviado en una causa de entrega incondicional a combatir una fuerza que ni siquiera ha sido plenamente identificada, mucho menos juzgada.

Para tomar cualquier decisión, tenemos un referente insoslayable en nuestra Carta Magna, en la fracción X del artículo 89 "que establece la obligación para el jefe del Ejecutivo, de observar en la política los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionale".

Ahí está el hilo conductor de la decisión que debe tomarse. Cualquier otra determinación deberá ser materia de consulta con el Senado de la República, como representante del pacto federal.

Compañeros integrantes de esta soberanía nacional: Morelos sostuvo que el tener siempre al enemigo en frente, no le dejaba discurrir en materia tan grave, aludiendo a la amenaza inminente de los adversarios. Yo diría que es preferible darnos tiempo para la reflexión, aun cuando el enemigo esté amenazando.

En el mismo tema se le concede la palabra al diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Don José María Morelos y Pavón es un ejemplo a seguir para todos los mexicanos bien nacidos. Su trayectoria política, su heroísmo y sus ideas altamente revolucionarias y de liberación del oprimido, constituyen un legado para el pueblo de México.

Morelos es uno de los constructores de la nación mexicana, al haber luchado por la independencia y soberanía de nuestro país y contribuyó también a sentar las bases para la creación del federalismo y de la autonomía de los estados que fueron plasmados en la Constitución de 1824.

Su heroísmo y sacrificio lo enaltecen al igual que a los demás insurgentes promotores de nuestra independencia.

Su arraigo y vinculación con los sectores más desvalidos, sensibilizaron sus ideas revolucionarias y de cambio social a favor de los pobres y oprimidos. Su ministerio no fue un obstáculo, por el contrario, se convirtió en un acicate para transformarlo en un visionario y estratega de la independencia.

El contexto histórico en el que se desenvolvió la lucha de Morelos, se caracterizaba por un alto grado de opresión, saqueo de recursos y explotación de los mexicanos por parte de la corona española.

Al igual que el padre Hidalgo, Morelos también sufrió el influjo de las ideas liberales europeas y sin el menor miedo o temor por su integridad física y moral en medio de la brutal represión política que ejercía la corona hacia los habitantes de la Nueva España, mostró su temple y valentía y defendió sin dar tregua alguna las causas de la libertad y la liberación del pueblo oprimido.

La lucha de Morelos no fue estéril, porque gracias a su esfuerzo emancipador, la amplia diversidad étnica y social que en ese entonces prevalecía, fue configurándose en un núcleo que daría más tarde lugar a la conformación de la nación mexicana.

Morelos como luchador social siempre tuvo como principio rector la igualdad entre los hombres y por tanto la defensa de los oprimidos.

En un marco de desigualdades lacerantes, la defensa del indio, del menesteroso y del indigente, formó parte fundamental de su actuación como dirigente político y social.

El caudillismo de Morelos, se dio en un marco de escasa cohesión social y desarrollo cultural, a diferencia de la situación que prevalece en el México actual en donde encontramos un alto grado de complejidad y contradicciones en el tejido social.

Morelos por sus circunstancias históricas estaba obligado a ejercer un liderazgo fuerte. Por el contrario, el México actual no puede ser gobernado sin el amplio consenso de las fuerzas que reflejen la complejidad de nuestra realidad social. Porque, por ejemplo, Morelos fue en extremo escrupuloso en el manejo de las gruesas sumas y grandes riquezas que pasaban por sus manos, sin desviar un centésimo para su provecho personal. En cambio hoy estamos al borde de una crisis económica y social porque los responsables de cuidar la riqueza social que es el crédito, son en extremo dados a la corruptela en detrimento de una población más empobrecida y coadyuvando a acrecentar la violencia social derivada de la concentración de la riqueza, producto de un modelo económico excluyente y autoritario.

Morelos, al contrario de lo que hoy hacen nuestros funcionarios públicos, no le temblaron las manos para decretar una moratoria o la cancelación de pago que los mexicanos tenían con los europeos en esa época, porque para él primero estaba la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo y no las exigencias de los dictados de las coronas europeas. Esto dicho en términos más claros, es un verdadero acto de soberanía, que responde al mandato que el pueblo deposita en sus gobernantes, para que cumplan con sus responsabilidades.

Es necesario recordar la vocación republicana y democrática de Morelos, su voluntad de sujetar el poder al derecho, se manifestó en el reconocimiento realizado a la supremacía del Congreso de Chilpancingo, cuyos trabajos se plasman en el decreto constitucional, para la libertad de América.

Ningún otro mexicano en su vida, como Morelos, él protegió a costa de su vida, la majestad del Poder Legislativo, representante del pueblo, indiscutiblemente nadie como él merece el patriótico nombre del Siervo de la Nación, por ello, el nombre de José María Morelos y Pavón se encuentra grabado en los muros de honor de esta Cámara de Diputados, como reconocimiento del pueblo, todo a su grandeza y majestad.

Estos actos de soberanía y patriotismo, son entre otros algunos de los valores que nos legó Morelos. El Partido del Trabajo se suma al homenaje que esta Cámara realiza por el natalicio del patriota don José María Morelos y Pavón, que naciera el día 30 de septiembre del año de 1765.

Con el mismo tema tiene la palabra el diputado Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México.

"El lugar donde yo nací fue el jardín de la Nueva España", frase del generalísimo José María Morelos donde recibía a sus visitantes en su casa natal. El esfuerzo de Morelos por dotar a la nueva nación en vías de emancipación, desde el comienzo de la revolución de independencia, con una Constitución, leyes liberales y un gobierno propio para la libertad de México, ha sido el mejor legado que un caudillo pudo hacernos.

Hace unos años la ciudad que orgullosamente lleva su nombre, tomó como divisa, para la celebración del CL aniversario del cambio de denominación de Valladolid a Morelia, la frase: "Morelos, Morelia el nombre que nos distingue en la historia". Sin embargo no sólo la capital de Michoacán lleva el recuerdo imborrable del Siervo de la Nación, también en Zitácuaro, Apatzingán, Chilpancingo y Cuautla, a su paso y en la lucha revolucionaria dejó un hondo recuerdo.

Hoy el legado de Morelos abarca y continúa hablándonos a todos los mexicanos, la herencia ideológica de Morelos va más allá de localismos y su pensamiento y acción revolucionarios, lo sitúan en la cúspide de los próceres. Uno de sus biógrafos lo enaltece como el personaje histórico que se desenvuelve en la trilogía: sacerdote, soldado y estadista, aunque muy probablemente él hubiese preferido ser valorado en un triada distinta como arriero, estratega y Siervo de la Nación.

Le rendimos un homenaje a Morelos, en primer término, porque gracias a su vivencia y anhelo de libertad, en la Revolución de 1810, se manifestó y luchó por la independencia, en lugar de optar por una forma moderada de autonomía y en segundo lugar, por la importancia que concedió a las reformas sociales, la igualdad y el reparto de los latifundios.

El arresto de Morelos ocurrido desgraciadamente el 5 de noviembre de 1815 en las inmediaciones de Temalaca, hubiese cimbrado y derruido su sueño de libertad y justicia para la patria, de no haber avanzado en la construcción del nuevo Estado.

Así lo reconoció el gobierno insurgente en una proclama expedida en Tehuacán, firmada por José Sotero, presidente del Supremo Congreso; Ignacio Alas, presidente del Supremo Gobierno y José María Ponce de León, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, donde se anuncia la captura del Generalísimo; permítanme leer algunas partes de ella.

"Soldados, he aquí la suerte que ha cabido a vuestro padre el ornamento de la América mexicana, el héroe del sur, cuyo solo nombre hacía retemblar a nuestros tiranos y ha forzado la admiración de la Europa al sostén de nuestra gloria al gran Morelos, cuyo nombre pronunciará con respeto nuestra posteridad agradecida. No erraron en sus predicciones, al calor de los acontecimientos los herederos inmediatos de Morelos".

Hoy en esta Cámara le rendimos un agradecimiento póstumo a quien con esmero, valor, sabiduría, cultivó el jardín de la libertad con justicia para todos los mexicanos.

Previamente en el orden del día estaba el dictamen a discusión referente al decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

De conformidad con la información que tiene esta mesa directiva, en avance en la comparecencia de la licenciada Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, nos permite ya iniciar la discusión en torno a este decreto al que he hecho referencia.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

Por la importancia del tema, señor Presidente, sobre todo siendo el primer dictamen de ley que se vota en este periodo, sugeriría la lectura del mismo. No es muy extenso, tengo entendido.

En atención a la petición formulada por el diputado Felipe Calderón, se instruye a la Secretaría que dé lectura al dictamen.

El diputado Calderón quiere hacer algún comentario, actívese por favor su micrófono.

En atención al comentario que hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Felipe Calderón, con ese mismo argumento solicitamos, señor Presidente, que por haber evidente falta de quorum realice el procedimiento para que éste se verifique y estemos en aptitud de proceder conforme a derecho.

Ya se ha puesto la llamada a los diputados para que asistan a este recinto, señor diputado. Si en un término previo a que se dé a conocer la fijación de las posiciones, esta mesa directiva considerara que no hay quorum, procederíamos a consultarlo.

Señor Presidente, con todo respeto, ése no es el procedimiento porque en ese momento usted está aceptando que no hay quorum y el pleno no puede sesionar sin quorum, entonces usted está aceptando que no hay quorum y que va usted a llamar a los diputados; de tal manera que usted mismo está confirmando la hipótesis del diputado Calderón, por lo tanto tiene que proceder conforme al Reglamento.

Primero, no nos oponemos a que se verifique el quorum, yo creo que lo conveniente es que se vuelvan a abrir efectivamente las listas para que se haga. Lo que sí creo que está fuera de lugar, es que se interrumpa la lectura de un documento para hacer una petición de esa naturaleza. En todo caso, el procedimiento establece que una vez que se agote, pueden hacer la solicitud.

En el mismo sentido señor Presidente. Se ha ratificado el quorum con la lista de asistencia, se está dando lectura y va el procedimiento avanzando, no se puede interumpir. Debe continuar el procedimiento y en el momento de que ya la discusión para la votación es necesario verificar el quorum, se tiene que solicitar para ese efecto.

Solamente para pedir que en esta Asamblea los diputados tenemos el mismo derecho para hacer una moción, así como el señor Presidente de la Junta de Coordinación Política, antes de que se iniciara la lectura, antes de que se iniciara el procedimiento, solicitó la lectura, por la trascendencia de lo que se iba a votar, en ese mismo sentido y con ese mismo derecho, me permití hacer una moción para que se verificara el quorum, señor Presidente.

Es la visión que tiene esta mesa directiva, es que en la sala existe el quorum suficiente de diputados.

Solamente para rogarle sea usted tan generoso de que la Secretaría dé lectura al artículo 106 de la Ley Orgánica. Si es tan generoso.

"Artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior. Si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de la Cámara reclamara el quorum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del Presidente de la Cámara sobre el particular, para levantar la sesión.

En todo caso y cuando la dicha falta de quorum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista y comprobada aquélla se levantará la sesión.

Artículo 112 del propio Reglamento del Gobierno Interior. La falta de quorum se establece cuando es verdaderamente notoria por una simple declaración del Presidente de la Cámara y cuando es dudosa, por la lista que pasará la Secretaría, por acuerdo de la Presidencia o a petición de un miembro de la Asamblea."

Señor Presidente, con todo respeto señor Presidente, usted no está siguiendo las disposiciones de la ley, porque primero cuando el diputado Calderón, del PAS, le pidió que usted hiciera un recuento por falta de quorum, usted mismo señor Presidente reconoció que no había quorum. Después uno de los diputados que solicitó el uso de la voz, lo reconoce implícitamente, cuando dice que los diputados se irán incorporando poco a poco. Entonces son dos argumentos de que no hay quorum.

En tercero, usted de ninguna manera señor Presidente, ha dicho que hay quorum.

Diputado Rodríguez Lozano, el tablero electrónico ha estado siempre acreditando más de 420 diputados que han asistido a esta sesión.

Segundo, la Presidencia de la mesa directiva tiene la facultad para declarar cuando hay o no hay quorum y esta Presidencia ha señalado que es notorio que tenemos quorum.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Salud.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa de ley que contiene una adición a la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, en relación con la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla.

Esta comisión, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numeral 3, 43, 44 y 45 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 60, 87, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el siguiente dictamen, de acuerdo con los siguientes

1. Con fecha 9 de septiembre de 1998 se presentó al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa que adiciona la fracción VII, del artículo 115 de la Ley General de Salud, en relación con la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla, por el diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diversos diputados pertenecientes a diversos grupos parlamentarios.

2. Para su estudio y dictamen, el 9 de septiembre de 1998 la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Salud con opinión de la de Comercio.

3. Previo estudio y análisis de la iniciativa, se procedió a la elaboración del presente dictamen, exponiendo las siguientes

El objetivo fundamental que se propone en la iniciativa es adicionar nutrientes a las harinas de trigo y de maíz, así como a los nixtamales, para que de esta manera se pueda prevenir la desnutrición y asimismo proteger a los infantes de las zonas marginadas de nuestro país.

De la exposición de motivos se desprende que la desnutrición es considerada como el desbalance entre los nutrimentos requeridos y los ingeridos; es uno de los puntos álgidos que encontramos en nuestro país; además se considera como una enfermedad de origen multifactorial y que puede ser diferenciada en dos grandes ramas: la secundaria, que es la resultante de otro proceso patológico previo y la primaria o social, que es la que resulta de la pobreza y de la falta de acceso a los alimentos necesarios, de amplios sectores de la población.

Los autores de la iniciativa, consideran que los principales motivos para adicionar nutrientes a los alimentos son: restaurar pérdidas debidas a procesamiento y manejo de los alimentos; corregir una deficiencia reconocida en la dieta y mejorar la calidad nutricional global del suministro de alimentos.

Establecen que para llevar acabo la fortificación de los alimentos se requieren las siguientes condiciones:

Que el alimento debe ser consumido básicamente por todas las personas de la población. Que la ingesta diaria per capita debe ser estable y uniforme.

Que el alimento fortificado debe permanecer estable bajo condiciones estándares de almacenamiento y uso.

Que los nutrientes adicionados deben estar fisiológicamente disponibles en el alimento.

Que los nutrientes adicionados deben suministrarse en cantidades óptimas sin implicar un riesgo de ingesta excesiva o de efectos tóxicos.

Que el enriquecimiento no debe producir cambios indeseados en las características organolépticas del alimento.

Que el enriquecimiento no debe aumentar en forma sustancial el precio del alimento y por último, que el enriquecimiento debe ser económicamente factible a través de un proceso industrial.

Argumentos que en su conjunto sustentan la iniciativa con objeto de hacer obligatoria la fortificación de alimentos, con la siguiente propuesta:

VIII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos y hacer obligatoria la fortificación de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla y...

De conformidad con los antecedentes y motivaciones de referencia, esta comisión expone las siguientes

Efectivamente la fortificación de alimentos es un aspecto primordial que beneficia sin lugar a dudas a los habitantes de nuestra nación y su aplicación no constituye mayor dificultad, ya que la adición de pequeñas cantidades de una o varias vitaminas, minerales o proteínas (aminoácidos) que normalmente no contiene el producto, tecnológicamente es un aspecto resuelto.

La nutrición es un tema frecuente en la conversación diaria; sin embargo, la mayoría de la gente relaciona su significado con las áreas más comunes, como por ejemplo, el colesterol, la reducción de peso y el aporte de vitaminas, sin apreciar totalmente la amplitud del tema, su importancia y sus propósitos.

Al respecto, los integrantes de esta Comisión de Salud observan que este enfoque brinda importantes y nuevas oportunidades comerciales para la industria alimenticia, porque el significado de nutrición ha pasado desde el campo dietético con productos específicos para el tratamiento de diversas enfermedades hacia el campo de la alimentación sana y equilibrada. También se ofrecen nuevas oportunidades, por el hecho de que el consumidor actual está tomando cada vez más conciencia de la nutrición y de la capacidad de los alimentos para mantener la salud y prevenir enfermedades crónico-degenerativas. El contenido nutricional de un producto es, por lo tanto, un factor significativo en la forma en que el consumidor elige el alimento.

• Macronutrientes: proteínas (aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales); lípidos (ácidos grasos poliinsaturados, monosaturados y saturados) e hidratos de carbono (azúcares, hidratos de carbono complejos, fibra.)

• Micronutrientes: son los cofactores esenciales para que el metabolismo funcione correctamente.

• Los micronutríentes son principalmente vitaminas (ejemplo: vitaminas A, del complejo B, C, D, E y K), minerales (ejemplo: hierro y calcio) y elementos traza (zinc, selenio, manganeso.)

• A pesar de que éstos se requieren en pequeñas cantidades en la dieta, son factores claves en los componentes de la misma. Los procesos de crecimiento, producción de energía y funciones normales no ocurrirían sin ellos.

Por esto a través de muy diversos estudios en diferentes países, cada día son más los argumentos a favor de mejorar la nutrición de las personas y en especial de los niños para poder alcanzar un desarrollo humano sostenible. Nuevas evidencias científicas y tecnológicas sugieren que mediante el suministro de nutrientes vitales a la población es posible no sólo prevenir el inmenso costo social y económico de la desnutrición, sino que coadyuva para alcanzar las metas de un país en materia de educación, salud y productividad.

El trigo en nuestro país se consume en forma de pan y de pastas; sin embargo el maíz, mediante la tortilla, es el alimento que más se consume y en muchos casos donde existe la pobreza extrema es de los escasos alimentos que nuestra población ingiere. En algunos países de América Latina se han adicionados varios tipos de alimentos, entre ellos podemos encontrar el azúcar y las galletas, mientras que en nuestro país podríamos pensar en alimentos que tengan accesibilidad y que en las poblaciones más distantes sean de fácil acceso como productos finales para el uso inmediato del consumidor, por ejemplo las sopas de pasta y los atoles.

Existen numerosos estudios, tanto en México como en Latinoamérica, donde se demuestra que la fortificación de alimentos con micronutrientes ha beneficiado a la población. En donde se encuentran alimentos fortificados ha disminuido la mortalidad infantil; de igual manera la mortalidad materna ha reducido su número, así como también se ha observado un aumento del coeficiente intelectual de la población. De la misma manera, específicamente en nuestro país la deficiencia de ácido fólico se ha relacionado con defectos congénitos del tubo neural.

Relacionado con el espíritu de la iniciativa, se ha considerado mediante investigaciones fundamentalmente realizadas por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán y la misma Secretaría de Salud, la adición en pequeñas cantidades de micronutrientes a las harinas industrializadas de trigo y de maíz, ya que la deficiencia de estos nutrientes los encontramos en una proporción importante de la población y que su suplementación en la dieta ha demostrado ser benéfica en la salud y en la funcionalidad de la misma, debido a que es muy accesible hacérselas llegar por este medio. Además se ha comprobado que mediante esta adición en las harinas industrializadas se asegura la correcta absorción de estos nutrientes sin ningún riesgo de toxicidad o reacción adversa.

El olor, sabor, textura de la tortilla o de cualquiera de las harinas, de trigo o de maíz, no se vería afectada en lo más mínimo y el costo de la suplementación sería muy económico. No así para las harinas de los nixtamales de uso inmediato y de consumo directo en las pequeñas poblaciones. De acuerdo con el censo de población del año 2000, existen en la República más de 100 mil comunidades que tienen menos de 2 mil 500 habitantes y muchas de ellas de muy difícil acceso, lo que haría prácticamente imposible la adición de estos productos.

Sin embargo, en nuestro país existen normas oficiales que regulan la fortificación de alimentos como son:

En la Norma Oficial Mexicana 086-SSA1-1994, bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, especificaciones nutrimentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1996, a través de la cual como su nombre lo indica establece las especificaciones nutrimentales a que deben sujetarse dichos productos y en su punto I "objetivo y campo de aplicación" establece:

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones nutrimentales que deben observar:

I.I.I. Los alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición.

I.2. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dediquen a su proceso o importación.

Y en el punto 6.3. se refiere a los interesados que deseen adicionar o que adicionan nutrimentos a los productos de esta norma. Como ejemplo de productos que los industriales adicionan nutrimentos se menciona: la fécula de maíz de la marca Maizena (para elaborar atoles) así como también la Miel Karo, se basan en esta norma.

En la Norma Oficial Mexicana 147-SSA1-1996, bienes y servicios, cereales y sus productos, harinas de cereales, sémolas o semolinas, alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas, productos de panificación, disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1999, esta norma en su punto I.I. establece las disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales que deben cumplir las harinas de cereales, sémolas o semolinas, los alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas y los productos de panificación. Así también menciona que no son objeto de esta norma las harinas preparadas, botanas, pastas para sopa, tortillas y tostadas.

Y en su punto 5.3. "especificaciones nutrimentales"; el 5.3.1. dice "la harina de trigo debe ser adicionada con 2 mg de ácido fólico/kg de harina y 35 mg de hierro (como ion ferroso)/kg de harina". Observamos que en la harina de trigo se tiene la obligación de adicionar estos micronutrientes.

Por estas razones, los integrantes de la Comisión de Salud, establecen el siguiente

RESULTADO

Que se considera que los beneficios de la fortificación son la prevención de muertes infantiles, reducción de morbilidad materna, aumento de capacidad de trabajo y aumento del coeficiente intelectual y el combate a la desnutrición.

Que las ventajas de la fortificación de las harinas de trigo y de maíz industrializadas se consideran como un proceso eficaz y seguro, ya que se pueden fortificar alimentos de todos los grupos, sobre todo para la población de escasos recursos.

Que el nivel nutricional del alimento mejore sin que se tengan que modificar sus características culinarias además de que no se altere la característica sensorial de los alimentos.

Que esta medida incorporaría un beneficio a la población consumidora y establecería la obligación de las industrias de fortificar las harinas de trigo y de maíz, medida cuyo cumplimiento, vigilancia y fijación de lineamientos corresponderá a la Secretaría de Salud.

Por todo lo anterior, esta comisión concluye:

• Con base en el estudio y análisis realizado de los argumentos, se considera que el espíritu de la iniciativa es operante y que en algunos casos ya se está llevando a cabo la fortificación con micro-nutrientes en algunos alimentos industrializados con un costo mínimo, si se realiza en grandes volúmenes. Sin embargo, el hecho de procurar fortificar a los nixtamales consideramos que es inoperante debido a que es muy difícil para quienes los producen y viven en comunidades aisladas dado que tendrían que recorrer grandes distancias para poder obtener estos micronutrientes, además de que los dueños o quienes se hacen cargo de la producción del nixtamal tendrían que comprar y recibir capacitación para poder agregar de manera adecuada dichos nutrientes.

Con objeto de continuar con el espíritu de la iniciativa, los integrantes de esta comisión la modifican en los términos del siguiente proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Salud somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

Artículo único. Se reforma la fracción VII del artículo 115, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

"Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2001. — Diputados de la Comisión de Salud: María Eugenia Galván Antillón, presidenta; Rafael Orozco Martínez, Héctor Esquiliano Solís, Eduardo A. Leines Barrera, Adela del C. Graniel Campos, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, Juan Ramón Díaz Pimentel, María L. A. Domínguez Ramírez, Neftalí S. Escobedo Zoletto, María García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Núñez Monreal, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel Santibáñez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos Valenzuela Cabrales, José S. Velázquez Hernández y Juvenal Vidrio Rodríguez.»

Es de segunda lectura.

El Presidente:

En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado, para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, los siguientes diputados: Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México; Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática; Felipe Olvera Nieto, del Partido Acción Nacional y Héctor Esquiliano Solís, del Partido Revolucionario Institucional.

Se le concede la palabra, hasta por 10 minutos, a la dputada Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México.

El día de hoy se somete al pleno de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Salud que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, que pretende fortificar las harinas industrializadas de trigo y harina en beneficio de toda la población mexicana.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera lo siguiente: reconocemos los esfuerzos que todos los sectores han realizado para que en el dictamen a discusión se reflejen en buena medida las inquietudes y propuestas que hemos manifestado y formulado.

Sin embargo, también estamos conscientes que la satisfacción plena de todos los puntos de vista resulta muy difícil si no es que imposible en una sociedad cuya característica fundamental es la pluralidad.

Consideramos que este proyecto legislativo intenta dar solución al problema de la nutrición que padecen millones de mexicanos, pero que podría dejar la puerta abierta para que los organismos genéticamente modificados, situación que no nos convence del todo y por ello nos vemos en la necesidad de señalarlo para atenuar, en la medida de lo posible, la circunstancia.

Compañeras y compañeros: para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es imposible no manifestarse por el artículo de la Ley General de la ley en comento, en tanto que los beneficios que ha quedado demostrado con la fortificación de las harinas industrializadas de trigo y maíz beneficiarán a una parte importante de la población.

No mencionar que para conseguir este objetivo se pudiera modificar genéticamente estas harinas, implica no sólo un retroceso en mejorar la nutrición de nuestros compatriotas, sino también una negligencia por parte de nosotros los legisladores.

Apoyamos este dictamen, en virtud de que en la exposición de motivos se ha manifestado que los micronutrientes son esencialmente vitaminas, minerales y elementos tras, los cuales no requieren de organismos genéticamente modificados.

Y en este sentido la ley deberá interpretar bajo el criterio que el legislador le ha establecido y no dar lugar a dudas para que se malinterprete en este sentido. De apoyar la industrialización y comercial de este tipo de organismos.

Por ello urgimos a todos los legisladores para que trabajemos de manera inmediata para adecuar el marco jurídico en relación a este tema.

Apoyamos el dictamen porque no debemos subestimar la importancia de la nutrición fortificada, ya que provee bases sólidas para corregir los problemas asociados con la desnutrición.

El presente dictamen pretende asentar que la Secretaría de Salud establece las necesidades nutritivas en las harinas de mayor consumo entre los mexicanos y con ello trata de revertir las actuales condiciones de una falta de calidad nutricional.

Por tal razón, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados votamos a favor del presente dictamen.

Se le concede la palabra a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática.

La propuesta de modificación al artículo 115 de la Ley General de Salud se basa en la necesidad de fortificar las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con que se elabora la tortilla con vitaminas y minerales.

En la exposición marca la necesidad de adicionar nutrientes a los alimentos, con el fin de restaurar pérdidas debidas a procesamientos y manejo de alimentos. Con esto se pretende corregir una deficiencia reconocida en la dieta y mejorar la calidad nutricional global del suministro de alimentos.

La deficiencia de micronutrientes constituye un problema mundial que presenta consecuencias económicas y de salud. Actualmente existen tres estrategias para abordar las deficiencias, siendo éstas la fortificación de alimentos, la suplementación y la diversificación de la dieta. De estas tres estrategias generalmente se reconoce que la fortificación de los alimentos es el método más eficiente, así como el medio de mayor rendimiento económico para mejorar las deficiencias de los micronutrientes. Es por ello que se propone:

Se adicionen las harinas con ácido fólico, vitamina del complejo b que contribuye a prevenir el riesgo de enfermedades del tubo neural en recién nacidos. Reduce el riesgo de enfermedades cardiacas y ayuda a la salud de las células rojas de la sangre.

Es sumamente importante que lo consuman las mujeres embarazadas. También es indispensable el hierro y las vitaminas del complejo b, como la tiamina, necesaria diariamente para tener buen apetito, buena digestión y nervios sanos.

La binoflavina, útil para el crecimiento y para una buena vista. La neacina, esencial para el uso eficiente de proteínas en el cuerpo. Referente al zinc, estudios recientes demuestran que la deficiencia moderada de éste aumenta la presencia de enfermedades infecciosas en niños y que la suplementación del mismo disminuye la morbilidad.

Estamos conscientes del alto grado de desnutrición que existe en nuestro país, tomando en cuenta que sufren de desnutrición e inseguridad alimentaria alrededor de 458 municipios ubicados en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, también en Tlaxcala, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

El Programa Nacional de Salud 2001-2006 establece que el principal problema de salud de los niños indígenas menores de cinco años es la desnutrición crónica que se manifiesta por el retraso en el crecimiento. Haciendo alusión a otros problemas nutricionales como la anemia, se afecta alrededor de 36% de los niños indígenas y las deficiencias de hierro, zinc, vitamina c y vitamina a, que afecta entre el 12% y 50% de la población mencionada.

Aunque es lamentable reconocerlo, la tortilla de maíz a veces para una gran mayoría de la población pobre y en extrema pobreza que habita en nuestro país, constituye su alimento básico. Según los expertos la tortilla llega a aportar hasta el 50% de la energía consumida por individuo y casi 40% de las necesidades diarias de proteína.

Según los investigadores de la nutrición, la tortilla es una buena opción para operar en ella una adición de hierro, pues la carencia de ésta afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva, mujeres embarazadas, así como a los niños en sus primeros años de vida. La carencia de tal afecta el desarrollo físico y neurológico de los niños y su capacidad inmunológica de defensa.

Las vitaminas y los minerales pueden adicionarse al trigo y al maíz sin producir cambios organo-lépticos o fisicoquímico importantes en las harinas o en los productos que se preparen con ellas. Sin duda, la fortificación de las harinas de trigo y de maíz son una opción que contribuye a superar ciertas deficiencias nutricionales de la población mexicana.

Los elementos vertidos por la diputada del Verde Ecologista que me antecedió, son atendibles y serán considerados posteriormente por el PRD, aunque aquí se trata de analizar la iniciativa que se presentó en la Comisión de Salud, en los términos en que el mismo Partido Verde Ecologista la presentó.

Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se suma al dictamen emitido por la Comisión de Salud, para establecer la modificación al artículo 115 de la Ley General de Salud fracción VII, donde se marca la necesidad de establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos y con el agregado propuesto por el decreto a continuación.

La fracción mencionada quedará como sigue: "tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse".

Se le concede la palabra al diputado Felipe Olvera Nieto, del Partido Acción Nacional.

En nombre de la fracción parlamentaria del PAN deseo expresar ante la Asamblea, que apoyamos la adición de la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, en relación con la fortificación nutritiva de las harinas industriales de trigo y de maíz.

El trigo en nuestro país se consume en forma de pan y de pastas, sin embargo el maíz, mediante la tortilla, es el alimento que más se consume y en muchos casos donde existe la pobreza extrema, es de los escasos alimentos que nuestra población ingiere.

En algunos países de América Latina se han adicionado varios tipos de alimentos, entre ellos podemos encontrar el azúcar y las galletas, mientras que en nuestro país podríamos pensar en alimentos que tengan accesibilidad y que en las poblaciones más distantes sean de fácil acceso como productos finales para el uso inmediato del consumidor, por ejemplo, las sopas de pasta y los atoles.

Existen numerosos estudios tanto en México como en Latinoamérica, donde se demuestra que la fortificación de los alimentos con micronutrientes ha beneficiado a la población. En donde se encuentran alimentos fortificados ha disminuido la mortalidad infantil, de igual manera la mortalidad materna ha reducido su número, así como también se ha observado un aumento del coeficiente intelectual de la población. De la misma manera, específicamente en nuestro país, la deficiencia de ácido fólico se ha relacionado con defectos congénitos del tubo neural.

Relacionado con el espíritu de la iniciativa, se ha considerado mediante investigaciones, fundamentalmente realizadas por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que la adición en pequeñas cantidades de micronutrientes a las harinas industrializadas de trigo y de maíz, es muy accesible hacérseles llegar por este medio, ya que la deficiencia de estos nutrientes los encontramos en una proporción importante de la población y que su suplementación en la dieta por el medio descrito, ha demostrado ser benéfica en la salud.

Además, se ha comprobado que mediante esta adición en las harinas industrializadas, se asegura la correcta absorción de estos nutrientes, sin riesgo de toxicidad o de reacción adversa.

El olor, sabor, textura de la tortilla o de cualquiera de las harinas de trigo o de maíz, no se vería afectada en lo más mínimo y el costo de la suplementación sería muy económico.

Se considera que los beneficios de la fortificación son la prevención de muertes infantiles, reducción de mortalidad materna, aumento de capacidad de trabajo y aumento de coeficiente intelectual y el combate a la desnutrición.

Las ventajas de la fortificación de las harinas de trigo y de maíz industrializadas, se considera como un proceso eficaz y seguro, ya que se pueden fortificar elementos de todos los grupos, sobre todo para la población de escasos recursos.

El nivel nutricional del alimento mejora sin que se tengan que modificar sus características culinarias, además de que no se altere la característica excepcional de los alimentos.

Esta medida incorporaría un beneficio a la población consumidora y establecería la obligación de las industrias de fortificar las harinas de trigo y de maíz, medida cuyo cumplimiento, vigilancia y fijación de lineamientos corresponderá a la Secretaría de Salud.

Por todo lo anterior, concluimos: con base en el estudio y análisis realizado de los argumentos, se concluye que el estudio de la iniciativa es operante. En algunos casos inclusive ya se está llevando a cabo la fortificación con micronutrientes en algunos alimentos industrializados con un costo mínimo.

Se realiza en grandes volúmenes las harinas industrializadas de trigo y de maíz con adición de micronutrientes contribuirá al desarrollo de los habitantes de un México mejor.

Por estas consideraciones exhorto a todos ustedes, compañeros diputados, a aprobar el presente dictamen que sin lugar a dudas contribuirá para el mejor desarrollo de nuestra población.

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 431 diputados y un diputado que reportó fallas en su lector biométrico.

Tiene la palabra el diputado Héctor Esquiliano Solís, del Partido Revolucionario Institucional.

Dentro de las prioridades de la agenda legislativa de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, está precisamente el de elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación por parte de esta fracción y en consecuencia los diputados de la fracción priísta vamos a votar a favor.

Al no existir una norma que obligue a la Secretaría de Salud para la fortificación en el alimento base de los mexicanos que es el maíz, la mayoría de los mexicanos no tenemos los nutrientes que nos den mejor alimentación y mejor nutrimiento.

Apoyamos esta iniciativa que vendrá a beneficiar preferentemente a niños y mujeres en su comida diaria, así como disminuirán las muertes infantiles y maternas, la productividad en el trabajo se incrementará, también se incrementará el coeficiente intelectual de la población con estos aditamentos que se están señalando en esta propuesta.

Debemos seguir buscando nuevas estrategias y políticas que mejoren la dieta de la población más necesitada, el maíz en muchos hogares mexicanos es el alimento único que consumen y también muchos alimentos chatarras que no podemos desaparecerlos.

Con esta iniciativa se mejorará en su calidad y como consecuencia se incide y se repercute en la mejor nutrición.

Como legisladores tenemos que procurar si los productores e industriales que procesan los alimentos básicos para la dieta de los mexicanos, garanticen el contenido nutricional del producto que ofertan y avanzar en mejorar permanentemente en la calidad de los mismos.

Perdemos mucho dinero en publicidad del producto y en su promoción, debemos tener en cuenta que la mejor publicidad es la calidad de lo que se oferta. Bien vale la pena ese esfuerzo, señores empresarios, para contribuir al desarrollo sustentable de nuestra población mexicana.

El maíz en muchos hogares mexicanos es el alimento único que consumen y también debemos de incidir porque así está acostumbrada nuestra población, en comer muchas "sabritas", muchos productos que se denominan en el argot publicitario como "botanitas", pero que al fin son comidas chatarras y pedimos nosotros como obligación, legislar en que si no las podemos erradicar, sí podemos enriquecerlas con nutrientes como lo está señalando esta ley, esta propuesta de reforma a la Ley de Salud.

En la comisión plural que conformamos los elementos de los diferentes partidos de la Comisión de Salud, todos decidimos apoyar esta iniciativa porque refleja que en la salud no se admiten más posturas que el beneficio para nuestros conciudadanos para lograr una verdadera justicia social. Por eso les pido, compañeras, compañeros, que votemos a favor de esta iniciativa.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

Aprobado el proyecto de decreto por 358 votos a favor, uno en contra. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

Con punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realicen los trámites para condonar el adeudo por consumo del distrito de Altar, en Sonora, este punto de acuerdo lo ha formulado el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quien ha solicitado se posponga para una próxima sesión.

Con punto de acuerdo en relación a la venta de Cintra, es el siguiente punto de acuerdo y se le concede la palabra al diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La venta de las aerolíneas incluidas en el corporativo Cintra, es una cuestión de suma trascendencia para la vida económica y social de nuestro país.

En esta misma tribuna, nuestra fracción parlamentaria en diversas ocasiones ha hecho propuestas y ha fijado su posición en relación a este punto.

Es conveniente recordar que al finalizar el último periodo de sesiones de esta Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el sentido de tener la venta de las aerolíneas hasta que no se contara con el diseño consensado de una política aeronáutica en la que se plantearan los objetivos y las modalidades que debe tener nuestra industria nacional, con una visión de largo plazo y con una definición muy clara de favorecer el interés nacional.

En la construcción de dicha política esta Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Comunicaciones ha hecho importantes esfuerzos y hasta la fecha ha entregado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sus propuestas en la materia y ha delineado la agenda legislativa que se deriva de dicha política aeronáutica.

Los ataques terroristas realizados en los Estados Unidos el pasado 11 de septiembre están teniendo repercusiones graves en la industria de la aviación, sintomático en esta situación es el hecho de la debacle de las empresas de aeronavegación que cotizan en la bolsa norteamericana.

Las pérdidas registradas por las cuatro empresas líderes en este mercado, American, United, Delta y Continental son tan importantes que el mismo gobierno norteamericano ha implementado una serie de medidas para aliviar su operación y garantizar su existencia.

En las condiciones de riesgo que prevalecen en la Unión Americana, la operación de las aerolíneas se ha alentado, ha disminuido más que significativamente las demandas de transportación por ese medio y las medidas de seguridad en los puertos aéreos al endurecerse han provocado costosos desórdenes que han afectado la productividad de esas empresas.

Si se estima que los efectos de la crisis que inició el pasado 11 de septiembre aún no tienen parámetros definidos de medición y que sus repercusiones tendrán que ser evaluadas sólo al mediano plazo, cuando se reconozcan los recursos que se utilizarán en la casi inevitable respuesta a estos atentados, habremos de reconocer entre tanto, la complejidad y dificultad para los escenarios en que habremos de situarnos, ya que como socios comerciales y por el alto grado de interrelación económica que tenemos con ese país, habremos de sufrir considerables repercusiones.

Es sumamente trascendente esclarecer, después de una revisión exhaustiva, si el problema que está enfrentando la industria de la aviación en el mundo es una coyuntura o se trata de una auténtica transformación de ese mercado y por consiguiente de la necesidad de cambio y adaptación de la industria a nuevas exigencias, pues teniendo el resultado de este estudio es que se tendrán elementos reales y tangibles para tomar una decisión informada y formada con bases firmes y sustentables.

Por todo ello, es necesario contar con todos los elementos que permitan tomar una decisión idónea en relación con la venta de Cintra, así como la adecuación, transformación y actualización de la industria de la aviación nacional, que la hagan competitiva y productiva, evaluando lo adecuado o inadecuado de que el Estado participe en la misma, así como lo indispensable que el Estado mexicano apoye a las empresas de este sector como ha sucedido en otros países por las circunstancias específicas que atraviesa este ramo industrial a nivel internacional.

En consecuencia, y a fin de atender este asunto prioritario de importancia y trascendencia nacional, los diputados firmantes miembros de este Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que nos consagra el artículo 93. Párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 punto cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 53, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Primero. Que se analice en el proceso de venta de Cintra; el impacto de los eventos del 11 de septiembre perpetradas en las ciudades de Washington y Nueva York en las empresas aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación.

Segundo. Con base en la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo en la Unión Americana, deberán revisarse las condiciones de desincorporación de Cintra, a fin de que se garantice que las empresas hasta hoy mexicanas queden en manos de mexicanos y se estudie la conveniencia de la participación del Estado que permita garantizar que México seguirá conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional, más allá de consideraciones puramente comerciales y de mercado.

Se le concede la palabra para rectificar hechos, al diputado Alonso Ulloa Vélez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Este tema de la aviación en México, de la aviación en el mundo, es un tema relevante, muy relevante, porque este medio de transporte genera de por sí un gran movimiento económico, pero también tiene impactos muy importantes sobre muchos otros sectores de la economía por supuesto de México, como en todo el mundo y en esto la aviación nacional tiene por supuesto grandes riesgos en esta coyuntura, pero también, como se indicaba en la sesión de la Comisión de Comunicaciones hoy por la mañana, representa grandes oportunidades o puede representar grandes oportunidades.

Hace solamente una sesión, el diputado Juan Ignacio García Zalvidea, de Acción Nacional, presentaba en esta tribuna un punto de acuerdo para que solicitáramos al gobierno estudiara y nos permitiera estudiar con él cuáles debían ser las medidas que el Gobierno tome para apoyar, por un lado a la industria aérea nacional, pero también a una de las industrias que se ven muy afectadas por los eventos ocurridos en los Estados Unidos, como es el turismo y ya esta semana las comisiones de Turismo, de Comunicaciones y de Transportes de esta Cámara de Diputados, han iniciado trabajos para aportar las ideas que desde aquí se generan al Ejecutivo y apoyar a estas industrias.

Yo quisiera destacar que este trabajo unido y propositivo que se hace en las comisiones, genera frutos positivos y en el caso específico de Cintra se daba ya desde el periodo ordinario pasado un punto de acuerdo unánime de esta Cámara, para que el desarrollo de la industria fuera mucho más ordenado, a través de una política aeronáutica en la que este Poder Legislativo ha expresado su contribución.

Es por eso que felicitamos que el diputado Raúl Cervantes haga un planteamiento de éstos, que se suman a los que ya se han hecho por parte de otros diputados, como el caso del diputado García Zalvidea, para apoyar desde este Poder Legislativo medidas que nos permitan no sólo proteger al país en la crisis, sino generar oportunidades que catapulten estas industrias en el futuro, a un mayor crecimiento y que convirtamos este momento difícil en un momento de oportunidad para este país.

Sólo lo podremos hacer si seguimos trabajando así, de manera propositiva, de manera conjunta todos los grupos parlamentarios y por supuesto el Ejecutivo Federal.

Inmediatamente tiene la palabra la diputada Carolina Viggiano Austria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para interponer una controversia constitucional en contra del titular del Ejecutivo Federal por el acuerdo de la Procuraduría Agraria que viola y excede la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Tiene la palabra la diputada Araceli Domínguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la situación presupuestal para atención a la salud en diversos estados.

El proceso de descentralización de los servicios de salud que se lleva a cabo desde hace varios años ha permitido en el marco de una estrategia de fortalecimiento del federalismo, trasladar facultades y recursos a las entidades federativas que han redundado en el fortalecimiento de los estados para contemplar las políticas de desarrollo social y de salud.

En particular, ha sido posible conjuntar recursos entre los gobiernos federales y de los estados, así como del ramo 33 para abatir el rezago en infraestructura, particularmente de primero y segundo nivel.

No obstante, la calidad de los servicios ha sido sensiblemente afectada entre otras razones porque los recursos presupuestales transferidos a los estados no fueron determinados sobre bases que tomaron en cuenta de manera equitativa la situación de cada una de las entidades federativas, tanto en lo que concierne a los problemas de salud, como en lo relativo a la propia infraestructura y a los recursos humanos con los que contaba cada uno de los servicios estatales.

Es por esta razón que la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, tiene de origen una estructura marcadamente inequitativa. De esta forma, de acuerdo a los datos proporcionados por el Gobierno Federal, y la Organización Panamericana de Salud, durante 1999 el gasto per capita en el sector salud en algunos estados del país ha sido sumamente inequitativo.

Por ejemplo, el Distrito Federal tuvo un gasto per capita en salud de 4 mil 314.2 pesos; Baja California Sur, 2 mil 292; Colima 1 mil 579; Nuevo León 1 mil 465 y Baja California Norte 1 mil 302.

En contraste, el Estado de Chiapas ejerció por persona 604 pesos; Guanajuato 692.2; Guerrero 685.8; el Estado de Hidalgo tuvo un gasto de 793.6; Estado de México 611; Michoacán 662; Oaxaca 608; Puebla 664; San Luis Potosí 803; Tlaxcala 790.7; Veracruz 882.7; Zacatecas 759.3: en tanto, que el nacional es de mil 214.8 pesos por persona.

La mayoría de estos estados presentan una expectativa de esperanza de vida al nacer, en los varones, menor al promedio nacional: Chiapas 70; Guanajuato 73; Guerrero 70.8; Hidalgo 71.9; Michoacán 72.7; Oaxaca 70.2; Puebla 71.6; Zacatecas 72.1. En efecto, por debajo de la media nacional que es de 73.1.

El evidente desequilibrio presupuestal a que se ha hecho referencia, se refleja en grandes problemas en el abasto de medicamento, pero particularmente en un enorme déficit de personal médico y paramédico en las instalaciones en general. Enfáticamente en las instalaciones que han sido construidas en los últimos tres años.

El número de médicos en contacto con pacientes para 1999, por cada 10 mil habitantes, fue en Chiapas de 8.8; Guanajuato 8.1; Guerrero 9.7; Estado de México 7.5; Michoacán 8.9; Oaxaca 8.6; Puebla 0.82; San Luis Potosí 9.2; Veracruz 10.1; Zacatecas 9.7; Tlaxcala 9.5 e Hidalgo 10. Es decir, por debajo de la media nacional que fue de 11.7.

Indices similares se presentan en el caso de enfermeras, odontólogos, gineco-obstretas y pediatras. Esta preocupante falta de médicos y paramédicos no sólo entraña el incumplimiento al derecho de salud de la población de estos estados, sino que también está afectando las cargas de trabajo y por tanto la calidad de los servicios. Todo indica que el proceso de descentralización ha dejado vacíos administrativos y posiblemente jurídicos, según los cuales el Gobierno Federal pretende que los estados asuman responsabilidades sin que se tenga el marco presupuestal debidamente concertado y definido.

Cabe mencionar que el presupuesto del 2001, la aprobación de nuevas plazas para el sector salud, fue de cero. De ahí, que programas como el Progresa o de ampliación de cobertura se han visto seriamente afectados.

Por lo anterior resulta apremiante, ante la proximidad del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002, que esta soberanía cuente con los elementos y la información necesaria a efecto de valorar los problemas a que nos hemos referido en el proceso de descentralización de los servicios de salud y en particular lo relativo al déficit de plazas de personal médico y paramédico.

En consecuencia y conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los diputados federales que suscriben el presente, someten a consideración de esta Asamblea, el siguiente

Primero. Que la Comisión de Salud convoque a los servidores públicos de la Secretaría de Salubridad, del IMSS y del ISSSTE y de los servicios de salud de los gobiernos de los estados de Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala e Hidalgo, a efecto de que se analice la dimensión y los factores que están originando el déficit presupuestal de recursos humanos.

Segundo. Que derivado de lo anterior, una vez que se cuenta con la valoración presupuestal requerida para cubrir los faltantes que se determine, se haga del conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002, los recursos necesarios para tal cobertura.

Firman los diputados de las fracciones del PRI, PAN, PRD, de los estados antes mencionados.

Han solicitado para hacer uso de la palabra sobre el mismo tema, los diputados Eugenia Galván, Eduardo Leines Barrera y Narciso Amador Leal.

Tiene el uso de la palabra la diputada Eugenia Galván Antillón, hasta por cinco minutos.

La salud es una inversión para un desarrollo con oportunidades, a medida que el país se transforma el sistema de salud debe hacerlo también, el desarrollo económico, el bienestar social, la estabilidad política y la seguridad nacional dependen en muy buena parte de la buena salud de nuestra población. No puede haber progreso general sin un sistema de salud que responda a las aspiraciones de los mexicanos.

La buena salud es uno de los objetivos del desarrollo y una condición indispensable, para alcanzar la auténtica igualdad de oportunidades.

Por este motivo la distribución de los recursos del fondo de aportaciones para los servicios de salud, tiene de origen una estructura marcadamente inequitativa, la distribución del Presupuesto del 2002 debe atender principalmente a satisfacer las necesidades de las regiones más marginadas, específicamente a aquellos estados que cuentan con una geografía accidentada y zonas rurales con población dispersa, como son los estados de: Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí.

Es preciso asimismo incrementar el presupuesto para la salud del 5.3% del producto interno bruto, que en la actualidad se destina a un 6.8% del producto interno bruto y redistribuir los recursos en las entidades más vulnerables que hemos mencionado.

En esta forma podremos satisfacer los requisitos esenciales para una vida decorosa y conceder el gozo irrestricto de la garantía constitucional del derecho a la salud consagrada en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

La doctrina humanista de Acción Nacional, basada en los derechos universales del hombre, considera a la salud de los mexicanos como factor primordial para el desarrollo del país y para reconocer a cada mexicano su dignidad como persona.

El grupo parlamentario de Acción Nacional estará atento a las reformas jurídicas y a la distribución de recursos suficientes que marquen las nuevas prioridades en salud y que coadyuven a encontrar nuevos caminos.

En este sector encontramos el campo fértil para construir una patria ordenada y generosa y un México mejor y más digno para todos.

La solución de los problemas de México está en manos de todos los mexicanos, todos podemos hacer algo y hoy los legisladores, el Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados, necesitamos aportar más recursos al presupuesto del sector salud a favor de todos los mexicanos, especialmente a los más desprotegidos.

Para hacer uso de la palabra sobre el mismo tema, le damos la palabra al diputado Eduardo Abraham Leines Barrera, hasta por cinco minutos.

Paso a esta máxima tribuna de la Nación, para reafirmar lo que nuestra compañera diputada de mi grupo parlamentario acaba de exponer.

Es indudable que el presupuesto en salud dista de ser suficiente y equitativo ante las necesidades reales de un estado donde se involucran diferentes aspectos como accesibilidad geográfica, dispersión de localidades, condiciones socioeconómicas, el peso de la enfermedad, características epidemiológicas, ingreso per capita etcétera.

Existen diferentes métodos y criterios para la estimación presupuestal, uno de ellos toma en cuenta el tamaño de la población, la marginación y la tasa de mortalidad, además se considera también la tendencia en el ejercicio financiero.

Por lo tanto debemos estudiar las características de un modelo estadístico que permita establecer equivalencias y discrepancias entre las entidades federativas e identificar las posibles iniquidades o desviaciones presupuestales en función a una serie de indicadores y posesionar de acuerdo a medidas estadísticas de cada Estado.

Con esto no se busca encontrar una alternativa para compensar a los estados que se saben desprotegidos y con escasos recursos, sino presentar un análisis que ayude a comprender y proponer alternativas para mejorar los procedimientos en la asignación de los recursos en beneficio de la población.

Sin duda, uno de los grandes retos de las administraciones es optimizar la asignación de recursos y evitar el conflicto de la iniquidad orientada no solamente al ejercicio óptimo de los recursos, sino a disminuir el rezago de las condiciones de vida de la población. Las demandas de la población son múltiples y en ocasiones difíciles de pronosticar, sobre todo cuando se vive una transición epidemiológica.

Factor determinante para la asignación presupuestal, ha sido tomar el peso de la población potencial o usuaria; tomar en cuenta su tendencia, calcular algunas tasas de crecimiento de presupuesto y asignar un monto que después se ajuste para adaptarse al cambio de políticas y restricciones económicas en las cuales vive plenamente este país.

Subrayo en decir que últimamente se ha incorporado a la asignación presupuestal el grado de marginación en la tasa de mortalidad, pero sería conveniente incorporar como referencia adicional, un análisis de las condiciones de vida, las de carácter epidemiológico, la cobertura de los programas, la productividad de los servicios y la capacidad instalada y así establecer un mecanismo que disminuya la iniquidad sentida por los administradores de la salud estatales y para dar respuestas institucionales a las condiciones de salud de los mexicanos.

Refiriéndome específicamente a las necesidades de mi Estado, Veracruz, mencionaré que ocupa por su densidad demográfica, el tercer lugar; cuenta con 210 municipios; el 10.35% de su población es indígena, porcentaje superior al promedio nacional que es del 7.13%; el 68.1% de sus habitantes no dispone de seguridad social, por lo tanto, es responsabilidad de la Secretaría de Salud, su atención. Es un Estado grande, con un gasto per capita inferior a otros estados, con características ambientales similares.

Lo anterior es a grandes rasgos algunas de las características de este Estado, por lo que su necesidad presupuestal urgente es de 895 millones de pesos para aumentar plazas de médicos y paramédicos, gastos de operación de nuevas unidades, bono anual, equipamiento, pago del crédito puente que tuvo que disponer para terminar obras en proceso etcétera.

Posteriormente y con oportunidad, pondré a disposición de la Comisión de Salud, una iniciativa para identificar iniquidades en la asignación presupuestal de los recursos transferidos por la Secretaría de Salud a los estados, para que así en tiempo y forma se presente ante este pleno.

Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

Previo a la presentación ante esta tribuna, el punto de acuerdo que nos está ocupando, por la diputada Araceli Domínguez, convenimos que el Partido de la Revolución Democrática suscribiría en sus términos el contenido del documento. No solamente porque en el caso del Estado de Zacatecas lo involucra, lugar de origen de un servidor y de compañeros diputados tanto del PRI como del PRD, veíamos preciso suscribirlo en sus términos, pero también nos aproximábamos a una reflexión: el punto de acuerdo toca los estados de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Puebla, Guerrero, Guanajuato —como había dicho el nuestro— Zacatecas,Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Chihuahua.

Este país está en la circunstancia política de revisar éste y otros temas, para que entidades con ciertos indicadores de subdesarrollo, de marginalidad, encuentren la posibilidad de inscribirse en el concierto nacional, es preciso tocar éste y otros temas.

Generalmente hablamos de que el subdesarrollo está presente en los estados geográficamente ubicados en el sur de nuestro país. Sin embargo, y ejemplo de ello y en el rubro específico de la salud, abordamos también ahora, el que aparece en estados como Chihuahua, incluso y no es paradoja, incluso Guanajuato.

En ese sentido, la suscripción del punto de acuerdo planteado, va también por la fracción parlamentaria de nuestra parte y específicamente por la diputación zacatecana.

Aprovecharía la oportunidad para establecer que como aquí se ha mencionado, para el Ejercicio Fiscal de 2001, el crecimiento en la plantilla laboral del servicio médico y paramédico, ha sido cero y sin embargo, en el marco de la firma de los convenios para la descentralización administrativa, hay plantillas que hoy día aparecen con incertidumbre en relación a sus relaciones laborales y a la seguridad social. Cito específicamente el caso de Zacatecas, puesto que 237 trabajadores homologados, desde 1996 al día de hoy, solamente reciben su salario y la prestación del servicio médico, pero como lo expresaba, sin la garantía en la definición de sus relaciones laborales.

Para el ejercicio fiscal del año que viene, no solamente habremos de revisar los indicadores que ahora se han mencionado, sino también aquello que tenga qué ver con la obligación del Estado para hacer frente a los pasivos laborales derivados de las relaciones laborales de los homologados que en este momento no disfrutan del derecho a la seguridad social cual lo manda la Constitución federal, las propias disposiciones ordinarias y, desde luego, en el marco del compromiso de los convenios respectivos.

Finalmente, en éste como en otros temas, la reflexión vaya no sólo al de la salud. Me parece que es preciso que vayamos abordando otros indicadores que tienen qué ver con el destino del gasto público para que las entidades menos favorecidas históricamente, las tocadas, las tildadas como no candidatas para el desarrollo por los antiguos presidentes de la República, veamos ésta como oportunidad de emparejarlas e inscribirlas en el desarrollo en el concierto que este país debe replantear no sólo para algunos, sino para todos los estados.

Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Narcizo Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional.

En la vorágine de los acontecimientos y la intensidad de la agenda de esta soberanía, a veces se pierde la trascendencia de temas fundamentales tocados en esta tribuna y me parece que es el caso.

Quiero, por tanto, una breve reflexión con ustedes sobre el caso de Puebla. Además de los indicadores a que ya hizo alusión la diputada Domínguez, destaca que el índice de enfermedades transmisibles, nutricionales y de reproducción es de 188.1, muy por arriba del 72.5, que es el promedio nacional.

El número de médicos por cada 10 mil habitantes es de 8.2 contra 11.7. El número de enfermeras es de 13.1 contra 18.8, que es el promedio nacional y, por último, el de ginecobstetras de 1.2 contra 2.3 nacional, igual el de pediatras, de uno contra 1.9 nacional.

De tal manera que este desequilibrio de los indicadores sociales respecto al gasto per capita se refleja como ya se decía en problemas concretos, específicos de la atención a la salud de miles de poblanos, especialmente en sierra norte, mixteca y en la sierra negra.

El reclamo más sentido, compañeras, compañeros diputados, que hemos recibido en el recorrido por nuestras comunidades es justamente el de falta de médicos y de enfermeras.

Hicimos un balance en las principales regiones, solicitamos información a los servicios de salud y el resumen, que dejaré a la Secretaría para que se incorpore al documento que han presentado los compañeros que me anteceden en uso de la palabra, arroja un déficit de 2 mil 748 plazas, sin considerar a las instituciones del ISSSTE y al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Como decía la compañera diputada Presidenta de la Comisión de Salud, el origen de este problema tiene qué ver con la forma en que se estructura el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Este fondo tiene cuatro componentes: el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, las previsiones para el pago de los servicios de personal, el gasto de operación e inversión y los recursos destinados a promover la equidad en los servicios de salud.

Los tres primeros componentes, son componentes que parten o partieron al momento de la descentralización de la situación prevaleciente y obviamente los estados con mayor desarrollo relativo contaban con mayor presupuesto y mayores recursos. Sólo el último factor, que es para equilibrar la asignación presupuestal entre los estados de acuerdo a su condición de salud, nos da la posibilidad de este equilibrio, mismo que sin embargo, no se puede lograr porque el peso del factor dentro del conjunto de la fórmula es reducido.

Dejo a ustedes, finalmente, compañeras y compañeros diputados, esta interrogante: ¿cómo explicar la grave falta de médicos y enfermeras en las clínicas en las comunidades, que finalmente significa enfermedad y pérdida de vidas humanas, en tanto que miles de médicos y enfermeras deambulan por las dependencias públicas y por las calles solicitando con justicia su incorporación a las instituciones de salud para servir al pueblo de México.

El punto relativo sobre la situación de los ahorradores de la Caja de Ahorro Capricornio, de Sinaloa, a solicitud del grupo parlamentario del PRI se pospone a una próxima sesión.

Igualmente, a solicitud del mismo grupo parlamentario, el punto de acuerdo para interponer una controversia constitucional en contra del titular del Ejecutivo Federal por el acuerdo de la Procuraduría Agraria que viola y excede la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se pospone para una siguiente sesión.

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Villegas Montes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados...

Con todo respeto señor Presidente, le pido que el punto de acuerdo que presenté le sea turnado también a la Comisión de Salud.

«Los suscritos, en nuestro carácter de diputados a esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ocurrimos ante esta elevada representación a fin de presentar una propuesta de acuerdo respecto del desarrollo de las sesiones de la misma. Para hacerlo, nos basamos en lo siguiente:

El mes de septiembre es un mes muy especial para todos los mexicanos. Ello porque constituye, para decirlo de algún modo, uno de los principales puntos de referencia de nuestra mexicanidad, nos afiance en ella y más que en otros meses nos recuerda lo que somos en función de aquello que hemos sido y hecho en el devenir del tiempo.

En septiembre, el día 1o. de 1746, el capitán José Escandón sale a colonizar Tamaulipas. En 1925, ese mismo día, se funda el Banco de México y en 1982 el presidente José López Portillo expide el decreto que nacionalizó la banca.

El día 3, nace en Tinguindin, Michoacán, Francisco J. Múgica, quien participó en la redacción del Plan de Guadalupe en la elaboración del articulado de nuestra Carta Magna y fue secretario de Estado con el presidente Lázaro Cárdenas y en 1821 capitulan las fuerzas realistas destacadas en Durango.

El día 6, en 1847, se rompe el amnisticio entre Estados Unidos y México, continuando la guerra.

El 8, en 1768, nació Josefa Ortiz de Domínguez, en 1860 nace en Tenosique, Tabasco, José María Pino Suárez y ese mismo día pero del año de 1862, muere el general Ignacio Zaragoza.

El día 10, en 1786, Nicolás Bravo nace en Chilpancingo y en 1810 ese día se denuncian las conspiraciones de Querétaro, San Miguel y Dolores, que fueron iniciadas por don Miguel Hidalgo e Ignacio Allende.

El 15 en 1829, el presidente Vicente Guerrero decreta la abolición de la esclavitud y en este día en el año de 1854 se canta por primera vez el Himno Nacional.

El día 13 en el año de 1813 José María Morelos y Pavón instala el Congreso de Chilpancingo y es también el aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec, por parte de los Niños Héroes. Además, ese día en 1968 ocurre la gran marcha del silencio, que convoca el consejo general de huelga, en la que participaron alrededor de medio millón de personas.

El 14 de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón da a conocer en Chilpancingo sus Sentimientos de la Nación y 11 años después ese mismo día se incorpora el Estado de Chiapas al Pacto Federal.

El 15 es el aniversario del grito de Independencia y en 1875 queda constituida la Cámara de Senadores, incorporándose al VIII Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El 20 en 1916, se publicó la Ley Electoral para la formación del Congreso Constituyente.

El 21, don Miguel Hidalgo y Costilla es nombrado capitán general de los ejércitos insurgentes y en 1840 Carlos María Bustamante fallece en esta ciudad.

El día 23 de 1866, el general Porfirio Díaz derrotó a las fuerzas invasoras de Maximiliano.

El 25 se celebran muchas cosas. Se instala en México la primera imprenta del Nuevo Mundo, 1539; Sebastián Lerdo de Tejada incorpora las leyes de reforma a la Constitución, 1873, y Plutarco Elías Calles nace en Guaymas, Sonora, 1877.

El 27 en 1783 nació Agustín de Iturbide y 38 años después el Ejército Trigarante entraría triunfal en la Ciudad de México. Además ese día, en 1960, el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica.

El 28, las fuerzas de Miguel Hidalgo toman la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, 1810 y se firma el acta de Independencia de México por Agustín de Iturbide y Juan de O´Donojú, 1821.

El 30, José María Morelos y Pavón nace en Valladolid, hoy Morelia, en 1765 y en 1812 ese día se promulgó y juramentó en México la Constitución de Cádiz.

Todo esto, todo esto para decirles que sería sano abreviar que no podemos conformarnos con el modesto y más bien tardío tributo de una lectura en tribuna cada año, para recordar en voz alta a quienes nos dieron patria, a quienes nos dieron un ejemplo de honradez, de valentía, de abnegación, de amor o de heroísmo. Para decirles a ustedes o para recordarles que hay mejores formas de rendirle homenaje a nuestros héroes, para decirles que a ésta, la más alta tribuna del país, según no nos cansamos de repetirnos casi cotidianamente, le hacen falta más debates en torno a la creación de leyes y a la construcción del Estado que queremos para iniciar el siglo y le sobran horas interminables de monólogos, recordatorios póstumos y enfrentamientos estériles.

Dejemos que sean las escuelas, en sus aulas las que con mayor ahínco se den a la tarea de recordarnos a los mexicanos y a nuestros hijos las gestas heroicas de nuestros próceres; que el civismo en las escuelas nos despierte y nos alimente el fervor patriótico; que las celebraciones multitudinarias y los desfiles den cuenta del respeto que debemos a nuestros mayores y a quienes ofrendaron su vida por un ideal, por la construcción de nuestras instituciones o por preservar nuestras libertades.

No es justo que no asumamos ahora y en los hechos, el reto de constituirnos en autores y partícipes, no sólo en testigos de la historia y de los tiempos que nos ha tocado vivir.

¡Dos mil 650 millones 616 mil 932 pesos al año! ¡7 millones 261 mil 964 pesos al día de cada semana, de cada mes, eso le cuesta al pueblo de México esta Cámara! Y me pregunto: con cientos de asuntos pendientes de resolver, de veras podemos sentirnos satisfechos.

¿Es posible que haya un homenaje mayor y mejor para los constructores de la patria que dedicamos con ahínco a nuestra encomienda? Lo dudo, la razón de ser del Poder Legislativo, la esencia de lo que es, su significación es el acotamiento en la ley, por la ley y desde la ley del Poder Ejecutivo; no obstante hemos escuchado decenas de veces como se alimentan los enconos, como se hacen señalamientos planíferos que ahondan las diferencias, como nos limitamos a observar el quehacer ajeno alertas al hierro, exista o no, todo esto sin que siga una propuesta puntual y concreta, hemos acumulado horas y más horas hablando aunque quizá no escuchándonos de los héroes, de las conmemoraciones, de los diversos días de festejo o celebración por las razones más peregrinas.

Sin embargo, el trabajo en comisiones se acumula, nos preocupamos de todo y de todos, el Ejecutivo de la Unión es un tema recurrente y sin embargo, quién o quiénes se ocupan de nosotros y de nuestro desempeño. La sociedad mexicana tan socorrida en nuestros discursos, estoy cierto de ello, por esta única vez estaría descontenta de sus legisladores y representantes populares si se percatara de cómo los temas trascendentes y la agenda legislativa inmediata y la no tan inmediata, la que lleva aguardando meses y años incluso se postergan a favor de temas o cuestiones ajenos a un auténtico interés nacional, escudados en efemérides, posicionamientos, discursos y propuestas de acuerdos insulsos, irrelevantes u oportunistas.

No creo compañeros diputados, no creo en verdad que haya espacio para la satisfacción del deber cumplido mientras no desahoguemos nuestros pendientes en comisiones o depuremos el rezago existente en forma tal que nos permita dejar sólo aquellos asuntos que en realidad requieren acuerdos nacionales.

No sintamos temor de afrontar iniciativas que pareciera que nos queman las manos o las conciencias, apliquemos estrictamente las normas que rigen nuestra vida parlamentaria y cumplamos los plazos que en ellas se señalan; hay miles, quizá millones de mexicanos que esperan algo más de nosotros, no los defraudemos.

Por lo expuesto, acudimos ante esta elevada representación popular a fin de presentar una propuesta al tenor del siguiente

Unico. Atendiendo a la necesidad de agilizar el funcionamiento de las sesiones de la Cámara de Diputados a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, se solicita a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, proponga o adopte las medidas que estime pertinentes a fin de que la lectura de efemérides o posicionamientos de los grupos parlamentarios, no interfieran con el normal funcionamiento del pleno de la Cámara.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2001.— Firman los diputados: Neftalí Salvador Escobedo, Francisco Ezequiel Jurado Contreras, Gregorio Arturo Meza de la Rosa, Manuel Narváez Narváez, César Patricio Reyes Roel, David Rodríguez Torres y Luis Villegas Montes.»

Perdón diputado, para rectificar hechos tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos Luis Miguel Barbosa.

Diputado Riojas, en el mismo sentido para rectificar hechos el diputado Gustavo Riojas, igualmente José Antonio Calderón, el diputado Tomás Torres, Augusto Sotelo, el diputado Raúl Cervantes, el diputado Efrén Leyva, bueno en principio dejamos así la lista, también el diputado Augusto Gómez Villanueva.

Cuando por la mañana nos hicieron circular el orden del día de esta sesión y encontramos un punto de acuerdo que se refiere o que se refería al desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, muchos de nosotros pensamos que se trataba pues de un punto de acuerdo de verdad para normar las sesiones de ese pleno y encontrarnos una propuesta que empezara a resolver la serie de dificultades que hemos estado enfrentando recientemente en esto de la formación del orden del día y en la conducción y el desarrollo de esta sesión.

Pero al ser desahogado, por principio nos encontramos que el diputado del Partido Acción Nacional que lo hizo, pues evidentemente se refería a cosas que no esperábamos y que desde luego el número de diputados que se listó para usar esta tribuna para rectificar hechos, refiere la sorpresa en el contenido de su intervención.

No es desdeñando la participación de las señoras y señores diputados en esta tribuna, en lo que se refiere a efemérides, el elemento fundamental para mejorar el desarrollo de las sesiones. No es desdeñando la naturaleza esencial de este pleno como se puede mejorar la eficiencia y los resultados de nosotros.

Somos una Asamblea nacional, señor diputado, en donde se tocan los temas más importantes de la agenda política nacional, de la vida histórica y desde luego del trabajo legislativo.

El trabajo legislativo no se detiene en el desarrollo de las sesiones, se detiene por los acuerdos políticos de las fuerzas representadas; se detiene por el deseo de proteger, muchas veces, a personajes del Poder Ejecutivo Federal; prevalece sobre el proceso legislativo el acuerdo de las fuerzas políticas.

¿Cuándo salen los dictámenes en comisiones, señor diputado? Cuando hay un acuerdo de las fuerzas políticas y es una realidad y es una explicación que ésa sí se la debemos al pueblo de México, que las fuerzas políticas y sus acuerdos están sobre el proceso legislativo.

Será porque no tengo memoria, pero el señor diputado está renegando de su calidad de parlamentario. Es la primera vez que lo veo en tribuna… vengo todos los días...

No es pidiendo consulta a la Comisión de Reglamentos como se mejora el desarrollo de las sesiones, señor diputado, son acuerdos que se dan en la Junta de Coordinación Política de la cual para este año legislativo ustedes tienen la presidencia.

Vamos a hacer un compromiso de mejorar efectivamente el desarrollo del proceso legislativo; vamos a revisar el marco jurídico que norma el proceso legislativo; vamos a adecuar las leyes aplicables y ése sí tiene que ser un compromiso.

Por lo demás, señor diputado, no puse atención en las efemérides del 5 al 30 de septiembre que es mi cumpleaños. Ojalá y me las pudiera repetir.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

De entrada, el punto de acuerdo que se presenta ante esta Cámara aparentemente podría tener un gran sentido y un gran valor para el trabajo que estamos realizando, pero a mí me gustaría que pudieran aclararnos algunas dudas que tenemos al respecto, porque como ya se dijo aquí en esta Cámara de Diputados, en esta máxima tribuna de la nación, probablemente a muchos de nosotros, y nos pasa seguido, no nos interesen algunos puntos de posicionamiento sobre todo, en cuanto a todos los sucesos que estén aconteciendo en la vida nacional. Pero más allá de eso ¿cuáles serían los cuestionamientos?

Número 1. Esto podría ser contraproducente, porque si nos dedicáramos exclusivamente a analizar los puntos de acuerdo, las iniciativas de ley, creo que el tiempo de sesiones se iba a reducir significativamente, porque el problema y el nudo está en las comisiones a las cuales pertenecemos, el problema está ahí, el que de alguna u otra manera haya una agenda muy extensa es que tal vez no estamos realizando adecuadamente nuestro trabajo en comisiones, ése es el problema, porque por supuesto yo me imagino, no estamos ni de observadores, pero me imagino que en la Junta se daría prioridad a los puntos de acuerdo, a los proyectos, a las iniciativas de ley.

En ese sentido somos 500 diputados, probablemente si se acordara un punto de acuerdo como éste, y lo digo por los grupos parlamentarios que tienen una gran cantidad de diputados, pues difícilmente íbamos a ver y conocer a la mayoría de nuestros compañeros.

Aquí el problema resulta en que evidentemente no nos hemos puesto de acuerdo en hacer un formato más ágil y en analizar que ésta es la facultad de la Junta, realmente cuáles son los asuntos prioritarios en los que debemos de aplicarnos.

Yo estaría totalmente de acuerdo con el punto de acuerdo presentado, sólo si se pudiera presentar de una forma más seria, más desglosada: cómo le haríamos para poder realmente aprovechar el tiempo en esta tribuna.

Y en ese sentido ojalá que en un proyecto como el que se puede presentar a raíz de este punto de acuerdo presentado, pues también se nos pudiera incluir a algunos partidos que solamente a veces 12 horas antes y a veces el mismo día nos enteramos de qué puntos se van a tratar en esta sesión.

Yo creo que se ha tocado un botón en el cual debemos de reflexionar todos, unos en pro, otros en contra, pero lo que debemos encontrar y es cierto, es una solución al trabajo, una mejor organización, un mejor planteamiento y sobre todo darle la fuerza y el peso necesario que requieren, como lo repetimos antes, muchas de las iniciativas que están sin resolver, que están sin presentarse.

En ese sentido el Partido de la Sociedad Nacionalista lo que propone es que se incluya a todos los partidos políticos en una gran propuesta integral de reformar nuestro orden del día y las agendas que tenemos que tener.

Para nosotros es importante participar, somos un partido político de reciente ingreso, pero también queremos participar en todas estas actividades de la Cámara.

Señor Presidente, urge que precise usted con fundamento en qué artículo está conduciendo usted este debate, porque si es una proposición con punto de acuerdo se rige por el artículo 58 del reglamento y éste indica que para que lo aceptemos a discusión puede hablar un orador para fundamentar y se debe escuchar a un orador en pro y otro en contra, pero veo que aquí no queda claro con fundamento en qué está usted conduciendo este debate.

Le pido pues que precise con base en qué, para que podamos nosotros participar organizada y ordenadamente en este debate. Si es usted tan amable.

Lo que pasa es que hubo una lluvia de solicitudes para rectificar hechos y consideramos que no era precisamente que votáramos la viabilidad en este momento del punto de acuerdo, sin embargo podemos rectificar, dado como se están desarrollando los acontecimientos y dado que han hablado dos oradores en contra de la propuesta, yo preguntaría si los compañeros de Acción Nacional tienen oradores a favor de la propuesta.

Otra vez le pregunto, ¿esta discusión es sobre la base del artículo 58? Si es en esas condiciones, ¿por qué no le sugiere al Secretario que lea el texto del artículo y nos sujetemos a ése? Y si no es ése el artículo, precise usted el artículo sobre el que vamos a conducir este debate.

Solamente para, si pudiera cuestionarse el desorden en términos de que algún grupo de diputados hemos solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos, precisar a quien me ha precedido en el uso de la palabra, el señor diputado César Augusto Santiago, que en el apartado de proposiciones del orden del día que se está desahogando aparece de manera clara y legible que el punto de acuerdo materia de esta discusión irá con turno a comisión. De suerte que no estamos en un debate formal, sino en la intervención de todos aquellos diputados que por la vía de alusión o rectificación de hechos quieran hacer efectivo su derecho.

En ese sentido, y en virtud de que un servidor solicitó el uso de la palabra, le pido a usted reconozca el mismo y continúe con el trámite que se ha instruido.

Señor Presidente, con todo respeto, creemos y sostenemos que hay la intención de desahogar las intervenciones para rectificar hechos que ya han sido solicitadas. Para tal efecto me imagino que nos estamos conduciendo con respecto a las reglas que establece el todavía vigente acuerdo relativo a las sesiones, en el artículo 24, que admite oradores además del proponente, este artículo establece dos. Como ya se ha citado una lista de oradores, la propuesta es que cierre usted esa lista de oradores o proponga a la Asamblea si hay nuevos, y terminemos, como efectivamente dice el diputado César Augusto Santiago, este debate anticipado que no va a resolver el trámite que usted ya dictó.

Se turna a la comisión porque así lo solicitó el diputado y con eso debemos dar por terminada y sanjada esta discusión.

Yo quisiera establecer, de entrada, una recomendación al diputado César Augusto Santiago. No distraer la discusión y el debate que se inició con esta argumentación.

En la sesión anterior, la Presidenta de la mesa directiva estableció como criterio que en aquellos casos en que se hubiera enlistado los asuntos con turno a comisión, no sigue las reglas del 58.

Seguramente no lo escuchó el diputado César Augusto Santiago, pero así quedó establecido el criterio por parte de la diputada Beatriz Paredes.

En ese caso es correcto el trámite que se está haciendo y no hacer un requerimiento a la Presidencia para que precise el fundamento del trámite que no tiene razón, sino simplemente sus efectos es para distraer la discusión y el debate.

Gracias, señor Presidente: para abundar en términos de la correcta conducción de la sesión, para establecer que hay un orden jerárquico de las normas que establecen la forma del cómo desenvolver estas sesiones, con independencia de que no es aplicable el artículo 58, sino eventualmente el artículo 102, pero además de que la carencia de cita del precepto legal con base en el cual se está conduciendo la sesión, no le quita en modo alguno su legalidad y su solemnidad.

El llamado en principio será para que continuemos con el debate tal y como se está haciendo y si a alguien le queda duda, entonces que se dé lectura al numeral 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Compañero Presidente: simplemente está usted haciendo facultades de su condición de Presidente para ordenar el debate.

No se trata de una iniciativa de ley ni tampoco como se ha señalado es un tema de urgente y obvia resolución. Creo que sí, si usted usa sus propias facultades y determina simplemente el orden de los oradores como lo hizo y en todo caso señala si agotado el turno de oradores los compañeros diputados aprueban que continúe la discusión sobre el tema, pues en ese caso podrá usted simplemente ejercer sus funciones.

Le voy a pedir al señor Secretario de la mesa, que le dé lectura al artículo 58.

"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:

Numeral I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.

Numeral II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición y

Numeral III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."

"Artículo 102. Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales. Cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de cinco minutos."

El criterio que aplicó esa Presidencia es, dado que hubo solicitud de un número importante de señores legisladores, era darle la oportunidad de expresarse en torno al tema sin que se diera todavía el turno ni siquiera considerarlo como un asunto de urgente resolución. Este fue el criterio aplicado.

Yo consultaría a la Asamblea si cree conveniente agotar el turno de la lista de diputados anotados o nos regresamos como plantea el artículo 58, de dos diputados a favor y dos diputados en contra.

Sí, señor Presidente. Usted ordenó se enlistaran algunos oradores. La práctica...

¡No!, no ordené que se enlistaran, se enlistaron y consideré prudente darles el uso de la palabra como lo establece el 102.

Hay una lista de oradores registrada. El trámite parlamentario que se ha seguido en estos casos, cuando no son de urgente y obvia resolución, ha sido que se agota el número de oradores que están en la lista y posteriormente se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido el punto, que es en la parte en que nosotros, como grupo parlamentario de Acción Nacional, estaríamos de acuerdo para seguir el mismo orden que se ha dado en otras sesiones.

Dado que la fracción parlamentaria de Acción Nacional son los que presentan el punto de acuerdo y les parece adecuado el procedimiento, continuaría con la lista de oradores y para intercalar le pediría al diputado de Acción Nacional, David Rodríguez Torres, haga uso de la tribuna.

Declina. Entonces tiene la palabra el diputado José Antonio Calderón Cardoso, por cinco minutos, del...

Señor Presidente: Hace unos minutos hice yo un comentario a la Presidencia. En todo caso le rogaría, para poder continuar con el trámite, que se leyera el artículo 21, cuáles son las obligaciones del Presidente, sobre todo el III y IV, para que quede debidamente precisado que sus facultades que está usando, corresponden a las que le faculta el propio Reglamento. Numerales III y IV del Reglamento.

Reglamento para el Gobierno Interior. Son obligaciones del Presidente, numeral III "dar curso reglamentario de los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara".

Numeral IV "Determinar qué asuntos deben ponerse a discusión prefiriendo los de utilidad general, a no ser que, por moción que hiciere algún individuo de la Cámara, acuerde ésta dar la preferencia a otro negocio."

Gracias, señor Secretario; gracias, señor diputado: Por favor, diputado... el numeral V, también. Adelante, señor Secretario.

Numeral V, del artículo 21: "Conceder la palabra alternativamente en contra y en pro a los miembros de la Cámara en el turno en que la pidieren."

Gracias, diputado Augusto Gómez Villanueva. Diputado César Augusto Santiago...

Simple y llanamente, señor Presidente, se trata de que los debates de la Cámara tengan la precisión de alguna norma, alguna, cualquier que sea. No puede ser que discutamos sin sujeción a ninguna norma, siempre en el ánimo de conciliar los intereses que a usted le parezcan más atendibles en el momento de que se trata.

Mi pregunta era muy sencilla, muy sencilla, ¿con sustento en qué norma está usted conduciendo el debate?, así de sencillo, sobre la base del 58 o sobre la base del acuerdo parlamentario que se ha suscrito por los grupos parlamentarios de la Cámara.

Pero ahora queda peor, porque ya sus compañeros de bancada le han dicho que el 102 y que el 104 y usted sigue sin definir la pregunta sencilla que le hice, ¿con fundamento en qué, señor Presidente, para manifestar si estamos o no de acuerdo con su trámite?, así de sencillo.

Le contesto en dos partes la pregunta, señor diputado, en la primera en torno a la discusión sobre los puntos de acuerdo, efectivamente hay un diferendo sobre el procedimiento, es algo que esta Cámara, toda, tendrá que resolver próximamente, en la sesión pasada hubo igual puntos de vista diferente en torno a los procedimientos, ésa es una primera parte y por lo tanto también tenemos que resolver ese punto.

Y la segunda parte, me baso en los artículos 102 y 101, sin desconocer el 58, esos son los fundamentos de los que estamos dando base a esta discusión y desde luego, repito, que efectivamente tiene usted razón, hay puntos de vista encontrados en torno al procedimiento a la discusión en los puntos de acuerdo.

Yo le pediría sea tan amable dejarnos continuar con la discusión y cederle el micrófono al diputado José Calderón Cardoso. Diputado, por favor.

Creo que nadie en su sano juicio, puede estar en contra de que tenemos la obligación, como parte del Congreso mexicano, de eficientar el trabajo parlamentario en beneficio del depositario del poder, que es el pueblo mexicano.

Nadie puede estar tan en desacuerdo, que muchas veces las sesiones, por las razones que ustedes quieran, se vuelven tediosas y a algunas se les llama inclusive de trámite. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo, al menos no en los términos que aquí se plantearon, es que para mejorar el trabajo parlamentario, deban quitarse algunos puntos de la agenda y por si fuera poco, se menciona el aspecto de efemérides.

Independientemente de que toquemos este asunto, yo quisiera que entráramos en todo caso al debate de fondo, el trabajo legislativo no se circunscribe a las sesiones de pleno, que por cierto existen dos en el año legislativo y hay iniciativas para que se amplíen.

Mejorar el trabajo legislativo implica entrar de fondo a la reforma institucional de este poder, del que ya hay iniciativas y del que inclusive todavía no está desafortunadamente respondiendo con la atingencia que el país requiere para mejorar su funcionamiento.

Creer que quitando un punto de la agenda esto se va a mejorar, es pensar, señores, que el trabajo legislativo es solamente un parte del todo. E inclusive yo diría que no quitáramos, que aumentáramos trabajo, los parlamentos en el mundo tienen una serie de actividades, no solamente legislativas, con todo que es la más importante, hay actividades que fiscalizan, hay actividades de investigación, el asunto es, ¿cómo organizamos el trabajo en la Cámara?, y no es quitar las efemérides por cierto, sino mejorar el trabajo parlamentario.

Resulta entonces que quien está obligado a organizar esta Cámara, que son las instancias que señala la Ley Orgánica, hoy que son los que plantean la agenda, que son los que gobiernan, señalan que no puede funcionar porque existen elementos en la misma ley que obligan y que le quitan fluidez al trabajo. Parecería que sucede aquello que alguna vez dijera sor Juana Inés de la Cruz, de "que él mismo pone el coco y luego le tiene miedo".

Señores, lo que hoy pasó debe ser la puerta de entrada para que discutamos a fondo cómo va a operar este trabajo legislativo. Señores, no solamente son las sesiones.

Yo preguntaría, ¿qué pasa en los trabajos de las comisiones? Yo preguntaría también, para que de una vez abramos también este poder a la opinión pública: ¿qué pasa con el manejo de recursos? Aquí se dijeron ciertas cantidades y yo preguntaría si se refiere solamente a los sueldos que devengamos los diputados, ¿o también está incluyendo los gastos que ejercen las fracciones en el parlamento; si también están incluidos los gastos que se realizan por remodelación del inmueble; si también están incluidos los gastos que se realizan por concepto de viáticos?

Mejorar el trabajo legislativo no es quitar un punto del orden del día, sino es reformar la institución que hasta el día de hoy corre el riesgo de quedarse en el pasado y no responder a lo que el pueblo de México está exigiendo: un parlamento eficaz, activo y que por cierto, tenga efemérides y rememore constantemente las historias y los héroes que le dieron patria y libertad a México.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene entonces la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade y cambiamos el orden para acomodar según el turno solicitado.

Con mucho respeto, me gustaría hacer algunas reflexiones con la fracción parlamentaria del PAN.

En el fondo, yo creo que es una, no sólo una buena intención, sino podría rayar hasta en una excelente idea pero mal manejada; y en la vida no sólo se tienen que promover buenos conceptos, sino encontrar los canales adecuados.

Sí, todos creemos que en esta Cámara de Diputados debemos ser altamente productivos, generar mejores ideas, producir mejores leyes, vigilar de manera más concreta al Ejecutivo, solucionar los problemas de la ciudadanía y eso traería como consecuencia el trabajo y sólo el trabajo, la dignificación de este Congreso de la Unión.

No está a discusión que queremos ser mejores; perdón, estoy un poco mal de la garganta, tengo una laringitis fuerte.

No está a discusión que queremos ser mejores, no está a discusión que debemos de modificar la estructura de la Ley Orgánica y del Reglamento de este Congreso. Tan no lo está, que en la Conferencia Parlamentaria en la Junta de Coordinación, permanentemente todas las fracciones parlamentarias están de acuerdo en su revisión y en su modificación, éste sería un tema más.

Si cuantificamos el tiempo que se pierde por parte de los diputados en relación al dinero, podría ser un poco injusto, pero evidentemente se tiene que eficientar la inversión que hace el pueblo mexicano para beneficio de ellos a través de nuestros trabajos.

Todo proceso humano es perfectible y evidentemente nadie, aunque tuviéramos una alta imagen ante la ciudadanía, que no tenemos en este momento, tendríamos que siempre estar proactivos para modificarla.

Pero el caso concreto es que nuestro compañero diputado de la fracción parlamentaria del PAN, hiciera ver como si los demás partidos tuvieran la culpa de esto. Altura moral es reconocer que todos los que estamos trabajando en este formato; que todos a través de esta Conferencia Parlamentaria y en la Junta de Coordinación, se ha reconocido que se debe de modificar. Pero la vía fue inadecuada, desde mi punto de vista, porque se renunció a la parte fundamental del parlamentario; se renunció a la capacidad más alta que nos dieron la ley en nuestras facultades y ¿saben cuál es?, el de iniciativa, no lo hizo a través de una iniciativa, en una gran congruencia o en una incongruencia, dependiendo el tema, utilizó un punto de acuerdo para atacar a los puntos de acuerdo. Utilizó la figura que quiere derrumbar con su propia arma. Si queremos modificar de manera importante los trabajos de esta Asamblea, de esta sesión; si queremos ser mejores diputados y ante la ciudadanía responder de una manera mejor y, ante nuestras propias familias, entonces estudiemos un poquito más. Esta comisión a la que se está turnando, es una comisión de dictamen. En ella, debe de estudiarse la iniciativa y la necesidad de modificarse. Ahí, en la comisión y en el dictamen, debe haber el acuerdo político para su modificación. Y una vez hecho lo anterior, traerlo a una sesión para debatir y votar. Pero no se puede utilizar un punto de acuerdo para revisar la modificación de una ley porque ésa no es la forma.

Insisto, comparto la opinión de que debemos nuestros trabajos legislativos; ojalá lo logremos, por dignidad de nosotros.

Sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.

Para contestar alusiones personales hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Luis Villegas.

Diputado Tomás Torres, tiene prioridad por alusiones personales, el diputado Luis Villegas, si me permite diputado Torres.

Me parece muy interesante el planteamiento de alguno de los compañeros, vertidos en esta sesión respecto el punto de acuerdo que propuso hace unos minutos. Al respecto, tendría que aclarar algunas cuestiones.

En principio creo que en el fondo la mayoría de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, coinciden en la necesidad de que nos replanteemos la dinámica de trabajo en la Cámara.

Hay algunas imprecisiones respecto de lo manifestado hace unos minutos por esos mismos compañeros y de ahí que ocurra a hacer esas aclaraciones. En principio yo no pedí ni estoy pidiendo que desaparezcan las efemérides del orden del día ni que la Cámara deje de ocuparse de algo tan importante como es la historia de nuestro país. Estamos pidiendo exclusivamente que haya un acuerdo de la Cámara, para agilizar los trabajos de la misma. No estamos pidiendo de ninguna forma que desaparezcan las efemérides ni que este órgano político por naturaleza deje de considerar dentro de su vida interna, a quienes nos dieron patria y muchos de los cuales ocupan los muros de este recinto parlamentario en virtud a su entrega.

Sí, es cierto que el punto de acuerdo pudo haber sonado un poco fuerte; lo cierto es que el mismo nunca pretendió descalificar los puntos de acuerdo que otros compañeros han presentado en el transcurso de estas sesiones. Yo me referí básicamente a algunas proposiciones, posicionamientos…

Señor Presidente, en términos del artículo 105 del Reglamento del Gobierno Interior, quisiera hacer una moción de orden.

Se concedió el uso de la palabra al diputado en tribuna para contestar alusiones personales. Eso tiene una connotación específica, el señor diputado está abordando un tema general que podría ser en cuanto a rectificación de dichos o de hechos. Así es que yo le pido al Presidente conmine al señor diputado, que se refiera a las alusiones personales, por las cuales pidió el uso de la palabra, que se refieren a su persona.

La pretensión nuestra esta mañana es: ni creemos que quitando de la agenda diaria de las sesiones el punto relativo a las efemérides se agilice el trabajo ni creemos tampoco que haya una varita mágica para resolver este problema.

Lo que quisiera destacar es que esta mañana, la mayoría de los compañeros que me han precedido, coinciden de alguna manera en la necesidad de que haya un acuerdo para mejorar la dinámica de trabajo de esta Cámara.

Si se quiere ver como una llamada de atención general, no es más que eso. También existe una exactitud si se pretende que hay una acusación, velada o no, a algún partido político o a algún compañero en lo particular. El llamado era para los 500 legisladores, el llamado era para todas las fuerzas políticas representadas en el seno de la Cámara y era un llamado muy simple, muy escueto, que aquí se ha pretendido de alguna manera confundir. El llamado era a que busquemos los consensos necesarios.

Admito que si la vía pudo ser equivocada, la intención no. La intención queda y no es sino la necesidad de que nosotros admitamos, en los hechos, lo que ya hemos admitido en la palabra, es decir, que a este Poder Legislativo concretamente a esta Cámara de Diputados, le hace falta llegar a un acuerdo para tener un Congreso y una Cámara acordes a los cambios derivados del pasado año 2000.

Si tenemos un nuevo Poder Ejecutivo es necesario y, aquí lo han admitido hoy, hace unos minutos, algunos compañeros, necesitamos de un nuevo Poder Legislativo.

Puedo reconocer que equivoqué la vía, puedo reconocer que equivoqué el procedimiento, pero no la intención, que es recta, la que nos guía precisamente, y es eso: una llamada de atención para que logremos un acuerdo en esta Cámara y eficientemos y mejoremos el trabajo que estamos haciendo en nombre y representación de los mexicanos.

Ahora sí, diputado Tomás Torres Mercado, tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

En principio y, en aras de contribuir a la institucionalidad y al debate propositivo, al debate que debe darse en esta tribuna, porque cuál si no es este espacio donde deben analizarse, discutirse, enjuiciarse los hechos que tienen que ver justamente con el desarrollo de este país.

Debo, señor Presidente, por su paciencia, por su esfuerzo en la conducción hacia la legalidad, expresar mi reconocimiento en el sentido de impulsar el debate.

Me ha llamado la atención y bueno, es que también en política resulta necesario para empezar a ser honestos, que el diputado Villegas haya hecho uso nuevamente de la palabra no para dichos o hechos, sino para corregir, para corregir el desatino en la forma y modo del planteamiento del asunto.

Hemos sesgado la discusión cuando abordamos temas sustantivos sobre la responsabilidad de la Cámara con la cita errónea o equivocada de preceptos que tienen que ver con la específica conducción de esta sesión.

Sí es necesario corregir, sí es necesaria la reflexión compartida, sí es necesario que asumamos nuestra responsabilidad como representantes populares y como contrapeso del Poder Ejecutivo.

¿Traerá la carga de voluntad el pronunciamiento de Acción Nacional en el sentido de poder avanzar en acuerdos que tengan que ver con el desarrollo de este país? ¿No será una mea culpa ante la irresponsabilidad de no generar interlocuciones concretas y propositivas?

Me venía a la mente el recién concluido ejercicio de la Comisión Permanente del Congreso Federal y en un recuento, a riesgo de equivocarme, de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo aparecía el PRI con 47, el PRD con 47 y apenas, apenas agazapadamente Acción Nacional con siete y habrá que consultar el trámite parlamentario si fue o no productivo. Habrá que consultar si la responsabilidad de la fuerza política que está gobernando tiene en efecto esa disposición para que avancemos en la construcción de los acuerdos nacionales.

¡Borrar la historia! ¡Tragarnos la cola cual serpiente que desconoce su propia integral existencia! ¡Que no subió a esta tribuna un diputado de Acción Nacional a recordar a Clouthier! ¡Y eso desnaturaliza la lucha de ese hombre o pone un dique más a la posibilidad del acuerdo nacional!

Vayamos, sí, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática expresa su voluntad política de aportar lo que le toca en este cruce histórico-político-social quizá irrepetible. Dejemos los desperdicios de lado y vayamos a la propuestas en coyunturas o en cruces que a la mejor nuestros hijos nos lo reprochen porque no tuvimos oportunidad ni la responsabilidad de asumir y de estar a la altura, a la altura de lo que el pueblo de México está esperando de nosotros.

En el uso de la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva, hasta por cinco minutos.

Está registrado el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

Coincido con el señor diputado del Partido Acción Nacional en que este Congreso, esta Cámara, debe de abordar los problemas y los asuntos importantes que interesan a la nación, que demos rumbo a los proyectos, a los programas, que postula nuestra Constitución.

En esta tribuna diferentes diputados de los distintos partidos políticos hemos también coincidido en que debemos reformar nuestra Ley Orgánica. Así lo ha manifestado, entre otros, el ciudadano diputado César Augusto Santiago. Aquí mismo ha presentado una iniciativa de reforma el propio diputado Ricardo García Cervantes. Aquí también ha hecho lo propio el diputado Augusto Gómez Villanueva y el de la voz, entre otros.

Pero no creo, no coincido en que las efemérides sean, así como lo entendí, salvo que usted me corrija, estimado diputado, algo así como algo irrelevante, frívolo y por tanto improcedente. Este país, esta nación, se ha creado y se ha erigido con base en la lucha del pueblo mexicano de quienes nos han antecedido en las pasadas generaciones.

Rememorar acontecimientos fundacionales importantes para la nación, significa el que sigamos teniendo presente el rumbo que nos han señalado las pasadas generaciones.

No es un asunto de estampitas, no es un asunto meramente de homenajes; es un asunto de interés nacional, porque sigue señalando como faro-guía para los ciudadanos y para los legisladores de esta Cámara y de este Congreso, el proyecto nacional.

Bienvenidas las iniciativas que hagan el tracto legislativo más ágil, que nos ayuden a confrontar, no a afrontar las ideas, para que tengamos proyectos consensuados, porque no me cabe la menor duda que todos los presentes, que todos los integrantes de esta Cámara, tenemos un profundo respeto y cariño a la nación y al país.

Si siguiéramos la línea, como así la he interpretado, salvo error u omisión de mi parte, pues entonces de una vez quitemos las banderas, de una vez demolamos los nombres escritos con letras de oro de los próceres de la nación, ¡de una vez hagámoslo! Pero no es el sentido que la nación, que los ciudadanos que nos han elegido pretenden, pretenden sí, que resolvamos los graves problemas y atrasos y rezagos que en México todavía perviven y que esta Cámara, todos nosotros, no hemos todavía estado a la altura de nuestro tiempo, a la altura del ejemplo que precisamente los héroes de México nos señalan, nos dan rumbo y por eso al saber nuestro pasado tenemos la base y sustentación, la raíz del proyecto de México, que es el del desarrollo, el progreso para todos los mexicanos.

Túrnese la proposición de referencia a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, anexando las intervenciones del debate que se ha presentado en torno al tema.

Para continuar con las proposiciones, tiene la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la situación de los trabajadores de Dina.

Me permito presentar ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo para solicitar la intervención del Gobierno Federal, a fin de que se evite el cierre de la empresa Dina Camiones y se respeten los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, al tenor de las siguientes consideraciones.

Pero antes, señora Presidenta, permítame iniciar mi intervención haciendo algunos comentarios.

Lamento mucho que el día de ayer, en la comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social, en este espacio de la soberanía nacional, no se haya abordado un tema tan importante de los trabajadores, como es el problema de Dina Camiones, que representa por su contenido elevados valores nacionales y una importancia muy especial, pero muy especial, para el Estado de Hidalgo, cuarta entidad más pobre de mi país.

Por ello, he venido a esta tribuna para reivindicar a los trabajadores de este país. Hace 49 años el grupo industrial Dina nació como una parte de un proyecto de desarrollo industrial nacionalista cuyo propósito original era contribuir a la independencia económica de la nación, abasteciendo al sector transporte de un parque vehicular nacional.

Años más tarde, al implantarse el proyecto económico neoliberal se desató una dura ofensiva antisindical que dividió al complejo Dina en cuatro empresas; recortó el contrato colectivo de trabajo y redujo la plantilla laboral de 12 mil 300 trabajadores en 1981 a 5 mil en 1989, año en que se privatizaron las empresas.

Más adelante, con el TLC con Estados Unidos y Canadá, se inició un proceso de desmantelamiento de la industria camionera nacional, permitiendo que grandes monopolios prenacionales se quedaran finalmente con el mercado.

Los actuales propietarios del Grupo Dina entre ellos el Grupo G de Guadalajara, socio de los zares del transporte de Jalisco y el grupo camionero Estrella Blanca, se han encargado de destruir, pulverizar el proyecto original de Dina; estas empresas son ahora simples maquiladoras al servicio de las prenacionales.

De 1989 a la fecha, el Grupo G logró un crecimiento económico sin precedentes, fue beneficiario del Fobaproa, compró una empresa de autobuses y otra de autopartes en Estados Unidos, montó plantas en Estados Unidos, Brasil y Argentina y cinco plantas en Guadalajara. Durante tres años destinó enormes recursos para impulsar una tecnología propia.

En 1994 la empresa exportaba a tres naciones, en 1999 lo hacía para 14 países, todos estos logros se han alcanzado gracias a la descapitalización de Dina, prefiriendo a esos grupos las ganancias sostenidas, abrazando los costos laborales y quitando materia de trabajo a costa de la miseria de esos trabajadores.

A principio del presente año, los dueños de la empresa aseguraban que estaban en quiebra y planteaban el cierre de Dina Camiones dejando sin fuente de ingresos a sus 506 trabajadores, argumentando que no se les concedían créditos bancarios ni a la empresa ni a sus clientes y argumentaban también la desaceleración de la economía norteamericana y la pérdida de un contrato para producir 9 mil camiones con Western Starcraft.

Sus posibles compradores han puesto como condición la liquidación de todo el personal, el cierre de la empresa afectaría, compañeras y compañeros diputados, a un frente de 5 mil personas. Esta medida terminaría por convertir a Ciudad Sahagún, Hidalgo, mi estado, en una entidad fantasma o bien en una ciudad dormitorio.

El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos, titular del contrato colectivo de trabajo de Dina Camiones, propuso alternativas a la patronal para evitar el cierre, como reajuste parcial de la plantilla laboral en los términos de dicho contrato, así como paros técnicos parciales.

En este sentido la organización sindical pactó un paro técnico hasta el 31 de octubre, que consideraba el pago del 48% del salario y la liquidación de 202 trabajadores en un plazo de 6 meses. Pese al acuerdo, el 30 de julio la empresa cerró su filial Dina Composities, que manufacturaba partes automotrices de fibra de vidrio, dejando sin empleo a 120 trabajadores que se resistieron a recibir esta liquidación.

Y el pasado 10 de septiembre, siguiendo con esa actitud abusiva, prepotente y desleal, sin previo aviso y en forma alevosa, marginando a los trabajadores, unilateralmente decidió cerrar Dina Camiones.

Los trabajadores han emprendido en forma pacífica, como lo hicieron el día de ayer en este espacio parlamentario, la defensa legal pacífica, repito, es su fuente de empleo.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha ratificado que el cierre es ilegal.

El sindicato publicó, en el diario La Jornada del 19 de septiembre, un oficio girado por el titular de la dependencia al señor Gamaliel García, director general de Dina Camiones, con fecha 13 de septiembre.

En esa misiva, compañeras y compañeros diputados, se reconocen los derechos jurídicos de los trabajadores; la autoridad laboral señala, en primer lugar, el incumplimiento de un convenio suscrito, firmado y ratificado por las partes ante las autoridades administrativas, y jurisdiccional del trabajo.

Como lo señala la comunicación del Secretario de Trabajo y Previsión Social, el acto irresponsable de la empresa quebranta los artículos 434, 435 y 892, pues para su aplicación queda sujeto al procedimiento que establece la propia Ley Federal del Trabajo.

Nuestra ley señala: "…cuando la empresa promueve la terminación de la relación de trabajo, debe dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta la apruebe o la desapruebe…". Por lo anterior, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social determinó exhortar a la empresa que cumpla el compromiso que asumió con el sindicato.

El fomento al crecimiento económico y al empleo, así como a una más justa, justa distribución de la riqueza, constituye una firme convicción del Partido de la Revolución Democrática; por ello mi grupo parlamentario se pronuncia por la defensa total de los derechos de los trabajadores y hace un llamado a que actos tan autoritarios y abusivos como los que se han mencionado, sean eliminados del mundo del trabajo en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un llamado a que en relación a la empresa Dina Camiones, S.A. de C.V., se cumpla estrictamente lo ordenado en la Ley Federal del Trabajo y que, en caso de que la Junta de Conciliación y Arbitraje no encuentre justificación legal para el cierre de dicha empresa, ordene que ésta vuelva a iniciar sus labores de manera inmediata.

Segundo. Asimismo, solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que, en el ejercicio de sus atribuciones intervenga para evitar que se sigan vulnerando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de dicha empresa, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo y demás ordenamientos aplicables de nuestra nación.

Esta Presidencia desea hacer del conocimiento de la Asamblea que el lunes 24 de septiembre sufrió México la sensible pérdida del maestro Andrés Serra Rojas, quien fue diputado federal por el Estado de Chiapas en la XXXIX Legislatura; fue senador de la República; fue uno de los distinguidos mexicanos galardonado con la medalla "Belisario Domínguez" y un destacado jurista, maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por tratarse de un distinguido mexicano y un eminente legislador, ruego a los señores diputados ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su honor.

Recordamos a los diputados que el día de hoy 27 de septiembre a las 17:00 horas, ante las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, comparecerá el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, en el Salón Legisladores de la República, a las 17:00 horas.

En representación de esta mesa directiva se designa al diputado Eric Eber Villanueva Mukul.

Asimismo les informamos que mañana viernes 28 de septiembre a las 10:00 horas, ante las comisiones unidas de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables y de Vivienda, comparecerá la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Eugenia Vázquez Mota.

En representación de esta mesa directiva se designa a la diputada María Elena Alvarez Bernal.

De Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Sobre el aniversario de la consumación de la Independencia de México, a cargo de la diputada Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Pedro González Olvera y Javier Ignacio Corredor Esnaola, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de El Salvador y del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania, respectivamente.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 2 de octubre a las 10:00 horas.

• 1 invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa;

• 1 iniciativa del PRD, con la que remite propuesta alternativa de reforma hacendaria;

• 1 dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 115.

Sector Salud; sobre la situación presupuestal para atención a la salud en los estados de: Chiapas, Oaxaca, México, Michoacán, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Chihuahua.
• Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (PRD)	Trabajos Legislativos; sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, en lo que respecta a efemérides.
• Calderón Cardoso, José Antonio (PAS)	Trabajos Legislativos; sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, en lo que respecta a efemérides.
• Cervantes Andrade, Raúl (PAN)	Trabajos Legislativos; sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, en lo que respecta a efemérides.
• Cervantes Andrade, Raúl (PRI)	Cintra; presenta proposición con punto de acuerdo sobre la venta de la Corporación Internacional de Transportación Aérea.
• Cervantes Rivera, Jaime (PT)	José María Morelos y Pavón; sobre el CCXXXVI aniversario del natalicio del Siervo de la Nación.
• Domínguez Ramírez, María Luisa Araceli (PRI)	Sector Salud; presenta proposición con punto de acuerdo sobre la situación presupuestal para atención a la salud en los estados de: Chiapas, Oaxaca, México, Michoacán, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Chihuahua.
• Esquiliano Solís, Héctor Nemesio (PRI)	Ley General de Salud; dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 115 de dicha ley, en relación a la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla. Segunda lectura.
• Galván Antillón, María Eugenia (PAN)	Sector Salud; sobre la situación presupuestal para atención a la salud en los estados de: Chiapas, Oaxaca, México, Michoacán, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Chihuahua .
• Graniel Campos, Adela del Carmen (PRD)	Ley General de Salud; dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 115 de dicha ley, en relación a la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla. Segunda lectura.
• Leines Barrera, Eduardo Abraham (PRI)	Sector Salud; sobre la situación presupuestal para atención a la salud en los estados de: Chiapas, Oaxaca, México, Michoacán, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Vera-cruz, San Luis Potosí y Chihuahua.
• Leyva Acevedo, Efrén Nicolás (PRI)	José Francisco Ruiz Massieu; sobre el VII aniversario luctuoso del político guerrerense.
• Lorenzo Juárez, Beatriz Patricia (PAS)	Primer Imprenta; sobre el aniversario de la instalación en México de la primera imprenta en el Nuevo Mundo, el 25 de septiembre de 1539.
• Márquez Hernández, Ranulfo (PRI)	Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control; presenta a nombre de integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, iniciativa de dicho reglamento, el cual regula la actividad del órgano técnico especializado de la Comisión de Vigilancia, denominado por la Ley Unidad de Evaluación y Control, y encargado de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la auditoría.
• Martínez González, Raúl (PAN)	Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta a nombre de integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 numeral 4, de dicha ley, respecto a cambio en la denominación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
• Olvera Nieto, Felipe (PAN)	Ley General de Salud; dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 115 de dicha ley, en relación a la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla. Segunda lectura.
• Patiño Cardona, Francisco (PRD)	Dina Camiones; presenta proposición con punto de acuerdo en relación con la situación de los trabajadores de Dina Camiones S.A. de C.V., en Ciudad Sahagún, Hidalgo.
• Pérez Esquer, Marcos (PAN)	Servidores Públicos; presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Prieto Fuhrken, Julieta (PVEM)	Ley General de Salud; dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII del artículo 115 de dicha ley, en relación a la fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la tortilla. Segunda lectura.
• Ramírez del Valle, Daniel (PAN	Manuel de Jesús Clouthier del Rincón; sobre el XII aniversario luctuoso del político sinaloense.
• Riojas Santana, Gustavo (PSN)	Trabajos Legislativos; sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, en lo que respecta a efemérides.
• Rosaldo Salazar, Pedro Miguel (PRD)	Artículo 4o. constitucional; solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con una iniciativa con proyecto de decreto que reforma dicho artículo constitucional, para elevar a dicho rango el derecho a la alimentación, presentada el 13 de julio de 1994.
• Salazar González, Concepción (PVEM)	José María Morelos y Pavón; sobre el CCXXXVI aniversario del natalicio del Siervo de la Nación.
• Sánchez Lira, María de los Angeles (PRD)	José María Morelos y Pavón; sobre el CCXXXVI aniversario del natalicio del Siervo de la Nación.
• Sotelo Rosas, David Augusto (PRD)	Trabajos Legislativos; sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, en lo que respecta a efemérides.
• Torres Mercado, Tomás (PRD)	Sector Salud; sobre la situación presupuestal para atención a la salud en los estados de: Chiapas, Oaxaca, México, Michoacán, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Vera-cruz, San Luis Potosí y Chihuahua.
• Torres Mercado, Tomás (PRD)	Trabajos Legislativos; sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, en lo que respecta a efemérides.
• Trujillo Iñiguez, Agustín (PRI)	José María Morelos y Pavón; sobre el CCXXXVI aniversario del natalicio del Siervo de la Nación
• Ulloa Vélez, Alonso (PAN)	Cintra; sobre la venta de la Corporación Interna-cional de Transportación Aérea.
• Villegas Montes, Luis (PAN) en dos ocasiones	Trabajos Legislativos; presenta proposición con punto de acuerdo sobre el desarrollo de las sesiones en la Cámara de Diputados, en lo que respecta a efemérides.

Cintra	Corporación Internacional de Transportación Aérea
Conaculta	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
D.F.	Distrito Federal
Dina	Diesel Nacional
Fobapropa	Fondo Bancario de Protección al Ahorro
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
PAN	Partido Acción Nacional
PARM	Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PPS	Partido Popular Socialista
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Progresa	Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación
S.A. de C.V.	Sociedad Anónima de Capital Variable
TLC	Tratado de Libre Comercio