DIARIO de los DEBATES
ORGANO
OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio
| DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Héctor de Antuñano y Lora |
PRESIDENTE |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
AÑO II México, D.F., jueves de 4 octubre de 2001 No. 13 |
S U M A R I O
DIARIO de los DEBATES
|
Año lI No.13 PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS OCTUBRE 4, 2001 |
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
Se informa a la Presidencia que existen registra-dos previamente 286 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
Se abre la sesión.
Se va a dar lectura al orden del día. «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura. Orden del día Jueves 4 de octubre de 2001. Lectura del acta de la sesión anterior. Comunicaciones De los congresos de los estados de: Chiapas, México, San Luis Potosí y Zacatecas. De la Junta de Coordinación Política. De la diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados. (Turno a comisión.) De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Oficio de la Cámara de Senadores Con el que remite punto de acuerdo sobre el sector piñero nacional. (Turno a comisión). Iniciativas del Ejecutivo Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. (Turno a comisión.) Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal. (Turno a comisión.) Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. (Turno a comisión.) Decreto por el que se reforma el artículo 50 y se adiciona el 50-bis de la Ley General de Bienes Nacionales. (Turno a comisión.) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales. (Turno a comisión.) Oficios de la Secretaría de Gobernación Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Enrique Mateo, Franco Díaz de León y Luis Alberto Germán Barrero Stahl, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Corea. (Turno a comisión.) Iniciativas de diputados De Ley de Protección al Usuario de Servicios de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Que deroga la fracción X-bis del artículo 34 y pasando a ser fracción VIII del artículo 32, actualmente derogada de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.) Que adiciona el Capítulo VIII, denominado Salud del Adulto Mayor, al Título Tercero de la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.) De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) De reformas a diversas disposiciones de la Ley del IPAB, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Dictámenes a discusión De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro González Olvera y Jaime Ignacio Corredor Esnaola, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de El Salvador y del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania, respectivamente. De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6o. y se recorre el número de diversos capítulos, así como algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil. Excitativa A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.) Efemérides Sobre el aniversario de la consumación de la Independencia de México, a cargo de la diputada Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista. Sobre el aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sobre el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1824, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Sobre el aniversario de la Promulgación del Plan de San Luis, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Proposiciones Con punto de acuerdo relativo a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre el freno de pasaportes y visas a nuestros connacionales, para ingresar a los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Elías Dip Rame, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo por el que se exige a las autoridades del Gobierno Federal hagan el pago del 100% de los recursos del Procampo, a los beneficiarios del mismo, en las zonas temporaleras del país, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre la igualdad de los diputados en los trabajos legislativos, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre la situación de los trabajadores de la empresa Dina, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre la política migratoria mexicana, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal adopte medidas de emergencia y presente un plan de desarrollo, ante el inminente colapso en la comarca lagunera, a cargo del diputado Jesús de la Rosa Godoy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre la expedición de comprobantes fiscales para los pequeños contribuyentes, a cargo de la diputado Araceli Domínguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre la situación que prevalece en el Estado de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.) Con punto de acuerdo para que algunos municipios de Nuevo León sean declarados zonas de desastre, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución.) Con punto de acuerdo sobre los límites del Estado de México y el Distrito Federal, a cargo del diputado Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo por el que se recomienda al gobernador de Nayarit que acate la decisión del Congreso local, sobre las reformas electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.) Con punto de acuerdo sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos de América, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.) Agenda política Comentarios sobre la creación de dos subsecretarías en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones, y se procede a su votación. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa. «Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dos de octubre de dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con treinta minutos del martes dos de octubre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos ochenta y seis diputados, la Presidenta declara abierta la sesión. La Secretaría da lectura al orden del día. En votación económica, la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior. Comunicación de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, con la que remite escrito de integrantes de la organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, del Comité de Presos de Conciencia de la Región Loxicha y del Comité por la Libertad, la Verdad y la Justicia, por el que solicitan al Congreso de la Unión estudie y apruebe la iniciativa de Ley de Amnistía Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Comunicaciones de los congresos de los estados de: Nuevo León, por la que remite copia del dictamen con acuerdo relativo a los precios del servicio de gas natural y a la concesión del servicio público de distribución a la Compañía Gas Natural, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que tiene antecedentes. Tlaxcala, por la que remite copia del escrito de diversas organizaciones locales por el que manifiestan su posición y propuestas en relación con la reforma fiscal del Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Zacatecas, con acuerdo por el que manifiesta su protesta por la reproducción distorsionada y mutilada del Escudo Nacional y solicita al Presidente de la República corregirlo y al Secretario de Gobernación vigilar el cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. 1047,1048,1049 Oficio del Gobernador del Banco de México, por el que remite el informe sobre la ejecución de la política monetaria del primer semestre de dos mil uno. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública. Presentan iniciativas, los diputados: Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos. Se turna a las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial. El proponente solicita turnarla también a la Comisión de Ciencia y Tecnología y, desde su curul, el diputado Jesús Garibay García solicita se turne asimismo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Presidenta ilustra a la Asamblea sobre el sentido del trámite y en atención a las solicitudes, la turna también para efectos de que emitan su opinión al respecto, a las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud. César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, a quien se autoriza para que en una sola intervención presente dos iniciativas con proyectos de decreto, la primera que reforma el artículo tercero y el Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la segunda que reforma y adiciona los artículos setenta, setenta y uno, setenta y dos y setenta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la Comisión de Puntos Constitucionales, respectivamente. Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que: Se concede permiso a los ciudadanos Pedro González Olvera y Javier Ignacio Corredor Esnaola, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de El Salvador y del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania, respectivamente. Se adiciona el artículo sexto y se recorre el número de diversos capítulos, así como algunos artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil. En sendas votaciones económicas, la Asamblea les dispensa la lectura. Son de primera lectura. Suben a la tribuna, para presentar proposiciones con punto de acuerdo, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponga de recursos de su subejercicio del presente año, para cubrir el adeudo que por consumo de energía eléctrica tienen con la Comisión Federal de Electricidad, agricultores del distrito de Altar, Sonora. Se concede la palabra, para hechos, a los diputados: José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Arturo León Lerma, del Partido Revolucionario Institucional y Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y agréguense las versiones estenográficas de las intervenciones sobre el tema. María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, para que se inscriba en los muros de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la frase "a los mártires del movimiento estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho", y quien solicita trámite de urgente y obvia resolución. Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Asamblea, en votación económica, no considera el asunto de urgente resolución. Sube a la tribuna, para hechos, la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social. Desde su curul, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona hace observaciones sobre el procedimiento, a las que la Presidenta da respuesta. También desde sus curules, los diputados Martí Batres Guadarrama y Jorge Carlos Ramírez Marín hacen consideraciones sobre el procedimiento para debatir el tema. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ciento dos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su curul, el diputado Espadas Ancona insiste en sus observaciones sobre el procedimiento y de la misma manera los diputados Alejandro Zapata Perogordo y Fernando Ortiz Arana hacen aclaraciones al respecto. El diputado Espadas Ancona, nuevamente desde su curul, objeta el procedimiento por considerar que está basado en prácticas distintas de las reglamentarias y solicita se apliquen las disposiciones para el efecto establecidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidenta rechaza que el procedimiento seguido esté basado sólo en la práctica parlamentaria y que sea ajeno a lo establecido en la Ley Orgánica y en el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; solicita a la diputada María Miroslava García Suárez, toda vez que su grupo parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, exige formalidad, cumplir con las disposiciones reglamentarias respectivas, entregando a la Presidencia su proposición por escrito, a fin de cotejarla con la presentada por la diputada María del Rosario Tapia Medina, para saber si procede su turno a la comisión respectiva y en uso de las facultades que le confiere el artículo veinte numeral dos inciso d, de la Ley Orgánica, estima procedentes las intervenciones para hechos. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos de las propuestas de la diputada María Miroslava García Suárez de esta sesión y de la diputada María del Rosario Tapia Medina, presentada en la sesión del tres de octubre de dos mil. El diputado Martí Batres Guadarrama, desde su curul, hace consideraciones sobre el trámite de urgente resolución solicitado para la proposición presentada por la diputada García Suárez y de la misma manera, el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa solicita se consulte a la Asamblea si autoriza intervenciones para rectificar hechos y el diputado Augusto Gómez Villanueva apoya el procedimiento seguido por la Presidencia y la propuesta del diputado Calderón Hinojosa. La Secretaría da lectura, por indicaciones de la Presidencia, a los artículos veinte, numeral dos inciso d de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y dieciocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consulta a la Asamblea si autoriza abrir el registro de oradores para rectificar hechos. En votación económica, la Asamblea lo autoriza. En consecuencia; la Presidenta concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados: Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; Hilario Esquivel Martínez, del Partido Acción Nacional; María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Raúl Cervantes Andrade, del Partido Revolucionario Institucional; Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Raúl Gracia Guzmán; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista;
Rufino Rodríguez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática;
María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional; Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, para responder alusiones personales; Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional, y Angel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera, en votación económica, suficientemente discutido el asunto. A las trece horas con cincuenta y cinco minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos sesenta y dos diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación. José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la campaña publicitaria para mejorar la imagen del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Para rectificar hechos, sube a la tribuna el diputado Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la política exterior de México. Hablan sobre el mismo tema, los diputados: Eduardo Arnal Palomera, del Partido Acción Nacional; Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo; Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional y Lucio Fernández González, del Partido Acción Nacional. Rectifica hechos el diputado Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores. Rogaciano Morales Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las atribuciones contenidas en el artículo noventa y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se refiere al mismo tema, el diputado Germán Arturo Pellegrini Pérez, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, sobre los emolumentos a los ex presidentes de la República. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo, para que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, emita la declaratoria para considerar zona de desastre al Estado de Baja California Sur y quien solicita trámite de urgente y obvia resolución. Se refieren al mismo tema, los diputados: Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional; Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Eréndira Olimpia Cova Brindis, del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Rivera Pérez, del Partido Acción Nacional, y Julián Luzanilla Contreras, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita adicionar el punto de acuerdo para incluir a otros estados, en especial el de Sonora. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea considera el asunto de urgente y obvia resolución en votación económica. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo con la adición propuesta y la Asamblea lo aprueba en votación económica. José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a la junta de gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a suspender la venta de cartera en tanto el Congreso de la Unión modifica la ley para otorgar el derecho de recompra de su deuda a los pequeños y medianos deudores. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del país del dos al nueve de octubre de dos mil uno, a fin de que efectúe una visita de trabajo a los Estados Unidos de América. La Asamblea dispensa, en votación económica, todos los trámites al proyecto de decreto y por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría le da lectura al mismo. Desde su curul, el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta solicita se dé lectura al dictamen respectivo del Senado de la República. La Presidenta explica que la Cámara de Senadores remite la minuta, que contiene únicamente el proyecto de decreto y para ilustrar a la Asamblea, solicita a la Secretaría dar lectura a los antecedentes planteados por el Presidente de la República al remitir la solicitud de permiso a ese cuerpo colegiado. 1050,1051,1052 Para hablar en contra del proyecto de decreto, pasa a la tribuna el diputado Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática. Suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y cuatro votos en pro. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con tres minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves cuatro de octubre de dos mil uno, a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
Pasamos al capítulo de comunicaciones.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Libre y Soberano de Chiapas.— Honorable Congreso. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. Por este medio me permito hacer de su conocimiento que el horario de trabajo que se dio a conocer mediante circular número 07, de fecha 24 de agosto de 2001, es única y exclusivamente respecto a los trabajadores de este Poder Legislativo, más no así de los trabajadores de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de septiembre de 2001.—Por la Comisión Permanente, diputado Augusto Orantes Ruiz, secretario.» De enterado.
«Escudo.— Estado de México.— Poder Legislativo.— LIV Legislatura. Ciudadanos secretarios del Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Presentes. Por medio de la presente nos permitimos comunicar a ustedes que, en sesión solemne, celebrada en esta fecha, se declaró formalmente abierto el tercer periodo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura del Estado de México, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional. Sin otro particular, les reiteramos nuestra distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. Toluca de Lerdo, México, 5 de septiembre de 2001.— Diputados: Juana Bonilla Jaime y Martín Marco Antonio Vilchis Sandoval, secretarios.» De enterado.
«Escudo .— Estado de México.— Poder Legislativo.— LIV Legislatura Ciudadanos secretarios del Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Presentes En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito comunicarles a ustedes que en junta celebrada el 5 de septiembre del año en curso, la LIV Legislatura del Estado de México, tuvo a bien elegir la directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el primer mes del tercer periodo de sesiones ordinarias, habiendo sido electo su servidor, presidente de la misma, los señores diputados: Andrea María del Rocío Merlos Nájera y Víctor Manuel Flores Pérez, vicepresidentes; Juana Bonilla Jaime y Martín Marco Antonio Vilchis Sandoval, secretarios; Leonardo Varela Orive y Francisco Antonio Ruiz López, prosecretarios. Asimismo, hago de su conocimiento que en sesión solemne, celebrada en la fecha indicada se hizo la declaratoria de la apertura de los trabajos del citado periodo de sesiones ordinarias de esta representación popular. Sin otro particular, les reitero mi distinguida consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Toluca de Lerdo, México, 5 de septiembre de 2001.— Presidente, Hesiquio López Trevilla.» De enterado.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Ciudadanos diputados de la Cámara de Diputados.— Presentes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado, abrió el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio legal. Asimismo, se eligió la mesa directiva que fungirá durante el mismo, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Diputados: Oziel Yudiche Lara, presidente; Gabriel López Maya, primer vicepresidente; Sergio Ernesto García Basauri, segundo vicepresidente; Olivo Martínez Borja, primer secretario; Ignacio Palacios Robledo, segundo secretario; Santiago Hernández Robles, primer prosecretario; Felisa Montañez Rivera, segundo prosecretario. Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes, haciendo propia la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo: No Reelección. "2001 Año del Fortalecimiento de la Cultura del Agua" San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 15 de septiembre de 2001.— Diputados: Oziel Yudiche Lara, presidente; Olivo Martínez Borja, Ignacio Palacios Robledo, secretarios.» De enterado.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Legislatura del Estado de Zacatecas Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Por este conducto nos permitimos comunicar que en sesión solemne de esta misma fecha, quedó solemne y legítimamente instalada la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para el periodo comprendido del 7 de septiembre de 2001 al 7 de septiembre de 2004, de la siguiente manera: Diputados de mayoría relativa: I distrito (PRD) Héctor Zirahuén Pastor Alvarado; suplente, Rubén Contreras Puente. II distrito (PRD) José Escobedo Domínguez; suplente, Lucía Jáquez Méndez. III distrito (PAN) Pedro Martínez Flores; suplente, Hugo Domínguez Ramírez. IV distrito (PRD) Javier Mendoza Villalpando; suplente, Samuel Herrera Chávez. V distrito (PRD) Laura García Medina; suplente, Rubén Santana Carmona. VI distrito (PRD) Roberto Valadez González; suplente, María Guadalupe Torres Martínez. VII distrito (PRD) Leoncio Miramontes Rodríguez; suplente, Gilberto Rodríguez Montaño. VIII distrito (PRD) Miguel Rivera Sánchez; suplente, José Guadalupe Avila Casas. IX distrito (PRI) Rubén Martínez Castillo; suplente Bercely Jaime Romo Ortiz. X distrito (PRD) Santos Antonio González Esparza; suplente, Juan Manuel Sandoval Borja. XI distrito (PRD) María Guadalupe Hernández Hernández; suplente, Susana Sánchez Arenas. XII distrito (PRI) Gumaro Elías Hernández Zúñiga, suplente, Candelario García Esparza. XIII distrito (PRI) Alfonso Aguilar Contreras; suplente, Juan José Sánchez Pérez. XIV distrito (PRI) Marco Vinicio Flores Chávez; suplente, Lauro Ornelas Aguayo. XV distrito (PRI) Leodegario Varela González; suplente, José de Jesús del Real Sánchez. XVI distrito (PRI) Ismael Murillo Murillo; suplente, Juan Antonio Sánchez Gómez. XVII distrito (PRI) Joel Hernández Peña; suplente, Marco Aurelio Landeros Martínez. XVIII distrito (PRD) J. Jesús Uribe Rodríguez; suplente, Alma Delia Parga Zúñiga. Diputados de representación proporcional: (PAN) Carlos Enrique Hernández E.; suplente, Ma. de la Luz Muñoz Franco. (PAN) Joel Arce Pantoja; suplente, Julio Cruz Hernández. (PAN) Lorena Esperanza Oropeza M.; suplente, Samuel Solís de Lara. (PRI) Raúl Rodríguez Santoyo; suplente, Carlos Alvarado Campa. (PRI) Francisco Flores Sandoval; suplente, Miguel Guzmán Guzmán. (PRI) Carlos Pérez Rico; suplente, Miguel Juárez Avila. (PRD) Otilio Rivera Herrera; suplente. Ma. Vannesa López Alcalá. (PRD) Carlos Pinto Núñez; suplente, Rumaldo Ortiz Herrera. (PRD) Patricia Salinas Alatorre; suplente, Jorge Fajardo Frías. (PT) Filomeno Pinedo Rojas; suplente, Samuel Reveles Carrillo. (PT) Pablo Leopoldo Arreola Ortega; suplente, Ismael Gaytán Martínez. (CD) Elías Barajas Romo; suplente, Eliseo Reyes Guerrero. Asimismo, hacemos de su conocimiento que quedó integrada la mesa directiva que presidirá los trabajos del primer mes, del primer periodo de sesiones ordinarias, dentro del primer año de ejercicio cons titucional, de la referida legislatura, como sigue: Joel Arce Pantoja, presidente; Joel Hernández Peña y Pablo Leopoldo Arreola Ortega secretarios, respectivamente, comunicamos lo anterior para los efectos correspondientes. Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Zacatecas, Zacatecas, a 7 de septiembre del 2001.— La LVII Legislatura del Estado.— Diputados: Joel Hernández Peña, y Pablo Leopoldo Arreola O, secretarios.»
De enterado.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política. Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente. Con fundamento en el artículo 34, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Alejandro Zapata Perogordo, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted: Que el diputado José Benjamín Muciño Pérez sea incorporado como integrante en la Comisión Especial de Seguridad Pública. 1053,1054,1055 Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente. Palacio Legislativo, México, D.F., 2 de octubre de 2001.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
De enterado.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política. Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente. Con fundamento en el artículo 34 inciso c la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted: que el diputado José Luis Hernández Garza, se incorpore como integrante en las comisiones de Participación Ciudadana y Seguridad Social. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente. Palacio Legislativo, México, D.F., a 2 de octubre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
De enterado.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política. Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente. Con fundamento en el artículo 34 inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted: que el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sustituya al diputado Francisco García Cabeza de Vaca, como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente. Palacio Legislativo, México D.F., a 2 de octubre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.
De enterado.
«Escudo Nacional de los estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política. Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente. Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted: que el diputado Oscar Romeo Maldonado Domínguez, se incorpore como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología en sustitución del diputado Juan Alcocer Flores y que la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, se incorpore como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria y en el Comité de Información, Gestoría y Quejas. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente. Palacio Legislativo, México, D.F., a 3 de octubre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
De enterado.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Poder Legislativo Federal.— Presentes. Mediante oficio fechado el 3 de octubre del presente, el presidente del Congreso de la República de Guatemala hizo de mi conocimiento que el pasado 2 de octubre del presente, el honorable Congreso de la República de Guatemala, en su 46 sesión ordinaria, aprobó el acuerdo legislativo número 47-2001, mediante el cual se resuelve condecorar a la suscrita con la "Orden del Soberano Congreso Nacional en el Grado de Gran Cruz". Con fundamento en el artículo 37 apartado c fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto me permito solicitar autorización del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para recibir la citada condecoración. Lo anterior, para los efectos conducentes. Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro.— México D.F., a 3 de octubre de 2001.— Diputada Beatriz Paredes, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Acuerdo de subcomisión en referencia a la excitativa que la mesa directiva de la Cámara de Diputados realizó el 20 de septiembre del año 2001 a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; de Cultura; de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dictaminen la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación. Esta subcomisión acuerda solicitar a la mesa directiva de esta comisión, gestione ante la propia mesa directiva de la Cámara de Diputados, solicitud de ampliación al plazo para que esta subcomisión esté en condiciones de integrar las opiniones técnico-jurídicas necesarias para emitir el dictamen correspondiente, dada la trascendencia de su objeto. Palacio Legislativo, a 3 de octubre de 2001.— Diputados: Juan Nicolás Callejas Arroyo, coordinador de la subcomisión; Hortensia Aragón Castillo, Fernando Ugalde Cardona, Jorge Luis García Vera, Miguel Angel D. Moreno Tello, Silvia Alvarez Bruneliere y Bertha Alicia Simental García.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Ciudadana diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente. En nombre de la mesa directiva de la comisión y en referencia al exhorto realizado a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; de Cultura; de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que se dictamine la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada el 14 de septiembre de año 2000 por la diputada Hortensia Aragón Castillo, me permito informar lo siguiente: Por acuerdo de la mesa directiva de esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y con fundamento en el artículo 44 numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se integró una subcomisión para el análisis de la iniciativa motivo del exhorto; dicha subcomisión solicitó, con fecha 3 de octubre del presente a la mesa directiva de esta comisión, gestione una extensión de plazo para integrar las opiniones técnico-jurídicas necesarias para emitir el dictamen correspondiente. De igual forma, comunico a ustedes que, con el propósito de coordinar las acciones pertinentes que permitan cumplir con la encomienda motivo del presente, se abrió un proceso de consulta con las respectivas presidencias de las comisiones codictaminadoras, esperando a la fecha el resultado pertinente. Ante tales circunstancias y con fundamento en el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, se solicita a la mesa directiva se extienda el plazo ordenado en el oficio número D.G.PL.58-II-3-373, para la dictaminación correspondiente, de modo que se puedan dotar de fundamentos sólidos necesarios a la iniciativa que modifica el artículo 25 de la Ley General de Educación, dada la trascendencia de su objeto. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi más alta consideración. Palacio Legislativo, México, D.F., 3 de octubre de 2001.— Diputados. Enrique Meléndez Pérez, presidente; Oscar Ochoa Patrón, Alfonso Vicente Díaz, Héctor Israel Ortiz Ortiz y Miguel Bortolini Castillo, secretarios.
Como se solicita por la comisión, se amplía el plazo exhortando a la Comisión de Educación que nos presente el dictamen a la brevedad posible y que dispongan del tiempo pertinente para poder integrar las opiniones técnico-jurídicas relativas en consulta también con la Comisión de Presupuesto.
González: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la mesa directiva. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes. Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. Que se declare en situación de emergencia al sector piñero nacional y se considere un asunto de interés público. Segundo. Que se apruebe una ampliación presupuestal por 146 millones de pesos para desarrollar un programa urgente de apoyo a los productores de piña de hasta 10 hectáreas. Tercero. Que este recurso se utilice para la creación de un fondo de ahorro e inversión con la participación del Gobierno Federal, gobiernos estatales y los productores. Cuarto. Que este fondo tendrá como objetivo el financiamiento ágil y oportuno de las actividades realizadas en apoyo al desarrollo productivo y tecnológico, la comercialización y la industrialización de la piña con un enfoque de cadena agroalimentaria, en los términos planteados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Quinto. Se sometan a revisión las condiciones de producción, mercado y competencia comercial que prevalecen en la actividad, para que de confirmarse la existencia de una práctica de dumping, se decrete el cierre del mercado nacional a la importación de piña tailandesa. Que la Secretaría de Economía aplique la cuota compensatoria a que alude la Ley de Comercio Exterior en el capítulo de prácticas de competencia desleal. 1056,1057,1058 La aplicación del programa de urgencia en apoyo de los productores de piña se sujetará a los siguientes criterios: 1. Difundir ampliamente los términos, montos y condiciones del Programa de Urgencia en Apoyo a los Productores de Piña, mismo que debe ser: transparente, equitativo, proporcional y no clientelar. 2. La asignación por productor se distribuirá de acuerdo a la superficie sembrada hasta 10 hectáreas como máximo. 3. Los gobiernos estatales que fomenten este programa de apoyo a la cadena agroalimentaria de la piña, serán responsables de la aplicación de los recursos que les correspondan en sus respectivas regiones de producción apoyados por los gobiernos municipales y las organizaciones locales de productores que corresponda. 4. Los gobiernos estatales, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, impulsarán la creación de consejos estatales que a su vez integren el Consejo Nacional de la Piña, que tendrá representación en el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural. La aplicación del programa deberá ir acompañado de las siguientes acciones por parte del Gobierno Federal: • Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refuerce un control efectivo de las importaciones para evitar la internación ilegal al país de los productos enlatados de piña, además se aplique en forma rigurosa el arancel que mejor convenga a los intereses de la nación. • Que la Secretaría de Economía suspenda las importaciones de los productos procesados de piña durante los años subsecuentes en las épocas de cosecha, en tanto los industriales y consumidores adquieren la producción nacional o que se apliquen aranceles superiores que le inhiban. • Que todas las instancias del Ejecutivo Federal impulsen programas integrales de desarrollo regional y por cuanto hace a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá instrumentar dentro del Programa de Alianza para el Campo apoyos específicos y con enfoques claros para los productores de piña, considerando estratégico a este cultivo, por el impacto social, económico y ambiental que representa. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, D.F., a 25 de septiembre de 2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»
Esta mesa directiva se da por enterada del contenido del punto de acuerdo del Senado y remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería exclusivamente para su conocimiento y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública exclusivamente para su conocimiento y en el inciso relativo a referencias presupuestales para en su momento puedan hacer una valoración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes: Iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal. Iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 50 y se adiciona el 50-bis de la Ley General de Bienes Nacionales. Iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Penal, Federal y Federal de Procedimientos Penales. Documentos que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes. Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración. Atentamente. Palacio Legislativo, a 3 de octubre de 2001.— El director general de Gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República. Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente. La descentralización de la gestión ambiental en México es un proceso inconcluso, que requiere, para avanzar, una articulación entre el contenido de los programas de descentralización y las posibilidades jurídicas, institucionales, económicas y políticas de los gobiernos y agentes locales. Además, es importante promover el abatimiento del rezago institucional de los gobiernos locales en lo que respecta a las insuficiencias en información, comunicación social, pluralidad y precariedad en los mecanismos de consenso y de participación y fiscalización local. El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellas depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país. Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo. Por ello resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental. Entre las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de: adecuar el marco jurídico de la gestión ambiental, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiaridad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas, particularmente en cuanto a su organización, su aptitud técnica y su capacidad de captar y administrar recursos; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso. La finalidad de la presente iniciativa, es establecer un mecanismo de transición a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos de las entidades federativas, precisando a través de la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación lo que le corresponde realizar a cada quien. En este contexto, las instituciones federales tienen como responsabilidad fijar las prioridades nacionales de la política ambiental, en tanto las entidades federativas, la de fomentar y operar programas institucionales, reconociendo como el eje central de los programas y acciones que se instrumenten, a los sectores social y privado a través de su participación directa y organizada, es decir, como los sujetos del desarrollo sustentable. A partir de estas premisas, es necesario generar políticas públicas y un modelo de gestión pública que responda a una planeación participativa y democrática que propicie certidumbre y estabilidad del sector ambiental, con un marco normativo que tome en cuenta las capacidades de las regiones del país como base de la instrumentación de los programas; dote a las entidades federativas y a los municipios de los recursos para operar y reconozca su legítima aspiración a imprimirle al desarrollo sustentable las modalidades que considere necesarias en su territorio. Con la presente iniciativa, se desea contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en la gestión ambiental y de los recursos naturales, para generar un cambio de fondo, por lo que se considera indispensable reformar los artículos 11 y 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La reforma que se propone al artículo 11, dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás disposiciones federales aplicables. Asimismo, se sugiere precisar en ese mismo artículo que en contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Por otra parte, en el Título Cuarto de la ley, denominado "protección al ambiente", se propone reformar el artículo 109-bis, en el sentido de avanzar en la satisfacción del derecho a la información ambiental, así como en la prevención, protección y restauración del ambiente. En efecto, nuestro país requiere de la actualización y modernización de los sistemas de información que permitan a la ciudadanía y a la autoridad, contar con los elementos fidedignos y suficientes de información para la adecuada toma de decisiones. Por su parte, en este mundo globalizado, la industria nacional debe conocer sus emisiones reales a fin de reducirlas mediante tecnologías limpias que le permitan mayor competitividad; en consecuencia, se introduce la facultad de los tres órdenes de gobierno, de establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, obligatorio, público y desagregado. El mismo ordenamiento jurídico prevé, en su Título Sexto, las disposiciones relativas al procedimiento de inspección y vigilancia e imposición de medidas de seguridad y sanciones. Si bien es cierto que la reforma legal de diciembre de 1996 pretendió adecuar el procedimiento administrativo a través de diversas reformas y el establecimiento de la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también lo es, que la práctica jurídica y contenciosa desarrollada desde entonces, ha mostrado la necesidad de continuar adecuando los preceptos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; en tal virtud, el presente proyecto introduce algunas adecuaciones que permitirán proporcionar, tanto al ciudadano como a la autoridad, mayor certidumbre en el proceso de imposición de sanciones. La motivación de este proyecto se describe a continuación. En el párrafo segundo del artículo 162 se establecen los requisitos que debe cumplir una orden de visita. Sin embargo y a fin de que la autoridad no se vea limitada para determinar las disposiciones jurídicas cuyo cumplimiento serán objeto de las visitas de inspección, se estima necesario excluir la precisión que hace la disposición vigente sobre el alcance de la orden de inspección. Por lo que hace al artículo 163 vigente, éste no prevé los requisitos a cumplir para una debida identificación del personal autorizado que realiza visitas de inspección. En este sentido, los criterios aplicados por los tribunales federales son diversos entre sí, por lo que se introduce en este artículo una redacción que establece los requisitos suficientes para cumplir con esta obligación de la autoridad. Por otro lado, en el mismo texto se requiere la designación de dos testigos en el acto de inspección. En la práctica de estas diligencias, es frecuente que los servidores públicos levanten las actas en sitios apartados, en donde no se encuentren otras personas que puedan fungir como testigos, por lo que se adiciona un párrafo que posibilita la instrumentación del documento sin testigos. El artículo 167 actual señala que la autoridad ordenadora, una vez recibida el acta de inspección, tendrá en todos los casos la obligación de requerir al interesado para que adopte medidas correctivas o de urgente aplicación, a pesar de que esto no siempre es necesario. Se introduce entonces una adición al párrafo primero de este artículo, para agregar que estas medidas sólo se adoptarán en los casos que la autoridad lo considere procedente. El artículo 168 vigente establece como única forma de concluir el procedimiento administrativo la resolución del mismo; sin embargo, con la finalidad de asegurar la restauración o compensación del daño en el ambiente o en los recursos naturales, se adiciona el artículo, con el propósito de dar al interesado la oportunidad de convenir con la Secretaría la realización de acciones, de restauración o compensación de daños durante el procedimiento administrativo y antes de que éste concluya, cuya instrumentación y evaluación se sujetará a las formalidades previstas para una resolución administrativa en el artículo 169 de la ley. Considerando que frecuentemente los montos de los impactos ambientales generados por los infractores, así como los beneficios económicos derivados de la infracción, exceden la sanción máxima prevista actualmente por el artículo 171 y con la finalidad de neutralizar dichos beneficios e inhibir la violación de la norma, se incrementa la multa máxima a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En la imposición de estas multas, el requisito de la gravedad de la infracción previsto en la fracción I del artículo 173, tal y como se encuentra redactado, obliga a la autoridad a demostrar que se han producido impactos ambientales en la salud pública, generación de desequilibrios ecológicos y afectación de recursos naturales o de la biodiversidad. Al respecto, se introduce la posibilidad de considerar la gravedad por los daños que "puedan producirse", reconociendo que las infracciones a la ley no sólo generan daños, sino también riesgos ambientales. 1059,1060,1061 De la redacción del último párrafo del artículo 173 actual, referido a la conmutación de sanciones, se infiere que es la autoridad quien en la propia resolución sancionatoria debe otorgar la opción a pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en proyectos ambientales. Al respecto, se introduce una redacción más clara para que la conmutación opere a petición del infractor, eliminando las interpretaciones contradictorias respecto a si este beneficio es procedente en el supuesto de que en el procedimiento haya sido impuesta alguna medida de seguridad prevista en el artículo 170. La fracción I del artículo 174-bis vigente prevé la venta directa de los bienes decomisados en aquellos casos en los que el valor del bien no exceda cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se reforma dicha fracción con objeto de que la venta se lleve a cabo a través de invitación a cuando menos tres compradores y, por excepción se prevé la venta directa, en el caso de que los invitados no comparezcan el día señalado para la venta o sus precios no fueren aceptados. Por otra parte, se somete a la consideración de esa soberanía una adición al artículo 182, a fin de reconocer la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como coadyuvante en el procedimiento penal, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido directo del ilícito por sí mismo o a través de su representante legal. Esta adición obedece al hecho de que la Secretaría, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cumple con un importante papel en la detección del delito ambiental, en la formulación de la denuncia penal, en la elaboración de dictámenes periciales y en la cuantificación y valoración económica del daño ambiental. La coadyuvancia con el Ministerio Público resulta además de gran importancia, por la naturaleza difusa del interés jurídico que tiene la víctima del delito ambiental, toda vez que en un gran número de supuestos, el ofendido es la sociedad en su conjunto. En otro aspecto, la iniciativa propone impulsar la participación de los tres niveles de gobierno en la conformación de aquellos instrumentos de toma de decisiones a nivel global que consideren la perspectiva local. En este sentido, se sugiere adicionar un párrafo al artículo 159-bis. Por último, se reforman los artículos 119, 130 y 161, con la finalidad de precisar las atribuciones de la Secretaría de Marina en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, fortaleciendo su participación en la inspección y vigilancia en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Artículo único. Se reforman los artículos 11, 12, 109-bis, 130, 162 segundo párrafo; 163 primer párrafo; 167 primer párrafo, 171 fracción I; 173 fracción I y último párrafo y 174-bis fracción I y se adiciona un segundo párrafo al artículo 119, un cuarto párrafo al artículo 159-bis, un segundo párrafo al artículo 161, un tercer párrafo al artículo 163, un segundo párrafo al artículo 168 y un cuarto párrafo al artículo 182 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue: "Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial: I. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones del presente ordenamiento; III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes: a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos que comprendan dos o más entidades federativas; b) Industria del petróleo, petroquímica y eléctrica; c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las leyes Minera y reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear; d) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos; e) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros y f) Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación. IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos forestales; V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo-terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales; VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes; VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes; VIII. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este ordenamiento o IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven. Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquéllas que de las mismas deriven. En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de esta ley. Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases: I. Se celebrarán a propuesta del Ejecutivo Federal o a petición de una entidad federativa, cuando ésta considere que cuenta con los medios necesarios, del personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las facultades que asumiría; II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política ambiental nacional; III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración; IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar; V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras, puedan asegurar el cumplimiento de su objeto; VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas; VII. Contendrán, en su caso, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos y VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación. Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo. Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa. Artículo 109-bis. La Secretaría, los estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría. La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 119. . . Tratándose de normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina. Artículo 130. La Secretaría autorizará el vertido de aguas residuales en aguas marinas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y las normas oficiales mexicanas que al respecto expida. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes. Artículo 159-bis. . . . . . . . . . Los estados, los municipios y el Distrito Federal, participarán con la Secretaría en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. Artículo 161. . . . En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta ley. Artículo 162. . . . Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse y objeto de la diligencia. Artículo 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto credencial vigente con fotografía, expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección en la materia y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos. En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada como testigo, el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la misma. Artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de 15 días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría. . . . Artículo 168. . . Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y la Secretaría, a petición del primero, podrán convenir la realización de las acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentación y evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los términos del artículo 169 de esta ley. 1062,1063,1064 Artículo 171. . . . I. Multa por el equivalente de 20 a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción; II a la V. . . Artículo 173. . . I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: los daños que se hubieran producido o puedan producirse en la salud pública; la generación de desequilibrios ecológicos; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad y, en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en la norma oficial mexicana aplicable; II a la V. . . La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de esta ley y la autoridad justifique plenamente su decisión. Artículo 174-bis. . . I. Venta a través de invitación a cuando menos tres compradores, en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de 5 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción. Si dichos invitados no comparecen el día señalado para la venta o sus precios no fueren aceptados, la autoridad podrá proceder a su venta directa. II a la IV. . . Artículo 182. . . La Secretaría será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal." ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Los procedimientos y recursos administrativos que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren pendientes de resolución se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se iniciaron. Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. Sufragio Efectivo. No Reelección. Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.» Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República. Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente. Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de Gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo. El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellos depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país. Por ello, resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental. Entre las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de: adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiaridad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas, particularmente en cuanto a su organización, su aptitud técnica y su capacidad de captar y administrar recursos; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso. La presente iniciativa propone establecer un mecanismo de transición a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de sus municipios. De merecer la aprobación de esa soberanía, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de las entidades federativas asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación. El esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías. De esta manera, la presente iniciativa busca contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en la gestión de los recursos naturales, sin generar cargas excesivas para las entidades federativas. La reforma que se propone al artículo 7o. de la Ley Forestal, dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la Ley Forestal y demás disposiciones federales aplicables. Asimismo, se sugiere precisar que en contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y en su caso, de sus municipios, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal. Artículo único. Se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal, para quedar como sigue: "Artículo 7o. La Federación, a través de la Secretaría y con la intervención que corresponda a sus entidades sectorizadas, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial: I. Recibir los avisos de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y los de forestación; II. Celebrar, conforme a lo previsto en la presente ley, acuerdos y convenios en materia forestal con otras instituciones públicas y personas físicas o morales de los sectores social y privado; III. Formular, articular e instrumentar programas forestales, especialmente de forestación y reforestación para el rescate de zonas erosionadas, así como de agroforestería y manejo y uso múltiple del ecosistema forestal; IV. Fomentar la educación, cultura, capacitación e investigación forestales; V. Aplicar las medidas de fomento para la conservación, protección y restauración de recursos forestales, para plantaciones comerciales y de otra naturaleza y para aprovechamientos forestales que se realicen conforme a los términos de esta ley o VI. Las previstas en el artículo 5o. fracciones IV, VI, VIII, X, XII, XIII, XV, XVI y XVII de esta ley. La celebración de dichos convenios o acuerdos de coordinación se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven. En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente." ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. Sufragio Efectivo. No Reelección. Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.» Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República. Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente. Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo. El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellos depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país. Por ello, resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental. Entre las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de: adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiaridad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas, particularmente en cuanto a su organización, su aptitud técnica y su capacidad de captar y administrar recursos; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso. 1065,1066,1067 La presente iniciativa propone establecer un mecanismo de transición a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de sus municipios. De merecer la aprobación de esa soberanía, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de las entidades federativas asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación. El esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y, por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías. De esta manera, la presente iniciativa busca contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en la gestión de los recursos naturales, sin generar cargas excesivas para las entidades federativas. La reforma que se propone dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones federales aplicables. Asimismo se sugiere precisar que en contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Por otra parte, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 1o. de la Ley General de Vida Silvestre, en virtud de que, en materia forestal, el concepto de recursos no maderables abarca productos y subproductos forestales que son frecuentemente aprovechados con fines comerciales; sin embargo, la Ley General de Vida Silvestre no prevé procedimientos a los cuales se sujete este tipo de aprovechamientos, ya que el aprovechamiento extractivo establecido en dicho ordenamiento legal, señala criterios que en esencia son aplicables a la fauna silvestre. En este sentido, la Ley Forestal y su Reglamento contienen esquemas que facilitan el control del aprovechamiento de recursos forestales no maderables; además de que todas las normas oficiales mexicanas vigentes, relativas a este tipo de aprovechamientos, se sustentan en los criterios y procedimientos señalados en la Ley Forestal. La reforma que se propone no altera el régimen de protección de la flora silvestre, pues las especies y poblaciones de recursos forestales maderables y no maderables catalogados como en riesgo, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. En el contexto de la apertura de la caza comercial de ballenas, en el ámbito internacional (Comisión Ballenera Internacional), existe la preocupación de que la explotación de ballenas, delfines y lobos marinos, sea permitida. Dado que las especies de mamíferos marinos están consideradas como "especies en riesgo" en la Ley General de Vida Silvestre, la cual contempla su aprovechamiento al permitir al particular solicitar un permiso con base en argumentos de abundancia o de estudios de población, es necesario incorporar en la propia ley, la prohibición de aprovechamiento extractivo de subsistencia o comercial. Por último, y en materia de esta ley, se proponen reformas al artículo 127, relacionadas con sanciones administrativas, con el propósito de aumentar significativamente las sanciones relativas al tráfico y posesión ilegal de fauna silvestre, así como a la liberación no autorizada de fauna silvestre, especialmente en el caso de infractores reincidentes y traficantes de especies. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Artículo único. Se reforman los artículos 1o. segundo párrafo, 11, 12 y 127 fracciones I y II y se adiciona el artículo 60-bis de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue: "Artículo 1o. . . El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes Forestal y de Pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo. Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaria, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial: I. Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre; II. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales; III. Aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre; IV Aplicar las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio para proteger las especies acuáticas reguladas en la presente ley; V. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre; VI. Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente ley; VII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y de las normas que de ella se deriven, así como imponer las medidas de seguridad y las sanciones administrativas establecidas en la propia ley; VIII. Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados estatales para la vida silvestre, basados en criterios de sustentabilidad, así como aplicar los instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la misma; IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres, al ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de servicios de este tipo de aprovechamiento, así como para la colecta científica, de conformidad con las normas y demás disposiciones legales aplicables o X. Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización del conocimiento tradicional. Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquéllas que de las mismas deriven. En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Artículo 12. La celebración de los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Artículo 60-bis. Ninguna especie de mamífero marino podrá ser sujeta de aprovechamiento extractivo de subsistencia o comercial, excepto que la captura tenga por objeto la exhibición, investigación y educación y sea autorizada por la Secretaría. Artículo 127. . . I. Con el equivalente de 20 a 5 mil veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente ley y II. Con el equivalente de 50 a 50 mil veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX y XXII del artículo 122 de la presente ley. ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. Sufragio efectivo. No Reelección. Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República. Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente. Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo. El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellas depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país. Por ello resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental. Entre las tareas a desarrollar para enfrentar el proceso de descentralización, se encuentran las de: adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiaridad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas, particularmente en cuanto a su organización, su aptitud técnica y su capacidad de captar y administrar recursos; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de resultados del proceso. En este contexto, el régimen legal vigente en materia de bienes nacionales confiere en exclusiva al Gobierno Federal la administración, mantenimiento y vigilancia de la zona federal marítimo-terrestre y de los terrenos ganados al mar. No obstante, en los últimos años, se ha reconocido e incluso se ha convertido en una reiterada demanda, la necesidad de que los estados que tengan costa y los municipios aledaños a ésta, tengan participación en las actividades arriba señaladas. Ello, además, ha sido recogido por las últimas reformas al artículo 115 constitucional. En esa virtud, la presente iniciativa propone establecer un mecanismo de transición a fin de otorgar a los estados, con la participación de sus municipios, ciertas atribuciones relacionadas con la administración, conservación y vigilancia de la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar. 1068,1069,1070 De merecer la aprobación de esa soberanía, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de los estados asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación. El esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y, por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías. De esta manera, la presente iniciativa busca contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en la gestión de los bienes patrimoniales de la nación, sin generar cargas excesivas para las entidades federativas. La reforma que se propone, dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la propia Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones federales aplicables. Asimismo, se sugiere precisar que en contra de los actos que emitan los gobiernos de los estados y en su caso, de sus municipios, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforma el artículo 50 y se adiciona el 50-bis de la Ley General de Bienes Nacionales. Artículo único. Se reforma el artículo 50 y se adiciona el artículo 50-bis de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue: "Articulo 50. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar. Con este objetivo, dicha dependencia, en coordinación con las demás que conforme a la materia deban intervenir, establecerá las normas y políticas aplicables, considerando los planes y programas de desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico, la satisfacción de los requerimientos de la navegación y el comercio marítimo, la defensa del país, el impulso a las actividades pesqueras y el fomento de las actividades turísticas y recreativas. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con objeto de que los gobiernos de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, administren, conserven y vigilen dichos bienes. Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquéllas que de las mismas deriven. En contra de los actos que emitan los gobiernos de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 50-bis. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con los gobiernos de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases: I. Se celebrarán a propuesta del Ejecutivo Federal o a petición de una entidad federativa, cuando ésta considere que cuenta con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las facultades que asumiría; II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo y con la política ambiental nacional; III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración; IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar; V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto; VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas; VII. Contendrán, en su caso, los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos y VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación. Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo y en caso de incumplimiento podrá darlos por terminados anticipadamente. Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa." ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. Sufragio Efectivo. No Reelección. Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.» Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República. Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente. La degradación del medio ambiente, incluyendo sus principales elementos como el aire, el suelo y el agua, así como los organismos vivos que los utilizan como sustratos indispensables de su existencia, ha sido una preocupación manifiesta en los sistemas jurídicos mundiales, entre ellos el sistema jurídico mexicano. Las conductas degradantes se han regulado de una u otra manera a través de las responsabilidades administrativa, civil y penal. En esta última, la sistematización de las conductas consideradas como relevantes y criminales por el legislador, no ha alcanzado los fines y objetivos que con seguridad se plantearon sus autores. Si la sociedad mexicana ha incorporado al derecho penal como un instrumento para la protección del medio ambiente y la preservación de nuestros recursos naturales; si el legislador lo ha considerado una herramienta necesaria para inhibir las conductas más graves que se alejan de las directivas de la política y la gestión ambiental nacional, surge entonces en forma ineludible el deber de convertir a la responsabilidad penal ambiental, en un ejercicio real, efectivo, justo y sensible a la problemática social, económica y ambiental de nuestro país. A pesar de la vigencia de los delitos ambientales en nuestro sistema jurídico, el ciudadano común y aún el jurista especializado, percibe hoy al proceso para responsabilizar penalmente a una persona por el incumplimiento de la Ley Ambiental, como un ejercicio jurídico excepcional, imperfecto y poco eficaz. Considerando lo anterior, y ante la necesidad y el reto de un derecho penal ambiental efectivo, justo y útil para nuestra sociedad, resulta necesario reformar las disposiciones sustantivas y adjetivas en la materia. Es importante señalar, sin embargo, que la presente iniciativa no pretende imprimir un cambio hacia una política que privilegia la aplicación del derecho penal como instrumento de política ambiental, por el contrario, comparte las opiniones de quienes pugnan por un derecho penal de mínima aplicación y las de aquéllos que privilegian los instrumentos jurídico-ambientales preventivos y voluntarios para incrementar el cumplimiento de la ley ambiental. La propuesta de reforma a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, busca crear un sistema de responsabilidad penal ambiental gradual y más justo que el previsto por la legislación vigente. En este sentido, se introducen figuras jurídicas que permiten un tratamiento más equitativo del infractor, desde excluyentes para el caso de aquellas conductas que no deben ser abordadas por el derecho penal, atenuantes para aquellos casos en los que es conveniente reducir la pena, tipos básicos con parámetros punitivos mínimos y máximos amplios, que permiten al juez valorar las circunstancias específicas de cada caso, hasta agravantes para conductas especialmente dañinas y gravosas para la sociedad, así como delitos graves en aquellos casos en los que el sujeto activo manifiesta un especial grado de peligrosidad social y ambiental, para el que resulta indispensable restringir su derecho de libertad provisional bajo caución. Asimismo, se introduce un capítulo de delitos "contra la gestión ambiental", que si bien no atentan directamente en contra del ambiente, sí afectan en forma importante al sistema de gestión ambiental federal y a diversos instrumentos de política ambiental, que parten de la información de buena fe que los particulares deben, de conformidad con la normatividad ambiental, proporcionar a la autoridad. En primer término, la estructura que guarda el Título Vigésimoquinto del Código Penal Federal, así como su denominación, han de ser reconsideradas, en virtud de que el término "delitos ambientales" denota una circunstancia formal, en contraposición con lo que se debe entender como un delito, desde la perspectiva material, como hecho, por lo que ha de entenderse que no existen delitos ambientales, sino delitos que atentan contra el ambiente, pues el delito es una cuestión fáctica, en la cual inciden factores sociales, económicos, ambientales, políticos etcétera. Por otro lado, desde el punto de vista sustantivo, resulta necesario introducir la comisión culposa para sancionar los daños ambientales ocasionados por la inobservancia de un deber de cuidado, especialmente en aquellos delitos que implican el manejo de sustancias peligrosas, donde debe esperarse de quienes las manejan un especial nivel de previsión. Lo mismo puede decirse respecto de los delitos de resultado material que dañan ecosistemas o ejemplares de especies particularmente protegidas; en estos casos, sin embargo, la punibilidad debe ser atenuada conforme a las reglas generales para la aplicación de sanciones para los delitos culposos. Se adiciona un nuevo capítulo sobre "las actividades tecnológicas y peligrosas", a efecto de sistematizar el contenido del título, en función de las conductas reguladas. Lo mismo sucede para el caso de los capítulos subsecuentes de "la biodiversidad", de "la bioseguridad", "contra la gestión ambiental" y de "disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente". Se incrementa la punibilidad en general en todos los tipos penales, a efecto de adecuarla a la prevista por los códigos penales locales de diferentes entidades federativas y a las previstas en el derecho comparado. Se incrementa la privativa de la libertad mínima, a efecto de establecer el parámetro de imposición de la pena más baja que puede resolver el juez, buscando obtener un mayor número de casos en los que efectivamente se aplique la privativa de la libertad. Por otro lado, se modifican los montos de la pena económica, en virtud de que en la legislación vigente se prevé como máximo la imposición de 20 mil días multa. Entendiendo que un día multa corresponde a un día de la percepción económica de una persona, la pena máxima vigente correspondería a privar al delincuente de sus ingresos económicos obtenidos en 54.7 años. La propuesta de reforma se dirige a homologar la pena de prisión con la pena económica, fijando aproximadamente un día multa por un día de prisión. Asimismo, se sustituyen los elementos normativos de "falta de autorización, contravención a las condicionantes de ésta, violación a las normas oficiales mexicanas o reglamentos", pues resulta conveniente responsabilizar a quienes realicen las conductas y generen daños ambientales en forma ilícita en general y no sólo a aquellos que lo hacen sin contar con las autorizaciones correspondientes o violando sus condicionantes. Esta última situación deja impune a una gran cantidad de conductas delictivas, en las que aun cuando el sujeto activo cuenta con una autorización, conoce y acepta el daño a la salud o al ambiente que genera su conducta. Lo mismo sucede en el caso de conductas criminales que causan daños ambientales bajo el amparo de la inexistencia de normas oficiales mexicanas. De igual manera, se elimina el concepto de salud pública en los tipos penales ambientales, por encontrarse tutelado este bien jurídico en forma idéntica en la Ley General de Salud. Son cuatro los artículos de este Título Vigésimoquinto los que se refieren o hacen mención a la salud como bien jurídico tutelado: 414, 415, 416 y 417. Estos tipos penales mantienen una redacción que corresponde a los contenidos de los artículos 456, 457 y 463 de la Ley General de Salud. Es claro que ante esta duplicidad de normas contenidas en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud, es ésta la que por ser norma especial prevalecerá sobre el Código Penal Federal. 1071,1072,1073 Por lo que hace al artículo 414 mencionado, se propone incorporar en dicho artículo las conductas previstas en los actuales artículos 414 y 415, fracción I, referidos a la realización de actividades altamente riesgosas y manejo de residuos peligrosos. En ambos casos, las conductas se refieren al uso de sustancias peligrosas, haciendo una distinción innecesaria entre actividades consideradas altamente riesgosas por el uso de materiales peligrosos y actividades de manejo de residuos con la misma característica. La propuesta, entonces, hace únicamente referencia, en forma genérica, a sustancias con características de peligrosidad. Por otro lado, se reconoce y resuelve el hecho de que la redacción actual del artículo 414, hace un reenvío a las normas oficiales mexicanas previstas en el artículo 147 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuando este artículo fue modificado y no prevé disposición alguna al respecto. Se redacta un párrafo independiente para la generación de riesgos ambientales, a efecto de darle un tratamiento particular en el caso de la comisión culposa. En esta hipótesis no se admite este tipo de comisión, pues, de lo contrario, serían punibles un número excesivo de conductas que no deben ser sancionadas. Se adicionan atenuantes para el caso de los residuos peligrosos de menor impacto ambiental, así como para aplicar una menor sanción a los microgeneradores de residuos provenientes de talleres y otras negociaciones en zonas urbanas, a los que no puede exigírseles, desde el punto de vista penal, el cumplimiento estricto de la ley, de la misma forma que a los grandes generadores. Igualmente se atenúa la pena para los que realizan conductas poco significativas con sustancias agotadoras de la capa de ozono. En el artículo 415 se agrega la palabra "contaminantes", que es más genérica que gases, humos o polvos. Asimismo, se adiciona el concepto de "daño al ambiente", en general por ser más incluyente. Se agrega una agravante para el caso de que se generen riesgos o daños en zonas que deben ser especialmente protegidas, tales como áreas naturales protegidas. Se adiciona la "infiltración a subsuelos", por considerarse que puede impactar a los recursos naturales en forma similar al resto de las conductas previstas en el artículo 416. Se sustituye el elemento normativo "jurisdicción" por el de "competencia", toda vez que el primero constituye una función del Estado propia de un órgano jurisdiccional. Se reubica el contenido de la fracción II del artículo 416 vigente para quedar en el artículo 420, referido a los delitos contra la biodiversidad. En el artículo 417 se sustituye la palabra "cadáveres" por la de "muerta", pues el primer concepto no es aplicable a la flora. Se adiciona el concepto "que porten", pues la redacción actual sólo es aplicable a los ejemplares vivos; los cadáveres no pueden padecer una enfermedad contagiosa. En el artículo 418 se introduce la exclusión "siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas", para aclarar que los conceptos de ilicitud obedecen al ámbito de aplicación espacial de la Ley Forestal. Asimismo, se reorganizan las conductas típicas de este artículo en fracciones, para mejorar su claridad. En la fracción III se acota el concepto "cambio de uso de suelo", al "suelo forestal", pues la ley requiere de una autorización exclusivamente para este tipo de suelos. Se reubica el delito de generación de incendios en el artículo 420-bis, por ser este artículo el que agrupa las conductas que dañan a ecosistemas completos. Se elimina el concepto "dolosamente", pues resulta innecesaria su inclusión en la descripción típica, puesto que todos los tipos en su redacción son considerados como si se llevaran a cabo a título doloso. Se adiciona una agravante cuando las actividades afectan un área natural protegida o el incendiario actúa por razones económicas. En el artículo 419 se sustituye la palabra "acopie" por la de "almacene", por ser este verbo el utilizado en la Ley Forestal. Se enuncian, sin ser limitativos, los recursos forestales maderables más frecuentemente aprovechados, a efecto de reducir en la medida de lo posible los conceptos técnicos. El mismo criterio aplica para el caso del término "madera aserrada", que se considera de más fácil entendimiento. Se introduce una agravante para el caso de que los recursos forestales provengan de áreas naturales protegidas. En el artículo 420 se cambia la denominación "quelonio" por la de "tortuga", que resulta más accesible. Se sustituye el concepto de "daño a especies" por el de "daño a ejemplares de especies", pues el daño a una especie implica el daño a todos los ejemplares de esta clasificación taxonómica. Se da una mejor redacción a la expresión "amenace la extinción de las mismas", puesto que lo que se regula es la amenaza a la especie. En este artículo se introducen como conductas típicas básicas las previstas en la fracción IV, dejando el elemento subjetivo específico "fines comerciales" para una conducta agravada. Se adiciona el concepto "actividades con fines de tráfico" y se distingue de las conductas simples de captura, transportación, acopio, introducción o extracción del país, a efecto de garantizar que los poseedores de mascotas no registradas no serán sujetos de responsabilidad. Se adicionan las especies reguladas por un tratado internacional del que México sea parte, para incluir con claridad las conductas criminales de tráfico de especies previstas en la convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En este sentido, cabe aclarar que no se habla de la violación a un tratado internacional por parte del sujeto activo, situación que resultaría improcedente, pues los tratados internacionales sólo obligan a los estados; únicamente se hace referencia a las especies de ejemplares contenidas en los listados de especies en peligro de extinción previstas en un tratado internacional. Se adiciona el artículo 420-bis, incorporando el contenido de la fracción segunda del artículo 416, por referirse a un delito contra la biodiversidad. Se adiciona la conducta típica de liberación de especies y daño a arrecifes protegidos, por razones de política criminal, aplicándoseles una pena superior por tratarse de daños a ecosistemas que a su vez dañan a ejemplares de vida silvestre. En el artículo 420-ter, se adiciona una conducta típica referida a organismos genéticamente modificados, por su importancia y las consecuencias negativas en el ambiente y a la salud humana que pueden generar. Por considerarlo de especial relevancia en la protección del Sistema de Gestión Ambiental Federal, se agrega el Capítulo IV. Se tipifican las conductas que afectan gravemente la veracidad de la información de los registros de emisión y transferencia de contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los instrumentos de gestión ambiental, así como los sistemas de control y vigilancia. Adicionalmente, se tipifica la conducta de falsedad de los prestadores de servicios ambientales y las conductas que pretenden encubrir otros delitos ambientales o hacer parecer que se ha cumplido con las obligaciones previstas en la normatividad ambiental. Resulta importante señalar que el bien jurídico tutelado en este capítulo es la gestión ambiental y no directamente el ambiente, por lo que el sujeto pasivo es la Administración Pública Federal. Por ello, estos delitos deben ser perseguidos por querella de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En el artículo 421, se incorporan las disposiciones comunes a todo el título; se adiciona el concepto "medidas de seguridad" por ser la denominación correcta; se adicionan en la fracción III las condicionantes para la reintroducción de especies al medio natural; se incorpora la inhabilitación de servidores públicos por considerar que es la pena adecuada para los mismos y en el 422 se incorporan agravantes generales para los casos en los que el autor o partícipe tenga la calidad de garante. En el artículo 423 se introduce la figura de la excusa absolutoria, por la que se autoriza al Estado a no aplicar sanciones penales en los casos en que se cuente con determinadas condiciones por parte del perpetrante del ilícito, específicamente cuando se trate de campesinos, miembros de pueblos o comunidades indígenas, cuando se actúe por necesidades de subsistencia o prácticas rituales o tradicionales. Por otro lado, en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se adicionan las conductas típicas consideradas graves para los efectos del procedimiento penal, pues se considera en estos casos que el sujeto activo presenta características particulares de mayor peligrosidad, y es de esperarse que se sustraiga de la acción de la justicia. Estos supuestos son aplicados exclusivamente a aquellos tipos con punibilidades agravadas, a excepción de la conducta básica de la tala prevista en el artículo 418, en el que se sujeta la consideración de delito grave al volumen de madera derribada o talada, lo que denota una conducta de mayor peligrosidad para el ambiente. La consideración de delito grave, de acuerdo a una cantidad determinada, se encuentra ya reconocida en el propio artículo 194, al hacer referencia a los delitos previstos en el artículo 112 cuarto párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito. En estos casos, se considera también que existe una afectación especialmente importante a valores fundamentales de la sociedad. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, señora Presidenta, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales. Artículo Primero. Se reforman los artículos 60 segundo párrafo, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 y 423, así como la denominación del Título Vigesimoquinto y se adicionan los Capítulos I al V, y artículos 420-bis, 420-ter y 420-quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue: "Artículo 60 . . . Las sanciones por delitos culposos sólo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167 fracción VI, 169, 199-bis, 289 parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414 primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415 fracciones I y II y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420 fracciones I, II, III y V, y 420-bis fracciones I, II y IV de este código. TITULO VIGESIMOQUINTO Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental CAPITULO I De las actividades tecnológicas y peligrosas Artículo 414. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa al que ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, infla- mables, radiactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente. La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo anterior o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente. En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión de incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en 1 mil días multa, a excepción de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono. Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y segundo de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 litros o con residuos considerados peligrosos por sus características biológico-infecciosas, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo que se trate de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas cuando superen dicha cantidad. 1074,1075,1076 Artículo 415. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad: I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, o II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente. Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades descritas en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente. En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en 1 mil días multa. Artículo 416. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente. Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas o fluyan en un área natural protegida, la prisión se podrá elevar hasta tres años más y la pena económica hasta 1 mil días multa. CAPITULO II De la biodiversidad Artículo 417. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, al que introduzca al territorio nacional o comercie con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas. Artículo 418. Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de 100 a 3 mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya la vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles o III. Cambie el uso del suelo forestal. La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en 1 mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida. Artículo 419. A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa. La misma pena se aplicará aún cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad. La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en 1 mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida. Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días multa, a quien ilícitamente: I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos, II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda; III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre o amenace a una especie con su extinción; IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico o capture, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, así como sus productos o subproductos y demás recursos genéticos o V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior. Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta 1 mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida o cuando se realicen con fines comerciales. Artículo 420-bis. Se impondrá pena de dos a 10 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días multa, a quien ilícitamente: I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos; II. Dañe arrecifes protegidos; III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración o IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente. Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta 1 mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen o afecten un área natural protegida o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio económico. CAPITULO III De la bioseguridad Artículo 420-ter. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, a quien en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética. CAPITULO IV Delitos contra la gestión ambiental Artículo 420-quáter. Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, a quien: I. Transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte, cualquier residuo considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas o radiactivas, a un destino para el que no se tenga autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o abandonarlo; II. Asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal; III. Destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la normatividad ambiental federal; IV. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista o perito o especialista en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente, o V. No realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa o judicial le ordene o imponga. Los delitos previstos en el presente capítulo se perseguirán por querella de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. CAPITULO V Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimoquinto, se podrá imponer alguna o algunas de las siguientes penas o medidas de seguridad: I. La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados, al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito; II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo; III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos, siempre y cuando su reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la reproducción o migración de especies de flora o fauna silvestre; IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte o V. Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya cumplido con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida. Los trabajos a favor de la comunidad a que se refiere el artículo 24 de este ordenamiento, consistirán en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración de los recursos naturales. Para los efectos a los que se refiere este artículo, el juez deberá solicitar a la dependencia federal competente o a las instituciones de educación superior o de investigación científica, la expedición del dictamen técnico correspondiente. Las dependencias de la administración pública competentes deberán proporcionar al Ministerio Público o al juez, los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de los delitos a que se refiere el presente título. Artículo 422. En el caso de los delitos contra el ambiente, cuando el autor o partícipe tenga la calidad de garante respecto de los bienes tutelados, la pena de prisión se aumentará hasta en tres años. Artículo 423. No se aplicará pena alguna en los casos siguientes: I. Respecto a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 418, así como para la transportación de leña o madera muerta a que se refiere el artículo 419, cuando el sujeto activo sea campesino y realice la actividad con fines de uso o consumo doméstico dentro de su comunidad; II. Respecto de lo dispuesto en el artículo 420 fracción II, cuando el sujeto activo demuestre que realizó la conducta por una única vez para satisfacer sus necesidades alimenticias individuales del momento o III. Respecto a lo dispuesto en el artículo 420 fracciones I y III, cuando el sujeto activo aproveche ejemplares, partes o derivados de vida silvestre para ceremonias o ritos tradicionales, forme parte de un pueblo o comunidad indígena y siempre que las técnicas y medios de aprovechamiento sean las utilizadas tradicionalmente." Artículo segundo. Se adiciona un inciso 32-bis a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: "Artículo 194. . . I. . . 1) al 32) . . . 32)-bis. Contra el ambiente, en su comisión dolosa, previsto en los artículos 414 párrafos primero y tercero, 415 párrafo último, 416 párrafo último y 418 fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420 párrafo último. 33) . . . II a la XIV. . . " 1077,1078,1079 ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Los artículos del Título Vigesimoquinto del Código Penal Federal, vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Lo anterior sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 del citado Código Penal Federal. Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. Sufragio Efectivo. No Reelección. Palacio Nacional, a 2 de octubre de 2001.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»
Túrnese a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación: uno de ellos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Sungrye en Tercer Grado, que le confiere el gobierno de la República de Corea. Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 26 de septiembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Uno más. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ministro Luis Alberto Germán Barrero Stahl, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Sungrye, en Tercer Grado, que le confiere el gobierno de la República de Corea. Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 26 de septiembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados. Tiene la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con objeto de presentar una iniciativa de Ley de Protección al Usuario de los Servicios de Salud.
Gracias, señora Presidenta. Presento esta iniciativa en honor de mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Salud: Magdalena Núñez Monreal, Adela del Carmen Graniel, Pedro Miguel Rosaldo y la coordinadora del área de política social, Hortensia Aragón, al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Los servicios de salud han evolucionado día con día, de una cultura que confería absoluta libertad de terapia a los prestadores de servicios médicos, a las que otorga la libertad de elección de tratamiento por parte de los usuarios, que indudablemente sabrán mejor que nadie cómo vivir su enfermedad, igual que deciden cómo llevar su propia existencia. Aunque la relación prestador de servicio-paciente sea descompensada una de las partes padece el sufrimiento, mientras que la otra posee el conocimiento, nunca debe concebirse como una relación de poder. En sus inicios fue siempre una relación jerarquizada y basada en el principio de beneficencia, el médico prescribía los medicamentos necesarios para curar la enfermedad y el buen paciente simplemente obedecía. El cambio de cultura jurídica en la relación médico-paciente supuso dejar al margen esa relación caracterizada por un sentido paternalista para alcanzar otra situación en la que ya no es la persona catalogada como paciente, sino que ahora como usuario y sus derechos se configuran como los protagonistas. Actualmente, en una sociedad que quiere ser democrática, el eje de las decisiones lo constituye el respeto a la libertad de las personas y en una sociedad que quiere ser justa, el punto medular lo conforma la igualdad en el acceso a los servicios y precisamente alrededor de estas dos premisas, libertad e igualdad, debe construirse una nueva relación, ahora entre prestadores y usuarios de los servicios de salud, la nueva relación deberá adaptarse a los requerimientos generados por los cambios científicos y sociales que al determinar una mayor exigencia en la calidad de vida, van responsabilizando cada vez más a los mismos individuos de su propia salud. Indudablemente que esta nueva relación deberá aspirar a incidir en todos los servicios de salud y no sólo circunscribirse al aspecto hospitalario, centrándose en el respeto a los derechos fundamentales que afectan la dignidad humana. Con la Ley General de Salud se reglamentó el derecho a la protección de salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Corresponde ahora al legislador desarrollar los principios que son esenciales e indispensables a la prestación de los servicios de salud, como la autonomía, la información, consentimiento informado, la privacidad, la confidencialidad, la igualdad, la no discriminación, la prevención y promoción de la salud en beneficio del usuario y que indudablemente forman parte del derecho a la asistencia sanitaria como facultad individual de obtener de los poderes públicos los auxilios de las ciencias médicas para la prevención, la curación, el alivio físico o el consuelo sicoafectivo, eficaces en la enfermedad y que comprende la asistencia individual preventiva y el tratamiento de la enfermedad y en la enfermedad, como asimismo la rehabilitación para la reinserción del individuo en su medio. En este sentido, el objeto de la presente iniciativa consiste en dar reconocimiento jurídico a esos derechos y prerrogativas que son esenciales, recogiendo la filosofía que reconoce ampliamente el principio de la autonomía del usuario de los servicios de salud y materializando, con rango de ley, las declaraciones que en este sentido se han producido en diversas convenciones internacionales. En el texto del proyecto, la información al usuario viene a constituir el eje fundamental en el cual articular un verdadero consentimiento. El consentimiento informado, entendido como el derecho a obtener información y explicación adecuada de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, sería el último eslabón de ese derecho a la información. El fin: prestar el consentimiento después de haber obtenido la información precisa y suficiente. El consentimiento informado se manifiesta así, como un derecho humano fundamental, precisamente es una de las últimas aportaciones realizadas en la teoría de los derechos humanos y constituye una derivación necesaria o explicación de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia. Por consiguiente, para promover la emisión de un consentimiento válido, la información que se proporcione deberá ser inteligible para la persona que la recibe, pues no es lo mismo informar a un médico que a otra persona de educación media. Se trata de evitar la práctica común de arrancarle el consentimiento mediante formularios o machotes, como hoy se utiliza en unidades que prestan servicios de salud, con lo que se acepta informado el usuario y releva, lo que es más grave, al prestador de cualquier responsabilidad que pueda sobrevenir después del tratamiento. Un consentimiento informado contribuiría a fortalecer la situación de confianza entre el prestador y usuario de los servicios de salud y de paso disminuir las asimetrías de información propias de dicha relación, en la medida que institucionaliza una instancia que permita que el facultativo entregue oportunamente información completa, adecuada y necesaria para que los interesados o sus familiares puedan asumir informadamente las decisiones más acertadas para el cuidado de su salud. De esta manera, en relación con el consentimiento informado, se prevé que tendrá que realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos, invasivos y en general cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente. Es decir, la manifestación de voluntad deberá expresarse por el propio usuario cuando sus facultades mentales se lo permitan o; en su defecto, el cónyuge o los parientes más cercanos, sin embargo, también se prevén excepciones a la libre manifestación de voluntad, cuando la no intervención médica suponga un riesgo para la salud pública, cuando el usuario no está capacitado para tomar decisiones, cuando la urgencia no permita demoras que podrían ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento o cuando el interesado haya manifestado expresamente su deseo de no ser informado para tomar una decisión. Acorde con la normativa propuesta sobre consentimiento informado, se establecen tesituras sobre la responsabilidad médica. Si la decisión del paciente es fundamental para la realización de los tratamientos propuestos, parece lógico establecer que en tales casos no existirá responsabilidad médica, salvo, claro está, aquella que derive de una mala praxis, lo mismo debe ocurrir en aquellos supuestos en que por ley la decisión del paciente se presume o es irrelevante. Consecuencia inmediata de lo expuesto, es que lo que hasta la presente fecha es una acción voluntaria por parte de los prestadores de los servicios de salud, pasará a ser una garantía al asegurarse la legitimación de los usuarios, a efectuarse en forma berval o escrita consultas, reclamos y sugerencias, las que deberán ser atendidas exhaustivamente y con prontitud. Aspecto relevante del proyecto lo es la introducción de la figura conocida en la doctrina médica como declaración anticipada de voluntades, testamento vital o testamento biológico. La declaración anticipada de voluntades es el documento dirigido al prestador responsable, en el que una persona mayor de edad con capacidad suficiente y de manera libre, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. Este documento podrá incluir la designación de un representante que será interlocutor válido y deberá ser entregado por quien lo otorga, por sus familiares o un representante legal. Se aclara, el testamento vital, nada tiene qué ver con eutanasia, sino exclusivamente con el derecho del paciente a renunciar a algunos tratamientos que le prolonguen la vida en forma artificial y le hagan sufrir de una forma inútil. Se pretende evitar cuidados no necesarios, no debidos y sin sentido y el prestador al acatar la decisión del usuario, simplemente deja que el curso de la enfermedad siga hasta que se produzca la muerte natural. Siguiendo esta línea no serán eficaces voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica o que no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que el sujeto haya previsto a la hora de emitirlas. En distinto punto, también transcendente de la iniciativa se garantiza el acceso a los servicios de salud sin discriminaciones arbitrarias. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los ámbitos de la promoción, protección y recuperación y como consecuencia se prohíbe cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, orientación sexual, etnia, raza, religión, condición física o mental, nivel socioeconómico, ideología, afiliación política o sindical, cultura, nacionalidad, edad, información genética o sistema de salud, ordenándose además, que para el caso personas con discapacidad o invalidez física o mental éstas deberán ser atendidas en forma preferencial. 1080,1081,1082 |
|
A casi un siglo podemos afirmar que el anhelo de don Francisco I. Madero de fortalecer la democracia en México lleva buen rumbo, porque hoy contamos con instituciones político-electorales autónomas que han permitido la transparencia y legitimidad de las últimas elecciones, máximo ejemplo de ello fue el ejercicio democrático del día 2 de julio del 2000 cuando millones de mexicanos elegimos mediante el voto al actual Gobierno. Este ejercicio fue sólo la puerta hacia una real democracia participativa y de corresponsabilidad de acciones legislativas y de políticas públicas por parte de los tres sectores: social, público y privado, para construir el país que deseamos en el presente asegurando el futuro de las nuevas generaciones. Otro aspecto encaminado al fortalecimiento del Poder Legislativo también se establece en el Plan de San Luis. La no reelección, el cuarto punto del plan, señala que además de la Constitución y leyes vigentes, se declara Ley Suprema de la República el principio de no reelección del Presidente y vicepresidente de la República, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales mientras se hagan las reformas constitucionales respectivas. Es tiempo de discutir seriamente el tema de la reelección, los aspectos a favor y en contra que nos permitan tomar la mejor decisión. Compañeras y compañeros legisladores, hay mucho que reconocer y hacer de lo escrito por don Francisco I. Madero; la relevancia del espíritu de lucha del Plan de San Luis hacia la democracia del federalismo, plasma uno de los compromisos que como legisladores y máximos representantes del pueblo, debemos de asumir. Muchas gracias.
Sobre el mismo tema el diputado Justino Hernández Hilaria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, celebramos de igual forma este 5 de octubre, el XCI aniversario de la promulgación del Plan de San Luis Potosí. El Plan de San Luis Potosí surge haciendo un llamado al pueblo de México en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y de justicia que se van precisando en determinados momentos históricos a realizar los mejores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos que por la tiranía que no estamos acostumbrados a sufrir, nuestra República sufrió un profundo malestar por el régimen de gobierno del general Porfirio Díaz, que con astucia había aniquilado todas aquellas organizaciones independientes; el mal se agravaba constantemente, que llevó ese mal a una posición radical; que no le quedaba otra forma de luchar para conquistar esa libertad que reclamaba el pueblo de México. Esto motivó manifestaciones democráticas como en Puebla, Tlaxcala, México y otras partes del país. El principio fundamental del Plan de San Luis está en la lucha contra la tiranía, de la explotación, de la miseria, de la vejación, del despojo de tierras de los originales, del fraude y del mal gobierno para el pueblo de México, que ya estaba cansado de tolerar tanta exclusión y soberbia del poder encabezado por el presidente Porfirio Díaz. Estas manifestaciones provocaron movimientos sociales que a la postre se consagraron en la revolución mexicana, encabezada por Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y Francisco Villa, entre otros, que dieron libertad y justicia para el pueblo de México, que aún no se han terminado hasta nuestros días para muchos hermanos mexicanos. Compañeros diputadas y diputados: debemos luchar por los ideales de la libertad y de la justicia, sigamos adelante por la democracia y como principio de todos los mexicanos que rigen nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la no reelección desde este honorable Congreso de la Unión, debemos encontrar las causas más justas para combatir la pobreza, el rezago, la marginación y la soberbia del poder que tanto lastima a todos los mexicanos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado.
Pasamos al capítulo de proposiciones. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativo a la realización del concierto de Elton John, en el Castillo de Chapultepec.
Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso; compañeras y compañeros: A casi un año de que el presidente Vicente Fox realizara en el alcázar del Castillo de Chapultepec el festejo de su toma de protesta como presidente electo de nuestro país, hoy la señora Martha Sahagún de Fox, está preparando, según información periodística no desmentida, una cena-concierto con Elton John, a fin de presentar ante diversos empresarios el patronato "Vamos México", en apoyo a los desprotegidos, evento que tiene un costo de 50 mil a 100 mil dólares por mesa. Claro, esto tiene sentido. Hoy en El Economista dan cuenta de una reunión con los presidentes de los DIF estatales y obviamente les decía que qué bonito sería ver no sólo a los ricos del Distrito Federal, sino a los ricos de todo México. Desgraciadamente esto sólo causó el silencio de todos los presentes, la razón pues yo creo que no son exactamente los más honestos los que pueden pagar 100 mil dólares por una mesa en una cena. Ante esta información periodística y diversas pláticas con las autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es necesario reflexionar sobre la pertinencia de la realización de este tipo de actos en los museos, sitios históricos y zonas arqueológicas de nuestro país, por lo que esta soberanía debe reconsiderar los siguientes argumentos a fin de exponer nuestras ideas y propuestas en el marco del respeto a la división de poderes que establecen nuestras leyes. El Castillo de Chapultepec, como nos lo ha hecho recordar el periodista Gastón García Cantú... El señor diputado Jorge Lara, sí, diputado Jorge Lara.
Gracias, señora Presidenta. Para solicitarle por medio de su conducto al señor proponente, si nos permite hacerle una pregunta, para ilustrar este asunto que está tratando en la tribuna.
Señor diputado Martínez Rufino, ¿acepta usted una pregunta del diputado Jorge Lara?
En el momento de terminar, todas las que quiera.
Al término de su intervención, señor diputado. Continúe, diputado.
El Castillo de Chapultepec, como nos lo ha hecho recordar el periodista Gastón García Cantú, no es simplemente un museo de historia; es uno de los sitios históricos más importantes de nuestro país, debido a que simboliza la soberanía y la independencia, al haber sido el sitio histórico donde se libró la lucha contra la invasión estadounidense en 1847 o, como lo sintetiza el historiador Rubén M. Campos: "El Alcázar de Chapultepec es la joya histórica más preciosa del penacho de gloria que ciñe la República; fue palacio real de los reyes aztecas, feudal castillo de los virreyes, mansión y residencia presidencial de ilustres jefes de estado", hasta que se convirtió en 1934, durante la era cardenista, en museo que actualmente alberga una colección del Siglo XVIII y piezas de incalculable valor estético e histórico, como el escudo Ximali-Mexica, el estandarte que perteneció a Hernán Cortés durante la conquista, el de Miguel Hidalgo en la Independencia, carruajes donde Benito Juárez recorrió el país. En fin, obras artísticas e históricas que ilustran la historia y fortalecen nuestro conocimiento y nuestra identidad nacional. El multicitado sitio histórico también representa para el pueblo mexicano y para la humanidad en general un lugar merecedor de la defensa de nuestros principios y valores con los que se constituyó nuestra República; es sin más, el lugar manifiesto de la dignidad histórica del pueblo de México y de la defensa de nuestra patria y bajo el principio de estado moderno es un patrimonio de todos y a la vez de nadie. Es por ello impensable en cualquier nivel del intelecto histórico que dicho sitio se convierta en salón de eventos sociales de la Presidencia de la República o de la familia Fox. Para ello cuentan con Los Pinos y Palacio Nacional; sólo en la abusiva ignorancia del poder cabría semejante idea. Podríamos imaginar que en un gobierno conservador el Castillo de Chapultepec tal vez sería el símbolo histórico más recurrente para los actos cívicos. En un gobierno liberal, se me ocurre sería el símbolo de la soberanía y la independencia y sólo en un gobierno de la ignorancia se convertiría en un salón de eventos sociales disfrazados de culturales o cívicos. Es menester también invitar a una reflexión responsable sobre lo que se puede llegar a hacer cuando existe desconocimiento de la historia y se tiene discrecionalidad sobre la utilización de zonas arqueológicas, monumentos históricos y artísticos de México. Tal es el caso de la discrecionalidad que tiene el Secretario de Educación Pública a través del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977, modificado por acuerdo publicado en el mismo Diario Oficial el día 30 de abril de 1986, donde se deja al libre albedrío de la voluntad presidencial el uso y goce de nuestro patrimonio. Obviamente también en un ejemplar sexenio de una primera dama llena de frivolidades. El peligro es que un gobierno, ocultando en los placeres democráticos, se convierta en autoritario y contravenga los intereses colectivos y patrimoniales de la sociedad mexicana y de la humanidad, que por su exacerbado excentrismo y fanatismo mediático desproteja los valores y la identidad nacional, ocultando su incapacidad en actos propagandísticos que por demás no dejan de ser para una minoría de ricos que viven, como diría Gastón García Cantú, en la nostalgia del imperio. El uso de nuestros monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricos también está en peligro. Desde sexenios anteriores, con la realización de eventos artísticos se cobran fuertes cantidades de dinero en aras de su protección, conservación y restauración, sin que a la fecha exista transparencia y rendición de cuentas. Por poner sólo un ejemplo, en los eventos de El Tajín 2000 y 2001, se llegó a cobrar hasta 5 mil pesos por concepto de entrada, trasgrediendo el espíritu de la normatividad, la cual considera al patrimonio cultural inalienable e imprescriptible. Ahora la familia Fox, con el pretexto de una loable causa social, pretende utilizar nuestro patrimonio violentando la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, con el amparo de un acuerdo suscrito por el Ejecutivo en 1986, en el cual bajo ningún concepto se le concede a nadie el derecho a cobrar la admisión a nuestras zonas y monumentos artísticos, ya que según el artículo 27 de la ley mencionada dice que: "los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, muebles e inmuebles, son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, por lo que son un bien público de todos y cualquier ciudadano podrá asistir a cualquier evento que se realice". En este contexto, los diputados abajo firmantes consideramos lo siguiente: festejamos que la señora de Fox esté preocupada, al igual que nosotros, de la situación de pobreza y marginación en la que se encuentran millones de mexicanos que necesitan vivir al amparo de la sociedad y tener garantizados sus derechos. Es necesario que cualquier tipo de evento que sea iniciativa de la Presidencia o de la esposa del señor Fox se conduzca con apego a la ley. Nos sumamos a las opiniones de algunos directores estatales del DIF, los cuales manifiestan que su desacuerdo a la pretensión de que la figura de una fundación e iniciativa personal, sustituyan las personalidades de las instituciones del Estado, aun cuando se trate de una convocatoria de la primera dama del país. Existen espacios o zonas ex professo para el uso y el tipo de eventos que desea realizar la señora de Fox. Por ejemplo puede realizar un evento en el Estadio Azteca y obtener mayores utilidades para tan loable causa y objetivos de su evento. Es necesario también reflexionar sobre la discrecionalidad que tiene el Secretario de Educación Pública para autorizar la realización de eventos culturales o cívicos relevantes, con fines ajenos al objeto y naturaleza de los monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado abajo firmante pone a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO Unico. Esta soberanía condena enérgicamente todo intento de utilizar el Castillo de Chapultepec para la realización del concierto de Elton John, ya que según la fracción II del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este sitio es un museo de historia que a su vez, según el decreto del día 13 de diciembre de 1940 aparecido en el Diario Oficial de la Federación, además de museo es consagrado como un monumento histórico por excelencia y lección objetiva de patriotismo, accesible a todas las clases sociales al servicio de la cultura histórica popular, por lo que se debe permitir sin restricción la entrada pública al multicitado museo en cualquier situación. Muchas gracias. «Nota de periódico El Economista del jueves 4 de octubre de 2001. Piden a los DIF comprar mesas. Martha Sahagún de Fox "invitó" a directivos estatales del DIF a comprar una mesa de 100 mil dólares cada uno para la cena-concierto de Elton John. "Sería tan bonito tener no sólo a los ricos del D.F., sino a los ricos de todo México", les dijo la primera dama. Martha Sahagún de Fox se reunió con los dirigentes de los 32 DIF estatales y les pidió que cada uno de esos organismos comprara una mesa de 100 mil dólares para apoyar así a la fundación "Vamos México" que presidirá la primera dama del país en apoyo a los más desprotegidos. La esposa del Presidente organiza una cena en la que actuará el cantante inglés Elton John el 21 de octubre en el alcázar del Castillo de Chapultepec y en la que se venden mesas para 10 personas en 50 mil, 70 mil y 100 mil dólares. Sahagún de Fox se reunió el martes 25 de septiembre en la residencia oficial de Los Pinos con 32 directores del DIF y con 27 presidentas de los organismos estatales, es decir, las primeras damas en sus respectivos estados, el miércoles 26, también en Los Pinos. "Qué bonito sería ver no sólo a los ricos del Distrito Federal sino a los ricos de todo México", expresó la primera dama, lo que causó el silencio de todos los asistentes, pues unos segundos antes les había dicho cuál era el precio de la mesa: 100 mil dólares. Nadie quiso comprometerse ni hubo una sola respuesta definitiva a la petición de Martha Sahagún. La información proporcionada a El Economista precisa que la señora de Fox pidió a dirigentes y presidentas de DIF estatales que apoyaran a su fundación comprando una mesa de 100 mil dólares, en la reunión del miércoles 26 de septiembre. Ante el silencio que produjo su propuesta, la primera dama fue de mesa en mesa reuniendo opiniones y varios de los directivos de los DIF le expresaron que no tenían suficientes recursos para ello y solicitaron una precisión sobre la suerte de los organismos estatales de ayuda a la familia. Martha Sahagún les informó que su idea era formar un fideicomiso para que cuando los DIF estatales tuvieran necesidades, se les apoyara vía ese fideicomiso. El Economista se comunicó con cuando menos tres directores de DIF estatales. La información revela que hay un enorme descontento en esos organismos porque nadie quiere que una institución sea sustituida por una iniciativa personal, así sea de la primera dama y así se recurra a la figura de una fundación. "En todo caso, cada una de las primeras damas de los estados quiere hacer también su propia fundación, pero no se considera que sea el camino," dijo uno de los entrevistados.
Gracias, señor diputado. Para rectificar hechos ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Juan Alcocer.
Había una pregunta, parece...
... Pero antes le consultamos al diputado Lara si quiere formular su interrogante al diputado Rufino.
Si el diputado gentilmente acepta la pregunta, sí me gustaría formularla, por favor.
Acepta usted, señor diputado.
Sí
Adelante, señor diputado.
Muy amable, señora Presidenta. Compañero diputado de la Comisión de Cultura, yo quisiera preguntarle si usted sabe que gran parte de lo que usted ha dicho carece de fondo y por lo tanto el resolutivo final de su punto de acuerdo, toda vez que el concierto, el evento que medianamente refiere en su exposición, no se realizará en el Castillo, no se realizará en las estancias del mismo, no se realizará ni siquiera en el alcázar, dicho evento se realizará, por si usted no lo sabía y por si los periódicos que usted leyó, no lo refieren, en una explanada exterior del mismo. Le pregunto, ¿si usted sabía esta circunstancia? Gracias, señora Presidenta
Señor diputado, tiene la palabra.
Bueno yo agradezco que haya un vocero de la Presidencia aquí en esta Cámara de Diputados. Nadie ha desmentido, ningún periódico que se va a realizar en el alcázar, el Castillo de Chapultepec. Yo mismo platiqué con autoridades de Conaculta y en ese sentido me especificaron que efectivamente, me dijeron: palabras más, palabras menos, "ustedes no están de acuerdo en que se realicen ahí eventos de este tipo", dije: ¡No! "¿Estarían de acuerdo en que hay otros lugares, incluso, considerados para tales eventos como el Palacio Nacional?" Pues si ahí hay acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente. Yo sí creo una cosa, aquí estamos discutiendo leyes que existen, hasta donde yo tengo entendido, esta Cámara de Diputados no ha modificado todavía la Ley Orgánica del INAH ni la Ley Orgánica del INBA y que ojalá nos demos a la tarea si van a seguir con estas frivolidades. Por lo demás, le agradezco mucho sus comentarios, qué bueno, reconozco un interlocutor ante la Presidencia en este lugar. Muchas gracias.
Para rectificar hechos ha solicitado el uso de la palabra el diputado Juan Alcocer y el diputado Barbosa. Con su permiso, señora Presidenta; estimadas compañeras diputadas; compañeros diputados: Yo no vengo a hacer uso de esta alta tribuna para comentar notas periodísticas, tal vez de la sección de sociales y tampoco para venir a decir lo que parece que dicen que dijeron. Se ha vuelto un hecho recurrente y por lo mismo, cada vez menos relevante, que esta tribuna sea utilizada para traer a colación temas que más que una preocupación genuina y de buena fe, son el pretexto para denostar infundadamente en aras de una pretendida legalidad, disfrazada, sin embargo de un irrefrenable deseo de dar la nota en los periódicos y ser el protagonista del día en lugar de darle la voz a las verdaderas inquietudes ciudadana. En estas circunstancias me parece que corresponde el tema que se ha venido a plantear aquí, acerca de las supuestas violaciones legales que se producirían con la presentación de un cantante inglés en la explana del Castillo de Chapultepec el próximo 21 de octubre. Como bien deben saber los impugnadores de este evento, las motivaciones de llevarlo a cabo, se origina la oferta generosa de una empresa que trae a nuestro país a este personaje para presentarlo a una cena, en la que se espera recaudar una cantidad considerable de recursos económicos que luego serán canalizados a través de diversas acciones encaminadas a combatir la pobreza y la marginación, pobreza y marginación que tanto preocupan a los compañeros inconformes, pero que en muy poco les impulsan a hacer algo real, práctico, tangible, precisamente para combatir esa pobreza y esa marginación. Debo aclarar, para una información ya, cierta, que el evento en mención evidentemente no se llevará a cabo en ninguna de las estancias del Castillo de Chapultepec, que le conceden su naturaleza de museo y de monumento histórico y arquitectónico, tampoco será realizado con la participación de una gran orquesta o de otros elementos acústicos que pudieran dañar o perturbar la integridad física o ambiental de los recintos; tampoco implicará el tránsito o la aglomeración de personas en los espacios interiores o exteriores, toda vez que su realización tendrá lugar exclusivamente en las explanadas exteriores del castillo. A esto se reduce el evento que ha generado el reclamo de algunos compañeros; solamente un artista y su piano. En torno de ellos, eso sí, la voluntad de apoyo a sus semejantes desprotegidos, representada por la presencia y aportación económica de mexicanos que de esa manera materializarán su interés por respaldar la lucha contra la pobreza. Así, pues, quienes legítima y genuinamente están preocupados por un posible desapego de este acontecimiento en los términos de las leyes que regulan el uso de las instalaciones del Castillo de Chapultepec, deben estar tranquilos y ciertos de que no existe ninguna transgresión a reglamento o norma alguna, pueden estar también seguros de que en este acto cultural y cívico no se agredirá ni se atentará al respeto y a la integridad propios del Castillo, que es indiscutiblemente patrimonio cultural de la nación, pero igualmente es un vasto espacio que puede eventualmente utilizarse para contribuir en los esfuerzos por abatir el ignomioso signo de la pobreza que sufren muchos mexicanos. En este sentido debe enfatizarse que el recital que se viene mencionando, se llevará a cabo con estricto apego al acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977, modificado por otro acuerdo posterior publicado el 30 de abril de 1988, por el cual se disponen los requisitos para el uso de las instalaciones de los museos, monumentos arqueológicos, paleantológicos, así como las zonas a dichos monumentos sujetos a responsabilidad del INAH, cuando se trate de actos ajenos a su objeto o naturaleza. Yo les invitaría particularmente a ustedes, compañeras y compañeros, a dejar para mejores tiempos los temas debilitantes y las posturas de tribuna para los medios de comunicación...
Se ha agotado su tiempo, señor diputado.
Concluyo, señora Presidenta. Esta es la hora de solidaridad y esfuerzo conjunto para detener el avance de la pobreza y para combatir sus expresiones más crueles. Dejemos de buscar en la sopa pelos inexistentes y empeñémonos en algo mejor, por ejemplo en que haya sopa y de que para eso podamos algo nosotros aportar. Es cuanto, señora Presidenta
Gracias, señor diputado. Esta Presidencia desea ilustrar a la Asamblea sobre el siguiente procedimiento: Vamos a proceder a concluir la discusión del tema que está en curso, para el cual han solicitado la palabra para rectificar hechos el diputado Barbosa y el diputado Uuc-kib Espadas; posteriormente si no hubiese ninguna solicitud de la palabra para este tema específico, someteremos a consideración del pleno, si habida cuenta que el tiempo convenido en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 3 de septiembre, de cinco horas para las sesiones, ha concluido, someteremos a consideración del pleno si los señores legisladores desean que la sesión continúe en el desahogo del orden del día. Lo que les informamos para que puedan ustedes hacer las consideraciones pertinentes. Se concede el uso de la palabra al diputado Barbosa para rectificar hechos, hasta por cinco minutos. Gracias, señora diputada Presidenta: La semana anterior, cuando empezaron a ser publicadas las notas fue grande nuestra sorpresa, y grande nuestra sorpresa por varias razones: primero, decirles a las compañeras legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional, que nuevamente el Presidente de la República y su esposa, los vuelven a poner en una situación incómoda: defender lo indefendible. La nota, señores diputados, la nota la dan, la están dando los encargados de la Administración Pública Federal, ésta es la nota de hoy, otras han sido las notas de días. Piden a los DIF comprar mesas, Martha Sahagún de Fox invitó a directivos estatales del DIF a comprar una mesa de 100 mil dólares cada uno, para la cena-concierto de Elton John, sería tan bonito —dijo la señora de Fox—, tener no sólo a los ricos del DIF sino a los ricos de todo México —les dijo la primera dama—. Esa es la nota, señores, la nota no la estamos buscando nosotros, la nota la dan ustedes. Pero tres son las vertientes del asunto, compañeros, tres: primero, es un asunto de legalidad, a los abogados del PAN, a los consejeros jurídicos de la Presidencia de la República, a ellos, los invitamos a que consulten la ley, a que consulten los acuerdos de la Administración Pública Federal y me refiero en concreto al que fue publicado en el Diario Oficial de 31 de octubre de 1977 y modificado en el de fecha 30 de abril de 1986. Y ahí está la contestación al diputado que hizo la pregunta, dice el acuerdo: "los museos, monumentos arqueológicos, históricos y palenteológicos, así como las zonas, repito, así como las zonas de dichos monumentos bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no serán utilizados por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal con fines ajenos a su objeto o naturaleza, salvo autorización expresa del Secretario de Educación, para eventos cívicos o culturales. La pregunta es: ¿un concierto de Elton John es un asunto cívico o cultural? Si tienen ese concepto, por favor no están dispuestos ni capacitados para seguir en esta Asamblea Nacional. El segundo, señores, y detrás de esto, el proyecto político de Martha Sahagún de Fox, ése es el fondo del asunto. Y finalmente ese proyecto tendría toda la justificación, pero no para desarrollarse con recursos públicos encubiertos, porque finalmente los donativos que se están pidiendo a los empresarios, y ¿díganme ustedes qué empresario podía negarse a la petición de la primera dama sobre un donativo, cuando ni siquiera…
Señor diputado, me permite un segundo. El diputado Jorge Lara está solicitando hacer uso de la palabra.
Gracias, señora Presidenta, para solicitarle al orador en turno si es tan gentil de aceptar una pregunta.
Cuando termine señora Presidenta, por favor.
El diputado al término de su intervención atenderá su pregunta. Por favor, diputado Barbosa, continúe.
Me hacía esta pregunta, ¿cuál empresario podría negarse a una petición de la primera dama de dar un donativo, cuando ni siquiera es una aceptación a su patrimonio? ¿Cuándo son totalmente deducibles de impuestos?, ¿cuándo podría negarse? La otra, señores, es la frivolidad, el 2 de julio efectivamente el pueblo votó a favor de un candidato, no creo que a favor de un partido, pero de un candidato si, le depositó una gran fuerza política, para hacer cambios responsables, no para llenar de escándalos la agenda política nacional. ¿Cuál es la visión de la política social que tiene esta administración pública?, ¿la caridad, compañeros, eso es lo que ustedes quieren? Por último decirles, ¿cuándo, cuándo podemos seguir deslizando las cosas? ¿Podrían ser capaces de organizar el siguiente evento en la Catedral con un concierto de Madonna? Pregúntenselo ustedes.
Señor diputado Barbosa, disculpe, había usted aceptado una pregunta. Diputado Lara, activen el sonido en la curul del diputado Lara.
Gracias, señora Presidenta y señor orador en turno. Una pregunta muy simple que solamente se responde con una palabra. Entonces ¿para usted un concierto de rock no es un acto cultural?
Me dan oportunidad inclusive de hacer dos definiciones: un acto cívico... no, yo tengo que responder, usted no va a limitar mi derecho del uso de la voz, por favor. Un acto cívico es el que tiene que llevarse a cabo para festejar o conmemorar las fechas que están señaladas en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y un acto cultural se refiere esencialmente, cuando se lleva a cabo en un monumento histórico a actos de la cultura mexicana. No sé si Elton John es tzotzil, tzetzal o a la mejor mexica.
Diputado Sergio Vaca, activen el sonido de la curul del diputado Vaca.
Señora Presidenta, tenía yo como 30 segundos o un minuto de estar oprimiendo. Simplemente pretendo hacer una pregunta al diputado que ya abandonó la tribuna, no sé si sea factible preguntarle si la admite.
Diputado Vaca, le ruego disculpe que no hayamos percibido oportunamente su planteamiento. El turno del diputado ya acabó y en ese sentido yo le rogaría, en su caso, que integrara su interrogante a algunas de las intervenciones de los compañeros de su grupo parlamentario que se han registrado para hechos. Se han registrado para hechos sobre este tema los diputados: Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del PRD; Jorge Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional; Mauricio Candiani Galaz, del grupo parlamentario de Acción Nacional. Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Uuc-kib Espadas Ancona. Señora Presidenta, señores diputados: Tenemos aquí, entre otras cosas, una discusión sobre política económica. Con argumentos de gran fragilidad, los representantes de la Presidencia de la República que han pasado a esta tribuna a plantear que es mejor hacer un concierto para recaudar fondos y dedicar éstos a loables causas, que hablar y no hacer nada. Yo me pregunto: ¿será que los problemas vinculados a la pobreza en este país se vayan a solucionar organizando téscanastas, y me parece que no. Me parece que no se puede pretender sustituir por las peores vías de la caridad, las funciones que el Estado es incapaz hoy de cumplir y es incapaz de cumplirlo hoy, entre otras cosas, porque su política económica se ha diseñado en una línea de común acuerdo con Acción Nacional, que ha demostrado su absoluta ineficacia para acotar las brechas de pobreza en nuestro país. No, señores diputados, no es ni con conciertos de Elton John, ni con tés-canasta ni ventas de garaje como vamos a solucionar los problemas de educación, alimentación y salud en este país. Esto tiene qué ver con nuestra política económica, tiene qué ver con una propuesta de reforma fiscal en donde las necesidades del Gobierno y del Estado, no lo paguen los más pobres a través de impuestos al consumo. Eso es lo que tenemos que solucionar. Pero adicionalmente habría qué ver si de veras los ricos ésos —que en palabras de Martha Sahagún— tan bonitos se van a ver todos juntos en un concierto al que desde luego nadie que no detente una muy grande fortuna personal podrá asistir, a pesar de realizarse en honor de la cultura en un espacio público y monumental de esta nación. Pero el punto es entonces que estos ricos ahí reunidos, filtrados de cualquiera que diste de ellos económicamente a través de una gigantesca cuota, si realmente estas personas estarán dando un donativo o estarán adquiriendo algo. Y yo creo que quienes tengan 100 mil dólares para sentarse a esa mesa, los van a dar no porque tengan una gran preocupación por la situación de los pobres en este país; no porque tengan grandes conocimientos de música y particularmente deseen escuchar al Elton John en vivo; van a depositar sus 100 mil dólares a cambio del gran poder que van a comprar con ellos, al permitírseles a través de una fundación que no es un organismo estatal ni paraestatal, incidir sobre programas oficiales en un sentido particular, sobre la base de sus propios intereses y pasando por encima de las instituciones del Estado...
Diputado, cuando termine su párrafo, el diputado Candiani está solicitando hacerle alguna interpelación.
Con mucho gusto al terminar mi intervención, señora Presidenta. Y lo que van a adquirir —decía yo— es el poder de suplir a las instituciones del Estado en las áreas de salud y educación. Y esto es totalmente transparente y si de algo no puedo acusar a Acción Nacional acá, es de hipocresía. La propuesta de Acción Nacional ha sido suplir por los intereses privados la representación que el Estado tiene que hacer de los intereses generales de la nación. No de otra manera se puede explicar que una fundación que, repito, no forma parte de la Administración Pública, adquiera estas funciones, adquiera este poder, adquiera esta relevancia y sobre todo, se le den estos extraordinarios y metalegales privilegios para lograr reunir este dinero y conceder a la esposa del presidente Fox —que constitucionalmente quiero recordarles— que no cumple ninguna función en este país, tengan entonces poderes que van mucho más allá de los tradicionalmente concentrados en el DIF. No, señores; aquí no estamos discutiendo una frivolidad; no estamos discutiendo si podemos considerar al rock como cultura o no; ésa es una discusión absurda. Aquí lo que estamos discutiendo es si la vía del desarrollo de este país, es la vía plutocrática que ustedes proponen, en donde sean los que pueden pagar una mesa de 100 mil dólares, los que decidan sobre la orientación en educación y en salud para nuestra nación. Es ver si confundimos la cultura con escenarios magníficos para eventos exclusivistas y de élite, que de ninguna manera benefician al conjunto de la nación. Independientemente de la calidad del concertante. Estamos discutiendo, señores, las vías de desarrollo del país, el papel que el Estado tiene que jugar en esto; no los privilegios de algunos ricos de reunirse a tomar caro, poniendo un dinero para lo que consideran caridad pública.
Diputado Uuc-kib, había usted aceptado la formulación del diputado Candiani.
Sí, señora Presidenta:
Diputado Candiani.
Gracias, señora Presidenta. Al señor diputado, si es tan gentil de permitirme hacerle una pregunta directa.
Sí.
Señor diputado, yo quisiera preguntarle si es de su conocimiento que en la Ciudad de México, el museo de la Ciudad de México, que está bajo la administración del Gobierno del Distrito Federal, puede ser utilizado mediante el pago de una cuota que oscila entre 50 mil y 100 mil pesos de renta, más gastos adicionales, siendo que es un espacio, también como se ha clasificado en su interpretación, que es un museo, que es un espacio cultural, ¿puede ser utilizado por cualquier persona para eventos privados como bodas, conciertos? Esto que interpreto que usted categoriza como "exclusivistas y de élite" y que también ahí adentro, dentro de esos eventos, hay diversas calidades de concertantes. Pregunto si usted está enterado de que el Gobierno de la Ciudad de México autoriza regularmente el uso privado, mediante un convenio, de ese tipo de eventos en ese espacio público bajo su administración.
Diputado, su respuesta merecería una serie de precisiones, dado que evidentemente hay puntos particulares que usted no conoce sobre este asunto, Sin embargo, con toda sinceridad le digo, no es de mi interés discutir en esta tribuna, asuntos que corresponden a la Asamblea del Distrito Federal, lugar en donde hemos dado la discusión y en donde por cierto sus diputados jamás se han tomado la molestia de discutir estos puntos. Gracias.
El diputado Jorge Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos. Gracias, señora Presidenta: Dicen que "el león cree que todos son de su condición". Por supuesto que nosotros no estamos aquí para ser voceros de la Presidencia. En esta tribuna se ha dado cuenta de nuestra relación crítica, de nuestra relación respetuosa y madura, que por cierto ustedes, en sus distintas bancadas, nunca han tenido con los ejecutivos emanados del PRD. Decía el diputado que me antecede en el uso de la palabra que el tema no es la cultura, que el tema no es el uso del inmueble. Entonces está desvirtuando absolutamente el punto de acuerdo que se viene aquí a proponer. Me parece que, yo no veo en este momento una consecuencia ni una congruencia entre los oradores del partido proponente. Me parece que también ha quedado claro en esta tribuna que al pueblo de México se le dirigen puntos de acuerdo fundamentados, nada más ni nada menos, que en la prensa; que en los recortes cotidianos de los periódicos y en los pareceres de los señores legisladores. Yo me permitiría solicitar a esta soberanía que fuéramos más serios, que fundamentáramos nuestras posiciones con la información oficial y no en las galeras de los periódicos. También se ha traído a colación en esta discusión la relación entre el Gobierno y la iniciativa privada y las posibilidades que se abren para el desarrollo social, apelando a la buena voluntad del sector privado y esto no tiene de ninguna manera ningún cariz que sea reprobable. De serlo así y de meter en el mismo saco este criterio, estarían ustedes también reprobando la encomienda que le dio el señor jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, al señor Carlos Slim, para que en un tema muy semejante al que ustedes han aludido, que es el tema cultural, venga a la Ciudad de México a coadyuvar para el rescate del Centro Histórico. También el pueblo de México y en esta tribuna hemos atestiguado una definición chauvinista de la cultura, ¡ahora sí, solamente eso nos faltaba: que el PRD viniera aquí a imponer una definición de lo que es cultura y de lo que es cívico! ¡Eso por supuesto que rebasa cualquier elemento de cordura y de sensatez! Quiero terminar, señora Presidenta, compañeros, recordando a 500 mariachis, los 500 mariachis que despidieron, a unos metros de Palacio Nacional, a unos metros del atrio de la Catedral metropolitana, al ignominioso gobierno de Rosario Robles. ¡Solamente siendo mariachis, ¿verdad?, podríamos estar de acuerdo, según su criterio, que se trata de un evento cultural y cívico! ¡Solamente con este tipo de..!
Diputado Lara: el diputado Barbosa... Activén el sonido en la curul del diputado Barbosa.
Solicitar al diputado ¡que tantas veces preguntó!, si acepta una pregunta.
Diputado Lara.
A diferencia de la respuesta de los compañeros del PRD, por supuesto que la acepto. Solicitando que se me pare el reloj.
Por favor, detengan el cronómetro. ¿En este momento o al término de su intervención, diputado?
En este momento.
Diputado Barbosa: puede usted formular su pregunta.
Señor diputado: son dos interrogantes. ¿Si conoce usted el contenido del acuerdo que contiene disposiciones que prohiben el uso de los monumentos y las zonas adyacentes a ellos para actos que no sean cívicos y culturales?
Señor diputado; compañeros: Desconozco ese acuerdo. El que conozco es el acuerdo que dispone que los museos y los monumentos arqueológicos dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia ¡no serán utilizados con fines ajenos a su naturaleza! ¡Acuerdo en el que se fundamenta precisamente el evento de marras que estamos discutiendo, en el que hay una posibilidad siendo para eventos cívicos y culturales, la posibilidad de la utilización de estos monumentos y de estos enclaves!
Como lo desconoce se lo entrego para que lo conozca.
Y yo le voy a entregar éste también, diputado. Aquí también está el decreto.
Están prohibidos los diálogos, estimados diputados. Esta Presidencia se permite recordárselos. Concluya con su intervención, diputado Lara.
Gracias, señora diputada: Lo único que yo quiero traer en claro es que ni lo que significa un acto cívico ni lo que significa la cultura, puede ser definido por una facción y mucho menos por una facción que no ha podido construir ni coadyuvar en la construcción de este momento tan delicado que vive la nación, con una ruta de proposiciones, por una ruta constructiva. La ruta de la denostación, compañeros, solamente nos lleva al ataque, a la pérdida de tiempo, a la pérdida de recursos del pueblo de México que ustedes se dicen representar. Muchas gracias.
Para rectificar hechos había solicitado el uso de la palabra el diputado Mauricio Candiani Galaz, hasta por cinco minutos.
Declino mi participación.
Declina el diputado. Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Ricardo Moreno Bastida. Con su permiso, señora Presidenta: No es extraño que la señora de Fox pretenda ahora convertirse en dama de la caridad, que pretenda emular a personajes me parece, dicen, ¿del pasado?, de otras naciones, que sin lugar a dudas tiende más bien a tomar una cultura popular americana "hilarista". ¿No será acaso que a la señora de Fox le hacen falta fondos para su campaña rumbo al 2006? ¿No será acaso que la frivolidad llegue a tanto que un lugar de cultura popular e historia se convierta en un lugar de cena-show? ¿Acaso serán los señores del PAN, que tantas veces pusieron por enfrente el nombre de México, los que ahora denuesten la cultura que se ha fincado en ese espacio de la República Mexicana? ¿No es precisamente ese lugar donde se defendió la soberanía nacional el siglo antepasado? Seguramente ustedes quisieran conjugar acciones de este tipo con las que tradicionalmente llevan a cabo: ¡el tráfico de influencia para presionar a los sistemas DIF estatales, para que compren, adquieran o regalen 100 mil dólares a una campaña que quién sabe qué fin tendrá! Se ha dicho aquí por el diputado que me antecedió, que no conoce el acuerdo; se ha quedado a disposición en la mesa de aquí enfrente; ojalá lo lea, porque entre otras cosas señala el acuerdo de fecha 13 de diciembre de 1940, mediante el cual se destina al servicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Castillo de Chapultepec, que éste quedará al servicio de la cultura histórica popular y permitir, sin restricción alguna, la entrada pública al Castillo de Chapultepec. Quisiera yo saber, en consecuencia, hasta dónde van a llegar los ímpetus por tratar de buscar fondos fuera de la ley. Otra vez está el Presidente y su señora esposa en medio del escándalo. No venimos a discutir, efectivamente, si el rock es cultura o no, sino si el Castillo de Chapultepec, ese museo histórico de la nación, debe estar al servicio de la frivolidad. ¡Ahí seguramente quedarán las toallas que se adquirieron con dinero del pueblo, con fondos exorbitantes, para muestra de todos los mexicanos!
Ha solicitado el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Candiani, hasta por cinco minutos. Con su autorización, señora Presidenta; compañeros legisladores; amigas y amigos aquí presentes: Dos son los puntos centrales, materia del punto de acuerdo que han concentrado aquí la discusión en esta tribuna. La primera es una discusión interesante; en nuestro punto de vista no es materia de discusión sobre si es legal o no la utilización de este espacio para un evento que realiza una organización no gubernamental, impulsada por la esposa del Presidente de la República en su calidad, escuchen bien, en su calidad de presidenta del patronato. El segundo tema que nos ocupa es si se trata en esta tesis de la ilegalidad de un evento cultural o no. En nuestra perspectiva, señores diputados, para decirlo con toda precisión, se trata de un concierto de un individuo que no nada más para nosotros, sino me parece que a muchos de los mexicanos que están escuchando este debate es a todas luces un evento de naturaleza cultural. Y es la misma línea...
¿Me permite un segundo?
Con mucho gusto.
Diputado Sergio Vaca, activen el sonido de la curul del diputado. Diputada Presidenta, con todo respeto, tiene cinco minutos prendido mi micrófono, yo le suplico que después de que termine mi compañero de partido me conceda el uso de la voz por alusión y para rectificar hechos.
Diputado Vaca, le aprecio mucho la gentileza de su observación. Quiero decirle que en términos generales cuando se levanta y se señala a la atención de la Presidencia cuando está interviniendo un orador, generalmente es para interpelaciones y que cuando se solicita la palabra al término generalmente es para rectificar hechos; con todo gusto registro su solicitud. Diputado Candiani, continúe.
Y es un evento cultural porque es tan importante en su magnitud, en su análisis, en su impacto a una comunidad, como pudiera decir aquí cualquier diputado cuando argumentaba la tesis de una actividad cultural, cuando otros gobiernos de entidades federativas por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México, ha fondeado con recursos públicos el uso del Zócalo de la Ciudad de México para traer también cantantes nacionales y extranjeros a la ciudad, a la gente que asiste puede enriquecerse en su cultura con esas actividades. De manera tal amigos que por favor no hagamos una discusión de silogismos, sino que partamos de la idea de que estamos ante un evento cultural organizado por una nueva institución no gubernamental, que muchos partidos aquí representados incluidos el de ustedes, el mío sistemáticamente hemos contribuido a promover en su extensión y actividad y el otro aspecto es que no se confunda que por muy alta, mediana o pequeña que pueda ser una contribución a un evento de una organización gubernamental que ningún legislador tenga o la falta de análisis complejo o el exceso de ingenuidad de pensar que se trata de un esfuerzo que sustituye el compromiso, la obligación del Gobierno Federal para con su estructura, con sus recursos atacar el problema de la pobreza de este país.
Diputado Candiani, el diputado Uuc-kib ha solicitado hacer uso de la palabra, activen el sonido en la curul del diputado Uuc-kib Espadas.
Señora Presidenta, quisiera saber si el orador me permitiría hacerle una pregunta.
Permite usted, diputado Candiani.
No, ya voy a concluir mi intervención.
No acepta. Adelante, diputado.
Amigos y en este mismo orden de ideas, que se trata de un evento de una organización no gubernamental, en un espacio que es de todos los mexicanos con base en una ley que permite actividades de tipo cultural para complementar la participación de la iniciativa privada, de las personas, de las ONG, en el tremendo esfuerzo y reto que le representa la sociedad mexicana contribuir a reducir y acabar la pobreza de este país; amigos, por lo demás, celebro y festejo de manera individual todas y cada de las iniciativas de la presidenta del DIF a nivel nacional, de la esposa del Presidente de la República, de cualquier esposa o esposo de un gobernador, hombre o mujer de este país, que mediante la iniciativa de las personas, las organizaciones no gubernamentales, organice en cada metro cuadrado de este territorio nacional, actividades que fondeen, que permitan crecer en la participación de la lucha contra la pobreza de este país. Celebro el evento y ojalá que más de uno aquí, que también los hay en el PRD, saque sus ahorros y pague su boleto para asistir.
Gracias diputado. Han solicitado el uso de la palabra para rectificar hechos, los diputados: Sergio Vaca Betancourt y Elías Martínez Rufino. Esta Presidencia quiere cerrar el registro de oradores para hechos, consulta si algún otro diputado desea inscribirse para rectificar hechos sobre este tema… los diputados: Uuc-kib Espadas, Ulloa, Tomás Torres. Al término de la intervención del diputado Tomás Torres, esta Presidencia consultará a la Asamblea si consideran el punto suficientemente discutido. En uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Vaca Betancourt, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Con su autorización Presidenta: En principio, para el último diputado perredista que ocupó esta tribuna, le señalo que me parece que le será muy difícil para alguien que considera que son palabras, que significan cosas diferentes adquirir que comprar, entender lo que es cultura. Pero independientemente de eso, no es asunto de política económica tratar de ayudar con donativos de los que tienen recursos, puedan y quieran aportarlos a los marginados, creo que es cuestión de sensibilidad y si los donativos o aportaciones de los que más tienen le parecen, a algún diputado compañero del PRD, metalegales, como aquí dijo y metalegal es lo que va más allá de lo jurídico, quizá también le parezca pertinente cancelar la colecta anual de la Cruz Roja, porque ahí no nada más aportan los ricos, muchísimos de los pobres se desprenden de lo que tienen. Si algún partido político se ha significado por considerar cultura la música, ha sido el PRD y hoy algunos diputados federales de ese partido, espero que no todos, afirman que la música no es cultura. Aquí surge una interrogante: ¿se trata acaso de un criterio selectivo, unipersonal y no universal para definir lo que es la cultura? Pero además, y con esto concluyo, qué será mejor o menos malo...
Diputado Vaca. El diputado Barbosa está solicitando si usted permite una pregunta.
Claro que no, porque yo no le pude preguntar. Y aquí hago otro planteamiento. ¿Será menos malo o mejor inclusive desviar recursos para hacer un cochinito para campañas políticas futuras, que tratar de ayudar sin que le cueste a México, a los pobres de los pobres? Muchas gracias.
Para rectificar hechos solicitó el uso de la palabra el diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta: La verdad es que a mí me da mucho gusto que la pregunta que se me hizo en mi primera intervención aquí y allá, haya sido contestada con creces. Si existía alguna duda de que iba a ser en el Castillo de Chapultepec, creo que nos quedó claro que sí iba a ser en el Castillo de Chapultepec. Gracias. Segundo. Yo no vengo a discutir aquí si Elton John es o no cultura, claro que sí sé que es cultura. Estamos de acuerdo, lo que ojalá estemos también de acuerdo es que no hemos leído bien las leyes, porque dice así el acuerdo del 13 de septiembre de 1940, no se ha cambiado y, el que haya un supuesto gobierno del cambio no implica que todo haya cambiado automáticamente. Dice: "decreto que destina al servicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Castillo de Chapultepec, que dice que el artículo 3o. de esa ley, establece que el patrimonio del Instituto se formará con los bienes del Castillo de Chapultepec, que se destina al Museo de Historia, puesto que la tradición y memorias de tal sitio desde los tiempos más remotos lo consagran como monumento histórico por excelencia y lección objetiva el patriotismo, accesible a todas las clases sociales, motivo que también fundó la resolución de destinar las residencias de Chapultepec al servicio de la cultura histórica popular". Y hasta donde yo recuerdo, el güerito Elton John no es mexicano. Y así debieron haber entendido cuando los zapatistas pidieron llegar a esta tribuna y ustedes fueron los primeros que se opusieron, hay que ser, por principio de cuentas, congruentes también con lo que se dice y se hace. Yo creo que hay cosas muy sencillas que a veces no se les puede dar vuelta, entiendo que aquí se le quiera dar vuelta, yo no sé si se desconozca o no la ley, ya vi que hace un rato se invitaron cada quien a leer las leyes. Yo lo que digo es que de todos modos, las conozcamos o no, tenemos la obligación de cumplirlas. Tercero. Por cierto, para aclararles, a quienes no les quede claro todavía la diferencia entre un concierto con Elton John, de a 100 mil dólares la mesa y un concierto en el Zócalo de esta Ciudad de México. Las diferencias son nada más 100 mil dólares, porque en el Zócalo no se cobra nada más eso, ésa es la diferencia en una actividad social y una actividad económica redituable en donde obviamente...
Diputado Rufino.
Ya voy a terminar, si me permite, señora Presidenta.
Disculpe, el diputado Lara está solicitando formular una intervención. Diputado Lara.
Yo lo invitaría a que mejor pasara y término mi intervención. Entonces decía, la diferencia son nada más 100 mil dólares, nada más eso y que además efectivamente, algunos han hablado aquí de cochinitos y de cochinadas, no sé qué sea, cuando se trata de todos los presidentes del comité del DIF; hay diferentes, obviamente. Gracias.
Para rectificar hechos solicitó el uso de la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos. Diputado Lara. Activen el sonido en la curul del diputado Lara.
Me parece que es tarde, en virtud de que el diputado ha hecho uso de la tribuna en este momento, pero quería anotarme para contestar alusiones personales, por favor.
Diputado Lara, quiere usted anotarse para contestar alusiones personales. Esta Presidencia consulta con el diputado Lara y le rogaría que el diputado Uuc-kib iniciara su intervención, y que pudiera usted ilustrarnos sobre el motivo de su solicitud. Diputado Uuc-kib, por favor, para rectificar hechos hasta por cinco minutos. Diputada Presidenta; señoras y
señores diputados: La cultura no es ninguna de las cosas anteriores, diputados. La cultura es una cosa mucho más amplia que tiene qué ver con el quehacer del hombre, las formas de este quehacer y su trascendencia en tanto definitorias de lo propiamente humano. Pero efectivamente, las expresiones a las que ustedes hacen referencia son expresiones artísticas y en un sentido más amplio, culturales. No deja de admirarme que sea el Partido Acción Nacional quien venga ahora a defender el carácter cultural del rock, cuando han sido sus grupos intermedios y algunos de ustedes, quienes con más fiereza han combatido al rock en este país por considerarlo inmoral, indecente y otras cosas por el estilo. Pero aquí hay otros puntos mucho más interesantes. Lamentablemente el diputado al que quise preguntar no aceptó la pregunta, pero aprovecho la tribuna para plantear mi duda. Yo me preguntaba, ¿es que acaso existe alguna base legal para fundar la injerencia de este proyecto de fundación, que aún no fundación, en programas de gobierno, tal como anuncia Martha Sahagún de Fox, y mi respuesta es: no lo hay. No hay nada que permita que las fundaciones tomen decisiones sobre el financiamiento de programas públicos. Es un acto ilegal. Pero voy más lejos. ¿Existe alguna base legal para que la presidenta de una fundación reclame el cofinanciamiento del Estado y de la sociedad en sus tes-canasta, shows-concierto, cenas-baile y otros eventos de la misma naturaleza? Y la respuesta es no y recalco el punto, estamos hablando de un cofinanciamiento del Estado, porque el Estado está dando a este evento el espacio para su realización, que no es cualquier espacio, que es un espacio monumental cargado de historia y que por sí solo representa una aportación material al evento que se va a realizar, aportación material absolutamente ilegal. Pero más aún. ¿Es consistente con las leyes de este país, el que se realice un evento elitista como el que se pretende realizar y podemos estar ecuánimes ante el hecho de que se realice precisamente en el Castillo de Chapultepec, que ha sido escenario de las grandes disputas de este país por la igualdad, que ha sido meta de invasiones, que fue tomado por el emperador Maximiliano?, ¿podemos reproducir eso el día de hoy, puede Martha Sahagún llamar a este tipo de eventos, sin que se deje sentir la aspiración de convertirse en la Carlota del Siglo XXI? Mi respuesta es no, compañeros, no puede ser. Este uso para los monumentos nacionales, este uso para éste gran símbolo del nacionalismo y la igualdad de los mexicanos en un concierto de élite, no tiene nada qué ver con sus fines. Y pongo otros ejemplos del Distrito Federal, que veo que es un tema predilecto de Acción Nacional. Nuestros gobiernos en el Distrito Federal han organizado como actos culturales grandes conciertos, incluyendo en muchos de ellos artistas extranjeros y todos ellos han sido abiertos al público y han estado a disposición de cada ciudadano que desea asistir y nunca hemos puesto un filtro de 100 mil dólares entre quienes merecen recibir servicios culturales y quienes no. Poner un precio al arte, poner filtros, generar una plutocracia es tarea de ustedes, no nuestra.
El diputado Alonso Ulloa Velez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, que había solicitado la palabra para rectificar hechos, la cede para que el diputado Jorge Lara Rivera haga uso de ese turno. Esta Presidencia está de acuerdo con esa solicitud del grupo parlamentario y le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Lara Rivera, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos. Gracias, señora Presidenta. El hecho de que en esta Cámara hayamos dado cuenta de muchas faltas de respeto de la bancada del PRD hacia diversas instituciones, personas, no nos implica pasar por alto esta grave, muy grave falta de respeto a la señora Martha Sahagún. Nos parece que el debate tiene límites...
Señores diputados les ruego presten atención al señor orador...
Y me parece que este debate finalmente está siendo orillado...
Señora Presidenta.
Diputado Lara... ¿Diputado Uuc-Kib? Activen el sonido en la curul del diputado Uuc-Kib.
Señora Presidenta solicito llame al orden al orador, en virtud de que la Constitución General de la República señala claramente que ningún legislador puede ser reconvenido por lo que diga en ejercicio de sus funciones.
Diputado Uuc-kib, con todo respeto, esta Presidencia considera que el diputado Jorge Lara expresó una opinión sobre las manifestaciones de la bancada del grupo parlamentario del PRD y no hizo una reconvención. Continúe, señor diputado Lara.
Gracias, señora Presidenta: No nos va a atrapar en este debate el cúmulo de atavismos que el PRD viene cargando. Es muy claro y me parece que ha sido ya fijada la litis tanto del punto de acuerdo como de lo que aquí se ha venido a debatir. El acuerdo que dispone que los museos y los monumentos arqueológicos dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia no serán utilizados con fines a su objeto o naturaleza, es el que nos ilustra en el tema. Ese es el nombre del documento que erróneamente hace unos momentos algún legislador nos quiso inquirir. Yo quiero pedirle a la Secretaría, señora Presidenta, con fundamento en el artículo 105, si se puede dar lectura, precisamente, para ir dirimiendo esta controversia, si es posible que se dé lectura a los dos artículos sustantivos de dicho acuerdo de 1986.
Se solicita a la Secretaría dé lectura...
Señora Presidenta, para reclamar el trámite que está usted dando...
Diputado Bastida...
Permítame hacerlo...
Diputado Bastida, Moreno Bastida, esta Presidencia le solicita amablemente permita concluir una frase e inmediatamente le doy la palabra a usted, por qué no sabe que me va a reclamar. El diputado Lara ha hecho referencia al artículo 105. En ese sentido le ruego a la Secretaría dar lectura al artículo 105.
Artículo 105 del Reglamento para el Gobierno Interior: "No se podrá reclamar el orden, sino por medio del Presidente en los siguientes casos: para ilustrar la discusión con la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo, cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación o cuando el orador se aparte del asunto a discusión.
El diputado Lara está solicitando la lectura de artículos de un documento con el propósito de ilustrar la discusión. Si algún otro diputado quisiera se le diera lectura a un documento adicional, solicito que en su oportunidad nos lo plantee. Diputado Barbosa. Sí, señora Presidenta, en el mismo sentido; para ilustrar el debate, dado que el diputado en tribuna está muy preocupado por el nombre que se le dio a un acuerdo, aunque el contenido es el mismo, yo quisiera que para corroborar la identidad del contenido se diera lectura también al acuerdo que hice alusión en mis intervenciones y por tanto entregaría a la Secretaría para la misma.
Esta Presidencia desahoga primero el trámite al que ha hecho referencia el diputado Lara y dado que el diputado Barbosa ha solicitado la palabra para contestar alusiones personales, en el momento en que tenga el uso de la palabra, procederemos a desahogar el trámite que nos solicita. Dé lectura la Secretaría al documento proporcionado por el diputado Lara.
Acuerdo que dispone que los museos y los monumentos arqueológicos dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia no serán utilizados con fines a su objeto o naturaleza. ACUERDO Primero. Los museos, monumentos arqueológicos, históricos y paleantológicos, así como las zonas de dichos monumentos, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no serán utilizado por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal con fines ajenos a su objeto o naturaleza, salvo lo dispuesto en este acuerdo. Segundo. Sólo con autorización previa y expresa del Secretario de Educación Pública los bienes a que se refiere el punto anterior, así como sus instalaciones, podrán ser usados para la realización de actos culturales o cívicos relevantes, a juicio del propio Secretario.
Gracias, señor Secretario. Continúe con su exposición, diputado Lara.
Muchas gracias, señora Presidenta: me parece que en el artículo 2o. que se ha dado cuenta a esta Asamblea, podemos encontrar las tres hipótesis que justificarían en todo caso el evento que el PRD ha venido a impugnar. En primer lugar que sólo con autorización previa y expresa del Secretario de Educación Pública los bienes referidos podrán ser usados para la realización de actos culturales o cívicos. En primer lugar, en el ejercicio de su responsabilidad como Secretario de Educación Pública, el permiso ha sido concedido. En segundo lugar todos aquí ya hemos coincidido finalmente, a regañadientes el PRD ha admitido que un concierto de rock también es un acto cultural, lo cual celebro, también se ha satisfecho esa hipótesis, y en tercer lugar quedaría nada más dirimir el carácter de cívico del evento. El civismo, compañeros del PRD, es una actitud social que se puede fundamentar en principio para nosotros uno de los principios fundamentales del civismo, por supuesto, que fundamentados además en el nacionalismo, en la conciencia histórica, es la solidaridad. Nosotros en el Partido Acción Nacional tenemos el valor de la solidaridad como uno de los más importantes y que además en una sociedad tan golpeada, tan desigual como la nuestra, es importante, es necesario promover y llevarlo a cabo. Precisamente creemos que el evento que convoca a que particulares aporten algo más que sus impuestos para ayudar a paliar en un primer paso la pobreza de este país y en un evento que si ustedes quieren llamar simbólico, podemos transigir que sea simbólico, podemos transigir que sea simbólico, pero con dinero de particulares. Este evento no va a lastimar al erario. Uno, este evento no va a lesionar ninguna de las instalaciones del Castillo de Chapultepec, es ociosa esta discusión, ¿por qué?, porque hay permiso del Secretario de Educación Pública, es un acto cultural y por supuesto que es un acto cívico. Muchas gracias.
El diputado Barbosa solicitó el uso de la palabra para contestar alusiones. En virtud de que el diputado Barbosa... El diputado Ulloa.
Señora Presidenta: con el mayor respeto, el diputado Barbosa no fue aludido en ningún momento durante la intervención de mi compañero diputado y, por lo tanto, no puede concedérsele el uso de la palabra con ese argumento. Le ruego haga cumplir el Reglamento y no admita este tipo de falta de seriedad, que le quita dignidad a este Congreso.
Diputado Ulloa, con mucho gusto procedería yo a atender su observación que me parece fundada en la apreciación que usted tiene sobre la intervención del diputado Lara. El diputado Lara hizo una alusión específica al diputado Barbosa, precisamente cuando se refirió al tema de los acuerdos a los que han hecho alusión el diputado Lara en su intervención y el diputado Barbosa en su intervención. Precisamente por ello, el diputado Barbosa solicitó hacer uso de la palabra para contestar alusiones. En ese sentido, diputado Ulloa, le ruego si es necesario solicite la versión estenográfica de la intervención del diputado Lara, para en su caso poder proceder en otro sentido. Tiene la palabra el diputado Ulloa desde su curul:
Señora Presidenta, le agradezco que me permita disentir del trámite que usted está dando, porque el diputado Lara expresó que algún diputado del PRD había hecho referencia a un documento y con base en esa afirmación, el diputado Barbosa está solicitando el uso de la palabra para contestar alusiones personales. Si éste es el criterio y el trámite que se dará, entonces le suplico con todo respeto, que dado que el diputado Uuc-kib se refirió a los diputados de Acción Nacional y tengo ese carácter, me registre para contestar alusiones personales junto con los diputados de Acción Nacional que se sientan aludidos y por lo tanto tendrán el mismo derecho que tiene el diputado Barbosa.
Diputado Ulloa, si usted tiene interés que esta Presidencia lo registre por considerar, no sólo una alusión personal, sino una alusión colectiva, la expresión del diputado Uuc-kib, con todo gusto esta Presidencia lo registra para contestar alusiones. Quiero precisar que el trámite de esta Presidencia obedece a una mención específica del diputado Lara, en torno al diputado que presentó un documento diverso y como no se permiten diálogos en el pleno, mucho menos esta Presidencia va entablar un diálogo con usted, diputado Ulloa. Si desea que lo registre para contestar alusiones, lo haremos con todo gusto. Tiene la palabra el diputado Barbosa.
Gracias, señora Presidenta: Indudablemente que este tema que está a discusión, ya arrojó el sentir, ya arrojó la reflexión, ya arrojó muchas veces hasta el pensamiento íntimo de los diputados que aquí han estado en tribuna. Estamos ante un problema de legalidad, señores, la lectura que en esta tribuna se dio a un acuerdo, en la intervención del diputado que me antecedió nos da la razón. Finalmente, si ya está otorgado el permiso por parte del Secretario de Educación Pública, infringió la ley. Se va a llevar este concierto por un acuerdo del Secretario de Educación Pública que viola la ley, y eso lo tienen que reconocer ustedes. Estamos en un asunto más de fondo, estamos para poner en marcha un proyecto político de Martha Sahagún, con desviación de recursos. Eso de que no va a costar al erario público, ¡por favor! Yo creo que ustedes mismos saben que están defendiendo lo indefendible. Las donaciones, las donaciones deducibles de impuestos, finalmente son pagos anticipados de impuestos, ¿y quién es el que se daña, si no es el erario público, señores diputados del PAN? El otro concepto es ¿a dónde podemos encontrar que no se ha cometido en esto, un tráfico de influencia? ¿Será que desde la Presidencia de la República están presionando a los secretarios de Estado para que autoricen cosas ilegales? ¿Será que están haciendo compromisos y favores a los grandes empresarios que pueden pagar boletos de 100 mil dólares? Aquí veo en las galerías a unos 500 compañeras y compañeros mexicanas y mexicanos y yo les preguntaría si ustedes pueden ir a pagar 100 mil dólares por escuchar a Elton John en el alcázar del Castillo de Chapultepec. Ahí está la respuesta del pueblo de México, compañeras y compañeros. Mejor el gobierno del Distrito Federal los va a invitar a oír rock ahí en la plaza pública.
Diputado Barbosa, por favor guarde respeto al recinto.
Gracias, señora Presidenta: Respecto al punto de quiénes han dañado la imagen del Congreso, yo me preguntaría ¿cuál fue la opinión del pueblo de México cuando se enteraron que toda una planta del edificio "B" de este recinto está destinada para un club privado? Eso es dañar.
Diputado Barbosa, estamos en el tema del concierto de Elton John; favor de no distorsionar la discusión. Constríñase al tema.
En suma, compañeras y compañeros diputados, aquí la lectura del documento que el señor diputado del Partido Acción Nacional pidió, nos da la razón: la celebración del concierto es un acto de ilegalidad. Muchas gracias.
Para contestar alusiones, el diputado Alonso Ulloa.
Declinamos, señora Presidenta.
Declina el diputado Ulloa. Para rectificar hechos hasta por cinco minutos, el diputado Tomás Torres Mercado. Con su permiso, señora Presidenta: Hay en efecto en este recinto, además de diputadas y diputados, una parte significativa, hasta simbólica de lo que puede ser la representación nacional. Está en la parte de arriba. Hace apenas una semana, se quejaba en este recinto, un representante de Acción Nacional, de que quizá estuviéramos tirando al cesto de la basura no sólo la oportunidad de debatir y de discutir temas fundamentales para este país: la seguridad pública, la salud, la educación, las pensiones de los trabajadores en retiro; pero llegamos a escuchar y yo no le voy a poner adjetivos como lo hizo el diputado Jorge Lara al tildar de facción al Partido de la Revolución Democrática y cargar un dejo incluso, en mi pueblo se les llama "chícharos" o "huizacheros" (sic) a aquellos que pretenden interpretar la ley, pero no se aproximan a lo que es desentrañarla. Hay un principio fundamental para la autoridad que en su quehacer se llama legalidad: lo que la ley permite u ordena; pero también el desconocimiento de la ley no exime de su observancia. En buen lío han metido ya al Secretario de Educación Pública. Haga la llamada, señor coordinador de la fracción parlamentaria, para que altere los folios de las autorizaciones, porque me parece que puede enjuiciarlo políticamente por la irresponsabilidad en una que apenas es tentativa de defensa. En grave riesgo los representados de los diputados del PAN pudieran estar en el ejercicio de la postulancia. A mí me preocupa entonces, un tema simplemente que se plantea en el marco de observar la ley, en el marco de observar monumentos emblemáticos de este país. Hace apenas 40 minutos se aludía a la gesta histórica de la defensa de 1847 y ahora es en extensión, pasarela de ricos bonitos del D.F. y del país. ¡Ojalá! Me comentaba un señor diputado, por cierto pendiente del debate, que a lo mejor, digo, "haremos un esfuerzo para asistir, haríamos el esfuerzo para asistir a un espectáculo y el que no que se integre a la plantilla laboral de meseros, para tener la oportunidad de estar ahí". El planteamiento es: después del debate de hace ocho días, precipitadamente Acción Nacional lanza una agenda legislativa, ¿estará este debate abonando a esa posibilidad con la tilde de facción y de obstáculo? Lo que ocurre en este recinto también se ve allá afuera y yo también, a riesgo de que me corrija señora Presidenta de la mesa directiva, también siento afrenta cuando en mi cubículo hay una modesta puerta de pino de tercera, pero la primera planta, la posibilidad de un spa, para la fracción, para la fuerza política que soporta los proyectos políticos de la cónyuge del Presidente de este país. Le acepto el debate en la tribuna y en cualquier otro espacio. Me reservo la oportunidad de discutirlo con usted.
Diputado Tomás Torres, no se admiten diálogos.
Señora Presidenta, finalmente le ruego me permita redondear mi intervención. Si en términos de inversión, como lo señalaba un huidizo diputado de Acción Nacional en la sesión última de la semana pasada, este tiempo lo estamos invirtiendo en la posibilidad de la propuesta y de la base de este país. Coordine, señor diputado Calderón, a sus impetuosos diputados. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Felipe Calderón, para contestar alusiones. Con su permiso, señora presidenta; señoras y señores diputados: En efecto, este salón de plenos se ha visto muy degradado en su potencial, en su naturaleza, en lo que los mexicanos piden que hagamos los diputados. Yo suscribo y reitero lo que mi compañero Villegas dijo la semana pasada, cuando habló del tiempo y de lo que le cuesta a este país precisamente el no estar abordando los dictámenes que deben salir de comisiones y el estar trivializando incluso con excesos como los que acabamos de presenciar aquí, de ofensas pedestres y misóginas, que definitivamente no tienen justificación. Podrá haber discrepancias en torno al fondo de este asunto. Nosotros consideramos que hemos suficientemente sustentado el evento que es materia de debate. Rechazamos, además, las imputaciones falaces que cuando se hacen desde la atalaya que supone que se tiene la verdad y que se tiene el derecho de clasificar cuales son los valores que sí pueden considerarse cultura y cuales no. Cuales son los partidos que tienen derecho a defender la cultura y cuales no. ¿Cuáles son los ricos buenos, los que apoyan al Distrito Federal y patrocinan también sus proyectos políticos o los que hacen labores y donativos que efectivamente van a destinarse a caridad? ¿Cuáles son los buenos conciertos y cuáles son los buenos y los malos concertistas extranjeros? ¿Si es Elton John o es cualquiera de los artistas españoles o extranjeros que han concertado en el Zócalo y que pueden ser también de mi gusto, desde Milanés o Arjona? Con diferencias medulares, con diferencias medulares porque ¡cuando demagógicamente se plantea aquí quien puede pagar una cantidad para un concierto, no se dice que estos conciertos en el Zócalo, que también le cuestan millones de pesos organizarlos, no los pagan los ricos sino los pobres, porque se pagan con los impuestos de todos los mexicanos! ¡Aquí hago una alusión muy clara, un rechazo concreto a las ofensas, un llamado enérgico a la seriedad de todos los partidos políticos y particularmente del grupo parlamentario que satura la agenda de 500 diputados, con trivialidades, con puntos de acuerdo y puntos de agenda que no tienen dictamen! ¡Y les llamo hipócritas a quien se ponga el saco y pase para alusiones personales!
¡Para rectificar hechos!
¿Con qué objeto, diputado Martí Batres?
¡Para rectificar hechos!
Diputado Martí Batres: está solicitando usted la palabra para rectificar hechos. Sin embargo, sin embargo deseo recordar que esta Presidencia había notificado al pleno que al término de la intervención registrada para rectificar hechos del diputado Tomás Torres Mercado, iba a poner a consideración de este pleno si el asunto estaba suficientemente discutido. Diputado Batres: vamos a dar trámite al planteamiento que había hecho la Presidencia. En ese sentido le ruego a la Secretaría, conscientes de que sobre este punto han intervenido 14 diputados, consulte a la Asamblea si el punto respectivo está suficientemente discutido. Diputado Uuc-kib: por favor que le activen el sonido en su curul.
Artículo 105. No se podrá reclamar el orden sino por medio del Presidente en los siguientes casos: "Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento. Cuando se infrinjan artículos de este Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo. Cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación o cuando el orador se aparte del asunto a discusión." El discurso que acabamos de escuchar fue rico en calificativos injuriosos en contra del Partido de la Revolución Democrática y de su grupo parlamentario, por lo que en particular reclamamos, por un principio de equidad, se nos permita defendernos de las fuertes afirmaciones que en esta tribuna se hicieron, particularmente cuando el orador pidió la palabra para alusiones personales y el contenido de su discurso rebasó con mucho aquellas materias sobre las que fue aludido, para convertirse en una intervención sobre el punto por sí misma.
Diputado Uuc-kib: esta Presidencia va a someter a el pleno si el tema que dio origen a esta discusión, está suficientemente discutido y en función del planteamiento que se está haciendo, posteriormente desahogado este asunto, someteremos a consideración si es de aplicarse el artículo de referencia. Se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea, si el asunto relativo a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec, se considera suficientemente discutido.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto a referencia. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa. En tal virtud, se considera suficientemente discutido... En tal virtud, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo relativo a la realización del concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec. Túrnese a la Comisión de Cultura. Se concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, al diputado Martí Batres, en uso de las facultades de esta Presidencia y en términos del artículo 105, para contestar alusiones personales. Diputado Barbosa, está en el uso de la palabra el diputado Martí Batres, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, en atención a la referencia al artículo 105. Con su permiso, señora Presidenta: Señora Presidenta: ¿podría detener el tiempo en tanto que se ordene la sala?
Con todo gusto diputado Martí.
Gracias.
Activen el sonido en la curul del diputado Solís.
Señora Presidenta, usted dijo muy claro, antes que se llevara a cabo la anterior votación económica, que inmediatamente llevada la misma, iba a someter a consideración si el artículo que aludían los del PRD se sometía a consideración y no se llevó ese procedimiento que usted misma señaló. Nada más quisiera hacer esa moción. Quisiera claridad.
Me parece una moción pertinente. Se consulta con la Asamblea si en función de la solicitud de la palabra del diputado Martí Batres, en torno al artículo 105, es de proceder concederle el uso de la palabra, por lo que estimo fueron alusiones de carácter general. Le solicito a la Secretaría consulte con la Asamblea si es de conceder el uso de la palabra en función del artículo 105, para rectificar hechos, al diputado Martí Batres, habiendo concluido ya la discusión del punto de acuerdo anterior.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de concederle el uso de la palabra al diputado Martí Batres, en referencia al artículo 105. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Esta Presidencia considera que la mayoría ha concedido el uso de la palabra, en uso de la palabra al diputado Martí Batres.
Con su permiso, señora Presidenta.
Diputado Martí Batres, un minuto. Diputado Calderón.
Con el debido respeto y en términos de Reglamento señora Presidenta, dado que se trata de una votación donde no hay claridad en el sentido de los votos, solicitamos que se abra el registro de los votos electrónicos hasta por uno o dos minutos para verificar esta votación.
Diputado Martí le solicito, puesto que le he dado dos veces la palabra y en atención a la Asamblea he suspendido ese turno, me exprese su opinión sobre la solicitud del diputado Calderón, que nos parece pertinente.
Señora Presidenta, usted me ha dado la palabra ya en dos ocasiones y por el ejercicio básico de la acción parlamentaria que es el debate al que espero que nadie le tenga miedo, solicito continuar con mi intervención.
Diputado Calderón, esta Presidencia considera que a partir de lo que puede percibirse desde esta dimensión de donde estamos instalados, en votación económica no había duda del resultado de la votación; sin embargo, si es interés del grupo parlamentario de Acción Nacional que haya un recuento, procedemos en términos reglamentarios, pero le solicito atentamente valore nuestra apreciación. En uso de la palabra el diputado Calderón.
Señora Presidenta, nos interesa un debate, pero nos interesa un debate ordenado, en opinión del grupo parlamentario de Acción Nacional la palabra fue concedida sin fundamento y simplemente reclamamos el trámite y nos sometemos a la votación del pleno; sin embargo, y dada la presencia y la ausencia que se registra en diferentes bancadas, creemos que bastaría un minuto con que se abriera el registro electrónico de votos para salir de toda duda y podemos reanudar el debate, inclusive después de esto.
Abrase el registro y vótese hasta por dos minutos. El sentido diputado Barbosa, por favor tiene la palabra el diputado Barbosa.
Observar a toda la Asamblea que hemos sido agraviados de múltiples violaciones al procedimiento de discusión, habiendo dado el uso de la palabra a nuestro coordinador, le fue retirado; habiendo observado una mayoría por parte del secretario panista de la mesa directiva, cambió de parecer, nos extraña, con el respeto y la consideración que tenemos por usted, que sea objeto de esta presión y de este vaivén, señora Presidenta.
Gracias, diputado Barbosa. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
Señora Presidenta, es francamente desagradable que únicamente se reclame el trámite cuando le agravia a uno, es procedente en los términos del artículo 151 precisamente para entrar al orden del debate, proceder en los términos de este artículo, hacer el recuento no nos va a afectar en nada y nos permite iniciar con orden una discusión en la que seguramente todos los legisladores tienen interés.
Hasta por dos minutos, se ilustra a la Asamblea el sentido de la votación; la votación afirmativa es para respaldar el trámite para que con objeto y reconocimiento al artículo 105 se conceda el uso de la palabra al diputado Martí Batres. El no, es señalar que la tramitación con base en el artículo 105 es incorrecta... Señores diputados, el debate continuaba en la Asamblea, en esa virtud… por eso se hizo esta consideración. Hasta por dos minutos la votación. (Votación.)
Quienes tengan problemas con su sistema electrónico,… Jaime,… ¿quién más?.. Vidrio... ¿de este lado, quién?.. ¿quién?.. Se han registrado aquí algunos diputados que tuvieron problemas y que lo manifestaron durante el curso de los dos minutos; vamos a solicitar su voto. El diputado Joselevich… El diputado Cardoso… El diputado Vidrio… El diputado Vidrio…
Señor Secretario, un momento, por favor. Diputados, hubo diversas expresiones en la Asamblea de que el manejo de la mesa directiva en torno a esta votación ha sido errático, yo deseo que no haya ninguna duda para el pleno y no sólo para el pleno, sino para la sociedad mexicana, que en ese sentido quede absolutamente claro y para que no haya ninguna suspicacia, hábida cuenta que hay diputados del grupo de Acción Nacional y de otros grupos que están demandando no haber emitido su voto, se extiende la apertura del sistema de registro hasta por un minuto y si hay algún diputado que tenga problema con su sistema electrónico, que lo manifieste el curso de este minuto.
Entendido diputada, si existe algún problema con su lector biométrico, reportarlo a esta Secretaría en el curso del tiempo previsto por la Presidenta. De viva voz que lo exprese para que podamos anotarlos y no haya duda. Muy bien, tenemos anotados algunos diputados…
No, no, diputado. Discúlpeme diputado. Discúlpeme diputado, en el caso de los diputados que haya fallado su sistema de registro, vamos a constatarlo con lo que dice el tablero. Instruya el cierre del sistema.
Muy bien. Ciérrese el sistema electrónico. Solamente tres diputados que se anotaron y que han estado teniendo, desde las votaciones anteriores, el problema con el lector biométrico: el diputado Enrique Villa Preciado… Enrique Villa (desde su curul)... en contra; Joel Vilches Mares... Joel Vilches Mares (desde su curul) en contra, y Juvenal Vidrio Rodríguez... Vidrio (desde su curul), en contra. Se informa a la Presidencia el resultado de la votación: votaron 136 diputados en pro y 135 en contra...
Se concede el uso de la palabra al diputado Martí Batres, hasta por cinco minutos, en función a los postulados del artículo 105.
Con su permiso, señora Presidenta: Quisieron impedirnos hacer uso de la palabra, pero esta Asamblea ha decidido ratificar un derecho que ya teníamos para ejercerlo y debatir, porque venimos aquí, entre otras tareas, a debatir. Pero de ese tamaño es su preocupación, porque la actitud que hay es aquella que busca inhibir la crítica, que no se manifieste crítica, que no se cuestionen los hechos de Gobierno, que no se cuestione la cosa pública y esta actitud es coherente con los hechos que se cuestionan porque este Gobierno que iba a ser del cambio, es un Gobierno que en menos de un año se ha caracterizado por sus actitudes imperiales, no republicanas, sino monárquicas. Y nos preguntamos si esta representación republicana tiene que aceptar permanente y cotidianamente estas prácticas imperiales y ahí está lo del Auditorio Nacional el día de la toma de posesión; la fiesta del Castillo que costó 8 millones de pesos; la remodelación del Rancho San Cristóbal, porque no se recibió en un recinto republicano al Presidente de Estados Unidos, sino en una casa particular y se invirtieron 10 millones de pesos para hacer una pista de aterrizaje, ahí está el asunto de "el águila mocha" y está el tema también de los salarios del gobernador de Querétaro, de los aviones del gobernador de Morelos. Estos señores azules creen que el país es suyo, creen que la gente les entregó el país para hacer un gobierno imperial y monárquico y creen ahora que el Castillo de Chapultepec va a regresar a ser la sede de un gobierno imperial.
Diputado Martí. Está solicitando hacer uso de la palabra el diputado Zapata.
Yo sugeriría, señora Presidenta, que no se nos interrumpa en el uso de la palabra, si hay preocupación, si están nerviosos por lo que uno dice, pueden solicitar el uso de la palabra y pasar a esta tribuna a debatir. Y se ha hablado también aquí de la pobreza. Y ¿quiénes vienen a hablar de la pobreza?..
Diputado Zapata, ¿quiere usted hacer una moción de orden?
Señora Presidenta. Si los señores ya perdieron la votación cuando no querían dejarnos hablar, le ruego que nos dejen hablar.
Diputado Martí Batres, un segundo. Diputado Zapata.
Hasta donde yo tengo entendido se le dio el uso de la palabra en relación a que se sintió ofendido y aludido en los términos del artículo que mencionó, lo que no sé ahorita cuál es el tema que quiere debatir, porque no está hablando específicamente a la conducta a que se refería se iba a discutir en este recinto. En consecuencia, sí solicitaría una moción de orden a la Presidencia, a efecto de que clarifique cuál es el tema que se está tratando.
Diputado Zapata. Esta Presidencia recibió la solicitud de la palabra del diputado Martí Batres para rectificar hechos y en ese sentido solicito respetuosamente a la Asamblea permitan que el diputado Martí Batres concluya, hábida cuenta que esta Presidencia ha sido excesivamente flexible en el manejo de esta sesión, a efecto de propiciar un diálogo y un debate en los marcos de la civilidad, yo les rogaría pudiéramos dejar concluir al diputado Martí Batres su intervención.
Muchas gracias, señora Presidenta, porque efectivamente pedí la palabra para rectificación de hechos. Y decía, que vienen a hablar aquí algunos de pobreza, precisamente los que han recortado el gasto social del presupuesto, aquellos que han defendido un recorte de más de 10 mil millones de pesos y un subejercicio de alrededor de 60 mil millones de pesos, aquellos que justificaron que se le quitaran al Instituto Mexicano del Seguro Social 100 millones de pesos y aquellos que justificaron que a la Liconsa se le recortara el subsidio y que se aumentara el precio de la leche Liconsa; ellos son los que vienen a hablar precisamente de pobreza, esos también hablan de acuerdos y nos preguntamos: ¿De qué acuerdos? ¿En qué acuerdos han ayudado? Porque aquí hubo un acuerdo histórico fundamental que se dio para abrir esta tribuna a los indígenas que vinieron a la Ciudad de México y fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas, menos de esta fuerza política. Y les diría además, finalmente, la responsabilidad de la construcción de acuerdos no ha sido realizada precisamente por quien ha tenido al frente esa tarea. La fuerza política gobernante no es la que ha construido los acuerdos; la fuerza política gobernante es la que ha construido la división; la fuerza política gobernante no es la que ha unido a los mexicanos; la fuerza política gobernante es la que ha dividido a este país en la discusión de la reforma fiscal; la fuerza política gobernante es la que pretende dividir al país a costa de ayudar a los grandes ricos y sacrificar a la gente de bajos recursos. Esa es la fuerza política que no ha construido acuerdos, que no ha logrado la conciliación, que no ha cumplido con su responsabilidad y, por cierto, la fuerza política que quiere irse rápido en cada sesión, que trae pocos temas a discusión, que trae poca iniciativa, que no tiene propuestas, que no tiene ideas, que a las tres de la tarde se quiere ir a su casa o a otro lugar, porque ya se cansaron de trabajar. Y les voy a decir. El PRD va a seguir llenando esta tribuna de propuestas e iniciativas. Muchas gracias.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en virtud de que se agotó el tiempo previsto para la sesión, si es de continuar esta sesión en el desahogo de los puntos del orden del día. En votación económica, por favor.
En votación económica, se consulta a la Asamblea si aprueban que se continúe con el orden del día de esta sesión. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.
Esta Presidencia solicita respetuosamente a la Secretaría, se abra el tablero para verificar el sentido de la votación.
Se solicita se abra el sistema electrónico de votación.
Se abre por tres minutos el tablero para registrar el sentido de la votación. Por la afirmativa es para que continúe la sesión, por la negativa es para que el orden del día se posponga para la sesión subsecuente.
Señora Presidenta, le informo: el resultado de la votación es el siguiente: 156 diputados en pro y 113 diputados en contra.
El siguiente punto del orden del día es la presentación de un punto de acuerdo en relación al freno de pasaportes y visas a nuestros connacionales, está a cargo del diputado Elías Dip Rame, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Dip Rame.
Señora Presidenta, una pregunta. Le pregunto que el acuerdo es agotar los puntos del orden del día, todos...
Efectivamente diputado Héctor Sánchez, en el orden en que están en el documento, situación que sólo se podrá modificar si no existe quorum para continuar con la sesión. El diputado Elías Dip Rame, en uso de la palabra.
Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los señores diputados de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista y del PT, ponemos a la consideración de esta Asamblea, la proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes CONSIDERANDOS 1. Con fecha 1o. de octubre del año en curso, venció el plazo dispuesto por la autoridad norteamericana para la renovación de las tarjetas de cruce fronterizo. 2. Debido a la falta de información suficiente y oportuna, un gran número de nuestros compatriotas no pudieron renovar en los plazos establecidos dicho documento. 3. En consecuencia con lo anterior expuesto, el día de hoy hay más de 3 millones y medio de conciudadanos que se han visto afectados e impedidos a la realización de sus actividades en los cruces fronterizos. 4. Con fecha 2 de octubre, la presente Comisión de Relaciones Exteriores de esta comisión de la Cámara de Diputados, emitió un oficio dirigido al señor Jeffrey Davidow, embajador de Estados Unidos de América, mediante el cual se le solicita la posibilidad de otorgar una prórroga que permita la gestión de las nuevas visas a los ciudadanos mexicanos que en este momento se ven afectados con la medida señalada. 5. Considerando que las transacciones comerciales, familiares, de salud y turísticas, entre otras, han sido seriamente afectadas por este hecho. 6. Que el comercio estadounidense en un 100% se lleva a cabo con mexicanos y que la industria nacional mueve por carretera el 85% de sus exportaciones, ponemos a consideración de la Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores inicie las negociaciones pertinentes y necesarias con el propósito de conseguir de la autoridad norteamericana una prórroga para la renovación de las tarjetas fronterizas. Siendo éste un asunto de primordial importancia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de esta mesa directiva el trámite de urgente y obvia resolución. Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de octubre de 2001. Compañeros diputados: el problema que existe hoy en día en la frontera afecta a muchos compatriotas nuestros que requieren del apoyo de esta Cámara con objeto principal de que se trámite en forma consensada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores el que se dé un año más de plazo a todos nuestros mexicanos para que puedan arreglas sus visas y de esta manera no se vean afectados por el problema que el día de antier empezó a darse. Muchas gracias por la atención que presten a la presente.
Diputado Elías, en el acuerdo previo para la integración del orden del día de la Junta de Coordinación Política, este punto no estaba reportado a la mesa directiva como de urgente y obvia resolución. En lo que la diputada Erika Spezia, que nos ha solicitado el uso de la palabra sobre el mismo tema, ruego al grupo parlamentario proponente realice las consultas al respecto.
Señora Presidenta, con la comprensión y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, hay consenso para que pueda salir de urgente y obvia resolución.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Spezia, para proceder posteriormente a dictar el trámite correspondiente.
Declino, señora Presidenta.
Declina la diputada Erika Spezia. Consulte la Secretaría a la Asamblea en términos del artículo 59 si es de considerarse este punto de urgente y obvia resolución.
Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa.
Se considera de urgente y obvia resolución. Para fijar posición sobre este punto de acuerdo ha solicitado el uso de la palabra la diputada Gina Cruz, del grupo parlamentario de Acción Nacional. Con el permiso de la directiva; honorable Asamblea: Ante este punto de acuerdo que presentamos los diferentes grupos parlamentarios, no podemos dejar pasar la oportunidad de expresar nuestra posición como grupo parlamentario de Acción Nacional. El tema migratorio es uno de los asuntos prioritarios de nuestra agenda legislativa y lo es también para el Gobierno de la República, que se ha abocado a atenderlo con propuestas y soluciones firmes en beneficio de nuestros connacionales que viven en el extranjero y los que cruzamos cotidianamente la frontera norte. Como diputada de un estado fronterizo, Baja California, sabemos y vivimos con mayor intensidad este fenómeno y los efectos originados por el vencimiento del plazo para el canje de tarjetas de cruce fronterizo, por las llamadas "visa láser". Por ello nos hemos pronunciado y suscrito a favor de este punto de acuerdo en virtud de ser respetuosos de las instancias gubernamentales encargadas de las relaciones exteriores, porque favorece a alrededor de 650 mil familias y porque es fundamental su aprobación por consenso para apoyar con mayor fuerza la gestión para alcanzar la prórroga ante las autoridades estadounidenses. Solicitamos y esperamos que estas autoridades hagan conciencia y analicen con especial atención la petición contenida en nuestro punto de acuerdo y las consecuencias que afectan a ambas naciones. El grupo parlamentario del PAN siempre estará a favor de todo aquello que consolide nuestras relaciones y beneficie a nuestras comunidades dentro del marco de respeto a la soberanía de los estados. Es cuanto.
Hasta por cinco minutos, sobre el mismo tema, la diputada Hortensia Aragón, del grupo parlamentario del PRD. Gracias, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados: Saludo muy gratamente la sensibilidad que esta Cámara de diputadas y diputados, a través de los grupos parlamentarios, ha venido desarrollando, en el sentido de encontrar que si hay temas que en momentos no han sido acordados por la Junta de Coordinación, como de urgente y obvia resolución, pero que sin embargo el tema en sí al momento de ser tratado aquí, en esta plenaria, se percibe la necesidad de plantearlo como de urgente y obvia resolución. Espero que ése sea el sentido y no nos maniaten a acuerdos, cuando la sensibilidad amerita que podamos en el camino de los mismos, consensar posibilidades de manera sensible, como en esta ocasión se ha hecho. Nuestra posición como grupo parlamentario del PRD al punto de acuerdo presentado, es que sí, sí es necesario que se amplíe un plazo, que se prorrogue. Que es necesario que tengamos la posibilidad de que estos millones de mexicanos que se han visto limitados en la posibilidad de acceder a este documento, puedan hacerlo con la amplitud que los plazos hoy se han venido acordando. Es necesario también porque las definiciones que desde el Estado norteamericano se han tomado respecto al cierre de la frontera, pudiera lesionar el sentir que implica que la frontera norte del país es una frontera insegura, cosa que nosotros, desde el punto de vista de nuestras instituciones, planteamos y reiteramos, que es la frontera que la única inseguridad que ha tenido, es el cruce con los rancheros norteamericanos, en el momento en que nuestros connacionales intentan llegar a trabajar de aquel lado. Ese es el único riesgo y el riesgo que han percibido nuestros connacionales al momento de cruzar. Por eso es importante solicitar que se amplíe la prórroga, que se den las facilidades, que no se empuje a que esta migración vaya a sufrir consecuencias ante una situación como la que estamos viviendo ahorita de extrema gravedad y que tengamos la oportunidad, con este esfuerzo que la Cámara de Diputados está realizando, de sumarnos a una petición que de manera muy reiterada han venido haciendo, sobre todo nuestros representados en los estados de las zonas fronterizas. Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
Aprobado el punto de acuerdo en su contenido y por el trámite de urgente y obvia resolución. Por lo tanto comuníquese a las autoridades competentes. El siguiente punto del orden del día es la presentación de un punto de acuerdo, por el que se exige a las autoridades del Gobierno Federal, hagan el pago del 100% de los recursos del Procampo a los beneficiarios del mismo, en las zonas temporaleras del país, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo... En virtud de que no se encuentra el diputado ponente, se pospone para el término del orden del día, como lo señala el reglamento.
El siguiente punto del orden del día es una propuesta de punto de acuerdo sobre la igualdad de los diputados en los trabajos legislativos, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia. En uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen.
Con el permiso de la señora Presidenta y haciéndole un reconocimiento de esta representación a la Presidencia, me voy a dirigir a mis compañeras y compañeros diputados para tratar el tema de la igualdad. Hoy, la Presidencia de la mesa directiva nos ha dado una muestra de lo que es el debate y el aguante merece también un reconocimiento. La igualdad desde cualquier situación no es un valor objetivo, sino la condición para conocer el carácter objetivo de cualquier valor; cualquier bien si es común, incluye la igualdad de todos los sujetos respecto de ese bien. El bien común de cualquier grupo o asamblea, debe cumplir los valores de la Constitución como tal y de todos y cada uno de sus miembros dentro de estos valores se mencionan varios. Los más frecuentes son la seguridad, la paz, el orden, la libertad, la igualdad, la solidaridad; así lo dijo el Constituyente de 1917. Es más, el constituyente Jesús Romero Flores advierte que de estos valores, uno de ellos pertenece a una categoría aparte: la igualdad. Así, el maestro Romero Flores, compara la libertad con la igualdad y determina que todos los legisladores somos iguales en el pleno, en la Asamblea y en las comisiones con nuestras opiniones. La igualdad ante la ley se concibe hoy fundamentalmente como principio de no discriminación; la ley puede hacer distinciones entre las personas, concediéndoles diferentes derechos o privilegios, pero el trato desigual entre iguales resulta ser ilegítimo. Sin embargo, la igualdad ante la ley va más allá del principio de no discriminación, pues significa la exclusión de todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente o como dirían los revolucionarios franceses, que no se puede fundar en una utilidad común. El principio de igualdad de los representantes populares, es el postulado básico del pensamiento liberal. Se consagra en diversos artículos de nuestra Carta Magna en su parte dogmática denominada "de las garantías individuales " y en la Ley Orgánica del Congreso mexicano. La garantía de igualdad es un rasgo democrático y republicano de nuestro orden constitucional; si bien se puede hablar de desigualdad entre los hombres, esto es producto de la naturaleza misma y no puede sustentarse esa desigualdad en situaciones derivadas de una artificiosa nobleza, producto del reconocimiento de honores discriminatorios, los cuales sin lugar a dudas lesionan la dignidad e igualdad jurídica que debe privar entre los hombres en un mismo grupo. Esta Cámara debe enaltecer aún más la igualdad porque somos los representantes de la ciudadanía, por lo tanto debemos exponer y defender los derechos y las necesidades que tiene la población, lo cual es nuestro quehacer prioritario, tarea que no podremos realizar si este principio no rige la vida de nuestro Congreso. La existencia de las minorías en el parlamento en los actuales momentos de la alternancia es importante, es importante para no llevar a monólogos parlamentarios o a la toma de decisiones unilaterales; la presencia de las minorías permite que la opinión de otras corrientes políticas presenten una visión diferente de los asuntos que se traten. La polémica entre mayoría y minoría por defender el poder o por tener el control del órgano legislativo, presupone la aceptación por parte de los contendientes de las mismas reglas del juego, por lo que todos debemos aceptar el papel que tenemos en esta Cámara. El bien común sólo puede ser imparcial si se considera desde una postura respetuosa e incluyente. Hoy más que nunca se acentúa la necesidad de considerar las valoraciones políticas y sociales recibidas para acceder a una transformación eficaz de la cooperación y de la democracia. El logro que se puede alcanzar es que esta Cámara funcione con base en el diálogo, estableciendo consensos y acuerdos entre los diferentes partidos que están representados en ella, incluyendo las minorías. Las minorías legislativas hemos estado luchando por ampliar los cauces de expresión y participación directa de la ciudadanía, de la cual somos su voz en el Congreso, con el fin de que realmente participen en las decisiones de las políticas públicas, así como de su supervisión. Las minorías legislativas somos la correa transmisora del acervo social de las comunidades con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, lo que beneficiará a los organismos gubernamentales, a la ejecución de las políticas y al debate público. Hoy mismo la diferencia fue en esta Asamblea, un voto. Hoy mismo, la diferencia fue un voto; el voto fue la diferencia para poder seguir trabajando. Yo llamaría la atención de los legisladores que han abandonado este pleno, porque ésta es su obligación la de estar aquí, para eso nos pagan. Las mayorías y minorías unidas debemos atender y escuchar los problemas de la sociedad y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo. Las minorías también están para exigir patriotismo de los servidores públicos para consolidar nuestras instituciones. Sin embargo, muchos de ellos hacen esfuerzos para traspasar la Constitución, procurando eludir su cumplimiento con interpretaciones que el pueblo de México a veces no entiende. La libertad, la libertad es la base de la justicia y la libertad y la justicia van de la mano con la voz de las minorías. Hemos llegado al momento en que cada uno de nosotros debe colocarse en su puesto con todo valor civil. Con todo valor civil vendremos a esta tribuna a decir muchas verdades, para no emitir leyes o acuerdos que a nadie beneficien. Estamos aquí para dar leyes que corresponden a las necesidades actuales del país. Estamos aquí para emitir leyes que respeten, que se respeten y se hagan respetar. Estamos aquí para servir a la patria. Por eso, señoras señores diputados, esta representación, esta representación señoras y señores diputados, consigna públicamente que debe de haber una rendición de cuentas de cada uno de los legisladores y de los grupos parlamentarios. Es una obligación y es una obligación que vamos a estar exigiendo desde esta tribuna, aunque se sonrojen algunos. Compañeras y compañeros diputados: debemos rendir cuentas claras al pueblo de México; debemos desconcentrar los asuntos que están en unas cuantas manos; debemos dar trato igualitario a los legisladores. Porque no se permite ni lo permite la Constitución ni la Ley Orgánica, que haya legisladores de primera o de segunda. Compañeras y compañeros diputados: el punto de acuerdo radica en que en este Congreso impere el principio de no discriminación, para erradicar todo trato desigual en razón a la pertenencia a un partido político. Segundo, que las fracciones parlamentarias que integran esta Cámara, rindan cuentas ante el pleno, de los recursos públicos que se le asignan como prerrogativas. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El siguiente punto del orden del día, es la presentación de un punto de acuerdo, sobre la situación de los trabajadores de la empresa Dina, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través del diputado Omar Fayad. Se concede el uso de la tribuna al diputado Omar Fayad, hasta por 10 minutos
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Vengo a poner a la consideración de este pleno una proposición con punto de acuerdo, en relación al conflicto laboral que vienen enfrentando los trabajadores de Dina Camiones y Dina Composite y a quienes hoy saludo con afecto y respeto y quienes han tenido la paciencia de acompañarnos todo el día durante esta sesión. Gracias, compañeros de Dina. Diesel nacional quizá para muchos de ustedes no significa nada. Sin embargo era la razón social de una de las empresas mexicanas, cuyo origen se remonta a los años cincuenta y que en la década de los años setenta se constituyó en el orgullo de la industria nacional. Al planear la ubicación de diesel nacional se tomó en cuenta un doble propósito: el de evitar asentamientos de industrias en la Ciudad de México y el de apoyar la angustiosa situación por la que pasaba la economía del Estado de Hidalgo. Así, el Gobierno Federal decidió ubicarla en ciudad Sahagún, después de analizar las grandes ventajas que para la industria daba esa región, ventajas que aún conserva y que permitieron que en aquella época ésta se convirtiera en una ciudad modelo. En esos años Diesel Nacional llegó a contar con una plantilla de 12 mil trabajadores dedicados a la fabricación de camiones de carga y autobuses de pasajeros, que eran considerados productos prioritarios y estratégicos para el crecimiento nacional; logrando en cada ciclo fiscal una gran derrama económica. Bajo el marco de una excelente producción nacional de automóviles, camiones y tractocamiones que circulaban por nuestras carreteras, en 1981 es anunciada la descentralización de la empresa, adquiriendo en cada una de sus plantas una nueva razón social: se dividió Dina en Dina Camiones, Dina Autobuses y Dina Motores. En los años ochenta cayó dramáticamente la producción de Dina y en 1987 la empresa es vendida por el Gobierno Federal a particulares a un precio por debajo del costo real, con la condición de seguir sosteniendo a la plantilla de sus trabajadores. Desde 1987 hasta 1992, gracias a operaciones con Avis Star y Chrysler y a la experta y calificada mano de obra de los trabajadores que lograron la mejora del producto que se fabricaba, se obtuvieron durante esos años rendimientos financieros muy exitosos. Desde el año de 1994 y hasta el 2000 desgraciadamente los trabajadores han sufrido una cadena constante de afectaciones. Se han manifestado en paros técnicos, se han realizado reajustes de trabajadores, transferencias ilegales de trabajadores, cierras ilegales, cambios de razón social de las plantas y liquidaciones de personal. Situaciones que estoicamente siempre fueron soportadas por los trabajadores de Dina, adoptando actitudes de sacrificio la mayoría de las veces, en el beneficio colectivo de los agremiados, con tal de apoyar el funcionamiento y operación de dicha empresa. No obstante las condiciones de trabajo y financieras que aparentemente reportaba la empresa Dina, ésta fue un pilar importante en las proyecciones internacionales de quienes se ostentan como propietarios: el Grupo G de Guadalajara, quienes lograron un auge económico que les permitió abrir plantas en Argentina, Estados Unidos de América y Brasil y adicionalmente a las cuatro plantas que pusieron en funcionamiento en el Estado de Jalisco. Al decir de los representantes del Sindicato de Trabajadores de Dina, durante varios años se ha venido llevando la gradual y dolosa descapitalización, saqueo y desmantelamiento de esta empresa. Hoy, de aquel emporio, orgullo nacional e internacional de los mexicanos, que se llegó a conformar por más 14 mil 500 empleados, sólo quedan 1 mil 373 trabajadores de base. A partir del mes de febrero del presente año, durante las pláticas de revisión salarial, se les informó a los trabajadores que los dueños tenían la intención de cerrar la empresa Dina Camiones, argumentando, entre otras cosas, la pérdida de un millonario contrato con la Western Star. Como consecuencia de esto, después de tres prórrogas de huelga, el Sindicato de Trabajadores de Dina Camiones nuevamente, anteponiendo el interés porque la empresa no fuera a cerrar, el 16 de abril firmó ante las autoridades del trabajo un convenio, en el que pactaron la liquidación de 202 trabajadores, así como un paro técnico con sólo el 48% de salario, con una vigencia al 31 del presente mes de octubre. No obstante ese convenio, el 30 de julio, en una actitud abusiva, tendiente a desmembrar al Sindicato de Dina, la parte patronal cerró Dina Composites, que se dedicaba a la manufactura de partes automotrices, dejando sin empleo a 120 trabajadores, 100 de los cuales se han negado a perder su empleo, por lo que no han querido recibir la correspondiente liquidación. Y por si fuera poco, el 10 de septiembre ni siquiera a dos meses del cierre de Dina Composites, al ingresar a la planta de Dina Camiones, los trabajadores encontraron mantas donde se les anunciaba ahora el cierre de la empresa, acto unilateral de patrón que incurre en una violación flagrante, no sólo al convenio suscrito en abril ante las autoridades laborales y al contrato colectivo de trabajo, sino al marco jurídico laboral vigente y que ahora deja en la calle, sin ninguna indemnización legal, a poco más de 700 trabajadores y sus familias. Compañeros diputados: desde el cierre de sus fuentes de empleo, los trabajadores de Dina Composites y Dina Camiones, han estado librando una defensa pacífica de sus derechos, amparados en la legislación laboral de nuestro país. La Secretaría del Trabajo envió un comunicado a los trabajadores, en donde está de acuerdo con que la empresa violó sus derechos declarando ilegal el cierre y violando no sólo los convenios, sino también violando la legislación laboral. Por lo que, atentamente, amigas y amigos diputados, ante este pleno y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración PUNTOS DE ACUERDO "Primero. Solicitar a las diferentes fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados, su apoyo solidario a los trabajadores de Dina Camiones y Dina Composites, procurando que esta soberanía, a través de la comisión respectiva, pueda emprender acciones concretas que permitan llegar a una pronta solución del conflicto. Segundo. Que la empresa Dina sea apoyada para lograr su venta o fusión con otras empresas nacionales y extranjeras, permitiendo que no se pierdan las vitales fuentes de empleo que representa el sustento de vida de muchas familias en la región y que difícilmente, con la situación que atraviesa el país, podría encontrar una nueva forma de sustento. Tercero. Que, en su caso, el Gobierno Federal, así como ha procedido al rescate de banqueros, empresarios carreteros y ahora azucareros y cañeros, se le requiera que apoye también el rescate de esta empresa, con el propósito de que nuevamente se constituya en un bastión estratégico que participe en el desarrollo nacional, bajo el esquema de dar prioridad a esta industria mexicana, antes de permitir el libre acceso de camiones de otros países y Cuarto. Que por todas las vías que permite el marco jurídico vigente, conminemos a las autoridades federales del trabajo para que requieran y obliguen a los titulares de la empresa Dina a cumplir con la liquidación de cada uno de los trabajadores y con su contrato colectivo de trabajo en los términos de la ley, evitando que la impunidad con la que se llevó a cabo el cierre de dichas empresas, siga vulnerando la ley y nuestro estado de derecho". Estamos conscientes de que la celeridad de nuestras acciones, hará que sea menor el tiempo en que los trabajadores esperen para tener lo que por justicia les corresponde. Amigas y amigos diputados: sin darle un matiz partidista a esta problemática de mis compañeros trabajadores de Dina, yo los conmino para que apoyen a esta gente que tanto los necesita, para que presionemos a las autoridades laborales y las conminemos a cumplir con lo que la ley establece y, finalmente, para que exijamos al Ejecutivo, como ocurrió en el pasado, haga un esfuerzo adicional a fin de que esta empresa pueda seguir subsistiendo y que las fuentes de trabajo no se pierdan, que ayude a esta empresa, porque ayudar a esta empresa es ayudar a una ciudad, que si seguimos con esta tenencia a cerrar empresas y a perder empleos, se convertirá en una ciudad dormitorio. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Sobre el mismo tema y hasta por cinco minutos ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del PRD. Con su permiso, distinguida Presidenta; compañeras y compañeros diputados de esta LVIII Legislatura: Bienvenidos compañeros trabajadores a la Casa del Pueblo: El pasado 27 de septiembre , el de la voz, integrante del Partido de la Revolución Democrática, subió a esta tribuna a sumarse a la lucha por el derecho de los trabajadores del Estado de Hidalgo presentando un punto de acuerdo para que el empleo sea devuelto a esos trabajadores que han resistido el embate del modelo neoliberal de gobiernos pasados. Coincido con mi compañero y amigo diputado del PRI , Omar Fayad que efectivamente hace 49 años en esta nación tan sufrida inició un complejo nacional, un proyecto nacionalista para ofrecerle a la nación un Parque Vehicular y con ello poder competir en mejores condiciones frente a los consorcios internacionales, me refiero al Complejo Dina. Lamentablemente estas empresas fueron adquiridas por el Grupo G de Guadalajara, Estrella Blanca quien recientemente hizo negocios oscuros al amparo de los gobiernos anteriores que condujeron el destino de este país. Hicieron fraude también no solamente quitándoles la materia de trabajo a Dina también hicieron fraude en contra de todos los mexicanos 40 a 50 mil millones de pesos es el fraude que cometieron a través del Fobaproa, a pesar de ello los trabajadores con un espíritu patriótico cedieron ante las autoridades y ante los empresarios de DINA para aceptar el 48% de su salario, incluso un reajuste de la planta laboral con el fin de mantener su fuente de trabajo, único ingreso para sus compañeras, para sus compañeros, para los ancianos, para los hijos. No se vale que después de que los empresarios firmaron frente a las autoridades federales junto con los trabajadores un punto de acuerdo que ya comenté, con el fin de conservar esta fuente de trabajo, ese convenio, ese pacto con los empresarios fue quebrado y fue utilizado por esos malos empresarios mexicanos que aún tenemos en nuestra nación. Me congratulo que la Secretaría del Trabajo externó un punto de vista favorable para los trabajadores en donde convida, exhorta, invita a los empresarios a respetar ese pacto que hicieron con la clase trabajadora. Esos empresarios violaron los artículos 343, 345 y 892 de la Ley Federal del Trabajo, por ello —compañero Omar Fayad— el punto de acuerdo que usted presenta idéntico al que nosotros presentamos recientemente, converge y por tanto me sumo al punto de acuerdo para que esta soberanía decida sobre si es o no de pronta resolución, que a mí me parece que sí. Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado… Le ruego a la Secretaría dé lectura al artículo relativo al orden en las galerías.
Artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior: Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostraciones.
Gracias señor diputado. Le ruego al diputado Alfonso Sánchez Rodríguez, del grupo parlamentario de Acción Nacional que ha solicitado la palabra hasta por cinco minutos, haga uso de esta tribuna. Señora Presidenta; señoras y señores legisladores: Hay temas importantes pero uno de ellos es el derecho al trabajo, pero nuestra obligación como legisladores es conocer los elementos que se confrontan cuando se trata de deslindar responsabilidades y de todos aquellos que tienen sus facultades y aprovechando su status y las condiciones inestables de la economía mundial aprovechan estas circunstancias. Porque si bien estamos claros en las condiciones actuales de los estados, ha venido presentándose un endurecimiento de la economía y se ha visto expuesto obligadamente a una reducción de la planta laboral; por consecuencia, la problemática es internacional, pero sí aprovecho esta oportunidad para remarcar la falta de voluntad y el deseo recíproco con la planta productiva para no cumplir los acuerdos de los cuales se había llegado anteriormente, por lo cual nos sumamos a que la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social con la facultad que ésta la tiene, sea la que solucione este conflicto. Pero por ello, que no signifique que nos deslindamos de la responsabilidad y el compromiso que tenemos de ser vigilantes en todo este proceso que atenta contra la vida sindical y nos sumamos para que se llegue a un feliz término las partes involucradas; exhortamos a que este tema no se partidice; rechazamos totalmente el doble discurso y más cuando se trata de un político empresario, hoy senador, propone apoyos extraordinarios e incremento de prestaciones para apoyo de ex trabajadores y sólo vemos en su discurso un posicionamiento populista y demagogo cuando en la realidad y en la práctica su incumplimiento como empresario lo ponen en evidencia y deja mucho que desear. Los apoyamos, trabajadores y lucharemos porque se haga justicia y se respete la ley. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la política migratoria mexicana, hasta por 10 minutos.
Señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: Los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, trastocaron gran parte de los referentes utilizados hasta antes de ese día para caracterizar la política internacional. La política migratoria no es ni será la excepción, la capacidad de asombro se ha recuperado mediante un golpe terrible, estos atentados han ubicado en un segundo plano al tema migratorio en la agenda bilateral de México con los Estados Unidos, cuyas consecuencias en una primera instancia lo padecerán los paisanos que trabajan legal, ilegalmente y los miles que llegan todos los días a la frontera intentando cruzarla. Una nueva guerra sin enemigos visibles, una inédita circunstancia bélica sin frentes une al mundo ante una realidad que seguramente inaugura una etapa de procesos impredecibles y donde se arriesga la estabilidad mundial y miles de vidas. Si alguien entiende el dolor que hoy padece el pueblo norteamericano son los pueblos pobres como el nuestro, tan cercanos al llanto, la incertidumbre y la desesperanza, pero serán estos mismos pueblos los que sufran en un primer momento la jerarquización de las prioridades norteamericanas para las cuales el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos ha dejado de ser una prioridad. Por el nivel, volumen, grado, tipo e intensidad de relaciones políticas y económicas que México tiene con los Estados Unidos, los asuntos de competencia externa se ven especialmente alterados. Aunque la migración de mexicanos a Estados Unidos tiene una larga historia, los problemas asociados a dicho tránsito de personas se han agudizado en los últimos años, el flujo migratorio ha aumentado constantemente. Datos del censo de población revelan que entre enero de 1995 y febrero de 2000, más de 1 millón 500 mil mexicanos migraron internacionalmente, 96% de ellos fueron a Estados Unidos; a partir de 1994 el gobierno norteamericano reforzó progresivamente la vigilancia para detener el flujo de migrantes sin tener éxito hasta el momento con el incremento de la vigilancia en las zonas tradicionales de cruce. El ingreso a Estados Unidos se ha extendido a puntos de alto riesgo para la vida de los migrantes, insisto, la migración no se ha detenido, sólo que hoy se ha hecho más riesgosa y solamente pasan aquellos que tienen la fuerza física necesaria y que garantizan estar aptos para las labores que requieren de nuestros paisanos en los procesos productivos norteamericanos. La problemática migratoria significa en estos momentos una tarea prioritaria para el Estado mexicanos, los viejos paradigmas cayeron ante de las Torres Gemelas, pero las causas que originan la migración subsisten y se podrán agudizar más en caso de no tener la claridad necesaria y la acción conjunta que reclama la nación en este importante tema. Como nunca antes en la historia universal moderna, México se enfrenta a la necesidad ineludible de definir su postura y el papel que deberá desempeñar en el futuro acontecer mundial. En este terreno el Poder Legislativo no debe subestimar las nuevas condiciones internacionales. El Congreso de la Unión es el ámbito natural para lanzar una iniciativa política y legislativa para la política exterior del Estado mexicano. Ante esta circunstancia, el tema migratorio adquiere una alta relevancia en el diseño de la política exterior mexicana. En el Siglo XXI —dicen los estudiosos—, será el siglo de las migraciones y nuestro continente no será la excepción y México mucho menos. El gasto que destina Estados Unidos para contener la migración es de 9 mil millones de dólares anuales. Los migrantes mexicanos aportan anualmente de 6 mil a 8 mil millones de dólares, a 1 millón de hogares mexicanos que se benefician con este dinero. Los primeros resultados de los actos terroristas del 11 de septiembre se han dejado sentir en la frontera norte de México: desplome de la economía fronteriza, severa revisión migratoria, tensiones entre la población fronteriza y agentes migratorios norteamericanos, etcétera. La interrelación y dependencia que en esta materia se vive en lo económico, se comporta también como una realidad sensible de gran impacto en los migrantes y en sus familias, sea que se queden aquí o los acompañen. Tenemos frente a nosotros un prisma de casos a resolver y acciones que emprender, como es el de robo a los trabajadores migratorios por las empresas estadounidenses y mexicanas, que se quedan con grandes cantidades de dinero al cobrar un alto porcentaje por el envío de las remesas y al manipular la conversión de dólares a pesos, en donde Western Junior, Electra y Money Gram han despojado de importantes cantidades de dinero a nuestros connacionales en Estados Unidos. Las políticas gubernamentales deben responder positivamente para regular un fenómeno en el que estamos inmersos; sin embargo, no se trata solamente de reuniones en la cumbre, sino en el reconocimiento de los partidos políticos, las autoridades y los ciudadanos para enfrentar los costos sociales de los flujos migratorios, tanto en lo estructural como en lo social, lo económico y lo cultural, pero si hemos sido reiterativos y acuciosos defensores de los derechos mexicanos en el extranjero, resulta necesario establecer el mismo nivel de congruencia en este tema con las personas migrantes que llegan a nuestro país. No podemos tener dos varas para medir. Quienes llegan a nuestro país para buscar mejores condiciones de vida, o quienes están de paso en México por tratar de llegar a Estados Unidos, deben ser tratados en los mismos términos que demandamos el tratamiento de nuestros connacionales en Estados Unidos. El trato a los migrantes en México es un tema que adquiere una relevancia mayúscula. A este asunto poca importancia se le ha brindado, dado que pareciera tener un nivel secundario en nuestras relaciones con el exterior, lo cual no es admisible en ninguno de los escenarios de la política exterior mexicana. Es urgente el establecimiento de una política puntual, que permita el tratamiento adecuado y respetuoso con la debida asistencia jurídica y social, para aquellas personas que tienen una situación irregular en materia migratoria en nuestro país. Construir un acuerdo migratorio con los países de Latinoamérica debe constituir uno de los temas importantes de la nueva agenda política migratoria mexicana. Otro asunto del mismo calibre lo representa la migración interna de grupos mexicanos del sur que se desplazan a los campos agrícolas del norte con el propósito de encontrar el sustento para sus familias. Estos compatriotas por lo general llegan a lugares donde sus derechos laborales y sociales se encuentran muy lejos de lo que marcan las leyes de nuestro país. Son indocumentados en su propio país. Compañeras y compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración del pleno de esta Cámara el siguiente PUNTO DE ACUERDO Para que una vez analizado por las comisiones correspondientes del Congreso, se apruebe por esta Cámara de Diputados. Primero. Se establezca un grupo de trabajo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, para la construcción de una agenda común, la creación de una política migratoria de Estado, la elaboración de una ley nacional de migración y la revisión puntual de los programas y partidas presupuestales que tengan como finalidad el fortalecimiento de las acciones en esta materia. Segundo. Se impulse por la vía del Parlatino una iniciativa política para formular un acuerdo latinoamericano en materia migratoria que fortalezca los vínculos entre los países de América Latina y preserve la actitud solidaria que el pueblo de México ha mantenido históricamente con los países latinoamericanos. Tercero. Se concreta en este periodo legislativo las reformas legales que permitan a nuestros connacionales en Estados Unidos, mandar sus remesas familiares a México sin los altos costos de operación que actualmente tienen y los robos que sufren en la conversión de dólares a pesos. Cuarto. Se constituye a la brevedad una subcomisión interna de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, una subcomisión de asuntos migratorios internos que atienda la problemática de aquellos compatriotas que por razones de trabajo y superación, se desplazan en territorio mexicano y que en muchos casos sufren las consecuencias de una política hostil hacia ellos por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno. Ya voy a terminar, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: en el diseño de una nueva política migratoria para México, el Congreso mexicano tiene la palabra. Ante esta circunstancia inédita no hay recetas, pero la unidad nacional, la voluntad de construir acuerdos entre todas las fuerzas y actores políticos, constituyen una base inicial para enfrentar en materia migratoria la nueva realidad de México y del mundo después del 11 de septiembre. Atentamente. Diputado Jaime Martínez Veloz y también lo suscribe el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia Democrática. Es cuanto.
Gracias, señor diputado. Túrnese a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Túrnese el punto dos de la propuesta a la Comisión de Relaciones Exteriores. Tiene la palabra el diputado Jesús de la Rosa Godoy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal adopte medidas de emergencia y presente un plan de desarrollo, ante el inminente colapso en la comarca lagunera.
Señora Presidenta.
Señor diputado. Activen el sonido en la curul del diputado.
Con su permiso, señora Presidenta. El punto de acuerdo presentado por el diputado Martínez Veloz, que no es un punto de acuerdo sino un programa de trabajo, no puede ser mandado a la Comisión de Seguridad Publican ni a la de Relaciones, sino debe ser mandado a la comisión originalmente involucrada, que es la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Señor diputado, la política migratoria en nuestro país tiene como responsable al titular de la Secretaría de Gobernación, es una política que involucra medidas de carácter migratorio, así como medidas de otra índole. En primer lugar. En segundo lugar, el inciso segundo del punto de acuerdo se refiere a la convocatoria, a la realización de una reunión internacional a través de un organismo multinacional de parlamementarios, como es el Parlatino, cuya relación formal con este Congreso lo tiene la Comisión de Relaciones Exteriores. Ese fue el motivo del turno que dimos, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jesús de la Rosa Godoy.
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Hoy la región lagunera presenta una situación muy particular. Este periodo agrícola es uno de los más secos en los últimos 10 años, comparable acaso con el año de 1952, cuando se tienen registradas por la Comisión Nacional del Agua las lluvias más escasas en la historia de la cuenca del río Nazas. Es indudable que el sobrecalentamiento del globo terráqueo y en general los fenómenos naturales a los que el mundo entero se enfrenta, no son ajenos para nuestro país ni mucho menos para la región lagunera, en donde el panorama actual del agro se torna por demás desolador. Ningún fenómeno meteorológico importante ha impactado a la región de manera favorable, lo que trae como consecuencia que las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, que se encuentran en el estado de Durango, estén prácticamente secas. En el caso de la presa Lázaro Cárdenas, para ilustrar a la Asamblea, tiene aproximadamente almacenados en la actualidad 530 millones de metros cúbicos, cuando su capacidad es de 4 mil 500 millones de metros cúbicos. La presa Francisco Zarco, cuya capacidad es de 438 millones de metros cúbicos, tiene actualmente almacenados 83 millones de metros cúbicos, lo que significa que se encuentran ambas presas actualmente con el 20% de su capacidad y sin ninguna esperanza, según los comentarios y los informes que la Comisión Nacional del Agua nos ha brindado, de mayores captaciones en lo que resta del año. Estas presas en conjunto atienden a cerca de 33 mil 500 usuarios, de los cuales prácticamente 31 mil son ejidatarios y para mayor abundamiento, deseo comentar que en un ciclo agrícola normal, la presa puede abastecer cerca de 90 mil hectáreas, en promedio, para que cada ejidatario o usuario riegue entre dos y tres hectáreas. En los últimos cinco años se ha implementado lo que se conoce como miniciclos agrícolas, que consta de dotar a cada ejidatario de 60 áreas para riego y se requieren para este ejercicio, un volumen de cuando menos de 780 millones de metros cúbicos. Con la disponibilidad actual de las presas, solamente se puede abastecer 20 mil hectáreas, lo que significa atender cerca de 20 áreas, lo que no es ni siquiera media hectárea para cada ejidatario o para cada usuario de agua de riego. A lo anterior debemos de sumarle que solamente el 65% del agua es aprovechable, ya que el 35% restante se evapora y se infiltra. El desarrollo agropecuario de la zona, de la región lagunera, es la base principal de la economía, por lo que el fenómeno de esta sequía, se traduce en invaluables e irreparables pérdidas que afectarán, sin lugar a dudas, el desarrollo de la comarca. Paradójicamente el próximo 6 de octubre celebramos en La Laguna el LXV aniversario del reparto agrario, acción que supuso una mejor calidad de vida para la clase campesina. Hoy, después de 65 años reconocemos la inquebrantable decisión de quien realizó este proceso histórico, de manera tal que nos condujo a la modernización de la agricultura y a la ganadería, proyecto que no sólo impulsó una acción a favor de los campesinos, sino de la economía nacional y por tanto de la población en su conjunto. Pero no basta con recordar esa fecha, sino que es necesario dar continuidad a ese gran proyecto y convertirlo en acciones reales y eficaces para los campesinos de México. En tales circunstancias y considerando los fenómenos naturales que azotan a la región y que afectan a más de una población ya de por sí empobrecida y lastimada, nos resurge también la preocupación acerca del significado social y la importancia teórica de la reforma agraria, entendida como un proyecto de planeación rural cuyos propósitos sean la inserción de la población campesina en la dinámica económica y social a partir de la generación de empleos para una amplia capa de la población rural, desde la cual se podrá retomar la senda del desarrollo, así como darle un enfoque en este Siglo XXI, desde el cual debemos de mirar a la reforma agraria que no puede ser el de antaño, pues ésta no se constriñe únicamente a la simple tenencia de la tierra en nuestros días; debemos de darle otra orientación y ésta es precisamente aquella que concibe a la reforma agraria como un instrumento, que tiene como principal objetivo alcanzar mayor equidad y mayor justicia social. Desde estos enfoques se desprende la idea central básica de que a la reforma agraria no se le puede seguir viendo como un objeto en sí misma, sino como un proceso dentro de cuyos objetivos destaque firmemente la incorporación campesina al desarrollo. Compañeras y compañeros diputados: el sobrecalentamiento del globo terráqueo y en general los fenómenos naturales a los que el mundo entero se enfrenta, no son ajenos para nuestro país, particularmente para la región lagunera, en donde el panorama actual del agro se torna por demás desalentador. Compañeros diputados: hoy la región lagunera presenta una situación particular, este periodo es uno de los más secos en los últimos 10 años, comparable acaso con el año de 1952, cuando se tienen registradas las lluvias más escasas en la historia de la cuenca del río Nazas. Ningún fenómeno meteorológico importante ha impactado a la región de manera favorable, lo que tiene como consecuencia que las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, que se encuentran en el Estado de Durango, se encuentren prácticamente secas. En el caso de la presa Lázaro Cárdenas tiene apenas almacenados aproximadamente 530 millones de metros cúbicos, cuando su capacidad promedio es de 4 mil 500 millones y la Francisco Zarco tiene almacenados 83 millones 400 mil metros cúbicos y su capacidad es de 438 millones. Con relación al año pasado ambas presas han perdido aproximadamente 140 millones de metros cúbicos, lo que significa que se encuentran aproximadamente al 20% de su capacidad y sin ninguna esperanza de más captaciones en lo que resta del año. Estas presas atienden a 33 mil 500 usuarios de los cuales prácticamente 31 mil son ejidatarios. En un ciclo normal la presa abastece 92 mil hectáreas de riego, en un promedio de tres hectáreas por ejidatario o usuario. En los últimos cinco años, se ha implementado lo que se conoce como «miniciclos agrícolas» que consta de dotar a cada ejidatario de 0.60 hectáreas para riego y se requieren de cuando menos 780 millones de metros cúbicos. Actualmente con la disponibilidad actual sólo abastecen unas 20 mil hectáreas, lo que significa atender únicamente 0.20 hectáreas por usuario, lo que ni siquiera significa media hectárea por lo lo que resulta incosteable para cualquier agricultor. A lo anterior debemos sumarle que solamente el 65% del agua es aprovechable, ya que el 35% restante se pierde, ya sea por filtración o por evaporación del líquido. El desarrollo agropecuario de esta zona, es la base principal de la economía, por lo que el fenómeno de sequía se traduce en invaluables e irreparables perdidas que afectarán sin lugar a dudas el desarrollo de la comarca. Paradójicamente, el próximo 6 de octubre celebramos el LXV aniversario del reparto agrario en la región lagunera, acción que supuso una mejor calidad de vida para la clase campesina. Hoy después de 65 años, reconocemos la inquebrantable decisión de Lázaro Cárdenas al llevar a cabo la reforma agraria como proyecto de Estado, el cual, de manera natural, nos condujo a la modernización de la agricultura y la ganadería, proyecto que no sólo impulsó una acción en favor de los campesinos sino de la economía nacional y por lo tanto de la población en su conjunto. Pero no basta con recordar esa fecha histórica, sino que es necesario darle continuidad a ese gran proyecto y convertirlo en acciones reales y eficaces a las y los campesinos. En tales circunstancias y considerando los fenómenos naturales que azotan a la región y que afectan aún más a una población ya de por sí empobrecida y lastimada, resurge la preocupación acerca del significado social y la importancia teórica de la reforma agraria, entendida como un proyecto de planeación rural, cuyos propósitos sean la inserción de la población campesina en la dinámica económica y social a partir de la creación de empleo para una amplia capa de la población rural, desde la cual se podría retomar la senda del desarrollo; así, la reforma agraria nuevamente cobra importancia teórica, analítica y social, especialmente cuando el Gobierno se empeña en achacarle a la forma ejidal y comunal de tenencia de la tierra la crisis agrícola, cuando la verdadera causa es falta de recursos para la producción. En el Siglo XXI, el enfoque desde el cual debemos mirar la reforma agraria, no puede ser el de antaño, pues esta no se constriñe únicamente a la simple tenencia de la tierra en nuestros días, debemos darle otra orientación y ésta es precisamente aquella que concibe a la reforma agraria como un instrumento que tiene como principal objetivo alcanzar mayor equidad y mayor justicia social. Objetivo que no puede desviarse aunque las propias situaciones climáticas nos sean adversas porque éstas al igual que otras eventualidades deben preverse e incorporarse en los respectivos programas y en su planeación correspondiente. Desde este enfoque, se desprende una idea central básica: a la reforma agraria no puede seguírsele viendo como un objetivo en sí misma, sino como un proceso de entre cuyos objetivos destaca la incorporación campesina al desarrollo. Lo que implica en primer lugar, cumplir no solamente con las exigencias económicas relacionadas con el incremento de la productividad a cualquier costo, sino centralmente con la creación de puestos de trabajo, distribución del ingreso y finalmente con la obtención de excedentes para la formación de capital. En segundo lugar, formula la posibilidad de transformación de un conjunto de aspectos sociales igualmente importantes, como la educación, la salud y la vivienda, hasta permitir que las masas campesinas marginadas se integren económica, social y políticamente con el resto de la sociedad, en una relación coherente, justa y sin discriminación. En razón de la gravedad del fenómeno que está viviendo la comarca lagunera y sus lamentables consecuencias, reflejadas en el deterioro económico y social, que afecta a miles de familias campesinas, así como sus repercusiones a corto, mediano y largo plazos en el desarrollo integral de las entidades involucradas de su población. Pero sobre todo considerando el espíritu social, que no podemos desdeñar y que nos han heredado las instituciones de la República y los movimientos de este país, es que los convoco y los invito, señores diputados y amigas diputadas, a que el día de hoy, para que desde nuestro respectivo ámbito de competencia, ayudemos a dar solución a esta problemática. En este sentido y considerando la urgencia y gravedad de la situación por la que atraviesa la comarca lagunera, de Coahuila y de Durango, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Para que el Gobierno Federal, adopte medidas emergentes ante el inminente colapso agrícola, en la comarca lagunera. Considerando dos aspectos fundamentales: Primero. Que se instrumente un programa laboral de emergencia, para que los trabajadores del campo en la región, puedan gozar de un salario y llevar a cabo una actividad alterna, durante el tiempo de enorme sequía, evitando así que se desencadenen otro tipo de problemas mayores, tales como la inmigración y las consecuencias negativas que esto implica. Segundo. Que la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta Cámara de Diputados, se traslade a la región en aras de entrar en contacto con las autoridades y los afectados, en busca de la mejor solución al problema. Firman el presente documento los diputados coahuilenses: Miguel Arizpe, Marco Antonio Dávila, Claudio Bres, Benjamín Ayala, Francisco Cárdenas; Ricardo Garcia Cervantes, Jaime Martínez Veloz, Miguel Bortolini, Delfino Garcés Martínez, José Manuel del Río Virgen, Hortensia Enríquez, Timoteo Martínez, Julián Luzanilla, Efrén Leyva, Nabor Ojeda, Roberto Preciado, Samuel Aguilar, Jesús Orozco, Juan Leyva, María del Rosario Oros, Jesús Taracena, Julio César Vidal, Víctor Díaz Palacios, Simón Villar, Héctor Pineda, Rubén García Farías y Antonio Silva Beltrán. Por su atención, señores diputados, muchas gracias.
Gracias, señor diputado De la Rosa. Sobre el mismo tema ha solicitado hacer el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Héctor González Reza, del grupo parlamentario de Acción Nacional. Si, diputado Benjamín Ayala.
Para rectificar hechos solicito también la palabra señora Presidenta.
Como no diputado. Adelante señor diputado. G racias, señora Presidenta; señores diputados: El problema de la comarca lagunera no es distinto al que tenemos en más de la mitad del territorio nacional, no ha llovido, las presas están a la quinta parte de su capacidad y los acuíferos están sobreexplotados porque la extracción ha sido durante años mucho mayor que la recarga. Como muchas otras, la región lagunera fue sobreconcesionada, no entremos ahora al detalle de si fue por imprevisión en el reparto agrario o por la mala administración del recurso hidráulico, pero lo cierto es que la poca agua disponible, ya ha sido repartida y no es usada con eficiencia. Tal como los diputados de Acción Nacional lo señalamos durante la reciente comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ante funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, es urgente hacer un uso eficiente de este recurso en la agricultura, por lo que lo es prioritario mejorar y modernizar la infraestructura de riego. Esto aquí deberá concentrarse el programa emergente de empleo, con el apoyo del Gobierno Federal, pero también del gobierno estatal. Y éste debe ser un punto fundamental a considerar en la elaboración del presupuesto para el próximo año. Nosotros, los diputados del Partido Acción Nacional, estamos en términos generales, de acuerdo con la proposición que acaba de hacer el señor diputado Jesús de la Rosa. Creemos que es urgente la atención sobre todas las zonas donde ha habido una mala planeación y donde las condiciones climáticas han sido adversas. La vulnerabilidad en nuestro campo, de la que se ha dado cuenta en varias intervenciones de los últimos días, cada vez demanda mayores apoyos oficiales por la descapitalización del sector hidráulico. Tomemos nota, diputados, junto con la conclusión de este punto de acuerdo, de que lo inaplazable es dotar de mayores recursos al Gobierno Federal para que pueda cumplir con oportunidad, con suficiencia las acciones inmediatas que reclama ya, desde hace muchos años el campo mexicano. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Benjamín Ayala Velázquez hasta por cinco minutos, para rectificar hechos. Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados: De todos es conocido que la disponibilidad del agua está compuesta por dos condiciones particulares: la primera es el escurrimiento superficial y la segunda el agua del subsuelo, conocido como manto freático o acuífero. Ambas características no se han presentado en nuestra región y como consecuencia, seguimos padeciendo una sequía severa en perjuicio de las actividades productivas y de la propia población de la comarca lagunera. Tomando en consideración y de acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua en que las sequías son fenómenos recurrentes que se presentan en promedio cada 10 años y con una duración de uno a tres años consecutivos, vemos con extrema preocupación que el periodo crítico en la comarca lagunera inició a partir de 1993; sin lugar a dudas esta agobiante carencia del vital líquido perdurará hasta el año 2003, tiempo en el cual habrá de padecer la agricultura y la población de la comarca lagunera este fenómeno sin precedente. El manejo del recurso agua se ha hecho complejo y conflictivo y además se agrava por los fenómenos extraordinarios como la sequía, aunado al desequilibrio permanente entre disponibilidad y demanda de agua, al registrarse escurrimientos pluviales irregulares e insuficientes. La política hidráulica en México, debe estar orientada a garantizar la disponibilidad del agua para satisfacer las necesidades de la población e impulsar el desarrollo de las actividades económicas de manera compatible con las capacidades ambientales de cada región. Parece ser que aún no hemos tenido la capacidad suficiente para promover la conservación y restauración de nuestro ecosistema en la comarca lagunera; pero lo más lamentable es que no hemos podido hacer gobierno y sociedad juntos, un buen aprovechamiento sustentable de este recurso. Nosotros en la comarca nos decimos "vencedores del desierto"; queremos seguir venciendo al desierto con la prevención necesaria para lograrlo. Por todo ello nos sumamos a la propuesta con punto de acuerdo presentada por el diputado Jesús de la Rosa Godoy, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ante esta soberanía, solicitando añadir dos aspectos en este punto de acuerdo que a mi juicio son de suma importancia: Número uno, que en su momento se utilice el presupuesto de fondos de desastres para atender la problemática derivada del fenómeno climático por el que atraviesa nuestra región. Dos, que el presupuesto asignado a los programas destinados al campo en dicha zona, sean utilizados en nuevos programas emergentes y dirigidos a los verdaderos productores agrícolas. Por su atención, muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Se pregunta al diputado De la Rosa, presentador de la proposición, si no tiene inconveniente en añadir los puntos a los que hizo refrencia el diputado Benjamín Ayala, al texto de su propuesta. Adelante, señora Presidenta. No hay inconveniente.
Manifiesta su disposición. Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.
Tiene la palabra la diputada Araceli Domínguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, sobre la expedición de comprobantes fiscales para los pequeños contribuyentes.
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: A través de las distintas reformas a la Miscelánea Fiscal, contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, específicamente para el caso del régimen fiscal de pequeños contribuyentes, se les disminuye el límite para poder tributar bajo este esquema. La reforma de referencia establece que exclusivamente quienes enajenen bienes o presten servicios al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta, como pequeños contribuyentes. Esto, implica que los comprobantes que emitan, no son deducibles por no tener todos los requisos fiscales, ocasionando una reducción respecto al número de personas que se ajustan a dicho régimen, con la consecuente pérdida de beneficios. Es decir, en el momento en que los pequeños contribuyentes emiten facturas con IVA desglosado, automáticamente pasan al régimen general con todas las obligaciones inherentes, lo cual perjudica seriamente al sector de la micro y pequeña empresas principalmente. Debe destacarse que en su momento, estas reformas se consideró adecuada para enfrentar la evasión fiscal de algunas empresas no representativas del sector, las cuales se inscribieron en dicho régimen para obtener ventajas. CONSIDERANDOS 1o. Con base en los censos económicos del INEGI, se estima que en México existen 2 millones 900 mil establecimientos, de los cuales el 99% corresponden a las micro y pequeña empresas. 2o. Que estas empresas constituyen un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país, ya que contribuyen con el 40% de la inversión y el PIB nacional y generan el 64% de los empleos. 3o. El sector enfrenta graves problemas de acceso a fuentes de financiamiento, capacitación de sus recursos humanos, participación limitada al comercio exterior, falta de tecnología e innovación de procesos y poca vinculación con el sector académico. 4o. Que la contribución en el régimen general es excesivamente onerosa para las posiblidades de estos pequeños contribuyentes, entorpeciendo su desarrollo. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. En ocasión de la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal, se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise el régimen tributario dirigido a los pequeños contribuyentes. Segundo. Que las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial estudien la posibilidad de introducir una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de encontrar el mecanismo adecuado a las necesidades de dichos contribuyentes para lograr un esquema favorable. Gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Solicito la palabra.
¿Con qué objeto, señor diputado?
Señora Presidenta, con objeto de solicitarle respetuosamente que conforme a Reglamento, haga la verificación de quorum.
Solicito a la Secretaría dé lectura al artículo 106 del Reglamento.
Artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de la Cámara reclamara el quorum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del Presidente de la Cámara sobre el particular para levantar la sesión; en todo caso y cuando la dicha falta de quorum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista y comprobada aquélla, se levantará la sesión.
Gracias, señor diputado. Aunque a juicio de esta Presidencia es notoria la falta de quorum, dado lo interesantemente cuestionada de esta sesión, le ruego a la Secretaría gire instrucciones para que se prenda el registro electrónico, por tres minutos, para verificar si hay quorum.
Se instruye que se abra el registro electrónico para verificación de quorum, hasta por tres minutos.
Diputado Salazar: ¿Quiere hacer uso de la palabra?
Sí.
Estamos en proceso de votación, diputado, sólo que sea sobre el trámite. Si no es sobre el trámite no procede. Señor Secretario: cierre el sistema electrónico.
Ciérrese el sistema electrónico. Diputados: Enrique Villa Preciado, Joel Vilches Mares y Juvenal Vidrio Rodríguez.
Informe la Secretaría el resultado.
Señora Presidenta: informamos que hay una asistencia de 198 diputados.
En tal virtud, no existe quorum. Se levanta la sesión. El diputado David Rodríguez.
Gracias, señora Presidenta. Nada más para hacer la siguiente propuesta: De acuerdo al Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos, en su artículo 45, estoy solicitando que se aplique ese artículo, que señala lo siguiente: "se considerará ausente de una sesión a quien no esté presente al pasarse lista; si después de ella hubiera alguna votación nominal y no se encontrare presente, también se considerará como faltante". Gracias.
Diputado: la referencia al artículo a que usted ha dado lectura nos evidencia la necesidad de hacer un esfuerzo de revisión de la Ley Orgánica y el Reglamento para que haya congruencia entre sus ordenamientos. El artículo 106, el artículo 112 y la práctica parlamentaria han señalado en reiteradas ocasiones que cuando hay una solicitud de verificación de quorum y éste es evidente que no está reunido, el Presidente tiene facultades para levantar la sesión. En esa virtud y dado de que es evidente la falta de quorum, esta Presidencia aplica los criterios que establece el artículo 112 y el artículo 106. Se levanta la sesión y se cita para la que se llevará a cabo el próximo martes. Diputado Jaime Salazar. Sí, diputado, si es por procedimiento.
Para efectos de precisamente lo que acaba de señalar el diputado en su intervención inmediata, también solicitaría que se aplicase el acuerdo correspondiente del descuento nominal al diputado que no hubiese estado presente en esta votación.
Señor diputado: esta mesa directiva procesará con mucho gusto su solicitud. Le ruego nos la presente formalmente por escrito. Diputado Gómez Villanueva: ¿Quería usted hacer uso de la palabra?
Perdón, simplemente porque ya se ha votado, pedirle que en todo caso si ya se determinó que no hay quorum, pues que se levante la sesión. Gracias.
Esta Presidencia ratifica que en función del número de diputados presentes en el recinto no hay quorum. Por lo tanto, se levanta la sesión y se cita para la que se llevará a cabo el próximo martes, a las 10:00 de la mañana. • Tiempo de duración: 7 horas 25 minutos. • Quorum a la apertura de sesión: 286 diputados. • Asistencia al cierre de registro: 432 diputados. • Asistencia por la que se declara falta de quorum y se levanta la sesión: 198 diputados. • Efemérides: 3. • Proposiciones puntos de acuerdo: 6. • Acuerdos aprobados: 2. • Oradores en tribuna: 48. PRI–11; PAN–13; PRD–16; PVEM–2; PT– 5; CDPPN–1. Se recibió: • 4 comunicaciones de los congresos de los estados de: Chiapas, México, San Luis Potosí y Zacatecas; • 4 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios e incorporaciones de integrantes en diversas comisiones legislativas; • 1 comunicación de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por la que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Congreso de la República de Guatemala; • 1 comunicación de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por la que solicita ampliar el plazo establecido por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el 20 de septiembre de 2001, para elaborar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación; • 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo sobre el sector piñero nacional; • 5 iniciativas del Ejecutivo; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que dos ciudadanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Corea; • 3 iniciativas del PRD; • 1 iniciativa del PT; • 1 iniciativa del PAN; • 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del país del 10 al 22 de octubre de 2001, a efecto de realizar visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República de Italia; a la Santa Sede; a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia; así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Shanghai, República Popular China. Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a dos ciudadanos, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros; • 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil; • 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Protección Civil, a fin de que una parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales sea utilizada para acciones de carácter preventivo; DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION (en orden alfabético)
NOTAS Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
|