Presidencia
de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los
diputados.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 260 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 10:41 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 25 de octubre de 2001
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXXIV aniversario luctuoso del
general Pedro Moreno González, benemérito de la patria y héroe de la Independencia,
tendrá lugar el 27 de octubre a las 10:30 horas, en la Columna a la Independencia.
El Congreso del Estado de Tamaulipas invita
a la sesión solemne en la que el gobernador constitucional del Estado, rendirá el tercer
informe de gobierno, la que tendrá lugar el 28 de octubre a las 11:00 horas, en el Centro
Cívico Gubernamental, declarado recinto oficial.
El Congreso del Estado de Baja California
invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Eugenio Elorduy Walther, protestará
como gobernador constitucional, la que tendrá lugar el 1o. de noviembre a las 18:00
horas, en el auditorio del Estado, declarado recinto oficial.
Del Congreso del Estado de Sonora.
De la Junta de Coordinación Política.
Iniciativa del Congreso del Estado de
Jalisco
Que reforma los artículos 77 fracción VI
y IX y 80 y deroga el artículo 80-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (Turno a
comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas a la fracción XVI del
artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a
los artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona un tercer párrafo al
artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del
diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 133, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Miguel
Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno
a comisión.)
Que reforma el artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Miroslava García Suárez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que adiciona una fracción XI al artículo
2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones
legales para establecer la figura denominada contribuyente social, a cargo del diputado
Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Manuel Rodríguez
Arriaga, Carlos Pascual Monsiváis y Enrique René Michel Santibáñez, para aceptar y
usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica, de la
República de Chile y de la República de Corea, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Ivette María Carballo
Fariñas, para prestar servicios en la Embajada del Reino Unido en México.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública con puntos de acuerdo para que las autoridades de la Secretaría de Gobernación,
realicen una supervisión y se tomen las acciones necesarias para una eventual erupción
del volcán Popocatépetl.
Excitativa
A la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, a cargo del diputado Luis Herrera Jiménez, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre la glosa del
informe presidencial, a cargo del diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo por el que se solicita
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público se dirija a la mayor brevedad posible a la
Junta de Gobierno del IPAB, para solicitarle que sean contestadas las preguntas en
relación al desarrollo del IPAB, que se anexan a este punto y aquellas otras que los
miembros de la propia comisión deseen realizar, a cargo del diputado César Augusto
Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Tres, con puntos de acuerdo sobre el IPAB,
a cargo de la diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, respectivamente. (Turno a
comisión.)
Dos, con puntos de acuerdo sobre la
utilización indebida de los recursos públicos en las campañas electorales del Estado de
Tlaxcala, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y del
Trabajo, respectivamente. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la problemática
agraria de Acapulco, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre los problemas
que enfrentan los aeropuertos de gran importancia de México, a cargo del diputado Alonso
Ulloa Vélez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Diversas con puntos de acuerdo sobre el
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de los grupos
parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México
y del Trabajo, respectivamente. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ampliación a cuatro carriles del tramo
carretero del troncal de 32 km, que va de San Miguel de Allende, Guanajuato, a la
autopista 57 federal, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre política
exterior, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Cámara de
Diputados solicite al Presidente de la República, en su carácter de jefe de Estado,
proponga al pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se
realice una cumbre mundial contra el terrorismo, a cargo del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar se
apruebe la donación de un día de dieta por parte de los diputados, para los damnificados
por el huracán "Juliette", en el Estado de Baja California Sur, a cargo del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre procuración de
justicia, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar tanto a
la Sagarpa, como a la Secretaría de Economía, la información necesaria de la
importación de leche en polvo de Argentina, que de acuerdo a la información
internacional, este país está infectado de fiebre aftosa, a cargo del diputado Héctor
Pineda Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre los resultados
del viaje internacional del presidente Vicente Fox Quesada, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta
a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso del atentado al
candidato del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Anaya, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se establezca
un programa ecológico integral de reforestación en la zona IztaPopo, abarcando los
estados de Puebla, de México y de Morelos, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para dinamizar y
eficientar el turismo social en el país, a cargo del diputado Jaime Larrazábal Bretón,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el nombramiento
de Miguel Hidalgo y Costilla, como "Generalísimo de las Américas", a cargo del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para incorporar en el
ramo 20 Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2002 y subsecuentes: programa iniciativa ciudadana 3X1 para crear proyectos
productivos sociales, inversión en infraestructura y equipamiento urbano, a cargo del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se realice
una auditoría política a todos los representantes populares de elección federal, a
cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre las tarifas
telefónicas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se exhorte a
la Secretaría de Hacienda a fin de que los fondos de comercialización de los productores
sean manejados por ellos mismos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación
política en el Estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la problemática
del gas en el Estado de Nuevo León, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el plazo para otorgar subsidios a la
tarifa 09, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre el fuero de los
legisladores y su violación por parte de las autoridades, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre el derecho de asociación
sindical en el Estado de México, a cargo del diputado Lucio Fernández González, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la política indígena en
el Estado de Veracruz, a cargo del diputado Edgar Consejo Flores Galván, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Efemérides
Sobre el Día Mundial del Combate a la
Pobreza, a cargo de la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad
Nacionalista.
Sobre el aniversario de la Constitución de
Apatzingán, a cargo de los diversos grupos parlamentarios y partidos políticos
representados en la Cámara de Diputados.
Sobre el Día del Médico, a cargo de la
Comisión de Salud.
Sobre el LVI aniversario de la fundación
de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo
Juárez, del Partido Alianza Social.»
1853,1854,1855
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido
publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma ha sido entregada a los
coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y proceder así a su
votación.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia
de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus
observaciones y se procede a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintitrés de octubre de dos mil
uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con treinta y cinco minutos del martes
veintitrés de octubre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos ochenta diputados,
la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
La Asamblea aprueba en sus términos el
acta de la sesión anterior, en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Chihuahua, con acuerdo sobre el proceso
poselectoral del municipio de Ciudad Juárez. Se turna a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, para su conocimiento.
Hidalgo, dos, con las que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Morelos, con acuerdo por el que exhorta al
Congreso de la Unión a promover reformas a la legislación sobre seguridad social y
recaudación, en lo relativo a las cuotas del Seguro Social, el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro. Se
turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de
Trabajo y Previsión Social.
La Asamblea Legislativa del Distrito
Federal comunica la designación del licenciado Emilio Alvarez Icaza Longoria, como
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De enterado y
túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.
Comunicación del presidente de la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con la que informa del estado que
guardan las iniciativas y demás asuntos que le han sido turnados referentes a las normas
que rigen al Poder Legislativo y de los trabajos para su correspondiente estudio y
dictamen. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos.
La Presidenta concede la palabra al
diputado José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional, en su
calidad de secretario de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para
referirse a excitativas formuladas a esa comisión y al trabajo legislativo de la Cámara
de Diputados.
Dos oficios de la Cámara de Senadores, con
los que remite, para efectos del artículo setenta y dos inciso h, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativas con proyecto de
decreto de los senadores:
Ricardo Gerardo Higuera, del Partido de la
Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de
la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto
sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Secretaría de Gobernación,
con la que remite el informe de la Secretaría de Economía, correspondiente al tercer
trimestre del ejercicio fiscal de dos mil uno, de los indicadores de evaluación y de
gestión establecidos en las reglas de operación de los fondos y programas a cargo de esa
Secretaría. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Presentan iniciativas con proyecto de
decreto, los diputados:
José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido
Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos treinta y cuatro-A, treinta y
cuatro-B y treinta y cuatro-C, a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para efectos de su dictamen y a la
Comisión de Salud, para que emita su opinión, esta última a solicitud del diputado
Carlos Alberto Valenzuela Cabrales.
A las once horas con veintinueve minutos,
la Secretaría informa del registro de cuatrocientos diecisiete diputados y ordena el
cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
José Antonio Arévalo González, del
Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona el artículo ciento treinta y
cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Dos dictámenes de la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se conceden
permisos a los ciudadanos:
Manuel Rodríguez Arriaga, Carlos Pascual
Monsiváis y Enrique René Michel Santibáñez, para aceptar y usar las condecoraciones
que les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica, de la República de Chile y de la
República de Corea, respectivamente.
Ivette María Carballo Fariñas, para
prestar servicios en la Embajada del Reino Unido en México.
Son de primera lectura.
La Asamblea dispensa la lectura, en
votación económica, al dictamen de las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y
de Desarrollo Rural, con proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Es de segunda
lectura.
Fundamentan el dictamen los diputados:
Jaime Rodríguez López, del Partido Revolucionario Institucional, por la Comisión de
Agricultura y Ganadería, y quien propone a nombre de las comisiones dictaminadoras, la
adición de un artículo quinto transitorio, recorriéndose la numeración de los
restantes transitorios, y Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución
Democrática, por la Comisión de Desarrollo Rural.
Fijan la posición de sus respectivos
grupos parlamentarios, los diputados: Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo;
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
José Rodolfo Escudero Barrera, del
Partido Verde Ecologista de México; Alfonso Oliverio Elías Cardona, del Partido de la
Revolución Democrática; Francisco Javier Chico Goerne Cobián, del Partido Acción
Nacional y Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
A discusión en lo general, hablan en
pro del dictamen los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la
Democracia Partido Político Nacional y Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la
Sociedad Nacionalista.
Suficientemente discutido en lo general, la
Presidencia informa que se reservan para su discusión en lo particular los artículos
sesenta y seis, segundo transitorio y la adición del quinto transitorio del proyecto de
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Se aprueba en lo general y en lo particular
los artículos no reservados, por cuatrocientos doce votos en pro y ninguno en contra.
A solicitud de las comisiones
dictaminadoras, a las trece horas con veintiún minutos, la Presidenta decreta un receso.
A las trece horas con cuarenta y siete
minutos, se reanuda la sesión.
A nombre de las comisiones, para referirse
al artículo sesenta y seis reservado, habla el diputado Jesús Dueñas Llerenas, del
Partido Acción Nacional y propone modificaciones.
Se concede la palabra al diputado Julián
Luzanilla Contreras, del Partido Revolucionario Institucional, para precisar las
modificaciones propuestas por las comisiones al artículo sesenta y seis.
Para precisar modificaciones en lo
particular al artículo segundo transitorio y la adición del quinto transitorio en una
sola intervención, sube a la tribuna el diputado Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, del
Partido Revolucionario Institucional, a nombre de las comisiones dictaminadoras.
Desde su curul, el diputado Amador
Rodríguez Lozano solicita moción de procedimiento que la Presidencia hace suya.
La Asamblea, en sendas votaciones
económicas, admite a discusión las modificaciones a los artículos sesenta y seis y
segundo transitorio y la adición del quinto transitorio, propuestas por las comisiones.
Sin nadie que haga uso de la palabra para
referirse a las modificaciones y a la adición propuestas por las comisiones para los
artículos reservados, la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura al
artículo sesenta y seis con las modificaciones propuestas y recoge la votación nominal
respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos setenta y seis votos en pro y
nueve en contra.
Se da lectura al artículo segundo
transitorio con las modificaciones propuestas y la Asamblea lo aprueba por trescientos
sesenta y seis votos en pro y ninguno en contra.
La Presidencia instruye a la Secretaría a
dar lectura al artículo quinto transitorio propuesto por las comisiones y, desde sus
curules, los diputados José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón y Tomás Torres
Mercado hacen observaciones sobre su contenido. La Presidenta hace las aclaraciones
respectivas y solicita a las comisiones precisar con los diputados el criterio en el que
basan su propuesta.
La Asamblea aprueba el artículo quinto
transitorio por doscientos setenta y dos votos en pro y noventa y uno en contra.
La Presidenta declara aprobado en lo
general y en lo particular el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al
Senado para los efectos constitucionales.
En votación económica, la Asamblea
dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que
adiciona la fracción novena al artículo trescientos ocho de la Ley General de Salud. Es
de segunda lectura.
A nombre de la comisión, fundamenta el
dictamen la diputada María Eugenia Galván Antillón, del Partido Acción Nacional y
propone modificaciones al proyecto de decreto.
La Secretaría da lectura a las
modificaciones propuestas por la comisión dictaminadora.
Desde su curul, el diputado Bernardo de la
Garza Herrera solicita se dé lectura nuevamente a las modificaciones propuestas y la
Presidencia instruye a la Secretaría a dar lectura al texto del decreto con las
modificaciones sugeridas.
En votación económica, la Asamblea admite
a discusión las modificaciones propuestas y de la misma manera las considera de urgente y
obvia resolución.
Fijan la posición de sus respectivos
grupos parlamentarios, los diputados: Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista
de México;
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Víctor Antonio García Dávila, del
Partido del Trabajo; Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución
Democrática; Manuel Wistano Orozco Garza, del Partido Acción Nacional, y Policarpo
Infante Fierro, del Partido Revolucionario Institucional.
1856,1857,1858
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
A discusión en lo general y en lo
particular, la Presidenta concede el uso de la palabra, para hablar en pro, al diputado
Amador Rodríguez Lozano.
Desde su curul, la diputada María Eugenia
Galván Antillón hace aclaraciones al diputado Rodríguez Lozano.
Se concede la palabra, para rectificar
hechos, al diputado Amador Rodríguez Lozano.
En votación económica, la Asamblea
considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
La Secretaría, por instrucciones de la
Presidenta, da lectura al proyecto de decreto con las modificaciones propuestas y la
Asamblea lo aprueba en lo general y
En lo particular por trescientos setenta y
cuatro votos en pro y tres en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
La Presidenta informa de la recepción de
una solicitud de los grupos parlamentarios para prorrogar la duración de la presente
sesión y acuerda prolongarla hasta las diecisiete horas.
Presentan excitativas los diputados:
José Antonio Calderón Cardoso, del
Partido Alianza Social, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en
relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos veintiséis
y setenta y dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presentada el veintiuno de septiembre de dos mil. La Presidenta formula la excitativa
correspondiente.
Luis Alberto Villarreal García, del
Partido Acción Nacional, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Turismo,
en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción
vigesimoctava del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentada el día veintiocho de noviembre de dos mil. La Presidenta
hace la excitativa y solicita a esas comisiones presentar el dictamen respectivo a más
tardar el día quince de noviembre de dos mil uno.
Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación con la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo ochenta-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
presentada en la sesión del día trece de septiembre de dos mil uno. La Presidencia obra
en consecuencia; instruye a la Comisión a presentar el dictamen correspondiente a más
tardar el día ocho de noviembre de dos mil uno y turna la intervención del diputado a la
Comisión de referencia.
Ramón Paniagua Jiménez, del Partido
Acción Nacional, a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad
Social y de Puntos Constitucionales, en relación con varias iniciativas con proyectos de
decreto que reforman la Ley Federal del Trabajo; y la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado; el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, presentadas en las sesiones del
trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis; catorce de octubre y diez de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho y trece de abril de mil novecientos noventa y
seis, respectivamente, en materia de equidad y género en el ámbito laboral. La
Presidenta formula la excitativa correspondiente.
La Presidencia concede la palabra al
diputado Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el uso de los colores nacionales. Se
turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
La Presidenta informa sobre el
procedimiento que se seguirá para desahogar las siguientes proposiciones con punto de
acuerdo, relativas al asesinato de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y
Plácido y para presentarlas concede la palabra a los diputados:
Hortensia Aragón Castillo, del Partido de
la Revolución Democrática, quien solicita trámite de urgente y obvia resolución.
Desde su curul, el diputado Carlos Alberto
Valenzuela Cabrales solicita verificar el quorum. La Presidenta hace aclaraciones
al respecto y le solicita retirar su solicitud y el diputado Valenzuela Cabrales así lo
hace.
También desde su curul, el diputado Martí
Batres Guadarrama solicita se desahogue el trámite de urgente y obvia resolución
solicitado por la diputada Hortensia Aragón Castillo y la Presidenta explica el
procedimiento acordado al inicio de este tema.
El diputado Batres Guadarrama insiste en su
solicitud. La Presidenta reitera su explicación y solicita a la diputada Aragón Castillo
permita desahogar el trámite anunciado con oportunidad, quien no tiene inconveniente para
ello.
Víctor Antonio García Dávila, del
Partido del Trabajo.
Víctor Hugo Sondón Saavedra, del Partido
Acción Nacional.
Melitón Morales Sánchez, del Partido
Revolucionario Institucional, quien solicita trámite de urgente y obvia resolución.
Desde su curul, la diputada Hortensia
Aragón Castillo solicita guardar un minuto de silencio en memoria de la licenciada Digna
Ochoa y Plácido al término de la presentación de las proposiciones con punto de acuerdo
y antes de darles el trámite respectivo. La Presidenta informa que en su momento
atenderá la solicitud.
Para referirse al mismo tema se concede la
palabra a los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia
Partido Político Nacional y Angel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la
Revolución Democrática.
La Asamblea, a solicitud de la Presidenta,
guarda un minuto de silencio en honor de la distinguida abogada Digna Ochoa y Plácido.
La Presidencia concede la palabra a la
diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición conjunta con punto de acuerdo sobre el asesinato de Digna Ochoa
y Plácido, y solicita trámite de urgente y obvia resolución.
Para rectificar hechos, sube a la tribuna
el diputado Gustavo César Jesús Buenrostro Díaz, del Partido Acción Nacional, y
anuncia que su grupo parlamentario se suma a esta proposición.
En votación económica, la Asamblea
considera el asunto de urgente y obvia resolución.
Suficientemente discutido, en votación
económica la Asamblea aprueba por unanimidad el punto de acuerdo. Comuníquese.
Agotado el tiempo acordado para la presente
sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la
Presidenta clausura la de hoy a las diecisiete horas con dieciocho minutos, citando para
la que tendrá lugar el próximo jueves veinticinco de octubre de dos mil uno, a las diez
horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a dar lectura a las
invitaciones recibidas.
PEDRO
MORENO GONZALEZ
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXIV (184) aniversario
luctuoso del general Pedro Moreno González, benemérito de la patria y héroe de la
Independencia, que se llevará a cabo en la Columna a la Independencia, ubicada en paseo
de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc, el sábado 27 de octubre, a las
10:30 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy
atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante
de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva
prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
El director general, Enrique Semo.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta
Cámara, se designa a los siguientes diputados: Carlos Aceves y del Olmo y Carlos Flores
Gutiérrez.
ESTADO DE
TAMAULIPAS
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo.— Tamaulipas.— LVII
Legislatura.
Diputada Beatriz E. Paredes Rangel,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas tiene el honor de invitar a usted a la sesión solemne en la que el
gobernador constitucional del Estado, Tomás Yárrington Ruvalcaba, rendirá su tercer
informe de gobierno, en el Centro Cívico Gubernamental, declarado recinto oficial, el
día 28 de octubre del presente, a las 11:00 horas.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, octubre del
2001.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta
Cámara, se designa a los siguientes diputados: Simón Iván Villar Martínez y José Luis
Hernández Garza.
ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo.— Poder Legislativo de Baja
California.—XVII Legislatura.
Ciudadana Beatriz E. Paredes Rangel,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— México, D.F.
El honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Baja California, invita a usted a la sesión solemne en la que Eugenio Elorduy
Walther protestará como gobernador del Estado de Baja California y que tendrá lugar en
el Auditorio del Estado, declarado recinto oficial, el día 1o. de noviembre de 2001, en
Mexicali, BC.»
La Presidenta:
Para asistir en representación de esta
Cámara, se designa a los siguientes diputados: Gina Andrea Cruz Blackledge, Cuauhtémoc
Cardona Benavides, Bernardo de la Garza Herrera y Arturo Escobar y Vega.
ESTADO DE SONORA
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora Hermosillo.—
Secretaría.
Honorable Congreso de la Unión.—
Presente.
La LVI Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Sonora, inauguró hoy, previas las formalidades de estilo, su
primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de su ejercicio
legal, quedando integrada la mesa directiva que funcionará durante el presente mes, en la
forma siguiente:
Diputados: Antonio Leyva Duarte,
presidente; Mario Guevara Rodríguez, vicepresidente; Jesús Rosario Rodríguez Quiñónez
y Eliodoro Pacheco Vázquez, secretarios; Marco Arturo Moreno Ward, suplente.
Lo que nos permitimos comunicar a ustedes
para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2001: Año de la Promoción
Económica de Sonora."
Hermosillo, Sonora, 17 de septiembre de
2001.— Diputados Jesús Rosario Rodríguez Quiñónez y Heliodoro Pacheco
Vásquez, secretarios.»
La Presidenta:
De enterado.
1859,1860,1861
LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión.
La LVI Legislatura al honorable Congreso
del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 25 de septiembre próximo pasado, aprobó el
acuerdo económico número 252/01, mediante el cual se acordó elevar a esa alta
representación popular, formal iniciativa de decreto que reforma los artículos 77
fracciones VI y IX y 80 y deroga el artículo 80-A, todos de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, iniciativa que acompaño al presente, para los efectos procedimentales
subsecuentes.
Por instrucciones de la directiva de esta
honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de
notificación personal y para los efectos procedentes, solicitándoles a la vez que las
acciones que se sirvan tomar, si a bien lo tienen, las hagan del conocimiento de esta
representación popular jalisciense.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre de
2001.— Leonardo García Camarena, oficial mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
Ciudadanos diputados secretarios del
honorable Congreso del Estado.— Presentes.
El suscrito diputado Agapito Isaac López y
los diputados integrantes de la LVI Legislatura de honorable Congreso del Estado de
Jalisco, en uso de la atribución que nos concede la fracción I del artículo 28 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 85 y 90 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y con apoyo legal en lo preceptuado
por el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa
de acuerdo legislativo, que propone a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, la iniciativa de decreto que reforma los artículos 77 fracciones VI y IX y 80 y
que deroga el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, justificando tal
medida en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Que es indiscutible el impacto que
resintieron los actores del sector productivo del país, con motivo de la tesis de
resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiriéndose a la
interpretación que se realiza por el máximo órgano jurisdiccional de México, en la
aplicación del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor.
Que con lo anterior, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al modificar por resolución de contradicción de tesis, el
criterio existente en aplicación, respecto al gravamen impositivo correspondiente a las
prestaciones con carácter de previsión social, a la luz de lo preceptuado por el Título
Cuarto en su Capítulo I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se instaura tanto para
los trabajadores, como para sus patrones, una nueva fórmula de integración de los
conceptos gravables, respecto de la carga impositiva a que se les obliga en la norma
fiscal, misma que incluso por su naturaleza se le pretende dar alcances de carácter
retroactivo.
Que con las actuales circunstancias de
hechos, se han suscitado innumerables voces y opiniones de los más diversos
representantes de los sectores productivos en toda la geografía del país, razón por la
cual es fácil arribar al grado de convicción de que esta honorable legislatura estatal,
ejerza a plenitud su representación popular, avalando el sentir de la comunidad nacional
y en uso de la atribución constitucional que le otorga la fracción III del artículo 71
de nuestra Carta Magna, instaure formal iniciativa de decreto ante la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, con objeto de que se reforme el contenido de los artículos 77
fracciones VI y IX y 80 y que se derogue el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, a fin de que se establezca con precisión en el tipo legal, las prestaciones de
previsión social que no serán objeto de pago de dicho impuesto, evitando con esta
reforma los criterios de interpretación de la norma fiscal, en lo que se refiere a dichas
prestaciones, errádicando con esto las consecuentes variantes que se presentan en las
resoluciones de contradicción de tesis pronunciadas por el máximo órgano jurisdiccional
del país.
Que asimismo, por las grandes repercusiones
económicas que le resultan al sector productivo nacional, con motivo de la aplicación
del criterio más reciente sobre el gravamen fiscal de las prestaciones de previsión
social, es indudable la importancia de que esta soberanía legislativa estatal, conozca y
determine la procedencia de la solicitud de acuerdo legislativo, respecto a la presente
iniciativa de decreto, a fin de que en su carácter de legislatura del Estado de Jalisco,
eleve ante el Congreso General de la Nación, por conducto de la Cámara de Diputados, la
iniciativa de decreto que se propone.
En mérito de lo anteriormente expuesto y
con fundamento en los dispositivos 85 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco, se propone a la consideración de esta Asamblea, la siguiente
iniciativa de acuerdo legislativo, para que de ser aprobado se eleve formalmente al
honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma los artículos 77 fracciones VI
y IX y 80 y que deroga el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo único. Se reforman los
artículos 77, fracciones VI y IX, y 80 y se deroga el artículo 80-A de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
Artículo 77. No se pagará el
Impuesto sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos:
De la I a la V...
VI. Los percibidos por concepto de
prestaciones de previsión social que se concedan de manera general, de acuerdo con las
leyes o por contratos de trabajo, debiéndose contar entre ellas:
a) Las prestaciones de seguridad social;
b) Las aportaciones a su cuenta individual
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
c) Aportaciones al Sistema de Ahorro para
el Retiro;
d) Subsidio por incapacidad;
e) Becas educacionales para los
trabajadores o sus hijos;
f) Guarderías infantiles;
g) Apoyo para la compra de útiles
escolares;
h) Servicios de comedor y comida;
i) Transporte;
j) Actividades culturales y deportivas y
k) Todas aquellas que tengan por objeto
elevar el nivel económico de los trabajadores y de sus familiares o dependientes.
De la VII a la VIII...
IX. Las cuotas obrero patronales de
seguridad social.
De la X a la XXXII...
Artículo 80. Quienes hagan pagos
por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones
y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto
anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un
salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.
La retención se calculará aplicando a la
totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente:
INSERTAR TABLA 37
Las personas que hagan pagos que sean
ingresos para el contribuyente de los mencionados en el primer párrafo o la fracción I
del artículo 78 de esta ley, salvo en el caso del sexto párrafo siguiente a la tarifa de
este artículo, calcularán el impuesto en los términos de este artículo aplicando el
crédito al salario contenido en el artículo 80-B de esta ley.
Quienes hagan pagos por concepto de
gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y primas
vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con las reglas
que al efecto dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en dichas reglas se
preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el
año de calendario.
Tratándose de honorarios a miembros de
consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como de
los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, la retención y entero
a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior al 30% sobre su monto, salvo que
exista, además, relación de trabajo con el retenedor en cuyo caso se procederá en los
términos del párrafo segundo de este artículo.
Las personas que hagan pagos por los
conceptos a que se refiere el artículo 79, efectuarán la retención aplicando al ingreso
total por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente
al último sueldo mensual ordinario, entre dicho sueldo, el cociente se multiplicará por
100 y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos sean
inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicándoles
la tarifa de este artículo.
Las personas físicas, así como las
personas morales a que se refiere el Título III de esta ley, enterarán las retenciones a
que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año
de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.
Los contribuyentes que presten servicios
subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención, de conformidad con el
párrafo final del artículo 83 de esta ley y los que obtengan ingresos provenientes del
extranjero por estos conceptos, calcularán su pago provisional en los términos de este
precepto y lo enterarán a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de
calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.
Quienes concedan los préstamos a que se
refiere el artículo 78-A de esta ley, deberán efectuar las retenciones de impuesto que
correspondan por los ingresos que derivan de dichos préstamos, sobre los pagos en
efectivo que por salarios hagan a la persona de que se trate.
Artículo 80-A. Se deroga.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
En mérito de lo expuesto y fundado
proponemos a esta Asamblea legislativa estatal, la aprobación del siguiente
ACUERDO
Primero. Se aprueba el acuerdo
económico a que alude el cuerpo del presente escrito.
Segundo. Envíese la presente
iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para
el desahogo del procedimiento legislativo correspondiente.
Salón de sesiones del Congreso del
Estado.— Guadalajara, Jalisco, a 25 de septiembre del año 2001.— Diputados: Agapito
Isaac López, Lázaro Arias Martínez, José Antonio Cabello Gil, José Manuel Carrillo
Rubio, Juan V. Contreras Magallón D, Ricardo Pedro Chávez Pérez, Ernesto Díaz
Márquez, Javier A. Galván Guerrero, José de Jesús García García , Jesús Gaytán
González, Ramón González González, Martín González Jiménez, José Guadalupe
González Rubio, Gustavo González Villaseñor, Francisco Javier Guizar Macías, Fernando
A. Guzmán Pérez Peláez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, José Luis Leal Sanabria, José
Guadalupe Madera Godoy, Ena Luisa Martínez Velasco, Miguel E. Medina Hernández, Ma.
Carmen Mendoza Flores, Miguel Angel Monraz Ibarra, Gonzalo Moreno Arevalo, J. Trinidad
Muñoz Pérez, Octavio Francisco Navarro Prieto, Claudio Palacios Rivera, Felipe de Jesús
Pulido García, Ricardo Rodríguez Oropeza, Hugo Rodríguez Díaz, Tarcisio Rodríguez
Martínez, José Manuel Ramírez Jiménez, Fernando Ruiz Castellanos, Juan José Sánchez
Antillón, Salvador Sánchez Guerrero, Rafael Sánchez Pérez, Leobardo Treviño
Marroquín, Sofía Valencia Abundis, Salvador Caro Cabrera y Juan Manuel Gutiérrez
Santos.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
1862,1863,1864
COMISIONES
LEGISLATIVAS
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a
usted:
Que el diputado Herbert Taylor Arthur
sustituya al diputado Emilio Rafael Goicoechea Luna, como integrante en la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 23 de
octubre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa,
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial
saludo y para remitirle la siguiente sustitución:
Que el diputado Herbert Taylor Arthur queda
en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública como integrante en sustitución del
diputado Emilio Rafael Goicoechea Luna.
Lo anterior para que se notifique a la
comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero
las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo a 23 de octubre de
2001.— El diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 3o., numeral
1 inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de
relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito
solicitar a usted:
Que el diputado Ricardo Francisco García
Cervantes, sustituya al diputado Edgar Eduardo Alvarado García, como integrante en la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Que el diputado Luis Villegas Montes, se
incorpore en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México D.F., a 23 de
octubre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa.
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial
saludo y para remitirle las siguientes sustituciones:
Que el diputado Ricardo Francisco García
Cervantes sustituye al diputado Edgar Eduardo Alvarado García; en la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Que el diputado Luis Villegas Montes
sustituye al diputado Jaime Salazar Silva, en la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
Lo anterior para que se notifique a la
comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero
las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 23 de octubre de
2001.— Diputado federal Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de
relaciones internas del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
La Presidenta:
De enterado.
El siguiente punto del orden del día se
refiere a iniciativas de los diputados.
Tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar
Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar
una iniciativa de reformas a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los artículos 15 y 16 de la Ley
General de Salud...
A ver, sí, diputada. Activen el sonido en
la curul de la diputada Aragón.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde
su curul):
Señora Presidenta, el Partido de la
Revolución Democrática solicita le permitan leer un comunicado en relación a la amenaza
de muerte que dos diputados federales recibieron por escrito implicándose en un
desplegado que hicieron público.
La Presidenta:
Señor diputado, si nos permite.
El diputado David Augusto Sotelo Rosas (desde
su curul):
Con mucho gusto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Si nos hace favor de pasarnos el escrito.
Entre tanto le podemos dar la palabra al
diputado… Le daremos el trámite a un oficio de la Junta de Coordinación Política
que estaba agendado.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En referencia a los dos escritos…
Perdón, antes vamos a hacer un trámite y ahorita le vamos a dar la palabra.
En relación a los dos escritos que envía
la Coordinación Política, hay un trámite por los cambios de las comisiones, del
diputado Luis Alberto Villarreal García para que quede como secretario de la Comisión de
Turismo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a
usted:
• Que el diputado Luis Alberto
Villarreal García, quede como secretario en la Comisión de Turismo.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 23 de
octubre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa,
Presidente de la Junta de Coordinación Política.— De la Cámara de Diputados.—
Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial
saludo y para remitirle los siguientes nombramientos:
Que el diputado Luis Alberto Villarreal
García se integra a la Comisión de Turismo como secretario en sustitución del diputado
Juan Ignacio García Zalvidea.
Lo anterior para que se notifique a la
comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero
las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 18 de octubre de
2001.— El diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
En votación económica, se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobada.
CONSEJO
DE SALUBRIDAD GENERAL
La Presidenta:
Entre tanto se procesa la petición del
Partido de la Revolución Democrática, le pedimos al señor diputado Samuel Aguilar
Solís, haga uso de la palabra para presentar la iniciativa que está agendada.
El diputado Samuel Aguilar Solís:
Gracias, diputada Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
Samuel Aguilar Solís, en mi carácter de
diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en el
articulo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
así como por los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del honorable
Congreso de la Unión, la presente iniciativa que reforma la fracción XVI del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
15 y 16 de la Ley General de Salud bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Antecedentes del Consejo
de Salubridad General.
El Consejo de Salubridad General surge
en 1887, durante el Gobierno de Profirió Díaz, bajo el título de Consejo Superior de
Salubridad y se constituye como el primer cuerpo consultivo de la República.
Es de destacarse que desde su surgimiento
se le otorga el rango de responsabilidad federal, al depender de la Secretaría de
Gobernación; de acuerdo a su reglamento, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de julio de 1879.
Del Consejo Superior de Salubridad,
presidido por el doctor Eduardo Liceaga surgió el proyecto del primer código sanitario,
aprobado el 15 de julio de 1891, para tener así la primera legislación nacional en
materia de salubridad e higiene en México, que coadyuvó a hacer frente a los problemas
sanitarios de nuestro país en dicho momento histórico de manera sobresaliente.
Posteriormente se contempla dentro de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de
1917, la incorporación del Consejo de Salubridad General, otorgándole facultades
específicas.
Cabe mencionar que aunado a lo anterior, se
crea el departamento de salubridad, con lo cual se bifurcaron las atribuciones: el consejo
asumió funciones normativas y el departamento se hizo cargo de las actividades
ejecutivas, sobresaliendo de manera preponderante la jerarquía del Consejo Superior de
Salubridad por encima del departamento de salubridad.
1865,1866,1867
En diciembre de 1937 se fundó la
Secretaría de la Asistencia Pública; seis años después se decreto la fusión de la
Secretaría de la Asistencia Pública con el departamento de salubridad, para que surgiera
a la vida jurídica del país la nueva Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Tiempo más tarde, el consejo adquiere el
nombre que en la actualidad lleva: Consejo de Salubridad General, al igual que la
Secretaría de Salud adquiere su denominación actual.
Cabe mencionar que posteriormente se crean
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios y Sociales
del los Trabajadores del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, los
Servicios Médicos de la Defensa Nacional y los Servicios Médicos del Gobierno del
Distrito Federal, que se constituyen como parte del Sistema Nacional de Salud en la
actualidad.
Es de destacarse que con la creación de
estos organismos, principalmente de aquellos relacionados con la atención a la salud, se
ha cuestionado la función del consejo, así como su propia prevalencia.
Sin embargo, y como medida fundamental, se
agrupan dichos organismos a través de su representación como vocales en el Consejo de
Salubridad General, además de instituciones educativas como la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, además de varias universidades
de los estados y un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, aunado a la importante representación de las academias de Medicina y la de
Cirugía, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Las funciones que el consejo ha adquirido y
su propia conformación, ha tenido un impacto sumamente importante para el desarrollo del
sector salud en México, originando que las decisiones tomadas en el consejo, como órgano
consultor y de análisis, así como de prácticamente todas sus funciones, al tener
reunidos en un solo organismo los diferentes segmentos del sector salud apoyados con las
reflexiones del. sector educativo y otros grupos de alto nivel, tengan una fuerza
significativa.
Perspectivas del Consejo de Salubridad
General
Si bien se considera como indiscutible
e incuestionable la necesidad de que México cuente con un Consejo de Salubridad General,
que por su envergadura se fundamenta en la propia Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la actualidad el Consejo de Salubridad General se constituye como un
organismo de la Presidencia de la República, lo cual le impide realizar de manera más
ágil y eficaz su encomienda.
Operativamente se incorpora a la
Secretaría de Salud, pero al depender directamente de la Presidencia de la República,
sin intervención de la Secretaría de Salud, origina para la propia Presidencia y para la
Secretaría de Salud, duplicación de funciones y una carga de trabajo para el Presidente
de la República mayor, para cumplir eficazmente con las tareas encomendadas entre las
cuales sin duda se encuentra la de ejecutar las leyes entre las que se encuentra la Ley
General de Salud.
Si bien el consejo está integrado por un
presidente, que es el Secretario de Salud, un secretario y 13 vocales titulares nombrados
directamente por el Presidente de la República, que representan a: la Universidad
Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
la dirección general de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la
Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, el Instituto Nacional de
Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las universidades de
Colima y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no se encuentra fundamento para
que dependa directamente de la Presidencia de la República, sino de la Secretaría de
Salud.
Las atribuciones, funciones y competencia
del consejo se han modificado en varias ocasiones, obedeciendo al desarrollo histórico
del país, así como a los cambios cualitativos de nuestro sistema
político-administrativo y de las necesidades de la sociedad, la cual ha sufrido profundos
cambios epidemiológicos y demográficos que afectan directamente al sistema nacional de
salud y que incluso se presentan como importantes retos que se habrán de enfrentar en
este nuevo milenio.
Es de destacarse que el consejo tiene
facultades legales para emitir opiniones y formular sugerencias al Poder Ejecutivo Federal
a fin de mejorar el Sistema Nacional de Salud; opinar sobre los programas de
investigación y formación de recursos humanos en el campo de la salud; estudiar, la
legislación de salud y proponer reformas o adiciones a la normatividad respectiva, por lo
que la propuesta de reforma se fundamenta en que para hacer del Consejo de Salubridad
General el órgano que puede conducir a México por el camino que lo lleve a resolver con
éxito los retos que se plantean en el rubro de la salud en este nuevo milenio, es
necesario que dependa dicho organismo de la Secretaría de Salud.
El marco de participación del consejo como
organismo inductor, concertador y coordinador de varias tareas entre las que destaca la
edición de los listados de establecimientos destinados al procesamiento de medicamentos,
así como la actualización del catálogo de medicamentos genéricos intercambiables, se
fortalece la necesidad de que dichas encomiendas no recaigan en la Presidencia de la
República, sino en la propia Secretaría del ramo.
El Consejo de Salubridad General
dependiendo de la Secretaría de Salud con la fuerza que lo constituye por la
representación que conforma su estructura, podrá agilizar sus tareas y permitir su
funcionamiento enfocándose a cumplir más eficientemente los retos que se vislumbran.
Su contribución en la coordinación del
Programa Nacional de Certificación de Hospitales, permitirá no sólo fortalecerse, sino
coadyuvar a las tareas propias de la Secretaría de Salud mediante su incorporación,
asimismo permitirá reforzar su carácter de autoridad sanitaria.
Su labor dependiendo de la Secretaría de
Salud permitirá incluso reforzar las atribuciones del comité normativo de medicina
general como una instancia oficial, que tiene como función establecer los procedimientos
de registro, certificación y recertificación de médicos generales que permitan
garantizar la calidad de una práctica profesional óptima y competitiva a través de la
mayor accesibilidad a programas de educación médica continúa y con valor curricular,
haciendo posible alcanzar los objetivos planteados por el Secretario de Salud en la
llamada cruzada por la calidad de sus servicios médicos, que precisamente empieza por la
calidad en la preparación de los servidores de salud.
Por otro lado, al depender de la
Secretaría de Salud, activaría su participación no sólo en el Comité Consultivo
Nacional de Normas Mexicanas para modificar, agregar, suprimir artículos de las normas
oficiales mexicanas, sino en la propia Secretaría de Salud para emitir normas consensadas
desde su seno de creación, creando normas siempre tendientes a la prevención de
enfermedades, fomento a la salud pública y mejora en el ejercicio de los profesionales de
la salud.
Es de destacarse que mediante las
modificaciones que se proponen no se constituirá el consejo de salubridad como un órgano
de asesoría a la Secretaría de Salud, sino que se preservará su carácter de autoridad
sanitaria en nuestro país y permitirá que las políticas relacionadas con la salud,
tengan mayor consenso con su participación directa en la Secretaría.
La conformación del consejo se ha
reconocido como una ventaja potencial del propio Consejo de Salubridad General, su
constitución y estructura que data desde 1974, ya que dos de los principales actores
tienen la responsabilidad en asuntos de salud pública y asistencia médica hacia los
distintos grupos sociales del país, auxiliados por representantes de organismos médicos
de tanto prestigio como la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Conacyt, universidades de los
estados y especialistas en materia ambiental y es un aspecto que deberá preservarse.
Así, con fundamento en lo anteriormente
expuesto, me permito presentar la presente iniciativa de reforma a la fracción XVI del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
reforma a los artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud para quedar como sigue
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma la fracción XVI del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 15 y 16
de la Ley General de Salud.
Artículo primero: se reforma la
fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 73.
XVI...
Primera. El Consejo de Salubridad General
dependerá de la Secretaría de Salud y sus disposiciones generales serán obligatorias en
el país.
Segunda. En caso de epidemias de carácter
grave o peligro de invasión de enfermedades inesperadas en el país, la Secretaría de
Salud, conjuntamente con el Consejo de Salubridad General, tendrán la obligación de
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después
sancionadas por el Presidente de la República.
Tercera. La autoridad sanitaria, a través
del Consejo de Salubridad General, tendrá funciones ejecutivas y sus disposiciones serán
obedecidas por las autoridades administrativas del país.
Cuarta. Las medidas que el consejo de
salubridad, en coordinación con la Secretaría de Salud, ponga en vigor en la campaña
contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la
especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación
ambiental y las referentes a epidemias de carácter grave o peligro de invasión de
enfermedades inesperadas, serán después revisadas por el Congreso de la Unión, en los
casos que le competan."
Artículo segundo. Se reforman los
artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
"Artículo 15. El Consejo de
Salubridad General es un órgano que depende directamente de la Secretaría de Salud en
los términos del artículo 73 fracción XVI, base primera de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por un presidente que será el secretario
de Salud, un secretario y 13 vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes
de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía y los vocales que
su propio reglamento determine, entre los que deberán de incorporarse a los titulares del
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores al Servicio del Estado. Los miembros del consejo serán designados y
removidos por el propio Secretario de Salud, quien deberá nombrar para tales cargos, a
profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias.
Artículo 16. La organización y
funcionamiento del Consejo de Salubridad General se regirá por su reglamento interior,
que formulará el propio consejo."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de octubre de 2001.
— Firma el diputado, Samuel Aguilar Solís.»
Señora Presidenta, le pido atentamente que
la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la
Comisión de Salud.
Muchísimas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
La iniciativa será turnada, como usted
lo pide, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Salud.
Activen el sonido en la curul del diputado
Sotelo Rosas, por favor.
El diputado David Augusto Sotelo Rosas (desde
su curul):
Señora Presidenta, hace unos momentos la
diputada Hortensia Aragón pidió la oportunidad de leer un desplegado, en donde se
profieren amenazas graves en contra de dos diputados integrantes de esta Cámara; se nos
manifiesta que hiciéramos un oficio al respecto, este oficio está manuscrito y quisiera
darle lectura muy rápidamente —es muy breve—, para que esté enterada la mesa
directiva y los miembros de esta Cámara porque tanto usted como todos nosotros estaremos
de acuerdo en tratar este asunto de los compañeros en este momento y no después, en
algún tipo de efemérides, debido al tipo de amenaza grave que se profiere en un
desplegado, en un periódico del Estado de Veracruz.
La Presidenta:
Señor diputado, esta sesión tiene que
regirse por las normas que establece la Ley Orgánica y lo señala muy claro en sus
artículos 20 y 22; sin embargo, el tema que ustedes tratan es sumamente importante,
porque se trata de la seguridad de los señores diputados.
1868,1869,1870
Para poder dar satisfacción a ambas
situaciones, yo le rogaría haga llegar a esta Presidencia el documento que nos pueda
informar de la situación; la Presidencia asume la responsabilidad como es su deber, de
vigilar la seguridad de los señores diputados, conociéndola procederemos a tomar las
medidas necesarias para que quede garantizada de la mejor manera la seguridad de todos los
legisladores.
Yo le suplico se sirva mandar a esta mesa
el documento para informarnos debidamente y no alterar el orden del día que ha sido
formulado con todo rigor, ateniéndonos a la normatividad y no fuimos avisados ni a leer
la orden del día ni en la preparación de ayer de que era necesario incluir ese punto.
Sin embargo, está esta Presidencia en la
mejor disposición de atenderlo y les rogamos hacerlo y les informaremos de los trámites
que daremos en seguida a su petición.
Gracias, señor diputado.
Activen el sonido en la curul del diputado.
El diputado David Augusto Sotelo Rosas
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta.
Estoy de acuerdo con usted y de esto ni
nosotros ni la mesa directiva fue avisada porque se ha traído hasta este momento y
también yo creo que estaremos de acuerdo usted y yo en que la agenda no puede estar por
encima ni un acuerdo parlamentario ni el Reglamento ni la Ley Orgánica, por encima de la
Constitución.
En el artículo 61 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo, se establece que una de
las obligaciones y facultades del Presidente de cada Cámara, es velar por la seguridad de
los integrantes de cada una de ellas.
Por eso, por tal motivo es que nosotros
elevamos nuestra más atenta y respetuosa solicitud a esta Cámara y a la mesa directiva,
para que sea leído y se enteren todos los diputados. Es por cuanto al mandamiento
constitucional solamente.
La Presidenta:
Sí, señor diputado. En cumplimiento de
ese mandamiento es que yo asumo la responsabilidad de cumplir con él y le ruego hacerme
llegar el documento para que quede debidamente informada y se procede de inmediato a tomar
las medidas.
El ordenamiento constitucional no dice que
debe ser leído para que se tomen las medidas, en cuanto esta Presidencia lo conozca
actuaremos de inmediato.
Le ruego nos permita continuar con el
desahogo del orden del día, espero el documento a la brevedad posible.
ARTICULO
17 CONSTITUCIONAL
La Presidenta:
Tiene la palabra el señor diputado Lucio
Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Lucio Fernández
González:
Gracias, señora Presidenta; ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los que suscribimos, diputados federales en
la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de
Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción II del
artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de decreto para
adicionar un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El principio de legalidad representa uno de
los principios básicos del derecho moderno, lo que constituye una fuente permanente e
inagotable para que el legislador encuentre inspiración para defender los derechos de
quienes son sometidos a la administración de justicia.
En nuestra legislación únicamente se
regula la sanción por actos de los particulares que interfieren en la verticalidad y
eficacia de la actividad judicial, protegiéndola de esa manera a favor de una sana
administración de justicia.
Desde el punto de vista de la
administración de justicia, es necesario establecer la necesidad que tiene el Estado
mexicano de contar con un orden jurídico de rango constitucional que asegure una
responsabilidad patrimonial directa y objetiva del Estado cuando al apartarse de la
obligación de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, cause daños y
perjuicios a un gobernado.
Estamos convencidos que para el desarrollo
de una comunidad política no pueden estar ausentes dos pilares fundamentales: la
democracia y el estado de derecho. En este sentido, desde el principio de la historia
constitucional moderna hasta nuestros días, se ha considerado invariablemente como
esencia de un Gobierno constitucional, que los individuos no sólo dispongan de los
tribunales ante cuya autoridad puedan recurrir contra las personas que hayan desconocido
sus derechos o traten de desconocerlos; sino también justicia contra el gobierno mismo y
las autoridades y una perfecta protección contra todas las violaciones de la ley.
Luego entonces se exige un sistema eficaz
de responsabilidad de los servidores públicos, ya que ello constituye el requisito
fundamental para el control del ejercicio del poder público; sin un sistema de esta
naturaleza o con el pero que sin que disponga de eficacia normativa, no habrá democracia
ni estado de derecho ni menos la autodeterminación de la población del Estado.
Más aún es indispensable el
establecimiento correcto para la responsabilidad pública, cuando sabemos que el fenómeno
de la irresponsabilidad es latente bien por la ignorancia, torpeza o descuido de los
servidores públicos, pero más lamentable cuando se genera con motivo de la corrupción.
Ahora bien, el fenómeno de la corrupción,
la negligencia, la inpreparación y en general la ineficiencia e ineficacia de la función
pública, afecta la credibilidad de los órganos de poder y se convierte en un peligro
para la democracia ya que destruye los valores sociales y nos encamina a una
descomposición generalizada y a una ausencia de normas éticas y jurídicas que nos
llevan a la impunidad. Cuando concurren en actos de tal naturaleza la autoridad y los
particulares se establece una dinámica destructiva de la convivencia comunitaria.
Bajo este contexto, es que ha surgido la
idea de la responsabilidad de los servidores públicos, la cual puede ser de carácter
penal, político, civil y administrativo. Por ello nuestra Constitución, ha establecido
un Título Cuarto como un marco jurídico integral especifico, relativo a las
responsabilidades de los servidores públicos, tendiente a sentar las bases para regular
la actuación de éstos y se generen normas para vigilar, limitar y en su caso sancionar
el actuar de los servidores públicos frente a los gobernados, a efecto de otorgarle
seguridad jurídica a todo gobernado y reducir negligencia, dolo y corrupción en la
función pública. En todo caso se prevé que el incumplimiento en los deberes que impone
el servicio público de nacimiento a diversas responsabilidades, bien administrativa,
penal o política, así como las responsabilidades civil y la indemnizatoria, derivadas de
la responsabilidad objetiva y de la fiscalización respectivamente.
En tal sentido, para que realmente se pueda
hablar de un estado de derecho es necesario la existencia de un orden jurídico
estructurado, al que se encuentren sometidas las actuaciones de gobernantes y gobernados,
el reconocimiento de los derechos humanos de los gobernados, la instauración de medios
jurídicos para su defensa y un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado.
Sin embargo habría que reconocer que
lamentablemente no se cuenta con un auténtico sistema de responsabilidad patrimonial de
Estado. Que nuestro sistema actual de responsabilidad del Estado se basa en los principios
civiles de la culpa y establece la responsabilidad subsidiaria del Estado como regla
general; la responsabilidad solidaria se establece únicamente para el caso de dolo en la
actuación del servidor público. No obstante, dicho esquema jurídico adolece de un
procedimiento eficaz para que el gobernado obtenga un resarcimiento por el daño causado,
cuando no tuvo ni tiene la obligación legal de soportarlo.
El marco vigente hace que existan enormes
costos de tiempo y dinero para exigir la responsabilidad subsidiaria del Estado y su
consecuente pago de la indemnización. Efectivamente, se ha establecido que para que
exista la responsabilidad del Estado, conforme a lo dispuesto en los códigos civiles
tanto federal como estatales, por actos de sus funcionarios, se requiere: que un
funcionario cause daño; que este daño se origine en el ejercicio de sus funciones que le
están encomendadas; el carácter subsidiario de esta responsabilidad sólo puede hacerse
efectiva, cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes o los que tenga
no sean suficientes para responder por el daño causado. Lo anterior implica la idea de un
doble juicio uno contra la persona del servidor publico y siempre y cuando se cumpla lo
señalado y sólo así se tendrá el derecho de demandar subsidiariamente al Estado.
Es así que la responsabilidad del Estado
como se dispone hoy día es un avance, en tanto permite el ejercicio directo de la acción
en contra del Estado, pero sujeto a innumerables requisitos y condiciones que se sujetan a
la demostración de la responsabilidad subjetiva del servidor público.
En tal sentido, los suscritos pretendemos
con la presente iniciativa instauran una responsabilidad en contra de las autoridades
judiciales por el error judicial en que puedan incurrir, pero no bajo el esquema actual de
responsabilidad subsidiaria y solidaria, en el que primero se tenga que demostrar la
responsabilidad personal del servidor público, sino el establecimiento de una
responsabilidad directa y objetiva del Estado en su función pública de impartir
justicia.
Estamos convencidos, que es el individuo el
que actúa fuera de los límites de la ley, pero dicho individuo actúa en representación
del Estado, en el ejercicio del poder público y no a título personal, sino que obedecen
a un vínculo jurídico con el Estado, por tanto, la responsabilidad debe recaer
directamente sobre este último. Así el Estado, tiene el deber de llevar a cabo una
cuidadosa elección y una permanente vigilancia de sus servidores públicos , so pena de
ser responsabilizado.
Es así, que la responsabilidad del Estado
en su función judicial, se basa en la falta o falla del servicio que debe trasladar el
origen de la responsabilidad del sujeto de realización de la función estatal, siendo
directa del Estado, no debe depender de la falta del agente, requiere de la falta del
servicio, es decir que cuando haya un hecho antijurídico, que cause agravio a los
administrados en la justicia, que se pueda dar porque el servicio ha funcionado mal,
porque no ha funcionado o que ha funcionado pero en forma inadecuada o insuficiente. En
todo caso, la actuación del servidor público no se abandona como causa generadora de la
indemnización, la falla en la actividad del sujeto autoridad estatal.
Lo anterior con base en la frase "que
el Estado haga pero que indemnice". A fin de que se vaya construyendo un régimen de
responsabilidades exigibles a las autoridades como persona moral en donde la
responsabilidad sea la regla y la irresponsabilidad la excepción. Pasar de la
responsabilidad subjetiva a la responsabilidad directa estatal en la que importa la
presencia de un daño y que el mismo pueda ser atribuido inmediatamente a la autoridad,
independientemente de la presencia de dolo o culpa en el individuo que lo genere. La
responsabilidad directa y objetiva en el caso de error judicial que se propone en la
presente iniciativa tiene su eje en el daño causado al gobernado y que como ya se dijo no
tiene ni tuvo el deber de soportar.
La propuesta es con la finalidad de
integrar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una garantía de
carácter patrimonial a favor de los particulares cuando como resultado de una resolución
concerniente a la administración de justicia se le cause un daño
El artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende tres clases de garantías para hacer
posible una impartición de justicia sana, todas ellas de seguridad jurídica que se
traduce en un derecho público, subjetivo individual propiamente dicho, sin embargo cuando
quienes aplican la administración de justicia cometen actos irregulares en esa alta
tarea, únicamente son sujetos de la aplicación de sanciones administrativas contenidas
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La aplicación de la responsabilidad
administrativa a los servidores públicos por sí sola no satisface la exigencia de la
sociedad que cada día está demandando una seguridad plena cuando de administración de
justicia se trata, lo que origina la necesidad e contar con un marco jurídico que
garantice al gobernado una sana decisión cuando sea sometido al veredicto judicial.
El día 22 de noviembre de 1969, se adoptó
por los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la ciudad
de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1871,1872,1873
El artículo 10 de la mencionada
convención, establece lo siguiente:
Artículo 10. Derecho a
indemnización.
"Toda persona tiene derecho a ser
indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error
judicial."
México a través del Senado de la
República, aprobó el 18 de diciembre de 1980, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, según decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981, promulgada por el Ejecutivo el 7 de
mayo de 1981, sin embargo, derivado de tales compromisos, no se han instrumentado las
acciones correspondientes en nuestra legislación vigente, para que el gobernado haga
valer oportunamente esta conquista a su favor.
Se dice en doctrina que el error judicial
es "el falso concepto que tiene el juez respecto de la verdad de los hechos que son
materia del proceso y, que se recalca que comprende no solamente los perjuicios producidos
en el inocente, sino en los errores o faltas que afectan al culpable y pueden incluir
tanto el error de hecho como el derecho".
También se dice que hay error judicial
cuando existe errónea apreciación de los hechos, cuando hay mal encuadramiento de las
circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico o por la utilización errónea de
las normas legales.
La presente iniciativa establece la
posibilidad para que cuando mediante resolución de la autoridad competente se ordena la
exoneración del responsable, tenga éste la posibilidad de reclamar la responsabilidad
estatal y su consecuente indemnización de manera directa a las autoridades estatales
judiciales responsables.
Dicha indemnización, dependerá no sólo
que se haya revocado o modificado la sentencia revisada, sino y sobre todo, de que se
demuestre la causación de un daño por parte del Estado, a la persona particular.
Esta iniciativa está basada en la
prosecución permanente que debe realizar el Estado hacía el respeto por los derechos del
hombre al administrarle justicia; por lo que resulta oportuno adicionar al artículo 17 de
la Ley Fundamental la garantía de que toda persona tendrá derecho a reclamar una
indemnización en caso de haber sido condenado por error judicial y por el cual se le
hubiere absuelto.
Para el efecto de que esta garantía sea
efectiva dentro del marco jurídico, se dispone que el derecho a reclamar dicha
indemnización será de conformidad con los requisitos, formas, términos y procedimientos
que establezcan las leyes, a fin de contar con las disposiciones legales específicas a
partir de los cuales los particulares podrán reclamar la indemnización correspondiente.
Al disponerse en la iniciativa que la
reclamación de indemnización se hará conforme a las leyes, implica que quedan
facultados tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales, para expedir, en
el ámbito de sus respectivas competencias, las leyes respectivas, lo anterior en virtud
del principio y postulado establecido en el artículo 124 constitucional. En tal contexto,
queda claro que el Constituyente Permanente, al aprobar esta iniciativa en los términos
expuestos, dispone que la responsabilidad patrimonial corresponderá a la Federación,
estados o Distrito Federal, según de quien sea el órgano que llevó a cabo el acto que
ocasiono el daño por error judicial.
Tiene también el propósito esencial
reducir el riesgo de que personas inocentes sean privadas de sus derechos por una indebida
interpretación de la norma sustantiva o adjetiva, haciendo que la justicia del Estado
mexicano se modernice y se haga más dinámica y eficaz.
No olvidemos que el esquema de la
administración de justicia debe estar sujeta a los principios de eficiencia, honestidad y
justicia, de tal suerte que estos valores deben prevalecer y reflejarse en todos los actos
procesales, pero sobre todo en las resoluciones en las que el órgano jurisdiccional, con
plenas facultades, valora los elementos jurídicos para decidir sobre la responsabilidad
de los gobernados.
México es estado democrático de derecho,
por lo que su poder deber ofrecer a la ciudadanía la garantía de sus derechos dentro de
los que se encuentra la administración de justicia, por lo que es necesario, se garantice
el reconocimiento y respeto de los derechos del hombre dentro de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PROYECTO DE REFORMA
Para adicionar un tercer párrafo al
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adiciona un
tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y se recorren los actuales párrafos, para quedar el tercero como cuarto, el
cuarto como quinto, para quedar como sigue:
"Artículo 17. . .
. . .
Toda persona tendrá derecho a reclamar una
indemnización en caso de haber sido condenado por error judicial y por el cual se le
hubiere dejado sin efecto la condena. La responsabilidad del Estado en estos casos será
objetiva y directa y el derecho de los particulares a reclamar dicha indemnización se
realizará de conformidad con los requisitos, formas, términos y procedimientos que
establezcan las leyes.
. . ."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión
deberá realizar las reformas pertinentes a la legislación secundaria en un plazo no
mayor de 90 días, a fin de dar cumplimiento al presente decreto.
Tercero. Los estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adecuarán su legislación para
hacer efectiva la garantía contenida en el presente decreto de reforma.
Palacio Legislativo, a 25 de octubre de
2001.— Diputados: Lucio Fernández González, Cuauhtémoc Cardona, Celita Alamilla
P., Sergio Vaca Betancourt, Martha Patricia Martínez Macías, Rafael Barrera R. y
Germán A. Pellegrini.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de
Puntos Constitucionales.
El diputado Lucio Fernández González:
Señora Presidenta, le rogaría que
también fuera turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La Presidenta:
Con mucho gusto, señor diputado. Que sea
turnada también a la comisión que solicita el señor diputado, comisiones unidas.
La siguiente iniciativa, que había sido
agendada para presentarse por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, a solicitud del mismo grupo se pospone para próxima sesión.
ASISTENCIA (II)
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría dar cuenta del
registro electrónico de asistencia e instruir para su cierre.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que hasta
el momento el sistema registra la asistencia de 401 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
MEDIO AMBIENTE
La Presidenta:
Tiene la palabra el señor diputado
Concepción Salazar González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Concepción Salazar
González:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco
Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa
Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María
Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika
Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y 55 fracción ll, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión
de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la
siguiente iniciativa.
EXPOSICION DE MOTIVOS
A pesar de los avances en las políticas
generales y en las legislaciones de los países miembros de la comunidad internacional,
encaminados a hacer frente a la degradación del ambiente planetario, que han tenido lugar
en los últimos 30 años, a partir de la Cumbre de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, la situación real de la problemática es hoy
mucho más grave y preocupante que entonces.
La degradación de los elementos que
conforman nuestro entorno material, como lo son el suelo, el aire, el agua, los bosques y
selvas, la fauna y la flora silvestres, es altamente preocupante y ésta es efecto, sin
duda, de las prácticas productivas y comerciales depredadoras de nuestra civilización,
mismas que han provocado traslimitar el equilibrio ambiental, quizá ya irreversibles, por
estas acciones que ponen en peligro la subsistencia de la humanidad y las demás especies
que coexisten con ella en el planeta Tierra.
Los distintos tratados signados por nuestro
país, la mayoría de ellos comerciales, no buscan coordinar los esfuerzos de una
globalización inminente, para beneficio real del medio ambiente y realizar con ello que
los países del orbe, incluido México, participen más claramente a favor de los
ecosistemas y sus especies.
Por lo que es necesario que nuestro país
asuma una posición clara y firme en este sentido en el concierto internacional. México
ha signado un considerable número de acuerdos y tratados, los que; atañen a las partes a
un sinfín de compromisos y beneficios. Motivo por el cual, es necesario garantizar que la
comunidad internacional esté involucrada en el compromiso ambiental y el desarrollo
sustentable.
Ante esta compleja realidad ambiental el
derecho, como instrumento normativo de la sociedad internacional, juega un papel muy
importante para la corrección y prevención de los fenómenos que han puesto a la
humanidad en situación tan crítica. Por ello, las normas jurídicas de cada país, que
tienen como finalidad la protección de su entorno, también deben constituir instrumentos
efectivos que garanticen en la comunidad de naciones, la defensa y desarrollo pleno de
este derecho humano.
Entre los que debemos ubicar, es el de
alcanzar un modelo de desarrollo mundial que sea capaz de satisfacer adecuadamente las
necesidades materiales de la población, de una manera equitativa y responsable, sin
comprometer la posibilidad de satisfacer de igual manera las necesidades de las
generaciones futuras.
En este sentido, el Partido Verde
Ecologista de México propone que en los tratados internacionales que celebre nuestro
país, se observe el principio normativo de la protección al medio ambiente para el
desarrollo sustentable, lo que constituye un aspecto prioritario para ser observado por el
derecho internacional, que tiene su mejor expresión en dichos tratados y debe tender al
establecimiento claro, dentro de nuestro ordenamiento interno, de que el mismo constituye
una obligación por parte del Poder Ejecutivo, para traducirse en la incorporación de
adecuados mecanismos que tiendan al mantenimiento del equilibrio ambiental que todos
necesitamos y den las bases para la sustentabilidad ambiental en el desarrollo
internacional.
Por tanto, aunado al reconocimiento
constitucional del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar,
que existe en nuestra Carta Magna, deben darse los mecanismos jurídicos necesarios para
establecer que en los tratados internacionales que signe nuestro país, se consagre el
derecho a un ambiente sano, a efecto de hacerlo acorde con la garantía de nuestro sistema
constitucional.
1874,1875,1876
Por ello, sometemos a esta Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante el cual se reforma la fracción X
del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma la
fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 89...
I a la IX...
X. Dirigir la política exterior y celebrar
tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de
tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución
pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; la lucha por la paz, la seguridad internacionales; y la
protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable;
. . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, a los 25 días del mes de octubre de 2001.— Diputados: Bernardo de la
Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José
Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez,
Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo
Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro
Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule,
Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese la iniciativa a las comisiones
unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
Codigo
Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Ricardo
Sheffield Padilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
El diputado Francisco Ricardo
Sheffield Padilla:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Conforme a derecho, y a nombre del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a presentar iniciativa que reforma los
artículos 5o., 27 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
lo cual hacemos con base en los siguientes motivos:
Los colores de la Bandera Nacional, el
Himno y el Escudo Nacional son los símbolos que representan a nuestra patria, son el
conducto por medio del cual veneramos la historia de nuestro país y no es justo que en
ningún momento éstos puedan o sean apropiados por un partido político. No debe ningún
partido político apropiarse de estos símbolos patrios, porque estos símbolos nos
representan a todos, a todas las mexicanas y a todos los mexicanos; no representan a un
grupo de ellos, no representan a un partido; es la historia que todos hemos construido,
que todos los partidos políticos en mayor o en menor medida y en distintas etapas de
nuestra historia, han contribuido a construir, es la historia de México.
Por ello, estamos buscando que en el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se prohiba que algún
partido político haga uso de los mismos y no es una historia nueva, la pasada legislatura
aquí en la Cámara de Diputados se dio una gran y valiente batalla en este tema, batalla
que en la Cámara de Diputados se ganó y que por las circunstancias históricas y de
mayoría de cada partido, no se pudo lograr en el Senado, pero esa batalla es una batalla
nada más, no la podemos dar por perdida y ahora es momento de volverlo a presentar, ¿por
qué?, porque ahora son otros tiempos, son otras circunstancias las que vive el Congreso y
las que vive nuestro país.
Están a pocos días de celebrar una
asamblea nacional nuestros compañeros priístas. Yo creo que en esa asamblea nacional
tienen la gran oportunidad de afrontar con madurez el hecho de que esos colores son
propiedad de todás las mexicanas y mexicanos, es una oportunidad de que reconozcan que
deben de dar la batalla junto con todos los demás al lograr esas reformas...
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Señora Presidenta, ¿presenta iniciativa o
proclama una propuesta?
El diputado Francisco Ricardo
Sheffield Padilla:
Leo la exposición de motivos, no la
tengo que leer.
Con todo respeto, señor diputado...
La Presidenta:
Señor diputado, no hay diálogos, si hay
una moción sírvase fundamentarla y señor diputado, continúe con su iniciativa, por
favor.
El diputado Francisco Ricardo
Sheffield Padilla:
Yo espero que tengan la madurez, aunque
aquí vemos muestras de que no. Espero que después de esa asamblea encuentren los motivos
para dar la razón a esta lucha histórica.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Señor diputado. Activen el sonido en la
curul del diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Señora Presidenta, solicitarle el uso de
la palabra para contestar alusiones personales.
La Presidenta:
Señor diputado, está presentando una
iniciativa, el señor diputado, le ruego permita que termine la presentación.
El diputado Francisco Ricardo
Sheffield Padilla:
Reitero, es un momento muy oportuno
para que en una muestra de madurez política se unan a esta lucha y a transformar esos
artículos, de manera tal que le devolvamos a México sus colores y que nadie vuelva a
usurpar o apropiarse los mismos.
La iniciativa no sólo se queda en este
hecho que ya hemos discutido y que esperamos ver en las próximas fechas un cambio maduro
y positivo, sino también abarca cuestiones importantes a futuro.
Estamos viendo nosotros cómo dentro de
todos los partidos políticos se está pasando por una etapa definitoria. Están
celebrándose una serie de asambleas importantes para los institutos políticos de nuestro
país, ya corren a unos de un partido en un estado, ya quieren correr a otros de un
partido en otro estado y este tipo de inquietud que está presente en el ambiente
político de nuestro país, hace una tentación muy grande el formar nuevos partidos
políticos. Pero esos nuevos partidos políticos van a ver muy atractivo el tomar los
logotipos o los emblemas...
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Señor diputado, permítame un momento.
Activen el sonido en la curul nuevamente del diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Señora Presidenta, con todo respeto, ¿el
orador está presentando una iniciativa o está debatiendo un punto en el cual debemos de
rectificar hechos? El orador está presentando una proclama apartándose de los términos
del artículo 105. No sabemos si se está refiriendo a la iniciativa que no ha leído o
está refiriéndose a los partidos que integramos esta Cámara.
En ese caso le solicitamos nos conceda el
uso de la palabra para rectificar los hechos —además falsos—, que el diputado
ha vertido en la tribuna.
La Presidenta:
Señor diputado, el diputado proponente
de la iniciativa está fundamentando la iniciativa, le ruego permita que termine. Señor
diputado, sírvase terminar su fundamentación para conocer su propuesta de iniciativa.
El diputado Francisco Ricardo Sheffield
Padilla:
Yo creo que todos recordamos aquella caña
de maíz... A ver, por allá están manoteando, no sé qué...
La Presidenta:
Señor diputado, no se permiten diálogos
con los señores legisladores. Le ruego terminar la presentación de su iniciativa y no
hacer diálogo con los demás legisladores.
El diputado Francisco Ricardo
Sheffield Padilla:
Yo creo que todos recordamos el famoso
logotipo de la Sagar; aquella caña de maíz estilizada que en el sector rural se reconoce
de inmediato y que por durante muchísimos años representó a esta Secretaría.
Se invirtió muchísimo dinero público en
el posicionamiento de ese logotipo. Se invirtió...
El diputado Augusto Gómez Villanueva (desde
su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Señor diputado, me permite un momento.
Activen el sonido en la curul del diputado Gómez Villanueva, por favor.
El diputado Augusto Gómez Villanueva (desde
su curul):
Sí, señora Presidenta. Ha estado usted
conduciendo muy bien la Asamblea, pero en este momento tenemos derecho a pedirle a usted
una moción de orden al orador. Creo que sí procede que usted le haga una moción al
orador y que se ciña a los términos de la iniciativa. Gracias.
La Presidenta:
Señor diputado, le rogamos fundamentar
su iniciativa.
El diputado Francisco Ricardo Sheffield
Padilla:
Respeto su ruego y a la Asamblea porque
es precisamente lo que estoy haciendo y he estado haciendo, porque de eso se trata mi
iniciativa; que no venga aquí a leer, pues es otra cosa, cada quien tendrá su estilo
para presentar la exposición de motivos de su iniciativa y éste es el mío.
Reitero, ese famoso logotipo de la caña de
maíz que representó a la Sagar y que ya no la representa, quedó muy gravado en la mente
y en el corazón de muchísimas campesinas y campesinos de nuestro país. Qué atractivo
para un nuevo partido político tomar como emblema esa caña de maíz o por ahí a alguien
se le puede antojar resucitar la mazorca que representó al Pronace durante mucho tiempo.
Y bueno, también podemos hablar de la
espiral tricolor del Programa Solidaridad, que ya en su tiempo se hablaba de la intención
de formar un partido político con el nombre solidaridad y que ese tipo de rumores los
escuchamos dentro del mismo Partido Revolucionario Institucional, con mucho temor por
parte de ellos, pues precisamente para evitar en estas épocas turbulentas que estamos
viviendo, con estas etapas definitorias en los partidos políticos, se le puede antojar a
algún grupo formar un nuevo partido y darle como emblema algunos de éstos ya muy bien
posicionados logotipos o emblemas como el de la Sagar o el de Solidaridad.
1877,1878,1879
Por eso aunado a esta lucha, desde la
pasada legislatura, de impedir el uso de los colores del Himno y del Escudo Nacional por
parte de cualquier partido político, también la iniciativa incluye de manera novedosa y
creo que anticipada a los tiempos que estamos viviendo, el que tampoco se puedan utilizar
los emblemas, los logotipos y los escudos de programas o de dependencias del Gobierno.
De manera tal que el decreto por el que se
reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus
artículos 5o., 27 y 38, dice, artículo único: "se adiciona un numeral 2 al
artículo 5o. corriéndose los actuales numerales 2, 3 y 4 para quedar como 3, 4 y 5
respectivamente y se reforman los incisos: A, del artículo 27 y Q, del
artículo 38".
Y firmamos diputados del Partido Acción
Nacional. Presento esta iniciativa cuya lectura obvio, ya que la estudiarán con mucho
detenimiento en la comisión a quien la Presidenta digne conforme a derecho turnar esta
iniciativa.
Gracias.
«Proyecto de decreto que reforma los
artículos 5o., 27 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los suscritos diputados del grupo
parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55
fracción II, 56, 62 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta
honorable Asamblea la presente iniciativa de ley, conforme a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los emblemas son símbolos en que se
representa alguna figura al pie de la cual se inscriben palabras o lemas que declaren el
concepto que encierran; asimismo, los logotipos son distintivos formados por letras,
abreviaturas etcétera, peculiares de una entidad o producto en programas y campañas
publicitarias.
Así tenemos que en nuestro país ha sido
derecho legítimo de programas, organismos gubernamentales y partidos políticos el tener
emblemas y logotipos que permitan distinguirlos o identificarlos entre los gobernados y el
electorado, siendo de gran importancia, ya que, por este medio se hacen campañas
publicitarias y se maneja propaganda fácilmente identificable por los distintos sectores
sociales.
Muchas ocasiones la aceptación de
entidades públicas o programas depende, en gran medida, de la representatividad que
tengan sus distintivos y del impacto social que logren al ser relacionados con aspectos
emocionalmente significativos, propiciando con ello la utilización en incontables
ocasiones de símbolos y figuras íntimamente ligados con la historia o trascendencia en
el desarrollo nacional.
En la mayoría de las legislaciones
electorales iberoamericanas se establece que si los emblemas o distintivos ya se
encuentran registrados a un partido político o representen similitud gráfica o fonética
con algún emblema electoral o gubernamental ya existente no podrán ser aceptados hasta
que no se modifiquen para lograr su aprobación definitiva por parte del organismo
electoral que tiene a su cargo la aceptación o rechazo de la formación de un partido.
Asimismo, en esas legislaciones se prohíbe el registro de emblemas o logotipos tales como
cualquier símbolo patrio, nombres de personas naturales o los que atenten contra la moral
y buenas costumbres del país.
En México, nuestra Bandera, el Escudo e
Himno Nacionales son símbolos patrios que identifican la unidad de todos los mexicanos y
la lucha que se ha librado a través de los siglos para lograr la consolidación de una
gran nación como la nuestra, por ello, estos símbolos no pueden ni deben ser utilizados
como logotipos o emblemas personalizados de un solo sector social con fines distintos al
de rendir culto a nuestra nación.
El utilizar nuestros símbolos patrios o
reutilizar emblemas o logotipos que identificaron o se identifican con programas o
instituciones públicas es totalmente deshonesto e ilegítimo.
Es necesario reformar nuestro marco
jurídico electoral para establecer de manera clara y precisa la prohibición a cualquier
corriente política de utilizar nuestros símbolos patrios en cualquier forma, así como
los emblemas o distintivos ya existentes de cualquier dependencia o programa
gubernamental, evitando así desventajas entre candidatos o partidos y confusión entre
los electores.
Por ello la presente iniciativa pretende
reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para terminar
con el rezago electoral que representa la falta de estipulación que prohíba expresamente
la utilización de estos distintivos nacionales.
En estos tiempos de apertura y cambios
democráticos, es necesario que pugnemos por establecer medidas que propicien igualdad de
condiciones entre las distintas corrientes políticas nacionales y por ende, de su
representatividad ante la sociedad, haciendo a un lado la práctica desleal de utilizar
símbolos que representan la cohesión de todos los mexicanos.
No es momento de interpretar la propuesta
de censurar el uso de estos colores para fines e intereses partidistas como revancha, sino
como la reivindicación al respeto, pluralidad y representatividad de nuestro Escudo,
Bandera e Himno Nacionales como lo que son: símbolos patrios de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, se propone
el siguiente
DECRETO
Por el que se reforma el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 5o., 27 y 38.
Artículo único: Se adiciona un
numeral dos al artículo 51 recorriéndose los actuales numerales dos, tres y cuatro para
quedar como tres, cuatro y cinco respectivamente y se reforman los incisos a del
artículo 27 y q de artículo 38 para quedar como sigue:
"Artículo 5o.
1. . . .
2. Ningún ciudadano, partido o agrupación
política podrá hacer uso de los símbolos patrios; ya sea del Escudo Nacional, la
combinación de los colores de la Bandera Nacional en cualquier forma, así como la letra
o música del Himno Nacional. Tampoco podrá hacerse uso de los emblemas, símbolos y/o
logotipo en parte o en su totalidad identificados con programas e instituciones
gubernamentales vigentes o ya desaparecidos.
Artículo 27.
1. Los estatutos establecerán:
a) La denominación del propio partido, el
emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos
políticos. La denominación y emblema estarán exentos de alusiones religiosas o
raciales, de la utilización de los símbolos patrios, sean el Escudo Nacional, la
combinación de los colores de la Bandera Nacional en cualquier forma, así como la letra
o música del Himno Nacional.
Artículo 38.
. . .
q) Abstenerse de utilizar en su emblema
cualquiera de los símbolos patrios, sea el Escudo Nacional, la combinación de los
colores de la Bandera Nacional en cualquier forma, así como la letra o música del Himno
Nacional. Tampoco podrán hacer uso de los emblemas, simbología y/o logotipo en parte o
en su totalidad identificados con programas e instituciones gubernamentales vigentes o ya
desaparecidos."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 25 de octubre de
2001.— Diputados Ricardo Sheffield Padilla y Germán Arturo Pellegrini.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA
La Presidenta:
Antes de continuar con el siguiente punto
del orden del día me permito dirigirme en una forma atenta y respetuosa al grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sea tan amable de entregar a la
Secretaría, si así lo juzgara conveniente, el escrito que desean tramitar sobre las
amenazas, para que esta Presidencia teniéndolo en su poder instruya a la Secretaría le
dé lectura, para después tomar las medidas necesarias para atender a la seguridad de los
señores legisladores, como nos lo marca la normatividad correspondiente.
(Se entrega el documento referido a la
Secretaría)
La Presidenta:
Se instruye a la Secretaría dar lectura al
oficio que nos ha remitido el grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Ciudadana Presidenta de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados. Presente.
A través de la presente me dirijo a usted
adjuntándole un ejemplar de El Gráfico de Jalapa, Veracruz, en donde aparece en
la página 11 un desplegado firmado por los diputados del PRI, del Congreso de Veracruz y
en el que en forma velada se expresa una amenaza grave en contra de los diputados
Bonifacio Castillo Cruz y Genoveva Domínguez Rodríguez, ambos integrantes de la
fracción parlamentaria del PRD en esta Cámara.
En tal virtud y de conformidad con el
artículo 61, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que: "el Presidente de cada Cámara velará por el respeto al
fuero constitucional de los miembros de las mismas.
Solicitamos que esta Cámara se pronuncie
en contra de ese tipo de actitudes terroristas, de amenazas y que, en el ámbito de su
competencia la Presidenta de la mesa directiva gire exhorto a la Cámara de Diputados del
Estado de Veracruz; comunicando el resolutivo de esta Cámara.
Atentamente, (varias rúbricas de diputados
integrantes del PRD, de los que puedo leer): Auldarico Hernández, Martí Batres
Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario, Hortensia Aragón Castillo, Manuel Duarte
Ramírez, Emilio Ulloa Pérez, Miroslava García Suárez, Alfonso Elías, Daniel Botello,
Magdalena Núñez, Adela del Carmen Graniel, Rufino Rodríguez, entre otros.
Y procedo a dar lectura al desplegado: (con
un sello del Partido Revolucionario Institucional, grupo legislativo del PRI, honorable
Congreso del Estado, pronunciamiento contra la violencia.
CONSIDERANDO
1. Ante la evidente agitación de
profesionales de la violencia, para vulnerar el marco del derecho, las leyes y la
Constitución local en municipios indígenas del norte de nuestra entidad.
2. Frente al interés personal y no una
política de partido, para convocar a enfrentamientos y causar desórdenes en la región
de Coyutla, resulta importante identificar a los señores diputados federales Bonifacio
Castillo Cruz y Genoveva Domínguez Rodríguez, como responsables de esa provocación y
sus posibles consecuencias.
3. Visto en los mismos municipios
indígenas el rechazo popular de la mayoría de la población a esta clase de acciones
conflictivas, dado su anhelo de convivir en un clima de tranquilidad y armonía, los
hechos.
4. Los veracruzanos no queremos ser
víctimas de lamentables y reprobables agresiones que, como ocurrió en la Ciudad de
México, privaron de la vida a la valerosa mujer defensora de los derechos humanos de
organismos no gubernamentales, la licenciada Digna Ochoa y Plácido, originaria de
Misantla, Veracruz, el compromiso.
Con estos considerandos y hechos, los 27
diputados del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional en la LIV
Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, asumimos
el compromiso de denunciar a los citados diputados federales, como agitadores sociales,
condenar públicamente el homicidio de la conciudadana Digna Ochoa y exigir todo el peso
de la ley, para castigar a quien o quienes resulten responsables de violentar la paz,
seguridad y concordia que hoy vive Veracruz.
Jalapa de Enríquez, Veracruz, octubre 22
de 2001. Atentamente diputados locales veracruzanos: Constantino Aguilar Aguilar,
Ernesto Alarcón Trujillo, Alberto Aragón de la Huerta, Natalio Arrieta Castillo,
Cuauhtémoc Cadena Pérez, José Adán Córdoba Morales, Francisco Javier del Angel Trejo,
Miguel Angel Díaz Pedroza, Herminio Esquivel Curi, Amadeo Flores Espinosa, Ignacia
García López, Jorge Alberto González Azamar, Alicia González Cercedeo, Balfrén
González Montalvo, Ignacio González Rebolledo, Joaquín Juárez del Angel,
Alfredo María Pesero, Francisco Montes de Oca López, Francisco Mora Domínguez, Servando
Aníbal Quiroz Díaz, Marcelo Ramírez Ramírez, José Raúl Ramos Vicarte, José Luis
Salas Torrero, Robinson Uzcanga Cruz, Fernando Vázquez Maldonado, Guadalupe Velázquez
Casanova y Raúl Zarrabal García.»
1880,1881,1882
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
Esta Presidencia en atención a la
importancia y trascendencia del contenido de la comunicación, informa que será hecha del
conocimiento de la Junta de Coordinación Política. Y que por su parte, esta Presidencia
informa también a la Asamblea, que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 61 constitucional y del artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, realizará lo conducente, para velar por el
respeto al fuero constitucional y a la seguridad de las diputadas y diputados.
Activen el sonido en la curul del diputado
Edgar Consejo Flores.
El diputado Edgar Consejo Flores Galván
(desde su curul):
Pido la palabra, señora Presidenta para
rectificación de hechos.
La Presidenta:
No está a debate el tema, es simplemente
haber leído una comunicación por parte de la Secretaría. Le ruego nos permita continuar
con el orden del día.
Activen el sonido en la curul del diputado
Andrade.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez (desde su curul):
Presidenta, se han planteado en esa
comunicación, hechos que deben ser refutados de inmediato por su falsedad, pensamos que
la Presidencia, así como abrió la oportunidad para que se leyeran esos hechos, debe dar
igual oportunidad para que se rectifiquen por el diputado que ha pedido la palabra.
La Presidenta:
No hay debate, le ruego al señor diputado
permita que sea procesado por la Junta de Coordinación Política y en su momento se
pudiera abrir a debate en una próxima sesión. Por ahora, simplemente ese comunicado
será transferido a la Junta de Coordinación Política y no hay debate sobre
comunicaciones, señor diputado.
Activen el sonido en la curul del diputado
Andrade.
El diputado Justino Eduardo Andrade
Sánchez (desde su curul):
Solicitamos el mismo tratamiento que se dio
a lo que pidieron los señores diputados, cuya comunicación se leyó, que presentemos una
comunicación referida a este punto en esta misma sesión, en cuanto esté entregada a la
mesa, le dé lectura la Secretaría y se procese, junto con lo que se leyó de antemano,
en la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta:
Cuando recibamos el documento, informaremos
a usted el trámite a seguir; lo esperamos con mucho gusto, señor diputado.
Ley
del Impuesto Especial
Sobre Produccion y Servicios
La Presidenta:
Tiene la palabra el señor diputado Emilio
Ulloa Pérez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios.
El diputado Emilio Ulloa Pérez:
Con el permiso de la Presidencia:
Agradecemos la oportunidad de haber leído
este comunicado anterior.
Quisiera iniciar en torno a la iniciativa
de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El que suscribe, diputado Emilio Ulloa
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de
la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de reformas a la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente
EXPOSION DE MOTIVOS
Un sistema tributario justo y eficiente
debe operar con base en la equidad y progresividad, eficiencia económica, sencillez
administrativa, flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante y transparencia
política. Asimismo, en la consecución de esos objetivos, debe considerarse, de manera
fundamental e integral, el impacto en las finanzas públicas, de las empresas y de las
familias.
Los impuestos tienen dos funciones
básicas: distribuir el ingreso y mejorar la eficiencia económica. Son distributivos
cuando reducen los efectos negativos que generan los mercados en la economía y mejoran la
eficiencia, cuando son correctivos de alguna falla de mercado, como bienes públicos,
externalidades, monopolios y problemas de información.
Los impuestos pueden afectar el ingreso, el
gasto, la propiedad o las transferencias de ingresos o de capitales. Los impuestos al
gasto, también denominados al consumo, tienen por objeto de afectación las operaciones
de compraventa. En estas contribuciones encontramos los impuestos especiales a la
producción y a los servicios. Asimismo, el impuesto especial sobre producción y
servicios (IEPS) tiene un carácter correctivo, pues grava actividades que generan efectos
sociales negativos, como lo es el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco, los cuales
producen problemas de salud que deberán ser solventados en buena medida por el Gobierno,
mediante gasto público en salud y también grava el consumo de combustibles generadores
de contaminación.
Es decir, el IEPS grava aquellas
actividades que por sus características específicas generan un costo social o
externalidades negativas, pero que son lícitas; por esta razón son acreedoras a un
impuesto especial con tasas igualmente especiales que determina la ley en cuestión.
La base del IEPS es el valor o el precio
realizado en la compraventa y por lo regular se considera como precio pactado, precio de
mercado o de venta. La tasa del impuesto que se aplica a la base toma en cuenta la
magnitud, la situación y la importancia económica de la fuente; en otras palabras,
depende de qué tan básico sea o no el artículo por gravar.
El impuesto especial sobre producción y
servicios ocupa el tercer lugar, después del impuesto sobre la renta (ISR) y el IVA, de
acuerdo con el monto que representa de los ingresos tributarios del Gobierno Federal. En
1993 constituyó 12.7% de esos recursos, en 1994 17.4% y aunque disminuyó en los años
posteriores, en 1998 y 1999 representó 18.9% y 20.4%, respectivamente. En la Ley de
Ingresos de la Federación para 2000 y 2001 se estimó que su participación fuera de
18.9% y 18.0%, respectivamente.1
El IEPS, de acuerdo con la Ley de Ingresos
de la Federación, se aplica a los actos de compraventa de:
a) Gasolina y diesel;
b) Bebidas alcohólicas;
c) Cervezas y bebidas refrescantes y
d) Tabacos labrados.
De manera agregada, bebidas alcohólicas,
cervezas y bebidas refrescantes y tabacos labrados, representaron, entre 1992 y 1996,
alrededor del 30.0% del IEPS, si bien en 1994 disminuyeron al 22.1% como consecuencia de
un incremento anual real del 48.2% en la recaudación de gasolina y diesel. A partir de
1997 comienza a disminuir la participación de bebidas y tabacos, siendo en ese año del
24.2%; en 1998 y 1999 del 19.6% y 18.0%; en 2000 se presenta un repunte y alcanza 21.1%.
En la Ley de Ingresos de la Federación para 2001 se proyecta una participación del 21.7%
por parte del IEPS.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, las
bebidas alcohólicas se mantuvieron en alrededor del 5.5% del IEPS. En los años previos a
esa administración, tabacos labrados representó un porcentaje mayor al de cervezas: en
1992, 1993 y 1994, tabacos constituyó 2.8%, 13.0% y 9.1%, en tanto que cervezas 9.4%,
10.0% y 7.4%, respectivamente.
En 1998, 1999 y 2000 la recaudación por
compraventa de cerveza supera a la de tabacos labrados. En esos años 7.8%, 7.1% y 8.0%
del IEPS correspondió a cervezas, y 6.5%, 5.8% y 7.5% a tabacos labrados.
El IEPS aplicado a gasolina y diesel,
debido al impacto que provoca su traslación al consumidor final, tanto en las finanzas
públicas como en el nivel general de precios y, en consecuencia, en el ingreso disponible
de personas y empresas, merece una profundización en su reforma.
Entre 1992 y 1996 este rubro representó
alrededor de 70.0% del IEPS, si bien, como ya veíamos, en 1994 ascendió a 77.9%, como
consecuencia de una mayor recaudación. A partir de 1997 aquella proporción se
incrementó llegando a ser de 82.0% en 1999. En la Ley de Ingresos de la Federación para
2001 se proyecta una proporción de 78.3%, lo que implica una continuidad en la
concepción de las actuales autoridades hacendarias de obtener un amplio margen de
recursos adicionales de la sociedad a través del consumo de energéticos básicos.
La tasa promedio de crecimiento anual real
de los ingresos totales del Gobierno Federal, durante el sexenio zedillista, fue del 2.8%;
en tanto que la de los ingresos tributarios fue del 1.9%. En ese periodo el ISR tuvo una
tasa promedio de crecimiento anual real del 1.45% y el IVA del 5.6%. El dinamismo
presentado por el IEPS en el mismo periodo fue destacado, del 3.3%, debiéndose
básicamente a gasolina y diesel, que presentaron un crecimiento real promedio del 3.5%.
La tasa de crecimiento real del IEPS, exceptuando gasolina y diesel, entre 1994 y 2000,
fue del 2.5%.
Estas cifras reiteran lo arriba señalado,
el objetivo del Gobierno Federal de sostener sus ingresos, entre otros medios, a través
del creciente gravamen al consumo de gasolinas.
La Ley de Ingresos de la Federación ha
establecido, en su artículo primero inciso 4 parráfo A que la Federación percibirá
ingresos por concepto de la aplicación del IEPS a la compraventa de gasolina y diesel.
Sin embargo, no define criterios explícitos para su fijación o modificación, por lo que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha contado con la discrecionalidad
para incrementarlos en cualquier momento sin la autorización del Congreso de la Unión,
presentándolos como incrementos a los precios de gasolinas y diesel.
"Tan no se trata de incrementos de
precios, que Pemex sigue recibiendo los mismos ingresos (el "precio Pemex" se
mantiene sin cambios) mientras que la SHCP acapara los ingresos adicionales derivados de
ese incremento. Posteriormente, en la Cuenta Pública correspondiente, Hacienda
simplemente informa al Congreso que los ingresos por IEPS fueron superiores a los
esperados (...). Por tal motivo hemos dicho que las gasolineras son cajas recaudadoras de
impuestos.2"
Adicionalmente, debe destacarse que si la
Federación no recauda lo estimado en la Ley de Ingresos por concepto del IEPS a gasolina
y diesel, esta disminución se compensa aumentando el derecho de extracción de petróleo
que paga Pemex.
Es decir, las autoridades hacendarias
tienen garantizado el monto de los ingresos proyectados para IEPS de gasolina y diesel, a
través de esa compensación, pudiendo, además, elevarlo discrecionalmente en la forma ya
expuesta. Sin embargo, como hemos insistido, el IEPS es un impuesto indirecto que paga el
consumidor final y, si la meta proyectada de recaudación por este concepto no es
alcanzada, quien pagará ese faltante será la empresa, Pemex.
Esta concepción del Gobierno Federal de
tratar a Pemex (y a otras empresas estatales) como fuente de ingresos ha llevado a la
descapitalización de la paraestatal y a que los precios de las gasolinas en México sean
superiores en 30% a los vigentes en Estados Unidos,3 repercutiendo directamente en
los costos de producción y distribución y, finalmente, en los precios finales al
consumidor.
La política fiscal mexicana debe buscar
fuentes sanas de financiamiento, es decir, que no acabe con la infraestructura básica del
país ni grave en exceso al consumidor, lo cual deprime la demanda y la oferta.
1883,1884,1885
En consecuencia se presentan las siguientes
propuestas que tienen por objeto incrementar los recursos que financien el desarrollo:
Que el Congreso de la Unión autorice en
todo momento cualquier incremento en el impuesto.
Que exista transparencia en la aplicación
del impuesto. Debe haber una clara diferenciación entre los aumentos de precios y los
incrementos del impuesto.
Que se realicen las modificaciones
necesarias a la Ley de Ingresos de la Federación y a la Ley del IEPS con objeto de que
desaparezcan las compensaciones, con cargo a Pemex, cuando la recaudación del lEPS baje.
Que un porcentaje del IEPS sea canalizado
directamente a Pemex con el propósito de fomentar su recapitalización.
Que las tasas del IEPS aplicadas a gasolina
y diesel disminuyan a fin de que los precios de estos energéticos estén acordes con los
internacionales y que no impacten negativamente en el nivel general de precios nacional.
La viabilidad que presenta el IEPS para
incrementar los ingresos del Gobierno Federal se encuentra, desde nuestro punto de vista,
en un aumento de las tasas aplicadas a bebidas alcohólicas, cervezas y tabacos labrados.
Si bien esta medida llevaría a una reorientación del consumo hacia productos de menor
precio y del mercado negro, la alta inelasticidad de la demanda en estos productos
permitiría incrementar los recursos recaudados.
Como apoyo a esta medida sería necesario
limitar y mantener vigiladas las importaciones de esos productos y evitar el contrabando y
la piratería.
El primer objetivo sería una
redistribución de los montos de los conceptos que componen al IEPS. Por lo tanto, se
propone que la recaudación por IEPS, aplicado a bebidas alcohólicas, cervezas y tabacos,
represente nuevamente alrededor del 30.0% del IEPS agregado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
esta soberanía la siguiente
Iniciativa
De reformas a la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios
CAPITULO I
Artículo 1o. . .
. . .
I y II. . .
. . .
La información relativa a lo dispuesto en
el párrafo anterior estará disponible en todo momento para su consulta por parte de las
autoridades federales, estatales y municipales, así como de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.
Artículo 2o. . .
. . .
I. . .
A) Bebidas alcohólicas fermentadas: 35%.
. . .
B) Cervezas y bebidas refrescantes con una
graduación alcohólica de hasta 6o G.L.: 35%.
C) Cervezas y bebidas refrescantes con una
graduación alcohólica de más de 6o G.L. y hasta 13.5o G.L.: 35%.
D) Cervezas y bebidas refrescantes con una
graduación alcohólica de más de 13.5o G.L. y hasta 20o G.L.: 40%.
E) Cervezas y bebidas refrescantes con una
graduación alcohólica de más de 20o G.L.: 70%.
F) Alcohol y alcohol desnaturalizado: 70%.
G) Tabacos labrados:
1) Cigarros: 110%.
2) . . . 30.9%
H) . . .
I) . . .
J) . . .
II. . .
III. . .
. . .
La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión determinará una proporción de lo recaudado por concepto de la
aplicación de la tasa establecida en el presente artículo, a través del decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, para su gasto en programas de salud dirigidos al
tratamiento de enfermedades derivadas de la adicción al tabaco y el alcohol.
Artículo 2o.-A. . .
I a la VI. . .
La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los elementos
para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de
transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados a que se
refiere este artículo. La Cámara de Diputados, con apoyo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y tomando en cuenta los parámetros del mismo impuesto a nivel
internacional, realizará mensualmente las operaciones aritméticas para calcular las
tasas aplicables para cada combustible y en cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos
y las publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Del total de lo recaudado por concepto de
la aplicación de la tasa referida en el primer párrafo del presente artículo, la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión establecerá un porcentaje que
será destinado a la ampliación de infraestructura y proyectos de inversión e
investigación de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
CAPITULO VI
Artículo 24. . .
La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, de manera conjunta con las autoridades fiscales podrán determinar
presuntivamente el precio en que los contribuyentes enajenaron los productos a que se
refiere este título, aplicando cualquiera de los siguientes métodos:
I a la VI. . .
Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de
octubre de 2001.— Diputados: Emilio Ulloa Pérez, Miguel Bortolini, Luis Herrera
Jiménez, Miguel Barbosa Huerta, Ramón León Morales, Manuel Duarte y Rafael
Hernández.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Ley del
Servicio Exterior Mexicano
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Heidi
Storsberg Montes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano.
La diputada Heidi Gertud Storsberg
Montes:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
Los suscritos diputados de distintos grupos
parlamentarios de esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en la fracción II del artículo 71, así como en los artículos 55 fracción
II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados a efecto de que
se turne de inmediato para dictamen a la comisión correspondiente, la iniciativa de
decreto que adiciona una fracción XI al artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano, tomando en consideración la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El sistema internacional que se ha ido
conformando desde el término de la guerra fría ha sufrido cambios profundos y
significativos que han impactado a todas las naciones que integran el concierto mundial.
Dentro de éste, México vivió una inédita circunstancia nacional al inaugurar después
de 71 años, la alternancia en el poder. Esta transición democrática hizo al Gobierno
mexicano acreedor de una mayor legitimidad de sus propuestas y posiciones en el ámbito
internacional, lo que sin duda, brinda una oportunidad invaluable para hacer más
promisoria que nunca, nuestra voz en los más importantes foros internacionales.
Tomando en consideración dichas
circunstancias y si anhelamos una mayor participación de nuestro país en el diseño,
conformación y toma de decisiones en el nuevo orden internacional, requerimos de una
política exterior que asentada en la defensa de la democracia y en la promoción de los
derechos humanos, desempeñe un papel más activo. Para ello requerimos crear las
condiciones que doten a la Secretaría de Relaciones Exteriores de mayores recursos.
En efecto, la falta de recursos suficientes
en la cancillería es uno de los problemas más graves que afecta cotidianamente sus
labores y que se refleja vivamente en las tareas y actividades que realizan las embajadas
y principalmente los consulados, cuya función primordial es la protección de los
derechos de todos los mexicanos en el exterior.
La protección de los derechos de nuestros
connacionales en el extranjero ocupa un lugar prioritario en la agenda de la política
exterior de México. La protección está sustentada tanto en la Ley del Servicio Exterior
Mexicano como en las convenciones consulares de las que México forma parte e incorporadas
a nuestro derecho interno, en virtud del artículo 133 de nuestra Carta Magna. A su vez,
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 da cuenta de ello, al establecer que uno de los
cinco objetivos estratégicos es "fortalecer nuestra capacidad para proteger y
defender los derechos de todos los mexicanos en el extranjero". No obstante, la falta
de recursos suficientes para la consecución de dicho logro han vulnerado el cumplimiento
del mandato constitucional.
No podemos dejar de señalar la situación
preocupante que persiste hoy en algunos consulados y que no permiten llevar a cabo las
tareas más elementales para la adecuada protección de los mexicanos en el exterior. El
secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Jorge G. Castañeda quien compareció ante
esta soberanía el pasado 8 de mayo expresó:
• El presupuesto propuesto por la
Secretaría de Relaciones Exteriores para el ejercicio 2001, ascendía originalmente a 4
mil 719 millones de pesos. Después de negociaciones con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, se propuso un presupuesto de 3 mil 750 millones de pesos a la Cámara
de Diputados. Finalmente ésta aprobó un presupuesto de 3 mil 665 millones 700 mil pesos,
es decir, 84 millones 300 mil pesos menor a la propuesta hecha originalmente por la
Secretaría de Hacienda.
• El presupuesto en servicios
generales para el ejercicio de este año, se redujo en 4% respecto al autorizado en el
año 2000. El 80% de esta partida se integra por gastos que se ejercen por las
representaciones de México en el exterior. En este capítulo las restricciones
presupuestales implicaron:
a) Insuficiencia de recursos para cubrir
los gastos de las representaciones mexicanas en el exterior al reducirse en 6 millones 800
mil dólares la partida presupuestal correspondiente.
b) Situación crítica para cubrir los
gastos no fijos de las oficinas en el exterior.
c) El retraso en la apertura de los
consulados en Yuma, Las Vegas y el cierre de los consulados en París, Sevilla, Osaka,
Sydney.
d) Imposibilidad de operar como consulados
generales las representaciones en Nogales, Laredo y Boston.
e) Debilitamiento de la protección a
inmigrantes.
f) Imposibilidad de pagar 100 millones de
pesos que reclama la Secretaría de Hacienda por el pago de expedición de libretas de
pasaportes. En lo que respecta al presupuesto autorizado para las representaciones de
México en el exterior, la Cámara de Diputados aprobó la cantidad de 642 millones 700
mil pesos, cifra 18% menor que el año anterior. Dentro de éste, el presupuesto consular
para este año se contrajo 7.29% en relación con el año pasado. Las partidas en promedio
más afectas fueron: teléfonos, renta de equipo, energía eléctrica, materiales de
consumo, reparación de vehículos, mantenimiento de inmuebles y de mobiliario.
•El presupuesto para ayuda a mexicanos
y repatriados en el exterior se redujo 50% al pasar de 42 millones de pesos en el año
2000 a 21 millones de pesos este año.
• El recorte a la red consular de
México en Estados Unidos de América ascendió a casi 3% y de los 45 consulados
existentes, 23 vieron reducido su presupuesto, tres no asumieron cambios en relación con
el año anterior y de los 19 que aumentaron, en 16 de ellos; el incremento fue absorbido
por el pago de sueldos y prestaciones.
1886,1887,1888
Con la breve pero ilustrativa descripción
del presupuesto consular podemos afirmar que la reducción del presupuesto ha afectado
sensiblemente las funciones consulares, de campañas de seguridad al migrante, de
protección preventiva, de consulados móviles, de atención telefónica, líneas 1800,
llamadas por cobrar, de visitas a cárceles y de repatriación de personas. En relación a
ello, resulta significativo apuntar los datos que el mismo Canciller ha manejado "en
Estados Unidos existe una población de 23 millones 200 mil personas de origen mexicano y
7 millones 100 mil que nacieron en nuestro país y actualmente residen en Estados Unidos.
Esta cifra se refleja en los 60 trámites por funcionario que diariamente se realizan en
nuestro vecino del norte".
Por todo lo anteriormente dicho, los
diputados que suscribimos esta iniciativa, nos encontramos profundamente preocupados por
los problemas económicos que atraviesan los consulados, lo que ha imposibilitado la
instrumentación de medidas que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de los
mexicanos en el exterior. Asimismo se muestran conscientes que no se ha dado un
cumplimiento eficaz y oportuno de las acciones y programas de protección y atención que
contrarresten la situación que de algún modo son lesivas a las garantías fundamentales
de los mexicanos en el exterior.
Con base en lo expuesto podemos afirmar,
que carecemos de la legitimidad suficiente para exigir a la autoridad extranjera un trato
más digno a los compatriotas migrantes, cuando la respuesta que dan los servicios
consulares mexicanos es deficiente y hasta violatoria de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, a causa de la reducción de estos servicios por falta de recursos.
Es difícil pretender una política
exterior mexicana fundamentada en la promoción y defensa de los derechos humanos, cuando
nuestros propios consulados no pueden garantizar la protección de sus connacionales, o
igualmente resulta ambiguo proveer de instrumentos para la defensa de los mexicanos en el
extranjero para que éstos se protejan si sus solicitudes van a ser rechazadas por falta
de recursos.
Teniendo en cuenta que la reducción del
presupuesto ha afectado sensiblemente las funciones consulares hasta el grado de que
resulta casi imposible respetar plenamente los derechos de nuestros compatriotas en el
exterior, el Poder Legislativo debe asumir una posición más enérgica y responsable para
que se cumpla a cabalidad la normatividad de nuestras leyes.
Cabe recordar que aun cuando nuestro país
ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los
Trabajadores, existe un verdadero y permanente reclamo de las comunidades mexicanas
especialmente en Estados Unidos para que el Gobierno mexicano les reconozca las enormes
contribuciones que hacen año con año las remesas de dinero que envían a México. Según
datos del Banco de México, las remesas familiares de enero a diciembre del año 2000
llegaron a 6 mil 572 millones 500 mil dólares.
Por ejemplo, la Coalición Internacional de
Mexicanos en el Exterior (CIME) ha planteado propuestas para garantizar, entre otros
requerimientos, recursos suficientes en los consulados, pues el presupuesto que se les
asigna a representaciones diplomáticas es menor a los ingresos que éstos generan por
cobro de servicios. Los consulados mexicanos envían cada vez más dólares a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero el presupuesto de gastos no aumenta. Tal
es el caso del consulado en Chicago, que generó en el año 2000, 4 millones 249 mil
dólares 20 centavos por cobro de derechos y sólo recibió del presupuesto ejercido para
ese año, 1 millón 728 mil 934 dólares 78 centavos o el caso del consulado en Los
Angeles, que generó en el año 2000, 3 millones 984 mil 062 dólares por cobro de
derechos y sólo recibió del presupuesto ejercido para ese mismo año, 1 millón 949 mil
475 dólares 40 centavos.
Frente a las crecientes necesidades de
nuestros consulados en el exterior y frente a las demandas de establecer los mínimos
necesarios para poder cumplir con las funciones de promover y salvaguardar los intereses
de nuestros connacionales, resulta sumamente conveniente que además de que la Secretaría
haga un esfuerzo por eficientar recursos, se allegue de mayores recursos para fortalecer
el presupuesto de la red consular, por lo que deberán pertenecer a ésta un porcentaje de
los derechos que correspondan por la prestación de servicios que otorga en el exterior.
En el decir del mismo canciller Jorge G. Castañeda, en su comparecencia del 8 de mayo
ante esta soberanía, la recaudación aproximada está estimada en 40 millones de dólares
por los servicios que prestan los consulados mexicanos en el mundo entero y dentro de esta
cifra destacan los recursos generados por los consulados mexicanos en Estados Unidos, que
en el ejercicio 2000, alcanzaron los 32 millones 489 mil 689 dólares 31 centavos y que
ejercieron un presupuesto de 23 millones 366 mil 731 dólares 69 centavos para ese mismo
año.
Con base en ello, reviste especial
importancia precisar, que la aludida recaudación deberá ser independiente de la
asignación presupuestal que año con año esta soberanía le otorga a la cancillería y
en su caso también independiente del aumento de recursos que esta Cámara de Diputados
decida posiblemente conceder a dicha dependencia.
La posibilidad de que los consulados
pudieran contar con un fondo etiquetado, a partir de un porcentaje de los recursos
generados por los servicios prestados en el exterior, daría continuidad y certidumbre a
los programas de ayuda a mexicanos fuera de nuestras fronteras. En particular ciertas
actividades consulares se verían fortalecidas:
• Programa de repatriación de
personas vulnerables;
• Atención y asesoría jurídica;
• Visitas a cárceles y centros de
detención;
• Atención telefónica (línea 1800 y
llamadas por cobrar);
• Campañas de seguridad al migrante
(protección preventiva);
• Servicio de consulados móviles;
• Prestación de servicios consulares
en general y
• Atención al público (incremento de
horarios).
En este sentido, existen ya normas en
diversos ordenamientos federales que destinan los recursos obtenidos en diversas
instituciones, a fin de crear fondos y programas que repercuten en el mejoramiento de sus
servicios o condiciones laborales, tal es el caso de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente o la misma Ley Aduanera.
Además, agregar que en las investigaciones
que hemos estado realizando en materia de derecho comparado, sale a la luz el ejemplo
chileno, referencia del todo obligada, dado el similar nivel de desarrollo y ejercicio en
materia de política exterior con nuestro país. El estatuto del personal del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile cuenta con un artículo que expresamente señala
"‘el Presidente de la República fijará las tarifas de los servicios que el
Ministerio preste al público, relacionados con el despacho de cables, otorgamiento de
pasaportes oficiales y especiales, traducción de documentos y otros.
Las sumas recaudadas por tales conceptos no
ingresarán rentas generales de la nación y se depositarán en una cuenta corriente
especial en el Banco del Estado de Chile, contra lo cual podrá girar el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Por decreto supremo se dispondrá la forma en que se invertirán
estos fondos, los cuales serán destinados preferentemente a cubrir los gastos ocasionados
por la prestación de los servicios, Relaciones Exteriores de Chile de la forma que estime
conveniente para cubrir las necesidades más urgentes y apremiantes".
De esta forma los legisladores que
suscriben, ratificamos nuestro compromiso por defender y proteger los derechos y
libertades fundamentales de todo ser humano y de los mexicanos dentro del ámbito nacional
como fuera de éste, sobre todo si reconocemos que la migración mexicana crecerá
mientras prevalezca la desigualdad en los niveles de desarrollo entre Estados Unidos y
México.
Por lo anteriormente expuesto, legisladores
de diversos grupos parlamentarios, sometemos a la consideración del pleno, el siguiente
DECRETO
Por el que adiciona una fracción XI al
artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Artículo único. Se adiciona una
fracción XI al artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como
sigue
CAPITULO I
Del servicio exterior mexicano
Artículo 2o. Corresponde al
servicio exterior mexicano:
I a la X...
XI. Destinar un porcentaje de los ingresos
por los servicios establecidos en la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier
representación consular, a un fondo.
XII. Destinar un porcentaje de los ingresos
por los servicios establecidos en la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier
representación consular, a un fondo creado para el mejoramiento de la atención brindada
por los consulados en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo, a los 25 días de
octubre de 2001.— Diputados: Heidi Storsberg Montes, Elena Chávez Palacios, Raúl
Gracia Guzmán, Alonso Ulloa Vélez, Herbert Taylor, Emilio Goicoechea, Mercedes
Hernández, María Cruz Martínez, Eddie Varón, Sonia López Macías, Eduardo Arnal
Palomera, Gabriela Cuevas Barrón, José Alfredo Botello, Lucio Fernández González,
Armando Salinas Torre, María Isabel Velasco y Gustavo Carvajal.»
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
La diputada Heidi Gerturd Storsberg
Montes:
Perdón, señora diputada, ¿podría pedir
que el turno también fuera a las comisiones de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto?
La Presidenta:
Son 90 personas, ¿no importa? Creo que hay
consenso entre los grupos parlamentarios para que esto salga hacia delante. De acuerdo
señora diputada.
Túrnese como lo ha solicitado la
diputada, a las tres comisiones unidas.
El diputado Eddie James Varón Levy
(desde su curul):
Gracias, señora Presidenta.
Nada más solicitarle que si puede usted
instruir a la Secretaría para que se corrija en la versión estenográfica, que esto fue
hecho por los diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios que firmamos,
porque en la Gaceta aparecierón como que fue del Partido Acción Nacional y esto
fue una cosa de dos de los partidos.
Gracias.
La Presidenta:
Es de atender su petición. Se ruega a la
Secretaría haga constar la petición del diputado.
CONTRIBUYENTE
SOCIAL
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Rafael
Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una iniciativa de reformas, a diversas disposiciones legales, para
establecer la figura denominada "contribuyente social".
El diputado Lorenso Rafael Hernández
Estrada:
Con el permiso de la Presidencia y
solicitándole a la misma que la versión íntegra de la exposición de motivos y el
articulado que por economía de tiempo no voy a leer en su totalidad, sea transcrita a la Gaceta
Parlamentaria y al Diario de los Debates.
INICIATIVA DE DECRETO
Que modifica diversas disposiciones para
crear el régimen de contribuyente social
«Ciudadanos diputados integrantes del
pleno de la LVIII Legislatura
Ciudadanos diputados Presidente y
secretario de la mesa directiva
Señoras y señores diputados:
Con fundamento en el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, el que suscribe,
diputado Rafael Hernández Estrada, presenta a este pleno y somete a la consideración de
la Asamblea de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la
Federación y disposiciones de la Ley del Seguro Social, con el objeto de crear el
régimen fiscal del contribuyente social.
1889,1890,1891
La presente iniciativa recoge propuestas
para que se modifique el actual marco fiscal en que se desenvuelven las actividades de los
pequeños contribuyentes y de otros sectores que no están debidamente encuadrados en las
leyes fiscales, como son los dedicados a actividades lícitas reconocidas como parte de la
"economía informal".
Quiero hacer constar que la presente es una
propuesta de la Alianza Nacional de Contribuyentes, Asociación Civil, la que por más de
una década ha estado presente en la defensa de los pequeños contribuyentes del país,
con la diaria gestión de sus asuntos y con una actitud prepositiva. En este caso, soy un
portavoz de las inquietudes y demandas de las decenas de miles de asociadas y asociados de
esta organización.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. La presente iniciativa pretende dar
expresión fiscal a un sector de 12 millones de mexicanos que se dedican a las actividades
comerciales, de servicios y manufacturas en pequeñas unidades económicas de carácter
familiar. Mexicanas y mexicanos que han encontrado en su pequeña empresa o pequeño
comercio un patrimonio que les permite la sobrevivencia en un país que no les ha brindado
otra oportunidad. Son quienes se dedican al comercio o a los servicios en los pequeños
establecimientos y también aquellos que realizan su actividad en mercados públicos,
tianguis concentraciones, vía publica, puestos fijos y semifijos, recicladores y que aún
no han sido bien definidos fiscalmente, denominándoseles genéricamente "economía
informal".
Se ha reconocido que una de las maneras
más eficaces de incrementar los recursos públicos, es ampliar la base de contribuyentes.
No es posible que se fortalezcan las finanzas públicas si, como ocurre, el número de
contribuyentes cautivos es de apenas 6 millones de personas, mientras que la población
económicamente activa del país se estima en 35 millones.
La propuesta que hoy presentamos tiende a
incorporar a la misma a millones de mexicanos de escasos recursos que están dispuestos a
contribuir al desarrollo nacional con el pago de sus impuestos, pero que a la vez demandan
un trato justo que les permita vivir y desarrollar su pequeño patrimonio, una
legislación accesible y sencilla que no les demande niveles de contabilidad que no
tienen, así como acceder a los servicios de seguridad social.
2. Estos mexicanos, en sus pequeños
negocios, trabajan en ocasiones desde las 6 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, es
decir 16:00 horas diarias para sobrevivir. Mexicanos que no tienen acceso a la seguridad
social ni reciban pago de horas extras, vacaciones, Infonavit y otras prestaciones. Estos
mexicanos, por su baja inversión en capitales, por su baja capacidad fiscal, requieren el
apoyo de un régimen acorde con su capacidad contributiva, económica y administrativa.
Pensamos que el Congreso de la Unión debe tener la sensibilidad y visión social para
entender la situación de estos millones de mexicanos, que constituyen la tercera parte de
la población económicamente activa del país, para legislar el régimen del
contribuyente social.
Analicemos algunos datos.
a) De acuerdo en la encuesta nacional de
micronegocios de 1998 (que es la más reciente, publicada por el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social), encontramos
que en el país existían 4 millones 218 mil 568 unidades económicas conocidas
popularmente, micronegocios (misceláneas, panaderías, tortillerías, carnicerías,
talleres mecánicos, verdulerías, estéticas, papelerías, farmacias etcétera).
• De cada 100 de éstos, 67 trabajan
sin local y 33 con local.
• De cada 100 de éstos, 66 son
atendidos por un solo trabajador, que es el propio dueño.
• De cada 100 de éstos, 87 no tienen
registro en la tesorería del estado o municipio.
• De cada 100 de éstos, 94 no tienen
registro en la Secretaría de Salud.
• De cada 100 de éstos, 62 tienen
registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• De cada 100 de éstos, 90 atienden
al público en general.
• De cada 100 de éstos, 23 no tienen
ganancias.
• De cada 100 de éstos, 36 ganan de
uno a tres salarios mínimos generales.
• De cada 100 de éstos, 75 tienen
dificultades para funcionar.
• De cada 100 empleados en estos
establecimientos 91 no tienen ningún tipo de seguridad social.
• El total de micronegocios da empleo
a 6 millones 693 mil 733 personas.
b) Que de acuerdo a la comparación de la
encuesta nacional de micronegocios 1996 con la de 1998. Encontramos que.
• En 1996 el 11% no tenía ganancias y
en 1998 el 23%.
• En 1996 el 62% ganaba de uno a tres
salarios mínimos generales y en 1998 el 36%.
• En 1996 el 93% de sus empleados no
tenía seguridad social y en 1998 el 91%.
• En 1996 el 88% atendía el público
en general y en 1998 el 90%.
c) Que de acuerdo a los mismos censos
comerciales de 1999, del total de las ventas nacionales, los comercios minoristas:
• Venden el 28% de frutas y legumbres
frescas.
• Venden el 27% de ferretería y
tlapalería
• Venden el 29% de juguetes,
papelería y útiles escolares.
• Venden el 33% de la carne.
• Venden el 33% del huevo.
• Venden el 36% de la leche.
• Venden el 45% de los abarrotes y
ultramarinos.
• Venden el 45% de la salchichonería
y cremería.
• Venden el 41% de los dulces y
chocolates.
• Venden el 56% de las frituras, pan,
pasteles, galletas, tortillas y café.
• Venden el 77% de los refrescos y
aguas purificadas.
• Venden el 69% de la cerveza.
• Venden el 41% de textiles, prendas
de vestir, calzado, artículos de piel y otros.
• Venden el 38% de la madera aserrada
y materiales de construcción no metálicos.
1. Las encuestas y los censos difícilmente
contabilizan a millones de mexicanos que se dedican a la economía informal, es decir, los
recicladores, tianguistas, comerciantes ambulantes y otros, con los que se integra un
sector que alcanza la cifra de 12 millones de personas. Por sus condiciones económicas,
de actividad preponderante y baja capacidad administrativa, deben de ser integrados en un
solo régimen del contribuyente social y que de ninguna manera pueden ser igualados con la
capacidad administrativa que poseen las empresas.
2. La masiva incorporación de los
micronegocios y los negocios de la economía informal al ámbito de la contribución
regular, produciría el crecimiento de la base de contribuyentes y consecuentemente, de la
recaudación fiscal.
3. Hemos planteado la creación del
régimen del contribuyente social que sería definido de la siguiente manera:
Este contribuyente será el que tenga
ingresos de hasta 3 millones 800 mil pesos de ingresos anuales como límite para tributar
en este sector, cifra que es la misma que en 1998 definió la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público como límite del régimen del pequeño contribuyente.
Los establecimientos comerciales o de
servicios que cuenten hasta con seis trabajadores y los establecimientos de manufacturas
de hasta 16 trabajadores serán considerados dentro de éste régimen.
Quienes cuenten con un ingreso de hasta 20
salarios mínimos generales al año, esto es 294 mil 555, deberán ser contribuyentes
exentos del pago del ISR. A partir de este nivel de ingresos se aplicará una tabla con
tasas que van desde la exención hasta el 2% del total de los ingresos divididos por
rangos, rangos que reflejan en sus divisiones una progresiva forma de ingreso y por tanto,
de pago de impuestos, manteniendo la regla de que quien más ingresos recibe con más
impuestos contribuye a las finanzas públicas.
Consideramos necesaria la exención de
quienes tengan ingresos de hasta 20 salarios mínimos porque, con una tasa de utilidad del
10%, un ingreso de este nivel sólo permite pagar los gastos de inversión de la actividad
(liquidación de mercancías y su traslado, consumo de electricidad, agua, renta,
impuestos municipales y estatales, pago de servicios públicos y otros) y al final, el
pequeño contribuyente conserva como utilidad una cantidad tan íntima que es apenas de
sobrevivencia, es el mínimo necesario para mantener a su familia. Por ello les planteo,
compañeros diputados, que analicemos esta propuesta que es de mínima justicia.
Planteamos también la necesidad de
corregir un contrasentido que contiene la ley vigente pues, al pasar de la base para el
cálculo del impuesto que se definió para los pequeños contribuyentes, son los ingresos
brutos, no las utilidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que
las notas y facturas de compra no sirven para determinar el monto de los impuestos. Para
la SHCP sólo cuentan las facturas que se expidan, pero con una sola que el contribuyente
expida se obliga al mismo a cambiar al régimen general de ley, sea al mismo régimen que
las grandes empresas de este país, violentando un sentido de equidad y justicia que debe
regir la tributación.
Por esto, en la iniciativa se corrige esta
situación con lo que, por ejemplo, las vulcanizadoras podrán entregar facturas por la
reparación de llantas o los reparadores de radiadores no vivan con el miedo a que por una
factura de 50 pesos cambien de régimen, el cual obliga a muchísimas más cargas
administrativas fiscales y al pago de despachos contables como si fueran estos mexicanos
grandes empresas de socie dades. Si el cálculo del impuesto es por ingresos, es un
contrasentido poner un candado de esa magnitud que provoca problemas al contribuyente.
4. La presente iniciativa pretende
construir una legislación fiscal de fácil aplicación, de sencillo lenguaje y fácil
entendimiento. Pretende ser congruente con el nivel educativo de estos sectores que
mayoritariamente son populares. Desde luego, ustedes notarán que se plantea reducir el
articulado y eliminar muchas de las trabas y disposiciones que dificultan la
incorporación de las pequeñas unidades económicas a la base de contribuyentes. En este
momento en que se debate la reforma fiscal integral, este sector plantea la necesidad de
la simplificación administrativa que evite altos costos sociales al pequeño
contribuyente y que le permita a la SHCP una recaudación ágil e inmediata.
Por citar un solo ejemplo: el último
párrafo del artículo 119M de la Ley del ISR establece que, cuando fallece el
contribuyente, sólo el "representante legal" podrá cumplir con las
obligaciones fiscales del difunto. La mayoría de los mexicanos de la ciudad y
especialmente del campo, no llevan a cabo un juicio sucesorio por los altos costos del
mismo. Entonces, la SHCP les acumula requerimientos y multas que terminan agobiando a los
familiares, no sólo se les amenaza con el embargo, sino con delitos fiscales absurdos. Es
por ello que planteamos que con la sola presentación de cualquier familiar del difunto y
los documentos necesarios termine la relación fiscal del contribuyente y puedan los
familiares cumplir con las obligaciones faltantes.
5. Quisiera señalar que los pequeños
contribuyentes resultarían doblemente afectados por la aplicación del IVA a los
alimentos y medicinas. Por un lado, como consumidores de los deciles más bajos de la
población, aquellos que se encuentran en la pobreza y en la pobreza extrema, verían
reducida su posibilidad de consumir los productos básicos. Por otro lado, en su carácter
de comerciantes y proveedores de servicios, precisamente a los sectores de menores
ingresos, verian una reducción de sus operaciones que los llevaría la quiebra. Es por
ello que los pequeños contribuyentes se oponen terminantemente a que se cobre IVA en
alimentos y medicinas.
Por el contrario, los pequeños
contribuyentes demandan exención del IVA en el consumo de gas doméstico y de energía
eléctrica para uso residencial y microempresarial hasta por 200 kilowatts/ hora, así
como en los consumos para el riego agrícola.
Sin embargo, entendiendo la necesidad de
incrementar los recursos del Estado, en esta iniciativa se propone que el impuesto para
los bienes suntuarios se calculará aplicando la tasa del 25% a productos tales como los
yates de recreo, los automóviles de lujo blindados, las joyas y otros.
6. La masiva incorporación de las
pequeñas unidades económicas a la órbita de la economía formal requiere de un esfuerzo
del Estado para hacer más atractivo el formalizar las actividades que el mantenerse al
margen de las reglas y de las contribuciones.
1892,1893,1894
Un elemento central de lo anterior lo es
que, junto con la incorporación al padrón de contribuyentes, el microempresario pueda
optar por la incorporación a los sistemas de seguridad social de los que está
prácticamente marginado.
Por ello, en la iniciativa se propone
reformas a la Ley del Seguro Social para que los pequeños contribuyentes puedan ser
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y puedan así gozar de las
prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros
de invalidez y vida, así como de retiro y vejez.
Para ello, resulta necesaria la creación
de un Fondo Nacional de Seguridad Social que se puede constituir con un porcentaje de la
recaudación nacional, incrementada con la aportación de los pequeños contribuyentes.
7. Estimadas compañeras y compañeros
diputados, en las exposiciones anteriores explicamos ampliamente los factores sociales y
económicos que justifican la creación del contribuyente social y de las modificaciones a
las diferentes disposiciones fiscales que he mencionado. Ahora nos referiremos al marco
constitucional que regula y fundamenta esta propuesta.
El artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los sectores económicos que concurren
a la actividad económica del país y dentro de ellos, se considera especialmente al
sector social de la economía, estableciendo lo siguiente:
"Artículo 25. Al desarrollo
económico concurrirán, con responsabilidad social, sector público, el sector social y
el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan
al desarrollo de la nación...
Bajo los criterios de equidad y
productividad se apoyará a las empresas de los sectores social y que dicte el interés
público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
La ley establecerá los mecanismos que
faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social: de
los ejidos, organización de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que
pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y en general, de todas
las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes
y servicio socialmente necesarios."
Habrá qué decir, finalmente, que estamos
por una cultura del contribuyente, del ciudadano solidario con su comunidad y con su
Gobierno, que aporta el pago de sus impuestos y que, a la vez, es vigilante del uso que se
da a los dineros públicos y que evalúa la calidad de las contraprestaciones que, en
servicios y obras públicas, debe recibir la población de los diferentes niveles de
gobierno.
Creemos en el contribuyente que no está de
acuerdo con que se destinen cientos de miles de millones de pesos en rescates bancarios,
en rescates carreteros, en el enriquecimiento de los altos funcionarios y que, en cambio,
sí está de acuerdo en aportar para el desarrollo económico y social del país.
Con base en estas consideraciones y con
fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno del
Congreso General, presento a este pleno la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Primero. Se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidas en los
artículos 119-M, 119-N; se derogan los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo
119-Ñ, modificándose la fracción V del artículo 119-Ñ y se deroga el artículo 119-O,
para quedar como sigue
"Ley del Impuesto Sobre la Renta
TITULO QUINTO
De las personas físicas disposiciones
generales
CAPITULO VI
De los ingresos por actividad empresariales
SECCION TERCERA
Del régimen de los contribuyentes sociales
Artículo 119-M. Las personas
físicas que desarrollen actividades empresariales, productivas, de transformación,
comerciales y de servicios en establecimientos permanentes, mercados públicos, tianguis,
concentraciones, comerciantes en vía pública, puestos fijos y semifijos, recicladores,
incluidas las actividades desarrolladas en forma familiar permanente hasta con seis
personas como máximo y las de manufacturación con un máximo de 16 personas, podrán
optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección,
siempre que los ingresos propios de la actividad desarrollada y los intereses obtenidos en
el año de calendario anterior, no hubieran excedido de 3 millones 800 mil pesos.
Los contribuyentes que se dediquen a
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícola de autotransporte de carga y
pasajeros (con dos unidades como máximo) así como las artesanales, podrán optar por
pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre
que los ingresos propios de la actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año
de calendario anterior no hubieran excedido de la cantidad señalada en el párrafo
anterior. Asimismo podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección los
contribuyentes que en el año de calendario anterior obtuvieron hasta el 50% de los
ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia,
representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos.
Para efectos de esta sección, cuando el
contribuyente fallezca, terminarán sus obligaciones fiscales. La Secretaría dará de
baja automáticamente la clave del Registro Federal de Causantes con la presentación del
acta de defunción.
Artículo 119-N. Las personas que
paguen el impuesto en los términos de esta sección, calcularán el impuesto aplicando la
tasa que corresponda al total de los ingresos que cobren en el ejercicio, en efectivo,
bienes o servicios, por su actividad empresarial, conforme a la siguiente tabla.
La tasa que corresponda se aplicará a la
diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que se cobren en el
ejercicio, un monto equivalente a 20 veces al salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente elevado al año.
**********INSERTAR TABLA 135
**********INSERTAR TABLA
Artículo 119-Ñ.
. . .
II . . .
Párrafo tercero derogado.
Párrafo cuarto derogado.
Párrafo quinto derogado.
IV. . .
. . .
Párrafo segundo derogado.
Párrafo tercero derogado.
V. Entregar a sus clientes copias de las
notas de venta cuando se trate de operaciones mayores de 120 pesos y conservar copias de
las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I,
II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el importe total de la
operación en número o en letra.
Artículo 119-O. Derogado."
Artículo segundo. Se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, en la que se reforma el artículo 2o.-C y se adiciona el artículo 2-D; se
modifica el artículo 15 fracción IV, se adicionan las fracciones XVII, XVIII y XIX y se
modifica el 32 penúltimo párrafos, para quedar como sigue:
"Artículo 2o.-C. Las personas
físicas con actividades empresariales que se encuentren dentro de la sección III del
Régimen del Contribuyente Social, no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas
actividades, siempre que en el año calendario anterior hayan obtenido ingresos que no
excedan de 3 millones 800 mil pesos por dichas actividades. La cantidad a que se refiere
este párrafo se actualizará anualmente en el mes de enero, en los términos del
artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 2o-D. El impuesto para los
bienes suntuarios se calculará aplicando la tasa del 25% a los productos señalados en
este artículo, así como a las acciones o valores de las operaciones financieras que se
operen en la bolsa de valores.
Se entenderá por bienes suntuarios:
a) Yates de recreo.
b) Botes de recreación.
c) Automóviles de lujo y blindados.
d) Joyas.
e) Caviar.
f) Bebidas importadas.
g) Aviones de lujo.
h) Pieles de importación.
i) Salmón ahumado y anguilas.
Artículo 15. . .
IV. Los de enseñanza que preste la
Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios y sus organismos
descentralizados y los establecimientos de particulares que tengan autorización y
reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de
Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar y primaria.
XVII. El consumo hasta 200 kilowatts de
energía eléctrica en las tarifas 1, 2 y 9 en todas sus categorías.
XVIII. Los derechos por la prestación del
servicio de agua potable en sus tarifas domésticas, así como los derechos por la
prestación del servicio de agua para uso de riego agrícola.
XIX. El pago del servicio telefónico de
uso residencial.
Artículo 32. . .
VI. . .
Para efectos de los contribuyentes
inscritos en la Sección III del Régimen de Contribuyentes Sociales de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, cuando el contribuyente fallezca terminarán sus obligaciones
fiscales. La Secretaría dará de baja automáticamente la clave del RFC con la
presentación del acta de defunción.
. . ."
1895,1896,1897
Artículo tercero. Se adiciona el
Código Fiscal de la Federación, en su artículo 16 fracción VI, adicionándose el
párrafo tercero y se reforma el artículo 67 primer párrafo, para quedar como sigue:
"TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 16. . .
I. . .
VI. . .
. . .
Párrafo tercero. Se considera empresa del
sector social de la economía y/o familiar a aquella que cumpla las condiciones del
párrafo anterior y en la cual la apropiación de la utilidad o ganancia se hace
equitativa y socialmente entre sus integrantes.
Artículo 67. Las facultades de la
Secretaría de Hacienda para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así
como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el
plazo de dos años contados a partir del día siguiente a aquél en que:
. . ."
Artículo cuarto. Se reforman y
adicionan los artículos de la Ley del Seguro Social, particularmente el artículo 13 para
adicionar la fracción VI, se reforma el artículo 222 fracción II inciso a y se
reforma el artículo 227 adicionando la fracción III, para quedar como sigue:
Artículo 13. . .
VI. Las personas físicas que desarrollen
actividades empresariales, productivas, de transformación, comerciales y de servicios en
establecimientos permanentes, mercados públicos, tianguis, concentraciones, comerciantes
en vía pública, puestos fijos y semifijos, recicladores, incluidas las desarrolladas en
forma familiar permanente hasta con seis personas como máximo y las de manufacturación
con un máximo de 16 personas.
Artículo 222. . .
II. . .
Para los sujetos a que se refieren las
fracciones I, III y VI del artículo 13 de esta ley, las prestaciones en especie del
seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y
vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos.
Artículo 227. . .
III. Para los sujetos a la fracción VI del
artículo 13, el Instituto Mexicano del Seguro Social establecerá la creación de un
fondo nacional de seguridad social, que se formará con un porcentaje de la recaudación
nacional que el Gobierno de la Federación aporte para el establecimiento de un sistema de
seguridad social para el contribuyente social de la economía."
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de
octubre de 2001.— Diputado Rafael Hernández Estrada.»
La Presidenta:
Túrnese a las comisiones unidas de
Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social.
Y de acuerdo a la solicitud del señor
diputado Rafael Hernández Estrada, insértese el texto íntegro que ha entregado, en el Diario
de los Debates.
CONDECORACIONES
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día; es
la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos:
Manuel Rodríguez Arriaga, Carlos Pascual Monsiváis y Enrique René Michel Santibáñez,
para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros e lvette María Carballo
Fariñas, para prestar servicios a la Embajada del Reino Unido en México.
En virtud de que los dictámenes se
encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 22 de octubre, consulte
la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez González:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se les dispensa la lectura.
En consecuencia, se pide a la Secretaría
poner a discusión los proyectos de decreto.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen
el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan
los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Manuel Rodríguez
Arriaga, Carlos Pascual Monsívais y Enrique René Michel Santibáñez, puedan aceptar y
usar las condecoraciones de las órdenes de Leopoldo II, en Grado de Gran Cruz; Docente y
Cultural Gabriela Mistral y HeungIn, en Segundo Grado; que les confieren los gobiernos del
Reino de Bélgica, de la República de Chile y de la República de Corea, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37
constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
aprobación de la Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede
permiso al embajador Manuel Rodríguez Arriaga, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden de Leopoldo lI, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de
Bélgica.
Artículo segundo. Se concede
permiso al Carlos Pascual Monsívais, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Docente y Cultural Gabriela Mistral, que le confiere el gobierno de la República de
Chile.
Artículo tercero. Se concede
permiso al embajador Enrique René Michel Santibáñez, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden HeungIn, en Segundo Grado, que le confiere el gobierno de la
República de Corea.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 17 de octubre de
2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio
Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y
Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José
Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García
Cervantes, Arturo Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja
Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez
Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo
Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna
García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago
Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo,
Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarria.»
La Presidenta:
Está a discusión el dictamen en lo
general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Se pregunta a la Asamblea si se va a
reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
REINO UNIDO
La secretaria Martha Silvia
Sánchez González:
« Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.—
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen
el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación , por el que se solicita el
permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ivette María Carballo Fariñas,
pueda prestar servicios como agregada adjunta de administración, en la Embajada del Reino
Unido en México.
En sesión celebrada por la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 16 de octubre, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en la Embajada del Reino Unido en México, serán como agregado
adjunto de administración,
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II, del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso
a la ciudadana Carballo Fariñas, para prestar servicios como agregado adjunto de
administración, en la Embajada del Reino Unido en México.
Sala de comisiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México D.F., a 17 de octubre de
2001.— Firman los diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José
Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya
Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios, Manuel Añorve Baños,
José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco
García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico
Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel
Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto
Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban
Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo
Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala
Echavarría.»
No habiendo quien haga uso de la palabra,
se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado, en
un solo acto.
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez González:
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10
minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación.)
Se emitieron 356 votos en pro y cero en
contra.
La Presidenta:
Aprobados los proyectos de decreto por
356 votos.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez González:
Pasan al
Senado para los efectos constitucionales.
La Presidenta:
Continúe la Secretaría.
VOLCAN
POPOCATEPETL
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública fue turnado para su estudio y dictamen una proposición
con punto de acuerdo para exigir al Secretario de Gobernación se tomen las acciones
necesarias en caso de una eventual erupción del volcán Popocatépetl, presentado al
pleno de la Cámara de Diputados el día 16 de noviembre de 2000, por el diputado Eduardo
Rivera Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
1898,1899,1900
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los numerales 57, 60, 65, 66, 85, 87, 88, 94 y demás aplicables
del Reglamento para el Gobierno Interior, del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública corresponde dictaminar la
proposición con punto de acuerdo en comento y somete a la consideración de esta Asamblea
el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
1. El día 16 de noviembre de 2000, el
diputado Eduardo Rivera Pérez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados haga un llamado a las
autoridades de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Coordinación del
Sistema Nacional de Protección Civil:
a) Inicie una campaña de información
sobre la peligrosidad de una erupción del volcán Popocatépetl y las medidas de
protección civil respectivas;
b) Realice una supervisión y posible
reparación de las rutas de evacuación y
c) Lleve a cabo programas de simulacros a
fin de evaluar las acciones correspondientes.
Asimismo, contiene una invitación a
integrar un grupo de trabajo para que recorran la zona de riesgo y conozca la situación
real de los trabajos de protección civil.
2. El punto de acuerdo propuesto se basa en
las siguientes consideraciones:
a) Que el Comité Científico del Centro
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), decretó por primera vez, la noche del
viernes 3 de noviembre, que el semáforo de alerta volcánica se ubicara en amarillo fase
tres, esto es, a tan sólo una fase de la alarma, al aumentar la actividad del volcán
Popocatépetl.
b) Que a pesar del grado alcanzado por el
semáforo de alerta, las autoridades de protección civil han insistido en que el
incremento de la actividad volcánica no representa ningún peligro para la población y
se han limitado a realizar sus actividades rutinarias de revisión del programa de
protección civil, mientras que miles de pobladores de las zonas de riesgo viven climas de
incertidumbre ante la evidente falta de información y los problemas que podría ocasionar
el deterioro de los caminos dispuestos para una eventual evacuación.
c) Que si bien existe el plan operativo
Popocatépetl en el que cada dependencia define con claridad su participación, esto no es
conocido por la población que directamente se vería afectada y mucho menos por la
sociedad en su conjunto, dada la escasa difusión que ha tenido.
d) Que si bien los desastres naturales son
imprevisibles, se pueden iniciar acciones para aminorar sus efectos y evitar los altos
costos humanos, materiales y sociales que éstos representan.
CONSIDERACIONES
Esta comisión comparte la inquietud de los
diputados que suscriben la propuesta, en el sentido de que se deben difundir las medidas
preventivas en torno a la situación del volcán Popocatépetl, a efecto de disminuir los
riegos de la población que habita en la zona de riesgo, ante una posible erupción del
volcán.
Sin embargo, es preciso reconocer que las
autoridades federales responsables en materia de protección civil, han adoptado medidas
de información masiva acerca de los procedimientos de evacuación ante el incremento de
la actividad del coloso.
Que si bien la fase crítica ha pasado, es
necesario la implementación de una campaña permanente de información preventiva, aun
cuando ésta se concentre en las zonas de riesgo por la baja en la actividad volcánica.
El Congreso de la Unión no puede
permanecer ajeno a esta problemática, por el contrario, debe participar, en el ámbito de
su competencia y atribuciones, en el esfuerzo para que se informe y prevenga cualquier
desastre derivado de una posible erupción del volcán Popocatépetl, por lo cual es
viable que un grupo de trabajo de esta Cámara, conozca de primera mano, la situación que
guarda la zona de riesgo y las acciones respectivas.
Por lo anterior, esta Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública somete a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados el siguiente
ACUERDO
Primero. Es de aprobarse el punto de
acuerdo propuesto por el diputado Eduardo Rivera Pérez, a nombre del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, para que la Secretaría de Gobernación, a través de la
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, lleve a cabo las siguientes
acciones:
a) Continúe la campaña, en forma
permanente, de información sobre la peligrosidad de una erupción del volcán
Popocatépetl y las medidas de protección civil respectivas.
b) Supervise permanentemente las rutas de
evacuación de los poblados aledaños al volcán e implemente las medidas necesarias para
que los caminos se encuentren en condiciones adecuadas para una eventual erupción del
volcán.
c) Periódicamente lleve a cabo programas
de simulacros a fin de evaluar las acciones correspondientes.
Segundo. Asimismo se acuerda
integrar un grupo de trabajo integrado por diputados de los diferentes partidos que
conforman el Congreso de la Unión, para que recorra la zona de riesgo, conozca la
situación real de los trabajos de protección civil e informe de ello al pleno de esta
soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
México, D.F., a 5 de junio de 2001.— Por la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A.
Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas, Luis Miguel G.
Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños José Francisco Blake Mora,
Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Arturo Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde,
Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez
Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo
A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús
Reyna García, Adrián Rivera Pérez, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval
Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres
Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala
Echavarría.»
La Presidenta:
Señoras y señores diputados: está a
discusión el punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores...
En virtud de que no se han registrado
oradores para la discusión de los puntos de acuerdo, se pide a la Secretaría consulte a
la Asamblea en votación económica si se aprueban.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
En votación económica, se pregunta a
la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobados los
puntos de acuerdo. Comuníquense.
ESTADO DE
COLIMA
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
excitativa que presentará el diputado Luis Herrera Jiménez, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, para hacer una excitativa a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor diputado.
El diputado Luis Herrera Jiménez:
Gracias, señora Presidenta.
«Excitativa a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos para que se integre una subcomisión que examine los antecedentes y en su
caso, haga las gestiones necesarias con objeto de lograr el ubicar el paradero de los dos
jóvenes desaparecidos.
ANTECEDENTES
Con fecha 17 de septiembre del presente
año, el diputado Ramón León Morales, integrante de la fracción parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática, presentó a la consideración del pleno un punto
de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integre una subcomisión
encargada de hacer las gestiones e investigaciones necesarias con objeto de identificar a
la autoridad que detuvo en la ciudad de Colima a dos jóvenes que aún mantiene
incomunicados.
La anterior proposición fue apoyada por
los diputados Jaime Salazar Silva, del Partido Acción Nacional y Roberto Preciado Cuevas,
del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente fue turnada a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos.
Segundo. El punto de acuerdo tiene su
origen en el hecho de que desde el pasado 26 de junio los ciudadanos Alejandro Martínez
Dueñas y Jesús González Medina fueron detenidos por elementos policiacos afuera del
domicilio de este último en la ciudad de Colima. Los familiares de Alejandro Martínez,
desde el día 30 del mismo mes, fecha en que se enteraron de los hechos, no han dejado de
acudir a los órganos jurisdiccionales y a diferentes instancias de los gobiernos Federal
y estatal, además de organismos de derechos humanos de la prensa y de este cuerpo
legislativo.
Poco o casi nada le han informado sobre el
paradero de su familiar. Viaja de Colima a esta ciudad y de regreso con la esperanza de
encontrar, de parte de alguna autoridad, una luz que lleve a su localización.
Han recorrido de la oficina de agente del
Ministerio Público hasta de un procurador, del secretario general de gobierno de Colima a
la del subsecretario de Gobernación, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la de
organismos no gubernamentales y diferentes medios de comunicación.
CONSIDERACIONES
El derecho a la libertad personal es una
garantía que nuestra Constitución preserva y que nosotros los ciudadanos debemos
valorar, respetar y hacer respetar. La incomunicación de las personas por parte de alguna
autoridad constituye un delito, pero además una ofensa y un atentado a la sociedad, una
actitud que sólo se observa en las dictaduras y gobiernos autocráticos.
Sin embargo, al parecer en este México
actual parece que esta práctica también existe. Hace cuatro meses dos jóvenes fueron
detenidos por autoridades policiacas y a la fecha no se sabe nada. Los expedientes de la
denuncia sólo contiene eso: la denuncia y nada más.
Las autoridades del Estado de Colima
aseguran que fueron elementos de la Policía Judicial Federal quienes los detuvieron y que
los trasladaron a esta ciudad para sujetarlos a una investigación. La Procuraduría
General de la República niega lo anterior y asegura no tener ningún antecedente de los
desaparecidos. Sin embargo, desde el mes de febrero les fue enviado un expediente en donde
una mujer los involucraba en la comisión de varios delitos; lo que sí existe en esos
antecedentes en la Procuraduría.
Ante el intercambio de declaraciones entre
la autoridad local y la federal, los encargados de averiguar los hechos lamentables no
cumplen con su responsabilidad de citar a cuantos afirman tener conocimientos de los
mismos, en tanto los familiares continúan con su via crucis ante la mirada ajena e
indiferente de las autoridades.
Por tratarse de una posible violación a un
derecho fundamental del ciudadano y porque ha transcurrido el plazo que el artículo 87
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos establece como término para expedir el dictamen correspondiente, me permito
solicitar a la Presidencia de esta Cámara, en términos del artículo 21 fracción XVI
del citado reglamento, lo siguiente:
"Unico. Se envíe excitativa a
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita el dictamen respecto de la
proposición con punto de acuerdo presentada el 17 de septiembre por el diputado Ramón
León Morales y que les fue turnado en la misma fecha.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados, 25 de octubre del 2001.»
Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,
para que emita el dictamen correspondiente.
1901,1902,1903
INFORME
DE GOBIERNO
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día se
refiere a proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Rafael
Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la glosa del informe
presidencial. Hasta por 10 minutos, señor diputado.
El diputado Lorenso Rafael Hernández
Estrada:
Muchas gracias. Con el permiso de la
Presidencia:
Con la suspensión de la comparecencia del
director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, prevista para el pasado 10 de
octubre, terminaron las comparecencias de funcionarios para el análisis del I informe de
Gobierno del Presidente de la República.
Entre el 11 de septiembre, cuando
compareció ante este pleno el Secretario de Gobernación y el 5 de octubre, comparecieron
17 funcionarios de la Administración Pública Federal ante el pleno o ante comisiones.
Las comparecencias se desarrollaron de
conformidad con el acuerdo parlamentario por el que se establecen las bases para el
desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de
Diputados para el análisis del I Informe de Gobierno del Presidente de la República,
administración 2000-2006, adoptado por la Junta de Coordinación Política el 10 de
septiembre.
En dichas comparecencias, cada uno de los
funcionarios tuvo la oportunidad de exponer el estado que guarda su respectivo ramo, así
como responder preguntas de los legisladores hasta por un total de dos horas en las
diferentes rondas, lo que totaliza para las 17 comparecencias 34 horas de informes.
Habrá que decir que comparecieron ante el
pleno o en las comisiones, todos los secretarios de Estado, además de los directivos del
IPAB, de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, con la excepción del Procurador
General de la República y los secretarios de la Contraloría, de la Defensa Nacional y de
Marina.
Por su parte, cada uno de los partidos que
cuentan con fracción parlamentaria en esta Cámara, dispusieron de dos horas con 50
minutos para exponer su posicionamiento en cada ramo de la administración, a razón de 10
minutos por comparecencia para plantear interrogaciones a los funcionarios. Los grupos
parlamentarios utilizaron 2 horas 16 minutos y otras tantas para replicarles en dos rondas
de cuatro minutos cada una ante cada compareciente.
Todo lo cual hace un total para las 17
comparecencias de 37 horas y media de posicionamientos, preguntas y réplicas.
Si tomamos en cuenta que en promedio cada
comparecencia tuvo una duración de 4 horas con 30 minutos, el tiempo total de las mismas
se puede estimar en 76 horas y media, equivalentes a más de 15 sesiones del pleno de la
Cámara.
Ahora debemos preguntarnos ¿cómo lograr
que con motivo de la glosa del informe presidencial esta Cámara cumpla con su función de
controlar y evaluar las acciones del Poder Ejecutivo? Por el respeto que les debemos a las
y los diputados participantes en las comparecencias y con el mismo respeto para quienes
comparecieron, nos parece que todo esto puede quedar en un ejercicio de monólogos, en un
diálogo de sordos, sin impacto real en las políticas públicas del Gobierno Federal.
La glosa del informe no puede limitarse ni
consumirse en el debate por el debate o en el lucimiento personal de funcionarios o
diputados, tiene que ver más bien con el control evaluatorio que el Congreso de la Unión
debe ejercer sobre las actividades del Ejecutivo y que debe constituir en la evaluación
de las políticas públicas de este.
Como se sabe, el artículo 69 de la
Constitución obliga al Presidente a presentar un informe sobre el estado que guarda la
administración; el párrafo primero del artículo 93 constitucional establece que los
secretarios de despacho y los jefes de los departamentos administrativos darán cuenta al
Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos.
Estas disposiciones se relacionan con el
artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que establece que las
cámaras analizarán el informe en sus distintas materias, política exterior, política
económica, política social y política interior.
En el párrafo 3o. del artículo 39 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Unión se señala que las comisiones ordinarias tienen a
su cargo tareas de control evaluatorio del Poder Ejecutivo y que su competencia se
corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
Pero queremos subrayar que asimismo el
artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión dispone que las comisiones
ordinarias podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades
del Ejecutivo Federal y que los titulares de éstas estarán obligados a proporcionar la
información en un plazo razonable.
El párrafo cuarto del mismo artículo
dispone que las comisiones ordinarias harán el estudio del informe a que se refiere el
párrafo primero del artículo 93 constitucional y formularán un documento en el que
consten las conclusiones de su análisis.
Vengo aquí, compañeras y compañeros
diputados, a proponer que se cumpla con lo que ordena el artículo 45 de la Ley Orgánica
del Congreso, mismo que ha sido citado y se comience así en la glosa del informe, a
cumplir la función evaluatoria que corresponde a nuestra Cámara.
«Con base en lo anterior y con fundamento
en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración el siguiente punto de acuerdo, mismo
que solicito se considere de urgente resolución y que consta del siguiente
punto de acuerdo
Primero. La conferencia para la
dirección y programación de los trabajos legislativos, solicitará a cada una de las
comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, un documento en el que consten las
conclusiones del análisis que hayan realizado del I Informe de Gobierno del Presidente de
la República y de los informes y comparecencias de los secretarios de Estado y demás
dependencias de la Administración Pública Federal correspondientes a su ámbito de
competencia.
Segundo. Dicho documento deberá ser
entregado a más tardar el 8 de noviembre de 2001 y deberá contener las observaciones a
la gestión de las secretarías de Estado y de las dependencias y entidades del Ejecutivo
Federal, así como las propuestas de políticas públicas que se hayan sugerido.
Tercero. Los documentos serán dados
a conocer en forma integral al pleno de la Cámara mediante su publicación en la Gaceta
Parlamentaria y serán enviados al Ejecutivo Federal para su conocimiento.
Firman esta propuesta con punto de acuerdo
los diputados: Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México;
Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc
Cardona Benavides, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Rafael
Hernández Estrada, del grupo parlamentario del PRD.»
Es cuanto, señora Presidenta.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si el punto de acuerdo presentado se considera de urgente
resolución.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, de
conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión el
punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores.
No habiendo quién haga uso de la palabra,
consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de
acuerdo.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
En votación económica se pregunta a la
Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese
a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
INSTITUTO
PARA LA PROTECCION
AL AHORRO BANCARIO
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al diputado
César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público se dirija a la mayor brevedad posible a la
junta de gobierno del IPAB, para solicitarle que sean contestadas las preguntas, en
relación al desarrollo del IPAB que se anexan a este punto y aquellas otras que los
miembros de la propia comisión deseen realizar.
Tiene la palabra hasta por 10 minutos.
El diputado César Augusto Santiago
Ramírez:
Muchas gracias a todos ustedes amigos:
Finalmente tengo la oportunidad de platicar
con ustedes este tema, porque yo creo, señora Presidenta, que las diputadas y los
diputados de esta Cámara tenemos un compromiso ético y una responsabilidad de moral
política para opinar, discutir e intervenir en los asuntos del IPAB. No entendería
—lo digo con franqueza— mi presencia en la Cámara si no diera mi punto de vista
y afrontara las consecuencias en relación con este tema.
Hace algunos años, cuando estalló el
asunto del Fobaproa di mis puntos de vista en los espacios a mi alcance y entonces dije
algo que creo, compañeras y compañeros, sigue siendo válido ahora, es tal el volumen de
recurso que dispuso el Fobaproa y tal el volumen que dispone el IPAB, que prácticamente
implicaría que es allá y no aquí donde se toman las grandes decisiones políticas.
Aquí, compañeros, queremos una reforma
fiscal sensata, queremos proteger los intereses populares, queremos saber primero en qué
se va a gastar lo recaudado, para qué va a servir el dinero, claro, nos cuesta trabajo
llegar a acuerdos, claro, tenemos que arribar a acuerdos que tienen que ser públicos y
transparentes, pero allá no, allá en la soledad de los despachos majestuosos a veces,
sin enfrentar a la sociedad, siempre rodeados de secretos perniciosos y a veces de
suspicacias deciden a quién apoyar y a quién no, quién es primero y quién es después,
a quién le venden los bienes y en cuánto se los venden y peor todavía, cuando informan
y hasta dónde informan. ¿Dónde está, señoras y señores de la Cámara, entonces la
real política? ¿Allá o en los debates de la Cámara?
El secreto y la discrecionalidad han
pervertido la transparencia de las operaciones de ayer y las de ahora en estos institutos.
Yo simplemente afirmo que los señores banqueros rescatados mantengan en secreto su
negocio, siempre y cuando no utilicen recursos públicos, ¿cuál secreto? Cuando se trata
de recursos públicos, ahí es nuestra obligación moral saber exactamente qué se
gastaron y para qué se gastaron esos recursos.
Yo propongo por eso primero que asumamos el
asunto del IPAB como una responsabilidad de todos, no es patrimonio político individual
de nadie, por famoso que sea ni debe ser aprovechado para proteger las opiniones que se
hayan vertido antes y que ahora necesitan corregirse.
Propongo también que reconozcamos que
tenemos que avanzar, porque ya no es suficiente la denuncia o insistir en los temas de
siempre que nunca tienen respuesta, los créditos reportables, los tenedores de los
créditos, las denuncias mal hechas, las impunidades abiertas, son estos asuntos de la
justicia que esperemos la justicia resuelva bien.
Yo creo que a nosotros nos toca, además,
verificar si en efecto la Ley del IPAB es útil, si de verdad sirve y luego cerciorarnos
también acerca de si la operación del IPAB, sus métodos y sus directivos son los más
convenientes, si tanto la ley como el IPAB están bien, razonablemente, contribuyamos a
que sean mejores, pero les adelanto la opinión personal, que tanto la ley como el famoso
IPAB son un verdadero fracaso.
1904,1905,1906
Algunas razones, se suponía que el IPAB
era para mejorar el desempeño del antiguo Fobaproa, es posible que si preguntamos nos
quede claro que los promedios de recuperación de cartera fueron más altos en el extinto
Fobaproa que ahora, es posible que si nos informamos advertiremos que ni siquiera se han
hecho adiciones o sustituciones a los contratos de compraventa de cartera que elaboró el
Fobaproa, siguen iguales y por supuesto no se han podido sustituir los pagarés del
Fobaproa por los del IPAB, como les ordena el artículo quinto transitorio de la ley.
A los dirigentes de ayer y creo que con
toda razón, los acusamos de neoliberales, discrecionales y hasta incompetentes, pero
ahora, señores, esta junta de gobierno ha vivido inmersa en rumores de conflictos de
interés que involucran a algunos de sus vocales, yo creo que no tenemos por qué hacernos
cómplices de personajes que no han aclarado bien su situación individual, hay denuncias
en la prensa de operaciones de venta de bienes que no son transparentes del todo y desde
luego todas las preguntas que quedaron sin respuesta, desde la Comisión Permanente o
hasta la última desafortunada comparecencia del secretario ejecutivo del IPAB.
Hay cuestiones para qué preocuparnos, sin
embargo, les digo a todos que hay un renglón en que ahora el IPAB es muy exitoso y es en
el de su nómina, en las percepciones de sus dirigentes, en el volumen de su personal, en
los viajes de sus directivos, los rescates, los salvamentos, la incapacidad de los
banqueros y los rescatadores sigue igual, el estribillo es el mismo, queremos más dinero
público ¿para qué?, —según dicen los expertos— terminemos de pagar esta
deuda en 215 años, de verdad es ése un dato, por eso creo que es obligación sentarnos a
ver estas cosas con objetividad y pronto.
El Presidente dijo recientemente en alguno
de los espacios que le quedaron entre las recepciones de éste muy oportuno viaje, que el
IPAB es un asunto del Congreso. Yo no sé si lo dijo de verdad o si sólo lo hizo para
regresar a su pretexto favorito.
El domingo pasado, en otra declaración
aeronáutica, el Presidente dijo que si no va a haber reforma fiscal, díganmelo.
Obviamente refiriéndose al Congreso.
Yo creo que es el momento de tomarle la
palabra al Presidente y preguntar al IPAB cuánto va a pedir de dinero público a Hacienda
para el próximo año, porque en la línea de lo que hemos visto, si nos podemos ahorrar
20 ó 30 mil millones de pesos del IPAB, serán los mismos 20 ó 30 mil millones que no
tendremos que recaudar de la gente, vía la reforma fiscal que tanto le interesa al
Presidente. Lograremos dos cosas cuando menos: un ahorro sustancial y aminorar los
desvelos de los fobapróbicos que tendrían ahora la opción de formarse en vamos México
y contribuir ellos mismos a solventar sus propios problemas.
Para empezar propongo, por tanto, que la
mesa directiva de la Cámara, que nos ayude enviando las preguntas que formulo a esta
propuesta y todas las que los señores diputados quieran también aportar. Propongo que
otorguemos 10 días para que el IPAB conteste y pidamos que lo haga por escrito, para
evitar las evasivas de las comparecencias y tener nosotros la oportunidad de resolver con
esta información o una reforma sustancial a la Ley del IPAB o una comisión que
investigue su desempeño o ambas dos, como decimos en mi pueblo.
Lo tenemos que hacer pronto, para evitar
que algunos interesados —como ya lo han anunciado— propongan una reforma
cosmética o que nosotros promovamos otra exhortación, que en términos prácticos,
señoras y señores diputados, es como los llamados a misa.
Desde el jueves pensé, señora Presidenta,
que el tema del IPAB tendría que discutirse entre nosotros en su real dimensión, pensé
que debiera serlo con todos sus detalles, pero hoy estimo que es imperativo moral hacerlo.
Así como no podemos permitir que el gran movimiento y toda la lucha social termine en
filantropismo, tampoco podemos abrir otra puerta para que los supuestos filántropos lo
sigan siendo con los recursos públicos.
Mis preguntas de hoy son así una
convocatoria, señoras y señores de la Cámara, para construir con seriedad y sobre la
base de la certeza. Rechacemos la frivolidad y la anécdota, ya tuvo su espacio. Este es
el tiempo de construir en el Congreso y simplemente a eso quiero invitar a todos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Activen el sonido en la curul del diputado
Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Señora Presidenta, muy respetuosamente
quisiéramos solicitarle instruyera a la Secretaría para que diera lectura a las
preguntas incorporadas en ese punto de acuerdo y de ser posible en uso de sus facultades,
la mesa directiva fuera quien directamente hiciera la solicitud de esta información y la
comunicara a las comisiones respectivas.
La Presidenta:
Con mucho gusto, señor diputado.
Dé lectura la Secretaría a las preguntas.
La secretaria Martha Silvia
Sánchez González:
Preguntas que formula el diputado
César Augusto Santiago para que sean contestadas por la Junta de Gobierno del IPAB:
Uno. ¿Cómo puede el IPAB demostrar que su
operación es más útil, más eficaz y conveniente para el pueblo de México, que la
realizada por el Fobaproa, que la sociedad entera repudió? En ese sentido, explique el
IPAB lo siguiente: ¿cuál es el porcentaje promedio en los años del 2000 y 2001 en las
ventas o cesión a terceros, de cartera realizada por el IPAB frente a los promedios de
recuperación de la cartera de créditos obtenido en el año de 1998? ¿Cuáles son las
enmiendas o modificaciones que el IPAB ha realizado a los contratos de compraventa de
cartera que se realizaron del Fobaproa, ejemplificando en los contratos o en su caso en
los anexos a los mismos, las nuevas operaciones o las modificaciones más sustantivas?
En caso de que esto no haya sido posible
realizarlo, es necesario señalar las causas y motivos por los cuales no se han sustituido
los contratos originales que el Fobaproa firmó con los bancos.
De todas maneras se hubiera rescatado
aunque no se hubiera quedado el instituto, si no es así, explicar las razones.
2. ¿A cuánto asciende la nómina y el
personal del IPAB?
a) ¿Cuánto ganan y cuáles son las
prestaciones a que tienen derecho los vocales independientes y el secretario ejecutivo?
b) ¿Cuánto ha invertido en gastos de
publicidad respecto del propio gasto corriente del instituto y por ejemplo, a cuánto
ascienden los gastos que se puedan imputar al proceso de venta de Bancrecer?
c) En una comparación con el gasto
corriente del Fobaproa, ¿a cuánto ascienden los ahorros respecto de su antecesor en la
función de protección ahorro y, en su caso, a cuánto ascendería el ahorro en materia
de administración y venta de los bienes objeto del saneamiento financiero?
3. Por la salud del IPAB y por la necesidad
evidente de que sus operaciones están investidas de autoridad moral, es prudente de una
vez por todas, explicar al Congreso de la Unión la situación real de los cuatro vocales
que integran la junta de gobierno del instituto, en materia de posibles conflictos de
interés, independientemente de los estudios que viene realizando la Secodadm.
Es evidente que si alguno de ellos fue
comisario o tuvieron intervenciones de cualquier naturaleza en las cuestiones bancarias y
financieras de los últimos años, que puedan provocar suspicacias en función de su
responsabilidad actual, éste es el tiempo de aclararlas y evitar que los diputados tengan
que recurrir a una diversidad de instancias para encontrar evidencias que directamente el
IPAB pueda proporcionar para tranquilidad de todos y en aras de la transparencia que debe
prevalecer en las operaciones que realiza dicho instituto.
Personalmente no formulo ningún
señalamiento y menos acusación a nadie. No tengo el gusto de conocer a ninguno de los
vocales del IPAB, pero creo que es muy prudente que las cuestiones que hemos leído u
oído algunas se han publicado y otras se repiten insistentemente, puedan ser aclaradas
por el IPAB de una vez por todas. A ese respecto conviene preguntar: ¿es cierto que
algunos de los vocales, al día de su designación, continuaban siendo comisarios,
administradores, funcionarios o accionistas de bancos? En todo caso:
a) ¿De cuáles y hasta cuándo de ello fue
debido y oportunamente informado el instituto?
b) ¿En cuáles, en caso de ser cierto,
existieron relaciones de negocios o profesionales de uno o algunos de los vocales con las
administraciones de los bancos que han sido o están siendo sujetos de saneamiento
financiero o en todo caso se ha procedido a su liquidación, venta o fusión?
c) ¿Quién fungió como responsable
administrador y restaurador de créditos del Banco Santander, al que se dice, le compraron
23 mil millones de pesos en créditos? ¿Ya se intercambio el pagaré de esa institución
en los términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario?
d) La Casa de Bolsa Bursamex, representó
un enorme quebranto financiero, ¿quiénes fueron sus administradores en el momento en que
se determinó el quebranto de la institución?
e) ¿Cuál es el estado financiero real del
llamado Banco del Sureste y su proceso de integración al grupo financiero?
f) ¿Cómo fue adquirido el Banco del
Sureste en su origen?
g) En todo caso, ¿cuánto se ha recuperado
de las pérdidas causadas en Bursamex, después de casi tres años de que el IPAB es
titular? Es obvio que ya se pudo explicar: ¿qué pasó, qué está pasando y qué va a
pasar en relación con el Banco del Sureste?
h) Sobre ese mismo tema, la operación de
venta del Banco del Sureste a Bital, ¿permitió recuperar el quebranto o a cuánto
asciende el quebranto que tiene registrado el IPAB derivada de esta operación?
i) Si es cierto que alguno de los vocales
fungió de comisario en Banca Unión, Cremi, Obrero, Bancrecer, Banorte, ¿a cuánto
asciende el costo de las pérdidas de cada uno de los bancos registrados a la fecha y en
cuánto se estima que podrían llegar a ser una vez liquidados o vendidos a terceros?
j) ¿Algunos de los consejeros realizó
operaciones de administración o compra de cartera al Fobaproa a través de empresas que
él dirigía o fue parte del consejo de administración de bancos rescatados una y otra
vez?
4. En relación con las operaciones que han
motivado grandes debates y recurrentes críticas, es urgente que el IPAB presente al
Congreso de la Unión criterios y opiniones concretas que eviten discrecionalidad y
determinaciones casuísticas. En ese sentido conviene preguntar:
a) Creo que es conveniente establecer que
toda operación exitosa, sostenida o respaldada en esquemas que involucren recursos
públicos no debieran gozar de benéficos fiscales.
Pensando en la recuperación de créditos
de Banamex incorporados al programa de capitalización por alrededor de 37 mil millones de
pesos, es conveniente que el IPAB documente el avance en la recuperación de dichos
créditos y emita su opinión al respecto de la afirmación inicial de esta pregunta.
b) Conforme al inciso d el artículo
quinto transitorio de la Ley del IPAB, se debieron establecer incentivos para que los
deudores realicen un pronto pago, así como mecanismos para que se indujera el pago por
parte de los grandes deudores.
Es importante entonces que el instituto
explique, ¿cuáles son los intensivos instrumentos y esquemas implementados por el IPAB y
cuáles son los resultados que arrojan estos esquemas a la fecha? En todo caso, si no se
han instrumentado, es necesario señalar las causas que lo motivan.
c) Como dice la ley en la materia, es
conveniente que el IPAB explique, ¿qué ha hecho para promover la actividad crediticia
del país? Al respecto el instituto debiera de explicar cómo ha cuidado al tenor del
último párrafo del mismo artículo transitorio, para que durante la vigencia de las
garantías las instituciones cuenten con un nivel de capitulación adecuado para la
promoción de la actividad crediticia del país y en el mismo sentido.
d) ¿A cuánto asciende el monto de
créditos rechazados y devueltos a la banca y cuánto representa en porcentaje del total
de la cartera sujeta al programa de capitalización?
5. En cuanto al futuro. Es evidente que los
pasivos del IPAB son verdaderamente monstruosos.
Con el modelo seguido hasta esta fecha,
¿cuántos años tardaría el pueblo de México, según sus cálculos, los montos
presupuestales que obtiene y las operaciones que realiza, así como los costos financieros
que tiene para solventar este monumental adeudo? ¿Pueden con toda franqueza explicar si
hay o no ventajas en que la deuda del IPAB siga como está o se convierta en deuda
pública directa? Si hay ventajas, además del menor costo financiero que implica la mejor
calificación de riesgo de la deuda pública, ¿por qué no se ha promovido y explicado
antes? Y si no las hay, ¿por qué de una vez no se enfrenta y se finiquita el asunto?
¿Qué cantidad de dinero proponen ustedes a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público que incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2002 para el IPAB? ¿qué se conseguiría con esa propuesta? En todo caso, ¿se
esperaría que la deuda total actual se reduzca en términos reales?
Los montos que se han recuperado a través
de cobranza y venta de bienes aplicados a la deuda del IPAB, ¿han servido para pagar
intereses y parte del capital de los adeudos del instituto? O ¿sólo han servido
parcialmente para cubrir el costo financiero de su pasivo? La explicación de montos y
prospectiva es altamente importante.
1907,1908,1909
6. Con la idea de proponer reformas
atendiendo a la experiencia internacional y después de los viajes que han realizado
diversos funcionarios del IPAB para conocer esos esquemas, según dice la prensa,
¿estiman recomendarle todavía que la función de venta o realizaciones derivadas del
rescate bancario derivado de la crisis financiera del año de 1995 se haga en forma
independiente a la función del servicio público de la protección al ahorro?
No es acertado que con base en la
experiencia internacional, ¿se debería separar al IPAB en dos entidades distintas que
sea consecuente con el perfil profesional y operativo que hoy están conjugadas en el
IPAB? Las respuestas oportunas y precisas permitirían iniciar dos vías paralelas:
Una, un proyecto de reforma y adiciones a
la Ley para la Protección al Ahorro Bancario y
Dos, en su caso promover la constitución
de una comisión de investigación de la Cámara de Diputados a las operaciones del IPAB y
que después le dé puntual seguimiento a las conclusiones y preguntas que en su
oportunidad planteó la comisión para investigar el funcionamiento del Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario que fue rendido al pleno de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión el 31 de julio de 2000. Diputado César Augusto Santiago.
Es todo.
La Presidenta:
Gracias, señora Secretaria.
De acuerdo a la petición del señor
diputado Augusto Santiago Ramírez, la mesa directiva turnará directamente al IPAB las
preguntas formuladas en su proposición.
Diputado Sotelo, ¿con qué objeto?
El diputado David Augusto Sotelo Rosas
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta.
Para referirme al mismo punto que acaba de
plantear el diputado César Augusto Santiago.
La Presidenta:
Había pedido la palabra para el mismo
objeto, el diputado Del Río Virgen y en seguida para usted.
Adelante, señor diputado.
El
diputado José Manuel del Río Virgen:
Con su permiso, señora Presidenta;
Señora Presidenta, rogarle nada más que
se insista en que el IPAB pueda dar respuesta.
Mire usted, miren ustedes, compañeras y
compañeros diputados: la comisión para investigar el funcionamiento de Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario, que estaba conformada por los diputados: Omar Alvarez
Arronte, Edgar Martín Ramírez Pech, Jorge Silva Morales, Fauzi Hamdan Amad, Guillermo
Barnés García, Alfonso Ramírez Cuéllar y Juan José García de Quevedo, también le
pidió al IPAB que respondiera algunas preguntas y ése fue en el año 2000 en el mes de
julio.
Y les voy a platicar y les voy a poner
solamente en esta tribuna, algunas de las preguntas que todavía no se digna el IPAB en
contestar.
Le preguntaba esta comisión de esta
soberanía precisamente al IPAB lo siguiente: que instrumentara un programa integral de
verificación de bienes, muebles e inmuebles de la banca intervenida, que incluyera su
inspección física, su posesión, la acreditación de su propiedad, su valor comercial,
su aseguramiento y el uso que se les ha dado.
El IPAB simplemente no ha querido
responder. También le pedían que respondiera; que se le diera un seguimiento a la
solicitud hecha por la comisión de esta soberanía, en el sentido de que se les
requiriera a los bancos información sobre la recuperación obtenida y las acciones
emprendidas sobre los créditos reportados en el apartado AA del informe Mackey y
posteriormente diera cuenta a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda.
Por supuesto que el IPAB no ha respondido.
El PRD y el PAN conjuntamente le hicieron
la siguiente pregunta al IPAB, le dijeron: las irregularidades, legalidad o ilegalidad de
las operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera consideradas como
reportables, es inaceptable asumir como legal, el acuerdo de partes, que fue producto de
las modificaciones de los criterios para la compra de cartera establecidos originalmente
por el comité técnico del Fobaproa.
Y querían otra respuesta el PAN y el PRD y
le preguntaban: infórmenos sobre los compromisos de capitalización asumidos por los
bancos.
Por supuesto que el IPAB no le ha
contestado ni al PAN ni al PRD.
También le preguntaban al IPAB y estos
poderosos señores que llenan de vergüenza a la patria, que en el nuevo esquema de
capitalización, habría que revisar el rendimiento que otorgan los pagarés de compra de
cartera suscrito por el Fobaproa y a los que el IPAB les da servicio, para que éstos
dejen de ser un mecanismo de subsidio financiero encubriendo al sistema bancario.
Tampoco lo han contestado. Esta era una
pregunta que habían firmado el PAN, el PRD y el PRI.
También le preguntaban y le decían al
IPAB que respondiera: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo con el
apoyo del IPAB y de la Cámara de Diputados, llevarán a cabo las medidas legales
procedentes respecto de las responsabilidades en que incurrieron los funcionarios
públicos que tomaron la decisión ilegal del convenio modificatorio y del cambio de
criterios, mediante el acuerdo de partes para la aplicación del Programa de
Capitalización y Compra de Cartera.
Por supuesto no han respondido.
Es una vergüenza nacional y es una
vergüenza que este Congreso no tome una decisión en contra de los funcionarios que
actualmente están en el IPAB.
Sólo para terminar, compañeras y
compañeros, les diría que estas preguntas las hicieron distinguidos diputados de la
anterior legislatura, entre otros, Fauzi Hamdan, como ya lo mencioné y distinguidos
priistas y distinguidos perredistas y distinguidos miembros de diferentes partidos.
Ojalá y que con la intervención de esta
mesa directiva y con la fuerza de ustedes, el IPAB se pueda recomponer y los mexicanos
podamos seguir creyendo en las instituciones que nos hemos dado para bien de la patria.
Los funcionarios que están en el IPAB,
muchos funcionarios que siguen en el IPAB, deben de ir a la cárcel.
Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para hablar sobre el mismo tema, se le
concede el uso de la palabra al diputado David Augusto Sotelo Rosas, hasta por cinco
minutos.
El
diputado David Augusto Sotelo Rosas:
Muchas gracias, señora Presidenta:
La fracción parlamentaria del Partido de
la Revolución Democrática apoya la propuesta del diputado César Augusto Santiago en
todos sus términos.
Muchas cosas han estado desde su origen muy
mal en lo que ahora es el IPAB, antes Fobaproa.
La Ley de Instituciones de Crédito
decretada en julio de 1990, mediante la cual se creó el Fondo Bancario de Protección al
Ahorro como un fideicomiso administrado por el Banco de México, no facultó al Fobaproa
para comprar carteras bancarias. En su fracción II, el artículo 122 de la citada ley
establece, cito: "Para que las instituciones de banca múltiple puedan recibir apoyos
preventivos, deberán garantizar el pago puntual y oportuno del apoyo con acciones
representativas del capital social de la propia institución con valores gubernamentales o
cualquier otro bien que a juicio del fiduciario satisfaga la garantía requerida".
Si posteriormente el 3 de mayo de 1996,
como también indica el informe de avance de las auditorías de legalidad practicadas al
Fobaproa, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México celebraron un convenio que
modificó el contrato constitutivo del Fobaproa, estableciendo que este fondo podría
adquirir acciones, obligaciones subordinadas o instrumentos de deuda emitidas por las
instituciones o por las sociedades controladoras de éstas y en general adquirir bienes y
derechos de propiedad de instituciones, con el propósito de proveer a su mejoramiento
financiero, donde cabrían las compras de carteras y lo cierto es que la legalidad de este
convenio y de las operaciones derivadas está en entredicho por contradecir el
mandato superior de la Ley de Instituciones de Crédito.
Luego, el propio informe de avance de las
auditorías de legalidad, destaca que la fracción V del artículo 4o. de la Ley General
de Deuda Pública, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar
el aval del Gobierno Federal, pero sólo bajo condiciones o requisitos que se señalaron
muy puntualmente y que nunca se cumplieron; condiciones que no se cumplieron y que con los
avales y los pagarés otorgados al Fobaproa, se viola la ley respectiva.
Con relación a las carteras compradas por
el Fobaproa a los bancos no intervenidos, cabe recordar que al presentarse este programa
de compras en los criterios generales de política económica para 1996 enviados al
Congreso de la Unión en noviembre, se dijo que se trataba de carteras debidamente
provisionadas; sin embargo, las cifras dadas a conocer tres meses después, indicaban que
las provisiones preventivas de las carteras adquiridas por el Fobaproa, sólo ascendían
al 14.4%, no obstante que alrededor de la mitad de estas carteras, eran carteras vencidas
según las normas contables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entonces
vigente y el 100% eran carteras vencidas según las normas contables internacionales
vigentes a partir de 1997, que consideran cartera vencida no sólo el valor de los
documentos y pagos de un crédito después de tres meses, sino el monto total del crédito
del que tales documentos forman parte y por tanto deberían estar provisionadas cuando
menos con el 60% de su monto.
Estas y otras irregularidades son de las
respuestas que queremos los diputados obtener y tener y que se formulan en el pliego de
posiciones o de preguntas que el diputado Santiago Ramírez ha manifestado en esta
tribuna.
Es preocupante y es indignante que la
nación destine de su presupuesto para pagar a los defraudadores de la Banca Mexicana.
Solamente por concepto de ese pago se cubriría del 40% de la denominada "reforma
distributiva", ahí se encuentran estos recursos.
Indigna pues, que con los recursos de la
nación se quiera seguir pagando a quienes defraudaron no solamente la confianza de los
mexicanos, sino el erario de toda la nación.
Por eso el Partido de la Revolución
Democrática apoya en todos sus términos este pliego de posiciones.
Muchas gracias.
La
Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia solicita les sean turnadas
las versiones de las intervenciones del los diputados: José Manuel del Río Virgen y
David Augusto Sotelo Rosas, a la mesa directiva, para que tome en cuenta los puntos de
vista de los señores diputados al formular la petición de respuesta del IPAB a las
preguntas formuladas.
INSTITUTO PARA LA PROTECCION
AL AHORRO BANCARIO (II)
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Rosalinda
López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el IPAB.
La diputada Rosalinda López Hernández:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
El domingo pasado se publicó en algunos
medios de información el contenido de los llamados working papers o documentos de
trabajo del informe del señor Michael Mackey.
Relato los siguientes hechos:
Primero: que el 7 de septiembre de 1998, el
comité de contrataciones de las subcomisiones para el estudio del Fobaproa, creado por el
honorable Congreso de la Unión, contrató a Michael Mackey, para examinar el desempeño
del Fobaproa en la rehabilitación de las instituciones financieras de México, así como
para evaluar el desempeño de las entidades encargadas de las actividades de dicho fondo,
incluyendo a su comité técnico, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al
Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el periodo que iba
del 1o. de enero de 1995 al 30 de junio de 1998.
Segundo: que de la revisión del señor
Mackey se concluye que la estructura del Fobaproa y los programas en los que intervino, no
están libres de crítica. El Fobaproa, a un costo considerable, proporcionó protección
a los ahorradores y una solución parcial y quizá temporal a sus problemas causados por
un sistema bancario débil y subcapitalizado.
Tercero: que en las notas para el lector,
Mackey señala claramente lo siguiente: este informe y las evaluaciones que se han llevado
a cabo, no constituyen una auditoría financiera, sino una revisión y análisis basados
en preguntas específicas previamente convenidas por el comité de contrataciones, por lo
que no deberá de considerarse como una auditoría.
Cuarto: que junto con su trabajo llamado
"evaluación integral de las operaciones y funciones del Fobaproa 1995-1998, el
señor Mackey entregó una serie de reportes por banco, donde se describen con detalle sus
procesos de saneamiento, así como la ingeniería financiera de las transacciones
reportables llamados working papers.
Quinto: que en el análisis de dichos
documentos, resulta indispensable para realizar la devolución a los bancos de las
operaciones irregulares y así dar cumplimiento al artículo quinto transitorio de la Ley
del IPAB, mismo que establece la realización de auditorías y depuración de las
operaciones reportables, como condición necesaria para llevar a cabo el canje de pagarés
Fobaproa por notas IPAB.
Sexto: que de acuerdo a lo publicado en
diversos medios informativos, los ahorros derivados del primer análisis de los papeles de
trabajo de Banamex, Bancomer y Bital, permitiría un ahorro de aproximadamente 43 mil
millones de pesos.
Séptimo: que es objetivo de esta
legislatura, así como del IPAB, el disminuir el costo fiscal del rescate bancario.
Octavo: que es inaceptable que la Cámara
de Diputados haya pagado más de 20 millones de dólares por el trabajo del señor Michael
Mackey y a más de dos años de haberse entregado el informe, aún no lo conozca en su
totalidad.
Noveno. Que en los papeles de trabajo se
detalla cómo ex banqueros llevaron a cabo operaciones relacionadas, que en el caso de
Bancomer y Banamex existen transacciones reportables que hasta el momento no han sido
consideradas como algunos créditos del grupo Sidec.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, solicito a la Presidencia de la mesa directiva someta a la
consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Unico. Que la mesa directiva
de la Cámara de Diputados solicite a la junta de gobierno del IPAB que entregue la
totalidad de los working papers del trabajo del señor Michael Mackey y que sea
turnado a cada uno de los grupos parlamentarios.
Asimismo, señora Presidenta, anexo a este
punto de acuerdo los working papers del trabajo del señor Mackey relativos al
Banco Internacional y Bancomer que se me hicieron llegar, para que usted ordene que sean
insertados en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria,
como si los hubiera yo leído, para que sea del conocimiento de todos nuestros compañeros
diputados, conforme al artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 21
fracción III del Reglamento Interior".
Es cuanto. Muchas gracias.
1910,1911,1912,1913
|
