DIARIO de los DEBATES
ORGANO
OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio
| DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Héctor de Antuñano y Lora t |
PRESIDENTE |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
AÑO II México, D.F., martes de 30 de octubre de 2001 No. 20 |
S U M A R I O
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Habla en pro del punto de acuerdo, el diputado Ramón León Morales. |
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En pro del punto de acuerdo, interviene el diputado Silverio López Magallanes. |
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Se refiere al mismo tema el diputado Augusto Gómez Villanueva. |
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Se turna la proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores. |
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DIARIO de los DEBATES
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Año lI No. 20 PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS OCTUBRE 30, 2001 |
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DECRETO Por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue: Artículo único: se reforma el párrafo único y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional para quedar como sigue: "Artículo 7o. Previa autorización de la Secretaría de Gobernación las autoridades, las instituciones o agrupaciones y los planteles educativos, podrán inscribir en la Bandera Nacional sus denominaciones, siempre que esto contribuya al culto del símbolo patrio Queda prohibido a todo partido político o agrupación política, utilizar en cualquier forma la combinación de los colores de la Bandera Nacional en sus emblemas y propaganda, así como hacer cualquier otra inscripción en la Bandera Nacional." ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Diputados: Enrique Villa, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Fanny Arellanes Cervantes, Gurmercindo Alvarez Sotelo, Arcelia Arredondo García, Beatriz Grande López, José Rivera Carranza, Ricardo Torres Origel, Félix Salgado Macedonio, Gina Andrea Cruz Blackledge, Félix Castellanos Hernández y Arturo Escobar y Vega.» El Presidente: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. El Presidente: Tiene la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Gracias, señor Presidente: El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma y adiciona dos párrafos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS La supremacía constitucional es el principio básico de todo sistema jurídico. Existe una jerarquía normativa indispensable y el fundamento de validez de todo ordenamiento se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional. La Constitución es la norma fundamental, es la ley suprema, la que señala las atribuciones y los límites a la Federación y a los estados. Es la ley cúspide de todo orden jurídico, la que contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados; la que integra el conjunto de normas según las cuales se van a crear y según las cuales se van a vivir todas las demás disposiciones. Su carácter constituyente determina la validez en la aplicación de las normas constituidas y, al hacerlo, sienta las bases para lograr su propia validez normativa. Así, la supremacía constitucional representa la unidad de un sistema jurídico; la validez de una norma se encuentra en que fue creada de acuerdo con el proceso determinado en otra norma de escaño superior y ésta por su parte fue creada por otra de jerarquía más alta hasta llegar a la disposición básica, la norma que es el soporte y razón última de validez de todo ese orden jurídico. El principio de supremacía constitucional corresponde a la noción de democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica: la norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente; los órganos gubernativos sólo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señale. Ninguna ley o acto de autoridad pueden restringir las garantías o los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En todas las constituciones o leyes supremas que han regido la vida de México, ha sido recogido el principio de supremacía constitucional. En el artículo 237 del decreto de Apatzingán, en el artículo 24 del acta constitutiva de la Federación mexicana, en el artículo 161-111 de la Constitución de 1824, en el artículo 3o. del acta de reforma de 1847, en el artículo 126 de la Constitución de 1857 y en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reformado en 1934. El texto original del artículo 133 tiene su antecedente inmediato en el artículo 126 de la Constitución de 1857, que a su vez se inspiró en el artículo 6o. inciso dos, de la Constitución de Estados Unidos de América. El proyecto que Carranza envió al Constituyente de Querétaro omitió este precepto, pero la segunda comisión de Constitución lo presentó al Congreso Constituyente en la 54. sesión ordinaria, celebrada el 25 de enero de 1917, fue aprobado por unanimidad el texto del artículo 132 que en el cuerpo final de la Constitución mexicana quedó incorporado como artículo 133. 2031,2032,2033 En 1934 fue reformado el artículo 133, sin modificar en esencia su sentido ni su alcance originales, se hicieron en su texto tres precisiones con relación a los tratados internacionales: se cambió la terminología "hechos y que se hicieren" por los vocablos "celebrados y que se celebren"; se adicionó el mandato "que estén de acuerdo con la misma", y por último, se sustituyó al Congreso de la Unión por el Senado, en la importante responsabilidad de aprobarlos. Pero si en el sistema constitucional mexicano no existe supremacía del derecho federal sobre el local, en el estadounidense el derecho federal si priva sobre el local. Es decir, mientras que la razón legal del artículo 6o., inciso dos, de la Constitución de los Estados Unidos de América es de supremacía de la legislación federal sobre la local, la razón legal del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de competencia. En efecto, de una interpretación hermenéutica de nuestra propia Ley Fundamental, se desprende que en México no existen las facultades concurrentes. La ley federal ordinaria no priva sobre la local, entre ellas no existe una relación de jerarquía, se trata tan sólo de un problema de competencia. Como consecuencia, al transponer en sus términos el dispositivo norteamericano a nuestra Carta Magna, se produjo la paradoja de dos textos gramaticalmente iguales que tienen y deben ser interpretados en sentido opuesto. Provocando en la práctica una serie de distorsiones y problemas jurídicos de interpretación que nunca han quedado totalmente resueltos ni por la jurisprudencia ni por la doctrina, a pesar de la indiscutible relevancia de los mismos; y a decir del insigne constitucionalista Felipe Tena Ramírez, con la redacción del artículo 133 se originó "un precepto oscuro, incongruente y dislocador de nuestro sistema", que indudablemente exige ya del Constituyente Permanente una pronta y adecuada reforma para dar solución pertinente a la disyuntiva que provoca la jerarquización de las normas en el orden jurídico mexicano. a). La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos única Ley Suprema de toda la Unión. Una interpretación gramatical del actual primer párrafo del artículo 133 de nuestra Carta Fundamental "esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión" parece contradecir la supremacía única de la Constitución. Pareciera que el propio artículo otorgara el carácter de supremacía no sólo a la Constitución, sino también a las leyes dadas por el Congreso Federal que emanen de ella y a los tratados internacionales que celebre el Presidente de la República con aprobación del Senado. En este punto no existe ninguna duda, el único poder soberano es el Constituyente; y su obra, que es la Constitución, tiene que ser la única Norma Suprema, la norma de normas. Las demás leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido como lo es el Congreso de la Unión, los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, indicando claramente que sólo la Constitución es Ley Fundamental. Sin duda que en la redacción actual del precepto existen incongruencia e imprecisión en el uso de términos. Claro que las leyes federales y los tratados cuando son constitucionales, por estar de acuerdo y no ser contrarios a la Ley Suprema, prevalecen sobre las leyes inconstitucionales de los estados, pero esta primacía no previene la desigualdad de las jurisdicciones, no se refiere a la primacía de lo federal sobre lo local, sino de lo constitucional sobre lo inconstitucional. Se trata en último análisis, de la supremacía única de la Constitución, frente a los actos que estén en desacuerdo con la misma. Para confirmar la conclusión existen también diversos artículos de la Carta Magna que se vinculan directamente con el principio de supremacía constitucional: el artículo 4o. que ordena que la forma de Estado y la forma de Gobierno deberán estar a los principios de la Ley Fundamental; el artículo 41 que prescribe que las constituciones de los estados no podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal; el artículo 128 que dispone que todo funcionario público sin excepción alguna prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen antes de tomar posesión de su cargo; los artículos 103, 105 y 107 que establecen los medios jurisdiccionales correctivos para restaurar el orden constitucional cuando fuere violado; el artículo 116 que estatuye que las entidades federativas están obligadas a organizarse de conformidad con lo ahí estipulado; y el artículo 135 que previene un procedimiento especial para reformar o adicionar a la Carta Magna. Como consecuencia, en primer término, en esta iniciativa se propone que en el texto del artículo 133 se reconozca en forma literal, expresamente, la categoría inobjetable tanto dentro de la doctrina como de la interpretación jurisprudencial, que la Constitución es la única Ley Suprema de toda la Unión. b). Leyes constitucionales y tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes ordinarias federales, constituciones de los estados y demás leyes locales y es un segundo plano respecto de la Constitución Federal. El artículo 133 tiene un contenido complejo, porque en él, además de la supremacía de la Constitución, también está establecido, en principio, el orden jerárquico que las normas tienen en el Estado mexicano. Un tema que por su trascendencia tiene que ser claro y preciso, con la expresión "leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella" ha generado una serie de problemas jurídicos de interpretación que nunca han quedado resueltos a plenitud ni por la jurisprudencia ni por la doctrina. Pareciera que el sentido literal del precepto subordinara todo el derecho local (incluso a las constituciones de las entidades federativas) al derecho federal; deducción inadmisible pues acabaría con el sistema federal y haría nugatoria la soberanía de los estados miembros que garantizan los artículos 4o. y 41 de la misma Constitución Federal. Para salvar este sentido gramatical del artículo 133, la Suprema Corte de Justicia ha hecho verdaderos malabares interpretativos y emitido jurisprudencia en los más distintos sentidos: supremacía del derecho federal frente al local; misma jerarquía de los dos, en sus variantes, lisa y llana y con la existencia de leyes constitucionales; Ley Suprema la que sea calificada de constitucional; leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa; tratados internacionales jerárquicamente superiores a las leyes federales. En realidad no existe tal supremacía del derecho federal sobre el local. Uno y otro están subordinados a la Constitución. Pero no se subordinan entre sí. Se trata de dos esferas de validez independientes una de la otra, cuyas facultades limita expresamente la Carta Magna en el artículo 124, de tal manera que ninguna de esas dos jurisdicciones es superior a la otra, sino que ambas son coextensas, porque cada una tiene su materia propia. Una disposición armónica del contenido normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta al orden jerárquico de las normas, exige igualmente una nueva redacción del artículo 133. Reconocer la existencia de leyes constitucionales (en la acepción que le dan maestros como Mario de la Cueva y Jorge Carpizo) para aludir a las que se refiere el texto actual como "leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella", para estructurar a partir de ahí una jerarquía normativa que ubique: en la cúspide de la pirámide a la Constitución General de la República; en un segundo nivel a las leyes constitucionales y a los tratados y en un tercer nivel a las leyes ordinarias federales y a las leyes locales, coexistiendo con distintas competencias, en virtud de lo ordenado en el artículo 124. Se arribaría así de manera natural a la deducción que han obtenido diversos constitucionalistas extranjeros: existe el orden nacional y dar órdenes subordinadas a la Constitución, al Estado Federal, a las normas que emanan de él que son las leyes constitucionales. Leyes constitucionales que se encuentran en el mismo nivel que los tratados internacionales que son normas que también afectan la unidad del orden jurídico nacional, la unidad del Estado Federal. b.1. Primacía de las leyes constitucionales sobre las leyes ordinarias federales, constituciones y demás leyes locales. Contra doctrinarios que sostienen que la supremacía de la Constitución general no se apoya en el carácter material de sus normas, sino que lo que les otorga supremacía es el procedimiento de su creación o reforma o contra otros, que afirman que todas aquellas disposiciones legislativas expedidas por el Congreso que cumplen con el requisito de validez exigido por la misma Constitución de congruencia y armonía con su mismo texto, comparten la condición de "Ley Suprema de toda la Unión", constitucionalistas encabezados por Mario de la Cueva y Jorge Carpizo han demostrado a plenitud que en nuestro sistema jurídico existen dos tipos de leyes federales: las leyes constitucionales, que emanan material y formalmente de la Constitución; y las leyes ordinarias, que sólo emanan formalmente de la Carta Magna. Las leyes constitucionales son parte de la Constitución, son la Constitución misma que se amplía, que se ramifica, que crece. El derecho federal ordinario es el que deriva de la Constitución pero sin ser parte de ella, podría ser de competencia local si así lo hubiera juzgado conveniente el legislador. Las leyes constitucionales son normas que hacen explícito el sentido pleno de los mismos textos constitucionales; esto es, son el cuerpo y el alma de la Constitución que se expanden, determinando, precisando y diciendo con la mayor claridad en todos sus detalles lo que son y lo que significan. Estas leyes constitucionales son las leyes que en la nueva redacción del artículo 133 se sitúan en una jerarquía superior a las leyes ordinarias federales y a las leyes locales, porque junto con los tratados internacionales son normas de la unidad del Estado Federal y no de alguno de los dos órdenes que integran a ese Estado Federal (la Federación y las entidades federativas). b.2. Primacía de los tratados sobre las leyes ordinarias federales, constituciones y demás leyes locales. Para determinar la jerarquía de los tratados internacionales frente a las normas jurídicas emergidas del orden jurídico interno de un país, las legislaciones del mundo han adoptado alguna de las tres tesis que dominan la doctrina jurídica en la materia: la dualista, la monista internacional o la monista nacionalista. La teoría dualista sostiene la existencia de dos órdenes jurídicos distintos, el internacional y el interno, para que cada uno rija en sus respectivos ámbitos. La regla interna se aplica para el derecho interno y la norma jurídica internacional se proyecta más allá de las fronteras. Para la corriente monista internacional existe un solo orden jurídico. Las normas jurídicas que la integran pueden ser internas o internacionales. En el supuesto de oposición entre lo regulado por unas y otras, tendrá primacía la norma jurídica internacional. Por su parte, la teoría monista nacionalista afirma que frente a una situación de antagonismo entre norma jurídica internacional y la norma interna, ha de prevalecer la norma jurídica interna. El sistema referente a la jerarquización de normas jurídicas internacionales frente a internas adoptado por la Constitución de los Estados Unidos de América, es ejemplo preclaro de la posición monista nacionalista. Inspirado en el párrafo segundo del artículo 6o. de la Constitución de los Estados Unidos de América, el artículo 133 constitucional también asume en su redacción original el monismo nacionalista. Las consecuencias de esta posición doctrinal son evidentes: la tesis monista con primacía del derecho interno fractura la misma noción del derecho internacional como sistema jurídico unitario con identidad propia. Habría así no uno sino muchos derechos internacionales, en función de la noción nacionalista que cada estado se hiciera del derecho internacional. En última instancia esta posición conduce a la negación misma del derecho internacional y determina la fragmentación de la comunidad internacional en perjuicio de los estados más débiles. Sostener a últimas consecuencias la igualdad de los tratados respecto a las demás leyes nacionales llevaría al extremo de aplicar en nuestro sistema jurídico a ese supuesto la regla de que la ley posterior deroga la anterior (lex posterior derogat priori); y por tanto, a considerar que aunque el Estado mexicano se hubiera obligado en el ámbito internacional, si entrara en vigor una ley posterior contraria en todo en parte a la convención, el tratado respectivo quedaría abrogado o derogado. Un principio toral universal del derecho internacional que conviene reafirmar en nuestra legislación es que todas las normas y obligaciones internacionales deben de cumplirse de buena fe. Este principio de pacta sunt servanda (reconocido por la jurisprudencia internacional, la Corte de Naciones Unidas en su preámbulo, su artículo 2.2, la Convención de Viena en su artículo 26 y la Declaración sobre Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados) se complementa con la disposición del artículo 27 de la misma Convención de Viena de 1969, que previene que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado y vincula y obliga a su observancia al Estado mexicano desde que fue publicada su promulgación en el Diario Oficial de la Federación del 14 de febrero de 1975. En efecto, las convenciones internacionales suscritas por México tienen su origen en la voluntad soberana del pueblo que está expresada en la Constitución y precisamente en ella reside el fundamento del estado para la adhesión a los tratados internacionales y después, obviamente, no podría mediante una ley posterior desconocer esas obligaciones libremente contraídas. Con la nueva redacción que se proyecta en la iniciativa ya no quedará duda alguna respecto a que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes ordinarias federales y las leyes locales. Pero no basta con reconocer expresamente la primacía del derecho internacional sobre el derecho ordinario federal y el derecho local y atemperar la posición de monismo nacionalista; es preciso dar pasos adelante para acercar a nuestro ordenamiento jurídico cada vez más a un sistema de recepción monista internacionalista. 2034,2035,2036 En tal virtud se plantea agregar dos nuevos párrafos al texto constitucional. En el que será el nuevo segundo párrafo del artículo 133 constitucional se concibe que los tratados internacionales celebrados de acuerdo con la Constitución, una vez publicados, formen parte del ordenamiento jurídico interno y sus disposiciones sólo puedan ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Para que en un tercer párrafo se establezca que los tratados relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, tengan jerarquía constitucional y prevalezcan en el orden jurídico interno, en la medida en que no contengan normas sobre su goce y ejercicio que alteren las garantías y derechos establecidos por la propia Constitución para el hombre y el ciudadano. b.3. Los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno. Con el contenido del nuevo segundo párrafo se reafirma que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades. Ello explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de estado y que el Senado intervenga como representante de la voluntad de las entidades federativas. Como consecuencia, una vez ratificados, los tratados forman parte del derecho interno del país, obligan en el ámbito federal o local y sus disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Porque además, por lo que se refiere a la materia de los tratados, no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas; esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso el Presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. b.4. Los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en todo el orden jurídico interno. Igualmente, en la iniciativa de reforma se estructura el mecanismo más eficaz para ampliar la esfera de derechos de los gobernados al reconocer en el texto fundamental que los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en todo el orden interno. Es decir, incorporar en nuestro sistema jurídico los tratados en materia de derechos humanos a nivel de la Constitución sin derogar normas de ésta y en carácter de complemento a ellas. Con la inclusión de este tercer párrafo, si bien jerárquicamente los tratados en materia de derechos humanos no son superiores a la Constitución, sí se les sitúa al mismo nivel que la Carta Magna y colmarán las lagunas que ésta pudiera tener en la evolución mundial en materia de protección de los derechos humanos, sin que hubiera necesidad de reformarla. Esta postura es congruente y complementa la disposición del artículo 15 constitucional, que prohibe la celebración de tratados en los que se alteren las garantías y derechos establecidos por la Constitución para el hombre y el ciudadano y con el dispositivo de la ley de tratados de 1992 que establece un mecanismo de inserción de las sentencias internacionales. En materia de derechos humanos es donde se observa una evolución más profunda del derecho comparado hacia un sistema más amplio de recepción de los tratados en favor del derecho internacional. Al respecto el estudioso argentino G. Bidart Campos ilustra esa relación con la constitución de los países bajos, en la que "se confiere al derecho internacional un orden predatorio superior al de todo el derecho interno, incluida la propia constitución" (Teoría general de los Derechos Humanos, edit. Astrea, B. Aires, 1991, p. 353); concluyendo que esta fórmula es la más eficaz para potenciar los derechos humanos. La Constitución peruana de 1979 establecía que los preceptos contenidos en los tratados relativos a los derechos humanos tenían jerarquía constitucional y no podían ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de su ley fundamental y siguen la misma tendencia, la Constitución del Paraguay de junio de 1992 en sus artículos 131, 141 y 142 y la Constitución de Venezuela en su artículo 23. Como un freno a la amenaza de regreso de las dictaduras militares, también el constituyente argentino de 1994 consideró necesario incorporar a su Constitución, en el artículo 75 inciso 22, 11 convenciones internacionales de derechos humanos, a las que otorgó jerarquía constitucional. El tiempo transcurrido ha demostrado a plenitud la eficacia y pertinencia de la enmienda en la defensa de los derechos humanos, hoy por hoy constituye el instrumento jurídico de los tribunales argentinos para evitar los efectos de las nefastas leyes llamadas de "punto final" y "obediencia debida", que pretendieron la impunidad de autores de delitos contra la humanidad. Es por ello que en nuestro proyecto se pretende que los tratados en materia derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, tengan jerarquía constitucional y prevalezcan en el orden interno, en la medida en que no contengan normas sobre su goce y ejercicio que alteren las garantías y derechos establecidos por la Ley Fundamental para el hombre y el ciudadano. c). Control difuso de la constitucionalidad de normas generales. Por otra parte, y no obstante el criterio de distinguidos tratadistas de la talla del doctor Ignacio Burgoa, que sostienen que el autocontrol de la Constitución que se prevé en el artículo 133 ha obedecido a una inadvertencia, falta de reflexión o de conocimiento, en que incurrieron los autores de las constituciones de 1857 y 1917, al transplantar a ellas una preservación constitucional que opera en Estados Unidos y que no tiene razón de ser dentro del sistema de protección constitucional mexicano, en la presente iniciativa se considera necesario mantener, en la última parte del primer párrafo del precepto, el control constitucional de las leyes por vía de excepción, también denominado control difuso de la constitucionalidad de normas generales, para que los jueces locales estén facultados a conocer de la constitucionalidad por vía de excepción y puedan dejar de aplicar una ley de su entidad federativa por considerarla contraria a la Carta Magna. La cuestión del autocontrol de la constitucionalidad está íntimamente ligada al principio de la su premacía constitucional. Como ha sido señalado, la Constitución es la ley suprema, todas las demás leyes, sin excepción, deben ceñirse a sus disposiciones y, como consecuencia, toda autoridad tiene la obligación de normar sus actos por las disposiciones constitucionales, a pesar de dispositivos contrarios contenidos en las normas secundarias. Como lo sostuvo el jurista Antonio Martínez Báez, a decir del doctor Jorge Carpizo, la esencia de la actividad jurisdiccional estriba en la función definitoria del derecho aplicable al caso concreto, luego todo juez y en todo proceso aplicará la norma que juzgue adecuada y en el lance de que ese precepto resulte anticonstitucional no lo debe cumplir, pues debe dar preferencia, primacía y prioridad a la Ley Fundamental. Si se negara al juez local la facultad para realizar dicha valoración, se le estaría negando algo que se encuentra implícito en la función misma de juzgar, se desvirtuaría la labor de quienes forman parte de la voz viva del derecho. Entonces, no se puede negar en los jueces locales la facultad de valorar las normas para conocer si son constitucionales o no, de lo contrario se irrogaría en favor del Poder Judicial de la Federación un indebido monopolio de control de la constitucionalidad, como ahora lo pretende la jurisprudencia, en el entendido que con el reconocimiento del control difuso de la constitucionalidad de normas generales, la unidad de interpretación constitucional no se afecta, porque la exposición del juez local es susceptible de reclamarse ante la justicia Federal mediante el juicio de amparo. En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO Que reforma y adiciona dos párrafos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Unico. Se reforma y adicionan dos párrafos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 133. Esta Constitución será la Ley Suprema de toda la Unión. Las leyes constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, tendrán primacía sobre las leyes ordinarias federales, constituciones y demás leyes locales. Los jueces de las entidades federativas se arreglarán a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes constitucionales y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Los tratados internacionales celebrados de acuerdo con esta Constitución, una vez publicados, formarán parte del ordenamiento jurídico interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Los tratados relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden jurídico interno, en la medida en que no contengan normas sobre su goce y ejercicio que alteren las garantías y derechos establecidos por esta Ley Fundamental para el hombre y el ciudadano." ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31, de octubre de 2001.— Diputado federal Luis Miguel Barbosa Huerta.» El Presidente: Gracias, diputado. Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores. El Presidente: Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre. La secretaria Martha Silvia Sánchez Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 439 diputados. Ciérrese el sistema electrónico. El Presidente: Tiene la palabra el diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado José Antonio Arévalo González: Con el permiso, de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa EXPOSICION DE MOTIVOS La Constitución de cualquier estado, como norma fundamental de su quehacer y porvenir, debe basarse en la satisfacción de las condiciones mínimas de vida y en el fomento de actividades realizadas por los sectores público, privado y social, orientadas al desarrollo de las personas que integran la comunidad que conforma al Estado. 2037,2038,2039 De igual forma, la función medular del Poder Legislativo es la elaboración de las leyes generales, abstractas e impersonales encaminadas a procurar el bienestar de la sociedad a través de la regulación de conductas y actividades de una sociedad. En lo que se refiere a las materias señaladas en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, atienden, básicamente, a la soberanía nacional en lo exterior, así como al desarrollo de la Federación en lo interior, esto es, se concede al Congreso de la Unión facultad para legislar en todas aquellas materias que son esenciales para el desarrollo y progreso de nuestro país. Con esto en mente, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, estamos preocupados por que nuestra Constitución asegure las medidas adecuadas para lograr un desarrollo sustentable. De esta manera, y en términos de las fracciones VII y XXX del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto de la Federación; establecer ingresos por concepto de todo un ejercicio o parte de él y por otro lado también tiene atribuciones para expedir todas las leyes que sean necesarias con la finalidad de hacer efectiva dicha facultad. El carácter de las disposiciones referentes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, permiten a nuestro Gobierno poder realizar la prevención necesaria para el financiamiento de sus proyectos y programas encaminados a cumplir las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, el artículo constitucional 73 fracción XXIX apartado V, faculta al Congreso para establecer impuestos especiales sobre producción y servicio, con lo cual se específica de manera puntual sobre lo que se pueden fijar ciertas contribuciones. Esto, nos obliga a nosotros los legisladores asentar el tipo de producto o servicio que será gravado, en aras de obtener un beneficio para la nación mexicana. Por ello, la soberanía fiscal depositada en el Congreso de la Unión, no debe soslayarse, sino al contrario, impulsar una adecuada fiscalización, sobre todo en aquellos productos que al gravarse crearían condiciones que limitarían su uso o propiciarían un manejo adecuado y responsable de los mismos. Por otro lado, se impulsaría el fomento de alternativas menos dañinas al medio ambiente como lo son las sustancias tóxicas persistentes y/o bioacumulables, las cuales, aún en muy bajas concentraciones, causan diversos efectos en la salud humana y en el ambiente. Los criterios en los que se basa la identificación de una sustancia como tóxica, persistente y/o bioacumulable son: I. Que sea predominantemente de origen antropogénico: es decir, las sustancias generadas por el hombre a través de cualquiera de las modalidades de síntesis o fabricación; si se trata de una sustancia que se encuentra normalmente en la naturaleza, como los metales y que sean liberadas al ambiente. II. Que sea tóxica: para este efecto, se considerará como tóxica una sustancia que, además de haber sido identificada como tal a nivel nacional e internacional por su capacidad de producir efectos adversos en los organismos vivos, esté presente en el territorio nacional en concentraciones que constituyan o puedan constituir un riesgo para la población y los ecosistemas. Desde esta perspectiva, riesgo se define como la probabilidad de que se produzcan efectos adversos en la población y los ecosistemas como resultado de la exposición a tales sustancias. III. Que sea persistente: esto implica que la sustancia tenga una vida media en el ambiente igual o superior a: dos días en aire, seis meses en agua, un año en sedimentos, seis meses en suelo o que exista evidencia de su movilización a largas distancias. IV. Que sea bioacumulable: lo cual significa que tendrá un factor de bioacumulación o bioconcentración igual o superior a 5 mil y un cociente de reparto octanol/agua igual o superior a cinco. Las sustancias y productos químicos se rigen por una serie de leyes y reglamentos coincidentes en sus disposiciones, y caen bajo la jurisdicción de seis dependencias reguladoras. Como resultado, el marco jurídico que norma a las sustancias químicas continúa siendo uno de los aspectos más complicados y con frecuencia confusos, del derecho ambiental en México. Los dos cuerpos normativos más importantes que rigen las sustancias y productos químicos son la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, en conjunto, estipulan las definiciones de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, establecen un régimen de registro, licencia y permiso para plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, además de proveer normas para el etiquetado de sustancias químicas. En virtud del número de leyes y dependencias que regulan a las sustancias químicas, en 1987 se creó la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Cicloplafest). Integrada por representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Salud. La Cicoplafest tiene las siguientes responsabilidades: 1. Administrar un procedimiento uniforme para toda licencia, registro y permiso del uso, aprovechamiento, distribución, almacenamiento, comercialización, exportación o importación de sustancias químicas; 2. Establecer inventarios integrados cuantitativos y cualitativos de todas las sustancias químicas que se utilicen o importen a México; 3. Participar en la elaboración y promulgación de NOM que regulen las sustancias químicas consistentes con las normas de protección a la salud pública y el ambiente; 4. Participar en estudios e investigaciones científicas y jurídicas sobre sustancias químicas para efectuar recomendaciones de tal naturaleza relacionadas con la regulación, restricción o prohibición de dichas sustancias; crear, a través de las facultades reguladoras de las cuatro secretarías integradas, catálogos oficiales de sustancias químicas registradas y autorizadas para su uso en México, incluyendo la información sobre sus principales características químicas, procedimientos para su uso o aplicación, riesgos relacionados, así como cualquier otra información de seguridad necesaria. De acuerdo con la instrucción de sustancias químicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1988, debe presentarse información de las sustancias tóxicas, similar al requerido en, el registro de nuevos plaguicidas, ante la Cicloplafest. Sin embargo, esta última aún debe elaborar un catálogo oficial de sustancias tóxicas registradas. Actualmente no existen requisitos de revisión previa a la manufactura para el uso, fabricación o distribución de sustancias tóxicas nuevas. De igual forma, otro aspecto importante que amenaza al bienestar ecológico de nuestro país, es la desregulación desmedida de nuestro mercado a través de acuerdos internacionales que procuran muy pocos lineamientos encaminados, a un desarrollo sustentable y que provocan la inundación de productos nocivos a nuestro país y la restricción, eso sí, de nuestros bienes a otros países por el uso de sustancias tóxicas prohibidas en el exterior y que son usadas aún en México. Asimismo, las compañías trasnacionales son dominantes en la fabricación y comercialización de productos químicos y otras sustancias que suponen riesgos para la seguridad ocupacional y la salud. Por ello, con la tendencia a los acuerdos de "libre comercio", se prevé que el dominio de las trasnacionales se expanda, con una consiguiente disminución de industrias de propiedad estatal y de propiedad de capitales nacionales. Corresponde entonces considerar la importancia de la implementación de nuevos instrumentos que permitan la restricción y moderación en el uso de ciertos productos que se expanden por todo el mundo, pero particularmente a países que tienen mínimos recursos disponibles para la protección ambiental y de los trabajadores. La experiencia ha mostrado que los enfoques preventivos son mejores, en cuanto a resultados y costos; por lo cual se considera que es más barato prevenir que remediar. La liberación de las sustancias tóxicas al ambiente, ya sea a través de su emisión al aire, de su descarga a los cuerpos de agua o de la generación de residuos peligrosos es, sin lugar a dudas, un signo de ineficiencia de los proceso productivos. Para atender esta falla e internalizar los costos ambientales, los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) acordaron el principio de "quien contamina paga". Este principio sostiene que aquellos agentes económicos que contaminen deberían asumir los costos totales de cualquier daño ocasionado por la producción de bienes y servicios contaminantes. Un instrumento económico utilizado son los límites obligatorios de contaminación, sin embargo, su eficiencia es nula cuando las empresas contaminan hasta el nivel fijado y no se preocupan por alcanzar una mayor productividad ni por incorporar el daño ambiental en sus costos. Y más aun cuando existe corrupción y es fácil evadir las multas. Otra manera de aplicar este principio es mediante la incorporación de impuestos a las emisiones. Cuando se aplica un impuesto a las emisiones, las empresas responsables deben pagar por los servicios ambientales prestados de la misma manera en que pagan por todos los demás insumos utilizados en sus operaciones. Así, las empresas comparan al impuesto con los gastos por descontaminar y deciden por sí mismas su nivel de polución. Si a una compañía le resulta relativamente barato descontaminar, el sistema de impuestos le puede llevar en esa dirección. Si es al contrario, adoptará medidas preventivas que eviten tener que pagar impuestos, de esta manera, se reduce la liberación de sustancias en la fuente y se minimiza la generación de residuos, fomentando la adopción de procesos más limpios, así como el reuso, reciclado y recuperación de los residuos químicos. Los impuestos verdes pretenden disuadir a los sectores industriales y productores, de conductas contaminantes, proteger los recursos afectados por este tipo de impuestos y finalmente mejorar las condiciones de vida de las clases económicamente deprimidas. Con la aplicación de estos impuestos se pretende de alguna forma mejorar los procesos industriales y productivos en general, de manera que se elimine el desperdicio de energía y no simplemente que se trasladen los incrementos en los costos a la población que es la que sufre más con las actitudes contaminadoras de las empresas. La presente iniciativa busca otorgar un valor real a los recursos naturales y al medio ambiente, utilizando instrumentos propios de la economía de mercado que fomenten la aplicación de nuevas tecnologías y la entrada de productos más amables con nuestro entorno natural. Quien invierta en tecnologías limpias y reduzca las emisiones contaminantes, obtendrá ventajas competitivas sobre aquéllas que no lo hagan. «Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA DE DECRETO Mediante el cual se adiciona un inciso h, a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se adiciona un inciso h a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 73. . . I a la XXVIII. . . XXIX. Para establecer contribuciones: 1o. al 4o. . . 5o, Especiales sobre: a) al e) . . . f) Explotación forestal; g) Producción y consumo de cerveza y h) Sustancias tóxicas persistentes y/o bioacumulables." ARTICULO TRANSITORIO Unico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Juan Ignacio García Zalvidea, Erika Elizabeth Spezia Maldonado y Concepción Salazar González.» El Presidente: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. 2040,2041,2042 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (II) El Presidente: Inmediatamente después, tiene la palabra el diputado Herbert Taylor Arthur, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 16 fracción I, 24 fracción XII y 77 fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El diputado Herbert Taylor Arthur: Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 71 fracción II y 73 fracciones VII, X y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 1 inciso a de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y diputados integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, provenientes de distintos grupos parlamentarios de esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16 fracción I; 24 fracción XII y 77 fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas define a la sociedad cooperativa como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este tipo de sociedades se rigen por los valores de autoayuda, autorresponsabilídad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad, así como por los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social, donde la cooperación es una actitud y un compromiso de cada uno de los miembros, con el objetivo común de mejorar en lo económico y social, fundados siempre en la ayuda mutua. Los principios por medio de los cuales las cooperativas implementan estos valores también están incluidos en nuestra legislación y son los siguientes I. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. II. Administración democrática. III. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara. IV Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios. V. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria. VI. Participación en la integración cooperativa. VII. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa. VIII. Promoción de la cultura ecológica. La sociedad cooperativa es la figura jurídica por excelencia que permite a las personas físicas generar sus propias oportunidades de autoempleo, mejorando así sus condiciones de trabajo, su nivel de ingresos y su calidad de vida, ya que el cooperativismo no sólo es un modelo económico para impulsar la formación de empresas sociales, sino que constituye un verdadero estilo de vida en el que se promueven los valores antes mencionados entre los socios. En este tipo de sociedades, son los mismos trabajadores los que son dueños de su propia empresa, ya que cada uno de ellos se vuelve socio de la misma y cuenta con un solo voto en la asamblea general. Esta doble naturaleza de los miembros de las sociedades cooperativas en las que por una parte se es socio y por ende dueño de la empresa, pero al mismo tiempo también se tiene la calidad de trabajador de la misma, ha provocado confusión en el tratamiento que a la sociedad y a sus socios se les da en distintas leyes fiscales o simplemente este tema no se prevé en dichas leyes. Debemos recordar que la Ley General de Sociedades Cooperativas establece en su artículo 27 que en las sociedades cooperativas de producción, los socios deben trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, por lo que para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es el carácter de trabajador el que debe predominar sobre la calidad de socio o dueño de la empresa cooperativa. En la presente iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta que se presenta, se proponen diversas precisiones al pago de este impuesto efectuado por las sociedades cooperativas y sus socios, las cuales desarrollamos a continuación. Se propone la reforma al artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir en el último párrafo de su fracción primera a las sociedades cooperativas de producción, adicionalmente a las sociedades civiles y a las asociaciones civiles. Estos tres tipos de personas morales quedarían facultados para que se considere que sus ingresos se obtienen en el momento en que efectivamente se cobre el precio o la contraprestación pactada por la prestación de servicios personales independientes. Actualmente sólo las sociedades civiles y las asociaciones civiles gozan de esta prerrogativa, la cual es conveniente otorgar también a las sociedades cooperativas que realizan este tipo de actividades y que hasta el momento se han visto obstaculizadas para acumular fiscalmente sus ingresos hasta el momento en que los cobren, lo que ocasiona en su perjuicio una descapitalización. Respecto del artículo 24 en su fracción XII, se plantea que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas, que en sus artículos 53 y 57 establece que las cooperativas podrán constituir un fondo de previsión social para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubran gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, se aclare que las sociedades cooperativas de producción podrán efectuar las deducciones de los gastos de previsión social derivados de este fondo, los cuales son otorgados en beneficio de sus socios, como un rubro distinto a los gastos de previsión social realizados en relación con los trabajadores que no sean socios de la cooperativa. Al hacer efectivas dichas prestaciones a sus socios, las cooperativas de producción aligeran al Estado en su obligación de otorgar tales acciones de previsión social, por lo que es conveniente se incentive a las cooperativas de producción para que establezcan fondos de previsión social en los términos que marca la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, siempre que se otorguen en forma general y para todos los socios. No es necesario incluir a las sociedades cooperativas de consumo ni en el artículo 16 fracción I ni en el artículo 24 fracción XII, ya que este tipo de cooperativas son consideradas como personas morales no contribuyentes. El último artículo cuya reforma prevé esta iniciativa, es el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus fracciones IV y VI. En ambos casos se proyecta que se considerará como patrones a las sociedades cooperativas y como trabajadores a los socios de las mismas para los efectos de dichas fracciones, como un rubro distinto y adicional a los trabajadores que no sean socios. Lo anterior con objeto de que los socios cooperativistas no tengan que pagar el impuesto sobre la renta cuando se trate de ingresos provenientes de primas de seguros médicos pagadas por la sociedad cooperativa, así como los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se realicen en territorio nacional y se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes ni cuando se trate de ingresos percibidos con motivos de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios cooperativistas o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes. En ambos casos, es decir, tanto la fracción IV, como la fracción VI del artículo 77 cuya reforma se propone, se aclara que los socios de las sociedades cooperativas no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan por los distintos beneficios de previsión social que la cooperativa les proporcione. Esta iniciativa se presenta en el entendido de que actualmente se discute en esta Cámara de Diputados otra iniciativa integral de reformas a distintas leyes fiscales, pero en la cual los suscritos no encontramos suficientemente contemplado el tema de la regulación hacendaria de las cooperativas. Es por esto que la mesa directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, cumpliendo con la obligación de realizar propuestas que beneficien y fomenten al mundo cooperativo elaboró estas propuestas de modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta. «En consecuencia, por las razones y fundamentos legales expuestos, las diputadas y los diputados suscritos presentamos el siguiente PROYECTO DE DECRETO Por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo único. Se reforman los artículos 16 fracción I; 24 fracción XII y 77 fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: "Artículo 16. Para los efectos del artículo 15 de esta ley se considera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma ley, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente: I. Tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero: a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación prestada. b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades cooperativas de producción o las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. II a la IV. . . Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: I a la XI. . . XII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, fondos de ahorro, guarderías infantiles o actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza análoga, siempre que dichas prestaciones se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, sin que puedan ser distintas para los trabajadores de confianza y los otros trabajadores. En el caso de las sociedades cooperativas de producción, tratándose de los gastos de previsión social que señala el artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, éstos deberán ser otorgados en forma general en favor de todos los socios. Artículo 77. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: I a la III. . . IV. Las primas de seguros médicos pagadas por los patrones, así como los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se realicen en territorio nacional y se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Para los efectos de esta fracción, se considerará como patrones a las sociedades cooperativas y como trabajadores a los socios de las mismas. V. . . VI. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Para los efectos de esta fracción, se considerará como patrones a las sociedades cooperativas y como trabajadores a los socios de las mismas.. . ." ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 2043,2044,2045 Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 23 de octubre de 2001.— Diputados: Herbert Taylor Arthur, Celia Martínez Bárcenas, Fernando Herrera Avila, Manuel Duarte Ramírez, Maricela Sánchez Cortés y Eduardo Abraham Leines Barrera.» El Presidente: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha solicitud del grupo parlamentario del PRD, se pospone para una próxima sesión. El Presidente: Tiene la palabra el diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales y que abroga su ley orgánica. El diputado Lorenso Rafael Hernández Con el permiso de la Presidencia: Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción Il del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reformas al "decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica", al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS El 4 de junio de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica". Es función de los legisladores velar por los intereses de la nación. En este sentido, en el caso particular nos corresponde procurar un manejo honesto y transparente de todos los activos remanentes del organismo en liquidación, así como cuidar que se respeten los intereses y los derechos de los trabajadores de la paraestatal. Ferrocarrileros jubilados han tenido reuniones con diputados de diversos grupos parlamentarios representados en esta Cámara, para expresar sus preocupaciones por algunos problemas que no fueron considerados en el "decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica". Es necesario mencionar que las consideraciones contenidas en este proyecto formaron parte de un voto particular presentado en comisión por varios legisladores, mismo que buscaba modificar varias disposiciones contenidas en la minuta que envió el Senado de la República. Hoy, esas consideraciones cobran mayor, fuerza en virtud de que legisladores de diversos partidos las han hecho suyas. 1. Es necesario que se dé solución definitiva al problema de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982, que no gozan de las pensiones de vejez y de cesantía en edad avanzada que otorga el IMSS y que el Congreso ha tenido que atender parcialmente en ejercicios anteriores mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación. Solucionar dicho problema, ampliamente conocido en esta Cámara, es un acto de elemental justicia. El decreto en cuestión no lo considera. El ex director de Ferronales, Ramiro Sosa Lugo, en reunión de trabajo celebrada el 28 de marzo del presente año, calculó en 8 mil 752 el número de los jubilados que sobreviven de un total de 25 mil que había en 1982. La abrumadora mayoría han muerto en el camino de la búsqueda de justicia. Los jubilados interesados se quejan de que el listado proporcionado por la paraestatal, incluye indebidamente a ferrocarrileros que fueron jubilados antes de 1982, pero que no son afectados, pues son trabajadores de los ex ferrocarriles Sonora-Baja California, Chihuahua al Pacífico, Unidos del Sureste y Servicio de Coches Dormitorio, que fueron incorporados al IMSS antes que los trabajadores de los ferrocarriles del Pacífico y Nacionales de México, que son los únicos que carecen de las pensiones mencionadas de vejez y cesantía. Asimismo, refieren los jubilados anteriores a 1982 que en la mencionada lista aparecen indebidamente trabajadores ya fallecidos. Se requiere entonces que el liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y el IMSS realicen una depuración cuidadosa de la relación para determinar con exactitud el número de trabajadores afectados realmente y mediante los estudios actuariales correspondientes se puedan calcular los capitales constitutivos necesarios para resolver el problema en forma definitiva, con objeto de que el Ejecutivo Federal proponga a esta soberanía la partida correspondiente en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. 2. El decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México excluyó a los ferrocarrileros liquidados del beneficio de la donación en caso de poseer casa o terreno de la paraestatal y no incluye prevenciones para evitar posibles invasiones de los bienes inmuebles de la empresa. La empresa de Ferrocarriles Nacionales de México estaba obligada, por el contrato colectivo de trabajo, a proporcionar casa habitación a los ferrocarrileros de varias especialidades (de vía y de alambres, por ejemplo). En el caso de otros ferrocarrileros, aun cuando no tenía ninguna obligación, la empresa les facilitó terrenos o casas de su propiedad para que los habitaran, con el fin de auxiliarlos en su situación económica. Hay familias que han habitado estas casas o terrenos por varias generaciones. Hoy esos trabajadores, debido al proceso de privatización del sector, han sido jubilados o liquidados y dichos asentamientos humanos constituyen un grave problema social, pues las pensiones de los jubilados son en promedio del orden de los 2 mil 500 pesos mensuales y de los 83 mil 200 trabajadores con que contaba la paraestatal en 1990, hoy laboran para las nuevas empresas privadas alrededor de 15 mil ferrocarrileros únicamente, es decir que la mayoría de los obreros liquidados no fueron recontratados. La iniciativa que originalmente envió al Senado el ex presidente Zedillo en diciembre de 1999, preveía donar bienes inmuebles incluso a instituciones o asociaciones privadas, mientras que a los trabajadores ferrocarrileros que ocuparan una casa o terreno de la paraestatal se les vendería. Debido a lo anterior la colegisladora modificó el proyecto de decreto para hacer extensiva la donación a los trabajadores ferrocarrileros jubilados o sus sucesores en línea directa, que ocupen una casa o terreno propiedad de la paraestatal. Sin embargo tal reforma resulta insuficiente por las siguientes razones: En primer lugar, porque excluyó a los trabajadores ferrocarrileros liquidados o a sus sucesores en línea directa, que son quienes tienen mayor necesidad. En segundo lugar, es necesario cambiar, la figura jurídica de la donación que la Ley General de Bienes Nacionales (artículo 18) establece como posible sólo para entidades federativas, municipios o instituciones y asociaciones privadas que no persigan fines de lucro, por la figura de la transmisión de dominio a título gratuito para el caso precisamente de los trabajadores jubilados, liquidados o sus sucesores en línea directa, que la misma ley establece (artículo 59) tratándose de personas físicas. Por último, es conocido que a raíz de la privatización de la industria, se ha desatado una ola de invasiones en las propiedades de la paraestatal, tanto por trabajadores ferrocarrileros como por particulares. Por ello es indispensable establecer reglas claras para el caso de los trabajadores ferrocarrileros o sus sucesores, en el sentido de que la transmisión de dominio a título gratuito de los inmuebles que ocupan, sólo será procedente si cuentan con una residencia probada de por lo menos cinco años anteriores a la entrada en vigor del decreto. De lo contrario tenderemos a beneficiar a muchos invasores y lo que es peor propiciaremos nuevas invasiones. 3. Es necesario deslindar responsabilidades entre la anterior administración de la paraestatal y el ente liquidador y transparentar la entrega-recepción de los activos y pasivos de la empresa en liquidación. En el artículo 2o. del decreto se establece que la "Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador responsable de ese proceso" y en 11 fracciones detalla cuáles serán las funciones del liquidador. En la fracción II se dice que el liquidador "Ievantará y certificará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos del organismo" y en la fracción X se señala que el liquidador Ievantará y actualizará el inventario de los activos pertenecientes al organismo, así como respecto de los pasivos a su cargo". Es preciso deslindar la responsabilidad entre la anterior administración de la paraestatal y el liquidador y transparentar la entrega-recepción de los activos y pasivos del organismo. Para ello, el procedimiento elemental en estos casos es que la administración de Ferrocarriles Nacionales de México debe entregar al liquidador, acta de entrega-recepción de por medio, todos los activos y pasivos del organismo debidamente inventariados. En consecuencia, la responsabilidad de levantar ese inventario es de la administración de la paraestatal, no del liquidador, quien debe limitarse a actualizarlo en la medida en que avance el proceso de liquidación. El licenciado Luis Antonio de Pablo Serna fue director general de Ferronales durante casi todo el proceso de privatización. Al poco tiempo de ocupar el puesto, en una disertación ante miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, afirmó que "el ferrocarril es dueño de la mitad del uno al millar del territorio nacional"; agregó que Ferronales no contaba con los títulos de propiedad en orden de todos sus bienes y que entre las tareas pendientes del organismo, estaba la de levantar un inventario completo de sus activos (El Financiero, 9 de octubre de 1995). Luego entonces, la desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México significó la extinción del organismo propietario de la mayor extensión del territorio nacional. No hay un organismo público ni privado con mayores recursos inmobiliarios que Ferrocarriles Nacionales de México. No se extinguió un estanquillo. Hablamos de millones de metros cuadrados de una paraestatal en la que, según confesión de un ex director general, existía (¿o existe?) un gran desorden administrativo y ya sabemos que "a río revuelto ganancia de pescadores". El dictamen aprobado por la colegisladora fue elaborado, a todas luces, a partir de información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y salta a la vista que de las páginas 12 a la 14 del informe presentado por la SCT se abunda en datos precisos, cantidades, porcentajes, cifras exactas de diversos conceptos a favor de las bondades de haber privatizado los ferrocarriles. Información que, por cierto, no era materia del dictamen. Sin embargo, en el apartado destinado a los activos remanentes del organismo (bienes muebles e inmuebles sobre todo) se prevén vaguedades e imprecisiones. En ningún momento se dice de cuántos millones de metros cuadrados estamos hablando, cuántos han sido concesionados y a quienes; cuántos han sido donados y a quienes; cuántos han sido enajenados y a quienes; cuántos metros están ocupados por asentamientos humanos irregulares y por cuántas familias y de éstas cuántas son dependientes de ferrocarrileros y cuántas son particulares etcétera. Ha transcurrido el tiempo necesario para que el inventario de los activos de la empresa en extinción esté terminado. Por el bien de la República, debemos garantizar que la liquidación de los cuantiosos activos de esta empresa se lleve a cabo de la manera más transparente posible. «Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Que reforma el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica Artículo primero. Se reforman los artículos 2o., fracciones II, IV y X; artículo 4o., para quedar como sigue: "Artículo 2o. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador responsable de ese proceso quien realizará las siguientes funciones: I. . . II. Levantará y certificará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos debidamente inventariados del organismo. 2046,2047,2048 III. . . IV. Llevará a cabo la regularización y tramitará la desincorporación de los activos remanentes para proceder a su enajenación, donación o reversión al Gobierno Federal, sujetándose a lo previsto por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Asentamientos Humanos. Las donaciones sólo procederán en los casos de entidades federativas, municipios e instituciones públicas o privadas que no persigan fines de lucro, a fin de que sean utilizadas para beneficio social. En el caso de los asentamientos humanos existentes en inmuebles de Ferrocarriles Nacionales de México, a los trabajadores ferrocarrileros jubilados, liquidados o sus sucesores en línea directa, que estén en posesión y cuenten con una residencia probada no menor a cinco años anteriores a la entrada en vigor del decreto que extinguió al organismo, se les hará la transmisión de dominio a su favor a título gratuito. En el caso de reversión, los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y municipios, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, para adquirir los bienes remanentes. V a la IX. . . X. Actualizará el inventario de los activos pertenecientes al organismo, así como respecto de los pasivos a su cargo y XI. . . Artículo 4o. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al contrato colectivo de trabajo y a la ley, serán respetados. Tratándose de los derechos adquiridos por los ferrocarrileros jubilados, el Gobierno Federal se obliga a garantizar en cualquier época, el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones otorgadas a dichos trabajadores, para el caso de que por cualquier causa el fondo de jubilaciones sea insuficiente. Asimismo el Gobierno Federal se obliga a resolver de manera definitiva el problema de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982. Para ello deberá cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social los capitales constitutivos: suficientes, con objeto de las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada, se cubran a partir del 10 de enero de 2002." ARTICULO TRANSITORIO Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.— Diputados Rafael Hernández Estrada y Sergio Rodolfo Vaca Betancourt.» Presidencia de la diputada La Presidenta: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes y transcríbase en la Gaceta. El siguiente punto del orden del día, es el relativo a dictámenes a discusión. El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería. Honorable Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 de marzo de 2001, proposición que pretende la eliminación del producto zilmax en la alimentación del ganado bovino. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral seis, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería, corresponde dictaminar la proposición con punto de acuerdo en comento a partir de los siguientes ANTECEDENTES El 21 de marzo de 2001, el diputado anteriormente referido presentó una proposición con punto de acuerdo, para que en los alimentos del ganado bovino se eliminara el producto zilmax. En la misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes CONSIDERACIONES Que es conveniente que se instrumenten acciones y mecanismos para poner un alto definitivo a la utilización de todos los betanálogos, particularmente el clorhidrato de zilpalterol, hasta no contar con un ambiente de responsabilidad compartida absoluta, que garantice la total inocuidad de esta tecnología, siendo necesario realizar un esfuerzo concentrado entre el sector oficial, industria farmacéutica y todos los eslabones de la cadena de la carne de bovino en México, para que, habiéndose identificado las deficiencias incurridas en nuestra historia del uso de betanálogos, se subsanen los vacíos de conocimientos identificados en particular como consecuencia de nuestras tradiciones culinarias y su aplicación con el uso de estos productos. Asimismo, tomando en consideración de que existe, al parecer, una falta de información de los niveles de residuos del clorhidrato de zilpalterol, comercialmente llamado zilmax, potencialmente presentes en todos los tejidos de origen animal, consumibles por la población de México y una ausencia de capacidad de diagnóstico en el país, sobre la posible presencia de residuos en tejidos bajo condiciones de uso comercial de este producto, además que ningún país con los que México ha firmado tratados de libre comercio, autoriza el uso de betanálogos como aditivos alimenticios para el ganado bovino, imponiéndose por este hecho una doble desventaja para el sector ganadero bovino del país en términos comerciales. Con base a las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de esta comisión hemos llegado a las siguientes CONCLUSIONES Que independientemente de los beneficios comerciales que pudiera generar la utilización del producto mencionado y en especial la falta de capacidad de diagnóstico en el país de la posible presencia de residuos de algún betanálogo en los tejidos del ganado bovino, lo más importante y trascendente es garantizar y prevenir un posible impacto negativo en la salud del ser humano, por los efectos secundarios que pudiera provocar cuando éste consume productos cárnicos en donde se haya utilizado algún tipo de betanálogo y particularmente el clorhidrato de zilpalterol, comercialmente llamado zilmax. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería hemos decidido emitir el siguiente DICTAMEN Unico. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, para que se vigile en todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente llamado zilmax (clorhidrato de zilpalterol) utilizado en la alimentación del ganado bovino. 2049,2050,2051 Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 25 de abril de 2001.— Diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Jesús Dueñas Llerenas, Miguel Ortiz Jonguitud, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, José María Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Feliciano Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José R. Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Martín G. Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López y Petra Santos Ortiz.» La Presidenta: En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores en contra y en pro. Nos ha comunicado su deseo de participar en pro del dictamen el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se le concede el uso de la palabra. El diputado Ramón León Morales: Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Justo es decir que sobre este problema se han manifestado casi en su totalidad los ganaderos del Estado de Colima. También justo es decirlo, que este punto de acuerdo se deriva a su vez de una comunicación que nos envió el Congreso del Estado de Colima, en la que se nos conminaba a que realizáramos acciones para evitar este grave problema que afecta sustancialmente al ganado, pero que también afecta la salud de la población. Un refrán popular nos dice que: "hombre prevenido vale por dos" yo diría que tratándose de la salud, vale por muchos. El dictamen que hoy estamos discutiendo tiene su valor en que se evitará un posible impacto negativo de salud del ser humano por los efectos secundarios que pudiera provocar el consumo de carne con el clorhidrato de zilpalterol comercialmente llamado zilmax. Esta sustancia utilizada para incrementar los volúmenes de la producción de carne bovina, contiene moléculas muy similares a la adrenalina y noradrenalina que consumidas en pequeñas cantidades provocan reacciones importantes y desaparecen inmediatamente. Sin embargo, queda la duda nada menor, de que el nivel residual de metabolitos de clorhidrato de zilpalterol se puede encontrar en los tejidos bovinos. En tanto no quede claro lo anterior, la salud pública se encuentra en constante riesgo. Deseo que no traiga consecuencias negativas, por eso también deseo que se resuelva lo más pronto posible, pues de esta manera los ganaderos y consumidores tendrán la certeza de que no existe peligro alguno y las autoridades de salud por su parte, le dedicarían mayor tiempo a otras prioridades. Pero si resulta lo contrario, será urgente actuar en consecuencia. Por ello es que se propuso que en tanto no se tenga conocimiento de los efectos secundarios, se suspenda de inmediato en todo el país el uso del clorhidrato de zilpalterol o zilmax. Es necesario recordar que entre 1946 y 1952, la población se tuvo que enfrentar al problema de la fiebre aftosa por no tomarse las precauciones pertinentes en el momento en que esto parecía venirse como un problema. Los pequeños ganaderos prefirieron enfrentar al propio Gobierno por defender la vida de sus animales. No debemos permitir que esto vuelva a suceder. Por esto la responsabilidad de este pleno es grande y delicada. Tenemos que exigir que se aclaren los efectos nocivos secundarios de la sustancia citada. Esto es, si los hay o no y en caso de que los haya verificar el procedimiento realizado que condujo a autorizar el producto zilmax, para deslindar las responsabilidades y así salvaguardar la salud pública. En el momento en que propusimos este punto de acuerdo hubo voces de distintos partidos políticos que secundaron este punto de acuerdo y ahora que la comisión en pleno lo ha aprobado, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ratifica su postura, a fin de que se apruebe este punto de acuerdo por esta soberanía, en el sentido de que se suspenda de inmediato en todo el país el uso del clorhidrato de zilpalterol o zilmax como aditivo del alimento destinado al ganado bovino. Asimismo que el Congreso de la Unión, a través de la comisión correspondiente, realice una investigación sobre el procedimiento llevado a cabo por la anterior Sagar hoy Sagarpa que dio como resultado el autorizar el producto zilmax en la alimentación del ganado bovino y se deslinden responsabilidades ante la autoridad competente. Es por eso que el día de hoy nos sumamos, como partido, a esta propuesta, a este dictamen, que nos hace la comisión, a fin de exhortar al Gobierno Federal para que de inmediato se evite la entrada de este producto al país y se suspenda el consumo de este producto por el ganado bovino. Por su atención, muchas gracias. La Presidenta: Muchas gracias, señor diputado. Le ruego a la Secretaría dé lectura al resolutivo del dictamen de la comisión. El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: DICTAMEN "Unico. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, para que se vigile en todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente llamado zilmax, utilizado en la alimentación del ganado bovino." La Presidenta: Gracias, señor diputado. En virtud de que no se han registrado un mayor número de oradores, le ruego a la Secretaría consulte si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido. La Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado por unanimidad el punto de acuerdo. Comuníquese. ENFERMEDADES O PLAGAS EXOTICAS. La secretaria Martha Silvia Sánchez «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería. Honorable Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Arturo de la Garza Tijerina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de abril de 2001, proposición que pretende que el Ejecutivo Federal cree un fondo de contingencia para enfrentar los posibles brotes de plagas exóticas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes ANTECEDENTES El 28 de abril de 2001 el diputado anteriormente referido presentó la proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal cree un fondo de contingencia para enfrentar los posibles brotes de plagas exóticas. En la misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes CONSIDERACIONES Que el incremento de la movilización de animales, sus productos y subproductos, propiciado por la apertura comercial, hace inminente el riesgo de que plagas y enfermedades exóticas de los animales prevalecientes en otras regiones, puedan introducirse y diseminarse en nuestro país. De presentarse dichas plagas y enfermedades exóticas en el territorio nacional, causarían cuantiosas pérdidas a la ganadería por su rápida diseminación y difícil control. La fiebre aftosa ya está en el continente americano. Dado el incremento en el intercambio comercial, ningún país puede considerarse a salvo del riesgo de la introducción de esta enfermedad. Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta comisión hemos llegado a las siguientes CONCLUSIONES Dado el impacto devastador que puede provocar la fiebre aftosa en lo económico y sobre todo en la salud humana, aun y cuando el Gobierno Federal ya ha tomado las medidas zoosanitarias al respecto, es importante apoyar la proposición con punto de acuerdo para evitar la introducción de esta enfermedad a territorio nacional. Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente DICTAMEN Unico. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que dentro del ámbito de sus atribuciones, y a través de la dependencia correspondiente, se cree un fondo especial para combatir cualquier posible brote de enfermedades o plagas exóticas de las especies vegetales y pecuarias en el país. Palacio Legislativo, San Lázaro, México, Distrito Federal, a 9 de mayo de 2001.— Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, firman los diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Jesús Dueñas Llerena, Miguel Ortiz Jonguitud, Alfonso Oliverio Elías Cardona y Ramón Ponce Contreras, secretarios; Oscar Alvarado Cook, Feliciano Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José R. Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Martín G. Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López, Petra Santos Ortiz, Francisco Arano Montero y José María Anaya Ochoa.» La Presidenta: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo y se abre el registro de oradores en contra y en pro. Hemos recibido solicitud en esta mesa para registrar en pro la intervención del diputado Silverio López Magallanes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el diputado López Magallanes. Hasta por 10 minutos, diputado. El diputado Silverio López Magallanes: Gracias. Con su permiso, diputada Presidenta. Hemos revisado en el seno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo para que dentro del ámbito de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se forme un fondo especial para combatir cualquier posible brote de enfermedades. México es un país con casi 30 millones de cabezas de ganado bovino, con más de 10 millones de cabezas de ganado menor y con una importante población de ganado avícola. México tiene más de 100 puntos de ingreso al país, puertos y fronteras al sur y al norte, por lo tanto es un país con una población importante, de la cual dependen muchos millones de familias de mexicanos y no tiene la vigilancia y la inspección necesaria para que en una contingencia de esta magnitud se lleven a cabo las medidas necesarias para evitar cualquier brote de enfermedades que puedan ser transmitidas o que puedan ser traídas por las importaciones que se hacen principalmente a través de la frontera sur o por el paso indiscriminado de los productos y subproductos. Revisamos en la comisión y llegamos a la conclusión de que es necesario que se constituya un fondo, un fondo que le permita al propio Ejecutivo y que le garantice a los productores nacionales tener la seguridad de que en estos años difíciles para otros países, nosotros como productores, como legisladores en algunos casos, veamos la necesidad de que se tenga un fondo especial para combatir y para prevenir concretamente la fiebre aftosa y el mal de las vacas locas. Son enfermedades que en este año han azotado a otros países, son enfermedades que en el caso concreto de la fiebre aftosa estamos importando nosotros como país a la fecha casi 10 mil toneladas de leche y simplemente debemos de tener las precauciones, las medidas necesarias para cualquier emergencia de este tipo. Les pido e invito a mis compañeros diputados para que se solidaricen con la Comisión de Agricultura, con todos los que integramos la comisión y votemos a favor este dictamen. Consideramos que es imperativo y urgente que se tenga este fondo especial. Consideramos que el Ejecutivo debe, aparte del Fondo Nacional de Desastres Nacionales, tener un fondo que garantice y que le dé vigencia y seguridad a toda la actividad pecuaria de este país. Por eso vengo ante esta tribuna para invitarlos a todos, por eso vengo con ustedes a decirles que nos apoyen en este punto de acuerdo y en este dictamen. Es cuanto, diputada Presidenta. La Presidenta: Gracias, diputado. En virtud de que no hay el registro de ningún otro diputado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. La secretaria Martha Silvia Sánchez En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido. La Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. La secretaria Martha Silvia Sánchez En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La Presidenta: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo anexando copia de la versión estenográfica de la intervención del diputado Silverio López Magallanes y mándese copia a la Comisión de Presupuesto de esta Cámara. La Presidenta: Pasamos al punto de excitativas. Tiene la palabra el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. Los que suscriben, diputadas y diputados de esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Salud y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que dictaminen a la brevedad las diversas proposiciones con puntos de acuerdo referentes a la contaminación crónica por plomo que sufren los ciudadanos en Torreón, Coahuila y se presenten con carácter de urgente al pleno de este órgano legislativo. El envenenamiento por metales pesados en la población de Torreón se debe al funcionamiento de la cuarta fundidora más importante del mundo, propiedad del Grupo Industrial Peñoles. La situación de riesgo que motivó las diversas propuestas de puntos de acuerdo fundamentadas en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior presentadas a esta legislatura, manifiestan una gran preocupación por la salud de los habitantes de más de 40 colonias expuestas a desechos tóxicos producidos y liberados al medio ambiente. 2052,2053,2054 La concentración elevada de plomo y sangre provoca daños irreversibles en el sistema nervioso central y periférico además de alterar el desarrollo físico, siendo por esto último la población infantil menor de 12 años la de mayor riesgo. La neurotoxidad del plomo es aún más crítica para el efecto del desarrollo y la madre engestación ya que el metal actúa como sustituto del cáncer. Los últimos estudios como el del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, considera que más del 10% de los torreonenses, alrededor de unos 65 mil registran niveles de plomo en la sangre más allá de los valores permisibles en las normas nacionales e internacionales. Por si el plomo en la sangre no fuera suficiente, los torreonenses tambíén sufren de alteraciones por el cadmio que como no es un elemento requerido por el cuerpo humano causa graves problemas de salud aún en mínimas proporciones como son la osteoporosis, enfizema pulmonar, cáncer de pulmón, de próstata, hipertensión, diversos tipos de cardiopatías y retraso en la habilidad verbal de los niños. Otro contaminante de la ciudad producto de las emanaciones de Peñoles y el consumo de agua fosilizada es el arsénico altamente tóxico y que daña el sistema neurológico, el cardiovascular y causa de varios tipos de cáncer en la piel. Ante esta grave situación, el 23 de noviembre de 2000 el Partido Verde Ecologista en voz de la diputada Sara Guadalupe Figueroa, presentó a este pleno una proposición con puntos de acuerdo sobre el tema, mismo que solicitaba dictamen de las comisiones de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados que requieran a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de sus respectivas presidencias, en los términos que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la información de los registros de morbilidad general infantil y mortalidad general infantil materna, perinatal, preescolar y escolar en los trabajadores y sus familias, resultados de la vigilancia epidemiológica, así como las manifestaciones de impacto ambiental de las recientes ampliaciones de la planta, el convenio de concertación de acciones que incluyó el plan de acción a realizar por parte de la empresa compuesto de 117 actividades, a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Asimismo, solicita el punto de acuerdo que se requiera la presencia ante las citadas comisiones, de los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y al Secretario de Salud. En este mismo sentido, 15 días después, el 7 de diciembre el Partido del Trabajo presentó otra proposición con punto de acuerdo que agregó materias de dictamen para las comisiones en comento. Que las comisiones ordinarias de Medio Ambiente y de Salud como comisiones de dictamen legislativo y en ejercicio de su facultad de control evaluatorio, insten a las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Salud para que en conjunto inspeccionen, evalúen y en su caso sancionen a las fuentes generadoras de los altos índices de contaminación por residuos peligrosos, así como la emisión de plomo y cadmio que provocan daño irreversible en la salud de los habitantes del municipio de Torreón. La situación ambiental continúa deteriorando la salud y el medio ambiente de los coahuilenses. Los vecinos de Torreón continúan sufriendo imprecisiones en materia de atención, control y seguimiento médico, así como un deficiente control del impacto ambiental por materiales pesados en un extenso espacio físico circunscrito a la planta de la minerometalúrgica. Por lo antes expuesto y transcurrido el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al desconocer esta legislatura los dictámenes respectivos o pronunciamientos por parte de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes suscribimos la presente con fundamento en lo que disponen las fracciones III, XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia se sirva excitar a las comisiones mencionadas a fin de que emita el dictamen sobre las solicitudes presentadas por diputados del grupo parlamentario del Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y al que ahora, como excitativa a la mesa directiva, se suma el Partido de la Revolución Democrática. Por su atención, muchas gracias. La Presidenta: Muchas gracias, señor diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emitan el dictamen correspondiente. La siguiente excitativa ha sido retirada por el promovente, por lo que pasamos al capítulo de proposiciones. INSTITUTO PARA LA PROTECCION
AL La Presidenta: Tiene la palabra el diputado Francisco Agundis Arias, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al tema del IPAB. El diputado Francisco Agundis Arias: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB; fue creado para atender y dar solución a la carga financiera del muy discutido y poco transparente rescate bancario, el cual ha abierto muy graves heridas en la sociedad que en vez de cicatrizar, cada día se abre más. La actual situación por la que atraviesa el instituto es inaceptable pues además de que no ha cumplido con sus objetivos, ha venido acumulando irregularidades cada vez más graves llegando al extremo de que funcionarios de primer nivel se encuentran bajo investigación. El IPAB ha venido trabajando con una total falta de transparencia, es intolerable la sombra de la sospecha que rodea al IPAB tras el arraigo de su aún secretario adjunto jurídico, acusado de lavado de dinero que habría sido recibido para una gestión relacionada con la reestructuración de un crédito. Es intolerable observar que la Secretaría de la Contraloría ha abierto procedimientos administrativos contra la mitad de los vocales independientes a quienes se acusa de conflicto de intereses. Es igualmente intolerable la inaudita venta de Bancrecer, al equivalente a 170 millones de dólares, cuando el analista más pesimista esperaba 600 millones de dólares, el balance arroja un saldo que difícilmente alcanzaría el calificativo de mediocre. De igual manera la venta del complejo turístico Las Hadas que fue comprado en 15 millones de dólares y revendido el mismo día en 17 millones, cuando había un postor que ofrecía 18 millones de dólares, pero sobre todo es el colmo que a más de dos años del inicio de sus operaciones el organismo no ha cumplido el mandato de ley de canjear los pagarés del Fobaproa con los cuales se pactó el rescate de los bancos y peor aún, a más de dos años de entregado el informe final del auditor canadiense Michael Mackey a esta Cámara de Diputados no se ha cumplido el mandato de ésta de devolver a los bancos los préstamos que se asumieron por el Fobaproa en contra de la regla señalada y por inaudito que parezca, apenas hace unos días se dieron los primeros pasos para transparentar la actividad de los activos de los bancos intervenidos a su férula con miras a su liquidación. Por ello, el esclarecimiento y sanción de estas operaciones resulta obligado por varias razones. En primer término, para recuperar fondos públicos que actualmente se encuentran en manos privadas y también para sancionar conductas ilegales por parte de funcionarios o ex funcionarios del Fobaproa-IPAB, de banqueros o ex banqueros y de particulares. Exigimos el irrestricto cumplimiento de la Ley del IPAB y la salvaguarda de las instituciones, esto es necesario en un país en el que la aplicación de la ley se cuestiona constantemente y donde las instituciones son muy frágiles. El Gobierno tiene una ineludible responsabilidad en promover el cumplimiento de la ley, en este caso la que ya existe para regir la actuación del IPAB. También debe salvaguardar a la institución que finalmente está obligada a velar por los intereses de los ahorradores y recuperar las pérdidas del quebranto bancario, incluyendo el caso de devolver las deudas a los bancos y cobrarle a los accionistas. Esta es la transparencia que se nos prometió y que requiere el nuevo entorno político del país. El IPAB requiere urgentemente una transformación a fondo, que a su vez garantice la continuidad de un proceso transparente en la enajenación de activos producto del rescate bancario, de la recuperación de la mayor cantidad de recursos públicos y de la efectiva protección al ahorro de todos los mexicanos. Ha llegado el momento de que quien tiene esa responsabilidad cumpla con su trabajo, por eso es urgente tomar medidas al respecto. Asimismo, el IPAB ni siquiera ha informado la proyección de ingresos que tiene para éste y los siguientes años, esta cifra es fundamental para poder elaborar una reforma fiscal responsable, este instituto al cual se destinará un monto muy importante de recursos ni siquiera es capaz de planear una comercialización adecuada de los bienes que tiene en su poder. Esperemos que estos bienes no sean enajenados a través de terceros a las mismas personas a quienes les fueron embargadas, porque sólo ellos saben cuántos y cuáles son los bienes que tiene en su poder este instituto. Señoras y señores diputados: ¿Cómo podemos aprobar una reforma fiscal cuando ni siquiera conocemos los montos de ingreso que tienen calculados el IPAB?¿Cómo pueden algunos siquiera estudiar la posibilidad de aumentar impuestos, cuando algunos de éstos pueden ser sustituidos fácilmente por la venta eficiente de los activos que tiene en su poder el IPAB? «Por lo anteriormente expuesto solicitamos a la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, verifique si se encuentra en poder de esta soberanía los documentos e información que se solicitan en los cardinales del presente punto de acuerdo. En caso contrario, solicitar al IPAB entregue la información que se establece en los mismos. PUNTO DE ACUERDO Primero. Que el IPAB entregue a esta soberanía toda la información completa de los bienes muebles e inmuebles en la República Mexicana y en su caso en el extranjero, que tiene en su poder, así como su ubicación y avalúo. Segundo. Que el IPAB entregue a esta soberanía la proyección de ingresos que tiene programado para los próximos cinco años, desglosado de forma anual por concepto de enajenación de bienes. Firman el presente punto de acuerdo el coordinador y diputado del Partido Verde Ecologista de México, el coordinador y diputado del Partido Revolucionario Institucional, el coordinador y diputado del Partido de la Revolución Democrática, el coordinador y diputado del Partido del Trabajo, así como diputados del Partido Acción Nacional, Partido Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista y Partido Convergencia por la Democracia. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.» Muchas gracias. La Presidenta: Gracias. Túrnese a la mesa directiva. La Presidenta: El siguiente punto del orden del día es la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la ampliación del tramo carretero a cuatro carriles, del troncal de 32 kilómetros que va de San Miguel Allende, Guanajuato, a la autopista federal número 57. Para ello tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario de Acción Nacional. El diputado Luis Alberto Villarreal García: Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: Todos los integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, de las diversas fracciones parlamentarias del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de la Sociedad Nacionalista, del Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a proponerle a esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la ampliación del tramo carretero a cuatro carriles, del troncal de 32 kilómetros que va de San Miguel de Allende, Guanajuato, a la autopista 57 federal, bajo las siguientes 2055,2056,2057 CONSIDERACIONES Durante la segunda reunión regional de trabajo de la Comisión de Turismo, realizada el pasado 5 de octubre del año en curso en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, a la que asistieron más de 250 prestadores de servicios turísticos de los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato, además de autoridades municipales y estatales de esas entidades federativas, se realizaron distintas propuestas para mejorar los servicios de los distintos destinos turísticos de esa región. Dichas propuestas han sido asumidas como compromiso por las y los diputados que integramos esta Comisión de Turismo. Reiterada ha sido la solicitud por parte de los turisteros, ciudadanos en general y autoridades municipales de San Miguel de Allende, Guanajuato, respecto a la urgencia que existe de que se amplíe el tramo carretero a cuatro carriles, que va desde la zona urbana de ese municipio de Allende, a la autopista 57 federal a la altura de la comunidad rural de Tanque Blanco, Estado de Querétaro, aproximadamente de 32 kilómetros y que hace conexión con el libramiento San Luis Potosí, el Sauz, el Colorado. Este tramo carretero troncal, entre este importante municipio del país y la carretera 57 federal, es fundamental por distintas razones: La más importante de ellas es, sin duda, la seguridad de los transeúntes que a diario tienen que emplear la actual carretera de dos carriles para poder ir de San Miguel Allende y algunos municipios aledaños a otros puntos de la República como las ciudades de Querétaro, San Juan del Río e incluso de México, por razones de trabajo, comercio, negocios, educación de los cientos de estudiantes y de turismo o esparcimiento de miles de nacionales y extranjeros que anualmente transitan por esta carretera para arribar a este destino turístico. San Miguel de Allende, Guanajuato, es un municipio histórico donde se fraguó la Independencia de México; donde se constituyó el primer ayuntamiento de la República independiente; es tierra de chichimecas y otomíes que ha albergado a lo largo de sus más de 450 años de fundación a exponentes de todas las artes, en todos sus géneros y de todas las nacionalidades, así como a millones de turistas de distintos puntos del mundo que la visitan por ser una ciudad colonial, llena de arte y academia, tradiciones, fiestas patrias, artesanía y sobre todo mucha cultura, que aunado a otros muchos atractivos que la ciudad ha ido cultivando a lo largo de su vida, la convierten en un destino fundamental del centro de la República. Prueba de ello es, que prestigiadas revistas de turismo a nivel mundial como las norteamericanas, Condennast y Trablanleshur, han publicado que esta mágica ciudad es considerada por el turista mundial como una de las 15 ciudades preferidas de los lectores de las mismas, sólo después de ciudades como: París, Praga, Florencia, Estanbul, Nueva York, San Francisco, entre otras. Paradójicamente la preferencia, del turismo extranjero por esta ciudad, no se refleja en la afluencia turística con la que cuenta, pues es evidente que San Miguel de Allende no tiene la captación de turismo de las ciudades extranjeras antes mencionadas. Inclusive, en términos de captación está mucho más abajo que otras ciudades, que en la escala de preferencias del turismo extranjero están por debajo de ella. En efecto, el turista ha preferido viajar a otros destinos que le otorguen mejores vías de comunicación y acceso; ha dejado a un lado este destino por lo inaccesible que resulta transitar por las carreteras que llegan a este municipio, principalmente el troncal de 32 kilómetros en comento, que se requiere ampliar a cuatro carriles para conectar este destino con la carretera federal principal número 57 y que otorgaría al turista una carretera de cuatro carriles desde la frontera norte hasta el propio municipio. Esto, sin dejar de mencionar que la vía carretera es la única forma de acceder a este lugar. Por si esto fuera poco, en los últimos tiempos ha disminuido considerablemente la afluencia de visitantes, provocando con ésta la baja en ocupación hotelera y el consumo en restaurantes, bares y discotecas, situación alarmante por ser éstos los sectores pilares más sólidos de la industria turística en el municipio. Se suma a esta industria la crisis del sector artesanal provocada principalmente por la recesión mundial, la caída de las exportaciones y la falta de afluencia turística. El turismo y la artesanía representan más del 75% del producto interno bruto de este municipio, además de que generan el mayor número de empleos, la mayor inversión y por ende son el sustento económico y social de San Miguel de Allende. Este municipio cosmopolita tiene una alta vocación turística, recibe calurosamente a cientos de miles de turistas y visitantes anualmente, pero también es un municipio que por su situación geográfica puede ser la puerta de Guanajuato a todo el país, sobre todo para su circuito artesanal, su ruta de la independencia, por lo que la ampliación a cuatro carriles del troncal que va de este municipio a la carretera 57 federal, es indispensable. Compañeras y compañeros diputados: promovemos este punto de acuerdo porque en la Comisión de Turismo creemos que para representar a nuestra sociedad, hay que escuchar la voz de nuestros representados, de manera que podamos encauzar sus propuestas y necesidades. Eso es lo que todas y todas las diputadas y diputados que trabajamos por el turismo en esta Cámara, hemos venido haciendo a lo largo de esta legislatura y precisamente por eso es que creemos que un municipio con la potencialidad y la importancia turística e histórica de San Miguel de Allende, Guanajuato, requiere que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dirija no solamente su mirada a esta ciudad, sino además los recursos suficientes para ampliar esta carretera que, cabe hacer mención, ha sido promesa de muchos años y de muchos políticos y por lo mismo es hoy por hoy una deuda con esta conspiradora ciudad y sus habitantes. El esfuerzo que a diario hacen los empresarios del turismo, los artesanos, los trabajadores y en general el pueblo de San Miguel de Allende por hacer de este rincón colonial uno de los más bellos y cálidos del mundo, debe verse recompensado con el apoyo del Gobierno Federal y particularmente con el de esta soberanía. Estamos muy a tiempo para que esta obra de innumerables beneficios sociales sea incluida para el próximo Ejercicio Fiscal del 2002. Esperamos su solidaridad. "Por lo anteriormente expuesto sometemos a la aprobación de esta Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya lo antes posible en su plan de obra carretera, la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero de 32 kilómetros troncal entre este municipio de San Miguel de Allende y la autopista principal 57 federal. Segundo. Que una vez habiéndose cumplido el punto anterior la propia Secretaría inicie dicha obra de ampliación carretera e informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas y específicamente sobre el proyecto y programación de obra, así como los recursos que destinará para la ejecución correspondiente. Palacio Legislativo de San Lázaro. Promueven el punto de acuerdo, diputadas y diputados que integramos la Comisión de Turismo en esta Cámara de Diputados." Por su atención, muchas gracias. La Presidenta: Gracias, señor diputado. Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones. La Presidenta: Tiene la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre política exterior. El diputado Miguel Bortolini Castillo: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados: Como consecuencia del condenable acto terrorista en Nueva York, Washington y Pennsylvania, se ha encontrado una coartada magnífica para poner a la lucha contra el terrorismo como el nuevo fetiche que discipline a todo el mundo. El problema es; sin embargo, saber quién está utilizando esa herramienta disciplinadora a nivel mundial. Desde luego, no se trata de la Organización de las Naciones Unidas, la cual una vez más es simple espectador de las acciones unilaterales que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos de América. La guerra que está implementando el gobierno norteamericano tiende a minar la soberanía de los estados nacionales. Lo mismo que tiende a romper la armonía que debe existir entre las naciones. Es indudable que el terrorismo es un flagelo al que es necesario combatir, pero no se puede hacer con el doble discurso que desde la Casa Blanca se está llevando a cabo. Por un lado se ataca a los militantes de Al Quaeda y a Osama Bin Laden, cuando antes se les había alabado a ambos como "los guerrilleros de Dios", cuando antes se les había utilizado para desestabilizar los Balcanes y ahora se les responsabiliza de ser el enemigo número uno de la democracia. Cuando antes se les había otorgado la posibilidad de formar un ejército multinacional, que gozaba de todas las facilidades, para actuar en varios países y ahora se les acusa de estar protegidos por el gobierno afgano, cuando antes se les habían dado todas las garantías, para acceder a un sofisticado armamento incluidas las armas químicas y biológicas y ahora se les acusa de desatar una ofensiva contra el mundo. Ese doble discurso, no es otra cosa que una doble moral según la cual, el terrorismo es válido cuando se lleva a cabo contra países y estados, que no están bajo la tutela y la órbita norteamericana y es moralmente repudiable cuando afecta a su país y a sus habitantes. Si es verdad y creo que si lo es, que estamos frente a un nuevo tipo de guerra y que ésta lo que busca es lograr el viejo sueño americano, conocido como destino manifiesto, de dominar a todo el mundo y si esto se está haciendo de una manera abierta y además muy encubierta, en una ideología occidental de tal superioridad, entonces podemos entender la dimensión de la catástrofe que tenemos encima a nivel mundial. Muy independientemente de quién llevó a cabo el condenable y terrible acto terrorista del día 11 de septiembre, lo fundamental es, a señalar, que esta acción les cayó como anillo al dedo a los señores del dinero y de la guerra. Afganistán representa un bocado de gran importancia para estos señores, esa importancia no se ubica en que se trate de un país rico, no, el producto interno bruto total de Afganistán es de 20 mil millones de dólares, el de Estados Unidos es de 9 billones 256 mil millones de dólares, es decir, la economía afgana representa el 0.002%, es decir, dos milésimas de la economía norteamericana. Su ubicación geográfica es el punto central en este problema, Afganistán hace frontera con Irán, Pakistán, China y en el norte con tres repúblicas que hasta hace algunos años formaban parte de la entonces Unión Soviética, son Turkmenistán, Uzbekistán y Tadjikistán. Entre estos tres últimos países más Kirguistán, se calcula que tienen la segunda reserva de barriles de petróleo más grande del mundo, que asciende a 200 mil millones de barriles, solamente superados por otra cuenca, la del golfo Pérsico, que posee una reserva de 600 mil millones de barriles. La cuestión es entonces simple, quien controle ambas cuencas petroleras, controla la energía de todo el mundo ni más ni menos, que eso es lo que está en el fondo de la guerra. Así, de nueva cuenta, el pensamiento geopolítico, en función del control de los recursos naturales y su libre explotación y flujo, vuelve a dominar la agenda de seguridad nacional de las grandes potencias, ahora se echa mano de la lucha contra el terrorismo que, como ya hemos señalado, no es otra cosa que una criatura apapachada y amamantada por el poderío norteamericano. La guerra en Afganistán se convierte entonces, en una pieza fundamental del rompecabezas mundial y precisamente lo complejo del asunto debería llevar a las instancias del gobierno de nuestro país, a tener más cuidado en sus declaraciones. Como nunca en este tipo de ocasiones que se requiere de una visión de estadista, que actúe en función de la preservación del Estado nacional mexicano. El bien merecido repudio y combate al terrorismo debe ser llevado a cabo por la ONU y no por un gobierno en particular. «Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar la siguiente proposición firmada por diputados también de diversos partidos, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. Es indispensable que el Gobierno Federal, proponga ante los organismos conducentes de la Organización de las Naciones Unidas, para que sea ésta y sus organismos los que conduzcan el combate al terrorismo. 2058,2059,2060 Segundo. Que el Gobierno Federal de nuestro país se pronuncie públicamente en contra de los bombardeos que se realizan en contra del pueblo de Afganistán, donde incluso se han bombardeado instalaciones de la Cruz Roja Internacional. Tercero. Que el Gobierno Federal vuelva al espíritu y la letra de la doctrina Estrada, que garantiza la autodeterminación y la soberanía de los estados y los pueblos. Firman el presente punto de acuerdo los diputados Miguel Angel Moreno Tello y Enrique Meléndez, del PRI; José Narro Céspedes, Juan Carlos Regis Adame y Jaime Cervantes Rivera, del PT; José Antonio Calderón y José Manuel Del Río, por Convergencia; Diego Cobo Terrazas, del PAN, Cristina Moctezuma y Erika Spezia Maldonado, del PVEM; Sergio Acosta y Petra Santos, del PRD y el de la voz.» Muchísimas gracias, señora Presidenta. «Ante la guerra: redefinamos nuestra actual política exterior. A mediados de la década de los años ochenta desde las metrópolis imperialistas se utilizó a la deuda externa como un mecanismo disciplinador con relación a los países del llamado tercer mundo. A partir de ese momento los planes de ajuste económico fueron monitoreados desde los centros financieros mundiales. De esta manera la deuda externa fue utilizada para romper mecanismos de soberanía nacional en una buena parte de estos países deudores. Simplemente recordemos la forma virulenta en que los centros financieros internacionales respondieron el intento reformista de Alan García, de no pagar por concepto de intereses de la deuda más allá del 10% del grueso de las exportaciones de Perú. Pues bien, como consecuencia del condenable acto terrorista en Nueva York, Washington y Pennsylvania, se ha encontrado una coartada magnífica para poner a la lucha contra el terrorismo como el nuevo fetiche que discipline a todo el mundo. El problema es sin embargo saber ¿quien está utilizando esa herramienta disciplinadora? Desde luego no se trata de la Organización de las Naciones Unidas la cual, una vez más, es un simple espectador de las acciones unilaterales que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos de América. La guerra que está implementando el gobierno norteamericano tiende a minar la soberanía de los estados, lo mismo que tiende a romper la armonía que debe existir entre los diversos países. Es indudable que el terrorismo es un flagelo al que es necesario combatir. Pero no se puede hacer desde el doble discurso que desde la Casa Blanca se está llevando a cabo; por un lado se ataca a los militantes de Al Quaeda y a Osama Bin Laden cuando antes se les había alabado como los "guerrilleros de Dios"; cuando antes se les había utilizado para desestabilizar los Balcanes y ahora se les responsabiliza de ser el enemigo número uno de la democracia; cuando antes se les había otorgado la posibilidad de formar un ejército multinacional que gozaba de todas las facilidades para actuar en varios países y ahora se les acusa de estar protegidos por el gobierno afgano; cuando antes se les habían dado todas las garantías para acceder a un sofisticado armamento, incluidas las armas químicas y biológicas y ahora se les acusa de desatar una ofensiva contra la población del mundo utilizando este tipo de productos letales. Ese doble discurso no es otra cosa que una doble moral, según la cual, el terrorismo es válido cuando se lleva a cabo contra países y estados que no están bajo la órbita y el tutelaje norteamericano y es moralmente repudiable cuando afecta a su país y a sus habitantes. Si es verdad, y creo que sí lo es, que estamos frente a un nuevo tipo de guerra y que ésta lo que busca es lograr el viejo sueño del gobierno norteamericano, conocido como "destino manifiesto", de dominar todo a escala planetaria, sin que exista un solo rincón del mundo que se escape a su control y si esto se está haciendo no de una manera abierta, sino encubierto en una ideología occidentalista de superioridad, entonces podemos entender la dimensión de la catástrofe que tenemos encima. Independientemente de quién llevó a cabo el condenable y terrible acto terrorista del día 11 de septiembre, lo fundamental a señalar es que esa acción le cayó como anillo al dedo a los señores del dinero y de la guerra. Afganistán representa un bocado de importancia toral para estos señores. Esa importancia no se ubica en que se trate de un país rico. El PIB total de Afganistán es de 20 mil millones de dólares, el de los Estados Unidos es de 9 billones 256 mil millones de dólares, es decir la economía afgana representa el 0.002% (dos milésimas) de la economía norteamericana. Su ubicación geográfica es el punto central: Afganistán hace frontera con Irán, Pakistán, China y en el norte con tres repúblicas, que hasta hace algunos años formaban parte de la, entonces, Unión Soviética: Turkmenistán, Uzbekistán, Tadjikistán Entre estos tres últimos países más Kirguistán se calcula que tienen la segunda reserva de barriles de petróleo más grande del mundo que asciende a 200 mil millones de barriles. Solamente superados por la otra cuenca, la del golfo Pérsico, que posee una reserva calculada de 600 mil millones de barriles. Lo anterior es una de las razones por la que nuestro país deja de ser prioridad para el gran vecino del norte. La cuestión es entonces simple, quien controle ambas cuencas de reservas petroleras controla la energía en todo el mundo, ni más ni menos que eso es lo que está en el fondo de la guerra. Por eso las grandes empresas petroleras no han dudado en lo más mínimo para contratar como sus representantes a personajes como Henry Kissinger, Alexander Haig, ex jefe de la OTAN y ex secretario de Estado; John Maresca, ex representante de Estados Unidos de América en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa o a Robert Oakley, ex embajador norteamericano en Paquistán y jefe e inspirador de la guerrilla Mujahíddin en contra de la invasión soviética a Afganistán, en esa época amigo intimo de Osama Bin Laden. Así, de nueva cuenta, el pensamiento geopolítico en función del control de los recursos naturales y su libre explotación y flujo, vuelve a dominar las agendas de seguridad nacional de las grandes potencias. Quedando archivada la ideología de la guerra fría en cuanto a la contención del fantasma del comunismo se refiere, ahora se echa mano de la lucha contra el terrorismo que, como ya hemos señalado, no es otra cosa que una criatura del poderío norteamericano. La guerra en Afganistán se convierte entonces en una pieza fundamental del rompecabezas mundial y precisamente lo complejo del asunto debería llevar a las instancias del Gobierno de nuestro país a tener más cuidado con sus declaraciones. Como nunca en este tipo de ocasiones se requiere una visión de estadista que actúe en función de la preservación del Estado nacional. El bien merecido repudio y combate al terrorismo debe ser llevado a cabo por la ONU y no por un gobierno en particular. Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO Primero. Es indispensable que el Gobierno Federal proponga ante los organismos conducentes de la Organización de las Naciones Unidas para que sea ésta y sus organismos los que conduzcan el combate al terrorismo. Segundo. Que el Gobierno Federal de nuestro país se pronuncie públicamente en contra de los bombardeos que se realizan en contra del pueblo de Afganistán donde incluso se han bombardeado instalaciones de la Cruz Roja Internacional. Tercero. Que el Gobierno Federal vuelva al espíritu y la letra de la doctrina Estrada, que garantiza la autodeterminación y la soberanía de los estados y los pueblos. Muchas gracias. México, D.F., a 30 de octubre de 2001.— Firman los diputados: Miguel Bortolini Castillo, Miguel Angel Moreno Tello, Enrique Meléndez, José Narro Céspedes, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Cervantes Rivera, José Antonio Calderón, José Manuel del Río, Rodrigo Carrillo Pérez, Esteban Daniel Martínez, Diego Cobo Terrazas, María Cristina Moctezuma Lule, Erika Spezia Maldonado, Sergio Acosta y Petra Santos O.» La Presidenta: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. La Presidenta: Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Presidente de la República, en su carácter de jefe de Estado, proponga al pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el que se realice una cumbre mundial contra el terrorismo. Hasta por 10 minutos, diputado. El diputado Víctor Antonio García Dávila: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se establece en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio de la cual se solicita al Gobierno mexicano pida a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, convoque a la realización de una conferencia mundial contra el terrorismo bajo las siguientes CONSIDERACIONES A raíz de los ataques terroristas del día 11 de septiembre del presente en los estados de NuevaYork, Pennsylvania y Washington en los Estados Unidos de América, se ha demostrado la fragilidad de todos los estados miembros de la comunidad ante los ataques de grupos que no forman parte del ejército formal de ningún país. Es necesario tener presente que la Organización de las Naciones Unidas, que el día 24 de octubre celebró 56 años de su fundación, surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, para sustituir a la antigua Sociedad de las Naciones, que a su vez es fundada al término de la Primera Guerra Mundial. Entre los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas y que se establecen en el preámbulo de la carta de este organismo, destaca, a reserva de las generaciones venideras, del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. El flagelo de la guerra ha estado presente en toda la historia de la humanidad; sin embargo, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se niega a aceptar que la guerra sea la continuación de la paz por otros medios. En tal virtud y considerando que en el mundo actual existe una profunda desigualdad económica, en donde pocos países y grupos empresariales dominan la actividad económica en perjuicio de gran parte de la población del mundo, que trae como consecuencia que los resentimientos aumenten y se trate de eliminar estas desigualdades a través del uso de la fuerza, nuestro grupo parlamentario considera necesario que el Gobierno mexicano impulse en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la realización de una conferencia internacional en contra del terrorismo, que tenga como propósito el establecimiento de medidas multilaterales que puedan erradicar ese mal. Por supuesto que el grupo parlamentario del PT no soslaya el que el terrorismo de estado que diferentes gobiernos de Estados Unidos de América han impulsado en perjuicio de otras naciones, le han generado el rechazo de parte de la comunidad internacional. De todos es sabido que el denominado enemigo público número uno del gobierno de Estados Unidos, fue entrenado y financiado en sus actividades por la Agencia Central de Inteligencia, en la época en que el padre del actual presidente norteamericano fue director de ese organismo. Todo el mundo sabe que los servicios de seguridad de Estados Unidos han sido utilizados para promover acciones en contra de gobiernos legalmente establecidos, pero que son contrarios a sus intereses. Es necesario destacar que con todos estos hechos de violencia irracional, la humanidad es la que pierde. Los únicos ganadores son los mercaderes de la muerte, los fabricantes de armamento, en una situación que resulta paradójica: mientras en las bolsas de valores del mundo las acciones van a la baja, las de las empresas productoras de armamento van al alza. Civiles inocentes murieron en las ciudades norteamericanas, como civiles inocentes han sido asesinados y seguirán siendo asesinados por las acciones bélicas en contra del pueblo de Afganistán, que no es ni debe ser parte de este conflicto. El argumento de que sólo se atacan campamentos de terroristas dejando a salvo a la población civil, no tiene sustento, pues en este tipo de actos los inocentes son los que más resienten los ataques. Prueba de ello son los cientos de miles de personas que han buscado salir de su país. Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo le preocupa que estos ataques se den a una zona en donde según fuentes bien informadas, se encuentra el 65% de las reservas de petróleo y gas natural del mundo. Sin duda, la existencia de estos recursos naturales despierta la ambición de las naciones imperialistas. 2061,2062,2063 Nosotros consideramos que no se debe permitir el avasallamiento de la soberanía de los estados, con el pretexto de proteger a la democracia y a la libertad. El pretexto del combate al terrorismo no debe ser causa para agredir a otros países y pueblos del mundo. El presidente George Bush declaró que se reservaban el derecho de atacar a cualquier gobierno que protegiera terroristas, lo que hay que tener presente en la definición de quiénes son los terroristas y en consecuencia susceptibles de ser atacados. Planteamos una hipótesis, en México el 1o. de enero estalla un conflicto armado en virtud de la Ley para el Diálogo de Reconciliación y la Paz Justa y Digna en Chiapas. El EZLN, es reconocido como parte en el conflicto y protegido por dicha ley en tanto que muestre voluntad de diálogo. Pero si el EZLN fuera considerado como organización terrorista y protegido por el Gobierno mexicano en virtud de la ley antes citada, podría ser atacado por ese Gobierno. Además, hay que considerar las vastas reservas petroleras y de recursos naturales, que existen en esa zona. Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está consciente de que es responsabilidad internacional a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, la de instrumentar políticas tendientes al mantenimiento de la paz internacional, según se desprende del artículo 1o. numeral uno, que establece: los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y seguridad internacionales y en complemento a lo que se señala en el artículo 11 numeral dos, que establece la Asamblea General, podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad. Además, en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las facultades y obligaciones del Presidente de la República como jefe de Estado y de Gobierno. En consecuencia y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas, el Gobierno mexicano, tiene la obligación legal y moral de impulsar en el ámbito internacional, políticas que tiendan a combatir el terrorismo y a mantener la paz. Por tanto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. La Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que por medio de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, se pida a la Asamblea General de dicho órgano, apruebe la convocatoria a una conferencia mundial contra el terrorismo, que tenga como propósito el establecer un marco de igualdad internacional que posibilite el combate de este fenómeno y se consolide la paz mundial, con las modalidades que agenda y fecha de realización que la propia Asamblea General determine. Atentamente. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y firman todos sus integrantes. Muchas gracias. Presidencia de la diputada La Presidenta: Gracias, señor diputado. Túrnese la proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores. Para referirse al mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva y se le concede hasta por cinco minutos. El diputado Augusto Gómez Villanueva: Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: El Partido Revolucionario Institucional ha considerado necesario, después de haber escuchado la propuesta hecha por nuestro compañero representante del Partido del Trabajo, expresar las razones de su solidaridad con esta propuesta. A partir de referir a ustedes no solamente hechos que han ocurrido, sino fundamentalmente de interpretar durante el curso de estos días dramáticos que está viviendo el mundo, a partir del 11 de septiembre en que ocurrió el drama de Nueva York, y que se transformó en el riesgo de un drama mundial, ya lo es para Asia Central. Reconozcamos que la acción del terrorismo dio en el blanco, despertó los afanes belicistas apoyados en la razón moral de una gran potencia mundial herida en su dignidad, ofendida por el dolor y la impotencia para evitar semejante agravio, que costó tantas vidas de seres inocentes, ciudadanos en sus centros de trabajo que sucumbieron en medio de las llamas y la hecatombe insólita que todos conocemos que en forma instantánea apagó muchas vidas. México reaccionó: los mexicanos, el Gobierno, las instituciones, el Estado mexicano, con una actitud no solamente de indignación sino de estupor, pero también de solidaridad con el pueblo norteamericano y el gobierno en su indignación, por hechos que atentaron contra la vida de sus conciudadanos. Los voceros del Gobierno de la República hicieron distintas declaraciones, muchas de ellas poseídas por un estado de ánimo que seguramente nos llevó a que de pronto viviéramos una etapa de confusiones. Las voces que reclamamos serenidad y prudencia y congruencia fuimos calificados lamentablemente por el propio Ejecutivo, con adjetivos simplistas de una supuesta posición protagónica, como si no tuviéramos derecho como legisladores a exigirles conducta de hombres de Estado y de recordarles los principios del derecho internacional, consignados en el artículo 89 de nuestra Constitución. Aquí mismo en el recinto del salón Legisladores de la Rpublica, preguntamos al Secretario de Relaciones si México estaba en guerra y requerimos al canciller Castañeda para que aclarara a la opinión pública nacional e internacional si habíamos de declarar la guerra al mundo árabe, al Islam, Afganistán, al terrorismo o a los terroristas. La pregunta no era ociosa ante las confusas declaraciones que oscilaron entre la justificación de combatir el terrorismo salvaje con el terrorismo técnico y científico. Muchos días han pasado y han ocurrido muchos sucesos que nos obligan, fundamentalmente, a preocuparnos porque las declaraciones del Ejecutivo se enmarquen en una definición fundamental no solamente de respeto a nuestra Constitución, sino exigir a los organismos internacionales que fueron creados para preservar la paz, el que cumplan sus debidas responsabilidades institucionales. Si bien la geopolítica nos condena y tal parece que nuestra más importante misión es vincular a este país de larga tradición pacifista a la guerra contra el terrorismo y a formar parte de una lamentable cola en el convoy de solidaridad con el gobierno de Estados Unidos de América, lo peligroso es haber privilegiado el camino de la guerra por una arrojada decisión de nuestras autoridades y la rama diplomática, para dirimir una cuestión que dé persecución a un grupo de delincuentes, se convirtió ya en un escenario de guerra entre estados. Como consecuencia, se ha endosado el destino de México a esta incierta confrontación, desistiendo en nuestra gran vocación por la defensa de la paz y la aplicación del derecho internacional para dirimir los conflictos internacionales. La Presidenta: Señor diputado, se le ruega redondear su intervención, pues se ha agotado su tiempo. El diputado Augusto Gómez Villanueva: Muchas gracias, muy amable. Gracias. De ahí la importancia de la propuesta de los compañeros del Partido del Trabajo, de requerir al Ejecutivo para que promueva una reunión cumbre para abordar el tema del terrorismo. Aunque ya existen conferencias y recomendaciones sobre el tema, lo importante es que independientemente de las acciones de colaboración para evitar y combatir el terrorismo y la solidaridad estratégica, se construyan las bases jurídicas de organismos internacionales, para prevenir y castigar actos de esta naturaleza que eviten las graves confusiones en que han incurrido la nación ofendida y se privilegie el predominio de la represión y se satanice a los pueblos o que bajo la acusación de ser terroristas a los individuos indiscriminadamente se les prive de la libertad y de la vida y sus derechos humanos. Por tal razón, señoras y señores, el Partido Revolucionario Institucional no solamente propone que México deba asumir su verdadera jerarquía moral, utilizando los organismos internacionales a favor de la conservación de la especie humana, sino además pedimos que comparezcan ante esta Cámara de Diputados los funcionarios de la propia cancillería, que vengan a informar, sobre todo los objetivos y propósitos, de las visitas al exterior, sus alusiones al terrorismo y en unos días más tengamos la oportunidad de conocer cuál es en verdad la posición de México en cuanto a su vinculación y uso de los organismos internacionales a favor de la paz. Muchas gracias. Presidencia de la diputada La Presidenta: Gracias, señor diputado. Respetuosamente le solicitaría al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que dado que la intervención del diputado Gómez Villanueva concluye con una propuesta específica y que se había inscrito para comentar la propuesta de punto de acuerdo planteada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, pudiesen procesar esa propuesta específica en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores. La Presidenta: Pasamos al siguiente punto del orden del día y se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a la donación de un día de dieta por parte de los diputados, para los damnificados por el huracán "Juliette", en el Estado de Baja California Sur. La diputada Rosa Delia Cota Montaño: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes CONSIDERACIONES En sesiones pasadas abordamos en esta tribuna la situación por la que atraviesa el Estado de Baja California Sur a raíz de los desastres causados por el huracán "Juliette" que ha generado pérdidas y daños materiales en todos los municipios del Estado pero con mayor incidencia en Los Cabos y en La Paz. En ese momento solicitamos ante esta soberanía que el Ejecutivo Federal llevara a cabo la declaratoria de zona de desastre en la entidad y se liberaran los recursos correspondientes al Fonden para atender a la población e iniciar las labores de reconstrucción. Gracias a la sensibilidad y solidaridad de todas las fuerzas políticas, representadas en esta Cámara de Diputados, logramos por consenso aprobar dicho punto de acuerdo y el Poder Ejecutivo Federal procedió a hacer la declaratoria y a liberar los recursos para emprender las labores de atención y rescate de los municipios afectados. La estimación que hizo el gobierno de Baja California Sur a través de la Secretaría General de Gobierno de los recursos necesarios para emprender las labores de reconstrucción, rescate y atención a los surcalifornianos afectados por el huracán supera a los 1 mil millones de pesos. Hasta el momento los recursos entregados al gobierno del Estado ascienden a 10 millones de pesos que a todas luces resulta insuficiente para llevar a cabo las acciones mínimas de reconstrucción en las zonas dañadas. Las afectaciones en el patrimonio de los habitantes de las comunidades rurales son de suma gravedad, ya que además de los daños sufridos en sus viviendas perdieron sus herramientas y enseres necesarios para llevar a cabo sus tareas cotidianas del campo y de la pesca. Reconocemos que los recursos federales son limitados y no pueden canalizarse en su totalidad para este tipo de tareas, por lo que se han realizado otras acciones para que el gobierno estatal pudiera allegarse de recursos y complementar su actuación en esta situación de desastre. Los esfuerzos que ha hecho la población de Baja California Sur son loables y hacemos un reconocimiento a su espíritu de lucha y recuperación frente a situaciones adversas, característica no únicamente del pueblo surcaliforniano, sino de todos y cada uno de los mexicanos. 2064,2065,2066 Compañeras y compañeros diputados, hoy por mi conducto los habitantes del Estado de Baja California Sur que represento, hacen una atenta petición a esta soberanía como representantes populares, pero sobre todo como personas de gran calidad humana para que en un acto solidario hagamos un aporte económico que sea canalizado a estas actividades de reconstrucción que ayudará a resolver la grave situación que están atravesando. «Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Artículo único. Solicitamos la solidaridad de las compañeras y compañeros legisladores para que donen a los damnificados del Estado de Baja California Sur un día de dieta. Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.— Del PRD, los diputados: Martí Batres Guadarrama, David Sotelo, Estéban Daniel Martínez y Magdalena Núñez Monreal; del Partido Verde Ecologista de México, Bernardo de la Garza, Diego Cobos Terrazas, Esveida Bravo Martínez, Sara Figueroa, Olga Patricia Chozas, Francisco Agundis, Concepción Salazar y José Antonio Arévalo y del Partido del Trabajo, Rosalía Peredo Aguilar, Víctor García Dávila, Jaime Cervantes, José Narro Céspedes, Juan Carlos Regis y su servidora Rosa Delia Cota Montaño.» Es cuanto. Una disculpa porque tengo muchos días con este punto de acuerdo... La Presidenta: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA La Presidenta: Tiene la palabra el diputado Manuel Castro del Valle, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre procuración de justicia. El diputado Manuel Castro y del Valle: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: «Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO Consideraciones: a prácticamente un año de los lamentables acontecimientos ocurridos la madrugada del viernes 20 de octubre del año 2000 en el local antes conocido como "Lobohombo", ubicado en la delegación Cuauhtémoc, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha dado una respuesta satisfactoria a la ciudadanía del Distrito Federal en esto que de por sí es un caso complicado, en el que concurrieron posibles negligencias de autoridades e irresponsabilidad criminal de empresarios que no cumplieron con la normatividad vigente y pusieron en grave riesgo a su clientela, riesgo que se materializó en la tragedia que todos conocemos. Caso que se complica aún más cuando se toma en cuenta que en este local no solamente se incumplió con la normatividad del Distrito Federal, sino que además se presume con razones fundadas, que se cometían delitos del fuero federal como el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Resulta preocupante, aunque hasta cierto punto explicable, que para este hecho que ha significado que para docenas de víctimas ya no exista un mañana y que para muchos de los que sobrevivieron ese mañana sea terriblemente sombrío, no haya una respuesta satisfactoria a más de un año de distancia. La Ciudad de México y el país entero merecen una respuesta, que por su claridad convenza a todos y que vaya de manera integral a todos los aspectos del problema, que como se ha señalado, hay en este caso conexidad con delitos del fuero federal y pensamos que debe ser objeto de una investigación a otro nivel. Ahora bien, de acuerdo con el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales. Es decir, el Constituyente Permanente justificó la actuación de las autoridades federales respecto a delitos normalmente considerados del fuero común ante la presencia de delitos conexos o sea de hechos relacionados con delitos del orden federal y local. El combate y la lucha contra este tipo de delitos debe corresponder al orden federal, ya que están afectando intereses de la Federación, por lo que el conocimiento de los mismos puede ser competencia de ésta en sustitución de las locales. A mayor abundamiento de lo anterior, en el propio artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y de conformidad con el texto constitucional aludido, se atribuye al Ministerio Público Federal en el caso de concurso de delitos, la facultad para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales y los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos. En tal virtud, debe ser preocupación de esta Asamblea Nacional que cuando se suscitan hechos como los de "Lobohombo" en los que como se tiene conocimiento al parecer hay indicios de delitos del orden federal, como son lavado de dinero, narcotráfico y delincuencia organizada, la autoridad responsable de su persecución intervenga en auxilio de la autoridad local y que asuma su responsabilidad como garante en la investigación de los delitos que afectan gravemente a la Federación, como es el caso en cuestión. Más aun cuando el fenómeno de criminalidad principalmente la dedicada a la producción, el tráfico y el consumo de drogas y el lavado de dinero representa hoy por hoy una grave amenaza para la salud, la libertad y el bienestar de los ciudadanos a la vez que atenta contra la estabilidad y la soberanía de las propias entidades federativas y cuando la capacidad de estas organizaciones criminales supera cualquier frontera y el ámbito de competencia en consecuencia amenaza el orden y la seguridad de regiones, estados y naciones en donde se desarrollan sus actividades, por ello debemos entender con claridad que frente a las limitaciones de la autoridad local, la responsabilidad corresponde al orden federal para enfrentar con decisión y eficacia este problema tan lacerante. Compañeras y compañeros diputados: por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. Que se solicite a la Procuraduría General de la República, que revise la posibilidad de ejercer su facultad de atracción respecto del caso conocido como Lobohombo, ya que se presume la existencia de delitos del orden federal. Segundo. Que la Procuraduría General de la República, en caso de ejercer su facultad de atracción respecto del asunto conocido como Lobohombo, informe a esta soberanía de la situación que guarden las investigaciones. Palacio de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2001.— Firman los compañeros diputados: Nelly Campos Quiroz, Mauro Huerta Díaz, José de Jesús López Sandoval, Raúl García Velázquez, María Teresa Gómez Mont, José María Rivera Cabello y el de la voz.» Muchas gracias. La Presidenta: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La Presidenta: Para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se amplíe el plazo para otorgar subsidios a la tarifa 09, se concede el uso de la palabra a la diputada Hortensia Enríquez Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. La diputada Hortensia Enríquez Ortega: Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso; compañeras diputadas, compañeros diputados: La Comisión Nacional del Agua a partir del año de 1994 inició una promoción y difusión a través de los medios de comunicación para informar la obligación que tienen los usuarios de Aguas Nacionales y sus bienes públicos inherentes, de regularizar sus aprovechamientos y obtener el título de concesión. Dicho esfuerzo incluyó la realización de reuniones informativas con autoridades estatales y municipales, cámaras representativas de industriales y comerciantes, asociaciones de ganaderos, fruticultores, nogaleros y en general agricultores de los distritos de riego. El objetivo central fue lograr que los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes regularicen sus aprovechamientos y obtengan el título de concesión que les autoriza utilizar las aguas nacionales y les otorga certeza jurídica. El 11 de octubre de 1995 el presidente Ernesto Zedillo emitió tres decretos, mediante los cuales se otorgaban facilidades administrativas y se condonaron contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes que realizan actividades agrícolas, pecuario, silvícola y acuícola. El citado decreto fue expedido por una vigencia de un año, mismo que se prorrogó el 11 de octubre de 1996 para el uso agrícola, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998. Con estos decretos presidenciales de facilidades administrativas, se rebasaron las expectativas y se regularizaron 29 mil 716 aprovechamientos, de los cuales 12 mil 059 son de uso agrícola, rebasando el padrón original sustancialmente. Sin embargo, por diferentes causas muchos usuarios no regularizaron su situación administrativa o presentaron documentación fuera de los plazos establecidos, por lo que su dictaminación fue extemporánea. Actualmente en el Estado de Chihuahua se cuenta con más de 1 mil expedientes extemporáneos y se siguen recibiendo un promedio de 80 expedientes mensuales, muchos de estos aprovechamientos cuentan con una antigüedad de más de 20 años de operación y en los cuales la inversión efectuada y la derrama económica que generan en la región representan el sustento de varias poblaciones. Cabe citar también que el Estado de Chihuahua atraviesa por una de las peores sequías de la época reciente, con casi ocho años de no recibir el beneficio de la lluvia. Compañeras y compañeros legisladores: es imperativo contribuir a la regularización de la situación por la que atraviesan los productores agrícolas usuarios de las aguas nacionales en todo el país, para fortalecer el estado de derecho, proporcionar seguridad jurídica y promover el desarrollo social de este sector de la sociedad. Por lo anterior y considerando: Primero. Que la Secretaría de Hacienda publicó el 30 de diciembre de 1999 un acuerdo que autoriza el ajuste a la tarifa para suministro y venta de energía eléctrica para el servicio de riego agrícola, condicionando el otorgamiento de la tarifa preferencial 09 a los productores del campo que tengan su título de concesión de aguas nacionales expedido por la Comisión Nacional del Agua. Segundo. Dicho acuerdo entró en vigor el 1o. de enero del año 2000 y los usuarios no tuvieron el tiempo suficiente por desconocimiento o por trámites excesivos, para regularizar su situación, por lo que existe el riesgo inminente de que a partir del 1o. de noviembre los productores del campo que no hayan registrado su título de concesión queden al margen de los beneficios de la tarifa 09. Tercero. Que existen antecedentes en los años de 1995 y 1996, de regularizaciones fiscales y administrativas de los usuarios de aguas nacionales mediante la expedición de decretos que otorgan facilidades administrativas y condonan las contribuciones a los usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola. Cuarto. Que es deber del Estado apoyar a los grupos más desprotegidos e impulsar el crecimiento económico, haciendo accesible el agua a las actividades productivas. Quinto. Que existe la voluntad de los productores del campo de regularizar su situación administrativa y fiscal, así como también obtener a la brevedad posible el título de concesión correspondiente, que les permita seguir disfrutando del subsidio en materia de energía eléctrica. Sexto. Que la situación por la que atraviesa el campo mexicano requiere de este tipo de apoyos para hacer costeable la actividad agropecuaria. Por lo anterior y para impulsar y fortalecer las actividades de los sectores agrícola, silvícola, pecuario y acuícola y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente 2067,2068,2069 PUNTO DE ACUERDO Unico. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una prórroga en la aplicación del ajuste de la tarifa eléctrica para el servicio de riego agrícola, así como el otorgamiento de facilidades para la regularización fiscal y administrativa de los usuarios de las aguas nacionales y que estas facilidades sean retroactivas al 1o. de octubre del presente año. Por los argumentos antes expuestos y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicito a esta Asamblea considere este punto de acuerdo como un caso de urgencia u obvia resolución. Está firmado el documento por diputados de los distintos grupos parlamentarios. Es cuanto, señora Presidenta. La Presidenta: Gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo. La secretaria Martha Silvia Sánchez Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La Presidenta: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Se ha recibido en esta directiva la solicitud del diputado César Patricio Reyes Roel, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para hablar en pro del mismo. Hasta por cinco minutos, diputado. El diputado César Patricio Reyes Roel: Gracias, señora Presidenta, con su permiso; compañeros diputadas y diputados: Desde 1995, a través de decretos con facilidades administrativas, el Ejecutivo intenta regularizar y dar certeza jurídica a los usuarios de las aguas nacionales. En el caso del sector agrícola, esta información es fundamental y de efectos económicos, pues quienes no posean el título de concesión expedido por la CNA, no podrán acceder a los beneficios del subsidio en el costo de la energía eléctrica que otorga la tarifa 09. Mencionó la compañera diputada Hortensia Enríquez, que son varias las prórrogas que se han venido dando cuando se llega al límite del tiempo convenido para cerrar el trámite de registro de los aprovechamientos hidráulicos. La última ocasión se extendió la prórroga del proceso de certificación de marzo 31 hasta el 30 de septiembre pasado, a través del acuerdo que autoriza la reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y amplía el plazo establecido en el diverso que modifica el artículo 4o. del acuerdo tarifario originalmente publicado el 30 de diciembre del año 1999. En dicho acuerdo se manifestaba que el plazo se ampliaba por última ocasión. Sin embargo, por información directa de la Comisión Nacional del Agua a los miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta Cámara de Diputados, sabemos que todavía hay en el país un número muy importante de usuarios que no cuentan con el título de concesión correspondiente por múltiples causas y que debido a eso, la subdirección de administración del agua ha venido promoviendo un último decreto de regularización que pronto deberá ser publicado. Es conveniente manifestar aquí que los usuarios de aguas nacionales para la agricultura que utilizan energía eléctrica en la zona norte del país, particularmente en el Estado de Chihuahua, tienen una enorme carga económica debido a que los mantos acuíferos se han venido abatiendo a causa de la prolongada sequía de casi una década y el costo de extracción del agua es cada vez más grande. Propiamente ya no hay cultivos que sean rentables ante esta situación. Si bien la Comisión Nacional del Agua reporta un registro de 43 mil 430 pozos profundos y 5 mil 64 plantas de bombeo en los distritos y unidades de riego del país, creemos justo que con fecha definida se otorgue un verdadero último plazo a quienes por cualquier causa no hayan realizado trámites correspondientes a su concesión. Por ejemplo, en el caso de la zona agrícola de Delicias, existen 1 mil 230 equipos de bombeo de los cuales 436 todavía están en trámite de alguna manera. En el Estado de Chihuahua pueden ser miles y el número en el país puede ser muy grande aún. Es necesario que en forma definitiva todos los usuarios se apeguen al ordenamiento legal que determina que la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sólo podrá realizarse mediante concesiones que otorgue el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones estipuladas en las leyes. Así, cumpliendo con el ordenamiento, las autoridades lograrán una más eficaz y eficiente administración del agua y los usuarios podrán en forma definitiva y sin sobresaltos, hacer uso continuo del subsidio a la tarifa eléctrica que otorgan los organismos suministradores. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se suma al punto de acuerdo propuesto solicitando que las facilidades de las tarifas eléctricas se den en forma retroactiva, como lo mencionó la compañera, en tanto se expide el decreto correspondiente para que a los usuarios agrícolas no les sea retirado el subsidio a la tarifa 09 porque esto sería mandarlos al matadero. Es cuanto, señora Presidenta. La Presidenta: Muchas gracias, señor diputado. Sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Delfino Garcés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado José Delfino Garcés Martínez: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros: La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, atento a la situación que vive el campo de México y en aras de las desigualdades que se manifiestan en el campo en relación con las grandes ciudades, donde se concentra la mayoría de los apoyos, vemos con simpatía y nos solidarizamos con el punto de acuerdo propuesto por la compañera Hortensia, de la fracción parlamentaria del PRI. Por lo tanto nos sumamos en aras de compensar las desigualdades antes mencionadas, en aras de que a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos podamos de alguna manera tratar este punto tan importante para que se llegue a la mayor brevedad a arreglos que nos permitan aterrizarlo y negociar en el contexto nacional las tarifas especiales, relacionadas con la cuestión de la electricidad, como parte fundamental para que los distritos de riego sigan trabajando, sigan los productores haciendo producir la tierra y sigan de alguna manera y poderles seguir ayudando. Muchas gracias. La Presidenta: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. La secretaria Martha Silvia Sánchez En votación económica se pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido. La Presidenta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. La secretaria Martha Silvia Sánchez En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La Presidenta: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. La Presidenta: Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre los resultados del viaje internacional del presidente Vicente Fox Quesada. El diputado Sergio Acosta Salazar: Con su permiso, diputada Presidenta; honorable Asamblea: El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes CONSIDERACIONES Las relaciones internacionales de cualquier país, desde cualquier ángulo por donde se le quiera mirar, son un asunto de seguridad nacional. Con ésta se observa hacia afuera de una nación, a partir del entorno internacional y hacia adentro, en razón de los objetivos, fines, ventajas e intereses que se pretende alcanzar. No son un asunto menor y por lo mismo no se les puede banalizar; se trata en efecto de un asunto de Estado, en su más exacta acepción. No son las relaciones de un poder y mucho menos las de una persona o personas determinadas, quien tiene responsabilidad de la conducción de las relaciones internacionales de un país; lo hace en representación de éste y no por sí o para sí. No son, pues, las relaciones internacionales de una persona, sino las de una nación; de ahí deriva lo delicado y la responsabilidad que conlleva esa tarea. Si nuestra política internacional no nos está representando y antes bien, a momentos parece que responde a aspiraciones y anhelos privados y familiares de quien la conduce, entonces resulta necesario que desde esta representación popular marquemos un alto, antes de que se pierda toda seriedad en el trato con nuestro país, dada la chabacanería con la que se conduce el presidente Fox y sus colaboradores y familiares, en las visitas oficiales y de Estado, que le autoriza el Congreso de la Unión, en uso de la atribución conferida en el artículo 88 de la Constitución Política del país. Mientras en los 11 meses de este Gobierno, los grandes problemas del país no han merecido mayor atención, hemos sido testigos de múltiples viajes internacionales, que no han reportado resultados concretos, en beneficio de nuestro país y sí en cambio un desgaste en nuestra posición internacional, por los múltiples desatinos que se han dado, por violaciones a nuestra Constitución y aun por transgredir los principios que guían la política internacional de México. Lo que sí han dejado cada una de las giras internacionales, ha sido un compendio de anécdotas chuscas, que ruborizan a más de un mexicano ante la torpeza mostrada. Recapitulemos, en Corea, el Presidente se comprometió a confeccionar un traje a la medida de las empresas coreanas, les informó que el suyo es un gobierno de negocios, en el acto y quizá el más jocoso de la gira, por la falta de sensibilidad política, ofreció promover la unificación de las coreas entre los congresistas y senadores de Estados Unidos, al igual que con el presidente Bush, como si la decisión correspondiera a este país, en franca falta de respeto a una cuestión que corresponde a los coreanos por resolver. En Japón, habló de que estaba presentando una iniciativa al Congreso de la Unión de México, para abrir la inversión en el campo de la generación de energéticos y electricidad. Hasta ahora los legisladores no hemos recibido dicha iniciativa. 2070,2071,2072 Señaló también que se encontraba promoviendo, que se abra la inversión privada en el área de gas natural seco, promoción que requiere reformas legales, que ni siquiera se han planteado en este Congreso. Afirmó igualmente, que se está a un "pasito" que las variables fundamentales del país, se equiparen a los Estados Unidos, cuestión que no es real y que sobre todo parece una mala broma, dado nuestros niveles de pobreza. En China, inició la gira con otras contradicciones, cuando afirmó primero, que el riesgo de incluir a este país en la OMC, era tener que reducir aranceles a los productores chinos, que en algunos casos llegan hasta el 1000%, por lo que la opción era no dar ese apoyo o abstenerse; y después de reunirse con el primer ministro chino, señaló que no tiene ninguna objeción para que China entre a la OMC. Expresó, asimismo, en ese país lejano, frases como "quien no invierte en México es un tonto". ¿Que más parece la expresión? De un desesperado vendedor que está regalando su mercancía. La promoción en China incluyó el fustigamiento hacia quienes desde su campaña le hicieran ver que su propuesta armada, el crecimiento al 7% de la economía nacional resultaba inalcanzable y también a quien ahora le exigen el cumplimiento de este compromiso. En su gira más reciente constatamos una vez más la falta de seriedad con que se conducen las relaciones internacionales de México; conocimos irónicamente en el marco del II Congreso Internacional de Lengua Española por boca del Presidente, la existencia de un escritor llamado "José Luis Borgues"; que México se pone a las órdenes de otro país en conflictos que le son ajenos. Conocimos que el Presidente es el precursor de las botas de charol; se detuvo la historia y de pronto volvimos a pensar en Checoslovaquia. Nos confundimos cuando lo autorizamos a acudir al Vaticano en visita oficial y terminamos observando recepciones privadas a una pareja que se considera en pecado, según la religión católica y que sin embargo ante la ley mexicana están casados. Se nos informó a los legisladores desde aquellas tierras, que en unos días se dictaminaría su reforma fiscal; se anunció que el próximo año se rediscutiría la reforma indígena y después se guardó silencio al respecto. Se transgredió el artículo 88 constitucional, al realizar una visita oficial a Mongolia sin autorización del Congreso de la Unión. Este es un breve y apretado reencuentro de hechos que sin embargo, no provoca ningún beneficio para nuestro país. Por eso pensamos que por gobernabilidad, resulta necesario replantear en el Congreso de la Unión si se van a seguir autorizando viajes que provoquen estos desenlaces los riesgos son evidentes. O se cambia la manera de concebir las relaciones internacionales o seguirá consumiéndose este sexenio entre dichos presidenciales y desmentidos de sus gabinetes y viceversa. Nuestra política internacional no debe construirse a partir de las relaciones sociales de la pareja presidencial y con total desapego a los intereses del país. Si queremos mayor vigor y un nuevo papel de México en el mundo, exijamos a nuestras autoridades asumir el liderazgo entre las naciones que pugnan por un nuevo orden internacional más justo y equitativo, a partir de una globalización desde lo público para la solución de los problemas que son comunes a todos los países y que desistan de su empeño en competir entre los países que buscan allanarse más rápidamente a los designios de las potencias y mientras tanto, para distraer llenan de anécdotas ligeras la historia de las giras presidenciales. Un presidente que no habla con la verdad, que pretende hacer de sus giras presidenciales eventos familiares y que no ofrece resultados de sus múltiples viajes, se desgasta y pierde interlocución hacia fuera del país y también hacia dentro. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. La Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, hace un extrañamiento al Presidente de la República Vicente Fox Quesada, por su comportamiento en la gira por Europa y Asia, llevada a cabo del 10 al 22 de octubre del actual y por su desapego al artículo 88 constitucional en su visita en Mongolia. Segundo. La Cámara de Diputados revisará escrupulosamente los objetivos buscados en cada salida internacional que pretenda llevar a cabo el Ejecutivo Federal y en razón de ello, se aprobarán o no a las mismas. Termino. Tercero. Por cada gira internacional aprobada, la Cámara de Diputados solicitará un informe por escrito por parte del Ejecutivo Federal de los resultados alcanzados en las mismas. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001. Gracias, muy amables. La Presidenta: Gracias, señor diputado. Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carlos Valenzuela Cabrales, del grupo parlamentario de Acción Nacional. El diputado Carlos Alberto Valenzuela Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras; compañeros legisladores: Parecería que hablar de las giras del Presidente, significara por un lado o tomar una posición crítica, obsecada e irracional o bien por el otro convertirse en un defensor sumiso, abyecto y proclive a la genuflexión de los actos del Ejecutivo. Creo que ninguna de las dos sería una posición que nos dignificara ni ante nuestros propios compañeros de bancada. Por lo tanto me voy a referir a esta gira en los términos más objetivos y sin exaltar logros ni de interés particular ni mucho menos de intereses político-partidistas. El objetivo primordial del último viaje del titular del Ejecutivo Federal, era asistir a la Reunión Cumbre o Foro de la APEC en Shangai, organismo que aglutina a 21 países de la Comunidad Asía Pacífico y en los que se realizan el 54% de todas las transacciones comerciales a nivel mundial, con una captación del 56% del ingreso económico del orbe y donde se asientan el 40% de la población mundial, es decir, aproximadamente 2 mil 500 millones de habitantes. Este Foro de la APEC será presidido por México en el año 2002 y me atrevo a decir que será para nuestro país la reunión internacional más importante del sexenio, donde México tendrá la oportunidad de proyectarse y promocionarse a nivel mundial, como un país que ofrece estabilidad y seguridad a inversionistas de cualquier parte del orbe. Asistir al Foro de la APEC era por tanto un compromiso ineludible. Pero además debemos considerar la necesidad de nuestro país de establecer vínculos comerciales con otros países y organizaciones y no depender casi exclusivamente del comercio con los países de Norteamérica es decir, Estados Unidos y Canadá, ya que el 80% de nuestras exportaciones tienen como destino final los Estados Unidos y esto nos hace sumamente vulnerables, casi con el ejemplo que impera hoy en día. ¿Qué sucede hoy en día? que debido a la desaceleración que estaba presentando la economía de los Estados Unidos, incluso mucho antes de aquel martes negro 11 de septiembre, con crecimientos reportados en el mes de julio del segundo trimestre en los Estados Unidos, del .7% . Esto originó y desencadenó una desaceleración de nuestra economía mexicana haciendo caer nuestro producto interno bruto a cifras no programadas. Para evitar que estas situaciones se vuelvan a presentar, necesitamos enfocar nuestras baterías comerciales hacia otros mercados como son la Unión Europea, con la que ya tenemos un Tratado de Libre Comercio y los países de la APEC. Esa fue la importancia del viaje de Vicente Fox, que no fue otra que la de estrechar vínculos con esas naciones con las que en un futuro no lejano, tendremos probablemente relaciones muy importantes a nivel comercial. Es pues imperativo para hoy, que mexicanos patriotas como ustedes, como nosotros, empecemos a tomar las decisiones que permitan reunir las condiciones mínimas necesarias que propicien, atraigan, fomenten y garanticen la inversión en nuestro país. Una política tributaria y fiscal adecuada, finanzas públicas sanas, elevar a rango constitucional la obligatoriedad de un equilibrio presupuestal, es decir, de déficits de cero y además entre otras, ofrecer garantía irrestricta a la tenencia de la tierra. Y todo esto sólo lo lograremos compañeros cuando entendamos cual es la verdadera misión de nosotros como legisladores, cual es la verdadera misión por la que venimos y llegamos a esta máxima expresión de representación popular, que no es otra que la que aquélla que mediante nuestros actos derivados de nuestro ejercicio legislativo llevar una mejor condición de vida a nuestros representados. Es cuanto, diputada Presidenta. La Presidenta: Sobre el mismo tema solicitó hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. El diputado Víctor Antonio García Dávila: Con su venia, apreciable Presidenta; compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para plantear ante el pleno de esta soberanía su balance y observaciones en torno a la reciente gira del presidente Vicente Fox por varias naciones. Como se recordará se trata de la gira más prolongada del mandatario mexicano desde que asumió el poder, en diciembre del año pasado, pues ésta abarcó del 10 al 22 de octubre de 2001. Fueron en total 13 días. Esta gira incluyó dos visitas de Estado, las que se realizaron a la República Checa, perdón, a Checoslovaquia, como dijo el Presidente, y el Reino de España, así como las visitas oficiales a la República Italiana, a la Santa Sede, Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shangai, República Popular China. El motivo fundamental de su gira, que el propio Ejecutivo Federal sustenta como de extensión de las relaciones de México con el resto del mundo, se inscribe como parte de su política exterior de ofrecer a los inversionistas extranjeros las oportunidades de negocios que existen en el territorio nacional. Omite señalar que la incorporación de inversión extranjera directa a México se hace sin tomar en cuenta la exigencia de establecer a esa inversión requisitos mínimos para que los trabajadores mexicanos puedan acceder al aprendizaje tecnológico que implica la transferencia de tecnología a la economía mundial. Tal como ocurrió en naciones que lograron un ascenso exitoso al mercado mundial, como son los tigres asiáticos. Su falta de respeto al Poder Legislativo ha ido más lejos, al ofrecer a los inversionistas del exterior la apertura de la industria eléctrica y de la petroquímica básica al capital privado, sin tomar en cuenta previamente la opinión de los legisladores mexicanos, que es a quienes por disposición constitucional compete tan delicada decisión, ya que la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo establece, en su artículo 3o. fracción III cuáles son las materias primas industriales básicas y qué constituyen petroquímicos básicos; estableciendo nueve productos que conforman aquélla y que en términos de lo que se establece en el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional: su explotación con carácter de exclusividad corresponde al Estado mexicano. Otro error mayúsculo del titular del Ejecutivo se dio cuando con gran ligereza se inmiscuyó en los asuntos internos de otra nación, al haber declarado en ocasión de su visita de Estado al Reino de España, "que México apoyaría la persecución de etarras, echándoles el guante en el territorio nacional para ser extraditados a España". Este hecho generó reacciones de malestar en la dirigencia del Partido Nacionalista Vasco, que detenta actualmente el poder en ese país, que también aprovechó la ocasión para desmentir, de paso, las declaraciones del Presidente a una emisora de radio, en el sentido de que este partido le hubiese solicitado que modificara la política que permite expulsar o extraditar a los miembros de la organización terrorista vasca que huyen y encuentran refugio en México. Un hecho que recogió la prensa nacional e internacional sobre la actuación del Ejecutivo Federal en ocasión de su visita de Estado al Reino de España, lo representó cuando fungió como aval y testigo de calidad de la firma del contrato mediante el cual las acciones de Radiópolis, propiedad de Televisa, fueron adquiridas en un 50% por parte del grupo español Prisa, que viola totalmente lo que se dispone en los artículos 14, 23, 24 y 31 fracción IV de la Ley Federal de Radio y Televisión que señala expresamente "que son causas de revocación de las concesiones cuando se enajena, cede, hipoteca o se da en garantía o fideicomiso o se grava de cualquier modo íntegra o parcialmente la concesión y los derechos derivados de ella a gobierno, empresa o individuo o admitidos como socios en la negociación concesionada". Además, según se desprende de la nota publicada por el diario español El País, el 16 de octubre del año en curso el grupo Prisa participará de forma compartida la gestión de Radiópolis. 2073,2074,2075 Durante su gira el presidente Fox no desaprovechó la ocasión para repetir una y otra vez el apoyo de su Gobierno a las acciones de guerra que se encuentran desplegando en Afganistán Estados Unidos, como si el pueblo mexicano respaldara tales acciones. Como parte de las ocurrencias y la demagogia a que suele recurrir el Ejecutivo Federal, en la República Checa se comprometió a presentar el próximo año una iniciativa de modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos y cultura indígenas, no obstante que recién se aprobaron reformas en esa materia, por cierto muy polémicas, al no considerar de manera íntegra el proyecto que había elaborado la Cocopa. En suma, nuestro balance de la gira del Presidente Fox a las naciones señaladas, deja ver claramente que el saldo es negativo para nuestra nación en términos de la imagen que proyecta el responsable del Gobierno Federal. Nos sumamos al punto de acuerdo presentado por los compañeros del PRD. Es cuanto, señora Presidenta. La Presidenta: Gracias, diputado. Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra la diputada Lorena Beaurregard, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos. La diputada Lorena Beaurregard de los Santos: Con su permiso, diputada Presidenta. Sin duda que se ha hablado aquí por quienes me han antecedido en la palabra, con mucha amplitud sobre los viajes del señor presidente Fox. Durante los 12 días de gira del presidente Fox por Europa y Asia, efectivamente, el balance es negativo. Es indudable que nunca logró demostrar las razones que sustentaron el viaje. No hubo una agenda previamente establecida, no hubo acuerdos importantes y las visitas fueron simple y sencillamente de carácter social. Lo único que lograron fue acumular más kilometraje. El Presidente resulta que es un viajero frecuente, ha acumulado 226 horas efectivas de vuelo. Hay una serie de preguntas que de pronto surgen y una de las preguntas que a mí me surgen es si el señor presidente Fox lo que quiere es romper un récord vacío y sin sentido de países visitados que finalmente a nuestro país no le han dejado ningún saldo importante. Habría que preguntarle cuáles son las inversiones que el Presidente ha traído, cuáles son los acuerdos etcétera. Creo que hay una serie de preguntas que no tienen respuesta. Una pregunta con sustento matemático es: ¿qué hizo el presidente Fox en más de 60 días que ha estado fuera del país, en los que ha tenido alrededor de 1 mil 500 horas efectivas de trabajo? ¿A qué acuerdos sustantivos ha llegado? Todo esto sin contar, por supuesto, Mongolia, nación a la que el señor presidente Fox visitó sin permiso de esta Cámara de Diputados. El señor Fox, por si fuera poco, ha estado con el permiso de este honorable Congreso en 13 países, de los cuales en siete ocasiones ha visitado el vecino país del norte. La última para presentar disculpas tardías. Hace algunos días el diario Reforma publicó un artículo sumamente interesante de Jesús Silva Herzog Márquez, quien retrata espléndidamente las frivolidades en las que ha incurrido el señor Presidente y quiero citar textualmente, porque me parece que vale la pena verdaderamente que escuchemos este texto y cito: "No es el Estado el terreno propicio para el desahogo de la frivolidad. En ese espacio hay asuntos de gravedad que no toleran la ligereza. La autoridad, decían los romanos, reclama de un plomo firme y pesado, que mantenga las cosas en equilibrio; era Weber, quien hablaba de las fuerzas diabólicas que gobernaban los asuntos de Estado, cruzar la puerta de la política suponía una decisión seria que debía asumirse con plena responsabilidad, quizá hasta con conciencia de sacrificio. "Quien busque la diversión, podría parafrasearse al gran sociólogo alemán, la diversión propia o la de otros, no debe buscarla en la política; si a un hombre le obsesiona el cariño de la gente, si le aburren los pormenores de la política concreta, si tiene horror a decidir y a enfadar, si cree que su palabra es un gancho para caer bien, debe evitar la puerta de la política. La frivolidad, señor presidente Fox, es un derecho vedado en el reino político". En síntesis —termino la cita— el presidente Fox ha demostrado su falta de sensibilidad y carencia de formación política, no ha aprendido el señor presidente Fox que también el silencio y la mesura pueden ser parte de una estrategia que le resulte más rentable que hacer declaraciones anticipadas, que lo único que provocan y son, desmentidos a granel y concluyo con esta frase: "pobre de aquel hombre que no sea capaz de aprender de sus propios errores, porque estará condenado irremediablemente a repetirlos". Gracias. La Presidenta: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. La Presidenta: El siguiente punto del orden del día es la proposición de punto de acuerdo que presentará el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en torno a la exhortación a la Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso del atentado al candidato del PRI Alfredo Anaya. Tiene la palabra el diputado Regis Adame. El diputado Juan Carlos Regis Adame: Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes CONSIDERACIONES El pasado miércoles 10 de octubre, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado de Michoacán sufrió un atentado en el cual fue baleado el vehículo en que se transportaba hacia el debate que habían pactado los demás candidatos. Dicho intento de asesinato se llevó a cabo en la carretera que va de Zinapécuaro a Morelia, cuando tres sujetos no identificados accionaron sus armas contra la camioneta en que viajaba el ciudadano Alfredo Anaya. Tenemos claro que cualquier agresión a la tranquilidad de los mexicanos es condenable y por tanto el Partido del Trabajo será el primero en censurarlo. Lo que nos inquieta es que las declaraciones a la prensa y ante el Ministerio Público son completamente diferentes y contradictorias, además existen versiones encontradas entre el chofer que lo acompañaba y el candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán. No comprendemos por qué se debe esta contradicción que puede presentarse o prestarse a que las autoridades y la población hagan una interpretación dolosa de los hechos. Sumado a lo anterior, nos parece una grave limitación que la PGR hasta el momento sólo haya ejercido su facultad de atracción para investigar la utilización de una arma de uso exclusivo del Ejército, como lo es la metralleta AK-47, comúnmente conocida como "cuerno de chivo." Creemos que al tratarse de una acción encaminada a lesionar a un personaje público y al existir declaraciones contradictorias entre las personas que sufrieron dicho atentado, la Procuraduría General de la República debe investigar todo el caso y no sólo la utilización de un arma exclusiva del Ejército mexicano. El clima electoral de la entidad es álgido, un hecho como éste está siendo manejado de manera confusa, sólo contribuye a enconar a las fuerzas políticas que contienden en Michoacán y que pueden enturbiar el resultado de la elección. Por ello, debemos buscar que una instancia federal lleve la investigación del caso. Tenemos antecedentes que sustentan la actuación de la PGR, los llamados crímenes políticos como los de Colosio, Ruiz Massieu, las matanzas de Aguas Blancas y Acteal fueron atraídas por la Procuraduría para llevar a cabo las investigaciones. De esta forma el punto de acuerdo que sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, es que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, la Procuraduría General de la República ejerza la facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el 10 de octubre pasado en Michoacán. «Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración de ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO Unico. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite a la Procuraduría General de la República, con fundamento en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, ejerza la facultad de atracción para conocer e investigar el atentado perpetrado en contra del ciudadano Alfredo Anaya, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado de Michoacán. Atentamente. Palacio Legislativo, San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.— Diputados: por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis.» Gracias, señora Presidenta. La Presidenta: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La Presidenta: Para presentar una proposición con punto de acuerdo relacionado con que se establezca un programa ecológico integral de reforestación en la zona del Iztaccíhuatl-Popocatépetl, abarcando los estados de Puebla, México y Morelos, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor León Castañeda, del grupo parlamentario de Acción Nacional. El diputado José Gaudencia Víctor
León Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores: El suscrito, diputado integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que se establezca un programa ecológico integral de reforestación de la zona Izta-Popo, que abarque los estados de Puebla, México y Morelos. Los recursos forestales en la región Izta-Popo han sido destruidos en un 70% de lo que se tenía en los años treintas o cuarentas del siglo pasado, como consecuencia de políticas gubernamentales erróneas y de la explotación irracional del bosque que se hizo a través de permisos otorgados a empresas particulares y ejidales. En el caso de México y concretamente en la región Izta-Popo que comprende los estados de Puebla, México y Morelos, a principios del siglo pasado se tenían bosques cuantificados en 150 mil hectáreas aproximadamente. En la región Izta-Popo se ha acentuado el deterioro de los bosques propiciando el desequilibrio ecológico ante la irracional explotación de sus recursos. En el Estado de Puebla los municipios con vocación forestal ocupan una extensión territorial de 1 mil 709 kilómetros cuadrados, con una población de 331 mil 75 habitantes, dichos municipios son Atlixco, Calpan, Coatzingo, Huejotzingo, Nealtican, San Jerónimo Tecuanipan, San Matías Tlalancaleca, San Nicolás los Ranchos, San Salvador el Verde, Tianquismanalco, Tlahuapan, Tochimilco y San Felipe Teotlalcingo. En esta región se desarrollan actividades productivas agropecuarias de gran relevancia, teniendo en esa región en cuanto a desarrollo rural, el primer lugar en bovino, tercer lugar en porcinos, segundo lugar en superficie dedicada a la producción de maíz y tercer lugar en frijol. Además tiene los primeros y segundos lugares en producción de hortalizas, flores y frutales, que sólo revelan la importancia económica que se tiene en la región, en el sector primario y nos indica la necesidad de implementar programas que impulsen el desarrollo económico de esta región. 2076,2077,2078 En el Estado de México, los municipios de Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba y Atlautla se encuentra una población de 335 mil 276 habitantes, el uso de suelo de dichas extensiones de tierra agrícola y forestal con vegetación predominante de bosques, de pino, oyamel y pastizal. En el Estado de Morelos, de la región Izta-Popo, los municipios que tienen vocación forestal, Tetela del Volcán, Yecapixtla y Ocuituco, donde se encuentra una población de 68 mil habitantes. Cabe señalar que de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el año de 1998 el Estado de México registró un total de 3 mil 649 incendios, ocupando así el primer lugar en la República Mexicana, habiendo afectado 25 mil 847 hectáreas. En el Estado de Puebla durante el mismo año se registraron 544 incendios forestales, afectándose 19 mil 835 hectáreas y en el Estado de Morelos se registraron 330 incendios forestales afectándose 2 mil 360 hectáreas de pastos naturales, arbustos y arbolado. Por ello se propone desarrollar un programa de manejo con soluciones integrales de desarrollo sustentable en beneficio de las comunidades. De conformidad con la fracción XXIX del artículo 32-bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgar contratos, concesiones, licencias, autorizaciones y asignaciones y reconocer derechos, según corresponda, en materia forestal de aguas, la explotación de la flora y fauna silvestres, por ello resulta de vital importancia que la Secretaría tome las siguientes medidas: Cancelar todos los permisos de corte de árboles existentes a personas que no tengan derecho de uso de suelo. Prohibir el otorgamiento de concesiones a particulares que no sean ejidatarios o pequeños propietarios a quienes con el fin de elevar su nivel económico se les otorgarán permisos para aserraderos, de acuerdo con la reglamentación especial buscando que el bosque jamás vuelva a ser explotado como ha sucedido. Es necesario, en términos del artículo 32-bis fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, implementar programas que establezcan el equilibrio de la flora y fauna de la región, conservando una fuente vital de agua y oxígeno y promoviendo la introducción de la fauna silvestre. Asimismo, atendiendo el artículo 29 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la fracción XV del artículo 5o., de la Ley Forestal, se hace indispensable fomentar una cultura de conservación de los recursos naturales tanto en los estudiantes como en los jóvenes productores buscando que las nuevas generaciones crezcan con esta nueva cultura ecológica. Debido a la importancia de la zona, urge educar a las nuevas generaciones con una nueva cultura ecológica tendiente a formar una conciencia especial con relación al cuidado y conservación del bosque incluyendo una nueva materia educativa de tipo ecológica en los planes de estudio de primaria, secundaria y bachillerato. Asimismo se sugiere que el trabajo de capacitación y concientización de la necesidad del cuidado, conservación y aprovechamiento racional del bosque, así como la reforestación con los productores y sus hijos que asisten a la escuela se realice por personal de brigadas de educación para el desarrollo rural que están ubicados en las regiones de los tres estados, que dependen de la Secretaría de Educación Pública Federal y la dirección general de Educación Tecnológica, Agropecuaria, así como por la Secretaría de Educación y Cultura de cada Estado mediante la firma de un convenio en términos de lo establecido por el artículo 31 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, el cual establece lo siguiente: "El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, con arreglo en lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación; propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas. Para ello podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia." La solución al problema debe ser integral, con la participación coordinada de distintos órganos de la Administración Pública tal y como lo tiene previsto el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, al establecer que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos naturales. Por todo lo anterior, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que implemente los programas y acciones necesarias para concientizar a los estudiantes de la región Izta-Popo, sobre la importancia del ecosistema que le rodea y que implementen en su plan de estudios la materia de estudio y conocimiento del medio ambiente. Tomando en cuenta lo establecido en la fracción VII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación corresponde el despacho, fracción II, organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, acciones de crías, semilleros y viveros vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por ello se propone la creación de un programa ecológico de reforestación de la zona Izta-Popo. Compañeras y compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto me permito presentar ante esta Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente las siguientes acciones: cancelar permisos de corte de árboles en caso de que tal autorización constituya un riesgo para el ecosistema en la zona Izta-Popo, que abarca los estados de Puebla, México y Morelos. Implemente programas que restablezcan el equilibrio de la flora y fauna en la región Izta-Popo que comprende los estados de Puebla, México y Morelos, conservando una fuente vital de agua y oxígeno y promoviendo la introducción de la fauna silvestre. Que fomente una cultura de conservación de los recursos naturales, tanto en los estudiantes como en los jóvenes productores, buscando que las nuevas generaciones crezcan con esta nueva cultura ecológica. Le solicitaría me permita terminar, señora Presidenta. La Presidenta: Concluya. El diputado José Gaudencio Víctor Que la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y a las demás entidades gubernamentales competentes, coadyuven los programas y acciones para instrumentar los programas y acciones necesarios para concienciar a los estudiantes de la región Izta-Popo sobre la importancia del ecosistema que les rodea. Capacitar en materia agropecuaria y forestal a los productores agropecuarios y forestales de la región Izta-Popo, estableciendo un centro de capacitación para el trabajo agropecuario y forestal. Se establezcan viveros forestales en los estados de referencia. Por todo lo anteriormente expuesto pido su comprensión y apoyo, compañeros legisladores, para hacer de este país una región digna en materia ecológica que dejaremos a nuestras próximas generaciones. Es cuanto, muchas gracias. Presidencia de la diputada La Presidenta: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Activen el sonido en la curul del diputado De la Riva Pinal. El diputado José Gerardo de la Riva
Pinal Señora Presidenta, en términos del artículo 102, para rectificación de hechos, por favor. La Presidenta: Sí, señor diputado. Quiero informarle que han pedido la palabra para el mismo asunto la diputada Erika Spezia Maldonado, en seguida usted y a continuación el diputado Víctor Díaz Palacios. Entonces, si me permite, tendrá la palabra la diputada y en seguida con mucho gusto. Tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. La diputada Erika Elizabeth Spezia Muchas gracias, señora Presidenta; compañeros diputados: Es de sabios reconocer los propios errores y enmendarlos, también es justo reconocer los aciertos de los adversarios. El día de hoy observamos cómo el Partido Acción Nacional, de cuyas filas saliera el titular del Ejecutivo Federal, reconoce las limitaciones de la política gubernamental respeto al manejo de los bosques ante los graves problemas de deforestación que enfrenta nuestro país. Puede parecer ocioso repetir la importancia de los bosques para la captación de agua, la captura del carbono y la producción del oxígeno o como hábitat de numerosas especies y otros productos beneficiosos que éstos arrojan al ser humano. Todos lo sabemos; sin embargo, observamos cómo cotidianamente estos valiosos recursos son explotados irracionalmente. A nivel nacional se calcula que en los últimos 100 años hemos perdido cerca del 90% de nuestros bosques tropicales, alterando microclimas y la delicada interacción natural. Sequías, inundaciones, ciclones, deslaves y otros desastres naturales que resultan ser no tan naturales, sino producto de la actitud destructora de los bosques. ¿Hasta cuándo vamos a detener esta acción irracional y autodestructiva? ¿De qué magnitud debe ser la catástrofe ambiental que enfrentamos para actuar con resoluciones y con soluciones a los problemas ambientales? Hace algunas semanas se publicaron en la prensa poblana unas declaraciones por parte de un investigador de la Universidad de Puebla, en las que se relacionaban directamente los deslaves e inundaciones ocurridos en octubre de 1999 en esa entidad, con el alto grado de deforestación que se sufre. Ese mismo investigador calculaba que cada cuatro segundos y medio se tala un árbol en el Estado de Puebla. Los miembros del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que la mejor prevención contra ese tipo de desastres, implica acciones de protección y restauración de nuestro patrimonio ecológico. Invitamos a las autoridades del Ejecutivo a considerar que la verdadera prevención ante catástrofes naturales implica el atacar las causas y no esperar los devastadores efectos. Verdaderas acciones preventivas deben involucrar de manera primordial acciones tendientes a restaurar y preservar el equilibrio ecológico. Ante dicha problemática, las políticas del Ejecutivo resultan insuficientes. El día de hoy, ante el punto de acuerdo que nos presenta el Partido Acción Nacional, los diputados del Partido Verde manifestamos nuestra satisfacción por esta acción emprendida por ese grupo parlamentario. Aunque los exhortamos a que se den cuenta de que la política del Ejecutivo Federal emanado de su partido son insuficientes para dar un tratamiento integral a este problema. Urge un ordenamiento ecológico del territorio que respete la vocación natural del mismo. De acuerdo con los datos de la propia Semarnap, cerca del 70% del territorio tiene una vocación silvícola y forestal y, sin embargo, observamos que en la política agropecuaria del Ejecutivo se siguen impulsando políticas agropecuarias altamente dañinas para el medio ambiente, que amplían indiscriminadamente la frontera agrícola sin respetar la vocación natural del territorio, lesionando con esto gravemente los recursos que pertenecen a las futuras generaciones de mexicanos y que tenemos nosotros la responsabilidad de mantener. 2079,2080,2081 Como mencionaba al principio de mi intervención, es de sabios reconocer los propios errores. Hoy observamos en el PAN una acción positiva en este sentido, los invitamos a que continúen en ese camino y exhorten al Ejecutivo a convertir lo dicho en una realidad y que el bosque y el agua sean de verdad temas de prioridad nacional como lo dijera Vicente Fox y no sólo otro comentario sin trascendencia de nuestro Presidente. Muchas gracias. La Presidenta: Gracias, señora diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo de la Riva Pinal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. El diputado José Gerardo de la Riva Pinal: "Para pedestal, no para sepulcro, se hizo la tierra, puesta está tendida a nuestra plantas": José Martí. Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Vengo a esta tribuna en vista de la importancia que reviste el tema de conservación forestal de una zona tan importante para el Estado de México, Morelos y Puebla, tomando en cuenta además las siguientes CONSIDERACIONES Se propone ampliar los alcances del programa ecológico integral de reforestación propuesta en esta tribuna por un programa integral de conservación y desarrollo forestal. En un programa integral la reforestación es una de las variantes más importantes a perseguir; sin embargo, deben, incorporarse también los siguientes componentes Primero. Programa de conservación de suelo y agua. Corresponde a la realización de obras de control de escurrimientos como construcción de presas filtrantes para contener sólidos y disminuir la velocidad de escurrimientos en épocas de lluvia. Adicionalmente se podrán construir presas de mampostería para almacenar agua en las zonas montañosas. En cuanto a obras de conservación de suelo, puede hablarse de acondicionamiento de suelos para recibir la reforestación ya sea mediante uso de maquinaria para hacer subsoleo o terraceo en terrenos erosionados y tepetatosos, así como la construcción de tina ciega y zanjas trincheras para contener la erosión de suelos y favorecer la reforestación y recarga de mantos freáticos. Segundo. Saneación forestal. Existe un significativo problema de árboles plagados, muertos en pie o enfermos, que será indispensable extraer para evitar que las plagas o enfermedades que poseen estos árboles puedan extenderse hacia el arbolado sano; de esta forma podrá mantenerse la salud de la masa forestal. Adicionalmente deberá aplicar un programa preventivo consistente de observación, podas, aclareos y fertilización, entre otros. Tercero. Organización social y capacitación de la población rural. Consiste en el desarrollo de alternativas económicas, tecnología alternativa que tiene la característica de ser compatible con la conservación de recursos forestales que ayudan a tener un mejor nivel de vida de la población, como es el desarrollo de plantaciones forestales comerciales, de unidades de manejo de fauna y flora, producción orgánica de alimentos, entre otros. Deberá de preverse recursos del Programa de Empleo Temporal para llevar a efecto estos programas. Finalmente es de mencionar que la Federación y los estados de Morelos, Puebla y México, han iniciado la primera etapa del programa denominado "Ordenamiento Ecológico de la Región del Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia", cuyo objetivo principal es el ordenamiento ecológico del uso del suelo y actividades a desarrollar dentro del área de influencia del proyecto; 206 mil 775 hectáreas integradas por 33 municipios, cinco del Estado de Morelos, 16 del Estado de Puebla y 11 del Estado de México e incluyendo una variable ambiental sumamente importante, que es el riesgo ante eventos volcánicos, sea emisión de cenizas o derrame de lava, por lo que se observa una planeación sumamente cuidadosa en un radio de 22 kilómetros del cráter del volcán. Este proyecto, como ya lo hemos expresado, se encuentra en su primera etapa correspondiendo al Estado de Puebla y deberán buscarse apoyos financieros para llevar a cabo las cuatro etapas restantes que son: la etapa de diagnóstico, la etapa de prospectiva, la etapa propositiva y la etapa de gestión e instrumentación. Aunado a lo anterior, el gobierno del Estado de México ha desarrollado el proyecto integral de Sierra Nevada 2001-2005, en donde se considera a la zona Izta-Popo. Es por ello, compañeros diputados, que nos unimos a este punto de acuerdo planteado y solicitando a la Presidencia de esta Cámara pueda ordenar se agregue al mismo la proposición de nuestra parte: por un ambiente sano y por campesinos forestalmente productivos. Gracias. La Presidenta: Gracias, señor diputado. Se le ruega dejar su texto en la Secretaría para que sea anexado a la proposición del diputado Víctor León Castañeda. Tiene la palabra el diputado Víctor Díaz Palacios, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos. El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Con la venia de la Presidencia; honorable Asamblea: Saludo el interés que tiene mi paisano, Víctor León, sobre el tema de la deforestación; sin embargo, quiero decirle que ojalá y haga fuerza común para convencer al Ejecutivo, ya que en este momento sólo tenemos cuatro inspectores por parte de la Profepa, para vigilar todo el Estado de Puebla, que obviamente es insuficiente. El Ejecutivo estatal, como usted sabe y también Erika, ha enviado una iniciativa al Congreso del Estado que ha sido aprobada, en donde contempla la tala de árboles, así como los incendios intencionales como un delito grave, pero lo más importante es que esta iniciativa que se convirtió en ley, no contempla el cambio de uso del suelo, que eso es lo que más perjudicaba realmente a los estados. El incendio, como bien se ha mencionado aquí, es una causa que está afectando al Izta y al Popo, pero también en la parte de la sierra norte y de la sierra nororiental, que nos ha tocado hace dos años la pérdida de vidas humanas. Es por eso que nosotros nos sumamos a este punto de acuerdo de las señoras y señores legisladores, pero también con el compromiso de impulsar este punto de acuerdo con el Ejecutivo Federal, para un apoyo real y no sólo en el papel. Por su atención, muchas gracias. Presidencia de la diputada La Presidenta: Gracias, señor diputado. Ha solicitado también hacer uso de la palabra sobre este tema el diputado Alonso Ulloa Vélez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos. El diputado Alonso Ulloa Vélez: Muchas gracias, diputada Presidenta: Voy a ser muy breve, pero sí considero necesario hacer una rectificación de hechos. Ciertamente desde la campaña presidencial, el entonces candidato surgido de las filas de Acción Nacional y apoyado por una alianza, que lo hizo llegar a la Presidencia de la República, expresó su compromiso con el medio ambiente, como un tema fundamental y de seguridad nacional, como un tema que ha sido reconocido aquí por todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra, vital para lograr un desarrollo sustentable en nuestro país. Es por ello que una de las primeras acciones que hizo el presidente Vicente Fox, fue el establecer una Comisión Nacional Forestal, que permitiera generar planes de manejo de las áreas protegidas y también generar planes que permearan hacia todas las secretarías, todas las instancias del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, para lograr esta conciencia en todos los niveles de gobierno, que permitan tener ese país del que hemos hablado en estas intervenciones. Ojalá que en el momento de establecer el presupuesto de egresos para el próximo año, seamos nosotros, los diputados, también consecuentes con esto que hemos dicho hoy aquí y que le demos a la Comisión Nacional Forestal, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, los recursos que requieren para empujar con fuerza este tema hacia adelante y convertirlo verdaderamente un tema de seguridad nacional. El tema está en la mesa, le corresponde, sí, por supuesto al Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Federal está haciendo su parte y ojalá nosotros hagamos la nuestra, cuando llegue el momento. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Esta Presidencia toma la sugerencia implícita en la intervención del diputado y adiciona el turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara. |
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La Presidenta: El siguiente punto del orden del día es la presentación de un punto de acuerdo a cargo del diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con objeto de dinamizar y eficientar el turismo social en el país. El diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón: Muchas gracias, señora Presidenta: Los diputados Miguel Angel Moreno Tello, Raúl González Villalba, Lilia Mendoza Cruz, Elías Martínez Rufino, Irma Piñeyro Arias, Federico Granja Ricalde, Cándido Coeto Martínez, José Soto Martínez, Bulmaro Rito Salinas, Angel Meixueiro González, Edilberto Buenfil Montalvo, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Rafael Servín Maldonado, Abel Trejo González, Ernesto Rodríguez Escalona, Jaime Mantecón Rojo, Samuel Aguilar Solís, Efrén Leyva, Rufino Rodríguez y Héctor Sánchez López, ante esta soberanía compañeras y compañeros diputados, quisiéramos comentar que a consecuencia del dinamismo en el que se desarrolla el mundo moderno, el ser humano está propenso a padecer diversos tipos de fenómenos o enfermedades, situaciones que motivan a las personas a la búsqueda de actividades físicas y recreativas que ayuden a minimizar ese tipo de efectos. Para contrarrestar dicho tipo de efectos y dada la actual distribución de la riqueza, es indispensable una determinada oferta turística de acuerdo a la realidad económica y social de la población. Es necesario otorgar mayor atención a los segmentos de escasos recursos, entre los que destacan sindicatos, trabajadores de la industria, empleados del Gobierno, del magisterio, el sector juvenil, discapacitados y personas de la tercera edad. El turismo social es un sistema que crea las condiciones necesarias que permiten el acceso al turismo a un gran sector de la población que carece de posibilidades financieras para disfrutar del turismo comercial, pero que también tiene derechos de recreación, descanso, diversión y de conocer otros ambientes. El turismo social tiene una relación directa con el sindicalismo. Explico: el turismo social comienza a desarrollarse en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, apoyado por la conquista de vacaciones pagadas para los trabajadores que dependían de factores como tiempo disponible y recursos financieros, lo cual se traduce en la existencia de alojamientos y medios de transporte adecuados. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se generó un cambio político, económico y social a nivel universal; la seguridad social aportó mayor protección al trabajador y su familia, las vacaciones se extendieron, los trabajadores adquirieron nuevos derechos y libertades. A partir de la década de los años setentas es cuando se da un crecimiento del turismo, por ello en el año de 1973 se constituyó el Buró Internacional del Turismo Social que tiene como objetivo favorecer el desarrollo del turismo social dentro del marco internacional, coordinando las actividades turísticas de sus miembros, además de difundir un mejor turismo al alcance de la mayor cantidad de personas. En nuestro país son escasas las instituciones que favorecen esta actividad turística y cito como ejemplo a las siguientes: el Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Fondo Nacional de Garantía para el Consumo de los Trabajadores, el Fideicomiso Obrero, el Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de la Senectud, la Secretaría de la Reforma Agraria, entre otros. 2082,2083,2084 No obstante su existencia, es casi nula su promoción y limitadas sus posibilidades económicas. Por su parte, la Secretaría de Turismo presentó el pasado martes 22 del mes de septiembre el Programa de Desarrollo Turismo Social 2001-2006, cuyo objetivo es el de contribuir a elevar la participación de diversos grupos de población en las actividades turísticas y recreacionales. Sin embargo, las estrategias, acciones y convenios anunciados podrían no ser suficientes para impulsar y fomentar el turismo social. En México el turismo doméstico o nacional es predominantemente familiar. Los motivos de viaje de casi la mitad de las personas que pasan por lo menos una noche fuera de su casa, son familiares. Se viaja visitando parientes, aunque muchos lo hacen en el marco de las ferias regionales o las celebraciones religiosas, como el santo patrón de su comunidad. Este tipo de turismo contrasta con los viajes internacionales de los mexicanos, los cuales son meramente por placer entre el 40%, 45% más que para visitar familiares que van del 30% al 35%. La segunda razón más importante para el viaje nacional es para vacacionar o descansar, que van del 25% al 30%. Cuando viajan dentro del país los mexicanos mayormente se quedan con amigos o familiares, en vez de alojarse en hoteles o moteles. Los destinos turísticos son dispersos, lo que refleja lo significativo que son los patrones históricos de las relaciones familiares, más que la distribución de los centros turísticos urbanos. En cuanto a forma de transporte, la mayoría de los viajes se realizan en autobús, seguidos del automóvil propio; menos del 10% de la población sale del país, de los cuales el 40% utiliza automóviles propios y una proporción similar utiliza aerolíneas comerciales. Según datos de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la oferta para el turismo social en México se puede resumir por los siguientes datos: 1 mil 600 habitaciones en 21 hoteles; 6 mil 990 camas, en 29 albergues y más de 41 balnearios; 450 cajones de estacionamientos en diferentes trailers parks; 2 mil 125 espacios para tiendas de campaña en 23 campamentos y algunos balnearios; 1 mil 950 cabañas distribuidas en 14 paradores y algunos balnearios. Todas estas cifras nos dan un total de 38 mil espacios para alojamiento persona-noche, las cuales desde luego son insuficientes. La gran disparidad entre el desprecio oficial hacia el turismo interno y su importancia real en la industria, debe ser objeto de preocupación, máxime ahora y después de lo ocurrido en septiembre pasado en Estados Unidos. No se tiene una base de datos adecuada sobre la demanda turística con dicha característica familiar-social. Las políticas públicas se orientan casi exclusivamente a atender a las necesidades de la demanda turística de altos recursos económicos en zonas exclusivas. Las organizaciones que actualmente ofrecen servicios turísticos a gran escala en México, comparten una visión de la forma de organizar el turismo y es con base en grandes hoteles manejados por proveedores transnacionales. Esta visión excluye a los productores rurales como potenciales proveedores para un nuevo tipo de servicio y a los viajeros de los sectores medios. En México, como en casi todas las partes del mundo donde se llevan a cabo actividades turísticas, se tienen periodos de estacionalidad muy marcados, con alta y baja afluencia, en parte causados por los periodos vacacionales de turistas nacionales o las temporadas frías en sus lugares de origen de turistas extranjeros. Es decir, temporadas preferentes que inciden en la ocupación hotelera que acumulada al año ocasionan porcentajes promedio entre el 50% y 53%, lo cual significa que en el año se tenga una gran cantidad de cuartos de noche desocupados que requieren del diseño de una estrategia de movilización de turistas al interior del país, que puedan principiar por los trabajadores del ámbito público y privado y ¿por qué no pensarlo?, de los mismos trabajadores jubilados, que podrían generar el trinomio recreación-derrama económica-mayor competitividad para desarrollar el trabajo renovador y productivo. Ahí es donde preguntamos: ¿qué las personas con escasos recursos no pueden vacacionar? Son innumerables los destinos a los cuales podrían asistir, como son playas en Acapulco, Veracruz, Mazatlán, Huatulco, Manzanillo, Puerto Vallarta, Los Cabos, la riviera maya, entre otros. Centros arqueológicos como Teotihuacán, Monte Albán, El Tajín, Cacaxtla, Tulum, Chichén-Itzá, Chelhá, Cobá y ferias regionales como la de Texcoco y Aguascalientes, parques como el Cañón del Sumidero, Cuatro Ciénegas, La Sauceda, Río Verde. Museos como el de Antropología e Historia, el de San Carlos, El Niño, Casa de los Hermanos Serdán y en fin, son muy diversos y variados los lugares a los que se podría vacacionar. Sólo por dar un ejemplo, Japón considera una cuestión prioritaria que todos su trabajadores con bajos, medianos y altos recursos, tomen sus vacaciones una vez al año, desplazándose tanto en el interior de su territorio como viajando por el extranjero. Esto está considerado como una política de Estado. El mecanismo financiero para lograr este objetivo, consiste en que el fisco destine donde laboran para la creación de un fondo destinado al turismo. Este recurso cubre todos los gastos vacacionales de sus trabajadores. Concretamente podríamos afirmar que el Japón fomenta el turismo haciendo deducible la totalidad de los gastos del viaje del causante siempre que éste sea un trabajador. La filosofía de esta política de Estado, se basa en la certeza que haciendo turismo las personas practican relaciones humanas, se interiorizan en otras culturas, conocen diferentes maneras de ser y de pensar, aprenden y se ilustran aprovechando su descanso necesario para su bienestar y salud. Se ha constatado que a través de esta forma de viajar los conocimientos y la información que adquieren redunda al regreso de su viaje e incorporarse a su vida cotidiana en valiosas aportaciones para su país. Es por todo esto que con fundamento en los artículos 58 y 60 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente ofrezco a consideración de esta Asamblea, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO Unico. Para que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Turismo para que en coordinación con el Fonatur, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás entidades con objetivos afines, implementen un programa integral de apoyo al turismo social que tenga por objeto impulsar y fomentar el turismo nacional, incentivar la inversión y facilitar la recreación de los sectores sociales de escasos recursos de nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta. La Presidenta: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Turismo. En virtud de que ha transcurrido el lapso de tiempo previsto para las sesiones en el acuerdo parlamentario, le solicito atentamente a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión, en el entendido de que los asuntos reflejados en el orden del día de la sesión de hoy se proyectarán a la sesión subsecuente. La secretaria Martha Silvia Sánchez González: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura. Orden del día Miércoles 31 de octubre de 2001. Lectura del acta de la sesión anterior. Comunicaciones De los congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila, Colima, México, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco. Minuta Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Placido, Elisa Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios en la Embajada y consulados generales de Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a comisión.) Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.» La Presidenta (a las 15:25 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 31 de octubre, a las 9:00 horas. Reitero, la sesión iniciará a las 9:00 de la mañana en punto. • Tiempo de duración: 4 horas 58 minutos. • Quorum a la apertura de sesión: 276 diputados. • Asistencia al cierre de registro: 439. • Minuto de silencio: 1. • Excitativa a comisiones: 1. • Proposiciones con punto de acuerdo: 10. • Punto de acuerdo aprobado: 1. • Oradores en tribuna: 30 PRI–8; PAN–8; PRD–7; PVEM–3; PT–4 Se recibió: • 1 comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; • 1 comunicación de la Presidenta de la mesa directiva con la que informa de la recepción de informes de actividades y programas de trabajo de cinco comisiones legislativas; • 1 iniciativa de senador del PRI; • 1 iniciativa del PRI; • 1 iniciativa del PAN; • 2 iniciativas del PRD; • 1 iniciativa del PVEM; • 1 iniciativa de integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, para que se vigile en todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente llamado zilmax (clorhidrato de zilpalterol), utilizado en la alimentación de ganado bovino; • 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, y por medio de la dependencia correspondiente, se cree un fondo especial para combatir cualquier posible brote de enfermedades o plagas exóticas de las especies vegetales y pecuniarias en el país. 2085,2086,2087 DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION (en orden alfabético)
NOTAS Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
2088,2089,2090,2091,2092 |