Presidencia
de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el
resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente
273 diputados.
Por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 9:40 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.—
LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 31 de octubre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila, Colima,
México, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De la Junta de Coordinación Política.
Iniciativa del Ejecutivo
De ley que autoriza al Ejecutivo Federal para otorgar apoyos tendientes
a salvaguardar los servicios de transporte aéreos. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De Ley Nacional del Parlamento de la Juventud, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 21, 73 y 102 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Minuta
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Carolina
Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica
Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela
Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro
Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínquez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado,
José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias
Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Plácido, Elisa Ledesma
Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís, para
prestar servicios en la Embajada y consulados generales de Estados Unidos de América, en
Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez,
Chihuahua, respectivamente. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto
que reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para la Administración de
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, del Código Penal Federal y del Código
Federal de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto
que reforma la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Excitativas
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a cargo de
la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre el nombramiento de Miguel Hidalgo y
Costilla, como "Generalísimo de las Américas", a cargo del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para incorporar en el ramo 20: desarrollo social,
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y subsecuentes:
Programa Iniciativa Ciudadana 3X1 para crear proyectos productivos sociales, inversión en
infraestructura y equipamiento urbano, a cargo del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a fin de
que se revisen y mejoren las indemnizaciones a los titulares de los predios que fueron
expropiados para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, a cargo
de la diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre las tarifas telefónicas, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda a
fin de que los fondos de comercialización de los productores sean manejados por ellos
mismos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación política en el Estado de
Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la problemática del gas en el Estado de
Nuevo León, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar tanto a la Sagarpa, como a la
Secretaría de Economía, la información necesaria de la importación de leche en polvo
de Argentina, que de acuerdo a la información internacional, este país está infectado
de fiebre aftosa, a cargo del diputado Héctor Pineda Velázquez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la problemática que presenta la
producción y comercialización de la copra en México, a cargo del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para apoyar a los productores de la copra en el
país, a cargo del diputado Rubén Aguirre Ponce, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para formular un pronunciamiento respecto a la
obra inconclusa en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y Eje 3 Oriente, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Comisión de Cultura realice los
estudios conducentes para evitar que los monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e
históricas, sean utilizadas para un uso distinto al de su naturaleza, a cargo del
diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se realice una auditoría política a
todos los representantes populares de elección federal, a cargo del diputado Jaime
Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el caso de la licenciada Digna Ochoa y
Plácido, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Sagarpa ejerza los recursos
relacionados con el apoyo a los productores de café, para la presente cosecha, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo en relación a las elecciones extraordinarias en
el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con el llamado impuesto Tobin, a
cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la función 14 del presupuesto, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con la defensa del Congreso, a cargo
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para revisar la política presupuestaria de la
Secretaría de Salud para el Estado de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el funcionamiento de la gasera ubicada en la
colonia Aeronáutica Militar, en la delegación Venustiano Carranza, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al desempeño de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a las vacantes de puestos en la
Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al proceso electoral en el Estado de
Puebla, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el crimen de la licenciada Digna Ochoa y
Plácido, tenga importante y tenaz seguimiento, por parte de esta Cámara de Diputados,
hasta su esclarecimiento y castigo a los responsables, a cargo del diputado Enrique
Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la situación cañera, a cargo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre el fuero de los legisladores y su violación por
parte de las autoridades, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre el derecho de asociación sindical en el Estado de
México, a cargo del diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la política indígena en el Estado de Veracruz, a
cargo del diputado Edgar Consejo Flores Galván, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Efemérides
Sobre el Día Mundial del Combate a la Pobreza, a cargo de la diputada
Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Sobre el aniversario de la Constitución de Apatzingán, a cargo de los
diversos grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de
Diputados.
Sobre el LVI aniversario de la fundación de la Organización de las
Naciones Unidas, a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza
Social.
Sobre la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (31 de
octubre de 1996), a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza
Social.»
La Presidenta:
Está a consideración el orden del día...
Continúe la Secretaría con el acta.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si
se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha
sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los
coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se procede a su
votación.
2101,2102,2103
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se
dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, celebrada el martes treinta de octubre de dos mil uno, correspondiente al Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava
Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diez horas con veintisiete minutos del martes treinta de octubre de dos
mil uno, con la asistencia de doscientos setenta y seis diputados, la Presidenta declara
abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba en sus términos el acta de la sesión anterior, en
votación económica.
Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda, por la que informa de la creación de una subcomisión de Seguimiento al Rescate
Bancario. De enterado.
Comunicación de la Presidenta de la mesa directiva, con la que informa
de la recepción de informes de actividades y programas de trabajo de comisiones
legislativas. Túrnense los originales a la conferencia para la dirección y programación
de los trabajos legislativos y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.
Oficio de la Cámara de Senadores, por el cual remite, para los efectos
del inciso h del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos
veinticuatro, veinticinco, ciento treinta y seis y ciento treinta y siete de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador José Carlos Cota Osuna, del Partido
Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:
Narcizo Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional,
que adiciona los artículos setenta y tres y ciento quince de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coordinación para el desarrollo social.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y para su
conocimiento a la Comisión de Desarrollo Social.
Germán Arturo Pellegrini Pérez, del Partido Acción Nacional, que
reforma el artículo séptimo de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución
Democrática, que reforma el artículo ciento treinta y tres de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
A las once horas con treinta y cinco minutos, la Secretaría informa
del registro de cuatrocientos treinta y nueve diputados y ordena el cierre del sistema
electrónico de asistencia y votación.
José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de
México, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Herbert Taylor Arthur, del Partido Acción Nacional y a nombre de
integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, que reforma los
artículos dieciséis fracción primera, veinticuatro fracción duodécima y setenta y
siete fracciones cuarta y sexta, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Lorenso Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución
Democrática, que reforma el decreto por el que se extingue el organismo público
descentralizado, Ferrocarriles Nacionales y que abroga su ley orgánica.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Se turna a la Comisión de Transportes.
La Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Agricultura y
Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, para que se vigile en
todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente
llamado zilmax (clorhidrato de zilpalterol) utilizado en la alimentación del ganado
bovino.
Habla en pro del punto de acuerdo, el diputado Ramón León Morales,
del Partido de la Revolución Democrática.
La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, da lectura al punto
de acuerdo y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Asamblea lo considera
suficientemente discutido y lo aprueba por unanimidad en votación económica.
Comuníquese.
La Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Agricultura y
Ganadería, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que
dentro del ámbito de sus atribuciones y por medio de la dependencia correspondiente, se
cree un fondo especial para combatir cualquier posible brote de enfermedades o plagas
exóticas en el país.
En pro del punto de acuerdo, habla el diputado Silverio López
Magallanes, del Partido Revolucionario Institucional.
Sin nadie más que haga uso de la palabra, en votación económica la
Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y de la misma manera lo
aprueba. Comuníquese al Poder Ejecutivo, anexando copia de la versión estenográfica de
la intervención del diputado Silverio López Magallanes y remítase copia a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la
Revolución Democrática, solicita excitativa a las comisiones de Salud y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, en relación con proposiciones con punto de acuerdo sobre
la contaminación crónica por plomo que sufren los habitantes de Torreón, Coahuila,
presentadas el veintitrés de noviembre y el siete de diciembre de dos mil. La Presidenta
formula la excitativa correspondiente.
El diputado Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de
México, presenta proposición con punto de acuerdo sobre el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario. Se turna a la mesa directiva.
La Presidenta concede el uso de la tribuna al diputado Luis Alberto
Villarreal García, del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de
acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ampliación de
un tramo de la carretera que va de San Miguel Allende, Guanajuato a la autopista cincuenta
y siete federal.
Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Comunicaciones.
Presenta una proposición con punto de acuerdo sobre política
exterior, el diputado Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución
Democrática. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
La Presidenta otorga el uso de la palabra al diputado Víctor Antonio
García Dávila, del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de
acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Presidente de la República, en su
carácter de Jefe de Estado, proponga al pleno de la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, realice una cumbre mundial contra el terrorismo.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se refiere al mismo tema el diputado Augusto Gómez Villanueva, del
Partido Revolucionario Institucional, quien presenta proposiciones al respecto.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta solicita al diputado Augusto Gómez Villanueva, que
toda vez que se le había concedido la palabra para referirse al mismo asunto, y al final
de su intervención planteó varias proposiciones, las presente directamente en el seno de
la Comisión de Relaciones Exteriores.
Presenta una proposición con punto de acuerdo la diputada Rosa Delia
Cota Montaño, del Partido del Trabajo, para solicitar se apruebe la donación de un día
de dieta por parte de los diputados, para los damnificados por el huracán
"Juliette", en el Estado de Baja California Sur. Se turna a la Junta de
Coordinación Política.
La Presidencia concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Castro y
del Valle, del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo
sobre la procuración de justicia. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo, la Presidencia
concede la palabra a la diputada Hortensia Enríquez Ortega, del Partido Revolucionario
Institucional, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el
plazo para otorgar subsidios a la tarifa cero nueve y solicita trámite de urgente y obvia
resolución.
La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación
económica.
Hablan en pro del punto de acuerdo, los diputados: César Patricio
Reyes Roel, del Partido Acción Nacional y José Delfino Garcés Martínez, del Partido de
la Revolución Democrática
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Asamblea
considera el punto de acuerdo suficientemente discutido y lo aprueba en votación
económica. Comuníquese.
El diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución
Democrática, sube a la tribuna para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre
los resultados del viaje internacional del presidente Vicente Fox Quesada.
Hablan sobre el mismo tema, los diputados: Carlos Alberto Valenzuela
Cabrales, del Partido Acción Nacional; Víctor Antonio García Dávila, del Partido del
Trabajo, y Lorena Beaurregard de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna la proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso del atentado
al candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado de
Michoacán, Alfredo Anaya Gudiño, la Presidenta concede la palabra al diputado Juan
Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
Sube a la tribuna el diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda,
del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para
que se establezca un programa ecológico integral de reforestación en la zona
lztaccíhuatl-Popocatépetl, abarcando los estados de Puebla, México y Morelos.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se refieren al mismo asunto, los diputados: Erika Elizabeth Spezia
Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México; José Gerardo de la Riva Pinal, del
Partido Revolucionario Institucional, quien presenta proposiciones al respecto y la
Presidenta le solicita dejarlas en la Secretaría para anexarlas a la proposición del
diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda; Víctor Emanuel Díaz Palacios, del
Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Alonso Ulloa Vélez, del Partido Acción Nacional, quien sugiere
implícitamente turnar la proposición también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, y la Presidenta atiende la sugerencia.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Jaime Arturo Larrázabal
Bretón, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto
de acuerdo para dinamizar y eficientar el turismo social en el país. Se turna a la
Comisión de Turismo.
Agotado el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura
la de hoy a las quince horas con veinticinco minutos, citando para la que tendrá lugar el
próximo miércoles treinta y uno de octubre de dos mil uno, a las nueve horas.»
2104,2105,2106
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada,
señora Presidenta.
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de comunicaciones.
ESTADO DE CHIHUAHUA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo.— Congreso del Estado.— LX Legislatura.—
Chihuahua.
Diputada Presidenta de la Cámara de Diputados.— México, D.F.
De conformidad con lo que establece el artículo 26 segundo párrafo de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos dar a
conocer a usted que con esta fecha, previa protesta de sus integrantes, han sido
instalados los trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias, dentro
del primer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura del honorable Congreso
del Estado, quedando integrada su mesa directiva de la siguiente forma:
Diputados: Víctor Emilio Anchondo Paredes, presidente; Víctor
Leopoldo Valencia de los Santos y Víctor Hugo Estala Banda, vicepresidentes; Pedro
Domínguez Alarcón, primer secretario; Jesús Alfredo Velarde Guzmán, segundo
secretario; Héctor Elías Barraza Chávez y Rubén Aguilar Jiménez, prosecretarios.
Sin más por el momento, reiteramos a usted las seguridades de nuestra
atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, a 1o. de octubre de 2001.— El presidente del
honorable Congreso del Estado, diputado Víctor Emilio Anchondo Paredes.»
La Presidenta:
De enterado.
ESTADO DE COAHUILA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo.— Coahuila de Zaragoza.— Poder Legislativo.— LV
Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la 14
sesión de su diputación Permanente, correspondiente al segundo periodo de receso del
segundo año de ejercicio constitucional, de esta LV Legislatura, celebrada el día 24 de
septiembre del año 2001, aprobó por votación unánime de sus integrantes el siguiente
ACUERDO
Unico. Que con fundamento en los imperativos constitucionales
que se desprenden de los artículos 86 y 89 de la Constitución Política del país, se
envíe atento oficio al Senado de la República haciéndole saber nuestra preocupación al
respecto y que en uso de sus facultades analice la política exterior desarrollada y
vigile el cumplimiento de nuestros principios normativos, tales como: la
autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de
controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para
el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Todo esto conforme al
pacto Federal de nuestra entidad con los demás estados y la Federación.
Asimismo y siendo de su estricta competencia solicitamos al honorable
Congreso de la Unión elevar respetuoso exhorto, en los términos de ley, al señor
presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush para que:
La acción política, diplomática y militar en respuesta a los
atentados sufridos en suelo norteamericano, sean ante todo un acto de estricta justicia;
no de venganza;
En la búsqueda, detención y castigo a los culpables no se lesione a
la población civil;
En la búsqueda, detención y castigo a los culpables de los atentados
no se lesione el valor fundamental de la forma de vida norteamericana: la democracia y
Finalmente, considerando que en los atentados terroristas del 11 de
septiembre falleció un gran número de ciudadanos mexicanos, por lo cual el dolor del
pueblo norteamericano también lo es nuestro, sin embargo, reiteramos nuestra voluntad de
que los actos retaliatorios sean ejemplo universal de justicia, de humanitarismo y de
solidez moral.
Le comunico lo anterior para la consideración y trámite que estime
oportuno, anexando copia fotostática simple del documento origen del presente acuerdo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 25 de septiembre de 2001.— El oficial mayor
del Congreso, Alfonso Martínez Pimentel.»
«Escudo.— Coahuila de Zaragoza.— Poder Legislativo.— LV
Legislatura.
Punto de acuerdo: exhorto a los poderes de la Unión a actuar con
racionalidad y humanismo en la actual situación internacional.
El pueblo de Coahuila es desde siempre irreductiblemente solidario con
las mejores causas de la humanidad.
Todos los pueblos del mundo tienen derecho a vivir en paz y concordia.
Todas las naciones tienen el derecho inalienable a defender la
integridad de sus fronteras, a tomar aquellas medidas que consideren pertinentes para
garantizar la vida, los bienes y la tranquilidad de sus habitantes.
La paz mundial depende del respeto a la libre determinación de los
pueblos, los conflictos que puedan presentarse deben intentar ser resueltos por la vía
diplomática bilateral o, en su defecto, acudiendo a las instancias internacionales
creadas para el efecto, instancias reconocidas por la gran mayoría de los gobiernos
nacionales.
Nuestro apego a la legalidad, a la justicia y a la solución pacífica
de los conflictos está más allá de toda duda.
Nuestra cercanía histórica y geográfica con Estados Unidos y los
norteamericanos nos hace sentir como propios los sentimientos emanados de los atentados
terroristas en contra de las ciudades de Washington y Nueva York.
ANTECEDENTES
Las fracciones parlamentarias "Valentín Campa Salazar", del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y "Luis Donaldo
Colosio Murrieta", del Partido Revolucionario Institucional, se suma al sentimiento
del pueblo norteamericano por la tragedia acontecida en las ciudades de Nueva York y
Washington a manos de terroristas. Ninguna supuesta afrenta justifica el sacrificio de
personas inocentes.
Desde esta máxima tribuna de los coahuilenses enviamos nuestra
solidaridad al pueblo norteamericano, al tiempo que reprobamos la actuación de los
terroristas, que sin ningún resquicio de duda deben pagar por los crímenes de lesa
humanidad en que han incurrido, lastimando en lo más hondo el espíritu norteamericano.
México es un país de una larga tradición internacionalista. El
servicio diplomático mexicano ha servido en incontables ocasiones como mediador en
conflictos entre naciones. La vocación de nuestro pueblo para con el resto de los países
es el del sostenimiento de la paz a toda costa, recurriendo a la diplomacia como recurso
de elección para la solución de los diferendos. Esta política fomentada desde las más
altas esferas del poder público han ganado a México el respeto, la admiración de muchos
países, que han visto con alivio la intervención diplomática mexicana como un elemento
de reflexión y cordura para el entendimiento entre las posturas encontradas.
El prestigio logrado por el servicio exterior mexicano, el
reconocimiento a la política internacional del país y el recurso que representa la
diplomacia mexicana para la solución de conflictos, está en peligro de perderse y aun
complicar más la difícil situación mundial, de darse el paso esbozado por las
autoridades federales de que México deba alinearse política, estratégica y militarmente
a los planes de Estados Unidos de tomar represalias contra los responsables de los
atentados en Washington y Nueva York.
Razón por la cual sometemos a la digna consideración de esta
legislatura el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que con fundamento en los imperativos constitucionales que se
desprenden de los artículos 86 y 89 de la Constitución Política del país, se envíe
atento oficio al Senado de la República haciéndole saber nuestra preocupación al
respecto y que en uso de sus facultades analice la política exterior desarrollada y
vigile el cumplimiento de nuestros principios normativos, tales como la autodeterminación
de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza de las relaciones internacionales, la
igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la
lucha por la paz y la seguridad internacionales, todo esto conforme al Pacto Federal de
nuestra entidad con los demás estados y la federación.
Asimismo y siendo de su estricta competencia solicitamos al honorable
Congreso de la Unión elevar respetuoso exhorto en los términos de ley al señor
presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush para que:
La acción política, diplomática y militar en respuesta a los
atentados sufridos en suelo norteamericano, sean ante todo un acto de estricta justicia;
no de venganza.
En la búsqueda, detención y castigo a los culpables no se lesione a
la población civil.
En la búsqueda, detención y castigo a los culpables de los atentados
no se lesione el valor fundamental de la forma de vida norteamericana: la democracia.
Finalmente, considerando que en los atentados terroristas del 11 de
septiembre falleció un gran número de ciudadanos mexicanos, el dolor del pueblo
norteamericano también lo es nuestro; sin embargo, reiteramos nuestra voluntad de que los
actos retaliatorios sean ejemplo universal de justicia, de humanitarismo y de solidez
moral.
Saltillo, Coahuila, a 24 de septiembre de 2001.— Diputados: por el
grupo parlamentario del PRD "Valentín Campa Salazar": Luis Roberto Jiménez
Gutiérrez, coordinador; por el grupo parlamentario del PRI "Luis Donaldo Colosio
Murrieta", Gerardo Garza Melo.»
La Presidenta:
Turno a la Comisión de Relaciones Exteriores.
ESTADO DE COLIMA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
2000-2003.— Honorable Congreso del Estado de Colima.— LIII Legislatura.
Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
En sesión pública ordinaria número dos, de fecha 9 de octubre del
presente año, los diputados integrantes de la honorable LIII Legislatura del Estado Libre
y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 37
fracción I, de la Constitución Política local; 22 fracción I, 83 fracción I, 84
fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emitieron y aprobaron por
unanimidad un punto de acuerdo, el que textualmente señala:
Primero. Las diputadas y diputados de esta LIII Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Colima, exhortamos a los tres poderes de la Unión, para que se
aclaren los hechos de la historia ocurridos el 2 de octubre de 1968, que aún duelen y
empañan toda transición democrática y se deslinden responsabilidades.
Segundo. Demandamos al titular del Poder Ejecutivo Federal la
apertura, no sólo de los archivos en poder del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, sino también los existentes en el Ejército mexicano, en la Procuraduría
General de la República y los documentos existentes en el Archivo General de la Nación.
Lo que comunicamos a usted, en vía de petición y para todos los
efectos de ley correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2001, Año del Instituto Tecnológico de Colima."
Colima, Colima, a 9 octubre de 2001.— Diputados: Salvador
Solís Aguirre y Gonzalo Lino Peregrina, secretarios.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del
Estado.— 2000-2003.— Colima.— LIII Legislatura.
Los diputados integrantes de la LIII Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le confieren los
artículos 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, aprueban el
siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes
2107,2108,2109
CONSIDERANDOS
Primero. Que una parte importante de los logros democráticos que hoy
gozamos los mexicanos, no se podrían explicar sin tomar en consideración a todos los
participantes directos e indirectos en la lucha estudiantil de 1968, de los cuales, una
parte considerable de ellos y los herederos de esta generación en particular, continúan
o se encuentran hoy, desde distintas posiciones, participando de manera directa y
significativa, no sólo en la conducción política del país, sino también en su
transformación democrática.
Segundo. Que la lucha por las libertades democráticas de 1968 no fue
única y exclusiva de los centros de estudios del Distrito Federal, sino de otros muchos
estados que contribuyeron a la lucha por las libertades democráticas.
Tercero. Que conjuntamente con el sector estudiantil, otros muchos
sectores sociales participaron de manera importante en el desarrollo de este movimiento.
Cuarto. Que los responsables de los criminales hechos de Tlatelolco no
sólo no han sido castigados, también se ignora la identidad de muchos de ellos.
Quinto. Que es necesario el deslinde público de la responsabilidad
para excusar a los funcionarios públicos e integrantes del Ejército que no hayan
participado en los crímenes de lesa humanidad.
Sexto. Que el anuncio del secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miranda, de la apertura de los archivos sobre 1968 en poder del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, para que puedan ser consultados por la CNDH y la PGR, es un paso
importante en el deslinde de responsabilidades; sin embargo, es totalmente insuficiente.
Séptimo. Que es necesaria, también, la apertura de los archivos del
Ejército mexicano, de la Procuraduría General de la República y los documentos
existentes en el Archivo General de la Nación relativos a la masacre de 1968. Asimismo,
que dichos archivos puedan ser consultados, no sólo por la CNDH y la PGR, sino también
por investigadores, ONG, periodistas y público en general.
Octavo. Que los jóvenes estudiantes que lucharon por las ideas de
libertad y verdadera democracia en 1968, no sólo recibieron el apoyo de la sociedad en su
mayoría, también recibieron y continúan haciéndolo, el agradecimiento y reconocimiento
de todos los que hoy gozamos de los frutos de su lucha; por lo que es necesario reconocer
que la razón siempre triunfará sobre la fuerza y la brutalidad del poder de un régimen
que comenzó a ser expulsado desde 1968, a través una lección histórica de que sólo la
nación que respeta la riqueza en la diversidad de las ideas y los distintos proyectos de
nación, puede ser una nación que perdure.
Por lo anterior, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Colima, aprueba el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Las diputadas y diputados de esta LIII Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Colima exhortamos a los tres poderes de la Unión, para que se
aclaren los hechos de la historia ocurridos el 2 de octubre de 1968, que aún duelen y
empañan toda transición democrática y se deslinden responsabilidades.
Segundo. Demandamos al titular del Poder Ejecutivo Federal, la
apertura, no sólo de los archivos en poder del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, sino también los existentes en el Ejército mexicano, en la Procuraduría
General de la República y los documentos existentes en el Archivo General de la Nación.
Atentamente.
Colima, Colima, a 9 de octubre de 2001.— Los integrantes de la
LIll Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima; diputados: Jorge
Octavio Iñiguez Larios, Nabor Ochoa López, Roberto Chapula de la Mora, José Mancilla
Figueroa, Héctor Arturo Velasco Villa, Roberto Alcaraz Andrade, J. Jesús Fuentes
Martínez, Gustavo Alberto Vázquez M., Gonzalo Lino Peregrina, Francisco X. Maurer Ortiz
M., Salvador Solís Aguirre, Antonio Morales de la Peña, Adrián López Virgen, Rosa E.
de la Rosa Munguía, Fernando Ramírez González, Rafael Vázquez Anguiano, Rubén Vélez
Morelos, Agustín Martell Valencia, Ma. del Rosario Gómez Godínez, Mercedes Carrazco
Zúñiga, José M. Valencia Delgado, Armando de la Mora Morfín, Sergio M. Bravo Sandoval,
Jaime Enrique Sotelo García y Joel Padilla Peña.»
La Presidenta:
De enterado.
ESTADO DE MEXICO
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo.— Estado de México.— Poder Legislativo.— LIV
Legislatura.
Ciudadanos secretarios del honorable Congreso de la Unión.—
Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito comunicarles que
en junta celebrada el 3 de octubre del año en curso, la "LIV" Legislatura del
Estado de México, tuvo a bien elegir la directiva que conducirá los trabajos
legislativos durante el segundo mes del tercer periodo de sesiones ordinarias, habiendo
sido electa su servidora, Presidenta de la misma, y los señores diputados: Mario Enrique
del Toro y Andrés Mauricio Grajales Díaz, vicepresidentes; Mario Santana Carbajal y
Gonzalo López Luna, secretarios; José Antonio Saavedra Coronel y Pedro Jaime Hernández
Méndez, prosecretarios.
Sin otro particular, les reitero mi distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reeleción.
Toluca de Lerdo, México, a 3 de octubre de 2001.— Diputada
Angélica Moya Marín, presidenta.»
La Presidenta:
De enterado.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo.— Estado de México.— Poder Legislativo.—
Honorable LIV Legislatura.— Presidencia de la Gran Comisión.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.
Sea ésta la ocasión propicia para enviarle mi más atento y cordial
saludo, al mismo tiempo hago de su conocimiento que la LIV Legislatura del Estado Libre y
Soberano de México me ha designado como Presidente de la Gran Comisión para su segundo
año.
La responsabilidad que me ha sido conferida parte de un intenso proceso
de acercamiento, consenso y construcción de acuerdos con las distintas fuerzas
representadas en esta legislatura. La pluralidad, tolerancia y respeto son principios
básicos que debemos fortalecer e impulsar, para avanzar en la consolidación de una
verdadera democracia. Nuestro papel, como representantes populares, involucra el impulso
de la participación e inclusión de los actores sociales y políticos en los temas
fundamentales de la nación, por encima de las diferencias ideológicas; la cooperación y
el compromiso por encima de los intereses personales o de grupo.
En esta etapa fundamental de cambio político debemos unir esfuerzos
para fortalecer el proyecto de nación que la sociedad demanda. Estoy convencido que su
participación en este proceso contribuirá al desarrollo y avance de una sociedad más
justa, plural y democrática.
Sin otro en particular, sólo me resta reiterarle mi más alta y
distinguida consideración.
Atentamente.
Toluca de Lerdo, México, a 3 de octubre de 2001.— Diputado
Valentín González Bautista.»
El Presidente:
De enterado.
ESTADO DE PUEBLA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable
Congreso del Estado de Puebla.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 27 de la Ley
Orgánica del honorable Congreso del Estado, nos permitimos comunicar a usted, que la LIV
Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla,
en junta preparatoria celebrada con esta fecha, se declaró constituida para funcionar
durante el tercer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de su
ejercicio legal, comprendido del 15 de octubre al 15 de diciembre del año en curso.
Asimismo se eligió a los diputados que integrarán la mesa directiva, quedando de la
siguiente manera:
Martín Fuentes Morales, presidente; Ignacio Sergio Téllez Orozco,
vicepresidente; Enrique Guevara Montiel, Julio Leopoldo de Lara Valera, secretarios;
Horacio Gaspar Lima y Silvia Tanús Osorio, prosecretarios.
Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta legislatura
para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 12 de octubre de 2001.— Diputados:
Enrique Guevara Montiel y Julio Leopoldo de Lara Valera, secretarios.»
El Presidente:
De enterado.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, la LVI
Legislatura del honorable Congreso del Estado, eligió al presidente y vicepresidentes de
la mesa directiva, que fungirán en tales cargos del 15 de octubre al 14 de noviembre de
2001, dentro del primer periodo de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio
legal.
La referida representación recayó en los siguientes diputados: Javier
Algara Cossío, presidente; Juan Evaristo Balderas Martínez, primer vicepresidente;
Malaquías Guerra Martínez, segundo vicepresidente.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes,
haciendo propia la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y
distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2001, Año del Fortalecimiento de la Cultura del Agua"
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 10 de octubre de 2001.—
Diputados: Oziel Yudiche Lara, presidente; Olivo Martínez Borja e Ignacio
Palacios Robledo, secretarios.»
El Presidente:
De enterado.
ESTADO DE TABASCO
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo.— Honorable Congreso del Estado.— LVII
Legislatura.— Tabasco.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de
Diputados.— Presente.
En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19 párrafo quinto de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hacemos de su conocimiento que con esta fecha, la
LVII Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, clausuró
los trabajos legislativos de la Comisión Permanente que fungió durante el periodo de
receso, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Asimismo con
fundamento en el párrafo tercero del citado ordenamiento legal se llevó a cabo la
elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos durante el mes de
octubre, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias, quedando integrada de
la forma siguiente:
Diputados: Joaquín Cabrera Pujol, presidenta; Carlos Francisco Lastra
González, vicepresidente; César Ernesto Rabelo Dagdug, secretario; Cosme Zurita
Castellanos, prosecretario.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre de 2001.— La Comisión
Permanente del honorable Congreso del Estado; diputadas: Florizel Medina Pereznieto,
presidenta y Amalín Yabur Elías, secretaria.»
El Presidente:
De enterado.
2110,2111,2112
COMISIONES LEGISLATIVAS
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
José Narro Céspedes, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, me
permito solicitar a usted:
Que el diputado Félix Castellanos Hernández deje la Comisión de
Desarrollo Rural para incorporarse como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular,
quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 30 de octubre de 2001.—
Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34
inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
me dirijo a sus finas atenciones con el propósito de hacer de su conocimiento que el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha determinado hacer el siguiente cambio de
dos de sus integrantes, en las comisiones ordinarias, de dictamen legislativo.
El diputado Alberto Anaya Gutiérrez, deja la, secretaría de
Presupuesto y Cuenta Pública para incorporarse a la Comisión de Desarrollo Rural.
El diputado Félix Castellanos Hernández deja la Comisión de
Desarrollo Rural para incorporarse a la secretaría de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y
distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2001.— Diputado José
Narro Céspedes, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría someta a votación el punto de acuerdo
propuesto por la Junta de Coordinación Política que sustituye al diputado Félix
Castellano y lo incorpora como secretario en la Comisión de Presupuesto.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de
acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobado el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
José Narro Céspedes, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, me
permito solicitar a usted:
Que el diputado Alberto Anaya Gutiérrez deje la secretaría de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para incorporarse como integrante en la
Comisión de Desarrollo Rural.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D. F., a 30 de octubre de 2001.—
Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34
inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
me dirijo a sus finas atenciones con el propósito de hacer de su conocimiento que el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha determinado hacer el siguiente cambio de
dos de sus integrantes, en las comisiones ordinarias de dictamen legislativo.
EI diputado Alberto Anaya Gutiérrez deja la secretaría de Presupuesto
y Cuenta Pública para incorporarse a la Comisión de Desarrollo Rural.
El diputado Félix Castellanos Hernández deja la Comisión de
Desarrollo Rural, para incorporarse a la secretaría de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y
distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2001.— Diputado José
Narro Céspedes.»
La Presidenta:
De enterado.
JUVENTUD
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Proyecto de punto de acuerdo relativo a la creación al interior de los
congresos locales, donde no exista, de una comisión que atienda los asuntos de la
juventud, así como la creación de un instituto de la juventud en aquellas entidades
federativas en que aún no existe.
Honorable Asamblea: esta junta con fundamento en el inciso b
numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo de
conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
1. El pasado 18 de octubre de 2001, el presidente de la Comisión de
Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, envió un oficio a la Presidencia de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados, por el que le informa que la comisión que
preside acordó proponer al pleno de esta Cámara de Diputados, un punto de acuerdo
relativo a la creación al interior de los congresos locales, donde no exista, de una
comisión que atienda los asuntos de la juventud, así como la creación de un instituto
de la juventud en aquellas entidades federativas en que aún no cuenten con él.
2. Lo anterior deriva del hecho de que la Comisión de Juventud y
Deporte se dio a la tarea de convocar el 2 de julio del presente a los presidentes de las
comisiones encargadas de atender los asuntos de la juventud en los congresos de las
entidades federativas y a legisladores interesados en el tema con el fin de recabar
opiniones sobre el seguimiento y aplicación de las políticas públicas destinadas a
atender los asuntos relacionados con la juventud.
3. En respuesta a la convocatoria realizada, concurrieron los
presidentes de las comisiones encargadas de atender los asuntos de la juventud en los
congresos del Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa,
Sonora, Tlaxcala, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Cámara de Senadores y
la Cámara de Diputados Federal e integrantes de las mismas.
4. Derivado de esta reunión, se acordó formular la proposición de
punto de acuerdo a que se refiere el antecedente número uno, para someterlo a la
consideración de la Cámara de Diputados.
CONSIDERANDOS
1. Que los jóvenes constituyen una parte importante de nuestra
población, que está conformada por una diversidad de grupos que exigen una política de
Estado en los tres niveles de gobierno, basada en planes y políticas de desarrollo social
que garanticen el respeto y el ejercicio de sus derechos.
2. Que se requiere establecer políticas públicas que atiendan las
necesidades de la población juvenil.
3. Que en el actual Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que la
población juvenil constituye un elemento importante para el desarrollo nacional.
4. Que es necesaria la existencia de una comisión al interior de cada
uno de los congresos locales que se aboque al impulso y realización de estudios y
análisis de la situación que vive la población juvenil y cuyo objetivo principal sea
fomentar el acercamiento de los jóvenes con los legisladores a fin de ventilar, conocer y
encontrar respuesta a los principales problemas e inquietudes de este sector, para que
sean éstos los que orienten y den rumbo a las decisiones legislativas.
5. Que a través de la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara
de Diputados, un número importante de senadores y diputados federales y locales ha
manifestado el interés de que la Cámara de Diputados se pronuncie por hacer una
respetuosa invitación a los órganos legislativos y ejecutivos de algunas entidades
federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias evalúen la
conveniencia de contar con una comisión legislativa que atienda los asuntos relacionados
con la juventud y un instituto de la juventud.
6. Que es una atribución de la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados presentar al pleno proyectos de puntos de acuerdo.
7. Que el Estado mexicano constituye una República representativa,
democrática federal, compuesta de estados libres y soberanos, en lo que toca a sus
regímenes interiores.
Con base en los antecedentes y consideraciones expresados y con
fundamento en la establecido en el inciso b numeral 1 el artículo 34 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Junta de
Coordinación Política acordó someter a la consideración del pleno de la Cámara de
Diputados el siguiente
PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO
Primero. La LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, con respeto y reconocimiento a la libertad y soberanía
que corresponde a su régimen interior, hace una invitación a los congresos locales que
aún no cuenten con una comisión legislativa que atienda los asuntos de la juventud de su
entidad, evalúen la conveniencia de instituirla como parte importante de su función
legislativa. En igual forma se dirige a los titulares de los ejecutivos locales en cuya
entidad no exista un instituto de la juventud.
Segundo. Comuníquese.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.—
Diputados coordinadores de los grupos parlamentarios: Felipe de Jesus Calderón
Hinojosa, presidente, del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera,
del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, del Partido de
la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde
Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo.»
La Presidenta:
Está a discusión el punto de acuerdo...
Se abre el registro de oradores. En virtud de que no hay solicitud de
hacer uso de la palabra, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se consulta a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se
aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el
punto de acuerdo.
2113,2114,2115
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobado el punto de acuerdo.
Comuníquese.
COMISIONES LEGISLATIVAS
(II)
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la
Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 inciso c de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Rafael
Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, me permito solicitar a usted:
Que el diputado Manuel Medellín Milán, sustituya al diputado Omar
Fayad Meneses, como integrante en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular,
quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 30 de octubre de 2001.—
Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Coordinación del grupo parlamentario del PRI.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en los artículos 34 numeral 1 inciso c y 44
numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago
de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, la siguiente sustitución de
integrantes de este grupo parlamentario, en la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
Sale el diputado Omar Fayad Meneses, entra el diputado Manuel Medellín
Milán.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las
seguridades de mi consideración distinguida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2001.—
Diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador.»
La Presidenta:
De enterado.
REFORMA DEL ESTADO
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al
funcionamiento de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con
fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
I. Que el pleno de la Cámara de Diputados acordó el 14 de noviembre
del 2000, la creación de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
II. Que la Junta de Coordinación Política ha considerado oportuno
procurar la participación de todas las fuerzas representadas en esta Cámara, para lograr
los acuerdos necesarios sobre la reforma de Estado.
Expuestas las consideraciones anteriores se adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. La presidencia de la Comisión Especial para la Reforma
del Estado será rotativa y tendrá una duración de un año, con excepción del tercer
periodo, cuya duración concluirá al término de la legislatura. Para estos efectos, los
plazos se computarán desde la fecha de creación de la comisión, por lo que el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Presidirá el primer periodo, el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el segundo y el grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática el tercero.
Segundo. La Comisión Especial para la Reforma del Estado
contará con un secretario por cada grupo parlamentario. Estos serán designados por la
Junta de Coordinación Política en función de las propuestas que los grupos hagan a la
propia junta.
Tercero. Se instruye a la Junta de Apoyo Administrativo para que
se dote a la comisión con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. Las
propuestas para el secretariado técnico y cuerpo de asesores se presentarán por la
comisión a la Junta de Apoyo Administrativo para su aprobación.
Cuarto. Comuníquese a la mesa directiva de la Cámara de
Diputados, para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo, San Lázaro, a 22 de octubre de
2001.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres
Guadarrama, coordinador de grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del
grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»
La Presidenta:
Está a discusión el punto de acuerdo... Se abre el registro de
oradores...
En virtud de que ninguna diputada o diputado ha solicitado hacer uso de
la palabra, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si está suficientemente
discutido.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si
se aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el
punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobado el punto de acuerdo.
Pasamos al capítulo de iniciativas.
SERVICIOS DE TRANSPORTE
AEREO
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Subsecretaría de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de
la República, con el presente envío a ustedes:
Iniciativa de ley que autoriza al Ejecutivo Federal, para otorgar
apoyos tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreo.
Documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el
digno conducto de ustedes.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 30 de octubre de 2001.— El director general de
gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de
la República.
Ciudadana diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
El continuo proceso de globalización en el que nuestro país se ha
visto inmerso encuentra una de sus más importantes manifestaciones en los medios de
transporte. En efecto, gracias a la aviación comercial, no tan sólo los mexicanos nos
podemos trasladar hacia el exterior, sino que prácticamente todas las regiones de nuestra
extensa geografía se encuentran comunicadas por vía aérea, constituyendo este servicio
un medio para la movilización de personas, así como para el intercambio de bienes y
servicios.
En este sentido, el legislador federal atendió el carácter
fundamental de la aviación civil al considerarla como un servicio público y procuró un
régimen legal tendiente a impulsar y organizar esta área prioritaria del desarrollo.
Es por ello que los graves acontecimientos ocurridos en Estados Unidos
de América, el pasado 11 de septiembre, han repercutido de manera significativa tanto en
la economía y el desarrollo nacional, como en los códigos de seguridad que gobiernan a
la aviación comercial.
El ataque a un sector de la economía tan vital como es el transporte
aéreo, empleando medios como el terrorismo y los actos de guerra, han provocado que las
compañías que operan en dicho mercado tengan que prever la posibilidad de que se
presenten este tipo de contingencias. Lo anterior supone una gran capacidad financiera,
que en los tiempos actuales las compañías aéreas y las instituciones de seguros están
enfrentando con gran dificultad.
En efecto, vistos los últimos acontecimientos y sus repercusiones de
carácter global, se ha incrementado significativamente la posibilidad de que un atentado
terrorista o un acto de guerra afecten a la aviación comercial mexicana. Ello se refleja
en un incremento en el costo de las primas de los seguros que, por este concepto, deben
cubrir las compañías aéreas por obligación legal.
En este sentido, los permisionarios y concesionarios del transporte
aéreo se enfrentaron a dos alternativas: o cubrir la diferencia en el costo de la prima
del seguro o dejar de operar. La segunda alternativa conllevaría la pérdida de numerosas
fuentes de empleo, tanto en la industria aeronáutica como en las empresas que funcionan
alrededor de ella.
Es por ello que, vista la importancia que el transporte aéreo tiene
para México y las nuevas circunstancias en las cuales tiene que desarrollarse esta
actividad en beneficio de los usuarios, el Gobierno Federal estima impostergable el
establecer un mecanismo de carácter temporal, que coadyuve a salvaguardar el servicio
público prestado por las aerolíneas nacionales, con objeto de establecer una cobertura ad
hoc de los riesgos derivados de actos terroristas y de guerra.
Con la presente iniciativa de decreto que hoy se pone a su
consideración, se pretende proveer a la seguridad tanto de los pasajeros como de las
tripulaciones, toda vez que no se les deja desprotegidos en caso de un siniestro. Al
cubrirse las diferencias entre el costo original de la prima y el nuevo costo generado por
los recientes acontecimientos, se preserva la continuación de la prestación del servicio
en condiciones de seguridad. Asimismo, y en caso de que llegara a suscitarse algún
siniestro, el Gobierno Federal apoyaría la cobertura del seguro.
La problemática anteriormente descrita ya está siendo atendida en
más de 60 países. Asimismo, la Organización de Aviación Civil Internacional ha
recomendado a sus estados miembros el tomar las medidas necesarias con el fin de que la
aviación y los servicios de transportación aérea no sean interrumpidos, hasta que los
costos de las coberturas por actos de guerra y terrorismo que ofrece el mercado asegurador
se regularicen, respondiendo por los riesgos en exceso que no pudieran ser cubiertos por
el mercado asegurador.
Por las razones anteriores el Ejecutivo Federal a mi cargo, en el
ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa Cámara de Diputados,
somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
2116,2117,2118
INICIATIVAS
De ley que autoriza al Ejecutivo Federal para otorgar apoyos tendientes
a salvaguardar los servicios de transporte aéreo.
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer, de
manera extraordinaria, las bases para que el Ejecutivo Federal coadyuve a salvaguardar los
servicios públicos de transporte aéreo de pasajeros que prestan en términos de la Ley
de Aviación Civil, los concesionarios del servicio público de transporte aéreo nacional
regular, los permisionarios del servicio de transporte aéreo internacional regular y los
permisionarios del servicio de transporte aéreo no regular nacional e internacional en su
modalidad de fletamento y que conforme a los tratados y disposiciones jurídicas
aplicables estén obligados a mantener seguros que involucren coberturas contra, riesgos
de responsabilidad civil por actos de guerra y terrorismo. Lo anterior aplicará
únicamente para las personas morales de nacionalidad mexicana permisionarios y/o
concesionarios.
Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal para que, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asigne recursos para apoyar a
las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta ley, hasta por un monto de 1
mil millones de pesos para efecto de que cubran el incremento en el costo de la prima de
los seguros contra riesgos por responsabilidad civil derivados de actos de guerra y
terrorismo, que tenían contratados al 11 de septiembre de 2001.
Artículo 3o. En caso de que los recursos asignados, de
conformidad con el artículo anterior resultaren insuficientes, el Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedará facultado para cubrir
la diferencia entre:
1) El monto total de las obligaciones que resultaren para hacer frente
a las contingencias derivadas de la responsabilidad civil por actos de guerra y
terrorismo, hasta el límite estipulado en los contratos de seguro de este tipo que las
personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta ley tenían contratados al 11 de
septiembre de 2001 y
2) La suma asegurada que hubieren contratado por concepto de éstos se
refiere el artículo anterior o bien, la que resulte por virtud de la actualización de
los supuestos contenidos en los contratos respectivos.
En el supuesto de que se ejerza la facultad señalada en el párrafo
anterior, el Ejecutivo Federal informará de inmediato al Congreso de la Unión.
Dichas obligaciones en ningún caso computarán para el monto de
endeudamiento neto interno autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación para el
ejercicio fiscal que corresponda.
Artículo 4o. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público,
de Comunicaciones y Transportes y de Contraloría y Desarrollo Administrativo proveerán
en el ámbito de sus respectivas competencias, al exacto cumplimiento de esta ley.
El Ejecutivo Federal determinará, mediante las reglas de operación
que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los requisitos aplicables para que los
concesionarios y permisionarios a que se refiere el artículo 1o. de la presente ley,
tengan acceso a los mecanismos establecidos en este ordenamiento.
Lo dispuesto en esta ley únicamente será aplicable a los
concesionarios y permisionarios que acrediten el cumplimiento actualizado de sus
obligaciones legales, reglamentarias y convencionales.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá una vigencia de 180
días.
Reitero a usted las seguridades de mi consideración más alta y
distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 25 de octubre de 2001.— El Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»
La Presidenta:
Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de
Comunicaciones.
LEY
QUE CREA EL PARLAMENTO
NACIONAL DE LA JUVENTUD
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de iniciativas de diputados.
Tiene la palabra el diputado Benjamín Ayala Velázquez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de
ley nacional para la creación del parlamento de la juventud.
El diputado Benjamín Ayala Velázquez:
¡Buenos días!, diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa
directiva de la LVIII Legislatura; compañeras diputadas, compañeros diputados; honorable
Asamblea:
Solamente voy a dar lectura a algunas partes modulares de la
iniciativa, por lo que solicito amablemente la inclusión total de la iniciativa en el Diario
de los Debates. Gracias.
ANTECEDENTES
Considerando que la juventud constituye una de las mayores riquezas del
país, representa la promesa para la vida y el futuro y que hasta ahora no se le ha
brindado en forma permanente y articulada la atención que demanda en esta importante
etapa formativa de su existencia, el 26 de diciembre del año 2000, la fracción
parlamentaria del PRI, por conducto del diputado Jaime Martínez Veloz presentó ante esta
soberanía, la iniciativa de Ley Nacional de la Juventud, en la cual se plantea una
atención integral hacia este sector poblacional.
En su diversidad, los jóvenes son la principal fuerza del cambio
social y en gran medida fueron el factor que decidió la última elección Federal y
quienes hoy esperan acciones directas en su beneficio.
La juventud puede presentar nuevas alternativas, propuestas
emancipadoras y liberadoras de los propios jóvenes y de la sociedad, que como poder
creador de la legislación habremos de escuchar, aun cuando éstas nos parezcan
contestatarias en relación con el sistema político y social actuales; habremos de
reconocer su valía y traducirlas en nuevos ordenamientos legales que propuestos por ellos
mismos tendrán un mayor consenso social.
Propiciemos que sean también los jóvenes quienes a partir de la
exposición de su problemática propongan, analicen, discutan y acuerden aquellas materias
sobre las cuales las instituciones y los legisladores tenemos que sancionar en su propio
beneficio.
Problemática de los jóvenes
A menudo se dice que ellos son la esperanza del mañana y se idealiza
su capacidad para dirigir en el futuro los destinos del país, sin embargo, se les niega
obstinadamente la posibilidad de participar en la construcción de ese mañana que tanto
se pregona.
Indudablemente esta actitud está estrechamente asociada con el modelo
de sociedad que hoy languidece a paso acelerado.
Nuestra sociedad, inmersa en un incontenible proceso de
democratización ya no se puede fundar en los mismos supuestos atrasados e inoperantes del
siglo pasado, la realidad les impide concretar sus sueños y transformar en el aquí y el
ahora las condiciones en que viven. ¿Cuántos jóvenes mexicanos no estudian ni trabajan,
viviendo en una situación de depresión y ocio negativo, capaz de conducirlos a caminos
de alcoholismo, drogadicción y delincuencia? ¿Cuántos jóvenes carecen de oportunidades
para calificarse y obtener con ello niveles superiores de ingreso? ¿Cuántas y cuántos
jóvenes desean espacios de expresión en los cuales manifestar con plena libertad sus
problemas y proponer formas de resolverlos?
Muchos jóvenes quieren ser partícipes en la formulación de una
legislación más cercana y favorable a su vida y a su forma de vida, aquella que les
proteja en contra del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, que les
proporcione becas para continuar con sus estudios, aquella que les permita capacitarse
para contar con mejores oportunidades de acceso al mercado laboral. Una legislación que
comprenda sus necesidades de salud, de cultura, de recreación y deporte, de vivienda, que
tome en cuenta a los jóvenes en situación vulnerable, que fortalezca en suma el
desarrollo juvenil.
Relación de los jóvenes con el Estado
Actualmente es pobre, por no decir inexistente, la oferta institucional
para la participación democrática de los jóvenes en aquellos asuntos en los que por
definición deben estar presentes.
En estos momentos es trascendente que el potencial juvenil llegue a su
plena realización, por ello deben hacerse todos los esfuerzos que se requieran para que
existan las condiciones que hagan posible la expresión plena y positiva de la energía,
creatividad y aptitudes para el estudio y el trabajo de miles de jóvenes del país.
El Instituto Nacional de la Juventud es un instrumento del Poder
Ejecutivo con programas de buena fe, pero que no abarcan, per se, el amplio
espectro y universo del nuevo movimiento juvenil del país.
Con esta ley, que quede muy claro, no se intenta desaparecer el
Instituto Nacional de la Juventud, al contrario, se trata de fortalecerlo, dotándolo de
un verdadero instrumento de los jóvenes para que oriente las políticas públicas con el
amplio respaldo de todas las organizaciones juveniles representadas en el parlamento y se
transforme en herramienta de cambio de los jóvenes y no solamente en conducto de un
poder, el Ejecutivo.
Estamos, pues, en un periodo de definiciones, actualmente no existe una
óptima comunicación entre el Gobierno y los jóvenes, persisten la desconfianza y la
distancia generacional entre los jóvenes y los adultos. Los actuales espacios de
participación no representan áreas reales de interés para la juventud.
Es evidente que las causas de los jóvenes, sus intereses, sus
motivaciones y las inquietudes propias de quienes miran a la vida con la frescura de su
edad, se encuentran ausentes actualmente de la agenda institucional. Esta situación debe
cambiar radicalmente.
Los jóvenes mexicanos ya no quieren más olvido, desatención ni
autoritarismo, quieren tener la certeza de que sus ideas serán escuchadas, sus opiniones
tomadas en cuenta, sus necesidades puntualmente interpretadas por un gobierno sensible,
que los vea como lo que son: mujeres y hombres en formación deseosos de labrarse un mejor
futuro, de tener espacios propios, de participar activamente en todas las decisiones que
les afectan, incluyendo aquellas que se toman en el seno de las universidades. Quieren ser
actores sociales que decidan su destino por sí mismos y no sujetos anónimos, cuya
existencia se decide por las burocracias que están detrás de los escritorios.
Si realmente queremos que México cambie debemos fomentar una actitud
democrática y combativa, lúcida y comprometida con los jóvenes mexicanos. Debemos
alentarlos a que participen en análisis de los temas que interesan a la nación, ellos
deben ser parte del debate, porque son uno de los temas de debate.
Si como generación queremos ganarnos su confianza, habremos de hacerlo
no con declaraciones sino con hechos. Ellos pueden ser emisarios de la vida, la justicia y
la paz y formar la vanguardia de la sociedad y con su idealismo y su visión ejemplar
empujar duro para transformarla. Debemos sellar un compromiso con los jóvenes,
proponiéndonos gobernar juntos en todo lo relacionado a aquello que sea para ellos de
particular interés, por ejemplo que las instituciones y los programas destinados a la
juventud sean operados principalmente por los jóvenes.
¿Qué proponen los jóvenes para su atención integral? Permitamos que
la nación escuche la visión de jóvenes integrantes de la rica gama de expresiones y
condición social, de esa diversidad llamada patria nueva y patria nuestra, que de aquí
surjan nuevas ideologías, otras formas de visión generadoras del pensamiento joven del
México en permanente evolución. Querámoslo o no, ellos tienen una percepción y una
conciencia diferentes, por ello y me pregunto, ¿qué propuestas concretas de integración
y de participación tienen los partidos políticos para la juventud mexicana?
Es necesario un órgano de deliberación y de debate que aglutine el
sentir de la juventud nacional y que sea hilo conductor de las aspiraciones concretables
de este sector tan solicitado, pero al mismo tiempo tan olvidado por nosotros.
El por qué de un parlamento nacional de la juventud
El parlamento que se pretende conformar, amigos diputados, permitirá
iniciar a sus integrantes en el trabajo legislativo, en la liturgia parlamentaria, en la
vocación por los consensos partidarios, en el reconocimiento al pluralismo político, en
apreciar el valor de la política como un medio para alcanzar fines comunes y amalgamar
ideas para el progreso de la sociedad. Este tipo de participación juvenil permitirá ir
definiendo futuros liderazgos y promover, desde una plataforma institucional, cuáles
deben ser las iniciativas gubernamentales para la juventud.
La viabilidad de esta propuesta ha sido ya probada en otros países
tanto de América como del viejo continente, en donde la sociedad se ha dado cuenta de
viva voz de los propios jóvenes, cuáles son sus inquietudes, sus sueños y aspiraciones,
sus problemas y necesidades y las propuestas que hacen para que cambien a su favor las
cosas. Por otro lado, cabe recordar que en la antepasada reunión de la Comisión de
Juventud y Niñez del Parlatino, que preside una distinguida mexicana, la licenciada
Beatriz Paredes Rangel, que fue celebrado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, los días 8,
9, 10 y 11 de agosto, en los que participaron distinguidos miembros jóvenes de este
cuerpo, uno de los principales acuerdos fue el de impulsar los parlamentos juveniles
nacionales en toda Latinoamérica.
2119,2120,2121
Por ello, con el parlamento juvenil, se trata de consolidar una
instancia que al menos dos veces por año reúna a los representantes de todos los estados
en un encuentro que mucho habrá de representar para identificar las áreas de particular
interés para la juventud y sobre la cual valga la pena trabajar por su cuenta al
respecto.
Habrá algunos que consideren que no es necesario un parlamento
nacional juvenil si ya existen los diputados como representantes populares. A estos
compañeros les invito a que no tengamos temor de escuchar a los jóvenes, no vienen a
quitarnos la chamba, al contrario, vienen a darnos un punto de vista más cercano a la
realidad que el que podamos tener nosotros, porque vienen a plantear su propia
circunstancia, sus vivencias y sus valores.
Una síntesis del pensamiento joven del México nuevo que habrá de
permitirnos voltear hacia ellos e identificar rumbos distintos que hasta ahora no hemos
visto por estar inmersos en discutir otros asuntos de interés nacional.
Veamos pues este parlamento juvenil como una verdadera organización
representativa de la juventud mexicana donde todos ellos tengan, cómo en esta Cámara, el
deber y legítimo derecho de opinar. Se trata de que asuman sus desafíos en la búsqueda
de sus propios proyectos.
El papel de la Cámara de Diputados: abrir espacios para la
participación de la juventud para que contribuya en la solución de los problemas, es
dejar que los jóvenes hablen en su propio lenguaje, es darle mayores oportunidades de
tener un papel protagónico, no debe defraudarse a quienes en la búsqueda legítima de
nuevos caminos, depositaron su voto esperanzados para propiciar un cambio que aún no se
ha visto.
Pregunto a mis compañeras y compañeros: ¿tiene sentido legislar para
los jóvenes sin la participación de éstos?
Nuestras leyes pueden ser perfectas en cuanto a la técnica jurídica,
pueden habernos llevado a intensos debates y eruditas reflexiones acerca del joven
mexicano y sus problemas, pero si les falta el espíritu vital que pueden imprimirle los
propios jóvenes, entonces podemos estar creando, sin quererlo, leyes condenadas a ser
letra muerta.
Si realmente queremos que cambie la nación, cambiemos la forma y el
fondo de las cosas, no pretendamos erigirnos en una postura no exenta de soberbia, en
portadores únicos de la voz de los distintos vectores de sociedad.
Este recinto debe de estar abierto a toda reflexión que contribuya al
avance de las ideas y las realidades del país, expresada también por los propios
sectores interesados aun cuando la tarea de legislar nos corresponda y a la que habremos
de enriquecer si abrimos la mente y el corazón a lo que tratan de decirnos.
Devolvamos a la Cámara el sentido de tribuna del pueblo y no
permitamos que se convierta en caja de resonancia de unos cuantos que se sienten
iluminados. Dejemos que refresque nuestra memoria y nuestros ideales que en todos existen,
pero que en algunos se encuentran adormilados por el sutil ensueño del poder temporal del
que ahora disfrutan.
No temamos a las lecciones que puedan darnos, aquí hemos comprobado
que no poseemos todas las respuestas. Hagámosle sentir a los jóvenes que pueden, desde
una tribuna propia, analizar y discutir los problemas de la juventud y expresar sus
ideales, contribuyendo así a su propia causa con nuevas fórmulas y el discurso
espontáneo de los sectores emergentes. Nosotros necesitamos más de los jóvenes que
ellos de nosotros, porque ellos son el presente y el futuro de la nación.
Como legisladores comprometidos con la transformación del Estado,
debemos asumir el reto y el compromiso de abrir los espacios y proveer los medios para que
la juventud enfrente, en forma organizada, los desafíos de los tiempos modernos,
encuentre sus propias respuestas y sea protagonista en la construcción de su historia, de
su presente y de su futuro.
Debemos estar claros que en la medida que abramos estos espacios, la
propia sociedad se verá rejuvenecida y transformada por la energía, la alegría, la
fraternidad y la nobleza de sus ideales; el cambio es inevitable, es una ley histórica e
ideológica. Atrevámonos a conocer sus exigencias y a escuchar sus disidencias; no
temamos su valentía en la tribuna ni nos incomodemos ante sus denuncias, sino que en
forma madura respondamos a sus expectativas y esperemos con esperanza y con apertura de
mente y de miras no con temor sus críticas y aportaciones.
Legislemos, sobre todo, pensando en el futuro y no en el cortoplacismo
de nuestras coyunturas electoreras; dejémoslos trabajar y esforzarse, dejémosles
comprometerse y comprender que no es fácil llegar a consensos y a acuerdos cuando cada
cual considera que sus razones son las únicas verdaderas en el debate. Sigamos
perfeccionando nuestra democracia y el trabajo legislativo, escuchando de viva voz lo que
ellos quieren que sepamos.
Que nadie se extrañe ni escandalice de la iniciativa que hoy se
presenta a consideración de esta Asamblea, se emplea el término de
"parlamento".
Ante una nación empeñada en la búsqueda de nuevos caminos, no vale
la descalificación de un contenido propositivo e innovador por tratar de mantener
conceptos y prácticas que deben ponerse a revisión; que no se argumente que en México
no existe un régimen parlamentario, pues si en la propuesta se utiliza el término de
"parlamento", se emplea en su sentido más puro: el de diálogo, comunicación,
entendimiento, que es el que refleja en mayor medida el sentir juvenil.
Como legisladores demos calidez, cercanía y objetividad a nuestra
relación con los distintos sectores de la sociedad. Ese es un reto al que esta
legislatura puede contribuir a resolver.
A la luz del México nuevo, como sociedad, no podemos menospreciar los
aportes que nos puede dar el sector juvenil. Escuchémoslos, motivémoslos a expresarse.
Abramos nuestra casa, que es la casa del pueblo, a su palabra y en nuestro quehacer
legislativo aseguremos un espacio para ellos. No les neguemos una tribuna que también les
pertenece, para fortalecer sus ideales y crear sus propias utopías. Demos alas a su
capacidad de disentir y de crear, a su capacidad de amor a México y de construir un
proyecto de nación que quizá será diferente al nuestro pero igual de válido. Demos
cabida a su capacidad de expresar autenticidad en sus planteamientos.
Es preferible brindar canales de participación y libertad de
expresión a la disconformidad que escuchar la respuesta juvenil en el sórdido y terrible
sonido de armas que operan desde la clandestinidad y que puede ser el destino fatal de
muchos jóvenes si no se amplían los canales institucionales de participación juvenil o
si se alega en forma avara, que los recursos públicos son insuficientes para canalizar
esta demanda. Recordemos que cuesta más un solo consejero del IFE, por poner un ejemplo,
que todo un parlamento nacional juvenil mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71
fracción II, 72 y 73 fracción XXIX d de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, artículos 56, 60, 63,135,
138, 139, 140, 141, 165 y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración la
siguiente iniciativa de ley y que en virtud de no haber aparecido en la Gaceta
Parlamentaria, me permito entregarla a la Secretaría de la mesa directiva.
Por su atención, muchas gracias en mi nombre y en el del diputado
Jaime Martínez Veloz.
Gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.
«Iniciativa de ley que crea el parlamento nacional de la juventud.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la
LVIII Legislatura; compañeras diputadas; compañeros diputados; honorable Asamblea:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Antecedentes
Considerando que la juventud constituye una de las mayores riquezas del
país, representa la promesa para la vida y el futuro y que hasta ahora no se le ha
brindado en forma permanente y articulada la atención que demanda en esta importante
etapa formativa de su existencia, el 26 de diciembre del año 2000 la fracción
parlamentaria del PRI, por conducto del diputado Jaime Martínez Veloz presentó ante esta
soberanía, la iniciativa de Ley Nacional de la Juventud, en la cual se plantea una
atención integral hacia este sector poblacional.
En su diversidad, los jóvenes son la principal fuerza del cambio
social y en gran medida fueron el factor que decidió la última elección federal y
quienes hoy esperan acciones directas en su beneficio.
La juventud puede presentar nuevas alternativas, propuestas
emancipadoras y liberadoras de los propios jóvenes y de la sociedad, que como poder
creador de la legislación habremos de escuchar aun cuando éstas nos parezcan
contestatarias en relación con el sistema político y social actuales; habremos de
reconocer su valía y traducirlas en nuevos ordenamientos legales que, propuestos por
ellos mismos, tendrán un mayor consenso social.
Propiciemos que sean también los jóvenes quienes a partir de la
exposición de su problemática, propongan, analicen, discutan y acuerden aquellas
materias sobre las cuáles las instituciones y los legisladores tenemos que sancionar en
su propio beneficio.
Problemática de los jóvenes
A menudo se dice que ellos son la esperanza del mañana y se idealiza
su capacidad para dirigir en el futuro los destinos del país, sin embargo, se les niega
obstinadamente la posibilidad de participar en la construcción de ese mañana que tanto
se pregona, indudablemente, esta actitud está estrechamente asociada con el modelo de
sociedad que hoy languidece a paso acelerado nuestra sociedad, inmersa en un incontenible
proceso de democratización, ya no se puede fundar en los mismos supuestos atrasados e
inoperantes del siglo pasado, la realidad les impide concretar sus sueños y transformar
en el aquí y el ahora las condiciones en que viven.
¿Cuántos jóvenes mexicanos no estudian ni trabajan, viviendo en una
situación de depresión y ocio negativo, capaz de conducirlos a caminos de alcoholismo,
drogadicción y delincuencia?
¿Cuántos jóvenes carecen de oportunidades para calificarse y obtener
con ello niveles superiores de ingreso?
¿Cuántas y cuantos jóvenes desean espacios de expresión en los
cuales manifestar con plena libertad sus problemas y proponer formas de resolverlos?
Muchos jóvenes quieren ser partícipes en la formulación de una
legislación más cercana y favorable a su vida y a su forma de vida, aquella que les
proteja en contra del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, que les
proporcione becas para continuar con sus estudios, aquella que les permita capacitarse
para contar con mejores oportunidades de acceso al mercado laboral, una legislación que
comprenda sus necesidades de salud, de cultura, de recreación y deporte, de vivienda, que
tome en cuenta a los jóvenes en situación vulnerable que fortalezca, en suma, el
desarrollo juvenil.
Relación de los jóvenes con el Estado
Actualmente es pobre, por no decir inexistente, la oferta institucional
para la participación democrática de los jóvenes en aquellos asuntos en los que por
definición deben estar presentes, para México, en estos momentos, es trascendente que el
potencial juvenil llegue a su plena realización. Por ello, deben hacerse todos los
esfuerzos que se requieran para que existan las condiciones que hagan posible la
expresión plena y positiva de la energía, creatividad y aptitudes para el estudio y el
trabajo de miles de jóvenes del país.
El Instituto Nacional de la Juventud es un instrumento del Poder
Ejecutivo con programas de buena fe, pero que no abarcan per se el amplio espectro
y universo del nuevo movimiento juvenil del país, con esta ley que quede claro, no se
intenta desaparecer el Instituto Nacional de la Juventud, al contrario, se trata de
fortalecerlo, dotándolo de un verdadero instrumento de los jóvenes para que oriente sus
políticas públicas con el amplio respaldo de todas las organizaciones juveniles
representadas en el parlamento y se transforme en herramienta de cambio de los jóvenes y
no solamente en conducto de un poder, el Ejecutivo.
Estamos en un periodo de definiciones, actualmente no existe una
óptima comunicación entre el Gobierno y los jóvenes, persisten la desconfianza y la
distancia generacional entre los jóvenes y los adultos, los actuales espacios de
participación no representan áreas reales de interés para la juventud.
Es evidente que las causas de los jóvenes, sus intereses, sus
motivaciones y las inquietudes propias de quienes miran a la vida con la frescura de su
edad, se encuentran ausentes actualmente de la agenda institucional. Esta situación debe
cambiar radicalmente.
Los jóvenes mexicanos, ya no quieren más olvido, desatención ni
autoritarismo. Quieren tener la certeza de que sus ideas serán escuchadas, sus opiniones
tomadas en cuenta, sus necesidades puntualmente interpretadas por un gobierno sensible que
los vea como lo que son: mujeres y hombres en formación, deseosos de labrarse un mejor
futuro, de tener espacios propios, de participar activamente en todas las decisiones que
les afectan, incluyendo aquellas que se toman en el seno de las universidades. Quieren ser
actores sociales que decidan su destino por sí mismos y no sujetos anónimos cuya
existencia se decide por las burocracias, tras de los escritorios.
2122,2123,2124
Si realmente queremos que México cambie, debemos fomentar una actitud
democrática y combativa, lúcida y comprometida en los jóvenes mexicanos. Debemos
alentarlos a que participen en el análisis de los temas que interesan a la nación; ellos
deben ser parte del debate, porque son uno de los temas a debate.
Si como generación queremos ganarnos su confianza, habremos de hacerlo
no con declaraciones, sino con hechos. Ellos pueden ser emisarios de la vida, la justicia
y la paz y formar la vanguardia de la sociedad y con su idealismo y su visión empujar
duro para transformarla.
Debemos sellar un compromiso con los jóvenes, proponiéndonos gobernar
juntos en todo lo relacionado a aquello que sea para ellos de particular interés, por
ejemplo, que las instituciones y los programas destinados a la juventud sean operados
principalmente por jóvenes.
¿Qué proponen los jóvenes para su atención integral?
Permitamos que la nación escuche la visión de los jóvenes
universitarios, de los trabajadores, de los indígenas y los migrantes, de los que habitan
en barrios populares, de jóvenes integrantes de la rica gama de expresiones y condición
social, de esa diversidad llamada patria nuestra. Que de aquí surjan nuevas ideologías,
otras formas de visión generadoras del pensamiento joven del México en permanente
evolución. Querámoslo o no, ellos tienen una percepción y una conciencia diferentes.
Por ello me pregunto: ¿qué propuestas concretas de integración y de
participación tienen los partidos políticos para la juventud mexicana?
Es necesario un órgano de deliberación y de debate que aglutine el
sentir de la juventud nacional y que sea hilo conductor de las aspiraciones concretables
de este sector tan solicitado pero al mismo tiempo olvidado.
El porqué de un parlamento nacional de la juventud
El parlamento que se pretende conformar permitirá iniciar a sus
integrantes en el trabajo legislativo, en la liturgia parlamentaria, en la vocación por
los consensos partidarios, en el reconocimiento al pluralismo político, en apreciar el
valor de la política como un medio para alcanzar fines comunes y amalgamar ideas para el
progreso de la sociedad.
Este tipo de participación juvenil permitirá ir definiendo futuros
liderazgos y promover, desde una plataforma institucional, cuales deben ser las
iniciativas gubernamentales para la juventud.
La viabilidad de esta propuesta ha sido ya probada en otros países
tanto de América como del viejo continente, en donde la sociedad se ha dado cuenta, de
viva voz de los propios jóvenes, cuales son sus inquietudes, sus sueños y aspiraciones,
sus problemas y necesidades y las propuestas que hacen para que cambien en su favor las
cosas.
Por otro lado cabe recordar que en la antepasada reunión de la
Comisión de la Juventud y Niñez del Parlatino que preside una distinguida mexicana,
Beatriz Paredes Rangel celebrado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, los días 8, 9, 10 y
11 de agosto, en los que participaron distinguidos miembros jóvenes de este cuerpo
político, uno de los acuerdos principales fue el de impulsar los parlamentos juveniles
nacionales en toda Latinoamérica.
Con el parlamento juvenil se trata de consolidar una instancia que, al
menos dos veces por año, reúna a los representantes de todos lo estados en un encuentro
que mucho habrá de representar para identificar las áreas de particular interés para la
juventud y sobre la cual valga la pena trabajar por su cuenta al respecto.
Habrá algunos que consideren que no es necesario un parlamento
nacional juvenil, si ya existen los diputados como representantes populares. A estos
compañeros les invito a que no tengamos temor de escucharlos, no vienen a quitarnos la
chamba, al contrario, vienen a darnos un punto de vista más cercano a la realidad que el
que podemos tener nosotros, porque vienen a plantear su propia circunstancia, sus
vivencias y sus valores. Una síntesis del pensamiento joven del México nuevo que habrá
de permitirnos voltear hacia ellos e identificar rumbos distintos que hasta ahora no hemos
visto por estar inmersos en discutir otros asuntos de interés nacional.
Veamos este parlamento juvenil como una verdadera organización
representativa de la juventud mexicana, donde todos los representantes juveniles tengan,
como en esta Cámara, el deber y el legítimo derecho de opinar. Se trata de que asuman
sus desafíos en la búsqueda de sus propios proyectos.
El papel de la Cámara de Diputados
Abrir espacios para la participación de la juventud, para que
contribuya en la solución de los problemas, es dejar que los jóvenes hablen en su propio
lenguaje, es darle mayores oportunidades de tener un papel protagónico, no debe
defraudarse a quienes en la búsqueda legítima de nuevos caminos, depositaron su voto
esperanzados para propiciar un cambio que aún no se ha visto.
Pregunto a mis compañeras y compañeros: ¿tiene sentido legislar para
los jóvenes sin la participación de éstos? Nuestras leyes pueden ser perfectas en
cuanto a la técnica jurídica. Pueden habernos llevado a intensos debates y eruditas
reflexiones acerca del joven mexicano y sus problemas. Pero si les falta el espíritu
vital que pueden imprimirle los propios jóvenes, entonces podemos estar creando, sin
quererlo, leyes condenadas a ser letra muerta.
Si realmente queremos que cambie la nación, cambiemos la forma y el
fondo de las cosas, no pretendamos erigirnos en una postura no exenta de soberbia, en
portadores únicos de la voz de los distintos sectores de la sociedad. Este recinto debe
estar abierto a toda reflexión que contribuya al avance de las ideas y las realidades del
país, expresada también por los propios sectores interesados, aun cuando la tarea de
legislar nos corresponda y a la que habremos de enriquecer si abrimos la mente y el
corazón a lo que tratan de decirnos.
Devolvamos a la Cámara el sentido de tribuna del pueblo y no
permitamos que se convierta en caja de resonancia de unos cuantos iluminados.
Dejemos que refresquen nuestra memoria y nuestros ideales, que en todos
existen, pero que en algunos se encuentran adormilados por el sutil ensueño del poder
temporal de que disfrutan. No temamos a las lecciones que puedan darnos, aquí hemos
comprobado que no poseemos todas las respuestas.
Hagámosle sentir a los jóvenes que pueden, desde una tribuna propia,
analizar y discutir los problemas de la juventud y expresar sus ideales con carácter de
parlamentarios juveniles, contribuyendo así a su propia causa, con nuevas fórmulas y el
discurso espontáneo de los sectores emergentes. Nosotros necesitamos más de los jóvenes
que ellos de nosotros, porque ellos son el presente y el futuro de la nación.
Como legisladores comprometidos con la transformación del Estado,
debemos asumir el reto y el compromiso de abrir los espacios y proveer los medios para que
la juventud enfrente en forma organizada los desafíos de los tiempos modernos; encuentre
sus propias respuestas y sea protagonista en la construcción de su historia, de su
presente y de su futuro.
Debemos estar claros que en la medida en que abramos estos espacios, la
propia sociedad se verá rejuvenecida y transformada por la energía, la alegría, la
fraternidad y la nobleza de sus ideales. El cambio es inevitable, es una ley histórica y
biológica.
Atrevámonos a conocer sus exigencias y a escuchar sus disidencias, no
temamos su valentía en la tribuna, ni nos incomodemos ante sus denuncias, sino en forma
madura respondamos a sus expectativas, esperemos con esperanza y con apertura de mente y
de miras, no con temor, sus críticas y aportaciones. Legislemos pensando en el futuro y
no en el cortoplacismo de nuestras coyunturas electoreras.
Dejémoslos trabajar y esforzarse, dejémosles comprometerse y
comprender que no es fácil llegar a consensos y acuerdos, cuando cada cual considera que
sus razones son las únicas verdaderas en el debate.
Sigamos perfeccionando nuestra democracia y el trabajo legislativo,
escuchando de viva voz lo que ellos quieren que sepamos.
Abramos nuevamente este recinto parlamentario, permitámosles a los
jóvenes ascender a la más alta tribuna de la nación y escuchemos con atención sus
planteamientos, la fuerza del pensamiento juvenil, del futuro que quieren para ellos, para
las generaciones por venir. No le temamos a la crítica, que cuando es bien intencionada
permite corregir el rumbo y reorientar acciones, que sus ideas refresquen nuestras formas
de pensar acerca de ellos mismos.
Que nadie se extrañe ni escandalice si en la iniciativa que hoy se
presenta a consideración de esta Asamblea, se emplea el término de parlamento ante una
nación empeñada en la búsqueda de nuevos caminos, no vale la descalificación de un
contenido propositivo e innovador por tratar de mantener conceptos y prácticas que deben
ponerse a revisión. Que no se argumente que en México no existe un régimen
parlamentario si en la propuesta se utiliza el término de parlamento, se emplea en su
sentido más puro, el de diálogo, comunicación, entendimiento, que es el que refleja en
mayor medida el sentir juvenil.
Como legisladores demos calidez, cercanía y objetividad a nuestra
relación con los distintos sectores de la sociedad. Ese es un reto al que esta
legislatura puede contribuir a resolver.
A la luz del México nuevo como sociedad no podemos menospreciar los
aportes que puede dar el sector juvenil. Escuchémoslos, motivémoslos a expresarse,
abramos nuestra casa que es casa del pueblo a su palabra y en nuestro quehacer legislativo
aseguremos un espacio para ellos.
No les neguemos una tribuna, que también les pertenece, para
fortalecer sus ideales y crear sus propias utopías.
Demos alas a su capacidad de disentir y crear, a su capacidad de amar a
México, de construir un proyecto de nación, que quizá sea diferente al nuestro, pero
tan valido; demos cabida a su capacidad de expresar autenticidad en sus planteamientos.
Es preferible brindar canales de participación y libertad de
expresión a la disconformidad, que escuchar la respuesta juvenil en el sórdido y
terrible sonido de armas que operen desde la clandestinidad y que puede ser el destino
fatal de muchos jóvenes si no se amplían los canales institucionales de participación
juvenil o si se alega en forma avara que los recursos públicos son insuficientes para
canalizar esta demanda. Recuerden que cuesta más un solo consejero nacional del IFE, por
poner un ejemplo, que todo un parlamento juvenil mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71
fracción II 72 y 73 fracción XXIXD de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56, 60, 63, 135, 138, 139, 140,
141, 165 y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, me permito someter a su consideración la siguiente iniciativa de ley y que en
virtud de no haber aparecido en la Gaceta Parlamentaria, me permito entregarla a la
Secretaria de la mesa directiva.
CONSIDERANDO
Primero. Que una de las formas en que los jóvenes puedan recobrar la
confianza en las instituciones republicanas, es abrir espacios para que se expresen con
toda libertad, en relación con los temas que más les interesan y sobre aquellos que
consideran los más importantes para mejorar las condiciones de vida del sector juvenil y
de la sociedad.
Segundo. Que es un derecho de los jóvenes mexicanos participar en
forma activa en el proceso de su formación integral en todas las dimensiones, sobre todo
en la toma de decisiones que les afecten y con ello ser protagonistas de su propio
desarrollo y el de la nación mexicana.
Tercero. Que la participación de la juventud en la vida
cívico-política del país habrá de realizarse bajo un ejercicio autónomo y
responsable, en donde los jóvenes, al tiempo que ejercen sus derechos, adopten
compromisos para con el sector de la juventud y para plantear alternativas factibles de
ser instrumentadas con el carácter de iniciativas de ley.
Cuarto. Que la organización de la juventud debe ser amplia, plural,
democrática y abarcar a jóvenes de todos los estratos sociales y de todos los estados
del país, estableciendo reglas claras para garantizar un proceso transparente de debate
sobre las propuestas de los propios jóvenes y alcanzar así acuerdos estratégicos para
alcanzar objetivos comunes, independientemente de su ubicación geográfica en el contexto
nacional.
Quinto. Que una de las formas de asegurar la participación de jóvenes
de distinto sexo, posición social y visión del mundo, es a partir de la elección, por
ellos mismos, de jóvenes estudiantes de planteles de educación media superior y
superior, tanto públicos como privados; de jóvenes que trabajan; de aquellos que viven
en colonias populares y los pertenecientes a organizaciones laborales y partidistas y
jóvenes indígenas que estén dispuestos a ser parte de un órgano que tenga el carácter
de lugar de encuentro y reflexión para la acción de la juventud mexicana.
Sexto. Que la Cámara de Diputados y los congresos locales, como
órganos en los cuales se expresa la voluntad democrática ciudadana, tienen la facultad
para promover normas e instancias que contribuyan al fortalecimiento de la cultura
cívico-política entre la juventud.
2125,2126,2127
Séptimo. Que tales instancias pueden hacer posible la expresión sin
restricciones de jóvenes de todo el país y en las cuales a través de procesos de
diálogo, convivencia y fraternidad, encuentren en forma colegiada nuevos mecanismos que
hagan posible realizar las aspiraciones y esperanzas de la juventud mexicana.
Por su atención, muchas gracias en mi nombre y en el del diputado
Jaime Martínez Veloz.
INICIATIVA DE LEY DE CREA
EL PARLAMENTO NACIONAL
DE LA JUVENTUD
TITULO PRIMERO
Capitulo I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Objeto. El presente ordenamiento es de orden
público, interés social y observancia general en la República Mexicana, su objeto es
establecer el parlamento nacional de la Juventud, como un órgano de deliberación, de
debate y de ejecución, en el cual la juventud del país se reúna para expresar sus
preocupaciones, sus intereses, motivaciones y aspiraciones y a través del diálogo,
encuentre en forma colegiada y proponga a la Cámara de Diputados alternativas que
contribuyan a mejorar la situación del sector juvenil y de la sociedad.
Artículo 2o. Finalidad. La presente ley establece:
I. La forma en la cual se integra el Parlamento Nacional de la
Juventud.
II. Las características de la organización del parlamento nacional de
la juventud y la descripción general de los órganos que lo constituyen.
III. El formato para las sesiones y deliberaciones de los jóvenes
parlamentarios.
IV. Los derechos y obligaciones de los integrantes del parlamento
nacional de la juventud.
V. La vinculación del Parlamento Nacional de la Juventud con otras
instancias de la sociedad y con el honorable Congreso de la Unión.
Artículo 3o. Parlamentario juvenil. Para efectos de la presente
ley se entenderá por parlamentario juvenil a la persona que, ya sea de sexo masculino o
femenino, participe como integrante del Parlamento Nacional de la Juventud,
independientemente del cargo o comisión que desempeñe dentro del mismo.
Artículo 4o. Facilidades para la organización juvenil.
Corresponderá al Instituto Federal Electoral, a la Cámara de Diputados y a los congresos
de los estados, así como a las instituciones educativas de nivel medio superior y
superior, tanto públicas como privadas, a los partidos políticos, a las organizaciones
vecinales, a las organizaciones gremiales y a las comunidades indígenas establecer las
condiciones y brindar las facilidades que sean necesarias para que los jóvenes se
organicen y elijan a sus representantes a los parlamentos estatales de la juventud de sus
respectivos estados y al parlamento nacional de la juventud, y se trasladen a la sede del
mismo, conforme a lo establecido por el presente ordenamiento.
Artículo 5o. Participación. Tendrán derecho a participar en
el Parlamento Nacional de la Juventud, los jóvenes que se encuentren realizando estudios
de nivel medio superior o superior y que hayan sido electos como parlamentarios juveniles
conforme a lo dispuesto por la presente ley; así como los jóvenes de las colonias,
barrios, unidades habitacionales, ejidos comunidades rurales u otro tipo de comunidad
vecinal existente, conforme a la división político administrativa y geográfica que
exista de los municipios del país.
CAPITULO II
DE LA INTEGRACION, SEDE, LEMA Y ORGANIZACION
DEL PARLAMENTO JUVENIL
Artículo 6o. Convocatoria. La Cámara de Diputados y el
Instituto Federal Electoral formularán y emitirán la convocatoria correspondiente para
la constitución del Primer Parlamento Nacional Juvenil. Asimismo procederá al envío de
la misma a todos los congresos de los estados, a fin de que éstos la divulguen y en su
caso convoquen a la integración de los parlamentos estatales de la juventud en cada
entidad federativa. Las convocatorias para las siguientes reuniones del Parlamento
Nacional de la Juventud, serán realizadas por el propio parlamento.
Artículo 7o. Integración del parlamento juvenil. el parlamento
nacional de la juventud se integra por las mesas directivas de los parlamentos juveniles
de todos los estados del país y la del Distrito Federal. Por cada parlamentario juvenil
se elegirá un suplente. En caso de que el propietario no asista a la reunión, su lugar
será ocupado en esa sesión por su respectivo suplente. Si la vacante del propietario es
definitiva, el suplente ocupará el cargo. El cargo de parlamentario juvenil será
desempeñado en forma honorífica.
El Parlamento Nacional de la Juventud se renovara en su totalidad cada
tres años, la edad máxima para ser miembro del parlamento será de 30 años.
Artículo 8o. Gastos del Parlamento Nacional de la Juventud. El
traslado de ida y regreso de los parlamentarios juveniles de los estados a la sede del
Parlamento Nacional de la Juventud, estará a cargo de los congresos locales. El hospedaje
y alimentación, de los integrantes del Parlamento Nacional de la Juventud, así como los
gastos operativos y logísticos relacionados con la operación del parlamento, estará a
cargo de la Cámara de Diputados.
Artículo 9o. Sede. En su primera sesión, el Parlamento
Nacional de la Juventud se reunirá en la sede de la Cámara de Diputados: las
subsecuentes podrán realizarse en el mismo lugar o en el lugar que el propio Parlamento
Nacional de la Juventud determine, sin contravenir las disposiciones legales vigentes. La
sede del Parlamento Nacional de la Juventud es inviolable.
Artículo 9o.-bis. El lema del Parlamento Nacional de la
Juventud será: "voz de la juventud, conciencia nacional".
Artículo 10. Elección de la mesa directiva. En la primera
sesión del Parlamento Nacional de la Juventud se procederá a elegir por mayoría simple
a la mesa directiva, la cual será integrada por un presidente, un vicepresidente, dos
secretarios, un secretario técnico y dos prosecretarios. Durarán en sus funciones un
año y podrán ser reelectos por otro consecutivo. Las atribuciones de los integrantes de
la mesa directiva son las que indican los artículos 11 al 14 de la presente ley.
La mesa directiva ocupará los espacios establecidos expresamente para
su funcionamiento, ubicándose el presidente al centro, los demás lugares de los
parlamentarios juveniles se ocuparán sin preferencia alguna.
Artículo 11. Atribuciones del presidente. Son atribuciones del
presidente de la mesa directiva del Parlamento Nacional de la Juventud:
1. Representar legal y políticamente para todos los efectos a que haya
lugar al Parlamento Nacional de la Juventud.
2. Preservar la inviolabilidad de la sede del Parlamento Nacional de la
Juventud.
3. Abrir las sesiones, presidirlas, conceder la palabra en el orden que
la pidieren, dirigir el debate y clausurarlas; en su caso, prorrogarlas o suspenderlas
temporalmente por causa justificada.
4. Declarar la existencia de quorum legal. En caso de falta de
éste volver a convocar, invitando a los ausentes a presentarse.
5. Acordar el orden del día con en común acuerdo con los grupos
parlamentarios, con base en las solicitudes de los parlamentarios juveniles, presentarlo
al pleno para su aprobación y verificar se cumpla el mismo.
6. Turnar a comisiones asuntos competencia de las mismas.
7. Requerir a las comisiones que presenten dictamen o informen sobre
los asuntos que se les hubieren encomendado.
8. Emitir voto de calidad en caso de empate y proclamar los resultados
de las votaciones.
9. Exigir orden cuando se requiera para la buena marcha de los
trabajos.
10. Firmar conjuntamente con el secretario, los diversos oficios,
acreditaciones, comunicados y resolutivos emanados del Parlamento Nacional de la Juventud
y turnarlos por conducto del secretario a la Cámara de Diputados o a las instancias
públicas o privadas a las que haya lugar.
11. Convocar a la siguiente reunión del Parlamento Nacional de la
Juventud.
12. Tomar la protesta a los parlamentarios juveniles.
Artículo 12. Atribuciones del vicepresidente. El vicepresidente
auxiliará al presidente al buen desempeño de sus funciones y lo sustituirá en sus
ausencias. En caso de vacante definitiva del presidente de la mesa directiva del
Parlamento Nacional de la Juventud, el vicepresidente pasará a ocupar el cargo.
Artículo 13. Atribuciones del secretario. Son atribuciones del
secretario de la mesa directiva del parlamento juvenil:
I. Auxiliar al presidente en el buen desempeño de sus funciones.
II. Elaborar el orden del día, previo acuerdo con el Presidente.
III. Consultar y corroborar el registro de asistencia y verificar la
existencia del quorum legal.
IV. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser objeto de deliberación
o votación se reproduzcan y distribuyan oportunamente entre los parlamentarios juveniles
V. Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados cuando
así lo decida el presidente.
VI. Levantar las actas de las sesiones, con el apoyo logístico de la
Cámara de Diputados, del secretario técnico, del Parlamento Nacional de la Juventud y
firmarlas después de aprobadas.
VII. Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos
recibidos por el parlamento juvenil, llevando el control de todos los asuntos recibidos y
despachados.
VIII. Resguardar debidamente las actas y la documentación que con
motivo de sus atribuciones le sean entregadas para su resguardo.
IX. Expedir, previo acuerdo con el presidente, las copias de la
documentación que forme parte del archivo del parlamento juvenil, solicitada por escrito
y debidamente justificada.
X. Firmar conjuntamente con el presidente los diversos oficios,
comunicados y resolutivos emanados del Parlamento Nacional de la Juventud y llevarlos
personalmente a la Cámara de Diputados o a las instancias públicas o privadas a las que
haya lugar.
XI. Integrar el directorio de parlamentarios juveniles.
Artículo 14. Atribuciones del prosecretario. El prosecretario
auxiliará al secretario al buen desempeño de sus funciones y lo sustituirá en sus
ausencias. En caso de vacante definitiva del secretario de la mesa directiva del
parlamento juvenil, el pleno decidirá cual de los prosecretarios pasará a ocupar el
cargo.
Artículo 14-bis. Atribuciones del secretario técnico, son
atribuciones del secretario técnico del Parlamento Nacional de la Juventud.
I. Coordinar y ejecutar las tareas que permitan el mejor cumplimiento
de las funciones de los parlamentarios y la atención eficiente de sus necesidades
técnicas y administrativas.
II. Auxiliar a la mesa directiva en actividades que se constituyen por
disposición del pleno, para realizar actividades diferentes al de las comisiones y en
general para realizar tareas de soporte técnico.
III. Apoyar a la mesa directiva en el levantamiento de las asistencias
y de las actas de las sesiones, así como el archivo de documentos y comunicaciones y el
de las versiones estenográficas de las plenarias y de las reuniones de comisiones.
IV. Gestionar ante los congresos locales y la mesa directiva de la
Cámara de Diputados, los diversos apoyos logísticos y técnicos que requiera la
operación y trabajos del propio Parlamento Nacional de la Juventud.
V. Realizar labores de comunicación institucional y de apoyo a medios
de comunicación para el debido cumplimiento de sus labores.
Artículo 15. Toma de protesta e instalación. El presidente
tomará la protesta a los parlamentarios juveniles, quienes prometerán desempeñar en
forma responsable, leal y patriótica el cargo para el cual fueron electos, mirando en
todo por el bien de la juventud de México y de la nación. Realizado lo anterior, el
presidente declarará constituido formalmente el Parlamento Nacional de la Juventud.
Artículo 16. Organización. El Parlamento Nacional de la
Juventud contará con las comisiones y subcomisiones que sean necesarias para el
tratamiento y desahogo de los asuntos. Al interior de cada comisión, los parlamentarios
juveniles procederán a la elección de un presidente y un secretario, los cuáles serán
los responsables de presentar al pleno, los acuerdos a los cuáles se llegaron en la
misma.
CAPITULO III
DE LAS COMISIONES Y SUBCOMISIONES
DEL PARLAMENTO JUVENIL
Artículo 18. Comisiones y subcomisiones. Las comisiones son
organismos colegiados compuestos por el número de parlamentarios juveniles que resulte de
dividir el total de parlamentarios juveniles propietarios entre el número de comisiones,
con excepción de la Comisión de Evaluación y Seguimiento. El objeto de cada comisión,
es el estudio pormenorizado de cada una de las materias sometidas a su consideración y la
elaboración de propuesta de iniciativas, dictámenes, pronunciamientos o resolutivos
derivados del análisis correspondiente. Las comisiones y subcomisiones podrán hacerse
asesorar por especialistas en la materia.
2128,2129,2130
Artículo 19. Pertenencia a comisiones. El Parlamento Nacional
de la Juventud contará con tantas comisiones como sean las materias a debatir en cada
reunión. Cada comisión podrá contar con subcomisiones que le permitan el mejor desahogo
de las actividades a su encargo. Cada parlamentario juvenil, deberá pertenecer a una
comisión, conforme a una escala de preferencias. En caso de que se cubra el número de
parlamentarios de una comisión, por orden de inscripción en la misma, se tomará la
segunda prioridad del parlamentario y así sucesivamente, hasta que todos participen en
alguna comisión.
Artículo 20. Comisión de Evaluación y Seguimiento. El
Parlamento Nacional de la Juventud contará con una Comisión de Evaluación y
Seguimiento, que será de carácter permanente y estará constituida por los presidentes
de las comisiones y por los integrantes de la mesa directiva, elegidos en la sesión
inmediata anterior. Será presidida por el presidente de la mesa directiva.
Artículo 21. Decisiones al interior de las comisiones. Cada
comisión elegirá de entre sus miembros a un presidente, a un vicepresidente y a un
secretario, conforme al número de votos obtenidos, respectivamente. Los trabajos de las
comisiones serán coordinados por el presidente. Tomarán sus decisiones por mayoría
simple de sus miembros y sus presidentes tendrán voto de calidad en caso de empate.
Artículo 22. Quorum en la comisiones. Las comisiones y
subcomisiones sólo podrán sesionar y adoptar acuerdos cuando concurran a las reuniones
de las mismas la mayoría de sus integrantes.
Artículo 23. Prioridad de sesión. Las comisiones y
subcomisiones no podrán sesionar, cuando lo esté haciendo el Parlamento Nacional de la
Juventud.
Artículo 24. Informe de comisiones. Cada comisión presentará
al pleno un informe que contenga los nombres de los parlamentarios juveniles que la
integraron, quien la haya presidido y un resumen sustancial de los trabajos y de las
conclusiones y proposiciones que se someterán al pleno del Parlamento Nacional de la
Juventud. Dicho informe será elaborado por el secretario, con el apoyo del presidente y
del vicepresidente de la comisión. Los integrantes de la comisión, elegirán de entre
ellos a quien deba presentar el informe ante el pleno.
CAPITULO IV
DE LAS SESIONES DEL PARALMENTO JUVENIL
Artículo 25. Periodo de sesiones. El Parlamento Nacional de la
Juventud tendrá dos periodos de sesiones por año, que se realizará en los recesos de la
Cámara de Diputados y no podrán extenderse más allá del último día previo al inicio
de las sesiones de la Cámara de Diputados dispuesto por la ley. Podrá cambiar la sede de
sus sesiones cuando así lo decida la mayoría de los parlamentarios juveniles En cada
periodo se agotará la agenda de trabajo que se determine. Previamente a la realización
de cada sesión, se verificará que exista el quorum correspondiente.
Durante los recesos, el parlamento de la juventud estará representado
por su Comisión Permanente, la cual podrá convocar a sesiones extraordinarias, a
petición del presidente de la mesa directiva o por excitativa de las dos terceras partes
de los parlamentarios que la integren; debiéndose precisar por escrito el asunto o
asuntos a tratar y la duración de las mismas.
Artículo 26. Ceremonial. Tanto en la primera como la última
sesión del periodo de sesiones, se observará el protocolo de apertura y clausura
correspondiente, invitando a un representante de cada Cámara a la apertura y al cierre de
cada periodo de sesiones ordinarias.
Artículo 27. Quorum. El Parlamento Nacional de la
Juventud no podrá sesionar ni tomar acuerdos sin la concurrencia de la mayoría de sus
integrantes. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría de los parlamentarios juveniles
presentes. El voto es indelegable.
Artículo 28. Carácter y duración de las sesiones. Las
sesiones serán de carácter público y tendrán la duración que determinen en su
oportunidad los parlamentarios juveniles, de conformidad con la agenda de los asuntos a
tratarse. Las sesiones podrán prorrogarse previo acuerdo del pleno.
Artículo 29. Materias de atención de los parlamentarios
juveniles. El Parlamento Nacional de la Juventud está facultado para ejecutar y evaluar
tareas encaminadas a la consecución de los propios planes y programas de los jóvenes,
como son:
a) Integrar y mantener actualizados los padrones de militantes de las
organizaciones juveniles representados en el parlamento de la juventud.
b) Proponer y promover modelos de afiliación a las organizaciones
miembros del parlamento.
c) Elaborar el registro nacional de jóvenes y de organizaciones
juveniles.
d) Instrumentar en el parlamento de la juventud los acuerdos que en
materia de juventud proponga la Cámara de Diputados.
e) Llevar las estadísticas de las organizaciones juveniles.
f) Solicitar a la Cámara de Diputados y al Instituto Federal Electoral
cursos de capacitación electoral y de derecho parlamentario y de promoción de los
valores democráticos.
g) Evaluar el trabajo del Instituto Mexicano de la Juventud y hacer
comparecer a su titular para la rendición de cuentas.
Los parlamentarios juveniles no podrán promover, debatir ni votar
ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos ni aquellos reservados por ley
a los congresos locales, la Cámara de Diputados, la de Senadores o el Congreso de la
Unión. Con base en esto podrán presentar propuestas relacionadas tanto con asuntos
propios de la juventud, como con cualquier otro de interés para el mejoramiento
político, económico y social de México.
Artículo 30. Orden. Los asistentes a las sesiones mantendrán
una postura de respeto hacia el Parlamento Nacional de la Juventud y sus integrantes. El
público no podrá tomar parte en las discusiones o deliberaciones, salvo en el caso de
audiencia o foro público realizado con autorización del pleno del parlamento juvenil.
Artículo 32. Restricciones para el acceso al Parlamento
Nacional de la Juventud. No se permitirá la entrada al recinto oficial del Parlamento
Nacional de la Juventud a personas que se presenten armadas, en estado de embriaguez o
bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, narcótica o enervante o que pretendan
introducir objetos extraños sin someterlos a inspección.
Artículo 33. Reglamento interno. El Parlamento Nacional de la
Juventud contará con su propio reglamento interno, el cual será formulado, aprobado y
reformado por los propios parlamentarios juveniles.
CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
PARLAMENTARIOS JUENILES
Artículo 34. Derechos de los parlamentarios juveniles. Los
parlamentarios juveniles tendrán los derechos que a continuación se indican, así como
los establecidos expresamente por la presente ley.
I. Expresar libremente sus opiniones, no pudiendo ser reconvenidos o
enjuiciados por ellas.
II. Elegir y ser electos para integrar la mesa directiva, las
comisiones, subcomisiones del Parlamento Nacional de la Juventud.
III. Participar, al menos, en una comisión del Parlamento Nacional de
la Juventud.
IV. Participar en las deliberaciones, debates, discusiones y votaciones
de los posicionamientos, pronunciamientos, proposiciones e iniciativas que se realicen por
el Parlamento Nacional de la Juventud
V. Quedar inscrito en el directorio del Parlamento Nacional de la
Juventud y contar con la credencial de parlamentario juvenil e insignia que los acredite
como integrantes del Parlamento Nacional de la Juventud.
VI. Disfrutar del transporte, la alimentación y el hospedaje que les
brinden los congresos locales y la Cámara de Diputados para acudir a la realización de
las sesiones.
VII. Recibir, con anticipación de tres días cuando menos, los temas y
documentos que vayan a ser sujetos a debate por parte del pleno del Parlamento Nacional de
la Juventud.
Artículo 35. Obligaciones de los parlamentarios juveniles. Los
parlamentarios juveniles tendrán las obligaciones que a continuación se indican, así
como las establecidas expresamente por la presente ley.
I. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo
II. Cumplir con los acuerdos del pleno del Parlamento Nacional de la
Juventud, conforme a lo dispuesto por el presente ordenamiento;
III. Participar, al menos, en una comisión del Parlamento Nacional de
la Juventud;
IV. Asistir puntualmente tanto a las sesiones del Parlamento Nacional
de la Juventud, como a las de la comisión de la que forme parte;
V. Permanecer en el salón de sesiones del pleno del Parlamento
Nacional de la Juventud o de la comisión de la que forme parte;
VI. Dirigirse con respeto y cortesía a los demás parlamentarios
juveniles durante las sesiones;
VII. Votar a favor o en contra en las votaciones del pleno del
Parlamento Nacional de la Juventud o al interior de la comisión correspondiente. En caso
de abstención, deberá fundamentar debidamente la misma;
VIII. Tratar con consideración y respeto a los servidores públicos de
la Cámara de Diputados que apoyen el desarrollo de las actividades del Parlamento
Nacional de la Juventud, absteniéndose de participar en forma directa en asuntos
laborales o administrativos de la misma;
IX. Requisitar la cédula de identificación con los datos que le sean
solicitados para efecto de integrar el directorio del Parlamento Nacional de la Juventud.
CAPITULO VI
VINCULACION CON LAS INSTITUCIONES
Y LA SOCIEDAD
Artículo 36. Comunicación con la sociedad. El Parlamento
Nacional de la Juventud contribuirá a la edificación de mejores condiciones de vida para
la juventud y para la sociedad en general. Para el cumplimiento de lo anterior,
establecerá contacto y mantendrá comunicación permanente con las instituciones
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que sea necesario para el
cumplimiento de sus fines.
Artículo 37. Suministro de información. Las instituciones
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, proporcionarán al Parlamento
Nacional de la Juventud la información que les sea solicitada formalmente por éste, a
través de la mesa directiva o de los presidentes de las comisiones. Asimismo, analizarán
y en su caso atenderán las propuestas cuya factibilidad sea posible, de conformidad con
los recursos y programas de las instituciones.
Artículo 38. Participación en organismos juveniles. El
presidente de la mesa directiva del parlamento juvenil, participará de manera honoraria
en los órganos directivos de las instancias y organismos del Estado cuya finalidad sea la
de atender asuntos relacionados con la juventud. Tendrá voz en las deliberaciones
correspondientes.
Artículo 39. Difusión de resultados. Mediante el apoyo de la
Cámara de Diputados y en su caso de los congresos locales, el Parlamento Nacional de la
Juventud divulgará hacia la sociedad, las resoluciones, acuerdos, pronunciamientos e
iniciativas a las cuales llegue como resultado de las deliberaciones de los parlamentarios
juveniles.
Artículo 40. Información a la juventud. Los parlamentarios
juveniles harán del conocimiento de la población juvenil de sus respectivos centros
escolares, centros laborales y comunidades urbanas, rurales e indígenas las resoluciones
alcanzadas, los acuerdos obtenidos, las conclusiones a las cuales se haya llegado en las
sesiones y en su caso las iniciativas que se presentarán ante la Cámara de Diputados.
Artículo 41. Vinculación con la Cámara de Diputados. El
presidente de la mesa directiva del Parlamento Nacional de la Juventud, mantendrá
comunicación permanente con los órganos correspondientes de la Cámara de Diputados.
Asimismo, hará llegar a las comisiones de Equidad y Género y de Participación Ciudadana
de la legislatura, los pronunciamientos, acuerdos y resoluciones producto de los trabajos
realizados.
Artículo 42. Presentación de iniciativas. Siguiendo los
mecanismos establecidos en la ley, el Parlamento Nacional de la Juventud podrá presentar
ante la Cámara de Diputados, a través de los diputados que las asuman como propias, las
iniciativas de ley que para beneficio de la juventud o de la sociedad acuerde el pleno del
mismo.
La Cámara de Diputados recibirá las iniciativas del Parlamento
Nacional de la Juventud presentadas a través los diputados y les dará curso conforme a
lo dispuesto en su Ley Orgánica.
2131,2132,2133
CAPITULO VII
DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES INTEGRANTES
DEL PARLAMENTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Artículo 43. Las organizaciones juveniles que pretendan
incorporarse al parlamento de la juventud deberán ser de cobertura nacional y/o contar
cuando menos con 25 comités directivos estatales funcionando regularmente y/o contar con
cuando menos 5 mil miembros en el padrón que entregarán a la secretaria de la mesa
directiva.
Artículo 44. Las organizaciones nacionales juveniles que se
integren al Parlamento Nacional de la Juventud deberán distribuir los lugares que le
correspondan de la siguiente manera:
a) El 50% a jóvenes procedentes de su respectiva organización
territorial.
b) El 20% a líderes estudiantiles que acrediten su condición.
c) El 20% a jóvenes líderes de barrio, vecinales y/o indígenas que
acrediten su condición.
d) El 10% a líderes jóvenes de la sociedad civil y/o de
organizaciones mutualistas y de filantropía.
Artículo 45. Para que una organización nacional juvenil pueda
participar en el Parlamento Nacional, de la Juventud deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Presentar a la mesa directiva una solicitud de registro;
b) Formular y entregar un programa de trabajo
c) Presentar un listado con el nombre y domicilio de sus integrantes;
d) Los estatutos que normen sus actividades y
e) Acreditar antigüedad mínima de un año.
Artículo 46. La solicitud de registro deberá contener por lo
menos lo siguiente:
a) Fines de la organización
b) El compromiso de promover permanentemente la afiliación individual
y voluntaria de sus miembros a actividades políticas, de compromiso con los valores
democráticos y libertarios de México y
c) El compromiso de realizar las acciones y tareas necesarias para el
cumplimiento del programa del parlamento nacional de la juventud.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La presente iniciativa se enviará en forma simultánea
a las comisiones de la Cámara de Diputados para efectos del dictamen correspondiente, a
los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a las instituciones educativas, organizaciones
de jóvenes y organizaciones no gubernamentales de cobertura nacional con fines dirigidos
hacia la juventud. Previamente a la emisión del dictamen las comisiones a las que se haya
turnado la presente iniciativa considerarán las propuestas que resulten de dicha consulta
a la sociedad.
Tercero. Se procederá a revisar el marco jurídico y a realizar
las adecuaciones correspondientes en la legislación vigente, con objeto de adecuarla a lo
dispuesto por el presente ordenamiento.
Atentamente.
Palacio Legislativo, septiembre de 2001.— Los diputados: Benjamín
Anaya Velásquez y Jaime Cleofas Martínez Veloz, por el grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de la Juventud y Deporte y publíquese
íntegramente la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.
ARTICULOS 21,
73 Y 102 CONSTITUCIONALES
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado David Rodríguez Torres, del grupo
parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reforma a los
artículos 21, 73 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado David Rodríguez Torres:
Con su permiso, diputada Presidenta; secretarios de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión; señoras y señores diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en
esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa
por la que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a fin de establecer la corresponsabilidad de las autoridades federal,
estatal y del Distrito Federal en la investigación y persecución de los delitos contra
la Federación que determinen las leyes respectivas, misma que se fundamenta y motiva bajo
la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El fenómeno de criminalidad, principalmente la dedicada a la
producción, el tráfico y el consumo de drogas, representa hoy por hoy una grave amenaza
para la salud y la libertad, el bienestar de los ciudadanos de todo el mundo, a la vez que
atenta contra la estabilidad y la soberanía de los propios estados; se caracteriza
además por ser un fenómeno dinámico y complejo, por lo que tradicionalmente ha
planteado serios problemas para ser abordado de forma eficaz por las instancias de
gobiernos nacionales y supranacionales.
La capacidad de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de
drogas supera cualquier frontera y ámbito de competencia, y en consecuencia, amenaza el
orden y la seguridad de regiones, estados y naciones donde desarrollan sus actividades.
Por ello debemos entender con claridad que en nuestro país todos los órdenes de gobierno
son o deben ser corresponsables para enfrentar con decisión y eficacia este problema tan
lacerante.
La delincuencia común, la organizada y particularmente el
narcotráfico, no respetan límites ni ámbitos de competencia; lo mismo desarrollan sus
actividades en las zonas rurales que en las grandes ciudades, lo mismo en el campo que en
las grandes industrias. Por ello, las autoridades deben, sin abandonar la geografía de
sus atribuciones, la de perfeccionar y adecuar su marco de actuación para enfrentar con
eficacia el combate al crimen. No es momento para dilataciones ni pérdida de energía con
debates o discusiones sobre lo que es o ha sido el marco jurídico mexicano; sino lo que
reclaman los nuevos retos para la persecución e investigación de los delitos,
particularmente de los que más agravian a la sociedad.
Si bien es imperioso seguir fortaleciendo los mecanismos de
cooperación internacional que hoy comienzan a rendir mejores frutos, también lo es el de
redimensionar la colaboración de las autoridades a nivel nacional; es decir, de las
autoridades locales con las federales en el combate al crimen. A fin de cuentas, las
acciones que se emprendan en colaboración habrán de reflejar sus resultados tanto en el
interior como en el exterior de las naciones. Será entonces cuando podremos hablar de
esfuerzos y logros realmente compartidos.
Lo hemos reiterado: la delincuencia organizada, como lo es el
narcotráfico, amenaza a la seguridad nacional, porque vulnera los valores más
importantes de un Estado, porque debilita las instituciones y daña el Estado de derecho y
porque la extraordinaria cantidad de recursos que maneja llega a poner en entredicho la
capacidad de las autoridades para enfrentarlo. Pero, además, es indispensable que los
procedimientos y los mecanismos de colaboración nacional se vean reflejados adecuadamente
y no se diluyan en meras expectativas de coordinación, en muchos de los casos, y que la
búsqueda de culpables no esté cobijada en la falta de competencia, por parte de las
autoridades locales.
Estamos convencidos que sólo a través de una formulación de
políticas, estrategias, acciones integrales y corresponsales en el nivel nacional, se
logrará mayor eficiencia y eficacia en la lucha contra el crimen, como el narcotráfico.
Es responsabilidad de todas las instituciones de esta Federación, que
intervienen en la prevención, la persecución, la represión del delito y la
readaptación del delincuente, coadyuvar en la consecución de esta propuesta. La premisa
es constituir un frente común ordenado, integral y coherente. Ya no es posible que
algunos importantes esfuerzos no tengan el impacto esperado, por haberse hecho de manera
aislada y discontinua.
Hace falta, en consecuencia, el establecimiento de un nuevo marco
jurídico que privilegie los esfuerzos e involucre las potencialidades para mejores
resultados; donde la sociedad vea en el Estado no una pulverización de los esfuerzos,
sino una sintonía y una solidez en el combate a la criminalidad, bajo una óptica
integra, así como en atención a la premisa de corresponsabilidad institucional que
debemos fortalecer.
El enfoque integral para enfrentar el delito debe hacerse bajo dos
vertientes esenciales: eficiencia y eficacia, por un lado y corresponsabilidad
institucional por el otro. La corresponsabilidad implica precisión en las tareas y en las
acciones y ágil vinculación interinstitucional en la suma de esfuerzos, no de manera
caprichosa o de libre albedrío, sino como un deber y una obligación de Estado.
La corresponsabilidad en la lucha contra el fenómeno del narcotráfico
implica la acción de todas las dependencias del Ejecutivo Federal, pero también una
mayor corresponsabilidad en los niveles municipal y estatal. Lo anterior hace necesario un
replanteamiento de las competencias en el combate a este fenómeno.
En este sentido, se propone que las autoridades locales asuman cada vez
mayor responsabilidad; así por ejemplo cabe resaltar que el fenómeno del narcotráfico
se manifiesta frecuentemente en las ciudades de todo el país, por lo que las autoridades
deben estar en posibilidad de actuar inmediatamente bajo circunstancias y condiciones
específicas; que las entidades federativas estén facultadas para conocer de delitos que
hoy son de competencia del orden federal. Sin duda éste es un planteamiento novedoso,
pero que de ninguna manera debilita ni quebranta, sino por el contrario es acorde con las
tendencias de un nuevo federalismo, que dé respuestas a la demanda social de seguridad
pública que demandan los ciudadanos.
Es importante detenernos a reflexionar sobre la transcendencia de esta
iniciativa, porque incorpora no sólo a las autoridades federales, sino también a las
locales, en un esfuerzo por combatir de manera más amplia el fenómeno de la
criminalidad, particularmente del narcotráfico. Con pleno respeto a las esferas de
atribuciones locales y federal, las autoridades de las entidades federativas y las
federales deben involucrarse más en los esquemas de corresponsabilidad y no sólo de mera
coordinación o de meros auxiliares de las autoridades federales.
Al conocer este tipo de delitos, las procuradurías estatales pueden
constituirse no sólo en instancias de recopilación de información oportuna o en meros
ayudantes de las autoridades federales, sino en verdaderos órganos de investigación y
persecución de determinados delitos, porque en el combate a este tipo de delincuencia, la
única frontera que debe tenerse es la de la improvisación, la ineficacia y la
corrupción.
Ha quedado en evidencia que varios de los modelos tradicionales,
normativos e institucionales necesitan ser evaluados y, en muchos casos, completamente
redimensionados. Hemos reconocido que la legislación mexicana no responde a los
requerimientos actuales para el combate al crimen organizado y particularmente al
narcotráfico.
Es muy grato observar que estamos rompiendo con paradigmas, inercias y
rezagos ancestrales al postularnos por una nueva concepción normativa frente al crimen
organizado. Predomina ya la necesidad de un nuevo esquema jurídico para luchar contra la
delincuencia organizada, como es el narcotráfico; Ejecutivo Federal, legisladores,
jueces, altos mandos policiales, juristas y especialistas en el tema coinciden en este
imperativo.
Es muy importante el esfuerzo que la Cámara de Diputados realice para
reflexionar en torno a este fenómeno y aportar elementos que integren al sistema
jurídico mexicano nuevas herramientas para hacer una lucha más eficiente.
El problema del narcotráfico no es coyuntural. Es un problema
histórico que hoy tiene nuevas formas de manifestación y que de no detenerlo provocará
consecuencias de descomposición social y de debilitamiento institucional inimaginables.
Luchar contra el crimen, además de una obligación, es un presupuesto
para la consecución del estado de derecho, la democracia, la armonía y la paz social.
Más aún, la medida que se propone es necesaria, porque como lo han
reconocido los propios ideólogos de las políticas de emergencia, la denominada
delincuencia organizada produce también delincuencia común que le es parasitaria, lo
cual pone de manifiesto que ambas se encuentran tan íntimamente vinculadas que cualquier
esfuerzo para hacer una distinción nítida, resultaría arbitrario. En ese sentido,
también se justifica el que los gobiernos locales participen activa y directamente en la
investigación y persecución de delitos de carácter federal, como en su momento también
lo llega a ser la Federación mediante el instrumento de atracción.
La necesidad de fortalecer la colaboración de los diferentes órdenes
de gobierno tiene ya antecedentes en nuestro sistema de justicia y seguridad pública. El
reconocimiento más notable de esta exigencia se dio con la reforma al artículo 21
constitucional en el año de 1994, donde a nivel constitucional se aborda el tema de la
seguridad pública, desde una visión integral y de colaboración entre los diversos
órdenes de gobierno.
2134,2135,2136
En efecto, en la exposición de motivos de dicha iniciativa, como de
los dictámenes respectivos de la cámaras del Congreso, se reconoció la necesidad de
concertar las acciones de los diversos niveles o planos del Estado; es decir, de la
Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, para entender y
atender este asunto completo y apremiante, considerando que la seguridad pública es una
función distribuida entre los diversos niveles de gobierno, conforme al ámbito de sus
respectivas competencias. Con esta reforma se sienta el deber de las autoridades y el
derecho de los gobernados a la seguridad pública, encuadrándola dentro de los preceptos
de garantías individuales.
La reforma incorpora en el quinto párrafo del artículo 21, los
principios que deben normar la actividad de las instituciones policiales: legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez. Así se hizo también en lo que hace a la carrera
judicial y al consejo de la judicatura, temas de la misma reforma de 1994, de donde se
deduce que la Constitución no distingue entre las distintas instituciones y funciones
policiales existentes. Por ello se concluye que el nuevo concepto abarca tanto a los
cuerpos policiales de prevención como a los de investigación y persecución de los
delitos.
Derivado de esta reforma constitucional se dio origen a "un
Sistema Nacional de Seguridad Pública", cuyo precedente, de mayor alcance, se halla
en el "Sistema Nacional de Procuración de Justicia", incluido en la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República de 1983, por reformas de 1987. Esta
adición constitucional considera, como ya se dijo, la necesaria coordinación entre los
diversos planos de gobierno, proponiendo que esa coordinación quede regulada por una ley,
misma que fue expedida en diciembre de 1995 por el Congreso de la Unión, conforme a la
facultad conferida en la fracción XXIII del artículo 73 constitucional. Esta ley es
conocida como la Ley General que Establece Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Es por estas reformas constitucionales, como se introducen valiosos
elementos para establecer políticas, que de manera integral, coincidente y coordinada
entre Federación, estados, Distrito Federal y municipios se pretendió hacer frente a la
problemática de inseguridad pública y se dan las bases para la definición de una
política criminológica.
Incluso la citada ley señala en su artículo 3o. que "conforme al
artículo 21 constitucional y para los efectos de esta ley, la seguridad pública es la
función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de
las personas, así como para preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Las
autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la
prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la
reinserción social del delincuente y del menor infractor... La función de la seguridad
pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las
autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las
responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores
infractores, de las encargadas de la protección de las instalaciones y servicios
estratégicos del país, así como por las demás autoridades que en razón de sus
atribuciones deban contribuir directa e indirectamente al objeto de esta ley".
Asimismo en la citada Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública se
plantean conceptos tales como:
1) La coordinación de la Federación, estados y municipios para la
seguridad pública;
2) Del Consejo Nacional de Seguridad Pública como instancia superior
de coordinación del sistema nacional;
3) De los consejos locales de coordinación;
4) De la actuación y formación de los miembros de las instituciones
policiales estableciendo la carrera policial como elemento básico;
5) Del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública;
6) Del Registro Nacional de Armamento y Equipo;
7) Base nacional de datos sobre presuntos responsables, indiciados,
procesados o sentencia;
8) De la participación de la comunidad y
9) Los servicios privados de seguridad.
Como se ha podido observar y como ya se dijo, con la reforma de 1994,
se abrió la puerta para empezar a considerar a la seguridad pública en una visión
global, una responsabilidad del Estado, una eficaz coordinación de los tres niveles de
gobierno y un Sistema Nacional de Seguridad Pública que se vio complementado con la ley
respectiva. Sin embargo, a pesar de estos propósitos y a seis años de ello, no se
cumplió con las metas propuestas, que obviamente exigían en nuestra situación respuesta
rápida, a fin de no agravar el problema de la criminalidad.
Podemos afirmar que el sistema de coordinación entre Federación,
estados, Distrito Federal y municipios está en una trinchera de cuestionamientos. Incluso
hay quienes han sostenido; que dicha coordinación fracasó; que ello se refleja en los
resultados en el combate a la delincuencia.
Precisamente por eso es que consideramos pertinente dar un paso
novedoso a la conformación de un sistema adicional y mucho más ambicioso para sumar las
potencialidades de la Federación y de las entidades federativas para combatir el crimen;
por lo cual se propone establecer la obligación tanto de las autoridades locales como de
la Federación para que participen corresponsablemente en la investigación y persecución
de los delitos de orden Federal, de conformidad con las disposiciones que establezca la
ley.
Esta propuesta de ningún modo viene a sustituir el sistema de
coordinación que se ha referido, por el contrario viene a sumarse como un instrumento
jurídico que permita una mejor respuesta a la criminalidad por parte de las autoridades
de los órdenes de gobierno Federal y estatal.
Tal vez, para muchos juristas o doctrinarios esto pueda resultar una
propuesta inviable, no obstante ya hemos acotado que en los antecedentes históricos se
han dado señales para la urgente revitalización de la debida colaboración de los
órdenes de gobierno en esta materia.
Tal vez la única justificación en contra de este proyecto sea el
perjuicio o los tabúes que puedan generarse a este respecto, pero ante la criminalidad es
necesario redimensionar los esquemas clásicos institucionales, que hasta el momento han
tenido un saldo negativo.
Sin duda un punto importante en la agenda para la transición
democrática es el rumbo a tomar en la lucha contra las organizaciones criminales,
principalmente las vinculadas al tráfico de drogas. No se puede negar, que hasta ahora
han sido insuficientes los esfuerzos dirigidos a dar significado al ímpetu democratizador
en el ámbito de las políticas contra esta forma de delincuencia organizada. De aquí la
importancia y la necesidad de someter al análisis alternativas a este respecto, como la
que hoy se plantea en esta iniciativa.
La actual justificación dogmático-normativa de la concentración de
facultades por parte de la Federación en materia de determinados delitos, como es el de
la salud; se funda en la fracción XXI del artículo 73 constitucional, que establece como
una de las facultades del Congreso de la Unión, la "de establecer los delitos y las
faltas contra la Federación y fijar los castigos, que por ello deban imponerse".
En este sentido, el legislador federal ordinario interpretando esto, ha
establecido en diversas disposiciones cuales son los delitos de carácter federal. Es así
que determinó en el inciso a fracción I, del artículo 50 de la Ley del Poder
Judicial de la Federación, que son delitos del orden federal, "Ios previstos en las
leyes federales"...
Bajo este panorama, parece haber habido una equivocación de
interpretación por parte del legislador ordinario, toda vez que la Carta Fundamental
faculta al Congreso de la Unión para establecer delitos "contra la Federación"
y no para establecer delitos del orden federal, que es cosa muy distinta. En tal virtud,
de lo establecido en la Ley Orgánica citada se desprende que son delitos federales los.
previstos en las leyes federales, por ése solo hecho.
Lo anterior deriva que toda conducta establecida como delito en una Ley
Federal, da a la conducta ilícita, el carácter de federal, independientemente de
cualquier otra consideración.
Es así, que bajo esta interpretación a la fracción XXI de artículo
73 constitucional, implica que una vez que el legislador ordinario federal incorpora una
conducta como delito en las leyes federales, las entidades federativas quedan impedidas en
dichas materias y algunas de las veces prácticamente marginadas.
La concentración en el ámbito de la Federación de las facultades
legislativas, jurisdiccionales y ejecutivas de determinados delitos como los vinculados
con el narcotráfico ha derivado en una afectación de la autonomía política de las
entidades federativas, así como en el sacrificio de sus márgenes de gobernabilidad o de
actuación contra determinados delitos, en perjuicio de la seguridad pública de los
habitantes del Estado.
La seguridad pública, entendida como la función a cargo del Estado,
que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención del delito,
debe ser un asunto donde participe de manera activa la comunidad directa, municipal o
local.
En ello consiste el principio de inmediatez que se desprende del
federalismo, en la satisfacción de las demandas del gobernado, en primer término, por la
comunidad inmediata y, sucesivamente, por las instancias estatal y Federal. Este
principio, que ha orientado la evolución reciente de la seguridad pública, ha operado en
sentido inverso en la lucha contra determinada delincuencia, como lo es el caso de los
vinculados con el narcotráfico.
Estamos de acuerdo que la justicia penal, es una función que debe
definirse según el bien jurídico tutelado. De ahí que sea válida la existencia de una
esfera penal Federal y las locales. Pero también responde al principio de inmediatez
derivado del federalismo, de modo que los bienes jurídicos deben ser protegidos por las
instancias de gobierno más inmediatas, salvo las excepciones de la propia Carta Magna.
Aunque también estamos conscientes que el ejercicio de la justicia
penal no puede considerarse como una facultad a ejercitar por los municipios, ya que la
jurisdicción, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 49 y 116
primer párrafo de la Constitución, sólo puede ser ejercida en los ámbitos federal y de
los estados, no en el municipal, en virtud de que este orden de gobierno no cuenta
propiamente con poderes judiciales.
Efectivamente, la inmediatez en materia de seguridad pública y de
justicia, desde la visión integral que ya hemos acotado, no excluye, sino da sentido al
principio de solidaridad y subsidiaridad, que ésta o debe entenderse explícito en el
federalismo, cuya naturaleza exige que ninguna instancia intermedia de gobierno pueda ser
abandonada a su suerte ante amenazas a su existencia política. La Federación está para
apoyarlas y a subsanar sus deficiencias, siempre que las medidas adoptadas para ello
tengan un carácter transitorio o circunstancial; de lo contrario al prolongarse en el
tiempo la incapacidad de los estados y municipios, para combatir con éxito la
delincuencia en cualquiera de sus formas, cesarían las razones jurídicas y políticas
para su subsistencia como componentes del Estado Federal.
Por otra parte, hay que considerar que los gobiernos locales también
se han visto mermados en su actuación, por virtud del principio de conexidad aparejado a
la comisión de delitos del fuero federal. El principio de conexidad lo establece el
párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, que dispone que
Ias autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando
éstos tengan conexidad con los delitos federales.
Es así, que aunque el delito federal quede a la postre desvirtuado,
los jueces federales siguen conociendo de los delitos del fuero común considerados
conexos, de conformidad con el criterio de tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación a este respecto.
El resultado de esto es que la concentración de facultades en materia
de delitos por conexidad, no sólo excluye a las entidades federativas de la lucha contra
determinadas conductas delictivas, sino que en estos casos las relega de los delitos del
fuero común conexos a la delincuencia del orden federal, como la narco-criminalidad,
aunque al final se demuestre que se trata de delincuentes comunes.
Además, el esquema descrito que permite la concentración de
facultades de la Federación en delitos de suma gravedad, no sólo afecta a las entidades
federativas como tales, sino que se traduce en una afectación también a los gobernados,
en cuanto a su derecho a la seguridad y el orden en su persona, familia y patrimonio, que
deben proporcionar las autoridades más inmediatas.
Por eso y ante el ímpetu de democratización hace necesario la
revisión de los presupuestos sobre los que se ha diseñado el modelo vigente de lucha
contra el crimen, particularmente del que más vulnera a la sociedad, el narcotráfico.
Como en otros ámbitos de la vida pública, el fortalecimiento de un
auténtico federalismo será una de las claves para emprender el reajuste de las
instituciones de seguridad y justicia, en las que se incluye obviamente las responsables
de la investigación y persecución de los delitos a los nuevos tiempos.
Sólo la adecuación correcta y pertinente de la distribución
constitucional de competencias y la debida corresponsabilidad de los órdenes de gobierno
estatal y Federal en el combate al crimen puede lograr un combate mejor y más eficaz que
el actual, de no darse el perfeccionamiento del marco legal y la suma de esfuerzos, lo que
se vislumbra es que no sólo habremos perdido la batalla, sino la guerra contra este
fenómeno social tan deplorable. Además de que los estados de la República no podrán
comprometerse cabalmente con la seguridad de sus gobernados.
2137,2138,2139
Por ello es importante, que se faculte a los estados de la Federación,
así como al Distrito Federal de la posibilidad de investigar y perseguir aquellos delitos
contra la Federación que determinen las disposiciones ordinarias correspondientes. Con lo
que se deja al legislador ordinario para establecer los casos o conductas delictivas de
esa naturaleza a las que quedan facultadas las autoridades locales, como bien puede ser el
caso de los delitos más frecuentes en las entidades federativas como son los delitos
contra la salud.
Con estas reformas se pretende, como se hizo en su momento con las
reformas en materia de seguridad pública, transformar radicalmente la concepción de
colaboración entre las autoridades locales y Federal en cuanto a la investigación y
persecución de los delitos, en su contenido y alcance y que sea el auténtico federalismo
un sistema que redunde en beneficio de la sociedad y no una concepción equívoca que sea
un obstáculo para la función estatal de persecución del delito.
Hasta ahora parece insuficiente el simple esquema de coordinación para
la investigación y persecución de determinados delitos. No ha sido suficiente el
establecimiento de convenios de coordinación, ni que en la propia Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República se haya establecido en la fracción X del artículo
2o., que entre las funciones que le corresponden al, Ministerio Público de la Federación
está la de "convenir con las autoridades competentes de las entidades federativas
sobre materias del ámbito de su competencia". Disposición que se encuentra
complementada con el artículo 12 de la citada ley, al disponer prácticamente que dicha
facultad es para que las autoridades locales colaboren como auxiliares del Ministerio
Público Federal.
Es así, que dichos convenios de colaboración sitúan en desventaja a
las autoridades locales, primero por que dicha función queda al consentimiento de las
partes y más de la voluntad de la autoridad Federal y por otra, porque al situarse a las
autoridades locales como meros auxiliares limita o disminuye su función como investigador
o persecutor de delitos contra la Federación.
Incluso esto es indispensable ante el aliento que ha tenido la
delincuencia organizada en nuestro país y su expresión en entidades federativas como son
el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Durango, Michoacán, Sinaloa,
Quintana Roo, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California y el Distrito
Federal.
Por ello, urge un replanteamiento profundo y más sólido de las
instituciones y acciones de la procuración de los delitos. Resulta insoslayable y urgente
optimizar las acciones públicas para contrarrestar los perniciosos efectos del incremento
y proliferación de la delincuencia. La respuesta que aquí se plantea en ese sentido se
inspira, mediante la creación de un marco jurídico constitucional que siente las bases
para la corresponsabilidad y fortalecer la colaboración institucional responsables de la
procuración de justicia.
Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de
esta Asamblea nacional, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman los artículos 21, 73 y 102 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Unico. Se reforma el párrafo segundo del artículo 102 y se
adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y un párrafo segundo a la fracción XXI del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar
como sigue:
"Artículo 21. . . . . .
La Federación, los estados y el Distrito Federal serán
corresponsables de investigar y perseguir aquellos delitos contra la Federación, que se
señalen de conformidad con la ley. . . .. . .. . .
Artículo 73...
I a la XX. . .
XXI. . .
Las autoridades de los estados y del Distrito Federal conocerán de los
delitos contra la Federación, de conformidad con lo que dispongan las leyes.
XXII a la XXX. . .
Artículo 102. . .
Incumbe al Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la presente
Constitución, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden
Federal y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión
contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de
éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de
justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos
los negocios que la ley determine. . . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días (o
cuando inicie un año) siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en Palacio Legislativo, a 31 de octubre de 2001.— Diputados: David
Rodríguez Torres, José C. Borunda Zaragoza, David Rodríguez Torres, Abelardo Escobar
Prieto, M. Eugenia Galván Antillón, César Patricio Reyes Roel, Francisco Jurado
Contreras, Manuel Narváez Narváez, G. Arturo Meza de la Rosa y Luis Villegas
Montes.»
Diputada Presidenta, le voy a solicitar, si me autoriza, reducir la
lectura de la exposición de motivos por respeto al tiempo de la Asamblea y solicitarle al
mismo tiempo que sea incluida totalmente en el Diario de los Debates.
La Presidenta:
Con mucho gusto.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y provéase su
publicación íntegra en la Gaceta Parlamentaria.
LEY FEDERAL DE
CINEMATOGRAFIA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Félix Salgado para presentar una
iniciativa de reforma a la Ley General de Cinematografía.
El diputado José Félix Salgado Macedonio:
Gracias, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados;
honorable Asamblea:
«En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por los artículos 55 fracción II 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal por el
Partido de la Revolución Democrática José Félix Salgado Macedonio propone ante la
consideración de esta soberanía, iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que
se reforma y modifica el artículo 37 párrafo segundo de la Ley Federal de
Cinematografía apoyándome para ello en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La ley es sin duda la fuente inmediata de mayor importancia para un
Estado que se precia de ser democrático y de derecho, es por ello que se estima de
fundamental trascendencia que la función legislativa contribuya a velar por que su
contenido sea en efecto general, abstracto e impersonal, a fin de evitar que de su letra
se desprendan situaciones excluyentes en perjuicio de los gobernados con franca
infracción a las garantías de igualdad contempladas en diversas disposiciones de nuestra
Carta Magna.
En otro orden de ideas y abocándonos al tópico que nos interesa
abordar, vale la pena que recordemos que la figura del sindicato es plenamente reconocida
en diversos dispositivos de la Ley Federal del Trabajo y específicamente por mandato de
los artículos 368 y 374 de ese ordenamiento, un sindicato legalmente conformado se reputa
como persona moral con derechos y obligaciones, produciendo su registro efectos ante todas
las autoridades.
Expresado lo anterior, si un sindicato de trabajadores ha sido
legalmente conformado y registrado ante las autoridades competentes lo lógico sería que
fuera el mismo legislador quien en primer término tuviera la obligación ineludible de
respetar los efectos y derechos que la ley le atribuye a la figura del sindicato; sin
embargo el artículo 37 párrafo segundo de la Ley Federal de Cinematografía al precisar
que el comité técnico al que alude sólo puede ser integrado, entre otros, por un
representante del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la
República Mexicana, resulta ser un verdadero contrasentido a lo dispuesto por la Ley
Laboral vigente en virtud de que con su redacción tan injustificadamente limitativa,
desconoce la existencia de agrupaciones sindicales diferentes a la especificada en su
texto tales como el "Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica,
Similares y Conexos de la R.M" (S.T.C.) que data desde el año de 1939 y que, hasta
el momento ha sido el único Sindicato Nacional de Industria del Cine. Es por lo anterior
que se afirma que la redacción actual del párrafo en comento coarta el legítimo derecho
que asiste a otros sindicatos legalmente constituidos y debidamente registrados ante las
autoridades correspondientes de participar en el comité técnico al que queda referido y,
ante esta tesitura no nos queda más que reconocer que el párrafo del artículo sometido
a estudio es contrario a los principios de equidad, justicia e igualdad consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal del
Trabajo.
Por lo antes expuesto y con el propósito legítimo de evitar
exclusiones injustificadas contrarias a todo régimen de derecho es que se propone ante
esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforma y modifica el artículo 37 párrafo segundo de la
Ley Federal de Cinematografía.
Artículo único. Se modifica el párrafo segundo del artículo
37 de la Ley Federal de Cinematografía para quedar como sigue:
"Artículo 37. El fideicomiso contará con un comité
técnico que se encargará de evaluar los proyectos y asignar los recursos.
Dicho comité se integrará por un representante de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; uno del Instituto Mexicano de Cinematografía; uno por la
Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; uno designado de común acuerdo
por los diversos sindicatos de cinematografistas de la República Mexicana, uno de los
productores, uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, a través de sus
organismos representativos."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 23 de octubre de 2001.— Diputados: José
Félix Salgado Macedonio; Enrique Herrera y Tomás Torres.»
La Presidenta:
Túrnese a las comisiones unidas de Radio, Televisión y
Cinematografía y de Cultura.
ASISTENCIA (II)
La Presidenta:
Le solicito a la Secretaría proceda a cerrar el registro
electrónico de asistencia.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la
asistencia de 437 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
LEY GENERAL
DE EQUILIBRIO ECOLOGICO
Y PROTECCION AL AMBIENTE
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Diego Cobos Terrazas, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que
reforma diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.
El diputado Diego Cobo Terrazas:
¡Buenos días! Con la venia de la Presidencia; compañeras y
compañeros diputados:
«Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio
Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga
Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo
Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro
Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule,
Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado,
diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los
artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
iniciativa.
2140,2141,2142
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y
modificada el 13 de diciembre de 1996. Desde su entrada en vigor esta Ley ha buscado
establecer en nuestro país los criterios planes y programas: para una política ambiental
basada en el desarrollo sustentable, que busque garantizar el derecho a un medio ambiente
adecuado para el desarrollo y bienestar de los mexicanos de ésta y las siguientes
generaciones. Sin embargo, a la luz de los hechos y las experiencias nos podemos percatar
sobre la necesidad de adecuar y actualizar diversas disposiciones en materia de
ordenamiento ecológico del territorio, impacto ambiental y sistema de áreas naturales
protegidas, pues es en estos aspectos en donde se centran los esfuerzos de la errática
política ambiental y que muestran hoy día signos de debilidad y lagunas jurídicas que
evitan la aplicación de medidas tendientes a prevenir, mitigar y revertir los daños al
medio ambiente.
La presente iniciativa busca hacer ajustes en aquellas áreas que
resultan vitales para la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales de nuestro país.
Las modificaciones propuestas resultan de vital importancia, toda vez
que la situación ambiental del país así lo demanda. México es hoy víctima de elevados
niveles de deforestación que en el caso de las selvas tropicales llegan al 5% anual, lo
que significa que para el año 2010, de mantenerse esta tendencia, nuestro país habrá
perdido la totalidad de estos ricos ecosistemas. Los bosques templados, por su parte,
también presentan graves afectaciones que en muchos de los casos son ya irreversibles por
el grado de erosión de los suelos. Los procesos de urbanización e industrialización
avanzan sin los controles suficientes de planeación, poniendo en riesgo no solamente al
ambiente, sino también la estabilidad social y económica en las grandes urbes. Es el
caso de la Ciudad de México, cuyos problemas de disponibilidad de agua serán en un
futuro cercano motivo de conflictos sociales graves.
En lo que respecta a la biodiversidad hemos sido incapaces de detener
el trafico ilegal de flora y fauna silvestres y aunado a ello debemos ahora sumar los
efectos negativos producto de los adelantos tecnológicos, como lo es la biotecnología,
que no sólo ha traído importantes beneficios a la humanidad, sino también grandes retos
ambientales que enfrentar. Así lo demuestra la contaminación del maíz criollo, nativo
de nuestro país, que irresponsablemente fue contaminado genéticamente de forma
irreversible, poniendo en riesgo su existencia.
Estos son sólo algunos datos alarmantes de la grave situación
ecológica que padecemos y para los cuales proponemos hoy mediante esta iniciativa los
instrumentos que consideramos adecuados para atacar parte de esta problemática.
Estamos convencidos que sin la participación activa de la sociedad
estos grandes retos ambientales no podrán ser resueltos, por lo que también estamos
proponiendo una mayor participación social a través de mejorar los esquemas de consulta
pública ya previstos actualmente, pero ineficaces en su aplicación. La experiencia de
Xcacel en Quintana Roo, que llevó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de esta Cámara a realizar un foro de participación y consulta ciudadana, evidenció la
madurez de la ciudadanía y fue ejemplo de una actitud cívica, participativa y
responsable, que necesariamente debe ser incorporada a las nuevas reglas democráticas del
país.
Así pues, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la
presente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante el cual se adicionan las fracciones XXXVI y XXXVII al
artículo 3o. y las fracciones V y VI al artículo 49; se reforman los artículos
20-bis-2, 28, 28-bis-2, 33, 34, 35, 37-bis, 46, 54, 57, 58, 60, y 65 y se adiciona un
artículo 37-ter, todos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.
Artículo primero. Se adicionan las fracciones XXXVI y XXXVII al
artículo 30 y las fracciones V y VI al artículo 490, ambos de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 3o. . .
I a la XXXV. . .
XXXVI. Flora y/o fauna exótica: las especies vegetales y/o animales
respectivamente, así como los hongos y microorganismos que, sin ser originarios del
territorio nacional o nativos de un ecosistema determinado, son introducidos y se
desarrollan dentro del mismo de manera libre o bajo el control del hombre, alterando la
composición natural de dicho ecosistema.
XXXVII. Organismo genéticamente modificado: cualquier organismo cuya
información genética haya sido alterada por acción del ser humano, cambiando su
composición u orden natural.
Artículo 49. En las zonas núcleo de las áreas naturales
protegidas, quedará expresamente prohibido:
I a la IV. . .
V. Realizar obras o actividades que impacten, degraden o alteren los
ecosistemas;
VI. Introducir especies de flora y/o fauna exótica u organismos
genéticamente modificados.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 20-bis-2, 28,
28-bis-2, 33, 34, 35, 37-bis, 46, 54, 57, 58, 60 y 65, todos de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
"Artículo 20-bis-2. Los gobiernos de los estados... . . .
Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área
natural protegida, competencia de la Federación o parte de ella, el programa deberá ser
elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los gobiernos de los estados o
el Distrito Federal, según corresponda.
Artículo 28. La evaluación de impacto ambiental...
. . .I. . .
II. . .. . .
XIV. La liberación al ambiente de organismos genéticamente
modificados.
Artículo 33. Tratándose de las obras y actividades a que se
refiere el artículo 28, la Secretaría notificará...
Artículo 34. Una vez que la Secretaría reciba una
manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo
35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por
cualquier persona. La utilización de la información contenida en los expedientes con
fines de lucro en perjuicio del promovente de la manifestación de impacto ambiental,
será objeto de la sanción administrativa a que se refiere esta ley, sin perjuicio de lo
dispuesto por otros ordenamientos.
La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que
se trate, llevará a cabo una consulta pública conforme a las siguientes bases:
I. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la
Federación la solicitud de autorización de impacto ambiental, así como la
manifestación de impacto ambiental y/o los informes preventivos que hubiere proporcionado
el promovente y pondrá a disposición del público en general cualquier información
adicional al respecto.
II. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la
Federación y en un periódico de amplia circulación local tratándose de las obras o
actividades previstas en las fracciones IV, V, VI y VIl del artículo 28 y en un
periódico nacional, tratándose de las obras y actividades previstas en las fracciones I,
ll, III, VIII, IX, X , XI, XII, XIII y XIV del mismo artículo, la convocatoria para
llevar a cabo la consulta pública. La convocatoria señalará el lugar exacto de su
realización, la hora, la fecha en la que se llevará a cabo la consulta pública.
Cualquier persona que se presente a la consulta pública podrá
participar si así lo solicita y su opinión no podrá ser reconvenida, salvo en el caso
de que se propinen injurias o se incite al desorden.
La consulta pública será responsabilidad de la Secretaría, la cual
proveerá de lo necesario para su correcto desarrollo; de igual manera la Secretaría
fijará las reglas de la consulta, que no tendrán más límite que el respeto al derecho
de todos los asistentes para participar.
III. Los promoventes de la autorización de impacto ambiental podrán
solicitar a la Secretaría su intervención para llevar a cabo mesas de trabajo conjuntas
con las autoridades locales y demás interesados, independientemente de la consulta
pública.
IV. Invariablemente los resultados de las consultas públicas deberán
ser consideradas entre los elementos en que se base la Secretaría para emitir su
resolución. Las opiniones que se hubieren recibido por escrito en las consultas públicas
serán consignadas en la resolución.
En el caso en que nadie solicitara la realización de una consulta
pública, cualquier persona podrá hacer llegar por escrito a la Secretaría sus
observaciones sobre la obra o actividad de que se trate y proponer el establecimiento de
medidas de prevención y mitigación provisionales, las cuales deberán de ser
consideradas por la Secretaría entre los elementos en que se base para emitir su
resolución. Dichas observaciones deberán ser consignadas en la resolución.
V. Todas las observaciones propuestas y comentarios que se reciban por
escrito en el proceso de una consulta pública o en el supuesto del párrafo inmediato
anterior deberán ser consignadas en las resoluciones respectivas que emita la Secretaria
sobre las autorizaciones de impacto ambiental. Cada una de ellas deberá ser analizada por
la Secretaria señalando y fundando puntualmente el motivo por el que se aceptaron o
desecharon, según sea el caso.
Artículo 35. Una vez presentada la manifestación de impacto
ambiental...
. . . . . .
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría
emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que
deberá:
. . .
Artículo 37-bis. Las normas oficiales mexicanas en materia
ambiental son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán su
ámbito de validez, vigencia, gradualidad en su aplicación y sanciones administrativas
por su incumplimiento sin perjuicio de las previstas en otros ordenamientos.
Artículo 46. Se consideran de áreas ....
I a la IX. . . .
X. . .
. . .
Los gobiernos de los estados y el Distrito Federal en los términos que
establezca la legislación local en la materia, podrán establecer parques y reservas
estatales. Dichos parques y reservas estatales no podrán establecerse en zonas
previamente declaradas como áreas naturales protegidas de competencia de la Federación,
salvo en lo previsto en la fracción VI de este artículo.
Asimismo, corresponde a los municipios...
Artículo 54. Las áreas de protección de la flora y fauna se
constituirán de conformidad con las disposiciones de esta ley, de la Ley General de Vida
Silvestre, de Pesca y de las demás leyes aplicables, en los lugares que contienen...
Artículo 57. Podrán establecer áreas naturales protegidas
comprendidas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de la presente ley:
I. El Ejecutivo Federal, conforme a las disposiciones de la presente
ley y;
II. EL honorable Congreso de la Unión mediante decreto de ley.
Artículo 58. Previamente a la expedición de las declaratorias
para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere la fracción I
del artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los
términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos...
Artículo 60. Las declaratorias para el establecimiento de las
áreas naturales protegidas que decrete el Ejecutivo Federal señaladas en las fracciones
I y VIII del artículo 46 de esta ley deberán contener por lo menos, los siguientes
aspectos.
I. . .
Artículo 65. La Secretaría formulará dentro de un plazo de un
año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario
Oficial de la Federación, tratándose de áreas decretadas por el Ejecutivo Federal,
el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a
los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás
dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal en
su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, universidades y
centros de investigación y demás personas interesadas.
2143,2144,2145
Tratándose de áreas naturales protegidas decretadas mediante Ley del
Congreso de la Unión, la Secretaría se atendrá a lo que dicho decreto establezca.
Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal,
la secretaría deberá designar al director de que se trate, quien será responsable de
coordinar la ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en esta ley y de las disposiciones que de ella se
deriven."
Artículo tercero. Se adiciona un artículo 37-ter, a la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
"Artículo 37-ter. Cualquier persona podrá proponer a la
Secretaría la expedición de normas oficiales mexicanas en materia ambiental,
sujetándose a las disposiciones previstas en la presente ley. La Secretaría en un plazo
no mayor a los 45 días naturales dará respuesta motivada y fundada al solicitante y, en
su caso, procederá a emitir la norma propuesta."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2001.—
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias,
vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María
Teresa Campoy Ruy, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María
Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción González y Erika
Elizabeth Spezia Maldonado.»
Solicito a la mesa directiva se publique íntegra la presente
iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la lectura de una minuta de la
Cámara de Senadores.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la
República.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la mesa directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los
ciudadanos: Carolina Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales
Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del
Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendon,
Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila
Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina
Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Plácido, Elisa
Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís,
para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y consulados generales
de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California;
Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, D.F., a 25 de octubre de 2001. — Senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la
República.— LVIII Legislatura.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Carolina
Marín Hernández, para prestar servicios como asistente en el Consulado de Estados Unidos
de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Zaida
Leovana Castro Alcalde, para prestar servicios como capturista de datos, en el Consulado
General de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Luis Roberto
Morales Gómez, para prestar servicios como ayudante de mantenimiento, en la Embajada de
Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mónica
Gabriela Morales Juárez, para prestar servicios como empleada de visas, en el Consulado
General de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Marco Antonio
García Cárdenas, para prestar servicios como técnico en contabilidad, en la Embajada de
Estados Unidos de América en México.
Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana María del
Carmen Uruñuela Martínez, para prestar servicios como asistente consular en la unidad de
visas, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Héctor Omar
Canales González, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado General
de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana María
Delgado Rendón, para prestar servicios como empleada de correo, en la Embajada de Estados
Unidos de América en México.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano Salvador
Alejandro Jiménez Castillo, para prestar servicios como asistente financiero, en el
Consulado General de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo décimo. Se concede permiso a la ciudadana Alejandra
Abigahy Domínguez Saldaña, para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado
General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso a la ciudadana Misi
Dalila Espinoza Jurado, para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado
General de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo decimosegundo. Se concede permiso al ciudadano José
Carlos Lira Caballero, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado
General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo decimotercero. Se concede permiso al ciudadano Iván
Villaseñor Martínez, para prestar servicios como mecánico electricista,
en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.
Artículo decimocuarto. Se concede permiso a la ciudadana Ana
Cristina Covarrubias Carrillo, para prestar servicios como asistente consular en la unidad
de visas, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimoquinto. Se concede permiso al ciudadano José
Luis Chávez Hernández, para prestar servicios como asistente consular en la unidad de
visas, en el Consulado General de Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimosexto. Se concede permiso al ciudadano Ceciliano
González Plácido, para prestar servicios como mecánico (plomero) en la Embajada de
Estados Unidos de América en México.
Artículo decimoséptimo. Se concede permiso a la ciudadana
Elisa Ledesma Martínez, para prestar servicios como empleada en el Consulado General de
Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo decimoctavo. Se concede permiso a la ciudadana Mónica
Gabriela Marquina Gaxiola, para prestar servicios como asistente consular en la unidad de
visas, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo decimonoveno. Se concede permiso a la ciudadana Martha
Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios como técnico contable en la Embajada de
los Estados Unidos de América en México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— México, D.F., a
25 de octubre de 2001.— Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos,
presidente y María Lucero Saldaña Pérez, secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos
constitucionales.— Secretario general de servicios parlamentarios, Arturo
Garita.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
LEY
FEDERAL CONTRA LA
DELICUENCIA ORGANIZADA
La Presidenta:
Pasamos a los dictámenes de primera lectura.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria
del día 31 de octubre, se va a consultar a la Asamblea si se les dispensa la lectura a
los dictámenes.
La Presidenta:
Por favor consulta a la Asamblea, señor Secretario, si se dispensa la
lectura.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Son de primera lectura:
El secretario Rodolfo Dorardo Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue
turnada para su discusión y resolución constitucional, la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada.
Esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo
establecido por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 39 párrafos
primero y segundo fracción XVIII artículo 45 párrafo sexto incisos f, y g
y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y las que se deriven al caso, como son las contenidas en los artículos 55, 56,
60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Congreso General,
somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente
dictamen, bajo la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en
comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de "antecedentes", se da constancia del
trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la
referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.
II. En el "Contenido de la iniciativa", se exponen los
motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio y se hace una breve
referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de "consideraciones", los integrantes de
esta comisión expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que
sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.
2146,2147,2148
I. Antecedentes
Primero. Con fecha 28 de diciembre de 2000, el diputado Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó al pleno de esta Cámara de Diputados la iniciativa de reformas al párrafo
segundo del artículo 3o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Segundo. En sesión celebrada el 28 de diciembre de 2000, la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos para su estudio y dictamen la iniciativa anteriormente referida.
Tercero. Con esa misma fecha, la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, conoció la propuesta de reforma, procediendo a nombrar una subcomisión de
trabajo para realizar reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista en su
discusión, aprobación o modificación en su caso.
Contenido de la iniciativa
La delincuencia organizada, constituye un problema sumamente grave, que
no sólo, afecta intereses individuales o colectivos, sino que pone en riesgo, la propia
seguridad de la nación y por tanto, la vigencia del estado de derecho, ya que por sus
características, de ser más organizada y más violenta, posee un carácter internacional
al ser más tecnificada. Entre otros factores, se encuentra siempre en ventaja frente a
los tradicionales medios de control estatal. Esto ha sido la justificación para la
adopción de medidas político-criminales que desde el punto de vista de las instancias
oficiales se consideran más eficaces frente a dicho fenómeno, fue precisamente ello lo
que llevo a que recientemente dentro de nuestro marco constitucional ya se haga referencia
al concepto de delincuencia organizada, lo que a su vez llevó a la formulación y
expedición de una ley específica: la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada es un ordenamiento de
jurisdicción federal, como. lo indica su propia denominación; es una ley expedida para
el conocimiento y la punición de conductas de este orden jurisdiccional. No obstante,
también es aplicable a delitos del fuero común.
En efecto, el segundo párrafo del artículo 3o. menciona que los
delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos sólo serán
perseguibles por las autoridades federales "si, además de cometerse por un miembro
de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad
de atracción".
Asimismo, dicho precepto establece un límite a los poderes
jurisdiccionales que derivan de la atracción, en el sentido de que la autoridad Federal
no puede agravar las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
El legislador, creador de esta ley en su momento, manifiesta que la
delincuencia organizada rebasa la competencia de las autoridades locales de justicia, ya
que éstas no pueden competir ni con los recursos económicos ni con los sofisticados
aparatos, tecnológicos, que aquélla utiliza para realizar sus ilícitas actividades.
Es así, como se justificó y pretendió explicar la federalización
persecutoria de los delitos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de
vehículos. A este respecto, el dictamen consideró pertinente añadir aquellos delitos,
"que si bien no están directamente relacionados con la seguridad pública en general
ni con la seguridad nacional, su incidencia afecta a la sociedad, además de que son
difíciles de perseguir dada la complejidad de estructuras que se requiere para su
comisión".
Luego entonces, se parte de la hipótesis en el sentido de que la lucha
contra la delincuencia organizada exige recursos y facultades de los que generalmente
dispone mejor una autoridad nacional que una regional o local.
Ahora bien, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no precisa
qué noción se tomará en cuenta para entender que existe delincuencia organizada y que
el responsable de ésta puede ser investigado y enjuiciado por las autoridades federales:
¿la federal, esto es, la contenida en la ley aludida o la local, es decir, la contemplada
por los ordenamientos estatales, que puede ser diferente de aquéllas y de hecho lo es en
algunas entidades federativas? Es probable que la aplicabilidad de la ley federal requiera
que se tome en cuenta precisamente la noción contenida en ésta. Empero, no es deleznable
la idea de atenerse a las leyes estatales, sobre todo cuando éstas contienen una
disposición menos gravosa para el inculpado que la norma federal, bajo el mismo criterio
que impide a la autoridad de la Federación elevar las sanciones aplicables sobre el nivel
previsto en las leyes locales.
Lo cierto es que con la citada ley, se generó la idea de que la
delincuencia organizada es, necesariamente, delito de carácter federal. Así pareció
quererlo el legislador, si se toma en cuenta esta expresión del dictamen: para "unir
esfuerzos, hoy más que nunca, en lugar de fragmentarios", se propone "que la
delincuencia organizada, como tipo delictivo autónomo, adquiera el carácter de
federal". Este deseo se plasma en la tipificación de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada.
No obstante lo anterior, hay quienes sostienen que si puede darse una
versión local de la figura de delincuencia organizada, pero por supuesto vinculada con la
comisión de delitos del fuero común no considerados en la ley federal respectiva, o
incluso con los considerados en ésta, cuando la autoridad federal no ejerza la facultad
de atracción para conocer de ellos.
Por otro lado y bajo el esquema establecido se llega a la conclusión
de que hay delitos "en potencia" y delitos en acto y que el paso de una
situación a la otra depende de una resolución de la autoridad persecutoria federal. Si
existe organización delictuosa para cometer robos de vehículos, asaltos, tráfico de
menores o secuestros y la autoridad federal ejerce el poder de atracción, se habrá
"actualizado" para los responsables de aquellos delitos organizados para
delinquir un delito federal de delincuencia organizada; si el órgano persecutorio federal
no atrae el conocimiento de estos asuntos, sólo existirán los robos, asaltos, tráfico
de menores o secuestros, pero no la delincuencia organizada.
Esta conclusión, para algunos juristas, pugna directamente con la más
elemental seguridad jurídica y con el principio de legalidad en materia penal.
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al establecer que
determinados delitos del fuero común puedan ser considerados como delincuencia organizada
y consecuentemente federalizarlos, vía facultad de atracción, lo regula bajo bases de
discrecionalidad, al arbitrio, que devendría capricho, de la autoridad persecutora
federal. Es así, de que a pesar de que el estado de derecho exija fundamentos precisos
para la actuación de las autoridades, no obstante, con el artículo 3o. de la citada ley,
no se contiene referencia alguna acerca de aquellos criterios objetivos; se limita a
referirse al supuesto en que el Ministerio Público Federal ejerza la facultad de
atracción; así queda establecido que este órgano persecutorio puede atraer o abstenerse
de hacerlo, a su leal saber entender, no obstante que debiera aportarse a una regla
específica cuando se trata, nada menos, de un acto que afecta tanto derechos de
particulares como atribuciones jurisdiccionales de los estados frente a la Federación.
Incluso al no existir norma que discipline esta potestad, será difícil el control sobre
la legalidad, de la actuación del Ministerio Público Federal en estos casos.
Por ello la necesidad de que en el ordenamiento jurídico se
establezcan, criterios objetivos en que se sustentará el ejercicio de la facultad de
atracción por parte del Ministerio Público Federal, que apareja el desempeño de la
jurisdicción de este orden.
Adicionalmente, hay que preguntarse o reflexionar por el fundamento
constitucional para haber establecido esto, porque tal vez éste debiera ser el nivel
aplicable, tratándose de una salvedad al régimen de atribuciones de los estados de la
República, respecto a la potestad de atracción a que se refiere dicho artículo 3o. de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Incluso, puede decirse que hay dudas para sostener que ese fundamento
reside en el prácticamente reciente segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73
constitucional. Este se contrae, clara y exclusivamente, al conocimiento por autoridades
federales de los "delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con
delitos federales.
En este sentido, este supuesto no es considerado en el segundo párrafo
del artículo 3o. como condición para que el Ministerio Público, atraiga el conocimiento
de un delito común. Esta norma se refiere a determinados delitos del fuero local y nada
dice sobre su conexión con los federales. Con rigor constitucional, debemos entender que
la atracción de casos de asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos
sólo procedería cuando estos delitos sean conexos con otros del fuero federal,
precisamente bajo la figura legal de la conexidad, que es la que se reconoce en la Carta
Fundamental.
Claro está que también se puede partir de la discutible idea, de que
la delincuencia organizada es única y exclusivamente delito federal y por ende los
acuerdos para cometer estos delitos del fuero común, como son el asalto, tráfico de
menores, secuestro, robo de vehículos, ya constituyen un delito federal, del que son
conexos aquellos otros delitos. Esta tal vez, es la salida para considerar que es así
como se da la conexidad ha que alude la Constitución, justificación que aún así nos
sigue pareciendo evidentemente forzada.
Todo lo anterior justifica la necesidad de adecuar el marco jurídico
que permita establecer un criterio más objetivo en el cual deba estar sustentado el
ejercicio de la facultad de atracción por parte del Ministerio Público Federal, para
conocer de estos delitos del orden común, respecto a la delincuencia organizada.
El actual esquema de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,
permite al Ministerio Público una gran holgura para resolver que determinados delitos del
fuero común puedan ser considerados como delincuencia organizada y la posibilidad de
federalizarlos y consecuentemente hacerlo competente para conocer e investigar sobre
dichos delitos. Esto mediante la facultad de atracción que le concede dicha ley, pero
esto queda a su libre decisión, a su discrecionalidad.
Este esquema jurídico, tiene el inconveniente de no tomar en cuenta a
la autoridad local que considere que determinadas conductas delictivas que si bien pueden
referirse a delitos comunes, lo cierto sea que se trate de organizaciones criminales, en
la que sea necesario que la autoridad persecutora federal conozca, investigue y persiga
dichos delitos, que rebasan incluso la esfera de la propia entidad federativa y lo que es
más fuera de nuestras fronteras territoriales, poniéndose en riesgo no sólo al
individuo y a la colectividad, sino la seguridad nacional.
Por ello, propone reformar el párrafo segundo del artículo 3o. de la
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de establecer que los delitos de
asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos que especifica dicha ley, sean
considerados como de delincuencia organizada, si el Ministerio Público de la Federación
ejerce la facultad de atracción por criterio propio o cuando ésta sea solicitada por la
autoridad competente de la entidad federativa en que se hayan cometido dichos delitos.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta
Asamblea el siguiente
DECRETO
Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Artículo único. Se reforma el párrafo segundo del artículo
3o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
"Artículo 3o. . .
Los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo lo serán
únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el
Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción por iniciativa
propia o a solicitud del titular de la autoridad persecutora de la entidad federativa
donde se cometió el delito. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las
autoridades judiciales federales serán competentes para conocer de tales delitos. Bajo
ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las
entidades federativas."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de octubre de
2001.— Diputados: José Elías Romero Apis, presidente; Roberto Zavala
Echavarría, Fernando Pérez Noriega, Gustavo César J. Buenrostro, David Augusto Sotelo
Rosas, secretarios; Eduardo Andrade Sánchez, Flor Añorve Ocampo, Francisco
Cárdenas Elizondo, Manuel Galán Jiménez, Rubén García Farías, Arnulfo Márquez
Hernández, Manuel Medellín Milán, Fernando Ortiz Arana, José de Jesús Reyna García,
Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benjamín Avila Márquez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Lucio
Fernández González, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Silvia América López
Escoffie, María Guadalupe López Mares, Vicente Pacheco Castañeda, Germán Arturo
Pellegrini Pérez, Víctor Hugo Sondón Saavedra, Yadira Ivette Tamayo Herrera, Genoveva
Domínguez Rodríguez, Mercado Tomás Torres, José Manuel del Río Virgen, María Teresa
Campoy Ruy Sánchez y Norma Patricia Riojas Santana.»
Es de primera lectura.
BIENES
ASEGURADOS, DECOMISADOS
Y ABANDONADOS
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.
2149,2150,2151
Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión fue
turnada para su discusión y resolución constitucional, la minuta proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración de
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, del Código Penal Federal y del Código
Federal de Procedimientos Penales.
Esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo
establecido por los artículos 71 y 72 inciso e de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las facultades que le otorgan los
artículos 39 párrafos primero y segundo fracción XVIII; artículo 45 párrafo sexto
incisos f y g y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y las que se deriven al caso, como son las contenidas en los
artículos 55, 56, 57, 60, 62, 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio
Congreso General, somete a consideración de los integrantes de esta Asamblea el presente
dictamen bajo la siguiente
Metodología
Esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encargada del análisis
y dictamen de la minuta con proyecto de decreto enviada por nuestra colegisladora,
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo "antecedentes" se hace una breve
descripción de los trabajos realizados tanto por nuestra colegisladora, como los
efectuados por esta comisión, para el estudio y elaboración de esta propuesta de
dictamen.
II. En el rubro "valoración de la iniciativa" los
integrantes de esta comisión dejan constancia del análisis realizado por nuestra
colegisladora sobre los motivos y alcances de la propuesta de reformas y adiciones en
estudio.
III. En el capítulo de "consideraciones", los integrantes de
esta comisión expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que
sustentan la decisión de respaldar en lo general la minuta en análisis.
IV. Dada la trascendencia de los temas específicos analizados, se ha
incluido un apartado denominado "cambios a la minuta", en donde se hace la
argumentación de los cambios propuestos por los integrantes de esta comisión al
documento en estudio.
I. Antecedentes
Primero. Con fecha 14 de diciembre de 2000, la senadora Yolanda
González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de
la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó al pleno de la Cámara de
Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 49
de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados;
40 y 41 del Código Penal Federal y 193 del Código Federal de Procedimientos Penales (sic),
turnada a las comisiones unidas de Justicia, Salud y Seguridad Social, de Hacienda y
Crédito Público y de Estudios Legislativos, para su estudio y resolución
constitucional.
Segundo. En sesión de 5 de abril de 2001, fue aprobada por el Senado
de la República como cámara de origen la iniciativa en comento y turnada a la Cámara de
Diputados para los efectos constitucionales procedentes.
Tercero. En sesión celebrada el 17 de abril de 2001, la mesa directiva
de esta Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su
estudio y dictamen constitucional la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los
artículos 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados
y Abandonados; 40 y 41 del Código Penal Federal y 193 del Código Federal de
Procedimientos Penales, que remite la Cámara de Senadores.
Cuarto. Con esa misma fecha, la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, conoció la minuta proyecto de decreto, procediendo a nombrar una subcomisión de
trabajo para realizar reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista en su
discusión, aprobación o modificación en su caso.
II. Valoración de la iniciativa
Los esfuerzos que el Gobierno Federal realiza en contra del
narcotráfico y demás delitos contra la salud, han sido insuficientes, dado el interés
económico que se genera alrededor de estas actividades; de manera simultánea el Estado
implementa acciones encaminadas a la rehabilitación de las personas que han caído en una
adicción, significando esto un doble esfuerzo, aunado a la existencia de programas
educativos encaminados a la prevención del consumo de drogas.
Las consecuencias del consumo de drogas son de gran impacto social, en
particular a la base de ésta que es la familia mexicana. Por ello es de gran importancia
canalizar recursos encaminados a apoyar en la mayor medida posible, los programas de
rehabilitación de enfermos por esta causa y una fuente de financiamiento serían los
cuantiosos recursos decomisados a los sentenciados por delitos contra la salud, por el
Gobierno Federal.
En los términos de los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal
Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, serán decomisados los bienes
que sean instrumento de delitos contra la salud, cuyo procedimiento legal está destinado
a que dichos bienes se apliquen al mejoramiento de la administración e impartición de
justicia en México.
Basándose en estadísticas realizadas en forma conjunta por la
Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano de Siquiatría de la
Secretaría de Salud, a nivel nacional, 8.2% de jóvenes estudiantes han consumido al
menos una droga alguna vez en su vida y 4.4% lo han hecho en el último año, tomando en
cuenta que existen importantes variaciones regionales, principalmente en la frontera norte
del país y las grandes zonas metropolitanas de Guadalajara y la Ciudad de México, donde
se presentan índices más altos; específicamente en esta última, el consumo de
estupefacientes afecta a uno de cada 10 jóvenes.
Tomando en cuenta esta preocupante situación de descomposición social
que día a día afecta a nuestro país, principalmente a nuestra juventud, es de justicia
que los bienes que sean asegurados en los términos del artículo 32 de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada, a quienes sean procesados por delitos contra la salud,
sean empleados por la Secretaría de Salud en observancia al artículo 191 de la Ley
General de Salud, como acción prioritaria para la rehabilitación de personas
farmacodependientes que se constituyen en los principales afectados por este rubro de la
delincuencia organizada.
En virtud a que la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados, en su artículo 49 prevé que los aprovechamientos
resultado de bienes decomisados son destinados a través de la Tesorería de la
Federación en partes iguales al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la
Federación y de la Procuraduría General de la República, la adición al artículo
citado tiene la finalidad que los bienes muebles e inmuebles y recursos decomisados por
delitos contra la salud, sean destinados a la rehabilitación de quienes en menor o mayor
medida son consumidores dependientes de cualquier tipo de estupefaciente o sustancia
sicotrápica, en una acción firme que se convierta en apoyo a los esfuerzos que el Estado
emprende contra el tráfico y consumo de drogas en nuestro país.
Este propósito se justifica en la necesidad de encontrar una solución
a un fenómeno que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el mundo
y primera que provoca deficiencias congénitas: el consumo de drogas. Para ello se propone
la adición de un párrafo segundo al artículo 49 de la Ley Federal para la
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, precepto que en su texto
vigente determina que los aprovechamientos resultado de bienes decomisados, una vez
descontados los costos de administración y gastos de mantenimiento y conservación
conforme al ordenamiento jurídico en cita, se enterarán a la Tesorería de la
Federación y se destinarán, en partes iguales, a apoyar los presupuestos de egresos del
Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría.
III Consideraciones
La minuta enviada por nuestra colegisladora, se sustenta en el deseo de
fortalecer los programas contra la farmacodependencia que, en sus respectivas
competencias, atañen a la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General;
especialmente en el ámbito de su prevención y tratamiento y en su caso, la
rehabilitación de quienes son adictos al uso de estupefacientes, sustancias sicotrópicas
y otras susceptibles de producir dependencia.
Se desprende de su texto, que si los instrumentos de delito o cosas que
sean objeto o producto de él, decomisados, según su utilidad, deben destinarse para
beneficio de la procuración e impartición de justicia o al mejoramiento de la
administración de justicia, justo es que los bienes que sean asegurados en los términos
del artículo 32 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a quienes sean
procesados por delitos contra la salud, puedan emplearse por la Secretaría de Salud en
observancia al artículo 191 de la Ley General de Salud, como acción prioritaria para la
rehabilitación de personas farmacodependientes que se constituyen en los principales
afectados por ese rubro de la delincuencia organizada.
Sin desconocer las bondades inmersas en la propuesta legislativa que se
analiza, nuestra colegisladora propuso la necesidad de establecer algunas adecuaciones a
la misma, sin que éstas alteraran la finalidad toral que se persigue; es incuestionable
que el monto mayor de los bienes decomisados a la delincuencia organizada es resultado de
la comisión de delitos contra la salud, en sus diversas modalidades.
Por consiguiente, establecer su distribución en los términos en que
lo manifestara la propuesta legislativa, no sería equitativo en relación con las partes
que deberán destinarse al apoyo de los presupuestos de egresos citados; por ello
considero que lo más razonable fuera que el monto global de los aprovechamientos que
resulten de los bienes que se decomisen al crimen organizado con independencia de la
naturaleza del delito de que provenga, se distribuya en partes iguales, como lo dispone el
texto vigente del artículo 49, de la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados, entre el Poder Judicial de la Federación, la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud, a lo cual los
integrantes de esta comisión estamos totalmente de acuerdo.
En virtud de estas adecuaciones, nuestra colegisladora también
reformó los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal y 193 del Código Federal de
Procedimientos Penales (sic), para establecer la necesaria coordinación que debe
existir entre los dos ordenamientos jurídicos que regulan la cuestión relativa a la
distribución de los aprovechamientos que resulten de los bienes que se decomisen al
crimen organizado.
Por ello, con algunas modificaciones al texto, consideramos adecuada la
reforma sugerida para el artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados, incluyendo a la Secretaría de Salud entre las
instituciones a las que se destinará parte de los recursos que se obtengan de los bienes
decomisados y abandonados y con esta medida avanzar en la solución del grave problema que
representa el consumo de drogas en nuestro país.
IV. Cambios a la minuta
Los integrantes de esta comisión que dictamina, consideramos
conveniente adicionar en el artículo 40 que la autoridad que esté conociendo de los
instrumentos o cosas decomisadas para determinar su conservación deba emitir previo
acuerdo que la justifique, lo que reflejamos en el texto de este artículo. Asimismo
advertimos que la reforma propuesta al artículo 41 del Código Penal Federal, resultaría
improcedente, toda vez que antes de la expedición de la Ley Federal de Bienes Asegurados,
el artículo 41 del Código Penal contenía las disposiciones aplicables para determinar
el "abandono" de aquellos bienes que no fueran reclamados por quienes tengan
derecho a ello.
A la entrada en vigor de la Ley Federal de Bienes Asegurados,
Decomisados y Abandonados, en mayo de 1999, en su Capítulo III se contempló el
procedimiento a seguir para declarar el abandono de bienes asegurados, derogando
parcialmente lo dispuesto en el artículo 41 del Código Penal en cuanto hace a la materia
federal. Sin embargo, la derogación de este artículo no se podía llevar a cabo de
manera expresa, dado que en ese entonces, se encontraba en vigor el Código Penal para el
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero
Federal, afectando el régimen jurídico aplicable en el Distrito Federal.
Por lo anterior consideramos la conveniencia de proceder a la
derogación del precepto citado con objeto de evitar confusiones en el procedimiento de
abandono aplicable y en el entendido que en la actualidad no afecta a la nueva situación
jurídica del Distrito Federal, razón por la que este artículo quedaría de la siguiente
manera:
Artículo 41. Derogado.
Por otra parte y respecto a la reforma que se propone al artículo 193
del Código Federal de Procedimientos Penales, advertimos un error involuntario en cuanto
al cuerpo normativo citado, ya que el artículo a que se refiere la reforma, alude a las
hipótesis de delito flagrante, que no se relaciona con el destino de bienes asegurados,
decomisados o abandonados, por lo que consideramos que la propuesta de reforma se refiere
al artículo 193, último párrafo del Código Penal Federal que establece las
atribuciones del representante social federal para hacer uso de los bienes asegurados con
motivo de delitos contra la salud. Sin embargo, por los razonamientos vertidos
anteriormente, consideramos que a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, la atribución para determinar el destino
final de los bienes decomisados y abandonados corresponde al Servicio de Administración
de bienes Asegurados. Por lo tanto, aprobarlo en los términos propuestos ocasionaría
confusiones en torno a la facultad expresa del Ministerio Público para asegurar bienes
con motivo de delitos contra la salud, así como para promover el decomiso de los mismos
durante el proceso. Por tal motivo, el artículo 193 del Código Penal Federal quedaría
redactado de la siguiente manera:
2152,2153,2154
Artículo 193. . . . . . . . .. . .
Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los
delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos
vehículos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto
en el artículo 40. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá dentro de la
averiguación previa el aseguramiento que corresponda o lo solicitará en el proceso y
promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o sus productos reciban la
aplicación por partes iguales, al mejoramiento de la impartición y administración de
justicia, así como de la Secretaría de Salud en los términos de la ley aplicable. El
Ministerio Público deberá promover, en su caso, la suspensión y la privación de
derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes
conforme a las normas aplicables.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente
DECRETO
Que reforma y adiciona el artículo 49 de la Ley Federal para la
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados; reforma los artículos 40
párrafo segundo y 193 último párrafo y deroga el artículo 41 del Código Penal
Federal.
Artículo primero. Se reforma el párrafo primero y se adiciona
un segundo párrafo al artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados, para quedar como sigue:
"Artículo 49. Los aprovechamientos a que se refiere el
artículo anterior, una vez descontados los costos de administración del servicio de
administración y gastos de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados
conforme a la presente ley, se enterarán a la Tesorería de la Federación y se
destinarán, en partes iguales, a apoyar los presupuestos de egresos del Poder Judicial de
la Federación, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Salud.
La parte de los aprovechamientos que corresponda a la Secretaría de
Salud, deberá destinarse a programas de rehabilitación de farmacodependientes."
Artículo segundo. Se reforman los artículos 40 párrafo
segundo y 193 último párrafo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 40. . .
Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o
peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos
previstos por el Código de Procedimientos Penales, pero aquélla, cuando lo estime
conveniente, podrá determinar previo acuerdo que lo justifique, su conservación para
fines de docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito o cosas que
sean objeto o producto de él, la autoridad competente determinará su destino, según su
utilidad, para beneficio de la procuración e impartición de justicia, así como de la
Secretaría de Salud, para los efectos de la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados. Se procederá a su inutilización, si fuere el
caso, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 193. . .
. . . . . . . . .
Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los
delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos
vehículos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto
en el artículo 40. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá dentro de la
averiguación previa el aseguramiento que corresponda o lo solicitará en el proceso y
promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o sus productos reciban la
aplicación por partes iguales, al mejoramiento de la impartición y administración de
justicia, así como de la Secretaría de Salud en los términos de las leyes aplicables.
El Ministerio Público deberá promover, en su caso, la suspensión y la privación de
derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes
conforme a las normas aplicables."
Artículo tercero. Se deroga el artículo 41 del Código Penal
Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 41. Derogado."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de octubre de
2001.— Diputados: Romero Apis José Elías, presidente; Zavala Echavarría
Roberto, Pérez Noriega Fernando, Buenrostro Díaz Gustavo César y Sotelo Rosas David
Augusto, secretarios; Andrade Sánchez Eduardo, Añorve Ocampo Flor, Cárdenas
Elizondo Francisco, Galán Jiménez Manuel, García Farias Rubén, Márquez Hernández
Arnulfo, Medellín Milán Manuel, Ortiz Arana Fernando, Reyna García José de Jesús,
Sepulveda Fayad Juan Manuel, Avila Márquez Benjamín, Cruz Blackledge Gina Andrea,
Fernández González Lucio, Gutiérrez Gutiérrez Alejandro Enrique, López Escoffie
Silvia América, López Mares María Guadalupe, Pacheco Castañeda Vicente, Pellegrini
Pérez Germán Arturo, Sondón Saavedra Víctor Hugo, Tamayo Herrera Yadira lvette,
Domínguez Rodríguez Genoveva, Tomás Torres Mercado, Del Río Virgen José Manuel,
Campoy Ruy Sánchez María Teresa y Riojas Santana Norma Patricia.»
Es de primera lectura.
LEY DE
LA COMISION NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, fue
turnada para su discusión y resolución constitucional, la minuta proyecto de decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y rubros de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos con fundamento en lo
establecido por los artículos 71 y 72 inciso e de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las facultades que le confieren los
artículos 39 párrafos primero y segundo fracción XVIII; 45 párrafo sexto incisos f
y g y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y las que se deriven al caso, como son las contenidas en los numerales
55, 56, 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso
General, somete a consideración de los integrantes de esta Asamblea el presente dictamen
bajo la siguiente
Metodología
Esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encargada del análisis
y dictamen de la minuta con proyecto de decreto enviada por nuestra colegisladora,
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
1. En el capítulo "antecedentes" se hace una breve
descripción de los trabajos realizados tanto por nuestra colegisladora, como los
efectuados por esta comisión para el estudio y elaboración de esta propuesta de
dictamen.
2. En el rubro "valoración de la iniciativa", los
integrantes de esta comisión dejan constancia del análisis realizado por nuestra
colegisladora sobre los motivos y alcances de la propuesta de reformas y adiciones en
estudio.
3. En las "consideraciones", los integrantes de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los
motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la minuta en análisis.
1. Antecedentes
Primero. Con fecha 5 de abril de 2001, senadores de diversos grupos
parlamentarios, de la LVIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión, presentaron al
pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos que comprende los artículos 2o, 3o. párrafo cuarto; 6o. fracciones III y V; 9o.
fracciones I a la VII: 10 adicionando un párrafo segundo; 11, 14, 15 fracciones IV, V y
VII; 17 párrafo segundo; 18, 19 primer párrafo y fracción IV; 22, 46 primer párrafo, y
52 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; turnada a las comisiones unidas
de Estudios Legislativos Primera y de Derechos Humanos.
Segundo. En sesión de 11 de octubre de 2001, fue aprobado por el
Senado de la República como Cámara de origen, la iniciativa en comento y turnada a la
Cámara de Diputados para los efectos constitucionales procedentes.
Tercero. En sesión celebrada el 16 de octubre de 2001, la mesa
directiva de esta Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos para su estudio y dictamen constitucional la minuta proyecto de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, que comprenden los artículos 2o., 3o. párrafo cuarto; 6o.
fracciones III y V; 9o. fracciones I a la VII; 10 adicionando un párrafo segundo; 11, 14,
15 fracciones IV, V y VI; 17 párrafo segundo; 18, 19 primer párrafo y fracción IV; 22,
46 primer párrafo y 52, que remite la Cámara de Senadores.
Cuarto. En esa misma fecha, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
conoció la minuta proyecto de decreto, procediendo a nombrar una subcomisión de trabajo
para realizar reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista en su discusión,
aprobación o modificación en su caso.
2. Valoración de la iniciativa
Se resalta la conveniencia de adecuar la ley reglamentaria que nos
ocupa a las reformas del artículo 102 apartado B, de nuestra Ley Fundamental. La
actualización de dichas normas jurídicas se hace necesaria para el eficaz y óptimo
funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y reconocen que la protección
y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos por medio de organismos
técnico-auxiliares para el control constitucional, es un signo distintivo de cualquier
Estado democrático moderno.
En este contexto, los medios institucionales tendientes a su
protección y adecuada tutela son de especial importancia. Los derechos humanos
constituyen uno de los ejes fundamentales que sustentan al estado de derecho y tiene como
fin garantizar una vida digna para todas las personas. Son las facultades y prerrogativas
que todos podemos ejercer por nuestra condición humana, sin distinción de género,
etnia, situación económica, religión o ideología.
Compartimos la convicción en que el derecho a la vida, a la libre
expresión y participación en la organización social, a la salud, la educación, al
trabajo y a un ambiente sano, son algunos de los requerimientos indispensables para el
desarrollo integral de mujeres y hombres, en un ámbito de libertad, justicia y dignidad.
Debido a su importancia existe una tendencia, cada vez más
generalizada, a incluir tales derechos entre los principios sobre los que se estructura la
vida social. En los tiempos recientes se ha buscado construir una cultura de protección
de los derechos humanos, cuyo objetivo radica no sólo en incluirlos en los ordenamientos
jurídicos, sino también en propiciar y fomentar acciones de respeto y tolerancia entre
los individuos, tanto en el ámbito familiar como el comunitario, así como en el nacional
y el internacional.
La cultura de los derechos humanos implica la responsabilidad que su
ejercicio demanda. Si bien se trata de derechos universales, es preciso que cada persona
nombre su vida social por el principio del respeto a los derechos de sus semejantes, ya
que con ello se asegura la reciprocidad. El desarrollo conceptual de los derechos humanos
ha requerido de la participación crítica de todos, como corresponde a una sociedad
plural, que aspira a instaurar la tolerancia sobre la base del reconocimiento de la
igualdad jurídica y la libertad y necesariamente el respeto a la vida.
Se estiman fundadas las reformas y adiciones a la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, para adecuarla esencialmente a las reformas del artículo
102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999. Respetando así
el espíritu que llevó al poder revisor de la Constitución a tan trascendente reforma.
Se tiene la certeza que en nuestra historia nacional han sido varios
los documentos y cuerpos jurídicos que contribuyeron al reconocimiento de los derechos
humanos y a la creación de una cultura que los fomente y proteja. Entre ellos destacan
"Los Sentimientos de la Nación" redactados en 1813 por José María Morelos y
Pavón. Las constituciones de 1824, 1857 y 1917.
La defensa y protección de los derechos humanos en México ha sido la
constante preocupación del Estado y de la sociedad en general, sobre todo porque en las
últimas décadas se ha manifestado a través del perfeccionamiento de las leyes y de las
instituciones relacionadas con esta materia. Surgieron así diversas instituciones
defensoras de los derechos humanos destacando la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
cuya evolución se consolida con las reformas al artículo 102 apartado B, de la
Constitución, que tuvo como objetivo central fortalecer la autonomía de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos con la finalidad de hacer más inmediato su funcionamiento y
con ello incrementar la eficacia de sus resoluciones y recomendaciones, en beneficio de su
encomienda social que es la protección de los derechos humanos.
2155,2156,2157
Es de vital importancia para los intereses de la nación y de la
institución encargada de velar por los derechos humanos de los mexicanos, adecuar el
texto de la ley a las modificaciones como es el cambio en la denominación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, para ajustar el nombre de la ley misma; de igual manera se
ajusta la denominación del consejo consultivo con el mismo fin; al carácter autónomo en
la gestión de la comisión, ya que desde el año de 1999 es una institución de derecho
público dotada de autonomía por disposición constitucional.
En cuanto a la facultad de la Comisión Nacional para conocer de las
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones acuerdos u omisiones
de los organismos, equivalentes al nivel local, se cambia la expresión "estados de
la Federación" por "entidades federativas", ya que de esta manera queda
comprendida en el supuesto con más precisión, la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal; lo concerniente a la elección del presidente de la Comisión Nacional
por parte del Senado, así como su duración en el cargo; se precisan también los
términos en los que deberá rendir su informe anual; se adecuan las facultades del
presidente al nuevo régimen jurídico; asimismo, se señalan las condiciones sobre la
elección y duración en el cargo de los consejeros.
3. Consideraciones
Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos coincidentes con el criterio vertido por nuestra colegisladora y convencidos del
papel que dentro de nuestra sociedad desempeña hoy en día la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, consideramos de suma importancia las adecuaciones que se presentan a la
ley reglamentaria del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, obedeciendo a las reformas que se dieron a dicho precepto
constitucional y que fueron publicadas el 13 de septiembre de 1999, mecanismo con el que
se pretende eficientar y optimizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Los derechos humanos constituyen uno de los pilares fundamentales que
sustentan al Estado, para garantizar una vida digna a todas las personas; son facultades y
prerrogativas que todos podemos ejercer por nuestra condición humana; se advierte, debido
a su importancia, una tendencia más generalizada a incluir tales derechos entre los
principios sobre los que se estructura la vida social.
La cultura de los derechos humanos implica la responsabilidad que su
ejercicio demanda.
Si bien se trata de derechos universales, es preciso que cada persona
norme su vida social por el principio del respeto a los derechos de sus semejantes, ya que
con ello se asegura la reciprocidad.
El desarrollo de la conceptualización de los derechos humanos ha
requerido de la participación crítica de todos, como corresponde a una sociedad plural,
que aspira a instaurar la tolerancia sobre la base del reconocimiento de la igualdad
jurídica, la libertad y necesariamente el respeto a la vida.
La protección y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos por
medio de organismos técnicos auxiliares para el control constitucional, es un signo
distintivo de cualquier Estado democrático moderno.
Por lo anteriormente expuesto los diputados integrantes de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos, convencidos de las bondades que trae consigo tales
reformas sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y
rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comprenden los
artículos 2o., 3o., párrafo cuarto; 6o. fracciones III y V; 9o. fracciones I a VII; 10,
adicionando un párrafo segundo; 11; 14; 15 fracciones IV, V y VII; 17 párrafo segundo;
18, 19 primer párrafo y fracción IV, 22; 46, primer párrafo y 52, de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Artículo primero. Se modifica la denominación de la ley para
quedar como sigue:
"Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos."
Artículo segundo. Se reforman diversas disposiciones de la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para quedar como sigue:
"Artículo 2o. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es
un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad
jurídica y patrimonio propios y tiene por objeto esencial la protección, observancia,
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico
mexicano".
Artículo 3o. . .
. . . . . .
Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de las inconformidades que se presenten en relación con las
recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades
federativas, a que se refiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la no aceptación de sus recomendaciones
por parte de las autoridades o por el deficiente cumplimiento de las mismas.
Artículo 6o. . .
I y II. . .
III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y
quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo
102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. . .
V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por
omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción
anterior y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte
de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley.
VI a XIV. . .
TITULO SEGUNDO
Capitulo II
De la elección, facultades y obligaciones del presidente de la
comisión
Artículo 9o. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
II. Tener cumplidos 35 años de edad, el día de su elección.
III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos o
actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos
internacionales.
IV. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación.
V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o
subsecretario de Estado, Procurador General de la República, gobernador o procurador
general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno del Distrito Federal,
en el año anterior a su elección.
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la
pena.
VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.
Artículo 10. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de
la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión
correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia auscultación
entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la
sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de
los derechos humanos.
Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la
Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual
se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.
Artículo 11. El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecto por una sola vez.
Artículo 14. El presidente de la Comisión Nacional podrá ser
removido de sus funciones y, en su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y
mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.. . .
Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I a la III. . .
IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del reglamento
interno.
V. Presentar anualmente, en el mes de febrero a los poderes del
Congreso de la Unión, un informe de actividades, en los términos del artículo 52 de
esta ley.
VI. . .
VII. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que
resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores;
VIII a la X. . .
CAPITULO III
DE LA INTEGRACION Y FACULTADES DEL CONSEJO
Artículo 17. . .
El presidente de la Comisión Nacional lo será también del consejo
consultivo. Los cargos de los demás miembros del consejo serán honorarios. A excepción
de su presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos
consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados
para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma
antigüedad, será el propio consejo quien proponga el orden cronológico que deba
seguirse.
Artículo 18. Los miembros del consejo consultivo serán
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de
Senadores o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la
misma votación calificada.
La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa
auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o,
en su caso la ratificación de los consejeros.
Artículo 19. El consejo consultivo de la Comisión Nacional
tendrá las siguientes facultades:
I a la III. . .
IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el presidente de la
Comisión Nacional presente a los poderes de la Unión;
V y VI. . .
TITULO TERCERO
CAPITULO II
DE LOS ACUERDOS Y RECOMENDACIONES
Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá
carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y en
consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las
resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. . . .
Artículo 52. El presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos presentará anualmente en el mes de febrero, a los poderes de la Unión
un informe sobre las actividades que haya realizado en el periodo comprendido entre el 1o.
de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto comparecerá primero
ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; posteriormente ante el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para
conocimiento de la sociedad.
Artículo tercero. Se derogan las fracciones IV y V del
artículo 22, para quedar como sigue:
"Artículo 22. La secretaría ejecutiva tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I a la III. . .
IV. Derogado.
V. Derogado.
VI y VII..."
2158,2159,2160
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En el informe correspondiente al año 2001, éste
abarcará desde el día 16 de noviembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.
Tercero. Quedan sin efecto todas las disposiciones legales y
reglamentarias que se opongan al presente decreto.
Cuarto. Toda referencia que se haga en ésta y en otras
disposiciones legales a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Consejo de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, deberán entenderse hechas a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y al consejo consultivo respectivamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de octubre de
2001.—Diputados: José Elías Romero Apis, presidente; Roberto Zavala
Echavarría, Fernando Pérez Noriega, Gustavo César Buenrostro Díaz y David
Augusto Sotelo Rosas, secretarios; Eduardo Andrade Sánchez, Flor Añorve
Ocampo, Francisco Cárdenas Elizondo, Manuel Galán Jiménez, Rubén García Farías,
Ranulfo Márquez Hernández, Manuel Medellín Milán, Fernando Ortiz Arana, José de
Jesús Reyna García, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benjamín Avila Márquez, Gina Andrea
Cruz Blackledge, Lucio Fernández González, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez,
Silvia América López Escoffie, María Guadalupe López Mares, Vicente Pacheco
Castañeda, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Víctor Hugo Sondón Saavedra, Yadira lvette
Tamayo Herrera, Genoveva Domínguez Rodríguez, Tomás Torres Mercado, José Manuel del
Río Virgen, María Teresa Campoy Ruy Sánchez y Norma Patricia Riojas Santana.»
Es de primera lectura.
REGLAMENTO
PARA EL GOBIERNO INTERIOR
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de excitativas.
Tiene la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso, señora Presidenta:
Es urgente que la Cámara de Diputados acelere la toma de decisiones,
urge convertir en dictámenes el universo prolífico de propuestas de los legisladores.
Aquí hay propuestas para todos los temas, de todos los grupos parlamentarios, de los
partidos emergentes y de los legisladores independientes; pero sólo una pequeña parte se
ha dictaminado. Urge tomar decisiones por el bien del país, pero también del propio
Congreso de la Unión.
En ese sentido, nuestro grupo parlamentario ha presentado una
iniciativa de reformas al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión,
con el objetivo de que las iniciativas presentadas por los legisladores se dictaminen en
el plazo de 30 días y que de no ser así pasen al pleno para que se voten. En otras
palabras, estamos planteando que las comisiones tengan un plazo límite para dictaminar y
que, en caso de que no lo hagan, el contenido, la materia de la iniciativa sea decidida
por el pleno. Porque tenemos ahí alrededor de un centenar de iniciativas, donde hay
propuestas muy importantes e interesantes de los diversos grupos parlamentarios.
Y decimos que es muy urgente por el contexto en el que estamos, porque
hay una campaña intensa contra la Cámara de Diputados y dicha campaña se combate
tomando decisiones. Es una campaña fuerte, no es una campaña de los medios, es una
campaña de aquellos que quieren que se apruebe el IVA en medicinas y alimentos.
Por eso es una campaña contra la Cámara de Diputados. No es una
campaña contra todo el Congreso de la Unión. No es una campaña contra el Senado. Es una
campaña contra esta Cámara de Diputados.
Supuestamente se critica la ausencia de acuerdos, la supuesta
parálisis legislativa, el costo económico de la Cámara y hasta el supuesto boicot de la
Cámara al Presidente. Esto es falso, no es cierto, no es el motivo de dicha campaña; la
campaña es contra la Cámara de Diputados, porque no ha querido aprobar el IVA en
medicina y alimentos.
No es una campaña que tenga razón, porque si hay un órgano
legislativo que sea el menos oneroso es esta Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados
en términos reales es tres veces menos costosa económicamente que el Senado y
proporcionalmente menos costosa que los órganos legislativos locales. El presupuesto de
la Cámara está prácticamente contenido.
Así es que resulta extraño y falto a la realidad que se critique a la
Cámara por su costo económico, cuando es acaso el órgano legislativo menos costoso.
Tampoco podría decirse que la Cámara de Diputados ha boicoteado al Presidente de la
República. No es cierto, la Cámara de Diputados le ha ayudado al Presidente, todos le
hemos ayudado al Presidente. Aquí aprobamos las reformas a la Administración Pública
Federal y aprobamos las secretarías que necesitaba el Presidente: la Secretaría de
Seguridad Pública, la Secretaría de Economía y otras reformas a la administración
pública.
Entonces no es cierto que la Cámara ha boicoteado al Presidente y
aprobamos el primer presupuesto por consenso. Nuestro grupo parlamentario, el PRD, en toda
su existencia no había votado a favor de un presupuesto y votamos a favor del presupuesto
en diciembre pasado y es el primer presupuesto por consenso de la última era política.
Entonces no es cierto que la Cámara esté boicoteando al Presidente.
Incluso en un tema tan controversial, nuestro grupo parlamentario fue el más activo al
apoyar la iniciativa de Ley de la Cocopa que envió el Presidente a la Cámara de
Diputados y vamos a apoyar todo lo bueno que proponga. Pero si hay algo que no sea bueno o
que consideremos que daña al pueblo o a la soberanía, seremos críticos, como entendemos
que la Cámara de Diputados también tiene ese papel.
Esta es una campaña contra la Cámara que está en su fuente,
desplegada por grupos de interés económico que pretenden que una reforma fiscal la pague
la población. Sin embargo, hay una gran cantidad de alternativas frente a la necesaria
decisión que debe tomarse sobre la reforma fiscal y es probable, muy probable, que la
Cámara de Diputados no apruebe el IVA en medicinas y alimentos; ésta es una posibilidad
muy grande y es un debate que no ha concluido.
Pero quienes desde afuera presionan a la Cámara con ese motivo, es muy
importante que entre sus escenarios tengan presente que existe la posibilidad de que la
Cámara no apruebe el IVA en medicinas y alimentos. Existe la posibilidad de que se
apruebe una reforma fiscal distinta.
Y cuando los legisladores de esta Cámara, de diversos partidos,
señalan un rechazo fuerte al IVA en medicinas y alimentos, es porque están transmitiendo
la opinión de sus representados, no sólo la opinión de cada legislador, sino lo que la
sociedad está demandando.
Y cuando la Cámara ha tenido el cuidado de no precipitarse en una
decisión que pueda dañar a la población, sobre todo a la gente de más bajos recursos,
la Cámara está actuando con responsabilidad; como ya se ha dicho por parte de otros
legisladores de otras fuerzas políticas, en ese sentido la Cámara está ayudando a la
estabilidad del país y a que no se multipliquen los conflictos.
En ese sentido, consideramos también que el tema de la reforma fiscal
no es el único tema de la agenda; hay una gama muy grande de la agenda y quienes
enderezan esta campaña contra la Cámara de Diputados piensan que ese tema es el único
que hay que resolver y hay muchos otros temas qué resolver y aquí es importante que
vayamos aterrizando la convergencia de nuestras coincidencias.
Nosotros coincidimos con iniciativas que el PAN ha presentado, por
ejemplo para hacer obligatoria la educación preescolar. Coincidimos con el PAN en que se
apruebe la iniciativa ciudadana. Coincidimos con el PAN en que se aprueben las reformas
para establecer el referendum.
Coincidimos con el PRI en el tema del derecho a la alimentación, que
ha sido propuesta nuestra también de hace años. Coincidimos con el PRI en el tema de
llevar a la Constitución el derecho a la seguridad social.
Coincidimos con los compañeros del Partido Verde en las reformas que
plantean al Cofipe, para que las campañas electorales estén acotadas por planteamientos
de cuidado ecológico.
Coincidimos con otras fuerzas políticas en otros temas y sabemos que
otras fuerzas políticas coinciden con temas que hemos propuesto por parte del PRD, para
que el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se apruebe en el Congreso de la Unión,
para modificar el formato del informe, para establecer el 8% del producto interno bruto en
educación.
Coincidimos más de 100 legisladores en retomar el tema de la reforma
indígena.
Bueno, hay una gama muy amplia de convergencias, eso quiere decir que
tenemos que acelerar el trabajo para tomar decisiones; eso quiere decir, compañeras y
compañeros de todas las fuerzas políticas, que hay que dictaminar, que hay que tomar
decisiones políticas, que hay que acelerar nuestro trabajo, que hay que abordar todos los
temas de la agenda y por supuesto exhortamos a esta soberanía a que se apruebe esta
reforma a nuestro Reglamento para el Gobierno Interior para que si una iniciativa de un
diputado no se ha dictaminado, como ya se han planteado aquí algunas, se dictaminen y si
no se dictaminan en un plazo de 30 días, este pleno decida sobre el sentido de las
mismas, porque tampoco es justo que dichas iniciativas se mantengan sin ser resueltas; que
se resuelvan en el sentido que deban resolverse, pero que se resuelvan. Este es un clamor
de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente.
REGLAMENTO
PARA EL GOBIERNO INTERIOR
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS (II)
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido
Sociedad Nacionalista, para presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
La diputada Norma Patricia Riojas Santana:
«Señora Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión.— Presente.
Los suscritos, diputados federales a la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos
respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a efecto de que a la brevedad posible dictamine
para su presentación al pleno de esta soberanía, iniciativa de reformas a los artículos
87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 16 de noviembre del año 2000 presenté una iniciativa que
reforma los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, el 20 de marzo de 2001 presenté excitativa para
que se dictaminara dicha iniciativa por haber transcurrido más del término que tienen
las comisiones para que dictaminen los asuntos que les turnen, de conformidad con el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, toda vez que aún no
se emite el dictamen correspondiente de la iniciativa en comento.
Los diputados integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista
nuevamente insistimos y hacemos énfasis en la necesidad de reformar el marco legal con la
finalidad de ampliar y respetar el término que tienen las comisiones para presentar su
dictamen en los negocios de su competencia de cinco a 15 días, así como en el caso que
aquéllas consideren conveniente demorar o suspender el despacho de algún negocio de su
competencia, lo haga del conocimiento de la Cámara en sesión secreta antes de que expire
el término de 15 días que se señala en la reforma.
De lo contrario, la Secretaría hará de su conocimiento al Presidente
para que acuerde lo conducente.
CONSIDERACIONES
Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece la clásica división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder
Legislativo tiene la misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que
respondan a las complejas necesidades sociales y con ello sentar las bases para una
convivencia justipacífica entre los individuos de la sociedad.
2161,2162,2163
Segundo. La LVIII Legislatura del Congreso de la Unión representa una
nueva etapa del Poder Legislativo, es el reflejo de la participación ciudadana que pugna
para que sus demandas sean escuchadas e impulsadas a través de la máxima tribuna de la
nación.
Tercero. No es posible que una iniciativa que tiene por objeto
dinamizar y hacer eficiente el trabajo legislativo a casi un año no haya sido dictaminada
ni por la comisión a la que fue turnada para su estudio y análisis, resulta incongruente
que aquí, donde se hacen las leyes, no tengamos ni el mínimo reparo en hacerlas respetar
y cumplir.
Cuarto. La esencia de nuestra representación política es ser el
conductor para que los intereses populares puedan tener causa y consecuencia jurídica,
conscientes de nuestra gran responsabilidad, todos los legisladores debemos asumir
compromisos concretos y específicos para sacar adelante el rezago legislativo que vive la
Cámara de Diputados y no circunscribirse nuestra actuación a una reacción como
respuesta al acoso que los medios de comunicación realizan sobre los legisladores.
Resulta denigrante que los medios de comunicación ataquen nuestra
tarea de crear y actualizar la normatividad que rige las relaciones de las mexicanas y los
mexicanos y que envuelve la labor parlamentaria con base en un ausentismo que se da en el
pleno, pero tampoco podemos violentar y manipular la ley y el Reglamento que rige la
organización y funcionamiento del Congreso de la Unión de manera reiterada.
Quinto. La iniciativa de reformas a los artículos 87 y 91 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
tiene por objeto ampliar el término de cinco a 15 días para que emitan su dictamen
correspondiente las comisiones, lo cual tendría como consecuencia atender de manera
expedita los problemas reales y actuales de la sociedad para responder al momento
histórico que vivimos y a su vez nos permitirá contar con un marco jurídico más
adecuado a las necesidades del Poder Legislativo.
En virtud de lo anteriormente expresado, las siguientes consideraciones
de derecho.
Primero, que en virtud de que no se ha dictaminado la iniciativa
presentada en este pleno, desde el 16 de noviembre del año 2000 y que además fue motivo
de excitativa del 20 de marzo del presente año para que la comisión competente
dictaminara la misma, hoy acudo ante esta Asamblea invocando el artículo 21 fracción XVI
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para que la Presidenta de esta mesa directiva instruya día y hora determinada
a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a efecto de que dictamine la
iniciativa de reformas a los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, a usted señora Presidenta de la Cámara de Diputados
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente solicito se
sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y consideraciones
expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar
a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente el dictamen
que corresponde a la iniciativa de reformas a los artículos 87 y 91 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la fecha que
se sirva señalar.
Palacio Legislativo, a 31 de octubre de 2001.—Suscriben la
presente por el Partido de la Sociedad Nacionalista, los diputados; Gustavo Riojas
Santana, Bertha Alicia Simental García y una servidora, Norma Patricia Riojas
Santana.»
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Se instruye a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, para que a más tardar en la sesión del 15 de noviembre emita el dictamen
correspondiente, vinculado con la materia de la excitativa que ha presentado la diputada
Riojas Santana.
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
La Presidenta:
Pasamos al capítulo de proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Fernando Ugalde Cardona, del grupo
parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo
sobre el nombramiento de Miguel Hidalgo y Costilla como generalísimo de las Américas.
El diputado Fernando Ugalde Cardona:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros
legisladores:
Punto de acuerdo para que se declare el 22 de octubre como día
nacional conmemorativo.
El suscrito, en mi calidad de diputado federal, integrante de la LVIII
Legislatura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se somete a la
consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo para que se
establezca como fecha conmemorativa del nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla como
"Generalísimo de la Nación Americana" y conformación del Ejército e
Insurgente Mexicano.
ANTECEDENTES
Miguel Hidalgo y Costilla nació en Corralejo, Guanajuato; estudió en
el Colegio de San Nicolás en Valladolid, donde recibió el grado de bachiller en letras.
En el mismo año se graduó como bachiller en artes en la Real Pontificia Universidad de
México y en 1773 obtuvo el bachillerato en tecnología en la misma casa de estudios,
donde figuró como Miguel Gregorio Hidalgo Costilla.
Fue ordenado sacerdote en 1778, impartió cátedra en el Colegio de San
Nicolás donde fue tesorero, vicerrector, secretario y rector. Hablaba francés, italiano,
tarasco, otomí y náhuatl.
En 1788 estaba encargado de la sacristía de Santa Clara del Cobre,
pasó al curato de Colima y ocho meses después regresó a Valladolid para ser enviado a
San Felipe, Guanajuato, donde promovió la alfarería, compró huertas, incrementó la
biblioteca con libros de autores franceses, entonces considerados contrarios a la
religión y a la corona española.
Celebraba las reuniones con amigos y en ellas se discutían las ideas
políticas de vanguardia, fue acusado ante la inquisición que no pudo formarle juicio por
falta de pruebas.
En 1802 ocupó el curato de Dolores, donde instaló talleres de
diversos oficios. Introdujo la apicultura, la cría del gusano de seda y el cultivo de la
uva, a la vez que alfabetizaba a sus feligreses.
El 22 de octubre de 1810, reunidos en la alargada plaza principal de
Acámbaro, Guanajuato, los jefes del movimiento insurgente acordaron en consejo militar
dar a sus huestes la forma de un verdadero ejército, mejor conformado, organizado y
disciplinado, otorgando a don Miguel Hidalgo y Costilla el nombramiento de generalísimo
de la nación americana, máxima autoridad civil y militar, además de dar nombramientos
de tenientes, generales, mariscales de campo y brigadieres.
Todos ellos lo hicieron y estrenaron uniformes de acuerdo a su rango.
El de don Miguel Hidalgo y Costilla era casaca de color azul, con collarín y vueltas y
solapas de color rojo con bordados de hilos de oro y plata y de un tabí de terciopelo
negro también bordado. En el pecho llevaba una medalla grande de oro con la imagen de la
Virgen de Guadalupe.
La proclamación se hizo estando en esa plazuela y caminaron en medio
de una valla hasta el altar de la parroquía de San Francisco, en la cual se celebró una
misa de acción de gracias por este feliz acontecimiento.
Después de este acto civil y religioso, Miguel Hidalgo y sus recientes
graduados militares montaron a caballo y pasaron revista a sus tropas de batallones con 1
mil hombres.
Así, Acámbaro, municipio de Guanajuato, situado a los 20 grados y dos
minutos de latitud norte y a 100 grados, 43 minutos de longitud oeste, según el meridiano
de Greenwich, limitando al norte con los municipios de Salvatierra y Tarimoro, al sur con
el Estado de Michoacán, al este con Jerécuaro y Tarandacuao y al este con el Lago de
Cuitzeo, fue escenario histórico del primer antecedente de la agrupación militar que hoy
día tiene la misión de defender la integridad, la independencia y soberanía de la
nación, de garantizar la seguridad interior, apoyando a la población civil en casos de
necesidades públicas, de realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al
progreso del país, además de que en caso de desastre prestara ayuda para el
mantenimiento del orden, auxilio de las personas y bienes y en la construcción de las
zonas afectadas, entre otras.
CONSIDERACIONES
Sabemos que es primordial preservar la memoria de nuestra nación
procurando mantener viva la historia a través de la conmemoración y festejos que nos
hacen recordar la lucha que libraron miles de mujeres y hombres para cumplir el anhelo de
vivir en una patria ordenada y llena de esperanzas.
El celebrar o solemnizar el recuerdo de alguien que participó en esta
ardua tarea es deber cívico de todo mexicano, además de asegurar a las generaciones
venideras la continuidad en el conocimiento de nuestro pasado histórico.
Es justo que en el marco de nuestros festejos nacionales se instaure el
22 de octubre como fecha conmemorativa que ha de recordar el acontecimiento glorioso que
reviste gran importancia histórica y llena de enorme orgullo de nuestro pueblo: el
nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla como "Generalísimo de la Nación
Americana" y de la conformación del Ejército Insurgente Mexicano.
Por las razones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se turne a la
Comisión de Gobernación bajo la siguiente proposición de
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que esta Cámara de Diputados solicite a la Secretaría
de Gobernación para que se sirva declare el 22 de octubre como día nacional del
"Generalísimo de la Nación Americana" y conformación del Ejército Insurgente
Mexicano.
Segundo. Que esta honorable Asamblea solicite a esta misma
Secretaría de Gobernación que en dicha fecha se celebren actos solemnes conmemorativos
en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos por este acontecimiento histórico y
trascendente.
Tercero. Que este honorable cuerpo colegiado solicite a la
Secretaría de Gobernación analice la posibilidad de designar al municipio de Acámbaro,
Guanajuato, como cede oficial de las fiestas con motivo de esta conmemoración.
Atentamente los diputados del Estado de Guanajuato.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
DESARROLLO SOCIAL
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, para presentar una
proposición con punto de acuerdo para incorporar en el ramo 20 desarrollo social del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y subsecuentes, el
Programa Iniciativa Ciudadana 3x1, para crear proyectos productivos sociales de inversión
en infraestructura y equipamiento urbano.
El diputado José Narro Céspedes:
Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
En respuesta a las graves carencias que padecen nuestros municipios y
sus habitantes a lo largo y a lo ancho del país, el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo y diversos diputados de otras fracciones parlamentarias, del PRI, del PAN, del
PRD, hacemos hoy presente esta propuesta de punto de acuerdo que puede ayudar a buscar
canalizar con mayor fortaleza a darle institucionalidad y transparencia a un programa de
enorme importancia para muchas comunidades y pueblos de México, que es el Programa de
3x1. Para ello sometemos al pleno de esta soberanía, con fundamento en lo que dispone el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos, el siguiente punto de acuerdo.
CONSIDERACIONES
Como todos sabemos, los recursos presupuestales para realizar obra
pública en las entidades federativas son insuficientes frente a las grandes necesidades
que plantea el creciente desarrollo urbano y de los enormes rezagos que se observan en el
medio rural.
La polarización del desarrollo regional presenta grandes desafíos que
demandan una solución de fondo. Tenemos que construir centros hospitalarios, dotar de
agua potable en donde hace falta, construir carreteras que conecten a las regiones
agrícolas con las ciudades para garantizar el abasto de los productos del campo y el
desplazamiento de las personas.
Afortunadamente esta soberanía tiene la facultad legal para incidir en
la orientación del rumbo que queremos discutir para este país y la capacidad jurídica
para discutir y aprobar los recursos necesarios para ayudar a los mexicanos que han sido
marginados del progreso económico y social. Estas zonas del país de más alta
marginación y pobreza son precisamente las zonas de donde hay más alta migración y de
donde son muchos de los paisanos, muchos de los connacionales que viven en Estados Unidos.
2164,2165,2166
Por eso muchos de ellos, en ese afán solidario, con esa gran identidad
que tienen como mexicanos y que tienen con sus regiones de origen, se han estado
organizando o se han organizado en Estados Unidos y el ejemplo más destacado son los
clubes de los zacatecanos para buscar coadyuvar en el desarrollo de sus pueblos, en el
desarrollo de sus regiones y municipios y en el desarrollo del Estado. Por eso contamos
con ese ejemplo sin precedente en esta materia que tal es el caso de lo que viene
sucediendo en Zacatecas en el Programa 3x1, que consiste en que por cada dólar que
aportan los mexicanos, los zacatecanos organizados y los mexicanos organizados en clubes o
de diferente forma en Estados Unidos, el gobierno municipal, el gobierno del Estado y el
Gobierno Federal aportan un dólar correspondientemente para obra pública en este
momento.
Esto hace que ese dólar que se manda de Estados Unidos se multiplique
por tres y tengamos cuatro dólares para obras y servicios, que si no es por este apoyo en
muchos casos no se pudieran hacer en beneficio de esas zonas apartadas de nuestro país.
Creemos que este esquema puede utilizarse también, no nada más para
obra de infraestructura, sino también para proyectos productivos y para programas de
desarrollo como es la cuestión educativa, cultural y la cuestión de salud.
La importancia de este programa se tradujo en 1999 en la ejecución de
93 obras, y para el año 2000 se proyectó la ejecución de 108 obras de infraestructura y
equipamiento urbano en los diferentes municipios de Zacatecas. Hoy, únicamente la
Federación de clubes zacatecanos del sur de California, tienen en proyecto construir
cerca de 130 obras en nuestro Estado.
Esta muestra de solidaridad, esta muestra de identidad y de defensa y
de apoyo hacia nuestro país, de estos mexicanos ejemplares, residentes en la Unión
Americana con sus compatriotas y con sus familias que habitan en los municipios de
Zacatecas, nos debe de servir de ejemplo para ampliar nuestra voluntad política y nuestra
capacidad creativa, para que en lo sucesivo no desaprovechemos la oportunidad que nos
están brindando estos paisanos preocupados por el país y por la región que los vio
nacer para que le demos continuidad y amplitud a estos programas de desarrollo social.
Actualmente este programa no existe en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, son recursos del Programa de Empleo Temporal, del PET, los que se utilizan
para poner a funcionar este programa. Por eso estamos planteando que haya apertura
programática para que este programa se institucionalice, se generen reglas y normas de
operación y se haga transparente su uso y destino de esa gran solidaridad que dan esos
connacionales que viven sobre todo en Estados Unidos.
Ellos nos están brindando la oportunidad para conjuntar nuestros
esfuerzos y que a través de esta soberanía continuemos exigiendo al Gobierno mexicano
haga respetar también hacia ellos los compromisos internacionales en materia de derechos
humanos y de derechos políticos hacia esos connacionales, para que de esta manera se
beneficie también a nuestros migrantes.
También seguiremos luchando porque el Gobierno mexicano impulse
programas culturales, sociales y deportivos que refuercen la identidad de nuestros
compatriotas en aquél país del norte.
Compañeras y compañeros diputados; quiero recordar a los integrantes
de esta Cámara, que la importancia económica de los migrantes mexicanos lo representa la
enorme aportación de divisas que hacen a la economía de México. Actualmente las divisas
son usadas fundamentalmente como un subsidio al consumo. La propuesta es que esos recursos
también puedan ser usados como un puntal para el desarrollo y para el bienestar de
nuestros pueblos y de nuestras comunidades aprovechando o viendo también con beneplácito
esa gran visión solidaria y de apoyo de esos compatriotas hacia sus regiones que les
dieron origen y vida.
Durante el año 2000, conforme a la cifra del Banco de México, la
remesas de salarios sumaron la cantidad de 6 mil 572 millones de dólares, situándola en
tercer lugar como aportadora de divisas de la economía después del petróleo y del
turismo.
En los últimos meses hemos sido testigos del alarmante desempleo que
azota al mundo y en particular a nuestra nación como resultado de la desaceleración
económica y de los acontecimientos que se dieron en los Estados Unidos el pasado 11 de
septiembre.
Por esta razón hoy más que nunca estamos comprometidos a responderle
a nuestro pueblo con políticas sociales que alivien el desempleo y den oportunidad a
nuestro compatriotas que cada vez tienen más problemas para emigrar a los Estados Unidos.
El programa que estamos proponiendo, planteamos que pueda ser
considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación; tiene el mérito de haber
sido ya aprobado como una opción para crear empleos y arraigar a nuestros habitantes en
sus comunidades. Además representa la gran oportunidad para dotar de ingresos a los más
necesitados, pero también constituye una posibilidad real para crear y ampliar la
infraestructura física y el equipamiento urbano de nuestros municipios a lo largo y a lo
ancho de nuestro territorio nacional, de impulsar proyectos productivos y de impulsar
propuestas de desarrollo regional que incorporen y que incluyan al desarrollo a aquellos
que están excluidos y se encuentran en la marginación.
Por las consideraciones expuestas, los diputados que firmamos este
punto de acuerdo con base en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente
punto de acuerdo.
Queremos comentar que ya la Secretaría de Desarrollo Social incluyó
en su propuesta que le turnó a la Secretaría de Hacienda, este programa para que sea
incluido en el Presupuesto de Egresos.
Ahora nuestro planteamiento es que la Secretaría de Hacienda lo
incluya en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que le va a turnar a
este Congreso de la Unión, quien es el que en definitiva tiene que resolver. Y también
convocar a mis compañeras y compañeros diputados para que apoyemos este programa ahora
que nos toca definir en el presupuesto, en el paquete financiero, resolverlo
favorablemente, aquí en esta soberanía.
Presentamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que se turne la presente propuesta a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se incorpore dentro del
ramo 20 de desarrollo social, el Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 para el ejercicio
fiscal del año 2002 y los subsecuentes con el propósito de constituir un fondo para la
inversión en proyectos productivos para crear empleos, así como la creación de
infraestructura física y equipamiento urbano, así como para programas de desarrollo
social que será contemplado también con la aportación de los residentes mexicanos en el
exterior.
Segundo. Que la Secretaría de Desarrollo Social en la firma de
los convenios de desarrollo social con las entidades federativas impulse que los estados y
municipios puedan aportar los mismos recursos que la Federación y que nuestros
connacionales en el exterior.
Tercero. Para que la aplicación a nivel nacional de este
programa sea claro y transparente y haya rendición de cuentas, debe contar con sus
propias reglas de operación y que en su formulación participen los representantes de los
residentes en el exterior que aportan recursos para su funcionamiento.
Quiero señalar que una propuesta similar a ésta fue presentada
durante la Permanente por nuestro compañero, el diputado Tomás Torres.
Quiero señalar por último quiénes firmamos y suscribimos ese punto
de acuerdo los diputados: Tomás Torres, Magdalena Núñez, del PRD; Josefina
Hinojosa, Víctor Infante, José Jaimes, Eduardo Andrade, Salvador Castañeda Salcedo,
José Antonio García Leyva, Maricruz Cruz Morales, Romero Apis, Silverio López
Magallanes, Jaime Martínez Veloz; Simón Villar, del PRI; José Carlos Luna,
del PAN; Sara Figueroa Canedo, del Partido Verde; Juan Carlos Regis Adame,
Víctor Antonio García Dávila, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández
y un servidor, José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Sobre el mismo tema ha solicitado la palabra el diputado José Carlos
Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José
Carlos Luna Salas:
Gracias, señora Presidenta; con su permiso, señora Presidenta de esta
Cámara de Diputados; compañeras, diputadas y diputados:
En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos de
suma importancia valorar el esfuerzo de las mexicanas y mexicanos, que sorteando un sinfin
de peligros y obstáculos, arriesgan su propia vida, emigrando hacia los Estados Unidos de
América, en busca del famoso sueño americano. Y que después de todo ello, no conforme
con apoyar económicamente y el bienestar de sus familias, también se esmeran en el
fortalecimiento y desarrollo de sus pueblos de origen.
Esto, compañeras, diputadas y diputados, sencillamente es muestra de
un gran nacionalismo y un cariño enorme hacia sus pueblos, ya que después de organizarse
en clubes de mexicanos residentes en algunas ciudades de América, como Los Angeles,
Chicago, San Antonio, Houston, por mencionar algunas de ellas, se organizan de tal manera
que generan un fondo económico, que posteriormente envían a sus lugares de origen, para
apoyar obras de infraestructura, como carreteras, hospitales, escuelas, entre otros,
formando así el Programa 3x1, que en muchos lugares de nuestro México, y especialmente
en Zacatecas, ha sido como puntal para el desarrollo de tantos pueblos olvidados.
Esto sencillamente es una muestra de la organización, que cuando los
mexicanos queremos, podemos, lo logramos y lo hacemos.
Coincidimos totalmente con la propuesta que hace el compañero José
Narro Céspedes del Partido del Trabajo, sin embargo, quiero hacer una observación. En el
artículo 2o. de este punto de acuerdo, como diputados no estamos para exigirle a una
Secretaría de Estado, pero sí para solicitarle que es el Ejecutivo Federal quien puede
exigir el debido funcionamiento y operación de las secretarías.
Por eso, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sugiere
que en el artículo 2o. en lugar de que sea una exigencia, que quede de la siguiente
manera:
Solicitar que la Secretaría de Desarrollo Social, en la firma de los
convenios de desarrollo social con las entidades federativas, promueva que los estados y
municipios, puedan aportar los mismos recursos que la Federación y que nuestros
connacionales en el exterior.
Sólo así podemos manejar de una manera equitativa el recurso de
nuestros connacionales en las inversiones que hacen aquí en su querido país.
Compañeras, diputadas y diputados, también es importante, que no
sólo nuestros presidentes municipales y gobernadores, vayan a visitar a nuestros
connacionales para pedirles dinero a obras que ellos planean o promueven, sino que
también inviten a nuestros connacionales a invertir en este inmenso país, dándoles las
oportunidades, fiscales y hacendarias, para que el empleo de verdad también sea promovido
por los connacionales aquí en México.
No nada mas, pidámosle para obras también ayudémosle para que
inviertan en nuestro país, ayudémosle para que regresen grandes capitales a nuestro
país y sean debidamente usados.
Coincidimos y apoyamos todas las gestiones, todas las iniciativas que
vayan al fortalecimiento de los mexicanos y que sean para el engrandecimiento de nuestra
patria, porque creemos que sólo con ejemplos y hechos de transparencia, lograremos de
este país, el país, el México que nuestros connacionales quieren ver: un México
grandioso, un México fortalecido, un México sin mentiras, un México unido.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias diputado.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por
cinco minutos, el diputado Tomás Torres del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Le ruego señora Presidenta, previo al otorgamiento del uso de la
palabra a un servidor, hiciera ante la Asamblea la corrección en términos de que el que
hace uso de la palabra es miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática, partido en el que milito y al que pertenezco.
2167,2168,2169
La Presidenta:
Con todo gusto, diputado; le ruego disculpe el error.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Muchas gracias.
Agradezco la deferencia de mi amigo el diputado José Narro Céspedes,
al expresar que en el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la
legislatura, un servidor formuló ante la Comisión Permanente, un punto de acuerdo que
ahora no solamente se ve reproducido, sino se abunda en él.
El planteamiento consiste en efecto en que se institucionalice el
Programa 3x1, que no solamente opera en el Estado de Zacatecas, sino que también en otras
entidades, con un índice significativo de migración, ocurre actualmente: San Luis
Potosí, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y ¿por qué no?, cualquier otra entidad que en esta
experiencia de conversión para salvar deficiencias y carencias de infraestructura básica
nuestros connacionales han generado toda una cultura del esfuerzo real en ir superando
esas carencias.
Es importante señalarles, compañeras diputadas; compañeros
diputados, que en el caso de nuestro Estado, el de Zacatecas, siendo la entidad que menos
aporta al producto interno bruto nacional, los indicadores, las variables de marginación
estén por arriba de la media nacional. Sin duda la explicación está en el envío de
remesas de connacionales que con relación al presupuesto local y federal, significa
cuando menos un aporte tres veces superior al presupuesto todo programable.
Seguramente convendrán conmigo de que no sólo le prestemos atención
a las remesas, al sentido económico de la aportación de nuestros paisanos radicados en
el extranjero y específicamente en la Unión Americana.
Seguramente convendrán conmigo que tenemos una responsabilidad
superior que les garantice seguridad y certidumbre en el tránsito terrestre, desde el
momento en que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos.
Seguramente convendrán conmigo que si verificamos las tarifas de las
aerolíneas nacionales en un nicho y en un mercado cautivo, es más caro volar de Los
Angeles, California, a Zacatecas, que ir de la primera ciudad a Moscú o a Costa Rica.
Seguramente esperaremos también un pronunciamiento de quien forma
parte de las agrupaciones sindicales que tienen qué ver con la prestación de este
servicio.
Seguramente escucharemos también de quienes forman parte de la
Comisión de Relaciones Exteriores, de Asuntos Fronterizos y de Migración, que ojalá y
el señor comisionado del Instituto Nacional de Migración, cuando arriban a territorio
nacional en las aeronaves, no hagan descender a enfermos, ancianos y a niños, para la
revisión a las 3:00 o 4:00 de la madrugada.
Seguramente convendrán conmigo que debemos reclamarle y pedirle al
servicio postal mexicano, que se convierta en garante de los envíos por ese medio, de las
remesas.
Yo creo que es conveniente hacer un repaso y decirnos: "señoras y
señores diputados: si solamente institucionalizando el programa del 3x1 estaremos
cumpliendo con los connacionales nuestros, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con
nuestros familiares, de este esfuerzo extraordinario que no solamente en términos de
inversión de infraestructura, sino también en un esfuerzo permanente de arraigo y de
preservación de valores fundamentales de este país".
Le pido, señora Presidenta, me restituya el tiempo que toca a mi
intervención, por favor.
La Presidenta:
Con mucho gusto. Con mucho gusto.
Un minuto más para el diputado.
El diputado Tomás Torres Mercado:
Gracias, señora Presidenta:
Concluiré diciéndoles que la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública tiene dentro de la relación de puntos de acuerdo pendientes para determinar en
el momento debido, justamente la institucionalización para presupuestar para el ejercicio
del año fiscal que viene, este tema.
Y aprovecho solamente la tribuna para decir que el jefe de la oficina
de la Presidencia de la República para atender a los mexicanos en Estados Unidos, el
señor Juan Hernández, expresó ante los medios de comunicación en reciente fecha que
"el gobierno de la República destinaría 500 millones de pesos en este rubro para el
ejercicio fiscal del año que viene".
Si bien no es vinculatoria su declaración, me parece que es esta
tribuna para reclamar, en todo caso, desde el punto de vista ético y político, el
cumplimiento de la palabra ofertada públicamente.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra, hasta por
cinco minutos, el diputado Oscar del Real Muñoz, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
El diputado
Oscar Alfonso del Real Muñoz:
Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros
diputados:
El tema de los recursos que provienen del extranjero es un tema que ha
atraído el interés de grupos de especialistas desde hace varios años. Son 6 mil 200
millones de pesos los que entran al país anualmente y que envían nuestros connacionales
desde Estados Unidos. Estos recursos han hecho que volteen la mirada las instituciones,
los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados, los emigrados organizados en
Estados Unidos y los personajes ligados a los asuntos migratorios.
Nosotros hemos estado en contacto con grupos de ciudadanos zacatecanos
en Estados Unidos. Ellos nos han estado mostrando sus inquietudes para hacer llegar los
recursos hasta sus comunidades y hacer obras que las beneficien.
En realidad el problema que se plantea tiene cierta complejidad. El
Programa 3x1 implica que los gobiernos municipales y los gobiernos de los estados tengan
recursos para hacer frente a los requerimientos y a las aspiraciones de los emigrados.
Además de esto, los programas deben estar verdaderamente
institucionalizados de una forma muy democrática. De tal suerte que no solamente los
clubes, sino las personas en lo individual se vean favorecidos por estos programas cuando
así lo requieran y los gobiernos municipales y estatales no hagan un proceso selectivo o
politicen los programas.
Por eso es que es necesario normar estos programas, traerlos aquí a la
Cámara y legislar al respecto. No es fácil.
También para fortalecer a los estados se requiere hacer un análisis
más profundo y ésa es materia de federalismo que también en esta Cámara se está
estudiando.
El otro día llevamos a un grupo de emigrados hasta el subsecretario de
Hacienda. El señor subsecretario se mostró sorprendido, no conocía la existencia de
estos programas ni la mecánica de cómo estos programas funcionan. Esto nos da una idea
del grado de complejidad al que yo me refiero.
Pero yo vengo aquí a ofrecer mi apoyo al punto de acuerdo que trabajó
el compañero Narro Céspedes. Por algún lugar tenemos que empezar. El compañero Eddie
Varón Levy ya había planteado este asunto en la Permanente. Este asunto debe de tomarse
en la Cámara con mucha seriedad, porque es la manera como nuestros connacionales quieren
contribuir al engrandecimiento de sus comunidades, de sus municipios, de sus estados. En
consecuencia, nosotros apoyamos el trabajo que se habrá de realizar en torno a este
asunto.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE MEXICO (II)
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la intervención de la
diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para exhortar al
Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se revisen y mejoren las indemnizaciones a los
titulares de los predios que fueron expropiados para la construcción del nuevo aeropuerto
internacional de México.
La diputada Beatriz Cervantes Mandujano:
Con su permiso, señora Presidenta:
Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta
Cámara de Diputados, a exponer:
Es de recordar en México desde los orígenes precortesianos, la
extensa y compleja problemática de la tenencia de la tierra, es vigencia de la causa
revolucionaria en 1910 y pauta que reforma y consolida en 1917, evolución que se ha hecho
presente con acción inequívoca del pensamiento generoso de quien la tiene, de quien la
trabaja, con la inquebrantable firmeza del clima que curte su defensa, ya sea en lo moral
o en lo legal, sin perder su esencia como identidad nacional, con todo y que las diversas
regiones que integran el territorio de nuestro país posean características propias y
singulares que las hacen distintas entre sí y sin embargo tan coincidentes como el
sentimiento vasto del quehacer que nutre vida, hace hogar, hace futuro, hace trabajo de
respeto y dignidad, elemento histórico de nuestra mexicanidad, que posiciona un lugar
hacia la sociedad, hace patria y camino de nación; ésta es nuestra tierra.
Tierra que con motivo de los diversos decretos expropiatorios
publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha lunes 22 de octubre de
2001, se expropian por causa de utilidad pública en razón al establecimiento de áreas
de recarga de acuíferos, ampliación de los límites de la zona Federal de rescate
ecológico del Vaso del Lago de Texcoco, construcción, rehabilitación y desarrollo de
obras hidráulicas, así como la construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de
México y ampliación de obras del Plan Lago de Texcoco, citando superficies de hectáreas
en municipios del Estado de México, como lo son el municipio de Chimalhuacán,
comunidades del municipio de San Salvador Atenco, referentes a San Francisco Acuescomac,
Mexquipaya, colonia Francisco y Madero, Santa Isabel Ixtapan, San Salvador Atenco,
cabecera municipal y del municipio de Texcoco en comunidades como San Bernardino, Tocuila,
San Felipe y Santa Cruz de Abajo, Huexotla, Magdalena Panoaya, ejido San Martín, Santiago
Cuautlalpan, dado una resultante de más de 5 mil 500 hectáreas objeto de decreto, lo que
corresponde al 76.63% en el municipio de San Salvador Atenco, 27.82% al municipio de
Texcoco y 5.53% al municipio de Chimalhuacán, que involucra a 4 mil 375 ejidatarios.
Asimismo es menester hacer referencia que el municipio de San Salvador
Atenco cuenta con 9 mil 400 hectáreas de las cuales, objeto de decreto, son 3 mil 741
más en régimen ejidal, 4 mil 400 hectáreas de competencia Federal y estatal, lo que nos
da una resultante de 1 mil 259 hectáreas restantes, libres de expropiación en el ámbito
municipal.
El artículo 27 constitucional fundamenta la propiedad de las tierras y
aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden
originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Son propiedad de
la nación las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo y corresponde a la
nación el dominio directo de todos los recursos naturales.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública
mediante indemnización, asimismo su ley reglamentaria, la Ley Agraria, permiten la
posibilidad de que bienes ejidales comunales puedan ser expropiados estableciendo el
procedimiento y la base que habrá de servir para determinar el monto del pago de las
indemnizaciones correspondientes, haciéndose notar en la ley lo siguiente:
Primero. La expropiación se realiza mediante indemnización.
Segundo. El encargado de determinar el monto de la
indemnización es la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales.
Tercero. La base lo es el valor comercial de los bienes
expropiados.
Cuarto. El decreto expropiatorio deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación y deberá notificarse al núcleo de población.
Quinto. El pago de la indemnización se hará de preferencia en
el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto que establezca garantía
suficiente para su pago.
2170,2171,2172
Sexto. En cuanto a bienes distintos que se encuentren en la
superficie que se expropia, se pagarán de forma inmediata en la Semarnap, Secretaría de
Comunicaciones y Transportes según corresponda.
Séptimo. Hecho lo anterior, podrán ser ocupados los bienes
expropiados.
Sería pertinente preguntarnos, ¿cuáles fueron los criterios que
manejó la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales para determinar el monto de las
indemnizaciones y en qué momento, periodo o término de tiempo realizó avalúo a los
predios en cuestión siendo su uso y sobre todo proporcionará ingresos económicos
importantes a la Federación?
La ausencia de interés por parte del Gobierno Federal de proveer la
información y orientación necesaria a que tiene derecho todo gobernado y de manera
particular a los afectados con respecto al avalúo que realizó la Comisión de Bienes
Nacionales respecto a los criterios que sirvieron de base para determinar el valor en
tierras de temporal por metro cuadrado es de 7.20 y en tierras de riego de 25 pesos por
metro cuadrado, no se considera que esta cantidad sea suficiente y justa, ya que no evita
ni coadyuva a organizar, planear y canalizar la actividad económica de los pobladores de
la región estando muy lejos de considerarse que el futuro pertenece a aquellos pueblos
que son capaces de tomar su destino en sus propias manos, al constituir el ejido el
elemento básico de la democracia mexicana, origen y presente de nuestra historia, en
donde la tierra es patrimonio que sienten actualmente y desconfían ante la incertidumbre,
ante la indiferencia.
No puede haber progreso y desarrollo sustentable en una nación sin una
sociedad equilibrada y justa en un país con solvencia moral y material en donde el Estado
genere acciones y garantice bienestar e incorporación al proceso de desarrollo nacional
desde las regiones del país con equidad, paz y justicia social.
Inversiones pública y privada que dote a esta región a través de la
coordinación del Estado, del equipamiento urbano municipal y el beneficio presupuestario
como tributario hacia sus haciendas municipales que le permitan desarrollar un capital
humano competitivo y ser factor de oportunidad para disfrutar de los bienes materiales y
culturales una lucha del pueblo que debe de realizarse por la vía pacífica y mediante
procedimientos políticos para acercar soluciones desechando el protagonismo por la
conciencia; el caudillismo por la orientación formal; la manipulación dolosa de la
esperanza, por certidumbre; evitando el perfil de la mentira, de la palabra abusiva que
corrompe y lastima en un amanecer en el ejercicio de lo político con virtud, con ética y
valor, no esta tribuna como instrumento reflejante de vanidad personal o tema pasajero sin
compromiso real.
Por lo anterior, los afectados por los decretos expropiatorios a
través de diferentes acciones han manifestado su inconformidad y han urgido al Gobierno
Federal que los atienda dentro de un marco de tolerancia, ya que de lo contrario se
vislumbra que se habrá de transgredir el marco de convivencia existente en nuestro
régimen democrático.
Por lo anteriormente expuesto
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorte al Poder Ejecutivo Federal para que a
través de las instancias correspondientes se revisen y mejoren las indemnizaciones de los
titulares de los predios, objeto del decreto expropiatorio del 22 de octubre de 2001.
Segundo. A la Cámara de Diputados acuerda se turne y dictamine
que las comisiones de Reforma Agraria, de Hacienda y Crédito y la de la voz, en el
ámbito de su competencia vigilen y gestionen que el proceso de indemnización que
prescribe el decreto expropiatorio de fecha 22 de octubre de 2001, se realice conforme a
derecho.
Segundo (sic). Se gestionen de manera inmediata ante las
instancias del Gobierno Federal la atención de las demandas e inquietudes de los
afectados a fin de generar las condiciones que coadyuven al pago justo, transparente y
expedito de las indemnizaciones sin perjuicio de la acción jurisdiccional en que en uso
de sus derechos legales, los afectados soliciten ante el poder facultado para ello.
Por su atención y solidaridad, muchas gracias.
Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Sobre el mismo tema y hasta por cinco minutos, han solicitado hacer uso
de la palabra los diputados de los grupos parlamentarios: Rafael Ramírez Agama, de
Acción Nacional; Francisco Patiño Cardona, del PRD; Bertha Alicia Simental García, del
Partido de la Sociedad Nacionalista.
Esta Presidencia desea comentar a los compañeros legisladores que en
el caso de que otras compañeras legisladoras o compañeros legisladores deseen intervenir
sobre el mismo punto, terminando estas intervenciones se abrirá un registro para
rectificar hechos.
El diputado
Francisco Patiño Cardona:
Con su permiso, distinguida Presidenta; compañeras y compañeros
diputados:
Quisiera hacer algunos comentarios en relación a este tema tan
sensible, tan importante no solamente para quienes habitan en la zona metropolitana en el
valle de México.
Dice la máxima del presidente Vicente Fox, "primero mata,
después virigua".
Efectivamente, el Ejecutivo Federal ha provocado, ha creado problemas
innecesarios; no solamente se trata el problema de los campesinos, el problema de los
ejidatarios, de esa zona lacustre con vocación hidrológica de Texcoco, también empiezan
a emerger y con mayor fuerza serios problemas para el Gobierno del Distrito Federal y
problemas muy graves para los habitantes de ésta, aún hermosa capital.
Se le está quitando, además de su patrimonio, se le está arrebatando
de manera directa 25 mil empleos, lo cual está impactando o impactará más bien a 250
mil capitalinos de manera indirecta. Pero lo más grave de este asunto es que se pone en
peligro la seguridad de los capitalinos, porque lo quieran o no lo quieran reconocer, se
está estrangulando a un vaso hidrológico que sirve de regulador en esa zona hidrológica
y con ello se verá afectada la seguridad de los capitalinos.
En el caso que nos ha traído a esta tribuna, me quiero referir a los
campesinos, a los ejidatarios de San Salvador Atenco, de Cuautalpan, de Tocuila etcétera,
se trata de campesinos humildes, de campesinos sencillos a los cuales de la noche a la
mañana se les quiere arrebatar su patrimonio, es increíble el cinismo, el descaro de
Pedro Cerisola, del mismo presidente Vicente Fox, de querer pagar a siete pesos el metro
cuadrado y con ello dejar en la miseria a esos campesinos, a esos ejidatarios de esa zona
tan antigua y que representa mucho para el pueblo de México, no solamente por su origen
prehispánico.
Yo quisiera preguntarles a mis compañeros diputados del PRI, a mis
compañeros diputados, sobre todo del Partido Acción Nacional, bueno, hay un decreto, un
decreto que se arma en unas cuantas horas, un decreto prepotente, un decreto humillante
para los humildes de este país. ¿Cuál es la propuesta alternativa de ustedes,
compañeros, que hoy están gobernando este país? ¿Cuál es el proyecto emergente para
esos cientos y cientos de campesinos que hoy se encuentran prácticamente al borde de
quedar desamparados ya sin su patrimonio que son las tierras? ¿Acaso aquí lo que se
está planteando es convertir a los campesinos, convertir a los ejidatarios en albañiles,
en maleteros o en nuevos taxistas de aquel aeropuerto que se piensa construir en esa zona
tan importante del país? O ¿acaso el presidente Fox ha aprendido de manera rápida a
hacer grandes negocios al amparo de la oscuridad que da el poder?
Yo creo que estas cosas de ninguna manera esta legislatura las puede
dejar pasar de manera tranquila, está claro que en los próximos meses esas tierras
seguramente alcanzarán un valor de 1 mil ó 1 mil 500 pesos por metro cuadrado.
Se trata de compañeros campesinos, de gente muy humilde que está
enraizada en esas tierras antiquísimas de nuestro país, no se trata de rancheros a
caballo bayo con ancas atrás, cargando a su mujer, como los caminos de Guanajuato, donde
la vida no vale nada, no, aquí se trata de campesinos que no quieren ninguna
liquidación.
La Presidenta:
Diputado, se le ha agotado su tiempo.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
En fin, termino concluyendo, entendemos la preocupación de los
compañeros diputados del Estado de México; sin embargo, ésa no es la solución de
fondo. Por eso mi partido, el de la Revolución Democrática, se está sumando a la
controversia constitucional que seguramente en los próximos días el municipio de Texcoco
y el gobierno del Distrito Federal tendrá que iniciar y hasta entonces el "caballo
bayo" tendrá que dar marcha atrás y tendrá que recular en esa decisión
equivocada.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Esta Presidencia quiere dejar constancia de un extrañamiento al
diputado Francisco Patiño Cardona, porque él pasó a la tribuna cuando todavía no se le
había otorgado el uso de la palabra.
No quisimos interrumpir su intervención, porque entendemos que fue una
distracción y que probablemente cuando escuchó su nombre cuando dimos lectura a la
relación de solicitudes de intervención, estimó que se le llamaba, pero quiero dejar
constancia de que no es un precedente y que estas confusiones no se deben repetir.
Activen el sonido en la curul del diputado Patiño Cardona.
El diputado Francisco Patiño Cardona
(desde su curul):
Distinguida, señora Presidenta: acepto esa observación que usted me
está haciendo a manera humilde. Efectivamente ha sido una equivocación de mi parte.
Muchas gracias, por esa observación.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Rafael Ramírez Agama, del grupo
parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Rafael
Ramírez Agama:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros
diputados:
Nos sumamos al punto de acuerdo del Partido Revolucionario
Institucional desde luego, pero quiero dirigirme ante ustedes con el propósito de
señalar algunas consideraciones respecto a las indemnizaciones con motivo de la sede en
que residirá la nueva terminal aérea, asimismo de los reclamos que habitantes,
ejidatarios y vecinos de los municipios han hecho de la opinión pública.
La construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
se efectuará bajo el decreto expedido para tal efecto, resaltando las siguientes
CONSIDERACIONES
Se declara de utilidad pública la construcción y operación de un
nuevo aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sus obras complementarias, efecto
para el cual se expropia por causa de utilidad pública en los municipios de San Mateo
Atenco, Chimalhuacán y Texcoco, cumpliendo con un compromiso y necesidad, haciendo uso de
las atribuciones que le confiere al Gobierno Federal.
Si bien la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el
monto de indemnización, habrá que estar pendientes no sólo del pago justo que se lleve
a los ejidatarios a tener una vida digna, sino a demandas contra funcionarios que han
violado sus garantías individuales y derechos humanos. Absolutamente tenemos como
objetivo que se dé la mejor forma de indemnizar a los propietarios de tierras ejidales de
temporal y riego. Al efectuarse este proceso se tendrá que analizar a detalle los
avalúos que Conabín ha determinado ante las manifestaciones que expresan desacuerdo en
los montos para esa expropiación.
Deseamos hacer una puntual exhortación para que este poder mantenga
una atenta vigilancia, a fin de garantizar el buen término de esta situación, procurando
que los ejidatarios salgan beneficiados en este proceso de expropiación, el cual se da
por la necesidad de la construcción de un aeropuerto de primer mundo.
De igual manera, tenemos que exigir al gobierno del Estado de México
no enrarecer el ambiente político que rodea esta problemática social. Es bien sabido que
la política agraria en el Estado ha sido marcada por la desigualdad, privilegiando a
grupos identificados con algunas autoridades estatales. No es un secreto, los diversos
conflictos en la tenencia de la tierra en zonas ejidales, agravados hoy día.
De todos es conocida la historia de despojos a comuneros y la
estrategia de intimidación que por conducto del señor Axel García ha realizado el
gobierno del Estado de México. Este personaje se ha valido de su condición de servidor
público en múltiples ocasiones, para intimidar a ejidatarios y pequeños propietarios de
la zona que hoy trae nuestra atención para el nuevo aeropuerto.
2173,2174,2175
Los ejidatarios piden que se esclarezca lo que han sido las prácticas
de hostigamiento hacia los mismos mediante el uso perverso de la fuerza pública, en
violentos desalojos, desalojos con sello y firma particular del señor Axel García y que
exigen que el gobernador dé el curso correspondiente a una averiguación por los excesos
de ese funcionario del Estado de México.
Los abusos cometidos desde la fiscalía para los delitos referentes a
la tenencia de la tierra, siguen latentes en la memoria de los mexiquenses. No estamos en
contra de la legalidad, mucho menos apoyamos a los fraccionamientos clandestinos, pero
esto se ha dado muchas veces solapado por las autoridades que habrán de intervenir
conforme a derecho sin violentar la ley. Si queremos solucionar este problema, no debe
quedar impune la actuación de este señor, verdugo de los hombres y mujeres del campo en
el Estado de México, el cual no ha olvidado, estaremos pendientes para llevarlo a rendir
cuentas ante la justicia.
Hoy que se ha defendido la sede por Texcoco y que se ha definido a tal
lugar para la edificación del aeropuerto, estas molestias, estos agravios, estos abusos,
surgen a la luz pública los conflictos sociales y políticos que no se han atendido por
décadas por el gobierno del Estado de México.
Hoy han asomado sus rostros, nombres y apellidos; hay problemas en esta
región que tienen un costo social y político en el gobierno del señor Arturo Montiel
Rojas y que ha dejando pendientes. Los diputados mexiquenses de Acción Nacional no
podemos contemplar indiferentes los reclamos sociales alrededor de este proceso de
indemnización, no señores, desde luego es necesario ir al fondo y desmembrar todos los
problemas que vienen cargando todos los ejidatarios, redondeo.
De igual forma exigiremos que se revisen los precios a pagar en las
tierras contempladas a fin de que se pague lo justo, en este caso, observando en todo
momento consenso y civilidad. Buscaremos garantizar la razón política por encima de
componendas, abusos de la autoridad, ya sea municipal, estatal o federal.
Por su atención, gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra la diputada Bertha
Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos.
La diputada Bertha
Alicia Simental García:
Con el permiso de la Presidencia; diputadas y diputados:
Los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista
manifestamos nuestro apoyo al punto de acuerdo que se presenta ante este pleno, toda vez
que se verá afectada innecesariamente un zona ejidal tanto en el aspecto económico, como
en el ecológico.
Una política que pretende quitar al desprotegido es un acto claro de
violación a los derechos humanos. Resulta irrisorio el precio que se pretende pagar a los
ejidatarios por tierras.
Señores legisladores, le preguntamos: ¿si los 120 pesos por metro
cuadrado, aproximadamente 72 mil pesos por campesino, realmente es un reflejo de lo que
valen en este momento sus tierras? ¿Se puede responder con esa absurda cantidad a las
necesidades de 4 mil 200 familias?
Poblados como Madero, Acuezcomac, Zapatlán, Ixtapan, Pastoría, Santa
Rosa, Santa Gertrudiz, Magdalena Panueya y Mexquipaya, sólo son algunos de los poblados
afectados con esta decisión.
Al señor Javier Bernando Usabiaga Arroyo, secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, le preguntamos: ¿es esta su forma de
ver, lo que según su informe llamó la transformación del sector agrícola para planear
una agricultura en la que los productores tengan un nivel de vida digno y un mejor
ingreso, que produzcan alimentos suficientes, sanos y de calidad? ¿Es así como se
otorgaran con eficiencia, transparencia y oportunidad los estímulos y apoyos que
promuevan el uso de tecnologías apropiadas, ofrecer alternativas y generar una cultura
productiva basada en la protección y conservación de los recursos?
Asimismo, señor Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales le
cuestionamos: ¿esta afectación a los ejidatarios forma parte de los resultados generados
en el Seminario de Ejidos Verdes en el que participaron organismos internacionales como el
Banco Mundial y la FAO, de los cuales indicó, permitirían diseñar políticas públicas
en torno a los recursos naturales de propiedad común, donde se afirmó que el cuidado de
biodiversidad no es posible sin la participación de los campesinos e indígenas y que los
proyectos se enfocarían a incluir su participación.
Para los diputados del Partidos de la Sociedad Nacionalista, es
importante evitar que se vuelve a proyectos gubernamentales que no resulten viables u
operativos.
Los nacionalistas nos pronunciamos por el derecho absoluto de la
nación en sus áreas estratégicas, por lo cual solicitamos respetuosamente se dé una
revisión a los términos en que se lleve a cabo la expropiación, asimismo, se dé una
discusión amplia y detallada de las concesiones o convenios que se suscriban, así como
de los programas de desarrollo regional.
En el Partido de la Sociedad Nacionalista, no estamos en contra del
progreso y del desarrollo rural, pero los problemas que atraviesa el desarrollo
agropecuario, requieren que nuestra gente del campo sea autosuficiente en la producción y
manejo de sus recursos.
Para los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista lo cierto es
que aún quedan por definir puntos clave al respecto sobre el proyecto de aeropuerto en
Texcoco, tales como el impacto ambiental, aspectos técnicos, por lo que nos interesa se
den a conocer detalles en el manejo de aguas residuales, en el manejo de cuencas, de obra
de infraestructura, de regulación hidráulica, así como la disponibilidad de agua
respecto al proyecto Texcoco.
Además nos surge una duda ¿Por qué si de las propias declaraciones
del Secretario de Comunicaciones y Transportes ambas propuestas para ubicar este nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México, Tizayuca y Texcoco eran viables, por qué seleccionar
aquella que afectaría a tantos ejidatarios?
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, vigilemos este
proceso de licitación, de expropiación de tierras, contratos y de que se cumplan las
medidas de protección al medio ambiente, porque es nuestra obligación legislar pensando
siempre que la patria es primero.
Es cuanto, gracias.
El Presidente:
Gracias, señora diputada.
Han solicitado para hacer uso de la palabra sobre el mismo tema, los
diputados Armando Enríquez Flores, del Partido Acción Nacional y Ricardo Moreno Bastida.
Por lo tanto tiene el uso de la palabra Armando Enríquez Flores, del PAN, hasta por cinco
minutos.
El diputado Armando
Enríquez Flores:
Con su permiso, señor Presidente en funciones, amigas y amigos
legisladores:
Hoy no me sorprende tanto la supuesta bandera sociopolítica con la que
militantes, del mismo partido, en el gobierno de siempre, en el Estado de México,
pretenden enarbolar con la misma demagogia de siempre también, para seguir engañando a
los mexiquenses. Por el contrario, lo que sí me sorprende es un exhorto con tintes de
también supuesta preocupación en cuanto a la revisión y mejoría de las indemnizaciones
en comento, asunto evidentemente de corte social y me sorprende, por supuesto, ante la
gran cauda de deuda social que hoy mantiene el gobernador Arturo Montiel precisamente con
sus también supuestos gobernados.
El grado de marginación de los municipios aledaños al enclave del
nuevo aeropuerto, como son Atenco, Texcoco, Tizayuca, Acolman, Ecatepec, hoy hacen que
este punto de acuerdo con todo y su incluido exhorto, sea hecho a ambos gobiernos. Dejar
de lado al del Estado de México, por lo hasta aquí expuesto, no sólo sería injusto,
sino a todas luces incompleto y digo incompleto no sólo por las 4 mil 400 hectáreas de
ambas incidencias, la Federal y la estatal, sino sobre todo ante las más recientes y
luminosas declaraciones del señor Montiel, quien ignorando nuevamente a las autoridades
locales, asevera temerariamente: "la reubicación de los afectados en el municipio ya
de sí mayormente poblado no sólo en el Estado, sino en todo el país".
La preocupación de los representantes populares de Acción Nacional en
el Estado de México, va más allá; áreas de uso común a nivel estatal, hoy nos
preocupa la supuesta utilización por parte del gobierno del Estado; la participación del
mismo gobierno estatal en el Programa Técnico Vial, el rescate de programas sociales
municipales del Estado cuando no se reciben los recursos en tiempo y forma, por algunos de
los municipios ya comentados y por los demás del Estado de México, hacen que esta
preocupación hoy sea el punto que manifestamos en esta tribuna.
Como aquí se dijo también, que no se trata de rancheros a caballo,
quiero también decir que tampoco se trata de que hoy, lancheros de la costa, metidos
primero a supuestos luchadores sociales y hoy pretendidos rectificadores a través de
controversias, quienes solucionen la problemática social de una entidad ajena.
No es tampoco con adjetivos de descalificación, en cuanto a puntos de
vista particulares, sino con la instrumentación del estado de derecho a partir de nuestro
marco normativo, como vamos a solucionarlo.
En tal forma y en tal virtud, por esto último y en la mejor voluntad
de revisar integralmente la problemática social de nuestro Estado, es que nos sumamos al
punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Cervantes.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
También han solicitado, para hacer uso de la palabra sobre el mismo
tema los diputados: Héctor Taboada Contreras del Partido Acción Nacional y Miguel
Bortolini del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Moreno Bastida del
Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo
Moreno Bastida:
Con el permiso de la Presidencia:
Dice un adagio popular "que no por mucho madrugar amanece más
temprano". El asunto social del aeropuerto en el valle de Texcoco, no es un asunto de
pesos y centavos, no es un asunto que se resuelva con un avalúo mayor o con un avalúo
menor. Me parece que hay que leer perfectamente bien la información que ha surgido en
estos últimos días en esta parte del Estado de México, los ejidatarios no están
reclamando indemnizaciones justas, están reclamando la tenencia y la posesión de sus
tierras, ése es el punto fundamental.
Por eso es importante señalar, tanto al PRI como al PAN, que sus
regidores en el ayuntamiento de Texcoco, han tenido una posición diversa a la que ustedes
hoy han venido a plantear aquí.
El día de ayer afortunadamente se ha firmado un acuerdo de cabildo por
todas las expresiones políticas, representadas en ese órgano colegiado, para solicitarle
al presidente Vicente Fox, revisar la decisión respecto a la ubicación del aeropuerto en
esa parte del Estado de México. Y el acuerdo aquí está, firmado por todos los
integrantes de ese cabildo.
Para algunos parecerá cuestión menor, una oposición a este proyecto
no radica, en como se ha dicho aquí, posiciones oportunistas, surgidas de la imaginación
o sin ningún otro tipo de argumentos. Los mismos proyectos, los mismos estudios que el
Gobierno Federal mandó realizar para este proyecto, sirven de base también para la
oposición.
El PUMA dejó claro, que el crecimiento de la población en ese lugar,
en Texcoco, pasará del 1.3% al 7% durante los próximos cinco años de construirse el
aeropuerto en esa región, de tal suerte que en sólo cinco años, se pasará de 200 a 600
mil habitantes.
El ayuntamiento ha señalado que no tiene la capacidad ni tendrá la
capacidad, para dotar de infraestructura a esa nueva población ni de albergarlos, porque
preguntaríamos: ¿tendría la capacidad Arturo Montiel a recibir a tres veces más la
población en cinco años en el Estado de México? Yo creo que no, le falta mucha
capacidad para hacerlo, aunque los recursos pretenda traerlos de otra parte.
Lo mismo preguntaríamos a Vicente Fox ¿podría el Gobierno de la
República soportar el crecimiento de 300 millones de nuevos mexicanos en sólo cinco
años? Por supuesto que no, es imposible. Pero además compañeras y compañeros, esta
ocasión creo que no es la más propicia para que esta soberanía se pronuncie en este
momento respecto a pagos justos por las indemnizaciones.
2176,2177,2178
Me parece que el asunto estará ventilándose en los próximos días en
los tribunales, dentro del marco del derecho y que debemos esperar los tiempos para que
esto se dé, es decir, el asunto está sub judice. La decisión finalmente sobre la
ubicación del aeropuerto no es una decisión acabada y terminada que nos permita
apresurarnos para dictaminar sobre si son justas o no las indemnizaciones que se pretende
otorgar. Antes al contrario, hay que esperar las decisiones de los órganos
jurisdiccionales por violación a la esfera competencial del ayuntamiento, de los
municipios, respecto a la decisión de Texcoco.
Pero si se abre el debate, porque creo que el tiempo no nos va a dar
para ello, hablaremos más sobre este asunto. ¿Qué fue lo que le faltó a la decisión
del presidente Fox respecto a Texcoco, que violentó la Constitución? Y demos ese debate
para después pasar a los pesos y a los centavos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Taboada Contreras, del
Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor
Taboada Contreras:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y diputados:
El tema a tratar, sobre todo en el Estado de México, viene a redundar
en la injusticia que se ha dado al no pago o a la falta de la capacidad para el pago de
estos ejidatarios. Pero más aún, hemos estado observando que el gobierno del Estado de
México ha hecho manifestaciones donde los ciudadanos afectados serán reubicados en los
municipios aledaños y me refiero al municipio de Ecatepec Estado de México.
En ese municipio, donde habitan casi ya los 4 millones de habitantes,
es insostenible que por instrucciones del gobernador Arturo Montiel, tenga objeto de
llevar a esta población nuevamente a un lugar donde ya la infraestructura no se cuenta y
que también afortunadamente el gobierno del presidente municipal Agustín Hernández
Pastrana, ha sacado adelante con estos ciudadanos.
Sin embargo, no nos oponemos a que estos ejidatarios sean indemnizados
en la mejor postura. La situación versa en las malas administraciones que se ha dado el
gobierno del Estado de México, para manejar a su uso personal el aspecto del nuevo
aeropuerto y lo señalo aquí porque también ha atentado contra las garantías del
municipio de Acolman, donde se ha violentado a los ciudadanos en estar incidiendo en el
uso y el tipo de suelo para albergar ahí a la gente que se ha despojado de sus tierras.
Sin embargo, los compañeros de Acción Nacional mexiquenses estaremos
fiscalizando los recursos y que no sean desviados para atribuciones personales y
beneficios de un solo grupo.
En Ecatepec le manifestamos al señor gobernador Arturo Montiel, que no
aceptaremos sus decisiones y determinaciones, sino antes que pase por un cabildo que
precisamente fija la Constitución Política en un artículo 115 constitucional.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Muchas gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Miguel Bortolini
Castillo, del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Miguel
Bortolini Castillo:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y
compañeros diputados:
O no hemos querido entender o no hemos querido ver y tampoco hemos
querido oír. No nos lamentemos, como Congreso, de actitudes posteriores y califiquemos de
violentos a quienes en estos momentos se les están violentando sus derechos. Por eso
decimos: no hay peor ciego que el que no quiere ver ni tampoco hay peor sordo que el que
no quiere oír.
Los habitantes de los tres municipios con afectación han manifestado
muy abiertamente que no quieren indemnización, ellos lo que quieren es seguir teniendo
derecho a la posesión de la tierra que por generaciones han usufructuado. Quieren seguir
sembrando. Quieren seguir habitando y viviendo ahí en el valle de Texcoco. O no los
oímos o no los vemos o no entendemos lo que está sucediendo en la calle.
Yo sugeriría que como diputados tenemos que entender qué es lo que
quieren nuestros representados. De ninguna manera ningún campesino y ninguno de los
afectados ha dicho: "queremos mejor pago".
Yo no sé por qué entonces se viene aquí a hablar a nombre de los
representados, de los campesinos, de la gente que habita en esos tres municipios y se
viene a pedir que les paguen mejores condiciones.
Compañeros: nosotros lo que vemos como habitantes de la Ciudad de
México, y los entendemos, es que lo que en el fondo están planteando es:
1o. Que se respete su derecho a la tenencia de la tierra en el lugar
que por generaciones han tenido.
2o. Si nosotros ponemos el paliativo de quintos más quintos menos,
estamos olvidando el problema fundamental del ambiente, del medio ambiente de toda la zona
metropolitana, de todo el valle de México.
Ya de por sí está degradado, vemos los niveles de ozono, vemos la
contaminación ambiental en este sentido y esto también va a tener repercusiones en el
nivel de vida de todos los habitantes de la zona metropolitana. Por tal motivo es que
nosotros tratamos de ver y hacemos aquí el más amable llamado a la Presidencia de la
República para que dé marcha atrás en ese decreto que va en contra de los ciudadanos
que han dicho "que votaron por Fox, pero que se sienten decepcionados".
Y ése no es el problema: si votaron o no por un Presidente que los ha
traicionado; el problema está en que ellos desean seguir viviendo ahí y quieren evitar
que su nivel de vida y el medio ambiente se degrade para ellos y para las generaciones
futuras de los habitantes de este valle de México y de la zona metropolitana.
Por tanto, nosotros sí estamos pidiendo que el Presidente aplique
sensibilidad social y voluntad política y decisión política para respetar la voluntad
ciudadana de estos campesinos que se sienten defraudados por él.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ismael
Estrada Colín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Quiero aclarar a los compañeros de Acción Nacional que no se ha dado
el turno, por eso consideré oportuno dar la solicitud de que hiciera uso de la palabra el
señor diputado.
El diputado Ismael
Estrada Colín:
Gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeros diputados.
El asunto que se ha estado abordando en la tribuna es un asunto de
competencia estrictamente Federal, como nos debe quedar claro a la inmensa mayoría de los
compañeros diputados.
Es cierto, ésta no es competencia de los estados, estamos hablando del
proyecto de aeropuerto para la capital, para el país. Sin embargo, no hay que dejar de
reconocer que lo primero que trajo a la tribuna a los que han intervenido en ella, es un
punto de acuerdo que ha planteado la diputada Beatriz Cervantes en su calidad de diputada
federal, diputada mexiquense, pero además diputada por el distrito de referencia al
proyecto Texcoco y que como lo planteó su servidor en la comparecencia de Pedro Cerisola,
en donde se debatió o se debió haber debatido con toda la amplitud el tema de este
proyecto, nosotros los diputados debemos irnos más hacia a delante, no pretender ser
quién, revisemos si correcto o incorrecto, porque esto, insisto, es competencia
estrictamente del Gobierno Federal y hoy debemos empezar a preocuparnos, porque ahí sí
es nuestra responsabilidad, debiera de ser, para que los paralelos que trae este
importantísimo proyecto, verdaderamente no afecten en mayor medida a quienes habrá de
impactar.
Por eso, nosotros creemos que debemos remitirnos a que en este momento
si el asunto es tenencia de la tierra, bueno, no porque se vaya a llevar a jurisprudencia
dejemos que las cosas se queden ahí, porque sí es responsabilidad de los diputados
federales el involucrarse para defender los derechos de los ciudadanos, independientemente
de partidos políticos.
Por eso estoy aquí, para ratificar el punto de acuerdo que Beatriz
Cervantes ha planteado, pero además para decirles que siendo éste un proyecto de
carácter nacional, bueno, habrán de ser entonces órganos que, por cierto CABIN es una
institución y valdría la pena analizar brevemente este organismo, pues yo diría
obsoleto, se ha creado en 1950 y debiéramos mejor preguntarnos si los parámetros que
utiliza para la valoración de los bienes de expropiación son los correctos o no.
Porque, bueno, entre otras cuestiones que maneja sobre normatividad
interna, nos dice que solamente tiene 243 peritos para todo el requerimiento de este
inmenso territorio nacional, que algunos de sus criterios es el que se denomina como valor
de uso, que a la letra dice que "es la apreciación humana del servicio que un bien
le da por su uso o posesión", el valor de cambio, que "es la apreciación
humana del valor sustituto de un bien de otro por dinero", que a mí me parecen
cuestiones muy subjetivas.
Y más adelante menciona que para poder generar un dictamen, que en el
caso de predios rurales éstos se deben orientar a ser seleccionados o apreciados en una
misma área climática y geográfica y que presente dentro de un predio, es decir, la
calidad de la tierra, la profundidad del suelo agrícola etcétera.
Yo creo que aquí fundamentalmente debiera considerar este órgano el
entorno de los terrenos, porque está muy subjetivo lo que ellos consideran suelo urbano,
suelo agrícola y lo que hoy era tierra agrícola en Texcoco pasará a cambiar de uso de
suelo y por lo tanto de manera obvia debe cambiar la valoración de los costos que habría
de pagarse.
Y ahí nosotros estamos porque en este sentido haya una comisión de
diputados que integran las diversas áreas que tienen interés en este tema, que le dé
seguimiento hasta las últimas consecuencias al valor que habrá de pagarse a los
ejidatarios, así como al resto de los proyectos paralelos u obras paralelas que traiga la
construcción de un proyecto tan importante para el país.
Porque si bien es cierto que existe un órgano que debe valorar,
nosotros estamos absolutamente seguros que está desfasado y que debe de incluir otros
parámetros y además porque en valor de justicia social, si se ha gastado dinero para
pagar a gente en otras épocas de rescates de diversas índoles que todos conocemos de
esto, ¿por qué no preocuparnos porque a los campesinos de esa zona no solamente se les
indeminice al valor más alto posible desde el punto de vista comercial dentro del margen
del derecho?, lo demás como dije, y concluyo, se les integre como socios en el proyecto
que habrá de construirse ahí porque ahí, habrá cabida para alternativas de punto
ecológico, turístico y ¿por qué no?, que se les dé facilidades para que puedan ellos
ser los primeros que abran áreas de servicio y puedan involucrarse verdaderamente en el
desarrollo que debe llevar una circunstancia tan importante como la que estamos hoy
discutiendo.
Eso es, compañeros diputados, lo que los diputados mexiquenses estamos
proponiendo, sin olvidar que finalmente éste es un asunto de carácter federal y que
nuestra labor debe ser vigilar que hoy día esto deje finalmente satisfechos al mayor
número de mexicanos posible.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente:
Gracias señor diputado.
Ha solicitado el uso de la tribuna el diputado Armando Enríquez
Flores. Pregunto si hay algún otro... Declina bueno. Dado que no hay ninguna solicitud
más, entonces.
Túrnese a la Comisión de la Reforma Agraria y De Hacienda y
Crédito Publico y se instruye asimismo al Comité de Gestión de la Cámara de Diputados
para que esté atento a este asunto.
TARIFAS TELEFONICAS
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición
con punto de acuerdo sobre las tarifas telefónicas.
La diputada Adela del Carmen Graniel
Campos:
Con su permiso, diputado Presidente; honorable Asamblea:
CONSIDERACIONES
En 1989 el Gobierno mexicano emprendió un proceso de privatización de
Teléfonos de México que finalizó en diciembre de 1990.
2179,2180,2181
Los nuevos accionistas de Telmex obtuvieron una concesión para
explotar hasta el año 2026 los servicios de telefonía local y de larga distancia. En
julio de 1995 la Ley Federal sobre las Telecomunicaciones fijó el marco regulatorio y
jurídico de la liberación y el desarrollo competitivo de los servicios de
telecomunicaciones, telefonía local y larga distancia, telecomunicaciones móviles y
comunicaciones vía satélite.
Para vigilar la correcta aplicación de las normas se creó la
Comisión Federal de las Telecomunicaciones (Cofetel) que depende de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
A finales de 1997, el Estado mexicano privatizó su sistema de
satélites por 695 millones de dólares; este sistema consiste en tres satélites
geoestacionarios y su sistema de control terrestre cubriendo Estados Unidos y América
Latina con excepción de Brasil.
Finalmente en mayo de 1998, el Gobierno mexicano procedió a vender
nuevas licencias por 1 mil millones de dólares a ocho operadores de telefonía
inalámbrica local. El mercado mexicano de servicios y equipo de telecomunicaciones ha
pasado de los 4 mil 500 millones de dólares en 1990 a los 9 mil millones en 1997, podría
llegar a los 15 mil millones en el año 2001.
Las comunicaciones fortalecen la unión entre los mexicanos, reafirman
nuestra cultura, acercan a la población a servicios de educación y salud, aumenta la
productividad en la industria y el comercio y facilitan la comunicación de México con el
resto del mundo.
En este contexto cabe preguntar, ¿qué efectos ha tenido la
liberación comercial después de varios años de haberse realizado? ¿Se puede afirmar
que una disminución en la protección nominal disminuye los precios internos con
relación a los precios externos? Es de esperarse que la apertura comercial haya afectado
la estructura de los mercados, la eficiencia productiva y la relación entre precios
internos y precios externos.
La apertura en el sector de las telecomunicaciones ha traído
importantes beneficios directa e indirectamente; de manera directa las inversiones en este
sector generan empleo en el propio sector y en las industrias primarias relacionadas con
las telecomunicaciones especialmente en el gremio manufacturero y de la construcción.
De manera indirecta al ser un insumo fundamental para prácticamente
todas las actividades productivas, el contar con mejores y más accesibles servicios de
telecomunicaciones, promoverá la actividad económica y el crecimiento del empleo.
En consecuencia, el papel del Estado debe ser el de promover la
competencia en las comunicaciones; ofrecer más y mejores opciones a los consumidores y
tener precios internacionalmente competitivos en estas actividades. También el Estado
debe fortalecer la soberanía y seguridad nacional y una adecuada promoción de la
cobertura social mediante el aprovechamiento del avance tecnológico de las
telecomunicaciones.
Por otra parte, en la Ley Federal sobre las Telecomunicaciones, se
establece que los procesos para el otorgamiento de las concesiones cuando se trate del
uso, explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público, se lleve a cabo
mediante licitación pública y por un plazo de hasta 20 años sujeto a renovación.
También se establece que los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones y empresas comercializadoras, puedan fijar libremente sus tarifas en
términos que les permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias
de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Sin embargo, la Secretaría se
reserva el derecho de establecer obligaciones específicas para los concesionarios que
operen en condiciones adversas a la libre concurrencia, a fin de proteger a la sociedad
usuaria de estos servicios.
El Estado debe aumentar la calidad de los servicios de
telecomunicaciones y buscar reducir su costo para beneficio de un mayor número de
usuarios en beneficio de la competitividad de nuestra economía, así como contar con los
elementos indispensables para construir una infraestructura de telecomunicaciones que
apunte el crecimiento de la economía y que impulse el desarrollo social.
En México, las tarifas residenciales de telefonía local se encuentran
por encima de muchos países, resultado de una alta concentración oligopólica. Para
incrementar la densidad telefónica en México, los precios de los servicios deben
disminuir y generarse las condiciones para que surjan y crezcan nuevas empresas que
ofrezcan servicios de telefonía local.
En este contexto, al grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la Cámara de Diputados, se acercaron recientemente distintos grupos
sociales entre los que destacan amas de casa de diversos estados del país, para plantear
varios problemas que enumero en seguida:
Que desde la privatización de Teléfonos de México, esta empresa ha
venido aumentando la renta del servicio telefónico. Para muchas comunidades rurales
existe una situación de excluidos del servicio de telefonía local, por lo que solicitan
la intervención de las instancias correspondientes para la ampliación de la cobertura.
Que debido al alto costo del servicio telefónico residencial, es
necesario obligar a Teléfonos de México a comprobar con elementos suficientes la
realización de llamadas que generalmente son cargadas a la cuenta del usuario sin haber
sido efectuadas y que esta medida sea extensiva a toda la República Mexicana y que se
gestione ante las instancias federales que les sea otorgada una reducción en el pago de
la renta telefónica y que se abrogue el servicio medido, con lo cual se permite que los
servicios de comunicaciones puedan ser accesibles a un mayor número de mexicanos.
Las peticiones de estos ciudadanos tienen un importante impacto en el
gasto familiar, por lo que la Cámara de Diputados sin alejarse de sus facultades
constitucionales podría coadyuvar a su adecuada solución.
«Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
las y los diputados suscritos proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda
turnar la demanda de los habitantes de distintas comunidades del Estado de Tabasco, así
como de toda la República Mexicana, ya sé que es un problema nacional, en materia de
reducción en el pago de tarifas telefónicas, a las comisiones de Comunicaciones y de
Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuven a su
pronta solución.
Firman esta proposición por las fracciones parlamentarias, los
diputados: Jorge Urdapilleta, de Acción Nacional; del PRI; Lorena Beaurregard
de los Santos, Jaime Martínez Veloz; del PT; José Narro Céspedes y del
Partido de la Revolución Democrática, Tomás Torres Mercado, Rosalinda López
Hernández, Petra Santos Ortiz y una servidora Adela del Carmen Graniel Campos.»
Es todo.
El Presidente:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y de Comercio y Fomento
Industrial.
COMERCIALIZACION DE GRANOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de
acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda, a fin de que los fondos de
comercialización de los productores sean manejados por ellos mismos.
El diputado Víctor Antonio García Dávila:
Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo acude a esta tribuna a plantear el siguiente punto de acuerdo, para
que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que los fondos de
comercialización de granos sean otorgados directamente a los productores, al tenor de los
siguientes
CONSIDERANDOS
En el desarrollo del campo mexicano continúa polarizándose y
agudizándose la diferencia entre los productores de alto rendimiento y los de
subsistencia, en donde los intermediarios que procesan los granos y semillas para la
elaboración de bienes de consumo final resultan siempre y sin riesgo alguno favorecidos.
El Tratado de Libre Comercio, puesto en vigor a partir del 1o. de enero
de 1994 agudizó esta situación. Nuestro país ingresa a dicho tratado sin la salvaguarda
que se requería para la protección del campo, la industria y los servicios y competir
con Estados Unidos y Canadá en condiciones de relativa igualdad.
Los apoyos que recibe el campo mexicano son totalmente insuficientes
para lograr las condiciones de competitividad que se requieren. En particular, aquellos
que se destinan directamente a los productores.
Actualmente el Gobierno Federal otorga recursos financieros a las
industrias dedicadas a la elaboración de harinas y derivados de granos, lo que genera que
dichos recursos sean manipulados por los intermediarios en detrimento de los productos y
los productores directos.
Los campesinos dedicados al cultivo de granos básicos han manifestado
su inconformidad por esta política discriminatoria que permite que las compañías
procesadoras de granos obtengan una ganancia extraordinaria al especular con dichos
fondos. Esta situación no favorece a los campesinos ni permite que el flujo destinado a
esta actividad productiva llegue con oportunidad.
«Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de esta
Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a fin de que los fondos de comercialización de granos que
actualmente se proporcionan a las empresas procesadoras de granos sean otorgados
directamente a los productores.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.— Por
el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
Muchas gracias.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea, esta mesa directiva informa que ha recibido una
comunicación de la Junta de Coordinación Política que hacemos de su conocimiento.
Le ruego a la Secretaría dar lectura de la misma.
ACUERDO POLITICO
PARA EL
DESARROLLO NACIONAL
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de
Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados en relación al Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional.
CONSIDERACIONES
1o. Que al Congreso de la Unión le corresponde realizar las reformas
legislativas.
2o. Que en ejercicio del diálogo y búsqueda de consensos que la han
caracterizado, la Cámara de Diputados, a través de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos y la Junta de Coordinación Política, definió
en el mes de agosto, los temas fundamentales de su agenda legislativa.
3o. Que el pasado 7 de octubre del año en curso, el Ejecutivo Federal
y las diversas fuerzas políticas del país suscribieron el Acuerdo Político para el
Desarrollo Nacional.
4o. Que existen coincidencias en los temas de la agenda legislativa y
varios de los puntos señalados en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional; sin
embargo, la agenda legislativa general es mucho más amplia, pues se nutre de las
proposiciones de quienes tienen facultades constitucionales para presentar iniciativas, de
las prioridades de los grupos parlamentarios y de temas cuyo interés recogen los
legisladores.
5o. Que los temas contenidos en el Acuerdo Político para el Desarrollo
Nacional, son aquellos que han merecido el consenso de todos los partidos políticos y que
dicho acuerdo no excluye la posibilidad de que se impulsen por parte de los interesados
temas que son prioridad particular de grupos parlamentarios, como es el caso de reformas
en materia indígena, de protección al ahorro bancario, laboral, ambiental o cultural,
entre otras.
2182,2183,2184
6o. Que resulta importante expresar la suma de los grupos
parlamentarios que integran la Cámara de Diputados a la, voluntad política de los
propósitos señalados en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional.
En virtud de lo anterior y toda vez que la tarea legislativa supone
diálogo y consensos que generen un marco jurídico adecuado para ordenar los asuntos
fundamentales de la vida política nacional, la Junta de Coordinación Política resuelve
el siguiente
ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de
conformidad con el marco jurídico que la rige, determina su agenda legislativa de manera
soberana, a partir de los planteamientos de los legisladores, de los grupos
parlamentarios, de las comisiones de análisis y dictamen, la Junta de Coordinación
Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
y de las iniciativas que presentan quienes tienen facultades constitucionales para
hacerlo.
Segundo. En la elaboración de la agenda legislativa de la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, se atenderán los temas contenidos en el Acuerdo
Político para el Desarrollo Nacional, sin menoscabo ni limitación a la integración de
las prioridades de los grupos parlamentarios, no expresadas en dicho acuerdo político.
Tercero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados manifiesta su apoyo a los propósitos, metas y objetivos a alcanzar como nación
expresados en el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, con pleno respeto a lo que
corresponde hacer a cada poder del Estado en el ámbito de las atribuciones y facultades
que nuestra Constitución General de la República le señala.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2001.—
Firman los coordinadores de los grupos parlamentarios: Felipe Calderón Hinojosa,
presidente de la Junta y coordinador del Partido Acción Nacional, Rafael Rodríguez
Barrera, del Partido Revolucionario Institucional, Martí Batres Guadarrama,
del Partido de la Revolución Democrática, Bernardo de la Garza Herrera,
del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez del Partido del
Trabajo»
La Presidenta:
De enterado y comuníquese.
COMERCIALIZACION DE GRANOS
(II)
La Presidenta:
Continuando con el desahogo de la sesión, el diputado Abelardo Escobar
Prieto había solicitado el uso de la palabra para comentar el punto de acuerdo en
relación a fondos de comercialización. Se pregunta al diputado Abelardo Escobar Prieto
si hace uso de la tribuna, hasta por cinco minutos.
El diputado Abelardo Escobar Prieto:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros
legisladores:
La producción de alimentos es un asunto de seguridad nacional al que
es imperativo brindarle todo el apoyo necesario. No obstante que han destinado muchísimos
recursos económicos para apoyar a los productores primarios, estamos conscientes de que
no han sido lo suficientemente cuantiosos, además, la canalización de los apoyos para la
comercialización se ha visto afectada por ineficiencias administrativas y actos de
corrupción, lo que ha propiciado que los recursos destinados a fortalecer la economía de
los productores no hayan llegado oportuna y cabalmente a sus legítimos beneficiarios.
En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad de
corregir estas deficiencias. Es inaceptable que los recursos fiscales que se autorizan
para apoyar al sector primario en el campo de México se queden en el camino en manos de
intermediarios de cualquier índole. La fracción parlamentaria a la que pertenezco
participó responsablemente en los trabajos que concluyeron con la aprobación por esta
soberanía de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en ella quedó plasmado, por
iniciativa nuestra, que los apoyos para la comercialización deberán ser canalizados
directamente a los productores, es por eso que apoyamos el punto de acuerdo planteado por
los señores legisladores del Partido del Trabajo, a fin de que se exhorte a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los fondos de apoyo a la
comercialización que actualmente se proporciona a las empresas procesadoras de granos,
sean otorgados directamente y en forma individualizada a los productores.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Continuando con el orden del día informamos que el punto de acuerdo
sobre la situación política en el Estado de Chiapas fue retirado por el grupo
parlamentario del PRI, solicitando se posponga para la próxima sesión.
ESTADO DE NUEVO LEON
La Presidenta:
En tal virtud, tiene el uso de la palabra para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre la problemática del gas en el Estado de Nuevo
León, el diputado Abel Guerra Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
El diputado Abel Guerra Garza:
Compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior de
este Congreso, los suscritos presentamos una proposición con punto de acuerdo, con objeto
de exhortar al Ejecutivo Federal para que finalice el convenio de venta de primera mano de
gas natural, una vez que los ingresos de Petróleos Mexicanos sean compensados con
referencia a las pérdidas, motivo del mencionado convenio.
Como parte de los antecedentes de la problemática con relación a la
cual se formula esta propuesta, es preciso señalar que a raíz de las modificaciones
constitucionales al 27 y 28, aprobadas por la LVI Legislatura de esta Cámara, el uso del
gas natural se ha incrementado en forma sensible, de manera que en la actualidad llega a
una gran cantidad de hogares mexicanos a través de las distribuidoras localizadas en las
zonas geográficas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía.
Asimismo, cabe destacar que el gas natural es un insumo de uso
intensivo en diversos procesos industriales, comerciales y de servicios, cuya demanda
nacional se ha incrementado un 35% en los últimos cinco años, de manera que su precio
impacta directamente la competitividad de las industrias y el bienestar de millares de
hogares mexicanos.
Como es del conocimiento público, a través de su subsidiaria
Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Petróleos Mexicanos es el organismo encargado de
extraer y procesar el gas natural que se inyecta a los sistemas de transporte por ducto
que lo conducen a las industrias y que es transportado hasta los hogares por las
distribuidoras regionales ubicadas en las principales ciudades del país.
La regulación vigente establece que el precio de gas natural en ventas
de primera mano al consumidor final y al que se agregan los costos de transporte y
distribución del combustible, en su caso, se establece por referencia del mercado del sur
de Texas.
La indexación de acuerdo a un índice internacional puede presentar la
ventaja de asignar un precio a un gas como el mexicano cuyo costo de producción no se
conoce con exactitud, pues este insumo es extraído asociadamente con el crudo, de hecho
esta razón impide que los costos de producción de cada combustible puedan ser
desagregados.
Así, por un lado el objetivo de utilizar una referencia internacional
es reflejar de manera aproximada el costo de oportunidad del gas natural mexicano en el
mercado del sur de Texas.
Sin embargo, por otra parte se han suscitado enormes desventajas
prácticas tras el establecimiento de dicha indexación, ya que los consumidores mexicanos
han enfrentado una acusada volatilidad del precio de gas natural en el sur de Texas,
asumiendo lesivamente un costo que refleja las condiciones de la oferta y la demanda de
gas natural en aquella región de los Estados Unidos y que no guarda relación alguna con
las condiciones nuestras.
Para ejemplificar este hecho basta señalar que los precios de gas
natural en el sur de Texas y consecuentemente en México, mostraron un crecimiento inusual
en el año 2000, impactando a los consumidores mexicanos como resultado de factores
estructurales y coyunturales en aquél mercado; es decir, en los Estados Unidos.
Estos hechos y condiciones ocurridos fueron trasladados al mercado
mexicano por medio de la ya referida indexación del precio de venta de primera mano de
gas. Por esta razón diversas entidades gubernamentales, productivas, comerciales y de
servicios solicitaron en forma insistente la adopción de medidas de apoyo para reducir el
impacto del incremento en el precio del gas en la economía de las empresas y de los
sectores doméstico y comercial.
Como respuesta a esta demanda Petróleos Mexicanos firmó un convenio
con los clientes industriales de gas natural, entre ellos las distribuidoras regionales a
fin de establecer el precio de ventas de primera mano en un nivel fijo de cuatro dólares
por millón de BTU. El convenio establece la vigencia de dicho precio hasta diciembre del
2003 acordándose también un esquema de cantidades fijas que los clientes se obligan a
consumir y Pemex suministrar.
Dicho convenio reflejó por parte del Gobierno Federal el propósito de
proteger a los clientes industriales de Pemex frente a la volatilidad del precio del
combustible, misma que se ha evidenciado en los mercados internacionales. Sin embargo, si
bien esta medida benefició a la industria, lo cierto es que solamente mitigó y no
resolvió de fondo el problema de los precios del gas natural que involucra su referencia
al mercado del sur de Texas.
Independientemente de la fecha de la firma del contrato, la cobertura
de los cuatro dólares se hizo retroactiva al 1o. de enero de 2001, por lo que el periodo
de cobertura de ventas de primera mano de gas natural a cuatro dólares abarca el
2001-2002 y 2003.
Ahora bien, el lapso que el precio de referencia se mantuvo arriba de
cuatro dólares significó para Pemex una pérdida de ingresos equivalente a la diferencia
entre el precio de referencia que hubiera obtenido y los cuatro dólares que los clientes
cubiertos pagan a Pemex. En otras palabras, se presentó una transferencia de renta del
sector público a los particulares. En este punto se asume que no es posible hablar de un
subsidio porque se desconoce el costo de producción del gas natural en México, de manera
que como ya se ha señalado el precio de referencia del sur de Texas sólo constituye una
aproximación al costo de oportunidad de nuestro gas natural.
No obstante desde hace algunos meses el precio del gas natural de
referencia en el sur de Texas, ha sido menor al de cuatro dólares por 1 millón de BTU, y
de hecho el correspondiente a los primeros días de octubre de este año es menor a los
dos dólares. En otras palabras, los clientes que firmaron el convenio ahora están
entregando a Pemex una renta adicional a la que obtendrían de aplicar a las ventas de
primera mano el precio de referencia del sur de Texas. Así, hoy Pemex ingresa mayores
percepciones que las que recibiría en condiciones normales.
En razón de las condiciones económicas menos favorables que enfrenta
la planta productiva nacional, los sectores comerciales, de servicios y los hogares
mexicanos consideramos que un precio mayor al de referencia del sur de Texas lesiona los
intereses de los consumidores de gas natural, sobre todo en las actuales circunstancias.
Este esquema impone un costo excesivo a las industrias y hogares mexicanos que no es
posible sostener.
En igual forma es preciso que este problema se resuelva a la brevedad
pues el sobrecosto del gas y la desaceleración económica están provocando el cierre de
plantas productivas y empresas de manera preocupante.
El caso de los consumidores domésticos merece mayor atención, ya que
son parte de este convenio que las distribuidoras firmaron por ellos sin su autorización,
ya ha derivado en problemas sociales, particularmente Nuevo León, donde el problema se
acentúa en virtud de que en ese Estado más del 50% de sus habitantes son usuarios del
gas natural.
Al mismo tiempo asumimos que por razones de equidad y viabilidad no es
posible ni deseable pretender que Pemex absorba totalmente los costos de cobertura, pues
ello impactaría negativamente en la economía nacional. Por ello se propone un esquema en
el que tanto los consumidores de gas natural como Petróleos Mexicanos absorban los costos
del convenio y se equilibren los ingresos. El objetivo se cumpliría una vez que los
ingresos adicionales que Pemex obtiene actualmente igualan la pérdida de ingresos
ocurrida durante el lapso que el precio de referencia del sur de Texas superó al
establecido en el convenio. De esa forma se igualarán el costo y las pérdidas asumidas
por los clientes de Pemex.
«Con los anteriores antecedentes presentamos la siguiente proposición
con
PUNTO DE ACUERDO
Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte
al titular del Poder Ejecutivo a que instruya a Pemex para que permita a los clientes que
firmaron el convenio de venta de primera mano de gas natural a un precio fijo de cuatro
dólares por 1 millón de BTU, por tres años, renegociar o dar por terminado dicho
convenio, siempre y cuando los ingresos de Petróleos Mexicanos no sufran merma alguna.
Asimismo que se resuelva el caso de los usuarios domésticos, en virtud de que forman
parte de este convenio sin estar enterados de ello.
2185,2186,2187
Respetuosamente solicitamos que esta proposición con punto de acuerdo
sea turnada a la Comisión de Energía y se dictamine a la brevedad en virtud de que es
suscrita por diputados de la mayoría de los grupos parlamentarios.
Firman los diputados: de Nuevo León, del Partido Acción Nacional y
del Partido Revolucionario Institucional; del Partido Verde Ecologista de México; José
Narro Céspedes, coordinador del Partido del Trabajo; Carlos Aceves del Olmo,
coordinador de los diputados obreros del PRI, así como Lorena Beaurregard y Fernando
Ortiz Arana.»
Muchas gracias.
La Presidenta:
Sobre el mismo asunto ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por
cinco minutos el diputado Francisco Javier Cantú Torres, del grupo parlamentario de
Acción Nacional.
El diputado
Francisco Javier Cantú Torres:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros
diputados:
Como es de todos conocido el precio del gas natural en México, ha
mostrado variaciones importantes en los últimos dos años, dichas variaciones son el
resultado de diversas causas, entre otras, el cambio tecnológico en el sector industrial,
que ha incrementado el consumo de este energético; la cada vez más exigente regulación
ecológica que requiere combustibles más limpios, todo esto combinado con un periodo de
baja inversión en la exploración y producción de gas y un invierno inusualmente crudo
en Estados Unidos, provocó una sobredemanda que disparó su precio en el mercado regional
de Norteamérica a niveles nunca antes alcanzados.
Fruto de esta situación, las diversas dependencias del Ejecutivo
Federal y el sector industrial llegaron, como ya se ha dicho, al acuerdo de fijar el
precio del insumo a cuatro dólares por 1 millón de BTU por un periodo de tres años,
independientemente del precio de referencia en el mercado.
Actualmente el precio del gas natural para el mes de octubre es de 1.69
dolares por millón de BTU, cifra menor a los cuatro dolares, si bien el mercado de
futuros prevé que el energético incrementará su precio para el próximo invierno.
Adicionalmente la actual situación internacional ha provocado una
fuerte baja en la demanda y la consecuente depresión del precio, escenario poco
previsible cuando se firmó el convenio, lo que pone el precio acordado como poco
atractivo para el sector industrial.
Por lo anterior, vemos que la volatilidad en los precios del gas es un
factor de inestabilidad en la industria, a lo que hay que sumar factores externos no
contemplados cuando el acuerdo se firmó. De ahí que se observa la necesidad de buscar
esquemas de fijación del precio que den certidumbre y con ello fomenten la competitividad
de nuestras industrias, sin que esto represente un daño a los ingresos que el país
recibe por concepto de la venta de gas natural.
Por otra parte, lo cerca de 4 millones de usuarios domésticos de gas
natural consumen apenas el 3% del energético y son, sin duda, con el comportamiento
errático del precio del gas, por lo que consideramos que dentro de las medidas que se
tomen para determinar los precios del gas natural, se haga una distinción entre el
consumidor industrial y el consumidor doméstico.
Por lo anterior, los diputados del grupo parlamentario de Acción
Nacional apoyamos el punto de acuerdo presentado por nuestro compañero que nos antecedió
en la palabra, en el sentido de revisar los términos del convenio, como un inicio para la
definición de una política de precios en el gas natural, que cumpla con cuatro aspectos
fundamentales:
1o. La protección a la economía familiar.
2o. El fomento a la competitividad de nuestra industria.
3o. El desarrollo de Pemex-Gas para enfrentar la demanda.
4o. La garantía de los ingresos necesarios en nuestro país por la
venta de energéticos.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Energía y de Comercio y Fomento
Industrial, exhortándoles para que puedan dictaminar a la brevedad posible.
LECHE EN POLVO
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la proposición con punto de
acuerdo para solicitar tanto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, como a la Secretaría de Economía, la información
necesaria vinculada con la importación de leche en polvo de Argentina, que de acuerdo a
datos internacionales tiene Argentina infección generalizada en su ganado de fiebre
aftosa.
Con ese propósito se concede el uso de la palabra al diputado Héctor
Pineda Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Héctor Pineda Velázquez:
Con su venia, diputada Presidenta; compañeras y compañeros
diputados:
Vengo a esta tribuna con el fin de presentar brevemente un punto de
acuerdo relacionado al problema que afrontan los lecheros de nuestro país, debido a la
importación indiscriminada de leche de otra naciones, situación que podemos entender
como un atentado a la producción interna de nuestro país.
De 1994 a la fecha la ganadería lechera de México ha venido
enfrentando un verdadero embate que paulatinamente tiende a desaparecerla primero, por el
desmedido incremento de los precios de insumos y enseres necesarios para la producción.
Segundo, por la falta de programas de estímulos y de financiamiento y tercero, por la
falta de programas de comercialización del producto con precios acordes a los costos de
producción.
La crisis que provocó la epidemia comúnmente conocida como de
"las vacas locas" en el continente europeo en el año de 1998 y los brotes de
fiebre aftosa que han surgido en Suramérica, específicamente en Uruguay y Argentina, nos
ponen en un lugar de privilegio para que los ganaderos mexicanos pudiéramos comercializar
nuestros productos y abastecer la demanda nacional e incluso, pudiéramos exportar a
países de centro, Suramérica y Europa.
Pero el Gobierno Federal, lejos de fortalecer las empresas de ese
importante sector productivo nacional y propiciar beneficios económicos por el consumo de
los productos internos, nos percatamos que a través de Liconsa se ha autorizado la
introducción a nuestro país de leche en polvo proveniente de Argentina, en una forma
desmedida, hasta por 9 mil toneladas, afectándonos gravemente, ya que el déficit de
producción no reviste la gravedad ni la seriedad que justifique tal acción.
Eso nos preocupa sobremanera, pues no sólo pone en situación de
riesgo la economía de los productores, sino también por el inminente peligro que
representa el que este producto provenga de un país como Argentina, que desde marzo a
septiembre de este año, se han registrado 2 mil 116 focos de infección con 113 mil
bovinos infectados, clínicamente comprobados. Hecho que ha provocado la disminución de
un 80% del volumen de su venta al exterior y una caída de su precio de un 88%.
Su problema de infección es tan grave, que los países europeos que
tenían convenios de comercialización con ese país, los han suspendido y efectuarán en
breve una visita para revisar físicamente las condiciones de sanidad de sus hatos
ganaderos. Pero aun con estos antecedentes nuestro Gobierno sigue permitiendo el libre
acceso de leche en polvo, con altas probabilidades de que esté contaminada de fiebre
aftosa. Esto, compañeras y compañeros diputados, es un verdadero crimen que se tiene que
resolver a la brevedad posible, por lo que vengo a exponer el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Se solicite a la Sagarpa y a la Secretaría de Economía informe de
manera detallada la cantidad de leche en polvo que se importa, las pruebas de calidad y
sanidad de este producto, así como los países de origen y sus condiciones actuales de
sanidad animal y que ante la situación tan grave por la que atraviesa la ganadería
nacional se privilegie el consumo de la producción nacional.
Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo
establecido por los artículos 58 y 59 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso de la Unión, solicito a esta soberanía considerar la propuesta
como de urgente y obvia resolución y una vez cumplidos los trámites reglamentarios
aprobar el punto de acuerdo que acabo de presentar.
Firmamos el documento su servidor, diputado Héctor Pineda Velázquez;
diputados: Arturo de la Garza Tijerina, Silverio López Magallanes y Timoteo
Martínez Pérez, del PRI; Martí Batres Guadarrama, Alfonso Oliverio Elías
Cardona, del PRD; Jaime Mantecón Rojo, Jesús de la Rosa Godoy, Raúl González
Villalva, Celestino Bailón Guerrero, Ernesto Rodríguez Corona, Neftalí Jiménez Olán,
Patricia Aguilar García, Julián Luzanilla Contreras, Manuel Medellín Milán, Efrén
Leyva Acevedo, Edilberto Buenfil Montalvo, del PRI; Jesús Dueñas Llerenas,
del PAN; Federico Granja Ricalde, Guillermo Padrés Elías, Santiago Guerrero
Gutiérrez, Silvia Romero Suárez, Manuel Añorve Baños, del PRI; Tomás Ríos
Bernal, del PAN; Heriberto Huicochea, Nabor Ojeda Delgado, del PRI; Abelardo
Escobar Prieto, del PAN; Cuauhtémoc Montero Esquivel, Petra Santos, del PRD; Rodolfo
Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México; Félix Castellanos,
del PT; Rubén Aguirre Ponce, del PRD y Oscar Alvarado Cook, del PRI.»
¡He dicho, compañeros!
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de considerarse el punto de
acuerdo presentado de urgente y obvia resolución.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que
establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se
considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo...
Ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Gerardo Morales
Barragán, del grupo parlamentario de Acción Nacional, en pro, hasta por cinco minutos.
El diputado Martín
Gerardo Morales Barragán:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros
diputados:
La sanidad de los productos agropecuarios dirigidos al consumo humano
es una preocupación que el grupo parlamentario de Acción Nacional reconoce como de alta
prioridad. La prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales es
una tarea que debe ejercerse de manera precisa, transparente y responsable, donde
cualquier individuo tenga la certeza de que las autoridades sanitarias cumplen a cabalidad
con la labor encomendada.
En este sentido, consideramos pertinente que el Ejecutivo Federal
presente la información relacionada con las importaciones de leche de Argentina, toda vez
que ello brindará certeza y seguridad a la población mexicana. Estamos seguros que ello
será atendido de manera expedita, pues existe la voluntad política y la convicción del
trabajo a favor de México, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El 5 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el acuerdo por el que se establecen las medidas de emergencia para prevenir
la introducción de la fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos, por los brotes
recientemente ocurridos en diversos países del mundo, ya que en la actualidad en nuestro
país se ha erradicado esta enfermedad desde 1954.
2188,2189,2190
En dicho acuerdo se establece la prohibición de importación de
animales vivos susceptibles a la fiebre aftosa, así como sus productos y subproductos,
incluyendo materiales biológicos y alimenticios, originarios y procedentes de países
afectados que no sean reconocidos por México como libres o considerados de riesgo por
fiebre aftosa, entre los que se encuentra Argentina.
Asimismo, se invalidaron las autorizaciones de importación otorgadas
previamente a través de hojas de requisitos zoosanitarios que se encontraban vigentes al
momento de esa prohibición, correspondientes a las mercancías señaladas con
anterioridad, originarias y procedentes de países afectados que no sean reconocidos por
México como libres o considerados de riesgo por fiebre aftosa.
Cabe señalar que esta fiebre afecta a los animales de pezuña hendida;
sin embargo, el ser humano no puede contraerlo por ingerir carne, leche o derivados. La
enfermedad es contagiosa entre los mismos animales, se transmite por aire, contacto
físico o a través de algún objeto. El contagio a los seres humanos puede realizarse a
través del contacto directo con el animal infectado, aunque esto es poco común, pero
está descartado mediante el consumo de carne o leche pasteurizada.
Actualmente existen 148 puntos de verificación para ingreso de
cárnicos, establecidos por la Sagarpa, los cuales tomaron medidas precautorias para no
dejar entrar el virus de otros países, siendo la dirección general de salud animal la
responsable de establecer las disposiciones para las importaciones de animales, sus
productos y subproductos e insumos de riesgo por fiebre aftosa, es que hacemos también un
llamado a dicha dependencia para que presente la información necesaria para aclarar esta
situación.
Estamos dispuestos a apoyar todo trabajo legislativo, que de manera
responsable tienda al beneficio de las mujeres y los hombres de México.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
El orden del día tenía registrado como siguientes puntos,
proposiciones en torno a la problemática de la copra, a cargo de diputados de diversas
fracciones parlamentarias. Antes de pasar a ese punto, le ruego a la Secretaría termine
el desahogo del trámite de urgente y obvia resolución en relación al tema de la fiebre
aftosa.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si
se aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el
punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
COPRA
La Presidenta:
Informaba a la Asamblea que el orden del día tiene registradas dos
proposiciones con punto de acuerdo vinculados con la problemática de la copra. Sin
embargo, estamos enterados de que la Junta de Coordinación Política ha remitido una
comunicación vinculada con el tema, por lo que ruego a la Secretaría dé lectura en
principio al proyecto de punto de acuerdo, para que las comisiones de Agricultura y de
Comercio y Fomento Industrial integren un grupo de trabajo vinculado con el tema
presentado por la Junta de Coordinación Política.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Proyecto de punto de acuerdo para que las comisiones de Agricultura y
de Comercio y Fomento Industrial integran un grupo de trabajo, con objeto de promover y
realizar reuniones con las autoridades de la Sagarpa y la Secretaría de Economía,
gobiernos de los estados, productores de copra e industriales para realizar las medidas
necesarias para rescatar la producción nacional de copra y mejorar las condiciones de
vida de sus productores.
Honorable Asamblea: la Junta de Coordinación Política, con fundamento
en el inciso b numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea el presente
punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES
1o. La Junta de Coordinación Política, en su reunión de fecha 30 de
octubre de 2001, tuvo conocimiento de dos proposiciones con punto de acuerdo, de similar
naturaleza, una del diputado Celestino Bailón Guerrero, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, en relación a la problemática que presenta la
producción y comercialización de la copra en México y otra del diputado Rubén Aguirre
Ponce, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para apoyar a
los productores de la copra en el país.
2o. Ambas proposiciones buscan la urgente intervención de esta
legislatura en la atención y solución de la problemática de la producción de la copra
en México.
3o. Otro antecedente del presente proyecto está en el Foro Nacional
sobre Producción y Comercialización de copra, organizado por la Comisión de Agricultura
de esta Cámara de Diputados, el pasado 12 de octubre, en el puerto de Acapulco, en donde
sus integrantes constataron la difícil situación que atraviesa la actividad coprera del
país.
CONSIDERANDOS
1. Que la actividad coprera actualmente ha sufrido un decremento
considerable afectando a varios estados de la República tales como: Guerrero, Colima,
Tabasco, Oaxaca y Michoacán, principalmente.
2. Que dicha actividad reviste una importancia fundamental para el
desarrollo de la economía nacional y que la caída de los precios internacionales de los
productos derivados de la actividad coprera nacional, afectan también a aquellos
productores que dependen directamente de esta actividad, traduciéndose en una
inestabilidad social, que se expresa con la emigración de familias completas a Estados
Unidos y en el incremento de la delincuencia y el tráfico y consumo de drogas.
3. Que la afectación a la actividad coprera nacional constituye una
preocupación de las diputadas y los diputados federales.
4. Que en los términos del numeral 3 del artículo 40 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias
de la Cámara de Diputados tienen además a su cargo tareas de información y que su
competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, se considera conveniente que las comisiones de
Agricultura y de Comercio y Fomento Industrial, estudien la situación coprera nacional.
5. Que con fundamento en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones pueden
establecer grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas.
6. Que esta Junta de Coordinación Política está facultada para
presentar al pleno proyectos de puntos de acuerdo.
Con base en los antecedentes y consideraciones que se expresan, esta
Junta de Coordinación Política acordó someter a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados, el siguiente
proyecto de PUNTO DE ACUERDO
Primero. En términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en forma unida, las
comisiones de Agricultura y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados de
la LVIII Legislatura integrarán un grupo de trabajo, con objeto de promover y, en su
caso, realizar las reuniones necesarias con las autoridades de la Sagarpa y la Secretaría
de Economía, gobiernos de los estados, productores de copra e industriales, a fin de
llevar a cabo las medidas necesarias que permitan rescatar la producción nacional de la
copra y mejorar las condiciones de vida de los productores. A este grupo se incorporarán
diputadas y diputados interesados en el tema.
Segundo. Comuníquese.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 octubre de 2001.— Firman
los coordinadores de los grupos parlamentarios: Felipe Calderón Hinojosa,
presidente y coordinador del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera,
del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, del Partido de
la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde
Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo»
La Presidenta:
Para comentar el tema de copra en torno a ese punto de acuerdo sin
menoscabo que en su momento hagamos la consulta sobre los otros puntos de acuerdo
registrados, se han inscrito el diputado Celestino Bailón Guerrero, del grupo
parlamentario del PRI; el diputado Rubén Aguirre Ponce, del grupo parlamentario del PRD;
el diputado Ramón Ponce Contreras, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Posteriormente consultaremos a la Asamblea, dado que es un punto de
acuerdo de la Junta de Coordinación Política, si en votación económica es de aprobarse
el punto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Celestino Bailón Guerrero, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado
Celestino Bailón Guerrero:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros
diputados:
Los diputados que originalmente habíamos signado este punto de acuerdo
y que con mucha sensibilidad aprobó la Junta de Coordinación Política y preocupados por
la difícil situación que pasa la actividad coprera en el país y que constatamos
recientemente en el Foro Nacional sobre Producción y Comercialización de Copra,
organizado por la Comisión de Agricultura de esa Cámara de Diputados el pasado 12 de
octubre, me voy a permitir dar a conocer las principales alternativas de solución que
propusieron los copreros y que estamos seguros servirán como material de discusión y
análisis al grupo especial de trabajo que acaba de aprobar la Junta de Coordinación
Política y que les presento a continuación.
1o. Implementación de centros de acopio manejado por los productores,
con objeto de terminar con el intermediarismo permitiendo que el productor tenga un mejor
precio en su cosecha. Asimismo esos centros se convertirán en empresas rentables que
permitan llevar a cabo proyectos productivos para el aprovechamiento integral del
cocotero.
2o. Producción de material genético y renovación de plantaciones,
privilegiando el uso de híbridos de alto potencial productivo y resistentes al
amariamiento letal.
3o. Diversificación productiva de las plantaciones de cocoteros
mediante la asociación de cultivos y la combinación con actividades ganaderas.
4. Industrialización y aprovechamiento de productos y subproductos
como la carne, la fibra, el agua, la cáscara y el tronco de la palma.
5. Imposición de un arancel elevado a las importaciones puesto que
desde el comercio internacional existen condiciones de dumping que no permiten a
nuestros productores competir con los países asiáticos.
6. Es urgente la creación del consejo mexicano del cocotero donde
participen los productores, los tres órganos de gobierno y los industriales, con la
finalidad de dar seguimiento a los programas de mejoramiento de la producción, al
comercial internacional y detectar de manera rápida las prácticas comerciales desleales,
por parte de los principales países exportadores.
7. Fortalecimiento de la organización económica de los productores
para hacer factible su integración a otras actividades de la cadena productiva,
particularmente a la de comercialización y transformación industrial.
8o. Es importante que dentro del Presupuesto Federal del año 2002 se
implemente un programa de apoyo a la comercialización de la copra a través de Aserca,
como se lleva a cabo en el Estado de Guerrero y que permita subsanar el bajo precio de
ésta durante el tiempo que se requiera para la reconversión de los cultivos.
Finalmente, a nombre de los diputados que propusimos este punto de
acuerdo, para la creación del citado grupo especial de trabajo, agradecemos la
sensibilidad de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, al
aprobar el grupo en mención que habrá de concretar acciones que favorezcan a los
productores de copra de nuestro país.
2191,2192,2193
Firman este acuerdo, esta propuesta los diputados: por parte del
Partido Acción Nacional, Esteban Sotelo Salgado, Ramón Ponce; por parte del PRD, Félix
Salgado Macedonio, Rubén Aguirre Ponce, David Sotelo Rosas; por parte del PT, Félix
Castellanos Hernández; por el PRI, Nabor Ojeda, Timoteo Martínez Pérez, Lorena
Beaurregard de los Santos, Neftalí Jiménez Olán, Agustín Trujillo Iñiguez, Raúl
González Villalva, Ernesto Rodríguez Escalona, Silvia Romero Suárez, Efrén Leyva
Acevedo, Héctor Pineda Velázquez, Sergio Maldonado Aguilar, Heriberto Huicochea
Vázquez, Flora Añorve Ocampo, José Mendicuti Pavón, Rosa Elena Baduy Isaac, Jaime
Larrazábal Bretón, Santiago Guerrero Gutiérrez y Manuel Añorve Baños.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ramón Ponce Contreras, del
grupo parlamentario de Acción Nacional, para hablar por cinco minutos sobre el mismo
tema.
El diputado Ramón
Ponce Contreras:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
La superficie cultivada de coco está localizada en dos regiones: la
primera, la región costa del Pacífico constituida por los estados de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco; y la región del litoral del golfo de México
integrada principalmente por los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán.
La superficie establecida de este cultivo, del cocotero, hasta el año
2000 es de 161 mil hectáreas superficie menor a la que existió en el año de 1984, año
en el cual se registra la presencia del amarillamiento letal en nuestro país.
Lo anterior nos indica que la superficie actual cultivada de la palma
de coco es inferior en aproximadamente 60 mil hectáreas, comparada con la de 1984 y se
estima que durante los próximos cinco años el amarillamiento letal afectará 55 mil
hectáreas más, por lo que para el año 2006 la superficie cultivada será únicamente de
90 mil hectáreas.
En estas regiones productoras de coco, están conformadas por
variedades comerciales, las cuales son las siguientes: la caribe, la criollo alto del
pacífico y enano malayo, obviamente originaria de Malasia las cuales presentan diferentes
grados de tolerancia a esta grave enfermedad del amarillo letal.
En la actualidad, la producción nacional asciende a 200 mil toneladas
de copra, siendo los principales estados productores Guerrero y Colima, los cuales generan
el 79.5% de la oferta nacional; el Estado de Guerrero participa con el 57.8% y Colima con
el 21.7 de la producción.
Los bajos rendimientos por unidad de superficie y el envejecimiento
fisiológico de las plantaciones, así como la falta de un manejo adecuado de este cultivo
y el avance de esta enfermedad conocida como amarillamiento letal, constituyen algunos de
los factores que han incidido negativamente en la producción nacional; así como
aproximadamente 80 mil hectáreas de cocotero tienen una edad que oscila arriba de los 40
años, lo que ocasiona que tengan un menor rendimiento.
En la década de los ochenta, el precio de la copra de coco presentó
incrementos importantes por el repunte del precio internacional del aceite. Esta tendencia
al alza se mantuvo en casi toda la década también de los noventa, la cual es rota en el
año 2000 por una caída drástica de la cotización del precio en el mercado
internacional, ocasionado por el incremento de la superficie cultivada y los altos
rendimientos de producción por unidad de superficie logrados tanto en las Filipinas como
en Malasia, los cuales estos rendimientos ascienden a 6 y 7 toneladas por hectárea
mientras que la media nacional mexicana anda alrededor del 1.2 toneladas.
En la actualidad estos precios internacionales andan en alrededor de
los 580 dólares mientras que el precio de este mismo producto en el año de 1999 era de
los 900 dólares. Esta caída drástica del precio en los mercados ocasiona que el precio
de la copra de coco que pagan los industriales mexicanos en el campo sea de 2 mil 500
pesos la tonelada, lo que implica que los ingresos por hectárea del productor nacional
sean de los 3 mil pesos.
El mercado interno no es satisfecho por los productores nacionales de
copra por las siguientes causas:
Por un muy escaso nivel de organización de los productores, lo que
trae como consecuencia el que no puedan tener acceso a los otros eslabones de la cadena
productiva, como es la industrialización misma y la comercialización, si esto se lograra
pudieran acechar así a los mercados finales y por ende al consumidor. También por una
fuerte presencia de las importaciones, lo que ocasiona una fuga de divisas y también es
por la subutilización de la capacidad de extracción de aceite y también obviamente por
el bajo aprovechamiento de productos y subproductos del cocotero, para lograr una
solución de esta agroindustria se hace necesario un manejo integral del cultivo, se hace
necesario incrementar la producción y la productividad, eficientar el desempeño de la
cadena productiva, preservar los recursos naturales de las zonas productoras, incrementar
el nivel de bienestar de los productores de copra, así como impulsar el desarrollo
equilibrado de la acuacultura nacional.
Se hace también conveniente la implementación de estrategias, tales
como la siguiente, la elaboración de un padrón de productores, el impulso a las
actividades de investigación, la renovación de plantaciones y la asociación de
cultivos, el estudio de potencial productivo, la producción de material genético y el
incremento de la productividad.
Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados de la fracción
parlamentaria del Partido Acción Nacional coincidimos con la formación de este grupo de
trabajo aprobado por la Junta de Coordinación.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el
punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que
establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se
considera aprobado este documento presentado.
La Presidenta:
Estimada Secretaria, le ruego corrija el fundamento del trámite. El
fundamento del trámite es equivocado.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente
discutido.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el
punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el
punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobado el punto de acuerdo, proceda a su implementación.
El siguiente punto del orden del día era la presentación de un punto
de acuerdo en relación a la problemática de producción y comercialización de la copra
en México a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
quienes han informado a la mesa directiva que lo retiran, por considerarlo desahogado en
el acuerdo anterior.
COPRA (II)
La Presidenta:
Pasamos al siguiente punto de acuerdo, que también se vincula con el
apoyo a los productores de la copra en el país, a cargo del diputado Rubén Aguirre
Ponce, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rubén Aguirre Ponce:
Gracias, señora Presidenta:
Los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática nos sumamos al acuerdo de la Junta de Coordinación, sin duda alguna esto va
a repercutir a favor de todos los productores de copra. Esto es consecuencia desde luego
del intenso trabajo que hemos desarrollado los diputados para ver el problema de la copra.
Compañeras y compañeros diputados: el suscrito diputado federal
integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito presentar ante el pleno de esta
soberanía la proposición con punto de acuerdo para hacer un planteamiento de solución
al problema de la copra y la importación desleal de productos derivados de la misma, que
ha dañado la economía de los productores de la copra en los estados de Guerrero,
Chiapas, Sinaloa, Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
ANTECEDENTES
El cultivo del cocotero ha sido una de las actividades agropecuarias de
mayor relevancia en los estados costeros del país. Su producción representa el 4.2% de
la producción mundial. Un ejemplo significativo de la importancia de este cultivo se
encuentra en el Estado de Guerrero, donde a partir de 1930 se empezaron a realizar
importantes siembras y que para 1990 alcanzó una extensión de 80 mil hectáreas que en
la actualidad representan el 49% de la producción nacional, las cuales continúan
cultivándose a pesar de que en un importante porcentaje de sus huertas oscilan entre los
30 y los 50 años de edad, debido a que la mayoría de las huertas se encuentra en
terrenos ejidales y el promedio de la tenencia de la tierra para los productores de coco
es de aproximadamente 3.5 hectáreas por productor.
En la década de los años noventa existían 27 mil productores sólo
en el Estado de Guerrero, generando con ello 8 mil empleos directos, sin embargo, toda
esta actividad se ha visto gravemente afectada en los últimos años. A partir de enero
del 2000 el aceite de coco pasó de 850 dólares por tonelada, a sólo 260 dólares en el
segundo trimestre del año 2001.
Esta caída representa una reducción de 490 dólares por tonelada,
sólo en lo que se refiere al rubro del aceite de coco. Esto trajo aparejado que las
importaciones de aceite realizadas por la industria nacional afectaran el precio de la
copra, desplomándose drásticamente pasando de 5.50 pesos por kilogramo, a sólo 1.80
pesos, niveles por abajo del costo de producción, provocando con ello un gran daño a la
producción nacional y ocasionando que muchos productores abandonaran sus cultivos.
La producción nacional de coco en el año de 1997 fue de 203 mil
toneladas, con un precio promedio de 3.35 pesos por kilogramo, siendo la derrama
económica del orden de 682 millones de pesos. La situación para el año 2001 de la
producción nacional de copra será de aproximadamente 150 mil toneladas, con un precio de
2.35 pesos el kilogramo y, que representa 353 millones de pesos, es decir, habrá una
caída de un poco más de la mitad de lo que recibían los productores en 1997.
Esto demuestra la dramática situación en la que se encuentran los
productores de coco, que en términos nominales la pérdida será para este sector, de
alrededor de 328 millones de pesos para el año 2001.
Por otro lado, observamos con preocupación que ha habido una pérdida
muy importante de empleos directo del sector, se estima que de 1997 al 2001, disminuirán
aproximadamente en 1 millón de jornales a nivel nacional.
Al mismo tiempo, ha habido una disminución significativa en los
empleos indirectos generados durante este lapso, como son los empleos en los centros de
acopio y plantas industriales, en los fletes de maniobras de carga y descarga, por lo que
se estima un número de desempleados de aproximadamente 15 mil.
Esta situación genera efectos nocivos en las regiones copreras del
país provocando un deterioro acentuado en los niveles de vida de las familias que
dependen de dicho cultivo y que hoy tanta falta les hacen, situación actual.
Es necesario fomentar en el sector industrial del país la necesidad de
apoyar la producción nacional de copra y evitar que se continúe realizando grandes
importaciones de aceite de coco y sus derivados.
2194,2195,2196
Las importaciones generan un grave impacto en la economía de los
productores, ya que se realizan importaciones masivas de 3 mil a 10 mil toneladas por
barco, generando una competencia desleal frente a los productores nacionales. Estas
importaciones se han venido realizando dentro de un contexto de prácticas desleales de
comercio exterior, debido a que los principales países productores otorgan grandes
subsidios a la producción agropecuaria.
Por la gravedad de esta situación estoy seguro que la única manera de
evitar el inminente colapso de la producción nacional de coco, es que la Secretaría de
Agricultura y la Secretaría de Economía, hagan uso de los instrumentos de comercio
exterior que estén a su alcance, como son el elevar los aranceles a la importación de
aceite de coco y palmister kernel y la firma de convenios de apoyo con todos los
sectores involucrados.
Se han organizado foros en materia legislativa, el último por la
Comisión de Agricultura de esta LVIII Legislatura en el puerto de Acapulco, en el cual se
presentaron propuestas para el aprovechamiento integral del coco y sus derivados.
Sabemos que el Gobierno tiene programas de apoyo para el sector, sin
embargo éstos han resultado insuficientes y en muchos casos desconocidos para los
productores.
«Compañeras y compañeros diputados: por lo anterior suscrito, someto
a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Secretaría de Economía con base en la Ley de
Comercio Exterior, en su artículo 45, establezca medidas de salvaguarda que regulen la
importación de aceite de coco y palmister kernel, estableciendo un arancel del
100%.
Segundo. Que se instituyan fideicomisos estatales para impulsar
la actividad y comercialización de productos derivados con la participación del Gobierno
Federal en un 50%, de los gobiernos estatales en un 30% y de los productores en un 20%,
con el fin de estar en condiciones de ejecutar los proyectos de aprovechamiento integral
del coco.
Tercero. Que las autoridades responsables promuevan la firma de
convenios entre productores y las empresas que consumen el aceite de coco para apoyar a la
producción nacional y en caso de que la misma sea insuficiente, recurran a las
importaciones.
Cuarto. Que el convenio firmado del gobierno del Estado de
Guerrero con el Gobierno Federal a través de Aserca y los productores, que establece un
precio mínimo de rentabilidad, se haga extensivo a los demás estados que cultivan este
producto.
Firman este punto de acuerdo los diputados del grupo parlamentario del
PRD; Félix Castellanos Hernández, del PT; del PRI, Raúl González Villalva,
Héctor Pineda Velázquez, Flor Añorve Ocampo, Celestino Bailón
Guerrero y Santiago Guerrero Gutiérrez.»
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al grupo especial
en torno al tema de la copra y el coco que se acaba de crear
DISTRITO FEDERAL
La Presidenta:
Para presentar una propuesta con punto de acuerdo, respecto a la obra
inconclusa en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y Eje 3 Oriente, se concede el uso
de la palabra al diputado Daniel Ramírez del Valle.
El diputado Daniel Ramírez del Valle:
Con su permiso, diputada Presidenta; estimadas amigas y amigos
diputados:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al pleno de esta
Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo y con los siguientes
ANTECEDENTES
Desde hace cuatro años se inició la obra de construcción para el
mejoramiento de la vialidad en las arterias que conforman el cruce de avenida Ignacio
Zaragoza y Eje 3 Oriente Eduardo Molina.
El Congreso de la Unión autorizó un techo de endeudamiento para el
Distrito Federal de 5 mil 500 millones de pesos para el ejercicio del 2001, donde se
contemplan 1 mil 850 millones de pesos destinados parcialmente para la construcción de
las obras viales y complementarias de la Línea B del Metro. Teniendo los siguientes
CONSIDERANDOS
Cada día en la Ciudad de México el flujo de automóviles que
transitan va en aumento. Es imposible concebir que una obra destinada a evitar el
congestionamiento diario, se haya convertido en un problema vial y de inseguridad, ya que
a cuatro años de iniciada su construcción, ésta no ha sido concluida, siendo las calles
de Ignacio Zaragoza y Eduardo Molina vías con gran afluencia vehicular y peatonal, es
blanco fácil de congestionamientos, colisiones, atropellos e inundaciones debido a la
falta de visión para concluir esta obra.
Además, que en dichos puntos se encuentran materiales de construcción
abandonados, obstruyendo la carpeta asfáltica, contribuyendo a los problemas
anteriormente citados, sin contar con las pérdidas económicas que se derivan del
deterioro de estos materiales y de la obra inconclusa.
Considerando que estas arterias son de vital importancia para la gente
que proviene del oriente de la ciudad y se dirige hacia el centro de la misma, éstas
deben de ser eficientes y ágiles y no atrofiar el tránsito de los que circulan por
ellas.
Además de lo anterior, en el cruce de estas vías se localiza la
terminal de autobuses de la zona oriente, TAPO, que como todos sabemos es una de las más
importantes de la ciudad, con un alto flujo de personas que llegan y salen de la zona
capitalina, mismas que se llevan una imagen de abandono y deterioro del Distrito Federal.
Debemos de tomar en cuenta también que en esta zona se encuentra
nuestro recinto legislativo y los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que
resulta por demás señalar que dichas sedes de los poderes de la Unión generan mayor
carga vehicular, así como peatonal, sobre todo en las horas conocidas como pico.
Lo anteriormente expuesto es resultado único de negligencia y falta de
atención por parte de las autoridades competentes, ya que en el documento de apoyo para
la solicitud de techo de endeudamiento para el Distrito Federal del año 2001, presentado
por el jefe de gobierno del D.F., en uno de los apartados se solicitan 1 mil 865 millones
de pesos para transporte urbano, dentro de lo cual se contempla la continuación de la
construcción de obras viales y complementarias de la Línea B del Metro.
Es inadmisible que después de 10 meses de haberse autorizado el
financiamiento para la continuación de dicha obra, no se haya por lo menos observado el
ánimo de las autoridades competentes para reanudar las obras y poner fin a un problema
que nos agobia tanto a los que vivimos en esta zona como a los que transitamos en estas
vías y trabajamos cerca de ellas.
«Por las consideraciones antes expuestas los integrantes de las
diferentes fracciones que conformamos la Comisión del Distrito Federal y con fundamento
en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos al pleno el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que el gobierno del Distrito Federal, a través de su
Secretaría de Obras y Servicios, continúe con la obra para su pronta conclusión con
objeto de coadyuvar al mejoramiento en general de la vialidad de la zona oriente en la
Ciudad de México.
Segundo. De no llevarse a cabo la obra, retirar el material de
construcción de la carpeta asfáltica, para agilizar la vialidad en dicho perímetro,
garantizando con esto su funcionalidad y la seguridad de los que ahí transitamos.
Suscriben el citado punto de acuerdo los diputados: del Partido Acción
Nacional en el Distrito Federal, así como José Antonio Arévalo, del Partido
Verde Ecologista de México; Hilda Anderson, del grupo parlamentario Revolucionario
Institucional; Mario Reyes Oviedo, Carlos Flores Gutiérrez, José Tomás
Lozano Pardinas, Jorge Lara, Teresa Gómez Mont, Benjamín Muciño Pérez,
Raúl García Velásquez, Francisco Ramírez Cabrera y Armando Salinas
Torre del grupo parlamentario de Acción Nacional.»
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la mesa directiva a efecto de aplicar el inciso 2 del
artículo 22 de la Ley Orgánica, relativo a la comunicación con autoridades de otros
poderes.
MONUMENTOS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Elías Martínez Rufino, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición
con punto de acuerdo, para que la Comisión de Cultura realice los estudios conducentes
para evitar que los monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, sean
utilizadas para un uso distinto al de su naturaleza.
El diputado Elías Martínez Rufino: Muchas gracias, señora
Presidenta, con su permiso, compañeras diputadas; compañeros diputados:
El día 4 de octubre del presente año un servidor, en
representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentó una proposición con punto de acuerdo relativa a la realización de la
cena-baile-recital, con la participación de Elton John, en el Castillo de Chapultepec.
Dicho punto de acuerdo propuso a esta soberanía condenar
enérgicamente todo intento de utilizar el Castillo de Chapultepec para ese evento, ya que
según la fracción II del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, este sitio es un Museo de Historia que, a su vez, según el
decreto del día 13 de diciembre de 1940, aparecido en el Diario Oficial de la
Federación, es consagrado como un monumento histórico por excelencia y lección objetiva
de patriotismo, accesible a todas las clases sociales y al servicio de la cultura
histórica popular, por lo que se debe permitir, sin restricciones, la entrada pública al
multicitado museo.
La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de
Cultura, a fin de dar cumplimiento al proceso legislativo correspondiente.
Desgraciadamente por la sumisión de algunos legisladores o por la influencia del partido
del Presidente de la República, imperó de manera definitoria, como en los viejos
tiempos, por lo que dicha proposición no prosperó, razón por la cual, en ejercicio de
las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la normatividad que rige a este honorable Congreso de la Unión, vengo a esta tribuna a
plantear una proposición con punto de acuerdo relativo al mismo tema.
En nuestro país, a pesar de la joven democracia que se expresó el
pasado 2 de julio, los vicios del régimen político anterior y las torpezas
presidenciales continúan, estas ineptitudes no han beneficiado el pleno ejercicio
soberano de nuestro honorable Congreso de la Unión y ensombrece el espíritu republicano
de nuestro país y de nuestra actividad parlamentaria.
El último hecho relevante que lo demuestra fueron las declaraciones
que realizó el Ejecutivo Federal en torno a la reforma fiscal, durante su última gira en
el extranjero, sin olvidar, claro está, la falta de respeto y abusos del señor Fox en
esta Cámara, cuando no se refirió correctamente al Congreso de la Unión y no leyó
debidamente la letra constitucional durante su toma de protesta, entre otras.
Estamos sin duda ante un Presidente que vive por sus placeres
personales y enajenado de las estratégicas mediáticas, que lucran con la pobreza y el
patrimonio de nuestra nación, que puede dar cualquier cosa a cambio de que él y su
esposa no pierdan puntos en el rating televisivo.
Un Presidente que ha sustituido a la política y al ejercicio público,
por la vendimia de palabrerías y recetas publicitarias.
Por ello, es necesario detener esa visión foxista, que considera que
el patrimonio es un bien personal para promoción presidencial y el espectáculo familiar
y que el uso que hace de los sitios históricos y monumentos es legal; haciéndole creer a
la sociedad que él y la señora Marta Sahagún son los buenos, escudándose en la pobreza
del país.
Esa visión que confunde lo público con lo privado y piensa que el
Estado es su casa y manda de acuerdo a sus costumbres y moralidad, que interpreta
equivocadamente la ley y no entiende el significado de un estado de derecho donde se
especifica: "lo que pertenece a todos y a nadie a la vez, con lo que es el patrimonio
privado y de su familia". Como bien lo aclara Norberto Bovio, interpretando a
Aristóteles y Hegel dice: "la supremacía de lo público se basa en la
contraposición del interés colectivo al interés individual y en la necesaria
subordinación.
De hecho, la primacía de lo público significa el aumento de la
intervención estatal en la regulación coactiva del comportamiento de los individuos y de
los grupos infraestatales. Por lo que el derecho privado o de los privados es el derecho
del estado de naturaleza, cuyos institutos fundamentales son la propiedad y el contrato y
el derecho público es el derecho que emana del estado constituido por la supresión del
estado de naturaleza, por consiguiente, es el derecho positivo en sentido estricto."
2197,2198,2199
Por demás, tenemos un presidente intolerante y sumido en el
desconocimiento de nuestras leyes. Un individuo que no consideró la opinión de los que
no piensan —gracias a Dios— como él y permitió que con el uso del Castillo de
Chapultepec para el festín multicitado, se violentara el derecho y la legalidad.
Tal vez llegó a pensar ver a millones de mexicanos impidiendo el
evento donde participó Elton John, sin darse cuenta que no se trata de números, sino de
razón histórica y del cumplimiento de la ley que representa a los millones de mexicanos
que gobierna.
Por ello y por la falta de autoridad presidencial, el señor Fox
utiliza el poder del Estado ejerciendo el autoritarismo y la discrecionalidad del
presidencialismo mexicano, con el que podemos ilustrar varias décadas del poder político
de nuestro país.
Ahora resulta que el patrimonio nacional es de la familia del
Presidente, con el colmo de que un acuerdo presidencial es interpretado por el Secretario
de Educación Pública, al gusto de la esposa del Presidente, permitiendo que se
trastoquen las leyes, los valores y sentimientos de nuestra nación y de nuestra
República.
Sin duda, estos hechos son un precedente más de la sinrazón
presidencial y pero si aunamos a ello la contraposición que puede haber entre un acuerdo
presidencial y las leyes aprobadas por el honorable Congreso de la Unión o de un decreto
presidencial como el que creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y otro del
Poder Legislativo, que hizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Instituto Nacional
de Antropología e Historia.
Por ello, sigue siendo necesario revisar las facultades de los poderes
Ejecutivo y Legislativo. En ese contexto el propio Presidente y su Secretario de
Educación, han aceptado en el Plan Nacional de Cultura 2001-2006, que: "el ejercicio
de las acciones públicas en torno a la cultura, se realizan a través de las diversas
instituciones que carecen de un marco jurídico unitario.
"Que la regulación de la cultura es incompleta respecto a las
necesidades del México moderno y a las demandas de la sociedad. Asimismo la cuestión
cultural se encuentra centralizada y con atribuciones que se superponen o duplican".
Todo esto es cita del Plan Nacional de Cultura.
Esta es la realidad. Por lo que el Poder Legislativo más allá de
intereses partidistas debe voltear a ver y legislar para que nuestras instituciones de la
cultura, se desarrollen por el bien del pueblo de México .
Por ello no podemos pasar inadvertido que al Castillo de Chapultepec se
le ha dado un uso distinto al que establece nuestra normatividad y nuestras instituciones
u olvidar la amenaza de la titular de Conaculta cuando dice que dicho evento será el
precedente para utilizar las zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos,
para festines privados que no tienen nada qué ver con la naturaleza de dichos sitios y
lugares.
Compañeros legisladores: es necesario valorar y reconocer que no sólo
nuestro partido, el de la Revolución Democrática, promueve el respeto a nuestro
patrimonio y la defensa de las leyes que ha promulgado esta soberanía. Hubo un sinnúmero
de intelectuales, escritores, historiadores, legisladores del PRI, del PRD, de otros
partidos, investigadores, académicos, administrativos, técnicos y manuales del INBA y
del INAH y diversas organizaciones de la sociedad que se han manifestado en contra de
violentar la naturaleza de nuestras zonas y monumentos.
Se han manifestado también en contra de que el erario público de
nuestro país sirva para el beneficio de organismos privados como la fundación Vamos
México. Vale la pena destacar que en el año 2000 se destinaron 165 millones para la
restauración del Castillo de Chapultepec y su renovación museística. Además de que los
asistentes al multicitado evento dedujeron sus gastos de impuestos con cargo al erario
público.
Por último, no debemos permitir el tráfico de influencias que como
mal ejemplo está poniendo el presidente Vicente Fox, ya que la fundación Vamos México,
por el hecho de tener como titular a la esposa del Presidente pudo lograr en su primer
evento, en el Castillo de Chapultepec, ingresos aproximados a los 80 millones de pesos.
Una fundación que vale la pena destacar nació con todo el apoyo gubernamental, que al
parecer tiene más razón de ser un proyecto político personal de Marta Sahagún que
cumplir con objetivos altruistas.
Y aquí me surge una pregunta: ¿cuándo habrá posibilidad en este
país de que una fundación de nombre equis, con un titular hijo de un vecino equis
obtendría en su primer mes de existencia las facilidades para realizar un evento en el
Castillo de Chapultepec o en algún otro sitio histórico y pudiera obtener 80 millones?
Estaría muy bueno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
los diputados abajo firmantes nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea, la
siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión de Cultura realice los estudios
conducentes y de la legislación en la materia para evitar que los monumentos, las zonas
arqueológicas, artísticas e históricas sean aprovechadas para un uso distinto al de su
naturaleza.
Segundo. Revisar las facultades del Poder Ejecutivo con
relación al citado estudio.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Cultura.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra, hasta por
cinco minutos, el diputado Julio César González, del grupo parlamentario de Acción
Nacional.
El diputado Julio
César González Jiménez:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
En relación con el punto de acuerdo propuesto por el PRD para evitar y
evitar quiere decir cancelar, prohibir, que los monumentos, zonas arqueológicas,
artísticas e históricas sean utilizadas para un uso distinto al de su naturaleza, me
permito hacer algunas consideraciones.
A todo lo largo y a todo lo ancho del país nuestro patrimonio cultural
y artístico, así como las zonas de monumentos y centros históricos son utilizados para
diversos eventos, como por ejemplo: en la explanada del Zócalo del Distrito Federal se
realizan conciertos musicales de la más diversa índole, así como manifestaciones de la
plástica mexicana e incluso se exhiben premier de películas con el aval del gobierno del
Distrito Federal.
Con el mismo fin se utiliza la explanada en el Monumento a la
Revolución, en donde se han efectuado presentaciones de grupos de rock, así como el
concierto de Silvio Rodríguez, promovido por el mismo gobierno.
Con la propuesta tendríamos que prohibir los conciertos que se
realizan en las iglesias como la Profesa, aquí en el Distrito Federal o en la iglesia de
Tepoztlán del Estado de México. Acabaríamos con las presentaciones que se hacen en la
Iglesia de "Santa Prisca", en Taxco, Guerrero, dentro de las jornadas
alarconianas y durante todo el año.
Con su propuesta, señor diputado, prohibiríamos a todos los mexicanos
expresar en su forma su fe, su alegría y su júbilo por medio de danzas, cantos y juegos
pirotécnicos que se realizan especialmente el 12 de diciembre, en el monumento majestuoso
como es la Basílica de Guadalupe, considerado patrimonio artístico y cultural no sólo
de México, sino del mundo y además el monumento histórico, por si no lo sabe, don José
María Morelos y Pavón paso a orar al templo de "El Pocito", antes de ser
fusilado.
También se terminaría con los eventos culturales que se presentan en
el fuerte de "San Diego" en Acapulco, Guerrero o en el Castillo de San Juan de
Ulua, en Veracruz.
Con su propuesta tendremos que prohibir cualquier manifestación de
júbilo en el Monumento a la Independencia, aquí en el Distrito Federal, cuando gane la
selección nacional.
Tendrán que prohibir que miles de personas acudan a Teotihuacan,
Chichén Itzá, el Tajín, Zempoala, Palenque o Mitla, el 21 de marzo, a recibir la
especial energía supuestamente recibida en el equinoccio.
Con su propuesta tendremos que terminar en Michoacán con la
presentación de conciertos y obras de teatro que se presentan en sitios como la capilla
abierta de Tzintzuntzan o el concierto que se da en la noche de muertos en la Basílica de
Nuestra Señora de la Salud, ambos monumentos del Siglo XVII.
También tendría que prohibir las verbenas en la plaza de Gertrudis
Bocanegra de la ciudad de Pátzcuaro, sitio donde fue fusilada esta heroína de la
Independencia.
Con esta propuesta del PRD se terminará con una gran parte de la vida
cultural y artística.
En Morelia, Michoacán se utilizan como escenarios el Palacio
Clavijero, ex convento Jesuita del Siglo XVII, institución formadora de la conciencia de
Francisco Javier Clavijero.
El PRD pretende clausurar, prohibir, censurar infinidad de eventos
musicales y muestras de la plástica que se presentan en el primitivo y nacional Colegio
de San Nicolás de Hidalgo, aula mater de Miguel Hidalgo, José María Morelos y
Melchor Ocampo, entre otros.
Con su afán de censura, se terminará con el Festival Internacional de
Organo de la ciudad de Morelia, que se lleva a cabo en la Catedral de Morelia y aclaro que
no todo el programa es música sacra.
También en Morelia se utiliza el ex convento de los carmelitas como
escenario artístico y cultural y quiero aclararle que todas estas manifestaciones son
autorizadas por el Instituto Michoacano de Cultura, cuyo titular es un distinguido y
respetado miembro de su partido, el maestro Jaime Hernández Díaz.
También terminaría con el Festival Internacional Cervantino, ya que
entre otros escenarios se han utilizado la plaza de la Alhóndiga, la plaza de San Roque,
los callejones y las calles subterráneas de la ciudad de Guanajuato, sitio por donde
corrió la sangre de mexicanos masacrados por el realista Félix María Calleja en la
guerra de Independencia.
Contamos con monumentos que se utilizan como escenarios en la ciudad de
San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Puebla, Guadalajara y Chihuahua, entre muchos
otros. Con esta visión farisaica, condenando lo que yo no apruebo y aplaudiendo los
mismos hechos que se llevan a cabo en donde su partido gobierna, no llegaremos a ningún
lado.
Los monumentos, las zonas arqueológicas, los centros históricos, se
cuidan y se conservan cuando se usan con cuidado y con respeto, cuando se viven y cuando
se generan los recursos para su restauración y su sustentabilidad y esto no es sólo en
México, es en todo el mundo.
En Acción Nacional estamos de acuerdo en que se regule el uso de los
inmuebles en comento, pero nos oponemos a la política de censura que el PRD quiere
implantar.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e
Históricas...
La Presidenta:
Diputado, si me hace favor de concluir.
El diputado Julio César González Jiménez:
Termino... es muy clara respecto a la conservación de dichas zonas y
monumentos.
Por lo antes expuesto, exhorto a los miembros de la Comisión de
Cultura, a que consideren los puntos aquí vertidos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para rectificar hechos ha solicitado el uso de la palabra el diputado
Elías Rufino, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Elías
Martínez Rufino:
Muchas gracias.
Con su permiso, señora Presidenta:
No se trata de ver quiénes son los sensores y quiénes son los
provocadores a la mejor de las actividades culturales, yo creo que estamos equivocando la
discusión. Aquí tengo en la mano y si hay necesidad yo se la voy a obsequiar señor
diputado, en donde se establece en el decreto publicado el 13 de diciembre de 1940, que el
artículo 3o. de esta ley establece que el patrimonio del instituto se formará, del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros bienes con el Castillo de
Chapultepec, que se destine al Museo de Historia, puesto que la tradición y memorias de
tal sitio, desde los tiempos más remotos, lo consagran como monumento histórico por
excelencia y lección objetiva de patriotismo accesible a todas las clases sociales,
motivo que también fundó la resolución de destinar la residencia de Chapultepec al
servicio de la cultura histórica popular y permitir sin restricción desde 1934 la
entrada pública al Castillo convertido en museo.
2200,2201,2202
Yo creo que hablando en específico de esto, está claro el decreto,
hablando en lo general pues, yo creo que también aquí habría que aclarar algunas cosas;
el otro día nos encontramos en un boletín que uno de los diputados de la fracción del
PAN condenaba el uso del Castillo de Chapultepec para eventos de este tipo, cuando siendo
miembro del gobierno en su municipio no había permitido la utilización de un sitio
histórico para realizar eventos de este tipo.
Seamos congruentes por lo menos, aquí se habla de que tenemos en todo
caso que utilizar los sitios también para eventos de este tipo, yo le diría: estoy de
acuerdo y tan estoy de acuerdo que los compañeros de su partido que son mis compañeros
en la Comisión de Turismo, me han escuchado hacer planteamientos sobre turismo cultural,
pero primero hay que cambiar las normas o sea no tomemos por asalto ni caigamos en los
mismos excesos de anteriores gobiernos, en donde gracias a la discrecionalidad se
otorgaban poderes plenipotenciarios por encima de lo legislado en el Congreso de la Unión
y faltándole al respeto obviamente a uno de los tres poderes.
Este es el reto o sea, no tomemos por asalto las cosas, vayamos primero
fundamentando qué se requiere en cuestión de legalidad para hacer un uso correcto de
todos estos sitios. Yo estoy de acuerdo con usted, vamos utilizándolos para conciertos,
vamos utilizándolos para eventos culturales, vamos utilizándolos para todas las
actividades culturales a que haya necesidad, pero antes modifiquemos la ley.
En este momento lo único que está haciendo y déjeme decirle muy en
serio el Gobierno de Fox, es reproducir todos los viejos dichos del presidencialismo en
este país, la discrecionalidad, la prepotencia y el tráfico de influencias, porque a
final de cuentas no estamos hablando de una fundación cualquiera, estamos hablando de una
fundación transexenal posiblemente y que indirectamente se está haciendo de recursos del
erario público.
Este es, entre otros asuntos, los que tenemos que discutir, pero todo
esto tiene que pasar porque en este país y en este Gobierno que se dice hoy de cambio y
de respeto a las leyes, vamos respetando a las leyes, vámonos quitando la
discrecionalidad y vamos haciendo este nuevo México que tanto lo mencionamos aquí.
Por su atención, gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
En virtud de que ya estaba dado el turno, proseguimos y quiero informar
a esta Asamblea que esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Cámara de
Senadores, se ruega a la Secretaría dar cuenta con el mismo.
PERMISO AL
PRESIDENTE PARA
AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de
la República.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del
territorio nacional del 8 al 11 de noviembre de 2001, a efecto de que participe en el LVI
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá
lugar en Nueva York, Estados Unidos de América.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, D.F., a 31 de octubre de 2001.— Senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la
República.— LVIII Legislatura.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del
8 al 11 de noviembre de 2001, a efecto de que participe en el LVI Periodo Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York,
Estados Unidos de América.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— México, D. F., a
31 de octubre de 2001.— Los senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos,
presidente; María Lucero Saldaña Pérez, secretaria.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos
constitucionales.— Arturo Garita, secretario general de Servicios
Parlamentarios.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Ruego a la Secretaría dar lectura a los asuntos del orden del día de
la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.—
LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 6 de Noviembre de 2001
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto
que reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para la Administración de
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, del Código Penal Federal y del Código
Federal de Procedimientos Penales.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto
que reforma la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 14:57 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar
el próximo martes 6 de noviembre a las 10:00 horas.
RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración: 5 horas 17 minutos.
• Quorum a la apertura de sesión: 273 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 437.
• Excitativas a comisiones: 2.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 9.
• Acuerdos aprobados: 5.
• Oradores en tribuna: 34
PRI–7; PAN–12; PRD–10; PVEM–1; PT–2;
PSN–2.
Se recibió:
• 8 comunicaciones de los congresos de los estados de: Chihuahua,
Coahuila, Colima, México, Puebla, San Luis Potosí, y Tabasco:
• 3 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las
que notifica cambios en la integración de comisiones;
• 1 iniciativa del Ejecutivo;
• 1 iniciativa del PRI;
• 1 iniciativa del PAN;
• 1 iniciativa del PRD;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 2 minutas.
Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada;
• 1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de
decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados; los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal y
el artículo 193 del Código Fe-deral de Procedimientos Penales;
• 1 de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que
reforma la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2203,2204,2205
DIPUTADOS
QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION