Presidencia
de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría, haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 268 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 10:41 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 14 de noviembre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de Coahuila
y Quintana Roo.
De la Comisión de Concordia y
Pacificación.
De la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Iniciativa de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, II Legislatura
Que reforma y adiciona los artículos 73
fracción VIll, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Iniciativa de diputados
De reformas a diversos artículos
del Código Penal, Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Dictamen a discusión
De la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo
7o., de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre la eliminación
de las áreas naturales protegidas, que plantea hacer el Ejecutivo Federal, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al IMSS,
a cargo del diputado Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo a efecto de que la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., eficientice el suministro de energía
eléctrica a 45 municipios del Estado de Hidalgo, a cargo del diputado Raúl E. Sicilia
Salgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre aspectos de
protección civil en el Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, en relación al
proceso legislativo en torno a la Reforma Fiscal, a cargo del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, en relación a la
reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002, se
destinen mayores recursos a los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento
que opera la Comisión Nacional del Agua, a cargo de la diputada Josefina Hinojosa
Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para que los congresos
de los estados establezcan comisiones de Ciencia y Tecnología, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el Procurador
Fiscal de la Federación, comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda, a cargo del diputado Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para resolver la deuda
de las empresas sociales en donde participa el Fonaes, a cargo del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que los
pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal, a cargo del
diputado Edilberto Buenfil Montalvo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre la necesidad de
denunciar públicamente la conspiración contra el pueblo de México, orquestada por el
fascismo reaccionario representado por la Coparmex, a cargo del diputado Enrique Herrera y
Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la declaración
y fiscalización de la Coparmex, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al pacto
indígena veracruzano, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo, a fin de que el 1%
del ramo 33 del presupuesto sea entregado a los poderes judiciales locales, a cargo del
diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Efemérides
Sobre la ciudadanización del Instituto
Federal Electoral (31 de octubre de 1996), a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez,
del Partido Alianza Social.
Sobre el aniversario del natalicio de
Felipe Carrillo Puerto, a cargo del diputado Feliciano Moo y Can, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario del héroe de
Nacozari, a cargo de la diputada María del Rosario Oroz Ibarra, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el CCCL aniversario del natalicio de
sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de los grupos parlamentarios.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la
Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido
publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma fue entregada a los
coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se procede a su
votación.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia
de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus
observaciones y se procede a su votación.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes trece de noviembre de dos mil
uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con treinta y cinco minutos del martes
trece de noviembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos cincuenta y tres
diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
La Asamblea aprueba en sus términos el
acta de la sesión anterior, en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Aguascalientes, con acuerdo por el que
solicita a la Cámara de Diputados contemple la posibilidad de reformar los artículos
ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo y ciento uno de la Ley del Seguro Social. Se
turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Aguascalientes, con acuerdo por el que
solicita a la Cámara de Diputados contemplar la posibilidad de reformar el artículo
ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de
erradicar definitivamente la discriminación laboral. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Quintana Roo, con acuerdo por el que apoya
el exhorto del Congreso del Estado de Baja California, en el sentido de solicitar al
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que en tanto no se cuenten con los
recursos necesarios y el consenso de los trabajadores, no se transfieran a las entidades
federativas los servicios de educación tecnológica en los niveles medio superior y
superior. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Zacatecas, con acuerdo por el que solicita
la intervención de la Cámara de Diputados ante el Ejecutivo Federal, para que se
establezca en forma permanente el servicio de transporte por ferrocarril en la región del
semidesierto zacatecano. Se turna a las comisiones unidas de Transportes y de
Comunicaciones.
Tres comunicaciones de la Junta de
Coordinación Política, con acuerdos relativos a cambios en la integración de las mesas
directivas del Grupo de Amistad MéxicoIsrael y de las comisiones Especial Encargada de
Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la
Región SurSureste de México y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se aprueban en
sendas votaciones económicas.
Comunicación de la Junta de Coordinación
Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Turismo. De
enterado.
Otra comunicación de la Junta de
Coordinación Política, con acuerdo relativo a la creación de la comisión especial para
que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de
mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde mil novecientos noventa y tres a
la fecha. Se aprueba en votación económica.
Comunicación de la Comisión de Vigilancia
de la Contaduría Mayor de Hacienda, por la que informa de la recepción del informe
previo sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al
Ejercicio de Dos Mil, enviado por la Auditoría Superior de la Federación. De enterado.
Dos comunicaciones de la Conferencia para
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con acuerdos:
Relativo a las sustituciones por
inasistencias en la integración de las comisiones de la Cámara de Diputados. Se aprueba
en votación económica.
Que modifica el acuerdo que establece los
lineamientos que se observarán para acreditar las asistencias de los diputados a las
sesiones plenarias, así como para la debida justificación de retardos e inasistencias a
las mismas. En votación económica se aprueba.
Se da cuenta con los siguientes documentos
del Poder Ejecutivo Federal:
Iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dos. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
Iniciativa con proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos Mil Dos. Se turna a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
3079,3080,3081
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Criterios generales de política
económica. Remítase para conocimiento a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y
de Presupuesto y Cuenta Pública.
Desde su curul, el diputado Samuel Aguilar
Solís solicita que los anteriores documentos sean distribuidos entre todos los diputados
y la Presidenta informa que la Secretaría de Servicios Parlamentarios los está
distribuyendo de manera simultánea y se está proveyendo lo necesario para su
publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Informe sobre el uso de la facultad
conferida al Ejecutivo Federal en el artículo ciento treinta y uno de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia arancelaria, durante el periodo
comprendido de diciembre de dos mil a octubre de dos mil uno. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Presentan iniciativas los diputados:
José María Guillén Torres, del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al
artículo setenta y cinco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de Dos Mil Uno. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
José de Jesús López Sandoval, del
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el párrafo quinto del
artículo noventa y tres del Código Penal Federal.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
Se turna a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
A las once horas con treinta y seis
minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y un diputados y
ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Rufino Rodríguez Cabrera, del Partido de
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia
Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales y para su conocimiento a la Comisión de Defensa Nacional.
Marco Antonio Dávila Montesinos, del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley Reglamentaria del Sistema de
Medición del Tiempo en los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de
Comercio y Fomento Industrial y de Energía.
Desde su curul, el diputado Mauricio
Enrique Candiani Galaz hace observaciones sobre el turno y el Presidente turna la
iniciativa únicamente a la Comisión de Energía.
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el
artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Feliciano Calzada Padrón, del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la
fracción vigesimoprimera del artículo cuarenta y siete de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, adiciona la fracción sexta y modifica el
último párrafo del artículo doscientos catorce del Código Penal Federal. Se turna a
las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos
Humanos.
La Presidenta saluda la presencia de la
Cónsul General de la República Dominicana y expresa sus condolencias al pueblo
dominicano por sus connacionales fallecidos en el accidente aéreo de Nueva York.
Samuel Aguilar Solís, del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y
tres y adiciona un artículo cuarenta y tresbis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad
Social.
Lorena Martínez Rodríguez, del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de ley federal de la cultura del sordo. Se
turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura y de
Atención a Grupos Vulnerables.
Narciso Alberto Amador Leal, del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos sesenta y
uno y sesenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos cuarto, veintiocho, cuarenta y seis, ciento treinta y uno y ciento treinta y
dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
Se turna a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Dos oficios de la Secretaría de
Gobernación, por los que solicita los permisos necesarios para que los ciudadanos Gustavo
Iruegas Evaristo y Héctor Aragón Zapata, puedan aceptar y usar las condecoraciones que
les confieren los gobiernos de la República Federativa de Brasil y de Estados Unidos de
América, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el
que remite, para los efectos del artículo setenta y dos inciso h, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa que reforma el
artículo ciento noventa y ocho y adiciona un artículo ciento noventa y ochoA a la Ley
Federal de Derechos, presentada por el senador Eduardo Ovando Martínez, del Partido
Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Asamblea dispensa, en votación
económica, la lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública,
con proyecto de decreto que concede permisos a ciudadanos mexicanos para que puedan
prestar servicios en distintas representaciones diplomáticas de Estados Unidos de
América, en México. Es de segunda lectura.
Sin discusión se aprueba en lo general y
en lo particular por trescientos noventa y cuatro votos en pro y ninguno en contra. Pasa
al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
En votación económica, la Asamblea
dispensa la lectura al dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y
de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento sesenta
y tres de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Es de segunda lectura.
Fijan la posición de sus respectivos
grupos parlamentarios, los diputados: Francisco Patiño Cardona, del Partido de la
Revolución Democrática; José Marcos Aguilar Moreno, del Partido Acción Nacional y
José Luis Ugalde Montes, del Partido Revolucionario Institucional.
No habiendo nadie más que haga uso de la
palabra, la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo
particular, en votación económica.
La Secretaría recoge la votación nominal
respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos siete votos en pro y ninguno
en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, por el
que remite minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del
territorio nacional del veintitrés al veinticinco de noviembre de dos mil uno, a fin de
que participe en la decimaprimera Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, en la República de Perú. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El diputado Auldárico Hernandez Gerónimo,
del Partido de la Revolución Democrática, presenta excitativa a las comisiones unidas de
Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, en relación con la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígenas, presentada en la
sesión de la Comisión Permanente de fecha dieciséis de mayo de dos mil uno. La
Presidenta formula la excitativa correspondiente.
Presentan proposiciones con punto de
acuerdo los diputados:
Martí Batres Guadarrama, del Partido de la
Revolución Democrática, en relación con la paz en Afganistán.
Habla sobre el tema el diputado José
Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.
Se turna a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del
Trabajo, por la paz, contra la guerra y el terrorismo y por la soberanía nacional.
Se refiere al mismo asunto el diputado
Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada
María Elena Avarez Bernal
Se turna a la Comisión de
Relaciones Exteriores.
Jaime Arturo Larrazábal Bretón, del
Partido Revolucionario Institucional, con el propósito de ordenar y atender la
problemática de la zona federal marítimoterrestre de los litorales mexicanos. Se turna a
las comisiones de Pesca, de Turismo, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de
Transportes.
Habla sobre el mismo asunto el diputado
Juan Carlos Pallares Bueno, del Partido Acción Nacional.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Juan Manuel Carreras López, del
Partido Revolucionario Institucional, en relación con los trabajos de modernización de
la carretera San Luis PotosíZacatecas y solicita trámite de urgente y obvia resolución.
La Asamblea, en votación económica,
considera el tema de urgente y obvia resolución.
Hablan en pro del punto de acuerdo los
diputados: Alfonso Oliverio Elías Cardona, del Partido de la Revolución Democrática;
José Carlos Luna Salas, del Partido Acción Nacional;
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
José Antonio García Leyva, del
Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Asamblea considera suficientemente
discutido el asunto en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de
acuerdo.
Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de
la Revolución Democrática, en relación con niños desaparecidos.
Hablan sobre el asunto los diputados: Laura
Hermelinda Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional, y Gumercindo
Alvarez Sotelo, del Partido Acción Nacional.
Se turna a las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.
La Presidencia saluda a familiares de
niños desaparecidos y expresa la solidaridad de la Cámara de Diputados.
La Presidenta informa que por acuerdo de
los grupos parlamentarios, se incorpora en esta sesión una proposición con punto de
acuerdo sobre el asesinato de magistrados federales en Mazatlán, Sinaloa y, para
presentarlo, concede la palabra al diputado Armando Salinas Torre, del Partido Acción
Nacional y a nombre de todos los grupos parlamentarios, quien solicita trámite de urgente
y obvia resolución.
La Asamblea considera el asunto de urgente
y obvia resolución, en votación económica.
Hablan en pro del punto de acuerdo los
diputados: Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel
Martínez Nava, del Partido Revolucionario Institucional; María Guadalupe López Mares,
del Partido Acción Nacional, y Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad
Nacionalista.
3082,3083,3084
En votación económica, la Asamblea
considera suficientemente discutido el punto de acuerdo, y de la misma manera lo aprueba
por unanimidad. Comuníquese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Ejecutivo
Federal para sus efectos.
Agotado el tiempo acordado para la
duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima
sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y seis
minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles catorce de noviembre de dos mil
uno, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
La Presidenta:
Continúe la Secretaría.
ESTADO
DE COAHUILA
El secretario Adrián Rivera Pérez:
Comunicaciones.
«Escudo.— Coahuila de Zaragoza.—
Poder Legislativo.— Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México,
D.F.
El honorable Congreso del Estado de
Coahuila de Zaragoza, en la 15 sesión de su diputación Permanente, correspondiente al
segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional, de esta LV
Legislatura, celebrada el día 3 de octubre del año 2001, aprobó por votación unánime
de sus integrantes, el siguiente
ACUERDO
Primero. Dirigir atento oficio a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Administración Local de Auditoría
Fiscal con residencia en Piedras Negras, Coahuila, a efecto de manifestarles nuestra
inquietud, con la posibilidad que la campaña de fiscalización a que nos referimos y de
la cual tenemos conocimiento con motivo del atento oficio que nos hiciera llegar la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Piedras Negras, Coahuila se pueda
traducir en daños irreparables a los prestadores de servicios con la clausura de las
negociaciones si éstas se llevan a cabo sin considerar las disposiciones puntualizadas,
destacadamente cuando se trata de negociaciones que se estime que no son reincidentes en
el supuesto de incurrir en la violación relativa a la no expedición de comprobantes
fiscales y
Segundo. Girar atento oficio a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión planteando la necesidad de que en materia
de sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, no quepa duda que la clausura
de la negociación se reserve para los casos de faltas graves, es decir, cuando concurran
dos o más agravantes que implique una práctica de contumaz rebeldía para el
cumplimiento de obligaciones fiscales.
Le comunico lo anterior para la
consideración y trámite que estime oportuno, anexando copia fotostática simple del
documento, origen del presente acuerdo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 4 de octubre del año
2001.— Licenciado Alfonso Martínez Pimentel, oficial mayor del Congreso.»
«Escudo.— Coahuila de Zaragoza.—
Poder Legislativo.
Ciudadanos miembros de la diputación
Permanente del Congreso del Estado de Coahuila.— Presentes.
A partir del mes de agosto del año
próximo pasado, la administración local de Auditoría Fiscal con residencia en Piedras
Negras, Coahuila, supuestamente por instrucciones de la superioridad ha iniciado una
campaña de visitas domiciliarias sobre todo a los contribuyentes a que se refieren las
secciones II y III del Capítulo VI del Título Cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, es decir a los sujetos al régimen simplificado o causantes menores, a efecto de
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en relación con la expedición de
comprobantes fiscales y sin perjuicio de las facultades del fisco federal, se ha advertido
que han llegado a aplicar sanciones drásticas de perjuicio irreparable, sin normar su
arbitrio y apartándose de lo dispuesto por los artículos 83 fracción VII, 84 fracción
IV y 75 todos del Código Fiscal de la Federación, puesto que de inmediato ha procedido a
la clausura de los establecimientos cuando las disposiciones invocadas prevén como medida
ordinaria la imposición de multas por la no expedición de comprobantes fiscales, multas
que deben aplicarse considerando la situación económica del contribuyente, distinguiendo
a los causantes menores de los causantes ordinarios, pero sobre todo, no se considera que
la facultad de clausurar la negociación, se reserva para el caso de que operan agravantes
en la comisión de la infracción, como sería el caso de que se tratase de contribuyentes
reincidentes y resulta que en la campaña que se comenta, se viene aplicando la clausura
en las negociaciones, no obstante que en el acta contentiva de la visita domiciliaria no
aparece que se trate de contribuyentes reincidentes o que hubiesen incurrido en algún
agravante y dada la capacidad económica de los contribuyentes afectados, el perjuicio
ocasionado resulta sumamente grave, razón por la cual planteamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Dirigir atento oficio a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la administración local de Auditoría
Fiscal con residencia en Piedras Negras, Coahuila, a efecto de manifestarle nuestra
inquietud con la posibilidad de que la campaña de fiscalización a que nos referimos y de
la cual tenemos conocimiento con motivo del atento oficio que nos hiciera llegar la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Piedras Negras, Coahuila se pueda
traducir en daños irreparables a los prestadores de servicio con la clausura de las
negociaciones si éstas se llevan a cabo sin considerar las disposiciones puntualizadas,
destacadamente cuando se trata de negociaciones que se estime que no son reincidentes en
el supuesto de incurrir en la violación relativa a la no expedición de comprobantes
fiscales y
Segundo. Girar atento oficio a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión planteando la necesidad de que en materia
de sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, no quepa duda que la clausura
de la negociación se reserve para los casos de faltas graves, es decir, cuando concurran
dos o más agravantes que impliquen una práctica de contumaz rebeldía para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Saltillo Coahuila, a 3 de octubre de
2001.— Grupo parlamentario del PRD; "Valentín Campa Salazar", diputado
Luis Roberto Jiménez Gutiérrez; coordinador; grupo parlamentario del PRI;
"Luis Donaldo Colosio Murrieta", diputado Heriberto Manuel Fuentes
Maciel.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
ESTADO
DE QUINTANA ROO
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintanas Roo, Ciudad
Chetumal, Quintana Roo, México.
Diputados secretarios del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
La IX Legislatura Constitucional del
Estado, en cumplimiento al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
permite comunicar que en sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre del año en
curso, se procedió a la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva
del segundo mes, del segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer
año de ejercicio constitucional, misma que fungirá del 21 de octubre al 20 noviembre de
2001, resultando electos por mayoría de votos los diputados: Juan Manuel Lara Duarte,
presidente y Jaime Hernández Zaragoza, vicepresidente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión
para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a 18 de
octubre de 2001.— El diputado Angel de J. Marín Carrillo,
secretario.»
La Presidenta:
De enterado.
COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Comisión de
Concordia y Pacificación.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.—
Presente.
Por este conducto me permito comunicar a
usted, que la Comisión de Concordia y Pacificación ha designado como presidente en turno
por el periodo del 1o. al 30 de noviembre de 2001, al diputado Carlos Raymundo Toledo, por
lo que se pone a sus apreciables órdenes para tratar cualquier asunto relacionado con las
negociaciones de paz en el Estado de Chiapas.
Agradezco de antemano su atención y
aprovecho la ocasión para reiterarle mi respeto.
Atentamente.
México, D.F., a 7 de noviembre de
2001.— Diputado Agustín Trujillo Iñiguez, presidente en turno.»
La Presidenta:
De enterado.
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la mesa directiva.— Presente.
Con el propósito de facilitar los
trámites para la dictaminación y posterior aprobación del pleno de la Cámara de
Diputados acerca de la iniciativa de reformas a la Ley de Bienes Nacionales, turnada a las
comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación y Seguridad
Pública, me permito solicitar acepte que esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales decline participar en dicho dictamen, toda vez que nuestros comentarios fueron
recogidos por la Comisión de Gobernación y ya ha elaborado un proyecto de dictamen.
Sin embargo, en virtud de que algunos
integrantes de la mesa directiva de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
se encuentran en el desempeño de una gira de trabajo, ruego a usted sea el conducto para
que se consulte a los demás grupos parlamentarios que integramos esta comisión y proceda
en consecuencia.
Sin más por el momento, le reitero mi más
fina consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 12 de noviembre de
2001.— Diputado Diego Cobo Terrazas, presidente.»
La Presidenta:
Como se solicita se modifica el turno a
la iniciativa de bienes nacionales para que sea únicamente la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, la que formule el dictamen.
DISTRITO
FEDERAL
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la mesa directiva.— Presente.
Por este conducto y con fundamento en el
artículo 122 base primera fracción V inciso ñ de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, artículo 10 fracción II, 36 fracción XV de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me es grato comunicar a usted, que en
sesión celebrada el día de hoy se resolvió remitir a la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, para los efectos constitucionales correspondientes, el
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73
fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por este cuerpo
colegiado.
3085,3086,3087
Sin otro particular, reitero a usted mi
consideración atenta y distinguida.
Recinto Legislativo, a 9 de noviembre de
2001.— Diputado Rafael Luna Alviso, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.—
Comisión de Estudios Legislativos y Practicas Parlamentarias.
Dictamen a la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89
fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de esta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal fue turnada para su estudio y dictamen a la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89
fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 122, apartado C, base primera, fracción V de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 42 del Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal; 48 y 50 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal y 18 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, esta comisión es competente para conocer de la
iniciativa mencionada en el párrafo que antecede; por lo que se abocó al estudio y
elaboración del dictamen del citado documento, basándose en los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada el día 8 de
noviembre de 2001, por el pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal II
Legislatura, 62 diputados integrantes de ésta, presentaron la iniciativa de decreto de
reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relativos al régimen jurídico del Distrito Federal.
2. El diputado Rafael Luna Alviso, en su
carácter de presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa turnó, el mismo 8
de noviembre de 2001, a esta comisión que dictamina, la iniciativa referida en el
antecedente que precede.
3. En observancia a lo establecido en el
artículo 23 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas
Parlamentarias se reunieron el día 8 de noviembre de 2001 para la discusión y, en su
caso, aprobación del presente dictamen.
Congruente con lo expuesto y
CONSIDERANDOS
Considerando que el Distrito Federal es
parte integrante de la Federación, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los
poderes federales y que dicha naturaleza lo perfila como una entidad federativa sui
generis en nuestro orden constitucional.
Que dicho carácter singular obliga a
atender al Distrito Federal como una entidad radicalmente distinta a los estados de la
República, pues si bien ambos son partes integrantes de la Federación, el Distrito
Federal sirve de asiento a los poderes de la Unión y debe, por ello, estar sujeto a un
régimen constitucional especial que garantice el funcionamiento seguro, eficaz y continuo
de éstos.
Que el Distrito Federal, por su
composición social, económica y geopolítica no puede ser considerado como un conjunto
de poblaciones desarticuladas, sino que exige una visión integral, que lo entienda como
un conglomerado urbano complejo y unitario.
Que una visión de tal naturaleza exige un
diseño institucional que responda a las necesidades de una ciudad única, con problemas y
requerimientos urbanos que abarcan la totalidad de su territorio y aún se expanden a las
áreas conurbadas que componen la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Que una ciudad única requiere instrumentos
de gobierno interior que garanticen unidad, congruencia y continuidad territorial en su
administración y en el diseño de políticas públicas.
Que el Distrito Federal, además, ha
experimentado un proceso continuo de desarrollo en su vida política interna, siempre
sirviendo al propósito superior de fungir como capital de todos los mexicanos, pero
ampliando de manera gradual y persistente sus ámbitos de autonomía y autogobierno.
Que el desarrollo democrático del Distrito
Federal y la sociedad que lo compone se ha enfocado primordialmente a la apertura y
promoción de nuevos espacios de representación y participación política de los
ciudadanos, a fin de dotarlos con oportunidades plenas de acceso a las decisiones
colectivas.
Que este objetivo primordial de las
sucesivas modificaciones al diseño constitucional y legal de las instituciones de
gobierno del Distrito Federal se ha logrado en gran medida, sobre todo a partir de las
reformas constitucionales de 1993 y 1996, que han dado por resultado la existencia de un
órgano propio, encargado de legislar en un número amplio de materias de interés local,
así como la elección de su jefe de Gobierno y de los titulares de las unidades político
administrativas en que se divide su administración territorial.
Que toda reforma a las instituciones de
gobierno, además de promover y construir nuevos espacios de representación y
participación, debe buscar y lograr el equilibrio imprescindible entre democracia y
eficacia gubernamental.
Que el diagnóstico que arroja la
experiencia reciente, cuatro años después de la primera elección del Jefe de Gobierno y
transcurridos 11 meses de la gestión de sus primeros jefes delegacionales electos,
señala una serie de aspectos en el arreglo institucional y la organización jurídico,
político, administrativa del gobierno, que se consideran ser redefinidos para la eficacia
y la eficiencia en la labor gubernamental.
Que si bien las sucesivas reformas a la
organización política de la entidad han significado enormes avances en su
democratización, también es cierto que hoy plantean nuevos retos y necesidades, entre
las que destaca una definición más clara de las competencias, principalmente entre la
administración pública centralizada y las delegaciones.
Que los ciudadanos y habitantes del
Distrito Federal han manifestado reiteradamente, por distintos medios, su voluntad de
adquirir la mayor autonomía posible para su gobierno interior, pero respetando y
fortaleciendo siempre el papel del propio distrito como capital del país y sede de los
poderes de la Unión.
Que dicho objetivo aún no se ha logrado, a
pesar del avance significativo que han representado las sucesivas reformas a la
organización constitucional del Distrito Federal, ya que aún permanecen como facultades
de los poderes federales una serie de materias que pueden y deben ser ejercidas por los
órganos locales de gobierno.
Que una vida política interna cada vez
más intensa, participativa y democrática, combinada con la existencia de problemas
estructurales y necesidades urbanas cada vez más complejas, demanda a las instituciones,
notoriamente al poder reformador de la Constitución, el análisis profundo de la actual
organización jurídico política de la entidad, a fin de realizar los ajustes y
adecuaciones que juzguen necesarias para otorgar mayor fuerza y certeza a la labor de
gobierno, a la vez de ampliar la representación y participación ciudadana en la toma de
decisiones públicas.
Que dicho análisis, realizado a lo largo
de un periodo de más de nueve meses por los distintos grupos parlamentarios representados
en la Asamblea Legislativa, apoyado por la opinión y experiencia de profesionales y
especialistas en los diversos temas que ha dado por resultado un planteamiento integral de
reforma política del Distrito Federal que, ahora respaldado por el consenso de todas las
fuerzas políticas representadas en la propia Asamblea Legislativa, se considera oportuno,
serio y adecuado para dar por resultado mejores instituciones de gobierno, un más eficaz
control democrático entre órganos de gobierno y una relación más sólida, armónica y
clara entre dichos órganos y los poderes de la Unión.
Finalmente, que por disposición
constitucional la Asamblea Legislativa está facultada para iniciar leyes y decretos ante
el Congreso de la Unión en materias relativas al Distrito Federal y que a dicho honorable
Congreso corresponde, de inicio, el estudio, análisis y posible aprobación de los
proyectos de decreto de reforma constitucional, de acuerdo con lo previsto por el
artículo 135 de la Ley Fundamental, esta Asamblea Legislativa presenta una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundándose en los siguientes antecedentes y
justificaciones.
La vida institucional y política del
Distrito Federal en 1824 surgió de una discusión que habría de durar prácticamente dos
siglos. Desde aquellas discusiones fundacionales se planteó la problemática que podrían
enfrentar dos soberanías en un mismo territorio al conformarse la República Federal y su
asiento territorial, para el funcionamiento de los poderes de la Unión. La pugna surgía
del enfrentamiento entre un gobierno que administrara el espacio territorial y resolviera
los problemas que enfrentaba su población y la necesaria garantía para que los poderes
federales no se vieran obstruidos en su funcionamiento por el ejercicio de dicho gobierno
local.
En esos primeros años de independencia, la
Constitución dispuso que el Congreso haría las veces de Poder Legislativo en el Distrito
Federal.
Durante los siglos XIX y XX, el Distrito
Federal y su organización política ha evolucionado con sus notas distintivas, siempre
alrededor de la necesidad de evitar conflictos entre el ejercicio del Gobierno Federal y
una autonomía local. En su concepción y desarrollo, la historia de ese conflicto y las
alternativas de su solución, han sido reflejo de los cambios políticos que ha vivido
nuestro país. Hoy nos encontramos, derivado de los acuerdos entre todos los grupos
parlamentarios al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ante la
posibilidad de consolidar un espacio de autonomía en todo lo relativo a su gobierno
local, garantizando los derechos y prerrogativas que, dentro de su territorio, debe tener
el Gobierno Federal.
Ya durante el Constituyente de 18561857, se
dio potencialmente al Distrito Federal el carácter de Estado con autoridades electas. Sin
embargo, esto sólo se concretó en la elección de ayuntamientos en la municipalidad de
México y en las otras que estaban en el territorio del Distrito Federal.
A principios del Siglo XX, el Congreso y
las legislaturas de los estados aprobaron las reformas constitucionales que suprimieron la
elección popular de las autoridades y establecieron, por primera vez a nivel
constitucional, que el gobierno de la entidad estaría a cargo del Ejecutivo Federal.
En el Constituyente de 19161917 se
incorporó, en el artículo 43 de la Constitución, al Distrito Federal como parte
integrante de la Federación y se mantuvo la prescripción de que las funciones ejecutiva
y legislativa del Distrito Federal correspondieran a los poderes federales. Los
constituyentes revolucionarios sólo restablecieron la elección popular de los
ayuntamientos que entonces había en la entidad.
En 1928, sin embargo, se volvió a reformar
la Constitución y se eliminó la elección de autoridades locales, dados los conflictos
surgidos entre los espacios municipales, suprimiéndose los ayuntamientos y encargándose
su administración al Poder Ejecutivo Federal.
Con la expansión de la ciudad durante los
últimos 80 años, el aumento explosivo de su población, la creciente complejidad urbana,
el desarrollo de la diversidad social y la pluralidad política, la fórmula que hacía
descansar la administración del Distrito Federal en los poderes federales mostró sus
limitaciones. Estas se expresaron en la manifestación reiterada por parte de los partidos
políticos de otorgar a los habitantes del Distrito Federal la posibilidad de darse su
propia organización política y ejercer a plenitud los derechos políticos sobre su
participación en el gobierno de dicha entidad.
En este contexto, en el curso de sucesivos
procesos de reforma política del Distrito Federal durante los últimos 15 años, se fue
abriendo paso a la construcción de las instituciones de gobierno representativo del
Distrito Federal en lo relativo a su gobierno interior.
En 1988, se estableció la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, electa por los ciudadanos de la entidad, como órgano
de representación ciudadana con importantes facultades reglamentarias y de intervención
en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que fueron
transferidas de la esfera competencial del Presidente de la República. Aunque tuvo desde
su establecimiento la función de vigilar a la administración pública de la ciudad, la
naciente Asamblea no tuvo las facultades determinantes para participar en la orientación
del desarrollo de la ciudad, como la aprobación de las contribuciones locales y del
presupuesto de la ciudad y mucho menos establecer los mecanismos que permitieran la
adquisición de deuda o la definición clara de sus bienes patrimoniales. En esa reforma
tampoco se aprobó la elección de autoridades ejecutivas y se mantuvo al Departamento del
Distrito Federal como dependencia de la Administración Pública Federal, bajo la
responsabilidad política y el mando administrativo del Presidente de la República.
En 1993 se abrió el camino constitucional
para la existencia de un gobierno propio del Distrito Federal. Sin embargo, dicha
solución parecía insuficiente para satisfacer las aspiraciones de la sociedad y los
partidos políticos por constituir un gobierno plenamente representativo, puesto que se
establecía que la elección del jefe de gobierno sería indirecta. La reforma otorgó,
sin embargo, una autonomía considerable al Distrito Federal en materia legislativa,
atribuyendo de manera expresa la mayoría de las materias locales a la Asamblea y
conservando el Congreso las no asignadas a ésta.
Derivado de los acuerdos entre los grupos
parlamentarios dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy se propone
revertir el hecho de que a la Asamblea Legislativa le sean otorgadas las facultades
legislativas explícitas, mientras que al Congreso de la Unión las residuales. Otras
facultades para el gobierno interior también fueron limitadas: el endeudamiento público
de la entidad quedó en manos del Presidente de la República y del Congreso y los
nombramientos de Procurador General de Justicia del Distrito Federal y del servidor
público encargado del mando directo sobre la fuerza pública, aunque propuestos por el
jefe de gobierno, se establecieron como facultades del Presidente de la República.
3088,3089,3090
En 1996 se aprobó la elección directa de
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y se estableció que a partir del año 2000 los
delegados políticos serían electos por voto directo de los ciudadanos de cada
demarcación político administrativa. En octubre de 1999 el Congreso de la Unión aprobó
una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que permitió la elección de
jefes delegacionales en julio de 2000.
Todas estas reformas están inscritas en la
coincidencia de esfuerzos para transformar la naturaleza jurídicopolítica del Distrito
Federal y, de esta manera, establecer autoridades representativas y responsables ante los
habitantes de la ciudad.
Tras tres lustros de reformas a las
instituciones políticas del Distrito Federal, hoy todas las fuerzas políticas
representadas en la Asamblea Legislativa coinciden en la responsabilidad en el ejercicio
de gobierno, comparten un lenguaje y preocupaciones comunes que dan pie a que existan
bases sólidas de acuerdo en torno a lo que hay que reformar y cómo reformarlo. Hoy
existe un consenso entre los habitantes de la ciudad, la opinión pública y las distintas
fuerzas políticas, en torno a que la organización políticoconstitucional vigente es
insuficiente para resolver los problemas que aquejan a la ciudad. La reforma para crear,
fortalecer y consolidar las bases institucionales de su funcionamiento se convierte así
en necesidad imperiosa para impulsar el desarrollo justo y equitativo de los capitalinos.
La realidad política de la ciudad y del
país hacen posible concretar la visionaria fórmula de Francisco Zarco, quien durante el
Constituyente de 1856 y 1857 defendió la compatibilidad entre la presencia de los poderes
nacionales y los derechos políticos locales, bajo la condición de que se definieran
ámbitos de competencia, se evitaran los posibles choques entre las esferas de gobierno y
se respetaran la autonomía y las responsabilidades correspondientes al gobierno local de
la entidad.
Derivado de lo anterior, lo más
significativo, hasta la presentación misma de este proyecto de reformas, consiste en el
acontecimiento político que significa la construcción del consenso sobre esta iniciativa
de reforma constitucional acerca del Distrito Federal. La democracia implica, ciertamente,
competencia e incertidumbre durante los procesos electorales. Inmediatamente después
exige, sin embargo, respuestas responsables, profundas y serias para la solución de los
problemas que aquejan a los ciudadanos que han confiado su voto a los representantes
populares.
Exige, al mismo tiempo, construir certezas
para permitir el sano y pleno desarrollo de la sociedad y con ello garantizar la
rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de gobierno, ambas condiciones
consustanciales al ejercicio democrático de cualquier nación o ciudad. Sólo con una
visión de estas dimensiones puede conjuntarse el imperativo liberal que permita el sano y
pleno desarrollo del individuo y al mismo tiempo, la búsqueda de la igualdad entre los
ciudadanos, con gobiernos eficaces, participativos y promotores del desarrollo.
La reforma plantea autonomía para el
gobierno local y la definición de competencias específicas para el Gobierno Federal,
pero más allá de ello, atiende una discusión central. Esta consiste en que la
democracia es posible en un ambiente plural y de diversidad, garantizando la
gobernabilidad que redunde en resultados concretos para la población. Es posible tener
altos grados de representación y con ello una participación democrática que redunde en
atender, al mismo tiempo, la necesidad de crear certezas y definir ámbitos de ejercicio
gubernamental que permitan concentrar esfuerzos para atender los acuciosos problemas de
pobreza, servicios insuficientes y atraso en la inversión pública para el mejoramiento y
consolidación de ésta, como una ciudad viable y con un gran futuro.
Todo lo anterior debe recibir especial
atención en la medida en la que la reforma propone atender a acuerdos y experiencias
ganadas por todas las fuerzas políticas. De entre ellas, las más importantes consisten
en el reconocimiento de ésta como una ciudad única e indivisible; única por su tamaño,
por sus características, su desarrollo histórico y por el papel que ha jugado en el
desarrollo económico, social y cultural del país.
En efecto, esta ciudad es diferente de un
estado de la República y distinta de cualquier ciudad del país. La aspiración central
de esta reforma, por lo tanto, es lograr con claridad la definición de ámbitos que
permitan conservarla como una ciudad autónoma en su gobierno interior, capital de la
nación y sede de los poderes federales, cuyo funcionamiento esté garantizado por el
ordenamiento constitucional y, por lo tanto, renueva la idea de que la propia ley puede
dar vida a instituciones y proyectos en los que todos nos podamos ver reflejados.
No se puede dejar de hacer hincapié, en el
contexto de la reforma que ahora se presenta, sobre el hecho de que la Ciudad de México
ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de todo el país. Esta es la capital de
todos los mexicanos. Una ciudad abierta, un reflejo fiel de la vida y la experiencia del
país.
Modificaciones propuestas
Se describen a continuación las reformas y
adiciones que se plantea efectuar al texto constitucional, señalando los puntos
fundamentales de su justificación:
1. La reforma propone modificar la
fracción VIII del artículo 73 constitucional, a fin de suprimir la parte conducente del
texto en relación con la facultad del Congreso de la Unión para aprobar anualmente los
montos de endeudamiento que requiera el gobierno del Distrito Federal y la obligación del
Presidente de la República para rendir al propio Congreso los informes correspondientes
al ejercicio de dicha deuda. El sentido de esta modificación obedece a la decisión de
facultar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para aprobar el endeudamiento
público del gobierno local y las entidades de su sector público y revisar el ejercicio
de los recursos provenientes del mismo.
En esta atribución del órgano legislativo
local se preservarán los principios que ya establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos relativos a la contratación de deuda pública, tanto federal
como local, esto es, que no se podrán contraer directa o indirectamente obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones o actividades productivas que generen
un incremento en los ingresos públicos.
Esta modificación pretende dotar a los
órganos de gobierno del Distrito Federal de la autonomía financiera necesaria para hacer
frente a las necesidades de inversión y, por lo tanto, a los requerimientos de
financiamiento. Sin embargo, dada la naturaleza del Distrito Federal se ha considerado
conveniente el que la Asamblea Legislativa establezca, en el estatuto constitucional del
Distrito Federal y en la Ley de Deuda Pública local, las bases, indicadores y el límite
de endeudamiento neto que podrá contraer el Gobierno local. Al preverse, además, la
rigidez del estatuto constitucional que exigirá el voto de las dos terceras partes de los
miembros de la Asamblea para su modificación, se genera una garantía de que tal límite
de endeudamiento no pueda ser modificado por una mayoría simple en el órgano legislativo
local.
En el caso en que la solicitud de
endeudamiento que formule el jefe de gobierno exceda dicho límite, corresponderá al
Congreso de la Unión autorizar o no el monto de endeudamiento excedente, conforme a la
ley que al efecto expida. Desde luego, el ejercicio de los recursos que provengan de la
autorización del Poder Legislativo Federal será revisado por la entidad superior de
fiscalización prevista en la fracción IV del artículo 74 constitucional. Como se
observa, la modificación que se hace al artículo 73 fracción VIII tiene una
vinculación directa con el nuevo apartado E del artículo 122 constitucional que se
propone en el presente proyecto de decreto.
2. La modificación que se plantea a la
fracción IX del artículo 76 constitucional se orienta a tres objetivos: elevar el quorum
de votación exigido para la remoción del Jefe de Gobierno por el Senado de la República
a dos terceras partes de los miembros de dicha Cámara; dejar asentado que dicha facultad
sólo le corresponde al Senado de la República y no, como indica la previsión vigente, a
la Comisión Permanente durante los recesos de aquél y someter el ejercicio de esta
facultad a una legislación reglamentaria que deberá expedir el Congreso de la Unión,
respecto de los casos y procedimientos que concreten las dos grandes hipótesis de
remoción que dispone la propia fracción IX del artículo 76 de la Constitución.
Este proyecto considera que si bien es
necesario preservar esta facultad del Senado de la República, en virtud de que las causas
de remoción del artículo 76 constitucional no tienen una correspondencia con otras vías
de sustanciación de los procedimientos de responsabilidades, como lo son los supuestos
del artículo 110 constitucional, también estima que los tres objetivos ya referidos
otorgarán un marco de mayor precisión y respaldo al ejercicio de una facultad tan
trascendente para la vida política del Distrito Federal, como lo es la remoción de su
Jefe de Gobierno. La facultad en cuestión se complementaría con otra que se conserva
para el propio Senado, en cuanto al nombramiento del Jefe de Gobierno interino o
sustituto, a propuesta del Presidente de la República.
La propuesta que se hace de la nueva
fracción IX del artículo 76 constitucional, se complementa con la formulación que
aparece en la fracción III del apartado A del artículo 122 que se propone a esa
soberanía.
3. De igual forma, se modifica la fracción
XIV del artículo 89, en donde deja de ser facultad del Ejecutivo Federal conceder el
indulto a los reos sentenciados por la comisión de delitos del orden común, para que, de
acuerdo al estatuto constitucional que expida la Asamblea Legislativa, esta atribución
corresponda al jefe de gobierno del Distrito Federal.
La razón de ello obedece a que desde la
reforma al artículo 122 constitucional realizada en el año de 1996, se otorgó a la
Asamblea Legislativa la facultad de legislar en materia penal, facultad que entró en
vigor el 1o. de enero de 1999, según lo dispuso el artículo decimoprimero transitorio
del decreto de 21 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de agosto del mismo año. En esa ocasión, la nueva facultad para la
Asamblea Legislativa no se acompañó de la adecuación a la fracción XIV del artículo
89 y ahora se ha considerado conveniente que, tratándose de una materia que
legislativamente regula un órgano local del Distrito Federal, el indulto como parte de la
misma materia penal, le corresponda, en su caso, otorgarlo al Jefe de Gobierno.
4. El proyecto de reformas que se presenta
plantea la modificación de los artículos 108, 109, 110 y 111 del Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual con la correspondiente
modificación que se hace en el artículo 122, permitirá instaurar un régimen de
responsabilidades locales para servidores públicos del Distrito Federal.
En efecto, las disposiciones
constitucionales vigentes contemplan la intervención del Congreso de la Unión o de una
de sus cámaras, para conocer y resolver sobre juicio político y declaratoria de
procedencia de servidores públicos del Distrito Federal que están previstos en el
párrafo primero de los artículos 110 y 111. Asimismo, con excepción de los servidores
públicos de los órganos encargados de la función judicial del fuero común en el
Distrito Federal, los que lo son de los otros órganos de gobierno local, se rigen en esta
materia por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El nuevo sistema de distribución de
competencias que se plantea entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa
permitirá que, conforme al texto que se propone del artículo 109, la Asamblea
Legislativa expida una ley de responsabilidades de los servidores públicos.
En consonancia con lo anterior, se propone
modificar el artículo 108 para que los servidores públicos del Distrito Federal sean
sustraídos de su mención en el párrafo primero y sean incorporados al tercer párrafo
de dicho precepto.
De la misma forma, los servidores públicos
del Distrito Federal que hasta ahora son contemplados en el párrafo primero de los
artículos 110 y 111 de la Constitución, se reubican en nuevos párrafos que se propone
adicionar a esos artículos, a fin de que sean sujetos de juicio político federal y
declaratoria de procedencia por la Cámara de Diputados en los supuestos que se indican en
los citados preceptos.
En consecuencia, tratándose de juicio
político federal, los casos se circunscriben a las violaciones a la Constitución y a las
leyes federales así como al manejo indebido de fondos y recursos federales. Para el caso
de declaratoria de procedencia, el proyecto plantea que los servidores públicos que
actualmente se mencionan en el primer párrafo del artículo 111 ya no estén sujetos al
procedimiento y resolución respectivos, sino que para la procedencia penal por delitos
del orden común se estará a lo que dispongan el estatuto constitucional y las leyes
aplicables.
Las modificaciones a las que se ha hecho
referencia tienen también relación con las que propone la fracción X del apartado C del
artículo 122 constitucional, relativas a las responsabilidades de carácter local del
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
5. El proyecto de reformas que se presenta
a esa soberanía tiene por vértice la modificación integral del artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su estructura, se abordan las
modificaciones propuestas en los siguientes términos:
a) El primer y segundo párrafos del
artículo 122 establecerán la autonomía del Distrito Federal respecto de su régimen
interior, de acuerdo a lo que establece, la propia Constitución y el estatuto
constitucional. Su Gobierno estará a cargo de los órganos legislativo, ejecutivo y
judicial de carácter local que más adelante se indican.
3091,3092,3093
El segundo párrafo resulta fundamental para
comprender tanto la estructura que se le da al nuevo artículo 122, como el marco de
referencia para establecer las facultades que le corresponden al Congreso de la Unión y
al Presidente de la República. La referencia al artículo 44 de la Constitución que
determina que el Distrito Federal es la sede de los poderes de la Unión y capital de los
Estados Unidos Mexicanos, motiva la existencia de un régimen específico para esta
entidad y permite explicar el porqué la misma Constitución faculta a dichos poderes para
ejercer una serie de facultades en y desde el territorio de su propia sede.
b) Una de las modificaciones más
trascendentes que se plantea en el artículo 122, es variar el sistema de distribución de
facultades entre el Poder Legislativo Federal y la Asamblea Legislativa.
Las reformas constitucionales de los años
1993 y 1996 al artículo 122, establecieron un régimen de facultades expresas para el
órgano legislativo local, conservando el Congreso de la Unión, todas las no conferidas a
la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el texto constitucional vigente enlista una amplia
gama de materias en las que la Asamblea Legislativa ha legislado para la entidad. En
congruencia con el propósito de fortalecer y definir la autonomía de cada uno de los
órganos locales de gobierno este proyecto plantea invertir el sistema de distribución de
competencias, de tal forma que ahora corresponda a la Asamblea legislar en todo lo
referente al Distrito Federal, salvo lo expresamente conferido por la Constitución al
Congreso Federal.
Esto obedece no sólo al propósito
mencionado de fortalecimiento de la autonomía local, sino al mismo hecho de que en el
texto vigente la gran mayoría de las materias ya le están conferidas a la Asamblea.
Actualmente, el Congreso de la Unión conserva sólo algunas materias en su esfera
competencial, entre las que destacan las de legislar en materia de seguridad pública,
responsabilidades de servidores públicos de los ámbitos Ejecutivo y Legislativo, deuda
pública y expedición y reforma del estatuto de gobierno.
Esta inversión del sistema de
distribución de competencias explica la propuesta que se formula a esa soberanía sobre
los contenidos del nuevo apartado A del artículo 122 constitucional, respecto a las
facultades del Congreso de la Unión. La primera de ellas, contemplada en la fracción I
de dicho apartado, tiene fundamental relevancia al disponer que el Congreso dicte
disposiciones que aseguren el ejercicio de las funciones de los poderes de la Unión en el
Distrito Federal. Esta atribución subraya el carácter sui generis del Distrito
Federal, en su calidad de capital de la República y sede de los poderes federales,
destacando así su diferencia esencial respecto de un Estado de la República. El interés
superior que respalda a las facultades de los poderes federales llevará al Constituyente
a determinar que no puede ni debe haber obstáculo alguno para el ejercicio seguro y
eficaz de las funciones de los propios poderes federales en su sede. Esto se ve
complementado con lo que también prevé la propia fracción I, en cuanto a que esas
disposiciones que dicte el Congreso de la Unión puedan comprender excepciones en la
aplicación de normas locales de desarrollo urbano respecto de los bienes del dominio
público de la Federación. Esto último ya ha sido previsto por el Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, en su artículo 96, pero en virtud de que ahora la Norma Fundamental
de organización de gobierno de la entidad correspondería expedirla a la Asamblea
Legislativa, se ha considerado necesario elevar dicha disposición a rango constitucional.
El aseguramiento tendiente a que siempre
los poderes federales, en su sede, estén en aptitud de ejercer sus funciones, se refuerza
con la prohibición para que las autoridades locales no puedan dictar normas ni ejecutar
actos que afecten dicho ejercicio. Todo ello debido a que la órbita legislativa y
ejecutiva de carácter local, pudiera eventualmente llevar a dictar una norma o un acto
que vulnerara el normal funcionamiento de los poderes federales, que para el Constituyente
reviste un interés prevalente sobre cualquier otro.
Si los poderes de la Unión no actuaran con
libertad en el territorio donde se encuentran, si un órgano local disminuyera las
atribuciones y facultades que le da el pueblo, ejerciendo su soberanía, estaríamos
desconociendo nuestra esencia federalista y el principio básico de cohesión e
integración nacional que está en el origen de la República.
El nuevo sistema de competencias está
concebido para proteger el ejercicio de las atribuciones de los poderes federales y, al
mismo tiempo, garantizar la representación democrática de que quienes habitan en los
ámbitos de gobierno locales.
Las disposiciones a que se refiere la
fracción I del apartado A que se propone se perfeccionan con el mandato de que, en caso
de controversia constitucional, las disposiciones o actos locales queden suspendidos en su
ejecución durante el trámite del proceso constitucional. Dicha suspensión garantiza, a
la vez, la primacía de la legislación federal y el funcionamiento seguro de los poderes
federales.
Por último, al Congreso de la Unión le
corresponderá siempre dictar disposiciones sobre las relaciones entre los poderes de la
Unión y las autoridades locales, con motivo de las facultades atribuidas a los mismos,
que impliquen su necesaria vinculación.
d) La fracción II del apartado A que se
plantea a esa soberanía faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre las
atribuciones del Presidente de la República respecto del mando de la fuerza pública en
el Distrito Federal y en esta materia desde la propia Constitución se pretende establecer
que, en cuanto a dicho mando, existe una relación de subordinación del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal y del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la
fuerza pública, hacia el Ejecutivo Federal. Esta disposición se relaciona con la
fracción I del apartado B propuesto en el presente proyecto, que da contenido a un
elemento esencial del mando respecto a la autorización del Presidente de la República
para que el Jefe de Gobierno nombre al servidor público encargado del mando directo de la
fuerza pública. Como otro elemento esencial del mando, se reserva al Ejecutivo Federal la
facultad de remover libremente a dicho servidor público.
En esta materia de seguridad pública y en
virtud de que en ella convergen a nivel legislativo tanto el Poder Legislativo de la
Unión como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se proyecta en la fracción XVII
del apartado C de este nuevo artículo 122, el que la propia Asamblea Legislativa, al
legislar sobre dicha materia, regule los aspectos orgánicos de los cuerpos de seguridad,
principios básicos de actuación, profesionalización y carrera policial, estímulos y
régimen disciplinario, de acuerdo con las bases que establezca el estatuto
constitucional.
e) Respecto de la fracción III del
apartado A, la nueva disposición que se propone no sólo tiende a facultar al Congreso de
la Unión para establecer casos y procedimientos de remoción del Jefe de Gobierno por el
Senado de la República, sino también a modificar el sistema vigente de nombramiento de
quien deba sustituir en sus funciones al Jefe de Gobierno removido. Hoy, en el supuesto de
remoción del Jefe de Gobierno, independientemente del momento en que éste ocurriese, se
nombraría un sustituto que habría de concluir el periodo. Ahora se plantea que la
Constitución distinga dos supuestos: si la remoción se verifica durante los dos primeros
años del periodo de gobierno, el Senado nombraría a un interino y si ha transcurrido
más tiempo designaría a un Jefe de Gobierno sustituto.
El mismo criterio se sigue en la fracción
VII del apartado C del propio artículo 122, para el caso de falta absoluta del Jefe de
Gobierno, no por remoción, sino por cualquier otra causa, en cuyo supuesto
correspondería a la Asamblea Legislativa hacer la designación del interino o el
sustituto, según corresponda. Siempre que haya designación de Jefe de Gobierno interino
por el Senado o por la Asamblea Legislativa, será ésta la que expida la convocatoria
para la elección de quien deba concluir el periodo.
Para evitar cualquier vacío en la función
ejecutiva local, se prevé en el último párrafo de la citada fracción VII del apartado
C que, en tanto es designado un Jefe de Gobierno interino o sustituto, quede a cargo del
despacho el servidor público que determine el estatuto constitucional.
f) La fracción II del apartado B del
artículo 122 constitucional propuesto a esa soberanía, contempla una facultad de la
mayor trascendencia para que uno de los poderes federales pueda hacer frente a situaciones
que requieran salvaguardar la sede de los mismos, como pudiera ser el caso de desastres o
contingencias graves. Para ello, el Presidente de la República podrá instruir, de manera
fundada y motivada, a las autoridades del Distrito Federal para hacer frente a tales
situaciones e incluso ordenar la participación de la Administración Pública Federal en
lo que resulte necesario. Esta facultad, como se ve, constituye una excepción al régimen
de autonomía en el Gobierno interior de la entidad, que se justifica ante circunstancias
de la relevancia referida que ameritan la determinación de acciones urgentes.
g) La fracción III del propio apartado B
contempla la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal respecto de las leyes que emita
el Congreso concernientes al Distrito Federal. Esto resulta importante, puesto que el
Presidente de la República proveería en la esfera administrativa local a la exacta
observancia de las leyes expedidas por el Legislativo Federal relativas al Distrito
Federal, lo cual constituye otro caso de singularidad en el régimen de autonomía para el
gobierno local de la entidad.
h) El apartado C del nuevo artículo 122
constitucional prevé la existencia del ordenamiento de organización y funcionamiento del
gobierno local, que se llamará estatuto constitucional del Distrito Federal. El proyecto
no sólo pretende reformular su denominación con respecto al ordenamiento vigente, que se
titula Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en cuanto a que éste propiamente no
sólo organiza al gobierno local, sino también establece todo un capítulo de derechos y
obligaciones de carácter público de habitantes y ciudadanos de la entidad; sino que tal
cambio de denominación obedece también a conferirle un status singular a dicho
ordenamiento fundamental, distinguiéndolo con claridad de las constituciones de los
estados de la República. Una vez más, resalta aquí la voluntad de preservar la
naturaleza sui generis del Distrito Federal, como distinta a la propia de los
estados de la República.
Se preserva el término
"estatuto" en virtud de que esta ley de organización fundamental del Distrito
Federal precisamente instituye y funda los órganos de Gobierno de la entidad, a partir
del principio ya asentado con anterioridad de autonomía en el gobierno local, siempre con
las modalidades establecidas por la propia Constitución. Se califica como constitucional,
pretendiendo que el Constituyente le otorgue una jerarquía distinta al resto de la
legislación local. Esto no es ajeno a la tradición constitucional mexicana, la cual, por
ejemplo, en el acta de reformas de 1847 determinó conferir el calificativo de leyes
"constitucionales" a una serie de ordenamientos del Congreso de la Unión que se
consideraron relevantes.
i) Además de prever su existencia, el
apartado C del artículo 122 constitucional establece una serie de bases que deberá
contener el Estatuto Constitucional del Distrito Federal, que será expedido por la
Asamblea Legislativa. La importancia que reviste dicho estatuto justifica la exigencia
constitucional respecto del quorum de votación requerido para su expedición o
reforma, el cual deberá ser de las dos terceras partes del total de miembros de la
Asamblea Legislativa. Esto aporta un sistema de rigidez que tiende a dar estabilidad a las
disposiciones básicas de organización de gobierno. Desde luego, tratándose de un
ordenamiento local, este estatuto no podrá imponer obligaciones o prohibiciones a los
poderes federales.
j) La fracción II del apartado C del
artículo 122 propuesto, ordena la aplicación al Distrito Federal de todas las
prohibiciones y limitaciones que la propia Constitución establece para los estados de la
República. Como entidad federativa y, más aún como capital del país, el Distrito
Federal deberá observar dichas limitaciones a su autonomía en materias como la
celebración de alianzas o tratados con potencias extranjeras, acuñación de moneda,
gravamen del tránsito de personas o cosas por su territorio y las demás que impone la
Constitución.
k) En su segundo párrafo, la misma
fracción II del apartado C faculta a la Asamblea Legislativa a legislar en todas las
materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión. Esta disposición
instituye de manera explícita el nuevo sistema de distribución de competencias entre
poderes federales y órganos locales de gobierno, resultando en un régimen de facultades
expresas para el Legislativo Federal, conservando el órgano local todas las demás.
l) El párrafo tercero de la propia
fracción II del apartado C somete los bienes del dominio público de la Federación
ubicados en el Distrito Federal a la jurisdicción exclusiva de los poderes de la Unión,
y prevé la expedición de leyes por parte del Congreso Federal para regular dicha
jurisdicción. Esta norma se hace fundamental para garantizar la operación eficaz, segura
y continua de los poderes federales en su sede y excluye cualquier conflicto de
competencias que pudiera suscitarse entre éstos y los órganos locales de gobierno
respecto de los bienes del dominio público Federal.
En relación con este mismo tema, el
último párrafo de la fracción II en cuestión, reitera la disposición vigente respecto
de la aplicación a la Hacienda Pública del Distrito Federal de las normas contenidas en
el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución, relativas a
la exclusividad de los órganos locales para establecer contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria y las relativas a ingresos derivados de la prestación de servicios
públicos. Al igual que con las haciendas municipales, el precepto prohibe a la
legislación local el establecimiento de exenciones o subsidios respecto de las
contribuciones aludidas, en favor de personas físicas o morales ni de instituciones
oficiales o privadas. Sin embargo, los bienes del dominio público de la Federación
estarán exentos del pago de las contribuciones a que se refieren los incisos a y c
de la fracción IV del artículo 115 referido, cuestión que se ha considerado necesaria
dado que el propio Distrito Federal es la sede de los poderes federales.
m) La fracción III del apartado C del
nuevo artículo 122 constitucional instituye a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal como depositaria de la función legislativa en el orden local. En la redacción
que se propone, se introduce un nuevo parámetro para la definición del número de
integrantes de la Asamblea Legislativa, que actualmente se ubica directamente en el
Estatuto de Gobierno, fundado en un principio de carácter demográfico, a razón de un
representante de mayoría relativa por cada 200 mil habitantes. La proporción entre los
representantes electos por el principio de mayoría relativa y aquellos electos por el
principio de representación proporcional será del 60% y 40% respectivamente. La
indicación de dichos porcentajes permitirá, en caso de variar el número de integrantes
de la Asamblea Legislativa por un movimiento demográfico que lo amerite, conservar la
proporción actual entre representantes de ambos principios, que se juzga conveniente.
Finalmente, la nueva norma constitucional prevé un porcentaje del 15%, ascendente o
descendente, como margen de movilidad del número de habitantes de la entidad, en
relación con el número de representantes que integren la Asamblea Legislativa. En todo
caso, con la fórmula propuesta se mantiene el número actual de 76 diputados a la
Asamblea Legislativa.
3094,3095,3096
n) En la fracción V del propio apartado C,
destaca por su trascendencia la nueva facultad de la Asamblea Legislativa para iniciar
leyes ante el Congreso de la Unión en cualquier materia. Hasta hoy, dicha facultad de
iniciativa se encuentra limitada a materias relativas al Distrito Federal, cuestión que
no se justifica en un marco de autonomía y ejercicio de atribuciones del Distrito Federal
en su calidad de entidad federativa.
La misma fracción, además, prevé la
participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el procedimiento de
reformas a la Constitución, en los términos del artículo 135 de la propia Ley
Fundamental y con la misma calidad con que lo hacen las legislaturas de los estados. Se ha
considerado que dicha participación implica un reconocimiento fundamental del derecho de
los ciudadanos del Distrito Federal de participar, por conducto de su representación
legislativa local, en las modificaciones a la Constitución, en su carácter de parte
integrante de la Federación.
o) La fracción VI del aparcado C del
artículo 122 constitucional que se propone a esa soberanía, establece al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal como órgano encargado de la función ejecutiva en la
entidad. Se ratifican su carácter electivo, por voto universal, libre, secreto y directo
de los ciudadanos del Distrito Federal y, la duración del periodo de gobierno que no
podrá exceder de seis años. Además, se confirma el principio histórico de la no
reelección absoluta, de tal manera que ningún ciudadano que haya ocupado el cargo de
Jefe de Gobierno, cualquiera que sea la calidad con que lo haya realizado, pueda volver a
ocupar dicho puesto. La misma fracción VI prevé el escenario en el que al comenzar un
periodo constitucional no se presentase el Jefe de Gobierno electo o que la elección no
estuviera hecha y declarada, caso en el que la Asamblea Legislativa deberá designar un
interino.
p) La fracción VII del apartado C que se
describe, prevé el caso de falta absoluta del Jefe de Gobierno, distinto al de su
remoción por el Senado, y los dos supuestos que determinan el procedimiento para su
sustitución. Como ya se comentó al referir la modificación al artículo 76 fracción IX
de la Constitución, el proyecto propone que, en caso de ocurrir la falta absoluta dentro
de los dos primeros años del periodo constitucional, la Asamblea Legislativa nombre un
interino y expida la convocatoria para la elección de quien deba concluir el periodo; en
caso contrario, la Asamblea Legislativa nombraría un Jefe de Gobierno sustituto, que
estaría encargado de finalizar el periodo constitucional.
q) En la fracción IX del apartado C, que
indica las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno, se propone introducir dos
modificaciones de gran trascendencia: por una parte, en el inciso e, de la
fracción en cuestión, se prevé que el Jefe de Gobierno presida un consejo de delegados
políticos, que estará encargado de conocer y opinar sobre políticas territoriales y
administrativas. De esta manera, el proyecto intenta dar respuesta a uno de los
principales, problemas que ha planteado la experiencia reciente, desde la institución de
los jefes delegacionales, electos el 2 de julio de 2000. En el Distrito Federal, son
necesarios mecanismos y procedimientos que permitan armonizar las políticas públicas del
ámbito territorial y administrativo. Esto con mayor razón, cuando la facultad de iniciar
leyes y la reglamentación de éstas para proveer en la esfera administrativa a su exacta
observancia, corresponde sólo al Jefe de Gobierno, quien consideraría en dicha instancia
los resultados del análisis de la problemática delegacional. El consejo cuya creación
prevé el inciso e, comentado podrá constituirse en un centro articulador para la
gestión de la administración pública.
En segundo término, el inciso g de
la fracción IX del apartado C que se comenta, establece una obligación de la máxima
trascendencia a cargo del Jefe de Gobierno. El nuevo texto propone que dicho funcionario
esté obligado a atender los requerimientos que le formulen los presidentes de las
cámaras de Diputados y de Senadores y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, para resguardar y proteger los recintos en que se asienten dichos poderes.
Asimismo, estará obligado a atender la instrucción que, para los mismos efectos, le
formule el Ejecutivo Federal respecto de las representaciones diplomáticas y consulares
ubicadas en el Distrito Federal. Esta obligación introduce una nueva singularidad al
régimen de autonomía del Gobierno del Distrito Federal, que se justifica por el papel
que desempeña la entidad como asiento de los poderes federales y de las representaciones
diplomáticas y consulares. La colaboración de la autoridad local, encargada de la
dirección de los servicios de seguridad pública en el Distrito Federal, debe ser
obligatoria e inmediata a efecto de resguardar el interés superior en que descansa el
buen funcionamiento de los poderes de la Federación.
r) La organización de la administración
pública del Distrito Federal está prevista en la fracción XI del mismo apartado C del
artículo 122 constitucional propuesto a esa soberanía. Se introduce una modificación al
texto vigente, a fin de aclarar desde el nivel constitucional que las formas de
organización administrativa en el Distrito Federal serán la centralizada, la
desconcentrada, la paraestatal y la delegacional. Respecto de ésta, la norma
constitucional prevé la división territorial del Distrito Federal en delegaciones
políticas, para efectos de su administración pública. La naturaleza de las delegaciones
se establece como unidades político administrativas, a cuyo cargo existirá un delegado
político, de carácter electivo. Dicho servidor público durará tres años en su encargo
y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato. La fracción prevé, además, que
dichos delegados políticos podrán ser removidos de su cargo, por las causas y por
conducto de los procedimientos que se establecerán en el estatuto constitucional. Este
mismo ordenamiento y las leyes fijarán con toda claridad la competencia de las
delegaciones y por tanto sus funciones de ejercicio directo. Asimismo, se determina que
las delegaciones actuarán bajo coordinación o dependencia de la administración
pública, de conformidad con las leyes aplicables.
s) Respecto de las instituciones
electorales del Distrito Federal, se propone mantener el reenvío a las disposiciones
contenidas en el artículo 116 de la Constitución, en el párrafo segundo de la fracción
XII del apartado C del proyecto de artículo 122 constitucional, adicionalmente, las
fracciones XII y XIV, prevén expresamente la naturaleza y funciones del Instituto
Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal,
respectivamente. El primero tendrá el carácter de un organismo público autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, encargado de la organización de las
elecciones, referendos y plebiscitos en el Distrito Federal.
La Constitución, además, dispondría que
el Instituto Electoral del Distrito Federal celebre acuerdos con el Instituto Federal
Electoral, con objeto de evitar erogaciones excesivas por concepto de organización
electoral, conformación del padrón y lista nominal y otras actividades en las que la
coordinación con el organismo federal puede significar un ahorro importante para el
Distrito Federal. Por su parte, la fracción XIV define al Tribunal Electoral del Distrito
Federal como órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral,
cuya organización, funcionamiento y administración estarán reguladas por las leyes que
al efecto expida la Asamblea Legislativa, con excepción del número de sus integrantes,
que será establecido por el estatuto constitucional. La misma fracción XIV, en su
último párrafo, establece que los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito
Federal serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes
de la Asamblea, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia. Esta disposición fortalece
la autonomía y plena independencia del órgano jurisdiccional electoral, asegurando
imparcialidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.
t) El proyecto que se somete a la
consideración de esa soberanía compacta las disposiciones constitucionales relativas a
la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, de tal manera que sean el
estatuto constitucional y la ley orgánica correspondiente las que desarrollen las
previsiones básicas constitucionales. Destacan en la fracción XIII del apartado C del
proyecto de artículo 122, el que el estatuto constitucional determine el número y
procedimiento de designación de los magistrados, que serán nombrados por la Asamblea
legislativa a propuesta del Jefe de Gobierno, y se establece la obligación para éste de
incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal el presupuesto de
los órganos judiciales, una vez que se haya formulado de conformidad con dicho estatuto.
u) La fracción XV del apartado C del
artículo 122 que se propone, prevé la existencia del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, pero modifica sustancialmente la naturaleza y las funciones que ha tenido
hasta el momento. Por una parte, se ha considerado oportuno incluir al tribunal como
órgano especializado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con plena
autonomía para dictar sus resoluciones. Su inclusión dentro de la esfera del Tribunal
Superior de Justicia le garantiza al Tribunal de lo Contencioso Administrativo plena
independencia y autonomía respecto del Jefe de Gobierno, condición indispensable para el
ejercicio libre e imparcial de la función de control jurisdiccional de los actos de la
administración pública local.
La fracción XV, además, le otorga al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo una nueva competencia, que será esencial para
el buen funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal: ahora, además
de estar encargado de resolver las controversias que surjan entre la administración y los
particulares, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará facultado para
resolver, las posibles controversias competenciales que se susciten entre las delegaciones
políticas, o entre éstas y las demás autoridades de la administración pública. De
esta manera, se propone instituir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como
autoridad encargada de resolver cualquier conflicto que involucre a los delegados
políticos, proveyendo así una instancia imparcial y autónoma de resolución de
controversias, y conservando las mismas dentro de la esfera local del Distrito Federal.
La fracción XV propuesta, en su segundo
párrafo, prevé la constitución de una comisión conformada por representantes del
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que estará
encargada de proponer los nombramientos de magistrados a la Asamblea Legislativa y tendrá
a su cargo el sistema de vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial del
propio tribunal. Este punto constituye el motivo principal de ubicación del tribunal
referido en la esfera del Tribunal Superior de Justicia.
v) Respecto de la institución del
Ministerio Público, se introducen cambios estructurales en la fracción XVI del apartado
C del artículo 122 propuesto. La disposición constitucional hoy vigente remite al
Estatuto de Gobierno para la determinación de la forma en que será nombrado el
Procurador General de Justicia del Distrito Federal y al efecto se prevé, en el artículo
10 del estatuto vigente, que dicho funcionario será nombrado y removido por el Jefe de
Gobierno, con la aprobación del Presidente de la República. La fracción citada del
apartado C que se propone a esa soberanía plantea ahora que, a nivel constitucional se
disponga que dicho servidor público será nombrado por el Jefe de Gobierno y ratificado
por la Asamblea Legislativa en los términos que establezca el estatuto constitucional. El
proyecto no considera necesario el acuerdo del Presidente de la República en el
nombramiento del procurador, en virtud de que la regulación misma de la institución del
Ministerio Público que aquél debe presidir, corresponderá ahora a la Asamblea
Legislativa y no ya al Congreso de la Unión; y en esa lógica, el nombramiento se estima
que debe estar en la esfera de atribuciones de los órganos locales.
w) El proyecto considera, en la fracción
XVIII del apartado C del artículo 122, que los únicos órganos legitimados para entablar
o ser parte de controversias constitucionales, en los términos del artículo 105
fracción I, inciso k de la Constitución, sean la Asamblea Legislativa, el Jefe de
Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
x) Por otra parte, el apartado D del
artículo 122 constitucional propuesto, determina que el Distrito Federal participe de
manera obligatoria en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, dada su importancia en
la actividad económica nacional y su peso significativo en el producto interno bruto del
país. Asimismo, se dispone que, de acuerdo con la legislación aplicable, participe en
los fondos de aportaciones federales, todo ello de acuerdo con la ley que expida el
Congreso Federal.
y) El proyecto de reformas propone mantener
el esquema vigentes de coordinación para la planeación y ejecución de acciones de las
zonas conurbadas, limítrofes con el Distrito Federal, prevista en el vigente apartado G
del artículo 122 constitucional.
6. Con respecto a los artículos
transitorios, se prevén 10 disposiciones orientadas a:
a) El primero de ellos establece la vacatio
legis de las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se determinan 90 días posteriores a la publicación de las mismas, para que
entren en vigor, considerando la necesidad de adecuar y modificar el marco jurídico
vigente.
b) El artículo 2o. tiene estrecha
relación con el primero mencionado. Ordena que las disposiciones generales que
establezcan facultades para los poderes federales respecto al Distrito Federal, en lo que
no se opongan al decreto de reformas constitucionales, continuarán vigentes hasta en
tanto no se dicten las nuevas.
c) El tercer artículo sujeta a la
vigilancia de la Entidad Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados, los
recursos provenientes de los montos de endeudamiento que en su caso apruebe el Congreso de
la Unión, a efecto de ser incluidos en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, hasta en
tanto no entre en vigor el estatuto constitucional y la ley correspondiente que expida la
Asamblea Legislativa. Esto, con el fin de que sean sujetos de vigilancia sobre su correcta
aplicación y que siendo recursos aprobados por un poder federal, sean también revisados
en su ejercicio por un órgano de carácter federal.
3097,3098,3099
d) El artículo cuarto transitorio prevé
que el Congreso de la Unión, por virtud de un decreto, constituirá una comisión de
verificación, seguimiento y actualización sobre la transferencia del patrimonio del
Departamento del Distrito Federal y de sus entidades paraestatales, a la administración
pública del Distrito Federal, ordenada por el Poder Legislativo de la Unión en los
artículos octavo y décimo transitorios del decreto de reformas y adiciones al Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 4 de diciembre de 1997. En dicha comisión participarán representantes del Gobierno
Federal y del Distrito Federal y tendrá la importante labor de acelerar y transparentar
este proceso de transferencia.
e) La actual II Legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal queda facultada para expedir el estatuto constitucional
del Distrito Federal, que le confiere la reforma constitucional planteada. Una vez
expedido dicho ordenamiento, quedará abrogado el actual Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, salvo las disposiciones que en su caso deban continuar en vigencia, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del presente proyecto de
decreto. Adicionalmente, el artículo sexto transitorio prevé la posibilidad de que la
Asamblea Legislativa acuerde, por el voto de las dos terceras partes del total de sus
miembros, someter el nuevo estatuto constitucional a referendum.
f) Por su parte, el artículo séptimo
garantiza que con estricto apego a la legalidad, los procedimientos que se encuentren en
trámite o que se inicien de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 110 y 111 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a procedimientos de
responsabilidad de servidores públicos del Distrito Federal, continuarán su curso de
conformidad con las normas vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, con lo
cual se evitará que cualquier servidor público que se encuentre en algunas de las
hipótesis de los artículos enunciados pueda sustraerse a la rendición de cuentas y
responsabilidades.
g) Por cuanto respecta a las facultades que
de acuerdo con el presente proyecto de decreto le correspondan a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal y que para su ejercicio se requiera de disposición del estatuto
constitucional del Distrito Federal, éstas entrarán en vigor en la misma fecha en que
dicho estatuto determine, de acuerdo con lo previsto por el artículo octavo transitorio
del decreto de reformas y adiciones que se ha propuesto al Constituyente Permanente.
h) El artículo noveno dispone que en tanto
los órganos competentes no expidan los ordenamientos que regulen a los órganos locales
de gobierno del Distrito Federal, las leyes que se encuentran en vigor continuarán
normando su organización y funcionamiento.
i) Finalmente, el artículo décimo
transitorio deroga todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en
el decreto que se propone, salvo aquellas que se encuentren en los supuestos previstos por
los artículos transitorios anteriores.
Por los argumentos expuestos, esta
comisión considera conveniente aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma
y adiciona los artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109,
110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de
lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10 fracción XXIV, 50 y 59
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como con lo
previsto en los artículos 18, 22 párrafo primero y 23 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, somete a la consideración de la
Asamblea Legislativa el siguiente
DICTAMEN
Primero. Tras un análisis de la iniciativa
en comento, resulta viable resolver favorablemente respecto de la misma en sus términos
planteados.
Segundo. Con fundamento en el inciso ñ
de la fracción V, apartado C de la base primera del artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción VIII del artículo 42 y I del
artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; la fracción II del artículo
10, V del artículo 17, y I del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federa; la fracción I del artículo 66 y el artículo 71 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el
pleno de esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura,
resuelve se presente ante el Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de
Proyecto de decreto
Que reforma y adiciona los artículos 73
fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforman los
artículos 73 fracción VIII, 76 fracción IX, 89 fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un tercer
párrafo al artículo 110, por lo que se recorren en su orden los vigentes y un sexto
párrafo al artículo 111 y se recorren en su orden los vigentes de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 73. El Congreso
tiene facultad:
I a la VII. . .
VIII. Para dar bases sobre las cuales el
Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos
mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito
podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un
incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de
regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante
alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del
artículo 29.
Artículo 76.
I a la VIII. . .
IX. Remover, por el voto de dos terceras
partes de sus miembros, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por actos u omisiones
que afecten gravemente las relaciones con los poderes federales o el orden público, en
los términos de la ley que al efecto expida el Congreso de la Unión. En este caso el
Senado nombrará, por mayoría de sus integrantes, al Jefe de Gobierno a propuesta del
Presidente de la República.
Artículo 89.
I a la XIII. . .
XIV. Conceder, conforme a las leyes,
indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.
Artículo 108. Para los efectos de
las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a
los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, los
funcionarios y empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, así como a los
servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
. . .
Los gobernadores de los estados, el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, los diputados a las legislaturas locales y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, los magistrados de los tribunales superiores de justicia
locales y en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, serán
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por
el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Las constituciones de los estados de la
República y el estatuto constitucional del Distrito Federal precisarán, en los mismos
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo,
cargo o comisión en los estados, en los municipios y en el Distrito Federal.
Artículo 109. El Congreso de la
Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de
responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar
a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las
siguientes prevenciones:
I a la III. . .
. . .
. . .
. . .
Artículo 110. Podrán ser sujetos
de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los
secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, el Procurador General
de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero
presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal
Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus
equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
. . .
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados y jueces del
Fuero Común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal y
el Procurador General de Justicia del Distrito Federal serán responsables en los
términos de lo dispuesto en el párrafo anterior y corresponderá al Congreso de la
Unión conocer del juicio político.
. . .
. . .
. . .
. . .
Artículo 111. Para proceder
penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes
de departamento administrativo y el Procurador General de la República, así como el
consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara
de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o
no lugar a proceder contra el inculpado.
. . .
. . .
. . .
. . .
Tratándose del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Procurador
General de Justicia del Distrito Federal, corresponderá a la Cámara de Diputados conocer
del supuesto a que se refiere el párrafo anterior.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Artículo 122. El Distrito Federal
tendrá autonomía en su régimen interior en los términos que establezcan esta
Constitución y el estatuto constitucional del propio Distrito Federal, su gobierno está
a cargo de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial de carácter local, en los
términos de este artículo.
De acuerdo con la naturaleza jurídica del
Distrito Federal definida por el artículo 44 de este ordenamiento:
A. Corresponde al Congreso de la Unión:
I. Dictar las disposiciones que aseguren el
ejercicio de las funciones de los poderes de la Unión en el Distrito Federal y sus
relaciones con las autoridades locales. Estas disposiciones podrán comprender excepciones
en la aplicación de normas locales de desarrollo urbano respecto de los bienes del
dominio público federal. Las autoridades locales no podrán dictar normas ni ejecutar
actos que afecten ese ejercicio; en caso de controversia constitucional de actos o
disposiciones generales del Distrito Federal, quedarán suspendidos en su ejecución hasta
en tanto se resuelva aquélla.
II. Legislar sobre las atribuciones del
Presidente respecto del mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y sobre las
relaciones de subordinación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y del servidor
público que tenga a su cargo el mando directo de dicha fuerza.
III. Establecer los casos y el
procedimiento a seguir para la remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y para
la designación de un interino, si han transcurrido menos de dos años del periodo, o de
un sustituto que concluya el mandato, si ha transcurrido más tiempo.
IV. Las demás atribuciones que le señala
esta Constitución.
B. Corresponde al Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos:
3100,3101,3102
I. Tener el mando de la fuerza pública en
el Distrito Federal. Previo acuerdo del Presidente, el jefe de gobierno del Distrito
Federal nombrará al servidor público encargado de la fuerza pública en la entidad,
quien podrá ser removido libremente por el Ejecutivo o a solicitud del Jefe de Gobierno.
II. Instruir, de manera fundada y motivada,
a las autoridades del Distrito Federal, para hacer frente a situaciones cuya relevancia
requiera de acciones urgentes y ordenar la participación de la Administración Pública
Federal en lo que resulte necesario.
III. Expedir los reglamentos de las leyes
emitidas por el Congreso concernientes al Distrito Federal.
IV. Las demás atribuciones que le señala
esta Constitución.
C. La organización y funcionamiento del
gobierno local se establecerá en el Estatuto Constitucional del Distrito Federal, con
sujeción a las siguientes normas:
I. Para elaborar y reformar el estatuto
constitucional se requiere el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
II. Las prohibiciones y limitaciones que
esta Constitución establece para los estados se aplicarán para las autoridades del
Distrito Federal.
Las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los poderes federales, se entienden reservadas a los
órganos locales del Distrito Federal.
Los bienes del dominio público de la
Federación en el Distrito Federal estarán sujetos exclusivamente a la jurisdicción de
los poderes de la Unión conforme a las leyes del Congreso de la Unión.
Serán aplicables a la hacienda pública
del Distrito Federal, en lo que sea compatible con su naturaleza y régimen orgánico de
gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo de la fracción IV del
artículo 115 de esta Constitución.
II. La función legislativa en el Distrito
Federal estará a cargo de una Asamblea que se integrará en un 60% por diputados electos
conforme al principio de mayoría relativa y un 40% electos de acuerdo con el principio de
representación proporcional, en los términos que establezcan el Estatuto Constitucional
y el Código Electoral del Distrito Federal. El número de representantes electos por el
principio de mayoría relativa será proporcional al número de habitantes, a razón de un
representante por cada 200 mil habitantes. En todo caso, la relación de las
representaciones entre sí no podrá ser mayor o menor al 15% de esa cifra.
IV. Los requisitos para ser diputado a la
Asamblea Legislativa no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal.
Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros, en lo que sean compatibles,
las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77 fracción IV de
esta Constitución.
V. La Asamblea Legislativa tendrá derecho
de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión. También participará en el
proceso de aprobación de las reformas y adiciones a la presente Constitución, en los
mismos términos que las legislaturas de los estados.
VI. La función ejecutiva en el Distrito
Federal estará a cargo de un Jefe de Gobierno, que no podrá durar en su encargo más de
seis años y será electo por votación universal, libre, directa y secreta, de
conformidad con lo que establezcan el Estatuto Constitucional del Distrito Federal y los
ordenamientos legales aplicables. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Jefe de
Gobierno, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, en ningún caso
y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
Si al comenzar un periodo constitucional no
se presentase el Jefe de Gobierno electo o la elección no estuviere hecha y declarada,
cesará el jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y se encargará el que designe la
Asamblea Legislativa como interino.
VII. En caso de falta absoluta del Jefe de
Gobierno, ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, la Asamblea
Legislativa designará un interino; si hubiese transcurrido más tiempo, designará un
sustituto.
Cuando haya sido designado un Jefe de
Gobierno interino, por el Senado o por la Asamblea Legislativa, ésta deberá expedir la
convocatoria para la elección de quien deba concluir el periodo, de conformidad con lo
que disponga el estatuto constitucional.
En tanto es designado el Jefe de Gobierno
interino o sustituto, quedará a cargo del despacho el servidor público que determine el
estatuto constitucional.
VIII. Para ser Jefe de Gobierno del
Distrito Federal se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
en pleno goce de sus derechos y tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la
elección;
b) Ser originario del Distrito Federal con
una residencia ininterrumpida de tres años o tener una residencia ininterrumpida de cinco
años para los nacidos en otra entidad. La residencia no se interrumpe por el desempeño
de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial;
c) Los demás requisitos que establezca el
estatuto constitucional.
IX. El Jefe de Gobierno del Distrito
Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
a) Cumplir con la Constitución, las leyes
federales y la legislación del Distrito Federal.
b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes
que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta
observancia. Podrá formular observaciones a los proyectos de ley que la Asamblea
Legislativa le envíe, en los términos que establezca el estatuto constitucional;
c) Nombrar y remover libremente a los
servidores públicos en los términos constitucionales y legales aplicables;
d) Dirigir los servicios de seguridad
pública, de conformidad con las disposiciones aplicables;
e) Presidir el consejo de delegados
políticos que conocerá y opinará sobre políticas territoriales y administrativas en
los términos que establezca el estatuto constitucional;
f) Presentar iniciativas de leyes o
decretos ante la Asamblea Legislativa;
g) Atender los requerimientos de los
presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores y del Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, para resguardar y proteger los recintos correspondientes,
así como atender la instrucción del Ejecutivo Federal para que haga lo propio respecto
de las representaciones diplomáticas y consulares;
h) Las demás que le confieran los
ordenamientos jurídicos correspondientes.
X. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal
será responsable por violaciones al estatuto constitucional del Distrito Federal y a las
leyes locales y por el manejo indebido de fondos y recursos de la Administración Pública
del Distrito Federal.
La Asamblea Legislativa conocerá de las
violaciones a que se refiere el párrafo anterior y, en su caso, aplicará las sanciones
que establezca el estatuto constitucional, mediante resolución adoptada por las dos
terceras partes de sus miembros, una vez practicadas las diligencias que prevea la ley y
con audiencia del acusado.
XI. La Administración Pública del
Distrito Federal se podrá organizar en forma centralizada, desconcentrada, paraestatal y
delegacional.
El Distrito Federal, para efectos de su
administración pública, se dividirá territorialmente en delegaciones políticas, cuya
población máxima y límites geográficos señalará el estatuto constitucional.
Las delegaciones tendrán el carácter de
unidades políticoadministrativas y estarán a cargo de un delegado político, electo por
votación universal, libre, secreta y directa de los ciudadanos de cada delegación. Los
delegados serán elegidos por un periodo de tres años y no podrán ser reelectos para el
periodo inmediato. Los delegados podrán ser removidos de sus cargos en los términos que
establezca el estatuto constitucional.
El estatuto constitucional y las leyes
aplicables establecerán la competencia de las delegaciones, las que actuarán bajo
coordinación o dependencia de la administración pública, de conformidad con las leyes
aplicables.
XII. Habrá un organismo público
denominado Instituto Electoral del Distrito Federal, autónomo en su funcionamiento e
independiente en sus decisiones, que organizará las elecciones, referendum y
plebiscitos en el Distrito Federal, para lo cual celebrará los acuerdos necesarios con el
Instituto Federal Electoral.
El estatuto constitucional y las leyes que
en la materia expida la Asamblea Legislativa, tomarán en cuenta los principios
establecidos en los incisos b al i de la fracción IV del artículo 116 de
esta Constitución.
XIII. La función judicial en el Distrito
Federal estará a cargo de un Tribunal Superior de Justicia, que se compondrá de una
presidencia, de un pleno, un Consejo de la Judicatura y de los demás órganos que
determinen el estatuto constitucional y la Ley Orgánica correspondiente. El estatuto
constitucional también establecerá las bases para que el tribunal fije jurisprudencia.
La autonomía del tribunal, así como la independencia e inamovilidad de los magistrados,
consejeros y jueces, en el ejercicio de sus funciones, estará garantizada por el estatuto
constitucional y las leyes. El estatuto constitucional determinará el número y
procedimiento de designación de los magistrados, quienes serán nombrados por la Asamblea
Legislativa a propuesta del Jefe de Gobierno; también establecerá la forma de
elaboración del presupuesto del tribunal, que será remitido al Jefe de Gobierno para su
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la Asamblea
Legislativa.
XIV. El Tribunal Electoral del Distrito
Federal será un órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional para resolver los
medios de impugnación que se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales
ordinarios o extraordinarios o los que surjan entre dos procesos electorales, así como
los demás asuntos de esta naturaleza, conforme lo establezca la legislación electoral
del Distrito Federal.
La ley establecerá las normas para la
organización, funcionamiento y administración en el Tribunal Electoral del Distrito
Federal.
El Tribunal Electoral se integrará por el
número de magistrados que establezca el estatuto constitucional; serán nombrados por la
Asamblea Legislativa, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia en los términos que
disponga su Ley Orgánica, con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los
miembros presentes.
XV. Existirá un Tribunal de lo Contencioso
Administrativo como órgano especializado del Tribunal Superior de Justicia, que será
autónomo para dirimir controversias entre los particulares y las autoridades de la
administración pública local del Distrito Federal. También conocerá las controversias
en materia de competencia entre las delegaciones y entre éstas y las demás autoridades
de la administración.
El tribunal se integrará por el número de
magistrados que establezca el estatuto constitucional. Habrá una comisión, conformada
por representantes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, que propondrán los nombramientos de magistrados a la Asamblea Legislativa
y tendrá a su cargo el sistema de vigilancia, administración, disciplina y de carrera
judicial.
El estatuto constitucional y las leyes de
la Asamblea Legislativa establecerán las normas para la organización del tribunal, su
funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
XVI. El Ministerio Público en el Distrito
Federal estará a cargo de un Procurador de Justicia nombrado por el Jefe de Gobierno y
ratificado por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa en los términos
que establezca el Estatuto Constitucional del Distrito Federal. El Jefe de Gobierno podrá
removerlo libremente.
XVII. La Asamblea Legislativa expedirá la
legislación relativa a los aspectos orgánicos de los cuerpos de seguridad, principios
básicos de actuación, profesionalización y carrera policial, estímulos y régimen
disciplinario, de acuerdo con las bases que establezca el estatuto constitucional.
XVIII. Para los efectos del artículo 105
fracción I inciso k de esta Constitución, son órganos de gobierno la Asamblea
Legislativa, el Jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
D. En materia de coordinación fiscal, el
Distrito Federal participará en los convenios correspondientes, de acuerdo con la
legislación aplicable, así como en los fondos de aportaciones federales.
E. En materia de deuda pública el Distrito
Federal no podrá contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con
gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban
pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Tampoco podrá contraer
obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones o actividades
productivas, que apoyen los planes de desarrollo económico y social o la ejecución de
obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, debiéndose
generar los ingresos suficientes para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la
estructura de endeudamiento público. Este endeudamiento y el que contraigan organismos
descentralizados y empresas públicas deberá además estar conforme a las bases,
indicadores y límite de endeudamiento neto que establezcan el estatuto constitucional y
la ley de deuda pública correspondiente, por los conceptos y hasta por los montos que la
misma fije anualmente en la Ley de Ingresos del Distrito Federal. Si la solicitud de
endeudamiento neto del Distrito Federal rebasa esos límites, corresponderá al Congreso
de la Unión conocer y aprobar el excedente solicitado conforme a las disposiciones que al
efecto expida. En este caso el Jefe de Gobierno comunicará a la Asamblea Legislativa el
ejercicio de los recursos y ésta informará al Congreso de, la Unión. La Entidad
Superior de Fiscalización procederá en los términos de la fracción IV del artículo 74
de esta Constitución.
3103,3104,3105
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal
informará del ejercicio de estas atribuciones al rendir la cuenta pública.
F. Para la eficaz coordinación de las
distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas con la Federación y
el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas
limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115 fracción VI de esta
Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación
y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable y drenaje;
recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus
respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones
metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.
Las comisiones serán constituidas por
acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la
forma de integración, estructura y funciones.
A través de las comisiones se
establecerán:
a) Las bases para la celebración de
convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos
territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación
de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer
párrafo de este apartado;
b) Las bases para establecer,
coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas
en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales,
humanos y financieros para su operación y
c) Las demás reglas para la regulación
conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y
realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Las disposiciones generales
que establezcan prerrogativas y facultades a los poderes federales respecto al Distrito
Federal, de acuerdo con el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 21 de agosto de
1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del mismo
año, en lo que no se opongan al presente decreto, continuarán vigentes hasta en tanto no
se dicten las nuevas disposiciones, de conformidad con éste.
Tercero. Los recursos provenientes
de los montos de endeudamiento que en su caso apruebe el Congreso de la Unión, a efecto
de ser incluidos en la Ley de Ingresos del Distrito Federal hasta en tanto no entre en
vigor. El estatuto constitucional y la ley correspondiente que expida la Asamblea
Legislativa , serán sujetos de vigilancia sobre su correcta aplicación por la Entidad de
Fiscalización Superior de la Cámara de Diputados.
Cuarto. El Congreso de la Unión,
mediante decreto, constituirá una comisión de verificación, seguimiento y
actualización sobre la transferencia del patrimonio del Departamento del Distrito Federal
y el de sus entidades paraestatales, a la administración pública del Distrito Federal,
ordenada por el Poder Legislativo de la Unión en los artículos octavo y décimo
transitorios del decreto de reformas y adiciones al Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de
1997. En la comisión participarán representantes del Gobierno Federal y del Distrito
Federal.
Quinto. La Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, integrada para el periodo 2000 a 2003, está facultada para expedir el
Estatuto Constitucional del Distrito Federal y una vez que éste entre en vigor, quedará
sin efectos el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de julio de 1994 y sus reformas y adiciones
posteriores, salvo las disposiciones que en su caso sigan vigentes de conformidad con el
artículo segundo transitorio del presente decreto.
Sexto. Si la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, así lo acuerda por las dos terceras partes de sus miembros, podrá
someter el estatuto constitucional a referendum.
Séptimo. Los procedimientos que se
encuentren tramitando o que se inicien de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 110 y
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a los
servidores públicos del Distrito Federal que en ellos se mencionan por actos u omisiones
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho o
por la comisión de delitos del orden local, continuarán tramitándose de conformidad con
las normas existentes a la vigencia del presente decreto.
Octavo. Las facultades que de
acuerdo al presente decreto le corresponden a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
para cuyo ejercicio se requiera de disposición del Estatuto Constitucional del Distrito
Federal, entrarán en vigor en la misma fecha en que éste determine.
Noveno. Todos los ordenamientos que
regulan hasta la fecha a los órganos de gobierno locales en el Distrito Federal,
seguirán vigentes en tanto no se expidan por los órganos competentes aquellos que deban
sustituirlos conforme a las disposiciones señaladas en el presente decreto.
Décimo. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente decreto, salvo las
que se encuentren en los casos de los artículos anteriores.
Así lo resolvieron los integrantes de la
Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.
México, D.F. a 8 de noviembre de
2001.— Diputados: Walter Widmer López, Bernardo Ramos Iturbide, Miguel M.
González Compean, María del Carmen Pacheco Gamiño, Raúl Armando Quintero Martínez,
Marco Antonio Michel Díaz, María de los Angeles Moreno Uriegas, Jesús Cuauhtémoc
Velasco Oliva, Jaime Guerrero Vázquez, José Luis Buendía Hegewisch, Alejandro Agundis
Arias, Francisco F. Solís Peón y Jacobo M. Bonilla Cedillo.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales con opinión de la Comisión del Distrito Federal.
SERVIDORES
PUBLICOS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día se
refiere a iniciativas de diputados.
Tiene la palabra el diputado Martí Batres
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una
iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Penal Federal y Código Federal
de Procedimientos Penales.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso, señora Presidenta:
El suscrito, diputado integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la
siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código
Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La normatividad penal de cualquier país,
busca atacar las conductas que por su gravedad lastiman de manera sensible la convivencia
social y que por lo mismo requieren de una sanción que cumpla entre otros, con dos
objetivos fundamentales: primero que permita la readaptación social de quien se apartó
de la ley y vulneró la convivencia y segundo que sirva de ejemplo en un afán disuasivo
para con la sociedad, para evitar la repetición de esos comportamientos.
En un sentido amplio, toda la sociedad es
parte ofendida cuando se comete un delito, su seguridad es dañada cuando alguien decide
apartarse de lo que las leyes establecen y en forma particular esa conducta es calificada
por las normas como delictiva, por lo grave del actuar.
Quien delinque lo hace a costa de bienes
jurídicamente tutelados.
La vida, la libertad, la propiedad y la
seguridad de las personas se dañan de manera inmediata con esas conductas antisociales y
ello tiene incidencia de manera directa con quien padece la conducta y de manera potencial
con todos y cada uno de los que vivimos en ese entorno social.
De ahí deriva la importancia de que el
marco jurídico sea lo suficientemente abarcador para cerrar el paso, al hecho de que
dejen de sancionar actos que per se son dañinos y que por otro lado, las penas
sean lo suficientemente severas para garantizar que haya sanciones que correspondan
fehacientemente con la gravedad de lo causado con la conducta.
La pregunta en este terreno es: ¿qué
ofende más a la sociedad, la conducta del delincuente o qué la sanción sea lo
suficientemente flexible o tenue que provoque que no se resarza el daño causado y que
antes bien el responsable mantenga privilegios por encima de quienes son sus ofendidos?
Al aspecto normativo tenemos que añadir un
sistema de impartición de justicia que tampoco es lo suficientemente estricto y que en
algunas ocasiones diluye toda intención por sancionar como se merecen a los delincuentes
que tienen recursos para torcer las conciencias de los impartidores y lograr siempre una
interpretación de la ley, ventajosa a sus intereses.
Se trata de un círculo, que se alimenta en
la corrupción y regresa a través de un sistema normativo que sigue siendo defectuoso y
que por lo mismo resulta necesario reformar.
La corrupción, más allá de cualquier
otro factor, es el fenómeno que determina la confianza de la sociedad en sus
instituciones y en el extranjero, hacia nuestros gobiernos.
Con esta conducta se impacta directamente
el ámbito social, el ámbito político y el ámbito económico del país y su influencia
no es de ninguna manera menor.
Por corrupción, por ejemplo se dejan de
percibir en impuestos más de 70 mil millones de pesos anuales, situación que supera lo
que se pretende recaudar por lVA en alimentos y medicinas según la propuesta del Gobierno
Federal.
Ahí hay una veta que no ha sido siquiera
parte del análisis de quienes reclaman más recursos para el Gobierno Federal.
Cuando hablamos de corrupción,
inevitablemente tenemos que hablar de servidores públicos.
Hay corrupción por que hay quien se
corrompe y quien se corrompe es el servidor público.
Considerar el asunto como una cuestión
cultural es correcto, los ciudadanos que corrompen al servidor público también forman
parte de este mal, pero resulta doblemente responsable aquel que teniendo un deber de
cuidado y habiendo para ello protestado cumplir y hacer cumplir la ley, la vulnere.
Es inadmisible esa conducta porque se va
tejiendo un camino fácil, que permea en la sociedad como un falso buen ejemplo para hacer
dinero, ganar influencia y subir en la escala social a partir de la transgresión a las
leyes, con el resguardo o protección de tener la condición de servidor público.
Intocables con credencial han sido durante
muchos años los servidores públicos afines a quien detenta el poder en turno.
Las cosas ahora pueden ser diferentes o no
y en eso tenemos nosotros una gran responsabilidad.
Estado de derecho e impunidad son dos temas
que se corresponden en forma negativa.
Mientras más impunidad hay, menos cerca
estamos de un verdadero Estado de Derecho y en ello no hay democracia que sobreviva a esa
condición.
¿Quién gobierna en un país, dónde las
acciones públicas cotidianas, pasan por decisiones apartadas del derecho y son
condicionadas por prebendas y favores?
En la actualidad construir un verdadero
Estado de Derecho es condición indispensable para garantizar la permanencia de los
cambios políticos logrados últimamente, lo que no es un asunto menor, dado que las
organizaciones criminales valiéndose de sus relaciones con el poder público, lo retan
constantemente y pueden sustituirlo, como a veces lo hacen en algunas áreas
gubernamentales.
Tenemos con urgencia que hacer lo que nos
corresponde en el ámbito de nuestra competencia, para regresar la confianza de la
sociedad.
Somos testigos, como la misma sociedad lo
es, de cómo las cárceles del país se encuentran infestadas por gente de escasos
recursos que no han podido encontrar la libertad por falta de defensa y de dinero y cómo
con la misma regularidad gente que robó recursos públicos sea en su carácter de
servidores públicos o gracias a su relación con éstos, se pasean impunemente en las
calles y aun conceden entrevistas como prohombres del México moderno.
3106,3107,3108
Eso lastima más que cualquier otra cosa a
una sociedad que busca justicia.
En ese tenor, la mención a Oscar Espinosa
Villarreal es ineludible, pues resulta el ejemplo más fresco para documentar la profunda
frustración que provoca en la gente presenciar tanta impunidad.
Pensamos que la sanción para los
servidores públicos que cometen un delito debe ser mayor a la de cualquier ciudadano y
que debe evitarse cualquier privilegio por su condición, por lo que resulta absurdo y
grotesco que en el ámbito federal no se consideren graves los delitos cometidos por
éstos y por lo tanto que tengan derecho a la libertad provisional mediante el pago de una
caución, cuyo monto seguramente se cubre con las ganancias económicas que le reporta su
conducta.
Quizá habrá quien lo ignore, pero a raíz
de que en 1993 se reformó el artículo 20 constitucional y en consecuencia el código
adjetivo en la materia al año siguiente, dejaron de ser graves todos los delitos
cometidos por servidores públicos.
Dejó de ser grave y en consecuencia se
permite la libertad mediante caución, de delitos calificados, tales como ejercicio
indebido del servicio público, la coalición de servidores públicos, el uso indebido de
atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de
funciones, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento
ilícito y delitos contra la administración de justicia.
Se trató esa reforma, de una reforma hecha
por abogados a favor de sus clientes.
Son esos abogados, quienes cada vez se
hacen más ricos utilizando la reforma en que participaron, para evitar que los Espinosa
Villarreal, los Cabal Peniche y otros pisen las cárceles aun y cuando con sus actos hayan
extraído millones de dólares de país y que haya en las cárceles del país quienes se
robaron una gallina y se les acusó de robo con violencia sin derecho a fianza.
Pretendemos con esta iniciativa contribuir
a revertir esa situación.
Por ello, proponemos reformar los
artículos 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal para incrementar las penas en los
delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos,
tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, para homologarlas a las que ya se
establecen en otras entidades.
Asimismo, proponemos adicionar 10 incisos a
la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para
incluir como graves tipos agravados de delitos cometidos por servidores públicos y
aquellos que en la sanción ya tienen una calificación que extrañamente no se
corresponde en el vigente listado de dicho artículo.
Compañeros diputados, ésta es una
iniciativa contra la impunidad y contra la corrupción.
Se trata de la reforma penal que el Partido
de la Revolución Democrática plantea como asunto prioritario y urgente para resolver en
este periodo ordinario de sesiones.
Resolvámosla, pues el riesgo de que sigan
las cosas como están es que la gente se desencante de quienes ofrecimos cambios y sólo
damos continuidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
presento ante esta soberanía la siguiente
INICIATIVA
De reformas a diversos artículos del
Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales
Artículo primero. Se reforman los
artículos 214, 216, 221 y 224 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 214. Comete el
delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que:
I a la III. . .
IV. . .
Al que cometa alguno de los delitos a que
se refieren las fracciones I y II, se le impondrán de uno a tres años de prisión, multa
de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento
de la comisión del delito y destitución en su caso e inhabilitación de uno a dos años
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
V. . .
Al infractor de las fracciones III, IV o V,
se le impondrán de tres a ocho años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario
mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito y
destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión.
Artículo 216. (Coalición de
servidores públicos).
Al que cometa el delito de coalición de
servidores públicos se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de 30 a 300
veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la
comisión del delito y destitución e inhabilitación de dos a siete años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 221. Comete el delito de
tráfico de influencia:
I y II. . .
III. . .
Al que cometa el delito de tráfico de
influencia se le impondrán de tres a ocho años de prisión, multa de 30 a 300 veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el
delito y destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro empleo,
cargo o comisión públicos.
Artículo 224. (Enriquecimiento
ilícito).
. . .
. . .
. . .
Cuando el monto que ascienda al
enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a 5 mil veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal, se impondrán, de uno a cuatro años de prisión, multa de
30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de
cometerse el delito y destitución e inhabilitación de uno a 10 años para desempeñar
otro empleo, cargo o comisión públicos.
. . ."
Artículo segundo. Se adicionan los
incisos 35 a 45 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos
Penales, para quedar como sigue:
"Artículo 194. Se califican
como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante
valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales
siguientes:
I. . .
1) al 34). . .
35) Ejercicio indebido del servicio
público, en la modalidad prevista en las fracciones III, IV y V.
36) Coalición de servidores públicos,
previsto en el artículo 216.
37) Uso indebido de atribuciones y
facultades, en la modalidad prevista en el último párrafo del artículo 217.
38) Concusión, en la modalidad contenida
en el último párrafo del artículo 218.
39) Intimidación, previsto en el artículo
219.
40) Ejercicio abusivo de funciones, en la
modalidad prevista en el último párrafo del artículo 220.
41) Tráfico de influencia, previsto en el
artículo 221.
42) Cohecho, en la modalidad prevista en el
penúltimo párrafo del artículo 222.
43) Peculado, en la modalidad prevista en
el último párrafo del articulo 223.
44) Enriquecimiento ilícito, en la
modalidad prevista en el último párrafo del artículo 224.
45) Delitos contra la administración de
justicia, cometidos por los servidores públicos, previstos en el artículo 225.
II a la XIV. . ."
ArtIculo transitorio
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 14 de
noviembre de 2001.— El diputado Martí Batres Guadarrama.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
DISTRITO
FEDERAL (II)
La Presidenta:
Activen el sonido en la curul de diputado
Jorge Lara, por favor.
El diputado Jorge Alberto Lara Rivera
(desde su curul):
Muchas gracias, señora Presidenta:
Al efecto de solicitarle a usted muy
atentamente de parte de la Comisión del Distrito Federal, que se corrija el turno que se
le ha dado a la iniciativa con la que se dio cuenta presentada por la Asamblea Legislativa
respecto de la reforma política del Distrito Federal, que sean las comisiones unidas de
Puntos Constitucionales y del Distrito Federal que generen el dictamen de dicho documento.
La Presidenta:
Con mucho gusto, señor diputado.
Rectifíquese el turno y que sea a
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.
PETROLEOS
MEXICANOS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo
del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la
Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se
encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los diputados que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.
La Presidenta:
Señor Secretario, parece ser que no hay
una votación suficiente. Podemos darle lectura para mayor seguridad.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, daré
lectura al dictamen.
La Presidenta:
Es la segunda lectura y después entraremos
al debate.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa
presentada por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que propone la
reforma del segundo párrafo del artículo 7o., de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los numerales 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública somete a la consideración de esta
Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes
ANTECEDENTES
1. El 21 de febrero de 2001 los diputados
referidos en el proemio de este dictamen, presentaron ante el pleno de la Cámara de
Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, en su artículo 7o. segundo párrafo. En esa misma fecha, la mesa directiva
de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
3109,3110,3111
2. El objeto de la iniciativa es la reforma
del segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, a efecto de que los secretarios de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de Hacienda y Crédito Público, formen parte del Consejo de Administración
de Petróleos Mexicanos.
Con base en los antecedentes mencionados,
los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, formulamos las
siguientes
CONSIDERACIONES
I. Los autores de la iniciativa señalan en
la exposición de motivos que es muy alta la responsabilidad de Pemex por el deterioro de
numerosos sitios en los que realiza actividades de exploración, perforación y
explotación. Que durante muchos años las comunidades han visto afectado su medio
ambiente y han demandado que Petróleos Mexicanos restaure y aplique técnicas menos
depredatorias. Asimismo, que en materia de contaminación es preferible la prevención a
la restauración y por el considerable volumen de emisiones de Pemex y sus organismos
subsidiarios como PemexExploración y Producción; PemexRefinación; PemexGas y
Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, consideran indispensable la presencia de un
representante de Estado que tenga un profundo conocimiento aunado a una fuerte capacidad
de gestión y de implementación y supervisión en asuntos ambientales, para que Pemex, la
mayor empresa del Estado mexicano, sea un ejemplo de conciencia ecológica para el resto
de las entidades públicas y privadas.
II. Esta comisión dictaminadora está de
acuerdo con la justificación que los iniciadores hacen valer únicamente en cuanto a que
el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales forme parte del consejo de
administración de Petróleos Mexicanos, no así el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, toda vez que no existe justificación alguna y los iniciadores no esgrimieron
motivación para ello.
Por lo expuesto, los integrantes de la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, sometemos a la consideración del pleno de
la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforma el segundo párrafo
del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Artículo único. Se reforma el
segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue:
"Artículo 7o. . .
Seis representantes del Estado designados
por el Ejecutivo Federal, entre los que deberá estar el Secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores
de planta de Petróleos Mexicanos.
. . .
. . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2001.— Por la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.— Firman los diputados: Armando Salinas Torre,
presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya
Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José
Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Alejandro R. García
Sainz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenso Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás
Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro
Céspedes, Ricardo Francisco García Cervantes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando
Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, María Teresa
Gómez Mont y Urueta, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Estebán Sandoval Ochoa, César
Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime
Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»
Es de segunda lectura.
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
RECESO
La Presidenta (a las 11:14 horas):
Decretamos un receso de cinco minutos, en
virtud de que se están poniendo de acuerdo en algunos puntos de ese dictamen.
(Receso.)
(a las 11:21 horas):
Se reanuda la sesión.
PETROLEOS
MEXICANOS (II)
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al
diputado José Guillermo Anaya Llamas, para fundamentar el dictamen, en términos del
artículo 108 del Reglamento Interior, hasta por 15 minutos.
El diputado José Guillermo Anaya
Llamas:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El dictamen a discusión que se acaba de
dar lectura, forma parte de las tareas ordinarias que hemos realizado los integrantes de
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, la cual siempre ha procurado, en el
desarrollo de sus trabajos, buscar el mayor consenso posible entre todos los grupos
parlamentarios para que las modificaciones a la ley, como es el presente caso, sean lo
más claro posible y cuenten con la anuen cia de todos puesto que a ese consenso logrado
en la discusión del dictamen, evita procesos desgastantes e innecesarios en la reforma de
ley.
El inicio de las propuestas o proyectos de
dicha paraestatal… perdón.
El presente dictamen respecto de la
iniciativa que presentó el Partido Verde Ecologista de México, con objeto de que en el
consejo de administración de Pemex participe el Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, como uno de los seis representantes del Estado, ha sido considerado por parte
de los dictaminadores, como procedente, toda vez que por las actividades que realiza
Petróleos Mexicanos algunas de las cuales afecta directa o indirectamente el medio
ambiente, requiere que dicho Secretario de Estado participe desde el inicio de las
propuestas o proyectos de dicha paraestatal y haga valer sus consideraciones para la
protección y conservación del medio ambiente.
Si bien es cierto que las actividades de
Pemex tienen enorme repercusión económica para nuestro país, también es necesario que
dichas actividades estén complementadas con la opinión del encargado de velar por el
medio ambiente, ya que con ello puede evitarse que se inicien proyectos que posteriormente
sean cancelados por no haber considerado el impacto ambiental o que a pesar del deterioro
ambiental que se cause, continúen adelante, ya que el daño que se ocasiona al medio
ambiente, en gran parte de los casos, es irreversible...
La Presidenta:
Un momento, señor diputado.
El diputado José Guillermo Anaya
Llamas:
Sí, gracias.
La Presidenta:
Se ruega a los señores legisladores, sean
tan amables de ocupar sus curules y prestar atención al orador.
Continúe, señor diputado.
El diputado José Guillermo Anaya
Llamas:
Gracias, señora Presidenta:
La iniciativa presentada por el Partido
Verde Ecologista de México, el pasado 21 de febrero de 2001 y turnada por la mesa
directiva a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, proponía reformar el
artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para
que dentro de los representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal en el
consejo de administración de Pemex a que se refiere el artículo 7o. vigente de la ley en
referencia, figuraran el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A criterio de los integrantes de la
comisión dictaminadora y tomando en cuenta la exposición de motivos de la iniciativa, se
justifica que se integre al consejo de administración de Pemex, al Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, mas no así al Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior resulta innecesario, ya que de
conformidad con el artículo 9o. de la Ley de Entidades Paraestatales, es obligatorio que
en los órganos de gobierno y en su caso en los comités técnicos de las entidades
paraestatales, se encuentre representada dicha Secretaría.
En ese contexto, el pasado 6 de noviembre,
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública aprobó el dictamen sobre la iniciativa
en comento, para que el artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, quede de la siguiente manera:
Artículo 7o. El consejo de
administración de Petróleos Mexicanos, se compondrá de 11 miembros propietarios, a
saber: seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal, entre los que
deberá estar el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y cinco representantes
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que deberán ser
miembros activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos.
El presidente del consejo será el titular
de la coordinadora del sector al que esté adscrito Petróleos Mexicanos y tendrá voto de
calidad.
Por cada uno de los consejeros que se
designe se nombrará un suplente, los suplentes de los consejeros que representan al
Estado serán designados por los respectivos titulares y los de los consejeros sindicales
serán designados por el sindicato, debiendo reunir los mismos requisitos exigidos para
los propietarios.
Luego entonces, si este dictamen es
aprobado por esta soberanía y posteriormente por la colegisladora, entre los
representantes del Estado designados por el Ejecutivo en el consejo de administración de
Pemex; deberá estar un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
esto de conformidad con el artículo 9o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
El Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, según la reforma que presenta.
Y cuatro representantes más del Estado que
designe el Ejecutivo para completarse los seis representantes del Estado de que habla el
artículo 7o. de la Ley Orgánica de Pemex.
Tampoco afecta la representación que tiene
el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, toda vez que dicha representación
permanece inalterable.
Debe precisarse que los dictaminadores no
proponen incluir al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales al consejo de
administración y dejar fuera al Secretario de Hacienda y Crédito Público, sino que se
reforma la Ley Orgánica de Pemex; para que en su consejo de administración se
especifique que de los seis representantes del Estado que debe designar el Ejecutivo
Federal. Uno de ellos lo será el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se
consideró que otro de ellos lo sea el Secretario de Hacienda y Crédito Público, porque
la Ley Federal de Entidades Paraestatales ya establece que en los órganos de gobierno de
estas entidades es obligatorio que se encuentre representada la Secretaría de Hacienda.
Compañeros diputados: los integrantes de
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de nueva cuenta presentamos un dictamen
más a este pleno, el cual toma en consideración las observaciones de todos sus
integrantes en una previa discusión, ya que de esta manera se nutren los trabajos de esta
Cámara de Diputados, trabajos y discusiones que benefician al país y a los ciudadanos.
Señora Presidenta: hace un momento
solicitamos un receso, la Comisión de Gobernación, porque estábamos discutiendo y
consideramos presentar al pleno una modificación al presente dictamen, para que en el
capítulo de consideraciones en el inciso II se omita la palabra "únicamente",
además de que el párrafo a partir de la palabra "no así el Secretario de Hacienda
y Crédito Público" toda vez que no existe justificación alguna y los iniciadores
no esgrimieron motivación para ello, se omita del presente dictamen, para quedar como
sigue el capítulo de consideraciones en su inciso II. Diría así:
"Esta comisión dictaminadora está de
acuerdo con la justificación que los iniciadores hacen valer, en cuanto a que el
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales forme parte del consejo de
administración de Petróleos Mexicanos."
Lo que sigue, se propone que se elimine del
dictamen, toda vez que nos hemos puesto de acuerdo y consideramos necesario que quede como
lo he presentado, ya que hay algunas iniciativas presentadas entre otros diputados; por el
diputado Manuel Medellín y el diputado Eduardo Andrade, que proponen una reforma integral
en este tema, por lo cual, compañeras y compañeros diputados, solicitamos su voto a
favor con estas modificaciones al presente dictamen.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
ASISTENCIA
(II)
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría dar cuenta del
registro electrónico de asistencia e instruya a su cierre.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Se informa a la Presidencia que hasta el
momento el sistema registra la asistencia de 408 diputados. Ciérrese el sistema
electrónico.
PETROLEOS
MEXICANOS (iii)
La Presidenta:
Para fijar posiciones sobre el dictamen que
acabamos de escuchar, se concede el uso de la palabra a la diputada Sara Guadalupe
Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México.
La
diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
El petróleo es un recurso natural que
pertenece a los mexicanos, tal como lo establece nuestra Constitución. Pemex es una
empresa comercial a la que se ha encargado la responsabilidad de extraer, procesar y
comercializar el petróleo. El cuidado del medio ambiente debe ser condición para avanzar
en la modernización de Pemex, para lograr la transformación de su estructura actual, es
una condición para que pueda ser viable y sustentable en un mercado abierto a la
competencia.
En el grupo parlamentario del Partido Vede
Ecologista de México apoyamos un proceso de desarrollo más que de crecimiento, un
proceso tal en el que los legítimos intereses de nuestra población, de vivir en un
ambiente adecuado para su desarrollo, no sean dejados a un lado para dar prioridad a los
intereses de industrias que deterioran su entorno y equilibrio ecológico.
Como todos sabemos, Pemex como la mayor
empresa de México, ha tenido un desempeño ambiental muy por debajo de lo que debería,
poniendo en peligro a la salud pública y a los valiosos ecosistemas de nuestro país. No
podemos negar que Petróleos Mexicanos ha servido para que nuestra nación se desarrolle
en materia de energía con paz y certidumbre, que no tiene paralelo en ningún otro Estado
latinoamericano, sin embargo, nadie puede negar tampoco que muchos de los procesos
productivos de la paraestatal involucran un manejo específico y cuidadoso del entorno
ambiental.
Por ello, debemos fomentar que en los
procesos de desarrollo del país se cuenten las áreas de dirección de las empresas y
organismos nacionales, a las personas capaces de conformar un equipo que pueda realizar
las acciones conducentes para un auténtico desarrollo sustentable.
Como legisladores, si no aplicamos las
medidas y acciones oportunas arriesgaremos innecesariamente el porvenir de nuestro país
en el futuro. De nosotros como mexicanos y como representantes populares depende que esto
no suceda. Para evitarlo debemos aplicar acciones concretas en el futuro inmediato, tal es
el caso del dictamen en comento, en el cual se manifiesta que este Poder Legislativo es el
que tiene la determinación y la batuta en el concepto ambiental. Con este dictamen se
busca revertir la decisión del 13 de febrero del presente año, fecha de la instalación
del último consejo de administración de Pemex y en que hasta entonces había participado
como representante del Estado el o la titular de la Semarnap, una posición importante,
dada la alta incidencia que las actividades de la industria petrolera tienen en el medio
ambiente en toda la nación.
No pretendemos frenar la modernización de
Pemex; más aún, sabemos que para que el desarrollo pueda darse con calidad, es central
cuidar el medio ambiente y dado que el ambiente en sí representa un derecho y la lucha
por la defensa del entorno ecológico, implica un legítimo reclamo social que en muchas
ocasiones es contrario a los intereses del corporativo estatal.
La lucha por la defensa del medio ambiente
es simplemente impostergable. Hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para
nuestro desarrollo y bienestar, consagrado en nuestra Constitución Política, debe ser
una realidad actual. Por tanto, el consejo de administración de Pemex, la mayor empresa
de México, debe ser un ejemplo de conciencia ecológica para el resto de las entidades
públicas y privadas.
3112,3113,3114
Nuestro país en especial tiene una
importante responsabilidad con el mundo en tanto que Pemex, como una de las empresas
petrolera más importantes del orbe, debe procurar el cuidado de una gran biodiversidad,
reservas naturales, agua y subsuelos para beneficio de los seres humanos.
No obstante que algunas de las
instalaciones de la empresa han recibido certificados de calidad ambiental, es de suma
importancia apoyar a Pemex en su esfuerzo por reducir la contaminación ambiental.
También debemos extender un voto de
confianza para llevar al mundo práctico la garantía constitucional de un medio ambiente
sano para todos los mexicanos.
Por todo lo anterior, el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votará de manera afirmativa el
dictamen en comento, exhortando a las demás fuerzas políticas para que actúen en
consecuencia y no le nieguen a esta gran empresa mexicana la posibilidad de un verdadero
desarrollo sustentable.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Para fijar posiciones también, se concede
el uso de la palabra al diputado Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario
del PRD.
El diputado Auldarico Hernández Gerónimo:
Con su permiso, señora Presidenta:
El Partido de la Revolución Democrática
manifiesta su apoyo al dictamen que se presenta a discusión en esta Asamblea. Apoyamos
incorporar al consejo de administración de Pemex una visión ambientalista pero desde
ahora lo señalamos, no avalaremos que la actuación, en dicho consejo, del Secretario de
Medio Ambiente, vaya a avalar y legitimar las acciones que han resultado en detrimento del
entorno natural de aquellos lugares donde está establecido la pareaestatal.
En los estados del sureste de México hemos
padecido la contaminación y la corrupción de Pemex. Es hasta hoy, en la visión de los
pueblos aledaños a su explotación motivo de graves problemas de contaminación a los
suelos, a la tierra, al agua, en donde miles de campesinos y pescadores que viven de la
tierra y de su explotación, han visto mermado totalmente sus trabajos que corresponden y
que están ligados totalmente al medio ambiente.
Esta industria no ha producido otra cosa
más que contaminación ambiental y social. Es paradójico ver a los pueblos sumidos en la
marginación y la pobreza extrema sin servicios elementales, tales como agua potable,
casas de salud, medicinas, caminos, vemos caminos destrozados por la misma paraestatal y
que nunca los han reparado.
Vemos con buenos ojos de que este dictamen
que hoy se plantea, se plantee pues velar por el cuidado de nuestro entorno natural, sobre
todo en las zonas del sursureste del país en donde Petróleos Mexicanos, desde hace
muchísimo tiempo está operando.
Del mismo modo señalamos también que la
incorporación de dicho Secretario de Medio Ambiente, pues no quisiéramos ver y que
también planteemos que no asegura que estos casos de contaminación vayan a ser
diferentes.
Sin embargo, nosotros otorgamos un voto de
confianza, que no significa que es un cheque en blanco, por lo que vigilaremos con lupa la
participación de dicho Secretario. Nosotros vamos a estar pendientes, valoraremos en su
momento, en su actuación dicho Secretario, estaremos atentos, aplaudiremos por supuesto
las acciones que vaya a hacer en pro del medio ambiente y de no ser así, también
nosotros demandaremos, denunciaremos en las instancias que corresponda.
Muchísimas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Está a discusión en lo general y en lo
particular, el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo registrado oradores
en pro ni en contra, se procede a la votación.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el
artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo
general y en lo particular.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Por instrucciones de la Presidencia, en
votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido
el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Suficientemente discutido.
Pido a la Secretaría se sirva dar lectura
al considerando numero dos, como queda después hecha las modificaciones propuestas por la
comisión y leer el punto de acuerdo que se va a poner a votación, del decreto que se va
a poner a votación.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
De las consideraciones el inciso 2:
"esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la justificación que los
iniciadores hacen valer en cuanto a que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, formen parte del consejo de administración de Petróleos Mexicanos".
La Presidenta:
Ahora el artículo por favor, señor
Secretario.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Artículo único. Se reforma el segundo
párrafo del artículo 7o., de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, para quedar como sigue:
Artículo 7o. . .
Seis representantes del Estado,
designados por el Ejecutivo Federal, entre los que deberán estar el Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y cinco representantes del Sindicato de Trabajadores de
Petróleos de la República Mexicana, que deberán ser miembros activos de dicho sindicato
y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos.
. . .
. . .
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán.
Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10
minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.
( Votación. )
Ciérrese el sistema electrónico.
Se emitieron 379 votos en pro y tres votos
en contra.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Aprobado el proyecto de decreto por 379
votos.
Aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Pasa al Senado para los efectos
constitucionales.
Pasamos al capítulo de proposiciones.
El punto de acuerdo relativo a la
eliminación de las áreas naturales protegidas que plantea hacer el Ejecutivo Federal, ha
solicitado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista se posponga para una
próxima sesión.
ESTADO
DE GUERRERO
La Presidenta:
En tal virtud, continuando con el orden del
día de las proposiciones, correspondería al diputado Félix Salgado Macedonio del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentar un punto de acuerdo en
relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3115,3116,3117
Se concede el uso de la palabra al diputado
Salgado Macedonio.
El diputado José Félix Salgado
Macedonio:
Muchas gracias, compañera Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna para solicitar de
ustedes su solidaridad, sensibilidad para con el pueblo de Guerrero. Guerrero es un Estado
que tiene mucha pobreza, mucha marginación y mucho atraso social. Hay muchos estados de
la República que cuentan con una muy buena seguridad social, por ejemplo Nuevo León
tiene más del 80% cubiertos sus servicios de salud pública; Guerrero, que es uno de los
estados con mayor atraso y con mayor marginación, tan sólo tiene el 21%. Esto quiere
decir que no hay equidad y que hay cierta incomprensión de los gobiernos federales.
Desde 1985 se le quitó a Guerrero el
Programa IMSSSolidaridad; se descentralizó la salud, los recursos humanos y materiales
pasaron a ser parte del Estado, pero ahora se ha visto que no han funcionado con
eficiencia esos servicios y que por lo tanto estamos solicitando que vuelva ese Programa
IMSSSolidaridad.
Los hospitales, los que eran hospitales del
Seguro Social en Guerrero, ahora son cuarteles de los policías antimotines o de los
policías motorizados. Eso es lo que no queremos que siga sucediendo. Hay mucha gente,
sobre todo en la montaña, indígenas, campesinos y muchos ciudadanos que no tienen
salario, que requieren del apoyo urgente para abatir la mortandad infantil, maternal y
podamos tener un Estado con más salud pública.
Guerrero tiene una superficie de 63 mil 794
kilómetros, corresponde al 3.3% del territorio nacional; es un Estado muy rico y
paradójicamente con habitantes muy pobres. Tenemos minas de oro, de plata, maderas,
bosques, un gran litoral, minas de mármol, cobre; sin embargo, es un Estado con mucha
pobreza, es un Estado saqueado.
El Copladeg lo ubica en siete regiones
naturales que son Tierra Caliente, la zona Norte, zona Centro, la Montaña, Costa Grande,
Costa Chica y Acapulco, pero las regiones más pobres son la Montaña y Costa Chica,
algunas partes de la Costa Grande y Tierra Caliente y es allá donde queremos que lleguen
los hospitales para que éstos apoyen la salud de los habitantes.
Nuestro Estado tiene 76 municipios, la
mayoría tienen un alto grado de marginación; 13 de ellos corresponden a la Montaña y
nueve a la Costa Chica. Por ejemplo Metlatónoc es el municipio más pobre de la
República, seguido de Malinaltepec; éstas son poblaciones que están en la montaña alta
de Guerrero.
¿Por qué pedimos que vuelva
IMSSSolidaridad a Guerrero? Porque cuando estuvo se pudo constatar que se atendieron
consultas de primer nivel integral y con enfoque preventivo; hubo también una campaña de
prevención de enfermedades las 24 horas; se logró constatar también la disminución de
la mortandad materna, así como la mortandad infantil; se profundizó en la educación
para la salud.
La medicina preventiva no sólo fue
aplicación de biológicos, el objetivo fundamental fue cumplir los esquemas y erradicar
padecimientos prevenibles por vacunación. Había, pues, programas en todo el Estado y
ahora vemos que el propio gobierno del Estado siente y reconoce que hubo ineficiencias y
se ha vuelto una carga para ellos. Ojalá que el Secretario de Salud, que el Secretario de
Hacienda, tomen en cuenta estas consideraciones y que pueda volver el programa
IMSSSolidaridad a nuestro Estado de Guerrero.
Queremos entonces plantear este punto de
acuerdo que dice así:
PUNTO DE ACUERDO
"Primero. La Cámara de
Diputados, a través de las comisiones de Salud, Seguridad Social y Hacienda y Crédito
Público, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del
Seguro Social revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Atoyac de
Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Cuauyutla, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán
y Arcelia, Guerrero, con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de la
seguridad social en esas regiones del Estado de Guerrero.
Asimismo, con objeto de continuar
ofreciendo los servicios estratégicos de salud a la población marginada en los
municipios del área de influencia de dichos hospitales.
Segundo. Que esta Cámara de
Diputados emita una recomendación al IMSS y al gobierno de Guerrero, para que las
instalaciones, equipo, recursos materiales y humanos que fueron transferidos en 1985 al
gobierno de Guerrero, sean reintegrados al Instituto Mexicano del Seguro Social y que este
mismo opere nuevamente el Programa IMSSSolidaridad en el Estado de Guerrero, con la
finalidad de que su población más necesitada continúe avanzando en el desarrollo, como
es el caso de los estados de Chiapas y Oaxaca."
3118,3119,3120
Hemos visto, según los medios de
comunicación, que por ahí viene la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos y uno
de los planteamientos es incrementar el salario del Presidente de la República y algunos
otros funcionarios. El dice que no, pero parece que acá en el paquete se habla que sí y
como ya estamos acostumbrados a ese tipo de políticas de decir una cosa allá y otra cosa
acá, así como la política del wonder bra, que oprime a los de adentro y engaña
a los de afuera, entonces no descartemos pues que estemos aquí debatiendo al rato
ambigüedades.
Yo creo que un buen mensaje que le podemos
dar al pueblo de México en este momento de crisis y de recesión económica, es que
nosotros, los que decimos que representamos al pueblo, seamos solidarios y en lugar de
plantear incremento a salarios, deberíamos plantearnos cómo nos podemos reducir un poco
el salario. ¿Cuánto ganan los Senadores de la República? Poquito más de 150 mil pesos;
nosotros los diputados 55 mil más viáticos claro, más viáticos. ¿Cuánto ganan los
ministros de la Suprema Corte, los magistrados? ¿Cuánto ganan los generales del
Ejército mexicano que hay cerca de 500 ó más de 500?, también ganan su buen billete,
más de 100 mil pesos, diputados locales, alcaldes.
Yo creo que todos podríamos plantearnos
aquí la reducción de salarios y reducir los viajes, los viajes frívolos que no tienen
ningún sentido y reducir el séquito de los que viajan. Igual aquí entre nosotros
compañeros, hay compañeros que ya ni los conocemos, poco los vemos, porque se pasan
viajando, conociendo todos los recovecos del mundo.
Hay que bajarle a los viajes, hay que
bajarle a los gastos superfluos y hay que ir revisando los presupuestos, para que el
dinero alcance y para que enviemos un mensaje solidario al pueblo de México.
Pido pues su solidaridad para con el pueblo
de Guerrero y señora Presidenta, dejo la proposición en la Secretaría.
Muchas gracias por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo sobre
el Programa IMSSSolidaridad en el Estado de Guerrero.
El suscrito, diputado federal del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea una proposición con punto de acuerdo
para que las comisiones de Salud, Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público,
analicen y trabajen sobre la propuesta respecto a que el gobierno de Guerrero reintegre el
programa IMSSSolidaridad al Instituto Mexicano del Seguro Social de este mismo Estado.
CONSIDERACIONES
1. El Estado de Guerrero tiene una
superficie de 63,794 km2, que corresponde al 3.3% del territorio nacional, siendo la
decimocuarta entidad por su tamaño.
2. El territorio estatal está dividido en
76 municipios y 19 distritos judiciales. La división regional, hecha por el Copladeg,
considera siete regiones naturales con características socioeconómicas particulares,
cuya denominación es la siguiente: Tierra Caliente, Norte, Centro, la Montaña, Costa
Grande, Costa Chica y Acapulco. Existe además una gran dispersión.
3. Existe un alto grado de marginalidad en
22 municipios del Estado, los cuales se clasifican con un muy alto grado de marginación;
13 de ellos corresponden a la jurisdicción de la Montaña y nueve a la Costa Chica. Con
alto grado de marginación se inscriben tres municipios en La Montaña mientras que seis
de ellos se ubican en la Costa Chica.
4. Con objeto de coadyuvar el desarrollo
social, económico, cultural y de salud, hace 15 años aproximadamente el Instituto
Mexicano del Seguro Social aplicó en los municipios más marginados del Estado de
Guerrero el programa IMSS Solidaridad, del que se obtuvo una experiencia por demás
satisfactoria y de la cual se obtuvieron los siguientes beneficios en los siguientes
ámbitos:
Salud
Se atendió la consulta de primer nivel,
integral y con enfoque preventivo.
Enfoque anticipado con las enfermedades las
24 horas del día todo el año.
Se logró constatar la disminución de la
mortalidad materna, así como la mortalidad infantil. Se profundizó en la educación para
la salud.
La medicina preventiva no sólo fue
aplicación de biológicos, el objetivo fundamental fue cumplir los esquemas y erradicar
padecimientos prevenibles por vacunación.
Se mantuvo vigilancia para eliminar los
endo y exoparásitos.
El programa de letrinización en algunos
pueblos fue del 100%.
Económicos
Todos los servicios que se ofrecieron
fueron absolutamente gratuitos, incluyendo los medicamentos y material de curación.
El programa fue gestor ante las diferentes
instancias para: abrir brechas, construir puentes, escuelas, telesecundarias y otros. A
través del técnico polivalente se daba capacitación para: instalaciones eléctricas,
plomería y reparación de muebles.
Se mejoró la alimentación y la fuente de
ingreso cuando se promovieron cursos de corte y confección, corte de pelo, avicultura y
el huerto familiar, con apoyo del promotor de salud.
Con algunos pueblos se logró la
introducción de agua enmanguerada, desde el manantial más cercano al centro del pueblo
donde se construyó una pila que hacía la función de almacén.
Sociales
La comunidad vio la necesidad de
organizarse en diferentes comités: de salud, pro mejora del pueblo y pro mejora de la
iglesia.
Educación para integración familiar.
Se buscaba el acercamiento con diferentes
grupos para autoayuda como: Alcohólicos Anónimos etcétera.
Políticos
A través de la organización social, los
diferentes pueblos se organizaron para lograr un acercamiento con las autoridades a nivel
local, municipal y del Estado.
Culturales
Incremento en el nivel de escolaridad por
cursos.
Se respetaron íntegramente las costumbres,
creencias y las ideas de proyectos que se observaban con éxito en zonas diferentes, se
ofrecían y se intentaban aplicar en lugares que se pensaba tendrían éxito.
5. La salud física y mental de todo ser
humano es un derecho de todo ciudadano, pues conlleva al logro de metas y objetivos, a
luchar productivamente por un mejor nivel de vida integrados al núcleo familiar, por ello
es de vital importancia continuar llevando los servicios estratégicos de salud a las
poblaciones más marginadas.
6. Las necesidades de la población
guerrerense en materia de salud y seguridad social, son enormes. Abatir los rezagos
demanda un mayor esfuerzo de las instituciones públicas. Por tanto, la descentralización
del programa IMSSSolidaridad en Guerrero se justifica, más aún por la alta marginación
que existe en la entidad.
Por ello, les propongo y pido apoyen los
siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que la Cámara de
Diputados, a través de las comisiones de Salud, Seguridad Social y Hacienda y Crédito
Publico, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del
Seguro Social revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Atoyac de
Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Coahuayutla, Ayutla de los Libres, San Luis
Acatlán y Arcelia, Guerrero, con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de
seguridad social en esas regiones del Estado de Guerrero. Asimismo, con objeto de
continuar ofreciendo los servicios estratégicos de salud a la población marginada en los
municipios del área de influencia de dichos hospitales.
Segundo. Que esta Cámara de
Diputados emita una recomendación al IMSS y al gobierno de Guerrero para que las
instalaciones, equipo, recursos materiales y humanos que fueron transferidos en 1985 al
gobierno de Guerrero, sean reintegrados al Instituto Mexicano del Seguro Social y que este
mismo opere nuevamente el programa IMSSSolidaridad en el Estado de Guerrero, con la
finalidad de que su población más necesitada continúe avanzando en su desarrollo como
es el caso de los estados de Chiapas y Oaxaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de
noviembre de 2001.— Diputado Félix Salgado Macedonio.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Salud, con
opinión de Seguridad Social y Presupuesto.
ESTADO
DE HIDALGO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Raúl Efrén
Sicilia Salgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una proposición con punto de acuerdo, en relación a la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro, en cuanto a que eficientice el suministro de energía eléctrica a 45
municipios del Estado de Hidalgo.
El diputado Raúl Efrén Sicilia
Salgado:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras diputadas, compañeros legisladores:
Factor fundamental en la planeación del
desarrollo integral a nivel municipal, regional, estatal y nacional lo es contar con una
adecuada infraestructura de bienes y servicios que satisfagan los requerimientos de esa
proyección.
Así, el sector energético, entre otros,
es la base para lograr el éxito de ese desarrollo que debe fatalmente traducirse en
mejores niveles de vida, no sólo a la ciudadanía, sino proyectarse firmemente en avance
económico y social en los ámbitos que hemos señalado.
Al hacer un análisis retrospectivo y un
diagnóstico del sector energético eléctrico en términos de lo aportado en los informes
presidenciales, en donde no sólo se analiza el avance logrado, sino que gráficamente se
detallan los montos de generación, transmisión y distribución de la energía en los
últimos siete años; aunado a ello, los informes recabados al respecto por el grupo
parlamentario priísta, debemos señalar que indudablemente hay un avance en ese servicio,
aclarando que como sector estratégico, existen algunas vertientes que es necesario
examinar, analizar y evaluar para plantear una reestructuración en los conceptos
señalados de generación, transmisión, distribución y comercialización.
La capacidad instalada en operación y
generación de energía eléctrica en este año será de 36 mil 268 megawatts, de las
cuales la Comisión Federal de Electricidad produce el 93.5% y Luz y Fuerza del Centro el
6.5%. El avance es significativo pero insuficiente.
El desarrollo social, comercial e
industrial del país, considerando la estabilidad de la macroeconomía, nos encamina a
estimar la necesidad de promover el desarrollo regional como una respuesta parcial al
reclamo social, quien aspira a la debida impartición de la justicia social equivalente a
dar más a los que menos tienen.
La Compañía de Luz y Fuerza del Centro
otorga el servicio de suministro de energía eléctrica a 45 municipios del Estado de
Hidalgo, 81 del Estado de México, tres de Puebla y dos de Morelos y a 16 delegaciones
políticas del Distrito Federal.
Quiero hacer mención que en Hidalgo, la
prestación de ese servicio energético eléctrico es deficiente, siendo las causas de
ello muy diversas y de las cuales enumeraré algunas: líneas y equipos obsolescentes,
algunas de las primeras con casi 100 años de existencia, falta de mantenimiento a
transformadores, líneas y equipos ilícitos y fraudes por robo de energía, falta de
recursos para expansión, rehabilitación y modernización, lo que presenta un panorama
preocupante en la prestación eficiente y de calidad del servicio y, por consecuencia, las
limitaciones para promover un desarrollo regional sin contar con energía eléctrica
suficiente y de calidad. Sin electricidad no hay avance, progreso y desarrollo.
Para el año 2001 el Estado de Hidalgo fue
considerado por Luz y Fuerza del Centro en un programa de inversión en la suma de 374
millones de pesos, siendo 282 millones 500 mil pesos para expansión, 27 millones para
rehabilitación y 64 millones 500 mil pesos para modernización, equivaliendo ello al 11%
del total de inversión de la empresa, contra el 45% al Estado de México y 41% al
Distrito Federal.
Si bien es cierto que estos porcentajes se
programan de acuerdo al número de usuarios, también lo es que para Hidalgo es muy
reducido el programa de inversión. Basta citar que para rehabilitación, únicamente se
invierten 27 millones de pesos, para atender 1 mil 160 kilómetros de líneas y miles de
transformadores obsoletos.
El bajo voltaje es el reclamo generalizado
en los 45 municipios de la entidad, por las causas antes señaladas. Esto es algo que debe
de atenderse con urgencia. Les resultaría increíble que no sólo en las zonas rurales,
sino en las áreas urbanas y suburbanas de las ciudades, a la hora pico no es posible que
funcionen al mismo tiempo un aparato televisor simultáneamente con un refrigerador o con
una plancha o con una licuadora. Esto ha sido durante nuestra campaña políticoelectoral
y en la actualidad, un reclamo generalizado de la ciudadanía y autoridades municipales.
La dirección y los trabajadores de Luz y
Fuerza del Centro hacen permanentemente un esfuerzo para abatir esta problemática en la
entidad, pero no es suficiente. Finalmente la carencia de recursos son el cuello de
botella de este asunto.
Es justo reconocer a Luz y Fuerza del
Centro la actitud asumida para con los municipios a los que presta sus servicios, en lo
que toca a alumbrado público y sistemas operadores de agua potable.
La junta de gobierno de la empresa acordó
en junio del año en curso y como apoyo a las finanzas municipales de 131 municipios de
los estados de: Hidalgo, México, Puebla y Morelos, que toda entidad municipal que
liquidara los consumos de energía eléctrica de 2001 y garantice los pagos futuros al
programarlos en sus presupuestos, los adeudos históricos de esas municipalidades
quedarían pendientes en su solución hasta en tanto la propia empresa, las secretarías
de Hacienda y Energía, los gobiernos estatales y municipales encuentren o concerten los
mecanismos o acciones legales para solventar esos adeudos históricos que aproximadamente
suman 2 mil millones de pesos.
Esta acción, digna de todo elogio a favor
de Luz y Fuerza ha dado respiro y tranquilidad a las finanzas municipales, estando en la
actualidad tramitándose los convenios respectivos. Esos adeudos históricos, objetiva y
materialmente han sido impagables por los deudores.
Si esta medida beneficia a los municipios,
en contrapartida afecta a los ingresos de la Compañía de Luz y Fuerza y la ata a
programar inversiones más considerables en las entidades, como el caso del Estado de
Hidalgo; ello nos lleva al círculo vicioso de no eficientar el suministro eléctrico para
promover el desarrollo regional.
Si a Hidalgo no se le otorgó el aeropuerto
alterno de la Ciudad de México, en lo que equivaldría un acto de justicia social, ahora
el Gobierno Federal tiene la oportunidad de hacer esa justicia social al estado
eficientando todo el sistema de suministro de energía eléctrica en la entidad para que
pueda promover su desarrollo regional y estatal.
Por lo anterior y en el caso específico de
los 45 municipios del Estado de Hidalgo, formulo la proposición con punto de acuerdo para
que en el Presupuesto de Egresos de 2002 se considere una partida presupuestal de los
recursos fiscales federales a favor de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro
etiquetados para la rehabilitación de líneas y equipos en el Estado de Hidalgo en la
suma de 380 millones de pesos en términos del proyectocosto anexo a esta proposición y
así cumpla el Gobierno Federal con el compromiso legal constitucional de impartir esa
justicia social al Estado de Hidalgo en esta área.
«Para: diputado Raúl Sicilia Salgado.
De: licenciado Marco Antonio González
Pineda, secretario Ejecutivo de la CEE.
La rehabilitación de las líneas de
distribución de energía eléctrica, en el área de operación y en el área de
potencialización de Luz y Fuerza del Centro implica una inversión total estimada de 380
millones de pesos de acuerdo a la siguiente estimación:
Red de distribución $60.000,000.00
Re de potencia $320.000,000.00
Total $380.000,000.00
Atentamente.
Pachuca, Hidalgo, a 12 de noviembre de
2001.— Comisión Estatal de Energía.— Licenciado Marco Antonio González
Pineda, secretario ejecutivo de la CEE.»
Pido respetuosamente se turne la presente
proposición a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Energía.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, diputado.
Turno a las comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Energía.
Sobre el mismo tema ha solicitado el uso de
la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Villegas Flores, del grupo
parlamentario de Acción Nacional.
El
diputado Carlos Nicolás Villegas Flores:
Con su permiso, señora Presidenta;
amigas y amigos legisladores:
La fracción parlamentaria del Partido
Acción Nacional y especialmente los diputados del Estado de Hidalgo recibimos y apoyamos
con gusto la inquietud que en esta tribuna hemos escuchado en voz de nuestro compañero
del PRI, que me antecedió en el uso de la palabra. Es muy claro que apoyaremos siempre
cualquier iniciativa que dignifique la calidad de vida de los hidalguenses.
Mi fracción parlamentaria siempre se ha
manifestado a favor de la calidad de los servicios que el Gobierno debe prestar a los
ciudadanos mexicanos, así como del mejoramiento de las instalaciones que generan estos
servicios. Por tal razón, quiero puntualizar algunas situaciones de interés general.
Primeramente no debemos pasar por alto que
los servicios que prestan empresas administradas por el Gobierno Federal conllevan un
costo que en ocasiones difícilmente es recuperado por estas mismas y que en un momento ni
siquiera es negociado por los usuarios. Tal es el caso de algunos ayuntamientos en los
estados de Hidalgo, México, Morelos y Puebla, que han desviado recursos en lugar de
cubrir sus adeudos por energía eléctrica.
Por lo que, aprovechando este punto de
acuerdo, debemos llevar siempre a una mesa de negociación la recuperación o reestructura
de los mismos.
En segundo lugar, consideramos que los
activos fijos manejados por Luz y Fuerza del Centro, S.A., se encuentran de tal manera
deteriorados, que es inminente dotarla de los recursos necesarios para el mejoramiento del
servicio que ellos otorgan.
Por otro lado, en Luz y Fuerza del Centro
los ingresos netos para el 2002 se estiman en 2 mil 657. 8 millones de pesos, en tanto que
su gasto programable ascenderá a 14 mil 551.1 millones de pesos, con lo que obtendrá un
déficit de operación por 11mil 893.3 millones de pesos y requerirá de transferencias
por el mismo monto. De tal manera que el déficit que se indica propone estrictamente
cubrir el costo de la nómina del personal, adquirir gas para plantas de generación y
cubrir los compromisos de operación indispensables.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido
Acción Nacional se manifiesta a favor de que todas las fracciones parlamentarias que
integran esta Cámara de Diputados estudien y analicen en el debate de las comisiones la
búsqueda de los medios económicos, técnicos y financieros, para poder dotar a este
sector vital para el desarrollo del país de una infraestructura suficiente en cantidad y
calidad que responda a las necesidades de los hidalguenses y de todo el pueblo mexicano.
Es cuanto, señora Presidenta. Muy amable.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
DISTRITO
FEDERAL (III)
La Presidenta:
Pasando al siguiente punto del orden del
día, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Ramírez Cabrera, del grupo
parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo,
en relación a la protección civil en el Distrito Federal.
El diputado Francisco Ramírez Cabrera:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Vengo a presentarles un punto de acuerdo
para el entubamiento del gran canal, que está aquí a una cuadra de esta honorable
Cámara de Diputados.
Desde el comienzo de la urbanización de
ésta, nuestra ciudad capital, uno de los criterios a seguir fue el de desecar o utilizar
como alternativa de desagüe a los ríos, que en aquél entonces corrían por la ciudad.
Con esta finalidad los ríos que no fueron
desecados comenzaron a ser entubados para servir como flujo de drenaje de aguas negras y
para este efecto las administraciones de la Ciudad de México invirtieron fuertes
capitales para entubar dichos ríos y así dotar de este indispensable servicio a toda la
población.
3121,3122,3123
El gran canal del desagüe del valle de
México, quedó instaurado formalmente en el año de 1900, para ese entonces se lograron
atender las necesidades de descarga fuera del valle de México, lo que hizo pensar que se
había dado una solución definitiva al problema de las inundaciones de la ciudad, la que
albergaba cerca de 1 millón de habitantes. Sin embargo, este sistema logró funcionar
hasta mediados de los años veinte, donde se volvieron a presentar problemas de
inundaciones de magnitud considerables.
Desde esos años han sido evidentes los
constantes hundimientos diferenciales que hicieron perder pendiente al sistema de
colectores que conforman al gran canal del desagüe. En los años cuarenta, esto fue
corroborado por científicos en la materia.
A partir de los años treinta, el
crecimiento de la población en el valle de México comenzó a despegar. En 1930, en la
región habitaron más de 1 millón de personas. Para 1940 se alcanzaron los 2 millones. Y
en los años sesenta más de 6 millones. Actualmente habitan en la zona metropolitana
cerca de 18 millones y en las delegaciones de la Ciudad de México 8.5 millones de
habitantes. Esto ha implicado inversiones ininterrumpidas para diversos conductos para el
drenaje y el inicio del sistema de presas para la regulación de las avenidas de la
ciudad. Sin embargo, las inundaciones continúan haciéndose presentes y a riesgos
mayores.
Si bien desde los años cincuenta se
comenzó la construcción de grandes plantas de bombeo de los colectores principales al
gran canal, las inundaciones en la ciudad continuaron, lo que derivó en la instauración
del sistema de drenaje profundo a fines de los años sesenta.
El sistema de drenaje profundo actualmente
cuenta con más de 80 kilómetros de interceptores, además de los 50 kilómetros del
emisor profundo. El objeto básico del sistema es evitar las inundaciones que causen
daños directos a la vida de la población en todos sus aspectos, así como a sus bienes.
El gran canal recibe las descargas de toda
la zona urbana situada al oriente, del interceptor poniente y al norte del Río
Churubusco.
Como consecuencia del hundimiento de la
ciudad, las descargas al gran canal tienen que efectuarse por bombeo, para aprovechar las
pendientes que originalmente tenía y que permitía el desagüe por gravedad.
Desafortunadamente el hundimiento de la Ciudad de México ha ocasionado que éste pierda
pendiente, al grado de que en los primeros 20 kilómetros ya es prácticamente cero y se
pronostica que en los próximos años es probable que la pendiente se torne positiva, lo
que acarrearía como consecuencia que en vez de trabajar como desfogue de aguas negras
fuera del valle de México, tendería a retenerlas aquí mismo.
El gran canal ha venido perdiendo capacidad
de descarga, al pasar de 90 metros cúbicos por segundo en los años sesenta, hoy sólo 12
metros cúbicos.
En la actualidad, para suplir esta falta de
capacidad, se construyó el sistema de drenaje profundo, al cual se le han agregado las
descargas del sur y sureste de la Ciudad de México. No obstante estas obras gigantescas,
sigue latente el riesgo de inundaciones en nuestra gran ciudad.
En la actualidad la composición de las
aguas residuales del Distrito Federal no cumplen las normas ambientales en la materia. A
esto hay que agregar otro problema, las aguas del gran canal y sus afluentes, presentan
indicadores de contaminación altísimos sobrepasan por mucho a todas las normas mexicanas
aplicables.
La concentración de metales pesados,
arsénico y organismos patógenos son igualmente elevados, la mayor parte del gran canal
está entubado excepto un tramo en la delegación Venustiano Carranza el cual al estar a
cielo abierto genera malos olores, fauna nociva y afecta la salud de los habitantes de las
colonias 10 de Mayo, Moctezuma, 20 de Noviembre, Simón Bolívar y otras.
Por lo anterior y con fundamento en lo que
disponen los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, en mi calidad de integrante del grupo parlamentario de
Acción Nacional y los diputados que firman el presente documento, nos permitimos someter
a consideración de esta Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Túrnese este documento a la
Comisión del Distrito Federal por medio de su Secretaría de Obras y Servicios el
entubamiento del llamado gran canal del desagüe en el tramo correspondiente a la
delegación Venustiano Carranza que corresponde desde su punto inicial, en la colonia 10
de Mayo hasta el límite de la delegación en la avenida Río Consulado.
Esto con la finalidad de dotar a la
población de un ambiente más sano así como de servicios más eficientes, esto con la
finalidad de dotar a la población de un ambiente, que así como también se dé servicios
más eficientes.
Por su atención amigos y que nos ayuden a
resolver este problema del gran canal, su servidor diputado Francisco Ramírez Cabrera les
da las gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Distrito
Federal y Presupuesto el planteamiento de la proposición de referencia.
El siguiente punto de acuerdo relativo al
proceso legislativo en torno a la reforma fiscal ha solicitado el grupo parlamentario del
PRD se posponga para una próxima sesión.
El punto de acuerdo en relación a la
reforma fiscal, ha solicitado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México se posponga para una próxima sesión.
COMISION
NACIONAL DEL AGUA
La Presidenta:
En consecuencia se concede el uso de la
palabra a la diputada Josefina Hinojosa Herrera del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, quien nos solicita pasemos el turno al final de las
proposiciones.
Está llegando la diputada Hinojosa; la
diputada Josefina Hinojosa Herrera presentará un punto de acuerdo con el tema vinculado
con que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año
2002, considere mayores recursos para los programas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento que opera la Comisión Nacional del Agua. Hasta por 10 minutos diputada.
La diputada Josefina Hinojosa Herrera:
Con su permiso, señora Presidenta:
He solicitado hacer uso de esta tribuna
para exponer un punto de acuerdo que tiene especial relevancia para miles de familias y
ciudadanos cuyas carencias quizá no ocupan lugares privilegiados en el debate nacional,
por lo que pido atentamente a mis compañeros legisladores un esfuerzo para atender esta
propuesta.
Espero asimismo, que los compañeros de los
medios de comunicación se interesen por recuperar para sus medios un asunto que hoy nos
ocupa y que es de vital importancia, la problemática del agua potable.
Elevar los niveles de vida, de bienestar de
la población, es un objetivo primordial del desarrollo social, por lo que toda acción,
programa o política pública que contribuya al logro de éste, se constituye como
fundamental y requiere del impulso en nuestro criterio y exigencia de todos los órdenes
de gobierno para promoverse y consolidarse.
Una de las demandas populares más sentidas
es un justo reclamo por mejorar sus condiciones de vida. Este ha sido, contar con
servicios básicos indispensables, como lo es el agua potable. De ahí la importancia,
compañeros legisladores, de administrar y preservar tan vital líquido, de asegurar la
cantidad y calidad de la misma para lograr su uso integral sustentable y ampliar y
conservar la infraestructura hidráulica destinada a tales fines.
Los recursos que deberán canalizarse para
impulsar el desarrollo de dicha infraestructura, son fundamentales, esto es urgente para
nuestros conciudadanos, que se lleven a cabo acciones que resultan de manera radical los
rezagos existentes en el abastecimiento de agua potable y en la cobertura de
alcantarillado y saneamiento, tanto en poblaciones urbanas como rurales.
Ciertamente, compañeros legisladores, las
acciones emprendidas en esta materia por la Comisión Nacional del Agua en coordinación
con los gobiernos estatales y municipales, han coadyuvado a ampliar y mejorar la
infraestructura en estos servicios; sin embargo, este esfuerzo es aún insuficiente, pues
un grupo representativo de la sociedad como seguramente nos consta a todos nosotros, a los
compañeros de Guerrero, de Puebla, de Zacatecas, de San Luis Potosí, en cada uno de sus
municipios, cientos de pobladores no tienen agua potable y carecen de este elemental
servicio miles y miles de familias, con todas las consecuencias que ello implica para la
vida cotidiana de amas de casa y familias enteras.
Sobre el particular, los recursos
canalizados por parte de la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua en el
Presupuesto de Egresos de este año, fueron del orden de 3 mil 074 millones de pesos,
monto presupuestal que se ajustó en 593 millones de pesos además de dos recortes
presupuestales en este último periodo, de 250 y 151 millones de pesos aplicados, esto es
por la Secretaría de Hacienda.
Aún, compañeros legisladores, cuando el
agua ha sido tratada deliberativamente como un asunto de seguridad nacional, esto se queda
por supuesto en las declaraciones. Esto último, no obstante, además también que el
artículo 32 fracción II del decreto presupuesto, establece que la Secretaría de
Hacienda efectuará ajustes y reducciones al gasto buscando no afectar metas sustantivas
del gasto social, con lo que queda en entredicho entonces, compañeros legisladores, la
supuesta prioridad del agua potable y se ha violado flagrantemente como en otras ocasiones
lo que establece el decreto de presupuesto que esta Cámara aprobó en diciembre pasado.
Los recortes presupuestales mencionados
afectaron en mayor medida a la aplicación de las personas rurales, que son las que
presentan mayores rezagos en la materia, según datos del I Informe de Gobierno del
Presidente y del informe de labores de la Semarnap al final del año 2000, la población
sin servicio de agua potable ascenderá a 11 millones de personas, 2.6 millones de
personas en zonas urbanas y 8.5 millones en zonas rurales.
El alcantarillado igualmente. La población
sin este servicio será de 26 millones, 9.3 millones en zonas urbanas y 17 millones en
zonas rurales.
En cuanto a la cobertura de los servicios
de agua potable por entidad federativa para este año, entidades como Tabasco, Veracruz,
Guerrero, Chiapas, Campeche, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas, presentan los más
graves rezagos en la materia, considerando que entre un 56.8% de su población y 20.6% de
la población de estos estados, carecen de este elemental servicio.
En alcantarillado, son los estados de
Puebla, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Hidalgo y Zacatecas, los que
presentan los más altos porcentajes también en el rezago, entre un 30% y hasta un 60% de
la población carece de este servicio.
En materia de saneamiento, se prevé que de
un total de 1 mil 27 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, sólo
operarán 802 con las cuales se podrá tratar sólo el 25% del total de aguas
recolectadas.
En cuanto a plantas potabilizadoras, se
espera que al final del año operen sólo 340 de un total de 406 plantas.
Es tal entonces, compañeros legisladores
la problemática de agua potable en el país, que es común escuchar a lo largo y ancho de
la República, el reclamo ciudadano por la misma. Debemos entonces ocuparnos con
responsabilidad, esta soberanía, compañeros legisladores, está mandatada para ello.
Con nuestro impulso daremos realidad a lo
que el Plan Nacional de Desarrollo y el acuerdo político nacional establece, un valor
esencial al agua como elemento estratégico para atender las necesidades sociales básicas
de la población e impulsar el desarrollo de las actividades económicas del país.
«Por lo antes expuesto y con fundamento
con lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputada federal integrante
del grupo parlamentario del PRI, someto a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del Ejercicio 2002 se otorguen mayores recursos financieros a la
Comisión Nacional del Agua, para que la cobertura de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento se amplíe sustantivamente a un mayor número de habitantes.
Segundo. Que se establezca por esta
soberanía mecanismos de supervisión adicionales para fortalecer las reglas de operación
de los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, garantizando la operación
eficaz de los mismos en las entidades federativas, además de dar prioridad a aquellas que
presenten los mayores rezagos en la materia.
Tercero. Que esta soberanía
establezca en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este próximo
año, una disposición que limite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
efectuar recortes a los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, buscando
con ello subsanar el rezago generado en este ejercicio fiscal.
3124,3125,3126
Compañeros legisladores: leía que el
Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca contiene una programación para
este año de 45 mil 378 millones de pesos, según se propone el Ejecutivo, aprobemos en
este programa para seguir financiando los programas de saneamiento de apoyo a ahorradores
y deudores que finalmente son programas que financian fundamentalmente al capital
financiero.
Tenemos la obligación como legisladores,
compañeros, de reorientar el gasto y hacer ajustes necesarios y atender las prioridades
nacionales, las prioridades de la gente a la que representamos, no nos costaría mucho
destinar un mayor presupuesto a una prioridad básica, agua potable, alcantarillado y
saneamiento, con lo que miles y miles de familias mexicanas satisfacerían una demanda y
una exigencia básica.
Firman el punto de acuerdo, acompañan este
punto de acuerdo los compañeros Silverio López, Jorge Luis García Vera, José
Antonio Leyva, José Jaime García, Eduardo Andrade, Francisco Ríos,
Jaime Larrazábal, Lorena Beaurregard, Roque García, Juan
Carrasco, Elías Dip, Justino Hernández, Miguel Ortiz, Tomás
Torres, Celestino Bailón, Héctor Pineda, Raúl González Villanueva,
Jaime Alcántara, Eréndida Coba, Araceli Domínguez, Concepción
González Molina, Efrén Leyva, Alejandro Cruz, Roberto Domínguez,
Francisco González, Patricia Aguilar, Olga Margarita, Magdalena
Núñez, Víctor Roberto Infante César Duarte y Alfonso Elías
Cardona.»
Gracias, compañeros.
La Presidenta:
Gracias, compañera, muy amable.
Túrnese a las comisiones de Presupuesto
y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos.
CIENCIA
Y TECNOLOGIA
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la
presentación de un punto de acuerdo para que los gobiernos de los estados y los congresos
locales establezcan comisiones de ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Silvia
Alvarez Bruneliere, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Silvia Alvarez Bruliere:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Los integrantes de la Comisión de Ciencia
y Tecnología sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo, a
través del cual los diputados integrantes de diversas fracciones parlamentarias de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhortan a los congresos de los
estados para que conformen en su interior una comisión ordinaria en ciencia y tecnología
a fin de incrementar el desarrollo en esta materia, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Desde ya varias décadas atrás los avances
científicos y tecnológicos revolucionan al mundo a una velocidad vertiginosa. Los
márgenes del conocimiento se presentan cada vez más distantes de los parámetros
culturales del ciudadano común, especialmente entre aquellos pueblos o sectores más
desfavorecidos. No obstante, una vez que las bondades de la ciencia y la tecnología
llegan a manos de las naciones, éstas asimilan rápidamente sus ventajas; paralelamente
las naciones sufren de una dependencia cada vez más profunda, así como también de un
ensanchamiento mayor entre las diferencias educativas, tecnológicas, económicas y
sociales, en comparación con los países más industrializados del orbe.
No debemos interpretar esta idea como una
edificación del conocimiento, sino por el contrario, pretendemos evidenciar en su justa
medida el importante papel de la ciencia y la tecnología como factor de desarrollo, que
conjuntamente con la economía y la política bien pudiera catalogarse como factor de
soberanía nacional.
Ciertamente la ciencia y la tecnología se
constituyen como un elemento constituyente de lo económico, lo político y social que en
los últimos años ha ido ganando terreno y hoy se le empieza a reconocer como motor que
impulsa el desarrollo integral de las sociedades.
Por otra parte, la ciencia y la tecnología
deberían ser concebidos, como el mismo Plan Nacional de Desarrollo considera, área
prioritaria del desarrollo de la nación. El resultado es que vivimos en un México de
fuertes contrastes económicos y sociales y evidentemente científicos y tecnológicos,
dado en parte por una tradicional centralización de instituciones, recursos humanos y
financieros que dan lugar a un desarrollo desigual, tanto a lo largo como a lo ancho de
nuestro territorio.
Efectivamente, la atención que se ha
prestado en nuestro país al impulso de la ciencia y la tecnología es muy débil aún. La
preparación científica y la introducción, producción y dominio de la tecnología es
insuficiente. Se han hecho esfuerzos para formar un núcleo científico de alta calidad;
sin embargo, sigue siendo reducido el interés del sector privado y de la industria por la
generación de conocimiento e innovación y aunque el gasto en investigación y desarrollo
registró un incremento del 28%, si consideramos las fechas entre 1977 y 1999, éste ha
pasado del 0.34% del Producto Interno Bruto, al 0.4%, esto representa una cifra muy por
debajo del promedio registrado por los países con los que tenemos más relaciones
comerciales, lo cual coloca a nuestra nación en la posición competitiva número 36 en
relación con otros países.
Por mencionar algunos datos, España aplica
el 0.9% de su Producto Interno Bruto, Brasil el 0.91%, Canadá el 1.58% y Estados Unidos
el 2.65%, contra naturalmente 0.4% de México.
La innovación es otro de los indicadores
que nos revela el estado de la ciencia y la tecnología en el país. Tenemos que el
número de patentes solicitadas y concedidas en México por nacionalidad de los titulares,
en el año de 1999 fue: Alemania 351, Estados Unidos 2 mil 324, España 152, Francia 209 y
México 120. Estos indicadores son muestra clara que en México no se ha logrado
establecer una política para hacer que la ciencia y la tecnología sea parte de una
cultura nacional.
En este escenario el Poder Legislativo ha
jugado un papel apenas incipiente. Tenemos que la función legislativa se materializa a lo
largo de un proceso creativo de normas jurídicas destinadas a reglamentar la
organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos y las relaciones entre el
Estado y sus habitantes y de éstos entre sí.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que de los
31 estados del país y el Distrito Federal, tan sólo cinco congresos estatales y la
Asamblea de este último cuentan con una comisión de ciencia y tecnología, nos daremos
cuenta del poco interés o información de la materia a nivel nacional. Entre los estados
con ese tipo de comisión legislativa se encuentran Chihuahua, Coahuila, México,
Zacatecas y Yucatán.
¿Cómo entonces daremos cumplimiento al
mandato constitucional y legal que en materia de ciencia y tecnología señala, en su
artículo 73, como una facultad del Congreso, la de expedir leyes tendientes a la
generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que
requiere el desarrollo nacional?
Las características geográficas,
ecológicas, climatológicas y de riqueza natural, de diversidad biológica de nuestra
población, hacen que cada Estado de la República sea diferente a los demás y por ende
su problemática y desarrollo también.
Así, cada Estado tiene su propio perfil de
situaciones particulares y especiales que requieren de acciones específicas para su
resolución. Por ello, en muchas acciones las actividades científicas y tecnológicas
dirigidas hacia la solución de urgentes problemas nacionales, tienen poco o ninguna
incidencia en los problemas locales y estatales.
Estos requieren de un enfoque y énfasis
diferente, dirigido a la problemática puntual y que es de gran importancia y relevancia
para el estado correspondiente. De aquí que debe existir a nivel de congreso estatal, la
estructura adecuada para abocarse a la solución a través de la creación de instrumentos
legales y formar parte de la solución y del desarrollo estatal.
Esa estructura corresponde a la comisiones
de ciencia y tecnología, así la sociedad de cada estado contará con el instrumento
adecuado para creación de leyes acorde a la realidad de cada estado, así como de los
medios para definir y jerarquizar la problemática y retos que deben dirigir los
instrumentos requeridos para su estudio y solución.
Lo que no hagan los estados para resolver
los problemas científicos y tecnológicos específicos que tienen y consecuentemente no
identifiquen sus necesidades y demandas específicas, tampoco será observable para otras
entidades que no tienen conocimiento de ello. Lo peor, es que no podremos hablar de una
cooperación regional para la solución de problemas concretos de las entidades
federativas. Esos problemas que tendrían un aliado determinante en el conocimiento y
desarrollo tecnológico e innovación tales como la pobreza, la alimentación
insuficiente, la falta de salud y de las tecnologías que pudieran proveerla o la
educación parcial o deficiente.
Por ello la creación de comisiones de
ciencia y tecnología en los congresos locales, apoyarán fuertemente la
descentralización del ejercicio científico y tecnológico; fortalecerán las comunidades
académicas y técnicas locales; reforzarán los lazos de entendimiento y confianza entre
academia, sociedad, aparato productivo y gobiernos estatales y serán una demostración
real de la federalización de la ciencia y la tecnología.
Por lo expuesto y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, los suscritos legisladores presentan el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se exhorta con respeto
irrestricto a la soberanía de los estados a que los congresos locales favorezcan la
creación de comisiones ordinarias de ciencia y tecnología para que a través de sus
tareas de dictamen, información y control, brinden un mayor impulso a este sector tan
importante para el desarrollo de su entidad y en consecuencia del desarrollo de la
nación.
Firman los diputados integrantes de la
Comisión de Ciencia y Tecnología.
Es todo, señora Presidenta.
La Presidenta:
Muchas gracias, distinguida diputada.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política, túrnese a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
INSTITUTO
PARA LA PROTECCION
AL AHORRO BANCARIO
La Presidenta:
Continuando con el orden del día tiene el
uso de la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo, con objeto
de que el Procurador Fiscal de la Federación comparezca ante la Comisión de Vigilancia
de la Contaduría Mayor de Hacienda.
El diputado José Antonio Magallanes
Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Desde hace algunos meses el Procurador
Fiscal de la Federación ha realizado múltiples señalamientos en torno a diversos temas
que están relacionados con la crisis y el rescate bancario, incluyendo las relacionadas
con el conflicto de intereses de los vocales independientes de la Junta de Gobierno del
IPAB.
Ha señalado públicamente que la
Procuraduría a su cargo realiza investigaciones sobre funcionarios que protegieron a los
banqueros Angel Isidoro Rodríguez y Carlos Cabal Peniche y ha acusado ante la Secodadm a
tres vocales independientes del IPAB, por tener conflicto de intereses.
Con respecto al último escándalo del
IPAB, ha señalado que ya se tienen identificadas diversas cuentas bancarias, mediante las
cuales a través del secretario adjunto jurídico del IPAB, se llevan a cabo operaciones
de lavado de dinero, inclusive una de ellas encontrada en islas Gran Caimán.
CONSIDERANDO
1o. Que el licenciado Gabriel Reyes Orona
antes de ser procurador fiscal de la Federación, se desempeñó durante algunos años
como director jurídico del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), como
consta en los informes del Banco de México de 1996 a 1997.
2o. Que el día de ayer el contralor
interno del IPAB señaló que la Secodadm no encontró elementos que demostraran la
existencia de conflicto de intereses de los vocales independientes.
3o. Que debido al cargo que detentaba en el
Fobaproa, debió estar presente en las reuniones del Comité Técnico del Fobaproa.
4o. Que el licenciado Reyes Orona fue,
entre otras cosas, uno de los encargados de concluir las operaciones de compra de cartera.
5o. Que el informe de Michael Mackey,
respecto de los programas de compra de cartera, señalaba textualmente lo siguiente: la
inclusión de créditos aparte relacionados Banamex, Atlántico, Bromex y Bancomer, pueden
inducir a pensar que algunos deudores recibieron trato preferencial. El comité técnico
del Fobaproa decidió modificar los lineamientos del programa, que excluían cierto tipo
de créditos, como los créditos "E" o los dados a parte relacionadas.
3127,3128,3129
6o. Esto fue la respuesta de las
autoridades al hecho de que el programa no fue instrumentado de manera eficiente y que
esto no solucionó el problema fundamental.
7o. Que en el argot financiero, la
calificación de "E" es aplicada a los créditos que son irrecuperables, es
decir, aquéllos de los que nada se va a obtener de recuperación y que en el working
paper de Bancomer, claramente se ilustra la manera en que fueron transferidos al
Fobaproa, aproximadamente 38 millones de pesos, producto de 21 créditos en diciembre de
1995.
Lo que constituye una muestra fehaciente de
la inconstitucionalidad de estas operaciones de compra de cartera, ya que en el momento de
que el Fobaproa adquiría un crédito irrecuperable, era equivalente a comprar una deuda y
para adquirir una misma, el Gobierno Federal requiere la aprobación del Congreso mexicano
y esta autorización jamás fue solicitada.
8o. Que es de suma importancia que, todos y
cada uno de los diputados contemos con la mayor información en torno al proceso del
rescate bancario y del IPAB.
9o. Que la información respecto de las
diversas declaraciones que ha hecho el Procurador Fiscal de la Federación en torno al
rescate bancario, seguramente nos brindará mayores elementos para esclarecer y resolver
de mejor manera el tema FobaproaIPAB.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a este pleno, la aprobación del
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados cite a
comparecer al licenciado Gabriel Reyes Orona, Procurador Fiscal de la Federación, para
que explique las acusaciones realizadas a algunos miembros de la Junta de Gobierno del
IPAB, así como las acciones y responsabilidades que tuvo a su cargo como director
jurídico del Fobaproa.
Segundo. Que la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados exhorte a la
Secodadm a realizar una investigación sobre un posible conflicto de intereses en el caso
del Procurador Fiscal de la Federación, licenciado Gabriel Reyes Orona.
Este punto de acuerdo lo firman los
diputados Victor Infante González, Adela Arenso Bautista, Francisco Cárdenas,
Policarpio Infante, Aarón Irizar López, Benjamín Ayala Velázquez, compañeros del
PRI; Martí Batres Guadarrama, Miroslava García Suárez, Magdalena Núñez Monreal,
Bonifacio Morales Reyes, son del PRD; José Manuel del Río Virgen, de
Convergencia y José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista, así
también como Simón Villar Martínez, del Partido Revolucionario
Institucional y quien manifiesta este punto de acuerdo, Antonio Magallanes, del
Partido de la Revolución Democrática.»
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de
la Contaduría Mayor de Hacienda.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso
de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Guadarrama López, del grupo
parlamentario de Acción Nacional.
El
diputado Francisco Guadarrama López:
Con su permiso, señora
Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Nuevamente el tema de la controvertida y
muy discutible impugnación del Procurador Fiscal de la Federación en contra de los
vocales independientes de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario mejor conocido como el IPAB, ocupa nuestro tiempo.
Señalo muy discutible la impugnación
orquestada por parte del procurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, en
contra de los vocales independientes del IPAB, porque para que un alto funcionario del
Gobierno Federal emprenda acciones de esta naturaleza, debe tener la suficiente integridad
y autoridad moral para cuestionar la conducta de los mencionados servidores públicos.
El pasado 24 de octubre ante la Comisión
de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, en sesión de trabajo en la
que comparecieron tres de los cuatro vocales independientes y el secretario ejecutivo del
IPAB, se desahogó suficientemente el punto de controversia en la que se demostró
plenamente el fallo emitido por la Secodadm.
Después de una minuciosa y profesional
investigación realizada, llegó a la conclusión que dos de los vocales independientes:
el ingeniero Adalberto Palma Gómez, así como el licenciado Carlos Isoart Iviesca, no
tenían absolutamente ningún problema respecto a conflicto de intereses que el susodicho
Procurador Fiscal aseguró; en tanto que los vocales Creel, Covián y Murrieta Necoechea
tenían abierto un procedimiento administrativo que permitiría esclarecer públicamente
su situación y que el día de ayer la Secodadm emitió su fallo favorable, en el sentido
de la no existencia de conflicto de intereses en torno a su desempeño actual.
El senador Jesús Ortega, coordinador del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó que con
respecto al asunto del conflicto de intereses, los señalamientos los hizo Reyes Orona,
que es el Procurador Fiscal y francamente me parece un juego el decir que lo hizo en su
calidad de ciudadano y no de Procurador Fiscal.
Al senador Jesús Ortega le asiste la
razón cuando afirma: "ningún funcionario, mucho menos altos funcionarios de la
administración pública de otro poder, ya sea del Legislativo, del Judicial tienen la
calidad de funcionarios o servidores públicos de primer nivel solamente por la mañana y
no por la tarde o por la noche". Nada más falaz que eso, es decir, el servidor
público, es servidor público las 24 horas del día y los 365 días del año; se es
diputado representante popular las 24 horas y todos los días del año. Es una mentira
quien afirme que es funcionario por la mañana y ciudadano por la noche. La función que
otorga el cargo es permanente hasta que se da la separación del mismo. Sin embargo, no es
el momento de distraer la atención y el tiempo que requiere el Congreso de la Unión, en
polémicas o enfrentamientos personales.
Es absurdo que ahora el señor Procurador
fiscal acuse a estas personas de conflicto de intereses cuando él mismo en su carácter
de director jurídico y siendo secretario del comité técnico del Fobaproa, firmó parte
del equipo que ocultó información y se negó rotundamente a que el auditor Michel Mackey
realizara las auditorías que el Congreso de la Unión le había encomendado, como lo cita
textualmente en su informe Mackey, en la página 16 que dice: "en un inicio tanto la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como el Fobaproa, estaban muy renuentes a hablar
con nosotros y se tuvieron retrasos considerables en septiembre, octubre y noviembre de
1998". Durante este periodo el comité de contrataciones nos proporcionó varias
cajas de documentación; sin embargo, nadie estaba disponible para proporcionarnos ningún
contexto de los documentos o ni siquiera para explicar su importancia.
Derivado de lo anterior el proyecto tenía
más tiempo del necesario para avanzar en las etapas preliminares.
Adicionalmente es importante recordar que
el señor Reyes Orona, carga con dos responsabilidades más que gravitan en el fuerte
daño a las finanzas del país, ya que participó en el otorgamiento de los avales de las
operaciones de compra de cartera y también participó directamente en el diseño de los
contratos como el de la operación entre los bancos "Bital" y
"Atlántico", por mencionar algunos.
Compañeros legisladores: no debemos
olvidar que existe una serie de tareas pendientes que requieren pronto acuerdo y
resolución por parte de esta Asamblea, como unas reformas a la Ley de Protección al
Ahorro Bancario, con el propósito de lograr obtener un mejor funcionamiento del IPAB.
Sólo por citar un asunto, es importante
que el propio instituto en casos especiales lleve a cabo las visitas de inspección y
auditoría a las instituciones de crédito correspondientes, toda vez que actualmente el
artículo 33 faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para cumplir con esta
actividad y en forma marginal podrá participar el instituto en dichas revisiones que son
fundamentales para medir la situación financiera, contable y legal de las instituciones,
que corresponda a las metas establecidas en el programa correctivo.
Otra prioridad no menos importante y en la
que todos los grupos parlamentarios coincidimos, es en reducir el costo fiscal del rescate
bancario, conforme lo mandata expresamente el artículo quinto transitorio de la Ley del
IPAB.
Asimismo afirmamos que es urgente revisar
la cartera transferida de algunos bancos como Banamex y Bancomer, que el día de hoy se
sabe dichas instituciones entregaron cartera, no respetando las reglas que estableció el
Fobaproa, acumulando intereses moratorios o quizá cartera ya descontada o alguna otra
forma del propio programa de capitalización y compra de cartera que no se cubrió.
En la misma línea podemos mencionar los
asuntos urgentes y de obvia resolución que tiene que cumplir la propia Procuraduría
Fiscal de la Federación, que representa el señor Reyes Orona, conforme a la estructura
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene funciones como representar a la
Secretaría ante los tribunales de la República ante las demás autoridades en la materia
de amparo. Además representar el interés de la Federación en controversias fiscales a
la Secretaría y a las autoridades que de ella dependan en toda clase de juicios,
investigaciones y procedimientos administrativos ante los tribunales de la República y
ante otras autoridades competentes.
Dicho en otros términos, es la dependencia
que tiene bajo su responsabilidad evitar y perseguir los delitos de evasión y elusión
fiscal; asunto éste que basta abrir cada día un periódico de circulación nacional para
atestiguar escándalos de evasión y elusión fiscal comprobables de manera concreta.
En materia de juicios de amparo también
tenemos conocimiento de las cuantiosas pérdidas por concepto de devolución de impuestos,
por citar alguno en los que particulares le ganan el juicio al Fisco…
La Presidenta:
Diputado, sólo para decirle que
concluya a la brevedad.
El diputado Francisco Guadarrama López:
Concluyo.
El grupo parlamentario de Acción Nacional
ratifica una vez más su posición de no a la impunidad, deslinde de responsabilidades y
la aplicación directa de la ley en los casos en que se compruebe responsabilidad.
Por ello compañeros diputados integrantes
de esta Asamblea, si el motivo de citar al señor Reyes Orona, es para que responda por
los actos cometidos como responsable jurídico del Fobaproa, Acción Nacional avala la
comparecencia propuesta por el PRD.
Es cuanto, señora diputada.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
El punto de acuerdo relativo a la deuda de
las empresas sociales, en donde participa Fonaes, ha solicitado el grupo parlamentario del
PT, se posponga para una próxima sesión.
SECTOR
PESQUERO
La Presidenta:
En consecuencia se concede el uso de la
palabra al diputado Edilberto Buenfil Montalvo, para presentar un punto de acuerdo
relativo a los pescadores para que en épocas de veda se incorporen a programas de empleo
temporal.
El diputado Edilberto Jesús Buenfil
Montalvo:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El acuerdo que se establece en las reglas
generales de operación del Programa de Empleo Temporal considera que son proyectos
productivos aquellos que propicien tanto el arraigo de la población en sus lugares de
origen como el desarrollo de sus capacidades.
Asimismo señala que las políticas de
desarrollo social del Ejecutivo Federal tienen como objetivo propiciar la igualdad de
oportunidades, elevar los niveles de bienestar y calidad de vida que los mexicanos hoy y
de manera prioritaria han disminuido y ha aumentado la pobreza, la exclusión social,
estableciendo la necesidad de asegurar el uso eficiente de los recursos humanos y
materiales de que dispone el país, mediante la creación de empleo en el sector rural,
cuando se reduce por efectos de temporalidad de sus actividades.
Como vemos, el Programa de Empleo Temporal
ha sido un instrumento básico de la estrategia global del Gobierno Federal para la
superación de la pobreza en las zonas marginadas del medio rural; sin embargo, nosotros
creemos que este programa debe extender su cobertura hacia otro segmento del sector
primario: los pescadores en temporada de veda.
3130,3131,3132
¿Por qué los pescadores cuando hay veda?
Bueno, porque como es sabido la pesca ha constituido una de las actividades más
importantes en la economía nacional al generar una enorme cantidad de alimento que la
población requiere y a la vez ocupar a un gran número de personas en forma directa e
indirecta.
Sin embargo, las cifras señalan una
significativa disminución en los volúmenes de captura debido a diversos factores, entre
los que se encuentran: establecimiento de periodos de veda y regulaciones en algunas
especies, restricciones en las áreas de pesca por la actividad petrolera, contaminación
ambiental de las lagunas, esteros y arroyos considerados como criaderos naturales de
algunas especies, sobrexplotación de especie de alto valor comercial, aumento en el
esfuerzo pesquero ribereño.
Todo esto ha ocasionado una dramática
descapitalización del sector, el cual se ubica al borde de una crisis, al grado de no
obtener a veces los ingresos suficientes para cubrir al menos los costos de operación,
afectándose con ello a miles de familias que dependen exclusivamente de esta actividad.
Ante esta situación, en esta tribuna
expreso mi irrestricto compromiso con los hombres del mar para tratar de dar respuesta al
reto que significa redimir a la actividad pesquera y coadyuvar a que se visualice como una
expectativa real de desarrollo.
Es urgente acrecentar las oportunidades de
inclusión en el mercado laboral de los pescadores en épocas de veda; a través de
actividades que empleen mano de obra no calificada y que se orienten a la creación,
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura portuaria pesquera, estas acciones lo
permitirán.
Robustecer y diversificar el ingreso
permanente de los pescadores durante las vedas y al mismo tiempo propiciarán un
sustancial incremento en la rentabilidad y capitalización de los activos con que cuentan.
Por ello solicito se considere la
incorporación de los pescadores en temporada de veda al Programa de Empleo Temporal,
tomando en cuenta las vocaciones regionales de nuestros litorales como son los sistemas
lagunarios, estuarinos y las aguas marinas del Golfo de México, del Océano Pacífico y
del Mar Caribe.
En estas zonas se establecen diversos tipos
de veda en diferentes épocas para especies tales como el camarón, el pulpo, la tortuga,
el delfín, abulón, ballena, langosta y caracol.
Esto permitirá generar alternativas de
ocupación temporal que permitan rehabilitar y mejorar la infraestructura social y
productiva del medio pesquero y a la vez propiciar la creación de puestos de ocupación
temporal que posibiliten obtener ingresos a la población que se dedica a esta actividad
durante las épocas de veda.
Dentro de las acciones que podrían
realizarse con el apoyo de este programa, se encuentran las siguientes: liberar de
contaminantes a las áreas que han sido consideradas como criaderos naturales de algunas
especies; limpiar los atracaderos de las embarcaciones que en algunos casos han recibido
las descargas de aguas negras y contaminantes orgánicos e inorgánicos; construcción y
rehabilitación de infraestructura pesquera; actividades en beneficio de sus tareas como
son: reparación y mantenimiento y equipo e infraestructura pesquera.
Por lo anteriormente expuesto, les pido que
nos unamos en torno a esta noble petición de apoyo para este subsector que acusa bajos
niveles de productividad en cierta época del año y regiones del país que se ve frenada
su actividad en razón de las vedas. De esta manera solicito al pleno un punto de acuerdo
de urgente resolución, solicito se aprueben recursos económicos suficientes para que los
pescadores en época de veda, sean incorporados al Programa de Empleo Temporal que prevé
el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año
2002.
Firman esta propuesta, diputados: Alberto
Anaya, del PT; Martí Batres Guadarrama, del PRD; Bernardo de la Garza Herrera, del
Partido Verde; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; Berta Alicia Simental, por
el PSN y por el Partido Revolucionario Institucional, don Rafael Rodríguez Barrera.
Asimismo, tenemos las firmas de los
compañeros que de alguna manera están involucrados en esto y que son los compañeros de
Tamaulipas, Simón Villar; de Veracruz, Eduardo Andrade; de Tabasco, Feliciano Calzada; de
Campeche, José del Carmen Soberánis y un servidor Edilberto Buenfil Montalvo; de
Yucatán, el compañero Granja Ricalde; de Quintana Roo, Héctor Esquiliano; de Baja
California, Enriqueta Bacilio; de Sonora, Arturo León; de Sinaloa, Víctor Manuel
Gandarilla; de Nayarit, don Miguel Castro; de Jalisco, José María Correa; de Michoacán,
Jaime Rodríguez; de Guerrero, Raúl González; de Oaxaca, Jaime Larrazábal y de Chiapas,
Andrés Carballo.
Asimismo, tenemos compañeros como la
diputada Rosa Elena Baduy; Augusto Gómez Villanueva; Marcos López Mora; Roque Gracia
Sánchez; José Ignacio Mendicuti; Efrén Leyva; José Antonio Calderón; José Esteban
Sandoval; Jesús de la Rosa; Juan Manuel Martínez; José Gerardo de la Riva; Claudio
Bres; Jaime Mantecón y Timoteo Martínez.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Por instrucciones de la Presidencia, de
conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Señora diputada, quisiera yo consultar con
esta Asamblea nuevamente en votación económica, la votación para que en caso de que no
fuese evidente el resultado de la misma, pudiéramos proceder de otra forma. Le ruego
vuelva a preguntar.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Los diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Solicito a la Secretaría abra el registro
de la votación electrónica hasta por 10 minutos y procedan a hacer los avisos
correspondientes.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Con base en el artículo 161 del
Reglamento, se solicita se abra el registro electrónico por 10 minutos y se den los
avisos correspondientes.
(Votación.)
La Presidenta:
Consulte la Secretaría si
oportunamente algunos diputados señalaron que había problema con su registro
electrónico.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Tenemos únicamente reportado al diputado
Florentino Castro, para que por favor exprese el sentido del voto.
Se emitieron 178 votos en pro y 165 votos
en contra, señora Presidenta.
La Presidenta:
Le ruego a la Secretaría dé lectura al
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
Reglamento para el Gobierno Interior.
Artículo 59. "En los casos de
urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los
individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus
miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y
ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura".
La Presidenta:
En virtud del resultado de la votación y
habida cuenta de que no se considera de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo,
se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Pesca.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso
de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Manuel del Río Virgen.
El diputado
José Manuel del Río Virgen:
Con el permiso de la Presidencia; honorable
Asamblea:
Es increíble que alguien se pueda oponer a
destinarle recursos a los pescadores mexicanos. ¡No va a haber IVA por ningún motivo
para los más pobres de este país! ¡No aceptamos de ustedes que quieran pedirle..!
La Presidenta:
Esta Presidencia exhorta a la Asamblea
a prestar atención a la intervención del diputado.
Continúe diputado.
El diputado José Manuel del Río
Virgen:
¡Es el tema y es el tema de los recursos
para los más pobres!
No lloramos. No lloramos...
La Presidenta:
Nada más les recuerdo que no son
válidos los diálogos y le ruego intervenga en relación al tema que se le ha otorgado la
palabra.
El diputado José Manuel del Río
Virgen:
Gracias, señora Presidenta:
Solamente para decir que los programas de
empleo temporal son proyectos productivos que propician tanto el arraigo de la población
en sus lugares de origen, como el desarrollo de sus capacidades. Son una compensación
económica ante la imposibilidad de obtener ingresos por falta de capacitación
profesional o infraestructura laboral, como pasa en otros sectores.
Existen en el país grandes demandas de
apoyo para los más pobres de la patria. Falta una política integral de atención a
personas que viven de los productos del agua y esto lo complica todo. Tan sólo del área
potencial para la pesca, acuacultura, la Semarnap estimó en el año 2000 dos millones de
hectáreas y solamente se utilizan 46 mil. Este es el caso de los municipios que tienen
pescadores en temporada de veda, quienes no gozan de apoyo de empleo temporal.
Por lo tanto, los municipios con pescadores
en veda del país deben urgentemente gozar de este apoyo que ayudará a evitar la
migración y la pobreza. Ejemplos de municipios pobres con pescadores en temporada de veda
hay muchos, tan sólo en la región norte del Estado de Veracruz, que abarca regiones como
Tecolutla, Nautla, Casitas, Tuxpan, muchos pobladores solicitan que el Gobierno Federal
los apoye con programas y recursos necesarios para salir de la pobreza.
En este sentido requieren del apoyo
decidido de las grandes capacidades e inteligencia del Secretario de la Sagarpa y del
Gobierno y de sus tres niveles de gobierno, porque la pobreza los agobia.
Mientras todo esto se da, mientras el
Gobierno decide apoyar a los pescadores en temporada de veda, los pescadores de Tecolutla,
Nautla, Casitas y Tuxpan, así como de todo el país, en el mejor de los casos se emplean
como albañiles, boleros, mozos, limpia parabrisas y barrenderos, que aunque no dejan de
ser subempleos honestos los desarraiga de sus costumbres, familia e histórica tradición
pesquera. En el peor de los casos se dedican a delinquir, a emigrar en busca del sueño
norteamericano encontrando muchas veces la muerte, al deambular de un lugar a otro y luego
a la indigencia, que es el grado más triste al que puede llegar un ser humano o mejor
dicho al que el Estado, al no cumplir con su obligación los orilla.
Los pescadores libres que trabajan para
permisionarios no tienen seguridad, las cooperativas padecen la época de veda y no hay
otras alternativas. Debemos incorporar a los pescadores en temporada de veda al Programa
de Empleo Temporal, ya que este sector trabaja con bajos niveles de productividad en
varias épocas del año, por lo que no pueden salir de la pobreza, porque las épocas de
veda son largas y constantes y por ello no pueden pagar el IVA que quieren algunos
compañeros.
Gracias.
3133,3134,3135
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
¿Para rectificar hechos, diputado Buenfil?
Esta Presidencia con todo gusto abre el
registro de oradores para rectificar hechos. Sin embargo, queremos hacer para conocimiento
del pleno, una información.
La mesa directiva recibió oportunamente el
registro de este tema como de urgente y obvia resolución. El mandato de la Asamblea
señaló que ese trámite no era el pertinente y por tanto se turnó a comisiones. No
está a debate el turno a comisiones del tema. Se abre el registro de oradores para
rectificar hechos por una sola ronda.
Le ruego entonces a los diputados que
quieran hacer uso de la palabra para rectificar hechos, nos hagan el favor de registrarse.
Esta
Presidencia informa que se han registrado para rectificar hechos los diputados de los
grupos parlamentarios: Gutiérrez Machado, de Acción Nacional; Félix Salgado Macedonio,
del PRD; Edilberto Buenfil, Efrén Leyva y Martha Sánchez, del Partido Revolucionario
Institucional; López Brito, de Acción Nacional; Concepción Salazar, del Partido Verde
Ecologista de México; Jaime Larrazábal, del Partido Revolucionario Institucional y
Hervis, del PRD.
En consecuencia, se concede el uso de la
palabra al diputado Gutiérrez Machado, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta
por cinco minutos.
El diputado
Miguel Angel Gutiérrez Machado:
Con el permiso de la mesa directiva:
Que quede claro para esta Cámara y para el
pueblo de México que el PAN, la fracción parlamentaria del PAN, nunca ha estado en
contra de ningún grupo en este país y mucho menos de los pescadores mexicanos.
Que lo que las voces improvisadas puedan
decir en esta máxima tribuna no conocen las pláticas que se dieron antes de la
presentación del punto de acuerdo, desconocen y utilizan falaz y trapaceramente esta
tribuna, lo que se habló e incluso el diputado que presenta el punto de acuerdo no
desmentirá mis palabras, en que estuvimos en el contenido del mismo totalmente de
acuerdo, pero en contra del trámite que se solicitaba para el mismo.
Los prontismos, las prisas descocadas, las
discusiones sin consenso, discutir por discutir, sin darle tiempo al tiempo y a la
plática de lo que se está discutiendo, nos lleva al fracaso, señores diputados; lo que
pedíamos era que se turnara a la comisión para su estudio y análisis y pudiera ser
integrado al presupuesto.
Nunca hemos estado en contra de los
pescadores ni de apoyar a nadie en este país que se deba apoyar, es una
irresponsabilidad, señor diputado, pedir más recursos cuando no se sabe todavía de
dónde van a salir y cuando lo mejor es sentarnos a la mesa a poner los puntos de cómo
darle camino a esto a través de la reforma fiscal.
Sentémonos señores diputados a darle
camino a lo que estamos pidiendo en esta tribuna; las improvisaciones nos llevan sólo a
improvisar y 70 años de improvisaciones tienen a México como lo tienen hoy.
Amigos diputados, el PAN estará dispuesto
a sentarse en la mesa de las discusiones cuando los temas lo ameriten y este tema lo
amerita al 100%, nada más que la urgente y obvia resolución; el prontismo y las prisas
no nos llevan a ningún lado. Sentémonos a discutir, pongamos y tracemos los caminos que
nos lleven a apoyar no sólo a los pescadores, sino a sectores desprotegidos que sus
gobiernos crearon y vayamos caminando para el beneficio de las clases más desprotegidas
de este país.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado
Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado
José Félix Salgado Macedonio:
Gracias, compañera Presidenta:
En esta proposición del compañero Buenfil
pensé que podíamos sacarla de común acuerdo, es decir, de consenso todas las fracciones
parlamentarias, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que la bancada azul se opuso y esto me
recuerda a los viejos tiempos, pues, cuando el PRI era mayoría, así le hacía
exactamente como lo están haciendo ustedes, igualito, pero le hacían igualito, su
comportamiento es como si tuvieran la mayoría; qué bueno que no tienen la mayoría,
porque si la tuvieran, qué íbamos a hacer.
Bueno, la proposición es clara y me parece
muy justo que los pescadores en épocas de veda puedan ser tomados en cuenta para
participar en programas de empleo temporal. ¿Qué de malo tiene? ¿Dónde está el
problema? ¿Por qué esa oposición?
El diputado Machado en la comisión dijo
estar de acuerdo, pero ya después dice que pues su grupo le dijo que siempre no. Qué
pena que los diputados tengan que responder aquí a intereses de grupo y no a intereses de
la gente que dicen que representan.
¿Qué acaso en Yucatán no hay litoral?
¿Qué acaso no hay pescadores? Entonces yo estoy viendo la misma situación del PRI y el
PAN que están iguales y qué bueno, saludo ahora la posición aquí del PRI, porque se
tome en cuenta a los pescadores.
Nosotros venimos de Guerrero, tenemos un
gran litoral; tenemos muchos pescadores, muchos de ellos a la vez campesinos u otros que
viven exclusivamente de la pesca; son gente de escasos recursos económicos; no cuentan
con apoyos y efectivamente, en épocas de veda ¿qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué
pretendemos hacer de ellos: delincuentes, asaltantes en las carreteras? Ellos tienen
familia, tienen hijos que sostener, que enviar a las escuelas.
Yo creo que debemos de pensar en ellos y no
está por demás que se le rasguñe un poquito al presupuesto. Esto es de urgente y obvia
resolución y no le anden haciendo como el chango, maromas y maromas, de mecate en mecate,
que se vaya a comisiones. Si no quieren, que ya se vio que no quieren, claramente, eso
digan: que no quieren. ¿Qué caso tiene estar aquí entreteniendo una discusión que no
le veo el sentido?
Esto es de justicia elemental para los
pescadores y se está viendo muy mal la bancada del PAN, porque se entiende que la gente
votó por el cambio; que ustedes iban a hacer el cambio y que iban a hacer las cosas
mejores que el PRI; pero por lo que estamos viendo, sigue siendo lo mismo.
No hay cambio, más que de colores; se
salió el tricolor y entró el azul, pero la situación sigue siendo de desastre para las
clases más desprotegidas.
Muchas gracias, por su atención.
La Presidenta:
El diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado
solicitó la palabra para contestar alusiones personales. Hasta por cinco minutos,
diputado.
El diputado Miguel
Angel Gutiérrez Machado:
Con el permiso de la mesa directiva y
tratando de entender y esperando que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra
no se haya confundido de foro, yo quisiera puntualizar lo que dije en mi anterior
intervención.
El PAN está totalmente de acuerdo con el
contenido del punto que presentó el diputado Edilberto Buenfil. En lo que no estamos de
acuerdo, porque consideramos que no son los caminos que enriquecen las discusiones en esta
Cámara, es en el prontismo y en la prisa de urgente y obvia resolución.
Reiteramos que estamos a favor de los
pescadores y a favor de cualquier otro grupo vulnerado que necesite recursos; pero no
estamos a favor y estaremos siempre en contra de las prisas que dañan a este país.
El diputado pide justicia para los
pescadores y yo le digo que legislar a la carrera, con prisas y sin planeación, es más
injusto que lo que vino usted a decir acá, señor diputado.
Y por último, estamos aquí para legislar
con toda la seriedad que esperan los mexicanos que votaron por nosotros, señores
diputados. La Cámara y el Congreso no son una telenovela ni una película; estamos en la
vida real y hay que votar y trabajar para la vida real de los mexicanos.
La Presidenta:
Tiene la palabra el… diputado Félix
Salgado… Para contestar alusiones personales el diputado Félix Salgado.
El diputado José
Félix Salgado Macedonio:
Diputado Machado, me parece que es muy
incongruente en su planteamiento.
Dice que no está en contra de los
pescadores y si no está en contra entonces ¿por qué no apoya a los pescadores aquí con
su voto? ¿Por qué no vota a favor de que ellos puedan tener empleo temporal cuando
están en época de veda?
Eso de aducir de que no les gusta hacer las
cosas a la carrera, que no les gusta hacer las cosas con prisa, pues me parece muy
infantil, esa es una propuesta muy infantil. Yo creo que aquí está muy claro cuál es la
posición de ustedes. No quieren a la carrera que se vote el presupuesto y la reforma
hacendaría de su jefe Vicente Fox. Además el diputado que hace rato habló, del PAN, dio
a entender: "aprobemos lo que viene, el IVA a la medicina, al alimento etcétera y
ahora sí hablamos de lo demás". Están recurriendo a una política de chantaje, eso
sí me parece que es vil y que es criminal.
Nosotros no vamos a aprobar la reforma
hacendaria de Fox, no vamos a aprobar el punto referente a que se le ponga IVA a las
medicinas, a la comida, a los libros, al transporte, a colegiaturas; ahí de una vez vayan
poniéndose bien de acuerdo porque nosotros no vamos a votar en contra de la gente, en
contra del pueblo.
Entonces, fijemos bien las posiciones
aquí, seamos congruentes. La política es como una película y estrenamos maleante cada
seis años, tenemos un actor cada seis años, por cierto, a veces grotescos, criminales,
asesinos, corruptos. Hoy tenemos uno de botas de charol y de grandes bigotes y esto es lo
que hay en este país y yo espero que no nos convirtamos en lacayos del poderoso, que
seamos de verdad independientes, congruentes con nuestro pensamiento y con nuestro sentir
y que trabajemos escuchando el reclamo de quienes nos mandaron aquí.
Me da pena su posición, compañero
diputado, se lo digo con todo cariño, qué vergüenza tener diputados que defiendan los
intereses del patrón y no defiendan los intereses del pueblo. Luego haremos una película
de un ranger con botas matando indios.
Muchas gracias.
La Presidenta:
El diputado Machado ha solicitado el uso de
la palabra para contestar alusiones personales.
Esta Presidencia desea hacer una respetuosa
exhortación a los legisladores para que estemos en aptitud de cumplir nuestra obligación
reglamentaria de otorgar la palabra cuando haya alusiones, pero subrayo que encerrar el
debate en controversias de carácter personal debilita la fuerza de análisis de esta
Cámara.
Con esa observación previa, diputado, se
le concede el uso de la palabra para contestar alusiones personales.
El diputado Miguel
Angel Gutiérrez Machado:
Con su permiso, señora Presidenta:
Y precisamente por la dignidad de este
Congreso asumo nuevamente esta tribuna, para puntualizar tres cosas.
Número 1. Estamos a favor de los
pescadores, estamos en contra del trámite y por si no se entendió, mi voto fue en contra
del trámite con prisas, sin camino, sin consenso y a la carrera, pero a favor de lo que
trae el punto de acuerdo, a favor de apoyar a los pescadores de México.
Y precisamente el PAN ha dado muestras de
ese apoyo a ese sector mexicano y fue a iniciativa de la bancada del PAN la solicitud de
aumento al combustible de los pescadores y también aumentar el presupuesto el año
pasado, que por cuestiones de políticas económicas se redujo, pero ha sido y será
motivo de las decisiones de la fracción parlamentaria del PAN, el apoyar a ese sector y a
otros, como ya se ha mencionado.
Nos da pena que en esta tribuna se
manifiesten los desconocimientos de los trámites que aquí se han aprobado; no votamos en
contra de los pescadores, sino en contra del trámite que no conduce a nada en el Congreso
de la Unión y por supuesto que estoy de acuerdo en que la política es una película que
dura seis años; la suya duró dos semanas en cartelera, señor diputado.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Edilberto
Buenfil Montalvo, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
3136,3137,3138
El
diputado Edilberto Jesús Buenfil Montalvo:
No cabe duda que cada vez se les olvidan
más las cosas. El año pasado el presupuesto llevó una cierta cantidad para aplicarla en
pesca. El primer recorte se lo aplicaron a pesca y con ello una gran cantidad de proyectos
del sector pesquero se vieron frenados. Es por eso que el día de hoy, aquí en esta
tribuna y después de haber consensado con todos y todos estuvieron de acuerdo y por qué
de urgente resolución, porque estamos acá —como dijo el diputado—, para
legislar y estamos a punto de tener un nuevo presupuesto y en ese presupuesto si no queda
contemplado el recurso para apoyar a esos pescadores, no los podremos apoyar durante el
año 2002.
Es por eso que era urgente la resolución,
es por eso que le pedíamos a todos los compañeros que nos apoyaran para apoyar al sector
pesquero. Por eso estábamos aquí, pero vemos cómo hoy llega un presupuesto alejado del
sector social otra vez, pero veremos cómo a la Presidencia hay un aumento.
¿Qué tendremos que hacer los compañeros
que de alguna manera tenemos contacto con los pescadores, de tener que dar un concierto en
beneficio de ellos? ¿Qué tenemos que hacer los que verdaderamente tenemos contacto con
los pescadores, que no estamos con las ciudades y que nada más comemos las viandas porque
son ricas y son frescas?
No, señores, hay que ver cómo sufre el
pescador cuando le ponen la veda, que no tiene recursos para vivir, y ¿qué es lo que
hacen?, fomentar la pesca ilegal en esa temporada.
Jerónimo Ramos, funcionario de la
Secretaría del Instituto de Pesca hoy, sabe muy bien cómo sufren los pescadores en
época de veda y él ha implementado algunos elementos para poder, pero son insuficientes,
por eso es que hoy nosotros queríamos que pasara a Programación y Presupuesto, no por la
obviedad, por la rapidez, por legislar rápido, no, porque queríamos que el próximo año
el pescador quedara incluido, un pescador que nos lo ha pedido en campaña y no solamente
a nosotros los priístas, a los perredistas, a todos los partidos políticos, quieren
salir de esa especie de atraso que tienen y la única manera que hay de salir de ese
espacio de atraso en que se encuentran es con el apoyo de las autoridades y con el apoyo
de nosotros los legisladores.
No podemos nosotros soportar que Petróleos
Mexicanos nos contamine las costas en Campeche, nos reduzca las áreas de pesca y todavía
nos imponen una veda. ¿Cómo vamos a salir a ayudar a esos pescadores?, con acciones
aquí y que a ustedes les quedará en la conciencia haber votado en contra.
Como dicen: estábamos de acuerdo, sí, un
gatopardismo, estábamos de acuerdo pero que las cosas sigan igual. No, compañeros, los
pescadores hoy necesitan del apoyo de todos ustedes, de todos nosotros, de las autoridades
y por eso es que debemos de implementar acciones aquí y la primera acción era
contemplarlos en el presupuesto, porque después no va a haber tiempo para ello y lo
único que buscan ustedes es el presupuesto, una administración correcta, olvidándose de
las clases sociales. No cambian.
Sepan que las clases sociales tienen que
ser apoyadas y tienen que ser apoyadas en programas productivos, en programas con la gente
que lo necesita. No podemos estar apoyando, como decían muchas veces, al sector de cuello
blanco, tenemos que apoyar al pescador, a las clases sociales. Hoy es el pescador, mañana
será el agricultor, pero hoy es el pescador, apoyémoslo, hagamos que tengan presupuesto
para salir del atraso en que se encuentra en esa temporada de veda.
Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Efrén Leyva
Acevedo, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El
diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeros:
Sin duda lo que da la impresión es que se
desconoce cuál es el camino procedimental por parte del diputado de Acción Nacional. No
se trata de estar legislando al vapor como lo mencionaba o con las prisas, sino que se
trata de obviar un trámite burocrático que habrá de mantener olvidados, como ha
mantenido a los pescadores en estos últimos tiempos.
La urgente y obvia resolución no es un
trámite más que solicitarle a la Presidencia que haga el trámite directo a la Comisión
de Presupuesto para que lo considere directamente en el presupuesto, pero no es ni
siquiera una instrucción para que pueda borrarse o quitarse algún rubro sino se trata de
que se obvie la acción de irse a la Comisión de Pesca, de irse a comisiones conjuntas y
de que tardemos un buen rato en estar discutiendo si va a ser o no va a ser. Yo creo que
eso no es el asunto que se trata de discutir aquí.
Aquí lo que hemos manifestado con nuestro
voto, hace un momento y queda ahí en el tablero y en las cámaras y en las fotografías,
para la historia y para el pueblo de México a quién sí le interesa que de urgente y
obvia resolución se resuelvan los problemas y se atiendan a su grupo vulnerable que son
los pescadores de México.
Quienes contamos en nuestras entidades con
litorales, sí nos preocupa que sea de urgente y obvia resolución y de urgente y obvia
resolución para evitar que este trámite de dos, de tres semanas, después alteremos ya
lo que vaya avanzado la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para poder enredarnos y
estarle poniendo parches como siempre lo hacemos. Se trata de que veamos qué podemos
hacer.
Pero hoy ha quedado ante la sociedad qué
cosa es lo qué queremos. Ya nos dijo el diputado de Yucatán, también que efectivamente
ustedes fueron los que promovieron el aumento al combustible de los pescadores y así
textualmente lo dijo, qué bueno que en ese lapsus se dé cuenta aquí la sociedad
de que eso sí son prisas y no lo nuestro.
Lo nuestro consensado con todas las fuerzas
políticas se trata de ir viendo cómo esos recursos, pocos, que se van a tener hoy en el
año 2002, puedan ser realmente para reactivar la economía y hoy vemos que estamos ante
una actitud igual o peor que en los últimos meses, de que la Presidencia de la República
por un lado manda un presupuesto y por otro lado niega el Presidente ese presupuesto.
Se ignora lo que es la actividad real en el
desarrollo social. Se hacen recortes en la seguridad social y se hacen acciones que
realmente nos dejan muy preocupados y vemos hoy que la Presidencia de la República más
que estar preocupada en los pescadores, más que estar preocupada en los campesinos, más
que estar preocupada en la seguridad social y en el futuro que habrán de tener el
próximo año los pensionados, los jubilados o las mismas instituciones educativas u
hospitalarias, hoy vemos que la Presidencia de la República está más preocupada en
rentar un circo para tener funciones gratuitas. Un circo en 250 mil pesos que está
gastando dinero que seguramente le sobra y que, sin duda, este dinero que está tirando la
Presidencia es del subejercicio de lo que no ha podido gastar y de lo que ha estado
simulando permanentemente.
Estos son los 15 minutos en los que iba a
resolver los problemas de México, seguimos pero lo que no nos explicaron bien es que eran
tres minutos cada año, entonces a lo mejor no le alcanzan ni los seis años para resolver
los problemas de México.
Ahí se ha quedado ya a la lectura de la
sociedad quiénes están preocupados por resolver los problemas de los pescadores. Ustedes
no se han preocupado a que vengan a decir: estamos de acuerdo en todo lo que dicen; es
demagogia; eso es nada más pura y simple palabrería, hay que resolver los problemas y
hay que obviar los trámites burocráticos en lugar de estar haciendo ahí con cuentos, en
un voto ciego que no lleva a nada en la solución de los problemas que tienen los
pescadores.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias. Tiene la palabra el diputado
Concepción Salazar González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México hasta por cinco minutos.
El
diputado Concepción Salazar González:
Quizá el pensar que tenemos más de 11 mil
kilómetros de litoral, nos hace pensar que los pescadores pueden librar las batallas a
las que se enfrentan, el no querer saber las condiciones a las cuales los pescadores
tienen que enfrentarse en un periodo de veda y que éstas, después de que se levantan,
esperar a que las condiciones del clima les puedan permitir realizar sus actividades, nos
lleva a pensar que no sabemos la realidad de lo que está sufriendo el sector.
Lo digo por las comisiones que hemos tenido
dentro de la Comisión de Pesca con la realización de foros, en donde seguramente muchos
de mis compañeros estarán conmigo y me darán la razón de saber y el acercamiento con
el sector que lo está padeciendo.
Quizá este punto de acuerdo ya no fue lo
que se esperaba en el momento, pero tenemos la próxima semana para poder dictaminarlo,
hacer una reflexión dentro de las comisiones a las cuales fueron turnados y saber que con
la votación que ahorita se obtuvo, con esa misma votación se va a aprobar el punto de
acuerdo.
El saber que el sector piensa que puede
desarrollar sus actividades de pesca, sabemos que no es cierto, el no darles esa
oportunidad de que puedan emplearse con un trabajo temporal, es una condición que no nos
queda como sociedad, es una condición de que no vemos las necesidades de la gente que
más lo necesita y que si queremos hacer o perder un tiempo que sabemos que va a pasar el
punto y lo podemos sumar y sumamos todos estos votos, no estamos desarrollando un trabajo
con criterio, del cual la gente estuvo y lo condicionó en su apoyo.
Es por eso que, finalmente, convoco a las
comisiones a las que fueron turnados, a que nos sentemos, a que lo trabajemos y que se
dictamine en un tiempo rápido.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Francisco
Salvador López Brito, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado
Francisco Salvador López Brito:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Es importante, creo yo, tomar este tema con
la seriedad que lo amerita y por eso debemos de venir aquí a la tribuna a hablar con la
verdad.
Este punto de acuerdo mediante el cual se
propone que los pescadores en épocas de veda se incorporen a los programas de empleo
temporal, lo asumimos con responsabilidad y estamos con él. Simplemente que la posición
de la comisión al analizarlo fue que, esto se turnara a comisiones, para analizarlo con
responsabilidad, con seriedad, sin olvidar que el trámite puede ser en cinco días y sin
olvidar que los pescadores en estos momentos no están en periodo de veda, están
trabajando.
Así que esa prontitud, esa urgencia,
realmente yo la vería si estuvieran ahorita en tiempos de veda, pero están trabajando.
Así es que yo pienso que el pueblo de México espera de este Congreso, de sus diputados,
que se legisle con responsabilidad. Que no se legisle al vapor, como ya nos han expresado
aquí otros compañeros y es precisamente lo que todos queremos: no legislar al vapor.
Tenemos aquí, en esta Cámara ya, la
propuesta al proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos. Es nuestra responsabilidad en
estos momentos, por segundo año consecutivo en muchas décadas de la historia de nuestro
México, que precisamente aquí lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, lo podemos
modificar y distribuir de acuerdo a lo que la conciencia y de acuerdo a lo que las
necesidades del pueblo de México lo amerite.
Así es que amigos, compañeros, no hagamos
una tempestad en un vaso de agua, cuando precisamente lo que queremos en esta Cámara es
legislar primero para los más necesitados y más marginados y de acuerdo que los
pescadores no precisamente en un año se han empobrecido, sino por deficiencias y
erróneas políticas públicas de décadas atrás, estamos viendo lo que tenemos como
problemática de la pesca en México.
Los programas de desarrollo social deben de
apoyar a los grupos más marginados y más necesitados y en Acción Nacional, eso claro
que estamos convencidos y lo vemos con toda satisfacción.
En este aspecto los gobiernos estatales y
municipales, también deberán tomar su decisión, puesto que la distribución del recurso
que les llega para aplicarlo en materia de programas de empleo temporal, también deberán
de analizarlo y distribuirlo concienzudamente y con responsabilidad.
Finalmente quiero decirles, compañeros,
que compartimos nuestro interés todos en esta Cámara, todos los grupos parlamentarios
aquí representados, porque los recursos lleguen a los más necesitados pero también,
también amigos compartamos, compartamos el interés y compartamos nuestra responsabilidad
por ver la forma cómo obtener los recursos que van a llegar a esa gente más necesitada,
no únicamente veamos el problema sin ver cómo vamos a buscar la resolución y a eso los
invito, amigos, a sentarnos en la mesa de la discusión, a sentarnos en la mesa del
diálogo para sacar propuestas viables de cómo obtener recursos que llegarán en materia
de jubilados, de educación, de problemas de salud, de problemas de deporte, de
deficiencias en el salario y no únicamente estemos aquí enfrentándonos por un problema
que no es más que una parte de los tantos y tantos problemas que tenemos en México.
3139,3140,3141
Tenemos pues, la gran responsabilidad no
únicamente de ver el problema, sino ubicar la respuesta, ubicar la solución y eso aquí
lo tenemos en este momento; hagámoslo con seriedad, hagámoslo con responsabilidad y
definitivamente Acción Nacional está decidido a apoyar a todos los pescadores de
México.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Martha Silvia
Sánchez González del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La
diputada Martha Silvia Sánchez González:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
En todo lo que se ha planteado aquí,
estamos conscientes de que hay un acuerdo que se firmó y que dentro de esas acciones
importantes, dice: ampliar los programas de empleo temporal por lo que resta del año.
Efectivamente, se han dicho muchas cosas
sobre lo de pesca, sobre la veda, sobre la no urgencia. Creo que la necesidad y el hambre
sí es urgente y es urgente cuando la población ha crecido tanto, cuando la explotación
de los productos ha ido más allá, ha rebasado todos los aspectos de permitir que
existan, que estas vedas son importantes pero que en este tiempo, si no estamos ahorita en
la veda, ésta se va a aproximar y que dentro de esa aproximación tenemos que velar
porque exista dentro del presupuesto todo lo que se va a requerir para poder apoyar a
nuestros compañeros pescadores.
Dentro de toda la zona, la que a nosotros
nos corresponde en pesca, nos hemos dado cuenta la necesidad que ha habido en los
programas que se dieron dentro de los foros nacionales y donde aquí se ha mencionado y
donde han pasado compañeros que han estado en todo esto y se dan cuenta y saben la
urgencia y la necesidad que hay de programar y de estar preocupados por esto.
En todo el tiempo que hemos estado, en este
año y fracción, no hemos descuidado a los pescadores, a las cooperativas, a los libres,
ha habido reuniones con la Comisión Nacional de Pesca que se formó. Hemos estado en el
Estado, hemos trabajado, hemos luchado y sabemos que esto que hoy se planteó aquí, es
urgente; se requiere que si pasa a comisiones, bueno, pues que todos los que no se han
involucrado con el Programa de Pesca, con la Comisión de Pesca, sepan que sí hay una
gran necesidad y una urgencia. Y al escuchar que esto no puede ser importante, pues
entonces, ¿cuál va a ser lo más importante dentro de nuestra función como gestores?
Sabemos que como legisladores tenemos la
obligación de hacer leyes, pero también hay que ver que esas leyes que se han hecho, se
apliquen para que nuestra sociedad esté consciente de que los legisladores no estamos
haciendo las cosas al "ahí se va", de que quienes estamos involucrados en el
trabajo de gestoría, sabemos perfectamente de toda la necesidad que se requiere para
apoyar a los pescadores; que estamos trabajando con cooperativas para sacarlos adelante de
los problemas fiscales que tienen de las malas administraciones internas, de ellos; de
darles capacitación; de darle la oportunidad de que mejoren sus condiciones para que
puedan tener mayores beneficios.
Hemos estado trabajando creo, todos los
diputados seamos o no de la Comisión de Pesca, para buscar dentro del mismo Estado, que
los programas lleguen; hemos estado preocupados por alcanzar una regulación dentro de las
mismas cooperativas para que legalmente ellos puedan tener una representación ante
cualquier problema que se les presente.
Por eso yo considero que todos debemos
estar conscientes de algo: que estamos trabajando para México; que estamos trabajando por
los partidos que representamos. Pero al final, lo que nos interesa es la sociedad, es el
pueblo y es México.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Arturo Herviz
Reyes, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El
diputado Arturo Herviz Reyes:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas y diputados:
Hoy, a 10 meses de Gobierno, tenemos que ir
buscando mecanismos para darle rumbo precisamente a este Gobierno. Pero también tenemos
que buscar soluciones a los problemas ancestrales que tenemos en este país. Y tenemos
graves problemas en todos los sectores. El campo, todos sabemos que está desarticulado y
olvidado. Los pescadores, que es una situación muy grave que se vive y efectivamente el
punto de acuerdo es importante, pero aquí la pregunta, ¿Por qué las contradicciones del
PAN? ¿Por qué no este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución? ¿Por qué votar
en contra cuando sabemos que hay diputados aquí de Veracruz y que conocen a muchos
pescadores, de Sinaloa, en fin, de todos los estados que tienen pescadores y son del PAN y
votan en contra?
Lamentamos esa decisión, porque no tienen
absolutamente ningún pretexto; no se está diciendo una cantidad específica que vaya a
afectar directamente el presupuesto. Se está planteando un criterio que es importante, en
un programa que ya existe de empleo temporal. No ha planteado ningún programa nuevo el
Gobierno de Fox, sigue con los mismos programas del PRI, pero en ese sentido el Programa
de Empleo Temporal, que es importante para los tiempos de veda, ¿de qué viven nuestros
pescadores? ¿Han analizado las repercusiones que tienen nuestros pescadores en tiempos de
veda? ¿De qué viven? ¿De qué se sostienen? muchos, muchos pescadores violentan la
etapa de veda ¡van y pescan! y con esto hay repercusiones que afectan obviamente los
ecosistemas.
Pero también hay repercusiones de
carácter social cómo viven nuestros pescadores y al final tenemos repercusiones de
carácter judicial; ¿por qué? ahí está el caso de los pescadores de Pátzcuaro,
quienes interrumpieron la veda, fueron detenidos; posteriormente ellos la Semarnap actuó,
ellos detuvieron, retuvieron a algunos funcionarios de la Semarnap y ahora no están
detenidos porque hayan violentado la veda; ahora están consignados a 20 años por
secuestro a funcionarios federales.
Creo que la propuesta de la mayoría de los
diputados de los grupos parlamentarios en este sentido es correcta y lamentamos mucho que
el PAN no visualice la urgencia de que este punto de acuerdo debería de ser de urgente y
obvia resolución, creo que esto le va a quedar al PAN como experiencia para que en lo
sucesivo valoremos nuestra votación y no nos veamos con posturas totalmente encontradas
que al final, creo que si se valora, al final podremos coincidir en puntos de acuerdo en
bien de los pescadores y, desde luego, en bien del pueblo de México.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco
minutos, el diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
El
diputado Jaime Arturo Larrazábal Bretón:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Trataré de reiterar lo que aquí ya se ha
dicho y que tiene qué ver con el trámite a una propuesta que un compañero diputado, a
nombre de diputados de varios estados de la República en donde tenemos litorales, hizo a
favor de la mayor parte de los pescadores de este país.
De este país, México, que cuenta con 12
mil kilómetros de litoral que desaprovechamos y que tenemos subutilizados por malas
políticas diseñadas por el Gobierno Federal, por los gobiernos estatales y que hoy se
encuentran y se frenan frente al obstáculo de la burocracia en la que meten al Congreso
de la Unión.
Acabamos desafortunadamente de desechar un
trámite de urgente y obvia resolución y yo vengo a esta tribuna no a ganar un debate ni
tampoco a agraviar a mi adversario. Vengo con el antecedente de haber hecho hasta la fecha
cuatro propuestas que tienen que ver con los pescadores ribereños y de alta mar, sobre
todo los ribereños, que son los que menos tienen, pero también los que menos nos creen.
Y ahí quiero decir que de qué sirve el
trabajo que hicimos los diputados de este Congreso, que inventamos foros de pesca en todo
el país, que recogimos, entre otras, estas propuestas y hoy, en un trámite, estamos
echando prácticamente al bote de la basura.
Hasta esta fecha y quiero decir algo que es
fundamental para que se entienda por parte de nuestros compañeros Gutiérrez Machado y
López Brito. Hace 400 días vine a hacer una propuesta para favorecer a los pescadores
ribereños de la costa del Estado de Oaxaca, en relación a la pesca del atún.
Hace 400 días se hizo la propuesta y aún
no hemos conocido el dictamen de la comisión respectiva. Esto es grave. Esta es la
burocracia en la que estamos cayendo y que no debemos de seguir fomentando.
Hablamos hace unos días sobre el turismo
social y tiene que ver con los pescadores. Hablamos el día de ayer mismo del tema de la
zona federal marítimoterrestre y también tiene qué ver con los pescadores. Hablé del
atún y tiene qué ver con los pescadores.
Yo quiero señalar y subrayar algo que
daría el voltear la hoja al tema de que aquí se viene a decir de las prisas, no son
prisas nuestras, son prisas de los que no tienen calzado, de los que no tienen escuela, de
los que no tienen techo, de los que no tienen esperanza, de los más, de los que menos nos
creen, de los que más esperan de nosotros y que en trámites como éstos, echamos a la
basura la construcción de ideas de ilusiones y de necesidades que se tienen en los 12 mil
kilómetros de litorales que tiene este país y que no estamos aprovechando.
Yo pienso que si el Partido Acción
Nacional recapacita, hoy le hago yo una respetuosa excitativa para que el turno de este
punto de acuerdo lo conozca de inmediato la Comisión de Pesca, lo tratemos como debe de
ser, como debían de ser todos los puntos que aquí venimos a proponer, de urgente y de
obvia resolución, que lo aprobemos, que lo vengamos a dictaminar al pleno del Congreso,
que lo apoyemos y que no nos quedemos en las palabras y que nos ahorremos aquí frases que
suenan a demagogia y que aquí se han dicho, me parece que innecesariamente: alguien de
mis compañeros dijo: "nos da pena tener que votar esto por el trámite normal".
No nos debiera de dar pena, nos debería de dar vergüenza.
No es ganar un debate, no es ganar yo para
que pierdas tú; es que flexibilicemos las cosas nosotros que somos el Congreso, para que
también nuestras propuestas deban ser tomadas por el Ejecutivo como debe de ser, porque
el día de mañana que nosotros cercamos al Ejecutivo con una gestoría, cuando ya no hay
respuesta financiera, la respuesta es: "que el Congreso nos dé más dinero".
Esta es una cuestión sería y ésta es una
cuestión que debiéramos de reflexionar como tal, que dejemos la burocracia, que dejemos
las pasiones, que actuemos no en las palabras ni en los discursos, que actuemos en las
comisiones, que dictaminemos rápido y que demos respuesta a los miles de pescadores que
hoy en un reclamo justo y en voz de un diputado y avalado por varios de nosotros, está
haciendo un planteamiento no demagógico, sino un planteamiento de orden y de justicia
social.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
He recibido la solicitud del proponente, de
que el punto de acuerdo planteado se turne exclusivamente a la Comisión de Pesca. ¿Es
así, señor diputado?
El diputado Edilberto Jesús Buenfil
Montalvo
(desde su curul):
Sí.
La Presidenta:
En tal sentido corrijo el turno y se
turna el punto de acuerdo exclusivamente a la Comisión de Pesca.
Tiene la palabra el diputado Enrique
Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
para presentar...
El diputado José Alejandro Zapata
Perogordo
(desde su curul):
Señora Presidenta:
Escuché que se iba solamente a la
Comisión de Pesca este asunto, pero tratándose de recursos económicos y teniendo aquí
el presupuesto y como se ha vinculado por todos los oradores de que se refiera a
cuestiones presupuestales, yo consideraría que debe ser el turno inicial de presupuesto
con opinión de la Comisión de Pesca.
3142,3143,3144
La Presidenta:
Le ruego, diputado Zapata y con todo gusto
atenderíamos la solicitud en esta mesa directiva, pero he girado un turno y yo estaría
atenta, de recibir la solicitud de la Comisión de Presupuesto, para corregir el turno. En
el momento en que reciba la solicitud de la Comisión de Presupuesto, con todo gusto lo
desahogamos.
PODER
LEGISLATIVO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Enrique
Herrera.
El diputado Angel Enrique Herrera
y Bruquetas:
Diputada Presidenta; compañeras y
compañeros diputados:
México ha sido una nación de
construcción solidaria a través de su historia. Luces y sombras se han alternado, pero
entre todos, todos, hemos ido edificando un país soberano, independiente, que ocupa un
lugar destacado en el concierto mundial. Obreros, campesinos, clases medias y empresarios,
muchos empresarios esforzados, de visión nacionalista, han logrado una patria de la que
todos nos enorgullecemos. Ideologías disímbolas se entrecruzan para lograr un tejido
social fuerte y justo.
El Partido de la Revolución Democrática
dialoga, escucha y respeta todas las expresiones del pensamiento libre. Donde hay
autenticidad, donde hay autocrítica y donde hay buena fe hay política de la buena.
Respetamos, volvemos a repetir, respetamos
a todos aquellos que defienden con honestidad sus puntos de vista, cualesquiera que éstos
sean, pero al mismo tiempo rechazamos enérgicamente a los mercenarios y a los golpistas
de siempre.
Los principales beneficiarios del Fobaproa
están nerviosos. Los que sexenio tras sexenio fueron colaboradores serviles o
chantajistas a ultranza, están molestos. Los que siempre hicieron grandes fortunas al
amparo del favor oficial, están ofendidos, están asustados, están iracundos. ¡A la
cárcel, a la cárcel iban los hombres de izquierda, los de derecho al tedeum presidencial!
Los que conformadamente año con año, hace 40 años, han llenado los espacios de los
periódicos, de la radio y de la televisión con elogios al Presidente de la República en
turno, ya fuera por las devaluaciones económicas o por las privatizaciones sumarias
convertidas en ventas de garage, están temerosos.
¡Los servidores de la antipatria, fieles
personeros del capital monopolista internacional, se rasgan las vestiduras! Los
explotadores del obrero y del campesino lloran sus desventuras. No han tenido nunca amor a
la patria; su único dios ha sido el dinero; ellos están por la limosna, no por la
justicia.
Revisemos la historia, revisemos la
historia, que hay un tomo de Gastón García Cantú: El Pensamiento de la Reacción
Mexicana de 1810 a 1962 y podía haber cinco más de 1962 a la fecha. Revisemos la
historia: la reacción ha dejado honda huella de traiciones en la nación mexicana.
Los riquillos que vinieron en días pasados
a llorar sus desventuras son sus muy dignos representantes. México los conoce y los
ubica. Ellos fueron los enemigos acérrimos del Libro de Texto Gratuito, los adversarios
de los desayunos escolares, del Seguro Social y del ISSSTE. Los opositores de siempre al
artículo 3o., al 27 y al 123. Los que cuando las cosas no caminan como ellos quieren,
sacan a gritos su dinero del país. Nunca, pero nunca, han estado con los que nada tienen;
su discurso siempre ha sido fariseo.
Los reaccionarios, en minoría por cierto,
de la Coparmex, porque ya empezaron los deslindes, hoy en los medios aparece el deslinde
de Carlos Slim, los reaccionarios de la Coparmex que con su conducta dan vida a la lucha
de clases... ¡dije que con su conducta dan vida a la lucha de clases!, no deben olvidar
que no puede haber progreso ni paz social para México sin justicia para obreros y
campesinos, clases medias y pequeños empresarios.
Esta Cámara de Diputados ha trabajado,
trabaja y trabajará para servir al pueblo y a la nación mexicana y no acepta
adjetivaciones de quienes quisieran convertirla de rodillas en gestores de sus mercenarios
y personales intereses.
Los reaccionarios de la Coparmex que nos
visitaron se equivocaron, se equivocaron mucho. La nación los ha ubicado, revisemos los
periódicos, como lo que siempre han sido, vulgares golpistas de Estado.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos
a la consideración de esta Cámara, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Que con todos los grupos parlamentarios se
elabore y se dé a conocer a la opinión pública un documento donde quede perfectamente
claro el ser y el hacer de esta Cámara, de esta legislatura y su probada preocupación y
lo hemos vivido, todos, desde el primer día, por servir al pueblo y a la nación
mexicana.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso
de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del
Partido de la Sociedad Nacionalista.
La
diputada Norma Patricia Riojas Santana:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras diputadas y diputados:
Los diputados del Partido de la Sociedad
Nacionalista, sin calificar la forma en que los empresarios miembros de la Coparmex
calificaron, este honorable Congreso de la Unión y reconociendo su derecho de expresión
y manifestación de sus ideas, tal como lo establece nuestra Carta Magna, son válidas,
pudiendo ser retomadas para beneficio de la sociedad, siempre y cuando se realicen de
manera objetiva y propositiva. Coartar esta libertad sería una negación al derecho de
expresión y un retroceso en nuestra actual democracia.
Para el Partido de la Sociedad Nacionalista
es importante que la población tenga conocimiento de que en la actual legislatura se
está trabajando con conciencia, tolerancia, buscando consensos con los cuales se vean
favorecidos todos los mexicanos y este trabajo se realiza en las diferentes comisiones y
órganos que se han creado para dar cabida a todas las propuestas de la sociedad y en su
conjunto que lleguen a través de los legisladores de esta Cámara.
La LVIII Legislatura tiene que mostrar
madurez e inteligencia, porque bajo ninguna circunstancia debemos destacar una guerra de
papel, porque los intereses supremos de la nación están por encima de cualquier encono.
Los nacionalistas sostenemos que es dentro
del diálogo y la negociación como debemos resolver los problemas de México.
En el Partido de la Sociedad Nacionalista
reconocemos que en estos tiempos de cambio, de reacomodo de un nuevo orden económico,
político y social, es necesario un Congreso a la altura de estos tiempos. Es necesario
que nuestro raciocinio esté por encima de nuestras reacciones y de nuestras actitudes
viscerales. Es necesario impulsar el diálogo entre todos. El cuestionarles, el expresar
su opinión o su sentir en estos momentos, sería actuar en contra de lo que sostenemos en
esta tribuna.
Nosotros, los diputados, por ningún
concepto debemos de caer en la soberbia de no permitir que nada ni nadie cuestione nuestro
trabajo. Es así que el Partido de la Sociedad Nacionalista, desde esta alta tribuna,
hacemos un llamado a la nación, a la unidad, a la unidad de todas y todos los mexicanos,
para que conjuntamente, independientemente de nuestras diferencias, pongamos como premisa
y recordemos permanentemente que antes que los diputados, antes que los medios de
comunicación, antes que todo, la patria es primero.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Túrnese el punto de acuerdo… ¿si
diputado García Farías? Con todo gusto, diputado Farías. Diputado García Farías voy a
dar el turno e inmediatamente le concedo el uso de la palabra.
Túrnese el punto
de acuerdo a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos.
Tiene la palabra sobre el tema, hasta por
cinco minutos, el diputado Rubén García Farías.
El
diputado Rubén García Farías:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Me ha interesado hacer uso de esta tribuna
porque para mí el tema es de la mayor importancia para la nación y quiero hacer de una
buena vez una muy pertinente aclaración.
Hago uso de la palabra a título personal
como integrante de esta Cámara, ante mis pares, ante representantes populares de todas
las fuerzas políticas de la nación.
Creo que efectivamente con la presencia,
como dijo el diputado Herrera, de los riquillos ante las fuerzas de este recinto de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estamos sufriendo un amago, una amenaza;
la presencia de los empresarios es ominosa y execrable. Creo que el punto de acuerdo que
va a ser turnado debe también contemplar la exigencia de los empresarios de que se vote a
favor del IVA en alimentos, medicinas, colegiaturas y libros.
Nos dicen los empresarios que nosotros no
somos capaces de llegar a consenso. Deben de saber los cacerolistas de la Coparmex que no
llegamos fácil a un consenso, no porque no podamos entender el asunto fiscal en esta
Cámara de Diputados, sino porque eminentemente el pueblo de México abomina de esa
reforma fiscal.
Nosotros, en lo personal su servidor, que
he manifestado mi decisión de votar en contra de la reforma hacendaria presentada por
Vicente Fox, lo hago no por un capricho, sino porque obreros, campesinos, maestros,
personas de las clases medias y aun empresarios de mi Estado y de otros lugares por donde
he transitado, me han exigido que así me comporte en la Cámara de Diputados
¿Por qué los empresarios de la Coparmex
en lugar de acudir a este recinto no van a las colonias populares, a las comunidades
rurales, con los indígenas, con quienes van a sufrir si es que aceptáramos que subiera
el IVA, que se implantara el IVA en estos rubros?.
Yo creo que los empresarios están
cometiendo un exceso, porque tienen una aspiración: decidir por el pueblo de México. No
les interesan las grandes masas campesinas y obreras depauperadas; les interesa seguir
teniendo ganancias multimillonarias para sus negocios.
Por eso, creo que debemos de repudiar…
yo repudio la política seguida por las iniciativas privadas, por el sector privado. Yo
repudio el posible entendimiento entre el Presidente de México y estos sectores de la
oligarquía financiera capitalista del país. De haber esta conjunción, habría de ser el
fascismo el que se enseñoreara sobre nuestro país.
He de votar en contra y voy a calificar
también a los ricos empresarios de mi patria. Nos dan calificaciones deleznables; yo les
doy a los empresarios reaccionarios de la Coparmex, por explotadores, por enriquecidos con
la miseria del pueblo, menos de un cero de calificaciones.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos,
el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.
El
diputado José Antonio Calderón Cardoso:
Gracias, señora Presidenta; diputadas y
diputados:
He de confesar que vengo a esta tribuna
porque a nadie le gusta ser reprobado por alguien que por cierto no sabemos cuáles fueron
los métodos o los intereses que utilizaron para descalificarnos.
Pero más allá de esto y antes de hacer
las reflexiones que quiero compartir con ustedes, quisiera asentar dos cosas para no ser
objeto nuevamente de un punto cinco o tal vez de un cero.
Primero. No estamos en contra de que todos
los sectores, inclusive desde luego los empresarios, hagan uso del derecho a la libre
expresión. Podemos estar en contra de lo que dicen pero, como señalara Voltaire,
respetaremos siempre el derecho que tienen para decirlo.
Tampoco, por cierto, estamos en contra de
la clase empresarial o del capital; el capital, señoras y señores, es uno de los
factores de la producción y cuando el capital es bien habido, puede ayudar a generar
riqueza y a generar empleos.
Entonces, pues, para que no se cubran
después algunas personas, diremos que tienen derecho a expresarse y que el capital,
repetimos, es importante en el desarrollo de la riqueza.
¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa,
amigas y amigos diputados?
Lo que a nosotros nos inquieta es el fondo
de la manifestación; lo que a nosotros nos inquieta es el fondo o la interpretación que
podemos darle a la descalificación de esta institución pública.
¿Qué es lo que les molesta a los
empresarios o más bien a algunos de ellos?
Que no se apruebe alguna reforma como ellos
la desean; que no se apruebe una reforma que en todo caso busque disminuir sus ganancias
para que el pueblo pobre tenga un mejor nivel de vida.
3145,3146,3147
¿Qué es lo que les preocupa a los
empresarios que en todo caso sus negocios sigan teniendo pingües ganancias y que el costo
nuevamente del desarrollo sea en las espaldas del pueblo pobre? ¿No será acaso que los
empresarios lo que quieren es presionarnos para que se haga la voluntad en los bueyes del
compadre?
Pero todavía más y ya que los señores
entraron en una situación entiendo yo subjetiva, tenemos en todo caso el derecho también
para entrar a las elucubraciones y yo apuntaría una: será acaso que un sector de
empresarios quiso, de manera abierta, tácita o explícita, seguir la misma línea de
presión de la Presidencia de la República. ¿Acaso están siendo impulsados directamente
por la Presidencia de la República o en todo caso quisieron hacerle un flaco favor a la
Presidencia en la búsqueda del desprestigio de este poder?
Yo quisiera recordar a ese sector de
empresarios, que hay un principio que yo espero que reconozcan, que es el principio de la
subsidiaridad y que significa que el que más tiene, más puede y más sabe, ayude al que
menos tiene y al que menos sabe.
Yo me preguntaría entonces también,
¿cuál es el compromiso social de los ricos y de los poderosos de este país, cuando
tradicionalmente ellos se han venido beneficiando con los rescates y con los apoyos
aviesos de algunos sectores del Gobierno?
Para terminar quisiera señalar, amigas y
amigos legisladores, que como dijera Fernando La Salle, que una constitución no es otra
cosa, sino un fuego o una relación de los factores reales de poder. Yo me preguntaría si
el factor real de poder, que es la clase pudiente de este país está dispuesta a asumir
un compromiso político, social y solidario en el desarrollo o van a preferir haciéndolo
como en los últimos años, que el costo del desarrollo de nuestra nación lo siga pagando
precisamente la clase más pobre. ¿Acaso quieren seguir manteniendo a algún sector,
repito, la idea de que el hilo se rompe por lo más delgado?
Yo quiero solamente terminar señalando en
esto de las elucubraciones, que los peligros, lo verdaderamente peligroso es que no
existen equilibrios en este país y que primero viene el poder económico, después el
poder mediático y teniendo el poder económico y el poder mediático, el poder político
es fácil de conseguir.
Lo siento, yo en todo caso seguí una misma
línea que los que vinieron a presionarnos afuera también la hicieron.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
PODER
LEGISLATIVO (II)
La Presidenta:
Para presentar una proposición con punto
de acuerdo sobre la declaración y fiscalización de la Coparmex; tiene la palabra el
diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con la venia de la Presidencia; compañeras
y compañeros legisladores:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo y Convergencia por la Democracia, con fundamento en lo que se dispone en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo,
para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se pronuncie en
contra de las acciones de denostación hacia los integrantes de este órgano legislativo
realizadas por la dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana, bajo
las siguientes
CONSIDERACIONES
En principio, queremos aclarar que nuestro
grupo parlamentario y Convergencia por la Democracia no le vio mayor importancia a este
suceso, ya que la misma se realizó al amparo de las disposiciones constitucionales que
garantizan a todos lo mexicanos la libertad de asociación y de reunión, así como de la
libre expresión de las ideas; sin embargo, más allá de la simple reunión, el motivo de
la misma es cuestionable, la evaluación del trabajo que los integrantes de dicha
organización patronal realizaron respecto del trabajo de los legisladores es por decir lo
menos, "papito" ya que carece de metodología científica que explique los
resultados obtenidos.
Más allá de lo anecdótico de dicha
evaluación, la Coparmex, cual dios tronante en el día del juicio final, juzga lo mismo a
diputados vivos, que a diputados muertos; juzga lo mismo a diputados en funciones, que
aquellos que se separaron de su función legislativa, reprueba a la gran mayoría de los
legisladores y concluye que en esta Cámara de Diputados no se trabaja.
Los diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia, estamos ciertos de que esta
manifestación se inscribe en el conjunto de medidas de presión iniciadas por el
Presidente de la República y continuadas por sus mercachifles, en este casi dicha
organización patronal, para lograr que se apruebe el "reformón fiscal" del
presidente Fox.
Desde luego que es claro que la parte
patronal desea que la propuesta foxista se apruebe sin cambios, ya que ahí se plantea la
disminución del impuesto sobre la renta a las personas físicas de altos ingresos y por
supuesto que a ellos no les interesa que esta pérdida de ingresos tributarios se compense
con el incremento del IVA a medicinas y alimentos, situación que lesionaría severamente
a las clases marginadas y de menor capacidad económica.
Estamos convencidos de que el Gobierno de
la República y esta organización patronal, como no le pueden dar al pueblo pan,
refiriéndonos al alimento, entonces le dan circo, refiriéndonos a los otros, creyendo
que con estas conductas distraerán indefinidamente al pueblo, prueba de ello son la sarta
de despropósitos que el Ejecutivo Federal ha cometido y que pasan desde el lucimiento de
su incultura hasta su confrontación con el Poder Legislativo o con la prensa.
En ese contexto, la actitud de la Coparmex
nos lleva a la reflexión de que nuestro trabajo como legisladores se debe dar en
beneficio de la población toda, no del sector más rico de este país. En esta situación
nuestro trabajo consiste en equilibrar los extremos, lo que no podemos permitir es el
inicio de conductas "caserolistas" como la que tuvo la burguesía chilena en
1973 en contra del presidente Allende.
Ahora que la Coparmex enfila sus baterías
de descalificación en contra de los legisladores, les decimos que como representantes de
la nación y sin olvidar nuestro origen, los legisladores tendremos presente siempre el
beneficio de todos los mexicanos. Estas actitudes fascistas en nada abonan a la
consolidación del régimen democrático, da nada sirve para probar el denominado
"reformón fiscal". La Coparmex, como muchos grupos de mexicanos, han sido
recibidos en esta soberanía, siempre serán escuchados, ya que son un grupo organizado
que en libertad planea sus respuestas y sus propuestas, pero no son esas actitudes
infantiles las que ayudan para conseguir consensos, obedecen sólo al patrón de los
patrones, el hijo desobediente.
En el caso de los diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia y a contrario
sensu la calificación de la Coparmex nos hace entender que vamos en el camino
correcto, ya que nuestro compromiso es obtener logros que beneficien a las mayorías
marginadas de nuestro país.
Si la Coparmex quiere hacer algo por el
país, debe de ocuparse de generar más empleos, debe abstenerse de defraudar al fisco,
debe repatriar de bancos extranjeros sus depósitos e invertirlos en México. En suma, se
la deben jugar por México, como sí lo hace el pueblo mexicano allá afuera.
«Compañeras y compañeros diputados: por
las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que se dispone en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. La Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de las acciones de
demostración hacia los integrantes de este órgano legislativo, realizadas por la
dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, a los 13 días del mes de noviembre del año 2001.— Diputados: por el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro
Céspedes, Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa
Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, servidor, Víctor
Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame, Humberto Mayans Canabal,
Independiente y Juan Manuel del Río Virgen, por Convergencia.»
Muchas gracias.
La Presidenta:
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
PODER
LEGISLATIVO III
La Presidenta:
Esta Presidencia informa al pleno que se ha
recibido una comunicación de la Conferencia, suscrita por los coordinadores de los grupos
parlamentarios y por la Presidencia de la Cámara.
Le solicito a la Secretaría dé lectura de
la misma.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal. — Cámara de Diputados.
DECLARACION
1. La diputación de la LVIII Legislatura
del honorable Congreso de la Unión sabe y reconoce el legítimo interés de la sociedad
mexicana y de sus agrupaciones por el trabajo y la orientación de las decisiones
legislativas de esta Cámara.
2. Es de suma utilidad para el ejercicio de
la política democrática que las distintas voces de la sociedad se articulen y expresen
públicamente puntos de vista en materias tanto de interés particular como del interés
general de la ciudadanía. La libertad de expresión es una garantía constitucional
irrenunciable. Bienvenida la manifestación de las ideas. Reafirmamos nuestro compromiso
de ejercer y defender la libertad de expresión, de hacer y recibir la crítica como
oportunidad de mejoramiento y corrección, pero, sobre todo, refrendamos nuestro
compromiso por defender y ejercer nuestras funciones legislativas y políticas, en mérito
del argumento y no de la presión o del chantaje; en aras de la justicia, no del aplauso o
la simpatía banal; sin más requisito que el respeto a la posición del otro.
3. La presente legislatura de la Cámara de
Diputados sabe y reconoce el compromiso de los empresarios mexicanos en la creación de
empleos y la generación de ingresos y de la capacidad de los inversionistas nacionales
para asumir riesgos y para contribuir al desarrollo de México.
4. Las condiciones inherentes a un sistema
democrático, como el que constituye la etapa actual de las instituciones mexicanas, hacen
que sea inadmisible que la expresión de un grupo, por respetable y valiosa que éste sea,
se pretenda convertir en instrumento de imposición a instancias decisorias de la sociedad
mexicana, que a través del voto las convirtió en Gobierno, como es el caso del Poder
Legislativo. Nuestra obligación es velar por el interés de todos y no sólo de una
parte. Esta Cámara está sujeta a reglas y prácticas políticas en tiempos y en formas y
se encuentra en una etapa que la singulariza por el principio y la búsqueda de amplios
consensos cuyo logro requiere de deliberación, negociación y un complejo ejercicio de
conciliación de intereses.
5. Para evaluar el desempeño de los
legisladores existen ordenamientos. Concretamente la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión. La
ciudadanía tiene acceso y recurso a esas normas, a las que se agrega la sanción
periódica en donde se expresa la voluntad ciudadana, que es el proceso electoral.
Bienvenida la crítica objetiva, por severa que parezca. Bienvenida la crítica, mejor la
propuesta. Rechazo categórico a cualquier pretensión de descalificar o de calificar por
diferencias ideológicas o programáticas.
Como representantes populares, con origen y
mandato legítimo, producto de un proceso electoral incuestionable, podemos juntos
convocar a la corresponsabilidad de todos los mexicanos en la consolidación de la
República.
6. Estamos comprometidos en hacer del
desempeño político un ejercicio público: seguiremos procesando los consensos y los
disensos en forma civilizada, como expresión del ejercicio democrático e institucional
que nos han encomendado; seguiremos transparentando a través de los medios a nuestro
alcance el trabajo que estamos realizando y nos sometemos al escrutinio de nuestros
representados.
La diputación de la LVIII Legislatura del
Congreso de la Unión, escucha y recoge, en el diálogo respetuoso, todas las
formulaciones y propuestas temáticas que enriquezcan la representatividad que se ejerce
en el trabajo legislativo mirando siempre por el interés superior de la nación. Desde
esa posición, esta legislatura estará atenta a todas las opiniones que fortalezcan al
consenso social y el equilibrio de poderes en México; las comisiones respectivas
seguirán actuando con apertura y tolerancia. Ninguna provocación socavará nuestra
voluntad de seguir siendo un foro plural, de análisis y debate en donde todas las
expresiones de los grupos sociales y de interés tengan interlocución. Apertura,
tolerancia y respeto para todos aquellos que quieran aportar al proceso legislativo del
país. Plena independencia ejerciendo la potestad del Poder Legislativo, en la emisión de
nuestro voto soberano y representativo de la pluralidad de la nación.
3148,3149,3150
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 14 de
noviembre de 2001.— Diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la
mesa directiva; María Elena Alvarez Bernal, Eloy Cantú Segovia, Eric Eber Villanueva
Mukul, vicepresidentes; Martha Silvia Sánchez González, Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán, Adrián Rivera Pérez, secretarios; Felipe Calderón Hinojosa,
coordinador del grupo parlamentario del PAN; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador
del grupo parlamentario del PRI; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo
parlamentario del PRD; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo
parlamentario del PVEM y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo
parlamentario del PT.»
La Presidenta:
Insértese en la Gaceta Parlamentaria
y publíquese.
El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes (desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Sí, diputado Ricardo García Cervantes.
Activen el sonido en la curul del diputado García
Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes (desde su curul):
Señora Presidenta, esta Asamblea tomó
conocimiento de un documento aprobado en la Conferencia. Yo quiero impugnar las facultades
de la
Conferencia para presentar ese documento. En su caso correspondería a la Junta de
Coordinación Política, quien tiene la facultad de proponer al pleno resoluciones que
involucren posicionamientos políticos, para que sea la expresión de la Asamblea, la
expresión de la Cámara de Diputados.
La Presidenta:
Diputado García Cervantes, aprecio mucho
su planteamiento. Sin embargo, este documento al que se ha hecho lectura es una
"declaración", es una declaración. En ese sentido ésta es una declaración
que se da en el marco del órgano superior de la Cámara de Diputados en donde concurre la
Presidencia del órgano de gobierno que es la mesa directiva y la presencia de los
coordinadores de los grupos parlamentarios.
En ese sentido, por ello lo que hizo la
Secretaría fue dar a conocer al pleno una declaración. Hay dos puntos precedentes que
suponen el análisis de posicionamientos políticos que han sido turnados y fue juicio de
los coordinadores parlamentarios el que la Conferencia puede emitir declaraciones puesto
que no hay ningún ordenamiento ni en la Ley Orgánica ni en el Reglamento que se lo
prohiba.
Continúe la Secretaría y le solicito a la
diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario....
El
diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
¿Diputado Martí Batres?
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta. Quisiera hacer
algunos comentarios sobre el tema en cuestión.
La Presidenta:
¿El tema anterior?
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Así es.
La Presidenta:
Tiene la palabra hasta por cinco
minutos, el diputado Martí Batres.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso, señora Presidenta:
No quiero referirme a un hecho muy
particular, pero sí a la situación que estamos viviendo, no desde la semana pasada sino
desde hace semanas, alrededor de las discusiones que tiene la Cámara de Diputados,
particularmente en torno al tema de la reforma fiscal y a diversas expresiones de algunos
grupos de la sociedad.
Quisiera decir que cada grupo de la
sociedad, cualquiera que sea, tiene la libertad de manifestar lo que piense, libertad
consagrada en la Constitución.
Podemos o no coincidir en lo que se diga,
en lo que se manifieste o no, pero cada sector de la sociedad expresa lo que considera.
Sin embargo, quisiera yo ir más allá y
señalar que estamos atrapados en una especie de discusión enrarecida, absurda, ilógica
y en cierto sentido hasta ilegítima.
Aquí el diputado Jaime Martínez Veloz ha
planteado de manera abierta la idea de realizar auditorías a los servidores públicos que
obtienen su cargo por la vía del voto popular, contrastando lo que han ofrecido en
campaña con lo que es su obra de gobierno o su obra legislativa.
Quiero retomar el hilo de este
planteamiento, porque me parece que ése es un punto central que tiene qué ver con esta
discusión y con este ambiente que estamos viviendo.
Nosotros nos preguntamos: ¿por qué va a
haber una presión sobre nosotros a partir de que no hemos aprobado una propuesta que
nunca ofrecimos en campaña?, ¿por qué nos presionan para aprobar el IVA en medicinas y
alimentos si nunca en campaña dijimos que queríamos el IVA en medicinas y alimentos? Nos
parece que aquí hay una gran incongruencia desde el exterior.
¿Por qué nos descalifican, incluso, a
partir de que no hemos aprobado el IVA en medicinas y alimentos? No es lógico, no es
coherente y no es legítimo, porque nunca ofrecimos en campaña, venir a proponer aquí, a
la Cámara de Diputados, eso, nuestras propuestas son otras y queremos que nos evalúen
por nuestras propuestas, como lo ha sugerido el diputado Martínez Veloz.
Punto por punto hay una plataforma que
presentamos, y que nos digan qué punto de esa plataforma sí cumplimos y cuál no
cumplimos, pero ésa es la base de nuestra evaluación, porque las cosas deben ser
completamente al revés, aquí en realidad tendría que haber una evaluación muy crítica
del presidente Vicente Fox, porque nunca en campaña propuso imponer el IVA en medicinas y
alimentos.
Es más, planteó que era posible ampliar
la recaudación, sin aumentar impuestos, y dijo cómo: combatiendo la corrupción,
combatiendo la evasión fiscal, recuperando recursos del derroche, transfiriendo recursos
a las entidades federativas. Bueno, entonces, la evaluación crítica se tiene que hacer,
a partir del incumplimiento que sobre su oferta electoral hizo el ciudadano Vicente Fox.
Pero a nosotros, a cada legislador y a cada
grupo parlamentario, que nos digan si hemos cumplido o no con lo que ofrecimos en
campaña, ahí sí, nos parecería muy lógico, legítimo y absolutamente necesario. Por
eso comparto el concepto central que ha difundido el diputado Martínez Veloz, sobre la
auditoría política.
Que nos digan a nosotros, si en el punto de
la reforma fiscal no hemos propuesto lo que ofrecimos y que nos critiquen cuando nos
apartemos de lo que ofrecimos, porque si no es así, el discurso en una campaña
electoral, se vuelve un mero engaño. Entonces, ¿qué se ofrece en campaña electoral,
cuando lo que se propone una vez estando en el cargo público es completamente distinto?
Así es que aquí lo que requerimos, es que
la evaluación, sea de quien sea, de la sociedad, de los propios legisladores, de
cualquier esfera, se base en el contraste entre lo que se dice en campaña y lo que se
hace como servidor público, de otra manera, no habría punto para hacer una evaluación
legítima.
Por lo demás terminaría diciendo, que
nosotros, aún teniendo discrepancias con el Presidente, si queremos ayudarlo, es más,
manifestamos todo nuestro empeño en ayudarlo a cumplir sus promesas electorales. Ya lo
dijimos aquí, no le decimos que aplique nuestro programa, lo que le decimos es que por lo
menos aplique su propia plataforma electoral.
Y si el Presidente va a trabajar para
cumplir con su plataforma electora, ahí lo apoyaremos. Y como en su plataforma electoral
no está lo del IVA en medicinas y alimentos, ahí no lo podemos apoyar.
Muchas gracias, por su atención.
ESTADO
DE VERACRUZ
La Presidenta:
Gracias.
Continuando con el orden del día se
concede el uso de la palabra a la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez del grupo
parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo en
relación con el pacto indígena veracruzano.
La diputada Genoveva Domínguez
Rodríguez:
Con su permiso, señora Presidenta:
«Proposición con punto de acuerdo.
Palacio Legislativo, San Lázaro, 14 de noviembre de 2001. Compañeras y compañeros
diputados: la tolerancia es una cualidad que en la vida política de cualquier país,
viene a engrandecer los valores humanos e impulsa a la sociedad a un nivel más justo de
vida, más democrático, más creativo, más comprensivo.
En México, por fortuna tenemos un sistema
político de división de poderes, en el cual las responsabilidades inherentes a cada uno
de ellos se ejercen por mandato y en beneficio de la ciudadanía en general. Nada hay más
valioso que la tolerancia y la armonía para el ejercicio del poder.
Gobernar con tolerancia también pude ser
el mejor instrumento para proyectar los valores humanos. Un gobierno tolerante y un
gobierno creativo puede contribuir a engrandecer la cultura del bienestar social.
Las frases emanadas de nuestra Carta Magna
que dicen: "protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes que de ella emanen y si no lo hiciere así, que
la nación me lo demande", nos recuerdan que hace tres años allá en Veracruz así
juró ante el pueblo veracruzano el gobernador, el licenciado Miguel Alemán Velasco,
mismo que a la fecha no sólo no ha cumplido sus promesas de campaña, sino que ha
utilizado el poder para demostrar sus actitudes fascistas y represoras contra el pueblo
que ilusionado, lo llevó al palacio de gobierno.
Un ejemplo claro es la indiferencia a la
problemática y a los graves conflictos que en diferentes estratos de la sociedad
veracruzana ocurren, pero que se recrudecen más, mucho más en las poblaciones más
marginadas, en particular en las zonas indígenas del Estado de Veracruz que viven en una
cruda realidad, por lo que cansados de la impunidad, del hambre y de la desesperación,
los indígenas veracruzanos se han unido en un gran pacto indígena veracruzano dentro del
marco jurídico constitucional.
Esta forma de organizarse para plantear sus
problemas a una respuesta trágica y funesta por parte del gobierno que ha provocado hasta
la fecha muertos, lisiados, encarcelados y perseguidos políticos que tienen a las
comunidades indígenas en estado de grave tensión sicológica, de depresión y de
inseguridad, ya que toda aquella persona que se pone al frente de esta lucha indígena es
intimidada y hasta amenazada de muerte, como es el caso de su servidora.
Incluso se llegó al límite de la barbarie
política ayer, aquí en esta Cámara, en donde estuvieron presentes representantes de
diversas comunidades del pacto indígena veracruzano; en la sala de prensa de este recinto
ofrecieron una conferencia de prensa para plantear sus problemas, buscando ayuda y
solidaridad de este honorable Congreso. Anexo a este documento el boletín informativo de
la conferencia de ayer.
Como consecuencia de esto, al salir un
representante de las comunidades indígenas del norte de Veracruz de nombre Lauro Cruz,
fue intervenido, fue llevado a un automóvil con policía judicial y hasta esta hora
tenemos conocimiento de que otras tres personas más del norte de Veracruz han sido
detenidas por seguridad pública allá en Veracruz.
Este clima de intolerancia que ha
caracterizado al gobierno de Miguel Alemán que no sólo es la ingobernabilidad, sino la
negligencia de sus funcionarios en secretarías tan medulares como son la Secretaría de
Seguridad Pública y sobre todo la Procuraduría de Justicia del Estado, que en manos del
maestro Pericles Namorado Urrutia, se ha convertido en una institución más subordinada a
los fines políticos particulares del Ejecutivo estatal y no al servicio de la sociedad
veracruzana.
El gobierno de Alemán se ha caracterizado
por violar sus propias propuestas en materia constitucional; por ejemplo, en la
Constitución local del Estado de Veracruz, aprobada recientemente, señala en su
artículo 5o. el reconocimiento a la composición pluricultural y multiétnica de la
entidad federativa; el respeto y protección a las leyes, a sus culturas, a sus recursos y
formas específicas de organización social. El derecho a la libre determinación de los
pueblos indígenas dentro del marco jurídico constitucional, su autonomía y sus formas
de gobierno de acuerdo a sus usos y costumbres.
3151,3152,3153
Esta reforma a la Constitución local
también contiene las figuras jurídicas, del plebiscito y referendum, mismas que
ha sido objeto de elogios dentro y fuera de Veracruz, vertidos hacia el Congreso y el
propio Ejecutivo del Estado. Sin embargo, en los hechos, el Congreso local y el gobierno
de Alemán, no cumplen con los derechos establecidos en el artículo 5o. de la
Constitución local en materia de derechos y cultura indígena.
Sería bueno que en el informe que presenta
mañana por escrito al Congreso local el licenciado Miguel Alemán Velasco, mencionara
puntualmente sobre los muertos, sobre los lisiados por las golpizas que les ha propinado
la policía estatal.
Sería bueno que enumerara las diversas
órdenes de aprehensión por delitos de conciencia y la lista de los presos políticos
indígenas que existen en las cárceles veracruzanas, como es el caso del caso del
reclusorio en Perote.
Pero lo que vemos venir seguramente será
un informe maquillado, como tantos otros, sobre todo que aparezca como un buen gobierno,
cuando la realidad indica todo lo contrario, pues no pueden ocultarse la existencia y
necesidades de más de 800 mil indígenas en el Estado de Veracruz, que piden el respeto a
su libre determinación, de acuerdo a sus usos y a sus costumbres.
Los indígenas han decidido marchar a la
Ciudad de México. Por tal motivo responsabilizamos al gobierno de Miguel Alemán de los
actos negativos que se puedan suscitar en la marcha que este día saldrá de las zonas
indígenas a la Ciudad de México. Esta preocupación la expreso por los antecedentes de
represión que hay en los tres años de gobierno de Alemán, de las marchas que no dejan
llegar a la ciudad de Jalapa; que muchas han sido interrumpidas violentamente.
Por lo antes expuesto propongo el siguiente
punto de acuerdo a consideración de esta Cámara.
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión exhorte, por intermediación de la Presidenta de la mesa
directiva, al titular del gobierno del Estado de Veracruz, licenciado Miguel Alemán
Velasco, a respetar de manera incondicional el artículo 61 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "los diputados y senadores son
inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás
podrán ser reconvenidos por ellas" a que respete también a los derechos humanos de
los pueblos indígenas de Veracruz, que demandan atención a sus problemas.
Segundo. Que se forme de inmediato
una comisión de diputados federales plurales, para que intervengan, protejan y acudan al
llamado de los pueblos indígenas veracruzanos, específicamente los casos de Coyutla, de
Xochiapa, de Zocohuite, de Progreso de Zaragoza y tomen cartas en el asunto, a fin de que
se respeten las formas de organización y las garantías constitucionales de la población
indígena veracruzana. Es urgente esta medida debido a los antecedentes y al clima de
ingobernabilidad y de inseguridad que prevalece en las zonas indígenas del norte, del
centro y del sur del Estado de Veracruz.
Firman los diputados: Genoveva
Domínguez Rodríguez, Auldarico Hernández Gerónimo, Miguel Bortolini,
Adela del Carmen Graniel, Alberto Anaya Gutiérrez, Martí Batres
Guadarrama, Rafael Hernández, Rubén Aguirre, Rogaciano Morales,
Luis Herrera Jiménez, Petra Santos, Arturo Herviz, José Manuel
del Río Virgen, de Convergencia y Pedro Miguel Rosaldo y Rufino Rodríguez.»
Es cuanto, señora Presidenta. Muchas
gracias.
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Para referirse al mismo tema, se concede el
uso de la palabra al diputado Francisco Ríos Alarcón, del grupo parlamentario del PRI,
hasta por cinco minutos.
El
diputado Francisco Ríos Alarcón:
Con su autorización, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Quiero aclarar, primero que nada, que en
Veracruz no existe ningún pacto indígena. El único pacto que existe en Veracruz es el
que el gobernador, Miguel Alemán, convocara a todos los veracruzanos a la nueva
aprobación de una nueva constitución, en donde todos los veracruzanos participemos a lo
largo y ancho del Estado de Veracruz y que, sin lugar a dudas, fue del conocimiento que la
legislatura pasada lo aprobara.
Es necesario ilustrar a esta Asamblea en
donde la diputada que me antecedió en el uso de la palabra manifestara de que el gobierno
de Miguel Alemán ofrece un gobierno intolerante; yo quisiera decirle lo contrario y
quiero decirle a todos los compañeros que vengo a esta tribuna porque conozco del tema.
Represento a una de las comunidades y
precisamente de donde es originario el compañero que el día de ayer, por razones
seguramente justificadas, fue aprehendido, no reprimido, fue aprehendido.
Se nos informó, y también desde luego con
la preocupación de que se trata de un indígena al cual nosotros también representamos,
pedimos información del porqué había sido detenido. Lo cierto es que bueno, se nos ha
informado que los diferentes motivos por el cual este señor, junto con otro compañero,
fuerón detenidos, fue porque han incurrido en delitos. Lo cierto es que en la zona de
Zocohuite, del municipio de Izhuatlán de Madero, en donde por más de un año el gobierno
ha sido tolerante con estas personas, donde se ha tratado de buscar una salida de manera
política y pacífica.
o cierto es que la gran mayoría de esta
zona por más de un año ha estado sufriendo el no tener un transporte que tanto demanda
la gente. Estoy enterado de que el día de ayer efectivamente fue aprehendida esta gente,
pero lo cierto es que también estoy enterado que en esa zona, en la zona de conflicto, en
la zona de Zocohuite, pues la gente ha reaccionado de manera normal y hubo comentarios que
lo que quiere esta gente es que el problema se resuelva.
Y qué bueno que el licenciado Miguel
Alemán haya tomado ya cartas en el asunto y que le dé la razón a quien la tenga.
Este es un problema que se ha venido
padeciendo en la zona de Izhuatlán de Madero por más de un año, por lo que yo quisiera
pedirles a los compañeros diputados de Veracruz y los que estamos involucrados en este
tema a que seamos realistas y que veamos las cosas de manera positiva, porque los únicos
afectados, los únicos que están padeciendo y la gente seguramente que nos está viendo
ahorita lo sabe que lo que quiere, es que se solucione este problema, porque no podemos
nosotros estar sujetos a la voluntad o al capricho de algunos campesinos o seudolíderes,
como se les ha denominado en la zona.
Lo que quiere la gente es que se solucione
el problema y una de las soluciones es que quiere que el transporte, sobre todo en esa
zona de Zocohuite, se regularice.
No confundamos y quiero pedirle aquí a los
compañeros la famosa tolerancia con la impunidad. Si esta gente y las autoridades
competentes de ejercer la autoridad en el Estado de Veracruz giraron las órdenes de
aprehensión, seguramente fue porque tienen sustento
Yo los invito a todos los compañeros
diputados interesados en darle solución a este problema, no tan sólo el de Zocohuite,
sino a otros que se han atravesado en el Estado de Veracruz, a que actuemos con
congruencia, con mucha responsabilidad.
No debemos utilizar a los indígenas
solamente para fines políticos; tenemos que hablar con ellos, tenemos que ser conscientes
en cada uno de los temas, porque son distintos temas; no es uno solo, son distintos temas
que se han planteado aquí. Pero el caso específico de la aprehensión de los compañeros
que aquí se señaló, seguramente las autoridades competentes tienen elementos para
poderlos haber detenido. Así es que mi invitación, compañeras y compañeros, que
coadyuvemos, que ayudemos a la solución de estos problemas que solamente afectan
precisamente a todos nuestros compañeros indígenas.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para rectificar hechos se concede la
palabra hasta por cinco minutos a la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo
parlamentario del PRD.
La diputada
Genoveva Domínguez Rodríguez:
Estoy de acuerdo en que este Congreso,
en que los diputados federales del Estado de Veracruz, debemos sumarnos, debemos hacerle
frente, debemos estar unidas todas las fracciones, del PAN, del PRI, del PRD, de
Convergencia, para solucionar toda esta problemática que está dañando más que nada a
los más desprotegidos; pero también hay que hablar muy claro.
La situación en Veracruz, más que caer en
particularidades, es una situación que en lo general tiene una característica que en
este país en diversos momentos de la historia de nuestro país en diferentes estados, en
el Distrito Federal, se ha caracterizado por la represión. No podemos tapar el Sol con un
dedo.
Cuando hablamos de represión estamos
hablando de grandes movimientos que han marcado la historia en este país, como fue el de
1968, en donde se fabricaban delitos a diestra y siniestra.
Lo que ha pasado en el Estado de Veracruz
tiene características de represión muy específicas. No se trata, creo, aquí, de que
los diputados del PRI vengan a defender a Miguel Alemán Velasco, porque el mayor
compromiso que tienen, lo tienen con la gente que los trajo aquí, por el electorado que
confió en ellos. Están, y quiero recordarles, al servicio del pueblo de Veracruz; no al
servicio del Ejecutivo estatal.
Quiero exhortar al Partido Acción
Nacional, a los diputados federales veracruzanos, a que volteen sus ojos al Estado de
Veracruz, a que se metan en el problema, que estén inmersos, porque pruebas hay, muy
claras, hay todo un expediente de convenios firmados por diferentes autoridades de
Veracruz, desde la subsecretaría de gobierno, desde la Secretaría de Seguridad Pública
y hay aquí un convenio firmado allá en el norte de Veracruz, donde dice que el gobierno
del Estado atenderá lo relativo a las denuncias existentes en las agencias del Ministerio
Público de Xicontepec, levantada en los hechos, ocurrida en la comunidad de Zocohuite, a
efecto de que dentro del marco de la ley se trate de que no se ejerzan acciones legales y
penales para los integrantes del movimiento indígena.
Y un convenio así también se firmó en
Xochiapa y también se firmó en Coyutla y también se firmó en Progreso de Zaragoza. Hay
una gran cantidad de convenios, como prometerles que les darán permisos para que circulen
sus camiones de transporte, como para prometerles lo que no les ha cumplido.
Yo creo que ya basta de que los
funcionarios encargados de resolver los problemas en Veracruz firmen convenios, alienten
esperanzas y no cumplan con sus responsabilidades. Yo hago un llamado, desde esta tribuna,
a la sociedad veracruzana, a sus representantes, a sus diputados locales, para que se
sensibilicen y recuerden que las zonas indígenas en Veracruz son de carne y hueso y no
sólo son historia y que no sólo son zonas arqueológicas; están allá, son más de 800
mil y están sufriendo hambre, persecución y sobre todo desesperados de que en este año
se ha recrudecido más la persecución y la intolerancia y, lo vuelvo a repetir: la
ingobernabilidad del Ejecutivo estatal.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Se concede el uso de la palabra al diputado
Sergio Vaca Betancourt, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco
minutos.
El diputado
José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón:
Con su permiso, diputada Presidenta:
Voy a referirme de manera breve a las
afirmaciones del diputado Ríos, paisano mío y a quien por cierto aprecio.
Qué bueno que aquí reconoció que lo que
se aprobó en Veracruz, con el voto en contra de los nueve diputados locales de mi
partido, entre ellos el de la voz, y con el voto en contra de dos mujeres diputadas
locales perredistas, fue una nueva Constitución. Que allá se disfrazó y le pusieron un
maquillaje resplandeciente y caro, diciendo que era una Constitución reformada
integralmente.
No es tal. Ni es ejemplar para Veracruz, en
México y el mundo, como han propalado sus aplaudidores. Pero además cómo podemos decir
que la administración priísta de Miguel Alemán en Veracruz es tolerante, especialmente
con los indígenas.
3154,3155,3156
Comencemos por Xochiapan. Un líder
indígena hoy está en la cárcel. Pero en Perote, donde mandan a los que ya están
condenados con sentencia penal ejecutoria y a él apenas se le está instruyendo el
proceso, donde están los delincuentes de la peor ralea. No sé si es inocente o culpable,
pero en técnica jurídica no debiera estar con los peores de los más malos, de cualquier
recluso de una cárcel veracruzana.
¿Y qué decir de Coyutla, donde se firmó
un convenio, donde yo intervine y el 11 de julio, a las 11:30 pm, salieron del palacio de
gobierno indígenas totonacos con la certeza de que podían entregar el palacio municipal
entre la una y dos de la tarde, acuerdo que se hizo con el subsecretario de gobierno Jorge
Uzcanga y a las tres y media de la madrugada, cuando estaba corriendo el plazo, 1 mil
agentes de seguridad pública invadieron, como si fuera un país extraño, el municipio
indígena de Coyutla.
Y llegamos a Xocohuite, ahí hay tres
convenios que obran en mi poder que no cumplió la administración del licenciado Miguel
Alemán, como tampoco cumplió un acuerdo escrito y otro verbal en Coyutla. Pero además,
dijo el diputado Ríos, que tomó cartas en el asunto ahora. ¡Falso! Tomó cartas en el
asunto de Xocohuite desde octubre del año pasado. Han transcurrido más de 13 meses.
Y para terminar, yo fui de los que voté en
contra de que los indígenas pasaran a la tribuna, porque creo que eso no resolvía nada y
en verdad que no resolvió nada. Mucho mejor, pero sobre todo mucho más útil sería
tratarlos como lo que son, como iguales y cumplirles la palabra.
Termino. Ojalá y esa represión galopante,
en crescendo, contar los que no se someten en el Estado de Veracruz, termine, porque hasta
hoy se aplica la "ley del garrote" para cualquiera que es disidente y la
"manga ancha" para todos los complacientes que cada vez somos menos.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para contestar alusiones personales, se
concede el uso de la palabra al diputado Francisco Ríos Alarcón.
El
diputado Francisco Ríos Alarcón:
Con su autorización, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Con el mismo afecto, diputado Vaca, le
reitero a usted mi respeto y mi admiración. Pero efectivamente hay no tres convenios,
quiero decirle que en el último de los derechos que se suscribiera con el señor Lauro,
precisamente se habla de los cumplimientos que las dos partes, tanto los campesinos como
el gobierno del Estado, deberían darle seguimiento y cumplimiento desde luego a estos
convenios.
Lo cierto es que a partir de estos
convenios y quiero referirme específicamente del problema de Xocohuite, es que el asunto
estaba solucionado, porque precisamente se hablaba de la firma de estos convenios.
Lamentablemente y yo aquí quiero decirlo
públicamente, lamentamos que de manera inesperada sucede un nuevo accidente, que en esa
indemnización de las personas, de los familiares de esta persona, estuve presente y
firmé el acta de la indemnización que se diera. Lo cierto es que, y hay que decirlo, que
esta gente buscaba un pretexto para no darle cumplimiento a los acuerdos ya tomados.
Y quiero decirles que tan ha sido tolerante
el gobierno de Miguel Alemán, como usted aquí atinadamente lo ha dicho, es que han
transcurrido 13 meses buscando y tratando de darle una solución de manera pacífica,
conciliando con los intereses de los indígenas.
Lo cierto es que los indígenas, y me
consta porque soy de la zona, es que piden un mejor transporte, pues claro que pedimos un
mejor transporte, queremos mejores condiciones de vida, indudablemente porque somos de la
zona, pero de manera irregular, violando la ley, sin ningún permiso autorizado, meten
unos camiones y de veras decirlo aquí es lamentable, pues peores que con los que
actualmente contaban en esta zona con el transporte.
Entonces, no se vale que se nos diga una
cosa y en los hechos sean otras. Lo cierto es que en el último de los convenios, para su
conocimiento el día 12, el gran número de compañeros que habían iniciado esta lucha,
bueno firman un nuevo convenio en donde están totalmente en desacuerdo en el seguimiento
que se le ha dado a este problema y cuento aquí con el último de los acuerdos, en donde
denuncian sus mismos compañeros el hecho de que se les está utilizando para otros fines,
según ellos, y constan aquí en las actas.
Pero lo más grave es que estas personas
que han venido aquí a denunciar en que al gobierno de Miguel Alemán se le acusa de ser
un gobierno represor, lo cierto es que hay elementos, porque también tengo aquí
constancia en donde han incurrido en una serie de delitos y con la ley obviamente que no
se puede negociar, se han cometido delitos, bueno pues lo sentimos como también sentimos
que la empresa de autotransportes que presta sus servicios allá no reúna todos los
requisitos, bueno pues haremos en su momento el reclamo los diputados y las autoridades de
allá para que se preste desde luego un mejor servicio.
Pero no podemos nosotros venir aquí a esta
tribuna a decir que el gobierno que ejerce Miguel Alemán ha sido intolerante, a nosotros
nos consta y creo que vamos a asumir la responsabilidad, porque estamos allá en las zonas
de que la gente nos dé o no nos dé la razón, sabemos que lo que quiere la gente es que
el gobierno de Miguel Alemán resuelva el problema conforme a derecho, que este problema
debe de dársele solución porque son 13 meses de que hemos estado padeciendo en este
conflicto, en este problema y que el licenciado Miguel Alemán lejos de ser intolerante ha
sido tolerante por buscar una salida de manera pacífica y de manera política a este
problema.
Yo insisto…
La Presidenta:
Diputado, está solicitando el diputado
Vaca hacerle una interpelación ¿la autoriza usted?
El diputado Francisco Ríos Alarcón:
Si me permite diputado, al final. Los
invito pues a los diputados sobre todo a los diputados que conocemos del problema, los que
estamos inmersos en este asunto, yo me refiero exclusivamente al tema de Xocohuite y sobre
el tema de la gente que el día de ayer fue aprehendida.
Yo los invito a que pongamos cada una de
nuestra parte mayor esfuerzo para que el gobierno del Estado resuelva y resuelva de una
vez este problema conforme a derecho.
Muchas gracias.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
¿Aceptará usted la interrogante del
diputado Vaca?
El diputado Francisco Ríos Alarcón:
Adelante, señor diputado.
El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):
Gracias, diputada Presidenta y gracias
diputado Ríos mi amigo y paisano; una sola pregunta, usted acaba de decir que el derecho
no se negocia, negociar puede utilizarse como sinónimo de llegar a un convenio, de llegar
a un acuerdo y parte del honor de una mujer o de un hombre, es respetar sus acuerdos
independientemente que sean verbales o escritos.
¿Tiene usted conocimiento, y ésta es la
pregunta, que en tres convenios de octubre 19 del año pasado, octubre 23 del año pasado
y febrero 2 del año en curso, en representación del señor gobernador Miguel Alemán,
del licenciado Manuel Guevara Ortiz, director general de coordinación regional de la
Secretaría de Gobierno, del general Rafael Renato Susnaga, director operativo de la
dirección general de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y finalmente del general
brigadier del Ejército mexicano, Valentín Romano López, hoy subsecretario de Seguridad
Pública, firmaron tres compromisos estableciendo que no se reservaba acción penal contra
Lauro y los demás indígenas contra los que se ha, algunos de ellos ya están detenidos,
si sabe usted que en estos tres documentos firmados por altos funcionarios del gobierno de
Veracruz, se comprometieron a no ejercer acción penal y dijeron que no se reservaba
acción alguna?
El diputado Francisco Ríos Alarcón:
Bueno, en referencia a lo que comentaba el
diputado es que ha sido una serie de convenios, diputado, que se han firmado y que en
donde el gobierno del Estado y quiero aquí invocar a la Comisión de Asuntos Indígenas
porque fue donde acudimos en el gobierno del Estado a presenciar una serie de acuerdos que
se han venido dando, lo cierto es que vemos que el gobierno del Estado ha ido cumpliendo
puntualmente e insisto, creo que el punto de partida de la detención de estos elementos,
además de que hay suficientes elementos para consignarlos, creo que el punto de partida
es el no cumplimiento del último acuerdo que se tomó y que es ahí donde a partir de ese
momento miembros del propio organismo se desligan totalmente de este movimiento porque
creen que ha tomado otros rumbos.
Ojalá que haya dado respuesta a su
pregunta e insisto que ojalá los diputados de Veracruz que estamos involucrados y sobre
todo los diputados de la zona, pongamos nuestro esfuerzo para dar solución a este
problema que afecta a los indígenas del Estado de Veracruz de la zona norte.
Muchas gracias.
La Presidenta:
El diputado Herviz solicitó el uso de la
palabra para rectificar hechos.
El
diputado Arturo Herviz Reyes:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
Como en los viejos tiempos, la represión,
la persecución y los delitos inventados a muchos indígenas de Veracruz, ahora se les
está inculpando por delitos de los viejos gobiernos represores; la sedición, el motín,
el secuestro, cuando la realidad es que los indígenas de Xochiapan inician una lucha por
un municipio libre, fundado en la Ley Orgánica del Estado, justa la petición.
Y creo que esto se le debe de dar curso y
se debe de resolver y, respuesta del gobierno encarcela a Miguel Bautista y a Andrés
Cano. Miguel, precisamente el líder del movimiento promunicipio Libre de Xochiapan.
Esto ya no puede seguir sucediendo y menos
en Veracruz. Hay acuerdos firmados por funcionarios de un grupo y de otro del gobierno de
Miguel Alemán.
Lamentamos que los funcionarios de Miguel
Alemán no tengan una misma línea o no cumplan lo que les diga el señor gobernador,
porque uno acuerda una cosa y el otro hace otra. El problema es que están las órdenes de
aprehensión de muchos más y el problema es que tenemos ahí presos que decimos que son
presos políticos.
El Xocohuite, un caso simple, que solamente
pedían los pobladores de la zona de Alamo que les cancelaran la concesión a algunos o a
una persona que tenía la concesión de transporte por estar violentando muchas cosas o
bien simplemente que les dieran también a ellos una concesión para poder atender bien el
servicio de transporte y precisamente por eso, Lauro Cruz Cruz, Hilario de la Cruz y
Felipe, ex presidente municipal de Benito Juárez, ayer fueron detenidos después de una
conferencia de prensa.
Lamentamos mucho que esto se esté dando en
el Estado de Veracruz, qué bueno que el diputado del Río dice que está preocupado; qué
bueno que los diputados de todas las fracciones aquí en el Congreso nos preocupemos y
llamemos al gobierno de Veracruz a actuar con cordura, pero sobre todo a atender las
peticiones de los indígenas de Veracruz que bueno, son peticiones simples… hay
peticiones ancestrales que no le han cumplido los gobiernos de Veracruz a los indígenas
de Veracruz.
El otro problema de Coyutla es un problema
poselectoral que se ha complicado por falta de visión, de capacidad política,
precisamente de los operadores del gobierno de Miguel Alemán, no sé si aquí lo que hace
falta es que Miguel Alemán busque operadores con capacidad y con habilidad para atender
los asuntos o simplemente se resuelva cambiando a algunos secretarios que actúan en forma
represiva, porque no es posible que se firmen convenios y luego seguridad pública o la
dependencia correspondiente esté actuando, no solamente es eso. También hay órdenes de
aprehensión para 34 ciudadanos de la zona de los tuxtlas, también y habrá muchas
órdenes de aprehensión de muchos ciudadanos más que desconocemos, a lo mejor por
peticiones justas, pero, ¿por qué a veces se llega a todo esto? Es porque no ha habido
la capacidad del gobierno para sentarse a buscar soluciones a los problemas que son
simples, pero que se complican al paso del tiempo, por eso el llamado al gobierno de
Veracruz a atender los asuntos que están ahí y que nos están afectando a una represión
enorme para muchos ciudadanos en el Estado.
3157,3158,3159
Ojalá Miguel Alemán, el señor gobernador
de Veracruz, atienda los graves problemas de Veracruz.
Es cierto que el gobierno ha manifestado
que por problemas protagónicos de muchos diputados o muchos actores no atiende, que
atienda directamente a los indígenas, si ése es un problema, pero también los diputados
son representantes populares y tienen esa capacidad de gestoría, que no lo vea en
función de la elección de 2004, que lo vea en función de los grandes problemas que
tenemos en Veracruz y que se atiendan y que se resuelvan.
Exigimos libertad para los presos que
están en Perote, para Miguel, para los compañeros que fueron detenidos ayer, inmediata
libertad porque sus peticiones son justas, si se han cometido algunos delitos es porque
los han prefabricado.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Para rectificar hechos tiene la palabra la
diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta
por cinco minutos.
La
diputada Alba Leonila Méndez Herrera:
Con su permiso, compañera Presidenta;
compañeros diputados:
Es preocupante para los diputados del grupo
parlamentario de Acción Nacional por el Estado de Veracruz, la problemática manifestada
por los compañeros que me antecedieron.
Considero importante señalar que los
enfrentamientos y rupturas manifestados en el Estado de Veracruz y que acaban de mencionar
los compañeros no son los únicos, existen muchos más en diversas regiones.
Los problemas suscitados en su mayoría son
debido a la falta de cumplimiento por convenios establecidos por el mismo gobierno del
Estado y reitero, la inseguridad vivida actualmente es provocada en su mayoría por esos
convenios y que a pesar de que muchas veces el gobierno del Estado al estarlos realizando,
a pesar de estar consciente de que no son viables, de que no se van a poder cumplir, los
proponen, los aceptan, pero el problema está en que no los cumplen.
Y no se trata de hacer un acuerdo tras otro
acuerdo, sino se trata de cumplirlos, de cumplir su palabra.
Quisiera recordarle a nombre de mis
compañeros diputados, al señor gobernador, que es el Estado el encargado y obligado de
preservar la paz y la seguridad en la sociedad y no es válido que actualmente el mismo
gobierno del Estado es el que provoca estos enfrentamientos y rupturas en diversos
sectores de la sociedad, al no cumplir esos convenios.
Ya basta de mentiras por parte del señor
gobernador al hacer creer y mencionar que existe una verdadera gobernabilidad, porque eso
no es cierto y los que vivimos ahí lo sabemos perfectamente.
Desde esta alta tribuna, los diputados
veracruzanos de Acción Nacional exhortamos al señor gobernador del Estado para que a la
brevedad posible intervenga y solucione mediante el diálogo, la problemática existente
en nuestro Estado y hacemos responsable al señor gobernador de estos enfrentamientos
provocados por falta de acuerdos.
También nos unimos a la solicitud que hizo
la diputada, a que se haga una comisión especial para poder vigilar y para poder
solucionar este problema.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado José María
Guillén Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta
por cinco minutos para rectificar hechos.
El diputado
José María Guillén Torres:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Si alguien en Veracruz ha tenido
disposición para el diálogo y para la tolerancia, ése es el señor gobernador Miguel
Alemán.
Hace algunos meses recibió con todos sus
colaboradores y secretarios de despacho, a la Comisión Plural de Asuntos Indígenas,
precisamente para atender los reclamos y justas demandas de ellos. Ahí estuvo el diputado
Héctor Sánchez López, ahí estuvieron otros compañeros diputados, y cada uno de esos
convenios fueron puntualmente atendidos. Por ejemplo, ahí se les dijo que la auditoría
que solicitaban al municipio de Coyutla no se podía efectuar, por el hecho de que estaba
tomado el palacio municipal y toda la documentación se encuentra en el interior de la
institución. Ahí se trató el problema también de Zocohuite, el problema de Xochiapa y
se les hizo ver que era un asunto que competía exclusivamente al Congreso local.
Ha sido tolerante y ha escuchado a los
indígenas, su trabajo lo demuestra a lo largo y ancho de Veracruz. Tanto en el centro
como en el norte, de ahí son testigo de sus acciones todos los actores políticos de
norte y del centro del Estado, como un servidor lo es en el sur.
Hace unos meses se construyó un puente,
por ejemplo, en la comunidad de Minsapan, de un pueblo indígena que se llama Pajapan,
Veracruz. Hoy se construye un hospital en la comunidad de Tonalapa, que atenderá sin duda
a los indígenas populucas, a los indígenas náhuatl y a todos los indígenas de la zona
sur de Veracruz. Se construyeron casi 40 kilómetros que comunican al municipio indígena
de Oteapan con el municipio de Zoteapan.
Se construye otro puente en Peña Blanca,
que tiene un valor de casi 40 millones de pesos y así podría llevarme un gran tiempo
enumerando las obras a favor de los indígenas que realiza el gobernador Miguel Alemán.
Pero está muy claro que no es un
gobernador protagónico y que no tiene excesos de la publicidad, esas obras las agradecen
y las reciben los indígenas de nuestro Estado.
Compañeras y compañeros diputados: creo
que tenemos en la agenda legislativa grandes temas nacionales. Las actividades primarias,
por ejemplo, en donde están involucrados los productores indígenas, sobre todo, tienen
muchos problemas, los cafeticultores, los cañeros, los piñeros, los citricultores, los
maiceros, vengamos a ésta, la tribuna más grande la nación, con propuestas para
resolver los problemas del campo indígena. Eso espera el gobernador Alemán de sus
legisladores, eso espera la sociedad veracruzana, que vengamos con propuestas serias y
contundentes para resolver el problema del agroindígena que tiene que ver con la
soberanía alimentaria, que tienen que ver con los empleos que tanto necesitamos.
Sentémonos a la mesa del diálogo, a
resolver los problemas de fondo de la nación y de Veracruz.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
Los siguiente puntos del orden del día se
tratarán en la próxima sesión. Ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día...
Antes, le rogaría a la Secretaría dé
lectura a dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 34, numeral
1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted:
Que el diputado Auldarico Hernández
Gerónimo sustituya a la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, en la comisión
encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional
relacionados con la Región SurSureste de México.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, San Lázaro, México
D.F., a 13 de noviembre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,
presidente»
La Presidenta:
De enterado.
El
secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 34, numeral
1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted:
Que el diputado Auldárico Hernández
Gerónimo quede en el lugar del diputado Augusto Sotelo Rosas, como secretario en la
comisión encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional
relacionados con la Región SurSureste de México y éste a su vez quede como integrante
de la misma.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, San Lázaro, México
D.F., a 13 de noviembre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,
presidente.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Aprobada.
Continúe la Secretaría.
ORDEN DEL DIA
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 15 de noviembre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLXXVII aniversario de la
expedición del decreto de creación del Distrito Federal, tendrá lugar el 18 de
noviembre a las 9:00 horas, en el patio poniente del palacio del ayuntamiento del Distrito
Federal, Plaza de la Constitución y 5 de febrero.
Del diputado Silvano Aureoles Conejo.
De los congresos de los estados de
Guanajuato y San Luis Potosí.
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.
Oficio de la Secretaría de
Gobernación
Por el que comunica que se ha
establecido contacto con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Secretaría de Economía, para
analizar la situación actual que vive la producción de copra en el país.
Y los demás asuntos con los que la mesa
directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y
CITATORIO
La Presidenta (a las 16:15 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la
próxima que tendrá lugar mañana jueves 15 de noviembre a las 10:00 horas.
3160,3161,3162
RESUMEN
DE TRABAJOS
• Tiempo de duración: 5 horas 34
minutos.
• Quorum a la apertura de
sesión: 268 diputados.
• Asistencia al cierre de registro:
408 diputados.
• Proposiciones con punto de acuerdo:
10.
• Declaraciones: 1.
• Oradores en tribuna:40
PRI–11; PAN–11; PRD–12;
PVEM–2; PT–1; PSN–1; PAS–1; CDPPN–1.
Se recibió:
• 2 comunicaciones de los
congresos de los estados de Coahuila y Quintana Roo;
• 1 comunicación de la Comisión de
Concordia y Pacificación;
• 1 comunicación de la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales;
• 1 iniciativa de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal;
• 1 iniciativa del PRD;
• 2 comunicaciones de la Junta de
Coordinación Política.
Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo
7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, referente al
consejo de administración de dicho organismo.
DIPUTADOS QUE
PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)
| Diputado |
Tema |
| • Alvarez Bruneliere, Silvia (PAN) |
Ciencia y tecnología, presenta proposición
con punto de acuerdo referente a exhortar a los congresos de los estados, para que
establezcan comisiones de ciencia y tecnología. |
| • Anaya Llamas, José Guillermo (PAN) |
Petroleos Mexicanos, segunda lectura a
dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por
el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organis-mos Subsidiarios, referente al consejo de administración de dicho
organismo.Fundamenta el dictamen. |
| • Batres Guadarrama, Martí (PRD) |
Servidores públicos, presenta iniciativa con
proyecto de decreto que reforma los artículos: 214, 216, 221 y 224 del Código Penal
Federal, y del Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 194; referente a
delitos cometidos por servidores públicos. |
| • Batres Guadarrama, Martí (PRD) |
Poder Legislativo, sobre declaración de la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativa a
las opiniones de grupos sociales y económicos sobre el trabajo de la Cámara de
Diputados. |
| • Buenfil Montalvo, Edilberto Jesús
(PRI) en dos ocasiones |
Sector pesquero, presenta proposición con
punto de acuerdo para que los pescadores en épocas de veda se incorporen a programas de
empleo temporal. |
| • Calderón Cardoso, José Antonio (PAS) |
Poder Legislativo, respecto a que todos los
grupos parlamentarios elaboren y den a conocer a la opinión pública, un documento que
aclare la preocupación de la presente legislatura, por servir al pueblo y a la nación
mexicana, en respuesta a lo presentado por la Confederación Patronal de la República
Mexicana. |
| • Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN) |
Sector pesquero, respecto a que los pescadores
en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal. |
| • Domínguez Rodríguez, Genoveva (PRD)
en dos ocasiones |
Estado de Veracruz,
presenta proposición con punto de acuerdo en relación con problemas indígenas en dicho
Estado. |
|
• Figueroa Canedo,
Sara Guadalupe (PVEM) |
Petroleos Mexicanos, segunda lectura a
dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por
el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organis-mos Subsidiarios, referente al consejo de administración de dicho
organismo. |
| • García Dávila, Víctor Antonio
(PT) |
Poder Legislativo, presenta proposición con
punto de acuerdo, sobre la declaración y fiscalización de la Confederación Patronal de
la República Mexicana, hacia los diputados integrantes de la LVIII Legislatura. |
| • García Farías, Rubén (PRI) |
Poder Legislativo, respecto a que todos los
grupos parlamentarios elaboren y den a conocer a la opinión pública, un documento que
aclare la preocupación de la presente legislatura, por servir al pueblo y a la nación
mexicana, en respuesta a lo presentado por la Confederación Patronal de la República
Mexicana. |
| • Guadarrama López, Francisco (PAN) |
Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario, respecto a que el procurador fiscal de la Federación comparezca ante la
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y explique acusaciones
realizadas a algunos miembros de la junta de gobierno del IPAB. |
| • Guillén Torres, José María (PRI) |
Estado de Veracruz, en relación con problemas
indígenas en dicho Estado. |
|
• Gutiérrez
Machado, Miguel Angel (PAN) en tres ocasiones |
Sector pesquero, respecto a que los pescadores
en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal. |
| • Hernández Gerónimo, Auldarico (PRD) |
Petroleos Mexicanos, segunda lectura a
dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por
el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organis-mos Subsidiarios, referente al consejo de administración de dicho
organismo. |
| • Herrera y Bruquetas, Angel Enrique
(PRD) |
Poder Legislativo, presenta proposición con
punto de acuerdo respecto a que todos los grupos parlamentarios elaboren y den a conocer a
la opinión pública, un documento que aclare la preocupación de la presente legislatura,
por servir al pueblo y a la nación mexicana, en respuesta a lo presentado por la
Confederación Patronal de la República Mexicana. |
| • Herviz Reyes, Arturo (PRD) |
Sector pesquero, respecto a que los pescadores
en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal. |
| • Herviz Reyes, Arturo (PRD) |
Estado de Veracruz, en relación con problemas
indígenas en dicho Estado. |
| • Hinojosa Herrera, Josefina (PRI) |
Comisión Nacional del Agua, presenta
proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2002, se destinen mayores recursos a los programas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento que opera dicha comisión. |
| • Larrazábal Bretón, Jaime Arturo (PRI)
|
Sector pesquero, respecto a que los pescadores
en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal. |
| • Leyva Acevedo, Efrén Nicolás (PRI) |
Sector pesquero, respecto a que los pescadores
en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal. |
| • López Brito, Francisco Salvador (PAN) |
Sector pesquero, respecto a que los pescadores
en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal. |
| • Magallanes Rodríguez, José Antonio
(PRD) |
Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario, presenta proposición con punto de acuerdo para que el procurador fiscal de la
Federación comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda
y explique acusaciones realizadas a algunos miembros de la junta de gobierno del IPAB. |
| • Méndez Herrera, Alba Leonila (PAN) |
Estado de Veracruz, en relación con problemas
indígenas en dicho Estado. |
| • Ramírez Cabrera, Francisco (PAN) |
Distrito Federal, presenta proposición con
punto de acuerdo sobre aspectos de protección civil, en el entubamiento del llamado gran
canal de desagüe en tramo correspondiente a la delegación Venustiano Carranza. |
| • Riojas Santana, Norma Patricia (PSN) |
Poder Legislativo, respecto a que todos los
grupos parlamentarios elaboren y den a conocer a la opinión pública, un documento que
aclare la preocupación de la presente legislatura, por servir al pueblo y a la nación
mexicana, en respuesta a lo presentado por la Confederación Patronal de la República
Mexicana. |
| • Ríos Alarcón, Francisco (PRI) en dos
ocasiones |
Estado de Veracruz, en relación con problemas
indígenas en dicho Estado |
| • Salazar González, Concepción (PVEM) |
Sector pesquero, respecto a que los pescadores
en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal. |
| • Salgado Macedonio, José Félix (PRD) |
Estado de Guerrero, presenta proposición con
punto de acuerdo, en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la estructura
y funcionamiento de hospitales en diversos municipios de dicha entidad. |
| • Salgado Macedonio, José Félix (PRD)
en dos ocasiones |
Sector pesquero, respecto a que los pescadores
en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal. |
| • Sánchez González, Martha Silvia (PRI) |
Sector pesquero, respecto a que los pescadores
en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal. |
| • Sicilia Salgado, Raúl Efrén (PRI) |
Estado de Hidalgo, presenta proposición con
punto de acuerdo respecto a incrementar el presupuesto de la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro, Sociedad Anónima, para mejorar el suministro de energía eléctrica a los
municipios de esa entidad federativa. |
| • Vaca Betancourt Bretón, José Sergio
Rodolfo (PAN) |
Estado de Veracruz, en relación con problemas
indígenas en dicho Estado. |
| • Villegas Flores, Carlos Nicolás (PAN) |
Estado de Hidalgo, respecto a incrementar el
presupuesto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, para mejorar
el suministro de energía eléctrica a los municipios de esa entidad federativa. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en
esta edición:
| Banamex |
Banco Nacional de México,
Sociedad Anónima |
| Bancomer |
Banco de Comercio, Sociedad
Anónima |
| Conacyt |
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología |
| Coparmex |
Confederación Patronal de la
República Mexicana |
| Copladeg |
Comisión de Planeación y
Desarrollo del Estado de Guerrero |
| D.F. |
Distrito Federal |
| Fobaproa |
Fondo Bancario de Protección al
Ahorro |
|
Fonaes |
Fondo Nacional de Empresas en
Solidaridad |
| IMSS |
Instituto Mexicano del Seguro
Social |
|
IPAB |
Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario |
| ISSSTE |
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA |
Impuesto al valor agregado |
| km |
Kilómetro |
|
Liconsa |
Leche Industrializada de la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares, |
| ONU |
Organización de las Naciones
Unidas |
|
PAN |
Partido Acción Nacional |
|
Pemex |
Petróleos Mexicanos |
|
pm |
Pasado meridiano |
|
PRD |
Partido de la Revolución
Democrática |
|
PRI |
Partido
Revolucionario Institucional |
|
PSN |
Partido de la Sociedad
Nacionalista |
|
PT |
Partido del Trabajo |
|
PVEM |
Partido Verde Ecologista de
México |
|
S.A. |
Sociedad Anónima |
|
Secodadm |
Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo |
|
Semarnap |
Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca |
|
UNICEF |
Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (por las siglas en inglés) |
|