Diario de Debates No. 33, 6 de diciembre de 2001, Primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio, LVIII Legislatura

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

ASISTENCIA

La Presidenta:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 271 diputados. Por lo tanto, hay quorum.

La Presidenta (a las 10:39 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de diciembre de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De la diputada Fanny Arellanes Cervantes.

Del director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con la que remite el informe semestral de labores, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 311 fracción XIV de la Ley de Concursos Mercantiles. (Turno a comisión.)

Iniciativa del Congreso del Estado de Campeche.

De reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a comisión.)

Iniciativa del Ejecutivo

De decreto por el que se expide la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. (Turno a comisión.)

Iniciativas de diputados

De Ley Federal de Acceso a la Información, a cargo de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Roberto Preciado Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

De reformas a los artículos 20, 38, 39, 44 y se adicionan las fracciones IX y X al artículo 21; la fracción IV al artículo 26 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Tomás Lozano Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y al 127 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas a la fracción XX y adiciona una fracción XXI al artículo 29, se reforma la fracción XIX y se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se reforman los artículos 6o., 119, 130, 131 y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De reformas a la fracción IV del artículo 3o. y el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones y se adiciona un capítulo de donaciones a la Ley Aduanera y se reforman los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Guillermo Padrés Elías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma el Código Civil Federal, en materia de violencia familiar, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas al artículo 214 fracción IV del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rodolfo Guadalupe Ocampo Vélazquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De adición de un párrafo segundo al artículo 103 y un transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De Ley de los Organismos y las Actividades de la Industria Petrolera Estatal, a cargo del diputado Manuel Medellín Milán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato conforme a la normatividad vigente, en contra de la contaminación en la cuenca del río Papaloapan.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo relativos a las irregularidades en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto turístico náutico puerto Cancún.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo Federal para que declare área natural protegida la zona conocida como XcacelXcacelito, bajo la categoría de Santuario de Tortuga Marina, en el Estado de Quintana Roo.

Excitativas

A la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.

A la Comisión de Energía, a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.

Proposiciones

Con punto de acuerdo sobre la eliminación de las áreas naturales protegidas, que plantea hacer el Ejecutivo Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el actual proceso electoral en el Estado de Hidalgo, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública apoye la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la situación política que guarda el Estado de México, a cargo del diputado Armando Enríquez Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo con la finalidad de hacer una atenta exhortación al Poder Ejecutivo y a diversas secretarías, a fin de que se dé cumplimiento con las políticas, acciones, programas y compromisos nacionales e internacionales, para establecer una atención integral hacia la población con discapacidad, a cargo del diputado José Abraham Cisneros Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de la UNAM, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para la realización del censo agropecuario de 2002, a cargo del diputado Heriberto Huicochea Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre los límites del Distrito Federal y el Estado de México, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre la problemática que está causando el fenómeno de la marea roja en las costas del Estado de Oaxaca y que hasta la fecha ha provocado el fallecimiento de tres menores de edad, a cargo del diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de Relaciones Exteriores, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación, cumplan con el exhorto que esta Cámara de Diputados les hiciera el 2 de octubre del presente año, para que el "aguila cercenada" sea retirada de toda papelería, propaganda e imagen del Poder Ejecutivo Federal, a cargo del diputado Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al maíz transgénico, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al informe sobre desaparecidos, que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al exhorto para cumplir la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el general Gallardo, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, pueda crearse el Programa de Apoyos para el Desarrollo Equilibrado de las Regiones del País (PADER), a cargo del diputado Abel Trejo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación con el proyecto de presupuesto remitido por el Ejecutivo Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponga de recursos del subejercicio del presente año, para cubrir el adeudo que por consumo de energía eléctrica tienen con la Comisión Federal de Electricidad, los agricultores del Estado de Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 2002, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a la repartición equitativa a las entidades federativas del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, para el ejercicio 2002 y subsecuentes, a cargo del diputado Eduardo Abraham Leines Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al proceso legislativo en torno a la reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal mejorar el servicio del IMSS en Baja California, así como la construcción de una clínica del mismo instituto en el municipio de playas de Rosarito, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se destine mayor presupuesto al Conacyt, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (urgente resolución).

Con punto de acuerdo en relación a la seguridad de los diputados y trabajadores de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional. (Turno a comisión.)

4871,4872,4873

Con punto de acuerdo sobre el incumplimiento de compromisos del Ejecutivo Federal, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2001, a cargo del diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo, en relación a los productores de papa del centro de Veracruz, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, intervenga ante los gobiernos Federal y estatal, para que den solución a las demandas de los indígenas zapotecas presos de la región de Loxicha, a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al cobro excesivo de las tarifas eléctricas de uso doméstico en el Estado de Chiapas, a cargo del diputado Adolfo Zamora Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre los recursos económicos que se destinan a la educación básica que se imparte en las entidades de la República, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Efemérides

Sobre el Día Mundial de la No Violencia Contra la Mujer, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el aniversario del Plan de Ayala, a cargo de los grupos y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.

Sobre el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el aniversario del natalicio de Andrés Molina Enríquez, a cargo del diputado Hermilo Monroy Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el fallecimiento del doctor Manuel Velasco Suárez, a cargo del diputado Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

La Presidenta:

Diputado Patiño, ¿quiere usted hacer alguna observación sobre la orden del día?

El diputado Francisco Patiño Cardona (desde su curul):

Sí, señora Presidenta. Lo que pasa que la semana anterior yo agendé un punto de acuerdo en materia de ciencia y tecnología y justamente porque se encontraba en el lugar número 50 decidí que se pasara al día de hoy, era una cuestión obvia de por qué estaba haciendo ese planteamiento. Sin embargo, hoy me encuentro en la lista del orden del día que aparezco prácticamente en los últimos lugares, es decir, yo no entiendo cuál es la razón, cuando otros puntos similares, en una posición similar a la mía, ahora se encuentran en tercero o cuarto lugar en los puntos de acuerdo. Es decir, yo quisiera una explicación.

La Presidenta:

Como no, diputado. Mire usted, la mesa directiva integra el orden del día de acuerdo a las propuestas que formula la Junta de Coordinación Política, quienes nos sugieren el orden de prelación que le quieren dar a los puntos de acuerdo que ya están inscritos y que están en conocimiento de esta mesa.

Si no tiene usted inconveniente, en el curso de la sesión y antes de que empiece el capítulo de proposiciones, yo instruiría a algunos de los vicepresidentes para que, en contacto con su grupo parlamentario, veamos por qué se definió ese orden en cuanto a la colocación de su proposición.

Gracias, señor diputado.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta:

Si no hay ninguna otra observación sobre el orden del día, continuamos con la sesión para desahogar la discusión del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se procede a su votación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de diciembre de dos mil uno, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del martes cuatro de diciembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos setenta y seis diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba, en votación económica, el acta de la sesión anterior.

Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco, con acuerdo por el que se adhiere a la condena de los homicidios de dos magistrados del Poder Judicial Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, con las que informa de cambios en la integración de diversas comisiones legislativas. De enterado.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita permiso para que el ciudadano Jesús Andrés Delgado Morán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite punto de acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos Mil Dos, se determine que un veinticinco por ciento de las partidas que se autoricen al Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda, se destine a beneficiar a los trabajadores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Presentan iniciativas los diputados:

Moisés Alcalde Virgen, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos cuarenta y siete, fracción cuarta y primero transitorio de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al apartado A del artículo doscientos veintitrés de la Ley Federal de Derechos.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Heriberto Huicochea Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos treinta y tres y treinta y siete de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

César Alejandro Monraz Sustaita, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo dosA de la Ley de Coordinación Fiscal.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley Nacional de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Rodrigo David Mireles Pérez, del Partido Acción Nacional, con proyecto de Ley Federal de Pirotecnia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Librado Treviño Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

José Tomás Lozano y Pardinas, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento setenta y uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con el registro de cuatrocientos cincuenta y un diputados, a las doce horas con cuarenta y tres minutos la Secretaría ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el régimen político mexicano. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Minutas de la Cámara de Senadores, con proyectos de decreto que conceden permisos a los ciudadanos:

Martín Camarena de Obeso, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Filipinas, en Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Fernando Díez Fernández, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de España; en Puebla, con circunscripción consular en el Estado de Puebla.

Manuel González Díaz y Brenda Helena Green Huerta, para prestar servicios en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en la Embajada de ese país, en México, respectivamente.

Lidia Mariana Ortiz Zamudio, para prestar servicios en la sección consular de la Embajada de la República de Panamá en México.

Alexander Ricards Young y Anne Rosenstein Harris, para desempeñar el cargo de agente consular de Estados Unidos de América, en Acapulco, con circunscripción consular en el Estado de Guerrero y en Cozumel, con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo, respectivamente.

Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo séptimo de la Ley Forestal. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Es de primera lectura.

4874,4875,4876

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos doscientos cincuenta y uno y doscientos cincuenta y dos de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura.

A nombre de la comisión, fundamenta el dictamen el diputado Rafael Orozco Martínez, del Partido Acción Nacional.

Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Alcocer Flores, del Partido Acción Nacional y Arturo León Lerma, del Partido Revolucionario Institucional.

Fija su posición el diputado Amador Rodríguez Lozano.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en votación económica, y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por cuatrocientos dieciocho votos en pro y uno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio en memoria del doctor Manuel Velasco Suárez y del escritor Juan José Arreola Zúñiga.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo setenta y cinco de la Ley General de Educación. Es de segunda lectura.

Fundamenta el dictamen, a nombre de la comisión, el diputado Alfonso Vicente Díaz, del Partido Acción Nacional, y propone una modificación.

Para fijar la posición de su grupo parlamentario, pasan a la tribuna los diputados: Javier Rodríguez Ferrusca, del Partido Acción Nacional; Jorge Luis García Vera, del Partido Revolucionario Institucional; y Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

Habla en pro el diputado Juan Alcocer Flores, del Partido Acción Nacional.

En votación económica, la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen.

La Presidencia saluda la presencia del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Rumania en los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta, por cuatrocientos veintiún votos en pro, ninguno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Presidenta informa que por acuerdo de los grupos parlamentarios, la presente sesión se prolongará hasta las dieciocho horas.

Solicita excitativa el diputado Narcizo Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; en relación con una proposición con punto de acuerdo sobre el saneamiento de la cuenca hidrológica Necaxa, presentada el once de septiembre de dos mil uno. La Presidenta formula la excitativa correspondiente.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación de los trabajadores de la salud y empleados públicos.

Habla sobre el mismo tema la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los recursos destinados al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turna a las comisiones Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Sube a la tribuna, para el mismo asunto; el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo.

Eddie James Varón Levy, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se refiere al mismo asunto el diputado Samuel Yoselevitz Fraustro, del Partido Acción Nacional.

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, a nombre del grupo de trabajo en materia de Protección Civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo, se revisen las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, y solicita trámite de urgente resolución.

En votación económica, la Asamblea considera el asunto de urgente resolución.

Hablan en pro los diputados: Lorenso Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

Néstor Villarreal Castro, del Partido Acción Nacional; José de Jesús Reyna García, del Partido Revolucionario Institucional; y Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.

La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo, en votación económica y de la misma forma lo aprueba.

Olga Patricia Chozas y Chozas; del Partido Verde Ecologista de México, relativo al ejercicio de la profesión de sicología por individuos que carecen de título profesional y de cédula con efectos de patente. Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.

Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo, para que comparezca ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el director general del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la necesidad de que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos Mil Dos, un subsidio para el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, que realizan los productores de caña del país. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social.

Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el Plan PueblaPanamá. Se turna a la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional Relacionados con la Región SurSureste de México, con opinión de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las partidas presupuestales destinadas a la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Pasa a la tribuna, para el mismo tema, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud.

Genoveva Domínguez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar se respeten las garantías individuales y los derechos humanos en el Estado de Veracruz, así como su fuero constitucional.

Habla sobre el mismo tema el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional.

Rectifica hechos el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna el primer resolutivo del punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; y el segundo resolutivo, a la mesa directiva para que valore el asunto y su Presidencia, en su caso, actúe en consecuencia.

Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para incluir el pago del bono anual de pensionados y jubilados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de Dos Mil Dos. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social.

Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, para pedir al Ejecutivo Federal la apertura de la Escuela Nacional para Sordos y solicita trámite de urgente resolución

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

La Presidencia informa que la Junta de Coordinación Política no había registrado la presente proposición para trámite de urgente resolución, sino para trámite ordinario, y la turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Jesús Mario Garza Guevara, del Partido Acción Nacional, por el que solicita al Ejecutivo Federal, realice una convocatoria a las naciones que integran el Fondo de Cooperación Económica de los Países de la Cuenca el Pacífico, para que declare el año dos mil dos como el año mundial de dicho organismo. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el presupuesto de cultura para el año dos mil dos. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Cultura.

Se concede la palabra, para el mismo asunto, al diputado José Manuel Correa Ceseña, del Partido Revolucionario Institucional.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de esta sesión; la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las dieciocho horas con cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves seis de diciembre de dos mil uno, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta:

Pasamos al capítulo de comunicaciones.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1 inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que el diputado Mauro Huerta Díaz, queda como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas en sustitución del diputado Roger Antonio González Herrera.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D. F., a 5 de diciembre de 2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitir la siguiente situación:

El diputado Mauro Huerta Díaz, se integra en la Comisión de Asuntos Indígenas en sustitución del diputado Roger Antonio González Herrera.

Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 29 de noviembre de 2001.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

4877,4878,4879

La Presidenta:

De enterado.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 y 63 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le manifiesto de manera respetuosa lo siguiente:

Que por cuestiones de salud que se detallan en documento anexo, le solicito a este órgano legislativo la resolución de los siguientes

PUNTOS

Primero. Se me conceda licencia a partir del día de la aprobación de la misma y hasta el 31 de diciembre del año 2001, para ausentarme de forma temporal del cargo de diputada federal.

Segundo. Llamar al ciudadano Francisco Luis Treviño Cabello, quien es mi compañero de fórmula y suplente, a fin de que tome posesión del cargo durante el periodo de mi ausencia.

Tercero. Se sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.

Atentamente.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 30 de noviembre del año 2001.— Diputada Fanny Arellanes Cervantes.»

La Presidenta:

En consecuencia, ruego a la Secretaría poner a consideración los puntos de acuerdo derivados de esta comunicación.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Están a discusión los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia a la diputada Fanny Arellanes Cervantes, para separarse de sus funciones como diputada federal por la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha y hasta el 31 de diciembre de 2001.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Aprobados.

INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS
DE CONCURSOS MERCANTILES

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

Ciudadana Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 311 fracción XIV, de la Ley de Concursos Mercantiles, así como del criterio contenido en la tesis varios 698/2000PL, adoptado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 698/2000, notificado al suscrito por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEP/PLE/003/ 8422/2000 de fecha 25 de octubre de 2000, presento a esta honorable Asamblea, en mi carácter de director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y en representación de la junta directiva del mismo, el informe semestral de labores ordenado por dichas disposiciones.

Le solicito que, en términos de la normatividad parlamentaria, turne el informe que se adjunta a las comisiones que proceda.

Atentamente.

México, D.F., a 3 de diciembre de 2001.— El director general del instituto, Luis Manuel C. Méjan Carrer.»

«Poder Judicial de la Federación.— Consejo de la Judicatura Federal.— Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.— Tercer informe semestral de labores.— Diciembre de 2001.

Tercer informe semestral

Que cubre el periodo: 12 de junio a 27 de noviembre de 2001

Presentación

Desarrollo del plan de trabajo

1. Administración del sistema de especialistas.

2. Apoyo a los órganos jurisdiccionales en el desarrollo de juicios concursales.

3. Capacitación.

4. Investigación.

5. Difusión.

6. Representación.

7. Información.

8. Junta directiva.

Consideración final.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 311 fracción XIV de la Ley de Concursos Mercantiles y a la resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 698/2000 adoptada el 25 de septiembre de 2000 presento, en mi carácter de director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (el instituto) y en representación de su junta directiva, el tercer informe semestral sobre el desempeño de sus funciones.

Presentación

La antropología social consigna en sus estudios que cuando en una comunidad se produce un cambio, la reacción inicial de la misma es de rechazo. Con el tiempo, el cambio empieza a ser aceptado, adoptado y a formar parte de la cultura de esa sociedad.

Esto es lo que ha venido pasando con la Ley de Concursos Mercantiles. Una situación de oposición se ha vivido en los primeros meses de vida de la ley, pero el cambio empieza a darse, la experiencia que prueba su valor inicia a aparecer. Ese es el sentimiento que abrigamos los integrantes del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

No quiero decir que el proceso ha concluido, pero puede decirse que la experiencia, aún incipiente, empieza a producir aceptación. Los hechos que se reportan en el presente informe, así lo atestiguan.

Desarrollo del plan de trabajo

El trabajo del instituto continuó su desarrollo a partir de la misión, la visión y el plan de trabajo que definimos y diseñamos para el año de 2001. Todas las acciones emprendidas se desarrollaron dentro de ese contexto, que a su vez comprende las funciones y atribuciones que la ley ordena al instituto llevar a cabo.

Los ocho programas diseñados y los proyectos que éstos incluyen, se han venido cumpliendo cabalmente tal como se ha apreciado en las evaluaciones trimestrales que se han realizado. En dichas evaluaciones hemos contado con la presencia y apoyo de la secretaría ejecutiva de las finanzas del Consejo de la Judicatura Federal con quien hemos coordinado todo el esfuerzo programático y de planeación y de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación en el "sistema de evaluación aplicado a la ejecución del programa operativo y al ejercicio del presupuesto 2001 del Consejo de la Judicatura Federal", porque la labor del instituto forma parte orgánica con el quehacer de todo el Poder Judicial de la Federación.

Los objetivos se han cubierto en los porcentajes proyectados y las desviaciones habidas han sido evaluadas para reorientarse en el plan de trabajo 2002 que ya iniciamos a elaborar.

La administración que el director general del instituto ejerce en cumplimiento del artículo 324 fracción I se ha mantenido dentro del presupuesto autorizado, sin crecimiento en la planta de personal y aplicando las medidas de productividad que se instrumentaron al principio del semestre con motivo de la evaluación del segundo trimestre del año.

Presentamos a continuación los resultados obtenidos en el periodo que se informa en ejercicio de las atribuciones que la ley nos asigna:

1. Administración del sistema de especialistas

Por lo que toca al registro de especialistas, en los términos de lo dispuesto por los artículos 311 fracción II y 334, informamos que el mismo, concluido en su diseño e integración y contando con la normatividad interna requerida para regular las diversas fases del proceso de registro, opera en medio físico (papel y tinta) y se trabaja en su integración totalmente automatizada.

En estos momentos ha quedado cubierto con especialistas el 60% del numero de entidades federativas las cuales representan el 85% del mapa de densidad empresarial que indica las áreas donde es más alto el índice de posibilidad de ocurrencias de concursos.

Esto representa un crecimiento del 71% en personas y del 68% en registros respecto a lo informado en el semestre anterior y manifiesta la labor de convocatoria que por toda la República hemos cubierto conforme al diagnóstico elaborado a principios del año. Esa labor nos permitió recabar en este semestre 158 solicitudes, realizar 82 entrevistas y exámenes, registrando a quienes resultaron aptos; los restantes se distribuyen entre los que fueron rechazados y los que se encuentran en proceso.

En el periodo que se informa se dieron de alta las inscripciones de 63 personas que cubren registros en las especialidades de visitadores 50, conciliadores 29 y síndicos 21.

Procesamos la baja definitiva de dos especialistas, una por solicitud del mismo y en un caso por sanción impuesta en los términos del artículo 338 de la ley.

Con ello los totales de especialistas hoy registrados llega a 149 especialistas distribuidos en 98 visitadores, 80 conciliadores y 62 síndicos que totalizan 240 registros.

Debe consignarse asimismo que ya se puso en práctica lo dispuesto por el articulo 312 de la ley en el sentido de que los comerciantes o acreedores que así lo deseen pueden acudir a solicitar al instituto la lista de conciliadores para ser aprovechados como amigables componedores.

Queremos hacer constar nuestro agradecimiento al apoyo que hemos recibido tanto de las otras oficinas y entidades del Poder Judicial de la Federación en las ciudades que hemos visitado para tal propósito, como el de diversos cuerpos colegiados profesionales, colegios, barras, institutos etcétera, sin cuya colaboración no podríamos reportar cumplidas las funciones que nos encomiendan los artículos 311 fracciones I y VI, 32 y 326 de la ley.

2. Apoyo a los órganos jurisdiccionales en el desarrollo de juicios concursales

En el periodo que se informa, hubo importante incremento de los asuntos que se han radicado en los juzgados de conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles.

En la actualidad podemos reportar que hemos venido atendiendo el concurso de 42 comerciantes, cuatro personas físicas y 38 personas morales. El número de acreedores interesados en estos procesos llega a una cifra cercana a los 1 mil 360 y los intereses pecuniarios involucrados son superiores a los 14 mil millones de pesos, según datos desprendidos de las demandas y de los dictámenes de las visitas ya terminadas, con la reserva de que en siete casos las mismas se encuentran en proceso, por lo que la cifra debe ser superior a la que se menciona en varios miles de millones de pesos.

Estos datos suponen un crecimiento de 14 veces con respecto a lo reportado en el mes de junio cuando dábamos cuenta con 12 casos por valor de tan sólo 1 mil millones de pesos.

Los asuntos concursales se han presentado en diversos distritos judiciales de la República: Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán, Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, Guanajuato, Puebla, Jalapa, Toluca, Mexicali y Ciudad de México; han sido solicitados 17 por el propio comerciante y 25 han sido por demanda de diversos acreedores.

Sabemos de otros asuntos que han sido presentados y desechados o prevenidos por los correspondientes jueces, lo cual, aunado a las diversas consultas y contactos que hemos tenido con diversas entidades e instituciones, nos hacen prever que el incremento presentado este semestre y particularmente el último mes y medio, continuará su tendencia creciente.

4880,4881,4882

Conforme lo ordenado por la ley en sus artículos 29, 43 fracción IV, 146, 169 fracción V, 170 y 311, F. IV, en este semestre hicimos la designación de 16 visitadores, tres conciliadores y cuatro conciliadores síndicos a proceso concursales específicos. Todas las designaciones fueron llevadas a cabo aplicando rigurosamente el procedimiento aleatorio que la ley ordena en sus artículos 311 fracción VI, 335, 170 y conforme a las reglas generales elaboradas por el instituto en cumplimiento de dichas disposiciones.

Los especialistas así designados han venido siendo supervisados en su desempeño, conforme nos ordenan los artículos 311, fracción VIII, 332 fracción VII de la ley. Así, se ha cuidado que caucionen su desempeño, que comparezcan en tiempo ante el juez de la causa, que realicen todas y sólo las funciones que la ley les asigna, que rindan sus informes y que concluyan sus labores dentro de los tiempos que la ley les ordena. Esto ha sucedido en el 100% de los casos.

Siempre que lo han requerido, el instituto ha proporcionado apoyo a los órganos jurisdiccionales, con quienes se han intercambiado opiniones; se han atendido 71 consultas, incluyendo una reunión de trabajo en la ciudad de Guadalajara con los órganos jurisdiccionales del tercer circuito y además se les han entregado materiales y estudios sobre diversos aspectos de los concursos mercantiles.

Conforme el artículo 7o. de la ley, es responsabilidad tanto del juez como del instituto el cumplimiento de las obligaciones en los plazos previstos por la misma y conforme al artículo 311 fracción XII, debe el instituto publicar estadísticas al respecto. En este sentido podemos informar que en los casos presentados y operados hasta la fecha.

Entre el escrito de presentación de la solicitud o demanda del concurso a su admisión transcurre un promedio de 10 días en los casos en que no hay interposición de recursos contra autos que desechan ni prevención y de 56 días cuando los hubo.

Entre la admisión de la misma y la orden de visita transcurre un promedio de 32 días.

La visita se ha agotado dentro de los 15 días ordenados por la ley y sólo se ha solicitado en dos ocasiones la prórroga de los otros 15 días.

Del dictamen de la visita o del reporte de que ésta no ha sido posible la sentencia de concurso transcurren en promedio 59 días.

Las sentencias que declaran el concurso y abren, ya la etapa de conciliación, ya la de quiebra, según el caso, han consumido un promedio de 216 días desde la presentación de la solicitud o la demanda.

La única sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos producida hasta hoy, se dictó 248 días después de la solicitud inicial y 140 días después de la declaración del estado de concurso.

En el periodo operativo del instituto y de la ley, cinco asuntos se han iniciado y han quedado totalmente concluidos.

3. Capacitación

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 311 fracción IX, llevamos a cabo los primeros ocho talleres de trabajo para especialistas, seis para los visitadores y dos para conciliadores y síndicos. Contamos con una asistencia de 75 visitadores y de 87 conciliadores y síndicos, 21 visitadores que no pudieron viajar a la Ciudad de México, participaron por medios electrónicos en los eventos correspondientes a su especialidad.

En dichos talleres facilitamos a nuestros especialistas las guías para desempeño de sus funciones, en medio físico y electrónico, de tal suerte que cuentan hoy día con las herramientas más completas, en cuanto a guías, formatos, herramientas de cálculo y dictámenes en formatos de tecnología de punta.

Asimismo invitamos como expositores a varios expertos de distintas instituciones y firmas de profesionales en consultoría y asesoría quienes impartieron conferencias y guiaron sesiones prácticas de trabajo.

Se impartieron en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal 110 horas lectivas en los diversos programas organizados por dicho instituto y dos cursos a nivel posgrado en las universidades de Colima y Bonaterra, sobre la ley.

4. Investigación

En cumplimiento de la obligación que nos impone el artículo 311 F racción X, el instituto ha llevado a cabo en este semestre, la compilación de los trabajos realizados durante el primer año de vida del instituto y además ha elaborado 33 diversos trabajos de investigación que han sido difundidos en la página de Internet del instituto y cuya compilación en medio físico se prepara. Se difundieron las publicaciones "Normatividad Concursal" y la "Competencia Federal en Materia de Concursos Mercantiles", producidos por la dirección general de Publicaciones y Divulgación de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Son de destacarse especialmente: el estudio sobre la graduación y prelación de los créditos en caso de quiebra que ha combinado los análisis jurídicos, matemáticos y financieros del tema, produciendo además del estudio, una herramienta informática que permitirá hacer la contabilidad y la asignación de cuotas de quiebra más eficientemente; el análisis de aspectos jurídicos de la industria cañera; los catálogos de actividades de visitador, del conciliador y del síndico, el modelo de alerta temprana sectorial y otros más que se listan en el anexo correspondiente.

Asimismo debe mencionarse la investigación que hemos iniciado con el apoyo en materia informativa del Banco de México; el modelo que resulte nos permitirá la medición y prevención del riesgo de insolvencia de diversos sectores de la economía y zonas geográficas. La investigación aparecerá en nuestra página electrónica bajo el título de "Modelo de insolvencia sectorial". Este modelo de insolvencia sectorial permitirá ligar formalmente los pronósticos de los eventos macroeconómicos con los problemas crediticios concretos de las empresas.

5. Difusión

Conforme lo dispone el artículo 311 fracción XI, el personal del instituto participó en 56 eventos, tales como conferencias, reuniones, cursos, programas de formación de diversas universidades, así como de asociaciones empresariales, profesionales y académicas, en todo el país, con lo que llegamos con información relativa a la materia concursal a aproximadamente 1 mil 167 profesionales de las diversas disciplinas que la ley involucra en el evento concursal.

En prensa y medios de difusión se cubrieron 35 entrevistas y artículos sobre nuestra materia y quehacer. Grupos de estudiantes universitarios siguen visitando nuestras oficinas pidiendo información.

6. Representación

En cumplimiento de la atribución que le impone al director general el instituto el artículo 324 fracción II, este sostuvo 29 reuniones con distintas entidades públicas y privadas, del país y del extranjero, siendo significativas las labores realizadas con el instituto de derecho MéxicoEstados Unidos (US México Law Institute, Inc.), con la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia (International Associatión of Insolvency Regulators), el Banco Central de Brasil y la comisión ad hoc del gobierno de Pakistán, en estos dos últimos casos proveyendo la experiencia de la ley mexicana y del instituto como auxilio a la formulación de sus correspondientes nuevas leyes concursales.

7. Información

Las fracciones X, XI y XII del artículo 311 ordenan al instituto llevar a cabo una labor de información y de divulgación generalizada de sus labores y de la cultura concursal. Esta función se ha cubierto con los eventos de difusión y representación informados en incisos previos pero además el instituto le da cumplimiento a esta obligación mediante la operación de la página en la red mundial, Internet.

Nuestra página ha sido objeto de una atención constante, en ella, a través de un medio amable de consulta, presentamos toda la normatividad relacionada con la materia concursal, las funciones y domicilios, teléfonos y correos electrónicos del personal del instituto, el estado que guardan los asuntos concursales iniciados en tribunales, las noticias de eventos y cursos relacionados con la materia, los datos del registro de especialistas, los estudios e investigaciones que realizan los miembros del instituto o terceros que han decidido contribuir al análisis y estudio de la materia concursal.

El número de consultas a la página, así como las diversas encuestas que hemos hecho al respecto, indican que tiene una gran aceptación, pues alrededor de 107 personas, de México y el extranjero, la consultan diariamente, lo que al día del cierre de este informe representa 53 mil 067 visitas.

Estamos en proceso de establecer un contacto permanente con el Banco Mundial, para apoyar la información que éste difunde en el mundo sobre la materia con una sección de nuestra página.

8. Junta directiva

La junta directiva, a cuyo cuidado la ley encomienda el instituto sesiona regularmente dos veces por semana y ha llevado a cabo, además, 37 sesiones formales para resolver los asuntos que le impone la ley en su artículo 321, así como las que se ha impuesto con motivo de las reglas generales y la normativa interna del instituto. Las actas de tales sesiones se conservan en los registros del instituto.

Consideración final

La materia concursal es nueva, diferente a lo que vivimos en el régimen anterior. Refiere a una dificultad típica por la que pueden atravesar las empresas; por razones internas o externas; debido a impericia o mala fe o también por ingredientes exógenos fuera de control; es un problema jurídico, pero también financiero, económico, contable y de gerencia.

El problema afecta no sólo a la empresa concursada, sino a sus accionistas, a sus acreedores, a sus deudores, a sus proveedores, a sus trabajadores y a la sociedad en general.

La ley ofrece un camino transparente y honroso que se presenta como una ayuda a comerciantes y a acreedores.

Con ese mismo espíritu, el reporte de enmiendas de la ley de insolvencia canadiense, hacia esta afirmación que es totalmente aplicable al caso que vive hoy la Ley de Concursos Mercantiles:

"Del tratamiento severo y sin piedad a los deudores, el derecho ha venido, a través de múltiples etapas, a reconocer que si bien existen deudores fraudulentos de los cuales la sociedad debe protegerse, el concepto de una quiebra honesta no es una contradicción de términos. Sobre esta base se ha construido la nueva ley concursal."

En el instituto no queremos la quiebra de muchas empresas, sino que éstas encuentren en la ley, en el instituto y en última instancia, en los tribunales federales, la solución que les permita encontrar un camino de salida a sus problemas.

Por las cifras presentadas es de afirmarse que las empresas y los acreedores han encontrado motivos de confianza en el sistema.

De nuevo conviene concluir que la orientación de la nueva ley, la función del instituto como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal y la intervención de los juzgados de distrito, rectores de los procesos concursales, se van instalando en el pensamiento financiero, económico, gerencial, contable y jurídico de la comunidad y que en el Poder Judicial de la Federación nos podemos sentir satisfechos de estar a la altura del reto.

Muchas gracias a todos por su confianza, apoyo y atención.

México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2001.— El director del instituto, Luis Manuel C. Méjan Carrer; Griselda Nieblas Aldana, Judith Saldaña Espinosa, Carlos Huerta Montes de Oca y Francisco Valero Espinosa, vocales.»

Anexos

I. Especialistas en el segundo semestre de 2001.

I.I. Nuevos registros

I.2. Especialistas designados para intervenir en concurso mercantil

I.3. Estadísticas de casos atendidos

I.4. Promoción y recepción de solicitudes de la unidad de registro y control de especialistas

II. Modelo de cobertura mínima y búsqueda de especialistas por Estado

III. Directorio de especialistas de concursos mercantiles

IV. Estudios e investigaciones del IFECOM durante el semestre

4883,4884,4885

ANEXOS

I. Epecialistas en el segundo semestre de 2001.

4886,4887,4888

I.I Nuevos registros

4889,4890,4891

ANEXOS (DOC.2)

4892,4893,4894

ANEXOS (DOC.3)

4895,4896,4897,4898,4899,4900,4901,4902

La Presidenta:

De enterado y remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para su conocimiento.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo.— Poder Legislativo.— LVII Legislatura.— Campeche.

Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.— Presentes

La LVII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, por acuerdo número 24, de fecha 27 de noviembre del año 2001, publicado en el Periódico Oficial del propio Estado el día 28 del mismo mes y en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ese honorable Congreso General, la presente iniciativa de decreto para reformar el párrafo primero del artículo 2o., adicionar la fracción VIII al artículo 25 y adicionar el artículo 45-bis, a la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado de Campeche, al igual que los demás estados que integran el Pacto Federal, se encuentra adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de donde obtiene su principal fuente de financiamiento público, que se traduce en el Fondo General de Participaciones y los siete fondos de aportaciones federales que son los de "Educación Básica y Normal", "Servicios de Salud", "Infraestructura Social", "Fortalecimiento de los Municipios", "Aportaciones Múltiples", "Educación Tecnológica y de Adultos" y "Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal", todos ellos previstos en la precitada Ley de Coordinación Fiscal.

La política federal de Gobierno, desde el año 2000, adicionalmente a los antedichos fondos implementó, sin incluirlo en la ley de referencia, un nuevo fondo de aportaciones federales para las entidades federativas que denominó Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, conocido comúnmente como PAFEF.

El PAFEF ha resultado de importancia capital para los estados, pues ha tenido una gran aceptación en los mismos, ante la carencia actual de recursos, pues es el medio que posibilita el poder hacer frente a la demanda cada vez mayor del gasto público de aquéllos.

Sin embargo, lo que ya es del dominio público, la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2002, no incluye el programa en cuestión, lo cual implica que, al no contemplarse en la iniciativa del depositario del ejercicio del Ejecutivo Federal, sin duda alguna se generarán consecuencias negativas que impactarán, de manera importante, las finanzas públicas de las entidades federativas.

En este sentido se confirma que, respecto del citado programa, queda al arbitrio presidencial su inclusión o no en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por no haber determinación legal alguna que lo establezca, como sí la hay respecto de los demás fondos de aportaciones, circunstancia que desde cualquier punto de vista no garantiza su existencia y menos aún su permanencia, aunándose a esto el que dicho presupuesto es de duración anual, al regir por periodos fiscales, circunstancia que le imprime mayor incertidumbre.

Como muestra de esa incertidumbre, cabe el traer a colación que para el ejercicio fiscal del año 2001 los recursos del PAFEF para el Estado de Campeche se presupuestaron por la cantidad de 152’430,000.00 (ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos treinta mil pesos MN), pero debido a los vaivenes de nuestra economía nacional hasta la fecha han quedado reducidos a la cantidad de 148’375,000.00 (ciento cuarenta y ocho millones trescientos setenta y cinco mil pesos MN) esto es, 4’055,000.00 (cuatro millones cincuenta y cinco mil pesos MN) menos de lo aprobado originalmente.

En razón de lo anterior, al encontrarnos adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, consideramos que es en el texto de la Ley de Coordinación Fiscal, la cual norma la materia, en donde debe quedar establecida la obligatoriedad del otorgamiento del referido fondo, ya que de lo contrario la permanencia del PAFEF queda, como antes hemos dicho, supeditada a la voluntad del Ejecutivo Federal, siendo entonces de interés nacional que el referido Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se establezca como un octavo fondo en el artículo 25 de la invocada ley, para así imprimirle las características de certeza y seguridad en beneficio de los estados, los cuales lo recibirían anualmente, en cada ejercicio fiscal, por mandato de la ley, como gasto de inversión y no para aplicarlo a gasto corriente.

La necesidad de su inclusión en la ley de la materia, también traería como consecuencia el hacerlo independiente de las circunstancias políticas o discrecionales que se reflejan en los frecuentes recortes que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la aplicación de sus políticas internas de gasto y asignación de recursos.

De igual modo, también estimamos que es de interés nacional la modificación del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en el sentido de aumentar en un 1.5% los recursos que constituyen el Fondo General de Participaciones, para situarlos en un 21.5% de la recaudación federal participable, medida que indiscutiblemente conllevaría el fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas y de sus municipios, en la búsqueda de un auténtico federalismo que permita a ambos contar con una mayor fluidez de sus recursos, a efecto de estar en posibilidad de brindar las obras y servicios públicos que reclama la población.

Es importante destacar que, el actual depositario del ejercicio del Ejecutivo Federal, durante su campaña electoral, en múltiples ocasiones manifestó la imperiosa necesidad de aumentar el indicado Fondo General de Aportaciones, con el propósito de beneficiar a todos los mexicanos y mexicanas que, día con día, demandan más servicios públicos y aspiran a un mejor nivel de vida en los lugares en donde habitan.

En mérito de lo anterior, en ejercicio de la facultad que a la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche otorga la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, diputados secretarios de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se modifica la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la reforma del primer párrafo de su artículo 2o., la adición de la fracción VIII a su artículo 25 y la adición, a dicha ley, del artículo 45bis.

Artículo primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

"Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 2I.5% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.

La recaudación federal. . .

No se incluirán. . .

Tampoco se incluirán. . .

El Fondo General. . .

I a la III. . .

El Fondo General. . .

También se adicionará. . .

Adicionalmente, las entidades. . .

Las entidades que. . .

Asimismo, las citadas. . ."

Artículo segundo. Se adiciona la fracción VIII al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y a la propia ley, el artículo 45bis, para quedar como sigue:

"Artículo 25. . .

I a la VII. . .

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Dichos fondos . .

Artículo 45bis. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto del 1% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este fondo se enterará mensualmente, a las entidades federativas, de manera ágil y directa.

Los recursos del fondo se destinarán exclusivamente para inversión en la infraestructura de las entidades federativas. Dichos recursos no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente decreto.

Campeche, Campeche, a 28 de noviembre de 2001.— Diputados: Sergio Pérez Jiménez, presidente; Carlos E. Baqueiro Cáceres, Rafael E. Alcalá Ortiz, Blanca r. Bernés Chan y Ana Laura Alayola Vargas, secretarios.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.— Subsecretaría de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto por la que se expide la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, documento que el propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de esa Cámara.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi consideración.

Atentamente.

México, D. F., a 4 diciembre de 2001.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadana diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El avance del conocimiento científico y la innovación y el desarrollo tecnológico distinguen la nueva realidad económica y social que enfrenta nuestro país y determinan cada vez con mayor intensidad el grado de desarrollo de la nación y el nivel de bienestar de la población. Su profundo impacto en todos los ámbitos de la vida social y su creciente importancia para resolver problemas fundamentales de la sociedad han convertido a la ciencia y la tecnología en elementos cruciales para asegurar el desarrollo de las sociedades modernas.

La investigación básica y aplicada, la innovación y el desarrollo tecnológico integran un proceso continuo que permite ampliar las fronteras del conocimiento y aplicar éstas para contribuir al desarrollo de diversos sectores estratégicos como la educación, la salud, la energía, el medio ambiente, la producción agropecuaria, la producción industrial y las comunicaciones.

Asimismo, la incorporación del desarrollo tecnológico a los procesos de producción es imperativo para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional, así como para mejorar los niveles de bienestar social que demanda la población. La relación directa entre la capacidad de innovación de un país y su competitividad es evidente.

En nuestro país, la importancia del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico han venido adquiriendo un reconocimiento progresivo en el orden jurídico y en la evolución institucional. A partir de la década de los años sesenta se identificó una clara tendencia a reconocer la relevancia de la investigación científica y tecnológica, como factor determinante para satisfacer las crecientes necesidades colectivas del país.

Así, en 1970, con la visión de lo que el cambio científico y tecnológico implicaba para el país, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con el carácter de entidad asesora del Ejecutivo Federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología. La ley que creó dicho consejo, ya ampliamente reconocido en la actualidad por la sociedad bajo sus siglas Conacyt, dio lugar al robustecimiento de la organización del entonces Instituto Nacional de la Investigación Científica constituido conforme a decreto de 1961. Dicha acción legislativa puso en marcha, en 1970, un organismo cuya misión debe profundizarse para que su quehacer trascienda en forma más eficaz en los ámbitos académico, científico, tecnológico, económico y social de México.

4903,4904,4905

La creación del Conacyt en 1970 tuvo como propósito establecer un organismo asesor y de apoyo al Ejecutivo Federal para conducir la política de ciencia y tecnología, fundamentalmente. El organismo ha evolucionado hacia una entidad eminentemente operadora de sofisticados instrumentos de apoyo al quehacer científico y a la innovación tecnológica, concentrando menos del 15% del gasto público federal destinado a estas actividades y sin capacidad para coordinar y articular, de manera horizontal, programas y gasto.

Ahora es necesario que, sin abandonar sus actuales funciones, realice el esfuerzo de coordinación y articulación de nuevos y mejores instrumentos de promoción y apoyo con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los concierte con los gobiernos de los estados e impulse una participación más intensa del sector privado, así como una estrecha vinculación con los ámbitos y sectores académico y educativo. Realizar esta tarea requiere de una innovadora y especial reestructuración organizativa y de funcionamiento, la cual más adelante se explica en sus rasgos esenciales.

El carácter del Conacyt de asesoría y apoyo directo al Ejecutivo Federal se diluyó progresivamente al establecerse su sectorización en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto y, al haberse fusionado esa dependencia, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se readscribió al Conacyt bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública. De esta manera el organismo pasó a conformar un subsector de la administración pública eminentemente de acción vertical a través de sus propios instrumentos, perdiendo con ello la acción horizontal que permitiera multiplicar los esfuerzos de toda la administración a favor del quehacer científico y del desarrollo tecnológico del país. Esta situación también pretende superarse mediante esta iniciativa que se somete a consideración.

Las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología, para tener eficacia, requieren que el Conacyt sea una entidad que participe decididamente en la definición de prioridades y en la asignación del gasto de la Administración Pública Federal en materia de ciencia y tecnología. La Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica de 1999 asigna nuevas responsabilidades al Conacyt relacionadas con las actividades de ciencia y tecnología de la Administración Pública Federal en su conjunto, específicamente a través de su participación en la formulación de políticas y del programa especial de estas materias; esto es, un programa intersectorial, la definición de criterios de asignación de gasto, de indicadores de desempeño y resultados, en el análisis de congruencia de programas y del presupuesto consolidado, así como en la operación de un sistema nacional de información.

En paralelo, dicha ley estableció también para el Conacyt el marco para la operación de diversos fondos de apoyo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Para profundizar y otorgar mayor eficacia a los esquemas de apoyo y a las bases previstas en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica tendientes a la conformación de un nuevo sistema de promoción a la ciencia y la tecnología, se hace necesario contar con un mecanismo que permita articular una política de Estado en esta materia y que garantice su eficaz ejecución, así como un manejo más eficiente y simplificado de los instrumentos de fomento que establece esta ley. No bastan los postulados y objetivos, es necesaria la forma de organización y las facultades que permitan que los propósitos se cumplan.

Entre los retos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 destacan la necesidad de incrementar la capacidad científica y tecnológica del país, así como elevar la competitividad y la innovación de las empresas, para lo cual es indispensable contar con una política de Estado en materia de ciencia y tecnología.

Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país requiere incrementar el gasto nacional destinado a estas actividades; aumentar el personal técnico medio y superior y el científico y tecnológico con posgrado; promover el desarrollo de la ciencia básica asociada a la ampliación y mejoramiento de la calidad de la educación en ciencia y tecnología, así como la expansión de las fronteras del conocimiento; ampliar la infraestructura científica y tecnológica nacional y fortalecer la cooperación internacional en estas materias.

Para elevar la competitividad y la capacidad innovadora de las empresas es necesario incrementar el gasto privado en investigación y desarrollo, promover la gestión tecnológica en las empresas, estimular la incorporación de personal científicotecnológico de alto nivel en las empresas e impulsar la creación de centros de servicios tecnológicos.

Una política articulada de Estado en materia de ciencia y tecnología para el mediano y largo plazo es determinante para el avance científicotecnológico de México, lo cual implica una integración de esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del conocimiento científico y tecnológico, para impulsar áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del país, descentralizar las actividades científicas y tecnológicas y acrecentar la cultura científicotecnológica de la sociedad. En ese marco general se ubica la presente iniciativa.

Es en este contexto general y para contribuir al logro de esos objetivos que se requiere tener un arreglo institucional que permita al Conacyt estructurar un sistema nacional de ciencia y tecnología, operar eficazmente como instrumento promotor y articulador del apoyo a la ciencia y la tecnología a través de toda la Administración Pública Federal y no solamente con sus recursos internos, así como también es necesario concretar el establecimiento de un proceso de definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia y la tecnología, con la participación y compromiso directos del Presidente de la República.

El esquema que se plantea parte de la premisa fundamental de asegurar, de manera efectiva, la coordinación y articulación de decisiones estratégicas de política, programas prioritarios y gasto para apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, mientras que la ejecución de dichas decisiones y las actividades propias de estas materias se asuman como una responsabilidad prioritaria en cada sector de la Administración Pública Federal, con un enfoque descentralizado para impulsar estas actividades en las entidades federativas del país, con un enfoque de promoción y vinculación para lograr una participación creciente del sector privado productivo.

En esencia, se trata de un esquema de organización que impulse y aliente la multiplicación sectorial y descentralizada de acciones, que fomente el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional y que coadyuve a una valoración creciente de la sociedad de la importancia crucial que tienen estas actividades para el desarrollo económico del país y para elevar los niveles de bienestar social de la población.

A continuación se explica el contenido de los elementos que se contienen en dos instrumentos: un decreto de reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y una nueva Ley Orgánica del Conacyt.

Conforme a lo anterior, los aspectos esenciales del contenido de las reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica que someto a estudio y aprobación son los siguientes:

1. Establecer un Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el cual se reconocería como órgano de política y coordinación en materia de ciencia y tecnología en todo el quehacer de la Administración Pública Federal.

2. El Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se propone que sea un órgano colegiado que presida el titular del Ejecutivo Federal y en el que participen los titulares de las secretarías de Estado que de manera más relevante por sus objetivos se vinculan al quehacer científico y de desarrollo tecnológico del país, además de representantes de la organización interna de la Presidencia de la República, vinculados a las políticas públicas de ciencia y tecnología.

La participación de miembros de la comunidad científica, tecnológica e industrial enriquecerá la visión y las funciones del Consejo General orientadas al avance científico y la innovación tecnológica para el desarrollo nacional. Además del establecimiento de políticas, el Consejo General conocería del programa especial de ciencia y tecnología, definiría prioridades y los criterios para la asignación del gasto en esta materia y definiría los lineamientos programáticos y presupuestales para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formulen sus anteproyectos de programa y presupuesto y se asegure, con una visión de conjunto, su análisis integral y de congruencia global. Llevaría a cabo también el seguimiento y las evaluaciones consecuentes.

Las funciones anteriores del Consejo General permitirán la definición de áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios que requieren de una atención presupuestal especial y de acciones intensas y coordinadas de fomento, lo que deberá señalarse anualmente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que, de conformidad con la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, consignará la información consolidada de los recursos destinados a ciencia y tecnología.

Cabe subrayar que este consejo se pretende que sea una instancia de coordinación y de decisión del Gobierno Federal para sumar acciones efectivas a favor de la ciencia y la tecnología, bajo la conducción directa del Presidente de la República. No se trata ni de un órgano operativo de gestión administrativa ni de un órgano consultivo.

3. El Consejo General contará con un Secretario Ejecutivo, el cual se propone que sea el director general del Conacyt, para que apoyado en este organismo descentralizado pueda cumplir los mandatos del Consejo General, realizando las funciones esenciales de planeación estratégica, de coordinación sectorial e intersectorial, de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, así como de la cooperación internacional y de la comunicación y difusión en materia de ciencia y tecnología. Para lograr el cumplimiento de las nuevas funciones de coordinación se hace necesario que el Conacyt cuente con un régimen legal adecuado que contribuya a su eficaz funcionamiento.

4. Para apoyar las funciones del consejo general se estima necesario trabajar bajo un esquema de coordinación intersectorial que compatibilice y potencie los esfuerzos de los diferentes sectores de la Administración Pública Federal y que procure la vinculación tanto de la investigación con la educación, como de la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos. Para este propósito se prevé que el consejo general pueda establecer comités de coordinación y vinculación.

5. Dentro de este esquema de trabajo se propone un mecanismo específico de coordinación intersectorial, para garantizar la ejecución anual del Programa de Ciencia y Tecnología y las políticas, prioridades y criterios de asignación del gasto que defina el consejo general, coordinado conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Conacyt.

6. Se propone reforzar las funciones del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología para que esta instancia de participación de la comunidad científica, académica, tecnológica y empresarial pueda enriquecer con propuestas y opiniones la definición y ejecución de políticas de fomento, la vinculación de la investigación científica y la educación, la vinculación de la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos, así como promover una mayor participación de estos sectores en la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país.

7. Finalmente, se propone precisar y clarificar algunas remisiones de algunos artículos de la ley que han generado problemas de interpretación y dificultado en la práctica su eficaz ejecución. Se trata de precisar que el Conacyt es el fideicomitente en los fondos sectoriales, así como evitar confusiones en los beneficiarios de los fondos mixtos y el destino de los recursos autogenerados de los centros públicos de investigación.

En congruencia con lo anterior los aspectos esenciales del contenido de la Ley Orgánica del Conacyt que someto a estudio y aprobación son los siguientes:

1. En el nivel o ámbito operativo del Conacyt se identificarían la junta directiva y el director general, como órganos de gobierno y administración de los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. Las funciones operativas del Conacyt se conservarían dentro de la estructura adscrita al director general, pero con una visión hacia el manejo desconcentrado y diferenciado de los instrumentos operativos. De aprobarse la creación del Consejo General en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica se propone una integración más compacta y funcional para la junta directiva del Conacyt. Asimismo, se propone que las sesiones de su junta directiva sean presididas por el representante de cualquiera de las dependencias del Ejecutivo Federal que forme parte de la misma y que designe la propia junta y, por otro lado, que las disposiciones de Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se apliquen a este organismo descentralizado del Estado, responsable de la política de ciencia y tecnología, en lo que no se opongan a esta ley, con el propósito de conferirle la flexibilidad y autonomía requeridas para la consecución de los objetivos asignados, sin perder el control que debe tener el Ejecutivo Federal sobre su operación.

2. Se propone que el Conacyt tenga un papel relevante en la conformación de un sistema nacional de centros de investigación para definir estrategias y programas conjuntos, potenciar y optimizar capacidades y recursos, evitar duplicidades temáticas, establecer estándares de calidad y promover una vinculación más estrecha de las actividades de estos centros con las necesidades nacionales y con las prioridades de los sectores productivos y de la Administración Pública Federal.

Atendiendo a la modalidad propuesta del Conacyt, transitoriamente se propone que el organismo cuente con facultades para ejercer la coordinación administrativa de los centros públicos de investigación que actualmente forman parte del sistema SEPConacyt, hasta en tanto el titular del Ejecutivo disponga de nuevas adscripciones o esquemas de coordinación sectorial que permitan un funcionamiento autónomo y eficaz de dichos centros.

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3. Se propone la precisión y actualización del objeto y funciones del Conacyt, en forma armónica a su composición propuesta y a los retos y nuevas responsabilidades que enfrenta.

4. De acuerdo a su naturaleza jurídica y funciones se refrenda y profundiza el contenido de las disposiciones que favorecen la autonomía administrativa, técnica y operativa, indispensables para que el Conacyt logre los resultados esperados en beneficio del país.

5. Como consecuencia jurídica se propone la abrogación de la Ley que crea el Conacyt, en vigor desde 1970.

Por todo lo antes expuesto, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa Cámara de Diputados someto a consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente

INICIATIVA

De decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y se reforman los artículos 13 fracción IV, 14, 17 párrafo primero, 22 fracción I, 24 fracciones III y IV y 39; se adicionan las fracciones V a la XI del artículo 24 y se adiciona un Capítulo Ibis, denominado "Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico" de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

Artículo primero. Se expide la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Artículo 1o. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante Conacyt, es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Artículo 2o. El Conacyt tendrá por objeto ser la entidad especializada en materia de ciencia y tecnología responsable de promover e impulsar la investigación científica y tecnológica y la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológicos del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al Conacyt, a través de los órganos que establece esta ley y de sus representantes, realizar lo siguiente:

I. Formular y proponer las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología:

II. Formular, integrar y proponer el programa especial de ciencia y tecnología, así como procurar su ejecución y realizar su evaluación, en los términos de la Ley de Planeación y de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica;

III.. Proponer las prioridades, los lineamientos programáticos y los criterios de asignación del gasto para ciencia y tecnología que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus anteproyectos de programa y presupuesto;

IV. Realizar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la revisión y análisis integral de los anteproyectos de programa y presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para realizar actividades y apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de asegurar su congruencia global con las políticas, prioridades, lineamientos programáticos y criterios de asignación del gasto definidos;

V. Proponer y, en su caso, definir políticas, instrumentos y medidas de apoyo a la ciencia y la tecnología por parte de la Administración Pública Federal, especialmente en cuanto a estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior y regímenes de propiedad industrial e intelectual;

VI. Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos;

VII. Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico;

VIII. Formular los lineamientos y asesorar en materia de ciencia y tecnología a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, así como a los organismos de los sectores social o privado que lo soliciten, en las condiciones y sobre las materias que acuerden en cada caso;

IX. En lo que se refiere al impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico, así como a la agilización y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional:

A. Promover que al interior de las empresas se adopten, asimilen y se usen las mejores prácticas y metodologías de gestión y administración de la tecnología y la innovación para la obtención de ventajas competitivas sostenibles;

B. Promover y desarrollar un mecanismo de certificación del nivel tecnológico de las empresas, a partir del modelo que se establezca para el Premio Nacional de Tecnología, que sirva de base para el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, escuchando para tal efecto la opinión de la Secretaría de Economía;

C. Promover y apoyar el establecimiento y desarrollo de centros de ingeniería, laboratorios de investigación y desarrollo de productos tecnológicos de empresas establecidas en el país;

D. Fomentar el establecimiento de consorcios de investigación y desarrollo tecnológico para combinar recursos y esfuerzos de distintas empresas alrededor de plataformas tecnológicas comunes;

E. Formular y ejecutar programas específicos para fomentar que el sector productivo se vincule eficazmente con los centros de investigación y desarrollo tecnológico y se desarrollen proyectos que favorezcan la modernización y competitividad de las empresas;

F. Promover y apoyar la creación de nuevas empresas de valor agregado, generados a partir del conocimiento científico y tecnológico y

G. Fomentar y apoyar la formación de personal especializado en tecnología, así como la incorporación de investigadores en las empresas.

X. Dictaminar, administrar y evaluar los aspectos técnicos y científicos vinculados con la aplicación de los estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento de apoyo a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico;

XI. Promover y, en su caso, dictaminar la pertinencia sobre la creación, transformación, disolución o extinción de centros de investigación del sector público, con base en criterios de oportunidad de desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades y a un sistema de evaluación de calidad y productividad institucional;

XII. Promover y apoyar la conformación y funcionamiento de un sistema nacional de centros de investigación para definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, evitar duplicidades temáticas, homologar condiciones de operación, propiciar intercambios y concertar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como definir los criterios y estándares de calidad institucional aplicados en los procesos de evaluación para ingreso y permanencia en dicho sistema;

XIII. Formular estudios y programas orientados a incentivar la profesión de investigación, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad de investigadores entre centros, constituir nuevos centros e instituciones, incluyendo aquellos orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel y especialización en áreas científicas y tecnológicas y crear redes en áreas estratégicas del conocimiento;

XIV. Operar el Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y Tecnológica y el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, de conformidad con la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y publicar la información estadística de dicho sistema;

XV. Apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los aspectos técnicos y científicos que requieran para sustentar la formulación y modificación de sus esquemas regulatorios y sus funciones de normalización y metrología, así como promover la certificación tecnológica de las empresas;

XVI. Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos realizados tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades trascendentes de los centros públicos de investigación;

XVII. Participar en las comisiones dictaminadoras de premios nacionales de ciencia y tecnología y promover el establecimiento y difusión de nuevos premios y estímulos;

XVIII. En lo que se refiere a asuntos internacionales en materia de ciencia y tecnología:

A. Ejecutar programas y proyectos de cooperación científica y tecnológica internacional que apoyen la formulación e instrumentación de la política nacional de ciencia y tecnología, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tales actividades deberán observar las disposiciones legales aplicables;

B. Remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su dictamen jurídico, los acuerdos y convenios internacionales que en ámbito de la ciencia y la tecnología requiera suscribir el Conacyt. Una vez firmados deberá darles cumplimiento. Participar conforme lo dispongan las leyes aplicables, en los organismos o agencias internacionales de los que México sea parte y que se relacionen con la materia de su competencia;

C. Coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el propósito de obtener información y dar a conocer las acciones de cooperación científica y tecnológica pactadas y desarrolladas por el Conacyt o por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con organismos internacionales y gobiernos extranjeros;

D. Concertar convenios con instituciones extranjeras y con agencias internacionales para el cumplimiento de su objeto, previa consulta jurídica con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

E. Fomentar programas de formación de recursos humanos de alto nivel y de intercambio de profesores, investigadores, técnicos y administradores, en coordinación con instituciones académicas o empresas, tanto nacionales como extranjeras;

F. Concertar acuerdos de cooperación técnica que identifiquen y seleccionen oportunidades para establecer flujos positivos de conocimiento y recursos tecnológicos hacia las empresas nacionales, bajo criterios de asimilación inicial y posterior innovación;

G. Presentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, candidatos mexicanos para ocupar plazas vacantes en organismos y agencias internacionales vinculados con la ciencia y la tecnología;

H. Promover, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el establecimiento de los Fondos de Cooperación Internacional, con países y organismos internacionales, conforme a lo que establece la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y

I. Asesorar, al titular del Ejecutivo Federal y a sus dependencias y entidades, la definición de posiciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a ser presentadas por el Gobierno de México en los diversos foros y organismos internacionales, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

XIX. Investigar en forma directa exclusivamente sobre el desarrollo y estado de la ciencia y la tecnología, para lo cual deberá:

A. Realizar y mantener un censo de recursos humanos, materiales y financieros dedicados a la investigación científica y tecnológica y desarrollo tecnológico en el país;

B. Realizar estudios prospectivos para identificar las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, estudiar los problemas que la afecten y sus relaciones con la actividad general del país y

C. Promover la operación de servicios de información y documentación científica, en el marco del Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica.

XX. Canalizar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y, en general, a personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, para el fomento y realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, en función de programas y proyectos específicos, en los términos de esta ley, de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y, en su caso, de los convenios que al efecto celebre el Conacyt con otros aportantes y con las instituciones o centros interesados, sin perjuicio de que dichas instituciones y centros sigan manejando e incrementando sus propios fondos y patrimonio;

XXI. Formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades y concederlas directamente, así como integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para posgrado otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes;

XXII. Promover cursos y programas de capacitación, especialización y actualización de conocimientos en ciencia y tecnología;

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XXIII. Promover y coordinar con los gobiernos de las entidades federativas el establecimiento, operación, integración, desarrollo y evaluación tanto de los consejos locales de ciencia y tecnología como de los programas estatales en estas materias y

XXIV. Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto en los términos de esta ley y de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

Artículo 3o. El Conacyt contará con los siguientes órganos de gobierno y administración:

I. Junta directiva y

II. Director general.

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales se aplicará al Conacyt en lo que no se oponga a esta ley.

Artículo 4o. El Conacyt apoyará el funcionamiento del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y del Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, los cuales se integrarán y operarán conforme a lo que establece la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

Artículo 5o. La junta directiva del Conacyt estará integrada por 10 miembros que serán: un representante de cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Educación Pública; un representante de Nacional Financiera, SNC, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el director general del Instituto Politécnico Nacional.

Se invitará a formar parte de la junta directiva al Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a un miembro del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico, así como a dos representantes del sector productivo, los cuales serán propuestos por el director general del Conacyt.

Las sesiones serán presididas por quien determine la junta directiva de entre los representantes de las dependencias del Ejecutivo Federal que la integran y tendrá voto de calidad en caso de empate.

Los representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán ser servidores públicos con nivel jerárquico de subsecretario o nivel equivalente, en el caso de los miembros propietarios y de director general o equivalente en el caso de suplentes.

Artículo 6o. La junta directiva será el órgano de gobierno y además de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:

I. Aprobar la constitución de todas las modalidades de fondos del Conacyt a que se refiere la ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, la celebración de convenios para la creación de fondos sectoriales, mixtos e internacionales, así como los contratos, las reglas de operación y programas de los fondos institucionales;

II. Aprobar y evaluar las políticas y los programa del Conacyt a propuesta del director general, así como expedir las reglas de operación de los programas;

III. Aprobar la distribución del presupuesto anual definitivo del Conacyt, el programa de inversiones y el calendario de gasto, de acuerdo con el presupuesto total autorizado;

IV. Aprobar las adecuaciones presupuestales a los programas del Conacyt, que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos;

V. Decidir el uso y destino de los recursos autogenerados y la aplicación de ingresos excedentes, ya sea dentro del presupuesto de la entidad o canalizando éstos a los fondos del Conacyt;

VI. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre serán en renta fija;

VII. Nombrar, a propuesta del director general, a los servidores públicos del Conacyt que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél y ser informada de su remoción;

VIII. Aprobar y modificar la estructura básica de la entidad de acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto de servicios personales, así como definir los lineamientos y normas para conformar la estructura ocupacional y salarial, las conversiones de plazas y renivelaciones de puestos y categorías, conforme a las normas generales que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IX. Aprobar, a propuesta del director general, la administración desconcentrada de funciones, programas y recursos;

X. Aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad;

XI. Aprobar el modelo de convenio de desempeño y la suscripción de los mismos por parte del director general del Conacyt con las entidades reconocidas como centros públicos de investigación en los términos de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica;

XII. Aprobar el programa anual de comunicación científica y tecnológica del Conacyt, sin requerir de ninguna otra autorización;

XIII. Aprobar el estatuto orgánico y el manual de organización, así como los manuales de procedimientos y de servicios del Conacyt;

XIV. Aprobar las reglas internas de funcionamiento del consejo consultivo, a propuesta de este último;

XV. Nombrar, a propuesta del director general, al secretario y prosecretario de esta junta, quienes tendrán las facultades que se establezcan en el estatuto orgánico, y

XVI. Las demás que le resulten aplicables.

Artículo 7o. La junta directiva del Conacyt celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año y las extraordinarias que propongan el director general o cuando menos cuatro de sus miembros por conducto del secretario del propio órgano de gobierno.

La junta directiva sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes.

Artículo 8o. El director general será designado y removido libremente por el Presidente de la República y el nombramiento recaerá en la persona que reúna los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa y en las áreas científicas o tecnológicas y

III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 9o. El director general del Conacyt, además de las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tendrá las siguientes facultades de representación legal:

I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del Conacyt;

II. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio se requerirá la autorización previa de la junta directiva;

III. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, incluso las que requieran autorización o cláusula especial. Su otorgamiento y validez se sujetará a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

IV. Formular denuncias y querellas y proponer a la junta directiva el perdón legal, cuando a su juicio proceda;

V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia de amparo;

VI. Celebrar transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en arbitraje;

VII. Ejecutar los acuerdos de la junta directiva y del consejo general a que se refiere la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica;

VIII. Presentar a la junta directiva los proyectos de programas, informes y estados financieros del Conacyt y los que específicamente le solicite aquélla;

IX. Ejercer el presupuesto del Conacyt con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

X. Suscribir y negociar títulos de crédito, así como tramitar y obtener cartas de crédito, previa autorización de la junta directiva;

XI. Presentar a la junta directiva, para su aprobación, el estatuto orgánico y el manual de organización y aprobar los manuales de procedimientos y de servicios del Conacyt;

XII. Fijar las condiciones generales de trabajo del Conacyt;

XIII. Proporcionar la información que le soliciten los comisarios públicos;

XIV. Establecer los procedimientos de evaluación que destaquen los resultados sustantivos programados y los efectivamente alcanzados;

XV. Informar a la junta directiva sobre el ejercicio de las facultades que este artículo le concede y

XVI. Las que le confieren los ordenamientos aplicables y las demás que con fundamento en esta ley le delegue la junta directiva.

El director general del Conacyt fungirá como secretario ejecutivo del consejo general de investigación científica y desarrollo tecnológico, a que se refiere la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.

Artículo 10. El Conacyt contará con un consejo consultivo científico y tecnológico. Este consejo será un órgano interno de apoyo y asesoría institucional, el cual tendrá las funciones y forma de integración que se establecen en esta ley y que se precisen en el estatuto del organismo. Para efectos de la presente ley se le referirá indistintamente como consejo consultivo al consejo consultivo científico y tecnológico.

Artículo 11. El consejo consultivo auxiliará a la junta directiva y al director general, para lo cual tendrá las siguientes funciones:

I. Apoyar las actividades del Conacyt y formular sugerencias tendientes a su mejor desempeño;

II. Contribuir a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del Conacyt;

III. Asesorar al director general en asuntos de carácter científico y técnico que se sometan a su consideración;

IV. Proponer al director general la adopción de medidas de orden general, tendientes al mejoramiento técnico y operacional del Conacyt;

V. Formular opiniones y propuestas específicas sobre los programas y presupuestos internos del Conacyt, así como proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo del Conacyt;

VI. Conocer los resultados de las evaluaciones a los programas institucionales del Conacyt;

VII. Evaluar los proyectos y programas institucionales del Conacyt y emitir su opinión y recomendaciones y

VIII. Realizar las demás funciones que le confiera el estatuto orgánico o el director general por acuerdo de la junta directiva.

Artículo 12. El consejo consultivo científico y Tecnológico estará integrado por 25 miembros titulares, conforme a lo siguiente:

I. Un investigador designado por la Universidad Nacional Autónoma de México;

II. Un investigador designado por el Instituto Politécnico Nacional;

III. Un representante designado por la Academia Mexicana de Ciencias, por invitación del director general;

IV. Tres representantes designados por el sector productivo, por invitación del director general;

V. Tres representantes designados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por invitación del director general;

VI. Tres representantes de igual número de consejos de ciencia y tecnología de las entidades federativas, por invitación del director general, a propuesta del propio consejo consultivo;

VII. Siete representantes de igual número de centros públicos de investigación, correspondientes a cada uno de los sectores de la Administración Pública Federal que cuenten con ese tipo de centros y que estén representados por su coordinador de sector en el consejo general de investigación y desarrollo tecnológico;

VIII. Un representante del consejo consultivo de ciencias de la Presidencia de la República;

IX. Un representante de uno de los centros públicos de investigación cuya coordinación corresponda al propio Conacyt;

X. Tres investigadores jóvenes, no directivos y electos a través de una convocatoria pública emitida por el director general y

XI. Un representante de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología.

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Artículo 13. El consejo consultivo contará con un presidente y un secretario que serán electos de entre sus integrantes.

La integración del consejo consultivo deberá tener una expresión de participación regional y las personas que lo integren se renovarán por mitad cada tres años, durando como máximo seis años cada una.

Artículo 14. El consejo consultivo sesionará por lo menos cada seis meses. Al efecto contará con el apoyo operativo que se requiera por parte del Conacyt.

Artículo 15. Los cargos de los miembros del consejo consultivo serán honoríficos y por su desempeño no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna.

Artículo 16. El patrimonio del Conacyt, se integrará con:

I. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Ejecutivo Federal y los que adquiera por cualquier título legal y

II. Con las transferencias, los subsidios, participaciones, donaciones y legados que reciba y, en general, con los ingresos que obtenga, por consultas, peritajes, regalías, recuperaciones, derechos de patente o cualquier otro servicio o concepto propio de su objeto.

Artículo 17. El Conacyt administrará y dispondrá libremente de su patrimonio en el cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables a los organismos descentralizados.

Artículo 18. La canalización de fondos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para programas, proyectos, estudios, investigaciones específicas, otorgamiento de becas en sus diferentes modalidades y cualquier otro apoyo o ayuda de carácter económico que convenga o proporcione, estará sujeta a la celebración de un contrato o convenio y, en su caso, a las siguientes condiciones:

I. El Conacyt vigilará la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los fondos que proporcione o aporte, en los términos que fijen los propios contratos o convenios;

II. Los beneficiarios o contrapartes de los contratos o convenios rendirán al Conacyt los informes periódicos que se establezcan sobre el desarrollo y resultado de los trabajos y

III. Los derechos de propiedad industrial y autoral respecto de los resultados obtenidos por las personas físicas o morales que reciban ayuda del Conacyt, serán materia de regulación específica en los contratos que al efecto se celebren, en los que se protegerán los intereses del país, los del Conacyt, los de los investigadores y, en caso de que los hubiere, de otros aportantes

Artículo 19. Los trabajadores del Conacyt continuarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 20. El Conacyt contará con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y tendrán las facultades que les otorgan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 21. El Conacyt cuenta con una Contraloría Interna, órgano de control interno, al frente de la cual el Contralor Interno designado en los términos del artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.

Artículo 22. Las ausencias del contralor interno, así como la de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1970.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias para el nuevo tratamiento presupuestal del Conacyt, derivado de esta ley, así como para que ejerza, en forma excepcional, las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias coordinadoras de sector, respecto de las entidades paraestatales que actualmente formen parte del subsector denominado Sistema SEPConacyt, en los términos de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hasta en tanto el Presidente de la República determine nuevas adscripciones sectoriales para dichas entidades paraestatales

Cuarto. La junta directiva expedirá el estatuto orgánico del Conacyt en un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor de esta ley, en el cual se deberán precisar las decisiones y autorizaciones que le corresponderá a la propia junta adoptar respecto de las atribuciones que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley General de Deuda Pública, el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, las correspondientes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y todos los demás ordenamientos legales y reglamentarios y de carácter administrativo, le confieren a las dependencias coordinadoras de sector respecto de la operación y funcionamiento del propio Conacyt, así como aquellas que corresponderá ejercer a las unidades administrativas del propio organismo público descentralizado.

En tanto se expide el estatuto orgánico, la junta directiva del Conacyt podrá resolver en caso de duda sobre la procedencia de que el mismo órgano colegiado atienda o resuelva la función o el director general realice gestiones directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra dependencia que resulte competente para el asunto de que se trate.

Quinto. La expedición de esta ley no afecta los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del organismo.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 13 fracción IV; 14, 17 párrafo primero; 22 fracción I; 24 fracciones III y IV y 39; se adicionan las fracciones V a la XI del artículo 24, y se adiciona un Capítulo Ibis, denominado "Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico", de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, para quedar como sigue:

CAPITULO IBIS

Consejo General de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico

Artículo 2o.A. Se crea el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en lo sucesivo consejo general, como órgano de política y coordinación que tendrá las facultades que establece esta ley.

Serán miembros permanentes del consejo general, el Presidente de la República, quien lo presidirá, así como los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Educación Pública y de Salud.

El Presidente de la República podrá invitar a participar en el consejo general a miembros de la comunidad científica, tecnológica y empresarial o a otros servidores públicos vinculados en la materia.

El consejo general contará con un secretario ejecutivo, quien será el director general del Conacyt.

Artículo 2o.B. El consejo general tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer políticas nacionales para el avance científico y la innovación tecnológica para el desarrollo nacional;

II. Aprobar el programa especial de ciencia y tecnología;

III. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología, los cuales incluirán áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios a los que se les deberá otorgar especial atención y apoyo presupuestal;

IV. Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para realizar actividades y apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico;

V. Aprobar y emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda la ciencia y la tecnología en México, cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas estratégicas y programas prioritarios;

VI. Aprobar propuestas de políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia y la tecnología en materia de estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior y régimen de propiedad industrial e intelectual;

VII. Definir esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de investigación e innovación tecnológica en los diferentes sectores de la Administración Pública Federal y con los diversos sectores productivos del país, así como los mecanismos para impulsar la descentralización de estas actividades y

VIII. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del programa especial, del programa y presupuesto anual destinado a la ciencia y tecnología y de los demás instrumentos de fomento y apoyo a estas actividades.

Artículo 2o.C. El consejo general sesionará dos veces al año en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando su presidente así lo determine.

Artículo 2o.D. El consejo general podrá crear comités intersectoriales y de vinculación para atender los asuntos que el mismo consejo determine relacionados con la articulación de políticas, la propuesta de programas prioritarios y áreas estratégicas, así como para la vinculación de la investigación con la educación y la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos. Estos comités serán coordinados por el secretario ejecutivo y contarán con el apoyo del Conacyt para su eficiente funcionamiento. En dichos comités podrán participar miembros de la comunidad académica, científica, tecnológica y empresarial.

Artículo 2o.E. Para garantizar la eficaz incorporación de las políticas y programas prioritarios en los anteproyectos de programas operativos y presupuestos anuales, así como para la revisión integral y de congruencia global del anteproyecto de presupuesto federal en lo relativo a ciencia y tecnología y asegurar la ejecución de los instrumentos específicos de fomento que determine el consejo general, se integrará un comité intersecretarial que será coordinado de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el secretario ejecutivo y al que asistirán los subsecretarios o funcionarios de nivel equivalente de la Administración Pública Federal encargados de las funciones de investigación científica y desarrollo tecnológico de cada sector.

El anteproyecto de presupuesto consolidado de ciencia y tecnología se presentará a consideración del consejo general para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 2o.F. El secretario ejecutivo del consejo general tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del consejo general;

II. Formular y presentar al consejo general:

A. El proyecto del programa especial de ciencia y tecnología, para su aprobación;

B. Propuestas de prioridades y criterios de gasto público federal en apoyo a la ciencia y la tecnología, así como propuestas de mecanismos e instrumentos de apoyo a la ciencia y la tecnología;

C. Las propuestas de áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios de apoyo a la ciencia y la tecnología;

D. El informe anual de evaluación general del programa especial y del cumplimiento de los programas específicos prioritarios y

E. Los demás asuntos de interés para el consejo general.

III. Coordinar los comités intersectoriales que determine el consejo general para la articulación de políticas, programas y presupuestos y la implantación de instrumentos específicos de fomento;

IV. Representar al consejo general en los órganos de gobierno y de administración de otras entidades paraestatales en las cuales el Conacyt deba participar, así como en comités, comisiones y consejos de la Administración Pública Federal de los cuales el Conacyt forme parte;

4915,4916,4917

V. Establecer los mecanismos necesarios para desarrollar e impulsar la formación de redes de investigación y la colaboración científica y tecnológica, entre las instituciones de educación superior y los centros de investigación públicos, sociales y privados;

VI. Llevar a cabo y coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores los asuntos de interés y cooperación internacional del Conacyt;

VII. Realizar las demás actividades que le encomiende el consejo general, en relación con las atribuciones señaladas y

VIII. Las demás que le confieren esta ley, la Ley Orgánica del Conacyt y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 13. . .

I a la III. . .

IV. Las orientaciones generales de los instrumentos de apoyo a que se refiere la fracción VII del artículo 5o. de esta ley.

Artículo 14. Para la ejecución anual del Programa de Ciencia y Tecnología, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formularán sus anteproyectos de programa y presupuesto para realizar actividades y apoyar la investigación científica y tecnológica, tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la asignación del gasto en ciencia y tecnología, que proponga el Conacyt y apruebe el consejo general, en los que se determinarán las áreas estratégicas y programas prioritarios de atención y apoyo presupuestal especial. En base a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Conacyt determinarán los lineamientos programáticos y presupuestales para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formulen sus anteproyectos de programa y presupuesto y conjuntamente consolidarán la información programática y presupuestal de dichos anteproyectos para su revisión y análisis integral y de congruencia global para su aprobación por el Ejecutivo Federal. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se consignará el presupuesto consolidado destinado a ciencia y tecnología. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará, durante el mes de enero de cada año, mediante reglas de carácter general y con apoyo en las leyes fiscales, la aplicación de los estímulos para el fomento de la investigación privada en inversión tecnológica y desarrollo tecnológico.

Artículo 17. Las secretarías de Estado y las entidades de la Administración Pública Federal, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán celebrar convenios con el Conacyt cuyo propósito sea determinar el establecimiento de fondos Conacyt que se destinen única y exclusivamente a la realización de investigaciones científicas o tecnológicas que requiera el sector de que se trate, en cada caso. Dichos convenios se celebrarán y los fondos se constituirán y operarán con apego a las bases establecidas en las fracciones I y III del artículo 16 y las fracciones I, III, IV VI, VII y VIII del artículo 18 de esta ley y a las bases específicas siguientes:

I a la V. . .

Artículo 22. . .

1. Lo dispuesto por la fracción I del artículo 16 y las fracciones I, III, IV, VI, VII y VIII del artículo 18 de esta ley, en lo conducente;

II a la VI. . .

Artículo 24. . .

I y II...

III. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional;

IV. Proponer las medidas y estímulos fiscales, esquemas de financiamiento, facilidades administrativas y en materia de comercio exterior, así como modificaciones a los regímenes de propiedad industrial e intelectual, que estime necesarios para el cumplimiento del programa;

V. Rendir opiniones y formular sugerencias al Ejecutivo Federal, tendientes al mejor cumplimiento del Programa Especial de Ciencia y Tecnología;

VI. Analizar y difundir las disposiciones legales en materia de ciencia y tecnología y formular propuestas de reformas o adiciones a las mismas;

VII. Formular sugerencias tendientes a vincular la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector productivo;

VIII. Proponer mecanismos que faciliten la vinculación entre los centros de investigación y el sector productivo, así como la transferencia y apropiación tecnológica de los desarrollos realizados;

IX. Promover la creación de asociaciones, alianzas o nuevas empresas privadas de base tecnológica;

X. Promover la vinculación entre la investigación científica y la educación conforme a los lineamientos que esta misma ley y otros ordenamientos establecen y

XI. Proponer programas y esquemas orientados a incentivar la profesión de investigación y fortalecer y multiplicar grupos de investigadores.

Artículo 39. Los ingresos que generen los centros públicos de investigación derivados de los servicios, bienes y productos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo la capacitación para la formación de recursos humanos calificados, que presten o produzcan directamente o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, serán destinados a los proyectos autorizados por sus órganos de gobierno en términos del artículo 19.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En apoyo a las funciones del consejo general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias a la estructura programática y al sistema de información de gasto público para identificar y dar seguimiento al presupuesto integral de la Administración Pública Federal en investigación científica y desarrollo tecnológico.

Tercero. Dentro de los seis meses siguientes el Conacyt realizará las actividades necesarias para adecuar las bases de funcionamiento del foro permanente de ciencia y tecnología en los términos de este decreto.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 4 de diciembre de 2001.— El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»

La Presidenta:

Recibo y túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION

La Presidenta:

Pasamos al capítulo de iniciativas de diputados. Con ese propósito, se presentará una iniciativa suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios, quienes han solicitado el que se dé lectura por la Secretaría de esta mesa directiva, por lo que se ruega a la Secretaría dar lectura exclusivamente a la exposición de motivos y se instruye para que se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

Es una iniciativa suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, en torno a la presentación de una iniciativa de Ley Federal de Acceso a la Información.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Finalmente y después de haber escuchado y atendido a diversos grupos sociales integrados por diversas instituciones de educación superior, organizaciones no gubernamentales, así como por los principales medios de comunicación impresos de todo el país, los diputados y grupos parlamentarios signantes de la presente iniciativa de ley, presentamos formalmente ante la instancia legislativa correspondiente, una propuesta de ley sobre el derecho de acceso a la información pública. Solicitando que sea considerada con profesionalismo, seriedad, objetividad y compromiso; para ampliar las posiciones y posibilidades que se han generado por una genuina demanda social de apertura, transparencia y rendición de cuentas públicas y también para contribuir a las reflexiones del debate político e institucional que buscan fortalecer un derecho fundamental, que es impostergable legislar en beneficio de los gobernados. Presentamos una propuesta que contiene definiciones, objetivos, derechos y procedimientos precisos, sobre el derecho a saber de las cosas públicas, sobre el derecho a conocer de los asuntos gubernamentales sin más limitaciones que los que por excepción establezca la propia ley.

Después de 24 años y aprovechando la serie de reformas legales y cambios políticos que se han generado en el país en los años recientes, se presenta hoy para su consideración una propuesta normativa que intenta actualizar y equilibrar los derechos ciudadanos frente a las obligaciones de la autoridad, con el fin de mantener debidamente informada a una sociedad que reclama saber de manera precisa, oportuna, veraz y objetiva; las acciones y decisiones que se toman en su nombre y con su dinero.

Los grupos parlamentarios y diputados signantes, después de haber celebrado diversas reuniones de discusión, redacción, análisis y estudio, han concretado todo su esfuerzo y trabajo en una propuesta de 48 artículos que garantizan a través de diversos procedimientos y actos el libre acceso de las personas a toda la información que es generada con recursos provenientes del erario público.

En este sentido, se podrá decir que nuestra propuesta es ambiciosa pero no limitada ni inconsistente o imposible de cumplirse. Su contenido legal es consecuente con los principios establecidos por la Constitución, por los tratados internacionales de los que México forma parte, por los estándares normativos internacionales, por las previsiones legales secundarias que se relacionan con la materia, así como por las interpretaciones y criterios que ha fijado la Suprema Corte. Su alcance institucional es viable para hacer posible y efectivos los derechos previstos en la ley. Pero de nada va a servir pensar, discutir y sugerir nuevas leyes, sin que para ello haya voluntad para aprobar una legislación que debió haber sido creada hace casi 25 años.

Si el Congreso es congruente con su función y responsabilidad para legislar compromisos que se han adquirido en los diversos instrumentos de gobierno como el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional y las agendas legislativas de cada grupo parlamentario, ésta y otras propuestas tienen altas posibilidades de convertirse en ley, creando con ello un nuevo escenario institucional, en donde el gobernado adquiere nuevas libertades, más derechos y certidumbres jurídicas frente a la autoridad. De prosperar la nueva ley, tal vez estaremos presenciando el fin de las dádivas informativas, en donde el poder de manera arbitraria daba a conocer únicamente lo que a su juicio era oportuno, ¡lo que a su juicio era información!

Es por ello que al hacer nuestra la propuesta ciudadana, invitamos a reflexionar respetuosamente sobre el orden de prioridades que hemos fijado en el Congreso en su agenda legislativa, para que eventualmente las leyes aprobadas sean consecuentes unas con otras. En este sentido, nadie duda que se requiere una nueva reforma fiscal que permita al Gobierno tener una mayor recaudación, con más recursos para gastar, pero también con más controles de fiscalización y más transparencia en el ejercicio del gasto público. En las actuales circunstancias, de nada sirve tener más dinero sin que para ello exista un debido proceso de ley que limite, denuncie y castigue cualquier desviación o abuso de poder, que se puede manifestar de múltiples maneras. Más dinero con mayor fiscalización parece que es una fórmula bastante aceptable en la nueva relación democrática que se intenta construir entre gobernados y gobernantes, entre un ciudadano libre y una autoridad responsable.

El documento que a continuación presentamos se encuentra dividido en seis capítulos. El primer capítulo se refiere a las disposiciones generales que contiene la ley, sobre este punto destacan el objeto y alcance de las normas, así como los sujetos que quedan obligados a liberar información de manera directa e inmediata. A diferencia de otras leyes y proyectos, se sugiere incluir al mayor número de autoridades, entidades de interés público y privado que reciban de manera directa o indirecta dinero o apoyos en especie, con cargo al erario.

La intención es que toda actividad, acto o acción que se lleve a cabo con dinero público, debe ser del dominio público, con las reservas y excepciones previstas para no afectar intereses estratégicos del Estado. De tal manera, quedarían obligados a dar información los tres poderes de la Unión en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a lo que por ley pueden liberar sin afectar derechos de terceros. Así, por ejemplo, al Poder Judicial Federal se le obliga a liberar información en cuanto a su administración interna y sobre las sentencias judiciales que hayan causado definitividad. Así, los ciudadanos podremos saber más del desempeño profesional y ético de nuestros juzgadores que están encargados de expedir justicia pronta, expedita e imparcial.

Asimismo, se ha tomado en cuenta a todos los órganos autónomos del Estado, así como a los propios partidos y asociaciones políticas, que al ser consideradas como entidades de interés público reciben importantes sumas de dinero público y privado.

Una aportación adicional es la que se refiere al establecimiento de definiciones, con objeto de no dejar a la libre interpretación de la burocracia los temas que por su naturaleza puedan ser restringidos sin justificación alguna, como es el caso de la seguridad nacional. Para ello, se ha propuesto una definición del concepto con el fin de no limitar arbitraria y discrecionalmente el derecho de acceso a la información, pues es muy común que con el argumento de que toda información es de seguridad nacional, poco o nada se va a saber de la autoridad en el cumplimiento de sus funciones.

4918,4919,4920

El Capítulo II se refiere a la información reservada, la cual establece las restricciones de acceso en contenidos y tiempos. Al efecto se considera reservada toda información que esté clasificada a través de un decreto del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y del Poder Judicial que se relacione con la seguridad nacional, la defensa nacional, política exterior, actividades militares, secreto bancario, propiedad intelectual, información fiscal de los contribuyentes, vida privada de las personas, seguridad publica o de procuración de justicia en la persecución de algún delito, medio ambiente y asuntos de salud pública cuando haya de por medio un grave riesgo para la sociedad.

Los tiempos de clasificación no deberán de exceder los 10 años, pudiendo en cualquier caso ampliarse el periodo cuando así lo amerite el caso.

El Capítulo III se refiere al procedimiento para acceder a la información. Toda solicitud se deberá hacer por escrito sin necesidad de explicar o justificar las causas que la motivan. En algunos casos proceden las solicitudes de manera verbal. Toda la información proveída será gratuita y entregada en un plazo máximo de 10 días hábiles: en los casos en que se requiera reproducir el material informativo, el interesado cubrirá los gastos respectivos pagando derechos a precios accesibles para todo el público.

El Capítulo IV establece la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que tiene por objeto asegurar y proteger los derechos de las personas para acceder a la información pública, así como promover y difundir los derechos y valores de la información entre los miembros de la sociedad. Este órgano sería autónomo del Poder Ejecutivo con patrimonio, presupuesto y personalidad jurídica propia. Entre sus principales funciones, se encuentran la de resolver quejas que se interpongan contra autoridades que se nieguen a liberar información no restringida, aplicar sanciones, promover la socialización del conocimiento del derecho a la información, asistir y orientar a las personas que requieren asesoría gratuita y de manera personal, entre otras funciones.

El Capítulo V se refiere al establecimiento de procedimientos administrativos, con el fin de proteger los derechos de las personas en los casos en los que no haya recibido la información solicitada. En este sentido, la propuesta contiene procedimientos ágiles, sencillos y gratuitos, para resolver las controversias que se puedan generar entre un privado y la autoridad. Al efecto se han desarrollado dos tipos de recursos que intentan resolver, sin necesidad de llegar a un juzgado las diferencias y restricciones de derechos a favor de las personas.

El Capítulo VI y último establece y reconoce las faltas graves en las que puede incurrir un servidor público cuando oculte, destruya, limite, edite y cambie indebidamente la información pública. Asimismo, se sanciona severamente y de acuerdo a las leyes aplicables en la materia a los funcionarios que negligentemente desinformen, subinformen o mal informen a la sociedad en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.

En la sección de artículos transitorios, se contempla la necesidad de homologar diversas normas federales, con el fin de no hacer inconsistente la ley de acceso a la información pública, así como la necesidad para redactar el reglamento interno del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Estamos convencidos de las bondades y oportunidades que puede ofrecer esta ley. La evidencia empírica y comparada de otras naciones nos demuestran que en aquellos países en donde hay libertades públicas plenamente garantizadas hay acceso a la información. En las sociedades donde hay información, hay opinión, discusión, participación, crítica y cuestionamiento constante al indebido ejercicio del poder. En una palabra hay democracia y no solamente elecciones periódicas y honestas. ¿Qué no es una de las razones primordiales de la democracia la limitación del ejercicio del poder a través de leyes e instituciones? Discutir y aprobar una Ley de Derecho de Acceso a la Información puede ayudar a promover el tránsito institucional que México requiere para cambiar la cultura de la secrecía, la arbitrariedad y discrecionalidad con la que actúan muchas autoridades en contra de los derechos e intereses de las personas.

Otorgar un voto por la información puede ayudar a avanzar en el cambio de normas y actitudes que incentiven la transparencia, rendición de cuentas, apertura; supervisión y participación ciudadana, el combate a la corrupción y promoción de valores sociales que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas.

La información es ante todo una herramienta indispensable para la toma de decisiones personales y colectivas, de hecho como lo han afirmado los principales pensadores políticos del Siglo XX, entre ellos Weber, Kelsen, Bobbio, Sartori, Dahl, Hayek y Habermas, la democracia no tiene sentido si antes no cuenta con un elemento indispensable que es la publicidad y transparencia del gobierno. Es cierto, ¿cómo se puede ejercer plenamente el derecho al voto, a la salud, al trabajo, a la petición, a asociación, a la libertad expresión, si no se cuenta con información necesaria para tomar una decisión fundamental? No hay que equivocar conceptos, la mercadotecnia no es información, no orienta, no explica y no sirve para crear conciencia, conocimiento y opinión entre las personas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la presente

INICIATIVA DE LEY FEDERAL
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Capitulo I

Disposiciones generales del derecho
de acceso a la información

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 6o. constitucional en la parte relativa a la garantía individual del derecho a la información.

Artículo 2o. La ley tiene como objeto garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información completa, veraz, adecuada y oportuna que tienen las personas de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por derecho de acceso a la información, aquel que por naturaleza corresponde a toda persona de saber y tener acceso a la información pública. Toda información creada, administrada o en posesión por los órganos previstos en esta ley se considera un bien público accesible a cualesquier persona en los términos de esta ley.

Artículo 4o. Todas las actividades de los órganos comprendidos en esta ley están sometidas al principio de apertura de sus actos.

Artículo 5o. Están obligados a garantizar el respeto al derecho de acceso a la información pública, los siguientes órganos del Estado.

A. El Poder Legislativo Federal, sus cámaras, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y cualquiera de sus órganos.

B. El Poder Ejecutivo Federal, Presidencia de la República, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

C. El Poder Judicial Federal y todos sus órganos en cuanto a su administración y sentencias que hayan causado estado.

D. Los órganos autónomos previstos en la Constitución.

E. Las demás entidades a las que la ley reconozca como de interés público; los partidos y las organizaciones políticas con registro oficial.

F. Las personas físicas y morales de derecho público y privado cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.

En lo sucesivo cuando en esta ley se refiera a los órganos se entenderá que se trata de los señalados en este artículo.

Artículo 6o. En cada uno de los órganos habrá una oficina para la atención de las solicitudes de información que formulen las personas.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal establecerán oficinas para atender las solicitudes de información en todo el país.

Artículo 7o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Información pública. Todo registro archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de los órganos a que se refiere esta ley.

Información reservada. Aquella información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta ley.

Seguridad nacional. Conjunto de ámbitos y principios políticos que se orientan hacia la preservación de la integridad territorial, la autodeterminación, la paz y la capacidad de relación y representación internacional del Estadonación mexicano; así como a garantizar la protección y seguridad física de los nacionales y la gobernabilidad democrática y social del país.

Interés público. Valoración asignada a hechos, actos, datos, opiniones o registros relacionados con la información pública, que haga posible que prevalezcan los derechos de la sociedad sobre los derechos de los particulares y de la autoridad pública, a saber y disponer de mejores recursos informativos para tomar desiciones, participar en los procesos democráticos y en las políticas públicas.

Artículo 8o. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de ella en los términos de esta ley.

Toda la información en poder de los órganos, estará a disposición de las personas salvo aquella que se considere como reservada.

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que la misma les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.

Las personas tienen derecho a formular consultas sobre las competencias y atribuciones de los órganos.

También comprende el derecho de solicitar informes y datos sobre los servidores públicos que prestan sus servicios en los órganos.

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, será sancionada en los términos de esta ley y demás ordenamientos relativos.

Artículo 9o. Cada órgano debe sistematizar la información, para facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles.

Los órganos tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o bajo su control.

En cada reunión de los órganos en que se discutan y adopten decisiones públicas deberá levantarse una minuta que deberá preservarse en los archivos oficiales.

Se considera además como información para los efectos de esta ley, cualquier tipo de documentación generada y elaborada, sea parcial o totalmente con cargo al erario, que haya servido para discusiones y toma de decisiones en el ejercicio de la función pública.

Artículo 10. Todas aquellas personas que desempeñen funciones públicas están obligadas a asegurar el acceso a la información.

Se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona física en nombre o al servicio del Estado o de sus órganos, entidades o dependencias cualquiera que sea su nivel jerárquico.

CAPITULO II

De la información reservada

Artículo 11. El ejercicio del derecho de acceso a la información sólo será restringido por esta ley, mediante la figura de la información reservada. Esta es la información que manteniendo su naturaleza, su divulgación se restringe en atención a un interés superior.

Artículo 12. Para los efectos de esta ley se considera información reservada:

1. La expresamente clasificada como tal mediante un decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal, el honorable Congreso de la Unión o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación. La clasificación de la información procede solo en los siguientes casos:

• En la información del ámbito de la seguridad nacional cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida de personas o el desarrollo de investigaciones reservadas.

• En la información relacionada con la defensa de la nación y la cooperación internacional en cuestiones de seguridad y las actividades de inteligencia de los órganos del Estado.

• El la información relacionada con la política exterior, cuando su divulgación ponga en peligro las relaciones internacionales del país.

• En la información científica que involucre cuestiones de seguridad nacional.

• La información de estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés de la nación o suponga un riesgo para su realización.

4921,4922,4923

1. La relacionada con secretos, planos y operaciones militares cuya divulgación suponga un riesgo para la seguridad nacional.

2. La información que vulnere el secreto bancario en los términos de la ley.

3. La información relacionada con la propiedad intelectual en poder de las autoridades.

4. La información fiscal, cuando su divulgación suponga un daño al contribuyente.

5. La información cuya divulgación afecte directamente el ámbito de la vida privada de las personas.

6. La información que comprometa los procesos de investigación criminal y aquellos que revelen estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos, mientras las resoluciones no causen estado.

7. La información relacionada con la salud pública y el medio ambiente, cuya divulgación suponga un grave riesgo para la sociedad.

Artículo 13. El decreto que clasifique la información como reservada debe indicar: la fuente de la información, la fecha del evento o eventos en su caso, la justificación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación.

Excepcionalmente podrá prorrogarse por el mismo plazo y por una sola vez.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Artículo 14. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter hasta por 10 años y será accesible al público aun cuando no se hubiese cumplido el plazo establecido, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de la autoridad competente.

Artículo 15. En el caso de que la información clasificada se haga del conocimiento público la responsabilidad del hecho será imputable únicamente a la autoridad. Una vez que la información clasificada, por cualquier razón, haya sido hecha del conocimiento público, no habrá responsabilidad para los particulares, sino sólo para las autoridades responsables de su conservación.

Artículo 16. En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos de la administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada.

CAPITULO III

Del procedimiento para acceder
a la información

Artículo 17. Las personas ejercerán su derecho ante el órgano del que pretendan obtener la información.

La solicitud deberá hacerse por escrito a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso el órgano registrará en un formato las características de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al interesado.

La información será proporcionada de manera gratuita salvo que por las características de la misma se requiera la reproducción de planos, copias o documentos que puedan significar un costo adicional para los órganos obligados a proporcionarla, en cuyo caso se podrán cobrar los derechos que se establezcan en las leyes fiscales respectivas, los que deberán estar en todo caso en proporción a los costos que signifiquen para el erario público.

En el caso de que la solicitud sea rechazada se comunicará por escrito al solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes. Esta negativa deberá estar fundada y motivada.

La persona que solicite información pública no estará obligada, en ningún caso, a demostrar su interés para hacer la solicitud.

En ningún caso la autoridad obligada a proporcionar la información podrá inquirir al solicitante sobre el fin o destino que pretenda darle. La violación a este precepto será sancionada en los términos de la presente ley.

Artículo 18. Los órganos tienen la obligación de publicar en un lugar visible de su sede o de sus oficinas, a través de impresos a disposición del público y por medio de Internet, información respecto de sus normas básicas de competencia, la función que tienen asignada y la manera en que las personas deben relacionarse con ella en el desarrollo de las mismas.

Artículo 19. Los órganos considerados en la presente ley están obligados a entregar información sencilla y accesible a la persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos y la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las dependencias ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad que se trate.

Artículo 20. La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá contener cuando menos los siguientes datos:

Identificación de la autoridad a quien se dirija.

Nombre completo y datos generales de la persona que realiza la gestión.

Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere.

Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones.

Si la solicitud no contiene todos los datos requeridos, el órgano deberá hacérselo saber al solicitante a fin de que corrija y complete los datos. El solicitante, además, deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la entidad para recibir las solicitudes en caso de así requerirlo.

Si la solicitud es presentada a una oficina que no es competente para entregar la información o que no la tiene por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.

Artículo 21. Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 10 días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 10 días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo de 10 días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

En ningún caso el plazo excederá de 30 días hábiles.

Artículo 22. Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá acudir al instituto previsto por esta ley a fin de que requiera al órgano la información solicitada en forma completa, inmediata y a satisfacción de la persona.

Cuando por actos de negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la autoridad queda obligada a otorgarle información en un periodo de tiempo no mayor a los 10 días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo.

Para efectos de la presente ley, el silencio de la autoridad no se interpreta como negación de una solicitud, sino como un acto de negligencia que tiene sanciones aplicables por la ley de responsabilidades de los servidores públicos.

Artículo 23. Antes de que termine el primer trimestre del año, todos los órganos deberán presentar un informe correspondiente al año anterior al Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Dicho informe deber incluir: el número de solicitudes de información presentadas a dicho órgano y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como la cantidad de solicitudes y las pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de resoluciones tomadas por dicho órgano denegando las solicitudes de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones.

CAPITULO IV
Del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública

Artículo 24. Como órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información se crea un organismo con autonomía presupuestal, patrimonial, de operación y decisión, integrado por cinco consejeros que serán nombrados por la Cámara de Diputados a partir de una propuesta de siete candidatos que presente el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El instituto no será sectorizable en los términos de las leyes de la materia, pero para el mejor desempeño de sus funciones deberá establecer relaciones de cooperación y coordinación con cualquiera de los órganos.

Artículo 25. Para ser consejero se requiere: ser ciudadano mexicano; tener al menos 30 años cumplidos al día de la designación; gozar de reconocido prestigio personal y profesional; no haber desempeñado cargo o empleo público alguno de cualquier naturaleza, cuando menos cinco años antes de la designación; no ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni ministro de ningún culto religioso cuando menos cinco años antes de la designación y no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal.

Artículo 26. Los consejeros durarán en su encargo un periodo de siete años y no serán reelegibles. Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y las tareas académicas no remuneradas.

Artículo 27. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

• Conocer y resolver las quejas que se interpongan contra la negativa de los órganos.

• Establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias.

• Ordenar a los órganos obligados a que proporcionen información a los solicitantes en los términos de la presente ley.

• Aplicar las sanciones que correspondan a quienes sin causa justificada deniegan el derecho a la información.

• Ordenar todos los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus atribuciones.

• Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de la presente ley y las prerrogativas de las personas, derivadas del derecho de acceso a la información.

• Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta ley.

• Establecer un sistema de asesoría a las personas a través de un servicio telefónico gratuito, correo electrónico, impresos y en forma personal.

• Elaborar su presupuesto anual, el cual será enviado al titular del Ejecutivo Federal para que lo integre al presupuesto de Egresos de la Federación.

• Designar a los servidores públicos a su cargo.

• Actualizar su reglamento interior y normas de funcionamiento.

Artículo 28. El instituto contará en su estructura para el buen funcionamiento de sus atribuciones con un secretario ejecutivo, una Dirección General Jurídica y Consultiva, una Dirección General de Estadística, una Dirección General de Estudios, Promoción y Difusión, una Dirección General de Asuntos Internacionales y una Dirección General de Administración.

Los titulares serán nombrados por el pleno del instituto, a propuesta de su presidente. Se instalará un servicio civil de carrera por escalafón hasta el nivel de director de área.

Artículo 29. El presidente del instituto presentará anualmente un informe de labores y resultados al honorable Congreso de la Unión, en el cual se incluirán la descripción de la información remitida por los órganos comprendidos en esta ley; el número de asuntos atendidos por el instituto, así como las demás actividades desempeñadas en cumplimiento de la ley.

Las dificultades observadas para el mejor cumplimiento de esta ley. El informe anual será de publicación y circulación obligatoria en los órganos comprendidos por la presente ley.

CAPITULO V
Recursos de inconformidad

Artículo 30. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades que negaron o limitaron el acceso a la información, podrán interponer el recurso de revisión ante la instancia correspondiente del órgano que negó la información, sin menoscabo de recurrir a las instancias jurisdiccionales correspondientes.

Artículo 31. El recurso de revisión en primera instancia se presenta ante la oficina encargada de liberar la información para solicitar la revisión legal del acto reclamado conforme a lo que marca el proceso de ley. La autoridad está obligada a dar una resolución administrativa en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que se registró la promoción de inconformidad.

4924,4925,4926

Artículo 32. Es procedente el recurso de revisión en primera instancia cuando se presenta la impugnación en tiempo y forma.

Artículo 33. El plazo para interponer el recurso de revisión en primera instancia será de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa.

Artículo 34. El recurso de revisión en primera instancia, deberá de presentarse por escrito cumpliendo con los siguientes requisitos formales del proceso:

I. Dirigido al titular de la dependencia o entidad encargada deliberar la información.

II. Hacer constar el nombre del inconforme afectado.

III. Acreditar personalidad jurídica del inconforme afectado.

IV. Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir.

V. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo.

VI. Identificar la fecha en que se hizo la notificación.

VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos legales presuntamente violados.

VIII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Cuando se trate de actos que no se resolvieron en tiempo, acompañar copia de iniciación del trámite.

IX. Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto reclamado, debiendo acompañar las documentales con las que cuente.

X. Hacer constar nombre y firma del quejoso o en su caso con personalidad jurídica reconocida y a través del poder notarial la de su representante legal.

Artículo 35. Cuando la violación reclamada no tenga pruebas documentales, no será necesario presentar el requisito previsto en el inciso IX.

Artículo 36. Cuando el recurso de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente o incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos II, III, IV, V, VI, VIII, IX y X, de este artículo y cuya notoria improcedencia se derive por el vencimiento del término, se desechará de plano.

Artículo 37. Procede el sobreseimiento cuando:

I. El afectado se desiste del recurso de impugnación por escrito.

II. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que queda sin efectos y materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte la resolución del acto reclamado.

III. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley.

IV. El agraviado fallezca.

Artículo 38. La autoridad competente de desahogar el recurso podrá:

I. Sobreseerlo;

II. Confirmar el acto impugnado;

III. Declarar la inexistencia, nulidad y anulabilidad del acto reclamado;

IV. Revocar total o parcialmente el acto del agravio;

V. Ordenar la modificación del acto impugnado y

VI. Ordenar ante la autoridad competente la inmediata restitución del acto reclamado, cuando el recurso de primera instancia sea total o parcialmente resuelto a favor del quejoso.

Artículo 39. Toda resolución administrativa que emita la oficina encargada de liberar la información para ratificar o revocar un acto administrativo sobre el acceso a la información, estará fundada en derecho. Para beneficio del interesado, la autoridad podrá prevenir al quejoso de los errores de forma y fondo al presentar su recurso, pero de ninguna manera podrá cambiar los hechos. La autoridad competente estará obligada a emitir una resolución en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

Toda resolución final deberá ser por escrito. En los casos en que se confirme la negativa a liberar información, la autoridad está obligada a especificar los recursos e instancias con los que cuenta el quejoso para hacer valer su inconformidad, si a su derecho conviene.

Artículo 40. No se tomarán en cuenta, para efectos de la resolución del recurso, los hechos, documentos o alegatos del interesado, si no se presentaron oportunamente en la etapa debida del procedimiento.

Artículo 41. El recurso de revisión en segunda instancia se presenta de manera ordinaria ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, conforme a las formalidades observadas en el recurso de primera instancia.

Artículo 42. Al cabo de un año, se podrá presentar una nueva solicitud mediante un recurso de reconsideración por los actos y resoluciones de las autoridades que negaron o limitaron el acceso a la información en una primera solicitud.

CAPITULO VI

Faltas administrativas y sanciones

Artículo 43. El servidor público que oculte información para el desarrollo ordinario de las actividades institucionales de cada dependencia o que oculte información para no liberar contenidos informativos, será suspendido de sus funciones temporalmente, hasta por tres años, dependiendo el grado de perjuicio que haya causado.

Artículo 44. Al servidor público que se le sorprenda en flagrancia destruyendo total o parcialmente información pública gráfica, sonora, en imagen, documental, escrita o en cualquier otra manifestación y a través de cualquier medio, será destituido inmediatamente de su cargo, debiendo reparar pecuniariamente los daños y destrozos causados, sin menoscabo de recibir la aplicación de sanciones civiles, penales o administrativas.

Artículo 45. Al servidor público que actúe negligentemente para dar respuesta a solicitudes de acceso a la información o que bien no ejecute las autorizaciones para liberar contenidos informativos, se le sancionará con una suspensión temporal del cargo. En casos de reincidencia, será destituido inmediatamente, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, bajo la instrucción de desacato y negligencia.

Artículo 46. El servidor público que por acuerdo haya equivocado y autorizado una clasificación indebida de la información, será requerido por el instituto para ser apercibido de manera oral. En los casos de reincidencia o que medie el dolo, la mala fe y la premeditación, será sancionado de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 47. Se consideran como severas: las faltas administrativas, las acciones o resoluciones de la autoridad que subinformen, desinformen o mal informen.

Para efectos de esta ley se entenderá por:

Desinformación. Información confusa y difusa sobre la acción y función pública, que desorienta a las personas sobre el debido ejercicio de gobierno.

Subinformación. Información limitada, restringida y editada sobre la acción y función pública.

Mala información. Cambio indebido de datos informativos sobre la acción y función pública.

Información frívola. Datos informativos no relevantes para la opinión pública o de interés público y que por su naturaleza no representa un riesgo material, pecuniario o físico para la sociedad.

Al servidor público que haya cometido alguna de las faltas administrativas señaladas en este artículo, se le destituirá inmediatamente de sus responsabilidades, dando inicio al procedimiento aplicable por la Ley Federal de los Servidores Públicos, sin menoscabo de las sanciones civiles y penales aplicables en la materia.

Artículo 48. El servidor público que no cumpla de manera rápida y expedita las resoluciones administrativas del instituto para liberar información en los términos y condiciones que establece esta ley, será removido de sus funciones, considerando su desobediencia como desacato administrativo, el cual será resuelto por los procedimientos establecidos por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin menoscabo de aplicar las sanciones civiles y penales correspondientes.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se establece un plazo no mayor al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LVIII Legislatura, para realizar todas las reformas necesarias a las leyes correspondientes, para homologar sus disposiciones normativas con los principios desarrollados en la presente ley

Tercero. Se deberá establecer la previsión presupuestal correspondiente en la iniciativa de Ley de Presupuesto de la Federación para el Año 2002, que permita la integración y funcionamiento adecuado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la vigencia de la presente ley.

Cuarto. Dos de los consejeros integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública serán elegidos por cinco años por única vez, con objeto de que al momento de la renovación de los otros tres consejeros, siempre sea posible contar con una adecuada combinación de experiencia, conocimiento y prestigio personal y profesional.

Quinto. Todas las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en aquellas que limiten el derecho de acceso a la información pública garantizado por esta ley, quedarán sin efecto.

Sexto. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública deberá expedir su reglamento interior y normas mínimas de operación en un plazo no mayor de 60 días después de su constitución.

México, D.F., a 6 de diciembre de 2001.— Diputados: Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Ney González Sánchez; José Antonio Hernández; José Manuel del Río Virgen; César Augusto Santiago; María Elena Chapa, Felipe Solís Acero; José Narro Céspedes; Víctor Gandarilla; Lorena Beaurregard y Salvador Cosío Gaona.»

La Presidenta:

Disculpe, diputado, está suscrita la iniciativa también por su servidora, diputada Beatriz Paredes.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Diputada Beatriz Paredes Rangel.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

LEY DE COORDINACION FISCAL (II)

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Roberto Preciado Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 2o.A, de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Roberto Preciado Cuevas:

Con su permiso, señora Presidenta:

En nuestra calidad de diputados federales a la LVIII Legislatura del Congreso General y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración . de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reforma al artículo 2o.A de la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el Gobierno Federal procedió a cambiar la fórmula de participaciones o reparto a los municipios colindantes con las fronteras o los litorales por los cuales se realizan las operaciones de comercio exterior, tanto de entrada como de salida de mercancías.

Ello derivó en distorsiones en la distribución del fondo de participaciones constituido por el 0.136% de la recaudación federal participable que desde antes de 1994 se venía otorgando a tales municipios, al no incluir, para la distribución, el monto de los impuestos al comercio exterior recaudados por las aduanas ubicadas en dichas localidades, resultando con ello una distribución inequitativa de tales recursos al no ser proporcional a la captación obtenida de los mencionados gravámenes.

La fórmula vigente considera, para efectos, de distribución, la recaudación local de predial y de los derechos de agua en cada municipio, situación que a través de prácticamente 10 años de aplicación, ha venido restándole eficiencia para financiar mejores servicios públicos, desalentado, a su vez, a los municipios en donde se concentran los mayores niveles de operaciones de comercio exterior.

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Es en este sentido que, con objeto de lograr un tratamiento más equitativo y acorde para contar con la infraestructura adecuada para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, se propone modificar el actual esquema de cálculo de la fórmula para que:

a) El 94% del fondo se distribuya con base en los ingresos que tiene cada municipio de la recaudación de los conceptos de predial, derechos de agua e impuestos al comercio exterior y

b) El 6% restante se distribuya aplicando la inversa respecto del porcentaje de participación señalado en el punto anterior.

Es importante mencionar que la proporción de la recaudación federal participable al distribuir el 0.136% de la misma no se modifica con la propuesta. Lo que cambia son los coeficientes y las variables a considerar para el cálculo de su distribución, al incluir además de la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua, a los impuestos al comercio exterior, referenciados todos ellos al ejercicio fiscal del año 2000.

De igual manera, la fórmula contempla la realización de ajustes anuales de acuerdo a los diferenciales de los montos recaudados por los conceptos mencionados en los dos años anteriores. Así, la diferencia resultante, se multiplicaría por el coeficiente del último año.

Cabe subrayar que con la propuesta que estamos planteando se estaría beneficiando a los 39 municipios que son colindantes con frontera o litorales, donde se realiza la entrada y salida física de mercancías del y hacia el exterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados la siguiente

INICIATIVA

De reforma a la fracción I del artículo 2o.A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo único. Se reforma la fracción I del artículo 2o.A de la Ley de Coordinación Fiscal, en los siguientes términos:

Artículo 2o.A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios, en la forma siguiente:

1. En la proporción de la recaudación federal participable que a continuación se señalan participarán los municipios de la manera siguiente:

De la recaudación federal participable, el 0.136% a aquellos municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país.

La distribución del 94% de este fondo se distribuirá entre los municipios mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula:

a) Para determinar el coeficiente de origen se utilizará CCIT° =BI°/TB°:

Donde: BI° es la suma para el municipio de que se trate, de la recaudación de predial, derechos de agua e impuestos al comercio exterior registrados en ese municipio, en el año inmediato anterior a la determinación de estos coeficientes; TB° es la suma de BI°.

b) El coeficiente de origen registrará variaciones anuales que se registrarán utilizando la fórmula CCIT=BI/TB donde:

CCIT es el coeficiente de participación del municipio 1 en el año para el que se efectúa el cálculo; TB es la suma de BI; 1 es cada municipio colindante: BI=(CCIT1)(IPDAICE1)/(IPDAICE2); CCIT1= coeficiente de participación del municipio 1 en el año inmediato anterior a aquél para el cual se efectúa el cálculo; IPDAICE1= recaudación de predial, derechos de agua e impuestos al comercio exterior en el municipio 1 en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo y, IPDAICE2=recaudación del predial, derechos de agua e impuestos al comercio exterior en el municipio 1 en el segundo año inmediato anterior respecto a aquél para el que se efectúa el cálculo.

El restante 6% del fondo se distribuirá aplicando la inversa a los coeficientes que correspondan.

II. . .

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Esta reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, debiéndose redistribuir a partir de la fecha el fondo correspondiente al 0.136% de la recaudación federal participable con la fórmula que al efecto se establece.

Atentamente.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 6 de diciembre de 2001.— Diputados: Roberto Preciado Monroy, Jesús Orozco Alfaro, Francisco Javier Sánchez Campuzano, César H. Duarte y Amador Rodríguez Lozano.»

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Tomás Lozano Pardinas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 20, 38, 39, 44 y se adicionan las fracciones IX y X al artículo 21; la fracción IV al artículo 26 de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado José Tomás Lozano Pardinas:

Con su venia, señora Presidenta:

«El suscrito, diputado José Tomás Lozano y Pardinas, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante esta alta representación la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 20, 38, 39, 44 y se adicionan las fracciones IX y X del artículo 21, la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Aguas Nacionales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El agua es un recurso natural vital para la vida en cualquier circunstancia. Las necesidades de este vital líquido son cada vez mayores tanto en el campo, como en las ciudades. Y mientras la demanda de agua dulce aumenta, la disponibilidad disminuye.

Este es un problema mundial que en nuestro país lo encontramos particularmente agudo debido al acelerado incremento de la demanda de agua dulce como consecuencia del crecimiento de los centros urbanos e industriales y de terrenos destinados a fines agrícolas; dicho problema es también ocasionado por la carencia de una cultura de aprovechamiento racional y sustentable del agua dulce disponible, así como por la inexistencia o insuficiencia de instrumentos legales que propicien el reaprovechamiento de las aguas residuales y la protección y recarga de las fuentes de abastecimiento.

Lo anterior se refleja en un déficit en la recarga de acuíferos que en 1999, ascendió a 4725 hm3 de agua, lo que equivale al 33.5% del agua extraída1. Es decir, por cada tres litros que extraemos se recargan sólo dos. Esto ha traído como resultado que el nivel de los mantos freáticos en el campo y en las ciudades alcance cada vez mayores profundidades.

Y si a este fenómeno de por sí grave, sumamos la contaminación que se filtra al subsuelo y que ha alcanzado ya los mantos que abastecen a importantes centros urbanos2, resulta urgente que se tomen medidas de alcance nacional para revertir esta situación.

Adicionalmente, la mayoría de los ríos, lagos y lagunas del país presentan un ICA (índice de calidad del agua) inaceptable. En casi todos encontramos coliformes fecales, metales pesados, sólidos en suspensión, hidrocarburos y otros elementos contaminantes en proporciones por encima de los límites máximos aceptables3.

1. Estadísticas del Medio Ambiente 1999. INEGI, Tomo I, Cuadro 11.2.1.12

2. Fuente: Comisión Nacional del Agua.

3. Criterios Ecológicos de Calidad del Agua. SEDUE. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 13 de diciembre de 1989.

Esto es fácilmente entendible si consideramos que la descarga total de aguas residuales municipales e industriales ascendió en 1998 a 329 m3/seg, de los cuales recibieron tratamiento únicamente 62 m3/seg, lo que representó el 18% del total generado y aún si operaran las plantas de tratamiento a su máximo, la capacidad instalada en todo el país asciende apenas a 92 m3/seg, esto es el 27% del total generado4.

De lo anterior deducimos la urgente necesidad de construir infraestructura para tratar más de 240 m3/seg de aguas residuales y más por que la cantidad aumenta año tras año, mismos que actualmente son descargados en ríos y lagunas.

El problema de fondo que esta propuesta pretende atacar parte de que la incesante demanda de agua en los centros urbanos e industriales suele satisfacerse extrayéndola de pozos perforados en la zona, pero en vista del agotamiento de los mantos como consecuencia del déficit en la recarga anteriormente descrito, los organismos municipales y estatales encargados del suministro del líquido, buscan fuentes de abastecimiento en lugares alejados de los centros de consumo.

El procedimiento más común comienza con un estudio de factibilidad técnica y económica. Posteriormente, se firma un convenio entre las dependencias y/o autoridades involucradas e inmediatamente se construye la infraestructura para la extracción y conducción del líquido hasta el lugar de consumo, pero no se hace nada por preservar o facilitar la recarga de la fuente de suministro, nadie prevé ni se hace responsable por los daños causados a la región. Como ejemplo de esta situación tenemos a la vista el caso de la cuenca LermaSantiago, y es previsible que ocurra algo similar con el río Cutzamala.

En este punto es conveniente mencionar la ineficacia de los programas de concientización para el ahorro del agua y el desperdicio causado por la obsolescencia de las redes de distribución hidráulica en las cuales se llega a perder por fugas hasta 40% del caudal.

Todo lo anterior sucede entre otras razones porque los instrumentos jurídicos aplicables actualmente no imponen obligaciones de reciprocidad a las entidades que extraen y disponen del agua.

Este tipo de problemas debe ser abordado bajo un enfoque de sistemas y de desarrollo sustentable y la legislación debe construirse o adecuarse en el mismo sentido. Esto es lo que pretende la iniciativa que se propone.

Al respecto la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento han sido rebasados por la complejidad del problema, siendo necesario adecuarla a los nuevos desafíos y situaciones no previstas en su texto actualmente vigente.

Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de que las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales posibiliten preservar o facilitar la recarga de la fuente de suministro, así como se logren mecanismos de reciprocidad que sustenten un uso responsable y sustentable del agua, ante ustedes expongo la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 20, 38, 39, 44 y se adicionan las fracciones IX y X del artículo 21, la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo primero. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales agregando un cuarto párrafo para quedar como sigue:

"Artículo 20. . .

. . .

Toda asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales exige una reciprocidad por parte del asignatario. La reciprocidad se traduce en obras de infraestructura orientada a la captación y recuperación de aguas pluviales y residuales en los lugares de consumo; y en obras de infraestructura y/o acciones y programas para garantizar la recarga y recuperación de la fuente de suministro.

Artículo segundo. Se adicionan las fracciones IX y X del artículo 21 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

"Artículo 21...

I a la VIII. . .

IX. Estudio de impacto ambiental;

X. Los programas de recuperación de aguas pluviales y residuales; así como la infraestructura existente para tal efecto en el lugar de consumo y para garantizar la recarga y recuperación de la fuente de suministro."

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Artículo tercero. Se adiciona la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

"Artículo 26. . .

I a la III. . .

IV. El concesionario o asignatario no cumpla con los programas de recuperación de aguas enunciados en la solicitud de concesión, conforme al inciso X del artículo 21 de esta misma ley."

Artículo cuarto. Se reforma el primer párrafo del artículo 38 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

"Artículo 38. El Ejecutivo Federal, previos los estudios técnicos que al efecto se elaboren y publiquen, conforme a lo dispuesto en el artículo 6o. de la presente ley podrá reglamentar la extracción y utilización de aguas nacionales, establecer zonas de veda, exigir obras de infraestructura y garantías para asegurar el reaprovechamiento de aguas pluviales y residuales y la recarga y recuperación de los mantos o declarar la reserva de agua en los siguientes casos de interés público:

I a la V. . .

. . ."

Artículo quinto. Se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

"Artículo 39. En la reglamentación de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a que se refiere el artículo anterior, el Ejecutivo Federal fijará los volúmenes de extracción y descarga que se podrán autorizar, las modalidades o límites a los derechos y obligaciones de los concesionarios y asignatarios, así como las demás disposiciones especiales que se requieran por causa de interés público.

. . ."

Artículo sexto. Se reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

"Artículo 44. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del subsuelo por parte de los sistemas estatales o municipales de agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue "la comisión", en la cual se consignará en su caso la forma de garantizar el pago tanto de las contribuciones, productos y aprovechamientos que se establecen en la legislación fiscal, como por el reaprovechamiento de aguas pluviales y residuales y la recarga y recuperación de los mantos y la forma prevista para generar los recursos necesarios para el cumplimiento de estas obligaciones.

. . ."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, San Lázaro a los 6 días del mes de diciembre del año 2001.— Diputado, José Tomás Lozano y Pardinas.»

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

CAMINOS Y PUENTES CONCESIONADOS

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y al 127 de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Muchas gracias, diputada Presidenta:

Antes de iniciar con la intervención, quisiera solicitarle se corrigiera en el Diario de los Debates y en la convocatoria, la reforma no es al artículo 5o., sino al artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Y dicho lo anterior, procedería.

La Presidenta:

Tome nota la Secretaría, por favor.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

«Los suscritos, diputados a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y el artículo 217 de la Ley Federal de Derechos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde hace algunos años, diversos actores de la sociedad se han expresado a favor de establecer un nuevo federalismo en el país que permita fortalecer la estructura administrativa municipal, estatal y nacional, así como fortalecer las facultades que cada uno de los órganos de gobierno tienen.

A partir de 1995, con la creación de los fondos del ramo 33 y la política de descentralización administrativa de los servicios de salud y de educación, los municipios toman parte en la definición de las obras y acciones que en su demarcación territorial se llevan a cabo.

Sin embargo, diversas disposiciones legales han frenado o limitado la ya de por sí precaria facultad recaudatoria de los municipios en nuestro país. Precisamente por esta situación hemos conocido casos que llaman la atención por la importancia que han tomado en la lucha por un federalismo financiero municipal, como el del puente fronterizo de Ciudad Juárez y en donde el ayuntamiento de ese lugar emprendió diversas acciones para que la Federación le participara de los recursos que se captan en ese punto fronterizo. Asimismo las acciones emprendidas por diversos munícipes del país a efecto de que Pemex y Teléfonos de México pagaran el impuesto predial por las instalaciones asentadas dentro del territorio municipal.

Con la intención de contribuir a la consolidación de estos esfuerzos, me permito presentar a ustedes la iniciativa de reforma al artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y al artículo 217 de la Ley Federal de Derechos, a fin de fortalecer y hacer eficaz la facultad tributaria municipal por lo que hace al impuesto predial.

Así, el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, establece que éstas, no podrán ser objeto de contribuciones de los estados, el Distrito Federal o de los municipios.

La iniciativa de decreto que se propone, tiene por objeto contextualizar esa disposición legal, colocando una excepción mediante la cual los caminos y puentes concesionados de peaje o cuota, estarán obligados a enterar el impuesto predial correspondiente a los municipios respectivos.

Lo anterior en virtud de que los municipios dejan de percibir un ingreso que legalmente les corresponde, en virtud de que los terrenos y servicios auxiliares que se prestan en estos caminos y puentes no son propiedad federal, de conformidad con la disposición legal expresa establecida en el artículo 89 de la misma Ley de Vías Generales de Comunicación:

"Las vías generales de comunicación, los servicios auxiliares, sus dependencias y demás accesorios son propiedad del concesionario durante el término señalado en la misma concesión y será hasta el vencimiento de la misma cuando pasen al dominio de la nación"

En tal sentido, el inciso a de la fracción IV del artículo 115 constitucional establece que los municipios percibirán las contribuciones que establezcan los estados por propiedad inmobiliaria. Siendo el caso de que los caminos y los puentes concesionados de cuota o peaje, constituyen propiedad inmobiliaria perteneciente a particulares, es viable y justo que se pague el impuesto predial correspondiente y contribuya al gasto público.

Asimismo la iniciativa de reforma del artículo 217 de la Ley General de Derechos, pretende clarificar y armonizar dicha disposición con la Ley de Vías Generales de Comunicación a efecto de que se tenga unidad en el sentido de las disposiciones legales correspondientes.

De esta forma la iniciativa pretende eliminar una condonación ilegal del impuesto predial que se estableció en beneficio de los grandes consorcios carreteros en detrimento de las finanzas públicas de los municipios del país. No sólo es injusto, sino además inconstitucional que los concesionarios carreteros no aporten al gasto público municipal, siendo que, de acuerdo con la ley, éstos son propietarios de las vías generales de comunicación y de sus servicios auxiliares, durante el término de la concesión.

En este orden de ideas lo mismo debe pagar el impuesto predial un pequeño propietario rural, que el concesionario carretero. No hay excusa ni pretexto. En los últimos 15 años se han brindado todas las facilidades a estos consorcios para la construcción y operación de caminos y puentes de cuota, se han rescatado sus infructuosos negocios con cargo al erario público y, además, inconstitucionalmente se les condonó el impuesto sobre propiedad inmobiliaria, situación que es el momento de corregir.

La iniciativa no pretende agredir estos intereses, sino colocarlos en un estado de igualdad jurídica con el resto de contribuyentes, bajo los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, de tal suerte que todos, absolutamente todos los que nos colocamos en el supuesto jurídico para ser sujetos del impuesto predial o a la propiedad inmobiliaria, lo paguemos.

Por las razones anteriormente expuestas, ponemos a su consideración el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se reforma el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue:

"Artículo 7o. Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no podrán ser objeto de contribuciones de los estados, el Distrito Federal o municipios, excepto los relacionados con caminos y puentes concesionados de peaje o cuota, los que deberán enterar el impuesto predial o sobre propiedad inmobiliaria correspondiente."

Artículo segundo. Se reforma el artículo 217 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

"Artículo 217. Cuando se concesione el uso o la explotación de un camino o puente, se pagará el impuesto predial o sobre propiedad inmobiliaria conforme lo dispongan las leyes locales en donde se establezcan. La base para el cálculo del predial serán los datos catastrales del área de terreno ocupada por el camino o puente concesionado."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero del año 2002.

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 6 de noviembre de 2001.— Diputados: Ricardo Moreno Bastida, Francisco Patiño y José Miguel del Río.»

La Presidenta:

Muchas gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Julieta Prieto Fuhrken, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas a la fracción XX y adicionar una fracción XXI al artículo 29, se reforma la fracción XIX y se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se reforman los artículos 6o., 119, 130, 131 y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada Julieta Prieto Fuhrken:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II; 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Gobernación, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

4933,4934,4935

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos años, los conflictos ecológicos han rebasado las divisiones clásicas de estudio y se han convertido en un problema común de los países. La cuestión ambiental se ha incorporado al léxico de la economía, del ámbito político y de la sociedad.

Es así, que el derecho del ser humano a vivir en un ambiente de calidad, así como su responsabilidad de proteger y mejorar ese medio para las generaciones futuras, ha sido y será la mayor preocupación de nuestro partido, pues estamos convencidos de que los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

Dentro de este contexto, un problema creciente es el de la contaminación del medio marino y sus costas y, así como zonas terrestres, donde se producen un gran número de efectos contaminantes por la irresponsabilidad del hombre al introducir sustancias y realizar acciones que, directa e indirectamente, producen efectos nocivos tanto a la salud humana como a los recursos vivos y la vida marina.

Ante esta situación la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y las secretarías de Marina y Defensa Nacional, han llevado a cabo distintos programas en un esfuerzo común para la protección y vigilancia del medio marino y de los ecosistemas del país.

De esta forma, la Profepa tiene como finalidad vigilar y promover el cumplimiento de la legislación ambiental y de los recursos naturales, mediante la realización de actos de inspección, verificación y vigilancia tanto en forma directa, a través del personal desconcentrado en delegaciones federales o en forma concurrente con la sociedad y otras instancias de gobierno.

Las inspecciones que realiza son enfocadas a frenar las tendencias del deterioro ecológico, inducir un ordenamiento del territorio nacional, tomando en cuenta que el desarrollo sea compatible con las aptitudes y capacidades ambientales de cada región; aprovechar de manera plena y sustentable los recursos naturales como condición básica para la superación de la pobreza y cuidar el ambiente y los recursos naturales a partir de una reorientación de patrones de consumo y un efectivo cumplimiento de las leyes.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sufre de varias limitaciones en el ejercicio de sus funciones, sobre todo en acciones de protección y vigilancia, para lo cual, es necesario adecuar el marco jurídico vigente para que en coordinación con las fuerzas armadas, pueda cumplir con sus objetivos cabalmente.

En este sentido, la Secretaría de Marina en un esfuerzo por coadyuvar al mejoramiento, protección y vigilancia del medio marino creó la Dirección de Protección al Medio Ambiente Marino en 1959 como Comisión Técnica de Asuntos por Contaminación Aceitosa en Aguas Marinas Nacionales. En 1978, preside la subcomisión de Prevención y Control de la Contaminación del Mar, dentro de la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental. En 1979, el Estado Mayor General de la Armada elabora lo que hoy se conoce como Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en el Mar.

Como resultado de lo anterior, en 1982 se crea la oficina central de Protección al Medio Ambiente Marino, dándole en 1983 la categoría de dirección. En 1994 se integra a la Dirección General de Oceanografía Naval y actualmente pertenece a la Dirección General Adjunta de Oceanografía, dependiente de la Dirección General de Investigación y Desarrollo.

La participación de las distintas secretarías es fundamental para lograr un desarrollo sustentable a través del mejoramiento de nuestra ecología. En este sentido, la Secretaría de Marina es un claro ejemplo de que un esfuerzo así se puede lograr, ya que con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnap), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA) y la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se elaboró y se aplica el Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en el Mar.

De igual forma, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnap), participa en la elaboración de los programas de manejo de las Areas Naturales Protegidas (ANP) con carácter de Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, que promueve la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas del Instituto Nacional de Ecología (INE).

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional; para recuperar la riqueza forestal de México, en diciembre de 1992, el Gobierno Federal puso en marcha el Programa Nacional de Reforestación, el cual ha sido diseñado con carácter permanente y a largo plazo con un sentido fundamentalmente social por la importancia que reviste la participación de la población para su ejecución. Su objetivo básico ha sido el desarrollo sustentable de los bosques y selvas para generar y crear un patrimonio cuyo aprovechamiento sea en beneficio directo de los mexicanos, que depende económicamente del recurso forestal y a largo plazo revertir el problema de un desastre ecológico.

Asimismo, esa dependencia ha construido 104 plantas tratadoras de aguas residuales, para reaprovechar el agua utilizada en las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos; la cual es empleada en el riego de áreas verdes y jardín, con el fin de cumplir con la normatividad ecológica vigente.

Actualmente, la Sedena cuenta en sus campos militares con 47 viveros forestales de alta producción con más de 44 millones 300 mil árboles plantados.

Por todo esto, hoy ya no es posible dejar de considerar a las fuerzas armadas como parte de una dinámica de participación en los ámbitos de decisiones públicas, sobre todo en la protección y conservación del medio ambiente de nuestro territorio nacional.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Mediante el cual se reforma la fracción XX y se adiciona una fracción XXI al artículo 29, se reforma la fracción XIX y se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 30, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se reforman los artículos 6o., 119, 130, 131 y 146 de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente.

Artículo primero. Se reforma la fracción XX y se adiciona una fracción XXI al artículo 29 y se reforma la fracción XIX y se adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 30, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 29. A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a la XIX. . .

XX. Prestar los servicios en materia de protección y conservación del medio ambiente que requiera el Ejecutivo Federal;

XXI. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 30. A la Secretaría de Marina, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a la XVIII. . .

XIX. Prestar los servicios auxiliares que requiera la armada; así como los servicios civiles que a dicha Secretaría señale el Ejecutivo Federal;

XX. Prestar los servicios en materia de protección y conservación del medio ambiente que requiera el Ejecutivo Federal y

XXI. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos."

Artículo segundo. Se reforman los artículos 6o., 119, 130, 131 y 146 de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

"Artículo 6o. Las atribuciones que esta ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y en coordinación con las secretarías de Marina y Defensa Nacional tratándose de la prevención, protección y control de la contaminación del medio marino y terrestre, así como a prevención y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en las zonas forestales, marinas y costeras bajo jurisdicción federal, salvo las que directamente corresponden al Presidente de la República por disposición expresa de la ley.

. . .

Artículo 119. La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, conforme a lo dispuesto en esta ley, en la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y las demás disposiciones que resulten aplicables y en coordinación con la Secretaría de Marina.

Artículo 130. La Secretaría autorizará el vertido de aguas residuales en aguas marinas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que al respecto expida. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de instalaciones de tierra cuya descarga sea al mar, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 131. Para la protección del medio marino, la Secretaría emitirá las normas oficiales mexicanas para la explotación, preservación y administración de los recursos naturales, vivos, abióticos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, así como las que deberán observarse para la realización de actividades de exploración y explotación en las zonas marítimas mexicanas.

Artículo 146. La Secretaría, previa opinión de las secretarías de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Gobernación, Trabajo y Previsión Social y de la Defensa Nacional, conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas, en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicoinfecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando, además los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2001.— Diputados: Bernardo Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

Pido a la Secretaría se publique de manera integral la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.

Por su atención, muchas gracias, hago entrega al señor Secretario.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

EDUCACION-SALUD

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa de reformas a la fracción IV del artículo 3o. y el párrafo cuatro del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4936,4937,4938

El diputado José Narro Céspedes:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Los suscritos, diputados federales a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 3o. y el párrafo cuarto del artículo 4o, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

México fue el primer país en el mundo que incorporó, como resultado de la lucha social armada de 19101917, en su Constitución Política los denominados derechos sociales, aspecto que rompe con las concepciones liberalindividualistas de las constituciones decimonónicas.

México es reconocido internacionalmente por esta aportación al derecho público que ha sido imitada por muchos otros países y que los mexicanos del presente siglo no podemos cancelar.

El Constituyente de 19161917 consagró estos derechos sociales como reconocimiento a las desigualdades sociales que tuvieron su cruento desenlace en la nefasta dictadura de Porfirio Díaz. El texto constitucional establece derechos para los gobernados y, simultáneamente, obligaciones a cargo del Estado.

En el texto original de nuestra Norma Fundamental se reconoce como obligación a cargo del Estado la de impartir educación y en la fracción VII del artículo 3o. clara e indubitable que "toda la educación que el Estado imparta será gratuita".

Desde 1917 a la fecha, simultáneamente a la educación a cargo del Estado, se ha desarrollado la educación por particulares con reconocimiento de validez oficial.

Han sido las instituciones públicas de educación superior de este país: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y todas las universidades públicas de los estados las que han contribuido de manera vigorosa, a través de sus egresados y estudiantes a generar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

Sin embargo, el Estado se ha desentendido paulatinamente de su obligación de apoyar presupuestalmente al sistema de educación pública en todos sus niveles, esto se ha traducido en la baja de la calidad académica y en la creencia a todas luces falsa, de que la educación privada es mejor que la pública.

La inversión pública en el aspecto educativo ha decrecido en términos reales y su proporción con relación al Producto Interno Bruto también ha disminuido, lo que implica que tengamos en la actualidad millones de mexicanos que no tienen acceso a la educación básica, media superior y superior. En especial en la educación media y superior la cobertura es totalmente insuficiente.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de la necesidad de incrementar los recursos que se destinen a la educación en cualquiera de sus modalidades.

En consecuencia, nuestra propuesta específica es que se garantice en la fracción VII del artículo 3o. constitucional, la obligación del Gobierno Federal de destinar recursos públicos al menos por el equivalente al 8% del Producto Interno Bruto al ramo educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación en los ejercicios fiscales correspondientes.

Compañeras y compañeros legisladores: a mejor inversión que un país puede hacer en beneficio de su población es invertir en materia educativa. Todos los países que han aprovechado las condiciones del nuevo orden mundial han dedicado un monto sustancial en el ramo educativo. Los llamados Tigres Asiáticos son una muestra palpable de ello.

Las organizaciones internacionales públicas y privadas ponen especial énfasis en señalar que los países de desarrollo medio como el nuestro destinen fondos suficientes a la educación y a la investigación.

Los procesos de modernización de los países en la fase reciente reiteran la necesidad de que los pueblos tengan el derecho a la educación y a la salud si es que quieren avanzar en el nuevo entorno de la globalización. Las nuevas tendencias de la economía y la sociedad suponen necesariamente que la educación en particular debe tener una prioridad estratégica, porque el conocimiento es el recurso fundamental y es el parámetro con el que hoy se mide la capacidad productiva de una nación.

Debemos evitarnos la vergüenza de los resultados que arrojan las evaluaciones internacionales, que nos sitúan en niveles que están muy por debajo de lo deseable. Resulta increíble que seis años después tengamos que enterarnos que nuestro sistema educativo está en el nivel más bajo de los países encuestados.

En lo que se refiere al derecho a la protección de la salud, que fue incorporado por el Constituyente Permanente a nuestra Norma Fundamental con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, al establecer en el párrafo IV del artículo 4o. que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud".

Desde luego resulta claro que en un país en donde 40 millones de personas se encuentran en niveles de pobreza extrema este derecho no se cumple cabalmente. Las instituciones de salud dependientes de la Secretaría de Salud, el Seguro Social y el ISSSTE, en muchas ocasiones no prestan el servicio como debería ser. El argumento reiterado es la incapacidad económica para afrontar debidamente sus responsabilidades.

La situación de los particulares que no son derecho, habientes de alguna institución de salud pública es dramática, en muchas ocasiones carecen de los recursos económicos para tener acceso a la medicina privada.

También los médicos se han vuelto insensibles ante el dolor de quien ha perdido su salud. La prensa y los medios electrónicos con frecuencia nos informan sobre ello.

En el ámbito de la salud también se requiere una cuantiosa inversión para satisfacer este servicio público que supone importantes erogaciones en infraestructura física, equipo, materiales y recursos humanos.

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos plenamente convencidos de que la mejor inversión que el Estado mexicano puede hacer es precisamente en los aspectos educativos y de salud, si logramos impulsar esta medida estaremos construyendo un mejor futuro para las próximas generaciones de mexicanos.

El porcentaje del gasto público que se plantea con respecto al Producto Interno Bruto tiene como sustento por una parte, los criterios que los organismos internacionales públicos y privados recomiendan como mínimo para el gasto en educación y salud, por otra parte, tal y como lo hemos señalado el rezago en estos dos rubros es alarmante en nuestro país. Por tanto, si queremos ser competitivos con nuestros socios comerciales y arribar a un estadio de desarrollo superior sólo lo podremos lograr si atendemos de manera suficiente la demanda de estos servicios.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente

INICIATIVA

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 3o. y se reforma el párrafo cuarto del artículo 4o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se reforma la fracción IV del artículo 3o. y se reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 3o. . .

. . .

I a la III. . .

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. El Gobierno mexicano destinará en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, al menos el 8% del Producto Interno Bruto para satisfacer las necesidades del sistema educativo público en sus diferentes niveles.

V a la VIII. . .

Artículo 4o. . .

. . .

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Gobierno mexicano destinará en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, al menos el 8% del Producto Interno Bruto para satisfacer las necesidades del sistema de salud público en sus diferentes niveles. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

. . .

. . ."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 6 de diciembre de 2001.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.— Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador, José Narro Céspedes, vicecoordinador, Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Martínez Veloz, José Manuel del Río V. y Martí Batres Guadarrama.»

La Presidenta:

Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ASISTENCIA (II)

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Hay 467 diputados registrados hasta este momento.

Ciérrese el sistema electrónico.

DONACIONES

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Guillermo Padrés Elías del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones y se adiciona un capítulo de donaciones a la Ley Aduanera y se reforman los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

El diputado Guillermo Padrés Elías:

Con su venia, señora Presidenta:

A continuación daré lectura a la iniciativa de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones y se adiciona un capítulo de donaciones a la Ley Aduanera y se reforman los artículo 25 y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que solicito se publique el cuerpo del articulado íntegro de esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.

«El suscrito diputado federal Guillermo Padrés Elías de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones y se adiciona un capítulo de donaciones a la Ley Aduanera, se reforman los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Con la finalidad de que se agilice y haga más eficiente el procedimiento de importación de los bienes objetos de donación, enmarcados en el artículo 61 fracciones IX, XI, XIV y XV de la Ley Aduanera.

Esta iniciativa se presenta con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad la Ley Aduanera señala el procedimiento por el cual deben introducir las mercancías que donan gobiernos, jefes de Estado y entidades extranjeras, para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública y de servicio social, entre otros.

4939,4940,4941

El procedimiento al cual se encuentran sujetas estas mercancías dentro de la Ley Aduanera es el mismo al cual se encuentran sujetas las importaciones definitivas de mercancías. En términos generales, sólo se les exceptúa del pago de los impuestos generales de comercio exterior. Sin embargo, dado que el procedimiento de internación es el mismo que el de importación de bienes, las mercancías objeto de donación se encuentran sujetas al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, restricciones arancelarias y no arancelarias, así como a la presentación de un pedimento de importación ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal.

Las mercancías donadas por el exterior también se encuentran sujetas a problemas de extravíos, embargos, abandonos y de clasificación arancelaria, entre otros. Lo anterior dificulta sin duda alguna la entrega expedita de las mercancías objeto de donación. Por ello, la iniciativa que presentamos hoy ante este pleno, tiene el objetivo de facilitar y hacer más eficiente y expedito el procedimiento de importación de las mercancías objeto de donación.

Si bien en el artículo 61 fracciones IX, XI, XIV y XVI de la Ley Aduanera se señala que las mercancías objeto de donación están exentas del pago del impuesto general de importación, la redacción de la fracción XI no deja en claro que la Federación, los estados y los municipios puedan recibir donaciones provenientes de organismos públicos o personas morales residentes en el extranjero, sin tener que pagar el impuesto general de importación.

Esta iniciativa de reforma a la Ley Aduanera propone hacer explícito el hecho de que la Federación, los estados y los municipios, efectivamente pueden recibir bienes donados por el extranjero, sin ser explícitamente donados por jefes de Estado o por gobiernos extranjeros. También se hace explícito que estas mercancías no son sujetas del pago del impuesto general de importación ni de las cuotas compensatorias a las que se encuentra sujeta la importación definitiva de mercancías.

Otro de los problemas que presenta la Ley Aduanera en materia de bienes donados por el extranjero es que ante el extravío de estos bienes, la Ley Aduanera sólo prevé que el propietario o destinatario de las mercancías pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pago del valor que tenían las mismas al momento de su depósito en aduana. Sin embargo, no señala el plazo máximo en que el fisco federal deba pagar por las mercancías extraviadas.

Por otra parte, el cumplimiento de restricciones no arancelarias, principalmente de los permisos ante las secretarías de despacho correspondientes, ocasiona que el trámite de importación de bienes donados se lleve más tiempo del esperado. Con base en esto es que la iniciativa que ponemos hoy a su consideración incorpora una reforma mediante la cual se pueda realizar el pedimento de importación de este tipo de bienes, cuando la secretaría de despacho correspondiente no haya dado una respuesta en materia del cumplimiento de permisos.

En ocasiones, las mercancías que el extranjero dona a gobiernos locales o municipales, pretenden subsanar una necesidad o dar solución a una emergencia. Sin embargo, muchas veces el cumplimiento del procedimiento de importación y los riesgos que éste conlleva, impiden que el bien donado llegue con oportunidad a su receptor. Es por ello que esta iniciativa de reforma faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que exima del cumplimiento del artículo 36 fracción I a los receptores de bienes objeto de donación en los términos del artículo 61 fracción XI de esta ley, ante solicitud expresa y a la luz del criterio de la Secretaría.

Para hacer más ágil el procedimiento, esta iniciativa también propone que cuando se trate de mercancías objeto de donación en los términos del artículo y las fracciones anteriormente citadas, el mecanismo de selección automatizado sólo se active una sola vez, gozando de un tratamiento similar al de las mercancías destinadas a la exportación.

Adicionalmente y con el afán de que los bienes donados por el extranjero lleguen en el menor tiempo posible a su receptor, se propone que cuando un vehículo de transporte sea embargado por alguna razón y que dentro de éste también se transporten bienes donados en los términos del artículo 61 fracción XI de esta ley, estas mercancías no sean objeto de embargo.

Bajo el entendido de que los bienes objeto de donación se emplean para dar solución a una problemática social, esta iniciativa propicia que los agentes aduanales apoyen esta medida mediante el cobro de una cuota fija significativamente menor a la que cobran por sus servicios y que anualmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.

Finalmente, se propone una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para hacer explícito el hecho de que los bienes donados a la Federación, entidades federativas y municipios, por gobiernos o personas residentes en el extranjero, en los términos de la Ley Aduanera, estarán exentos del pago de este impuesto.

Como puede apreciarse, esta iniciativa tiene un gran objetivo: beneficiar a la sociedad mediante la agilización de la introducción de bienes donados por el exterior y la disminución en el costo de importación.

Es por esto, compañeras y compañeros legisladores, que someto a la consideración de este honorable pleno la

INICIATIVA

De decreto por el cual se reforman el artículo 61 fracción XI Capítulo III, se adiciona un Capítulo IV, artículos 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 144 fracción VII en un segundo párrafo, 151 en un último párrafo; 160 en una fracción XI, se deroga el inciso d de la fracción IX del artículo 61, todos estos artículos de la ley aduanera. Además se reforman los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,

"LEY ADUANERA"

De las exenciones:

Artículo 61...

IX. . .

d) Se deroga.

Artículo 61...

XI. Las remitidas por jefes de Estado, gobiernos extranjeros, organismos públicos extranjeros o personas morales residentes en el extranjero, a la Federación, entidades federativas y municipios, así como a organismos públicos y establecimientos de beneficencia o de educación pública.

CAPITULO III

Artículo 63A. Las donaciones señaladas en las fracciones IX, XI, XIV y XV, del artículo 61 no estarán obligadas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, ni de las diversas disposiciones que obstaculicen su expedito despacho aduanero.

Artículo 63B. El fisco federal responderá por el valor de las mercancías donadas que, depositadas en los recintos fiscales y bajo custodia de las autoridades aduaneras, se extravíen, así como en su caso, por los créditos fiscales pagados en relación con las mismas. El personal aduanero encargado del manejo y custodia de las mercancías será responsable por los mismos conceptos, ante el fisco federal. El propietario de las mercancías extraviadas en un recinto fiscal, podrá solicitar a la Secretaría, dentro del plazo de tres años, el pago del valor que tenían las mismas y se actualizará en los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación.

De ser procedente la solicitud el fisco federal pagará el valor de las mercancías extraviadas. La solicitud deberá dictarse en un plazo que no exceda de cuatro meses contados a partir de la fecha de su recepción. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución que corresponda, se entenderá que es procedente la solicitud en los términos que se planteen y bastará que se presente el acuse de recibo de la solicitud inicial, para que la autoridad competente del fisco federal, pague en un plazo no mayor de 15 días hábiles, la cantidad que en su caso haya autodeterminado originalmente el solicitante.

Las personas que hayan obtenido concesión para prestar los servicios de almacenaje, manejo y custodia de mercancías, responderán en los términos del tercer párrafo del artículo 28.

Artículo 63C. Las mercancías a que se refiere el artículo 63A no causarán abandono a favor del fisco federal en los términos del artículo 29 de esta ley.

Después de cuatro meses contados a partir de la fecha en que las mercancías donadas queden a disposición de los interesados, la autoridad notificará de manera personal al interesado. Si después de cuatro meses en que el interesado haya sido notificado, las mercancías no se hubiesen retirado del recinto fiscal o fiscalizado, entonces éstas pasarán a propiedad del fisco federal.

Artículo 63D. Las mercancías contempladas en el artículo 63A podrán ser liberadas de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 36 fracción I y 59 de esta ley, siempre y cuando así lo determine la Secretaría, previa solicitud del interesado.

Artículo 63E. El mecanismo de selección automatizada se activará una sola vez en el caso de que sean las mercancías señaladas en el artículo 63A.

Artículo 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

VIII...

. . .

Tratándose de donaciones en los términos del artículo 63A, podrá eximir del cumplimiento de lo señalado en los artículos 36 fracción I y 59, así como la instrumentación de las medidas que considere necesarias para su expedito despacho.

Artículo 151...

(Ultimo párrafo.)

En caso de que en el vehículo objeto del embargo, se transporten mercancías que sean objeto de donación en los términos del artículo 63A, éstas no serán embargadas.

Artículo 160...

XI. Tratándose de la importación de mercancías objeto de donación en los términos del artículo 63A, el agente aduanal deberá cobrar la cuota fija que anualmente señale la Secretaría mediante reglas.

LEY DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO

Artículo 25...

I a la III. . .

IV. Las de bienes donados por residentes en el extranjero o gobiernos, a la Federación, entidades federativas, municipios o a cualquier otra persona, en los términos del artículo 63A de la Ley Aduanera.

Artículo 28...

. . .

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que esta ley establece, mediante declaración que presentarán en la aduana correspondiente, excepto en el caso de los bienes señalados en el artículo 25 fracción IV."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 160 fracción XI, la Secretaría anualmente deberá publicar la cuota fija respectiva

Tercero. El Capítulo III de la Ley Aduanera pasa a ocupar el número IV.

México, D.F., a 6 de diciembre de 2001.— Diputado Guillermo Padrés Elías.»

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

De acuerdo a la petición del diputado, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese la misma a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

VIOLENCIA FAMILIAR

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al Código Civil Federal en materia de violencia familiar

La diputada María de los Angeles Sánchez Lira:

Con su permiso, señora Presidenta; diputadas y diputados:

«La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas y adiciones al todavía llamado Código Civil para el Distrito Federal, en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en materia de violencia familiar, al tenor de la siguiente

4942,4943,4944

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las dimensiones y alcances de la violencia familiar en México y en el mundo, son dramáticas y alcanzan niveles insospechados.

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre maltrato de su pareja o de algún familiar. Una de cada cuatro ha sido violada o agredida sexualmente. El 70% de las agresiones sexuales a los niños se da en la familia. Cada año 2 millones de niñas sufren de mutilación genital y la mitad de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas o ex parejas.

Es un hecho, la violencia familiar es un problema grave que no distingue edades, niveles educativos ni grupos socioeconómicos; cuando la violencia irrumpe en la familia, suele convertirse en un hecho cotidiano el uso de la fuerza para imponer formas de ser y actuar y para refrendar ante el núcleo familiar la autoridad que se sustenta en las inequidades y discriminaciones que se dan actualmente entre mujeres y hombres, sobre todo en un país como el nuestro en el que por constantes culturales se ha impuesto el modelo de sometimiento del hombre hacia la mujer.

Son innumerables las formas de violencia familiar. Puede pensarse en violencia hacia los adultos mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados etcétera. Además siempre es difícil precisar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser física o sicológica y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades.

La mayoría de las veces se trata de los adultos hacia uno o varios individuos que habitan al interior de la familia.

Se debe considerar que la situación violenta, no sólo la padecen quienes sufren golpes o humillaciones, sino también quién propina esos mismos golpes y humillaciones, por lo que se habla entonces de una actitud recíproca que daña a las dos partes y repercute necesariamente en los hijos.

En esta problemática intervienen los modelos de organización familiar, las creencias culturales, los estereotipos respecto a supuestos roles relacionales y las maneras particulares de significar el maltrato.

Se considera a la violencia como una situación en la que alguien con más poder abusa de otra con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en las relaciones entre miembros de la familia. La relación de abuso es aquélla en la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o sicológico a otro miembro. Este daño se puede dar, ya sea por acción o por omisión; y se da en un contexto de desequilibrio de poder, de sumisión y desprecio hacia los demás miembros de la familia.

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, ésta no debe ser permanente, sino que basta con una sola vez que se presente.

Es muy común que las mujeres sometidas a violencia la sufran en varias o en todas sus manifestaciones y que éstas a su vez repitan ese mismo tipo de agresiones hacia sus hijos, generando la "violencia en cascada".

En todos los casos la violencia lesiona la integridad de la persona, la autoestima y la autodeterminación que se tiene como seres humanos. El grado de violencia puede llegar a ser tan elevado que se llegue al homicidio.

Para comprender el fenómeno de la violencia doméstica, resulta imprescindible comenzar por el análisis de los factores que la legitiman culturalmente. Desde siempre, creencias y valores acerca de las mujeres y de los hombres han caracterizado una sociedad patriarcal que define a los varones como superiores por naturaleza y les confiere el derecho y la responsabilidad de dirigir la conducta de su mujer.

Estas actitudes y valores, que echaron raíces a través de los siglos, se traducen en estructuras sociales, particulares y complejas, como, por ejemplo, la división del trabajo, las políticas institucionales y la discriminación hacia la mujer en muchos ámbitos.

Sin embargo, cuando se hace mención de la violencia familiar, no se califica como un mecanismo de protección hacia la mujer, sino que se piensa en una conducta que daña al embrión de la sociedad y que quien la perpetra y quien la sufre puede ser cualquier integrante.

Los estereotipos de género, posición social, color o de cualquier diferencia hacia el patrón socialmente aceptado, transmitidos y perpetuados principalmente por la familia, la escuela y los medios de comunicación, sientan las bases para el desequilibrio de poder en las relaciones humanas.

Investigaciones llevadas a cabo en los últimos años, demuestran que, a pesar de los esfuerzos realizados por numerosas organizaciones, tendientes a difundir y promover ideas progresistas acerca de la tolerancia, cierto núcleo de premisas, constitutivas de un sistema de creencias más amplio, siguen siendo sostenidas por amplios sectores de la población. La más persistente es:

Que las relaciones en el hogar son una constante de imposición del fuerte para con el débil, y en esta lucha generalmente la parte más débil y más afectada es la mujer, los niños, los discapacitados y los adultos mayores, aunque en forma creciente el hombre también es víctima en esta pugna.

Un sistema de creencias sostenido en tales premisas, tiene como consecuencia inmediata la noción de que en la familia, hay quien tiene el derecho y la obligación de imponer medidas disciplinarias para controlar el comportamiento de quienes están a su cargo.

Es una realidad innegable que la violencia en la familia, particularmente la ejercida contra menores y mujeres, existe en un alto porcentaje. Cifras proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas, a través del Unifem (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, el cual se encarga de la protección de los derechos humanos de las mujeres) revelan que el 65% de las mujeres a nivel mundial sufren este problema y que consecuentemente se repite de madres a hijos.

La violencia contra la mujer constituye una ofensa a la dignidad humana.

Es violencia todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.

Así, los grupos más débiles resultan los más agredidos. De hecho, la conducta violenta, entendida como el uso de la fuerza para la resolución de conflictos interpersonales, se hace posible en un contexto de desequilibrio de poder, permanente o momentáneo.

La eliminación de la violencia es condición indispensable para el desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida pública y privada, de todos los integrantes de una familia.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las legislaciones de varios estados, la violencia hogareña contra hijos y mujeres solía filtrarse a través de un supuesto "derecho a la corrección", considerado como un atenuante del delito de maltrato o lesiones.

Se precisa que el rango de edad donde mayormente salen los infantes de sus hogares es entre los 11 y 15 años, donde el 72% son niños y el 28% niñas, que en la mayoría de los casos terminan vagando en las calles, sumidos en la drogadicción o prostituyéndose.

De acuerdo a una investigación de El Colegio de México (Colmex), realizada en 1998, la mitad de las mexicanas mayores de 15 años unidas o casadas son agredidas por sus parejas y las más afectadas son las que tienen entre 15 y 29 años de edad y se encuentran embarazadas.

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo: En Chile el 60% de las mujeres que viven en pareja sufre algún tipo de violencia doméstica y más del 10% agresión grave, una de cada tres familias vive en situación de violencia doméstica.

En Colombia más del 20% de las mujeres han sido víctimas de abuso físico, 10% han sido víctimas de abusos sexuales, 34% han sido víctimas de abusos sicológicos.

En Ecuador el 60% de mujeres residentes en barrios pobres de Quito han sido golpeadas por su pareja.

En Perú el 70% de los delitos denunciados a la policía están relacionados con casos de mujeres golpeadas por sus maridos.

En Honduras un promedio de tres mujeres al mes son abusadas por sus parejas.

En Nicaragua el 32.8% de las mujeres entre 14 y 49 años son víctimas de violencia física severa. El 45% sufren amenazas, insultos o destrucción de sus bienes personales.

En Jamaica la Policía da cuenta que el 40% del total de homicidios se producen en el seno del hogar.

En Argentina en una de cada cinco parejas hay violencia. En el 42% de los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo realiza su pareja. El 37% de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de ese tipo. Según datos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el 54% de las mujeres golpeadas están casadas. El 30% denuncia que el maltrato se prolongó más de 11 años, según información del BID se estima que el 25% de las mujeres argentinas es víctima de violencia y que el 50% pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida.

En México, a finales de 1999, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), lleva a cabo el primer esfuerzo orientado a investigar los actos de violencia que se presentan en los hogares a través del levantamiento de la Encuesta Sobre Violencia Intrafamiliar (ENVIF).

De acuerdo a los datos que proporciona esta encuesta, de los 4 millones 300 mil hogares del área metropolitana del Distrito Federal, uno de cada tres, que involucra 5 millones 800 mil habitantes, sufre algún tipo de violencia intrafamiliar. De los poco más de 1 millón 300 mil hogares en donde se detectó violencia intrafamiliar, 99% reporta maltrato emocional, 16% (215 mil hogares) sufren intimidaciones, 11% (147 mil hogares) violencia física y 1% (14 mil 434 hogares) abuso sexual.

La encuesta también identifica que los miembros de la familia más agresivos son el jefe de familia (49.5%) y la cónyuge (44.1 %), mientras que las víctimas más frecuentes en todos los tipos de maltrato fueron las hijas e hijos (44.9%) y la cónyuge (38.9%). Así se corrobora el fenómeno conocido como "violencia en cascada", el cual se refiere a que mientras los hombres golpean a las mujeres, éstas repiten la misma conducta agresiva con las hijas e hijos. También se nos informa que el ejercicio de la violencia es mayor en los hogares con jefe de familia masculino, ya que en los 1 millón300 mil hogares que reportan algún tipo de violencia, 85.3% tiene como jefe a un hombre y 14.7% a una mujer.

Se reporta además que en los hogares donde se detectó maltrato emocional, sus expresiones más frecuentes fueron los gritos (86%), el enojo fuerte (41%) y los insultos (26%). En los 215 mil hogares donde se detectaron intimidaciones, éstas se expresaron en actos como empujones (46%), jaloneos (41%) y amenazas verbales (38%). Asimismo, en los hogares donde se identificó violencia física (147 mil), las formas que este tipo de violencia asumió fueron golpes con el puño (42%), bofetadas (40%), golpes con objetos (23%) y patadas (21%). Cabe señalar que los tipos de violencia no son excluyentes. En los más de 14 mil hogares donde se registró abuso sexual, éste se tradujo en presión verbal para forzar relaciones sexuales (84%), uso de la fuerza para tener relaciones sexuales (54%) y obligar a tener relaciones sexuales cuando otros ven y oyen (6%).

Con frecuencia las denuncias no se registran como delitos. Además debido a que sigue siendo muy común que la violencia intrafamiliar sea considerada como asunto privado, quienes la sufren no solicitan ayuda por vergüenza, temor o culpa.

La mayoría de los hombres y las mujeres que ejercen violencia, desde muy pequeños aprendieron a usarla y aceptarla, sus hijos están aprendiendo a ser violentos también o a dejarse golpear, mañana ellos estarán a cargo de nuestro país, por eso queremos combatir la violencia intrafamiliar que no es un asunto privado, es público.

Es el Estado el que debe velar por la protección de las personas involucradas, mediante acciones concretas tales como el dictado de leyes y demás normas jurídicas, así como la generación de espacios educativos, de contención e intervención comunitaria para ayudar a solucionar este grave problema.

Cabe destacar que la represión por parte del Estado al agresor no soluciona el problema, por lo que resulta esperable el fomento de una pronta asistencia sicológica hacia el, la, o los agresores que en muchos casos ejercen violencia sólo en la intimidad familiar y privada, ya que en otros ámbitos poseen un comportamiento cordial y afectuoso y que de ninguna manera da indicios de un comportamiento violento hacia el interior de la vida familiar.

En este sentido, se inserta esta iniciativa, donde buscamos contribuir a erradicar el fenómeno de la violencia familiar, aun y cuando existe una normativa cultural equivocada que legitima el uso de la fuerza como "método correctivo" y como instrumento de poder dentro de las relaciones privadas.

Sin embargo, con reformas como la propuesta podemos empezar a corregir desde nuestros ordenamientos jurídicos dichas conductas que destruyen la vida de miles de mujeres, hombres, niños, discapacitados y adultos mayores.

En abril del año 2000, por primera vez la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legisló en materia civil para el fuero común, dejando incólume la materia federal.

4945,4946,4947

Resulta pues atinado que reformemos, en lo urgente, como lo es el tema de la violencia familiar, este ordenamiento para la materia federal que es la que nos corresponde.

Se propone modificar los artículos 323bis y 323ter, para ampliar el concepto de violencia familiar, como un fenómeno que puede darse en cualquier lugar y no sólo en el hogar y que no es necesario que se repita la agresión para que se le califique precisamente como violencia familiar.

Asimismo, proponemos establecer de manera expresa que por ninguna manera la educación o formación de los menores será considerados justificación para alguna forma de maltrato.

Se propone asimismo adicionar el artículo 323quáter, para ampliar esta protección a quienes se encuentran unidos fuera del matrimonio y para sus familiares que convivan o hayan convivido en la misma casa.

Esta reforma amplía a cualquier familia la protección, aun y cuando no sea la que ordinariamente conocemos.

Finalmente, a fin de que esta reforma no quede en lo declarativo, propongo adicionar un artículo 323quintus para hacer eficaz la protección contra la violencia familiar y evitar que quede sólo en lo declarativo, por lo que se establece como sanción al responsable la reparación de los daños y perjuicios que ocasione su conducta.

Además se plantean medidas precautorias para evitar que se reproduzca la conducta en el hogar.

Lo que propongo tiene gran trascendencia por el problema que se propone atacar y sin embargo resulta sencillo lo que nos llevaría convencernos para sacar adelante esta reforma.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento la siguiente iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil Federal, en materia de violencia familiar.

INICIATIVA

De reformas y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en materia de violencia familiar.

Artículo primero. Se reforman los artículos 323 bis y 323ter del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como siguen:

"Artículo 323bis. Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, síquica y obligación de evitar conductas que generen violencia familiar.

A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar.

Artículo 323ter. Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave que se ejerce contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, síquica o ambas, independientemente del lugar en que se lleve a cabo y que pueda producir o no lesiones.

La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación para alguna forma de maltrato."

Artículo segundo. Se adicionan los artículos 323quater y 323quintus del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como siguen:

"Artículo 323quater. También se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la persona con que se encuentra unida fuera de matrimonio, de los parientes de ésta o de cualquier otra persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa.

Artículo 323quintus. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan.

En todas las controversias derivadas de la violencia familiar, el juez dictará las siguientes medidas:

a) Ordenar la salida del cónyuge agresor de la vivienda donde habita el grupo familiar;

b) Prohibición al cónyuge agresor de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los agraviados y

c) Prohibir al cónyuge agresor, se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Dado en el Palacio Legislativo, San Lázaro, a 6 de diciembre de 2001.— Diputados: María de los Angeles Sánchez Lira, Petra Santos Ortiz, Miroslava García Suárez, Luis Herrera Jiménez, Raquel Cortés López, Mario Cruz Andrade, Ramón León Morales, Emilio Ulloa Pérez, Ricardo Moreno Bastida, Héctor Sánchez López, Auldarico Hernández Gerónimo, Rafael Servín Maldonado, Francisco Patiño Cardona, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Miguel Barbosa Huerta, Esteban Daniel Martínez, Rogaciano Morales Reyes, Alfredo Hernández, Víctor Hugo Cirigo, Enrique Herrera, Rosario Tapía, Elías Martínez, Gregorio Urías, Adela C. Graniel, Martí Batres, Martha Silvia Sánchez González, María Elena Chapa Hernández, Olga Haydee Flores, María de las Nieves García Fernández, José Manuel del Río, Celia Martínez Bárcenas, Norma Patricia Riojas Santana, Bertha Alicia Simental García, Juan Carlos Regis Adame, José Narro Céspedes, Julieta Prieto Fuhrken, Teresa Campoy, Olga Patricia Chozas, Silvia López Escoffie, Beatriz Grande López, Silvia Alvarez B. y Sonia López Macías.»

La Presidenta:

Gracias, diputada Sánchez Lira.

Activen el sonido en la curul de la diputada Chapa, por favor.

La diputada Maria Elena Chapa Hernández (desde su curul):

A su amabilidad, ser incluida en las firmas de apoyo a las reformas sobre violencia familiar.

Gracias.

La Presidenta:

Tome nota la Secretaría.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

ACCESO A LA INFORMACION

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 214 fracción IV del Código Penal Federal.

El diputado Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez:

Con su venia, señora Presidenta:

«Señores secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Los suscritos, diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa por la que se reforma y adiciona el artículo 214 del Código Penal Federal, a fin de establecer nuevos tipos penales relativos a sancionar el incumplimiento del acceso a la información en poder del Estado, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ha sido un principio rector para el Partido Acción Nacional, la lucha permanente contra las prácticas de corrupción, cobijadas por la cultura del engaño que por tanto tiempo han cubierto a nuestro país.

La falta de honradez y claridad en el manejo de los recursos públicos, que con mucho esfuerzo el pueblo destina para el mantenimiento del Estado, inciden directamente en el desarrollo de la sociedad. Dichos abusos son cómplices de la clandestinidad de las conductas ilícitas, encubiertas por la falta de mecanismos claros que permitan a la sociedad conocer el manejo de la cosa pública, mediante el acceso a los documentos generados por el Estado en el cumplimiento de sus funciones.

Ante esta situación, en esta soberanía está a punto de discutirse un proyecto de ordenamiento legal, que pretende establecer los criterios y procedimientos para hacer efectiva la garantía individual consagrada en el artículo 6o. in fine de nuestra Ley Fundamental, referente al derecho a la información. Cabe señalar que el ejercicio de esta potestad tiene como correlativo el surgimiento de una obligación por parte del Estado, referente a permitir a toda persona la obtención de información objetiva, completa y oportuna en poder del mismo.

Dicho proyecto de cuerpo jurídico denominado Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pretende fortalecer y orientar los esfuerzos que se despliegan día con día, tanto en el ámbito del poder público como de la sociedad en su conjunto, a efecto de combatir las conductas corruptas que menoscaban nuestra dignidad como nación.

Es por lo anterior, que en el marco de nuestra diversidad política reflejada en esta soberanía, se debe dejar en claro, que para combatir la corrupción, no existen fórmulas infalibles e instantáneas, si no se cuenta con instrumentos jurídicos eficaces, así como con el compromiso de todos nosotros por erradicar este cáncer social.

En concordancia con lo anterior, el combate a la corrupción debe ser sistemático e integral, por lo que no sólo es necesario establecer mecanismos claros para el acceso a la información en poder de los órganos del Estado, sino que también es menester disponer que las conductas de los servidores públicos que hagan nugatorio el ejercicio de dicho derecho y que no se ciñan al cumplimiento de las obligaciones referentes a la diligencia, cuidado y lealtad que deben observar en el manejo de la información que poseen por su carácter de servidores públicos, tienen que ser castigadas con severidad.

Cabe recordar que el manejo y manipulación de información privilegiada sobre determinado asunto, ha sido el detonante para que en el pasado se llevaren a cabo o se adjudicarán grandes negocios a favor de unos cuantos y en detrimento de la sociedad.

Es importante destacar, que el servicio público es una actividad de servicio a la sociedad, que tiende a la satisfacción del bien común, por lo que el desempeño de un empleo, cargo o comisión en los órganos del Estado, es una de las más elevadas responsabilidades sociales, que debe ser conducida a través de normas jurídicas claras que propicien su ejercicio legal y honesto, toda vez que de otra forma, se lesiona el Estado de Derecho y se atenta contra la democracia.

Por otra parte, un servidor público en el desempeño de sus funciones, puede incurrir en diversos tipos de responsabilidades, ya sea de naturaleza administrativa, laboral, civil, política y penal. Para los efectos de esta iniciativa, es la responsabilidad penal la que nos interesa. Así, tenemos que con fecha 5 de enero de 1983, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas al Título Décimo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. En este título se tipificaron las conductas delictivas en que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

El hecho de que exista un apartado especial para los delitos cometidos por servidores públicos, no implica la sustracción de la acción de la justicia cuando cometan un ilícito y no se encuentren desempeñando sus funciones como tales o cuando el ilícito no sea el motivo de las mismas, ya que por el contrario, la intención del legislador fue establecer un marco legal específico de actuación de los servidores públicos, quienes por supuesto también son responsables de los delitos que cometan fuera del ejercicio de sus funciones.1

Posteriormente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1999, se reformaron diversas disposiciones en materia penal, separándose el aspecto federal del común, permaneciendo dicho título con los tipos penales citados.

Así se tiene que el Código Penal Federal, actualmente establece en su artículo 214 fracción IV, que comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor publico que por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión; señalando en su último párrafo, que al infractor se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

La obligación a cargo de los servidores públicos de custodiar y cuidar la documentación e información que posee el Estado, cobra relevancia con la iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información citada.

1 Ortiz Soltero Sergio Monserrit. Responsabilidades legales de los servidores públicos. Editorial Porrúa, segunda edición, México 2001.

4948,4949,4950

Por ello se propone castigar con mayor severidad al servidor público que use indebidamente información o documentación a la que tenga acceso por razón de su empleo, cargo o comisión, toda vez que dicha conducta redunda en perjuicio del interés público, llegando a lesionar la confianza de la sociedad en sus instituciones. En tal virtud, la presente iniciativa tiene como propósito incrementar las sanciones para el servidor público que cometa el delito previsto en la fracción IV del artículo 214 del Código Penal Federal, con objeto de fortalecer el combate al fenómeno de la corrupción e inhibir al servidor público de ejercer su encargo en beneficio propio, olvidando la ética y la auténtica vocación de servicio que debe prevalecer en su función.

De igual manera; en congruencia con el proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y con la finalidad de que dicho cuerpo legal no sea un catálogo de buenas intenciones, que únicamente establezca normas declarativas y no disponga sanciones para castigar penalmente las conductas que pretendan menoscabar los derechos de la sociedad; se propone adicionar dos fracciones a este artículo, la primera que corresponde a la fracción VI, pretende tipificar como delito y por lo tanto sancionar aquellas conductas de los servidores públicos que en abierta contradicción a la lealtad que deben observar en bien de las instituciones del país, se valgan de su puesto, cargo o comisión para entregar a una persona no autorizada, información que por su contenido pueda redituarle grandes beneficios económicos en detrimento del Estado o que incluso, la divulgación de dicha información pueda lesionar gravemente la estabilidad del mismo.

Por otra parte, con la adición de la fracción VII, se pretende fomentar una nueva cultura, en donde la complicidad en las conductas ilícitas, ya sea por acción o por omisión, no tenga cabida en el nuevo México que se está construyendo.

Por las consideraciones expuestas, los abajo firmantes, diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía nacional, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma y adiciona el artículo 214 del Código Penal Federal.

Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 214 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 214...

I a la IV...

V...

VI. De manera intencional entregue a persona no autorizada, información considerada como reservada o confidencial por la ley correspondiente;

VII. Niegue intencionalmente información considerada como pública en los términos de la ley aplicable o no proporcione la información cuya entrega haya sido ordenada por las autoridades competentes.

Al infractor de las fracciones IIl, V y VII se le impondrá de dos a siete años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Al responsable de los supuestos previstos en las fracciones IV y VI, se le impondrá de dos a 10 años de prisión, multa de 60 a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. La sanción anterior se elevará hasta en 20 años, en caso de que la comisión de alguna de las conductas descritas, causen un daño grave a la seguridad nacional.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Las presentes reformas entrarán en vigor un día después de publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 6 de diciembre de 2001.— Diputados: Rodolfo Ocampo Velázquez, Jaime Aceves Pérez, Mauro Huerta Díaz, Enrique Adolfo Villa Preciado y Armando Salinas Torre.»

La Presidenta:

Gracias, señor diputado Ocampo Velázquez.

Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Ricardo Torres Origel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de adición de un párrafo segundo al artículo 103 y un transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El diputado Ricardo Torres Origel:

«Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Los suscritos, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Mexicanos, sometemos a la consideración de este Congreso, la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo del artículo 103 y un artículo transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

A partir de los años sesenta, en nuestro país, se empezó a gravar la enajenación de inmuebles en lo que respecta al impuesto sobre la renta, aplicándose en la mayoría de los casos, valores fiscales más bajos que los valores comerciales o de operación, ocasionando casi en la totalidad de los casos que los avalúos emitidos para el pago de impuestos fuera inferiores a la cantidad que realmente se pagó por la compraventa de los inmuebles, haciéndose lo anterior una práctica común.

A partir de los años noventa, en algunas entidades federativas como Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal y Querétaro se tomó la resolución de aplicar los valores comerciales para tales fines.

A raíz de las reformas constitucionales del artículo 115 que modifican sustancialmente las características administrativas y de Gobierno de los municipios de nuestra República y dándoles mayor autonomía en el ámbito de su administración, así como en la toma de decisiones, tales reformas han dado mayor claridad y facultades para el manejo de las haciendas municipales, incluyendo el cobro de los impuestos inmobiliarios, así como el cambio en los valores de éstos.

Y en este particular es dónde el artículo quinto transitorio del decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, establece que antes del inicio del ejercicio fiscal del año 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes para que los valores unitarios de suelo sean equiparables a los valores de mercado, de aplicar tal cual este artículo transitorio provocaría cambios súbitos en el pago del impuesto sobre la renta, lo cual distorsionaría las utilidades obtenidas en el mercado inmobiliario, al interpretarse que con la entrada en vigor del precepto constitucional en cuestión, se afecta el cálculo para el pago el impuesto sobre la renta de las operaciones inmobiliarias al llevarse a valores comerciales.

De la misma forma, de acuerdo a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación a partir del 1o. de enero del año 2002, todas las operaciones de compraventa que se efectúen en el territorio nacional, deberán de realizarse sobre la base del valor comercial de los bienes; por consiguiente, de acuerdo a lo anterior, tenemos que sobre la base actual los impuestos que se pagan son relativamente bajos de acuerdo a la costumbre, pero a partir de la entrada en vigor de la nueva disposición señalada en el artículo quinto transitorio del artículo 115 constitucional, los impuestos que se pagarán serían muy altos, pues sobre la base del valor comercial el incremento podría llegar a impactar hasta en un 367%.

A mayor abundamiento, la disparidad que existe actualmente entre valores fiscales y comerciales es muy grande, lo que ocasiona que el impuesto se eleve abruptamente pudiendo ocasionar el desaliento y la depresión de las operaciones del mercado inmobiliario y la cadena productiva relacionada con la promoción de vivienda principalmente por el efecto que tiene el impuesto sobre la renta en el total de los impuestos a pagar, producto de las operaciones inmobiliarias como se señala en el cuadro comparativo anexo y que forma parte de la presente exposición de motivos.

Por otra parte, las autoridades hacendarias federales han adoptado para el cálculo del impuesto sobre la renta, el valor fiscal que se tomó como costo de adquisición y el cual se ajusta conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor; entonces no sería proporcional y equitativo que el próximo año en que se van a ajustar los valores fiscales a valores de mercado que no se tomará en cuenta un valor referido (valor comercial) a la fecha de adquisición porque la diferencia entre un valor fiscal y valor comercial sería totalmente desproporcionada e inequitativa; como consecuencia, el decreto obliga también a las autoridades federales a hacer las adecuaciones legislativas correspondientes, a fin de que garanticen los principios de proporcionalidad y equidad que establece el mismo decreto.

Asimismo, el artículo 4o. del reglamento del Código Fiscal de la Federación, establece las reglas y los procedimientos para efectuar avalúos a una fecha anterior a la fecha de enajenación, es decir, avalúos referidos y en la fracción III de dicho artículo se faculta al valuador para efectuar ajustes a dicho valor referido, cuando existan razones que así lo justifiquen y estas razones son los principios de proporcionalidad y equidad a que debe sujetarse la aplicación del decreto tantas veces referido.

En virtud de lo anterior, los suscritos proponemos se adicione el párrafo segundo del artículo 103 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el fin de que los contribuyentes que enajenen inmuebles adquiridos antes del 1o. de enero del año 2002, considerarán como costo de adquisición el valor mayor entre el valor de adquisición y el valor que arroje un avalúo practicado por perito valuador registrado como valor referido a la adquisición, se propone asimismo que el pago provisional del impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles se considere como pago definitivo de los impuestos no acumulables a ingresos, con el fin de evitar la posible duplicación en el pago del impuesto sobre la renta por este concepto y evitar también cargas administrativas mayores a aquellos contribuyentes personas físicas que en un año de calendario, exclusivamente obtienen ingresos, por enajenación de bienes inmuebles.

Finalmente podemos señalar que el aspecto principal de la presente iniciativa de reformar el artículo 103 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es el que las ganancias derivadas de las operaciones de enajenación de bienes inmuebles realizadas por personas físicas, se determinen con base a un mecanismo acorde con la realidad de la operación respectiva, buscando correspondencia entre los valores de enajenación y los valores de adquisición, ya que ambos quedarían ajustados al valor del mercado, situación que se lograría en los términos de la iniciativa que presentamos a continuación.

Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo del artículo 103 y un artículo transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

"Artículo 103. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles, efectuarán pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa que se determine conforme al siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en que dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago provisional.

Los contribuyentes que enajenen inmuebles adquiridos antes del 1o. de enero del año 2002, considerarán como costo de adquisición el valor mayor entre el valor de adquisición y el valor que arroje un avalúo practicado por perito valuador registrado como valor referido a la fecha de adquisición. El pago provisional del impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles que resulte, se considerará como pago definitivo de dicho impuesto para los contribuyentes que hubieren obtenido sus ingresos exclusivamente por enajenación de inmuebles.

La tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar en los términos de este artículo, se determinará tomando como base la tarifa del artículo 80 sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del año en que se efectúe la enajenación y que correspondan al mismo renglón identificado por el por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Tratándose de los meses del mismo año, posteriores a aquél en que se efectúe la enajenación, la tarifa mensual que se considerará para efectos de este párrafo, será igual a la del mes en que se efectúe la enajenación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mensualmente realizará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable en dicho mes, la cual publicará en el Diario Oficial de la Federación.

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan costo por medio, por acción que en los términos del artículo 25 de esta ley correspondió a las acciones de las sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión o escisión.

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Artículo transitorio. Para los efectos de la fracción II del artículo 97 de la ley, cuando el enajenante haya adquirido y consten en la escritura las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble, así como en terrenos, antes del 31de diciembre de 2001, se considerará como costo el 80% del valor de avalúo que al efecto se practique por persona autorizada, referido a la fecha en que las mismas se hayan adquirido.

Cuando se hayan realizado inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble y las mismas no consten en la escritura de adquisición, antes del 31 de diciembre de 2001, se considerará como costo de las mismas, el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra.

Las autoridades fiscales podrán ordenar, practicar o tomar en cuenta el avalúo de las inversiones por los conceptos mencionados, referidos a la fecha en que las construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble se hayan terminado. Cuando el valor de avalúo sea inferior en más de un 10% de la cantidad que contenga el aviso de terminación de obra, se considerará el monto del avalúo como costo de las inversiones."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 6 de diciembre de 2001.— Diputados: Joel Vilches Mares, Ricardo Torres Origel, Máximo Soto Gómez, Rubén García Farías, Melitón Morales Sánchez, Raúl Gracia Guzmán, Jorge Alberto Lara Rivera, Abelardo Escobar Prieto, Alfonso Guillermo Bravo y Mier, Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez, Carlos Alberto Flores Gutiérrez, Raúl García Velázquez, Eduardo Rivera Pérez, Ricardo Sheffield Padilla, Mario Sandoval Silvera, Javier García González, Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Araceli Domínguez R., Enoch Araujo Sánchez, Adrián Rivera Pérez, Roberto Zavala E., Miguel Gutiérrez Hernández, Julio César Lizárraga López, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Juan Alcocer Flores, Martín Gerardo Morales Barragán, Vicente Pacheco, José Alfredo Botello Morales y Jaime Vázquez Castillo.»

ANEXO (DOC.4)

Agradezco la gentileza de los compañeros diputados que colaboraron para que esta iniciativa fuese presentada en este momento el día de hoy, dados los tiempos que señala la entradas en vigor del quinto transitorio del 115 constitucional, que es el 1o. de enero del año próximo.

Por su atención, muchísimas gracias.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente:

Gracias a usted diputado Ricardo Torres Origel.

Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE LOS ORGANISMOS Y LAS
ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA
PETROLERA ESTATAL

El Presidente:

Para presentar una iniciativa de ley de los organismos y las actividades de la industria petrolera estatal se le concede la palabra al diputado Manuel Medellín Milán, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Manuel Medellín Milán:

Muchas gracias, señor Presidente:

Si me lo permite, hago entrega a la Secretaría del texto completo de la iniciativa y de su exposición de motivos, rogándole que sea insertada en esos términos en el Diario de los Debates y que pudiera ser publicado en la Gaceta del día de mañana y que me permita, señor Presidente, compañeros y compañeras diputados, intentar hacer uso de esta tribuna para comunicarme con mis compañeros y compañeras diputados y tratar de hacer permear un mensaje que permita identificar los propósitos y lo que sustenta esta iniciativa que hoy me permito presentar al honorable Congreso de la Unión, por conducto de la directiva de esta Cámara.

El día de hoy presento a ustedes una iniciativa de ley que hemos denominado de los organismos y las actividades de la industria petrolera estatal y que, en principio, vendría a sustituir la actual Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, pero que tiene alcances mayores.

Desde luego un contenido que tiene qué ver con la organización y el funcionamiento de los organismos de la industria petrolera estatal, pero que intenta también tener efectos reglamentarios sobre disposiciones constitucionales que están relacionados con el sector paraestatal y particularmente con el segundo párrafo del artículo 90 constitucional, que señala que las leyes indicarán en forma expresa las relaciones que guardarán las dependencias con las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su conducción.

Esta iniciativa que presento hoy, a cuatro meses de distancia de una primera que presenté el 6 de agosto ante la Comisión Permanente y que fue turnada a las comisiones de Hacienda y de Energía de esta Cámara, intenta plantear en términos más generales lo que sería una ley orgánica y reglamentaria de los organismos y de las actividades de la industria petrolera estatal que está definida en la ley reglamentaria del 27 constitucional.

En esta iniciativa del 6 de agosto que yo denominé: "para fortalecer a Petróleos Mexicanos", se planteaban las reformas de leyes fiscales y administrativas que perseguían como propósito común, fortalecer al organismo petrolero del Estado y fortalecerlo básicamente por dos vertientes:

La vertiente fiscal: dejar, abandonar su sistema fiscal de tributos petroleros que actualmente es confiscatorio; y la vertiente administrativa para que Petróleos pudiera tener autonomía de gestión.

La autonomía de gestión está reconocida implícitamente en el artículo 90 constitucional y explícitamente señalada en el artículo 11 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Pero mientras la Ley de Entidades Paraestatales le reconoce autonomía a estas entidades, otras leyes le quitan la autonomía.

Mientras el supuesto de que puedan conducirse a sí mismas dentro de lineamientos generales de política, se intenta que opere en la realidad, por otro lado se conjugan una gran cantidad de controles externos a los organismos, controles de las dependencias del sector y de las dependencias globalizadoras que actúan radialmente sobre las decisiones del organismo, de los organismos paraestatales y que no les permiten ejercer la autonomía de gestión.

Eso es particularmente grave en el caso de Petróleos Mexicanos, por la dimensión del organismo, por la misión que tiene encomendada y desde luego porque maneja recursos estratégicos de la nación.

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Desde luego, esto afecta a muchas entidades paraestatales, pero en el caso de Pemex es particularmente grave.

Por eso en la iniciativa juzgamos como conveniente, como necesario, como indispensable, que el Congreso de la Unión tome cartas en el asunto, modifique esta Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y le dé autonomía de gestión plena.

Después de mi iniciativa del 6 de agosto, en una conferencia de prensa declaré que Petróleos Mexicanos tenía una estructura financiera que lo había colocado muy cerca del colapso financiero, y que la falta de autonomía de gestión le impedía operar y crecer, y que la falta de recursos propios, porque todos sus remanentes se convierten en recursos fiscales, no le permitía cumplir con su función; que la importación elevadísima de gasolinas y petroquímicos estaba dando cuenta de ello.

Después de esa declaración, en las semanas subsiguientes, hubo varias apariciones del Director General de Petróleos Mexicanos reconociendo y ratificando estos hechos. Se repitieron por la vía de conferencias de prensa y discursos ante organismos industriales donde se aseveraba lo mismo: "Pemex necesita autonomía de gestión y un nuevo régimen fiscal".

El Presidente de la República lo ha dicho varias veces en mensajes a la nación y en discursos ante grupos empresariales. Aquí en la Cámara de Diputados el Secretario de Energía más de una vez ha dicho: "Pemex necesita un nuevo régimen fiscal y necesita autonomía de gestión".

Después de esta iniciativa del 6 de agosto muchos profesionales del sector petrolero, de épocas anteriores y de épocas actuales, se acercaron a su servidor para compartir estudios elaborados en el pasado y que iban en esa misma dirección. Hemos podido conocer planteamientos de profesionales mexicanos y también de asesores extranjeros sobre como reeditar el régimen fiscal petrolero y su conducción estratégica y nos enteramos recientemente de que la Secretaría de Hacienda está en un proceso muy avanzado, muy maduro, de rediseño de los tributos petroleros.

Ojalá que en lo que resta de este periodo el Ejecutivo haga llegar al Congreso la iniciativa correspondiente, porque no tiene efectos recaudatorios para el año 2002, pero abre un panorama de crecimiento para Pemex, lo libera de cargas excesivas en las nuevas producciones petroleras, le da holgura para su apalancamiento financiero en nuevos proyectos y le permite conservar recursos propios para operación, mantenimiento, crecimiento y expansión.

En el supuesto de este nuevo régimen fiscal pudiera ser presentado a esta soberanía, mi esfuerzo se ha encaminado a buscar el diseño de una ley específica, adecuada a la situación de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, que conjugue dos grandes propósitos: por un lado, que el organismo se conduzca de conformidad, en consonancia, con las grandes políticas nacionales que dicta el Poder Legislativo y el Ejecutivo en sus ámbitos de competencia y por otro lado, que conduciéndose de esa manera opere como una institución productiva, eficaz, eficiente y con rendimientos, con rentabilidad, en un entorno que es un entorno competitivo.

¿Qué tipo de autonomía de gestión hay que darle a Petróleos Mexicanos? Una autonomía hecha como un traje a la medida. Hay compañeros ex petroleros, ex dirigentes de Petróleos Mexicanos, que han planteado la posibilidad de que la autonomía de gestión de Pemex pudiera tener los alcances digamos de la autonomía del Banco de México o del Instituto Federal Electoral. Su naturaleza no lo permite. Tienen naturalezas distintas, misiones distintas, operaciones distintas y Petróleos Mexicanos opera en mercados competitivos, es una empresa económica que debe manejarse con criterios de rentabilidad y aportar lo que le corresponde al desarrollo nacional.

Ese es el propósito de este proyecto que hoy pongo en sus manos. No se trata de un esfuerzo personal porque esto no es posible, se trata de un esfuerzo de equipo y agradezco desde aquí opiniones, orientaciones, proyectos, que me han hecho llegar compañeros de dentro y de fuera de la Cámara de Diputados.

Me pongo en sus manos, conocedor de la generosidad que como parlamentarios los distingue, para revisar este proyecto y encontrar en él un propósito de un mexicano priísta, nacionalista, que cree en Pemex, que cree en sus trabajadores, que cree en sus técnicos y que cree que es posible darle autonomía de gestión y al mismo tiempo asegurarse de que contribuya a los propósitos nacionales.

Pensar en que sea el consejo de administración de Pemex quien cargue con la responsabilidad fundamental de conducir al organismo, no es una idea nueva. Aquí hay un decreto expedido por Manuel Avila Camacho en 1942 que reglamenta las funciones del consejo de administración de Pemex, con el propósito de darle autonomía de gestión, reconociendo que la Secretaría de Economía de aquél entonces no había cumplido con sus funciones en el ámbito petrolero y que había que dejar en el consejo y en los directores, en el cuerpo de directores de la industria petrolera estatal, la responsabilidad de su conducción estratégica.

Pero voy más allá, no se trata de que al quitarle controles externos se conduzca a la deriva, de ninguna manera, se trata de garantizar que las decisiones de Pemex tengan congruencia entre sí y tengan congruencia y consistencia con las disposiciones federales que la regulan y con los propósitos nacionales de crecimiento, de empleo, de financiamiento, de conducción presupuestal, de deuda pública y de todas aquellas materias que ahora las dependencias desde fuera intentan controlar con decisiones cotidianas a Petróleos Mexicanos.

Y, ¿por qué es más eficaz este sistema que yo propongo? Porque son las dependencias las que en el seno de Petróleos Mexicanos, en sus órganos de gobierno, tendrán que tomar sus decisiones y será el consejo de administración, como órgano de gobierno superior, la última instancia de estas decisiones. Y lo que los titulares de las dependencias pronuncien y voten en el seno del consejo de administración, compromete a la dependencia como tal, porque esta nueva Ley de Organismos y Actividades de la Industria Petrolera Estatal, se le otorga una mayor jerarquía en la conducción de Petróleos Mexicanos y las leyes, digamos periféricas, la de Entidades Paraestatales, la de Deuda Pública, que son leyes generales, la de Presupuesto, la Orgánica de la Administración Pública Federal, esas leyes actuarán supletoriamente en lo que esta ley no prevea, pero en lo que las contravenga será la ley específica de organismos y actividades petroleras la que conduzca la vida interna de los organismos de la industria petrolera estatal.

Este es el propósito, lograr conjugar la autonomía de gestión con el logro de los objetivos nacionales y es entonces el consejo de administración el que decide planeación estratégica, presupuesto, control presupuestal, deuda interna y externa, financiamiento, proyectos y entonces podemos pedirle que rinda cuentas al órgano de gobierno.

No hay actualmente rendición de cuentas, hay un montón de controles burocráticos externos, pero no hay rendición de cuentas y yo planteó aquí que una vez al año el director general de Petróleos Mexicanos comparezca ante el Congreso de la Unión y explicite cómo se han conseguido esos objetivos, cómo han aumentado las reservas de petróleo, cómo ha mejorado la exploración, cómo se han incrementado los niveles de producción, cómo ha crecido la capacidad, cómo ha desarrollado tecnología, cómo ha desarrollado a su personal humano, cómo el sindicato está participando en las decisiones de Pemex, cómo ha protegido el ambiente la industria petrolera; que venga aquí a rendir cuentas ante la soberanía nacional, como somos representantes de todos los mexicanos y, por lo tanto, representantes de todos los accionistas de petróleos mexicanos, que son todos los mexicanos.

Autonomía de gestión pero con auténtica rendición de cuentas, no con controlitis burocrática, que es lo que tiene a Pemex atado de manos. Las decisiones se toman meses o años después de lo que se deberían de tomar. Los yacimientos no esperan, se pierden hidrocarburos líquidos y gaseosos todos los días, porque no hay decisiones oportunas en Petróleos Mexicanos, porque está atado por autorizaciones, aprobaciones, revisiones de un montón de burócratas de medio pelo en las dependencias globalizadoras que evitan que Petróleos Mexicanos decida oportunamente, actúe oportunamente, compita en un marco cada vez más competitivo, más globalizado, más difícil y que no le permite actuar como empresa productiva, como empresa sujeta a rendimientos.

Y si no le damos a Pemex un nuevo régimen fiscal y si no le damos autonomía de gestión, vamos a matar la "gallina de los huevos de oro". Porque aquí estamos viendo una ley de ingresos con un altísimo porcentaje de ingresos petroleros. No vamos a discutir si solamente los derechos y los rendimientos son petroleros y el IEP a las gasolinas no es petrolero, no importa si sumamos todo o no, pero ciertamente tenemos un fisco altamente petrolizado y si no le damos crecimiento a Pemex, si vamos a seguir importando cada vez más gasolinas y petroquímicos, si vamos a dejar que la burocracia impere sobre la conducción petrolera, Pemex no va a crecer, Pemex va a ir reduciendo su capacidad , se va a ir haciendo pequeño y va cada vez a contribuir menos al fisco federal.

Es éste un planteamiento nacionalista. Algunos se preguntarán, ¿por qué un diputado del PRI viene a hablar de una Ley Orgánica de Pemex si eso es de la agenda del Gobierno?, no señores, esto no es de la agenda del Gobierno, Petróleos Mexicanos es una institución creada en los gobiernos revolucionarios, es una institución que es de todos los mexicanos y es una institución para la que el Congreso tiene que abrir perspectivas de crecimiento en el futuro y, si no, vamos a tener menos ingresos petroleros, menos contribuciones de la riqueza nacional, del subsuelo al desarrollo de la nación.

Y defino también en esta ley un marco tributario para Pemex, derechos petroleros asociados a la calidad de los campos y de los pozos. Estamos hablando de rendimientos petroleros cuando los rendimientos existan, porque actualmente la red fiscal petrolera captura todos los excedentes y no hay rendimientos que gravar.

Estamos hablando de hacerle una nueva Ley de Impuesto a los Rendimientos Petroleros y estamos hablando de normar en esta ley que los gravámenes a la industria petrolera estatal nunca podrán ser superiores a sus excedentes, cosa que ha ocurrido, compañeros diputados, año con año, Petróleos Mexicanos paga más impuestos del total de sus excedentes.

En el último ejercicio pagó el 107% de sus excedentes, se endeudó para pagar impuestos y perdió, según los cálculos de los conocedores, casi 9 mil millones de dólares en los últimos tres años, 80 mil millones de pesos solamente por decisiones tomadas tardíamente o implementadas tardíamente.

Yo los invito a que revisen con generosidad este proyecto de nueva Ley de los Organismos y de las Actividades de la Industria Petrolera Estatal, que lo hagan con generosidad , que lo hagan con objetividad y que si es posible nos apoyen en este esfuerzo nacionalista por rescatar a la industria petrolera estatal, porque las tendencias del Ejecutivo no van en ese sentido, yo los invito a que lean el artículo 56 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ya recibimos aquí y ese artículo 56 pone todavía más candados, más camisas de fuerza a la administración petrolera y energética.

Hay que preguntarle a Hacienda cómo concursar, hay que pedirle que designe un experto externo para que revise los proyectos, que designe un perito que revise los contratos, la verdad pareciera que nuestras autoridades no creen pero ni tantito en los técnicos ni en los administradores de la industria petrolera estatal.

Cada vez más candados, cada vez más camisas de fuerza, cada vez más dificultades para que Petróleos Mexicanos crezca y le cumpla a la nación, es tiempo de que el Congreso resuelva, compañeros y compañeras diputados los invito a revisar esta iniciativa y cuento con su generosidad para contribuir a ella.

Muchísimas gracias.

«Iniciativa de Ley de los Organismos y las Actividades de la Industria Petrolera Estatal.

El suscrito, diputado federal Manuel Medellín Milán, miembro del grupo parlamentario del PRI a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propone la presente iniciativa de Ley de los Organismos y las Actividades de la Industria Petrolera Estatal, al tenor de la siguiente

Exposicion de Motivos

La Constitución señala que corresponde a la nación el dominio directo sobre el petróleo y los demás hidrocarburos, y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional define el ámbito de la industria petrolera estatal y encomienda a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios el desarrollo de las actividades petroleras. Tratándose de una industria de jurisdicción federal, corresponde al Congreso de la Unión establecer las leyes que la regulen, determinar su organización y su funcionamiento y al Gobierno Federal dictar disposiciones administrativas, técnicas y de regulación que le permitan cumplir mejor con sus objetivos.

Después del decreto presidencial del 7 junio de 1938, que crea a Petróleos Mexicanos y de sus reformas de 1940, así como del decreto del 22 de agosto de 1939 que tuvo como objeto, entre otros, el nombramiento del personal directivo y técnico de Petróleos Mexicanos, el presidente Manuel Avila Camacho expidió el 7 de abril de 1942, el primer Reglamento del Funcionamiento Interno y Atribuciones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que tuvo por objeto definir la estructura orgánica de Pemex, algunas atribuciones del consejo de administración, de los consejeros y asesores técnicos y del gerente general, así como algunos principios relativos a la ejecución de obras, la rendición de informes, los programas anuales de trabajo y los presupuestos de gastos.

Al día de hoy la vida interna de Pemex está regulada por la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992, abrogando a la de 1971. Además, en su calidad de organismo descentralizado, le aplican las disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, de la Ley General de Deuda Pública, de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de manera específica, de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo de petróleo. Le aplican también disposiciones anuales de la Ley de Ingresos y del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, múltiples disposiciones incluidas en otras leyes que inciden en la administración pública y en los servidores públicos, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de distinta jerarquía y de muy diversa índole, permanentes y transitorios y, desde luego, las de carácter general como las civiles, fiscales, mercantiles y laborales.

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De esta manera, la Ley Orgánica de Pemex en vigor, integrada por 15 artículos, apenas cubre las definiciones elementales acerca de su naturaleza, patrimonio, responsabilidades, órganos de gobierno, atribuciones del director general, de otros directores y de su órgano de vigilancia. También crea los cuatro organismos subsidiarios y señala, en sus artículos transitorios, los procedimientos para formalizar dicho rearreglo institucional.

Las entidades paraestatales previstas en el artículo 90 constitucional y reguladas por la Ley Federal de la materia, forman parte de la Administración Pública Federal y auxilian a la administración centralizada en el logro de los objetivos del Gobierno Federal contemplados en las leyes, los planes y los programas nacionales. Para ello deben actuar en armonía con las políticas nacionales, pero al mismo tiempo gozar de la autonomía de gestión necesaria para conducirse con eficacia, con eficiencia y con oportunidad.

La autonomía de gestión de las paraestatales está reconocida implícitamente en el artículo 90 constitucional y señalada específicamente en el artículo 11 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Sin embargo, otras disposiciones ya mencionadas hacen concurrir en Pemex y sus organismos una gran cantidad de medidas de control externo, atribuidas a distintas dependencias, de aplicación permanente y cotidiana que no le permiten ejercer, en el terreno de los hechos, las decisiones y actividades que debe suponer una adecuada autonomía de gestión.

La misma Ley de Entidades Paraestatales, en su artículo 4o., establece para el Banco de México y las entidades paraestatales del sistema financiero, la sujeción a su legislación específica, reconociendo que ésta debe prevalecer sobre otras leyes, por considerarlo necesario en el desempeño de sus funciones. A Petróleos Mexicanos se le clasifica como organismo descentralizado, pero no se le distingue de otros para efectos de regulación, lo que se justificaría plenamente porque sus actividades son de carácter económico y productivo, sujetas a propósitos de eficiencia y rentabilidad, desarrolladas en mercados de competencia nacional e internacional y, por lo tanto, para ser eficaces, deben conducirse con decisiones oportunas y expeditas requeridas por el entorno dinámico en el que se desenvuelven.

En las décadas recientes, gobiernos nacionales de distintos países se han planteado el reto de conjugar esa indispensable autonomía de gestión, en sus empresas de propiedad estatal, con la necesidad de que se conduzcan con apego a sus políticas económicas nacionales y a las normas propias de su calidad de paraestatales. Esta conjugación es mucho más necesaria cuando se trata de empresas de las dimensiones de Pemex y que además tienen a su cargo el manejo de recursos estratégicos.

En la medida en que muchas empresas de Gobierno en casi todo el mundo, se han privatizado, este dilema se ha reducido exclusivamente a grandes entidades como Pemex las que, por distintas razones, los gobiernos nacionales han decidido conservar como patrimonio e instrumento de Estado.

En México, definir la intervención del Gobierno Federal en la organización y las actividades de Pemex es un asunto de la mayor trascendencia. Algunos funcionarios y legisladores han planteado que la autonomía de Pemex podría asimilarse o identificarse en sus alcances con el régimen autónomo que las leyes otorgan al Banco de México o al Instituto Federal Electoral, por mencionar algunos. Sin embargo, su naturaleza es totalmente distinta y sus actividades se realizan en mercados de competencia, incluso mundial, lo que plantea la pertinencia de diseñar para Pemex un régimen especial, adecuado a sus operaciones, que garantice la congruencia de sus tareas con los propósitos nacionales, que le permita operar en un marco de libertades administrativas, que le permita crecer, conseguir las metas que se le señalen, aumentar sus rendimientos y sus tributos y que posibilite la intervención del Ejecutivo en los órganos internos de Pemex a cambio de controles externos.

Buscando este propósito, hace cuatro meses, el 6 de agosto pasado, presenté ante la Comisión Permanente una iniciativa de decreto que modifica diversas leyes de carácter fiscal y administrativo para el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, que fue turnada a las comisiones de Hacienda y Energía de esta Cámara de Diputados. A la fecha dichas comisiones no han emitido dictamen alguno, pero este tiempo me ha permitido, como autor de la iniciativa, conocer otros proyectos de funcionarios del sector, de asesores de la industria petrolera y de profesionales estudiosos de la administración pública de México y otros países. Algunos funcionarios de Hacienda me han permitido conocer documentos de trabajo acerca de un nuevo diseño del régimen fiscal para Pemex, que recogen lo más importante de los objetivos que perseguía mi propuesta del 6 de agosto.

Todo parece indicar que, en las próximas semanas, el Ejecutivo estaría enviando a esta Cámara una iniciativa para modificar los derechos sobre extracción de petróleo y el impuesto a los rendimientos petroleros. En su momento, de producirse dicha iniciativa, podría dictaminarse en conjunto con la del suscrito y dar lugar a un nuevo régimen fiscal petrolero, a partir de 2002, que garantice ingresos suficientes al fisco federal y gradualmente fortalezca las finanzas de Pemex y le permita emprender proyectos con recursos propios o apalancados con financiamientos, que puedan amortizarse de sus remanentes, liberados por un nuevo régimen tributario no confiscatorio.

En tal virtud es conveniente desarrollar un esfuerzo adicional para confeccionar una legislación más completa que la planteada en la iniciativa del 6 de agosto, por lo que hace a la Ley Orgánica de Pemex y las otras leyes administrativas que inciden en su vida interna. Esta nueva iniciativa que hoy presento, denominada ley de los organismos y las actividades de la industria petrolera estatal, tiene esa intención y es algo más que una nueva ley orgánica de Pemex, puesto que reglamenta disposiciones constitucionales relativas a las entidades paraestatales, pero orientadas de manera particular a las funciones de Pemex y sus organismos subsidiarios.

La idea central de esta iniciativa es asignar responsabilidades plenas a los órganos de gobierno de Pemex sobre la conducción central y la dirección estratégica de la industria petrolera estatal, de tal manera que la intervención de las dependencias del Ejecutivo tenga lugar precisamente a través de los órganos de gobierno. Por otra parte, se establece que la rendición de cuentas se realice ante el Congreso de la Unión y se enfoque precisamente al cumplimiento de la misión encomendada a Pemex, al cumplimiento de objetivos, al alcance de metas establecidas; otorgando mayor importancia a los resultados, a la eficacia y eficiencia, que a los procedimientos y trámites, que es lo que prevalece actualmente mediante controles externos de las dependencias.

La iniciativa está compuesta de seis capítulos y 54 artículos que contienen disposiciones generales; de autonomía de gestión y rendición de cuentas; sobre su patrimonio, organización y funcionamiento; su desarrollo y operación; participación y capacitación de los trabajadores y órganos de vigilancia.

Este proyecto de ley reúne disposiciones de carácter orgánico y funcional, reglamenta las relaciones y la intervención del Ejecutivo Federal con los organismos petroleros; mantiene su organización con un organismo corporativo y cuatro subsidiarios y define los alcances de la norma.

Para darle vigencia plena a la autonomía de gestión, la iniciativa establece que Pemex y sus organismos se sujetarán fundamentalmente a esta nueva ley y de manera supletoria, a otros ordenamientos aplicables a las entidades de la Administración Pública Federal. De esta manera, se evita que la autonomía de gestión quede acotada o vulnerada por otras disposiciones que se opongan a esta ley, conformando así una norma de jerarquía superior, especialmente concebida para que Pemex opere en consonacia con su naturaleza y objetivos.

La iniciativa señala que sólo formarán parte del Presupuesto de Egresos de la Federación las transferencias fiscales para inversión física, excluyendo a los organismos del control presupuestal para todos los demás efectos. Se obliga al director general de Pemex a informar anualmente de sus resultados al Congreso de la Unión, después de hacerlo al consejo de administración.

Las decisiones que adopte el órgano de gobierno con la participación de los representantes del Estado, surtirán los efectos de autorización de las dependencias, en las atribuciones que pudieran corresponderles. Con esto, se termina con la práctica histórica de que las resoluciones del consejo sólo sirven para iniciar trámites ante las globalizadoras.

La iniciativa propone una integración del consejo de administración que resuelve la controversia que ocupó la atención del Legislativo en los primeros meses de este año, conserva la participación de los representantes del Sindicato Petrolero y establece obligaciones de desempeño para los consejeros. Los miembros del consejo de Pemex no podrán enviar representantes a las sesiones, deberán siempre pronunciarse con su voto y evitarán conflictos de intereses.

Se propone un sistema de evaluación de eficiencia y rentabilidad conforme a los indicadores del mercado, lo que da lugar a un seguimiento permanente del desempeño de los organismos y paralelamente, se dispone la observancia de los lineamientos generales que emita el Ejecutivo, adoptados por el consejo de administración, para garantizar la congruencia con las políticas nacionales del sector energético y las generales sobre economía. También se definen, en términos generales, las obligaciones tributarias de Pemex y sus organismos y los principios que regirán su régimen fiscal. En cuanto a su funcionamiento, la iniciativa recoge algunas funciones previamente asignadas al órgano de gobierno, a su director general y a los directores de las subsidiarias y añade atribuciones y obligaciones que, de acuerdo con la experiencia, es importante precisar, así como otras que están vinculadas a las mayores responsabilidades del órgano de gobierno, cuyas decisiones requieren de una propuesta de sus directores o de comités técnicos auxiliares.

Se crean seis comités técnicos integrados por funcionarios de distintas dependencias y de Pemex para analizar y proponer medidas relativas a la planeación estratégica, la programación el presupuesto y el control; las finanzas, los proyectos, obras y adquisiciones; los recursos humanos y la tecnología; así como el medio ambiente y la responsabilidad social de la industria petrolera estatal. Se intenta que sea precisamente a través de estos comités que tenga lugar la interacción de funcionarios de Pemex y del Ejecutivo, para que al turnar sus propuestas al consejo de administración, los consejeros propietarios ya hayan tenido conocimiento previo de los asuntos y sus respectivas dependencias se hayan asegurado de que las decisiones que se elevan al consejo guardan congruencia con las políticas y normas que a cada dependencia corresponde promover y vigilar.

De esta manera, en lugar de que las decisiones del consejo tengan que ser sometidas posteriormente a la autorización de distintas dependencias, lo cual no necesariamente garantiza congruencia entre las distintas decisiones, la intervención tiene lugar en el seno de los comités y los consejos de administración, con la participación simultánea de las distintas áreas del Ejecutivo, considerando siempre el interés de la institución. Los comités técnicos son instancias previas y obligadas al consejo de administración, que es la última instancia para adoptar determinaciones en lo relativo a su organización interna, presupuestos y programas, financiamiento, sistemas de control y vigilancia, normas sobre obras, adquisiciones y suministros, estructura administrativa, sueldos salarios y desarrollo de personal; desarrollo tecnológico, protección del ambiente y desarrollo de las actividades industriales conexas y las regiones petroleras.

Se crea también en cada organismo un comité de transacciones extrajudiciales que permitirá resolver litigios que han quedado pendientes por muchos años y afrontar otros que puedan ocurrir en el futuro.

Reglamentando el artículo 134 constitucional, esta iniciativa prevé un régimen especial sobre los gastos en obras y adquisiciones y faculta al consejo de administración para expedir normas internas en estas materias, que resulten más adecuadas a las actividades de Pemex, que lo que son ahora las reglas contenidas en las leyes federales sobre estas materias. Esta iniciativa reconoce también la gran importancia de que los trabajadores petroleros participen en el mejor funcionamiento de los organismos a través de comités consultivos mixtos, para los que se señala su integración y sus objetivos.

Por último, se establece también un régimen de vigilancia que permite el control y el seguimiento estrecho de las actividades de los organismos y de los servidores públicos petroleros, con estricto apego a las normas legales y de la manera que resulte más adecuada a la naturaleza productiva de los organismos y a sus propósitos de eficiencia y rentabilidad. No disminuye la intensidad del control y al mismo tiempo, se intenta no intervenir en el desarrollo normal de las actividades de la industria petrolera.

Finalmente, mediante disposiciones transitorias se abroga la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios y se establece para esta ley su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación.

4960,4961,4962

II. Realizarán sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan cumplir su cometido con autosuficiencia y autonomía y

III. Examinarán y evaluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de control, efectuarán revisiones y auditorías, vigilarán que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables y presentarán a los directores generales, consejos de administración y a las demás instancias internas de decisión, los informes resultantes de las acciones realizadas.

Artículo 52. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo podrá realizar visitas y auditorías a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, a fin de supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control.

Artículo 53. En aquellos casos en los que el consejo de administración o el director general no dieren cumplimiento a las obligaciones legales que les corresponden, el Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias competentes, así como de la coordinadora de sector que corresponda, actuará de acuerdo a lo preceptuado en las leyes respectivas, a fin de subsanar las deficiencias y omisiones para la estricta observancia de las disposiciones legales.

Lo anterior, sin perjuicio de que se adopten otras medidas y se finquen las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 54. La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, celebrarán convenios para coordinar programas de auditorías, visitas, inspecciones y para uniformar normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad, con objeto de que dichas auditorías, visitas e inspecciones no afecten la operación de Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992.

Tercero. En tanto el consejo de administración de Petróleos Mexicanos apruebe el estatuto orgánico, se aplicará el reglamento vigente en lo que no se oponga a la presente ley.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 6 de diciembre de 2001.— Diputado Juan Manuel Medellín Milán.»

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Pardes Rangel

La Presidenta:

Gracias diputado Medellín.

Como solicitó el diputado, publíquese de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y el turno de esta iniciativa es a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO
Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el día 4 de octubre de 2001, a los secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; por el Ejecutivo Federal, con fundamento en los artículos 71 fracción I y artículos 55 fracción I y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 numeral 6 incisos e, f y g y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 87, 88, 89, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar las iniciativas en comento, por lo que somete a la consideración de los integrantes de esta Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. El día 4 de octubre de 2001 el Ejecutivo Federal presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 11, 12, 109bis, 130, 162 segundo párrafo, 163 primer párrafo, 167 primer párrafo, 171 fracción I, 173 fracción I y último párrafos y 174bis fracción I y se adicionan un segundo párrafo al artículo 119, un cuarto párrafo al artículo 159bis, un segundo párrafo al artículo 161, un tercer párrafo al artículo 163, un segundo párrafo al artículo 168 y un cuarto párrafo al artículo 182 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2. Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales procedió al análisis de las iniciativas apuntadas y a la determinación de investigar su viabilidad jurídica y técnica, para una mejor instrumentación de la política ambiental en nuestro país.

A partir de estos antecedentes y del análisis de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1. El denominador común de la iniciativa presentada refleja la necesidad de contar con un instrumento jurídico que dé seguridad y protección a nuestro medio ambiente. Es necesario emprender el camino hacia una transición con la finalidad de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos de las entidades federativas.

2. Ya que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente pretende establecer criterios y planes para una política ambiental basada en el desarrollo sustentable, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sus facultades de correspondencia otorgadas por el artículo 39 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha analizado y adecuado la iniciativa de decreto a fin de dar vigencia a la necesidad de que las conductas de los ciudadanos que producen afectaciones ambientales sean sujetas a una regulación eficiente y eficaz.

3. Ya que la descentralización de la gestión ambiental en México es un proceso inconcluso, que requiere para avanzar la ampliación de las posibilidades jurídicas, institucionales, económicas y políticas de los gobiernos y agentes locales y que el fortalecimiento del federalismo es una tarea ineludible y urgente, es indispensable promover el abatimiento del rezago institucional de los gobiernos locales, pues de ellos depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático y sustentable del país.

Por ello, con relación a las reformas de los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se refieren a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación, se da respuesta a la necesidad de un enfoque moderno de descentralización que busque establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

4. Tenemos en primera instancia que la propuesta para que el Distrito Federal, los estados y en su caso los municipios, puedan en el ámbito de su jurisdicción, asumir las facultades de administrar y vigilar las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, sea una propuesta que puede permitir un fortalecimiento del proceso de transición gradual de descentralizar las facultades para la conservación. Pero ante tal reforma está claro que un federalismo adecuado es aquel que dote a las entidades federativas y a los municipios de los recursos para operar y reconozca su legítima aspiración al desarrollo sustentable con las modalidades que considere necesarias en su territorio. Ello debe de darse siempre de forma progresiva, ya que los rezagos institucionales son vastos. Por lo tanto, la ley debe dar el mandato al Gobierno Federal para que no sólo delegue funciones, si no que también asegure la retribución a aquellos que por conservar los recursos naturales generen servicios ambientales. Por ello la adición del artículo 45bis a esta ley.

5. La descentralización de las funciones en cuanto al control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad, debe ser reforzada, ya que no existen criterios ni parámetros para determinar la baja o alta peligrosidad de dichos residuos. Por lo anterior, es necesario que se establezcan estos lineamientos con miras a contribuir de mejor manera a la protección ambiental, modificando el artículo 150 segundo párrafo de la ley.

6. La evaluación de impacto ambiental es sin lugar a dudas, una herramienta de política ambiental que por su naturaleza dinámica requiere ser perfeccionada continuamente. La distribución de facultades en este sentido imprime una posibilidad para que las entidades federativas y los municipios sean más autogestivos de sus recursos naturales y su ambiente.

7. Por lo anterior, en el caso de los convenios de descentralización relativos a la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades referidas en la fracción XIII del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es indispensable que previo a dicho convenio existan los ordenamientos ecológicos regional, particular y marino, dependiendo del caso, ello con la finalidad de fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar los sistemas de información de los recursos naturales y sus servicios ambientales. De la descentralización para la fracción X del mismo ordenamiento se observa una contradicción con el supremo mandato constitucional, pues éste expresa en el artículo 48 que los sistemas marinos interiores, como manglares, lagunas costeras etcétera, dependerán directamente del Gobierno de la Federación.

8. Si bien es cierto que consideramos que promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas incrementa las facultades transferidas a cada una de ellas, consolidando así su desarrollo institucional, particularmente en cuanto a organización, aptitud técnica y capacidad de administrar recursos, esto debe darse en un proceso progresivo de modificación del marco normativo que tome en cuenta las capacidades de las regiones del país y de base a la instrumentación de los programas; de ahí que se considere como muy pronta la posibilidad de que puedan ser encomendadas a gobiernos locales las evaluaciones de impacto ambiental en los casos de las actividades mencionadas en las fracciones V y VII del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

9. Por otra parte, en cuanto descentralizar las evaluaciones de impacto ambiental para las actividades altamente riesgosas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo 145, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe promover "la determinación de los usos de suelo" en aquellas "zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados como riesgosos". Por lo tanto, es necesario que todo convenio para descentralizar dichas facultades esté sujeto a un previo ordenamiento ecológico. Aunado a ello se debe considerar que estas actividades pueden generar daños en ocasiones irreversibles a los ecosistemas y a la salud pública y, que además, no existen mecanismos claros para obligar a mitigar los daños ambientales y sociales de forma pronta y adecuada, por ello es necesario que las leyes establezcan como obligatorio contar con seguros de riesgo ambiental para estas actividades, de tal forma que el federalismo en materia ambiental avance con la seguridad que se requiere, por ello proponemos añadir un artículo 147bis. Para el establecimiento de estos mecanismos es necesaria la participación de otras instituciones del Ejecutivo Federal como la Secretaría de Economía antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

10. Hay que señalar que es necesaria la homologación de los procedimientos para instrumentar la evaluación de impacto ambiental. Por ello, es necesario que la firma de los convenios esté también sujeta a que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que lleven a cabo el Distrito Federal, los estados y, en su caso, los municipios, esté en concordancia con el establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio la Ecológico y Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental, por eso proponemos la adición de las fracciones IX y X al artículo 12. Así, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe autorizar y dar a la luz pública los procedimientos que las entidades o los municipios habrán de implementar en el caso de los convenios o acuerdos a que nos referimos.

4975,4976,4977

11. Por otra parte, en el Título Cuarto de la ley, se propone reformar el artículo 109bis, con la finalidad de avanzar en cuanto al derecho a la información ambiental. En efecto, nuestro país requiere de la actualización y modernización de los sistemas de información que permitan a la ciudadanía y a la autoridad, contar con los elementos fidedignos y suficientes de información para la adecuada toma de decisiones. La industria nacional debe conocer sus emisiones reales a fin de reducirlas mediante tecnologías limpias que le permitan mayor competitividad; en consecuencia, se introduce la facultad de los tres órdenes de gobierno de establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, obligatorio, público y desagregado.

12. El presente proyecto introduce algunas adecuaciones en el Título Sexto artículos 161, 162, 163, 167, 168, 171, 173, 174 y 182 que se refiere a las disposiciones relativas al procedimiento de inspección y vigilancia e imposición de medidas de seguridad y sanciones. La iniciativa permitirá proporcionar, tanto al ciudadano como a la autoridad, mayor certidumbre en el proceso de imposición de sanciones. Además, la coadyuvancia con el Ministerio Público resulta de gran importancia, por la naturaleza difusa del interés jurídico que tiene la víctima del delito ambiental, toda vez que en un gran número de supuestos, el ofendido es la sociedad en su conjunto.

13. En otro aspecto, la iniciativa propone impulsar la participación de los tres niveles de gobierno en la conformación de aquellos instrumentos de toma de decisiones a nivel global que consideren la perspectiva local. En este sentido, se sugiere adicionar un párrafo al artículo 159bis.

14. Por último, se reforman los artículos 119, 130 y 161, con la finalidad de precisar las atribuciones de la Secretaría de Marina en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, fortaleciendo su participación en la inspección y vigilancia en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, han llegado a las siguientes

CONCLUSIONES

La iniciativa de reformas y adiciones fue analizada y adecuada con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6 incisos e, f y g y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 87, 88, 89, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En lo general consideramos a las iniciativas como congruentes con la política ambiental que debe seguir la Federación, de ahí que el presente dictamen apruebe en sentido positivo y ajuste particularidades de las iniciativas en comento.

Como resultado de lo anterior, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales permite someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo único. Se reforman los artículos 11, 12, 109bis, 130, 150 segundo párrafo, 162 segundo párrafo, 163 primer párrafo, 167 primer párrafo, 171 fracción I, 173 fracción I y último párrafo y 174bis fracción I. Se adicionan el artículo 45bis, un segundo párrafo al artículo 119, un artículo 147bis, un cuarto párrafo al 159bis, un segundo párrafo al 161, un tercer párrafo al 163, un segundo párrafo al 168 y un cuarto párrafo al 182 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

"Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, conforme a lo establecido en el programa de manejo respectivo y demás disposiciones del presente ordenamiento.

II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes:

a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos,

b) Industria del petróleo, petroquímica, del cemento, siderúrgica y eléctrica;

c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación en los términos de las leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;

d) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

e) Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración;

f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;

g) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

h) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales e

i) Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y actividades que por su naturaleza puedan causar desequilibrios ecológicos graves; así como actividades que pongan en riesgo el ecosistema.

IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestres, terrestre y los recursos forestales;

V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimoterrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales;

VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

VIII. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines previstos en este ordenamiento o

IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven.

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven.

En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman, de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de esta ley.

Artículo 12. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:

I. Se celebrarán a petición de una entidad federativa, cuando ésta cuente con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las facultades que asumiría y que para tales efectos requiera la autoridad federal. Estos requerimientos dependerán del tipo de convenio o acuerdo a firmar y las capacidades serán evaluadas en conjunto con la Secretaría.

Los requerimientos y las evaluaciones que se realicen para determinar las capacidades de la entidad federativa, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con antelación a la celebración de los convenios o acuerdos de coordinación.

II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de desarrollo con la política ambiental nacional;

III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma de administración. Además precisarán que tipo de facultades se pueden asumir de forma inmediata a la firma del convenio o acuerdo y cuales en forma posterior;

IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma de las actividades a realizar;

V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto;

VI. Precisarán la vigencia del instrumento, sus formas de modificación y terminación y, en su caso, el número y duración de sus prórrogas;

VII. Contendrán los anexos técnicos necesarios para detallar los compromisos adquiridos;

VIII. Las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación;

IX. Para efectos en el otorgamiento de los permisos o autorizaciones en materia de impacto ambiental que correspondan al Distrito Federal, los estados o, en su caso, los municipios, deberán seguirse los mismos procedimientos establecidos en la Sección V de la presente ley, además de lo que establezcan las disposiciones legales y normativas locales correspondientes y

X. Para el caso de los convenios relativos a las evaluaciones de impacto ambiental, los procedimientos que las entidades establezcan habrán de ser los establecidos en el reglamento del presente ordenamiento en materia de evaluación del impacto ambiental y serán autorizados por la Secretaría y publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con antelación a la entrada en vigor del convenio o acuerdo de coordinación.

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo.

Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo de terminación, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa.

Artículo 45bis. Las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de estímulos fiscales y retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos económicos referidos en el presente ordenamiento, a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas.

Artículo 109bis. La Secretaría, los estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría o autoridad competente del gobierno del Distrito Federal, de los estados y, en su caso, de los municipios.

Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. La información del registro se integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro.

La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera proactiva.

Artículo 119. . .

Tratándose de normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina.

4978,4979,4980

Artículo 130. La Secretaría autorizará el vertido de aguas residuales en aguas marinas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y las normas oficiales mexicanas qué al respecto expida. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 147bis. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del reglamento correspondiente, deberán contar con un seguro de riesgo ambiental. Para tal fin, la Secretaría con aprobación de las secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, de Salud y de Trabajo y Previsión Social integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.

Artículo 150. . .

El reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y volúmenes, además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos.

. . .

Artículo 159bis. . .

. . .

Los estados, los municipios y el Distrito Federal, participarán con la Secretaría en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Artículo 161. . .

En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta ley.

Artículo 162. . .

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia.

Artículo 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto, credencial vigente con fotografía, expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección en la materia y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

. . .

En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada como testigo, el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la misma.

Artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de 15 días para que exponga lo que a su derecho convenga y en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría.

. . .

Artículo 168. . .

Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución, el interesado y la Secretaría, a petición del primero, podrán convenir la realización de las acciones de restauración o compensación de daños necesarios para la corrección de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentación y evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los términos del artículo 169 de esta ley.

Artículo 171. . .

I. Multa por el equivalente de 20 a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;

II a la V. . .

. . .

Artículo 173. . .

I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: los daños que se hubieran producido o puedan producirse en la salud pública; la generación de desequilibrios ecológicos; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad y en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable;

II a la V. .

. . .

La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de esta ley y la autoridad justifique plenamente su decisión.

Artículo 174bis. . .

I. Venta a través de invitación a cuando menos tres compradores, en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de 5 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción. Si dichos invitados no comparecen el día señalado para la venta o sus precios no fueren aceptados, la autoridad podrá proceder a su venta directa.

II a la IV. . .

Artículo 182. . .

. . .

La Secretaría será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal."

ARTICULOS TRANSITORIO

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos y recursos administrativos que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren pendientes de resolución se sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se iniciaron.

Tercero. Para la firma y entrada en vigor de cualquier convenio o acuerdo a que se refiere el artículo 11 de esta ley, las entidades federativas o municipios participantes en ellos, habrán de contar con su propio programa de ordenamiento regional, particular o marino, según corresponda.

Cuarto. Los seguros de riesgo ambiental estarán sujetos a un reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para el establecimiento de seguros y primas por riesgo ambiental. Para tal efecto, la Secretaría, habrá de publicar este marco reglamentario, a más tardar en un año después de la entrada en vigor del presente decreto.

Sala de comisiones, México, Distrito Federal, a 22 de noviembre de 2001.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, presidente; Jesús de la Rosa Godoy, Gustavo Lugo Espinoza, Miguel Angel Gutiérrez Machado y Jesús Garibay García, secretarios; Francisco Arano Montero, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortolini Castillo, Vitalicio Cándido Coheto Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, José Manuel Díaz Medina, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Raúl Gracia Guzmán, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sáinz, Albino Mendieta Cuapio, José Jacobo Nazar Morales, Juan Carlos Pallares Bueno, Héctor Pineda Velázquez, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Jaime Rodríguez López, Juan Carlos Sáinz Lozano, Raúl Efrén Sicilia Salgado, José María Tejeda Vázquez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Julio César Vidal Pérez y Librado Treviño Gutiérrez.»

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Rómulo Garza Martínez, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, a nombre de la comisión.

El diputado Rómulo Garza Martínez:

Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente presentada por el Ejecutivo Federal el día 4 de octubre del 2001, conforme a las facultades que le son conferidas a la comisión por los artículos 39, 40, 44 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior, se presenta el presente proyecto de dictamen.

El denominador común de la reforma propuesta refleja la necesidad de contar con un instrumento jurídico que dé seguridad y protección a nuestro medio ambiente; las modificaciones y adiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente aquí presentadas, son sin lugar a dudas un intento para consolidar los procesos de descentralización tan requeridos a nuestra nación.

La aprobación del presente dictamen es necesaria para emprender el camino hacia una transición que otorgue mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos de las entidades federativas.

Compañeros diputados: la descentralización de la gestión ambiental en México es un proceso inconcluso que requiere para avanzar la ampliación de las posibilidades jurídicas, institucionales, económicas y políticas de los gobiernos y agentes locales.

El fortalecimiento del federalismo es una tarea ineludible y urgente. El país requiere con premura promover el abatimiento del rezago institucional de los gobiernos locales, pues de ellos depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático y sustentable del país.

En este sentido, las reformas de los artículos 11 y 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que se refieren a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación, buscan dar respuesta a la necesidad de un enfoque moderno de descentralización que establezca una estrategia de transferencias y de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa.

La propuesta en discusión permite la descentralización de las funciones en cuanto al control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad, estableciendo previamente los criterios y parámetros para determinar la baja o alta peligrosidad de dichos residuos. También permite descentralizar funciones en cuanto a evaluación el impacto ambiental que es sin lugar a dudas una herramienta de política ambiental dinámica y perfectible permanentemente.

La distribución de facultades en este sentido imprime una posibilidad para que las entidades federativas y los municipios sean más autogestivos de recursos naturales y su ambiente.

Si bien es cierto que consideramos a la promoción y suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos locales, incrementa las facultades transferidas a cada uno de ellos consolidando así su desarrollo institucional, particularmente en cuanto a organización, aptitud técnica y capacidad administrativa de recursos, esto debe darse en un marco progresivo de modificación del texto jurídico que tome en cuenta las capacidades de las regiones del país y dé base a la instrumentación de los programas.

Pero está claro que un federalismo adecuado es aquel que dota a las entidades federativas y a los municipios de los recursos necesarios para operar, por lo tanto la ley debe dar el mandato a las autoridades competentes para que no sólo deleguen funciones, sino también apoyen a aquellos que generen servicios ambientales para conservar los recursos naturales. Esta propuesta de reformas así lo establece.

Honorable Asamblea: con la finalidad de avanzar en cuanto al derecho de información ambiental, nuestro país requiere de actualización y modernización de los sistemas de información que permitan a la ciudadanía y a la autoridad contar con los elementos fidedignos y suficientes para la adecuada toma de decisiones.

4981,4982,4983

La industria nacional debe conocer sus emisiones reales a fin de reducirlas mediante tecnologías limpias que le permitan mayor competitividad. En consecuencia, el dictamen en comento introduce la facultad de los tres órdenes de gobierno para establecer un registro de emisiones y transferencias de contaminantes obligatorio, público y desagregado

Además, el presente proyecto introduce algunas adecuaciones al Título Sexto, que se refiere a las disposiciones relativas al procedimiento de inspección y vigilancia e imposición de medidas de seguridad y sanciones.

En este sentido, la iniciativa de decreto permitirá proporcionar tanto al ciudadano, como a la autoridad, mayor certidumbre en el proceso de imposición de sanciones, además la coadyuvancia con el Ministerio Público resulta de gran importancia, por la naturaleza difusa del interés jurídico que tiene la víctima de delito ambiental, toda vez que en un gran número de supuestos el ofendido es la sociedad en su conjunto.

En otro aspecto, el dictamen expone la necesidad de impulsar la participación de los tres niveles de gobierno en la conformación de aquellos instrumentos de toma de decisiones a escala global que consideren las perspectivas locales. Por ello, se sugiere adicionar un párrafo al artículo 159bis.

Por último, se reforman los artículos 119, 130 y 161 con la finalidad de precisar las atribuciones de la Secretaría de Marina en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, fortaleciendo su participación en la inspección y vigilancia en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Compañeros legisladores: los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales esperamos contar con su apoyo para la aprobación de estas reformas tan necesarias para nuestra nación y quiero proponer al pleno de la Cámara, que por acuerdo de la mesa directiva de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se propone anexar la frase que establezca la Secretaría al párrafo segundo de la fracción I del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que quede como sigue:

"Los requerimientos que establezca la Secretaría y las evaluaciones que se realicen para determinar las capacidades de la entidad federativa deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con antelación a la celebración de los convenios o acuerdos de coordinación."

Solicito que se ponga a discusión dicha modificación.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto con la modificación propuesta por la comisión al mismo artículo.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes diputados:

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Diego Cobo Terrazas; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Garibay García; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Sainz Lozano y por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Raúl Sicilia Salgado.

Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas.

El diputado Diego Cobo Terrazas:

Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La política ambiental es cada vez más una necesidad que se incorpora a los planes de desarrollo de las sociedades modernas y no es para menos, el progresivo deterioro ambiental que padecemos alcanza ya niveles de emergencia.

Esta devastación ecológica afecta la salud de las personas, las actividades económicas y los procesos sociales y culturales. Apenas esta semana las autoridades ambientales confirmaron las escalofriantes cifras de los niveles de deforestación que alcanzan poco más de 1 millón de hectáreas por año equivalentes a la superficie del Estado de Jalisco.

La contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales comprometen la viabilidad de las actividades económicas, como es el caso de la pesca furtiva en la reserva de la biosfera del alto golfo de California o las emisiones provocadas por Peñoles, en Torreón.

Pese a las graves problemáticas ambientales el Partido Verde Ecologista de México ve con profunda preocupación la falta de efectividad y propuestas de las autoridades ambientales del Gobierno Federal. Las iniciativas remitidas por el Ejecutivo Federal objeto de esta discusión, no responden en suficiencia y calidad a los grandes retos ambientales que enfrentamos. Los compromisos de campaña hechos por el presidente Fox en materia ambiental siguen siendo eso: compromisos que aún no vemos traducidos en hechos concretos que contengan y reviertan el severo daño ecológico.

No obstante ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyará cualquier intento, por mínimo que sea, para proteger y conservar el medio ambiente. Las propuestas de reformas legales en materia ambiental hechas por el Ejecutivo Federal fueron complementadas y sustanciadas por los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, entre los que desde luego participamos.

Al ser incorporados nuestros planteamientos al cuerpo de las iniciativas originales, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de los dictámenes que hoy presenta la Comisión de Medio Ambiente ante este pleno; sin embargo, vale la pena insistir en que las reformas propuestas no son suficientes y el análisis y discusión sobre temas particulares debe continuar.

De particular importancia son las modificaciones que tienen como objetivo propiciar una mayor participación de los estados y municipios en la gestión ambiental. La iniciativa original del Ejecutivo carece del consenso de las propias entidades federativas, por lo que deberá darse puntual seguimiento a su aplicación para verificar su operatividad.

Nos preocupa especialmente el que se transfieran facultades sin el recurso respectivo que permita cumplir a los estados y municipios con la política general ambiental. Por ello propusimos mecanismos que garanticen que sólo los estados y en su caso los municipios que estén en condiciones de afrontar este compromiso, sean susceptibles de suscribir los convenios de coordinación con la Semarnap. De igual forma se propicia que los estados que quieran establecer estos convenios deberán contar antes con su ordenamiento ecológico, lo cual resulta fundamental para la planeación del desarrollo sustentable al que todos aspiramos.

Relevante también es el establecimiento del registro de emisiones, que en la propuesta original del Ejecutivo era obligatoria sólo para las autoridades, pero no para los generadores de los mismos. La coincidencia entre los diferentes grupos parlamentarios permitió que la propuesta de obligatoriedad para los generadores de emisiones prosperara; ahora los industriales deberán informar sobre las sustancias que manejan y ello permitirá a la autoridad generar las políticas y programas de control y combate de la contaminación y a la sociedad tener acceso a esta información.

También positivos son los ajustes legales que permitirán a las autoridades llevar a cabo sus actuaciones administrativas, tales como verificaciones o aplicaciones de sanciones.

En materia forestal propusimos la obligación para que la Semarnap publique el listado de recursos forestales no maderables, con el fin de evitar la indebida utilización de recursos naturales sujetos a otras disposiciones jurídicas, lo que permite un aprovechamiento controlado.

Por lo que respecta a las reformas de la Ley General de Vida Silvestre, apoyamos decididamente la propuesta para restringir el aprovechamiento extractivo de cualquier ejemplar de mamífero marino. Esta medida resulta de gran importancia y es que México podría convertirse en el primer país que extingue un cetáceo, me refiero a la vaquita marina endémica del mar de Cortés y que está en grave peligro por la pesca furtiva. ¡Qué decir de la ballena gris que nace en aguas mexicanas y que año con año nos da una lección de vida en un espectáculo que merece la protección de la ley!

Por todo lo anterior, los diputados ecologistas votaremos a favor de los dictámenes en sus términos, al tiempo que hacemos un llamado a las demás fuerzas políticas aquí representadas para que el tema ambiental cobre la importancia que merece y que sea este Congreso y en especial esta Cámara, la que lleve a cabo las transformaciones ambientales que demandan o que demandarán las generaciones futuras de mexicanos.

Quiero finalmente manifestar un agradecimiento al equipo técnico de la Comisión de Medio Ambiente, que realizó un esfuerzo extraordinario para que la comisión pudiera cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido por la conferencia para los trabajos legislativos, para la presentación en esta fecha de los dictámenes en comento.

Es cuanto. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Jesús Garibay García, del grupo parlamentario del PRD, para fijar su posición al respecto.

El diputado J. Jesús Garibay García:

Con su anuencia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Las propuestas a dictaminar el día de hoy forman parte del paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo Federal a diversas leyes referentes al cuidado y preservación del medio ambiente.

Cada una de ellas en mayor o en menor medida, están enfocadas hacia la descentralización de la gestión ambiental, lo cual implica un fortalecimiento del federalismo.

El Partido de la Revolución Democrática está consciente que el fortalecimiento del federalismo es una lucha que lleva varios años en proceso.

La construcción de un auténtico federalismo es un compromiso del Partido de la Revolución Democrática. La distribución de competencias y concurrencias es una materia vinculada con la escrupulosa soberanía, autonomía y relación democrática que debe existir entre los niveles de gobierno para la gestión ambiental del desarrollo.

Lo anterior, sin duda, debe implicar brindarles mayores elementos jurídicos al municipio, pero sobre todo de manejo en la generación y aprovechamiento de sus recursos propios.

El riesgo es que implica las propuestas de reforma enviadas por el Ejecutivo Federal a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la Ley Forestal y a la Ley General de Vida Silvestre, es que se le están otorgando mayores funciones en lo que concierne al cuidado y la prevención del medio ambiente.

Pero no les estamos brindando otro tipo de elementos que les permita actuar conforme a los requerimientos de la protección del medio. Por ello consideramos que la presente propuesta no es suficiente para lograr defender el derecho de todos los mexicanos a contar con un medio ambiente sano.

En días pasados un compañero de nuestra fracción parlamentaria planteó una serie de inquietudes que tenemos en torno al medio ambiente y muy en particular del presupuesto destinado a la Semarnap, pues este año se le destina menor cantidad de recursos que el año pasado.

En este punto se consideró que la propuesta presupuestaria y su pobreza, es producto del centralismo de las pasadas administraciones y de la actual. Por tanto, si de verdad se tiene un compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente, es necesario avanzar en el proceso de descentralización y del fortalecimiento del federalismo, tarea en la cual, por cierto, estamos bastante rezagados. A pesar de ello nuestro voto será a favor de estos dictámenes.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Sáinz Lozano, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para fijar el posicionamiento de su grupo.

El diputado Juan Carlos Sáinz Lozano:

Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, consciente de la necesidad imprescindible e impostergable de atender las propuestas de los estados y los municipios, así como de la sociedad civil, que integran ésta gran nación mexicana, nos congratulamos porque el día de hoy se pone a la consideración del pleno de esta Asamblea de diputados, los proyectos de decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como el .proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal, y el que reforma los artículos 1o. segundo párrafo, 11, 12 y 127 fracciones I y II, y se adiciona el artículo 60bis de la Ley de la Vida Silvestre, todos ellos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, que pretenden establecer las bases, para consolidar y fortalecer la gestión ambiental y ampliar las bases para el acceso a la información ambiental, en cumplimiento de los compromisos de carácter internacional que hemos adquirido y que forman parte ya de la iniciativa de acceso a la información.

4984,4985,4986

Basadas dichas reformas y adiciones a la descentralización de funciones y de atribuciones, bajo un esquema de corresponsabilidad administrativa jurídica, que permita el desarrollo de los sectores, que tienen una gran relación de transversalidad en el aspecto ecológico, derivado del impacto que produce hacia el medio ambiente, el cual es un derecho consagrado actualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como es de ustedes conocido, me estoy refiriendo al sector hidráulico, forestal, al agropecuario, al pesquero, al energético e industrial, al sector turístico e incluso al propio sector salud y a la alimentación, ya que todos ellos dependen de darle a la sociedad en su conjunto, los elementos legislativos y normativos, para preservar el entorno ecológico, en el cual se desarrolla la actividad cotidiana.

Las iniciativas del Ejecutivo representan el primer paso en materias de centralización y proponen mecanismos graduales y diferenciales, los cuales reconocen las capacidades y necesidades diversas de cada entidad federativa y de los municipios, lo cual permitirá conservar la biodiversidad y lograr un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.

El grupo parlamentario de Acción Nacional está consciente de la obligación que tiene para preservar los derechos y los deberes ciudadanos, motivo por el cual votaremos positivamente, en lo general, todas las reformas anteriormente mencionadas, toda vez que fortalecen el principio y el federalismo, la descentralización e inciden en una verdadera redistribución del poder público, que equilibre la participación armónica de los diferentes órdenes de gobierno, para eliminar las atribuciones y responsabilidades bajo normas claras y precisas, que establezcan sus ámbitos de competencia.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá, en consecuencia, establecer las bases y requerimientos para la celebración de los convenios y acuerdos de coordinación, a fin de dotar de un marco de seguridad y transparencia a los estados y municipios comprometidos, en asumir con responsabilidad las tareas que le sean transferidas, para una eficaz gestión ambiental.

Para el Partido Acción Nacional, fomentar y apoyar el desarrollo regional y municipal, lo obliga a otorgarle mayor autonomía a los estados y municipios y asignarle las atribuciones que les permitan responder a los reclamos ciudadanos, ya que en estas instancias de gobierno, es donde se captan con precisión las demandas y necesidades locales, donde se aprecia la experiencia y se conoce la potencialidad, para lograr el desarrollo local, regional, sobre la base sobre del aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito hacer un llamado a la solidaridad de los demás grupos parlamentarios de esta legislatura, para que nos convirtamos en custodios del patrimonio natural de la humanidad.

Asimismo creemos conveniente de considerar, la pertinencia de permitir que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sea representante de la víctima del delito contra el ambiente. Esta consideración resulta además de gran importancia por la naturaleza difusa del interés jurídico que tiene la víctima del delito ambiental por coadyuvar en el Ministerio Público, toda vez que es un gran número de supuestos del ofendido en la sociedad en su conjunto, no es posible determinar una víctima singular.

Compañeras y compañeros diputados: el medio ambiente no tiene fronteras, no reconoce partidos ni istmos (sic), es un bien común, por los que si queremos otorgarles a la ciudadanía mejores estadios de bienestar es necesario e imprescindible proporcionarle las bases para que se puedan aplicar eficaz y eficientemente los instrumentos para una gestión ambiental incluyente y participativa.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Raúl Sicilia Salgado, del grupo parlamentario del PRI, para fijar el posicionamiento del mismo.

El diputado Raúl Efrén Sicilia Salgado:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras legisladoras, compañeros diputados:

Se ha presentado ante ustedes el paquete de dictámenes a discusión relacionados con el medio ambiente.

¡Qué bueno que dentro de un marco de federalización se transfieran facultades a los estados y, en su caso, a los municipios, para que tomen participación activa en este problema tan serio y tan grave que siento, los mexicanos hemos descuidado! Afirmo lo anterior, en virtud de que la realidad social, la realidad de nuestro medio ambiente se encuentra preocupantemente deteriorado.

¿Qué hacemos, y ya no hemos planteado en esta tribuna, los diputados y los ciudadanos para erradicar ese mal que tan gravemente aqueja la salud de nuestras familias? Estos convenios, estas facultades que se otorgan discrecionalmente a los municipios y estados para convenir con el Gobierno Federal en la descentralización de sus servicios, son un buen indicativo de que nos estamos acercando muy lentamente a algo que aspiramos los que sabemos y conocemos la realidad de nuestro medio ambiente en el país.

¿Cómo evaluamos el daño de aire, agua y tierra en muchas regiones de nuestra patria? Hace unos días tuvimos oportunidad de pasar a tribuna cuando un compañero de Ciudad Juárez hizo el planteamiento de la grave contaminación de las aguas en esa región.

Hicimos una participación en la que ratificamos en este momento, del análisis de la región en donde vivimos: Hidalgo; Hidalgo recibe en el sur del Estado la totalidad de las aguas negras del Distrito Federal; Hidalgo en la región de Tula, tiene una presa denominada "Endó" que almacena 186 millones de metros cúbicos de las heces fecales de los habitantes del Distrito Federal, río que lo alimenta, que pasa a no más de 100 metros del zócalo de la ciudad de Tula.

Petróleos Mexicanos diariamente proporciona a la Comisión Federal de Electricidad en esa zona, decenas de miles de litros de combustóleo que se queman en la generación de energía eléctrica, combustóleo que pasa a los incineradores sin tratamiento alguno y que sabemos que es, dentro del proceso de hidrocarburos, lo que genera los residuos más tóxicos contenidos en ese combustóleo.

Esto quiere decir que en esa región desde hace más de 25 años recibimos diariamente un baño de azufre que afecta la salud de la ciudadanía, que afecta los cultivos, que afecta a todas las familias, que afecta la productividad del campo, que afecta el desarrollo material e intelectual de nuestra gente y qué estamos haciendo y a dónde vamos a llegar y hasta cuándo vamos a tomar determinaciones serias, como creo que es ésta en este paquete de iniciativas, para atender y atacar parcialmente el problema.

Pero la federalización consiste no sólo en darle facultades a los estados y municipios. Deben dársele —como ya aquí se dijo— recursos para atender esos programas y esos proyectos. Por ello estamos conscientes de que estamos dando un paso, pero necesitamos avanzar, necesitamos que no se hagan reducciones a los presupuestos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, necesitamos que la Procuraduría del Medio Ambiente actúe para sancionar enérgicamente a los contaminadores, ya sean empresas oficiales, ya sean organismos descentralizados, ya sean estados, municipios o la ciudadanía o la iniciativa privada.

Es necesario que reaccionemos ante un problema que puede ser letal para nuestras comunidades, nuestro pueblo y nuestro país. Necesitamos actuar con mayor energía. Necesitamos generar consensos entre las fracciones parlamentarias para que las leyes que se dicten en la materia sean muy rígidas en cuanto al cumplimiento de las mismas.

Necesitamos, por consecuencia, tomar acciones muy definitorias para proteger a nuestro medio ambiente. Agua, agua y tierra se encuentran deterioradas en todo el país.

Hace unos días que tuvimos oportunidad de estar en Campeche se quejaba la gente, los pescadores del grado de contaminación que tiene la Sonda de Campeche y qué sucede, nada y quién actúa, nadie. Quién debe tomar esa estafeta y esa bandera para resarcir ese daño patrimonial a tanta familia mexicana.

Creo que en primera instancia somos los diputados federales, somos en el Congreso de la Unión en donde debemos hacer una plena conciencia de esa necesidad. Debemos, unidos bajo una sola palabra: México, atacar esa problemática para defender nuestro medio ambiente.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, diputado.

Consulta esta Presidencia si hay oradores en pro o en contra. En virtud de que no hay registro de oradores en pro o en contra, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, con las modificaciones.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, con las modificaciones.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo..

La Presidenta:

Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto, con las modificaciones, y ruego a la Secretaría subraye cuál es la modificación referida.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

La modificación propuesta por la mesa directiva de la comisión es adicionar la frase que establezca la Secretaría en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 12, para quedar como sigue: "los requerimientos que establezca la Secretaría y las evaluaciones para determinar la capacidad de la entidad federativa deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la agenda o periódico oficial de la respectiva entidad federativa con antelación a la celebración de los convenios o acuerdos de coordinación.

La Presidenta:

La adición es exclusivamente "que establezca la Secretaría". Ya se ilustró a la Asamblea, por lo que se procede a la votación del proyecto de decreto con las modificaciones enunciadas.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto con la modificación al artículo 12 del dictamen.

(Votación.)

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Diputada Presidenta, se emitieron 429 votos a favor, cero en contra y una abstención.

La Presidenta:

Aprobado el proyecto de decreto por 429 votos, con las modificaciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

La Presidenta:

Esta mesa directiva ha sido enterada de que se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Francisco Luis Treviño Cabello, diputado suplente electo en la segunda circunscripción plurinominal. A efecto de que pueda rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los diputados: María del Rosario Oroz Ibarra, Ernesto Rodríguez Escalona, Hugo Camacho Galván, Jesús Garibay García y María Teresa Campoy Ruy Sánchez, para que lo trasladen al frente de este podium.

(La comisión cumple con su encargo.)

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se invita a los presentes ponerse de pie.

La Presidenta:

Ciudadano Francisco Luis Treviño Cabello, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

4987,4988,4989

El Cuidadano Francisco Luis Treviño Cabello:

¡Sí, protesto!

La Presidenta:

Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

LEY FORESTAL

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal, enviada el 4 de octubre de 2001 por el Ejecutivo Federal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 en su numeral 6 incisos e, f, g y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar la iniciativa en comento, por lo que somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 4 de octubre de 2001, la Presidencia de la mesa directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, recibió la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal, enviada por el titular del Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El mismo día 4 de octubre de 2001, con base en lo dispuesto en el inciso f, numeral 1 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados decidió turnar dicha iniciativa de decreto a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3. Para corresponder a ese mandato, esta comisión distribuyó los datos referentes a dicha iniciativa entre los integrantes de organismos públicos y privados, así como de la sociedad civil organizada, para fomentar su participación y recoger sus opiniones con respecto a la reforma propuesta. Al mismo tiempo, los asesores técnicos de la comisión analizaron la iniciativa motivo del presente dictamen, procediendo a unificar los criterios que serían incorporados a este documento, para dar cumplimiento al inciso b, del párrafo segundo del artículo 40 de la mencionada Ley Orgánica.

4. Entre las especificaciones utilizadas para justificar esta iniciativa, se distingue la apreciación, como una tarea ineludible y urgente, el fortalecimiento del federalismo y la descentralización para lograr una mayor eficiencia de la gestión ambiental.

5. Particularmente esta iniciativa propone adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de subsidiariedad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas; depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias; consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades federativas; promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas; fortalecer la articulación entre el proceso de descentralización y la planeación del desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de los resultados del proceso.

6. El 20 de mayo de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Forestal. El principal objetivo de esas reformas, señala: la de contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal en México, haciendo de esa legislación un instrumento jurídico que apoye y fortalezca a este sector y sea la base para su crecimiento.

A partir de estos antecedentes y del análisis de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. Entre las consideraciones que ofrece la reforma a la Ley Forestal, destaca la siguiente: el esquema propuesto tiene la virtud de que reconoce las naturales asimetrías que existen en las entidades federativas, respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones y, por ello, se consideró pertinente descartar un mecanismo rígido que transfiera facultades federales a los estados, sin tomar en cuenta tales asimetrías. En consecuencia, surge la inminencia de establecer lineamientos puntuales y precisos acerca de los términos a negociar en los convenios o acuerdos, evitando decisiones impositivas o ventajosas para alguna de las partes; así como, los detalles relativos a los procesos o mecanismos inherentes a la dotación de infraestructura, atribuciones, financiamiento etcétera. Algunas de estas precisiones podrían ser esbozadas a partir de las justificaciones que ofrece la iniciativa que propone modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2. La Ley Forestal promulgada en 1997, conforme a un amplio proceso de consulta pública, persigue reforzar la vinculación entre la legislación ambiental y la forestal; regular las forestaciones (plantaciones forestales comerciales) para minimizar sus impactos ambientales; facilitar la participación del sector social y otorgar seguridad jurídica a quienes la realizan; fortalecer los mecanismos de autorización para el aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables; fortalecer el capítulo de sanciones a los infractores de la ley y la normatividad forestal; propiciar el mejoramiento de la calidad de los servicios técnicos y regular y controlar la sanidad de los productos forestales de importación, para tener un mayor control fitosanitario.

3. En cambio, la actual propuesta de modificación a la Ley Forestal, específicamente a lo dispuesto en el artículo 7o., en los párrafos dedicados a justificar la propuesta, se adolece de consignar procesos de consulta o de participación de algunos sectores involucrados en el tema. Solamente se le enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 20012006, basando su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia.

4. La presente propuesta legislativa para reformar el artículo 7o. de la Ley Forestal, hace referencia en su fracción I, a los recursos forestales no maderables. Lo que resulta precipitado, ante la carencia de una lista oficial que enumere a los reconocidos como tales por la Secretaría, por lo que debe urgirse a la misma sobre la publicación de una lista de los recursos forestales no maderables.

5. La iniciativa en cuestión propone establecer un mecanismo claro de transición a fin de otorgar mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de sus municipios, por ello se añade un segundo párrafo al artículo 7o., de esta manera, se establecería la posibilidad legal de que los gobiernos de las entidades federativas asuman la ejecución de algunas facultades que actualmente corresponden a la Federación, a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación.

6. La reforma que se propone al artículo 7o. de la Ley Forestal, dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación, sean ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la Ley Forestal y demás disposiciones federales aplicables.

Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión han llegado a las siguientes

III. CONCLUSIONES

Se concluye que la iniciativa referente a la propuesta de reforma al artículo 7o. de la Ley Forestal es procedente. Siempre y cuando se incluyan las consideraciones expresadas por el Ejecutivo, a manera de justificación, en la propuesta de decreto para reformar las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Entre ellas, la que señala: resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferencial, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

Como resultado de lo anterior, está Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Decreto

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal.

Artículo único. Se reforma el artículo 7o.de la Ley Forestal, para quedar como sigue:

"Artículo 7o. La Federación, a través de la Secretaría y con la intervención que corresponda a sus entidades sectorizadas, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman la siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. Recibir los avisos de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y los de forestación;

II. Celebrar, conforme a lo previsto en la presente ley, acuerdos y convenios en materia forestal con otras instituciones públicas y personas físicas o morales de los sectores social y privado;

III. Dotar a los propietarios o legítimos poseedores de los predios con toda la información previa disponible sobre futuros acuerdos o convenios, especialmente en los casos de cambios en el uso de suelo.

IV. Formular, articular e instrumentar programas forestales, especialmente de forestación y reforestación para el rescate de las zonas erosionadas, así como de agroforestería y manejo y uso múltiple del ecosistema forestal;

V. Fomentar la educación, cultura, capacitación e investigaciones forestales, enfatizando lo referente a la conservación y reintroducción de especies nativas o adaptadas a condiciones ambientales específicas;

VI. Aplicar las medidas de fomento para la conservación, protección y restauración de los recursos forestales, para las plantaciones comerciales y de otra naturaleza y para los aprovechamientos forestales que se realicen conforme a los términos de esta ley y

VII. Las previstas en el artículo 5o. fracciones IV, VI, VIII, X, XII, XIII, XV, XVI y XVII de esta ley.

La celebración de dichos convenios o acuerdos de coordinación se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor de 90 días hábiles, a partir de la publicación de este decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal, la Secretaría efectuará una publicación oficial de la lista completa de los recursos forestales no maderables que hasta esa fecha hayan sido identificados por dicha Secretaría.

Sala de comisiones, México, D.F., a 22 de noviembre de 2001.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, presidente; Jesús de la Rosa Godoy, Gustavo Lugo Espinoza, Miguel Angel Gutiérrez Machado y Jesus Garibay García, secretarios; Francisco Arano Montero, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortolini Castillo, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, José Manuel Díaz Medina, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Raúl Gracia Guzmán, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sáinz, Albino Mendieta Cuapio, José Jacobo Nazar Morales, Juan Carlos Pallares Bueno, Héctor Pineda Velázquez, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Jaime Rodríguez López, Juan Carlos Sáinz Lozano, Raúl Efrén Sicilia Salgado, José María Tejeda Vázquez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez y Julio César Vidal Pérez.»

4990,4991,4992

La Presidenta:

Para fundamentar el dictamen, en los términos del artículo 108 del Reglamento Interior, por la comisión, se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Lugo Espinoza

El diputado Gustavo Lugo Espinoza:

Con su permiso, compañera diputada Presidenta; honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal enviada por el Presidente de la República el día 4 del año 2000.

Conforme a las facultades que le son conferidas a las comisiones por los artículos 39, 40 y 44 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior, se presenta el siguiente dictamen con proyecto de decreto:

Con fecha 22 de noviembre del año 2000 fue aprobada por esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados el dictamen de la iniciativa presentada al pleno.

Recibida la iniciativa en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 4 de octubre del año 2000 la Presidencia de la mesa directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias que tiene atribuidas, acordó dar trámite de recibo a la misma y ordenó su turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Finalmente, en reunión celebrada el 22 de noviembre del año 2000:

Uno. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se dio el trámite de recibo correspondiente y se aprobó iniciar la discusión de la iniciativa de referencia.

Con fecha 22 de noviembre del año 2001, en sesión de esta comisión, existiendo el quorum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por lo que se pone a la consideración de esta soberanía para su discusión y resolución constitucional.

Consideraciones de la comisión:

El 20 de mayo de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Forestal expedida en 1992. Estas reformas tienen como el principal objetivo el de contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal en México, haciendo de esta legislación un instrumento que apoye y fortalezca a este sector y sea la base para su crecimiento.

Entre las especificaciones empleadas para justificar esta iniciativa se distingue la apreciación como una tarea ineludible y urgente, el fortalecimiento del federalismo y la descentralización para lograr una mayor eficiencia de la gestión ambiental.

Particularmente esta iniciativa propone adecuar el marco jurídico, procurando su integración y una clara transferencia de competencias acorde con el principio de la subsidiariedad y con las capacidades de gestión ampliadas de las entidades federativas.

Depurar la oferta de descentralización en función de un nuevo marco jurídico y precisar los mecanismos de transferencias. Consolidar el desarrollo institucional de dichas entidades, así como del desarrollo institucional de ellas. Promover la suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, incrementando las facultades transferidas a cada una de ellas. Fortalecer el proceso de descentralización y la planeación de desarrollo regional sustentable y consolidar el sistema de información, seguimiento y evaluación de los resultados del proceso.

Esta reforma propone un esquema que reconoce las naturales asimetrías existentes en las entidades federativas respecto a la capacidad para asumir nuevas atribuciones. Al reformarse el artículo 7o. de la Ley Forestal se dispone que las facultades que sean transferidas a través de acuerdos o convenios de coordinación sean ejercidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley Forestal y demás disposiciones federales.

La presente propuesta legislativa para reformar el artículo 7o. de la Ley Forestal en su fracción I, hace referencia a los recursos forestales no maderables, independientemente de la carencia de una lista oficial donde la Secretaría enumere a los recursos así reconocidos. De tal forma se justifica la adición del artículo séptimo transitorio, el cual advierte la publicación oficial de la lista completa de los recursos forestales no maderables.

A partir de los antecedentes y de las consideraciones derivadas del análisis realizado por los miembros de la referida comisión a la iniciativa señalada, se concluye que la propuesta de reforma al artículo 7o. de la Ley Forestal es procedente, siempre y cuando se incluyan las consideraciones expresadas por el Ejecutivo a manera de justificación en la propuesta de decreto para reformar las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Entre ellas la que señala resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferencial, acorde con la situación particular de cada entidad federativa que asegure una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

La celebración de dichos convenios o acuerdos de coordinación, se sujetará a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo tanto, corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman a los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, sus modificaciones, así como su acuerdo y determinación deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa.

Como he mencionado, este proyecto de dictamen fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes de la comisión.

Conforme a lo antes expuesto, a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que dejo a la determinación de esta soberanía lo expuesto y fundado sobre este decreto.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Informo a este pleno que no hay registro de colegas diputados para fijar la posición de sus grupos, por lo que se somete el registro de diputados que deseen intervenir en pro o en contra del proyecto de decreto.

En virtud de que no se han registrado oradores para la discusión del proyecto de decreto, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

Esta mesa directiva registró la petición de dos compañeros diputados en donde falla el sistema electrónico. Les pediríamos su voto de viva voz.

Al diputado Francisco Luis Treviño Cabello.

El diputado Francisco Luis Treviño Cabello(desde su curul):

Francisco Treviño, a favor.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Y al diputado Oscar Ochoa Patrón

El diputado Oscar Ochoa Patrón (desde su curul):

Oscar Ochoa, por la afirmativa.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se emitieron 413 votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones.

La Presidenta:

Aprobado el proyecto de decreto por 413 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, enviada por el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, el día 4 de octubre del año 2001, la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 en su numeral 6 incisos e, f y g y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56, 58, 60, 87 y 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar la iniciativa en comento, por lo que somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes

I. ANTECEDENTES

1) En sesión celebrada el 4 de octubre de 2001, el Ejecutivo Federal presentó al pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 1o. segundo párrafo, 11, 12 y 127 fracciones I y II y se adiciona el artículo 60bis de la Ley General de Vida Silvestre.

2) La actual Ley General de Vida Silvestre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. En ella el objetivo principal es la conservación mediante la protección de la biodiversidad, a través de la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable. Así se pretende mantener y promover la restauración de la biodiversidad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país.

3) Los fundamentos legales para conservar la vida silvestre, se encuentran en la Constitución que faculta a la nación para regular el aprovechamiento de estos recursos a través de su conservación, en el párrafo tercero del artículo 127, que bajo su dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos.

La Ley de Vida Silvestre vigente establece la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y entre dependencias de un mismo rango. Este aspecto es fundamental, ya que de la correcta atribución de facultades depende la seguridad jurídica de los gobernados. Es fundamental al considerar el principio de que los poderes públicos sólo pueden actuar en virtud de atribuciones expresas.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1) Dentro del nuevo enfoque moderno de descentralización, la presente administración, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 20012006, basará su gestión ambiental en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia. Para esto se requiere de una nueva cultura de Gobierno que se apoye, entre otros criterios, en el del desarrollo incluyente, sustentable, competitivo y regional, adoptando como una acción fundamental el fortalecimiento del federalismo.

4993,4994,4995

2) El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente. De ellas depende no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país. Por ello resulta indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada, acorde con la situación particular de cada entidad federativa, que asegure una mayor eficiencia y eficacia en la gestión ambiental.

3) Por otra parte, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley General de Vida Silvestre, en virtud de que, en materia forestal, el concepto de recursos no maderables abarca productos y subproductos forestales que son frecuentemente aprovechados con fines comerciales; sin embargo, la Ley General de Vida Silvestre no prevé procedimientos a los cuales se sujete este tipo de aprovechamientos, ya que el aprovechamiento extractivo establecido en dicho ordenamiento legal, señala criterios que en esencia son aplicables a la fauna silvestre.

4) La reforma que se propone no altera el régimen de protección de la flora silvestre, pues las especies y poblaciones de recursos forestales maderables y no maderables catalogados como en riesgo, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

5) En referencia a los mamíferos marinos, ciertamente se encuentran listados en peligro de extinción y existe el riesgo de que la cacería comercial se reabra, por lo que consideramos conveniente prohibir el aprovechamiento extractivo con fines comerciales de todos los incluidos en la lista de mamíferos marinos. Sin embargo, nos parece que permitir el aprovechamiento extractivo con fines de exhibición atenta con la supervivencia de las especies, como son ballenas grises o vaquita marina, que se encuentran listadas bajo la categoría de en peligro de extinción, por lo cual no deberá permitirse ningún tipo de aprovechamiento comercial de estas especies en general, y se permite tan sólo el aprovechamiento extractivo con fines de investigación científica y educación superior.

6) Por último, y en materia de esta ley, se reforma el artículo 127 relacionado con sanciones administrativas, con el propósito de aumentar significativamente las sanciones relativas al tráfico y posesión ilegal de fauna silvestre, así como a la liberación no autorizada de fauna silvestre, especialmente en el caso de infractores reincidentes y traficantes de especies.

Con base en lo anterior expuesto los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales han llegado a las siguientes

III. CONCLUSIONES

Por lo anterior, en lo general, nos parecen adecuadas las modificaciones en materia de vida silvestre que propone el Ejecutivo Federal y tan sólo se realizan modificaciones en lo particular.

Como resultado de lo anterior, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

DECRETO

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo único. Se reforman los artículos 1o. segundo párrafo, 11, 12 y 127 fracciones I y II y se adiciona el artículo 60bis de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

"Artículo 1o...

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes Forestal y de Pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre;

II. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales;

III. Aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre;

IV. Aplicar las medidas relativas al hábitat crítico y a las áreas de refugio para proteger las especies acuáticas reguladas en la presente ley;

V. Promover y aplicar las medidas relativas al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre;

VI. Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo y destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente ley;

VII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y de las normas que de ella se deriven, así como imponer las medidas de seguridad y las sanciones administrativas establecidas en la propia ley;

VIII. Promover el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados estatales para la vida silvestre, basados en criterios de sustentabilidad, así como aplicar los instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la misma;

IX. Otorgar, suspender, modificar y revocar las autorizaciones, certificaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres, al ejercicio de la caza deportiva y para la prestación de servicios de este tipo de aprovechamiento, así como para la colecta científica, de conformidad con las normas y demás disposiciones legales aplicables o

X. Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminados a la educación, capacitación e investigación sobre la vida silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento de la utilización del conocimiento tradicional.

Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las mismas deriven. En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los estados y, en su caso, de sus municipios, en ejercicio de las facultades que asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del Título Sexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 12. La celebración de los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior, se sujetarán a las bases previstas en el artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 60bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas.

El promovente de una autorización para la captura de mamíferos marinos a los que se refiere este artículo, deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que sustente su solicitud. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 127. . .

I. Con el equivalente de 20 a 5 mil veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente ley y

II. Con el equivalente de 50 a 50 mil veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX y XXII del artículo 122 de la presente ley.

. . .

. . ."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones, México, D.F., a 22 de noviembre de 2001.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, presidente; Jesús de la Rosa Godoy, Gustavo Lugo Espinoza, y Miguel Angel Gutiérrez Machado, secretarios; Francisco Arano Montero, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortolini Castillo, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, José Manuel Díaz Medina, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Raúl Gracia Guzmán, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sáinz, Albino Mendieta Cuapio, José Jacobo Nazar Morales, Juan Carlos Pallares Bueno, Héctor Pineda Velázquez, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Jaime Rodríguez López, Juan Carlos Sáinz Lozano, Raúl Efrén Sicilia Salgado, José María Tejeda Vázquez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez Julio César Vidal Pérez y Jesús Garibay García.»

La Presidenta:

Tiene la palabra el señor diputado Jesús Garibay García, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, a nombre de la comisión.

El diputado J. Jesús Garibay García:

Con su anuencia, señora Presidenta; honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 1o. segundo párrafo, 11, 12 y 127 fracciones I y II y se adiciona el artículo 60bis de la Ley General de Vida Silvestre, enviada por el Presidente de la República, el día 4 de octubre del presente año.

Conforme a las facultades que le son conferidas a las comisiones por los artículos 39 y 45 en su numeral 6 inciso e, f, g y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56, 58, 60, 87 y 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el siguiente dictamen.

Con fecha 27 de noviembre del año 2001 fue aprobada por esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, el dictamen sobre la iniciativa presentada al pleno, de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Recibida dicha iniciativa en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 4 de octubre del año 2001, la Presidenta de la mesa directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias que tiene atribuidas, acordó dar a la misma trámite de recibo y ordenó su turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Finalmente, en reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, se dio el trámite de recibo correspondiente y se aprobó iniciar la discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Con fecha 27 de noviembre del año en curso en sesión de la comisión existiendo el quorum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se pone a la consideración de esta soberanía para su discusión y resolución constitucional.

Consideraciones de la comisión. La actual Ley General de Vida Silvestre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000, su objetivo principal es la conservación mediante la protección de la biodiversidad a través de la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable: de la forma que sea posible mantener y promover la restauración de la biodiversidad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país.

La Ley de Vida Silvestre vigente establece la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y entre dependencias de un mismo rango, resulta también fundamental considerar el principio de que los poderes públicos sólo pueden actuar en virtud de las atribuciones expresas que se contemplan en la iniciativa del Ejecutivo.

El punto central de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo se orienta hacia lograr una descentralización que encuentra su marco en toda la gestión ambiental, de tal forma que dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 20012006 se deberá basar dicha gestión en instituciones modernas que garanticen el ejercicio continuo de la democracia.

La iniciativa contempla criterios de desarrollo sustentable, competitivo y regional, dentro del marco general del desarrollo sustentable establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El fortalecimiento del federalismo y la descentralización es una tarea ineludible y urgente, de lograr estas medidas depende, no sólo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental sino una contribución indispensable al desarrollo democrático del país.

4996,4997,4998

Por ello, resultó indispensable establecer una estrategia de transferencia de atribuciones, funciones y recursos de manera gradual y diferenciada y que respete la situación particular de cada entidad federativa, para asegurar una mayor eficacia y eficiencia en la gestión ambiental.

La reforma que se propone no altera el régimen de protección de la flora silvestre, pues las especies y poblaciones de recursos forestales maderables y no maderables catalogados como en riesgo, quedan sujetas a la disposición de la Ley General de Vida Silvestre.

Por otra parte, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 11 de la Ley General de Vida Silvestre, en virtud de que en materia forestal el concepto de recursos no maderables abarca productos y subproductos forestales que son frecuentemente aprovechados con fines comerciales; sin embargo, la Ley General de Vida Silvestre no prevé procedimientos a los cuales se sujete este tipo de aprovechamientos, ya que el aprovechamiento extractivo establecido en dicho ordenamiento legal señala criterios que en esencia son aplicables a la fauna silvestre, por lo que ahora se incluye en esta ley.

Se adiciona el artículo 60bis de la Ley General de Vida Silvestre en referencia a los mamíferos marinos, se acepta la propuesta del Ejecutivo en el sentido de ampliar su protección y conservación in situ de las diferentes especies.

Los mamíferos marinos se catalogan como especie en riesgo en dicha Ley de Vida Silvestre.

Por otra parte, debido al riesgo de que la cacería comercial de ballenas se reabra, así como de censos adecuados de las poblaciones de mamíferos marinos y del impacto del aprovechamiento en dichas poblaciones, se consideró conveniente prohibir el aprovechamiento extractivo con fines comerciales de todos los incluidos en la lista de mamíferos marinos.

Por último y en materia de esta ley, se reforma el artículo 127 relacionado con sanciones administrativas con el propósito de aumentar significativamente las sanciones relativas al tráfico y posesión ilegal de fauna silvestre, así como a la liberación no autorizada de la misma, especialmente en el caso de infractores reincidentes y sobre todo en el caso de traficantes de especies.

Compañeras y compañeros legisladores, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales esperamos contar con su apoyo para la aprobación de estas reformas tan necesarias para bien de la nación.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

En virtud de que no se han registrado oradores para fijar el posicionamiento de sus grupos sobre este tema, consulto a la Asamblea si hay registro de oradores en pro o en contra del mismo.

Dado que no hay registro de oradores para la discusión del proyecto de decreto, solicito a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de referencia.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

(Votación.)

Consulto al diputado Oscar Ochoa Patrón, el sentido de su voto.

El diputado Oscar Ochoa Patrón (desde su curul):

Por la afirmativa, Oscar Ochoa Patrón.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

El diputado Francisco Luis Treviño Cabello, el sentido de su voto.

El diputado Francisco Luis Treviño Cabello (desde su curul):

Francisco Treviño, a favor.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Se emitieron 414 votos en pro y cero en contra.

La Presidenta:

Aprobado el proyecto de decreto por 414 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Deseamos dejar constancia de reconocimiento a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a sus integrantes por haber cumplido la presentación de los dictámenes, de conformidad con el programa de la Conferencia.

Esta Presidencia desea expresar sus sinceras condolencias al diputado César Duarte Jaques, con motivo del deceso de su señora madre, doña Blandina Jaques de Duarte, acaecido el pasado domingo 2 de diciembre en Parral, Chihuahua. Reciba, señor diputado, la solidaridad de sus colegas legisladores.

RIO PAPALOAPAN

La Presidenta:

Pasando al siguiente punto del orden del día, le ruego a la Secretaría dé lectura al dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato conforme a la normatividad vigente, en relación a la contaminación de la cuenca del río Papaloapan.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura. — Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para su estudio y dictamen el día 12 de octubre, la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las diligencias correspondientes con el propósito de determinar si existe un alto grado de contaminación en la cuenca del río Papaloapan, la propuesta fue presentada por el diputado José Soto Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 y los incisos e, f y g, numeral 6 del artículo 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES

1. El día 7 de noviembre de 2001 fue turnada, por la Presidencia de la mesa directiva, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Soto Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las diligencias correspondientes con el propósito de determinar si existe un alto grado de contaminación en la cuenca del río Papaloapan.

2. Desde hace tiempo las poblaciones radicadas en la cuenca del Papaloapan, comprendida en los estados de Veracruz y de Oaxaca, desde hace meses aprecian espuma blanca en las aguas del río Tonto, afluente del río en mención.

3. El problema de contaminación del afluente fue notificado a la gerencia regional golfo centro de la CNA, tanto en diciembre de 1999 como en enero de 2000, solicitando verificar sus causas. En correspondencia, funcionarios de la CNA y del honorable ayuntamiento de Tuxtepec, Oaxaca, realizaron un recorrido en enero del 2000 a la altura del ejido Zacate Colorado, durante el cual pudo observarse una descarga en forma de espuma blanca con casi 2 metros de ancho y más de 15 km de largo, cuya procedencia fue identificada como de la fábrica Mexicana de Papel, S. A. de C.V. Hecho que concuerda con los cinco procedimientos instaurados en su contra por la CNA, ya que dicha industria carece de un sistema de tratamiento para sus aguas residuales.

4. El 12 de octubre de 2000, el diputado José Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, propuso un punto de acuerdo para pedir la actuación de las autoridades competentes en contra de las empresas denominadas fábrica Mexicana de Papel S.A. de C.V., en Tres Valles, Veracruz; al igual que a las empresas Pipsamex y compañía Cervecera del Trópico, S.A. de C.V., domiciliada en Tuxtepec, Oaxaca, por el desequilibrio ecológico causado por daños ambientales o a los recursos naturales, contraviniendo disposiciones legales y normativas en la materia.

5. Con fecha 9 de enero de 2001, esta comisión legislativa envió oficio al director general de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jacques, solicitando los antecedentes del caso, así como las constancias de las actividades de inspección y verificación efectuadas en las empresas antes mencionadas. En esa fecha, también esta comisión solicita al procurador federal de Protección al Ambiente, José Campillo García, los resultados de las auditorías ambientales que, en su caso, hubieren practicado a las citadas empresas, los representantes autorizados por Profepa.

6. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente remitió el día 23 de enero de 2001, acompañados por el oficio No. PFPA./041/01, los reportes de las auditorías ambientales practicadas entre los años 1995 y 1997, a las citadas empresas. Por lo que la documentación fue omisa en lo referente a auditorías más recientes, a pesar de que esos informes reflejaron distintos tipos de irregularidades. Este hecho resulta de la mayor relevancia para el caso, dado que las denuncias presentadas por los afectados corresponden al año 2000, en razón de una problemática actual.

7. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua remitió el oficio No. B00.01.0047 fechado el 1o.de febrero de 2001, junto con el expediente relativo a las inspecciones y verificaciones practicadas a distintas empresas avecindadas en la cuenca del Papaloapan. Entre los documentos ahí contenidos, se encontró lo siguiente:

• Información histórica (19912000) acerca de la calidad del agua de los ríos Papaloapan y Tonto, la cual muestra fluctuaciones que van del 60 al 70%, propias del rango tipificado como contaminado.

• Oficio de la Comisión Nacional del Agua del 1o. de noviembre de 2000, donde se precisa haber detectado presuntas faltas administrativas en la fábrica Mexicana de Papel S.A. de C.V., sobre hechos y conductas violatorias al artículo 88 de la Ley de Aguas Nacionales y al artículo 135 fracción I y su reglamento, además de incumplir lo establecido por la NOM 001ECOL1996. Por tanto, se notifica el inicio del procedimiento para imposición de sanciones.

• Con respecto a la fábrica de Papel Tuxtepec, S.A. de C.V. (Pipsamex), solamente se anexó acta fechada el 20 de julio de 2000, referente a la visita de verificación practicada, omitiendo cualquier juicio al respecto. Sin embargo, se inicia el proceso de aplicación de sanciones, actualmente en revisión.

• En el caso particular de la compañía Cervecera del Trópico, únicamente se anexó copia del título de concesión No. 60AX10070.5/28GMGE94 que le otorga permiso para descargar aguas residuales en el río Papaloapan, sólo durante un plazo de 5 años. Esto coloca a la empresa en situación irregular, dado que la expedición de dicha concesión ocurrió el 03 de agosto de 1994. No obstante, la documentación omite constancias de las actividades de inspección y verificación realizadas a este usuario.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Con fundamento al numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos que establece, en su parte conducente, las tareas de las comisiones ordinarias y las competencias de las mismas por correspondencia en lo general con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, compete a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales las materias establecidas en el artículo 38bis de esta última ley mencionada.

2. Que con fundamento en el artículo 38-bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece en sus incisos I, II, V y XIV lo relativo a la protección de los recursos hídricos del país, como lo son los ríos y lagos, materia del presente documento y por lo tanto en correspondencia es materia de esta comisión.

4999,5000,5001

3. La Ley General del Equilbrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el inciso I del artículo 88 establece que: "corresponde al Estado y la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio ecológico de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico". De igual forma la fracción II del artículo 117 de la ley en comento, establece que: "corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo".

4. La Ley de Aguas Nacionales en la fracción VI del artículo 86 establece que la Comisión Nacional del Agua puede promover o realizar medidas necesarias para evitar que basura desechos, materiales y sustancias tóxicas y Iodos productos de los trámites de aguas residuales contaminen las aguas superficiales o del subsuelo.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato conforme a la normatividad vigente, para:

1. Sancionar a fondo a las empresas infractoras y dar inicio a la restauración ambiental de dicha cuenca.

2. Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable; ya que, hasta ahora, aún con sanciones se sigue degradando la calidad del agua del río Papaloapan y sus afluentes.

3. Elaborar un diagnóstico detallado que permita analizar de manera integral, el estado actual de dichas aguas, a efecto de que la propia CNA determine las medidas de restauración necesarias para revertir los graves daños causados al ambiente, incluyendo a los habitantes de esa región.

4. Publicar las acciones a seguir e informar sobre ello a esta comisión; que a su vez mantendrá enterado al diputado José Soto Martínez.

Dado en el salón de comisiones, Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 2 de octubre de 2001.— Diputados: Diego Cobo Terrezas, presidente; Gustavo Lugo Espinoza, Miguel Angel Gutiérrez Machado, Jesús Garibay García y Jesús de la Rosa Godoy, secretarios; Francisco Arano Montero, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Pallares Bueno, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Sánchez, Juan Carlos Sáenz Lozano, Vitalico Cándido Coheto Martínez, José Manuel Díaz Medina, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sáinz, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Albino Mendieta Cuapio, José Jacobo Nazar Morales, Héctor Pineda Velázquez, Jaime Rodríguez López, Raúl Efrén Sicilia Salgado, Librado Treviño Gutiérrez, Julio César Vidal Pérez, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortolini Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, José María Tejeda Vázquez y Rafael Ramírez Agama.»

La Presidenta:

Un momento, señor Secretario.

Si, diputado Cobo.

El diputado Diego Cobo Terrazas (desde su curul)

Muchas gracias, diputada Paredes.

Para solicitarle atentamente a la Presidencia que toda vez que los puntos de acuerdo en comento han sido publicados previamente en la Gaceta Parlamentaria, podamos emitir la lectura de todo el documento y únicamente se lean los puntos de acuerdo.

La Presidenta:

En virtud de que han sido publicados integralmente los textos y sus antecedentes ya eran conocidos por el pleno cuando se presentaron, le ruego a la Secretaría consulte en votación económica si sólo damos lectura a los resolutivos de los puntos de acuerdo.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si sólo se le da lectura a los puntos de acuerdo del dictamen en referencia.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Lea solamente los resolutivos del punto de acuerdo.

El diputado Adrián Rivera Pérez:

PUNTO DE ACUERDO

1. Sancionar a fondo a las empresas infractoras y dar inicio a la restauración ambiental de dicha cuenca.

2. Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable, ya que hasta ahora, aun con sanciones, se sigue degradando la calidad del agua del río Papaloapan y sus afluentes.

3. Elaborar un diagnóstico detallado que permita analizar de manera integral el estado actual de dichas aguas, a efecto de que la propia CNA determine las medidas de restauración necesarias para revertir los graves daños causados al ambiente, incluyendo a los habitantes de esa región.

4. Publicar las acciones a seguir e informar sobre ello a esta comisión, que a su vez mantendrá enterado al diputado José Soto Martínez.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 2 de octubre de 2001.— Firman los miembros de la comisión.

La Presidenta:

Está a discusión el punto de acuerdo.

Se abre el registro de oradores...

En virtud de que no hay ningún colega legislador registrado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

CANCUN, QUINTANA ROO

La Presidenta:

La Secretaría dará lectura al dictamen con punto de acuerdo relativo a las irregularidades en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto turístico náutico puerto Cancún. Exclusivamente los resolutivos, diputada Secretaria.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondiente a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a las irregularidades en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto turístico náutico puerto Cancún en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, presentado por el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde, consistente en:

"Recomendar a las autoridades competentes y directamente involucradas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se revise el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto turístico náutico puerto Cancún, a fin de que se analicen las consideraciones ambientales para que se aplique la totalidad de la normatividad ambiental que permita la construcción de un desarrollo turístico viable y apropiado con las características ecológicas de la zona y sus ecosistemas."

Esta comisión con fundamento en el artículo 39 e incisos e, f y g, numeral 6 del artículo 45 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88 y 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo que somete a consideración de esta Asamblea de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 10 de octubre de 2000 el diputado Diego Cobo Terrazas, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo relativa a las irregularidades en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto turístico náutico puerto Cancún.

La Presidencia de la mesa directiva de este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 23 fracción f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales dicha proposición, la cual fue analizada y para la elaboración del presente documento.

2. Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sesión de trabajo celebrada el 17 de noviembre de 2000, en cumplimiento a lo establecido por el artículo duodécimo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, procedió al análisis de la propuesta apuntada y a la determinación de investigar, ante las autoridades competentes involucradas con la autorización e inspección del proyecto turístico náutico puerto Cancún y ante los grupos organizados y sociedad civil interesada en la conservación y protección de los recursos naturales de la zona, lo relacionado al estado actual y peculiaridades del procedimiento administrativo consistente en la impugnación hecha al proyecto mediante un recurso de revisión interpuesto el 28 de junio de 2000, por la ciudadana Celina Izquierdo Sánchez, en calidad de miembro de la comunidad afectada con el desarrollo y ejecución del mismo.

3. De la investigación y análisis emprendidos, se pudo verificar que las condiciones de la propuesta que con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 10 de octubre pasado, han cambiado significativamente, en virtud de que el procedimiento administrativo contencioso del recurso de revisión ha concluido con la emisión de la resolución correspondiente. Hecho sucedido el 15 de noviembre de 2000 en que la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, mediante la resolución definitiva al recurso de revisión ...................... No.DOO.P.100.0293, interpuesto por la ciudadana Celina Izquierdo Sánchez, notifica el sobreseimiento del recurso, en virtud de haber cesado los efectos de los actos administrativos impugnados por la recurrente, ya que durante la secuela del procedimiento se acreditó por la misma recurrente que existían causas supervenientes de impacto ambiental no previstas en las manifestaciones formuladas anteriormente por los inversionistas, por las cuales las condiciones ambientales del sitio y del proyecto cambiarían significativamente.

Por tal razón es que el Instituto Nacional de Ecología decidió modificar el contenido de las autorizaciones ambientales ya otorgadas en 1991, 1992 y 1997 (las cuales fueron materia de impugnación en el recurso de revisión), emitiendo con ello una nueva resolución de impacto ambiental que dice considerar la totalidad de los aspectos de impacto ambiental significativo y sus medidas de mitigación.

4. Teniendo conocimiento de lo anterior, el 16 de noviembre de 2000, el diputado Diego Cobo Terrazas, en su carácter de presidente de esta comisión, solicitó a la Presidencia del Instituto Nacional de Ecología, le fuera remitida una copia de la resolución del 10 de noviembre de 2000, que concluyó y resolvió la instancia administrativa contenciosa que en la especie era el recurso de revisión interpuesto.

5002,5003,5004

5. En respuesta a la petición referida en el párrafo que antecede, el 23 de noviembre de 2000, fue remitida a esta comisión, por parte de la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, la resolución administrativa No.DOO.DGOElA.06692 y la resolución No.DOO.P.100.0293, con las cuales se da por concluido el procedimiento administrativo y resuelto el recurso de revisión interpuesto respectivamente.

Una vez recibida la resolución referida, esta comisión se abocó a su análisis y estudio puntual, a efecto de determinar su coincidencia con el marco legal aplicable y su relación con el punto de acuerdo previamente sometida a comisión para los mismos efectos; así como también respecto de las peticiones planteadas por la ciudadana recurrente en el procedimiento administrativo contencioso.

6. Del estudio practicado a la resolución administrativa No.DOO.DGOEIA.06692 se desprende lo siguiente: la adición de 25 condicionantes adicionales a las ya establecidas; el establecimiento de diversas especificaciones relativas a las obras inherentes al campo de golf, marina, hoteles del conjunto de villas y residencias, la modificación de 18 condicionantes; la sustracción de seis condicionantes de las anteriores, y una zona de protección de aproximadamente 72 hectáreas, con densidad "cero" ubicada en la zona donde habitan manglares de la especie rizophora mangle y conocarpus erectus.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que los miembros de la presente comisión aportaron sus observaciones y propuestas con relación a los resultados del análisis practicado, a las resoluciones administrativas............... DOO.P.100.0293 y DOO.DGOEIA.06692 respectivamente.

2. Que la recurrente en el procedimiento administrativo de revisión impugna las autorizaciones de impacto ambiental de 1991, 1992 y 1997 por considerar que fueron expedidas sin incluir medidas de mitigación adecuadas para el daño que dicho proyecto va a causar. Asimismo, hace notar en su impugnación que, para 1997, fecha en que se prorrogan las autorizaciones de 1991 y 1992, estaban vigentes disposiciones legales que debieron observarse para la renovación de las autorizaciones mencionadas. Tales cuerpos legales son: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con sus reformas; la Norma Oficial Mexicana NOM059ECOL1994 que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres, terrestre y acuática que se encuentra en peligro de extinción, amenazadas, raras o sujetas a protección especial, esta norma establece la especificaciones para su protección; y por último el programa de ordenamiento ecológico del Sistema Lagunar Nichupté, todas estas disposiciones legales todas aplicables al proyecto en comento.

3. Que las disposiciones legales apuntadas, en suma, establecen restricciones y lineamientos específicos que si bien es cierto no prohíben el desarrollo y ni las actividades económicas afines al turismo, recreación o desarrollo urbano, si prescriben criterios ecológicos y una serie de cuidados especiales que deben considerarse. Tales restricciones son, entre otras: politices de aprovechamiento que consideren la conservación y la continuidad de los hábitats en donde ocurren especies listadas en la NOM059ECOL1994, como son los manglares, y medidas de mitigación impuestas mediante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

4. Como se establece en el escrito relativo al recurso de revisión y durante la secuela de procedimiento mismo, las condiciones ambientales del sitio cambiaron significativamente de 1991 y 1992 (fecha en que se autorizó primeramente el proyecto) a 1997 (fecha en que se prorrogaron las autorizaciones) y más aún a 2000, fecha de inicio de actividades. Esta situación actualizó el supuesto normativo contenido en el artículo 23 del entonces reglamento vigente para la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, el cual prevé la posibilidad de que la autoridad (entiéndase Instituto Nacional de Ecología en aquel momento) modifique o revoque las autorizaciones otorgadas en caso de presentarse causas supervivientes de desequilibrio ecológico.

5. Como fue acreditado por la recurrente, mediante la presentación del estudio ecológico formulado por el doctor, Francisco Flores; especialista en el manejo de humedales y ecosistemas costeros, las características ambientales del manglar de la zona del proyecto, presentan un estado de conservación óptimo para la continuidad de sus procesos biológicos. Situación ésta que actualiza la posibilidad de modificación del contenido de las autorizaciones de impacto ambiental otorgadas al Fonatur en 1991 y 1992 y prorrogadas en 1997, ya que al encontrarse en condiciones óptimas la vegetación de sitio y más aún, al surgir legislación ambiental ad hoc que otorga protección especial a dichas especies florísticas, las condiciones que propiciaron la autorización del proyecto en referencia, se deben entender como diferentes, por lo que la modificación/revocación de las autorizaciones era procedente como se actualizó en la especie.

6. El Instituto Nacional de Ecología, en la resolución definitiva al recurso de revisión No. DOO.P.1000293 determina sobreseer el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Celina Izquierdo Sánchez, en virtud de que se actualizar el supuesto normativo consistente en la falta de objeto y materia del acto que se impugnó y en la cesación de los efectos del mismo. Siendo esto así en función de la modificación que la misma autoridad acordó en torno a las autorizaciones de 1991, 1992 y 1997 (prórroga)

7. En sustitución de las resoluciones antes mencionadas otorgadas al Fonatur, el propio instituto acordó emitir una nueva que considerara, entre otras cosas, la causas supervenientes de desequilibrio ecológico y su mitigación; una superficie de conservación de las especies florísticas protegidas de mangle y otro tipo de medidas (condicionantes adicionales) sobre aspectos que en el proyecto no habían sido previstas en las autorizaciones anteriores; tales aspectos son: el campo de golf, la marina para yates, así como la infraestructura turística y urbana.

8. No obstante lo anterior, el Instituto Nacional de Ecología mediante la resolución administrativa No. DOO.DGOEIA.06692, que sustituye a las de 1991, 1992 y 1997 y otorga la facultad al Fonatur de ejecutar, conjuntamente con los inversionistas del grupo Athlón, S.A. de C.V., permite la realización del proyecto y condiciona su desarrollo, sin realizar una evaluación del impacto ambiental que considerara, en lo integral, la viabilidad ecológica del proyecto, partiendo del cambio de las condiciones ambientales y legales, así como la viabilidad y alcance de las nuevas medidas de mitigación adoptadas.

Lo anterior es así, en virtud de que en la nueva resolución de impacto ambiental se observa que el Instituto Nacional de Ecología requiere al Fonatur la presentación de diversos estudios, proyectos ejecutivos y documentación que permita al propio instituto evaluar el impacto ambiental significativo de las obras y trabajos pretendidos por los inversionistas (resolutivo tercero de la autorización.

De acuerdo a la naturaleza preventiva del instrumento de política ambiental denominado "evaluación de impacto ambiental", se debe pensar que la manifestación de los impactos declarada por el responsable y conocida por la autoridad con antelación a cualquier inicio de obras con la finalidad y objetivo lógico de que el instrumento de política ambiental utilizado cumpla su misión de prever, los impactos ambientales significativos adversos y proponer así, en la medida de lo posible, las medidas de mitigación necesarias para atenuar el daño previsto. Situación anterior, que en caso tuvo un curso contrario ya que, como se desprende de la propia autorización, ya que Instituto Nacional de Ecología permitió desde luego el reinicio y continuación de los trabajos de preparación del sitio y desmonte de la vegetación, sin conocer los proyectos ejecutivos y estudios ecológicos adicionales que soporten la viabilidad ecológica de las obras autorizadas inherentes, al campo de golf y marina para yates.

Aún más, aquella circunstancia puede representar el riesgo de no resultar favorables los estudios o la evaluación hecha por la autoridad en un momento posterior en que el desmonte de vegetación y perturbación de otras especies se haya efectuado en el sitio de las obras o actividades mencionadas hubieren resultado no favorables o inviables desde un punto de vista ambiental y del desarrollo sustentable; por así considerarlo la autoridad cuando evalúe los proyectos ejecutivos y estudios ecológicos adicionales que en su momento presente el Fonatur o los inversionistas del proyecto.

9. Finalmente, hay que señalar que paralelamente al procedimiento referido consistente en el recurso de revisión, la misma ciudadana Celina Izquierdo Sánchez interpuso en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una denuncia popular por considerar, principalmente, que los responsables de la realización de proyecto incumplían diversas condicionantes de las impuestas en las resoluciones de 1991, 1992 y 1997.

En virtud de lo anterior, durante el procedimiento, esa Procuraduría dio por satisfechas las condicionantes de impacto ambiental que no estaban cumplidas por parte del Fonatur, lo cual refleja una deficiente verificación del cumplimiento de tales disposiciones.

10. Finalmente y en virtud de la facultad evaluatoria de esta representación popular contenida en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el oficio del titular del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de mayo de 2000, en el cual se hace hincapié en relación de colaboración entre el Ejecutivo y el honorable Congreso de la Unión.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dictamina, nos permitimos someter al pleno de esta Cámara de Diputados consideración de pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se solicite al Instituto Nacional de Ecología y/o a la nueva subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se revise a fondo la resolución administrativa................................... No. DOO.DGOEIA.06692, de fecha 10 de noviembre de 2000 a efecto de que se considere la posibilidad de suspender sus efectos en tantos se presenten los proyectos ejecutivos y demás estudios ecológicos adicionales que permitan prevenir y mitigar debidamente los impactos ambientales significativos adversos, previo a la continuidad de las actividades y de un posible daño innecesario en la zona.

Segundo. Se solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una inspección y verificación del cumplimiento de las condicionantes impuestas al Fonatur mediante la resolución administrativa ................................. No. DOO.DGOEIA.06692, de fecha 10 de noviembre de 2000 a efecto de que se acredite su apego a los términos de la autorización y en caso contrario, hacer uso de las sanciones administrativas procedentes.

Tercero. Se establece un plazo de 30 días naturales para que el Ejecutivo Federal dé cumplimiento a lo solicitado en el presente dictamen y lo informe a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sala de comisiones, Palacio Legislativo, San Lázaro, México D. F., a 2 de octubre de 2001.— Diputados: Diego Cobo Terrazas, presidente; Gustavo Lugo Espinoza, Miguel Angel Gutiérrez Machado, Jesús Garibay García, Jesús de la Rosa Godoy, secretarios, Francisco Arano Montero, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Raúl Gracia Guzmán, Juan Carlos Pallares Bueno, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Sánchez, Juan Carlos Sáinz Lozano, Vitalico Cándido Coheto Martínez, José Manuel Díaz Medina, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sáinz, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Albino Mendieta Cuapio, José Jacobo Nazar Morales, Héctor Pineda Velázquez, Jaime Rodríguez López, Raúl Efrén Sicilia Salgado, Librado Treviño Guitérrez, Julio César Vidal Pérez, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortolini Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, José María Tejeda Vázquez y Rafael Ramírez Agama.»

La Presidenta:

Señora Secretaria, entiendo que firman los diputados integrantes de la Comisión de Ambiente, ¿es correcto?

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

Sí.

La Presidenta:

Gracías diputada.

En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo. Se abre el registro de oradores.

En virtud de que no hay registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos.

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

5005,5006,5007

La secretaria Martha Silvia Sánchez González:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.

ESTADO DE QUINTANA ROO

La Presidenta:

La Secretaría dará lectura al dictamen con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo Federal para que declare área natural protegida a la zona conocida como XcacelXcacelito, bajo la categoría del santuario de tortuga marina en el Estado de Quintana Roo.

Exclusivamente los resolutivos.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondiente a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su análisis y dictamen, el día 15 Agosto de 2001, la proposición con punto de acuerdo relativo a una región del Estado de Quintana Roo, denominada XcacelXcacelito, presentada por el diputado Bernardo de la Garza Herrera del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consistente en:

"Que se exhorte al Poder Ejecutivo Federal, para que con fundamento y como lo establece el Capítulo I del Título Segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico, decrete area natural protegida como santuario de tortuga marina la zona de Xcacel Xcacelito en el Estado de Quintana Roo y además se solicite al Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del Estado de Quintana Roo para que investiguen el proceso y funcionarios federales y estatales que intervinieron en el procedimiento administrativo para la construcción de un desarrollo turístico en Xcacel Xcacelito, Quintana Roo, y de ser procedente se finquen responsabilidades a quien corresponda."

Esta comisión con fundamento en el artículo 39, incisos e, f, y g numeral 6, del artículo 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 9 de noviembre de 2000 la diputada María Cristina Moctezuma Lule, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, presentó al pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo para que se revise la situación legal ambiental del proyecto de desarrollo turístico sustentable XcacelXcacelito que pretende llevarse a cabo en el municipio Solidaridad, Quintana Roo.

2. El 10 de noviembre el Instituto Nacional de Ecología, autoridad competente en ese momento para autorizar la evaluación de impacto ambiental concede a través de oficio DOO: DGOEIA.06692 la autorización condicionada para la realización de un proyecto turístico con la cual se otorgó a favor de los inversionistas Galapazul, S.A. de C.V.; Mogan Promociones, S.A. de C.V.; Corporación Hispano Mexicana, S.A. de C.V.; Grupo GA Sol, S.A. de C.V.; Aldeas de la Costa Maya, S.A. de C.V., la resolución favorable y condicionada en materia de impacto ambiental que permite la ejecución de obras de construcción y desarrollo del proyecto turístico referido.

3. Con fecha 18 y 19 de noviembre de 2000 integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaron una gira de trabajo al municipio de Solidaridad en donde tuvieron entrevistas con diferentes sectores de la sociedad civil, autoridades, sector académico, partidos políticos, colegio de biólogos, grupos de tortugueros, asociación de oceanógrafos, lo mismo que con los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente , Recursos Naturales y Pesca y del Instituto Nacional de Ecología, responsable de la autorización del proyecto. Durante esta gira se realizó una visita al área de XcacelXcacelito, con objeto de verificar las condiciones en que actualmente se encuentra y las características tanto vegetales como faunísticas del mismo.

4. Los días 5, 6 y 7 de abril de 2001, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó un foro de consulta pública sobre "desarrollo y medio ambiente", en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con objeto de conocer la problemática ambiental del Estado y con amplia participación social.

5. El 11 de abril de 2001 mediante oficio 00153, la presidencia del Instituto Nacional de Ecología declaró la nulidad parcial de la autorización DOO. DGOEIA06692, en función de que la autoridad competente no había realizado de manera adecuada la consulta pública.

6. El día 6 de julio del año 2001, la comisión asistió a la consulta publica organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el municipio de Solidaridad en el Estado de Quintana Roo, para conocer la opinión de los diversos grupos involucrados en la temática de XcacelXcacelito, donde el diputado Juan Carlos Pallares Bueno, presentó la ponencia a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a las playas de XcacelXcacelito.

7. El 9 de agosto de 2001 la Secretaría a través de la dirección de riesgo e impacto ambiental declaró improcedente el proyecto hotelero en la zona de XcacelXcacelito.

8. El día 15 agosto de 2001 el diputado Bernardo de la Garza Herrera a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó en sesión ordinaria de la Comisión Permanente el punto de acuerdo motivo del presente dictamen.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

CONSIDERACIONES

1. México firmó su adhesión a la Convención Interamiericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas en 1996, ratificando en 1998 este instrumento internacional en cuyos objetivos se encuentra el de la implementación de legislación internacional para la protección de los hábitats donde ocurran estas especies.

2. La Carta Nacional Pesquera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto del año 2000 por el Instituto Nacional de la Pesca, dependiente de la entonces, Semarnap la define claramente en su apartado sobre especies marinas prioritarias sujetas a protección y conservación, para el caso de la tortuga cattuama (caretta caretta) el mayor impacto en la disminución de individuos de esta especie se ha debido a la reducción del área de anidación por desarrollos turísticos y urbanos, así como a la captura incidental, como matanza de hembras y saqueo de huevos, cuestión que en nuestro país no se ha terminado. Asimismo, dentro de las recomendaciones de dicha carta se sugiere adoptar medidas adicionales para la protección de las playas de anidación, para prevenir los impactos causados por desarrollos turísticos y urbanos. Tanto para caguama como para la tortuga blanca (chelonia mydas), son precisamente las playas aledañas a Xcacel e Xcacel mismo, las que se señalan como las más importantes a lo largo de la costa quintanarroense, teniendo el mayor número de anidaciones por año. Sin embargo, la gráfica de anidación en Quintana Roo en los últimos 15 años para la tortuga caguama demuestra un ligero descenso de 1993 a 1999 que es el último año registrado, por lo que resulta conveniente reforzar las medidas de protección de esta especie.

3. Que existe un decreto de Declaración de Area Natural Protegida Estatal del 21 de febrero de 1998 bajo la categoría de "zona sujeta a conservación ecológica", Santuario de la Tortuga Marina.

4. Que según lo reporta el Programa de Manejo del Area Natural Protegida "zona sujeta a conservación ecológica" Santuario de la Tortuga Marina, XcacelXcacelito y la visita efectuada in situ, el santuario presenta las siguientes características:

Las playas se encuentran en buen estado de conservación, en donde la dinámica de formación y evolución es bastante notable, obedeciendo a procesos que de manera natural inciden en forma cíclica desde la formación de bermas, acumulación de arena de un sitio a otro, erosión completa de la playa y la renovación del material a través de la sedimentación con formas acumulativas típicas, considerado como un proceso geodinámico costero típico de una línea de costa en equilibrio.

En las ensenadas de XcacelXcacelito se detecta la acumulación de residuos sólidos predominando en Xcacel los de origen orgánico en forma de algas, pasto marino y chapopote, el cual ha sido observado formando manchas en el cuerpo de las tortugas marina, así como en la zona arrecifal.

Se encuentran cinco diferentes tipos de vegetación correspondientes a duna costera, matorral costero, manglar, selva baja subcaducifolia y vegetación secundaria. La vegetación representativa de litoral es la de duna costera, dominando las especies de riñonina (ipomoea pescaprae), la margarita de mar (ambrosia hispida), el pantzil (suriana maritima), la uva de playa (coccoloba uvifera) y sikimay (toumefortia gnapholodes) y el lirio de playa (crinum americanum).

En el área terrestre se localizan especies protegidas de acuerdo con la NOM059ECOL1994 que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su protección, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1994.

El 90.4% (327.4 has) de su superficie total está conformada por el ambiente marino, en el que existen formaciones arrecifales en toda el área, las más desarrolladas se localizan en la punta norte (Chemuyil) y en la punta sur (XelHa). Su característica principal es que no forman una barrera continua, lo que permite el fácil acceso de las tortugas hacia la zona de playa.

El área marina del santuario está considerada como una importante zona de crianza, protección y alimentación de un total de 102 especies de peces arrecifales pertenecientes a 53 géneros y 33 familias, con predominancia de organismos juveniles, principalmente de las familias pomacentridae, libridae y acanthuridae, asimismo, se han identificado tres especies de peces de la familia chaetodontidae: chaetodon capistratus, chaetodon ocellatus y chaetodon striatus, los cuales son importantes como indicadores de la buena condición de un sistema arrecifal.

De acuerdo a los análisis taxonómicos bentónicos del área natural protegida, se determinó un total de 14 grupos. El más abundante fue el de los poliquetos, que constituyó el 46.3% de la abundancia total; el segundo grupo más abundante fue el de los sipunculidos, los cuales representaron el 14.5% del total; los gasterópodos ocuparon el tercer grupo de mayor abundancia con 13.6%; los branchyura e isópodos ocuparon el cuarto y quinto lugar en abundancia, representando el 9.4% y el 4.8% respectivamente del total del bentos de Xcacel Xcacelito. Otros grupos presentes, pero de menor frecuencia, son los anomura, ophiuroidea, stomatopoda y Anfipodos.

Se ha registrado una alta riqueza de las poblaciones de bentos en el área marina, identificándose 14 grupos taxonómicos, siendo los más abundantes y los de mayor diversidad de especies en la zona arrecifal de XcacelXcacelito: los poliquetos, sipunculida, gasterópodos, branchyura e isópodos. Existen seis phyllum, siete clases, tres órdenes, uno suborden, tres secciones, 32 familias, 51 géneros y 55 especies.

5. Que de acuerdo con lo establecido en el Estudio Ecológico Especial de Geología y Geohidrología de XcacelXcacelito, presentado para realizar el proyecto hotelero, existen seis cuerpos de agua y cenotes en el predio: aguada Xcacel, ojo de agua Sa’Yabil, cenote Cavernilla, cenote Gemelos Mayores, cenote Xcacel y un cuerpo superficial rojo. De igual forma, debe de señalarse la presencia de las poliemergencias existentes en la porción central del frente de playa del predio en la zona rocosa localizada en la punta norte de la bahía de Xcacelito, generadas por el afloramiento de agua salobre proveniente del continente como consecuencia de una serie de fracturas y fallas con rumbo NE 20°60° SO. Asimismo, al otro lado de la carretera federal 307, fuera del área del predio, se han identificado seis cenotes más: ChemuyiI, Xunaan Há, caverna Xunaan Há, Caverna, Chemuyil 1 y Chemuyil 2. Los anteriores, presentan una clara alineación noroestesureste.

6. Que los artículos 44 y 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta ley y los demás ordenamientos aplicables, así como que tienen por objeto, entre otros:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas;

II. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos;

III. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

IV. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional y

V. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

5008,5009,5010

7. Que el artículo 55 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que los santuarios son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas y que en dichas áreas sólo se permitirán actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área.

8. Con relación al segundo punto del dictamen hay que tomar en cuenta que en ese momento, la dirección general de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental el día 10 de noviembre autorizó en franca contravención de las disposiciones legales un proyecto turístico. Del análisis puntual del procedimiento, se considera que, aunque se realizó una consulta pública, con fundamento en el artículo 34 de la ley, los resultados obtenidos de la misma y de la reunión pública de información, son en su mayoría contrarios a los términos y condicionantes adoptados por la autoridad en el resolutivo DOO.DGOEIA. 06676. Como se puede entender de la lectura e interpretación del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las observaciones y propuestas formuladas por los interesados y asistentes a la reunión pública de información no son de alguna manera vinculantes para la autoridad evaluadora, cumpliendo ésta con el sólo hecho de consignar en la propia resolución, los resultados del análisis efectuado por la misma autoridad a las propuestas y observaciones formuladas por escrito. Es decir, mediante la evaluación en torno a la viabilidad de lo propuesto por la comunidad asistente, es que la autoridad debe fundar y motivar la inclusión o no de las observaciones de los interesados dentro de la reunión de información y consulta pública. Situación que sólo realizada de esta forma, cumple con lo establecido en la exposición de motivos de la reforma practicada a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el 13 de diciembre de 1996, la cual, en el apartado "Participación Social e Información Ambiental" (segundo párrafo), dispone:

"Destaca también la inclusión de nuevos procedimientos para la participación en materia de impacto ambiental y de ordenamiento ecológico del territorio, tal y como ha quedado descrito en los apartados correspondientes. La ampliación de los derechos de la ciudadanía frente a la autoridad ambiental, tanto en los procesos de toma de decisiones como en el acceso a la información, es una condición indispensable para otorgar transparencia y legitimidad a la gestión ambiental..."

Con base en los resultados derivados de la reunión pública de información y en general, de la totalidad del proceso de consulta pública y evaluación del impacto ambiental del proyecto, es de concluirse que la resolución emitida por la autoridad ambiental no legitima su atribución legalmente dada en la conducción y aplicación de la gestión ambiental, ya que en el proceso de decisión se manifestó, fundamentó y documentó, por parte de la comunidad civil y científica consultada, la oposición y los riesgos del proyecto, situación que mediante el uso inadecuado de las facultades discrecionales otorgadas por la ley, desconoció la dirección general de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental.

9. Referido en antecedentes durante la consulta pública llevada a cabo por los integrantes de esta comisión, tanto durante su visita al área en el mes de noviembre pasado, como durante el foro de consulta pública sobre Desarrollo y Medio Ambiente, realizado en el municipio de Benito Juárez los días 5, 6 y 7 de abril del presente año, arrojaron opiniones contrarias a la realización de proyecto, debido tanto a los aspectos biológicos, como a los aspectos sociales, en donde la población se queja de una marginación cada vez mayor y falta de participación en el sector turístico, así como el aumento en la población debido a la migración interna producida por los desarrollos turísticos mal regulados.

Durante dicha consulta pública quedó de manifiesto el empobrecimiento de la población local a expensas del crecimiento de los megadesarrollos de capital extranjero, en donde la población local es empleada como mano de obra no calificada con salarios bajos y marginación tanto económica como social.

10. Asimismo, de la revisión de los términos y condicionantes de la autorización otorgada para la realización del proyecto en estudio, concretamente el término primero y la condicionante uno y dos, se desprende que previo al conocimiento de los impactos ambientales significativos adversos que causarían las actividades y obras del proyecto autorizado, la dirección general de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental resolvió permitir la construcción de obras accesorias al hotel Meliá Paradisus, cuando éste no fue autorizado sino hasta la presentación de un estudio de mecánica de suelos que reflejara la viabilidad del mismo. Situación ésta totalmente ilógica y contraria a los principios del procedimiento de evaluación del impacto ambiental que suponen una manifestación de impacto y medidas de mitigación del mismo, previa a cualquier autorización de obras y actividades.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que declare área natural protegida la zona conocida como XcacelXcacelito, bajo la categoría de santuario de tortuga marina en el Estado de Quintana Roo, que abarca desde lo que es el actual santuario estatal de tortuga marina que comprende desde la playa hasta la carretera federal al poniente; que colinda al norte con Chemuyil y al sur con XelHa, incluyendo la zona correspondiente a la unidad de gestión T9, correspondiente a los predios de XcacelXcacelito con 164.51 hectáreas, ubicado entre los kilómetros 245 y 247 de la carretera federal ChetumalPuerto Juárez.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del Estado de Quintana Roo para que investiguen tanto el proceso y a funcionarios federales y estatales que intervinieron en el procedimiento administrativo que autorizó la construcción de un desarrollo turístico en XcacelXcacelito, en Quintana Roo y de ser procedente se finquen responsabilidades a quien corresponda.

Sala de comisiones del Palacio Legislativo.— San Lázaro, México D.F., a 22 de noviembre de 2001.— Diego Cobo Terrezas, presidente; Jesús de la Rosa Godoy, Gustavo Lugo Espinoza, Miguel Angel Gutiérrez Machado y Jesús Garibay García, secretarios; Francisco Arano Montero, Silvano Aureoles Conejo, Miguel Bortolini Castillo, Rómulo Garza Martínez, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, José Manuel Díaz Medina, Sergio García Sepúlveda, Rómulo Garza Martínez, Raúl Gracia Guzmán, José María Guillén Torres, Pedro Manterola Sáinz, Albino Mendieta Cuapio, José Jacobo Nazar Morales, Juan Carlos Pallares Bueno, Héctor Pineda Velázquez, Ramón Ponce Contreras, Rafael Ramírez Agama, Rafael Ramírez Sánchez, Jaime Rodríguez López, Juan Carlos Sáenz Lozano, Raúl Efrén Sicilia Salgado, José María Tejeda Vázquez, Miguel Angel Torrijos Mendoza, Librado Treviño Gutiérrez y Julio César Vidal Pérez.»

La Presidenta:

En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo.

Se abre el registro de oradores.

No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos.

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

La Presidenta:

Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL
AHORRO BANCARIO

La Presidenta:

El siguiente capítulo del orden del día, es el relativo a excitativas.

Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, para presentar una excitativa a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Con su permiso, señora Presidenta:

Con fundamento en el artículo 21, honorable Asamblea, vengo a presentar una excitativa con base en el artículo 21 fracción XVI y 87 y demás relativas del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Junta de Gobierno del IPAB dé respuesta a los cuestionamientos planteados en el punto de acuerdo relativo al desarrollo del IPAB, presentado el día 25 de octubre de este año, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Con fecha 25 de octubre del presente año, el diputado César Augusto Santiago Ramírez, presentó a la consideración del pleno, un punto de acuerdo por el que se solicita a la mesa directiva que dirija a la mayor brevedad posible a la Junta de Gobierno del IPAB, un cuestionario para que contestaran una serie de preguntas, en relación con el desarrollo del IPAB.

En total son seis preguntas con varios incisos, que no leeré, pues son bastante las preguntas y ya las conocen además sobradamente ustedes.

Segunda. A esta propuesta se sumó el diputado David Augusto Sotelo Rosas, así como el suscrito, quienes propusimos además tres preguntas más.

Tercera. El IPAB debió contestar en los 10 días siguientes al que se le formularon las preguntas por la mesa directiva, debiendo responder en forma escrita para descartar evasivas como en las comparecencias donde el director general ejecutivo del IPAB, siempre da vueltas, vueltas y vueltas y nunca contesta lo que se le pregunta.

4o. A más de un mes de presentado el punto de acuerdo, la Junta de Gobierno del IPAB no ha remitido a esta soberanía ninguna información relacionada con el punto de acuerdo.

Por ello, considerando que es de vital importancia que la información requerida a la Junta de Gobierno del IPAB sea remitida a esta soberanía de manera urgente y con datos veraces para que podamos realizar nuestra función legislativa y cumplamos así con el compromiso que tenemos con la patria, los cuestionamientos planteados no representan una carga para la institución, ya que es información que ellos conocen al detalle y que es además manejada cotidianamente; representan además las inquietudes de cualquiera de los ciudadanos de nuestro país, sobre todo porque somos los ciudadanos mismos los que hemos estado pagando ese enorme adeudo.

A grandes rasgos algunas preguntas son las siguientes:

¿Es más funcional el IPAB que su antecesor, el Fobaproa? y no han podido responder; ¿quiénes integran su nómina y cuáles son sus percepciones? y no han podido responder; ¿cuál es la situación real de sus vocales en relación con los conflictos de intereses que ha denunciado el Procurador Fiscal de la Federación? y no la han podido responder; ¿quién o quiénes han sido los responsables directos de la autorización de las operaciones del instituto? No la han podido responder; ¿cuántos años va a tardar nuestro país en solventar este gigantesco adeudo? No la han podido responder.

Estas son sólo algunas de las preguntas, pero también son algunas de las irregularidades más evidentes del desempeño del IPAB. Estas preguntas son la evidencia fehaciente de la necesidad imperiosa de conocer el contenido de las respuestas del IPAB, por lo que no es necesario emitir razonamientos más profundos o señalar cifras que avalen su trascendencia.

Se ha evidenciado la poca transparencia con que ha trabajado tanto el IPAB como su antecesor el Fobaproa. Estos hechos de corrupción no deberían opacar a una institución encargada de asegurar la solvencia del sistema económico mexicano.

Esas respuestas no sólo las reclama esta soberanía, las reclama todo el país. No necesitamos que nos manden grandes disquetes o casetes que muchas veces vienen trampeados o borrados, como ya nos los hicieron llegar en una ocasión. Necesitamos que nos manden respuestas concretas, precisas y oportunas.

5011,5012,5013

Queremos y exigimos respuestas claras, queremos y exigimos respuestas precisas, serias y objetivas.

Estamos en espera del informe que se rinda para que este Congreso, ustedes, compañeras y compañeros diputados, determinen cuáles son las decisiones que debemos de tomar.

Debe quedar muy claro que con este informe que se rinda, este Congreso determinará cuáles son las sumas que se deben destinar a su partida, pero debemos dejar muy claro que no se debe de autorizar ni un peso más mientras el IPAB y la transparencia de rendición de cuentas siga bajo sospecha y mientras el costo fiscal del recate bancario no disminuya.

Es necesario y urgente que el IPAB le responda a la mesa directiva y es necesario y urgente que la Comisión de Vigilancia de esta Cámara, le exija a la Junta de Gobierno del IPAB dé respuesta; es más, respetuosamente, señora Presidenta, leeré una de las facultades más importantes que tiene la mesa directiva y con la que podemos exigirle al IPAB que dé respuesta:

El artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior, señala que las comisiones por medio de su Presidente, podrán pedir a cualesquiera: archivos y oficinas de la nación, todas las informaciones y copias de documentos que estimen convenientes para el despacho de los negocios y esas constancias le serán proporcionadas siempre que el asunto al que se refiera, no sea de los que deben conservarse en secreto, en la inteligencia de que la lenidad o negativa a proporcionar dichas copias en plazos pertinentes, autorizará a las mencionadas comisiones para dirigirse oficialmente en queja al Presidente de la República.

Estas consideraciones que he expuesto son suficientes, entonces para exigir a la Junta de Gobierno del IPAB que envíe a esta soberanía, por conducto de la mesa directiva o de la misma Comisión de Vigilancia las respuestas a los cuestionamientos planteados en el punto de acuerdo que ya señalé, los cuales no pueden seguir aplazándose.

Quiero reconocer que el presidente de la Comisión de Vigilancia y el diputado Juan Carlos Ramírez Marín han estado insistiendo en que se nos otorguen las respuestas correspondientes. Es más, el diputado José Antonio Magallanes, del PRD, ha insistido reiteradamente, pero el IPAB no hace caso, no le importa y no quiere responder.

Por lo tanto, se formula la siguiente excitativa para el efecto de que la Presidencia de la mesa directiva requiere enérgicamente y con base en el artículo 89 del Reglamento del Gobierno Interior las respuestas al IPAB y podamos darle un seguimiento más preciso y más veraz a lo que nos informen.

Muchas gracias, señora Presidenta.

«Excitativa para exigirle a la junta de gobierno del IPAB que sean contestadas las preguntas en relación al desarrollo del IPAB a cargo del diputado Manuel del Río Virgen de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional.

Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Distinguidos legisladores: el abajo firmante diputado de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21 fracción xvi, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar una excitativa para que se requiera de manera urgente; a la Junta de Gobierno del IPAB, de respuesta a los cuestionamientos planteados en el punto de acuerdo relativo al desarrollo del IPAB presentado el día 25 de octubre de 2001, bajo las siguientes consideraciones

Antecedentes

Primero. Con fecha 25 de octubre del presente año, el diputado César Augusto Santiago Ramírez presentó a la consideración del pleno un punto de acuerdo por el que solicita a la mesa directiva se dirija a la mayor brevedad posible a la Junta de Gobierno del IPAB para solicitarle que sean contestadas las preguntas en relación al desarrollo del IPAB: que en total son seis con varios incisos y que no reúne pues, ya los conocen sobradamente ustedes.

1. ¿Cómo puede el IPAB demostrar que su operación es más útil, más eficaz y conveniente para el pueblo de México, que la realizada por el Fobaproa, que la sociedad entera repudió? En ese sentido, explique el IPAB lo siguiente: ¿cuál es el porcentaje promedio en los años 2000 y 2001, en las ventas o cesión a terceros, de cartera realizada por el IPAB frente a los promedios de recuperación de la cartera de créditos obtenido en el año de 1998? ¿Cuáles son las enmiendas o modificaciones que el IPAB ha realizado a los contratos de compraventa de cartera que realizaron del Fobaproa ejemplificando en los contratos o en su caso en los anexos a los mismos, las nuevas operaciones o las modificaciones más sustantivas?

En caso de que esto no haya sido posible realizarlo, es necesario señalar las causas y motivos por los cuales no se han sustituido los contratos originales que el Fobaproa firmó con los bancos.

De todas maneras se hubiera rescatado aunque no se hubiera quedado el instituto, si no es así, explicar las razones.

2. ¿A cuánto asciende la nómina y el personal del IPAB?

a) ¿Cuánto ganan y cuáles son las prestaciones a que tienen derecho los vocales independientes y el Secretario Ejecutivo?

b) ¿Cuánto ha invertido en gastos de publicidad respecto del propio gasto corriente del instituto y por ejemplo a cuánto ascienden los gastos que se puedan imputar al proceso de venta de Bancrecer?

c) En una comparación con el gasto corriente del Fobaproa, ¿a cuánto ascienden los ahorros respecto de su antecesor en la función de protección al ahorro y, en su caso; a cuánto ascendería el ahorro en materia de administración y venta de los bienes objeto del saneamiento financiero?

3. Por la salud del IPAB y por la necesidad evidente de que sus operaciones están investidas de autoridad moral, es prudente de una vez por todas, explicar al Congreso de la Unión la situación real de los cuatro vocales que integran la Junta de Gobierno del instituto, en materia de posibles conflictos de interés, independientemente de los estudios que viene realizando la Secodadm.

Es evidente que si alguno de ellos fue comisario o tuvieron intervenciones de cualquier naturaleza en las cuestiones bancarias y financieras de los últimos años, que pueden provocar suspicacias en función de su responsabilidad actual, éste es el tiempo de aclararlas y evitar que los diputados tengan que recurrir a una diversidad de instancias para encontrar evidencias que directamente el IPAB pueda proporcionar para tranquilidad de todos y en aras de la transparencia que debe prevalecer en las operaciones que realiza dicho instituto.

Personalmente no formulo ningún señalamiento y menos acusación a nadie. No tengo el gusto de conocer a ninguno de los vocales del IPAB, pero creo que es muy prudente que las cuestiones que hemos leído u oído algunas se han publicado y otras se repiten insistentemente, pueden ser aclaradas por el IPAB de una vez por todas. A ese respecto conviene preguntar: ¿es cierto que algunos de los vocales, al día de su designación, continuaban siendo comisarios, administradores, funcionarios o accionistas de bancos? En todo caso:

a) ¿De cuáles y hasta cuándo de ello fue debida y

oportunamente informado el instituto?

b) ¿En cuáles, en caso de ser cierto, existieron relaciones de negocios o profesionales de uno o algunos de los vocales con las administraciones de los bancos que han sido o están siendo sujetos de saneamiento financiero o en todo caso se ha procedido a su liquidación, venta o fusión?

c) ¿Quién fungió como responsable administrador y restaurador de créditos del banco Santander, al que se dice, le compraron 23 mil millones de pesos en créditos? ¿Ya se intercambió el pagaré de esa Institución en los términos de Ley de Protección al Ahorro Bancario?

d) La casa de bolsa Bursamex, representó un enorme quebranto financiero, ¿quiénes fueron sus administradores en el momento en que se determinó el quebranto de la Institución?

e) ¿Cuál es el estado financiero real del llamado Banco del Sureste y su proceso de integración al grupo financiero?

f) ¿Cómo fue adquirido el Banco del Sureste en su origen?

g) En todo caso, ¿cuánto se ha recuperado de las pérdidas causadas en Bursamex, después de casi tres años de que el IPAB es titular? Es obvio que ya se pudo explicar: que pasó, que está pasando y que va a pasar en relación con el Banco del Sureste.

h) Sobre ese mismo teman la operación de venta del Banco del Sureste a Bital ¿Permitió recuperar el quebranto o a cuánto asciende el quebranto que tiene registrado el IPAB derivado de esta operación?

i) Si es cierto que alguno de los vocales fungió de comisario en Banca Unión, Cremi, Obrero, Bancrecer, Banorte, ¿a cuánto asciende el costo de las pérdidas de cada uno de los bancos registrados a la fecha y en cuánto se estima que podrían llegar a ser una vez liquidados o vendidos a terceros?

j) ¿Algunos de los consejeros realizó operaciones de administración o compra de cartera al Fobaproa a través de empresas que él dirigía o fue parte del consejo de administración de bancos rescatados una y otra vez?

4. En relación con las operaciones que han motivado grandes debates y recurrentes críticas, es urgente que el IPAB presente al Congreso de la Unión criterios y opiniones concretas que eviten discrecionalidad y determinaciones casuísticas. En ese sentido conviene preguntar:

a) Creo que es conveniente establecer que en toda operación exitosa, sostenida o respaldada en esquemas que involucran recursos públicos no deberían gozar de beneficios fiscales.

Pensando en la recuperación de créditos de Banamex incorporados al programa de capitalización por alrededor de 37 mil millones de pesos, es conveniente que el IPAB documente el avance en la recuperación de dichos créditos y emita su opinión al respecto de la afirmación inicial de esta pregunta.

b) Conforme al inciso d el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, se debieron establecer incentivos para que los deudores realicen un pronto pago, así como mecanismos para que se indujera el pago por parte de los grandes deudores.

Es importante entonces que el instituto explique cuáles son los incentivos, instrumentos y esquemas implementados por el IPAB y cuáles son los resultados que arrojan estos esquemas a la fecha. En todo caso, si no se han instrumentado, es necesario señalar las causas que lo motivan.

c) Como dice la ley en materia, es conveniente que el IPAB explique ¿Qué ha hecho para promover la actividad crediticia del país? Al respecto el instituto debería de explicar como ha cuidado al tenor del último párrafo del mismo artículo transitorio, para que durante la vigencia de las garantías las instituciones cuenten con un nivel de capitalización adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país y en el mismo sentido.

d) ¿A cuánto asciende el monto de créditos rechazados y devueltos a la banca y cuánto representa el porcentaje del total de la cartera sujeta al programa de capitalización?

5. En cuanto al futuro. Es evidente que los pasivos del IPAB son verdaderamente monstruosos.

Con el modelo seguido hasta la fecha ¿Cuántos años tardaría el pueblo de México, según sus cálculos, los montos presupuestales que obtiene y las operaciones que realiza, así como los costos financieros que tiene para solventar este monumental adeudo? ¿Pueden con toda franqueza explicar si hay o no ventajas en que la deuda del IPAB siga como está o se, convierta en deuda pública directa? Si hay ventajas, además del menor costo financiero que implica la mejor calificación de riesgo de la deuda pública ¿Por qué no se ha promovido y explicado antes? Y si no las hay ¿Por qué de una vez no se enfrenta y se finiquita el asunto? ¿Qué cantidad de dinero proponen ustedes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002? y ¿Qué se conseguiría con esa propuesta? En todo caso ¿Se esperaría que la deuda total se reduzca en términos reales?

Los montos que se han recuperado a través de cobranza y venta de bienes aplicados a la deuda del IPAB, ¿han servido para pagar intereses y parte del capital de los adeudos del instituto? o ¿Sólo han servido parcialmente para cubrir el costo financiero de su pasivo? La explicación de montos y prospectiva es altamente importante.

6. Con la idea de proponer reformas atendiendo a la experiencia internacional y después de los viajes que han realizado diversos funcionarios del IPAB para conocer estos esquemas, según dice la prensa, ¿estiman recomendarle todavía que la función de ventas o realizaciones derivadas del rescate bancario derivado de la crisis financiera del año 1995 se haga en forma independiente a la función del servicio público de la protección al ahorro?

No es acertado que con base en la experiencia internacional, ¿se debería separar al IPAB en dos entidades distintas que sea consecuente con el perfil profesional y operativo que hoy están conjugadas en el IPAB? Las respuestas oportunas y precisas permitirán iniciar dos vías paralelas:

Una, un proyecto de reforma y adiciones a la Ley de Protección del Ahorro Bancario y

Dos, en su caso promover la constitución de una comisión de la Cámara de Diputados a las operaciones del IPAB y que después le dé puntual seguimiento a las conclusiones y preguntas que en su oportunidad planteó la comisión para investigar el funcionamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que fue rendido al pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 31 de julio de 2000. Diputado, César Augusto Santiago.

5014,5015,5016

Segundo. A esta propuesta se sumó el diputado David Augusto Sotelo Rosas, así como el suscrito, quienes propusimos diversas interrogantes.

Tercero. El IPAB debió contestar en los 10 días siguientes a que se le formularon las preguntas por la mesa directiva, debiendo responder en forma escrita, para descartar evasivas como en las comparecencias, del director general ejecutivo del IPAB.

Cuarto. A más de un mes de presentado el punto de acuerdo, la junta de gobierno del IPAB, no ha remitido a esta soberanía, ninguna información relacionada con el punto de acuerdo.

CONSIDERANDOS

Es de vital importancia que la información requerida a la junta de gobierno del IPAB sea remitida a esta soberanía de manera urgente y con datos veraces, para que podamos realizar nuestra función legislativa y cumplamos así con la patria.

Los cuestionamientos planteados no representan una carga para la institución, ya que es información que conocen al detalle y que es manejada cotidianamente.

Representan además, las inquietudes de cualquiera de los ciudadanos de nuestro país, sobre todo, porque somos los ciudadanos mismos los, que hemos estado pagando este enorme adeudo.

A grandes rasgos, algunas de ellas son:

• ¿Es más funcional el IPAB que su antecesor el Fobaproa?

• ¿Quiénes integran su nómina y cuales son sus percepciones?

• ¿Cuál es la situación real de sus vocales en relación con los conflictos de intereses?

• ¿Quién o quiénes han sido los responsables directos de la autorización de las operaciones del instituto?

• ¿Cuantos años más va a tardar nuestro país en solventar este gigantesco adeudo?

Estas son las irregularidades más evidentes del desempeño de este instituto.

Estas preguntas son la evidencia fehaciente de la necesidad imperiosa de conocer el contenido de las respuestas del IPAB, por lo que no es necesario, emitir razonamientos más profundos o, señalar cifras que avalen su trascendencia.

Se ha evidenciado la poca transparencia con que ha trabajado, tanto el IPAB, como su antecesor. Estos hechos de corrupción no deberían opacar a una institución encargada de asegurar la solvencia del sistema económico mexicano.

Esas respuestas no sólo las reclama esta Cámara, sino todo el país.

No necesitamos que se nos hagan señalamientos a medias o manipulados, exigimos respuestas claras, precisas, serias y objetivas.

Requerimos que se nos informe la verdad en su totalidad y por eso es que se cuestiona a quienes verdaderamente, saben, lo que nosotros necesitamos como respuesta.

Estamos en espera del informe que se rinda para que este Congreso determine cuales son las sumas que se deben destinar a su partida, pero debemos dejar muy claro que no se debe autorizar ni un peso más, mientras en el IPAB la transparencia y rendición de cuentas siga bajo sospecha y mientras el costo fiscal del rescate bancario no diminuya.

Es necesario y urgente que la mesa directiva de esta Cámara exija enérgicamente a la junta de gobierno del IPAB, para que responda a los cuestionamientos formulados por esta soberanía, y que las instituciones recuperen así, la credibilidad y confianza perdidas.

Le ruego a la Secretaría haga uso de sus facultades y con base en el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior, que le solicito respetuosamente se lean.

Estas consideraciones son suficientes para exigir a la junta de gobierno del IPAB que envié a esta soberanía por conducto de la mesa directiva, las respuestas a los cuestionamientos planteados en el punto de acuerdo, los cuales no pueden seguir, aunque debo reconocer que el diputado Jorge Carlos Ramírez, ha estado insistiendo en que el IPAB responda; por lo anterior, se formula la siguiente excitativa para que:

Unico. La Presidencia de la mesa directiva requiera enérgicamente a la junta de gobierno del IPAB, para que responda a los cuestionamientos planteados y esclarezca el alcance y contenido de cada uno de ellos de manera veraz e inmediata.

Palacio Legislativo, a 29 de noviembre de 2001.— Diputado José Manuel del Río V., Partido de Convergencia por la Democracia.»

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para que emita el dictamen correspondiente.

SECTOR ELECTRICO

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social, para presentar una excitativa a la Comisión de Energía.

La diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez:

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:

«La suscrita diputada, integrante de la representación política del Partido Alianza Social y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía la presente excitativa, con base en los siguientes

Antecedentes

1. El pasado 9 de octubre del año en curso fue aplazada la comparecencia del titular de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ante esta soberanía, representada por las comisiones designadas para tal propósito.

2. El 21 de marzo del año 2000 es publicado en el Diario Oficial de la Federación el estatuto orgánico de Luz y Fuerza del Centro, el cual es ilegal, inválido e ilegítimo por violar preceptos constitucionales.

3. Con lo anterior se violan derechos laborales y colectivos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, afectando con ello a una plantilla de alrededor de 35 mil trabajadores activos y 14 mil 300 jubilados.

4. El citado estatuto no sólo viola flagrantemente nuestra Carta Magna sino a leyes en la materia, con lo cual se impone la pérdida de alrededor de 20 mil puestos de trabajo y la pérdida de derechos y prestaciones para 14 mil 300 jubilados, repercutiendo en el servicio a 5 millones de usuarios.

5. Se han interpuesto, por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, diversos amparos ante la autoridad correspondiente en contra del mencionado estatuto, al igual que el Congreso de la Unión interpuso en su momento el recurso de controversia constitucional por reformas al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica promovidas por el Ejecutivo Federal.

6. Si bien la iniciativa de apertura al sector energético, proyectos petroleros y electricidad, aún no se discuten en el Congreso de la Unión, la imposición de medidas injustas a una sociedad por parte de un gobierno, únicamente da lugar al retroceso de la primera y al desprecio del segundo.

La desigualdad y la exclusión existente en las sociedades de hoy sólo da lugar a una heterogeneidad social aguda, en donde la distancia entre ricos y pobres es cada vez no sólo mayor, sino más indignante.

Así, para hablar de pactos sociales se debe impulsar primero la igualdad entre ciudadanos, pero una igualdad en todos sentidos y principalmente en lo relativo a que todos tengan la posibilidad real y tangible de mejorar sus condiciones de vida.

La economía de bienestar supone una relación entre el progreso económico de las sociedades y el nivel ético y moral que representen los responsables del ejercicio político.

Mientras el desarrollo social, político y económico sea un privilegio de un porcentaje mínimo de la sociedad, el Estado estará nuevamente faltando a su principal propósito, que es el de dar bienestar a todos los habitantes de la nación.

Es innegable que únicamente cuando existe una auténtica democracia, entendiendo a ésta como una constante movilización colectiva, se mejora el bienestar de la población a causa de una eficiencia económica.

6.1. El poder evaluará las políticas públicas para determinar si contribuyen o no al desarrollo económico de la nación, con base en si perjudica o beneficia la vida de las personas, es un derecho que debe darse toda sociedad dando así a cada ciudadano y entidad pública la oportunidad de asumir sus responsabilidades.

El denunciar las injusticias es un derecho inalienable de toda sociedades en donde la libertad de pensamiento y expresión supone el derecho a escuchar y ser escuchado.

La responsabilidad social de las empresas y de su administración, implica una humanización de la economía. Toda empresa debe ser sensible a las demandas tanto de la sociedad como de sus trabajadores, evitando la explotación económica con base en las prácticas del mercado libre y las leyes vigentes en la materia y por el contrario buscar que sus servicios contribuyan al bienestar social, así como a dar lugar a la ética en su relación con la planta laboral.

El derecho al trabajo es un derecho económico y social que debe sustentarse en el respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas.

Es deseable que toda empresa reintegre a la sociedad misma parte de los beneficios obtenidos por sus servicios, con lo cual el beneficio por el beneficio, es sustituido por la acción social.

6.2. Es innegable la importancia que tienen los sindicatos en cuanto a su participación tanto en los cambios a las leyes laborales como a las decisiones gubernamentales en el ámbito social y económico.

La igualdad de oportunidades laborales para todas las personas implica crear las condiciones para dar lugar a una remuneración justa y un trabajo honesto.

Cualquier persona que pretenda hablar de justicia a los demás, debe ser él mismo justo a los ojos de los demás. Por ello, cuando las sociedades asumen como propios los valores que son realmente favorables para la impartición de justicia, a todos por igual, evitan con ello ser manipuladas por toda fuerza política y construir ellas mismas su futuro próximo.

Las autoridades gubernamentales no deben y no pueden omitir su responsabilidad por la situación de inestabilidad que se manifiesta en el país.

No es posible seguir fingiendo normalidad ante la actual situación social, política y económica. Por ello es necesaria una coparticipación real entre Estado y sociedad en la búsqueda de un proyecto nacional de desarrollo.

Los sindicatos, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, sin duda influyen en la sociedad y el poder, sea cual sea éste, al defender los derechos de las mayorías, con el fin de dar lugar a un desarrollo económico nacional justo.

Todo sindicato es garantía de orden nacional por su proximidad e identificación tanto material como espiritual con las masas al formar parte de estas.

Al aspirar a la justicia, implica seguridad en nuestros actos, en nuestras metas, convencimiento de nuestros ideales y la voluntad de llevarlos de las ideas a la práctica concreta, tal y como históricamente los sindicatos lo han demostrado.

Ante un gobierno que no escucha razones, hace falta un colectivo crítico lo suficientemente firme para lograr que las políticas públicas sean concebidas con una tendencia al bien común. Tal colectivo es el sindicato. Por ello es sin duda una estructura básica en toda sociedad.

A pesar de que los recursos restringidos a los que está sujeta la Compañía de Luz y Fuerza del Centro den como opción la apertura a la inversión extranjera para garantizar el abasto del fluido eléctrico en el país.

Es un hecho que México no es libre de escoger a sus socios comerciales en este sector, debido a la gran cantidad de compromisos políticos que a pesar de la tan mencionada transición lo encadenan a la Unión Americana, en donde al parecer los intereses norteamericanos están por encima de los intereses nacionales, lo cual lo manifiesta valerosamente el Sindicato Mexicano de Electricistas ante la oposición nacional a la privatización del sector eléctrico nacional.

5017,5018,5019

Toda decisión del Gobierno debe ser producto de una autocrítica y convicción propia y no resultado de una situación perjudicial insostenible e incontrolable, pero es necesario tomar en cuenta que no es lo mismo cargo, autoridad y poder y cuando las dos últimas no existen, la primera de nada sirve.

Fracasos, esperanzas perdidas, promesas postergadas, traiciones, el violar la ley. Todo esto es lo que prometió evitar el nuevo Gobierno, lo cual no ha sido demostrado en los hechos y del cual somos testigos y víctimas. La voluntad de cambiar las cosas para bien y la vocación de poder sirven para tomar decisiones y el Sindicato Mexicano de Electricistas es un ejemplo de ello al tomar la decisión de defender sus derechos y los derechos de todos los mexicanos.

El paquete de reformas del sector eléctrico implica cambios constitucionales y en leyes secundarias para dar lugar a una apertura a la inversión privada en la generación, distribución y comercialización de la electricidad, violando con ello el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Un sector estratégico como el eléctrico no debe legislarse irresponsablemente. En este sentido el dar lugar a cambios en nuestra Carta Magna no es aceptado por un gran sector de la sociedad. La ley se cumple en todo momento y no es aceptable su modificación cuando ésta responda a intereses ajenos a los nacionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es formulada la presente excitativa para que:

Unico. La Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados solicite a las comisiones correspondientes que procedan a dictaminar la proposición aludida y citen a comparecer a los titulares de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad para explicar el estado que guarda su administración, los planes futuros con relación a la misma y la situación legal de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, debido a la publicación del estatuto orgánico de Luz y Fuerza del Centro.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada Lorenzo Juárez.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Energía para que emita el dictamen correspondiente.

ESTADO DE HIDALGO

La Presidenta:

Pasando al apartado de proposiciones, el primer punto agendado por el Partido Verde Ecologista, se retira del orden del día y se concede la palabra al diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el actual proceso electoral en el Estado de Hidalgo, hasta por 10 minutos.

El diputado Jaime Cervantes Rivera:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

En el Estado de Hidalgo el 17 de febrero del año 2002 se realizarán elecciones para la renovación de la legislatura del Estado. En consecuencia y con base en lo que establecen las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos y de la legislación federal, los partidos políticos nacionales del Trabajo y de la Revolución Democrática acordaron concurrir a dicha elección en la modalidad de la coalición.

Cada uno de estos partidos, con base en el procedimiento previsto en sus documentos básicos, específicamente en sus estatutos, aprobó la participación en la elección en la modalidad antes descrita. Para lograr tal propósito y en acatamiento a lo que se establece en la legislación electoral, los partidos políticos nacionales procedieron a elaborar el convenio de coalición para ser sometidos a la aprobación del consejo general del Instituto Estatal Electoral de esa entidad. No obstante que en el convenio y anexos correspondientes se establece con claridad que quienes lo suscriben están plenamente legitimados para hacerlo, las autoridades locales electorales rechazaron reconocer la voluntad de las partes para participar en el proceso electoral bajo esta modalidad.

La actitud parcial, tendenciosa y supeditada a la voluntad del Ejecutivo estatal por parte del consejero presidente y los consejeros electorales de dicho órgano, nos demuestra claramente que en el Estado de Hidalgo estamos muy lejos de dar cumplimiento a lo previsto en los incisos b y c de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución General de la República, que establece claramente cuáles son los principios rectores a que deben sujetarse los órganos electorales de los estados.

Nos llama la atención que el presidente del Instituto Estatal Electoral en una reunión haya aceptado que fue una propuesta del gobernador del Estado para dirigir ese instituto. Indudablemente en el Estado de Hidalgo los caciques locales pretenden radicar un conflicto como el vivido en este año en el Estado de Yucatán. El temor del gobernador y su partido a perder la mayoría absoluta en la legislatura del Estado, los hacen asumir estas conductas antidemocráticas, tomando como instrumento para lograr sus fines al órgano electoral que por definición legal debe de ser imparcial.

No obstante la conducta asumida por la autoridad electoral, el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática interpusieron el recurso de revocación el 30 de noviembre, recurso que es resuelto el 3 de diciembre, en cuyo resolutivo se decide confirmar la resolución de fecha del 28 de noviembre de los corrientes.

Compañeras y compañeros diputados: este tipo de conductas facciosas por parte del órgano electoral del Estado de Hidalgo, nos demuestra que únicamente son personeros del Ejecutivo del Estado y que actúan por consigna, no importando la razón legal que las partes aleguen para justificar sus pretensiones.

Este tipo de conductas poco abonan en la consolidación del régimen democrático en el Estado de Hidalgo, ya que quien debe actuar como organizador y árbitro del proceso electoral, se asume como parte del mismo e instrumento del gobernador y cacique del Estado, para hacer nulatorio el derecho de asociación que los partidos políticos tienen.

«En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al consejo general del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, a que sujete su actuación a los principios rectores de la función electoral prevista en los incisos b y c de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por las disposiciones aplicables de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la legislación electoral local.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2001.— Los diputados del grupo parlamentario; y un servidor, José Narro Céspedes, Rosalía Peredo Aguilar, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos, Juan Carlos Regis Adame y Jaime Cervantes Rivera.»

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese la proposición a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Habiéndose agotado el tiempo que fue acordado por los grupos parlamentarios para el desarrollo de esta sesión, se dejan los asuntos no desahogados para la próxima agenda y se pide a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 11 de diciembre de 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.

De los congresos de los estados de Durango, Nuevo León, Sonora y Yucatán.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado de Mayor Aéreo Jesús Andrés Delgado Morán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de comendador que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Martín Camarena de Obeso, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Dos, de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Manuel González Díaz, Brenda Helena Green Huerta y Lidia Mariana Ortiz Zamudio, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 15:46 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 11 de diciembre, a las 10:00 horas.

5020,5021,5022

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 7 minutos.

• Quorum a la apertura de sesión: 271 diputados.

• Asistencia al cierre de registro: 467 diputados.

• Diputado que solicita licencia: 1.

• Diputado suplente que se incorpora: 1.

• Excitativas a comisiones: 2.

• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

• Proposiciones de punto de acuerdo: 1.

• Oradores en tribuna: 20.

PRI–4; PAN–6; PRD–4; PVEM–2; PT–2; PAS–1; CDPPN–1.

Se recibió:

• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Asuntos Indígenas;

• 1 oficio del Director General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles;

• 1 iniciativa del Congreso del Estado de Campeche;

• 1 iniciativa del Ejecutivo;

• 1 iniciativa de diputados del PRI, PRD, PT y CDPPN;

• 2 iniciativas del PRI;

• 4 iniciativas del PAN;

• 2 iniciativas del PRD;

• 1 iniciativa del PVEM;

• 1 iniciativa del PT.

Dictámenes aprobados:

• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Forestal;

• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Vida Silvestre;

• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la proposición presentada el 7 de noviembre de 2000, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato conforme a la normatividad vigente, para combatir la contaminación en la cuenca del río Papaloapan, provocada por diversas fábricas de papel en los estados de Veracruz y Oaxaca;

• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la proposición presentada el 10 de octubre de 2000, con puntos de acuerdo relativos a las irregularidades en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto turístico náutico, puerto Cancún;

• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de proposición presentada el 15 de agosto de 2001, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo Federal para que declare área natural protegida la zona conocida como XcacelXcacelito, bajo la categoría de santuario de tortuga marina, en Quintana Roo.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)

Diputado	Tema
• Cervantes Rivera, Jaime (PT)	Estado de Hidalgo, presenta proposición con punto de acuerdo sobre el proceso electoral a realizarse en dicha entidad el próximo 17 de febrero de 2002.
• Cobo Terrazas, Diego (PVEM)	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma dicha ley.
• Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN)	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, solicita excitativa a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en relación con una proposición con punto de acuerdo sobre el IPAB, presentada el 25 de octubre de 2001.
• Garibay García, Jesús (PRD)	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma dicha ley.
• Garibay García, Jesús (PRD)	Ley General de Vida Silvestre, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la mencionada ley. A nombre de la comisión fundamenta el dictamen.
• Garza Martínez, Rómulo (PAN)	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma dicha ley. Fundamenta el dictamen y propone una modificación, a nombre de la comisión.
• Lorenzo Juárez, Beatriz Patricia (PAS)	Sector Eléctrico, solicita excitativa a la Comisión de Energía, en relación a la comparecencia de los titulares de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad.
• Lozano y Pardinas, José Tomás (PAN)	Ley de Aguas Nacionales, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos: 20, 21, 26, 38, 39 y 44 de dicha ley, respecto a preservar o facilitar la recarga de la fuente de suministro así como lograr mecanismos de reciprocidad que sustenten un uso responsable y sustentable del agua.
• Lugo Espinoza, Gustavo (PRI)	Ley Forestal, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de dicha ley. A nombre de la comisión, fundamenta el dictamen.
• Medellín Milán, José Manuel (PRI)	Ley de los Organismos y las Actividades de la Industria Petrolera Estatal, presenta iniciativa con proyecto de dicha ley.
• Moreno Bastida, Ricardo (PRD)	Caminos y Puentes Concesionados, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y el artículo 217 de la Ley Federal de Derechos.
• Narro Céspedes, José (PT)	EducaciónSalud, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 3o. y el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a destinar respectivamente al menos el 8% del Producto Interno Bruto en el gasto de los sistemas educativo y de salud.
• Ocampo Velázquez, Rodolfo Guadalupe (PAN)	Acceso a la información, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 214 del Código Penal Federal
• Padrés Elías, Guillermo (PAN)	Donaciones, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones y adiciona un capítulo de donaciones, a la Ley Aduanera, y reforma los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respecto a los bienes que donan gobiernos, jefes de Estado y entidades extranjeras, destinados a fines culturales, de enseñanza, investigación, de salud pública y de servicio social.
• Preciado Cuevas, Roberto (PRI)	Ley de Coordinación Fiscal, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o.-A de dicha ley, respecto a la fórmula de distribución de las participaciones en materia de comercio exterior a los municipios colindantes con la frontera o litorales por donde entran o salen mercancías de importación y exportación.
• Prieto Fuhrken, Julieta (PVEM)	Protección del medio ambiente, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículo: 6o, 119, 130, 131 y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto a la participación de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, en la protección del medio ambiente.
• Sáinz Lozano, Juan Carlos (PAN)	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma dicha ley.
• Sánchez Lira, María de los Ángeles (PRD)	Violencia Familiar, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
• Sicilia Salgado, Raúl Efrén (PRI)	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, segunda lectura a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma dicha ley.
• Torres Origel, Ricardo (PAN)	Ley del Impuesto Sobre la Renta, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 103 y un artículo transitorio a dicha ley, respecto a las operaciones de enajenación de bienes inmuebles realizadas por personas físicas.

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

Banamex	Banco Nacional de México, Sociedad Anónima
Bancrecer	Banco de Crédito y Crecimiento, Sociedad Anónima
Banorte	Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima
Conacyt	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
D.F.	Distrito Federal
Fobaproa	Fondo Bancario de Protección al Ahorro
Fonatur	Fondo Nacional de Fomento al Turismo
ICA	Indice de Calidad del Agua
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
IPAB	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
km	Kilómetro
MN	Moneda Nacional
Pemex	Petróleos Mexicanos
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Profepa	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
S.A. de C.V.	Sociedad Anónima de Capital Variable
Secodadm	Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Semarnap	Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
SEP	Secretaría de Educación Pública
SIDA	Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
SNC	Sociedad Nacional de Crédito
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México

ASISTENCIA	Pag. 4871
ORDEN DEL DIA	4871
ACTA DE LA SESION ANTERIOR	4875
COMISIONES LEGISLATIVAS	4879
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Asuntos Indígenas. De enterado.	4879
DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA	4880
Comunicación de la diputada Fanny Arellanes Cervantes, con la que solicita licencia para separarse del cargo de diputada federal electa por la segunda circunscripción plurinominal, hasta el 31 de diciembre de 2001. Se aprueban los puntos de acuerdo respectivos. Llámese al suplente.	4880
INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES	4880
Oficio del Director General de dicho Instituto, con el que remite el informe semestral de labores. De enterado y remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para su conocimiento.	4880
LEY DE COORDINACION FISCAL	4903
Iniciativa del Congreso del Estado de Campeche, con proyecto de decreto que reforma los artículos: 2o., 25 y 45 de dicha ley, respecto al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.	4903
CIENCIA Y TECNOLOGIA	4905
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa del Ejecutivo Federal por la que se expide la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se reforma y adiciona la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.	4905
LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION	4919
La Secretaría da lectura a una iniciativa de diputados del PRI, PRD, PT y CDPPN, con proyecto de dicha ley. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.	4919
LEY DE COORDINACION FISCAL (II)	4929
El diputado Roberto Preciado Cuevas presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o.-A de dicha ley, respecto a la fórmula de distribución de las participaciones en materia de comercio exterior a los municipios colindantes con la frontera o litorales por donde entran o salen mercancías de importación y exportación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.	4929
LEY DE AGUAS NACIONALES	4931
El diputado José Tomás Lozano y Pardinas presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos: 20, 21, 26, 38, 39 y 44 de dicha ley, respecto a preservar o facilitar la recarga de la fuente de suministro, así como lograr mecanismos de reciprocidad que sustenten un uso responsable y sustentable del agua. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.	4931
CAMINOS Y PUENTES CONCESIONADOS	4933
El diputado Ricardo Moreno Bastida presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y el artículo 217 de la Ley Federal de Derechos. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público.	4933
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	4935
La diputada Julieta Prieto Fuhrken presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículo: 6o, 119, 130, 131 y 146 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto a la participación de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, en la protección del medio ambiente. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	4935
EDUCACION-SALUD	4938
El diputado José Narro Céspedes presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 3o. y el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a destinar respectivamente al menos el 8% del Producto Interno Bruto en el gasto de los sistemas educativo y de salud. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.	4938
ASISTENCIA (II)	4941
DONACIONES	4941
El diputado Guillermo Padrés Elías presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones y adiciona un capítulo de donaciones, a la Ley Aduanera, y reforma los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respecto a los bienes que donan gobiernos, jefes de Estado y entidades extranjeras, destinados a fines culturales, de enseñanza, investigación, salud pública y de servicio social. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.	4941
VIOLENCIA FAMILIAR	4944
La diputada María de los Angeles Sánchez Lira presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Civil para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.	4944
ACCESO A LA INFORMACION	4949
El diputado Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 214 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.	4949
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4952
El diputado Ricardo Torres Origel presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 103 y un artículo transitorio a dicha ley, respecto a las operaciones de enajenación de bienes inmuebles realizadas por personas físicas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.	4952
LEY DE LOS ORGANISMOS Y LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA ESTATAL	4956
El diputado José Manuel Medellín Milán presenta iniciativa con proyecto de dicha ley. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.	4956
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE	4975
Segunda lectura a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma dicha ley.	4975
Fundamenta el dictamen y propone una modificación, a nombre de la comisión, el diputado Rómulo Garza Martínez.	4983
Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:	4984
Diego Cobo Terrazas	4984
J. Jesús Garibay García	4986
Juan Carlos Sáinz Lozano	4986
Raúl Efrén Sicilia Salgado	4988
Suficientemente discutido el dictamen, es aprobado con la modificación propuesta. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.	4989
DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA	4989
La Presidenta designa comisión que acompañe al ciudadano Francisco Luis Treviño Cabello, electo como diputado federal suplente en la segunda circunscripción plurinominal, para rendir su protesta de ley como diputado en funciones.	4989
LEY FORESTAL	4990
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de dicha ley. Es de segunda lectura.	4990
A nombre de la Comisión, fundamenta el dictamen el diputado Gustavo Lugo Espinoza.	4993
Sin discusión es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.	4994
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE	4995
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la mencionada ley. Es de segunda lectura.	4995
A nombre de la comisión para fundamentar el dictamen, se concede la palabra al diputado J. Jesús Garibay García.	4998
Sin discusión es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.	5000
RIO PAPALOAPAN	5000
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la proposición presentada el 7 de noviembre de 2000, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato conforme a la normatividad vigente, para combatir la contaminación en la cuenca del río Papaloapan, provocada por diversas fábricas de papel en los estados de Veracruz y Oaxaca.	5000
Sin discusión es aprobado. Comuníquese.	5003
CANCUN, QUINTANA ROO	5003
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la proposición presentada el 10 de octubre de 2000, con puntos de acuerdo relativos a las irregularidades en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del Proyecto Turístico Náutico, puerto Cancún.	5003
Sin discusión se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.	5008
ESTADO DE QUINTANA ROO	5008
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de proposición presentada el 15 de agosto de 2001, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo Federal para que declare área natural protegida la zona conocida como Xcacel-Xcacelito, bajo la categoría de santuario de tortuga marina, en dicha entidad.	5008
Sin discusión se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.	5012
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO	5013
El diputado José Manuel del Río Virgen, solicita excitativa a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en relación con una proposición con punto de acuerdo sobre el IPAB, presentada el 25 de octubre de 2001. La Presidenta formula la excitativa correspondiente.	5013
SECTOR ELECTRICO	5018
La diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, solicita excitativa a la Comisión de Energía, en relación a la comparecencia de los titulares de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad. La Presidenta hace la excitativa correspondiente.	5018
ESTADO DE HIDALGO	5020
El diputado Jaime Cervantes Rivera presenta proposición con punto de acuerdo sobre el proceso electoral a realizarse en dicha entidad el próximo 17 de febrero de 2002. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.	5020
ORDEN DEL DIA	5022
De la próxima sesión.	5022
CLAUSURA Y CITATORIO	5022
RESUMEN DE TRABAJOS	5023
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION	5025