Presidencia
del diputado
Eloy Cantú Segovia
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del
conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que existen
registrados previamente 262 diputados.
Por lo tanto, hay quorum.
ORDEN DEL
DIA
El Presidente (a las 10:39 horas):
Se abre la sesión.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se va a dar lectura al orden del día
que está pulicada en la Gaceta Parlamentaria.
«Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 20 de marzo de 2002.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del diputado Jesús Mario Garza
Guevara.
De la Junta de Coordinación Política.
Del diputado Jaime Martínez Veloz.
Del Congreso del Estado de Tabasco.
De la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, II Legislatura.
Oficio de la Camara de Senadores
Por el que comunica el inicio del segundo
periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, que
funcionará del 15 de marzo al 30 de abril de 2002.
Iniciativa del Congreso del Estado de
Jalisco
Que reforma el artículo 70 de la Ley
Agraria. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas a diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del
Poder Legislativo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
De reformas a diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento al
Poder Legislativo, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 39 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Que reforma la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Manuel del Río
Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del
Poder Judicial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Que deroga el artículo decimosexto
transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002,
a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 42 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del
Poder Ejecutivo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento a
organismos constitucionales autónomos, a cargo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación
ciudadana, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de federalismo y
fortalecimiento municipal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de
la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Excitativas
A las comisiones de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Desarrollo Social, a
cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Junta de Coordinación Política, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para que se establezca
la veda del borrego cimarrón, en el Estado de Baja California, a cargo del diputado
Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo relativo a los
Derechos Humanos en México y la procuración e impartición de Justicia, a cargo del
diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
Instituto Mexicano del Seguro Social, en Baja California y el municipio de Playas de
Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo contra la
intervención policiaca en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja
California, Campus Tijuana, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a un
pacto contra el crimen organizado y la delincuencia en el país, a cargo del diputado
Jaime Martínez Veloz. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la
Secretaría de Turismo informe de la petición hecha por la Comisión de Turismo en julio
de 2001, en relación a diversos ayuntamientos del Estado de Jalisco y que consiste en la
integración de una misma zona del Pacífico mexicano, como destino Vallarta y que se
determine como zona turistica, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato en contra de la tala inmoderada
de los bosques en el Estado de México, a cargo del diputado Felipe Velasco Monroy, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al
problema de la alta fructosa, a cargo del diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se actúe
conforme a derecho en la elección en el municipio de Benito Juárez, en el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. (Turno a comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar la
comparencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que
explique y en su caso corrija la inadecuada e ilegal aplicación contraria a los textos
aprobados por el Poder Legislativo Federal de diversos impuestos establecidos en la Ley
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión).
Con punto de acuerdo para que se solicite
al Ejecutivo Federal y al Senado de la República se resuelva la problemática que afecta
al delta del río Colorado, a cargo del diputado Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar que el
Congreso de la Unión interponga una controversia constitucional contra el Ejecutivo
Federal, por la disminución de subsidios en las tarifas eléctricas, a cargo del diputado
Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre el problema
agrario en el municipio de Santa María Ocotán, a cargo del diputado José Manuel Díaz
Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la
Procuraduría General de la República, que ejerza la facultad de atracción en el caso
del homicidio del abogado Mario César Escobedo Anaya, ocurrido en el Estado de Chihuahua,
a cargo del diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar al
Ejecutivo Federal el establecimiento de tarifas eléctricas preferenciales para los
pueblos indígenas del país, a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para impulsar la
comercialización de las artesanías mexicanas, a cargo de la diputada Celia Martínez
Bárcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar la
intervención de las autoridades federales competentes para resolver el problema cañero
en el Estado de Veracruz, a cargo del diputado Sergio Vaca Betancourt, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios del diputado Domingo
Humberto Mayans Canabal, sobre su reciente incorporación al grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la decisión del Tribunal
Estatal Electoral de Quintana Roo, de anular la elección del municipio de Benito Juárez,
a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comentarios en torno a don Benito Juárez,
a cargo del diputado Melitón Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la visita del Secretario
General de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo del diputado Augusto Gómez
Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la situación de los
municipios en el Estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Efemérides
Sobre el natalicio de Benito Juárez
García, a cargo de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la
Cámara de Diputados..
Sobre el Día de la Forestación, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente:
Gracias, diputada Secretaria.
En virtud de que el acta de la sesión
anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría
a ponerla a discusión y votación de inmediato.
133, 134, 135
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
«Acta de la sesión de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecinueve de marzo de dos mil
dos, correspondiente Al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de San
Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del martes
diecinueve de marzo de dos mil dos, con la asistencia de trescientos ocho diputados, la
Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión
anterior en votación económica.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de
México invita a la ceremonia cívica conmemorativa con motivo del centésimo nonagésimo
sexto aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. Se designa
comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Durango, con acuerdo por el que solicita
modificaciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Apoyo a sus Ahorradores. Se turna a
las comisiones unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito
Público.
Nayarit, con acuerdo por el que se
pronuncia en contra del aumento a las tarifas de energía eléctrica. Se turna a las
comisiones de Energía y de Comercio y Fomento Industrial.
Oaxaca, con acuerdo por el que se adhiere
al acuerdo del Congreso del Estado de Jalisco, en el sentido de solicitar a la Secretaría
de Economía investigue los hechos relativos a la elusión del pago de la cuota
compensatoria a la importación de cerdo vivo para abasto, proveniente de Estados Unidos
de América. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Oaxaca, con acuerdo por el que solicita se
realicen las acciones necesarias para apoyar a los cafeticultores mexicanos. Se turna a la
Comisión de Agricultura y Ganadería y al grupo de trabajo sobre cafeticultura.
Sonora, con la que informa de actividades
propias de su legislatura. De enterado.
Sonora, con acuerdo por el que solicita al
Congreso de la Unión que, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales,
requiera a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro, a efecto de presentar un proyecto de reestructuración que incluya todos los
aspectos estratégicos y operativos de ambas entidades, que permitan el establecimiento de
tarifas eléctricas justas para los usuarios. Se turna a la Comisión de Energía.
Oficio de la Comisión Permanente, con el
que remite el informe de las actividades realizadas durante el primer receso del segundo
año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. De enterado y túrnese a la
Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
Comunicación de la Comisión Permanente
con la que remite el inventario de asuntos reservados para conocimiento de la Cámara de
Diputados. De enterado y túrnense los asuntos respectivos a las comisiones
correspondientes, de conformidad con el inventario anexo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Con el que remite copias de los siguientes
oficios: de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario en relación
con el expediente noventa y cuatro trescientos cuarenta y tres diagonal noventa y seis del
poblado Potrero o Plan de los Amates, de Acapulco, Guerrero, y del secretario técnico de
Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, relativo al tema de la
fructosa, ambos en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.
De enterado y comuníquese.
Seis, con los que solicita los permisos
constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos mexicanos puedan aceptar
y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
Se turnan a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
La Cámara de Senadores remite dos minutas
con proyectos de decreto por los que:
Se reforman los artículos ciento treinta y
cuatro, ciento treinta y seis, ciento treinta y nueve, ciento cuarenta, ciento cuarenta y
uno, ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y tres y se intercambian en su orden la
ubicación de los vigentes artículos ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y seis, de
la Ley Agraria. Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma
Agraria.
Se concede permiso al ciudadano Rodolfo
Waschsman Gombos, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Eslovenia en México,
con circunscripción consular en toda la República. Se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
Oficio del ciudadano Ricardo Franco
Guzmán, con el que solicita permiso para prestar servicios en la Embajada de Finlandia en
México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Presentan iniciativas los diputados:
Lorena Beaurregard de los Santos, del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley General para la Regulación y
Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y Televisión.
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
Se turna a las comisiones de
Gobernación y Seguridad Pública y de Radio, Televisión y Cinematografía, con opinión
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Presidencia anuncia y saluda la
presencia en el recinto del excelentísimo señor Rodrigo Samayoa Rivas, presidente del
Parlamento Centroamericano.
Gumercindo Alvarez Sotelo, del Partido
Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo setenta
y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
José Antonio Arévalo González, del
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo
sesenta y ocho de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Por instrucciones de la Presidenta, a las
once horas con cincuenta y ocho minutos, la Secretaría informa del registro de
cuatrocientos cuarenta y ocho diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de
asistencia y votación.
Desde su curul, el diputado Martí Batres
Guadarrama solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio por el sensible
fallecimiento del señor Luis Fernando García Izaguirre, padre del diputado Ricardo
Francisco García Cervantes. La Presidenta comunica que atenderá la solicitud.
Justino Eduardo Andrade Sánchez, del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo
dos-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, con opinión de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera
de México.
La Presidenta reitera la información del
fallecimiento del licenciado Luis Fernando García lzaguirre, padre del diputado Ricardo
Francisco García Cervantes, designa al diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán para
asistir en representación de la Mesa Directiva a los honores fúnebres y la Asamblea
guarda un minuto de silencio en su memoria.
Gabriela Cuevas Barrón, del Partido
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma las fracciones primera, segunda y
octava del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento del
Federalismo.
Tomás Torres Mercado, del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y
cuatro fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
el artículo diecinueve fracción segunda, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Hablan sobre el aniversario de la
expropiación petrolera los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por
la Democracia Partido Político Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido
Alianza Social; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Rosalía
Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde
Ecologista de México;
Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal
J. Jesús Garibay García, del Partido
de la Revolución Democrática; Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Acción
Nacional y Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional.
Se refieren al aniversario luctuoso de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, los diputados: Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido
Revolucionario Institucional; Fernando Ortiz Arana, del mismo partido a título personal;
Amador Rodríguez Lozano; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la
Revolución Democrática.
Presidencia del diputado
Eric Eber Villanueva Mukul
Y acepta interpelación del diputado
Fernando Ortiz Arana y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución
Democrática.
Hablan sobre el Día del Artesano, los
diputados: Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; Nicasia García Domínguez,
del Partido Verde. Ecologista de México; María Teresa Tapia Bahena, del Partido Acción
Nacional; Luis Gerardo Rubio Valdéz, del Partido Revolucionario Institucional y Rafael
Servín Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ramón León Morales, del
Partido de la Revolución Democrática, solicita excitativa a las comisiones de Puntos
Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con una iniciativa
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y que adiciona un Libro Noveno al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Gregorio Urías
Germán el cuatro de octubre de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa
correspondiente.
Presentan proposiciones con punto de
acuerdo los diputados:
Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido
Acción Nacional, por el que solicita que en el marco de la Conferencia Internacional de
las Naciones Unidas, sobre la financiación para el desarrollo, se exhorte al presidente
Vicente Fox Quesada, abordar en la reunión trilateral prevista con el Presidente de
Estados Unidos de América y el Primer Ministro de Canadá la temática sobre
financiación para el desarrollo propio de la zona de América del Norte, misma que
demanda la ampliación del mandato del Banco de Desarrollo de América del Norte y
solicita trámite de urgente resolución.
La Asamblea considera de urgente
resolución el asunto en votación económica y sin nadie más que haga uso de la palabra,
de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
José Gaudencio Víctor León Castañeda,
del Partido Acción Nacional, para que el municipio de San Martín Texmelucan, se integre
al grupo carretero de gran visión del Estado de Puebla. Se turna a las comisiones de
Comunicaciones y de Transportes.
Celita Trinidad Alamilla Padrón, del
Partido Acción Nacional, para solicitar a la autoridad educativa federal, a que determine
las acciones pertinentes que garanticen las habilidades y actitudes indispensables que
permitan la comprensión efectiva de la lectura para generaciones que se inician en la
escuela primaria. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
En virtud de la visita programada para el
día de hoy del excelentísimo doctor Kofi Annan, secretario general de las Naciones
Unidas, el Presidente levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y nueve
minutos, citando para la de Congreso General el día de hoy a las diecisiete horas con
treinta minutos y a la de Cámara de Diputados el día veinte de marzo de dos mil dos, a
las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
136, 137, 138
El Presidente:
Aprobada el acta.
Entramos al rubro de comunicaciones.
DIPUTADO
QUE SOLICITA LICENCIA
El secretario Adrián Rivera Pérez :
«Escudo.— Partido Acción
Nacional.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El suscrito diputado federal integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la
fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, me dirijo a usted de manera respetuosa para manifestar lo siguiente:
Que por haber recibido la invitación a
participar en el sector agrario del Gobierno Federal, me veo en la necesidad de solicitar
a esta soberanía, los siguientes puntos, a saber:
Primero. Se me conceda licencia por tiempo
indefinido, a partir del día 20 de marzo de 2002, para ausentarme de forma indefinida del
cargo de diputado federal.
Segundo. Llamar a la CP Verónica Sada
Pérez, quien es mi suplente, a fin de que tome posesión del cargo, durante el periodo de
mi ausencia.
Tercero. Se sirva realizar los trámites
necesarios para aprobar lo solicitado.
Sin otro particular por el momento,
agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente.
Atentamente
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
19 de marzo de 2002.— Diputado Jesús Mario Garza Guevara.»
El Presidente:
En consecuencia, ruego a la Secretaría
poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia por
tiempo indefinido al diputado Jesús Mario Garza Guevara para separarse de sus funciones
como diputado federal por la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta
fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobados.
SISTEMA
DE BIBLIOTECAS
El diputado Adrián Rivera Pérez :
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
adjunto al presente el "acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la
Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas".
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D. F., a 18
de marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política relativo a la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas
La Junta de Coordinación Política, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 numeral 1 inciso b, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Que en términos del artículo 134
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de
la Unión cuenta con una Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas integrada por tres
diputados y tres senadores.
Segunda. Que el 30 de abril de 2001, el
pleno de la Cámara de Diputados acordó integrar dicha Comisión Bicamaral con los
diputados Gerardo Sosa Castelán, Juan Alcocer Flores y María de los Angeles Sánchez
Lira.
Tercera. Que la Junta de Coordinación
Política ha considerado oportuno que los trabajos relativos a la Cámara de Diputados en
dicha Comisión Bicamaral sean coordinados por uno de los diputados integrantes.
Expuestas las consideraciones anteriores,
se adopta el siguiente:
ACUERDO
Primero. En los trabajos relativos a
la Cámara de Diputados en la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del honorable
Congreso de la Unión, será presidente el diputado Juan Alcocer Flores.
Segundo. Los recursos, que en lo que
respecta a la Cámara de Diputados requiere dicha Comisión Bicamaral, serán determinados
por la junta de apoyo administrativo.
Tercero. Comuníquese a la Mesa
Directiva y a la Cámara de Senadores para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de febrero de 2002.— Felipe Calderón Hinojosa, presidente
coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez
Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez,
coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobada.
MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA
El secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
adjunto al presente el "acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se
integra un comité conmemorativo para que organice y promueva un programa de actividades
con el fin de celebrar el CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla,
Padre de la Patria".
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 18 de
marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se integra un comité conmemorativo para que organice y promueva un
programa de actividades con el fin de celebrar el CCL aniversario del natalicio de don
Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria. La Junta de Coordinación Política con
fundamento en el numeral 1 inciso c, del artículo 34 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:
139, 140, 141
CONSIDERACIONES
Primero. El día 28 de diciembre de 2000 se
presentó una iniciativa por el diputado Rubén García Farías, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, para crear el comité del CCL aniversario del
natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.
Segundo. El día 25 de abril de 2001 se
aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados crear un comité conmemorativo del CCL
aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, con la participación de los
grupos parlamentarios.
Tercero. La Junta de Coordinación
Política es el órgano facultado para crear el comité conmemorativo del CCL Aniversario
del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.
Por lo antes expuesto se aprueba el
siguiente:
ACUERDO
Primero. Se crea el comité
conmemorativo del CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.
Segundo. Dicho comité estará
integrado por un diputado del grupo parlamentario del PRI, un diputado del grupo
parlamentario del PAN, un diputado del grupo parlamentario del PRD, un diputado del grupo
parlamentario del PVEM y un diputado del grupo parlamentario del PT.
Palacio Legislativo.— San Lázaro,
México, D.F., a 29 de enero de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa,
presidente coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael
Rodríguez Barrera coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; Martí Batres Guadarrama coordinador del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera coordinador
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya
Gutiérrez coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado.
El
secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
adjunto al presente el "acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se
integra el comité conmemorativo del CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y
Costilla".
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, DF, 18 de
marzo de 2002.— Diputado: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se integra el comité conmemorativo del CCL aniversario del natalicio
de don Miguel Hidalgo y Costilla. La Junta de Coordinación Política, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 34 numeral 1 inciso b, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Primera. Que el día 25 de abril de 2001 se
aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados crear un comité conmemorativo del CCL
Aniversario del Natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, con la participación de los
grupos parlamentarios.
Segunda. Que la Junta de Coordinación
Política acordó el pasado 29 de enero del 2002 crear e integrar con un diputado del PRI,
un diputado del PAN, un diputado del PRD, un diputado del PVEM y un diputado del PT el
referido comité.
Expuestas las consideraciones anteriores,
se adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. El comité conmemorativo
del CCL Aniversario del Natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla se integrará con los
siguientes diputados:
1. Diputado Rubén García Farías (PRI).
2. Diputado Fernando Ugalde Cardona (PAN).
3. Diputado Miguel Bortolini Castillo
(PRD).
4. Diputada María Teresa Campoy Ruy
Sánchez (PVEM).
5. Diputado Juan Carlos Regis Adame (PT).
Segundo. Comuníquese a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de febrero de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente
coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez
Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez,
coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobado.
REFORMA
FISCAL
El secretario diputado Adrián Rivera
Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
adjunto al presente el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se
crea un grupo de trabajo plural, encargado de analizar cuestionamientos relativos a la
reforma fiscal".
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, D.F., a 18 de
marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se crea un grupo de trabajo plural, encargado de analizar
cuestionamientos relativos a la reforma fiscal.
La Junta de Coordinación Política, con
fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Que el grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México representado en la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, presentó en sesión celebrada el 9 de enero del año en curso, una
proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión se convoque a un periodo de sesiones extraordinarias, cuyo objeto fuera resolver
los diversos cuestionamientos relacionados con la reforma fiscal aprobada por el Congreso
de la Unión en el pasado periodo de sesiones extraordinarias, misma que fue turnada a la
Junta de Coordinación Política.
Segunda. Que la Junta de Coordinación
Política ha considerado oportuno abordar y analizar los diversos cuestionamientos
vertidos sobre la reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión el pasado periodo
de sesiones extraordinarias.
Expuestas las consideraciones anteriores,
la Junta de Coordinación Política adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. Se crea un grupo de trabajo
plural de la Cámara de Diputados, encargado de dar seguimiento a los diversos
cuestionamientos relacionados con la reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión
el pasado periodo de sesiones extraordinarias. Dicho grupo de trabajo se integrará por
cinco diputados:
• Por el grupo parlamentario del PRI,
diputado Enrique de la Madrid Cordero.
• Por el grupo parlamentario del PAN,
diputado José Manuel Minjares Meneses.
• Por el grupo parlamentario del PRD,
diputada María Miroslava García Suárez.
• Por el grupo parlamentario del PVEM,
diputado Francisco Agundis Arias.
• Por el grupo parlamentario del PT,
diputado José Narro Céspedes.
Segundo. El Presidente de la Junta
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propiciará una reunión de trabajo
con el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con
la finalidad de tratar el tema referido.
Tercero. Los resultados derivados
del análisis y estudio del grupo de trabajo se harán del conocimiento de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, a efecto de que resuelva lo conducente.
Cuarto. Comuníquese a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo.— San
Lázaro a, 29 de enero de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente
coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez
Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez,
coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobada.
UNAM
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
adjunto al presente el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se
designa a los representantes de la Cámara de Diputados ante la Comisión de Enlace con la
Universidad Nacional Autónoma de México".
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislato, México, D.F., a 18 de
marzo de 2002.— Diputado: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente»
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se designa a los representantes de la Cámara de Diputados ante la
Comisión de Enlace con la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Junta de Coordinación Política, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 numeral 1 inciso b, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Que el 11 de octubre de 2001, se
celebró un convenio general de colaboración entre la Cámara de Diputados y la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Segunda. Que de conformidad con la
"cláusula cuarta: de la comisión de enlace", la Cámara de Diputados y la
Universidad Nacional Autónoma de México deben designar a cinco representantes cada una
para integrar dicha comisión de enlace.
Tercera. Que con fecha 26 de noviembre de
2001 y 29 de enero de 2002, el licenciado Armando Labra Manjarrez, secretario técnico de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), envió oficios mediante los cuales
comunicó los nombres de los representantes de la UNAM ante la comisión de enlace y
solicitó la designación respectiva de los representantes de la Cámara de Diputados.
Expuestas las consideraciones anteriores,
se adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. De conformidad con la
cláusula cuarta del convenio general de colaboración celebrado entre la Cámara de
Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el pasado 11 de octubre
de 2001, se designa a los siguientes diputados como integrantes de la comisión de enlace:
1. Diputado Manuel Añorve Baños (PRI).
2. Diputada María Elena Alvarez Bernal
(PAN).
3. Diputado Martí Batres Guadarrama (PRD).
4. Diputada María Cristina Moctezuma Lule
(PVEM).
5. Diputado José Narro Céspedes (PT).
Segundo. Comuníquese a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Tercero. Comuníquese a la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Dado en el Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 26 de febrero de 2002.— Felipe Calderón Hinojosa, presidente
coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez
Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez,
coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
En votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobada.
CAFE
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
adjunto al presente el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se
solicita al Grupo de Trabajo de Cafeticultura, para que presente en la cuarta sesión del
segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII
Legislatura, un informe de los trabajos realizados".
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 18 de
marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
142, 143, 144
Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se solicita al grupo de trabajo de cafeticultura, para que presente
en la cuarta sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de
ejercicio de la LVIIII Legislatura, un informe de los trabajos realizados
La Junta de Coordinación Política, con
fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Que el 6 de junio de 2001, la
Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados la conformación de un grupo de
trabajo para analizar la problemática de la cafeticultura.
Segunda. Que con fecha 27 de diciembre de
2001, el diputado Oscar Alvarado Cook, coordinador del Grupo de Trabajo de Cafeticultura,
presentó ante la Junta de Coordinación Política un oficio mediante el cual se solicita
una prórroga a los trabajos del citado grupo.
Tercera. Que la Junta de Coordinación
Política ha considerado oportuno otorgar una prórroga al grupo de trabajo de
cafeticultura para que presente un informe de las labores realizadas, ante el pleno de la
Cámara de Diputados.
Expuestas las consideraciones anteriores,
se adopta el siguiente
ACUERDO
Unico. Se solicita al Grupo de
Trabajo de Cafeticultura, por conducto de la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura
y Ganadería de esta Cámara, para que en la cuarta sesión del segundo periodo de
sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, presente un
informe de trabajo ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión. Los recursos para su funcionamiento hasta la fecha referida, serán autorizados
por la Junta de Apoyo Administrativo.
Dado en el Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a 29 de enero de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente
coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez
Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez,
coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
En votación económica, se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
El Presidente:
Aprobada.
COMISIONES
LEGISLATIVAS
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a
usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
• Que el diputado Francisco García
Cabeza de Vaca, sustituya al diputado Francisco Guadarrama López, como integrante en la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Palacio Legislativo, México, D.F. 19 de
marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa,
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.—
Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial
saludo y para remitirle la siguiente integración.
Que el diputado Francisco García Cabeza de
Vaca, entra a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios como integrante
en sustitución del diputado Francisco Guadarrama López.
Lo anterior para que se notifique a la
comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero
las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Palacio Legislativo, a 19 de marzo de
2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides.»
El Presidente:
De enterado.
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a
usted, lo modificación en la integración de la siguiente comisión.
• Que el diputado Salvador López
Orduña, sustituya al diputado José María Anaya Ochoa, como integrante de la Comisión
de Vivienda.
Lo anterior para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D. F., a 19
de marzo de 2002.— Diputado: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa,
presidenta de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.—
Presente.
Sirva el presente presentar para enviarle
un cordial saludo y para remitirle la siguiente integración.
El diputado Salvador López Orduña, entra
en sustitución del diputado José María Anaya Ochoa, en la Comisión de Vivienda, como
integrante.
Lo anterior para que se notifique a la
comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero
las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 19 de marzo de
2002.— Diputado: Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones
internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
El Presidente:
De enterado.
DIPUTADO QUE CAMBIA DE GRUPO
PARLAMENTARIO
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Le informo que en mi carácter de
representante popular por la primera circunscripción plurinominal del país, he decidido
renunciar a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y le
solicito que a partir de esta fecha se me considere como diputado independiente para
continuar realizando mis funciones parlamentarias durante la LVIII Legislatura.
Asimismo, con fundamento en el artículo 30
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito los
apoyos que la misma me otorga para desempeñar las atribuciones de la representación
popular a mi cargo.
Agradeciendo de antemano la atención que
sirva prestar a la presente, hago propicia esta ocasión para reiterarle la seguridad de
mi más distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 7
de marzo de 2002.— Diputado Jaime Martínez Veloz.»
El Presidente:
De enterado.
ESTADO
DE TABASCO
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo.— Honorable Congreso del
Estado.— LVII Legislatura.— Tabasco.
Ciudadano Presidente de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
En cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 19, párrafo quinto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 21 del
Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado, nos permitimos hacer de su
conocimiento que con esta fecha, la LVII Legislatura al honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, llevó a cabo la elección de presidente y vicepresidente de
la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos del 15 de febrero al 15 de
marzo, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias, del segundo año de
ejercicio constitucional, resultando electos los diputados: Pedro Palomeque Calzada,
presidente y María Yolanda Cabal Gómez, vicepresidenta.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle
las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero de
2002.— Honorable Congreso del Estado.— Diputados: Ulises Coop Castro,
presidente y Amalin Yabur Elías, secretaria.»
El Presidente:
De enterado.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.— Presente.
Por este conducto, me permito comunicar a
usted que la Mesa Directiva que coordinará los trabajos durante el segundo periodo de
sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 15 al 31 de marzo de
2002, quedó integrada por los siguientes diputados: presidente: Santiago León Aveleyra;
vicepresidentes: Iris Edith Santacruz Fabila, Alejandro Diez Barroso Repizo, Alicia
Téllez Sánchez, Jaime Guerrero Vázquez; secretarios: Camilo Campos López, Carlos Ortiz
Chávez y prosecretarios: Eugenia Flores Hernández y Miguel Medardo González Compean.
Sin otro particular, reitero a usted mi
consideración atenta y distinguida.
Recinto Legislativo, a 14 de marzo de
2002.— Por la Mesa Directiva, diputado Walter Alberto Widmer López,
presidente.»
El Presidente:
De enterado.
145, 146, 147
CAMARA
DE SENADORES
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados.— Presentes.
Para conocimiento de esa honorable
colegisladora, me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, dio inicio
el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII
Legislatura, que funcionará del 15 de marzo al 30 de abril del actual.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 15 de marzo de 2002.—
Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente en funciones.»
El Presidente:
De enterado.
LEY
AGRARIA
El secretario Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
La LVI Legislatura del honorable Congreso
del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 12 de marzo del presente año, aprobó el
acuerdo económico número 497/02 del que le anexo copia para los efectos legales
procedentes, mediante el cual se acordó girar a esa alta representación popular, atento
oficio mediante el cual con fundamento en el artículo 71 fracción III, de la
Constitución General de la República, sea elevada formal iniciativa de decreto para
reformar el artículo 70 de la Ley Agraria, de conformidad al texto que del mismo acuerdo
se desprende.
Por instrucciones de la directiva de esta
honorable soberanía jalisciense hago de su conocimiento lo anterior en vía de
notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las
acciones que se sirva tomar al respecto, las haga del conocimiento de esta
representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco, a 12 de marzo de
2002.— LCTC Leonardo García Camarena, oficial mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del
Congreso.
Ciudadanos diputados: José Guadalupe
Madera Godoy, diputado de la LVI Legislatura del Estado de Jalisco, de conformidad con lo
establecido en el artículo 28 fracción I, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, así como los artículos 85, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Jalisco, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable
representación popular iniciativa de acuerdo económico con carácter de dictamen
mediante el cual se solicita al honorable Congreso de la Unión sea reformado el artículo
70 de la Ley Agraria, misma que formulo con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. El Código Agrario de los Estados Unidos
Mexicanos de 1940 constituye en su artículo 145 la parcela escolar con la finalidad de
que los miembros del núcleo de población tuvieran la oportunidad de un desarrollo
equilibrado entre el campo y la educación. Fue publicado en 1944 el reglamento de la
parcela escolar que postula su concepción y fines; asimismo su artículo 4o. señala que
la escuela asignada es titular de los derechos ejidales que la amparan. En la legislación
agraria vigente se define a la parcela escolar como parcela con destino específico (la
educación), por consiguiente es inalienable, imprescriptible e inembargable, según lo
establecen sus artículos 63 y 64.
2. La parcela escolar es patrimonio de la
escuela pública, por consiguiente del pueblo mexicano, a todos nos corresponde protegerla
y especialmente a la Secretaría de Educación, que es la responsable de estructurar los
mecanismos y programas para prestar y desarrollar el servicio educativo, debiendo
considerarla en ellos. Actualmente la parcela escolar no está cumpliendo con los fines
para los que fue constituida, tan es así que la propia dependencia no la contempla en sus
planes y programas de gobierno.
3. Resulta preocupante que a pesar de que
las escuelas son titulares de los derechos ejidales que amparan la parcela escolar y ante
la equívoca interpretación de los encargados del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (Procede), sus derechos no se están titulando a favor de ellas, propiciando con
ello que desaparezcan del complejo educativo y que en muchos casos concluyan siendo
enajenadas o redestinadas por los actores que la circundan.
4. El quehacer legislativo debe de buscar
el rediseñar la estructura administrativa encargada de operar la parcela escolar,
reorientando los fines que debe alcanzar, con la finalidad de reactivarla como un
verdadero espacio de capacitación agrícola, para iniciar a la juventud en procesos
organizacionales de pequeñas industrias agropecuarias que luego refuercen los vínculos
de cooperación y de trabajo entre los diferentes actores de la comunidad educativa que
circundan la parcela escolar; maestros, alumnos, escuela, ejido y la propia comunidad o
núcleo ejidal. En tanto que a la Secretaría de Educación le corresponde el
reivindicarlas y activarlas en el proceso educativo.
5. Al aprobar este acuerdo económico esta
LVI Legislatura pondrá a Jalisco como el pionero en aplicar una nueva política educativa
que voltee sus ojos al campo mexicano, ya que en la parcela escolar, nuestros pueblos y
especialmente las comunidades ejidales, encontrarán apoyo técnico y científico para el
mejor aprovechamiento de los programas educativos y de sus cultivos. Es por ello que
debemos congratularnos y sumarnos para que se cristalicen los objetivos propuestos.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 28 fracción I, de nuestra Constitución local, 85 y 88 de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, someto a la elevada consideración de ustedes
señores diputados, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO ECONOMICO
Unico. Gírese atento oficio al
honorable Congreso de la Unión mediante el cual, con fundamento en el artículo 71
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le
solicita sea reformado el artículo 70 de la Ley Agraria, que a la letra dice:
"En cada ejido la asamblea podrá
resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el
establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación,
enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de
los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido
normará el uso de la parcela escolar."
Reforma propuesta:
Artículo 70. En cada comunidad o
ejido deberán deslindarse las superficies destinadas a parcelas escolares, las que
tendrán una extensión igual a la unidad de dotación que se fije en cada caso. Se
localizarán en las mejores tierras del ejido dentro de las más próximas a la escuela o
caserío.
Las escuelas públicas que no dispongan de
parcela escolar tendrán preferencia absoluta para que les adjudiquen las unidades de
dotación que se declaren vacantes o se les incluya en las ampliaciones del ejido.
La parcela escolar se titulará en favor de
la escuela asignada, deberá destinarse a la investigación, enseñanza y prácticas
agrícolas de la escuela a que pertenezca. Deberá procurarse que en la misma se realice
una explotación intensiva que responda a la enseñanza escolar, así como a las
prácticas agrícolas y científicas que se realicen en favor de los ejidatarios.
La explotación y distribución de los
productos que se obtengan de las parcelas escolares deberán hacerse de acuerdo con el
reglamento que dicte la Secretaría de Educación Pública coordinadamente con la
Secretaría de la Reforma Agraria, pero en todo caso los productos se destinarán
preferentemente a satisfacer las necesidades de la escuela y a impulsar los planes y
programas de la propia parcela.
Sufragio Efectivo. No Reelección
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco, a 12 de marzo de
2002.— El diputado local, José Guadalupe Madera Godoy.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de la Reforma
Agraria.
PODER
LEGISLATIVO
El Presidente:
Entramos al rubro de iniciativas de
diputados.
Se le concede la palabra al diputado Martí
Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una
iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento al Poder Legislativo.
De conformidad con el acuerdo establecido,
se le concede la palabra hasta por 15 minutos.
El diputado Martí Batres Guadarrama:
Con su permiso, señor Presidente:
En estos días hablamos de transición, de
equilibrio de poderes, de renacimiento del Legislativo, pero este Congreso de la Unión
sigue funcionando con los viejos esquemas, por eso se percibe y se siente que algo no se
ajusta a la nueva realidad. La gente ve que las cosas todavía no funcionan plenamente en
el nuevo orden democrático que se va extendiendo en el país.
La sociedad cambió la correlación de
fuerzas y la composición de los órganos del Estado. El Presidente ya no es el líder del
Congreso ni puede serlo, la sociedad devolvió libertad al Congreso de la Unión. La nueva
gobernabilidad en México en este Siglo XXI no depende más de qué tan fuerte y
autoritario pueda ser el Ejecutivo, sino de que tan compartidas son sus decisiones y
medidas. No hay entonces gobernabilidad sin el Congreso de la Unión. El Ejecutivo es
producto del voto de menos del 50% del electorado, el Congreso representa a casi el 100 de
la diversidad del electorado.
El presidencialismo no puede ser restaurado
y esto no tiene sólo qué ver con las bases éticas o ideológicas de la democracia, sino
también con el funcionamiento de la misma. Si el Ejecutivo ya no puede decidirlo todo, si
el Congreso tiene ahora una responsabilidad mayor frente a la sociedad y ante sí mismo,
entonces los tiempos y plazos de sus decisiones se tienen que ampliar. En la vieja época
el Ejecutivo era el gran legislador, legal y metalegalmente. Legalmente el Ejecutivo
enviaba las iniciativas legislativas en su gran mayoría y las elaboraba. Metalegalmente
el Ejecutivo hacía el trabajo técnico dirigido hacia su dictaminación y políticamente
para su aceptación social. Es decir, el Ejecutivo prácticamente estaba detrás de todo
el proceso legislativo, desde la iniciativa hasta la promulgación.
Si México está cambiando y requiere
reformas estructurales todos los días, si tenemos un Congreso que exige un nuevo papel en
la sociedad, entonces el funcionamiento del Poder Legislativo debe cambiar. En la vieja
época el Ejecutivo decidía y el Legislativo simplemente formalizaba esas decisiones, no
tenía que discutir mucho y sus discusiones eran prácticamente desconocidas, incluso
hasta clandestinas. Ahora el Legislativo recibe la mayoría de las iniciativas de sus
propios integrantes y debe procesar y generar sus propias decisiones. Por eso nosotros
proponemos un esquema de ejercicio permanente del Legislativo, sin periodos interrumpidos
por largos recesos. Tenemos una gran cantidad de reformas que decidir y una gran cantidad
de asuntos políticos que abordar.
Este Congreso de la Unión debe trabajar
todo el año, no sólo como deber ético de sus integrantes, sino también y sobre todo,
como premisa indispensable para sacar adelante su abultada agenda, sus voluminosos
expedientes, sus numerosos pendientes. Es necesario que tengamos un Congreso que se reúna
en pleno de sus respectivas cámaras cuantas veces sea necesario para cumplir con sus
atribuciones, sin necesidad de citar a periodos extraordinarios en caso de estar en
receso. Esto se vive en países donde el equilibrio de poderes es una realidad y pensamos
que es posible y necesario en México.
Debemos recordar que con el fin de
fortalecer al Ejecutivo, desde la Constitución de 1917 se estableció un solo periodo de
sesiones ordinarias del1o. de septiembre al 31 de diciembre para el Congreso de la Unión
y no fue sino hasta 1986 cuando se estableció el sistema de dos periodos de sesiones
ordinarias. En este esquema actual, mientras otros poderes toman decisiones y ejercen sus
funciones todos los días de su mandato y vemos cómo reivindican sus atribuciones, como
es el caso del Poder Judicial actualmente, el Legislativo sin embargo, tiene fechas
determinadas para ejercer ciertas funciones fundamentales como son ni más ni menos que
las de legislar y debe convocar a periodos extraordinarios de manera restrictiva para
ciertos temas, cuando quiere tomar decisiones fuera de esos periodos ordinarios de
sesiones establecidos.
Lo que buscamos es fortalecer con esta
reforma el sentido de permanencia en el ejercicio y uso de sus atribuciones por el
Congreso, es decir, el cumplimiento y la realización de sus atribuciones todo el tiempo a
lo largo de todo el año, así como el trabajo continuo e interrumpido de sus
legisladores. Incluso, de aprobarse esta reforma y obligarse a las cámaras a sesionar
cuando menos tres veces al mes a lo largo de todo el año, no estarían sesionando
necesariamente más veces que con el actual sistema, pero sí lo harían todos los meses
del año. No hay entonces exageración alguna en el número de sesiones que entonces se
derivaría de esta reforma, pero sí continuidad y permanencia en el trabajo.
148, 149, 150
Probablemente se pueda argumentar por
alguien que los periodos legislativos son para dictaminar en el pleno los trabajos
aprobados en las comisiones y los recesos para el trabajo de dictaminación en las propias
comisiones. Se dice doctrinariamente que los recesos sirven para el trabajo en comisiones
y los periodos de sesiones para que el pleno apruebe el trabajo de las comisiones. Sin
embargo esto no tiene nada que ver con la realidad, la inmensa mayoría de los dictámenes
legislativos se discuten y aprueban en las comisiones durante los periodos de sesiones y
no durante los recesos. Es más, la gran mayoría de los dictámenes legislativos de
central importancia se aprueban en las comisiones durante los últimos días de los
periodos de sesiones.
El nuevo esquema que proponemos es mejor,
porque permite abrir espacios más amplios entre sesión y sesión plenaria, durante los
cuales las comisiones se pueden reunir y tomar decisiones que inmediatamente pueden pasar
al pleno para su aprobación, permite tomar decisiones todo el tiempo, amplía las
oportunidades para agotar temas y agendas pendientes e impide llevar las cosas hasta el
último momento de los periodos de sesiones. Es, en suma, una propuesta para un Congreso
de la transición que asume su papel como poder del Estado, concreta numerosas reformas
cotidianamente, ocupa el estado que va dejando el Ejecutivo más acotado y armónico con
el resto del país.
Nos proponemos entonces modificar de manera
fundamental los artículos 65, 66, 69 y 78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para eliminar la mención de los periodos de sesiones ordinarias y
establecer que las cámaras del Congreso tienen que reunirse en pleno cuando menos tres
veces al mes para resolver asuntos de su competencia. De manera colateral, se plantea
reformar los artículos 84, 85, 87, 88, 89, 93 y 99 de la Constitución, para omitir las
menciones a los recesos de las cámaras del Congreso de la Unión. Resulta evidente que
con esta reforma quedaría derogada la Comisión Permanente, pues no habría recesos y no
sería necesaria.
Nadie debería oponerse a fortalecer el
Congreso y menos aún cuando estamos en una coyuntura histórica en el que está formando
parte de los protagonistas centrales del cambio. Obvia decir que aquellos que han sido
electos representantes de la nación tienen la responsabilidad de transformar este
Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto para
quedar como sigue:
Artículo unico. Se adicionan,
reforman y derogan los artículos 65, 66, 69, 78, 84, 85, 87, 88, 89, 93 y 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 65. Las cámaras del
Congreso se reunirán en pleno cuando menos tres veces al mes para resolver los asuntos de
su competencia.
En estas sesiones el Congreso se ocupará
del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la
resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
En las sesiones, el Congreso se ocupará de
manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
Artículo 66. Derogado.
Artículo 69. El 1o. de septiembre
de cada año, asistirá el Presidente de la República al Congreso y presentará un
informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración
pública del país.
Artículo 78. Derogado.
Artículo 84. En caso de falta
absoluta de Presidente de la República, ocurrida en los dos primeros años del periodo
respectivo, el Congreso se constituirá inmediatamente en colegio electoral y concurriendo
cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en
escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino; el mismo
Congreso expedirá, dentro de los 10 días siguientes al de la designación de presidente
interino, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo
respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la
verificación de las elecciones, un plazo no menor de 14 meses ni mayor de 18.
Cuando la falta de presidente ocurriese en
los cuatro últimos años del periodo respectivo, el Congreso de la Unión designará al
presidente sustituto que deberá concluir el periodo.
Artículo 85. Si al comenzar un
periodo constitucional no se presentase el presidente electo o la elección no estuviese
hecha y declarada el 1o. de diciembre, cesará sin embargo, el presidente cuyo periodo
haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de presidente
interino, el que designe el Congreso de la Unión.
Cuando la falta de presidente fuese
temporal, el Congreso de la Unión designará un presidente interino para que funcione
durante el tiempo que dure dicha falta.
Cuando la falta de presidente sea por más
de 30 días el Congreso de la Unión resolverá sobre la licencia y nombramiento, en su
caso, del presidente interino. Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se
procederá como dispone el artículo anterior.
Artículo 87. El presidente, al
tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión la siguiente
protesta: "protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el
cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el
bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, que la nación me lo
demande."
Artículo 88. El Presidente de la
República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la
Unión.
Artículo 89. . .
I a la X. . .
XI. Derogada.
XII a la XV. . .
XVI. Derogada.
XVII a la XX. . .
Artículo 93. Los secretarios del
despacho y los jefes de los departamentos administrativos, durante el mes de septiembre de
cada año, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos.
. . .
. . .
Artículo 99. . .
. . .
. . .
. . .
I a la IX. . .
. . .
. . .
. . .
Los magistrados electorales que integren la
sala superior y las regionales serán electos por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.
. . .
. . .
. . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
los 19 días del mes de marzo de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama.»
Muchas gracias, por su atención.
El Presidente:
Muchas gracias a usted, diputado Martí
Batres.
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, con opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa de reforma referente al
artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que
presentaría el día de hoy el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, a solicitud de este grupo parlamentario se pospone para la próxima sesión.
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Una pregunta, señor Presidente.
El Presidente:
Sí, adelante, diputado Martí Batres.
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
¿Turnó a qué comisión esta iniciativa?
El Presidente:
Puntos Constitucionales, el lado
sustantivo y la Mesa Directiva recomendaba que también fuera a la de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, por los contenidos inherentes al Congreso, con opinión; no es
comisiones unidas.
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Entonces...
El Presidente:
¿Quiere usted que la dejemos en Puntos
Constitucionales?
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Sí.
El Presidente:
A petición del diputado Martí Batres,
se queda exclusivamente turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Gracias, señor Presidente.
INFORMES
DE GOBIERNO
El Presidente:
Por lo tanto, se concede la palabra al
diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido de Convergencia, para presentar una
iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
El diputado José Manuel del Río
Virgen:
Gracias, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Quienes pensaron que la alternancia
presidencial en el poder era bastante para cortar de tajo y para siempre nuestros males,
se equivocaron. En ningún país del mundo que alegue defender la democracia, es
suficiente el simple cambio de partido en el poder para acceder plenamente a las
transiciones políticas nacionales, complementadas por una gran y extraordinaria
convergencia de las fuerzas políticas existentes, sean mayoritarias o las
tradicionalmente excluidas.
El cambio no es simplemente votar por un
partido diferente al que gobierna en turno; va más allá. El cambio debe inspirarse
precisamente en alejar de la vida nacional todo vestigio de autoritarismo y arrogancia
presidencial que mantuvo a los poderes Legislativo y al Judicial en muchas ocasiones
sojuzgados y en el mejor de los casos a su merced.
El 6 de julio del 2000 la sociedad votó
diferente para darse nuevamente el legítimo derecho de exigir se respete la Constitución
Federal. La violación a la división de poderes inscrita en el artículo 49
constitucional y la de protestar guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos encontrada en el artículo 87 constitucional, fue en el fondo el
motivo final de que el escenario político nacional diera un giro inédito en el país.
Así se presentó un nuevo rostro del Ejecutivo Federal y construyose una nueva
composición del Congreso de la Unión, que dio cabida a nuevas fuerzas políticas y
sentó las bases de una insipiente pero fortalecida correlación de fuerzas nacionales.
151, 152, 153
La era monárquica del presidencialismo
mexicano a ultranza, ha estado casi apunto de desaparecer.
Sin embargo, seguidores y esbirros ante la
obsesión por el poder fatuo, desde diversos escenarios la alimentan para presentarla
nuevamente como una forma de complementar política e impunidad.
Por otra parte, el presidencialismo
seguirá vivo si no desterramos para siempre todo rito existente que ha hecho el Ejecutivo
Federal y sus actos de Gobierno, una verdadera rendición al culto casi mítico que llego
incluso a suponerlo un supremo Jefe de Estado.
En efecto, durante muchos años, el
Ejecutivo fue un gran dispensador de los cargos públicos y políticos lo que motivó que
muchos de sus seguidores en forma discreta o por demás pública, adularan hasta el
cansancio toda actividad proveniente del Ejecutivo, incluso hasta sus propios errores
ofensivos para el país en el pasado inmediato recordamos los actos masivos
estratégicamente planeados para que el Ejecutivo Federal llegase a sentir de alguna u
otra forma el apoyo o refrendo del pueblo mexicano a su Gobierno.
Llegó al grado la obcecación por la
adulación, que un acto republicano del Congreso como lo es la apertura de sesiones
ordinarias del mismo, el Presidente de la República no sólo presentara por escrito un
informe si no que lo leyera, lo que en estricto sentido no a resultado tan malo para el
país.
Pero a cambio de este acto durante muchos
años, indistintamente se utilizó este acto para establecer cada 1o. de septiembre una
especie de culto y pleitesía al Ejecutivo Federal, que fue acompañada de verbenas
populares, miles de metros de vallas humanas, hasta el recibimiento a estas puertas del
Palacio Legislativo como el mayor símbolo de autoritarismo presidencial.
Es cierto que los tiempos han cambiado y
que el Ejecutivo ya no desfila por las calles saludando a miles de acarreados y
prácticamente asfixiado por la caída de confeti multicolor. Hoy esos actos han quedado
prácticamente atrás.
Pero en el fondo siguen vivos por que no
hemos sido capaces de acotar constitucional y jurídicamente todas las facultades
extralegales del Presidente, así como los actos a los cuales asiste que se encuentran
intactos, casi intocables como si quisiéramos mantenerlos vivos renegando de ellos.
Un ejemplo de esto es, que a la apertura de
sesiones del Congreso de la Unión, cuando el Ejecutivo presenta por escrito un informe
anual de su gestión, el acto en sí ratifica los esquemas del pasado que decimos hoy ya
no existen.
¿Pero cómo entender que las cosas han
cambiado si el formato de la apertura de sesiones del Congreso sigue siendo el mismo,
absolutamente el mismo, con el cual el Presidente culmina o inicia un año más de
actividades, que hace de este acto del pueblo mexicano, un acto del Ejecutivo Federal,
porque las fuerzas representadas en el Congreso exponen sus posicionamientos de partido
sin la presencia del Ejecutivo Federal, ya que así lo ha dispuesto sin modificarlo la
propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos?
El artículo 7o. de la citada ley,
establece en su numeral 2o., entre otras cosas que "antes del arribo del Presidente
de la República hace uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos
políticos que concurran, representados en el Congreso".
Esto significa que los legisladores
oradores presentan los posicionamientos de sus partidos sin la presencia del Presidente de
la República, que aunque no demerita en sentido estricto el acto de apertura de sesiones
del Congreso, tampoco lo hace realmente democrático y republicano.
No podemos entender que en un país que se
dice plural y democrático donde el Congreso dispone, el Ejecutivo no escuche de viva voz,
cara a cara como lo demanda la sociedad, los posicionamientos de los partidos políticos
representados en el Congreso.
Como todos sabemos el Presidente llega
minutos después de que los partidos fijan sus puntos de vista para adueñarse del
escenario, como si fuera un acto que ratificara la Presidencia que tanto daño nos causó.
Por ello, es prudente cambiar el formato
del 1o. de septiembre de cada año para que el Presidente además de asistir y dar un
informe a la nación, esté presente en la sesión de apertura del Congreso y escuche los
posicionamientos de los partidos políticos además de abrirse un debate plural y
respetuoso que sólo se da cuando los poderes de la Unión son simplemente republicanos.
Por lo anteriormente expuesto y de
conformidad con el artículo 71 constitucional y demás relativos, así como los
artículos 55 al 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable Congreso de la
Unión la siguiente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso en los
siguientes términos:
Dice:
Artículo 7o.
1. . .
. . .
. . .
2. Antes del arribo del Presidente de la
República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos
políticos que concurran, representados en el Congreso.
. . .
. . .
. . .
Debe decir:
"Artículo 7o.
2. Antes de la intervención del
Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de
los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Además, deberá
abrirse por una sola vez una ronda de preguntas y respuestas por parte de los oradores al
Ejecutivo Federal en los términos que se fijen para este caso."
. . .
. . .
. . .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de
marzo de 2002.— Diputado José Manuel del Río Virgen, Convergencia por la
Democracia.»
Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
DIVISION
DE PODERES
La Presidenta:
Con objeto de presentar una iniciativa de
reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de fortalecimiento del Poder Judicial, tiene la palabra el diputado
Eduardo Rivera Pérez, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Una precisión: las iniciativas son de
reforma en materia del Poder Ejecutivo y son a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
Los suscritos diputados federales del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional integrantes de esta LVIII Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de
establecer un mejor equilibrio en la función del Ejecutivo y fortalecer el principio de
la división de poderes; iniciativa que se inscribe dentro de nuestros planteamientos para
la Reforma del Estado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Un momento, diputado.
Diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta, con su permiso.
Solamente para aclarar esta parte del orden
del día; estaba inscrito a nombre del Partido de Acción Nacional el tema reformas a
diversas disposiciones de la Constitución en materia de fortalecimiento del Poder
Judicial.
La Presidenta:
Efectivamente, ese es el turno que dí, el
señor Secretario me informó que había un relevo de orador; de la información del
señor secretario le dimos la palabra a Eduardo Rivera Pérez que está presentando una
iniciativa diversa, por lo que el orden que tenía la iniciativa presentada por el
diputado Eduardo Rivera Pérez, que es inmediatamente después de la iniciativa que
presentará el diputado Alejandro García Sainz Arena, se transmuta por la relativa a la
iniciativa del Poder Judicial.
Le agradezco al señor Secretario su aviso
de botepronto.
¿No tiene usted inconveniente con que
continúe el señor diputado?
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):
No, señora Presidenta, muchísimas
gracias.
La Presidenta:
Por favor, diputado.
El diputado Eduardo Rivera Pérez:
Gracias.
Esta iniciativa se inscribe dentro de
nuestros planteamientos para la Reforma del Estado, misma que se fundamenta y motiva bajo
la siguiente exposición de motivos:
El presidencialismo es la deformación del
régimen presidencial, nuestro país durante muchos sexenios se vio afectado por esta
distorsión en la que el Presidente de la República centralizaba distintas funciones y
facultades, ejerciendo una supremacía ilegítima sobre los demás poderes federales y
estatales, restándoles dignidad y eficacia, logrando romper de esta forma con el
fundamento de la organización democrática federal.
Sin pretender desconocer nuestra herencia y
realidad respecto de nuestro régimen de Gobierno, por medio de la presente iniciativa
proponemos diversas reformas de carácter constitucional, las cuales no pretenden
debilitar al Ejecutivo, sino lograr un efectivo equilibrio entre los poderes del Estado.
Certidumbre en el ejercicio constitucional
del veto presidencial. El veto presidencial, lejos de ser una facultad propia de un
régimen donde existe un presidencialismo exacerbado, debe ser una forma de colaboración
entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, a la vez que es un elemento para llevar
ponderación en actos de naturaleza grave como las leyes y un instrumento valioso en el
juego de pesos y contrapesos, que para establecer equilibrio entre dos poderes dispone la
Constitución. En el caso del denominado por la doctrina veto suspensivo, el Ejecutivo
Federal tiene únicamente 10 días para ejercer su derecho al veto; de lo contrario,
automáticamente se actualiza su obligación de promulgar y publicar el proyecto de ley
enviado por el Poder Legislativo.
Ahora bien, en el contenido y alcance del
artículo 72 existe una laguna legal que deja en estado de incertidumbre al Congreso de la
Unión ante la falta de previsión para el caso de que una ley o decreto, aprobado por
esta Asamblea Nacional y enviada al Ejecutivo para su publicación se abstenga de hacerlo,
inhibiendo con ello la iniciación de la vigencia, lo que algunos doctrinarios han
calificado como una especie de veto de bolsillo a favor del Ejecutivo.
El Ejecutivo puede mantener por tiempo
indefinido la publicación de la ley, y con ello su eficacia ante su falta de vigencia,
consecuentemente no puede soslayarse dicha circunstancia, por lo que con el ánimo de
avanzar en el perfeccionamiento y fortalecimiento del Poder Legislativo es que se
considera necesario establecer una normativa constitucional que dé seguridad y
certidumbre a las decisiones legislativas.
154, 155, 156
Por lo anterior, se propone en la presente
iniciativa, adicionar un último párrafo al artículo 72 constitucional, a fin de
disponer que si transcurrido el plazo que el Ejecutivo tiene para hacer observaciones a la
ley o decreto que se le remita para su publicación y no lo hiciere, se considerará
promulgado y el Presidente del Congreso de la Unión ordenará su publicación.
Nombramiento del presidente interino,
sustituto y provisional. La sustitución del Presidente ha sido una preocupación
constante en las constituciones de México pues siendo la titularidad del Poder Ejecutivo
en una persona, al estar ausente habría una carencia de poder y una acefalia que
desestabilizaría el orden constitucional del país.
Por ello, perfeccionar la legislación
vigente para este caso, lejos de vaticinar desastres en la vida republicana, fortalece el
actuar de las instituciones, toda vez que establece normas y procedimientos claros, los
cuales debe de ser necesario aplicarlos. Así darán certidumbre a la nación, así como
gobernabilidad y transparencia, la posibilidad de que la decisión electoral no se vea
disminuida o anulada en su representatividad.
Por las consideraciones expuestas es que en
la presente iniciativa proponemos reformar el artículo 84 constitucional, para que en los
casos de falta absoluta del Presidente de la República y que con motivo de ello tenga que
nombrarse un presidente interino, provisional o sustituto, según sea el caso, el
nombramiento se sujete a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos. Pero en todo caso la propuesta de candidato para el cargo
respectivo, será presentada por el grupo parlamentario del partido político que hubiere
postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata anterior para ese
cargo.
Asimismo, se plantea prever que en el caso
de las coaliciones, la propuesta al cargo de presidente provisional o sustituto, será
presentada por el grupo parlamentario del partido político al que se le haya distribuido
el mayor número de votos, dentro de la coalición que hubiere postulado al candidato
triunfador en la elección federal inmediata para el cargo de presidente.
Adelantar la toma de posesión del
Presidente de la República. El Presidente de la República asume el cargo en virtud de la
protesta que rinde ante el Congreso de la Unión, misma que de conformidad con la norma
constitucional. Sin embargo, nadie puede negar que la actual fecha de inicio del cargo y
de toma de posesión, resulta inadecuada con relación a otros asuntos de suma relevancia
para la vida nacional. Es decir, con lo concerniente a la formulación y presentación del
Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, ya que actualmente se
dispone que la presentación de este paquete económico deberá hacerse a más tardar el
15 de diciembre y el Congreso cerrará sus sesiones a más tardar el 31 del mismo mes. Lo
cual nos conduce a situaciones negativas tales como que el presidente constitucional
entrante sólo cuente con 15 días para elaborar los proyectos respectivos y que como se
tiene conocimiento, prácticamente éste es elaborado por el equipo del presidente
saliente. Y por la otra el que el Congreso de la Unión tenga para el cumplimiento de sus
atribuciones de control presupuestal y de ingreso únicamente 15 días.
Por lo tanto resulta inadecuado que estas
funciones se constriñen a plazos perentorios que dan lugar a que sea materialmente
imposible para el Ejecutivo elaborar dichas iniciativas y que el análisis sea apresurado
por parte del Congreso y se renuncie a un examen minucioso, sereno y responsable.
Al proponer estas reformas, se hace por
diversas consideraciones favorables a nuestro sistema político constitucional: en primer
lugar, para que el titular del Ejecutivo entrante tenga el tiempo adecuado y suficiente
para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos del
Ejercicio Fiscal del próximo año. En segundo lugar, que el Congreso de la Unión con la
adecuación de esta fecha de inicio de encargo y la relativa a la modificación de las
fechas de presentación de estos ordenamientos jurídicos, cuente con el tiempo debido
para que realice una discusión y aprobación más objetiva de los mismos.
Refrendar la no reelección presidencial.
Es pertinente para el grupo parlamentario del PAN señalar lo siguiente: el exceso de
facultades que se fueron otorgando al Presidente de la República en detrimento del Poder
Legislativo, dio origen a la fortaleza del Poder Ejecutivo, siendo éste el centro del
poder y de toda la política que gira en torno de él. A este fenómeno se le ha
reconocido como la enfermedad del régimen presidencial, es decir, el presidencialismo.
Nuestra Constitución Política vigente en
su artículo 82, establece las características del sistema presidencial, siendo éste
unitario, electo directamente por un periodo de seis años y sin reelección.
Actualmente y por convicción, es que
refrendamos la no reelección presidencial, la cual debe conservarse como una de las
facultades de la soberanía nacional para limitar al presidente en el tiempo, para
permitir un verdadero equilibrio de poderes y la pluralidad que es característica de todo
sistema democrático, ya que de no ser así, se perdería la sustentabilidad de nuestras
bases constitucionales.
Por ello, establecemos de manera tajante e
indubitable que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República
electo popularmente, no podrá ser reelecto o quien hubiera tenido el carácter de
presidente con el carácter de interino, provisional o sustituto y en ningún caso y por
ningún motivo, podrá volver a desempeñar el puesto de Presidente de la República.
Por un servicio civil de carrera en la
Administración Pública Federal. A nadie escapa el hecho de que la Administración
Pública Federal se ha visto sometida a cambios y reformas, las cuales han buscado en todo
momento su modernización.
Resulta esencial generar nuevas aptitudes y
actitudes, bajo también una novedosa concepción de cultura y servicio público. Por
ello, es importante organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y autorizar estructuras
orgánicas y ocupacionales que permitan contribuir al mejoramiento administrativo y
fortalecer la función pública.
En consecuencia, se plantea establecer en
el artículo 90 constitucional, qué en la Administración Pública Federal se
establecerá el servicio de carrera como elemento básico para la formación de sus
servidores públicos a fin de cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia. Dicho servicio de carrera comprenderá los requisitos y
procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento,
desarrollo, actualización, permanencia, evaluación. promoción y separación del
servicio público.
El Congreso de la Unión expedirá la ley
respectiva.
Compañeras y compañeros legisladores:
México tiene hoy un Congreso plural y orgulloso de sí mismo. Consciente de su
responsabilidad histórica el Ejecutivo y el Legislativo, consideramos que son poderes que
no están opuestos entre sí, sino son complementarios.
Los mexicanos pueden estar seguros de que
los legisladores de Acción Nacional cumpliremos cabalmente nuestro compromiso.
Suplico a la Presidencia instruya a la
Secretaría para que inserte en el Diario de los Debates, el texto íntegro
de esta exposición de motivos y el decreto que adjunto a este mismo documento y que hago
entrega en este momento.
Gracias.
«Anteproyecto de iniciativa para
perfeccionar el equilibrio en la función del Poder Ejecutivo y fortalecer la división de
poderes, dentro de la Reforma del Estado.
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión presente.
Los suscritos diputados federales del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos
permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución
Federal, con el fin de establecer un mejor equilibrio en la función del Ejecutivo y
fortalecer el principio de la división de poderes, iniciativa que se inscribe dentro de
nuestros planteamientos para la reforma del Estado, misma que se fundamenta y motiva bajo
la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El presidencialismo es la deformación del
régimen presidencial, nuestro país durante muchos sexenios se vio afectado por esta
distorsión en la que el Presidente de la República centralizaba distintas funciones y
facultades, ejerciendo una supremacía ilegítima sobre los demás poderes federales y
estatales, restándoles dignidad y eficacia, logrando romper de esta forma con el
fundamento de la organización democrática federal.
México pasó de época en la cual el
Presidente de la República era el poseedor de la última palabra, a la largamente
esperada transición democrática. Ahora es tiempo de apuntalar las instituciones, para
que sean éstas y no los titulares, quienes rijan la vida democrática de México.
Sin pretender desconocer nuestra herencia y
realidad respecto de nuestro régimen de gobierno, por medio de la presente iniciativa
proponemos diversas reformas de carácter constitucional, las cuales no pretenden
debilitar al Ejecutivo, sino lograr un efectivo equilibrio entre los poderes del Estado.
Certidumbre en el ejercicio
constitucional
del veto presidencial
El veto presidencial, lejos de ser
una facultad propia de un régimen donde existe un presidencialismo exacerbado, debe ser
una forma de colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, a la vez que es un
elemento para llevar ponderación en actos de naturaleza grave, como las leyes y un
instrumento valioso en el juego de pesos y contrapesos que, para establecer equilibrio
entre dos poderes dispone la Constitución.
En el caso del denominado por la doctrina
veto suspensivo, el Ejecutivo Federal tiene únicamente 10 días para ejercer su derecho
al veto, de lo contrario, automáticamente se actualiza su obligación de promulgar y
publicar el proyecto de ley enviado por el Poder Legislativo.
Ahora bien, en el contenido y alcance del
artículo 72 existe una laguna legal, que deja en estado de incertidumbre al Congreso de
la Unión, ante la falta de previsión para el caso de que una ley o decreto aprobado por
esta Asamblea nacional y enviada al Ejecutivo para su publicación, se abstenga de
hacerlo, inhibiendo con ello la iniciación de la vigencia; lo que algunos doctrinarios
han calificado como una especie de veto de bolsillo a favor del Ejecutivo.
El Ejecutivo puede mantener por tiempo
indefinido la publicación de la ley y con ello su eficacia ante su falta de vigencia.
Consecuentemente, no puede soslayarse dicha circunstancia, por lo que con el ánimo de
avanzar en el perfeccionamiento y fortalecimiento del Poder Legislativo, es que se
considera necesario establecer una normatividad constitucional que dé seguridad y
certidumbre a las decisiones legislativas.
Por lo anterior, se propone en la presente
iniciativa adicionar un último párrafo al artículo 72 constitucional a fin de disponer
que si transcurrido el plazo que el Ejecutivo tiene para hacer observaciones a la ley o
decreto que se le remita para su publicación y no lo hiciere, se considerará promulgada
y el Presidente del Congreso de la Unión, ordenará su publicación.
Nombramiento del presidente
interino, sustituto y provisional
La sustitución del Presidente ha
sido una preocupación constante en las constituciones de México, pues siendo la
titularidad del Poder Ejecutivo en una persona, al estar ausente habría una carencia de
poder y una acefalia que desestabilizaría el orden constitucional del país. Por ello,
perfeccionar la legislación vigente para este caso, lejos de vaticinar desastres en la
vida republicana, fortalece el actuar de las instituciones, toda vez que establece normas
y procedimientos claros, los cuales, de ser necesario aplicarlos, darán certidumbre a la
nación, así como gobernabilidad y transparencia; la posibilidad de que la decisión
electoral no se vea disminuida o anulada en su representatividad.
Por las consideraciones expuestas, es que
en la presente iniciativa se propone reformar el artículo 84 constitucional para que en
los casos de falta absoluta del Presidente de la República y que con motivo de ello tenga
que nombrarse un presidente interino, provisional o sustituto, según sea el caso, el
nombramiento se sujete a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, pero en todo caso, la propuesta de candidato para el cargo
respectivo, será presentada por el grupo parlamentario del partido político que hubiere
postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata anterior para ese
cargo.
Asimismo, se plantea prever que en el caso
de las coaliciones, la propuesta al cargo de presidente provisional o sustituto, será
presentada por el grupo parlamentario del partido político al que se le haya distribuido
el mayor número de votos, dentro de la coalición que hubiere postulado al candidato
triunfador en la elección federal inmediata para el cargo de presidente.
Adelantar la toma de posesión del
Presidente de la República
El Presidente de la República asume el
cargo en virtud de la protesta que rinde ante el Congreso de la Unión, misma que de
conformidad con la norma constitucional lo hace el 1o. de diciembre. Debe hacerlo en los
términos de la fórmula ya conocida en la que existe la responsabilidad de guardar y
hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. La protesta marca el inicio
legal del mandato presidencial, determina el momento en que comienza la responsabilidad
del Presidente en los términos del Título IV constitucional y fija, en forma
indubitable, el inicio de las inmunidades y privilegios que constitucionalmente le
asisten.
157, 158, 159
Asimismo este acto formal de protesta se
lleva a cabo ante un órgano investido de legitimidad democrática que le da la elección
popular; es decir, el Congreso de la Unión. Es así que los legisladores actuamos como
fedatarios y testigos de este acto republicano.
Sin embargo, nadie puede negar que la
actual fecha de inicio del cargo y de toma de posesión, resulta inadecuada con relación
a otros asuntos de suma relevancia para la vida nacional; es decir, con lo concerniente a
la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de
Ingresos; ya que actualmente se dispone que la presentación de este "paquete
económico", deberá hacerse a más tardar el 15 de diciembre y el Congreso cerrará
su sesiones el 31 de diciembre cuando inicie su encargo el Presidente.
Lo cual nos conduce a situaciones
negativas, tales como que el presidente constitucional entrante sólo cuente con 15 días
para elaborar los proyectos respectivos y que como se tiene conocimiento prácticamente
éste es elaborado por el equipo del presidente saliente y por la otra el que el Congreso
de la Unión tenga para el cumplimiento de sus atribuciones de control presupuestal y de
ingreso, únicamente 15 días. Por lo que resulta inadecuado, ya que estas funciones se
constriñen a plazos perentorios que dan lugar a que sea materialmente imposible para el
Ejecutivo elaborar dichas iniciativas y que el análisis sea apresurado por parte del
Congreso y se renuncie a un examen minucioso, sereno y responsable.
Aunado a lo anterior, habría que añadir
que resulta también inconveniente el que exista un periodo tan amplio de transición; es
decir, un plazo de aproximadamente cinco meses en donde tenemos por un lado al presidente
constitucional saliente y un presidente electo entrante, lo que en un marco de pluralidad
y alternancia, puede llegar a resultar un riesgo de estabilidad política. Por lo que
resulta oportuno establecer un marco legal adecuado que elimine estos aspectos negativos
que hoy día se originan. En tal sentido, en la presente iniciativa se plantea reformar el
artículo 84 constitucional para adelantar el inicio de encargo y toma de posesión del
Presidente de la República, para que esto se lleve a cabo el día 1o. de octubre en lugar
del 1o. de diciembre.
Al proponer esta reforma se hace por
diversas consideraciones favorables a nuestro sistema político constitucional a saber:
1. Que el titular del Ejecutivo Federal
entrante tenga el tiempo adecuado y suficiente para elaborar el Presupuesto de Egresos de
la Federación y la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal del próximo año, que le permita
planear en la medida de lo posible una mayor precisión de las políticas públicas a
aplicar durante el siguiente año y desde su visión y compromiso de gobierno;
2. Que el Congreso de la Unión, con la
adecuación de esta fecha de inicio de encargo y la relativa a la modificación de las
fechas de presentación de estos ordenamientos jurídicos, cuente con el tiempo debido
para que realice una discusión y aprobación más objetiva de los mismos.
Refrendar la no reelección
presidencial
El exceso de facultades que se fueron
otorgando al Presidente de la República en detrimento del Legislativo, dio origen a la
fortaleza del Poder Ejecutivo, siendo éste el centro del poder y de toda la política que
gira en torno de él.
A este fenómeno se le ha reconocido como
la enfermedad del régimen presidencial, es decir, el presidencialismo, ya que lo ha
degenerado, fragmentando el equilibrio estatal y acaparando el poder.
Nuestra Constitución Política vigente en
su artículo 82, establece las características del sistema presidencial, siendo éste
unitario, electo directamente por un periodo de seis años y sin reelección.
Actualmente y por convicción es que
refrendamos la no reelección presidencial, la cual debe conservarse como una de la
facultades de la soberanía nacional para limitar al presidente en el tiempo, para
permitir un verdadero equilibrio de poderes y la pluralidad que es característica de todo
sistema democrático, ya que de no ser así se perdería la sustentabilidad de nuestras
bases constitucionales.
Se establece de manera tajante e
indubitable que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la
República, electo popularmente, no podrá ser reelecto o quien hubiere tenido el
carácter de presidente con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún
caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar el puesto de presidente.
Finalmente en este punto cabe mencionar que
se debe distinguir la reelección presidencial de la legislativa, en virtud de que la
primera generaría acaparamiento de poder en cambio la reelección legislativa debidamente
acotada, permitiría el fortalecimiento del Legislativo y de sus funciones de control
sobre el Ejecutivo, permitiendo un desarrollo integral del Estado.
Por un servicio civil de carrera en
la
Administración Pública Federal
A nadie escapa el hecho de que la
Administración Pública Federal se ha visto sometida a cambios y reformas, las cuales han
buscado en todo momento su modernización, con el propósito de poder dar mejores
respuestas a las crecientes demandas de la sociedad y proporcionar servicios públicos, no
sólo de calidad, sino en un esquema regido esencialmente por el criterio de la equidad.
Existe la convicción compartida por muchos sectores de la sociedad mexicana de que una
administración eficiente e imparcial, sin duda, contribuye a fortalecer el Estado de
Derecho.
Resulta esencial generar nuevas aptitudes y
actitudes bajo una también novedosa concepción de cultura y servicio público, en la que
el centro de atención lo constituyan los miles de ciudadanos que entablan una relación
día con día con la administración pública.
Organizar y coordinar el desarrollo
administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y autorizar estructuras orgánicas y ocupacionales que permitan contribuir al
mejoramiento administrativo y fortalecer la función pública, para que ésta
efectivamente responda a lo que la sociedad espera y necesita de ella.
En consecuencia se plantea establecer en el
artículo 90 constitucional que en la Administración Pública Federal se establecerá el
servicio de carrera como elemento básico para la formación de sus servidores públicos,
a fin de cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia. Dicho servicio de carrera comprenderá los requisitos y procedimientos de
selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo,
actualización, permanencia, evaluación, promoción y separación del servicio público.
El Congreso de la Unión expedirá la ley respectiva.
México tiene hoy un Congreso plural y
orgulloso de sí mismo. Consciente de su responsabilidad histórica Ejecutivo y
Legislativo no son opuestos entre sí; son complementarios. Los mexicanos pueden estar
seguros de que los legisladores de Acción Nacional cumplirán cabalmente su compromiso.
Por lo anteriormente expuesto, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados
federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a la
consideración de esta representación nacional el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se reforma el
artículos 85 párrafo primero; se adicionan al artículo 72 un párrafo segundo al inciso
b; 84 párrafos cuarto y quinto; 90 un párrafo tercero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
"Artículo 72. . .
a) y b). . .
Si hubiese transcurrido el plazo que el
Ejecutivo tiene para formular las observaciones a que se refiere el párrafo anterior y no
las hubiere hecho, el decreto o ley de que se trate será considerado promulgado y el
Presidente del Congreso de la Unión ordenará su publicación.
c). . .
Artículo 83. El Presidente entrará
a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya
desempeñado el cargo de Presidente de la República electo popularmente, o con el
carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo
podrá volver a desempeñar ese puesto.
Artículo 84. . .
. . .
. . .
El nombramiento de presidente provisional,
interino o sustituto en los términos del presente artículo, se sujetará a lo previsto
en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero en todo
caso, la propuesta de candidato para el cargo respectivo, será presentada por el grupo
parlamentario del partido político que hubiere postulado al candidato triunfador en la
elección federal inmediata anterior para ese cargo.
En el caso de las coaliciones, la propuesta
a que alude el párrafo anterior será presentada por el grupo parlamentario del partido
político al que se le haya distribuido el mayor número de votos, dentro de la coalición
que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata para el
cargo de presidente.
Artículo 85. Si al comenzar un
periodo constitucional no se presentase el presidente electo o la elección no estuviese
hecha y declarada el 1o. de octubre, cesará sin embargo, el presidente cuyo periodo haya
concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de presidente
interino, el que designe el Congreso de la Unión o en su falta, con el carácter de
provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior.
. . .
. . .
. . .
Artículo 90. . .
. . .
En la Administración Pública Federal se
establecerá el servicio de carrera como elemento básico para la formación de sus
servidores públicos, para garantizar los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia. El servicio de carrera comprenderá los requisitos y
procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento,
desarrollo, actualización, permanencia, evaluación, promoción y separación del
servicio público. El Congreso de la Unión expedirá la ley respectiva."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
20 de marzo de 2002. — Diputados: Manuel Minjares, Armando Salinas, Eduardo Rivera
Pérez, Luis Fernando Sánchez Nava, María Teresa Gómez Mont, Miguel Gutiérrez
Hernández, Salvador Escobedo, Juan Carlos Pallares Bueno, Fernando Pérez N., Yadira
Tamayo H., Patricia Martínez, Manuel Osorio, Guillermo Anaya Ll., Raúl Gracia Guzmán,
Cuauhtémoc Cardona, Germán A. Pellegrini, y Gabriela Cuevas B.»
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Le ruego a la Secretaría tome
providencias para publicar el texto íntegro, tal como lo solicitó el diputado.
La iniciativa que deroga el artículo
decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2002, será leída al final de iniciativas por el diputado proponente.
CONCESIONES
La Presidenta:
En consecuencia, tiene el uso de la palabra
el diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 42 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alejandro Rafael García
Sainz Arena:
«Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— LVIII Legislatura.— Presente.
Compañeras y compañeros diputados:
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco
Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa
Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta
Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado; diputados
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56,
60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
iniciativa de ley
160, 161, 162
EXPOSICION DE MOTIVOS
La infraestructura del país a lo largo de
los años, ha sido edificada conjuntamente mediante los esfuerzos del Gobierno, de la
iniciativa privada y de la misma ciudadanía. Sin estas obras y construcciones no
podríamos haber alcanzado por mucho, el nivel de comunicaciones y servicios con los que
la nación cuenta actualmente.
Estas transformaciones producen, en algunos
casos, que el marco jurídico se vea rebasado por las nuevas realidades a las que nos
enfrentamos los mexicanos, por lo cual, dichas transformaciones requieren un estudio más
concienzudo y apegado a lo que el pueblo actualmente demanda.
Razón por demás necesaria, el establecer
una adecuada planeación de las comunicaciones y transportes, la cual es base
indispensable para el desenvolvimiento económico del país, sobre todo cuando es
concebido a largo plazo. Por ello, la necesidad de que sea la misma ciudadanía, la cual
deposita en el Congreso de la Unión las facultades escrutadoras del ejercicio del Poder
Ejecutivo, la que revise que dichas inversiones están apegadas a derecho.
Si con estas reformas podemos dar
certidumbre jurídica y moral a los actos de Gobierno; resulta imperativo implementar los
cambios a la legislación correspondiente y contribuir con ello a la planeación
democrática del desarrollo nacional.
Las concesiones deben ser otorgadas
procurando el mayor beneficio de la sociedad, pero no con una visión mediática del
asunto, sino de proyectar los beneficios de una manera más integral.
Desafortunadamente, nuestro país, a
través de la historia, ha vivido situaciones en las que los procedimientos para la
asignación de una concesión no han sido del todo apegadas a la honestidad y
transparencia requeridos.
Lo anterior ha traído como consecuencia
que la ciudadanía no tenga plena confianza en este tipo de procedimientos, pues existe la
posibilidad de que las autoridades encargadas de analizar las opciones que los interesados
presentan, tengan claro desde un principio quien va a ser el beneficiario, contribuyendo
así a la falta de equidad que lesiona los intereses de la nación.
Por ello, para evitar lesionar los
intereses de los particulares que con ánimo y confianza invierten en México; así como
para evitar postergar el expedito y sano desarrollo de dichos intereses, incluimos en
nuestra propuesta la afirmativa ficta, la cual dotará de certidumbre y eficacia en
estos procesos.
Asimismo, consideramos que la Comisión
Permanente deberá resolver el dictamen de la comisión especial encargada de dictaminar
si la concesión cumple satisfactoriamente a juicio de esta Cámara de Diputados la
normatividad aplicable en la materia.
Para nosotros como legisladores, es de suma
importancia recobrar la ya tan fracturada confianza de todos los mexicanos en sus
instituciones, no basta decir que se generó un cambio si éste no es percibido por los
ciudadanos.
Es necesario promover la expedición de
leyes que promuevan la planeación nacional del desarrollo económico y social,
garantizando con esto el saludable manejo de los recursos públicos y su relación con los
particulares para proveer un desarrollo eficaz y sustentable.
Es momento de demostrar que se terminaron
los privilegios a cualquier nivel y que desde el lugar en que ahora nos encontramos,
sumaremos esfuerzos para velar por los intereses generales del país y procurar que los
beneficios del desarrollo lleguen a todos sus rincones.
La fiscalización del accionar en materia
de concesiones otorgadas por las dependencias de la Administración Pública Federal,
cuando así lo considere necesario la Cámara de Diputados, demuestra apertura y claridad
en el manejo de los recursos y servicios públicos. Si con ello se aclaran manejos turbios
o se dilucidan administraciones sanas y apegadas a derecho, podremos consolidar nuestro
sistema democrático, vigente.
El grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, tiene la plena seguridad de que con la presente iniciativa de
reforma, y dados los tiempos de cambio que estamos viviendo, se dotará de una mayor
transparencia a ese procedimiento de concesiones que realiza el Ejecutivo Federal,
evitando en la medida, de lo posible, que se puedan presentar, actos de corrupción o
favorecimiento de intereses.
Por dicho motivo se propone que el Congreso
de la Unión mediante cualquiera de las dos cámaras, sea quién ratifique el otorgamiento
de concesiones en cada uno de los procedimientos de la concesión que lleve a cabo la
dependencia encargada del Ejecutivo.
Por ello, sometemos a esta Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Mediante el cual se adicionan los numerales
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adicionan los
numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 42.
1. . .
. . .
2. En materia de concesiones, permisos y
prórrogas que otorgue la Administración Pública Federal y en las que la Cámara tenga
facultad para conocer y además así lo haya solicitado, se constituirá la comisión
especial de concesiones conforme al numeral anterior.
3. La comisión especial de concesiones,
tiene a su cargo verificar que el procedimiento para otorgar concesiones, permisos y
prórrogas por la Administración Pública Federal se realice conforme a las leyes
aplicables en la materia.
4. Al concluir las actividades de la
Comisión Especial de Concesiones, ésta deberá presentar un informe detallado de todas
las actividades realizadas por la misma y de resultar procedente, formulará las
recomendaciones o denuncias que correspondan.
5. El informe a que se refiere el numeral
anterior, deberá discutirse en el pleno de la Cámara y si derivado de la discusión
existiesen votos particulares, éstos se agregaran al informe. El informe deberá
publicarse en el Diario de los Debates.
6. Si la Cámara solicita intervenir en
este proceso, ésta deberá dar respuesta antes de 40 días naturales después de que el
Ejecutivo Federal haya resuelto la concesión, en caso contrario se entenderá como
resuelta sin ninguna restricción para que se otorgue la concesión.
7. En caso de que la Cámara de Diputados
haya terminado su periodo ordinario y el trámite de la concesión se encuentre en la
comisión especial o no se encuentre sesionando en un periodo de sesiones ordinarias, o no
haya sido convocada a periodo de sesiones extraordinarias para resolver sobre una
concesión en particular, la Comisión Permanente resolverá lo conducente.
8. En todo lo no previsto en este
artículo, se aplicarán las disposiciones previstas por esta ley en su Título Segundo,
Capítulo Sexto y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro,
sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 20 días de marzo
de 2002.— Partido Verde Ecologista de México.— Diputados: Bernardo de la
Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José
Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez,
Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo
Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro
Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken,
Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Reglamento y
Prácticas Parlamentarias e insértese íntegramente en el Diario de los Debates y
en la Gaceta.
Esta Presidencia se hace asimisma una fe de
erratas y solicita que en lugar de poner transmuta, que no existe y que fue un apócope de
transfiere y permuta, se ponga permuta.
PODER
JUDICIAL
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra a la
diputada Yadira Tamayo Herrera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento del Poder
Judicial.
La diputada Yadira Ivette Tamayo
Herrera:
Ciudadana Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Los suscritos diputados federales del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos
permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la
Constitución Federal, con el fin de fortalecer el Poder Judicial de la Federación,
iniciativa que se inscribe dentro de la visión de la Reforma del Estado en este rubro,
misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Acción Nacional refrenda su compromiso con
la renovación y perfeccionamiento de una vida social institucionalizada. De ahí se
desprende la necesidad de un diseño institucional que sea congruente con el cambio que se
dio a partir del 2 de julio del año 2000 y que atienda las exigencias de una auténtica
Reforma del Estado.
Así, encontramos la necesidad de
jurisdicción que se impone como un deber del Estado, en donde el contenido de la norma no
sólo exige su precisión como garantía, sino fundamentalmente su plenitud, verdadero
anhelo de la justicia de la nación mexicana.
Al Poder Judicial le corresponde la defensa
del derecho, interpretar la ley para establecer el orden jurídico, terminar con la
incertidumbre, asegurar los derechos e intereses legalmente protegidos, reprimir las
violaciones a la legalidad y resolver los conflictos de intereses. Este tiene la
importante función de contribuir a mantener el orden, la seguridad, la legalidad, la
justicia, asegurando la paz y la tranquilidad, concurriendo así a la realización del
bienestar social y al buen funcionamiento de la sociedad.
En tal virtud, el Poder Judicial de la
Federación, como responsable de la administración de justicia, requiere de condiciones
de legitimación mucha más exigentes, como lo son la independencia, la eficiencia y la
accesibilidad.
Con las reformas constitucionales de 1994,
sin duda se dio un gran avance al fortalecimiento del Poder Judicial, mejorando su
funcionamiento administrativo, pero insuficiente en cuanto a sus alcances.
Sin embargo, la tarea de perfeccionar y
consolidar nuestras instituciones de justicia debe continuar, por lo que presentamos la
iniciativa de reforma al Poder Judicial que plantea las siguientes propuestas:
• Unicidad jurisdiccional:
incorporación de los tribunales en materia agraria, laboral y de lo contencioso
administrativo al Poder Judicial.
El orden federal del sistema jurisdiccional
mexicano, se compone a partir de diferentes tribunales no judiciales, que a pesar de que
materialmente dirimen controversia, formalmente no pertenecen al Poder Judicial, tales
como el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, los tribunales agrarios, la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
entre otros.
163, 164, 165
Lo anterior sin duda es un detrimento al
Poder Judicial como poder responsable de la potestad jurisdiccional y solución de las
controversias. Por ello se plantea el establecimiento de la unidad judicial, en el
entendido de que todo el orden jurídico se enlace en un solo poder, que no se distribuyan
en diversas instituciones y se pierdan en una complejidad administrativa las competencias
de legalidad, de anulación o incluso de jurisdicción.
Mediante la incorporación de los
tribunales en materia agraria, contencioso administrativo y laboral, se evitarían
duplicidades y disfuncionalidades en el ejercicio de la potestad jurisdiccional
encomendado al Poder Judicial. No se violentarían o cuestionarían los principios de
independencia, unidad y exclusividad de jurisdicción.
Asimismo, con esta reforma el consejo de la
Judicatura Federal, sería el único responsable de la vigilancia y disciplina de los
juzgadores y del servicio de la carrera judicial.
Para evitar el rezago en el que se
encuentra nuestro país en materia de unicidad judicial debemos destacar que países como
España, Guatemala, Perú, Panamá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva
Zelanda, Japón, entre otros, ya han incorporado a su fecha este mecanismo en sus sistemas
jurídicos.
En virtud de lo anterior, proponemos
reformar el artículo 27 a efecto de establecer que los tribunales responsables de la
administración de justicia agraria pertenezcan al Poder Judicial de la Federación.
Se pretende establecer en el artículo 94
constitucional que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposite en la
Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en los tribunales en materia agraria,
laboral y de los contencioso administrativo, en tribunales colegiados y unitarios de
circuito y en juzgados de distrito.
Congruentemente con la incorporación de
los tribunales en materia agraria, laboral y contencioso administrativo al Poder Judicial
que se hace en el primer párrafo del artículo 94, es que se plantea reformar sus
subsecuentes párrafos y planteamos las adecuaciones a los numerales 94, 100, 101, 105,
107 y 110 para la viabilidad de la propuesta de la unicidad judicial planteada en la
presente iniciativa.
Fortalecimiento del Consejo de la
Judicatura Federal.
Como anteriormente se citó, en diciembre
de 1994 se produjo una reforma judicial en dos vertientes principales: la
reestructuración orgánica y funcional de la Suprema Corte y la creación del Consejo de
la Judicatura Federal.
En la segunda vertiente se crea el
autogobierno del Poder Judicial, dando paso al Consejo de la Judicatura Federal como un
órgano cuya misión principal es garantizar la independencia del Poder Judicial en su
conjunto y cuidar que se apliquen en todo tiempo los principios de la carrera judicial. Al
mismo tiempo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial
de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal
Electoral.
Cabe aclarar que en 1999 las normas
constitucionales sobre el Consejo de la Judicatura sufrieron reformas y adiciones. Con
ésta, la autonomía del Consejo de la Judicatura se vio vulnerada, ya que se confirió a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de revocar las resoluciones que
dicho consejo emitiera.
Asimismo se cambió el procedimiento para
la designación de los miembros del consejo, de tal forma que ya no sería mediante
insaculación, sino que fuera el pleno de la Corte el que los designe por mayoría de ocho
votos.
En tal sentido se considera indispensable
reflexionar nuevamente sobre la reestructura del Consejo de la Judicatura, a fin de que
cumpla de manera eficaz su función como órgano auxiliar en la administración del Poder
Judicial de la Federación.
Se propone reformar el artículo 100
constitucional, a efecto de establecer que el consejo estará facultado para expedir
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, pero estableciendo que las
decisiones del consejo serán definitivas a inatacables.
Se mantiene el precepto en lo tocante a que
la Suprema Corte, puede solicitar al consejo la expedición de aquellos acuerdos generales
que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional
federal. Sin embargo, esta iniciativa propone eliminar o derogar la disposición que
permitía al pleno de la Corte el poder revisar y, en su caso, recabar los que el consejo
apruebe por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y
procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
Facultad de iniciativa de Ley de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La iniciativa de ley es un derecho
establecido por la Constitución para poder promover en el ámbito del Poder Legislativo,
conforme a los procedimientos determinados en el propio texto de la ley fundamental.
Actualmente, conforme a nuestro artículo 71 constitucional, quienes tienen la facultad
para iniciar leyes son: el Presidente de la República, los diputados y senadores del
Congreso y las legislaturas de los estados.
En tal sentido se propone que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación cuente con esta facultad en lo concerniente a la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Con esta propuesta se permitiría dar mayor legitimidad al
origen, formulación y vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por otra parte, cabe destacar que en otros
países se establece como facultad de la Corte el derecho de iniciar leyes, como lo son en
Noruega, España, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Panamá,
Brasil, República Dominicana, El Salvador y Guatemala.
Por último, en la mayoría de las
constituciones locales de los estados de la República Mexicana, se reconoce este derecho.
Por lo anterior se propone adicionar una
fracción al artículo 71 de nuestra Ley Fundamental, para establecer que corresponderá
también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de iniciativa de ley,
pero únicamente en cuanto a su Ley Orgánica.
Fortalecimiento de la autonomía de
los poderes judiciales locales.
Uno de los principales problemas que
enfrenta el Poder Judicial Federal, es el rezago de expedientes, cuya causa se fundamenta
en el juicio de amparo y en la manera en que éste es interpuesto. El Poder Judicial
Federal, al resolver estos juicios, actúa como el revisor de la legalidad de las
decisiones de los tribunales del fuero común y además, tiene la función de proteger las
garantías individuales. El juicio de amparo que en principio fue ideado para proteger los
derechos individuales, ha derivado en ser un recurso de revisión de la legalidad de las
resoluciones de las dependencias de los poderes Ejecutivo Federal y locales e incluso de
las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales de los poderes judiciales locales.
Por otra parte, para que la función
revisora del Poder Federal disminuya, se requiere que haya mayor homogeneidad en los
niveles de confianza, en la impartición de justicia entre el fuero federal y común. La
autonomía de este poder en el ámbito local debe fortalecerse a través de la
profesionalización de los funcionarios.
Es así que el Poder Judicial, en el
ámbito estatal, aún conserva una estructura y organización arcaicos. En algunas
entidades de la Federación, en la práctica subsiste la sujeción de los tribunales
superiores de Justicia a la autoridad del gobernador, el sistema de permanencia en la
carrera judicial en el fuero común no está suficientemente garantizado en todas las
entidades, lo que da lugar al sometimiento de algunos funcionarios a fin de preservar sus
cargos, esto hace aparecer a la impartición de justicia, poco confiable a la luz de los
ojos de los ciudadanos.
No se puede mantener una organización
judicial que conlleve dos niveles de justicia que no están articulados entre ellos: el
local y el federal. Las deficiencias del primero traen como consecuencia el rezago del
segundo y el único perjudicado con esta situación es el ciudadano. La articulación
entre estos poderes sólo se logrará cuando el nivel de independencia y
profesionalización del federal y de los locales sea en la medida de lo posible similar.
En consecuencia, proponemos reformar la
fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal, a fin de implementar un
procedimiento para que la independencia del Poder Judicial local se haga de una manera
clara en la selección de los magistrados que integren este poder, por lo que integramos
una adición al texto constitucional, a efecto de lograr plasmar en él la elección de
los miembros que conformen el Poder Judicial local en cada una de las entidades
federativas del país y del Distrito Federal, realizando un equilibrio de poderes, ya que
el Poder Ejecutivo será el que proponga al Congreso local una terna para que se apruebe
al magistrado o magistrados que la representación popular decida.
Se propone establecer la creación de
consejos de la judicatura en las entidades federativas.
Por lo que se hace necesario una adición
constitucional que permee en todo el país, indicando que se creen en todas las entidades
federativas los consejos de la judicatura y además dotarles de facultades como la
vigilancia y disciplina del Poder Judicial local y la implantación de la carrera judicial
local, para que se cumpla con los principios de honradez, imparcialidad, excelencia,
legalidad, lealtad y eficiencia, así como la elaboración del presupuesto de egresos de
cada uno de los tribunales locales.
Con estas propuestas se podría contribuir
a promover, en pocos años, poderes judiciales locales fuertes e independientes del poder
político, como lo exige la división de poderes, fortaleciendo las garantías
individuales de los ciudadanos y la eficacia misma de las instituciones públicas.
Esto es todo por mi parte, suplico instruya
a la Secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates el texto
íntegro de la exposición de motivos y del decreto que en estos momentos entrego.
«Iniciativa para el fortalecimiento del
Poder Judicial de la Federación
Los suscritos diputados federales del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos
permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la
Constitución Federal, con el fin de fortalecer el Poder Judicial de la Federación,
iniciativa que se inscriben dentro de nuestra visión de reforma del Estado en este rubro,
misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Acción Nacional refrenda su compromiso con
la renovación y perfeccionamiento de una vida social institucionalizada, de ahí se
desprende la necesidad de un diseño institucional que sea congruente con el cambio que se
dio a partir del 2 de julio de 2000 y que atienda a las exigencias de una auténtica
reforma del Estado.
Sólo con este tipo de instituciones que
cumplan eficazmente su función e interpreten los cambios de la sociedad, podemos
garantizar un genuino desarrollo del Estado.
Así, encontramos la necesidad de
jurisdicción que se impone como un deber del Estado, en donde el contenido de la norma no
sólo se exige su precisión como garantía, sino fundamentalmente su plenitud, verdadero
anhelo de justicia de la nación mexicana.
Al Poder Judicial le corresponde la defensa
del derecho; interpretar la ley para establecer el orden jurídico, terminar con la
incertidumbre, asegurar los derechos e intereses legalmente protegidos, reprimir las
violaciones a la legalidad y resolver los conflictos de intereses, éste tiene la
importante función de contribuir a mantener el orden, la seguridad, la legalidad, la
justicia, asegurando la paz y la tranquilidad, concurriendo así a la realización del
bienestar social y buen funcionamiento de la sociedad.
En tal virtud, el Poder Judicial de la
Federación, como responsable de la administración de justicia, requiere de condiciones
de legitimación mucho más exigentes, como lo son la independencia, la eficiencia y la
accesibilidad.
Por lo que toca al principio de eficiencia
en la justicia, es necesario que el juzgador cumpla con su tarea dentro de los tiempos y
condiciones que marca la ley. Con respecto al principio de acceso a la justicia es
menester señalar que las instituciones de justicia deben permanecer al alcance de la
sociedad en su conjunto y no sólo de ciertos grupos privilegiados. Por su parte, el
principio de independencia, establece una separación indispensable entre la función
judicial y cualquier otra actividad gubernamental o actor político, para poder proveer
imparcialidad o neutralidad a dicha función.
Con las reformas constitucionales de 1994,
sin duda se dio un gran avance en el fortalecimiento del Poder Judicial, que trajo consigo
una profunda reestructuración orgánica, mejorando su funcionamiento administrativo, pero
insuficiente en cuanto a sus alcances.
Sin embargo, la tarea de perfeccionar y
consolidar nuestras instituciones de justicia debe continuar, por lo que presentamos la
iniciativa de reforma al Poder Judicial que plantea las siguientes propuestas:
Unicidad jurisdiccional: incorporación
de los tribunales en materia agraria, laboral y de lo contencioso administrativo al Poder
Judicial.
El orden federal del sistema jurisdiccional
mexicano, se compone a partir de diferentes tribunales no judiciales, que a pesar de que
materialmente dirimen controversias, formalmente no pertenecen al Poder Judicial, tales
como el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, los tribunales agrarios, Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
entre otros.
166, 167, 168
Lo anterior, sin duda, es un detrimento al
Poder Judicial como poder responsable de la potestad jurisdiccional y solución de las
controversias. Por ello se plantea el establecimiento de la unidad judicial, en el
entendido de que todo el orden jurídico se enlace en un solo poder, que no se distribuya
en diversas instituciones y que se pierdan en una complejidad administrativa las
competencias de legalidad, de anulación o incluso de jurisdicción.
Mediante la incorporación de los
tribunales en materia agraria, contencioso-administrativo y laboral, se evitarían
duplicidades y disfuncionalidades en el ejercicio de la potestad jurisdiccional
encomendado al Poder Judicial. No se violentarían o cuestionarían los principios de
independencia, unidad y exclusividad de jurisdicción, que requiere el Poder Judicial para
desarrollarse en un verdadero Estado de Derecho, pues la resolución de controversias
sería exclusiva del Poder Judicial.
Asimismo, con esta reforma el consejo de la
Judicatura Federal, sería el único responsable de la vigilancia y disciplina de los
juzgadores y del servicio de carrera judicial.
Para evitar el rezago en el que se
encuentra nuestro país en materia de unicidad judicial debemos destacar que países como
España, Guatemala, Perú, Panamá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva
Zelanda, Japón, entre otros, ya han incorporado a la fecha este mecanismo en sus sistemas
jurídicos.
En virtud de lo anterior, proponemos
reformar el artículo 27 a efecto de establecer que los tribunales responsables de la
administración de la justicia agraria pertenezcan al Poder Judicial de la Federación.
Se pretende establecer en el artículo 94
constitucional que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una
Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en los tribunales en materia agraria,
laboral y de lo Contencioso-Administrativo, en tribunales colegiados y unitarios de
circuito y en juzgados de distrito.
Congruentemente con la incorporación de
los tribunales en materia agraria, laboral y contenciosos administrativo al Poder Judicial
que se hace en el primer párrafo del artículo 94, es que se plantea reformar sus
subsecuentes párrafos y planteamos las adecuaciones a los numerales 97, 100, 101, 104,
105, 107 y 110 para la viabilidad de la propuesta de unicidad judicial planteada en la
presente iniciativa.
Fortalecimiento del Consejo de la
Judicatura Federal.
Como anteriormente se citó, en diciembre
de 1994 se produjo una reforma judicial en dos vertientes principales: la
reestructuración orgánica y funcional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
creación del Consejo de la Judicatura Federal.
En la segunda vertiente, se crea el
autogobierno del Poder Judicial, dando paso al Consejo de la Judicatura Federal, como un
órgano cuya misión principal es garantizar la independencia del Poder Judicial en su
conjunto y cuidar que se apliquen en todo tiempo los principios de la carrera judicial. Al
mismo tiempo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial
de la Federación con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cabe aclarar que en 1999 las normas
constitucionales sobre el Consejo de la Judicatura Federal sufrieron reformas y adiciones.
Con ésta, la autonomía del Consejo de la Judicatura Federal se vio vulnerada, ya que se
confirió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de revocar las
resoluciones que dicho consejo emitiera.
Asimismo se cambió el procedimiento para
la designación de los miembros del consejo, de tal forma que ya no sería mediante
insaculación, sino que fuera el pleno de la Corte el que los designe por mayoría de ocho
votos.
En tal sentido, se considera indispensable
reflexionar nuevamente sobre la reestructura del Consejo de la Judicatura Federal a fin de
que cumpla de manera eficaz su función como órgano auxiliar en la administración del
Poder Judicial de la Federación.
Se propone reformar el artículo 100
constitucional a efecto de establecer que el consejo estará facultado para expedir
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, pero estableciendo que las
decisiones del consejo serán definitivas e inatacables.
Se mantiene el precepto en lo tocante a que
la Suprema Corte de Justicia, pueda solicitar al consejo la expedición de aquellos
acuerdos generales que consideren necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la
función jurisdiccional federal. Sin embargo, esta iniciativa propone eliminar o derogar
la disposición que permitía al pleno de la Corte el de poder revisar y en su caso,
revocar lo que el consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley
establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
Facultad de iniciativa de ley a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
La iniciativa de ley es el derecho
establecido por la Constitución para poder promover en el ámbito del Poder Legislativo,
conforme a los procedimientos determinados en el propio texto de la Ley Fundamental.
Actualmente conforme a nuestro artículo 71 constitucional, quienes tienen la facultad
para iniciar leyes son: el Presidente de la República, los diputados y senadores del
Congreso y las legislaturas de los estados.
En tal sentido se propone que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación cuente con esta facultad en lo concerniente a la ley
Orgánica del Poder Judicial.
Con esta propuesta se permitiría dar mayor
legitimidad al origen, formulación y vigencia de la ley orgánica del Poder Judicial.
Al tener la facultad de iniciativa de ley
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materias de su competencia se le dota de una
mayor capacidad y conocimiento para formular idóneamente una propuesta de ley.
Por otra parte, cabe destacar que en otros
países se establece como facultad de la Corte el derecho de iniciar leyes, como lo son:
Noruega, España, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Panamá,
Brasil, República Dominicana, El Salvador y Guatemala.
Por último, en la mayoría de las
constituciones locales de los estados de la República Mexicana reconocen este derecho.
Por lo anterior, se propone adicionar una
fracción al artículo 71 de nuestra Ley Fundamental para establecer que corresponderá
también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de iniciativa de ley,
pero únicamente en cuanto a su Ley Orgánica.
Fortalecimiento de la autonomía de
los poderes judiciales locales.
Uno de los principales problemas que
enfrenta el Poder Judicial Federal, es el rezago de expedientes, cuya causa se fundamenta
en el juicio de amparo y en la manera en que éste es interpuesto. El Poder Judicial
Federal al resolver estos juicios actúa como el revisor de la legalidad de las decisiones
de los tribunales del fuero común y además, tiene la función de proteger las garantías
individuales previstas en la Constitución Política. El juicio de amparo que en principio
fue ideado para proteger los derechos individuales, ha derivado en ser un recurso de
revisión de la legalidad de las resoluciones de las dependencias de los poderes
ejecutivos Federal y locales e incluso de las resoluciones de las autoridades
jurisdiccionales de los poderes judiciales locales.
Por otra parte, para que la función
revisora del Poder Federal disminuya, se requiere que haya mayor homogeneidad en los
niveles de confiabilidad en la impartición de justicia entre el fuero federal y común.
La autonomía de este poder en el ámbito local debe fortalecerse a través de la
profesionalización de sus funcionarios.
Es así que el Poder judicial en el ámbito
estatal aún conserva una estructura y organización arcaicos. En algunas entidades de la
Federación, en la práctica subsiste la sujeción de los tribunales superiores de
justicia a la autoridad del gobernador, el sistema de permanencia en la carrera judicial
en el fuero común no está suficientemente garantizado en todas las entidades, lo que da
lugar al sometimiento de algunos funcionarios a fin de preservar sus cargos, esto hace
aparecer a la impartición de justicia poco confiable a los ojos de los ciudadanos.
No se puede mantener una organización
judicial que conlleve dos niveles de justicia que no están articulados entre ellos: el
local y el Federal. Las deficiencias del primero traen como consecuencia el rezago del
segundo y el único perjudicado con esta situación es el ciudadano. La articulación
entre estos poderes sólo se logrará cuando el nivel de independencia y
profesionalización del federal y de los locales sea en la medida de lo posible similar.
En consecuencia proponemos reformar la
fracción III del artículo 116 de la Constitución federal a fin de implementar un
procedimiento para que la independencia del Poder Judicial local se haga de una manera
clara en la selección de los magistrados que integren este poder, por lo que integramos
una adición al texto constitucional a efecto de lograr plasmar en él la elección de
miembros que conformen el Poder Judicial local, en cada una de las entidades federativas
del país y del Distrito Federal, realizando un equilibrio de poderes, ya que el Poder
Ejecutivo será el que proponga al Congreso local una terna, para que se apruebe el
magistrado o magistrados que la representación popular decida.
Se propone establecer la creación de
consejos de la judicatura en las entidades federativas.
Por lo que se hace necesaria una adición
constitucional que permee en todo el país, indicando que se creen en todas las entidades
federativas los consejos de la judicatura y además dotarles de facultades como la
vigilancia y disciplina del Poder Judicial local y la implantación de la carrera judicial
local para que se cumpla con los principios de honradez, imparcialidad, excelencia,
legalidad, lealtad y eficiencia, así como la elaboración del presupuesto de egresos de
cada uno de los tribunales locales.
Con estas propuestas se podría contribuir
a promover, en pocos años, poderes judiciales locales fuertes e independientes del poder
político, como lo exige la división de poderes, fortaleciendo las garantías
individuales de los ciudadanos y la eficacia misma de las instituciones públicas:
Por lo anteriormente expuesto, presentamos
el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforma, deroga y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se reforman los
artículos 27 fracción XIX párrafo segundo; 71 último párrafo; 94 párrafos primero,
quinto, sexto y noveno; 97 párrafos primero, segundo, cuarto y séptimo; 99 fracción IX
párrafo séptimo; 100 párrafos segundo y octavo; 101 párrafos primero y segundo; 104
fracción 1-B; 105 fracción tercera; 107 inciso b fracciones segunda, tercera,
cuarta y quinta; 110 párrafo primero; artículo 116 fracción III párrafo quinto; se
adicionan una fracción cuarta al artículo 71; un párrafo segundo a la fracción II y un
inciso e a la fracción V del artículo 107; un párrafo séptimo y octavo a la
fracción III del artículo 116. Se derogan el párrafo tercero de la fracción XIX del
artículo 27; la fracción XXIX-H del artículo 73; el párrafo noveno del artículo 100,
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
siguen:
"Artículo 27. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
I a la XVIII. . .
XIX. . .
Son de jurisdicción federal todas las
cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen
de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población;
así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para
estos efectos y en general, para la administración de justicia agraria, se instituirán
tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción del Poder Judicial de la
Federación, integrados por magistrados designados por el Consejo de la Judicatura Federal
y
Se deroga
XX. . .
Artículo 71. . .
I a la lll. . .
IV. Al Poder Judicial respecto a su Ley
Orgánica, a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las iniciativas presentadas por el
Presidente de la República, por las legislaturas de los estados, por las diputaciones de
los mismos, por el Poder Judicial de la Federación, pasarán desde luego a comisión. Las
que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe
el reglamento de debates.
169, 170, 171
Artículo 73. . .
I a la XXIX-G. . .
XXIX-H. Se deroga.
XXIX-I a la XXX. . .
Artículo 94. Se deposita el
ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un
Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito, en tribunales en
materia agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo y en juzgados de distrito.
. . .
. . .
. . .
La competencia de la Suprema Corte, su
funcionamiento en pleno y salas, la competencia del Tribunal Electoral, de los tribunales
de circuito, de los tribunales en materia agraria, laboral y de lo
contencioso-administrativo y de los juzgados de distrito, así como las responsabilidades
en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán
por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución
establece.
El Consejo de la Judicatura Federal
determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y en su caso,
especialización por materia, de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, de los
tribunales en materia agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo y de los
juzgados de distrito.
. . .
. . .
La remuneración que perciban por sus
servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los de materia
agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo y los jueces de distrito, y los
consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser
disminuida durante su encargo.
. . .
. . .
Artículo 97. Los magistrados de
circuito, los magistrados en materia agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo y
los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el consejo de la Judicatura
Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos
que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de
los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser
privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la
ley.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o magistrado de circuito o magistrado en
materia agraria, laboral o de lo contencioso-administrativo o algún juez de distrito o
designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo
pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el
gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que
constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar
al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado
federal.
. . .
La Suprema Corte de Justicia nombrará y
removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces
nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de
circuito, de los tribunales en materia agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo
y de los juzgados de distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera
judicial.
. . .
. . .
Los magistrados de circuito, magistrados en
materia agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo y los jueces de distrito
protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.
Artículo 99. . .
. . .
. . .
. . .
I a la IX. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Los magistrados electorales que integren
las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán
ser menores a los que se exigen para ser magistrados. Durarán en su encargo ocho años
improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.
. . .
Artículo 100. . .
El consejo se integrará por siete miembros
de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo
será del consejo; tres consejeros designados por el pleno de la Corte, por mayoría de
cuando menos ocho votos, de entre los magistrados de circuito, magistrados en materia
agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo y jueces de distrito; dos consejeros
designados por el Senado y uno por el Presidente de la República.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
De conformidad con lo que establezca la
ley, el consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado
ejercicio de sus funciones. Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables.
La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al consejo la expedición de aquellos
acuerdos generales que consideren necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la
función jurisdiccional federal.
. . . Se deroga párrafo noveno vigente.
. . .
Artículo 101. Los ministros de la
Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los magistrados en materia
agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo, los jueces de distrito, los
respectivos secretarios y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los
magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso,
aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados, del Distrito
Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas,
docentes, literarias o de beneficencia.
Las personas que hayan ocupado el cargo de
ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, magistrado en materia
agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo, juez de distrito o consejero de la
Judicatura Federal, así como magistrado de la Sala Superior del tribunal electoral, no
podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos,
abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la
Federación.
. . .
. . .
. . .
Artículo 104. . .
I. . .
I-B. De los recursos de revisión que se
interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo
contencioso-administrativo a que se refieren el artículo 94 y la fracción IV, inciso e,
del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las
revisiones, de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito, se sujetarán
a los tramites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución
fije para la revisión en amparo indirecto y en contra de las resoluciones que en ellas
dicten los tribunales colegiados de circuito no procederá juicio o recurso alguno.
II a la VI. . .
Artículo 105. . .
I y II. . .
III. De oficio o a petición fundada del
correspondiente tribunal unitario de circuito o del Procurador General de la República,
podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de
distrito, magistrados en materia agraria, laboral y de lo contencioso-administrativo,
dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y
trascendencia así lo ameriten.
. . .
. . .
Artículo 107. Todas las
controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas
del orden jurídico que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases
siguientes:
I. . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
III. Cuando se reclamen actos de los
tribunales mencionados en el primer párrafo del artículo 94 de esta Constitución,
excepto en materia electoral o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos
siguientes:
a) al c). . .
IV. En juicios donde intervengan tribunales
de lo contencioso-administrativo el amparo procede, además, contra resoluciones que
causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No
será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la
suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del
juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión;
V. . .
a). . .
b) En materia administrativa, cuando se
reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio
dictadas por tribunales de lo contencioso-administrativo, excepto en materia electoral, no
reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.
c) al d). . .
e) En materia agraria, cuando se reclamen
sentencias dictadas por los tribunales unitarios o el Tribunal Superior Agrario.
. . .
VI a la XVIII. . .
Artículo 110. Podrán ser sujetos
de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los
secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de
gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador
General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito, los magistrados en
materia agraria, laboral o de lo contencioso-administrativo y jueces de distrito, los
magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la
Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el
secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal
Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a
éstas y fideicomisos públicos.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Artículo 116. . .
I y ll. . .
III. . .
. . .
. . .
. . .
Los magistrados durarán en el ejercicio de
su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, podrán ser reelectos y si
lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las
constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los
estados. La designación de los magistrados se hará por el voto de las dos terceras
partes de los miembros del Congreso local presentes, en los términos que las
constituciones y las leyes de cada entidad federativa dispongan.
. . .
La administración, vigilancia y disciplina
del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales de las
entidades federativas estarán a cargo de un consejo de la judicatura de la entidad
federativa respectiva.
Las constituciones y leyes de los estados
determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del consejo de la
judicatura. Asimismo, fijarán los criterios conforme a los cuales se creará el servicio
de la carrera judicial, sustentado en los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia. El servicio de carrera judicial establecerá los requisitos y
procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento,
desarrollo, actualización, permanencia, evaluación, promoción y separación del
servicio público.172, 173, 174
IV a la VII. . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
20 de marzo de 2002.— Diputados: Yadira Tamayo, Manuel Minjares, María Teresa
Gómez Mont, Eduardo Rivera Pérez, Luis Fernando Sánchez Nava, Salvador Escobedo
Zoletto, Miguel Gutiérrez Hernández, Juan Carlos Pillares Bueno, Fernando Pérez
Noriega, Martha Patricia Martínez, Manuel Orozco García, Armando Salinas Torre,
Guillermo Anaya Llamas, Germán A. Pellegrini y Raúl Gracia Guzmán.»
Esto es todo por mi parte. Suplico a la
Presidencia instruya a la Secretaría para que se inserte en el Diario de los
Debates el texto íntegro de la exposición de motivos y del decreto que en estos
momentos entrego.
Muchísimas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales y atiéndase la solicitud de la diputada.
ORGANOS AUTONOMOS DEL ESTADO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Luis
Fernando Sánchez Nava, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una
iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento a organismos constitucionales
autónomos.
El diputado Luis Fernando Sánchez Nava:
«Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma un artículo de la Constitución General, para establecer las bases
fundamentales de los órganos autónomos constitucionales, dentro de la reforma del
Estado.
Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Los suscritos diputados federales del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 62 y 63 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la
Constitución Federal, con el fin de definir las bases fundamentales de los órganos
constitucionales autónomos, iniciativa que se inscribe también dentro de nuestros
planteamientos de Reforma del Estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El principio de la división de poderes
obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo de los reyes. Hoy, en pleno Siglo
XXI, la teoría sigue manteniendo trascendencia, pero se extrae de ella sólo lo que
importa: evita la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes.
La teoría de la división de poderes tiene
antecedentes desde Aristóteles. Pero la forma clásica en la que se ha expuesto la
doctrina de la separación de poderes, corresponde a Montesquieu, en la fórmula de pesos
y contrapesos, en el sentido de un apasionado alegato en defensa de la libertad.
El poder está en la sociedad y sus
instituciones. Precisamente por eso, hoy la realidad ha impuesto nuevos órganos capaces
de disminuir la ascendencia de alguno de los poderes clásico, pero también de restringir
y sujetar al derecho a los otros "poderes" sociales, políticos y económicos:
partidos, iglesias, medios de comunicación, grupos empresariales nacionales y
transnacionales.
Aunque éstos órganos autónomos
constitucionales tienen su origen en el Siglo XX, se desarrollan en éste, principalmente
en los países europeos, el más importante ha sido el tribunal constitucional, y tienen
por finalidad controlar los poderes tradicionales.
Podemos decir, que el incremento de la
intervención del Estado en la vida individual y social del hombre hace que se concentre
el poder público en pocos órganos del mismo; lo anterior fomenta la necesidad de crear y
establecer en la Constitución órganos con autonomía de actuación que no estén
atribuidos a la estructura de los depositarios clásicos del poder, a fin de distribuir
ciertas funciones estatales, lo que permitirá evitar su concentración, contribuyendo a
la democracia y el bienestar social, obteniendo con ello una mayor especialización,
agilización, control y transparencia de las mismas. Tales entes públicos han recibido la
denominación de órganos constitucionales autónomos.
Una vía para conciliar partidos, poderes
tradicionales, grupos económicos, sociales y democracia, es a través de los órganos
constitucionales autónomos que pueden ser capaces de fiscalizar transparentar y
democratizar la vida política.
Aunque las funciones y materias que pueden
atender los órganos constitucionales autónomos son diversas, en general éstos deben de
regirse por principios como el de la inmediatez, esencialidad, dirección política,
paridad de rango, autonomía, apoliticidad, inmunidad y transparencia.
De acuerdo a la experiencia que se ha
venido dando a nivel nacional como internacional, podemos decir que los órganos
autónomos constitucionales son o deben ser aquellos inmediatos y fundamentales
establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes
tradicionales del Estado, es decir, son órganos de equilibrio constitucional y político,
y sus criterios de actuación no pasan por los intereses inmediatos del momento, sino
preservan la organización y el funcionamiento constitucional
En México, nuestra Constitución reconoce
como órganos autónomos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Banco Central y
al Instituto Federal Electoral. No obstante, cabe acotar que lo cierto es que hasta ahora
no existe un solo artículo constitucional en el que se sistematice y compile los
lineamientos generales y abstractos para la creación y funcionamiento de dichos órganos.
La propuesta aquí presentada, pretende
suplir dicho vacío, por lo que se pretende establecer en el artículo 49 constitucional
que disponga que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los órganos autónomos que reconoce esta
Constitución.
Asimismo para disponer que los órganos
autónomos del Estado gozarán de independencia en su funcionamiento y administración,
por lo que contarán con autonomía presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Sus titulares serán
elegidos por el Congreso de la Unión o una de sus cámaras y podrán ser removidos de sus
funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución o de acuerdo a lo que
la ley disponga.
También se plantea prever que los
titulares de los órganos autónomos no podrán tener ningún otro empleo, cargo o
comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del órgano y los
que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o
beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será la que se determine en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción de lo previsto en esta
Constitución.
Conscientes de que la autonomía no debe
ser entendida como una falta de controles, es que se propone establecer que dichos
órganos autónomos estarán sujetos a la fiscalización superior de la federación, en
términos de lo previsto en el artículo 79 de la Constitución y que los titulares de los
órganos autónomos presentarán anualmente a los poderes de la Unión un informe de
actividades. Al efecto comparecerán ante las cámaras del Congreso en los términos que
disponga la ley.
Por lo anteriormente expuesto, con
fundamento en lo dispuesto a la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados
federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a la
consideración de esta representación nacional el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforma, deroga y adicionan
dfiversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el
artículo 49 párrafo primero, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 49. El Supremo Poder de la
Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los
órganos autónomos que reconoce esta Constitución.
. . .
Los órganos autónomos del Estado gozarán
de independencia en su funcionamiento y administración, por lo que contarán con
autonomía presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como
personalidad jurídica y patrimonio propios.
Sus titulares serán elegidos por el
Congreso de la Unión o una de sus cámaras, y podrán ser removidos de sus funciones en
los términos del Título Cuarto de esta Constitución o de acuerdo a lo que la ley
disponga.
Los titulares de los órganos autónomos no
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que
actúen en representación del órgano y los que desempeñen en asociaciones docentes,
científicas, culturales, de investigación o beneficencia, no remunerados. La
retribución que perciban será la que se determine en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, con excepción de lo previsto en esta Constitución.
Dichos órganos autónomos estarán sujetos
a la Fiscalización Superior de la Federación, en términos de lo previsto en el
artículo 79 de esta Constitución.
Los titulares de los órganos autónomos
presentarán anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto
comparecerán ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
20 de marzo de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, Armando Salinas Torre,
Luis Fernando Sánchez Nava, María Teresa Gómez Mont, Fernando Pérez Noriega, Miguel
Gutiérrez Hernández, Salvador Escudero Zoletto, Juan Carlos Pallares Bueno, Eduardo Rivera
Pérez, Martha Patricia Martínez, Manuel Orozco Garza, Guillermo Anaya, Miguel Mantilla,
Raúl Gracia Guzmán, Cuahutémoc Cardona, Manuel Minjares, Germán Pellegrini y
Mario Reyes Oviedo.»
Suplico a la Presidencia instruya a la
Secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates el texto
íntegro de la exposición de motivos y el decreto que en este momento entrego.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado, muy amable.
Se instruye a la Secretaría obsequie el
pedimento del diputado y se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
PODER
LEGISLATIVO (II)
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Felipe
Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una
iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo.
El diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa:
Gracias. Con permiso de la Presidencia;
señoras y señores legisladores:
El día de hoy los diputados del Partido
Acción Nacional que participan en los temas relacionados con la Reforma del Estado
estamos presentando una serie de iniciativas que forma parte del primer bloque de reformas
que ponemos a la consideración del Congreso de la Unión.
Este es el fruto del trabajo paciente y
constante, fuera de cámaras y de medios, digámoslo así, pero trabajo real al fin, no
siempre registrado en las críticas al Legislativo, y que constituye la propuesta de
Acción Nacional al Congreso de la Unión en la materia de Reforma del Estado y
particularmente en materia de fortalecimiento de poderes, en especial del Poder
Legislativo.
175, 176, 177
En obvio de tiempo y de conformidad con el
espíritu y el propósito de los grupos parlamentarios de reducir en lo posible el tiempo
de presentación de iniciativas, voy a presentar por escrito a la Secretaría el texto
correspondiente a efecto de que se inserte textualmente en el Diario de los Debates,
como si fuese leído en su literalidad y a comentar algunos de los puntos medulares de
esta iniciativa.
En primer lugar, es una iniciativa que se
refiere al fortalecimiento del Legislativo. Buscamos una reforma que vaya a la esencia de
las instituciones políticas que sostienen al Estado, a la luz de los retos que la
realidad nos impone.
Hemos afirmado que una reforma del Estado
no está completa si no abarca un cambio, una transformación en las relaciones
económicas y sociales entre los órganos del Estado y los ciudadanos.
Sin embargo, a la luz de los cambios
impulsados por la sociedad en materia política, las instituciones políticas precisamente
han quedado rezagadas y ha llegado el tiempo de estructurar sobre nuevas bases el
ordenamiento constitucional del país y sustituir aquellas estructuras que formaron parte
del antiguo régimen.
Por razones históricas, el Poder
Legislativo ha venido sufriendo una merma en su capacidad real de la toma de decisiones
ante la sociedad. Probablemente, paradójicamente diríamos nosotros, uno de los momentos
de mayor debilitamiento del Poder Legislativo se presenta, coincidentemente, con el
crecimiento del poder hegemónico del Presidente de la República y particularmente el
poder del jefe máximo, a finales de la década de los años veinte y principios de los
años treinta.
Y decimos esto porque no es casualidad que
el debilitamiento del Poder Legislativo entre en una fase crónica precisamente en el
cenit de la jefatura máxima del poder en el presidente y en el año de 1933, que es
precisamente el año en el que se suprime la reelección consecutiva de los legisladores.
Es decir, todas nuestras constituciones en
el siglo pasado y aun la Constitución de 1917 preveían precisamente la reelección
consecutiva y no pretendo circunscribir ni las reformas al Poder Legislativo a este solo
tema ni mucho menos las propuestas de Acción Nacional en Reforma del Estado al tema de la
reelección. Pero sí quiero dejar una premisa asentada con claridad: estrictamente no
estamos proponiendo introducir la reelección a la figura constitucional, la reelección
de los legisladores, por una simple y sencilla razón: la reelección de los legisladores
ya está considerada en la Constitución, es posible.
El punto que debilita al Poder Legislativo
es que esta facultad, que no es de los legisladores sino del ciudadano de elegir a sus
representantes, está mutilada, cercenada por la prohibición de la reelección
consecutiva.
El debilitamiento del Legislativo, pues,
inicia cuando los legisladores no pueden constituir un cuerpo orgánico con la
experiencia, la profesionalización, la continuidad en el tratamiento de los asuntos y,
sobre todo, la vinculación con los electores que sólo un régimen de reelección
consecutiva da y que por cierto opera en la abrumadora mayoría de los países
democráticos en el mundo.
Con la idea de fortalecer a las
instituciones dentro de un verdadero equilibrio de poderes, Acción Nacional presenta esta
iniciativa de decreto que reforma varias disposiciones constitucionales referidas al
fortalecimiento del Poder Legislativo.
La serie de reformas que proponemos
permiten que precisamente se valore y se deje en manos de los ciudadanos, las decisiones
acerca de la integración del poder representativo, se amplíen los periodos de sesiones,
se precisen ausencias y suplencias de los propios legisladores y, sobre todo, se
fortalezca, se robustezca el trabajo de las comisiones.
En este orden de ideas los puntos centrales
de la propuesta que ponemos a consideración del Congreso son los siguientes:
Primero. Reelección consecutiva de
legisladores. Consideramos necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas, de
control, de supervisión y calificación ciudadana respecto de la actuación de los
representantes populares. Se propone reformar el artículo 59 para establecer una nueva
modalidad para que los senadores al Congreso de la Unión puedan ser reelectos para un
periodo inmediato y los diputados hasta por tres periodos consecutivos.
Esta iniciativa prevé que los senadores y
diputados que hayan sido electos a los periodos consecutivos a que se refiere este
artículo, no podrán ser reelectos con el carácter de propietarios ni de suplentes.
Se planea disponer en el artículo 116
constitucional, que los diputados a las legislaturas de los estados puedan ser reelectos
para el periodo inmediato en los términos que señalen las constituciones de los estados
precisamente, a fin de que sean éstas las que legislen los términos y formas en la
materia, de acuerdo a sus respectivas realidades.
Segundo. Es el tema de la ampliación del
segundo periodo de sesiones ordinarias, que es precisamente en el que estamos ahora. Así
proponemos reformar los artículos 65 y 66 constitucionales para que el segundo periodo de
sesiones se amplíe de un mes y medio en que está actualmente, a cuatro meses. Es decir,
del 1o. de marzo al 30 de junio.
Se propone que el primer periodo de
sesiones ordinarias tenga el plazo que actualmente se dispone, es decir, de septiembre a
diciembre y que es de tres y medio meses y que se extienda a cuatro meses cuando tome
posesión el Presidente de la República.
Tercero. Proponemos adelantar la fecha de
presentación del proyecto de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la
Federación. Se propone reformar el artículo 74 constitucional para que el Ejecutivo
Federal haga llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 15 del mes de
octubre o bien, hasta el día 15 de noviembre cuando inicie su encargo en la fecha
prevista por el artículo 83 constitucional, debiendo comparecer el secretario del
despacho correspondiente a dar cuenta de los citados proyectos.
Se permite así que el Congreso cuente
generalmente con un plazo aproximado de cuando menos dos meses y excepcionalmente de mes y
medio, para el estudio y análisis del paquete fiscal correspondiente al año siguiente.
Estas fechas son posibles en el entendido
en que en la misma iniciativa que presentamos, proponemos adelantar la fecha de la toma de
posesión del presidente constitucional.
Cuarto. Adelantar la presentación y
revisión, consecuentemente, de la Cuenta Pública. Se propone disponer en el artículo 74
constitucional, que la Cuenta Pública del año anterior sea presentada a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de abril en
lugar de la disposición actual que prevé que se presente dentro de los 10 primeros días
del mes de junio y con ello se permitirá que el Congreso pueda realizar su función
revisora y fiscalizadora de una manera más inmediata al ejercicio del gasto y por otra
parte disponer de mayor tiempo y mayores elementos para su revisión.
Quinto. Buscamos precisar el procedimiento
a seguir en caso de ausencia absoluta o de vacante de algún legislador. Se propone
establecer que en el caso de vacantes de diputados y de senadores del Congreso de la
Unión, por el principio de mayoría relativa, la cámara respectiva convoque a elecciones
extraordinarias en el distrito correspondiente, la cual se efectuará en los términos que
disponga la ley.
Se prevé que la vacante de miembros de la
Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, sea
cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la
lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren
correspondido.
Se plantea además disponer que la vacante
de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación
proporcional, circunstancia que ya ha ocurrido por desgracia en la legislatura pasada,
deba ser cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el
orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que
le hubieren correspondido.
Finalmente se prevé que la vacante de
miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, deberá
ser cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad
federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar en la misma elección.
Sexta. Fortalecimiento de las comisiones de
investigación. Debe pasarse de un Congreso simplemente deliberante o medularmente
deliberante a un Congreso verdaderamente fiscalizador. El control legislativo no puede
entenderse como la mera obstrucción de la función de los otros poderes, sino que supone
la fiscalización eficaz y la colaboración en la transparencia y la eficacia en el
ejercicio de los recursos públicos. Para ello es medular establecer mecanismos de control
de las áreas en que esta función legislativa interviene, con el fin de evidenciar
errores y excesos.
Proponemos que las cámaras tengan la
facultad de integrar comisiones para investigar no sólo situaciones relativas a
organismos descentralizados o a empresas de participación estatal mayoritaria, como es
ahora la disposición constitucional, sino para cualquier asunto de interés nacional que
podrá hacerse a pedido de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados o
de la mitad de la Cámara de Senadores y mediante la aprobación del pleno de la Cámara
correspondiente y que se establezca un mecanismo de integración de estas comisiones más
ágil y a la vez con menos requerimientos administrativos de lo que supone en la
actualidad la formación de una comisión ordinaria de dictamen o de una comisión
especial.
Se plantea en esta iniciativa que los
resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones que, en su
caso, se emitan, se hagan del conocimiento del pleno de la Cámara respectiva, del
Ejecutivo Federal y, en su caso, del Ministerio Público Federal, cuando se desprenda la
posible comisión de delitos del fuero federal, a fin de que se adopten las medidas y se
ejecuten aquellas que sean consideradas procedentes.
Se propone que las autoridades de la
administración pública tengan la obligación de prestar a las mismas el apoyo que le
requieran y proporcionar todo tipo de información o documentación que éstas consideren
necesarias, aun la clasificada por ley como reservada, confidencial, secreta o
restringida, bajo el entendimiento de que dichas comisiones de investigación revisten un
carácter especial de fiscalización y por la otra, porque se trata de un instrumento o
medio de un poder público que no justifica obstaculizar sus atribuciones como contrapeso
del principio de división de poderes.
Séptima. Es ampliar las facultades del
Congreso. Se pretende ampliar las facultades de revisión respecto a los ingresos y
egresos de los poderes de la Unión, así como lo relativo a la imposición de
contribuciones con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos públicos y
fortalecer la facultad de fiscalización y control.
El grupo parlamentario del PAN ratifica la
importancia de transparentar y hacer eficiente el ejercicio de tales recursos y que se
amplíen las atribuciones del Congreso en materias que han sido propuestas en otras
iniciativas en esta propia Cámara de Diputados.
Finalmente y como octava propuesta:
reiteramos nuestra proposición de establecer un servicio legislativo de carrera, a fin de
que el servicio civil en este Congreso permita institucionalizar la tarea de memoria
institucional que tienen a su cargo las cámaras, fortalecer los cuerpos de asesoría
profesional a los legisladores y que además cuente este Congreso de la Unión con las
herramientas necesarias para ejercer su encargo.
Señoras y señores legisladores: con estas
propuestas de reforma constitucional al Poder Legislativo Acción Nacional busca su
fortalecimiento y refrenda su compromiso para construir desde la norma, un Estado que
responda a las nuevas relaciones que exigen los ciudadanos y que demanda el futuro del
país.
Muchas gracias.
«Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución General,
para el fortalecimiento del Poder Legislativo de la Federación, dentro de la reforma del
Estado.
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Los suscritos diputados federales del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos
permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la
Constitución Federal, con el fin de fortalecer el Poder Legislativo de la Federación,
iniciativa que se inscribe dentro de nuestra visión sobre la Reforma del Estado, misma
que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Partido Acción Nacional, en congruencia
con sus 62 años de participación política, reitera su compromiso con México y asume la
responsabilidad de responder ante las y los mexicanos, que en las urnas se pronunciaron
por un cambio que fuera más allá de la alternancia, hacia una transformación profunda y
el fortalecimiento de las instituciones democráticas de la nación.
Al reconocer que este periodo de
consolidación democrática, ha sido de evaluación y estudio, Acción Nacional se hizo a
la tarea de recuperar las tesis que ha guiado la ciudadanía. Esto, a través de
propuestas legislativas y de gobierno que contribuyan, con serenidad, a la edificación de
una reforma que vaya a la esencia de las instituciones políticas que sostienen al Estado
mexicano, a la luz de los retos que la realidad nos impone.
178, 179, 180
Entendemos que una reforma del Estado no
estará completa sin las reformas en materia económica y social. Sin embargo, a la luz
del rezago actual que viven las instituciones políticas, creemos que el tiempo ha llegado
para abordar directamente las estructuras que habían sostenido al viejo régimen, para
determinar, de una vez por todas, las bases institucionales de lo que debe ser un país en
el que la justicia y la legalidad sean el motor para un desarrollo incluyente y
democrático.
La persona o grupos de personas que ejercen
una parte de la potestad pública, jurídicamente vienen a ser los órganos del Estado que
adquieren la facultad a partir del contenido de la Constitución. En nuestro caso, emana
de la soberanía como fuente de poder que reside en el pueblo, fundamentada en la libertad
y en la igualdad mediante un gobierno representativo.
El Estado, cuenta con tres niveles de
gobierno, que cuentan a su vez con un sistema de representación y la organización de
procesos mediante los cuales se hace efectiva la delegación popular.
El ejercicio del poder, había venido
generando un desequilibrio que con el tiempo se fue acentuando, convirtiendo una de las
funciones en concentradora de las otras dos, en los tres niveles de gobierno, anulando,
así al resto. Fue quizá ese desajuste el que afectó al sistema de pesos y contrapesos
que debe equilibrar el ejercicio del poder y de la autoridad, hasta llegar al momento del
reclamo y la definición en que hoy nos encontramos, ante la realidad impostergable de
institucionalizar el ejercicio de los procesos políticos.
La consolidación de las instituciones
democráticas, reclama la redefinición de normas constitucionales acordes con los
preceptos previamente integrados, con el fin de hacer efectiva su función, delimitando y
definiendo ámbitos y competencias, atribuciones y facultades. La definición de la
estructura de cada uno de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno debe marcar
su función respectiva dentro del Estado y con base en los principios normativos que le
dan forma en el ordenamiento supremo que es la Constitución. En ella se determinan la
forma de gobierno, la organización y las funciones de los poderes públicos, así como la
organización de los procesos democráticos y determinando los derechos y deberes de los
ciudadanos.
Con la idea de fortalecer a las
instituciones dentro de un sistema de equilibrios, Acción Nacional presenta una
iniciativa de decreto que reforma varias disposiciones constitucionales. Entendemos que
debe ser, a partir de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que se formule el proyecto de Estado, mediante el cual las instituciones de la nación
puedan contar con la garantía que las defina y les dé estructura, por lo que se
pronuncia por un sistema presidencial de equilibrio de poderes, federalista,
municipalista, democrático y constitucional.
La tesis que sustenta que el poder
desmesurado corrompe a quien lo detenta es vigente y se mantiene como fundamento del
sistema de división de poderes, el cual plantea la posibilidad de frenar al poder con el
poder mismo.
No obstante el reconocimiento de la
división y equilibrio de poderes en el propio marco constitucional, el Poder Legislativo
se ha visto siempre limitado y condicionado debido al régimen que adoptamos, el cual
desde 1824, con los significativos antecedentes del Legislativo omnímodo de Apatzingán y
del sumiso legislativo iturbidista, marcó la pauta para el surgimiento de un sistema que
a través del tiempo se convertiría en una enfermedad del régimen presidencial, en
detrimento del Poder Legislativo.
La serie de reformas y modificaciones
constitucionales que permitieron el robustecimiento de la figura del Presidente de la
República ante el Congreso fueron mermando aún más la función legislativa y su
representación nacional.
En todos los ámbitos de la vida política
nacional se aprecia la necesidad de contar con un Poder Legislativo Federal con mayores y
mejores facultades legales para equilibrar y controlar al Poder Ejecutivo, para servirle
de contrapeso. Estas coadyuvarán a lograr una presidencia de la República
democráticamente fuerte y un gabinete sustentado en la eficiencia, la eficacia y la
honestidad en el cumplimiento de sus atribuciones, con oportuna y suficiente capacidad de
respuesta a las demandas de los ciudadanos.
Hoy, más que nunca, debemos pugnar por
fortalecer la división de poderes y por distinguir las facultades de los mismos, sin
perder de vista su función de contrapeso mutuo, asegurando así la eficaz marcha del
Estado.
Reelección inmediata de legisladores.
Acción Nacional considera necesario
establecer mecanismos de rendición de cuentas, de control, de supervisión y
calificación ciudadana respecto a la actuación de sus representantes; en tal sentido se
considera conveniente establecer la reelección inmediata de legisladores. Con ello, se
permitirá en primer lugar que la ciudadanía juzgará y valorará el desempeño de los
legisladores, teniendo la oportunidad cada tres años, de señalar los errores y los
aciertos: podrán valorar no sólo su actividad legislativa y el desempeño de las
distintas comisiones de que formen parte, sino también la acción de gestión en
beneficio de la sociedad.
Es el camino para que la ciudadanía tenga
la posibilidad de refrendar a aquellos representantes que hayan cumplido con eficacia y
espíritu de servicio, respecto a la representación que les fue otorgada. El juicio
ciudadano acerca de quiénes han cumplido con su deber, puede manifestarse con plena
claridad por medio de la reelección de sus representantes.
Se profesionalizaría a los legisladores,
ya que el trabajo legislativo tiene qué ver con materias cuyo conocimiento no se adquiere
de manera inmediata sino a través de una carrera legislativa.
Esta iniciativa no representa la
iniciación de una corriente de opinión contraria al principio de no reelección para los
titulares del Poder Ejecutivo Federal y estatal, ya que dicho principio es esencia y
razón de la Revolución Mexicana y del régimen constitucional emanado de ella, por lo
que es y debe seguir siendo intocable.
Cabe recordar que en el año de 1964, en la
XLVI Legislatura, el tema de reelección legislativa se retomó al presentar el Partido
Popular Socialista, a través de su líder Vicente Toledano, una propuesta cuyo objeto fue
que los diputados federales pudieran ser reelectos tantas veces como lo decidieran los
partidos políticos a los que pertenecían, misma que fue dictaminada con modificaciones
para que los diputados no pudieran ser reelectos para un tercer periodo consecutivo.
Este dictamen fue aprobado en la Cámara de
Diputados, sin embargo encontró oposición para su aprobación en la colegisladora,
siendo devuelto el proyecto a la Cámara de origen y considerando el obstáculo
insuperable que imponía la Cámara de Senadores, se decidió dejar constancia
pormenorizada de lo acontecido en el Diario de los Debates y archivar el
proyecto.
No es razonable pensar que todos y cada uno
de los diputados pudieran reelegirse a su arbitrio personal, ya que de acuerdo con el
sistema electoral imperante, para ser candidato a un cargo de representación popular se
requiere la postulación de un partido político registrado; pero además, quienes en
última instancia habrán de decidir serán los ciudadanos, quienes indudablemente
reelegirán a aquel legislador que no haya cumplido con su deber, que no haya defendido
los intereses de sus representados.
Actualmente, existe una reelección
limitada, condicionada con intermitencias para los diputados y los senadores en la
Constitución de la República. En el texto original de la Constitución de 1917, no
existía tal condición. Por lo tanto no hay razón ni doctrinaria ni teórica ni
histórica ni actual, ni circunstancial, que obliguen a no volver al texto original de la
Constitución de 1917, donde se permitía la reelección inmediata de los legisladores.
En consecuencia, se propone reformar el
artículo 59 para establecer una nueva modalidad, en el sentido de que los senadores al
Congreso de la Unión, podrán ser reelectos para un periodo inmediato. Que los diputados
al Congreso de la Unión, podrán ser reelectos hasta por tres periodos consecutivos. Que
los senadores y diputados suplentes podrán ser reelectos para el periodo inmediato con el
carácter de propietario; si hubieren estado en ejercicio se computará como reelección
en los términos de los párrafos anteriores. La limitación que se propone, es con la
finalidad de promover nuevos cuadros parlamentarios que renueven con sus aportaciones el
ambiente y la acción legislativos, con lo que se guardaría un equilibrio entre la
experiencia y las ideas nuevas.
Esta iniciativa prevé que los senadores y
diputados que hayan sido electos a los periodos consecutivos a que se refiere este
artículo no podrán ser reelectos con el carácter de propietarios ni de suplentes.
Por último se plantea disponer en el
artículo 116 constitucional, relativo al régimen de los estados, que los diputados
propietarios a las legislaturas de los estados o los suplentes que hubieran estado en
ejercicio, podrán ser reelectos para el periodo inmediato en los términos que señalen
las constituciones de los estados, para que sean éstas las que legislen los términos y
formas en la materia, de acuerdo a sus respectivas realidades.
Ampliar el segundo periodo de sesiones
ordinarias.
La realidad legislativa ha evidenciado que
es insuficiente el tiempo de los periodos de sesiones ordinarias para cumplir con los
objetivos del Congreso, ya que los periodos legislativos tan cortos no alcanzan para
analizar con detalle las diversas iniciativas presentadas al Congreso y atender además
sus otras obligaciones relacionadas con la fiscalización del gasto público, la
aprobación del presupuesto y la atención de los incontables asuntos políticos que son
motivo de las deliberaciones y debates parlamentarios.
En lo que respecta al derecho comparado, el
número y extensión temporal de los periodos de sesiones ordinarias varían de país a
país. En Alemania, por ejemplo, se da un sistema de asamblea permanente, es decir, ésta
se reúne y cierra sus sesiones cuando lo estima pertinente. Por su parte, en Inglaterra
el Parlamento sesiona casi durante todo el año, pero en algunos casos suspende su
actividad por algunos meses. Otros países, como Francia, Italia y España, se inclinan
por establecer dos periodos de sesiones, fijando, en algunos casos, la fecha de inicio y
cierre de los mismos.
En tal virtud, se propone reformar los
artículos 65 y 66 constitucionales para que el segundo periodo de sesiones se amplíe de
un mes y medio a cuatro meses; es decir del 1o. de marzo al 30 de junio y se sugiere que
el primer periodo de sesiones ordinarias tenga el plazo que actualmente se dispones de
tres y medio meses y de cuatro meses cuando toma posesión el Presidente constitucional.
Adelantar la fecha de presentación del
proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
El presupuesto junto con el ingreso
constituyen el detonante para el desarrollo social y son el impulso de los programas de
obras y servicios públicos en materia de nutrición, salud, educación, vivienda,
seguridad pública, transporte, vialidad, entre muchos más.
Por ello, existe una responsabilidad
fundamental del Poder Legislativo respecto estos instrumentos jurídicos, a fin de
determinar si los mismos elevaran o deterioran el desarrollo humano y social de sus
representados. Así, como para prever el cumplimiento de la función pública y social del
Gobierno. Como es sabido dicha tarea se ve mermada cuando por disposición constitucional,
el Congreso de la Unión queda constreñida a analizar y discutir el Presupuesto de
Egresos y la Ley de Ingresos en breves plazos. En tal sentido, es indispensable que se
adelante la presentación del "paquete económico" a fin de que se amplíe el
plazo del Poder Legislativo y con ello se fortalezca la fiscalización, mediante el examen
responsable y minucioso que realiza el propio Congreso para verificar que el gasto se
ajuste a las autorizaciones financieras decretadas y sean congruentes con los planes y
programas, evaluando el adecuado ejercicio de la función pública.
En consecuencia se propone reformar el
artículo 74 constitucional para que el Ejecutivo Federal haga llegar a la Cámara de
Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación a más tardar el día 15 del mes de octubre o hasta el día 15 de noviembre
cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el
secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. Luego entonces, se
permite que el Congreso cuente generalmente con un plazo aproximado de dos meses y
excepcionalmente de mes y medio para el estudio y análisis del llamado "paquete
económico". Cabe aclarar que estas fechas son posibles, en el entendido de que en
esta misma iniciativa se propone adelantar la fecha de toma de posesión del Presidente
constitucional.
Adelantar la presentación y revisión
de la Cuenta Pública.
Este caso, al igual que en el anterior, los
argumentos a favor de esta propuesta versan en el sentido de fortalecer la función de
fiscalización del Poder Legislativo Federal, mediante un examen minucioso y detallado de
la Cuenta Pública, actividad que permite conocer los resultados de la gestión
financiera; comprobar si se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto y al
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; es decir, es una función
vinculada y complementaria del Poder Legislativo a la de la aprobación del Presupuesto y
la Ley de Ingresos.
En tal sentido, se propone disponer en el
artículo 74 constitucional que la Cuenta Pública del año anterior deberá ser
presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros
días del mes de abril, en lugar de los 10 primeros días del mes de junio, con esto se
permitirá que el Congreso pueda realizar su función de una manera más inmediatamente y
por la otra el de disponer de más tiempo para ello.
Precisar el procedimiento en caso de
ausencia absoluta o vacante de algún legislador.
Los congresos son órganos de formación de
la voluntad del Estado, en el seno de los cuales se forman consensos básicos en torno a
las decisiones políticas que atañen a la colectividad; por esta razón, es de suma
importancia que los miembros que integran las asambleas legislativas se encuentren
efectivamente presentes en las reuniones en donde se toman las decisiones aludidas, para
que a su vez puedan cumplir con su función legislativa, así como de vínculos de
demandas y consensos entre gobernantes y gobernados.
181, 182, 183
Cabe acotar que las disposiciones relativas
a las vacantes de los legisladores no las encontramos ni en la Constitución ni en la Ley
Orgánica del Congreso, sino en el Cofipe. Es así que nuestro actual marco jurídico, si
bien a nivel constitucional y legal prevé determinadas disposiciones para garantizar la
presencia de los legisladores a las sesiones, lo cierto es que está incompleto y en
ocasiones incluso genera lagunas jurídicas, respecto las vacantes que puedan presentarse,
por lo que resulta una exigencia dar seguridad desde la Ley Fundamental sobre las reglas a
las que ha de sujetarse las vacantes de los legisladores y que dicho cuerpo colegiado no
se vea mermado en su composición.
Por lo tanto se propone establecer que en
el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de
mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias, la cual
se efectuará en los términos que disponga la ley. Se prevé que la vacante de miembros
de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional será
cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la
lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren
correspondido.
Asimismo se plantea disponer que la vacante
de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación
proporcional, deberá ser cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido
que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los
senadores que le hubieren correspondido.
Finalmente se prevé que la vacante de
miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, deberá
ser cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido, que para la entidad
federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar en la lista.
Fortalecimiento de las comisiones
de Investigación
Durante la reforma política de
1977-1979 se modificó el artículo 93 constitucional para darle la atribución a las
cámaras del Congreso de integrar comisiones de investigación. Estas comisiones estarían
limitadas a investigar a los organismos descentralizados y las empresas de participación
estatal mayoritaria, es decir, a la administración pública descentralizada.
Las condiciones en los últimos años se
han modificado y existe la necesidad de ampliar los supuestos sobre los que el Congreso
pueda crear comisiones de investigación. Se tiene conocimiento que estas comisiones,
hasta el momento, no han podido cumplir con los objetivos propuestos.
Algunos autores afirman que la finalidad de
estas comisiones es la de buscar antecedentes respecto de determinado asunto, en el que ha
participado la administración pública en su sentido más amplio, a efecto de llegar a
una conclusión sobre la actuación seguida y buscar las posibles fórmulas de solución
al problema planteado, si bien hay que poner claramente de relieve que una de las graves
dificultades con que cuentan estos procedimientos parlamentarios es la de su deslinde con
procesos y competencias atribuidas a los tribunales judiciales.
Insistimos en que el Poder Legislativo es
la pieza central del sistema de la división de poderes y de la democracia representativa.
La representación social que ejerce el Poder Legislativo en las esferas de poder es uno
de los postulados característicos de todo régimen democrático.
Más aún esto es importante, si se toma en
cuenta que no se puede concebir un sistema constitucional, si al mismo tiempo no se le
estructura sobre una base amplia de límites y controles al ejercicio del poder político
y es en este contexto donde el Congreso de la Unión, como depositario del Poder
Legislativo, tiene un papel relevante en la democracia. La esencia de esta competencia es
la inspección, la fiscalización, la vigilancia, la revisión, el examen, la
comprobación, la denuncia, el escrutinio y la discusión pública de los asuntos que
atañen a la colectividad, es decir, que tienen que ver con las políticas, los entes y
los órganos públicos, así como con sus titulares.
Un Poder Legislativo fortalecido en sus
funciones transmite confianza en la ciudadanía, lo que influye positivamente en el
desarrollo democrático de un estado, generando estabilidad, política, social y por ende
económica. Por ello es importante considerar que debe pasarse de un simple Congreso
Legislativo a un Congreso fiscalizador, en el sentido de que el control legislativo no es
la mera obstrucción de la función de los otros poderes, sino fiscalizar y controlar las
áreas en las que éstos intervienen, con el fin de evidenciar sus errores o excesos. Es
precisamente en este terreno donde debe fortalecerse a estas comisiones de investigación
como instrumentos indispensables de control o fiscalización que tiene el Congreso de la
Unión en el cumplimiento de su atribución dentro del principio de la división de
poderes.
Por ello se propone que las cámaras tengan
la facultad de integrar comisiones para investigar no sólo asuntos de organismos
descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, sino para cualquier
asunto de interés nacional, lo cual podrá hacerse a pedido de una cuarta parte de sus
miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores y
mediante la aprobación del pleno de la Cámara correspondiente. Se plantea en esta
iniciativa que los resultados de las investigaciones, así como los informes y las
recomendaciones, que en su caso se emitan, se hagan del conocimiento del pleno de la
Cámara respectiva, del Ejecutivo Federal y en su caso del Ministerio Público Federal,
cuando se desprenda la posible comisión de delitos del fuero federal, para que se adopten
las medidas y se ejecuten aquellas que se consideren procedentes.
Asimismo se propone que las autoridades de
la Administración Pública Federal y en general cualquiera de sus servidores públicos,
contribuirán al cumplimiento de las funciones encomendadas a las comisiones de
investigación a que se refiere este artículo, por lo que tendrán la obligación de
prestar a las mismas el apoyo que le requieran y proporcionar todo tipo de información o
documentación que éstas consideren necesarias, aun la clasificada por la ley como
reservada, confidencial, secreta o restringida, bajo el entendido de que dichas comisiones
de investigación revisten un carácter especial de fiscalización y por la otra porque se
trata de un instrumento o medio de un poder público que no justifica obstaculizar su
atribución como contrapeso dentro del principio de la división de poderes.
Asimismo se prevé que el funcionamiento,
organización e integración de las comisiones de investigación a que alude este
artículo, así como el manejo de la información a que se refiere este artículo, se
sujetará a lo dispuesto en la ley reglamentaria que al efecto expida el Congreso de la
Unión.
Ampliar las facultades del Congreso
Con esta reforma asimismo se plantea
ampliar las facultades de revisión respecto a los ingresos y egresos de los poderes de la
Unión así como lo relativo a la imposición de contribuciones, con la finalidad de
transparentar el ejercicio de los recursos públicos y fortalecer la facultad de
fiscalización y control. De esta manera podemos, a través de acciones de fiscalización,
evitar afectar la hacienda pública federal o el patrimonio público de los entes
federales, situación que ha perjudicado a nuestro país en otras ocasiones y que con esta
reforma el Congreso actúa en función del interés de sus representados. El grupo
parlamentario de Acción Nacional ratifica la importancia de transparentar y eficientizar
el ejercicio de los recursos públicos.
Servicio Legislativo de Carrera.
En un contexto de distribución plural del
poder al interior el Congreso, existen incentivos y condiciones para formar equipos
profesionales de apoyo a la tarea legislativa y de administración de las cámaras, lo
cual permitirá cumplir con mayor eficiencia y eficacia las tareas que tiene encomendadas
este órgano de gobierno. El establecimiento de un servicio civil de carrera contribuirá
a la profesionalización de los empleados y al mismo tiempo fortalecerá las atribuciones
del Congreso. En la actualidad la complejidad del trabajo parlamentario requiere de
personal más especializado y profesionalizado, con servidores públicos capacitados,
especializados y comprometidos.
El servicio civil de carrera permite
conformar recursos humanos que están sujetos a proceso de profesionalización y
capacitación permanente y que tienen una visión institucional de las tareas que tienen
que cumplir, más allá de los vaivenes políticos o los deseos de legisladores o de los
grupos parlamentarios. El servicio civil en el Congreso permitirá institucionalizar la
tarea de memoria institucional que tienen a su cargo las cámaras, no sólo en el aspecto
de los documentos y actividades que se realizan, sino por los recursos humanos que se
harán cargo de estas tareas.
No pasa desapercibido que con la nueva Ley
Orgánica del Congreso de 1999 se instituyó en la Cámara de Diputados y la de Senadores
un servicio de carrera, en los artículos 56, 57, 114, 115, que es la base de la
organización técnica y administrativa de las cámaras y que tiene como principio básico
la profesionalización permanente de su personal.
Por parte del Senado hasta el momento el
servicio civil de carrera no se ha concretado ni se ha expedido el estatuto de
organización interna de esta Cámara. Respecto a la Cámara de Diputados, ésta expidió
en 2000 el estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de
Carrera donde se establecen los fines, principios, criterios de ingreso y desarrollo al
servicio de carrera, el cual buscará facilitar la continuidad de las funciones
parlamentarias, administrativas y financieras de la Cámara más allá de los cambios de
legislatura, la conservación de una memoria institucional y el apoyo técnico y
profesional a la labor de los legisladores que sea eficiente, eficaz e imparcial.
No obstante lo anterior, el servicio de
carrera no se ha concretado en el Poder Legislativo, por ello se plantea la necesidad de
establecerlo como una norma básica desde el orden constitucional por lo que se propone:
disponer en el artículo 70 que la ley establecerá las bases para la formación y
actualización de funcionarios, así como para el funcionamiento del servicio de carrera
legislativo, la cual se regirá por los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, con el fin de que por
mandato de la Ley Suprema se concretice auténticamente el servicio de carrera
legislativo.
Con estas propuestas de reforma
constitucional al Poder Legislativo, Acción Nacional refrenda su compromiso por construir
desde la norma un Estado, donde las relaciones entre los poderes públicos sea más
equilibrada, sin predominio de uno sobre del otro y que realmente sea efectivo el
principió democrático de la división de poderes, asimismo para que la relación de
estos poderes públicos con los gobernantes sea más estrecha, responsable y vinculante.
Por lo anteriormente expuesto, con
fundamento en lo dispuesto a la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados
federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a la
consideración de esta representación nacional el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforma, deroga y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforman los
artículos 59, 63 párrafo primero, 65 párrafo primero, 66 párrafo primero; 70 párrafos
primero y segundo; 74 párrafos segundo y sexto de la fracción IV; 77 fracción IV; 93
párrafo tercero; 116 párrafo segundo de la fracción II; se adiciona al artículo 63 los
incisos a, b, c y d en el párrafo primero; 70 con un párrafo cuarto y el
actual párrafo cuarto se recorre al quinto; 73 dos fracciones; 93 con los párrafos
cuarto y quinto y se deroga el párrafo segundo del artículo 66 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
"Artículo 59. Los senadores
propietarios o los suplentes que hubieren estado en ejercicio, podrán ser electos para un
periodo consecutivo. Los diputados propietarios o los suplentes que hubieren estado en
ejercicio, podrán ser reelectos hasta en tres periodos consecutivos.
Los senadores y diputados propietarios que
hayan sido electos en los términos del párrafo anterior, no podrán ser electos para el
periodo inmediato con el carácter de suplentes.
Artículo 63. Las cámaras no pueden
abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más
de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de
los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese
solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán
presentarse en un plazo igual y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y
se convocará a nuevas elecciones, de conformidad con lo siguiente:
a) En el caso de vacantes de diputados y
senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara
respectiva convocará a elecciones extraordinarias, en los términos que disponga la ley;
b) La vacante de miembros de la Cámara de
Diputados electos por el principio de representación proporcional será cubierta por la
fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional
respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido;
c) La vacante de miembros de la Cámara de
Senadores electos por el principio de representación proporcional, deberá ser cubierta
por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista
nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren
correspondido
184, 185, 186
d) La vacante de miembros de la Cámara de
Senadores electos por el principio de primera minoría será cubierta por la fórmula de
candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya
registrado en segundo lugar en la lista.
. . .
. . .
. . .
Artículo 65. El Congreso se
reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de
sesiones ordinarias y a partir del 1o. de marzo de cada año para celebrar un segundo
periodo de sesiones.
. . .
. . .
Artículo 66. Cada periodo de
sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados en el
artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre
del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la
fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el
31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del
30 de mayo del mismo año.
. . .Derogado
Artículo 70. Toda resolución del
Congreso tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo. Las leyes o decretos se
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un
secretario de cada una de ellas y se promulgarán en esta forma: "el Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".
El Congreso expedirá la ley que regulará
su estructura y funcionamiento internos, así como las bases para la formación y
actualización de funcionarios, así como para el funcionamiento del servicio de carrera
legislativo, la cual se regirá por los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.
. . .
De conformidad con la ley, cada Cámara
contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el
cumplimiento de sus funciones. Las comisiones son órganos que tienen a su cargo tareas de
dictamen legislativo, de información y control evaluatorio y su competencia se
corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal. Las autoridades y los funcionarios de la Administración
Pública Federal tendrán la obligación de proporcionar la documentación e información
que les sea solicitada por las comisiones mencionadas en este párrafo, en los términos
que disponga la ley.
. . .
Artículo 73. El Congreso tiene
facultad:
I a la XXIX. . .
XXX. Para realizar a través de sus
comisiones ordinarias, con base en su competencia, actividades de control del Estado que
guarden las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en lo que
respecta a los programas, planes y proyectos de trabajo;
XXXI. Para realizar actividades de
fiscalización, a efecto de supervisar y verificar los ingresos y egresos de los poderes
de la Unión y de los órganos autónomos federales; el manejo, custodia y aplicación de
los recursos; determinar las responsabilidades, así como los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales,
en los términos del artículo 79 de esta Constitución;
XXXII. Para expedir todas las leyes que
sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras
concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión.
Artículo 74 . . .
I a la IV. . .
El Ejecutivo Federal hará llegar a la
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación a más tardar el día 15 del mes de octubre o hasta el día 15 de diciembre
cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el
secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
. . .
. . .
. . .
La Cuenta Pública del año anterior
deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
dentro de los 10 primeros días del mes de abril.
. . .
V a la Vlll. . .
Artículo 77. . .
I a la lll. . .
IV. Expedir convocatoria para elecciones
extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros.
Artículo 93. . .
. . .
Las cámaras, a pedido de una cuarta parte
de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores
y mediante la aprobación del pleno de la Cámara correspondiente, tienen la facultad de
integrar comisiones para investigar cualquier asunto de interés nacional; dichas
comisiones sólo podrán integrarse y funcionar dentro de la legislatura que las
constituyó. Los resultados de las investigaciones, así como los informes y las
recomendaciones que en su caso se emitan, se harán del conocimiento del pleno de la
Cámara respectiva y del Ejecutivo Federal, así como del Ministerio Público Federal
cuando se desprenda la posible comisión de delitos del fuero federal, para que se adopten
las medidas procedentes.
Todos los servidores públicos de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal prestarán a las
comisiones de investigación el apoyo que les requieran y deberán proporcionarles la
información y documentación que les soliciten, aun la clasificada por la ley como
reservada, confidencial, secreta o restringida.
El funcionamiento, organización e
integración de las comisiones de investigación a que alude este artículo, así como el
manejo de la información a que se refiere este artículo se sujetará a lo dispuesto en
la ley reglamentaria que al efecto expida el Congreso de la Unión.
Artículo 116. . .
. . .
I y II. . .
Los diputados propietarios a las
legislaturas de los estados o los suplentes que hubieran estado en ejercicio, podrán ser
reelectos para el periodo inmediato en los términos que señalen las constituciones de
los estados.
. . .
III a la VII. . ."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
20 de marzo de 2002.— Felipe Calderón Hinojosa, Manuel Minjares, Eduardo Rivera
Pérez, María Teresa Gómez Mont, Salvador Escudero, Miguel Gutiérrez Hernández, Juan
Carlos Pallares Bueno, Fernando Pérez Noriega, Yadira Tamayo, Martha Patricia Martínez,
Manuel Orozco Garza, Cuauhtémoc Cardona, Germán Pellegrini, Moisés Alcalde Virgen,
Guillermo Anaya, Adrián Rivera Pérez, María Isabel Velasco Ramos, Esteban Sotelo
Salgado, Amado Olvera, Guillermo Anaya, Francisco E. Jurado, José Tomás Lozano y
Pardinas, Juan de la Cruz, Alberto Cano Cortezano, Manuel Castro y del Valle, Rafael Ramos
Sánchez, David Rodríguez Torres, Rafael Orozco Martínez, Lizbeth Evelia Medina
Rodríguez, Juan Carlos Pallares Bueno, Rodolfo Ocampo Velázquez y Nestor
Villarreal Castro.»
La Presidenta:
Gracias, diputado Calderón.
Insértese de manera íntegra en la Gaceta
Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
ASISTENCIA
(II)
La Presidenta:
Se pide a la Secretaría dar cuenta del
registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:
Se informa a la Presidencia que hasta
el momento el sistema electrónico registra la asistencia de 441 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
La Presidenta:
Gracias.
INSTITUTO
NACIONAL INDIGENISTA
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al
diputado Héctor Sánchez López, para presentar una iniciativa de ley que deroga el
artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del 2002.
El diputado Héctor Sánchez López:
Con su permiso, señora Presidenta.
Con fundamento en la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
artículos 55 fracción II, 56, 60 y 64, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y
dictamen correspondiente, la siguiente iniciativa que deroga el artículo decimosexto
transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El levantamiento armado del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en 1994 colocó en el centro de la agenda política
nacional, la situación de abandono, pobreza extrema y discriminación hacia nuestros
pueblos indígenas.
Si bien el artículo 4o. constitucional
reconoció en su momento la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas, misma que estableció la condición de que la ley
protegería y promovería el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres,
recursos y formas específicas de organización social, además de garantizar a sus
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado; ésta fue una obligación
constitucional que jamás se cumplió por parte del Estado mexicano.
El conflicto armado, así como el proceso
del diálogo inconcluso, mantiene vigente el derecho de los pueblos indígenas a ser
reconocidos en nuestra Constitución.
El 7 de diciembre del 2000 el presidente
Vicente Fox Quesada turnó al Senado de la República la iniciativa de la ley que
reformaba los artículos 4o., 18, 26, 53, 73, 115 y 116, elaborado por la Comisión de
Concordia y Pacificación. El 25 de abril del 2001 el Senado de la República y
posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 28 del mismo mes,
aprobaron las reformas a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, todos de nuestra Carta
Magna, mismas que después de concluido el proceso legislativo fueron publicados el 14 de
agosto del 2001 en el Diario Oficial de la Federación.
El artículo 2o. constitucional, en sus
apartados A y B, estableció diversas disposiciones con relación a los pueblos indígenas
de México, específicamente en el apartado B fracciones I, V, VII y IX del artículo 2o.,
se establecieron un conjunto de obligaciones de la Federación, los estados y los
municipios, en el que quedó expresado que:
B) La Federación, los estados y los
municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades indígenas, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que
afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación
de: impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, con el propósito de
fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de
las comunidades.
Las autoridades municipales determinarán
equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán
directamente para fines específicos; propiciar la incorporación de las mujeres
indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de
su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación
en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria; apoyar las actividades
productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones
que permitan alcanzar la suficiencia en sus ingresos económicos.
187, 188, 189
La aplicación de estímulos para las
inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación
de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar
el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
De igual manera en la fracción IX se
establece la obligación de la Cámara de Diputados, para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de
sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al
cumplimiento de estas obligaciones en los Presupuestos de Egresos que aprueben, así como
en las formas y procedimiento para que las comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas.
Como se desprende de esta reforma
constitucional, con la independencia de que se esté de acuerdo o no, quedaron
establecidas las obligaciones del Estado mexicano, de la Federación para atender las
condiciones de marginación, pobreza extrema y exclusión social en la que se encuentran
los pueblos indígenas.
Por otro lado, el Ejecutivo Federal está
obligado por dichas reformas a establecer programas de atención a los pueblos indígenas
que contribuyan a superar los rezagos en la que aún viven más de 10 millones de
indígenas en nuestro país.
Por otra parte, el Instituto Nacional
Indigenista es un organismo con personalidad jurídica propia cuyas facultades y
atribuciones se derivan de la ley que la crea en 1948.
En el artículo 2o. y 3o. de la ley de
dicho Instituto se establece que le corresponde desempeñar las siguientes funciones,
"el Instituto Nacional Indigenista desempeña las siguientes funciones: investigar
los problemas relativos a los núcleos indígenas del país; estudiar las medidas de
mejoramiento que requieran esos núcleos indígenas; promover ante el Ejecutivo Federal la
aprobación de estas medidas, intervendrá en la realización de las medidas aprobadas,
coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales
competentes; fungir como cuerpo consultivo de las instituciones oficiales y privadas, de
las materias que, conforme a la presente ley, son de su competencia; difundir cuando lo
estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus investigaciones,
estudios y promociones.
Emprender aquellas obras de mejoramiento de
las comunidades indígenas que le encomiende el Ejecutivo en coordinación con la
dirección general de Asuntos Indígenas
El artículo 3o., establece que el
Instituto está capacitado para adquirir y administrar bienes y formar su patrimonio con
los que enseguida se enumeran:
• La cantidad que anualmente le fije
como subsidio el Gobierno Federal a través de su Presupuesto de Egresos.
• Con los productos que adquiera por
las obras que realicen y por la venta de sus publicaciones.
• Los que adquiera por herencia,
legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones públicas
o privadas.
El pasado 31 de diciembre, el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2002, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o.
de enero del presente año. De sobra son conocidas las condiciones en que se dio la
aprobación de este presupuesto, en el que sin tomar en consideración una opinión de la
Comisión de Asuntos Indígenas se incorporó un artículo transitorio decimosexto en el
que se establece:
"El Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaría de Desarrollo Social, deberá celebrar a más tardar el último día hábil
de marzo, convenios de reasignación con las entidades federativas en los términos del
artículo 8o. de este decreto con el objeto de descentralizar el funcionamiento de los
programas del Instituto Nacional Indigenista y de la Comisión Nacional de Zonas Aridas a
que se refiere el artículo 64 del referido decreto.
En el caso del Instituto Nacional
Indigenista, se procurará que las oficinas centrales, así como las instancias de
atención, se ubiquen lo más cerca posible de las comunidades indígenas":
Por otra parte, el convenio 169 de la OIT,
ratificado por el Senado de la República y que por este hecho es Ley Suprema, establece
en su artículo 2o. diversas obligaciones para el Estado mexicano en materia de atención
a los pueblos indígenas:
"1. Los gobiernos deberán asumir la
responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una
acción coordinada, sistemática, con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto a su integridad":
En tanto, el artículo 4o. numeral 1
señala que:
"Deberán adoptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes,
el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados."
Por su parte el artículo 6o. numeral 1,
establece:
"Al aplicar las disposiciones del
presente convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente."
Y el inciso c, "Establecer los
medios para el pleno desarrollo de las instituciones a iniciativa de sus pueblos y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin".
Por otro lado, de llegar a aplicarse este
transitorio estaríamos frente a la posibilidad de afectar de manera negativa las
comunidades y pueblos indígenas que a lo largo de los años han sido beneficiados con
programas y proyectos del Instituto Nacional Indigenista, estaríamos afectado sus
procesos cotidianos y ciclos de vida, sus calendarios de producción, ritos, fiestas
tradicionales y su entorno socioeconómico y cultural.
Frente a estos impactos negativos están
las dificultades propias que acarrearía la reasignación presupuestal pues para el propio
Instituto será prácticamente imposible concluir la adecuación presupuestal al 31 de
marzo.
De no llegarse a reformar el decimosexto
transitorio, estamos ante la posibilidad de que desaparezca la única institución que
hasta el momento tenemos los mexicanos para atender a nuestros pueblos indígenas. De
igual manera será imposible celebrar la firma de convenios con las entidades federativas
a las que se refiere el propio transitorio.
Con base en lo anterior y en virtud de que
al Instituto Nacional Indigenista se le otorgan facultades y atribuciones específicas por
mandato de ley que el artículo 2o. constitucional y el mismo Convenio 169 de la OIT
establecen las obligaciones de la Federación, los estados y los municipios hacia los
pueblos indígenas y que un artículo transitorio no puede estar por encima de lo que
establece la ley que crea al Instituto Nacional Indigenista ni mucho menos de lo que
establece nuestra Carta Magna y el mismo Convenio 169 de la OIT; de igual manera,
considerando que de aplicarse este transitorio pudieran derivarse conflictos sociales en
las comunidades indígenas por falta de recursos para los diversos proyectos productivos y
programas de capacitación que el Instituto Nacional Indigenista realiza en diversas
entidades y comunidades indígenas del país.
Estamos convencidos de que el Instituto
Nacional Indigenista no es la mejor institución para dar atención a las demandas de
nuestros pueblos, pero hasta en tanto esta Cámara no legisle para transformar al
Instituto Nacional Indigenista en un organismo superior que permita sacar adelante una
política de Estado que atienda de manera transversal, con todas las instituciones del
Poder Ejecutivo a las demandas de los pueblos indígenas, ésta debe permanecer con
patrimonio, con presupuestos, con sus programas para que pueda atender las demandas de
nuestros pueblos indígenas, así como por las dificultades que implican las firmas de
convenios de colaboración con las entidades del país.
Ya que es un proceso burocrático demasiado
complejo, se somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la
siguiente iniciativa que deroga el artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
Artículo primero. Se deroga el
artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para quedar
como sigue:
Decimosexto transitorio. Se deroga.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. El Instituto Nacional
Indigenista será responsable de cumplir con las obligaciones que la ley le otorga.
Diputado Héctor Sánchez López,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Muchas gracias.
«Con proyecto de decreto que deroga el
artículo transitorio decimosexto del decreto de presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2002, presentada por el diputado Héctor Sánchez López, del
grupo parlamentario del PRD
Con fundamento en la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
artículos 55 fracción II 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Publica y a la Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y
dictamen correspondiente la siguiente iniciativa que deroga el artículo decimosexto
transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El levantamiento armado del Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional, de 1994 colocó en el centro de la agenda política
nacional la situación de abandono, pobreza extrema y discriminación hacia nuestros
pueblos indígenas. Si bien, el artículo 4o. constitucional reconoció en su momento la
composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas, misma que estableció la condición de que la ley protegería y promovería el
desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de
organización social, además de garantizar a sus integrantes el efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado; ésta fue una obligación constitucional que jamás se cumplió
por parte del Estado mexicano.
El conflicto armado, así como el proceso
del dialogo inconcluso mantiene vigente el derecho de los pueblos indígenas a ser
reconocidos en nuestra Constitución.
El 7 de diciembre de 2000, el presidente
Vicente Fox Quesada turnó al Senado de la República la iniciativa de la ley que
reformaba los artículos 4o., 18, 26, 53, 73, 115 y 116 elaborado por la Comisión de
Concordia y Pacificación; el 25 de abril de 2001 el Senado de la República y
posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 28 del mismo mes
aprobaron las reformas a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, todos de nuestra Carta
Magna, mismas que después de el artículo 2o. constitucional en sus apartados A y B,
establecieron diversas disposiciones con relación a los pueblos indígenas de México.
Específicamente en el apartado B del
artículo 2o. constitucional, se establecieron un conjunto de obligaciones de la
Federación, los estados y los municipios en el que quedó expresado que:
B. La Federación, los estados y los
municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades indígenas, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para, abatir las carencias y rezagos que
afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación
de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las
zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes
de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para fines específicos.
II a la IV. . .
V. Propiciar la incorporación de las
mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la
protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. . .
VII. Apoyar las actividades productivas y
el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan
alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las
inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación
de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar
el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
190, 191, 192
VIII. . .
De igual manera, en la fracción IX se
establece la obligación de la Cámara de Diputados.
Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito
de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como
las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas.
Como se desprende, de esta reforma
constitucional, con la independencia de que se esté de acuerdo o no, quedaron
establecidas las obligaciones del Estado mexicano, de la Federación para atender las
condiciones de marginación, pobreza extrema y exclusión social en la que se encuentran
los pueblos indígenas. Por otro lado, el Ejecutivo Federal está obligado por dichas
reformas a establecer programas de atención a los pueblos indígenas que contribuyan a
superar los rezagos en la que aún viven más de 10 millones de indígenas en nuestro
país.
Por otra parte, el Instituto Nacional
Indigenista, es un organismo con personalidad jurídica propia, cuyas facultades y
atribuciones se derivan de la ley que la crea en 1948.
El artículo 2o. y 3o. de la ley de dicho
Instituto, establece que le corresponde desempeñar las siguientes funciones:
Artículo 2o. El Instituto Nacional
Indigenista desempeña las siguientes funciones:
I. Investigar los problemas relativos a los
núcleos indígenas del país;
II. Estudiar las medidas de mejoramiento
que requieran esos núcleos indígenas;
III. Promover ante el Ejecutivo Federal, la
aprobación de estas medidas;
IV. Intervendrá en la realización de las
medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos
gubernamentales competentes;
V. Fungir como cuerpo consultivo de las
instituciones oficiales y privadas, de las materias que, conforme a la presente ley, son
de su competencia;
VI. Difundir, cuando lo estime conveniente
y por los medios adecuados, los resultados de sus investigaciones, estudios y promociones;
VII. Emprender aquellas obras de
mejoramiento de las comunidades indígenas que le encomiende el Ejecutivo, en
coordinación con la dirección general de Asuntos Indígenas
El artículo 3o. establece que el Instituto
está capacitado para adquirir y administrar bienes y formar su patrimonio con los que
enseguida se enumeran:
I. La cantidad que anualmente le fije como
subsidio el Gobierno Federal, a través de su Presupuesto de Egresos;
II. Con los productos que adquiera por las
obras que realicen y por la venta de sus publicaciones y
III. Los que adquiera por herencia,
legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones públicas
o privadas.
El pasado 31 de diciembre el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2002, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
1o. de enero del presente año; de sobra es conocida las condiciones en que se dio la
aprobación de este presupuesto, en el que sin tomar en consideración una opinión de la
Comisión de Asuntos Indígenas se incorporó un artículo transitorio decimosexto en el
que se establece:
"El Ejecutivo Federal por conducto de
la Secretaría de Desarrollo Social, deberá celebrar a más tardar el último día hábil
de marzo convenios de reasignación con las entidades federativas en los términos del
artículo 8o. de este decreto, con objeto de descentralizar el funcionamiento de los
programas del Instituto Nacional Indigenista y de la Comisión Nacional de las Zonas
Aridas a que se refiere el artículo 64 del referido decreto. En el caso del Instituto
Nacional Indigenista, se procurará que las oficinas centrales así como las instancias de
atención se ubiquen lo más cerca posible de las comunidades indígenas."
Por otra parte, el Convenio 169 de la OIT
ratificado por el Senado de la República y que por este hecho es ley suprema, establece
en su artículo 2o. diversas obligaciones para el Estado mexicano en materia de atención
a los pueblos indígenas
1. Los gobiernos deberán asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad.
En tanto que el artículo 4o. numeral 1,
señala que:
1. Deberán adoptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes,
el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
Por su parte el artículo 6o. numeral 1,
establece:
1. Al aplicar las disposiciones del
presente convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente y el inciso
c) Establecer los medios para el pleno
desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados
proporcionar los recursos necesarios para este fin.
Por otro lado, de llegar a aplicarse este
transitorio estaríamos frente a la posibilidad de afectar de manera negativa a las
comunidades y pueblos indígenas que a lo largo de los años han sido beneficiados con los
programas y proyectos del Instituto Nacional Indigenista, estaríamos afectando sus
procesos cotidianos y ciclos de vida, sus calendarios de producción, ritos, fiestas
tradicionales y su entorno socioeconómico y cultural.
Pero frente a estos impactos negativos,
están las dificultades propias que acarrearía la reasignación presupuestal, pues para
el propio Instituto será prácticamente imposible concluir la adecuación presupuestal de
no llegarse a reformar el decimosexto transitorio; de igual manera sería imposible
celebrar la firma de los convenios con las entidades federativas, a las que se refiere el
propio transitorio.
Con base en lo anterior y en virtud de que
al Instituto Nacional Indigenista se le otorgan facultades y atribuciones específicas por
mandato de ley; que el articulo 2o. constitucional y el mismo Convenio 169 de la OIT,
establecen las obligaciones de la Federación, los estados y municipios hacia los pueblos
indígenas y que un artículo transitorio no puede estar por encima de lo que establece la
ley que crea el Instituto Nacional Indigenista ni mucho menos de lo que establece nuestra
Carta Magna y el mismo Convenio 169 de la OIT; de igual manera, considerando que de
aplicarse este transitorio pudieran derivarse conflictos sociales en las comunidades
indígenas por la falta de recursos para los diversos proyectos productivos y programas de
capacitación que el Instituto Nacional Indigenista realiza en las diversas entidades y
comunidades indígenas del país; así como por las dificultades que implican las firmas
de convenios de colaboración con las entidades del país, ya que es un proceso
burocrático demasiado complejo, se somete a la consideración de este pleno de la Cámara
de Diputados la siguiente
INICIATIVA
Que deroga el artículo decimosexto
transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
Artículo único. Se deroga el
artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para quedar
como sigue.
"ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero al decimoquinto.
Decimosexto. Se deroga.
Decimoséptimo al decimonoveno. .
."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Instituto Nacional
Indigenista será el responsable de cumplir con las obligaciones que la ley le otorga.
México, D.F., a 20 de marzo de 2002.—
Diputado Héctor Sánchez López.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública y a la Comisión de Asuntos Indígenas.
COMISIONES
LEGISLATIVAS (II)
La Presidenta:
Esta Mesa Directiva ha recibido un
comunicado de la Junta de Coordinación Política. Le ruego a la Secretaría dar lectura
al mismo.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1
inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted la modificación en
la integración de la siguiente comisión:
• Que el diputado Alfonso Elías
Oliverio Cardona, asuma la presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, en
sustitución del ciudadano Silvano Aureoles Conejo.
• Asimismo, el diputado Oliverio
Cardona, salga de las secretarías de las comisiones de Agricultura y Ganadería y la
Especial de Ganadería.
Lo anterior, para los efectos a que haya
lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 20 de
marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Coordinación del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Diputado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 44 numeral 2
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito
comunicar que el diputado Alfonso Elías Oliverio Cardona, asumirá el cargo de presidente
de la Comisión de Desarrollo Rural, en sustitución del ciudadano Silvano Aureoles
Conejo, quien se separó de su cargo de diputado el 31 de diciembre de 2001.
Asimismo, le informo que el diputado
Oliverio se retirará de las secretarías de las comisiones de Agricultura y Especial de
Ganadería y que con la debida oportunidad informaré qué diputados lo sustituirán.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
20 de marzo de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, coordinación del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
En votación económica, se pregunta si se
aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo. . .
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa. Aprobada.
La Presidenta:
Continuando con los asuntos del orden del
día pasamos al capítulo de excitativas.
LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS
Y RECOMPENSAS CIVILES
La Presidenta:
Antes tenemos la distribución de primera
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones
de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII
Legislatura.
Honorable Asamblea: a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de
decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y
Recompensas Civiles, relativas al Premio Nacional de Periodismo y de Información, enviada
por el Ejecutivo Federal, señor Vicente Fox Quesada, el 23 de noviembre de 2001.
193, 194, 195
Los integrantes de esta Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en las facultades que nos confieren los
artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen de conformidad con los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 27 de noviembre de 2001, la Mesa
Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, la iniciativa que nos ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen
correspondiente.
2. El 13 de diciembre de 2001 y el 6 de
marzo de 2002, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública se reunió para abocarse
al análisis y discusión de la iniciativa en cuestión.
3. Se menciona en la exposición de motivos
de la iniciativa, entre otros argumentos, que "en la construcción y el desarrollo de
nuestras instituciones, los medios de comunicación han desempeñado un papel decisivo que
los convierte en factor irremplazable en el proceso de democratización nacional".
"Desde 1979, el Estado mexicano
promueve el reconocimiento a la actividad periodística, otorgando anualmente el Premio
Nacional de Periodismo y de Información, mediante el cual se valora el esfuerzo, el
talento y la capacidad de los miembros más destacados del gremio periodístico. Reconocer
y distinguir a los creadores de los mensajes más logrados en el periodismo nacional,
constituye un proceso evolutivo que ha servido para establecer referencias de calidad en
los medios informativos."
Sin embargo, señala el iniciador, el
proceso de transición política y el cambio que vive el país hace pertinente proponer
que se derogue las disposiciones jurídicas relativas a este premio.
Siguiendo a la exposición de motivos se
desprende que la evolución de nuestras instituciones políticas, así como el mayor
desenvolvimiento de los actores sociales, deben marcar una relación diferente del
Gobierno con los medios de comunicación, caracterizada por el más amplio respeto a la
libertad de expresión y el cuidado irrestricto por el respeto a su independencia. Es
parte de la conciencia social que la libertad de expresión y de prensa son instrumentos
para lograr la gobernabilidad auténticamente democrática.
Continúa señalando la exposición de
motivos que "la experiencia que ha tenido nuestro país en el fomento de la
participación de la sociedad en asuntos en que ésta es corresponsable ha tenido
resultados favorables. Es el momento de vivir en plenitud el principio de subsidiaridad,
entendiendo la madurez política de la sociedad para tomar a su cargo el reconocimiento a
quien se ha distinguido por su esfuerzo a favor de la libertad de expresión y de la
función social que conlleva la objetividad, la veracidad y la oportunidad de la labor
informativa".
A partir de estos antecedentes, los
miembros de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscriben el presente
dictamen, exponemos las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Para los dictaminadores, las
actividades de periodismo e información merecen todo el respeto y reconocimiento, como
las demás actividades que se desempeñan como forma de trabajo o función profesional,
reconocen que dicha labor contribuye a consolidar nuestro sistema democrático al difundir
e informar respecto a los diversos temas del acontecer nacional.
Segunda. La Ley de Premios, Estímulos y
Recompensas Civiles tiene por objeto, artículo 1o. "determinar las normas que
regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que por su
conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas" que la misma
ley establece. A su vez el artículo 6o. enumera los diversos premios nacionales que se
otorgan, correspondiendo la fracción V, al de periodismo y de información.
El artículo 60 establece que el premio
nacional de periodismo es para los trabajos impresos y de información en los siguientes
campos:
I. Noticias;
II. Fotografías o filmes;
III. Reportajes, crónicas o entrevistas;
IV. Artículos de fondo o comentarios;
V. Caricaturas, portadas o cartones y
VI. Publicaciones o programas de
divulgación cultural.
Los dictaminadores encuentran procedente
eliminar estas disposiciones jurídicas que fundamentan que el Estado mexicano, a través
del Ejecutivo Federal, otorgue el premio antes mencionado, en los diversos campos en que
se ha venido entregando, por lo que se está de acuerdo en derogar la fracción V del
artículo 6o., así como los artículos 60 al 68 de la citada ley, que se refieren a los
campos en que se entrega el Premio Nacional de Periodismo y de Información, el
procedimiento para la convocatoria al premio, de la integración y facultades del
correspondiente consejo de premiación, así como el tipo de premios que habrán de
otorgarse y la fecha de entrega del mismo.
Tercera. Los diputados que suscribimos el
presente dictamen consideramos que la derogación de los artículos antes mencionados,
tiene como finalidad única retirar la intervención del Estado, en el plano Legislativo y
Ejecutivo, en un ámbito de la actividad profesional como es el periodismo a efecto de que
la sociedad organice sus propios sistemas de reconocimiento en cuanto a procedimientos,
los tiempos y criterios para llevar a cabo la decisión; siguiendo el principio general de
derecho de que los particulares pueden hacer todo lo que no les esté prohibido por las
leyes y la autoridad únicamente puede realizar aquello que expresamente le está
permitido.
Esta dictaminadora coincide con el
iniciador en que el premio otorgado a periodistas e informadores debe tener como
propósito principal reconocer y distinguir a los profesionales de ambas ramas de la
comunicación, mediante una valoración honesta, responsable e imparcial de las cualidades
de los trabajos creados por ellos.
El premio deberá tener no sólo el
propósito de reconocer el esfuerzo, el talento y la capacidad de los miembros más
destacados del gremio periodístico. Una acertada premiación, no sólo en la designación
del ganador, sino de todo el proceso en su conjunto, debe producir efectos positivos tanto
en quienes resultan premiados como en sus compañeros de profesión; para los primeros, el
premio se debe traducir en una mayor responsabilidad frente a la sociedad a la que sirven,
frente a los demás periodistas e informadores y también frente a las fuentes y los
medios de información; para los segundos, el quehacer periodístico reconocido y su
autor, son ejemplos a seguir para participar con los demás miembros del gremio en la
competencia por ser mejores.
Analizada la iniciativa en cuestión, esta
comisión que dictamina considera procedente la misma, no obstante que no se coincide con
algunas afirmaciones contenidas en la exposición de motivos, sí está de acuerdo con el
fondo de la propuesta, que es eliminar de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas
Civiles al Premio Nacional de Periodismo y de Información.
Por las razones anteriores, la comisión
dictaminadora somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
proyecto de DECRETO
Por el que se derogan diversas
disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Artículo único. Se deroga la
fracción V del artículo 6o., así como los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y
68, que integran el Capítulo IX, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles,
para quedar como sigue:
"Artículo 6o. . .
I a la IV. . .
V. Se deroga.
VI a la XI. . .
. . .
Artículo 60. Se deroga.
Artículo 61. Se deroga.
Artículo 62. Se deroga.
Artículo 63. Se deroga.
Artículo 64. Se deroga.
Artículo 65. Se deroga.
Artículo 66. Se deroga.
Artículo 67. Se deroga.
Artículo 68. Se deroga."
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 19 de marzo de
2002.— Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.— Mesa Directiva,
diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas,
Víctor M. Gandarilla Carrasco, J. Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel G. Barbosa Huerta,
secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos,
Omar Fayad Meneses, Arturo Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael
Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo
David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Francisco García Cervantes, Ricardo
A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús
Reyna García, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban
Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo
Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala
Echavarría.»
La Presidenta:
Dado que este dictamen ha sido publicado en
la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Presidenta:
Ahora sí, en el capítulo de excitativas
nos informan que la excitativa que se iba a presentar a las comisiones de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, ha solicitado el grupo parlamentario del
PRI se retire del orden del día. Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado
Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una
excitativa a la Comisión de Desarrollo Social.
El diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
El programa de educación, salud y
alimentación, mejor conocido como el Progresa, operó durante seis años a propuesta del
financiamiento internacional en nuestro país.
El Banco Mundial perfiló una estrategia
cuya aplicación en México se convirtió en un mínimo recurso mensual para cerca de 3
millones de madres de las familias más pobres del territorio nacional.
Sin embargo, de 40 millones de pobres el
Progresa sólo atendía alrededor de 15 millones de mexicanos en la extrema pobreza.
Siempre y cuando cumplieran con la norma de garantizar el control de la salud, educación
y alimentación de sus hijos.
Las principales aristas de este programa
social provenían de la insuficiencia económica.
Por incapacidad financiera el Progresa
excluyó de este beneficio al 70% de los más pobres del país, lo que provocó que sus
padrones de beneficiarios fueron constantemente cuestionados por romper con la equidad a
la que constitucionalmente estamos obligados, así como su manejo discrecional a beneficio
o en orientación con los intereses político-electorales de las regiones del país.
El 6 de marzo pasado el Ejecutivo Federal
hizo pública la sustitución de este programa social de combate a la pobreza por otro que
brindará oportunidades. Sería fundamental pensar que el cambio de nombre, sustitución,
significaría algo más que el criticado por la prensa, segundo frente de las políticas
públicas del presidente Vicente Fox.
El señor Presidente se comprometió a
diseñar programas sociales que rompieran con el clientelismo político y el
asistencialismo. Al presentar el nuevo programa resaltó entre sus bondades que en México
el clientelismo era cosa del pasado y que iban a asegurar que nadie recibiera el doble y
nadie se quede sin nada.
Sin embargo, la buena intención de Vicente
Fox quedará en el mundo de las aspiraciones si esta legislatura no asume un compromiso
histórico con el pueblo de México y dictamina y aprueba el marco jurídico para el
desarrollo social.
El 14 de diciembre de 2001, el de la voz
presentó una iniciativa de Ley General de Desarrollo Social cuya propuesta legislativa se
une al esfuerzo de una iniciativa del Partido de la Revolución Democrática presentados
en esta Cámara de Diputados en la legislatura pasada y otras dos iniciativas presentadas
en la Cámara de Senadores de esta legislatura por Acción Nacional y el de la Revolución
Democrática.
196, 197, 198
Y es que el problema de la pobreza como una
dificultad, producto del sistema económico nos obliga a reconocer al desarrollo social
como una prioridad de Gobierno y por qué no de legislación.
No obstante lo anterior, esta propuesta
programática de Vicente Fox seguirá siendo clientelar y excluyente, pues ningún
programa focalizado será legítimo a nuestro país si no se desprende o surja de un
cuerpo normativo aprobado por este Poder Legislativo.
Mientras no se establezcan principios, se
precisen políticas y objetivos, el Estado mexicano seguirá ejerciendo el gasto social de
manera paternalista, discrecional, excluyente y por intereses electorales.
El Ejecutivo Federal como es el caso de
oportunidades diseña políticas sociales enfocadas principalmente a la atención
prioritaria de los más pobres. Sin embargo, al no existir ley reglamentaria los esfuerzos
programáticos en materia de desarrollo social para el combate a la pobreza seguirán las
dos inercias políticas gubernamentales del pasado, el uso clientelar del presupuesto en
la materia y la implementación de los esfuerzos gubernamentales como asistencia, más que
como reivindicación de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
En un marco jurídico que norme los
esfuerzos concurrentes en materia de combate a la pobreza permitirá un avance sustantivo
en la tarea rectora del Estado mexicano, el desarrollo económico.
Entonces, a efecto de aliviar los efectos
de la política económica sobre el desarrollo desigual de los mexicanos mediante el
establecimiento de un sistema de garantías de los derechos sociales, esta legislatura
deberá votar por un marco jurídico o cuerpo legal que evite el uso político del gasto
social tanto de partidos como de políticos, caciques o presidentes.
Por todo lo anterior, con fundamento en lo
que disponen las fracciones III, XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, solicito a esta Presidencia se sirva excitar a la Comisión de
Desarrollo Social para que dictamine sobre la iniciativa presentada en esta Cámara de
Diputados como Ley General de Desarrollo Social.
Atentamente.
Diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez.
Muchas gracias por su atención.
«Con su venia, señor Presidente, Cámara
de Diputados; estimados compañeros diputados:
Los suscritos, diputados y diputadas de la
LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario
d Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21
fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien
formular excitativa a la Comisión de Desarrollo Social de esta legislatura, a efecto de
que se dictaminen a la brevedad las diversas iniciativas de ley en materia de desarrollo
social y se presente al pleno, con carácter de urgente, el dictamen correspondiente para
su discusión en este órgano legislativo.
ANTECEDENTES
El Programa de Educación, Salud y
Alimentación, mejor conocido como el Progresa, operó durante seis años a propuesta del
financiamiento internacional en nuestro país. El Banco Mundial perfiló una estrategia
cuya aplicación en México se convirtió en un mínimo recurso mensual, para cerca de 3
millones de madres de las familias más pobres del territorio nacional.
Sin embargo, de 40 millones de pobres, el
Progresa sólo atendía alrededor de 15 millones de mexicanos en extrema pobreza, siempre
que ellas cumplieran con la norma de garantizar el control de salud, educación y
alimentación de sus hijos.
Las principales aristas de este programa
social provenían de la insuficiencia económica.
Por incapacidad financiera, el Progresa
excluyó del beneficio al 70% de los más pobres del país, lo que provocó que sus
padrones de beneficiarios fueron constantemente cuestionados por romper con la equidad a
la que constitucionalmente estamos obligados, así como su manejo discrecional, a
beneficio o en orientación con los intereses político-electorales de las regiones del
país.
El 6 de marzo, el Ejecutivo Federal hizo
pública la sustitución de este programa social de combate a la pobreza, por otro que
brindará oportunidades. Sería fundamental pensar que el cambio de nombre o sustitución
significará algo más que el criticado por la prensa, "segundo frente" de las
políticas públicas del presidente Vicente Fox.
El señor Presidente se comprometió a
diseñar programas sociales que rompieran con el clientelismo político y el
asistencialismo. Al presentar el nuevo programa, resaltó entre sus bondades que "en
México el clientelismo era cosa del pasado" y que iban a "asegurar que nadie
recibiera el doble y nadie se quede sin nada."
Sin embargo, la buena intención de Vicente
Fox quedará en el mundo de las aspiraciones, si esta legislatura no asume un compromiso
histórico con el pueblo de México y dictamina y aprueba el marco jurídico para el
desarrollo social.
El 14 de diciembre del 2001, el de la voz
presentó una iniciativa de Ley General de Desarrollo Social, cuya propuesta legislativa
se une al esfuerzo de una iniciativa del partido de la Revolución Democrática
presentadas en esta Cámara de Diputados en la legislatura pasada y otras dos iniciativas
presentadas en la Cámara de Senadores de esta legislatura, por Acción Nacional y la
Revolución Democrática.
Y es que el problema de la pobreza como una
dificultad producto del sistema económico, nos obliga a reconocer al desarrollo social
como una prioridad de gobierno y ¿por qué no?, de legislación. No obstante lo anterior,
esta propuesta programática de Vicente Fox seguirá siendo clientelar y excluyente, pues
ningún programa focalizado será legítimo en nuestro país, si no se desprende o surge
de un cuerpo normativo aprobado por este Poder Legislativo.
El Estado posrevolucionario estableció las
primeras medidas de gasto social en razón del pacto nacional establecido en la
Constitución de 1917. Aquí se precisaban los derechos o garantías individuales de los
ciudadanos mexicanos y en razón de ello se generaron políticas universales que
compensaban las diferencias sociales de los individuos, así como del desarrollo desigual
de las regiones geográficas.
Al fortalecimiento del neoliberalismo, la
desigualdad y la pobreza crecen en nuestro país.
La inserción en el mercado es desigual en
México, no sólo en razón de la diversidad geográfica y el desequilibrio en el
desarrollo regional, sino por la insuficiencia de nuestro mercado interno que impide la
inserción igualitaria de toda la población.
Ante esta definición económica, resulta
clara la obligación del Estado de procurar los derechos sociales. Lo que apenas se
vislumbra es una débil intención o voluntad de reivindicar los principios de igualdad y
libertad al garantizar el derecho a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo
etcétera.
Y es poco claro el compromiso institucional
del Gobierno mexicano por revertir la pobreza, pues se sigue actuando por intereses
personales, más que por mandato constitucional, obligación gubernamental o en
cumplimiento del marco reglamentario de las garantías individuales, mediante acciones
compensatorias y redistributivas entre la población mexicana.
Mientras no se establezcan principios, se
precisen políticas y objetivos, el Estado mexicano seguirá ejerciendo el gasto social de
manera, paternalista, discrecional, excluyente y por intereses electorales.
El Ejecutivo Federal, como es el caso de
oportunidades, diseña políticas sociales enfocadas principalmente a la atención
prioritaria de los más pobres. Sin embargo, al no existir ley reglamentaria, los
esfuerzos programáticos en materia de desarrollo social para el combate a la pobreza
seguirán las dos inercias políticas gubernamentales del pasado: el uso clientelar del
presupuesto en la materia y la implementación de los esfuerzos gubernamentales como
asistencia, más que como reivindicación de los derechos sociales consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Un marco jurídico que norme los esfuerzos
concurrentes en materia de combate a la pobreza, permitirá un avance sustantivo en la
tarea rectora del Estado mexicano: el desarrollo económico.
Entonces, a efecto de aliviar los efectos
de la política económica sobre el desarrollo desigual de los mexicanos, mediante el
establecimiento de un sistema de garantías de los derechos sociales, esta legislatura
debe votar por un marco jurídico o cuerpo legal que evite el uso político del gasto
social tanto de partidos, como de políticos, caciques o presidentes.
Por todo lo anterior, quienes suscribimos
la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia, se
sirva excitar a la comisión mencionada, a fin de que emita el dictamen sobre la
iniciativa presentada en esta Cámara de Diputados como Ley General de Desarrollo Social,
que fue turnada para su dictamen, a la Comisión de Desarrollo Social de esta legislatura.
Por su atención gracias.
Marzo de 2002.— Diputado Esteban
Daniel Martínez Enríquez.»
La Presidenta:
Gracias, diputado.
De conformidad con lo que establece el
artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Desarrollo
Social, para que emita el dictamen correspondiente.
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Francisco
Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para
presentar una excitativa a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Francisco Agundis Arias:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El pasado 9 de enero del 2002, los
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentamos
ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, un punto de
acuerdo, a fin de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en
combinación con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores,
convocaran a un periodo de sesiones extraordinarias, para corregir aquellos errores y
omisiones jurídicas de las reformas a diversas disposiciones fiscales aprobadas el 31 de
diciembre del 2001.
La preocupación de nuestro grupo
parlamentario en ese momento y ahora, es atender una de las demandas más contundentes,
que sin duda ha manifestado el pueblo de México en fechas recientes: la revisión del
paquete fiscal aprobado.
Esto es claro, en virtud de que el sistema
tributario mexicano dio un súbito vuelco, que lejos de proporcionar impuestos y
procedimientos más equitativos y simples, provocó un severo impacto en los ingresos de
los individuos y en el sistema productivo.
Asimismo es necesario reconocer y
responsabilizarnos, de que a pesar de haber convocado un periodo de sesiones
extraordinarias para el mejor análisis de las propuestas fiscales, la aprobación de
algunas reformas se llevó a cabo en la última sesión correspondiente al 31 de diciembre
del año 2001.
Evidentemente esto implica que por la
premura del tiempo existieran algunas imprecisiones en las disposiciones aprobadas; esto
trajo como consecuencia ampliar las críticas por parte de los principales actores
productivos de nuestro país, llegando a calificar varias reformas de inconstitucionales.
A pesar de que el Gobierno mexicano cuenta
con ingresos de privilegio por el petróleo, los bajos ingresos tributarios representan un
creciente obstáculo, para que el Gobierno pueda cumplir con sus responsabilidades
básicas.
Por ello, resulta fundamental la
transformación del sistema tributario, de manera tal, que aumente su eficiencia y se
modernice.
De igual forma, si se quiere llegar a las
metas de recaudación fijadas, es necesario modificar y enmendar las imprecisiones que han
quedado en la ley, a fin de no permitir que existan vaguedades que estimulen la evasión y
la elusión fiscal, así como la posible violación de los principios constitucionales.
Un periodo extraordinario pareciera ser una
solución excesiva para algunos de nuestros compañeros legisladores, sin embargo, los
mexicanos necesitamos medidas drásticas, medidas urgentes y contundentes, para resolver
las grandes controversias que ha provocado la reforma fiscal.
A pesar de ello, se acordó formar un grupo
de trabajo durante el receso legislativo, para discutir y elaborar las modificaciones a
las reformas fiscales aprobadas el 31 de diciembre del 2001, a fin de realizar un trabajo
legislativo previo que agilizara el estudio de este tema en el periodo ordinario.
Sin embargo, esto no fue así, porque el
grupo de trabajo señalado nunca se reunió; es más, no se observó interés alguno para
solucionar esta etapa coyuntural de nuestro país.
199, 200, 201
Por la importancia que implican las
reformas fiscales aprobadas y que reviste un acuerdo político, presentamos esta
excitativa. No podemos dejar de insistir en que se dé cabal cumplimiento a los acuerdos
de la Junta de Coordinación Política y a los dictámenes de cualquier otro punto de
acuerdo.
Hoy sin embargo, hemos comenzado el segundo
periodo de sesiones ordinarias y los acuerdos tomados por la Comisión Permanente parecen
no importar. El tiempo nos ha rebasado y con ello, evidentemente existe ahora un argumento
bajo el cual se puede justificar el no cumplimiento de los acuerdos dictaminados en la
Junta de Coordinación Política; pero aun así, nuestro grupo parlamentario ha querido
presentar esta excitativa para manifestar nuestra inconformidad con lo que sucedió y para
insistir en buscar una solución para resolver la situación planteada en el punto de
acuerdo antes mencionado.
México requiere de leyes claras y concisas
y sin duda, las leyes fiscales no cuentan con estas características. Estamos ante una
situación en donde los acuerdos no se cumplen a pesar de ser disposiciones acordadas por
consenso para llevar a cabo un objetivo en beneficio de la nación, por lo que pedimos se
haga una enérgica manifestación al no cumplimiento del acuerdo.
Por lo anterior y en virtud de que no se ha
dado cabal cumplimiento al acuerdo ya mencionado y por lo tanto no se ha resuelto de fondo
el asunto, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos esta
excitativa para que la Presidencia de la Mesa Directiva, se sirva emplazar a la Junta de
Coordinación Política para que en fecha determinada, se lleve a cabo un nuevo acuerdo
que resuelva de fondo la situación planteada en el punto de acuerdo presentado el 9 de
enero del 2002.
Por lo antes expuesto, solicitamos a la
Presidencia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, tenga por
presentada esta excitativa y se sirva emplazar a la Junta de Coordinación Política para
que en fecha determinada lleve a cabo un nuevo acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo.— San
Lázaro, a los 20 días del mes de marzo del año 2002.
Muchas gracias.
«Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco
Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa
Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y
Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García
Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta
Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 78
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo
21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva
se sirva emplazar a la Junta de Coordinación Política para que en fecha determinada se
lleve a cabo un nuevo acuerdo que resuelva de fondo la situación planteada en el punto de
acuerdo presentado el pasado 9 de enero de 2002 por nuestro grupo parlamentario, en virtud
de no haberse llevado a cabo el acuerdo que dictaminó la Junta de Coordinación
Política.
CONSIDERACIONES
Primera. El pasado 9 de enero de 2002, los
integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentamos,
ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, un punto de
acuerdo a fin de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en
combinación con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores,
convocaran a un periodo de sesiones extraordinarias para corregir aquellos errores y
omisiones jurídicas de las reformas a diversas disposiciones fiscales aprobadas el 31 de
diciembre de 2001.
La preocupación de nuestro grupo
parlamentario en ese momento, y ahora, es atender una de las demandas más contundentes,
que sin duda, ha manifestado el pueblo mexicano en fechas recientes: la revisión del
paquete fiscal aprobado.
Esto es claro, en virtud de que el sistema
tributario mexicano dio un súbito vuelco, que lejos de proporcionar impuestos y
procedimientos más equitativos y simples, provocó un severo impacto en los ingresos de
los individuos y en el sistema productivo.
Asimismo, es necesario reconocer y
responsabilizarnos, de que a pesar de haberse convocado a un periodo de sesiones
extraordinarias para el mejor análisis de las propuestas fiscales, la aprobación de
algunas reformas se llevó a cabo en la última sesión correspondiente al día 31 de
diciembre de 2001.
Evidentemente, esto implicó que por la
premura del tiempo existieran algunas imprecisiones en las disposiciones aprobadas,
trayendo como consecuencia, amplias críticas por parte de los principales sectores
productivos de nuestro país, llegando hasta calificar varias reformas de
inconstitucionales.
Sin embargo, por la importancia que
revisten las leyes fiscales para los ingresos de nuestro país y ante el evidente recorte
presupuestal que se aproxima, consideramos que la revisión de la reforma fiscal es un
trabajo legislativo que no puede quedar en el olvido, pues, como ya se ha mencionado en
múltiples ocasiones, México representa una de las cargas impositivas más bajas de
América Latina.
A pesar de que el Gobierno mexicano cuenta
con ingresos de privilegio por el petróleo, los bajos ingresos tributarios representan un
creciente obstáculo para que el Gobierno pueda cumplir con sus responsabilidades
básicas. Por ello, resulta fundamental la transformación del sistema tributario, de
manera tal, que aumente su eficiencia y se modernice.
De igual forma, si se quiere llegar a las
metas de recaudación fijadas, es necesario modificar y enmendar las imprecisiones que han
quedado en la ley, a fin de no permitir que existan vaguedades que estimulen la evasión y
la elusión fiscal, así como la posible violación de los principios constitucionales.
Segunda. Un periodo extraordinario,
parecía ser una solución excesiva para nuestros compañeros legisladores, sin embargo,
los mexicanos necesitamos medidas drásticas, urgentes y contundentes para resolver las
grandes controversias que ha provocado la reforma fiscal.
A pesar de ello, se dictaminó formar un
grupo de trabajo durante el receso legislativo para discutir y elaborar las modificaciones
a las reformas fiscales aprobadas el 31 de diciembre de 2001, a fin de realizar un trabajo
legislativo previo, que agilizara el estudio de este tema en el periodo ordinario.
Tercera. Sin embargo, esto no fue así
porque el grupo de trabajo señalado nunca entró en funciones. Es más, nunca se observó
interés alguno para solucionar esta etapa coyuntural de nuestro país.
De esta forma observamos, que no sólo no
se respetan los acuerdos políticos, sino que no se cumplen. Somos una institución, la
Junta de Coordinación Política lo es, por lo tanto es fundamental que se hagan valer las
disposiciones y decisiones ahí acordadas y no sirvan tan sólo para la conformación de
un discurso político que no resuelva, que engaña y no es respetado.
Por la importancia que implican las
reformas fiscales aprobadas y que reviste un acuerdo político, presentamos esta
excitativa, no podemos dejar de insistir en que se dé cabal cumplimiento a los acuerdos
de la Junta de Coordinación Política y a los dictámenes de cualquier punto de acuerdo.
Hoy, sin embargo, hemos comenzado el
segundo periodo de sesiones ordinarias y los acuerdos tomados por la Comisión Permanente
parecen no importar, el tiempo nos ha rebasado y con ello, evidentemente, existe ahora un
argumento bajo el cual se pueda justificar el no cumplimiento de los acuerdos dictaminados
en la Junta de Coordinación Política.
Pero aún así, nuestro grupo parlamentario
ha querido presentar esta excitativa para manifestar nuestra inconformidad con lo sucedido
y para insistir en buscar una solución para resolver la situación planteada en el punto
de acuerdo antes ya mencionado.
Es nuestra responsabilidad conformar una
buena legislación fiscal. No permitamos que otras entidades gubernamentales intenten
ejercer facultades que no les corresponden, a través de disposiciones que exceden su
facultad, como lo es algunas disposiciones de la Miscelánea Fiscal emitida por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los mexicanos necesitan que los
legisladores hagamos un trabajo de calidad, no es posible que no podamos tener excelencia
y calidad en cuestiones que son de simple técnica legislativa.
México requiere de leyes claras y concisas
y sin duda, las leyes fiscales no cuentan con estas características.
Estamos ante una situación, en donde los
acuerdos no se cumplen a pesar de ser disposiciones acordadas por consenso para llevar a
cabo un objetivo en beneficio de la nación.
Aún es tiempo de convocar a un gran
acuerdo nacional con la participación de los sectores sociales y empresariales, así como
con los partidos políticos, con la finalidad de buscar y obtener, en forma única y en
benéfico de México, una auténtica y legítima reforma fiscal a largo plazo que le dé
certidumbre al sistema financiero y productivo mexicano.
Por lo que pedimos se haga una enérgica
manifestación al no cumplimiento del acuerdo.
Cuarta. Por todo lo anterior y en virtud de
que no se ha dado cabal cumplimiento por esta soberanía al acuerdo ya mencionado y por lo
tanto, no se ha resuelto de fondo el asunto; con fundamento en el artículo 78 fracción
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presentamos esta excitativa para que la Presidencia de la Mesa Directiva
se sirva emplazar a la Junta de Coordinación Política para que en fecha determinada se
lleve a cabo un nuevo acuerdo que resuelva de fondo la situación planteada en el punto de
acuerdo presentado el pasado 9 de enero de 2002 por nuestro grupo parlamentario, pues como
se ha mencionado, no se ha resuelto la proposición de manera satisfactoria.
Por lo antes expuesto y fundado, a usted
señor Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, atentamente pido:
Unico. Tenga por presentada esta
excitativa y se sirva emplazar a la Junta de Coordinación Política para que en fecha
determinada lleve a cabo un nuevo acuerdo que resuelva de fondo la situación planteada en
el punto de acuerdo presentado el pasado 9 de enero de 2002, por nuestro grupo
parlamentario.
Palacio Legislativo.— San
Lázaro.— Honorable Congreso de la Unión, a 20 de marzo de 2002.— Bernardo
de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador;
José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy
Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José
Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro
Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken,
Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»
La Presidenta:
Gracias, diputado Agundis.
Si usted me permite, más que una
excitativa, esta Presidencia ejercerá sus buenos oficios exhortando a la Junta de
Coordinación Política, que tome en cuenta la exposición completa que usted ha hecho y
no sólo se refiera al anterior punto de acuerdo, porque entiendo que su búsqueda es
encontrar alternativas que resuelvan sus inquietudes de fondo.
Gracias, señor diputado.
Está inscrito el diputado Bortolini, que
estaba hasta hace unos momentos en el recinto. Queda registrada la presentación del
diputado Miguel Bortolini Castillo para la próxima sesión, porque vamos a cambiar el
capítulo del orden del día.
Pasamos al capítulo de proposiciones.
Me resulta pertinente recordar a los
distinguidos señores legisladores el texto del Acuerdo Parlamentario Relativo a la
Integración del Orden del Día y de las Votaciones aprobado el 14 de diciembre de 2001,
que en su artículo duodécimo señala: "quienes intervengan para presentar
proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos".
BORREGO
CIMARRON
La Presidenta:
En tal virtud, se concede el uso de la
palabra al diputado Juvenal Vidrio Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se establezca la
veda del borrego cimarrón en el Estado de Baja California.
202, 203, 204
El diputado Juvenal Vidrio Rodríguez:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeros diputados:
Proposición con punto de acuerdo...para
que se establezca la veda del borrego cimarrón en el Estado de Baja California.
México es uno de los países más ricos en
biodiversidad del mundo. Basta decir que el 40% de las especies vertebradas de
Mesoamérica son endémicas de nuestro país, ya que en él existe una gran variedad de
condiciones climáticas y geográficas que hacen posible su existencia.
En México se encuentran 194 especies
animales consideradas como amenazadas o en peligro de extinción, en muchas ocasiones
debido a causas que son producto de la acción humana. Tal es el caso del borrego
cimarrón en su subespecie avis canadienses renovates, que es endémica del Estado
de Baja California.
Desde 1986 la Universidad Autónoma de Baja
California, UABC, realizó una exhaustiva evaluación en torno a la población existente
del borrego cimarrón en Baja California. Resultado de ella el avistamiento de tan sólo
180 ejemplares.
Por esta razón la UABC recomendó, desde
ese entonces, el establecimiento de una veda de forma inmediata y por tiempo indefinido.
De 1990 a 1996 la Universidad de Baja
California realizó otros cuatro censos con pleno conocimiento de la Semarnap, encontrando
solamente 140 ejemplares de borrego cimarrón en 1992, lo cual significa una densidad
poblacional de tan sólo 0.15 borregos por kilómetro cuadrado.
Un último censo realizado por la UABC
arrojó el resultado de 0.06 borregos en un área de 10 mil kilómetros cuadrados, de tal
manera que la población de borregos decreció de forma alarmante y en la actualidad
existen menos de 70 ejemplares en esta misma zona del Estado de Baja California.
Las causas de esta gravísima situación se
encuentran sobre todo en la caza indiscriminada y clandestina, ya que al no haber una veda
permanente y a pesar de que algunas zonas en las que vive el borrego cimarrón son áreas
protegidas, se continúa su caza, incluso de hembras a punto de parir y de especímenes
jóvenes.
En 1998 y 1999 la Semarnap otorgó permisos
para cazar borrego cimarrón en la isla Tiburón. Estos permisos fueron subastados por la
Fundación del Borrego en Norteamérica, una organización estadounidense, entre sus
propios miembros y como resultado de esta subasta se obtuvieron 592 mil 500 dólares.
A la situación anterior, ya muy grave, se
suma el hecho de que se han cometido violaciones a la Ley Federal de Caza, cuyo artículo
18 señala que los permisos para cazar en México se otorgarán a los miembros de las
asociaciones o clubes de cazadores registrados y reconocidos por la Semarnap, situación
que no ha ocurrido puesto que todos los permisos subastados fueron para cazadores de
Estados Unidos de América, país en el que también vive el borrego cimarrón, el que se
encuentra en veda desde hace 120 años.
Dadas estas circunstancias, hay cazadores
de Estados Unidos que estarían dispuestos a pagar hasta 300 mil dólares por cada permiso
legal que se otorgue, aun cuando en la Ley Federal de Derechos se asiente que el permiso
debe ascender a un costo de 270 mil pesos mexicanos.
Otras violaciones a la Ley Federal de Caza
han sido las de sus artículos 27 y 30, en los cuales se establece que las reservas
nacionales son áreas naturales protegidas, por lo que se decreta una veda permanente,
siendo un delito federal la caza de especies en veda.
El artículo 87-bis de la Ley General de
Equilibrio Ecológico establece que el dinero recaudado a través del otorgamiento de
licencia o permiso de caza debe ser destinado a la restauración del hábitat en que viven
los animales cazados. Sin embargo, hasta ahora se desconoce el destino de tales recursos
económicos que ascendieron a 391 mil dólares, los que al parecer tampoco han sido
destinados para el propósito enunciado.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a
consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que el Poder Ejecutivo
Federal instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se
establezca la veda del borrego cimarrón en su subespecie avis canadienses renovates
en el Estado de Baja California, de forma inmediata y por tiempo indefinido, a fin de que
se restablezca la población de la mencionada subespecie y de que puedan llevarse a cabo
las investigaciones y estudios necesarios para determinar la mejor forma de aprovechar
este recurso natural en beneficio del país.
Atentamente, diputado Juvenal Vidrio
Rodríguez y los diputados por Baja California: Alfonso Sánchez, Gina Cruz, Cuauhtémoc
Cardona, Francisco Blake, Hugo Cepeda, Javier Castañeda, Alejandro Monraz, Enriqueta
Bacilio, Amador Rodríguez Lozano y Jaime Martínez Veloz.
Le ruego a esta Presidencia insertar el
texto íntegro en el Diario de los Debates y que sea turnado a la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
«Proposición con punto de acuerdo para
que se establezca la Veda del Borrego Cimarrón en el Estado de Baja California, con
objeto de que se restablezca la población de esta subespecie animal en peligro de
extinción y de que puedan llevarse a cabo las investigaciones y estudios necesarios para
determinar la mejor forma de aprovechar este recurso natural, en beneficio del país.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El que suscribe, diputado federal Juvenal
Vidrio Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted sea presentada a la
consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de
acuerdo para que se establezca la Veda del Borrego Cimarrón en el Estado de Baja
California, con objeto de que se restablezca la población de esta subespecie animal en
peligro de extinción, con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
México es uno de los países más ricos en
biodiversidad del mundo. Baste decir que el 40% de las especies vertebradas de
Mesoamérica son endémicas de nuestro país, ya que en él existe una gran variedad de
condiciones climáticas y geográficas que hacen posible su existencia.
En México también se encuentran 194
especies animales consideradas como amenazadas o en peligro de extinción, de las cuales,
123 son aves, 52 son mamíferos, 35 reptiles y cuatro anfibios. De entre todas estas
especies, destacan aquéllas cuyo hábitat es geográficamente muy restringido, como en el
caso del conejo de los volcanes o del quetzal. Sin embargo, existen especies que se hallan
bajo una seria amenaza o a punto de extinguirse, debido a causas que son producto de la
acción humana. Tal es el caso del borrego cimarrón, en su subespecie avis canadensis
cremnobates, que es endémica del Estado de Baja California.
Desde 1986, la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) realizó una exhaustiva evaluación en torno a la población
existente de borrego cimarrón en Baja California, resultando de ella el avistamiento de
tan sólo 180 ejemplares. Por esta razón, la UABC recomendó desde ese entonces el
establecimiento de una veda de forma inmediata y por tiempo indefinido.
Tuvieron que pasar más de tres años para
que en 1990, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue),
estableciera la veda del aprovechamiento de la especie del borrego cimarrón (avis
canandensis) en su subespecie avis canadensis cremnobates, en el Estado de Baja
California solamente para la temporada 1990-1991 y se prohibiera estrictamente la caza,
captura, transporte, posesión y comercio de la mencionada subespecie.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND)
publicado el 31 de mayo de 1989 en el Diario Oficial de la Federación, establecía
el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, poniendo especial
énfasis en los programas para la protección y aprovechamiento de las especies de flora y
fauna amenazadas, raras, endémicas y en peligro de extinción.
Asimismo, en el PND se disponía que todas
las especies animales silvestres que subsisten libremente en el territorio nacional
serían consideradas como parte del patrimonio nacional, que la fauna silvestre es un
recurso natural renovable y que su aprovechamiento debía sustentarse en el conocimiento
de sus ciclos biológicos, su distribución y cuantificación.
Todos estos argumentos continúan siendo
válidos hoy día en cuanto a lo que se refiere a nuestros recursos naturales; sin
embargo, ni ahora ni entonces han sido tomados en cuenta en el caso que nos ocupa, ya que
al quedar establecida la veda solamente para una temporada, el aprovechamiento del borrego
cimarrón prácticamente quedó en "tasa cero".
De 1990 a 1996, se realizaron otros cuatro
censos, con pleno conocimiento de la Semarnap. La UABC llevó a cabo la inspección de 900
km2 en 1992, encontrando solamente 140 ejemplares de borrego cimarrón, lo cual significa
una densidad poblacional de tan sólo 0.15 borregos por km2, cifra que se encuentra muy
por debajo de la registrada en 1986, cuando era de 0.50 borregos por km. Otros censos
llevados a cabo en 1995 y 1996 por la Semarnap, así como por la Fundación Mexicana del
Borrego Cimarrón, arrojaron las cantidades de 0.20 y 0.09 especímenes por km2, en una
extensión de 3 mil km2; aún más: un último censo, realizado por la UABC arrojó el
resultado de 0.006 borregos en un área de 10 mil km2, de tal manera que la población de
borregos decreció de forma alarmante y en la actualidad existen menos de 70 ejemplares en
esta misma zona del Estado de Baja California.
Las causas de esta gravísima situación,
se encuentran sobre todo en la caza indiscriminada y clandestina, ya que al no haber una
veda permanente y a pesar de que algunas zonas en las que vive el borrego cimarrón son
áreas protegidas, se continúa su caza, incluso de hembras a punto de parir y de
especímenes jóvenes.
En 1998 y 1999, la Semarnap otorgó
permisos para cazar borrego cimarrón en la isla Tiburón. Estos permisos fueron
subastados por la Fundación del Borrego de Norteamérica, una organización
estadounidense, entre sus socios y como resultado de esta subasta se obtuvieron 592 mil
500 dólares. Hasta ahora, tampoco se sabe qué sucedió con este dinero, a qué fue
destinado por quienes otorgaron los permisos ni en este caso ni en el caso de otros
permisos subastados en 1996, 1998 y 1999 para cazar borregos en la reserva de la biosfera
del Vizcaíno, en Baja California, de los cuales se obtuvo un monto de 391 mil dólares.
A la situación anterior, ya muy grave, se
suma el hecho de que se han cometido violaciones a la Ley Federal de Caza, cuyo artículo
18 señala que los permisos para cazar en México se otorgarán a "los miembros de
las asociaciones o clubes de cazadores registrados y reconocidos por la Semarnap",
situación que no ha ocurrido, puesto que todos los permisos subastados fueron para
cazadores de Estados Unidos de América, país en el que también vive el borrego
cimarrón, concretamente al sur de California, pero que se encuentra en veda desde hace
120 años. Dadas estas circunstancias, hay cazadores de Estados Unidos que estarían
dispuestos a pagar hasta 300 mil dólares por cada permiso legal que se otorgue, aun
cuando en la Ley Federal de Derechos ha quedado asentado que el permiso tiene un costo de
270 mil pesos mexicanos.
Otra violación a la Ley Federal de Caza,
ha sido la de su artículo 27, en el cual se establece que las reservas nacionales
(reservas de la biosfera e islas) son áreas naturales protegidas, por lo que se decreta
una veda permanente. En otras palabras, no está permitida la caza de fauna silvestre,
además de que el artículo 30 de esta misma ley tipifica como delito federal el ejercicio
de la caza de especies en veda permanente.
Por otra parte, el artículo 87-bis de la
Ley General de Equilibrio Ecológico establece que el dinero recaudado a través del
otorgamiento de licencias o permisos de caza, debe ser destinado a la restauración del
hábitat en que viven los animales cazados. Sin embargo, hasta ahora, como se señaló con
anterioridad, se desconoce el destino de tales recursos económicos, los que al parecer
tampoco han sido destinados para el propósito enunciado, ya que no se tiene conocimiento
de que se esté realizando trabajo alguno de conservación y/o restauración del hábitat
del borrego cimarrón.
Debido a todas estas circunstancias, el
país no se ha visto beneficiado de ninguna forma por el aprovechamiento del borrego
cimarrón, además de que las implicaciones de su desaparición sin duda alguna traerían
un más grave desequilibrio en el ecosistema de la región.
Compañeras y compañeros legisladores: es
de suma importancia que la Semarnap se ocupe de manera seria de la solución de esta
problemática, no sólo porque se trata de una especie en peligro de extinción que aún
puede recuperarse, sino porque su recuperación también redundaría en el beneficio de
los actores sociales presentes en la región, ya que sería posible a un corto y mediano
plazo, el establecimiento de programas que involucren el ecoturismo y otras actividades de
índole económica. Asimismo, es de suma importancia que se implementen programas para la
restauración y conservación del hábitat del borrego cimarrón, vinculando a todos los
actores de la región que guarden relación con esta especie. Es necesaria la suma de
esfuerzos, puesto que se requiere un análisis de la situación desde distintos puntos de
vista: el científico-técnico, el económico, el social, el agropecuario.
El artículo 4o. de la Ley General de Vida
Silvestre dispone que "es un deber de todos los habitantes del país conservar la
vida silvestre, queda prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o
perturbación, en perjuicio de los intereses de la nación". Por tanto, compañeras y
compañeros, como mexicanos y como legisladores, es nuestro deber vigilar el cumplimiento
de la ley y contribuir a la preservación de nuestro medio ambiente, ¿o esperaremos hasta
que sea demasiado tarde?
Por lo que hasta aquí ha sido expuesto, el
suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pone a
consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Unico. Que el Poder Ejecutivo
Federal instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se
establezca la veda del borrego cimarrón en su subespecie avis canadensis cremnobates
en el Estado de Baja California, de forma inmediata y por tiempo indefinido, a fin de que
se recupere la población de la mencionada subespecie y de que puedan llevarse a cabo las
investigaciones y estudios necesarios para determinar la mejor forma de aprovechar este
recurso natural, en beneficio del país.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
19 de marzo de 2002.— Diputados: Juvenal Vidrio Rodríguez, Gina Andrea Cruz B.,
Alfonso Sánchez, Javier Castañeda, Francisco Blake y Jaime Martínez
Veloz.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Con todo gusto. Insértese el texto
íntegro de la proposición en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Diputado Bernardo de la Garza, ¿quiere
hacer uso de la palabra desde su curul?
El diputado Bernardo de la Garza Herrera
(desde su curul):
Solamente, señora Presidenta, para
manifestar nuestro apoyo al acertado punto de acuerdo presentado por el diputado.
La Presidenta:
Muchas gracias, señor diputado.
MAIZ
La Presidenta:
Le ruego al diputado Miguel Bortolini, que
llegó cuando ya se había dado el turno anterior, pase a presentar su documento.
El diputado Miguel Bortolini Castillo:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El que suscribe, diputado de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la legislación interna,
solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular un cambio de turno a
efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación al pleno de este órgano
legislativo la proposición con punto de acuerdo referente a la contaminación por
transgénicos del maíz criollo y nativo de Oaxaca y Puebla.
Antecedentes: la preocupación por la
contaminación de maíz transgénico que invade tanto a los estados de Oaxaca y de Puebla,
tiene qué ver con la necesidad de reconocer el daño que puede causar en la salud de los
seres vivos por su medio ambiente y en la sustentabilidad de la agricultura mexicana la
difusión de este maíz en el territorio mexicano.
El día 15 de diciembre de 2001 se turnó a
la comisión la proposición con punto de acuerdo que su servidor hizo llegar a la mesa
directiva de esta Cámara de Diputados.
El punto de acuerdo hace mención del
artículo que es publicado en la revista Nature por dos científicos de calidad
internacional, David Quist e Ignacio H. Chapela, titulado Introgresión de ADN
Transgénico en Variedades Tradicionales de Maíz en Oaxaca, México, en el cual se
demostró científicamente la presencia de genes provenientes de variedades comerciales de
maíz transgénico en maíces criollos de esta región. Más aún, se señala
explícitamente que el maíz distribuido por Diconsa en las comunidades del municipio de
Ixtlán, está contaminado por transgénicos. Además en su momento enfaticé que con esto
del debate sobre la existencia de una contaminación masiva de transgénicos en Oaxaca y
Puebla, quedó cerrada. Con esto se demostró que era totalmente correcto lo que
denunciaron las autoridades indígenas de Guelatao por medio de su presidente municipal,
el compañero Aldo González, hoy amenazado de muerte y la Unión de Organizaciones de la
Sierra Juárez, de Oaxaca.
También se demostró la actitud negligente
e irresponsable de las autoridades federales, en especial de la Sagarpa, las cuales hasta
la fecha, se siguen negando a reconocer el problema del maíz transgénico en Oaxaca.
También se demostró que es indispensable
una ley que regule y limite la importación de transgénicos a México.
También se señaló que es obligación de
las instituciones federales realizar una investigación sobre este problema, pero aún
más importante, es fundamental llevar a cabo todo un programa para descontaminar toda la
región de Puebla y Oaxaca, lo mismo que iniciar la investigación de otras zonas del
país que pudieran estar contaminadas. Esto tiene que ver con un grave problema que fue
señalado por un grupo de científicos.
En virtud de presentar en el pleno el punto
de acuerdo en su momento, por darle prioridad a los temas presupuestales y con base en que
la Presidenta decidió enviarlo a la Comisión de Salud, solicito de la manera más atenta
que el punto de acuerdo se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a
la Comisión de Agricultura y Ganadería para que se dictamine este punto de acuerdo sobre
maíz transgénico en Oaxaca, por estas comisiones, en comisiones unidas.
Muchísimas gracias, señora Presidenta.
«Cambio de turno sobre la proposición con
punto de acuerdo referente a la contaminación de transgénicos del maíz criollo y nativo
de Oaxaca y Puebla.
Con su permiso señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
El suscrito, diputado de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21
fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos
respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular un cambio de turno a efecto de
que se dictamine a la brevedad para su presentación al pleno de este órgano legislativo,
la proposición con punto de acuerdo referente a la contaminación por transgénicos del
maíz criollo y nativo de Oaxaca y Puebla.
ANTECEDENTES
La preocupación por la contaminación de
maíz transgénico que invade tanto a los estados de Oaxaca y de Puebla, tiene qué ver
con la necesidad de reconocer el daño que puede causar en la salud de los seres vivos, su
medio ambiente y en la sustentabilidad de la agricultura mexicana, la difusión de este
maíz en el territorio nacional.
El día 15 de diciembre de 2001 se turno a
comisión, la proposición con punto de acuerdo, que su servidor hizo llegar a la Mesa
Directiva de está Cámara de Diputados.
El punto de acuerdo, hace mención del
artículo que es publicado en la revista Nature, por dos científicos de calidad
internacional, David Quist e Ignacio H. Chapela, titulado: Introgresión de ADN
Transgénico en Variedades Tradicionales de Maíz Oaxaca, México, en el cual se
demostró científicamente la presencia de genes provenientes de variedades comerciales de
maíz transgénico en maíces criollos de esta región, más aún, se señala
explícitamente que el maíz distribuido por Diconsa en comunidades del municipio de
Ixtlán está contaminado por transgénicos.
Además, en su momento, enfaticé que:
• Con esto el debate sobre la
existencia de una contaminación masiva de transgénicos en Oaxaca y Puebla quedó
cerrada.
• Con esto se demostró que era
totalmente correcto lo que denunciaron las autoridades indígenas de Guelatao, por medio
de su presidente municipal, el compañero Aldo González, hoy amenazado de muerte y la
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, de Oaxaca.
• Con esto se demostró la actitud
negligente e irresponsable de las autoridades federales, en especial de la Sagarpa, las
cuales hasta la fecha se siguen negando a reconocer el problema.
• Con esto se demostró que es
indispensable una ley que regule y limite la importación de transgénicos a México.
También, señalé, que es obligación de
las instituciones federales realizar una investigación sobre este problema. Pero aún
más importante, es fundamental llevar a cabo todo un programa para descontaminar toda la
región de Puebla y Oaxaca, lo mismo que iniciar la investigación de otras zonas del
país que pudieran estar contaminadas. Esto tiene qué ver con un grave problema que fue
señalado por un grupo de científicos bajo la coordinación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad, desde abril de 1999, en este documento se decía: "...el maíz es una
especie con polinización cruzada y abierta y el viento es el principal vector del polen,
por lo que está claro que los genes de maíces transgénicos se moverán a las variedades
criollas o parientes silvestres cuando entren en contacto con ellos".
El punto de acuerdo, establecía que:
1. Esta Cámara de Diputados exhorta al
Ejecutivo Federal para que, a través de la Sagarpa y la Secretaría de Economía, se haga
efectiva la prohibición absoluta de maíz transgénico que se ha demostrado es la fuente
de la contaminación de maíz criollo.
2. La Cámara de Diputados exhorta al
Ejecutivo Federal para que, a través del titular de la Sagarpa y de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con una comisión de investigadores y
representantes de las organizaciones sociales y ciudadanas afectadas, lleve a cabo los
diagnósticos confiables y transparentes para determinar la magnitud y la distribución de
esta contaminación transgénica en todo el territorio nacional, desde luego partiendo de
investigar el impacto que esa contaminación ha tenido en el gen del maíz.
3. Que el Ejecutivo Federal lleve a cabo,
por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un programa para
detener y revertir los procesos de contaminación del maíz criollo y nativo mexicano.
4. La necesidad de que el Ejecutivo Federal
realice una alerta internacional, en especial a los países hermanos de Centroamérica,
sobre la contaminación del maíz criollo y nativo mexicano, tomando en consideración el
artículo 3o. del Convenio de Diversidad Biológica, que plantea que los estados tienen la
obligación de asegurar que las actividades que lleven a cabo dentro de su jurisdicción o
bajo su control, no perjudiquen el medio ambiente de otros países o zonas situadas por
fuera de su jurisdicción nacional.
En virtud de la imposibilidad de presentar
en el pleno el punto de acuerdo en su momento, por darle prioridad a los temas
presupuestales y con base en que la Presidenta decidió enviarlo a la Comisión de Salud,
solicito de la manera más atenta que el punto de acuerdo se turne a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para que
dictaminen en comisiones unidas.
Atentamente.
Diputado Miguel Bortolini Castillo.»
La Presidenta:
Gracias, diputado Bortolini.
Esta Presidencia no tiene ningún
inconveniente en modificar el turno del punto de acuerdo respectivo para que intervenga la
Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Salud.
DERECHOS
HUMANOS
La Presidenta:
Continuando con la presentación de
proposiciones, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado José
Manuel del Río Virgen, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativo a
los derechos humanos en México y a la procuración e impartición de justicia.
El diputado José Manuel del Río
Virgen:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Hemos sostenido siempre que los derechos
humanos son inseparables al ser humano, un catálogo inacabado de elementos indispensables
para que toda persona logre su máximo desarrollo en lo individual y lo social, donde la
vida sea el derecho más preciado que se tenga y respete porque sin éste, los demás no
existen.
La etapa de tortura, vejación y violación
de los derechos humanos creíamos haberla desanimado. Ahora regresa el asesinato y
vejación sistemático de los derechos humanos, en la actualidad, sobre sus principales
defensores. Son una muestra de que el pasado revive sobre la cenizas de la impunidad.
208, 209, 210
El 19 de octubre del año pasado horrorizó
a toda la nación entera y a los organismos defensores de los derechos ciudadanos
nacionales e internacionales, la noticia de que la activista pro derechos humanos Digna
Ochoa, había sido asesinada en sus oficinas en forma por demás planeada y brutal; un
tiro en la femoral de la pierna izquierda y uno más en la sien le quitó la vida.
En estos días manifestamos en esta tribuna
que las características del asesinato no correspondían a las de un crimen común,
casual. Los móviles del mismo respondían a los de un asesinato estratégicamente
planeado, escalofriantemente asestado sobre una defensora de la justicia y los derechos
humanos, sobre una advertencia sobre quien atente contra los intereses de las mafias
criminales nacionales.
Dijimos que el crimen correspondía más
bien a uno de Estado, porque no se podía concebir que a Digna Ochoa le arrebatara la vida
una delincuencia común. No fue asesinada para robarle, el perfil profesional de Digna
Ochoa correspondía a actividades pro derechos humanos muy delicadas, que ponían
permanentemente su vida en peligro, ante la proximidad de sus investigaciones por
descubrir actos incriminatorios y complicidad entre diversos cuerpos policíacos y
autoridades y la delincuencia organizada.
Digna Ochoa defendía a campesinos,
obreros, ecologistas, mujeres, indígenas, en sí toda persona que sintiera ver afectado
su patrimonio o integridad por actos de autoridad violatorios de garantías individuales.
Así se enfrentó contra quien oponía resistencia a respetar el Estado de Derecho y la
legalidad, es decir, contra cualquier autoridad que veía en la debilidad de los
desposeídos una suculenta mina de oro, su platillo preferido.
Lo cierto es, lo cierto es que no se nos ha
dicho cuales son los avances en la investigación de este crimen, lo que ha orillado a que
la sociedad mexicana esté realmente desconcertada y confundida respecto a las
investigaciones sobre el particular. Respetuosamente lo digo: nadie cree que Digna Ochoa
se haya suicidado, después de las tantas amenazas de muerte que tenía.
El gobierno de la capital del país y el
Gobierno de la República deben darnos una explicación al respecto para saber la verdad,
únicamente la verdad, que exige la justicia, que reclama un pueblo entero sabedor de que
sus derechos humanos siguen siendo violados por la autoridad, por la policía, por la
delincuencia, hasta por anónimos que tratan de intimidar a otros defensores como el caso
de los periodistas.
Debemos de tomar este criterio para
demandar que el Gobierno Federal y el de la capital y los estados establezcan una agenda
conjunta para la defensa de la vida y garantizar su trabajo de todos los promotores del
respeto de los derechos humanos en el país, porque si hoy no detenemos la violación
sistemática de los derechos humanos y los asesinatos de los mismos, mañana estaremos
conviviendo abiertamente con la delincuencia organizada, las nomenclaturas y cofradías
políticas que desean seguir actuando a la sombra de la impunidad.
Por ello, compañeras y compañeros,
solicitamos al gobierno del Distrito Federal y en especial a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal se informe a esta soberanía los avances reales en las
investigaciones sobre el asesinato de Digna Ochoa.
Segundo. Demandamos del gobierno de la
República y del Distrito Federal y de los estados establezcan una agenda mínima de
atención y protección de los promotores de los derechos humanos del país, así como a
periodistas donde participen los propios afectados.
Gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
PUNTOS
DE ACUERDO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jaime
Martínez Veloz para presentar un punto de acuerdo en relación al Instituto Mexicano del
Seguro Social en Baja California y el municipio de Playas de Rosarito.
Dado que el diputado Jaime Martínez Veloz
se ha inscrito para presentar tres puntos de acuerdo, yo quisiera consultarle al diputado
Martínez Veloz,ahorita que llegue a tribuna, si puede hacer la presentación de manera
simultánea de los tres puntos de acuerdo y permitir a la Presidencia dé los turnos
respectivos. Ampliaríamos el tiempo de manera razonable.
El diputado Jaime Cleofas Martínez
Veloz:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras diputadas; compañeros diputados:
Presentaré tres puntos de acuerdo, los
cuales haré entrega a la Secretaría con el propósito de que puedan ser trasladados
literalmente al Diario de los Debates. Los tres tienen qué ver
fundamentalmente con asuntos del Estado de Baja California, pero el tercero tendrá su
repercusión en el marco del desarrollo nacional.
Del primero de ellos, en relación con
el Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente leeré la parte correspondiente al
contenido de los puntos de acuerdo que a la letra dice lo siguiente:
"Que la Cámara de Diputados solicite
a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social:
Primero. Que el Instituto Mexicano del
Seguro Social oriente sus esfuerzos a diagnosticar, evaluar y solventar el desabasto de
medicinas, equipo y material curativo en las unidades que forman el complejo hospitalario
de ese Instituto en Baja California.
Segundo. Que se proceda a realizar los
trámites necesarios, para apoyar con el personal médico, de enfermería y administrativo
que reclama la situación de los trabajadores y sus familiares adscritos al Seguro Social
en Baja California.
Tercero. Que el Instituto Mexicano del
Seguro Social diagnostique, analice y evalúe técnica y socialmente la factibilidad de
responder a la sentida demanda de los bajacalifornianos, para que sea dedicada una unidad
médica de segundo nivel de atención en el municipio de Playas de Rosarito, Baja
California y con ello lograr la cobertura completa a los derechohabientes de la localidad.
Cuarto. Que el Instituto Mexicano del
Seguro Social comunique a esta soberanía la información relativa al número de patrones
y trabajadores suscritos en los respectivos patrones y el importe de las cuotas que
recibe, tanto correspondientes al Estado de Baja California, como a cada uno de sus
municipios. Asimismo, dé a conocer los montos de los adeudos que a la fecha se tengan por
parte de los patrones con el Instituto, así como a quienes hayan incurrido en mora en lo
referente al pago de las cuotas obrero-patronales, pendientes de ser ingresadas dentro de
las finanzas de esa delegación en Baja California.
Quinto. Que el Instituto Mexicano del
Seguro Social informe a esta soberanía qué porcentaje de las cuotas recaudadas en Baja
California se invierten en el propio Estado y, en su caso, considere la viabilidad de
invertir una mayor cantidad de recursos de lo recaudado en Baja California en la misma
entidad.
Sexto. Que el hospital Regional de
Especialidades inicie a la brevedad la prestación de los 35 servicios integrales para los
cuales fue construido durante la pasada administración federal, que por su magnitud
beneficiaría a los casi 2 millones de derechohabientes que tiene el Estado de Baja
California y que representa en su tipo el más grande e importante en todo el noreste del
país."
Entrego el documento completo a la
Secretaría.
«Punto de acuerdo que presenta el diputado
Jaime Martínez Veloz relacionado con el Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja
California y el municipio de Playas de Rosarito B.C.
Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura.
Compañeras diputadas, compañeros
diputados:
Honorable Asamblea:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Entre las mayores conquistas de los
trabajadores mexicanos en la historia contemporánea de México se encuentra la creación
del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con documentos del propio Instituto,
su base constitucional se fundamenta en el artículo 123 de la Carta Magna del 5 de
febrero de 1917, en donde se declara "de utilidad social el establecimiento de cajas
de seguros populares como los de invalidez, de vida, de cesación voluntaria en el
trabajo, de accidentes y de otros con fines similares".
Mencionando algunos de sus antecedentes, en
1929 el Congreso de la Unión considera de utilidad pública la Ley del Seguro Social,
pero es hasta 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas envió a los legisladores un
proyecto de ley que ya se refería a la creación de un Instituto de Seguros Sociales de
aportación tripartita, que incluía al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus
patrones. Sin embargo, la coyuntura de la expropiación petrolera y la crisis consecuente,
exigía promover, antes que nada, la unidad nacional.
En 1942, ya siendo presidente Manuel Avila
Camacho, se envío a las cámaras la iniciativa de ley, cuya suprema justificación, fue
que se cumpliría uno de los más caros ideales de la Revolución Mexicana. El Congreso
aprobó la iniciativa y el 19 de enero de 1943, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la Ley del Seguro Social.
En dicha ley se indica, desde sus
artículos iniciales, que la finalidad de la seguridad social es garantizar el derecho
humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y
los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.
Así, desde su creación, bajo el lema
"Seguridad para todos" la misión del Instituto implicó una decidida postura a
favor de la clase trabajadora y sus familiares; misión tutelar que va mucho más allá de
la simple asistencia pública y tiende a hacer realidad el principio de la solidaridad
entre los sectores de la sociedad y del Estado hacia sus miembros más vulnerables.
La cobertura de población mexicana al
amparo de esta institución es uno de los indicadores de bienestar previamente referidos,
como evidencia del grado de desarrollo de la sociedad.
Considero importante hacer mención de
estos antecedentes para referirme a las necesidades de la población del municipio
bajacaliforniano de Playas de Rosarito. Este municipio se caracteriza por su creciente
actividad socioeconómica, que en términos relativos tiene el crecimiento más dinámico
de los cinco municipios que componen la entidad. Su empuje económico se debe
fundamentalmente a sus atractivos turísticos, su privilegiada ubicación cercana a la
frontera y a la personalidad emprendedora de los rosaritenses, demostrada en su
dedicación al trabajo.
Rosarito, es uno de los más claros
ejemplos donde el avance social ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones
para atender las crecientes demandas. Aquí, ha sido la sociedad la que ha determinado el
rumbo y el ritmo de avance del municipio. Entre los años 1995 y 2000, la población del
municipio aumentó un 36%, siendo el crecimiento más rápido de Baja California y con
ello, expresando una de las manifestaciones del dinamismo municipal.
Hasta hace dos años, había en Rosarito un
médico por cada 2 mil personas de la localidad, cifra que no ha variado en nuestros
días. A la fecha y debido tanto a la dinámica de crecimiento poblacional, como a la
insuficiente infraestructura y capacidad instalada en las instituciones públicas y
dependencias del sector salud, para dar servicio a los habitantes del municipio que
requieren atención médica especializada, miles de rosaritenses deben trasladarse
anualmente a otras ciudades como Tijuana o Mexicali.
Contar con una clínica propia, al menos de
segundo nivel, es una demanda que por años ha unificado a los trabajadores del municipio,
quienes esperan acceder a los servicios médicos disponibles e instalaciones que cubran
las actuales y crecientes demandas de la población derechohabiente del IMSS.
Con servicios médicos de segundo nivel,
sería posible atender a los pacientes que requieren diagnósticos, terapias y
rehabilitación, actualmente inexistentes con la infraestructura médica del municipio,
además de resolver la carencia de unidades médicas suficientes para una población en
constante aumento.
Sin embargo, la situación problemática
del IMSS en Baja California no es privativa de Rosarito. La operación estatal del Seguro
Social presenta diversos aspectos dramáticos, entre los que destacan: la baja calidad en
la prestación del servicio; el desabasto y la escasez de medicamentos, que parece ser ya
un fenómeno estructural; la carencia de material y equipo curativo; así como la falta de
servicios especializados de tercer nivel.
Desde su creación, el IMSS se formó como
un organismo tripartita y cuenta con una importante fuente de recursos en las cuotas
obrero-patronales. Con las cuotas de los trabajadores no existe problema. Los descuentos
les llegan vía nómina o se les rebajan de sus pagos. Pero ¿realmente se entregan estas
cuotas al IMSS en tiempo y forma y también se hace esto con las cuotas patronales?
Las estadísticas, al menos en Baja
California y particularmente en la ciudad de Tijuana, revelan que no. Según datos
proporcionados por funcionarios de alto nivel del Instituto, en Tijuana el monto de
adeudos al IMSS por concepto del pago de las cuotas obrero-patronales de 2 mil 200
empresas asciende 53 millones 474 mil pesos, que representa el 12.9% del total de patrones
registrados en la institución.
Esa es otra de las razones que me impulsan
a plantear ante esta soberanía la necesidad de conocer, específicamente para el caso de
Baja California, el estado de sus finanzas relacionadas con la fuente de ingresos por
cuotas obrero-patronales.
211, 212, 213
Los habitantes de nuestro Estado y
especialmente los de Rosarito, que carecen de servicios especializados de seguridad
social, merecen reciprocidad de sus instituciones; toda vez que así como ellos han
contribuido al engrandecimiento de su entorno, lo menos que pueden esperar de la autoridad
es la garantía de que sus cuotas son bien administradas y los patrones aportan lo que les
corresponde para asegurarles una provisión de servicios mínimos.
Si grupos corporativos o conglomerados
industriales han interrumpido sus obligaciones para cubrir sus cotizaciones, los
bajacalifornianos tienen el derecho a informarse de esa situación, así como de exhortar
a las autoridades para que remedien las irregularidades.
La gravedad de los servicios y de la
atención que brinda el IMSS en Baja California también llega a niveles alarmantes en
otros ámbitos de la institución. Durante la pasada Administración Pública Federal se
construyó en el municipio de Tijuana, el hospital general de especialidades número uno
del IMSS, el cual tuvo un costo de más de 1 mil millones de pesos y tendría capacidad
para atender una demanda potencial de más de 625 mil derechohabientes en un año.
Sin embargo, la falta de presupuesto para
la contratación de personal y la insensibilidad social de las autoridades provoca que el
hospital más importante del noreste del país no sea puesto en total funcionamiento con
los consiguientes costos sociales: la falta de servicios especializados en materia de
salud que cancela las esperanzas de vida por el incremento de probabilidades de
fallecimiento de miles de trabajadores y familiares bajacalifornianos y de estados
circunvecinos; además de propiciar la inutilidad de las instalaciones e improductividad
del equipo médico adquirido, valuado en más de 80 millones de pesos.
Resulta absurdo que la puesta en marcha de
una institución que generaría efectos multiplicadores favorables en todos los sentidos,
ya que respondería a una de las necesidades más imperiosas de los bajacalifornianos y
coadyuvaría a la construcción de una economía y de una sociedad más equitativas,
además de brindar servicios médicos especializados a los derechohabientes también
crearía cientos de fuentes de trabajos directos e indirectos, se mantenga subutilizado
por la insensibilidad gubernamental.
Paradójicamente, se requieren más de 1
mil 500 espacios laborales eventuales en las instituciones del Seguro Social en Baja
California para brindar un servicio suficientemente satisfactorio. Si realmente se quiere
un gobierno transparente y sensible a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía,
la salud de los trabajadores puede ser buen inicio.
Compañeras y compañeros legisladores:
como representantes populares y servidores públicos, estamos obligados a redoblar
esfuerzos en la búsqueda de medios y formas de provisión de oportunidades y condiciones
por las cuales la población mexicana acceda a niveles superiores de bienestar y calidad
de vida. De estas oportunidades y condiciones, algunas de las cuales debe proveer
completamente el Estado y otras, como en el caso del IMSS, son posibles por la
concurrencia de otros elementos institucionales.
Por lo anteriormente expuesto y
CONSIDERANDO
Primero. Que el Instituto Mexicano del
Seguro Social es una institución que consolidó en su momento las aspiraciones de la
clase trabajadora mexicana, mismas que siguen vigentes y que es una institución de
carácter público cuya misión es otorgar a los trabajadores mexicanos y a sus familias
la protección suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad, la
invalidez, la vejez o la muerte.
Segundo. Que los ingresos del IMSS se
integran con cuotas obrero-patronales a las que, bajo un esquema tripartita establecido
por la ley, se suman las aportaciones del Estado mexicano.
Tercero. Que el Instituto Mexicano del
Seguro Social, como ente de servicio público, debe otorgar sus servicios con cortesía,
eficiencia y eficacia a todos y cada uno de los trabajadores que cotizan al mismo; así
como a sus familias; proveyendo los tratamientos y medicamentos suficientes para cada
caso.
Cuarto. Que en el municipio de Playas de
Rosarito se carece de los servicios médicos de segundo nivel, que permitan atender a sus
derechohabientes, por lo que éstos tienen que trasladarse a clínicas e instalaciones de
ciudades vecinas, con los consecuentes riesgos y gastos.
Quinto. Que el Gobierno mexicano y todas y
cada una de sus dependencias y organismos deben administrarse con absoluta transparencia;
misma que se refleja, entre otros aspectos, en la información pública no sólo de sus
ingresos y gastos, sino de otros datos relevantes de interés público; como por ejemplo
en el caso del IMSS en el número de patrones que conforman el padrón, el número de
empleados que tienen, las cuotas que pagan al Instituto, la fecha en que lo hacen, para en
esta forma certificar que cumplen con la ley.
Con base en lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se propone a esta legislatura el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO ECONOMICO
Que la Cámara de Diputados solicite a la
dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):
Primero. Que el IMSS oriente sus
esfuerzos a diagnosticar, evaluar y solventar el desabasto de medicinas, equipo y material
curativo en las unidades que forman el complejo hospitalario de ese instituto en Baja
California.
Segundo. Que se proceda a realizar
los trámites necesarios, para apoyar con el personal médico, de enfermería y
administrativo que reclama la situación de los trabajadores y sus familiares adscritos al
IMSS en Baja California.
Tercero. Que el IMSS diagnostique,
analice y evalúe técnica y socialmente, la factibilidad de responder a la sentida
demanda de los bajacalifornianos para que sea edificada una unidad médica de segundo
nivel de atención en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California y con ello
lograr la cobertura completa a los derechohabientes de la localidad.
Cuarto. Que el IMSS comunique a esta
soberanía, la información relativa al número de patrones y trabajadores inscritos en
los respectivos padrones y el importe de las cuotas que recibe; tanto correspondientes al
Estado de Baja California como a cada uno de sus municipios. Asimismo, dé a conocer los
montos de los adeudos que a la fecha se tengan por parte de los patrones con el Instituto,
así como a quienes hayan incurrido en mora en lo referente al pago de las cuotas
obrero-patronales pendientes de ser ingresadas dentro de las finanzas de su delegación en
Baja California.
Quinto. Que el IMSS informe a esta
soberanía, qué porcentaje de las cuotas recaudadas en Baja California se invierten en el
propio Estado y en su caso, considere la viabilidad de invertir una mayor cantidad de
recursos de lo recaudado en Baja California en la misma entidad.
Sexto. Que el hospital regional de
especialidades inicie a la brevedad la prestación de los 35 servicios integrales para los
cuales fue construido durante la pasada administración federal; que por su magnitud
beneficiaría a los casi 2 millones de derechohabientes que tiene el Estado de Baja
California y que representa en su tipo el más grande e importante en todo el noroeste del
país.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
20 de marzo de 2002.— Diputado Jaime Martínez Veloz.»
La Presidenta:
Gracias diputado Martínez Veloz.
El diputado Jaime Cleofás
Martínez Veloz:
El segundo punto de acuerdo es en
relación con la posibilidad de que se firme un acuerdo entre autoridades de la
Universidad Autónoma de Baja California y las autoridades municipales, para que la
policía municipal esté presente en el campus universitario. Hemos solicitado la
intervención de estudiantes, de sociedades de alumnos, con el propósito de que la
Comisión de Educación pueda revisar este asunto y el punto de acuerdo que remitimos dice
lo siguiente:
"Que esta Cámara de Diputados, a
través de la Comisión de Educación, haga un respetuoso exhorto a las autoridades del
Poder Ejecutivo del municipio de Tijuana, Baja California, a fin de que se respete la ley
y se evite atentar contra la autonomía de nuestra máxima casa de estudios en la entidad.
La UABC, cuya integridad se encuentra en
riesgo ante la pretensión de instalar de manera permanente fuerzas y equipo policiaco en
terrenos soberanos de esa casa de estudios, asimismo que se recuerde a la autoridad su
obligación de respetar y hacer respetar la Ley Orgánica y los cuerpos colegiados de la
UABC, mismos que se bastan para atender y resolver cualquier contingencia al interior de
la comunidad universitaria."
Hago entrega de este punto de acuerdo en su
totalidad a la Secretaría.
Punto de acuerdo por el cual el diputado
independiente Jaime Martínez Veloz, solicita que el Congreso de la Unión manifieste su
inconformidad por la pretensión intervencionista de las autoridades municipales de la
ciudad de Tijuana en contra de la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus
de ese municipio.
«Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Compañeras y compañeros diputados;
honorable Asamblea
EXPOSICION DE MOTIVOS
He solicitado dirigirme a esta audiencia
para exponer ante todos ustedes, compañeros diputados, un asunto de trascendencia para
todos los bajacalifornianos.
Con el pretexto de proteger la integridad y
el patrimonio de la comunidad universitaria en la ciudad de Tijuana, el gobierno municipal
pretende conseguir un acuerdo de colaboración con el rector de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), a fin de allanar la presencia de elementos de la policía
municipal en instalaciones de esta magna institución.
La intención de situar elementos
policiacos en instalaciones educativas, se inscribe en el contexto de descomposición del
tejido social bajacaliforniano que ha hecho que nuestro estado encabece el primer lugar
nacional en denuncias por delitos del fuero federal y del fuero común.
Diversas razones y justificaciones han
pretendido excusar la situación de inseguridad pública que padecemos en la entidad,
situación que se consolidó en la última década. Las más de las veces, las
justificaciones para pretender explicar la violencia y la inseguridad que nos afligen, son
pretextos con los cuales la autoridad pretende desviar la atención ciudadana sobre su
incapacidad institucional.
Ninguna de las justificaciones esgrimidas
por la autoridad ha girado en torno a la realidad incuestionable: como depositario de la
voluntad individual de cada sujeto para con la colectividad, es el Estado el responsable
único de garantizar la seguridad a todos los miembros de la comunidad.
El Estado es el único agente social que
debe monopolizar legalmente el ejercicio de la fuerza. En muchos rincones del país, esta
atribución del Estado ha sido renunciada por la misma autoridad, dejando en la
indefensión a la ciudadanía. Ya sea por omisión, o por complicidad, los órganos de
seguridad del Estado han sido rebasados por la criminalidad, que en sus variantes diversas
de peligrosidad y capacidad organizativa, parecen disputarle a la autoridad el ejercicio
de la violencia.
En este contexto es que se debe situar el
estado de emergencia social que por momentos parece eternizarse en entidades como Baja
California y concretamente en ciudades como Tijuana.
Ante la impotencia de la autoridad y en
circunstancias de justa indignación ciudadana por los altos índices delictivos que
azotan al Estado, es que las medidas espectaculares y supuestamente adecuadas, sirven para
justificar abusos y como herramientas de control de sectores sociales que el gobierno
observa receloso.
Dadas esas circunstancias es que la
presidencia municipal de Tijuana intenta firmar un acuerdo con la rectoría de la UABC a
fin de que fuerzas policiacas se instalen permanentemente en el campus universitario
de esa ciudad. El pretexto para situar policías en la UABC es supuestamente garantizar la
tranquilidad y la integridad de la comunidad universitaria en el lugar, aun a costa de la
autonomía de nuestra máxima casa de estudios en Baja California.
El acuerdo entre la presidencia municipal y
la rectoría universitaria serviría como cabeza de playa para introducir a la fuerza
pública a una institución que goza de autonomía, independencia y cuyos órganos de
gobierno se bastan para atender y resolver cualquier contingencia presentada en su
comunidad.
Un centro de enseñanza, de educación, de
difusión del conocimiento, no puede ser un cuartel.
En ninguna universidad es posible que se
pretenda introducir a la fuerza pública bajo ningún pretexto. Las comunidades
universitarias se bastan y sobran para solucionar sus contingencias.
En toda ocasión en que se ha llegado al
abuso de utilizar la fuerza pública contra las escuelas, hemos causado heridas profundas
en el ánimo social, hemos lastimado la conciencia estudiantil y hemos enfrentado con la
fuerza bruta el natural activismo juvenil del que deberíamos sacar ejemplo de voluntad y
responsabilidad.
214, 215, 216
Si la policía entra a la UABC, se estará
violando su autonomía, se estará pisoteando su independencia, se estará sentando un
precedente muy riesgoso.
Es inadmisible que toleremos la violación
impune de la autonomía universitaria que en Baja California pretende ejercerse sin
ninguna consideración de raciocinio político y sin ninguna razón. Los pretextos y las
justificaciones le sobran a la autoridad para pretender llevar a cabo este auténtico
abuso de fuerza, pero nunca podrán respaldarse en la ley ni en el derecho.
Existe un riesgo muy palpable de confrontar
a la comunidad universitaria por este despropósito.
Para ejercer el arte de la política se
debe tener la sensibilidad necesaria en una actividad que es compleja por naturaleza. Sin
razón, sin necesidad, y sin estrategia se pretende violar la autonomía universitaria,
atentando además contra la legalidad.
El sector mayoritario de la comunidad
universitaria está consciente de la situación de emergencia por los altos índices de
inseguridad que se padecen en Tijuana. Sin embargo, comprenden que ésa no puede ser
excusa para violar la autonomía universitaria bajo el pretexto de garantizar
supuestamente la tranquilidad en las instalaciones escolares. La institución
universitaria está consciente de que los mismos órganos de gobierno internos de la UABC
bastan y sobran para atender cualquier situación que involucre a la comunidad.
Los universitarios bajacalifornianos no
están dispuestos a permitir ningún agravio a la integridad de su alma mater.
Ellos mismos saben que sus órganos colegiados podrán resolver cualquier contingencia que
influya en sus actividades cotidianas, sin necesidad de intervención foránea. No
necesitan de la intervención de fuerzas ajenas a la universidad y mucho menos necesitan
ni desean validar la presencia policiaca en sus instalaciones.
Una escuela, una universidad, es por
naturaleza centro de congregación del entusiasmo juvenil, de sus anhelos, de su
comportamiento audaz, progresista. Introducir fuerzas policiales y darles atribuciones que
la misma comunidad no les ha otorgado, es un agravio a la naturaleza de una instancia
educativa, científica, centro del progreso y el conocimiento.
La pretensión de las autoridades
municipales para introducir e instalar permanentemente en la UABC elementos policiacos
puede servir a otro propósito oculto: disuadir y controlar a un sector social por
naturaleza inquieto y solidario con las causas y demandas populares.
Tomemos en cuenta que en ciudades
bajacalifornianas como Mexicali se está gestando un movimiento de amplia base social en
contra del retiro abusivo de los subsidios federales al consumo de energía eléctrica en
un clima harto extremoso.
La efervescencia social que tiene lugar en
Mexicali bien puede atemorizar al Poder Ejecutivo estatal y hacerlo suponer que el sector
estudiantil en Baja California pueda empezar a participar en las movilizaciones sociales.
¿Qué mejor medida, entonces, que acostumbrar al estudiantado a la presencia policiaca en
el paisaje universitario?
La intención de instalar retenes
policiales en territorio de la UABC nunca se ha sancionado con la comunidad universitaria,
que es la que más derechos tiene para decir algo al respecto.
Porque además de estarse ya gestando una
generalizada oposición organizada estudiantil para rechazar la entrada de la fuerza
pública al campus, los universitarios resaltan el hecho de la poca credibilidad
del cuerpo policial encargado de supuestamente velar por la seguridad en la UABC.
Grupos estudiantiles han señalado la
contradicción de intentar delegar el cuidado del patrimonio y la integridad
universitaria, en una policía que desgraciadamente carece de credibilidad social. Para
los tijuanenses no resulta extraña la participación ocasional de elementos policiacos en
la comisión de crímenes y delitos que han lastimado a la ciudadanía. Sin generalizar,
ni suponer que los aparatos de seguridad del Estado estén contaminados con prácticas
delictivas, la conciencia universitaria sí ha recelado de quienes estarían comisionados
para supuestamente protegerlos.
La presencia policiaca en el campus universitario
podría pretender buscar la desmovilización de un segmento social que por su naturaleza
es inquieto, rebelde, entusiasta, solidario, propositivo y participativo.
No podemos tolerar la violación a la
autonomía universitaria. Rechazamos esta equivocada pretensión y nos pronunciamos porque
el gobierno municipal y aquellas autoridades de la rectoría, rectifiquen este
despropósito, dimensionando el acto ilegal que están a punto de perpetrar en contra de
una de las instituciones de las que estamos más orgullosos todos los bajacalifornianos.
Con base en lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que esta Cámara de Diputados
haga un respetuoso exhorto a las autoridades del Poder Ejecutivo del municipio de Tijuana,
Baja California, a fin de que se respete la ley y se evite atentar contra la autonomía de
nuestra máxima casa de estudios en la entidad, la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), cuya integridad se encuentra en riesgo ante la pretensión de instalar
de manera permanente fuerzas y equipo policiaco en terrenos soberanos de esa casa de
estudio; asimismo, que se recuerde a la autoridad municipal su obligación de respetar y
hacer respetar la ley orgánica y los cuerpos colegiados de la UABC, mismos que se bastan
para atender y resolver cualquier contingencia al interior de la comunidad universitaria.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
19 de marzo de 2002.— Diputado Jaime Martínez Veloz.»
Por último,
en relación con el crimen organizado, planteo un punto de acuerdo que a la letra dice lo
siguiente y que intentaré sintetizar, con la solicitud de que se transcriba literalmente
el documento que entrego y se inscriba en el Diario de los Debates.
"El 7 de octubre del año pasado, el
Poder Ejecutivo tuvo a bien convocar a un gran acuerdo político para el desarrollo
nacional, que es el marco institucional en el cual se sustenta parte de la propuesta que
pongo a su consideración.
En los considerandos del acuerdo político
se advierte textualmente, que la situación actual reclama la construcción de acuerdos
básicos a fin de que México enfrente con éxito los retos planteados por el entorno
internacional prevaleciente, un entorno caracterizado por nuevas normas, agresiones y
amenazas a la seguridad nacional de los estados.
En lo referente a las acciones inmediatas
sugeridas por el acuerdo político. Quiero destacar el numeral 12, referido a mejorar el
intercambio de información y de los servicios de inteligencia con países amigos para
hacer frente a la amenaza del crimen organizado y del terrorismo.
En lo que toca al procedimiento del acuerdo
político entre las exhortaciones al Congreso de la Unión se destaca, que la agenda
legislativa contendrá las prioridades que se derivan de este acuerdo y tomará en cuenta
en lo conducente las propuestas del Ejecutivo Federal.
No es nada exagerado llegar a afirmar que
el crimen parece haber desbordado la capacidad de las instituciones para controlarlo. El
crimen organizado ha sido capaz de infiltrarse y utilizar cualquier estructura partidaria,
política y organizacional, el crimen organizado penetra y pervierte a las instituciones,
la globalización de la economía, nuestra cercanía como país al mercado de consumo de
drogas y de mano de obra más grande del mundo, traen aparejados efectos indeseados.
Del inmenso mercado de drogas que
caracteriza a Estados Unidos, se ha derivado una serie de tragedias a otros países; uno
de los ejemplos más crudos es la violencia endémica que envuelve a Colombia, en esta
nación hermana se conjugan diversos elementos de descomposición de su tejido social pero
la institucionalizada producción de enervantes para el consumo norteamericano ha
contribuido jerárquicamente a la tragedia de este país.
¿Cuál es la situación en cuanto al
consumo de drogas en Estados Unidos? Según la encuesta nacional sobre uso de drogas en
los hogares de ese país en el año 2000, 14 millones de norteamericanos eran consumidores
regulares de enervantes. Un consumidor regular es quien consumió drogas el mes anterior
al ser encuestado. Esta cifra significa que el 6.3% de la población norte-americana es
consumidora regular de narcóticos; el 10% de los jóvenes norteamericanos entre los 12 y
los 17 años consumen droga regularmente, para ese rango de edad se descubrió la misma
tasa de uso de drogas entre hombres y mujeres, es decir, hombres y mujeres consumen
sustancias ilegales en la misma proporción.
Se estima, además, que entre los jóvenes
nortea-mericanos alcohólicos el 65% de ellos también consume drogas ilícitas de manera
regular, el 15.4% de los adultos desempleados es consumidor habitual de sustancias
ilícitas, un poco más de 9 millones de consumidores son trabajadores de tiempo completo
o parcial, 7 millones de nortea-mericanos admitieron haber conducido un vehículo bajo los
influjos de drogas el año anterior al levantamiento de la encuesta.
El 55% de los norteamericanos consideran
que es fácil o muy fácil conseguir mariguana, el 30% considera que es sencillo obtener
cocaína, el 30% piensa que es fácil obtener crack y el 20% considera
relativamente sencillo comprar heroína.
De los 14 millones de consumidores
norteamericanos el 59% dijo consumir sólo mariguana, el 17% aseguró usar mariguana junto
con otra droga, el 24% de los consumidores afirmó usar drogas distintas a la mariguana.
Un millón 200 mil norteamericanos son consumidores habituales de cocaína, 1 millón de
consumidores usa alucinógenos, para el año 2000 unos 6 millones 400 mil norteamericanos
habían usado el éxtasis, al menos una vez en su vida. Para el mismo año, 130 mil
estadounidenses eran consumidores regulares de heroína.
Como podemos darnos cuenta , el consumo de
drogas en Estados Unidos es muy grave y es reflejo de un lamentable proceso de
degradación y descomposición social, sufrimiento, dolor, muerte y pérdidas económicas
y sociales y vidas arruinadas.
Esa situación necesariamente genera
impactos negativos en países como México utilizados como sitios de tránsito en el
tráfico de estupefacientes, lo que ha traído como consecuencia el despliegue de una
enorme red de tráfico de estupefacientes y lo que es más, el consumo de drogas ya es una
siniestra realidad en muchas regiones de México, pero ha sido la demanda norteamericana
la que ha generado las condiciones para que en nuestro país el narcotráfico constituya
una organización criminal que ha contaminado el desarrollo de la sociedad.
Las noticias de los últimos años en
México nos informan acerca de la detención de algunos de los capos que dirigen los
cárteles de la droga; sin embargo, el tráfico y las acciones criminales ligadas con este
cáncer se repiten y se incrementan.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que
pasa es que la demanda del consumo norteamericano no cesa. Millones de dólares de la
economía más poderosa del mundo se utilizan para consumir estupefacientes, es aquí
donde vemos cómo las acciones de México en materia delictiva están determinadas por la
lógica del consumo de drogas en el vecino país del norte.
La exigencia norteamericana para atrapar
los capos de la droga en México no va acompañada por un compromiso de Estados Unidos por
disminuir el consumo de la droga en ese país y por perseguir a los distribuidores de
drogas, cuando menos no han sido tan efectivos porque el consumo de drogas va en
incremento en esa nación.
La enorme cantidad de millones de dólares
que se manejan en este comercio ilícito, han creado una enorme red de complicidades en un
país y en el otro, por lo tanto, este fenómeno delictivo tiene que enfrentarse con una
visión integral estableciendo una relación bilateral México-Estados Unidos, donde cada
país asuma la parte que le corresponde y las tareas que le competan; nunca más México
puede ni debe aceptar una evaluación norteamericana en este tema ni en ningún otro que
afecte su soberanía y su libre autodeterminación.
Las instituciones mexicanas con quien
están obligadas es con la sociedad mexicana y con su gente, no queremos saber más que
una policía defiende a un grupo de narcotraficantes y otra policía está coludida con
otro de los cárteles. No queremos saber más, como nos lo informa don Jesús Blanco
Ornelas, que la Policía Judicial Federal dificultaba las tareas del Ejército en el
combate al narcotráfico y que la milicia había debido prescindir en algunos casos, de la
colaboración de las procuradurías para luchar contra este flagelo.
En este marco de complejidad, la
responsabilidad de las instituciones es proporcional a su capacidad de convocatoria y de
acción. Los tres órdenes de gobierno deben participar en todos los ámbitos necesarios
requeridos para entender, frenar, revertir y erradicar causas, manifestaciones y
consecuencias de la criminalidad en el país.
Compañeras y compañeros: con distintas
funciones y responsabilidades, debemos asumir que la seguridad pública es labor de todos
los mexicanos y no sólo de las autoridades. Incorporar a la enorme fuerza de la sociedad
como actor protagónico, es vital para garantizar el éxito de un frente común nacional
por la seguridad pública.
Impidamos que la ausencia de propuestas
ante las políticas norteamericanas sobre seguridad nos fuercen a negociar desde
posiciones desventajosas en un tema tan delicado como es la lucha contra la criminalidad.
217, 218, 219
Con base en lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se propone a esta legislatura, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO ECONOMICO
Unico. Que esta soberanía considere
la pertinencia de convocar a los tres poderes de la Unión, a las instituciones de los
tres órdenes de gobierno, a los gobiernos y congresos estatales, a los partidos
políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales, a constituir un frente común
nacional por la seguridad pública dentro del marco del Acuerdo Político para el
Desarrollo Nacional que permita el establecimiento de una negociación sólida y firme
frente al gobierno norteamericano en condiciones de igualdad en donde cada país asuma la
responsabilidad y las acciones que le competan."
Es cuanto, señora Presidenta.
Punto de acuerdo por el cual el diputado
independiente, Jaime Martínez Veloz, exhorta a este Congreso de la Unión para que dentro
del acuerdo político se promueva un frente común nacional por la seguridad pública
contra el crimen organizado y así México ofrezca alternativas en un contexto globalizado
de interrelaciones en el cual preservemos la soberanía y autonomía de nuestras
políticas de Estado y seguridad pública
«Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura.
Compañeras diputadas; compañeros
diputados; honorable Asamblea:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Deseo llamar a todos ustedes, compañeros
legisladores, para que valoremos la conveniencia de reflexionar acerca de las ventajas de
que el Congreso de la Unión se consolide como una de las fuerzas políticas que están
fortaleciendo a las demás instituciones del país. Las transformaciones políticas de los
últimos años, se han caracterizado por manifestarse como cambios vertiginosos que fueron
gestados en momentos históricos previos y el Poder Legislativo no puede desfasarse.
La consolidación de este equilibrio
republicano de poderes es un proceso gradual, que nada tiene de automático ni de
sencillo. La dinámica inercial que nos envuelve y la debilidad de muchas instituciones,
ocasiona que por momentos parezca extrañarse melancólicamente la mítica fortaleza
adjudicada al presidencialismo. En esas circunstancias, es cuando la responsabilidad del
Congreso de la Unión adquiere mayor significado, a fin de constituirnos en agente activo
de la buena marcha de las instituciones.
Con el ocaso de la presidencia omnipotente,
otras fuerzas políticas adquieren relevancia; una de esas fuerzas es el Poder
Legislativo, este Congreso de la Unión. La independencia y autonomía de este Poder de la
Unión, sin embargo, debe mantenerse y sustentarse día a día, momento a momento; no
basta con exigir respeto al Poder Ejecutivo Federal, ese respeto debe hacerse valer, debe
ganarse.
Una de las maneras de hacerlo valer, de
ganárselo, es asumiendo con responsabilidad los deberes que la investidura nos exige y
que la sociedad nos encomendó. Y dentro de las formas de asumir la responsabilidad, la
colaboración y coordinación institucional juegan un papel destacado.
El 7 de octubre del año pasado, el Poder
Ejecutivo tuvo a bien convocar a un gran acuerdo político para el desarrollo nacional,
que es el marco institucional en el cual se sustenta parte de la propuesta que pongo a su
consideración. A este acuerdo político se sumaron fuerzas y grupos con representatividad
social en el país. Los firmantes originales fueron los partidos políticos;
posteriormente, este Congreso de la Unión se sumó a este esfuerzo.
En los considerandos del acuerdo político,
se advierte textualmente: "que la situación actual reclama la construcción de
acuerdos básicos a fin de que México enfrente con éxito los retos planteados por el
entorno internacional prevaleciente. Un entorno caracterizado por nuevas normas,
agresiones y amenazas a la seguridad nacional de los estados,..."
Más adelante, dentro del ámbito social de
la agenda del acuerdo político, el numeral 11 establece la necesidad de: "impulsar
una política integral de seguridad pública que comprenda: la revisión del marco
normativo de prevención del delito; la procuración y administración de justicia; el
sistema penitenciario; la reparación del daño; la readaptación social y en general, los
delitos y las penas".
Por lo que respecta al ámbito
internacional de la agenda del acuerdo político, se pretende, según el numeral 2,
"fortalecer nuestra soberanía, la seguridad nacional y la integridad territorial,
para hacer frente a las amenazas que provienen del exterior". Asimismo, el numeral 5
dice: "colaborar en el diseño y aplicación de una política contra el terrorismo y
el crimen organizado, siempre en el marco de los acuerdos de los organismos
internacionales y con el estricto apego a los principios de la política exterior mexicana
y a la soberanía del país".
En lo referente a las acciones inmediatas
sugeridas en el acuerdo político, quiero destacar el numeral 12, referido a:
"mejorar el intercambio de información y de los servicios de inteligencia con
países amigos para hacer frente a las amenazas del crimen organizado y del
terrorismo".
En lo que toca al procedimiento del acuerdo
político, entre las exhortaciones al Congreso de la Unión se destaca que: "la
agenda legislativa contendrá las prioridades que se derivan de este acuerdo y tomará en
cuenta, en lo conducente, las propuestas del Ejecutivo Federal".
Los alcances del acuerdo político para el
desarrollo nacional son vastos, y las atribuciones del Poder Legislativo sólo están
limitadas por nuestra voluntad de acción. Entre las precisiones resaltadas que he
extraído del acuerdo político, he privilegiado las que representan una de las actuales
grandes exigencias sociales. Estas grandes exigencias sociales hemos tenido oportunidad
todos nosotros de escucharlas, recibirlas, atenderlas y en ese sentido, debemos proponer
medidas de solución a esas justas peticiones ciudadanas.
Entre algunos de los reclamos ciudadanos,
deseo resaltar el relacionado a lo que ya se percibe como la institucionalización de la
inseguridad pública y la violencia estructurales en el país y su focalización en sitios
determinados de la geografía nacional.
No es nada exagerado llegar a afirmar que
el crimen parece haber desbordado la capacidad de las instituciones para controlarlo. El
crimen organizado dispone de recursos monetarios casi ilimitados, de armamento
sofisticado, utiliza tecnología de punta, tiene a su servicio a cuadros profesionales que
trabajan en muy diversos campos y que se encargan desde el lavado de dinero hasta de la
defensa y organización de estas vastas redes ilícitas.
El crimen organizado es capaz de
infiltrarse y utilizar cualquier estructura partidaria, política y organizacional. El
crimen organizado penetra y pervierte a las instituciones; el crimen ocasional o por
motivaciones socioeconómicas atemoriza y aumenta la desconfianza en la capacidad
gubernamental para combatirlo eficazmente. Entre ambos, lesionan la unidad social y a la
larga amenazan la estabilidad y gobernabilidad.
La globalización de la economía, nuestra
cercanía como país al mercado de consumo de drogas y de mano de obra más grande del
mundo traen aparejados efectos indeseados, entre ellos la internacionalización del crimen
organizado, que opera en forma profesional con territorialidad propia aunque en permanente
disputa por las zonas de influencia.
Del inmenso mercado de drogas que
caracteriza a los Estados Unidos se ha derivado una serie de tragedias a otros países,
uno de los ejemplos más crudos es la violencia endémica que envuelve a Colombia. En esa
nación hermana, se conjugan diversos elementos de descomposición de su tejido social,
pero la institucionalizada producción de enervantes para el consumo norteamericano ha
contribuido jerárquicamente a la tragedia de ese país.
¿Cuál es la situación en cuanto al
consumo de drogas en Estados Unidos? Según la encuesta nacional sobre uso y abuso de
drogas en los hogares de ese país, en el año 2000, 14 millones de norteamericanos eran
consumidores regulares de enervantes. Un consumidor regular es quien consumió drogas el
mes anterior a la fecha de ser encuestado.
Esa cifra significa que el 6.3% de la
población norteamericana es consumidora regular de narcóticos. El 10% de los jóvenes
norteamericanos entre los 12 y los 17 años consume drogas regularmente. Para ese rango de
edad se descubrió la misma tasa de uso de drogas entre mujeres y hombres; es decir,
mujeres y hombres consumen sustancias ilegales en la misma proporción.
Se estima además que entre los jóvenes
norteamericanos alcohólicos, el 65% de ellos también consume drogas ilícitas de manera
regular. El 15.4% de los adultos desempleados es consumidor habitual de sustancias
ilícitas. Un poco más de 9 millones de consumidores son trabajadores de tiempo completo
o parcial.
Siete millones de norteamericanos
admitieron haber conducido un vehículo bajo los influjos de droga el año anterior al
levantamiento de la encuesta. El 55% de los norteamericanos considera que es fácil o muy
fácil conseguir marihuana; el 30% considera que es sencillo obtener cocaína, el 30%
piensa que es fácil obtener crack y el 20% considera relativamente sencillo
comprar heroína.
De los 14 millones de consumidores
norteamericanos, el 59% dijo consumir sólo marihuana; el 17% aseguró usar marihuana
junto con otra droga; el 24% de los consumidores afirmó usar drogas distintas a la
marihuana.
Un millón 200 mil norteamericanos son
consumidores habituales de cocaína. Un millón de consumidores usa alucinógenos. Para el
año 2000, unos 6 millones 400 mil norteamericanos habían usado el éxtasis al menos una
vez en su vida. Para el mismo año, 130 mil estadounidenses eran consumidores regulares de
heroína.
El 13% de las embarazadas entre 15 y 17
años de edad fueron consumidoras regulares de droga en el año 2000. El 6% de las
embarazadas entre 18 y 25 años informó ser usuaria regular de sustancias ilícitas.
Como podemos darnos cuenta, el consumo de
drogas en Estados Unidos es muy grave y es reflejo de un lamentable proceso de
degradación y descomposición social. Sufrimiento, dolor, muerte, pérdidas económicas y
sociales y vidas arruinadas. Esa situación necesariamente genera impactos negativos en
países como México, utilizados como sitios de tránsito en el tráfico de
estupefacientes, lo que ha traído como consecuencia, el despliegue de una enorme red de
tráfico de estupefacientes y lo que es más, el consumo de drogas ya es una siniestra
realidad en muchas regiones de México.
Pero ha sido desgraciadamente la demanda
norteamericana, la que ha generado las condiciones para que en nuestro país, el
narcotráfico constituya una organización criminal, que ha contaminado el desarrollo de
la sociedad.
Las noticias de los últimos años en
México, nos informan acerca de la detención de algunos de los capos que dirigen los
cárteles de la droga; sin embargo, el tráfico y las acciones criminales ligadas con este
cáncer, se repiten y se incrementan.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que
pasa es que la demanda del consumo norteamericano no cesa. Millones de dólares de la
economía más poderosa del mundo, se utilizan para consumir estupefacientes.
Es aquí donde vemos cómo las acciones de
México en materia delictiva, están determinadas por la lógica del consumo de drogas en
el vecino país del norte. La exigencia norteamericana para atrapar los capos de la droga
en México no va acompañada por un compromiso de Estados Unidos, por disminuir el consumo
de la droga en ese país y por perseguir a los distribuidores de drogas en ese país.
Cuando menos no han sido tan efectivos, porque el consumo de drogas va en incremento en
esa nación.
La enorme cantidad de millones de dólares
que se manejan en este comercio ilícito, han creado una enorme red de complicidades, en
un país y en el otro. Por tanto, este fenómeno delictivo tiene que enfrentarse con una
visión integral y estableciendo una relación bilateral México-Estados Unidos, donde
cada país asuma la parte que le corresponda y las tareas que le competan. Nunca más
México puede ni debe aceptar una evaluación norteamericana, en este tema ni en ningún
otro que afecte su soberanía y su libre autodeterminación.
Las instituciones mexicanas, con quien
están obligadas es con la sociedad mexicana, con su gente. No queremos saber que una
policía defiende a un grupo de narcotraficantes y otra policía está coludida con otro
de los cárteles. No queremos saber más, como nos lo informa don Jesús Blancomelas, que
la Policía Judicial Federal dificultaba las tareas del Ejército en el combate al
narcotráfico y que la milicia ha debido prescindir de la colaboración de las
procuradurías para luchar contra el flagelo.
En este marco de complejidad, la
responsabilidad de las instituciones es proporcional a su capacidad de convocatoria y de
acción. Dentro de las instituciones, el Poder Legislativo debe asumir un papel activo y
preponderante, que marque el rumbo y genere impactos multiplicadores, potenciando las
capacidades intrínsecas de órganos del Estado y de la sociedad.
Los tres órdenes de gobierno deben
participar en todos los ámbitos necesarios y requeridos para entender, frenar, revertir y
erradica causas, manifestaciones y consecuencias de la criminalidad en el país. Los tres
poderes que conforman la estructura del Estado deben intervenir por el mismo motivo. Todas
las fuerzas organizadas de la sociedad civil tienen asimismo la obligación y el
compromiso de aportar esfuerzos y propuestas a la autoridad para enfrentar este flagelo.
La situación que enfrentamos en el país
nos lleva a sugerir la constitución de un frente común por la seguridad pública,
considerado como un lugar de encuentro para la acción; como un movimiento amplio cuyo
sustento sea una base social plural y organizada, que involucre la actividad y el
compromiso, sin titubeos, de los sectores y grupos que la conformen, de las instituciones
y de todas las fuerzas políticas en el diseño, ejecución y evaluación de acciones en
materia de seguridad pública.
220, 221, 222
Compañeros legisladores, con distintas
funciones y responsabilidades, debemos asumir que la seguridad pública es labor de todos
los mexicanos y no sólo de las autoridades. Incorporar a la enorme fuerza de la sociedad
como actor protagónico es vital para garantizar el éxito de este frente común nacional
por la seguridad pública.
Revisemos esta propuesta, cuyos objetivos
parten de la idea central de que es necesario proceder a la brevedad en el planteamiento y
sobre todo la instrumentación de soluciones factibles y creativas al problema.
La criminalidad daña la democracia, la
libertad, al favorecer un endurecimiento de los órganos encargados de la seguridad
pública y al fomentar un clima de incertidumbre, pero sobre todo porque se pone en riesgo
la existencia misma de la sociedad y del Estado.
Este frente común nacional por la
seguridad pública debe ser fruto de una acción coordinada entre instituciones y
organismos ciudadanos. Con ello estaremos contribuyendo a que México continúe siendo un
lugar de paz y de esperanza, de trabajo y de progreso.
Asimismo, la consolidación de propuestas
efectivas y viables para combatir debidamente al crimen organizado, nos proveerá de
argumentos y razones para evitar subordinarnos a las estrategias norteamericanas de
enfrentamiento a las amenazas regionales contra la seguridad. México debe preservar su
independencia y soberanía en la determinación de políticas autónomas de Estado en lo
referente a seguridad nacional.
Impidamos que la ausencia de propuestas
ante las políticas norteamericanas sobre seguridad nos fuercen a negociar desde
posiciones desventajosas en un tema tan delicado como es la lucha contra la criminalidad.
Con base en lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se propone a esta legislatura el siguiente
PUNTO DE ACUERDO ECONOMICO
Unico. Que esta soberanía considere
la pertinencia de convocar a los tres poderes de la Unión, a las instituciones de los
tres órdenes de Gobierno, a los gobiernos y congresos estatales, a los partidos
políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales, a constituir un frente común
nacional por la seguridad pública, dentro del marco del acuerdo político para el
desarrollo nacional, que permita el establecimiento de una negociación sólida y firme
frente al gobierno norteamericano en condiciones de igualdad, en donde cada país asuma
las responsabilidades y las acciones que le competan.
Atentamente.
Palacio Legislativo.— San Lázaro, a
20 de marzo de 2002.— Diputado Jaime Martínez Veloz.»
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia da los siguientes turnos a
las proposiciones con punto de acuerdo presentados por el diputado Martínez Veloz:
La primera, vinculada con las cuestiones
del Instituto Mexicano del Seguro Social se turna a la Comisión de Seguridad Social y a
la Comisión de Presupuesto.
La segunda, vinculada con la situación de
la Universidad Autónoma de Baja California en su campus Tijuana, se turna a la
Comisión de Educación y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Y la tercera, relativa a la problemática
de seguridad y de crimen y delincuencia organizada se turna a la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública y a la Comisión Especial en Materia de Seguridad Pública.
Deseamos informar a este pleno que la Mesa
Directiva ha recibido la solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto
de que se adelante en el desarrollo del orden del día la conmemoración de la efemérides
en honor al natalicio de don Benito Juárez García.
BENITO
JUAREZ GARCIA
La Presidenta:
Esta Mesa Directiva no tiene inconveniente
en obsequiar esa solicitud, por lo que procederemos a dar cauce a los discursos en
relación a la efemérides de referencia, recordando a los distinguidos ciudadanos
legisladores que tienen hasta cinco minutos para presentar sus exposiciones.
Con estos antecedentes se le concede el uso
de la palabra a la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social, para su
intervención.
La diputada Beatriz Patricia Lorenzo
Juárez:
Con el permiso de la Presidencia;
señoras y señores legisladores:
A lo largo de la primera mitad del siglo
antepasado, la vida política, económica y social en el país tuvo constantemente grandes
cambios. Asimismo, durante este periodo de la historia de nuestra nación se dio un hecho
que hoy como ayer recordamos por lo que posteriormente significó. Hoy hace 196 años nace
en San Pablo Guelatao, Oaxaca, Benito Juárez García, acreedor con el paso del tiempo a
ser conocido como el Benemérito de las Américas.
Las sociedades necesitan de ideales y
principios para construir su presente y dar lugar a un futuro cierto, en donde la
inmoralidad, la indiferencia y la corrupción sean actitudes desterradas del
comportamiento social colectivo. Para Juárez, tanto la injusticia como la desigualdad
eran motivos de ofensa a la dignidad humana y en mayor medida para aquel que la padecía.
Por ello, ninguna nación que se diga libre puede aspirar a un futuro próspero cuando
construye su presente sobre una humillante subordinación.
Asimismo, Juárez era consciente de la
importancia que tiene el expresar las ideas por medio de la escritura, ya que es una forma
ilimitada de denunciar las injusticias, quedando estas denuncias plasmadas por tiempo
indeterminado para su continua exhortación. Juárez estaba convencido que los
acontecimientos deben de examinarse a fondo a través de las ideas para así encontrar las
raíces de su origen y dar con ello una explicación lógica de éstos, evitando
argumentaciones superficiales y equívocas.
Cuando se traza el destino de una nación,
éste no debe depender de un solo hombre o de un grupo en particular, sino debe surgir
única y exclusivamente de la voluntad popular. En toda sociedad civilizada, el gobierno
que la encabece debe poseer a los ojos de la primera, la característica más importante
de todo gobierno que se diga democrático: la legalidad y con ello la legitimidad.
Uno de los aspectos de la democracia que
era para Juárez pilar de la legitimidad, es hoy tan vigente como lo fue ayer: la
importancia del respeto al voto como la máxima expresión de la voluntad popular. Así,
la legitimidad de las autoridades electas por los ciudadanos y el respeto irrestricto a
las leyes son dos condiciones indispensables para dar lugar a la prosperidad de una
nación.
El contrariar la Constitución, ya sea en
su espíritu o en su texto, sólo para satisfacer privilegios de pequeños grupos,
únicamente puede dar como resultado el debilitamiento de una nación. La soberanía
popular y los derechos del hombre no son concesiones otorgadas a unos cuantos; son
beneficios que deben ser disfrutados por todos los individuos, independientemente de su
raza, sexo, condición económica, ideología o credo.
Cuando los derechos inalienables a la raza
humana son negados a unos y otorgados a otros, éstos dejan de ser comunes a todos los
hombres y se da lugar a los privilegios, siendo éstos el inicio de las diferencias, de
los rencores, de las humillaciones, de la violencia.
Para Juárez una sociedad no podía aspirar
a su desarrollo mientras el desorden, el despotismo, la hipocresía y la inmoralidad se
encontraran presentes en los distintos aspectos de la vida diaria y en ello no estaba
equivocado, ya que esta idea es tan vigente hoy como lo fue ayer.
Juárez tuvo en varias ocasiones el poder
en sus manos y en varias ocasiones lo perdió, pero cuando tuvo el poder éste no lo
cegó, éste no lo embriagó, sino por el contrario, utilizó esa oportunidad para hacer
por su país, algo que fuera más allá de un periodo constitucional, algo que beneficiara
no sólo a la generación a la que él pertenecía, sino a las generaciones futuras, a las
generaciones que aún no nacían.
La Ley Juárez 1855, la Constitución de
1857 y las leyes de reforma de 1859 a 1863, tuvieron como espíritu el impulsar la
igualdad de los ciudadanos ante la ley al instaurar la supresión de los privilegios y el
reconocer la existencia de derechos y libertades inalienables del ser humano.
El salón de sesiones de este recinto
legislativo nos recuerda en cada sesión las palabras pronunciadas por el Benemérito de
las Américas: "entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho
ajeno es la paz". Estas palabras atemporales y colocadas sobre el muro, nos exhortan
día con día a actuar en concordancia con ellas, es nuestra obligación hacerlo así.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Riojas
Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
El
diputado Gustavo Riojas Santana:
Muchas gracias, señora Presidenta.
La conmemoración del Natalicio de Benito
Juárez es para la mayoría de los mexicanos el símbolo de la perseverancia, de la
fuerza, del trabajo, del convencimiento propio de lo que un hombre puede llegar a hacer
por su país, por su patria, por su gente.
Juárez representa lo que todo mexicano
deberíamos de seguir. Desde la cuna más humilde se fue ejerciendo y erigiendo como uno
de los hombres más importantes de toda Latinoamérica y reconocido mundialmente como el
Benemérito de las Américas.
Juárez vivió épocas difíciles en las
cuales fuerzas contrarias a los destinos, a los recursos, al historial de los mexicanos
quería que se fraguara y querían que continuara el colonialismo. Parece que se repite la
historia, tenemos las fuerzas, algunas progresistas y otras conservadoras.
Ayer recordábamos el 18 de marzo y dijimos
que para los nacionalistas era el día de la unidad nacional, el Día del Nacionalismo.
Tuvimos aquí también al Secretario General de la ONU en donde la frase de Juárez tomó
la mayor relevancia.
Juárez lo recuerda, el hombre de leyes, el
hombre que supo comprender su momento histórico y el hombre visionario que pudo separar
la Iglesia del Estado y que entendió claramente que es entre el respeto, entre los
ciudadanos como se puede lograr la paz, el avance, el progreso entre un pueblo y entre los
pueblos.
Juárez nos enseña decoro, dignidad,
independencia, muchos de estos elementos que desafortunadamente a veces parecemos dejar en
lontananza. Nosotros los nacionalistas por supuesto que celebramos el natalicio de
Juárez, pero nos gustaría hacer la celebración con actitudes, con hechos nacionalistas,
como el de este gran mexicano.
Es por eso que para nosotros, días como el
18 de marzo, como la celebración del natalicio de Juárez, deben perdurar, deben ser
permanente recordatorio para todos y cada uno de los mexicanos y por supuesto y sobre
todo, para los legisladores de este país, el compromiso que tenemos para con nuestro
pueblo, para con nuestra historia, para con nuestras raíces.
Y que deberemos, por sobre todas las cosas,
defender a ultranza nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, como pueblo y como
nación.
Juárez nos señaló la gran capacidad, la
gran inteligencia, la gran valentía que tenemos los mexicanos; esto tendremos que
demostrarlo, día con día, si queremos seguir celebrando el natalicio de don Benito
Juárez.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Víctor
Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Víctor Antonio García
Dávila:
Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores:
El grupo parlamentario del Partido del
Trabajo acude a esta tribuna para recordar un aniversario más del natalicio del
Benemérito de las Américas, sagaz abogado y apasionado político. Benito Juárez
encaminó su carrera política a desarrollar una profunda labor, Juárez es indiscutible
representante del reformismo liberal de nuestro país, que se vio obligado a combatir los
intentos anticonstitucionales de las fuerzas conservadores.
223, 224, 225
Su programa suponía una radicalización de
la Constitución de 1857 al incluir la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la
eliminación de las órdenes monásticas, la creación de un registro civil y la
separación de la Iglesia y del Estado.
Tras regresar del exilio al que Santa Anna
lo condenó, respaldó el Plan de Ayutla, por el cual se exigía la creación de una
asamblea constituyente en el marco de una constitución federal.
Con su participación activa en la
revolución liberal derrocó a Santa Anna, demostrando su sentido patriótico. Una vez que
ésta triunfa dan inicio las conocidas Leyes de Reforma, expidiéndose en noviembre de
1855 la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación,
la cual suprimió los fueros eclesiásticos y militares dentro de la presidencia de
Alvarez.
Dadas las presiones ejercidas sobre el
gobierno radical, el presidente Alvarez renuncia y la presidencia de la República es
asumida por Comonfort, en donde Juárez toma cargo como presidente de la Suprema Corte de
Justicia, cargo que legalmente era considerado como la vicepresidencia de la República.
En 1858 en calidad de presidente
provisional de la República, Benito Juárez se opuso al pronunciamiento conservador del
general Félix María Zuloaga. Iniciada la llamada Guerra de Reforma, en mayo de ese mismo
año, se vio obligado a establecer la sede de su gobierno en Veracruz, donde prosiguió
con la serie de reformas radicales.
Sus seguidores derrotaron a las fuerzas
conservadoras a finales de 1860, por lo que en enero de 1861 volvió a establecer su
gobierno en la Ciudad de México; en junio de ese año fue electo Presidente
constitucional.
Para poder afrontar el caos financiero
provocado por la Guerra de Reforma, Juárez tuvo que suspender los pagos a los acreedores
extranjeros de Francia, España y Gran Bretaña, los cuales desembarcaron tropas en
Veracruz. Su capacidad de negociación logró que Gran Bretaña y España, mediante los
acuerdos de La Soledad, retiraran sus tropas de México, pero los franceses se
mantuvierón en el país y tomarón la Ciudad de México. Con particular destreza militar
Juárez contrarrestó la ofensiva francesa, que provocó la caída de Maximiliano en el
Cerro de las Campanas, restaurando así la República.
En 1867 asume nuevamente la presidencia
constitucional, sin embargo, existían en el país numerosos sectores que se oponían a su
gobierno, entre ellos, uno encabezado por el general Porfirio Díaz, el candidato
político derrotado electoralmente por Juárez.
La presión de Díaz mediante el Plan de La
Noria, acabó en una revuelta, cuya propuesta principal era impedir la reelección de los
presidentes de la República. Tras reprimir este último levantamiento y con una vida
llena de innumerables episodios, Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872.
Hoy como ayer, su legado es su propia
fortaleza, su coraje y lealtad cívica que caracterizan su figura liberal; hoy como ayer,
su lucha y quehacer revolucionario matizan nuestro sistema político; hoy como ayer, sigue
vigente que "entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho
ajeno es la paz".
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada María Teresa
Campoy Ruy, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La diputada María Teresa Campoy Ruy
Sánchez:
Con el permiso de la Presidencia:
compañeras y compañeros legisladores:
Como ya es costumbre, cada período
recordamos a quienes por sus hazañas y legados, trascendieron en los anales de la
historia, ocupando así un lugar substancial en la memoria de todos los mexicanos.
Esto sin duda es de gran importancia en
este recinto, ya que una nación sin historia es una nación que por sí misma está
condenada al fracaso y es nuestra responsabilidad como legisladores, coadyuvar al
fortalecimiento y conocimiento de la misma.
De esta forma, el día de hoy recordamos a
un hombre de origen sencillo que con su pensamiento y acción, forjó una patria libre y
cuyas iniciativas y reformas establecieron las bases del actual sistema de gobierno de
nuestro país: don Benito Juárez.
El día de mañana se conmemora el CXCVI
aniversario del natalicio de este gran personaje, por lo cual los legisladores del Partido
Verde Ecologista de México, tributamos un sentido homenaje honrando su memoria, pero
también reflexionando sobre el modelo de nación que nos heredó y el que nos corresponde
seguir forjando.
Juárez se formó como un gran estadista,
su iniciativa por construir un Estado de Derecho más fuerte se transforma en la
Constitución de 1857, que puntualiza la forma federal del Estado mexicano, luego de los
intentos de centralismo vividos a partir de 1836; además de esta Ley Fundamental
introduce numerosas figuras destinadas todas ellas a la defensa de la esfera de los
derechos de los gobernadores y al mismo tiempo de los gobernantes.
No es casualidad el replanteamiento del
principio de legalidad y la figura del amparo, como defensa de los ciudadanos ante la
actuación de la autoridad. Juárez nos enseñó a defender la soberanía nacional, pues
intuía y estaba consciente que el destino de México era el de una República libre,
soberana y democrática. Por lo anterior nunca cedió ante las presiones de las fuerzas
oscurantistas o de las presiones del exterior, siendo esta decisión motivo de ejemplo de
nuestro actuar en el ejercicio de la gran responsabilidad que tenemos como legisladores.
Luchó por consolidar los beneficios de la
paz, el mantenimiento de la legalidad y por el reconocimiento de que en nuestras
instituciones y en la política nacional, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte.
El pensamiento visionario de Benito
Juárez, nos debe guiar para enfrentar los retos del presente con visión de futuro, nos
debe convocar a redescubrir las inmensas posibilidades de México y orientar en la
búsqueda de nuevos senderos que nos lleven con paso seguro hacia la solución de los
problemas nacionales.
No existe país sin dificultades, pero
Juárez entendió que el factor central del desarrollo reside en la capacidad de una
nación para aprovechar y potenciar sus fortalezas y disminuir sus vulnerabilidades,
logrando así desplegar la capacidad de construir, desarrollar y acordar puntos básicos y
de llegar a consensos, siempre siguiendo el ejemplo que nos dejara el gran
"Benemérito de las Américas" al anteponer siempre la razón y los argumentos
en su frase "todo por la razón nada por la fuerza".
Pensemos que Juárez y nuestros próceres,
cumplieron ya con su parte, nos heredaron un país libre y digno. Abramos espacios al
diálogo, a la negociación, como medios para solucionar nuestras diferencias. Honremos la
memoria de Juárez con dignidad y asumamos nuestra responsabilidad ante la historia,
haciendo de este México nuestro orgullo.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado David Sotelo
Rosas, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado David Augusto Sotelo Rosas:
Muchas gracias, señora Presidenta;
compañeros diputados:
La vigencia de los postulados de Benito
Juárez, no admiten discusión: las Leyes de Reforma, la separación de las iglesias y el
Estado, la laicidad del Estado, el respeto al derecho ajeno, como fundamento de la
soberanía nacional, la racionalidad en las percepciones de los servidores públicos y el
combate a la impunidad, son activos entre otros, del Estado Nacional Mexicano, que no
pueden ser inobservados, so pena de poner en riesgo nuestra cohesión social.
Honrar la figura del Benemérito de las
Américas, debe ser un acto de cotidiana congruencia con las calles que llevan su nombre,
las plazas, los monumentos que se llevan en su honor su nombre, los municipios que así se
llaman, así como las delegaciones políticas, se busca mantener viva la memoria de aquél
que forjó las instituciones nacionales.
Por eso resulta delicado e insultante, que
se trivialice la figura del héroe nacional por alguna fobia de carácter monacal, de
aquellos que hoy administran una delegación política llamada precisamente "Benito
Juárez", quienes con criterio de mercadotecnia barata buscan hacer publicidad quién
sabe con qué fin, con recursos de la delegación y se utiliza el nombre de Benito Juárez
con el nombre de "Benny", como el personaje de la delegación Benito Juárez.
El PRD no está de acuerdo y denunciamos
desde esta tribuna este hecho indignante para nuestra historia y exigimos y pedimos que se
rectifique. Benito Juárez está arraigado en el alma nacional, su figura y su ejemplo
constituyen la piedra angular de la soberanía nacional.
Juárez rescata el Estado mexicano. Nunca
como en aquel tiempo México vivió aciagos días, Juárez única y exclusivamente se
atuvo a la ley por encima de todos y por sobre todo; no hizo caso a ninguna concertación
de ningún tipo, que vulnerara la soberanía nacional. No hubo tiempo tan más oscuro y
aciago, como el que Juárez arrastró y enfrentó con dignidad, con decisión, con la
Constitución en la mano.
El ejemplo de Juárez hoy día, nos debe de
llamar a la reflexión para todos los mexicanos para todos los legisladores del partido
político al que pertenezcamos porque representa luz, bandera en la cual todos nos
reflejamos.
Juárez, al morir, después de haber
desempeñado durante largos años altos puestos, el de gobernador de Oaxaca, ministro de
Estado y presidente de la Suprema Corte de Justicia y durante 14 años la Presidencia de
la República y de habérsele concedido seis veces facultades extraordinarias en guerra y
en hacienda, dejó una fortuna modesta para él. Eso habla, eso habla del hombre probo,
del hombre honesto, honrado a carta cabal, fiel a la República.
Señora Presidenta, le pido, y me atengo a
la benevolencia de mis compañeros diputados, un minuto para finalizar.
La Presidenta:
Un minuto, diputado.
El diputado David Augusto Sotelo Rosas:
Como ejemplo de su trayectoria política y
pública en beneficio de la República. Así lo establece don Manuel Dublán en su
testamento, aprobado por el juez tercero de lo civil de la capital y elevado a escritura
pública por el notario don José Villela, el 19 de mayo del propio año.
Ignacio Manuel Altamirano refería cómo
durante la revolución de Ayutla había aparecido en el estado mayor del viejo general
Juan Alvarez un personaje insignificante, una especie de cura de indios, decía
Altamirano, cabalgando sin un solo movimiento de impaciencia o cansancio, en una mula
habituada a las asperezas de las montañas del sur, entre Chilpancingo, La Providencia y
Cuernavaca.
Aquel señor que frecuentemente hablaba con
el general y a quien éste guardaba muchas consideraciones y que denominaba el licenciado
Juárez. Decía el viejo general, refiriéndose a Juárez, que era un excelente liberal,
desterrado por Santa Anna a los Estados Unidos y que ha sido el mejor gobernador que los
oaxaqueños han tenido. Decía Alvarez: lo aprecio y lo respeto.
Yo quiero, finalmente, referirme y
parafrasear la frase del general Alvarez diciendo que Benito Juárez fue, ha sido y sigue
siendo un mexicano de excepción. Todavía no justipreciado por las actuales generaciones
y que ha sido el mejor presidente que los mexicanos hemos tenido.
Y yo, al igual que Juan Alvarez, lo aprecio
y lo respeto mucho.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Abelardo
Escobar Prieto, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Abelardo Escobar Prieto:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
El 9 de octubre de 1909, con motivo de la
entrevista DíazTaft en Ciudad Juárez, se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la
primera piedra del monumento a don Benito Juárez, que desde entonces forma parte de la
fisonomía de nuestra ciudad.
Al conmemorar hoy su natalicio, es un
privilegio venir a esta alta tribuna, coronada por las palabras del patricio, para rendir
un tributo de respeto a su memoria en nombre de la fracción parlamentaria del Partido
Acción Nacional.
226, 227, 228
Quiero compartir con ustedes unos
fragmentos del discurso que en aquella ocasión pronunció el ingeniero Rómulo Escobar.
Dijo así: "hay dos palabras que tienen la virtud de hacer latir todos los pechos:
nuestra tierra. Poder decirlas es tener patria, pronunciarlas en voz muy alta es estar
orgullosos de su historia y poner el alma de hinojos al oírlas es amarla.
"Indios que poblasteis este valle,
frailes misioneros que vinisteis con las huestes hispanas predicando la religión al
frente de los soldados, muertos de aquellas nuestras guerras necesarias, ¿dónde está
vuestro polvo, dónde están vuestras tumbas? Surgid, vendrá a nuestros recuerdos en el
momento en que pronunciamos estas dos palabras: nuestra tierra, bendita tierra nuestra.
Yo quisiera ser viejo, muy viejo, para que
mi voz se oyera como la voz de la historia, de esa historia cuya edad no basta para
decirnos si los primeros hombres que poblaron este valle vinieron por el rumbo del gila o
del collame, pero llegaron y fueron los primeros; girones de una humanidad salvaje, fueron
traídos a impulso de un destino caprichoso cuando nuestros tornillares y alamedas mecidos
por el viento comenzaron a cantar los himnos de una patria nueva, cuyas fronteras se
extendían hasta la inmensidad del desierto.
Se animaron los bosques, el bisonte,
recuerdo de nuestra fauna, llegaba incauto a los márgenes del río a dar su carne y el
maíz blasón de nuestra flora, quitó el salvajismo a aquellos hombres.
Más tarde aparecieron sobre esas mismas
lomas que limitan el valle, destacándose en el azul del firmamento, las siluetas de
hombres extraños que empuñaban armas más duras y cortantes que la roca, brillaban sus
pechos como brillan los metales y producían el fuego con sus arcabuces, eran de los
hombres que vencen, pues no habían podido detener su paso ni la extensión del océano ni
las barrancas ni el desierto ni la furia de las multitudes.
La tímida raza aborigen sintió un
calosfrío de muerte y al retroceder espantada pudo ver que delante de aquellos guerreros
venían otros hombres que se distinguían por la humildad de su traje y de su alma;
traían en sus manos objetos de madera con los cuales no golpeaban a sus enemigos. Por
esto es que la cruz resplandece en la historia de la conquista para la gloria de España,
mitigando las sombrías crueldades de sus aventureros.
Los siglos medidos por los hombres, son
instantes en la historia y así fue como poco tiempo después hubo tres guerras
lamentables contra quienes podemos llamar hoy amigos y hermanos.
Tres guerras en el siglo de las luces, tres
guerras en el siglo de nuestra infancia. Por fin otra guerra con una raza hermana y
venció el derecho de la raza más débil, a fuerza de razón y de victorias tan gloriosas
como las primeras derrotas.
En Temaxcalitos, el cura de ese pueblo
arrojó el crucifijo que llevaba en los momentos de la refriega para tomar el fusil de uno
de los heridos y defender a la patria y de esta parte del país eran los soldados que en
el Fuerte de San Javier, ignorando la disciplina, desobedecieron las órdenes de sus jefes
para atacar al enemigo no satisfecho de peligro.
De esta última guerra, cuando la medida
del dolor estaba ya colmada, cuando los tímidos habían defeccionado, cuando las
esperanzas últimas se desvanecían, el hombre que había bajado de la Sierra de Ixtlán,
símbolo del derecho, alma de la patria, pudo todavía mantener el fuego del patriotismo.
Entró al desierto con majestad sublime, como las naves que se alejan de la costa para
capear la tormenta. Expuso su vida, fatigó su cuerpo, atormentó a su alma con las
desdichas de la patria, cruzó los médanos de Samalayuca, que son la esencia del desierto
y se vio aparecer su silueta destacándose en el azul del cielo sobre esas mismas colinas
que delimitan el valle.
Señora Presidenta, pido su anuencia para
tomarme unos segundos más para terminar.
La Presidenta:
Por favor, diputado.
El diputado Abelardo Escobar Prieto:
Gracias.
Paso del Norte era el límite, aquí
terminaba la patria, una línea imaginaria era una barrera infranqueable, hasta que un 25
de marzo una espada fulgurante señalara el camino de regreso.
Yo quisiera ser joven, muy joven para que
mi voz se oyera como la voz de los tiempos que vienen, que pasen unos siglos, escuchemos
las voces de la historia futura, no son las voces lóbregas y graves de los siglos
pasados, sino los gritos alegres de los siglos niños ¿qué dicen? Dirá que una patria
agradecida con el óvulo de niños y de ancianos marcó el límite a donde llegó el
ilustre peregrino que bajó de la sierra de Ixtlán y que salvó en el desierto las tablas
de la ley, con un brazo que será una divisa para un pueblo, una cumbre para una raza.
Dirá que la patria depositó una flor sobre la tierra que consagró Juárez en época de
angustia.
Las flores de la patria son mármoles o
bronces, hombres en la plenitud de la vida mirad de frente al sol, llenad vuestros pechos
con este aire libre y alzad muy altos vuestros corazones y vosotros, los niños, los de
almas tiernas que se sacuden con estas impresiones, temblad como las flores al abrirse y
grabado en la memoria estos recuerdos.
Es la patria misma quien va a colocar esa
piedra. Indios de senecú, frailes de las misiones, héroes de nuestras guerras
necesarias, surgid, venid a ver lo que pasa en nuestra tierra. El desierto no es desierto,
se ha poblado. Parece que en estos momentos han de verse sobre el torreón de Casas
Grandes los príncipes indios, que han subido al gallego los muertos del sacramento para
ver mejor y los del carrizal a la sierra de la Candelaria.
Que en la Tarahumara está el espíritu del
indio de ariciachi, mientras el vencedor de Victorio ha llegado a tres casquillos. Se ha
poblado el desierto sobre todas esas cumbres que asombran los espíritus de nuestros
muertos. Parece que se oyen campanas que marcan el paso de una época a otra época.
Oídlo bien, es la patria misma quien va a colocar esa piedra.
Gracias, por su atención.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Abel Trejo
González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El
diputado Abel Trejo González:
Con su permiso, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
No he encontrado mejor forma de recordar a
Juárez que repetir aquí, en el recinto parlamentario, muchas de las palabras que
pronunció ante los diputados en escritos y proclamas, mismas que denotan el enorme
respeto que le profesaba a esta soberanía.
Juárez absoluto respeto a las
disposiciones del Poder Legislativo. El presidente Juárez pronunció un discurso en la
apertura de sesiones del Congreso de la Unión el 9 de mayo de 1861, refiriéndose a los
diputados expresa: "así lo espera el pueblo del buen sentido de la ilustración y
del patriotismo de sus representantes y el Congreso puede estar seguro de que el ciudadano
que durante tres años ha sido, en medio de los mayores peligros y de los más terribles
desastres, guardián constante de la Constitución, cumpliendo así con sus deberes, no
faltará a ellos jamás y mientras ejerza provisionalmente el Ejecutivo por ministerio de
ley no omitirá sacrificio por cumplir, acatar y hacer que sean respetadas cuantas
disposiciones emanen del Congreso de la Unión, conforme a los preceptos del código
fundamental de la República".
El 25 de diciembre de 1867 el presidente
Juárez, al tomar posesión como Presidente de la República, expresó: "en mi
administración, ciudadanos diputados, me servirán de guía vuestras luces, cumpliendo el
deber de ejecutar vuestras decisiones, de sostener la independencia y dignidad de la
nación y de hacer efectivos los principios de libertad y de progreso que ha conquistado
con su sangre el pueblo mexicano".
Y ratificó Juárez, el 29 de marzo de 1868
en la clausura del Congreso: "la primera prenda de paz es la armonía entre los
poderes públicos. El Gobierno está lleno de gratitud por la confianza que le ha
dispensado el Congreso y procurará siempre merecerla, acatando las decisiones que con su
patriotismo y sabiduría dicten los representantes del pueblo".
El presidente Juárez absoluto respeto por
el presupuesto aprobado por el Congreso. El 1o. de abril de 1868 el presidente Juárez
pronunció las siguientes palabras en la apertura del Congreso de la Unión:
"Ciudadanos diputados: muy justo es el
precepto de la Constitución por el cual se destina de preferencia el segundo periodo de
sesiones del Congreso que comienza hoy, al examen y votación de los presupuestos. Toca al
Ejecutivo formarlos y proponerlos por el mayor conocimiento que debe tener de los hechos y
por sus datos sobre las necesidades de la administración. Pero corresponde al pueblo, por
medio de sus representantes, examinarlos y aprobarlos; está en la esencia de los
intereses y de los derechos más inalienables del pueblo resolver con lo que deba
contribuir y como deba invertirse en los gastos públicos."
Por todo lo anterior y por la enorme
aportación que ha hecho este ilustre oaxaqueño a la grandeza de nuestra patria, en 1934,
cuando el general Lázaro Cárdenas llega a la Presidencia de la República y el país
transitaba por momentos complicados, convierte a Los Pinos, una antigua instalación
militar, en la residencia presidencial, para que desde entonces se colocara ahí, en el
despacho del Presidente de la República, el retrato al óleo del ilustre oaxaqueño don
Benito Juárez.
Yo pregunto a esta soberanía: ¿Tiene
Benito Juárez los méritos suficientes para ser inquilino permanente en la residencia
presidencial? La respuesta de la gran mayoría de los mexicanos es afirmativa. Por esta
razón, los diputados federales de Oaxaca, junto con nuestros coterráneos, protestamos
enérgicamente la infamia histórica cometida el 23 de diciembre de 2000, en que se
consumó la expulsión del óleo de Benito Juárez de Los Pinos. Sin duda, este hecho
conlleva el mensaje de hacer a un lado el ideario político del Benemérito de Las
Américas en el ejercicio del poder. ¡Pero aquí está el Poder Legislativo, los
representantes del pueblo, para que interpretando el pensamiento político de los
mexicanos, no permita que se actúe en detrimento de nuestros mejores postulados!
¡El 21 de marzo es un buen día para
recordar la obra de Juárez, es un buen día para no olvidar que la historia es de la
nación entera y no patrimonio de unos pocos! ¡No hay duda, Juárez es un pilar
fundamental para entender la grandeza de nuestro país! ¡Su ideario lo defenderemos
siempre!
¡En nuestro país que nadie intente
establecer jerarquías de primera o de segunda para nuestros héroes, cada uno de ellos
tiene su justa dimensión en la historia de nuestro país! ¡Rechazamos sujetarnos a
caprichos sexenales ni a fundamentalismos de ningún tipo! ¡El grito de: Juárez,
Juárez!, seguirá retumbando en todas las conciencias y en todos los recintos de este
país!
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
PUERTO VALLARTA- BAHIA DE BANDERAS
La Presidenta:
Continuando con el capítulo de
proposiciones, se ofrece el uso de la palabra al diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo
solicitando a la Secretaría de Turismo informe de la petición hecha por la Comisión de
Turismo en julio, en relación a diversos ayuntamientos de Jalisco y de la zona del
Pacífico mexicano.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Con la venia de la Presidencia; compañeras
y compañeros diputados:
Aunque resulta evidente y sólo los ciegos
o quienes quieran serlo podrán dejarlo de apreciar, Puerto Vallarta y la región
conurbada que conforma la Bahía de Banderas en Jalisco y Nayarit, es un importante polo
de desarrollo y es fundamental para el país, pues el esfuerzo que en esta zona se
desarrolla contribuye fuertemente al desarrollo económico y social de la nación y es
fundamental para la creación de empleos y la captación de divisas.
De la estadística oficial queda claro la
importancia de Vallarta y su región, consolidada en forma global como el segundo destino
de playa en captación turística. Ante esto, es sorprendente la escasa atención que
Vallarta recibe del Gobierno Federal, lo que queda muy claro al observarse que ni siquiera
mereció ser mencionado en el informe presidencial ni en el sectorial que entregó la
Secretaría de Turismo y, por otro lado, es también inaceptable el poco respaldo que
recibe para continuar creciendo en infraestructura, pues hace ya muchos años que el Poder
Ejecutivo Federal no apoya a los gobiernos locales para concluir o realizar diversas obras
que se requieren para consolidar su oferta de servicios al turismo y a la población.
Añejos son los reclamos de la población y
de los gobiernos locales porque al no ser Vallarta y esta región, un destino privilegiado
por el Fonatur y quizá por su lejanía del centro del país, el crecimiento y la
consolidación de esta zona se ha dado con el esfuerzo propio de la comunidad local y esto
creo no puede seguir así.
La titular de la Secretaría de Turismo
acudió por primera vez a Vallarta a finales de agosto del año pasado, un día antes de
cumplir un año de trabajos del actual Gobierno, es decir, al año de trabajo se le
ocurrió a la Secretaria de Turismo ir a Vallarta.
229, 230, 231
Por su parte, el Secretario de Transportes
no ha tenido tiempo aún de visitar esta región, es normal, poco le importa.
A la Secretaria de Turismo cuando estuvo en
Vallarta, se le hizo un recuento de los requerimientos y carencias de proyectos y
programas de promoción y de inversión para consolidar al destino y constató el esfuerzo
y el trabajo de la comunidad local.
Puedo enumerar lo más importante que está
pendiente; en cuanto a la Secretaría de Turismo, la inclusión de Vallarta y su región
en el Programa de Apoyo a Destinos de Playa que no está, curiosa e inaceptablemente; la
inclusión de esta zona en el proyecto Escalera Náutica y en el Programa de Pueblos
Mágicos y lo más importante, incluir a Vallarta en la promoción que de México se hace
en el extranjero, pues aunque parezca absurdo no aparece para nada en documento
promocional alguno en las campañas internacionales para atraer turismo a México.
Mención especial requiere la atención
inmediata y aprobar la solicitud presentada por mi conducto a nombre de la Comisión de
Turismo y en representación de los presidentes municipales de Puerto Vallarta y Cabo
Corriente en Jalisco, ambos de Acción Nacional, así como el distrito municipal de Bahía
de Banderas que es del PRI, los que con el respaldo de sus gobernadores de Jalisco y
Nayarit, ambos de Acción Nacional solicitaron desde julio del año pasado la declaración
formal como zona turística prioritaria para esta región.
Esto es muy importante porque al
consolidarse esto se otorgan estímulos y respaldos especiales que requiere esta zona.
Finalmente, se requiere que el Fonatur
ponga sus ojos en Vallarta y pase de las palabras a los hechos para promoverlo y apoyarlo.
De la Secretaría de Transporte y
Comunicaciones se requiere se acelere lo más posible la conclusión del puente sobre el
río Meca en la autopista de ingresos, mismo que después de muchos años de estarlo
solicitando, ya se inició pero podría ser más fácil terminarlo. Es el acceso a este
destino.
Igualmente, ya lo hemos dicho muchas veces
y lo seguiremos insistiendo, es necesaria la conclusión de la carretera federal que debe
unir directamente y por territorio jalisciense a Guadalajara con Vallarta, no para que
ésta sea la famosa vía corta, sino como una obra necesaria para impulsar y consolidar la
fuerza turística diversificando esta oferta al incluir el turismo de montaña en la
sierra aledaña al puerto e incorporar plenamente a esta oferta el tiempo religioso que se
da en la región de Talpa.
Cabe señalar que esta carretera federal ha
sido construida con mucho esfuerzo por los jaliscienses en sus primeros casi 200
kilómetros y los restantes 80 están pendientes desde hace 10 años, solamente por falta
de voluntad política.
También importante es conocer si en
realidad como fue anunciado hace ya muchos meses, por el Presidente de la República, el
Gobierno Federal tiene contemplado un amplio programa de obras entre las que estaría la
autopista de cuota entre las poblaciones de Jala, Nayarit a partir del entronque con la
autopista Guadalajara a Tepic y la población costera nayarita de Bucerías, que está
conurbada con Puerto Vallarta, ésta sí sería la famosa vía corta entre Guadalajara y
Vallarta, es decir, la ruta directa y breve entre el bajío y el occidente de México y la
zona costera de bahía de Banderas.
La Presidenta:
Diputado Cosío, le ruego terminar.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
Le solicito un minuto para concluir,
señora Presidenta.
La Presidenta:
Adelante, diputado.
El diputado Salvador Cosío Gaona:
También importante es conocer si se va a
hacer realidad la amortización del aeropuerto "Gustavo Díaz Ordaz", que como
ya se explicó es una vergüenza.
Compañeras y compañeros diputados,
finalmente me sigo preguntando, ¿por qué ese extraño desdén hacia Vallarta? ¿Por qué
esa ausencia de apoyo al Gobierno Federal? ¿Por qué no se le toma en cuenta en los
programas federales de promoción y desarrollo? ¿Cuándo entonces se va a hacer algo por
parte de este Gobierno Federal para impulsar esta región turística? Me queda claro que
el Ejecutivo Federal tiene la respuesta y por eso planteo la comparecencia de los
secretarios correspondientes en este
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que con fundamento en lo
dispuesto en nuestra Ley Orgánica, se acuerde citar a los secretarios de Turismo y de
Comunicaciones y Transportes para que informen y expliquen la falta de respaldo al
esfuerzo de los gobiernos locales y de la comunidad de Puerto Vallarta y de los municipios
de la Bahía de Banderas, de Jalisco y Nayarit, especialmente en cuanto a la creación
oficial de la zona proletaria y al avance real en el proyecto de desarrollo y promoción
de esta región.
Es cuanto. Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo que
presenta el diputado federal, Salvador Cosio Gaona, que solicita la comparecencia de la
secretaria de Turismo, Leticia Navarro Ochoa y del secretario de Comunicaciones y
Transportes Pedro Cerisola y Weber, a fin que informen y expliquen la falta de respaldo al
esfuerzo del gobierno local y de la comunidad de Puerto Vallarta y de los municipios que
conforman la Bahía de Banderas en Jalisco y Nayarit, especialmente en cuanto a la
declaración oficial de zona turística prioritaria y al avance real en los proyectos y
programas de promoción y construcción de infraestructura en comunicaciones
El suscrito, Salvador Cosío Gaona,
diputado federal por el V Distrito de Jalisco con cabecera en Puerto Vallarta, integrante
de la Comisión de Turismo, someto a la consideración de ustedes esta propuesta con punto
de acuerdo, que tiene por objeto solicitar la comparecencia de los titulares de la
secretaria de Turismo, Leticia Navarro Ochoa y de la secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola y Weber, a fin de que acudan a explicar sobre la falta de
acciones efectivas para respaldar el esfuerzo de los gobiernos estatales y municipales,
así como de los prestadores de servicios y de la comunidad en general de Puerto Vallarta
y de los municipios que conforman la región de Bahía de Banderas en los estados de
Jalisco y Nayarit, especialmente al supuesto avance en el trámite de la declaración
oficial como zona turística prioritaria y en relación a los proyectos y programas de
promoción y de construcción de obras de infraestructura en comunicaciones, pues a la
fecha no existe formalidad al respecto .
EXPOSICION DE MOTIVOS
l. Aunque es evidente y sólo los ciegos o
quienes quieran serlo podrán dejarlo de apreciar, Puerto Vallarta y la región conurbada
que conforma la Bahía de Banderas en Jalisco y Nayarit, es un muy importante polo de
desarrollo y es fundamental para el país, pues el esfuerzo que en esta zona se realiza,
contribuye fuertemente al desarrollo económico y social de la nación y es fundamental
para la creación de empleos y la captación de divisas. De las propias estadísticas
oficiales que emite la Secretaría de Turismo del Ejecutivo Federal, queda clara la
importancia de Puerto Vallarta y su región, consolidada en global como el segundo destino
de playa en captación turística y por ello insisto es tan importante para nuestra
economía nacional.
Ante esto es sorprendente la escasa
atención que Vallarta recibe del Gobierno Federal, lo que queda muy claro al observarse
que ni siquiera mereció ser mencionado en el informe presidencial ni en el sectorial que
entregó la Secretaría de Turismo, y, por otro lado, es también inaceptable el poco
respaldo que recibe para continuar creciendo en infraestructura, pues hace ya muchos años
que el Poder Ejecutivo Federal no apoya a la administración pública local para concluir
o realizar diversas obras que se requieren para consolidar su oferta de servicios a la
población y al turismo, para mejorar así la calidad de los servicios y con ello,
incrementar la dimensión y calidad de la oferta turística nacional, con el respectivo
aumento de ingresos, de divisas y por supuesto, fortalecer así nuestro mercado interno y,
por ende, nuestra economía nacional.
Añejos son los reclamos de la población y
de los gobiernos locales porque, al no ser un destino privilegiado por el Fonatur y quizá
por su lejanía del centro del país, el crecimiento y consolidación de Vallarta y su
región se ha dado con el esfuerzo propio de la comunidad local y esto no puede seguir
así.
La Secretaria de Turismo acudió por
primera vez a Vallarta a finales de agosto del año pasado, a un día de cumplir un año
la actual administración federal. El Secretario de Comunicaciones y Transportes no ha
tenido tiempo aún de visitar a esta región. Es normal, poco le importa.
A la Secretaria de Turismo, en su visita a
Vallarta, se le hizo un recuento de los requerimientos y carencias de proyectos y
programas de promoción e inversión para consolidar al destino y constató el esfuerzo
que ha realizado la comunidad local.
Puedo enumerar lo más importante de lo que
está pendiente.
En cuanto a la Secretaría de Turismo, la
inclusión de Vallarta y su región en el Programa de Apoyo a Destinos de Playa y ¿por
qué no?, la inclusión en el proyecto "Escalera Náutica" y del programa
"Pueblos Mágicos", así como incluir a Vallarta en la promoción que de México
se hace en el extranjero, pues es absurdo que no aparezca, para nada, en documento
promocional alguno en las campañas internacionales para atraer turismo a México.
Mención especial requiere el atender de
inmediato y aprobar la solicitud presentada por mi conducto, a nombre de la Comisión de
Turismo y en representación de los presidentes municipales de Puerto Vallarta y Cabo
Corrientes en Jalisco, ambos del Partido Acción Nacional, así como del presidente
municipal de Bahía de Banderas, que es del Partido Revolucionario Institucional, los que
con el respaldo de sus respectivos gobernadores, ambos de Acción Nacional, solicitaron
desde julio del año pasado, la "declaración formal como zona turística
prioritaria" para la región que conforman estos municipios de ambos estados. Esto es
muy importante, pues beneficiaría a esta región con algunos estímulos fiscales y la
obtención de diversos apoyos para la consolidación de infraestructura para el servicio
turístico que se requiere, sin descartar el que, finalmente, el Fonatur ponga sus ojos y
pueda pasar de las palabras a los hechos en su respaldo a Vallarta.
De la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes se requiere acelere lo más posible la conclusión del puente sobre el río
Ameca en la autopista de ingreso, mismo que después de muchos años de estarlo
solicitando ya se inició en su construcción, pero podría ser más ágil el terminar
esta obra tan importante, que es el acceso a este destino.
Igualmente, ya lo hemos dicho muchas veces
y lo seguiremos insistiendo, es necesaria la conclusión de la carretera federal que debe
unir directamente y por territorio jalisciense a Guadalajara con Vallarta, no para que sea
ésta la famosa vía corta, sino como una obra necesaria para impulsar y consolidar la
oferta turística, diversificando la oferta al incluir el turismo de montaña en la sierra
aledaña al puerto, así como incorporar plenamente a esta oferta el turismo religioso que
se genera a partir de quienes en gran cantidad acuden a visitar la Imagen de la denominada
"Nuestra señora del Rosario de Talpa", en el municipio serrano del mismo nombre
en Jalisco, también famoso por sus artesanías de chicle natural y agroindustria.
Cabe señalar que esta carretera federal ha
sido construida con mucho esfuerzo por los jaliscienses en sus primeros casi 200
kilómetros y los restantes 80 están pendientes desde hace 10 años, sólo por falta de
voluntad política.
También importante es conocer si en
realidad, como fue anunciado hace ya muchos meses, el Gobierno Federal tiene contemplado
un amplio programa de construcción de obras, entre las que estaría la autopista de cuota
entre las poblaciones de Jala, Nayarit, a partir de su entronque con la autopista que une
a Guadalajara con Tepic y la población costera nayarita de Bucerías, que está conurbada
con Puerto Vallarta. Esta sí sería la famosa vía corta entre Guadalajara y Vallarta, es
decir la ruta directa y breve entre el Bajío y el occidente de México y la zona costera
de Bahía de Banderas.
No puedo dejar de señalar la urgente
necesidad de modernizar al "Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz", que
da servicio a esta región, el cual, como antes lo he expresado, es realmente una
vergüenza. Cabe señalar, en este punto en particular, que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes no ha siquiera instalado el Consejo Consultivo, como ya lo
hizo, a petición de esta Cámara, en otros aeropuertos del país, a los que sí le otorga
importancia.
Compañeras y compañeros diputados:
Finalmente, me sigo preguntando: ¿por qué
ese extraño desdén hacia Vallarta? ¿Por qué esa ausencia de apoyo del Gobierno
Federal? ¿Por qué no se le toma en cuenta en los programas federales de promoción y
desarrollo? ¿Cuándo, entonces, se va a hacer algo por parte de este Gobierno Federal,
para empezar a impulsar a esta región turística tan importante?
Me queda claro que el Ejecutivo Federal
tiene las respuestas y es por ello que solicito comparezcan y lo expliquen los secretarios
correspondientes.
232, 233, 234
Compañeras y compañeros diputados: por
las consideraciones antes expuestas, luego entonces. someto a su atenta consideración el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 39 párrafo primero; artículo 45 párrafo tercero de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se acuerda citar a comparecer a la secretaria de Turismo, Leticia
Navarro Ochoa, y al secretario de Comunicaciones y Transportes Pedro Cerisola y Weber, a
fin de que informen y expliquen la falta de respaldo al esfuerzo de los gobiernos locales
y de la comunidad de Puerto Vallarta y de los municipios que conforman la Bahía de
Banderas en Jalisco y Nayarit; especialmente en cuanto a la declaración oficial de zona
turística prioritaria y al avance real en los proyectos y programas de promoción y de
construcción de Infraestructura en comunicaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de
marzo de 2002.— Diputado Salvador Cosío Gaona.»
La Presidenta:
Gracias, diputado Cosío.
Túrnese a la Comisión de Turismo.
ESTADO
DE MEXICO
La Presidenta:
Para presentar una proposición con punto
de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que
a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente proceda de inmediato en
contra de la tala inmoderada de los bosques en el Estado de México, se concede el uso de
la palabra al diputado Felipe Velasco Monroy, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Felipe Velasco Monroy:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Los abajo firmantes, diputados federales
del Estado de México del grupo parlamentario de Acción Nacional de esta LVIII
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta Asamblea el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente proceda de inmediato conforme a la normatividad vigente en contra
de la tala inmoderada de bosques en el Estado de México, de acuerdo a las consideraciones
que a continuación se narran.
Compañeras y compañeros diputados, si no
cambiamos las tendencias actuales, se seguirá deteriorando la relación del hombre con la
naturaleza por la explotación irracional de sus recursos y la contaminación ambiental
con el aumento de graves daños al hombre y al equilibrio ecológico por lo que nuestro
objetivo es preservar los recursos dados por la naturaleza para todos los hombres, a fin
de trasmitirlos como herencia enriquecedora a las generaciones futuras.
No hay nadie que frene la deforestación.
Se asfixia el Estado de México por la impune tala de árboles. El Estado de México es
víctima de la impune tala de árboles, por lo que se ha perdido una cuarta parte de
nuestros bosques, lo que significa haber perdido uno de los pulmones más importantes que
oxigenaban a toda esta región que ahora es también una de las más contaminadas después
del Distrito Federal.
Son dos los aspectos que preocupan en mayor
medida a la población: la criminal deforestación y los poderosos grupos que alientan y
protegen esta ilícita actividad denunciada por años pero sin ser castigada hasta el
momento.
La tala inmoderada de árboles resulta un
buen negocio para los depredadores y todos sus cómplices. Nada más un árbol adulto
genera ganancias hasta por 1 mil 400 pesos y diario, tan sólo de un sitio, suelen salir
hasta 10 camiones cargados de la ilegal madera. Esos 10 camiones significan ganancias
hasta por 150 mil pesos.
El saqueo de los bosques está a la orden
del día y no hay autoridad alguna que ponga un alto con severidad y con la ley en la
mano, porque no es aprehendiendo a uno que otro talador como se va a resolver este
gravísimo problema que se vive en esta entidad y que ya está derivando en serios daños
a la salud de muchos pobladores, mientras otros se embolsan carretadas de billetes al
desvastar un patrimonio invaluable de la humanidad: las áreas forestales, las zonas
ecológicas, que son o deben de ser intocables.
Están detectados los sitios donde se
esconden los taladores clandestinos: Cahuacán en Nicolás Romero; Ocuilán en la frontera
con el Estado de Morelos; Ixtapopo, que abarca de Ixtapaluca hasta Ecatitzingo; el Nevado
de Toluca que va desde Temazcaltepec, pasando por Xinacantepec y llega hasta Toluca.
También se ha visto afectada la región donde arriban las mariposas monarcas procedentes
de Canadá.
Se trata de las áreas forestales de San
Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende. Otra de las áreas afectadas es la
sierra de las coletas en el tramo de Xultepec a Amatepec.
De las 894 mil hectáreas que conforman la
superficie total, 558 mil son bosques de pino, oyamel, encino y otras especies. De estas
558 mil hectáreas, 325 mil están consideradas como todo un potencial económico y
comercial, pero más del 40% de estas áreas es detentado por los taladores a los que se
llaman clandestinos, pero que la verdad hacen su lista labor a la vista de todos. Los
mismos helicópteros de los que disponen televisoras y radiodifusoras han detectado los
momentos en que se realiza la ilegal labor.
A pesar de las denuncias que se han hecho
en relación a la tala de árboles, las autoridades no han dado una respuesta en concreto
y mucho menos una solución, tal pareciera que son cómplices en este ilícito negocio y
ya es tiempo de que el patrimonio ecológico al que se hace referencia se cuide, ya que
cada día sufre mayores daños. ¿Por qué?, no hay otra respuesta, porque la misma
autoridad, los mismos servidores públicos o funcionarios, están coludidos en esta
terrible deforestación a la que sirven día con día y de una manera impune.
¿Quién o quiénes están atrás de los
taladores...
Solicito se me conceda de favor un minuto
para concluir.
La Presidenta:
Un minuto, diputado.
El diputado Felipe Velasco Monroy:
¿Quién o quiénes se encargan de expedir
los permisos para aprovechar los recursos naturales, quién o quiénes se encargan de
expedir permisos para que funcionen de las industrias forestales o los aserraderos?
Muchas son las preguntas que están en el
aire, todas ellas exigiendo una pronta respuesta, pero quizá la más inquietante y la
más preocupante es: ¿por qué tenemos que esperar más tiempo y no detienen en el
momento mismo en que se denuncia a los clandestinos taladores, por qué no se hace caso
cuando esas denuncias se hacen con oportunidad a través de la televisión o la radio?
¿Quién o quiénes son los principales depredadores en esta entidad y que nos está
conduciendo a una muerte lenta, vía asfixia? ¿Quién o quiénes están matando nuestros
pulmones, por qué los taladores y quienes los protegen, tienen impunidad ante la
justicia? ¿Qué respuesta les daremos a los ciudadanos mexiquenses cuando nos pregunten
por la defensa de nuestros bosques y por aplicar la ley?
¡Basta ya a la tala inmoderada de nuestros
bosques en el Estado de México! En estos días que celebraremos el Día de la
Forestación, qué mejor homenaje podremos hacer que sumarnos a este
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Solicitar a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en uso de sus atribuciones legales le dé vista
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal y
se emprendan las acciones necesarias, a efecto de que se investiguen las denuncias de
talas inmoderadas de bosques en el Estado de México.
Segundo. En caso de ser procedente,
que se finquen las responsabilidades a quienes corresponda.
Tercero. Que la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades locales se coordinen para darle una
respuesta concreta y eficiente al problema, con el objetivo de ponerle fin.
Cuarto. Que la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Cámara sobre los resultados que obtenga.
Palacio Legislativo, a los 20 días del mes
de marzo de 2002.
Por su atención, gracias.
Los diputados del Estado de México de la
fracción de Acción Nacional.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Recursos
Naturales y Medio Ambiente.
El diputado Herviz nos ha informado que se
pospone la presentación del punto de acuerdo relativo a la alta fructosa.
PUERTO VALLARTA-BAHIA DE BANDERAS
(II)
La Presidenta:
Esta Presidencia amplía el turno de la
proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Salvador Cosío en esta misma
sesión, que además de ser turnado a la Comisión de Turismo se turna a la Comisión de
Comunicaciones.
ESTADO
DE QUINTANA ROO
La Presidenta:
Se concede el uso de la palabra al diputado
Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
con punto de acuerdo para que se actúe conforme a derecho en la elección del municipio
de Benito Juárez, en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
El diputado Arturo Escobar y Vega:
Gracias, señora diputada.
Diputada, me apena solicitarlo, pero en
virtud de la importancia del tema que voy atratar, solicitaría de la manera más
respetuosa se pudiera solicitar quorum porque es un asunto que atañe a las
elecciones locales en Quinta Roo y el recinto se encuentra vacío.
La Presidenta:
Me queda claro diputado Arturo Escobar
y Vega que hay la comparencia del señor secretario de Derbez y que cuando menos dos
comisiones están involucradas y que aunque es un asunto de la mayor relevancia, no me
atrevo a suspender una comparecencia de un Secretario y me comprometo a remitir el texto
de su intervención a los diputados comparecientes en esa reunión, porque corro el riesgo
de llamar a quorum y que no lo haya porque sabemos que hay compañeros trabajando
en comisiones.
El diputado Arturo Escobar y Vega:
Entiendo, señora Presidenta, gracias.
El punto de acuerdo, solicitar se
modifique, lo solicité a la gente de protocolo el punto de acuerdo es a efecto de que se
constituye una comisión especial que pueda investigar las resoluciones que ha tomado el
tribunal electoral de Quintana Roo en las pasadas elecciones celebradas el 17 de febrero.
A efecto de justificar la constitución de
esta comisión especial, me gustaría hacer una pequeña reseña de lo que se vivió en el
Estado de Quintana Roo el pasado 17 de febrero.
Durante la jornada electoral, esencial y
especialmente en el municipio de Benito Juárez, hubo una competencia muy fuerte entre
tres candidatos el del PRD, el del PRI y el del Partido Verde. Resulta que a efecto de
mantener el poder y la presidencia municipal, el municipio de Benito Juárez, la
presidenta municipal actual Magali Achad de Ayuzo resuelve que el PRI tiene que detentar
el poder pase lo que pase en dicho municipio.
Yo quisiera señalar que esta crítica
viene únicamente hacia ese priísmo local y algunos de ese priísmo local de Benito
Juárez, por supuesto que no es una crítica o busco atentar en ningún caso contra el
priísmo nacional, quien en mi punto de ver las cosas sí está teniendo un cambio
radical.
En dicho municipio resulta que los
cuidadores de casilla por parte del PRI eran los mismos miembros de la Secretaría de
Seguridad Pública del municipio, de la Dirección de Seguridad Pública.
Resulta que en la noche del 17 de febrero,
en los resultados preliminares el PRI gana los 15 distritos por mayoría y gana siete de
los ocho municipios que estaban en competencia. El municipio que según los resultados
preliminares pierde es el municipio de Benito Juárez, Cancún.
235, 236, 237
El 25 de febrero el consejo distrital 10,
consejo responsable de calificar las elecciones a ayuntamiento, el municipio de Benito
Juárez, resuelve darle la constancia de mayoría al candidato del Partido Verde
Ecologista de México, Juan Ignacio García Salvidea.
Conforme a derecho, tanto el PRD como el
PRI, presentan recursos de inconformidad buscando que se anule la elección. Es importante
señalar que la diferencia de votación para que diera el triunfo al candidato del Partido
Verde fue de 343 votos.
El tribunal electoral de manera increíble,
dándose cuenta que no podía revertir la votación, resuelve anular la elección. Da la
casualidad que la anula con el 20.89% de las casillas, es decir, buscó el número exacto
para que se anulara la elección.
Es importante señalar que en todos los
estudios jurídicos que se hicieron por parte de varios partidos políticos nos dimos
cuenta que únicamente alrededor de 30 casillas podrían haber estado viciadas con
nulidad.
Tenemos información que el gobernador del
Estado, no respetando la división de poderes, decide participar en esta resolución.
Teníamos información que dos días antes que dicho tribunal resolviera el recurso de
inconformidad, ya había un ambiente dentro de la vida política de ese ayuntamiento que
se iba a anular la elección. Parece ser que es ilegal ganar un municipio en Quintana Roo
y que pierda el PRI, vuelvo a decir, ese priísmo local.
El Partido Verde, una vez conociendo la
resolución del tribunal local, decide presentar conforme a derecho un juicio de revisión
constitucional ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a
efecto de que se regrese la constancia de mayoría a nuestro candidato Juan Ignacio
García Salvidea.
Parece ser que la democracia no ha llegado
a Quintana Roo, parece ser que tiene un gobernador que no reconoce que puedan existir
fuerzas emergentes que le puedan competir al PRI, repito, al priísmo local por sus malos
gobiernos.
Es hora que aprendamos que el 2 de julio no
es nada más a nivel federal, yo convoco a todos los diputados a que hagamos un exhorto a
todos los congresos locales, para que de veras revisen su legislación electoral. No puede
ser que por un grupo de un gobernador, una presidenta municipal y un cúmulo de
exgobernadores del Estado de Quintana Roo, que se sienten dueños del Estado se viole la
voluntad del pueblo, se viole la voluntad ciudadana, que busca un cambio.
El PRI ha mantenido en toda la historia de
Cancún el gobierno, hoy la gente de Benito Juárez dijo: ¡hasta aquí!, llegamos a un
límite, queremos ver a una nueva fuerza política gobernar. Lamentablemente esa gente,
esos pocos priístas, que no tienen voluntad política, no están de acuerdo con nosotros.
Pero que se oiga bien, estamos convencidos
que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a resolver
conforme a derecho y la única forma de resolver conforme a derecho, es que se le devuelva
la constancia de mayoría al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Juan
Ignacio García Salvidea, quien el próximo 10 de abril tomará posesión, como presidente
municipal de Benito Juárez.
Yo convoco a todos los diputados que están
aquí, a todos los partidos, inclusive a muchos priístas, a muchos diputados federales
del PRI, que se nos han acercado a los miembros de mi partido, a demostrar lo asombrado
que están, por la poca sensibilidad política del gobernador de Quintana Roo.
En virtud de esto, exhorto para que se
pueda crear una comisión especial, que investigue las resoluciones del Tribunal Electoral
del Estado de Quintana Roo.
Muchas gracias.
La
Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Tengo solicitudes para rectificar hechos de
la diputada Alicia Ricalde Magaña, del grupo parlamentario de Acción Nacional y del
diputado Héctor Esquiliano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Se concede el uso de la palabra para
rectificar hechos, hasta por cinco minutos, a la diputada Alicia Ricalde Magaña.
La
diputada Alicia Ricalde Magaña:
Con su venia, señora Presidenta;
compañeros diputados:
Efectivamente apoyo lo que dice mi
compañero diputado que me antecedió en la palabra, coincido plenamente con lo que él
manifestó, realmente en Quintana Roo los órganos electores se vendieron al gobierno
estatal, al gobierno de Joaquín Ernesto Hendricks Díaz y obviamente eso atenta contra la
democracia de Quintana Roo.
En el caso de mi municipio, Isla Mujeres,
en donde fui representante de mi partido ante el distrito electoral XIV, soy testigo de la
manera como fueron presionados los jóvenes e inexpertos consejeros de ese distrito, a
quienes amenazaron por la presidenta del consejo estatal, la señora Rosa Covarrubias,
quien desde hace bastante tiempo, dos elecciones seguidas, viene ocupando el cargo y
obviamente obedeciendo al gobernador en turno.
Los amenazó con encarcelarlos si abrían
los paquetes electorales, quiero decirles que en mi municipio, Isla Mujeres, la diferencia
sólo fueron 41 votos y que había más de 200 votos nulos y por lo tanto les entró
miedo, pavor, de que si abrían estos paquetes pudieran aparecer esos 41 votos que nos
hacían falta.
Usaron de todo, usaron mapaches, fuerza
mexiquense, compra de votos, todo lo habido y conocido por todos los que aquí estamos.
Cabe mencionar que nuestro candidato a la alcaldía, el doctor Antonio Coronado, era
director del Centro de Salud, hoy no sólo le arrebatan de manera asquerosa y cínica la
elección del municipio de Isla Mujeres, sino que también lo dejan sin trabajo negándole
el regreso y la incorporación a su plaza, a pesar de que la plaza es federal.
Compañeros diputados, ya no podemos ni
debemos permitir más arbitrariedades como las que ya escucharon. A estas alturas,
¿quién le cree al PRI lo del carro completo?, ¿quién?
Es por eso que desde aquí les solicito a
los magistrados del Tribunal Federal Electoral, reparen estos abusos cometidos por los
órganos electorales de Quintana Roo y obviamente por su gobernador priísta y hagan
justicia a esos ciudadanos de buena fe que ejercieron su derecho al voto creyendo en la
democracia de este país.
El pueblo de México no puede seguir
soportando estos atropellos, nosotros como sus representantes debemos impedir que se sigan
dando cacicazgos en el sureste de nuestro país.
Señores magistrados del Tribunal Federal
Electoral: no permitan carro completo en Quintana Roo.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputada.
Tiene la palabra para rectificar hechos,
hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Esquiliano, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Héctor Nemecio
Esquiliano Solís:
Señora Presidenta; compañeros
diputados:
No coincido con mis compañeros diputados
que han hecho uso de la palabra en relación con las elecciones que se dieron en el Estado
de Quintana Roo. No coincido, porque haciendo una reflexión, dentro del marco jurídico
que rige las elecciones tanto federales como estatales, los mexicanos hemos optado por la
ciudadanización de los órganos electorales, quienes tienen la responsabilidad de valorar
los elementos que aporten para determinar los resultados electorales. Dicen que el
gobernador y el gobierno metieron las manos.
En la instancia del Consejo Electoral
Estatal le dan la constancia de mayoría, pero llega al órgano siguiente, que es el que
valora jurídicamente con las pruebas que cada uno de los partidos tiene a bien aportar y
ahí determinan que es de nulificarse por las irregularidades que tanto el PRD como el
Partido Acción Nacional y el mismo Partido Verde Ecologista llegaron, aportaron entonces,
pero no hay una tercera instancia que es federal, donde ya no tiene injerencia el gobierno
del Estado y que si nosotros como mexicanos hemos optado por someternos a estos órganos y
nos hemos dado nosotros en busca de perfeccionar la democracia en México, no podemos
permitirnos estar con anticipación dando muestras de una crítica malsana ante estos
tribunales que en varias ocasiones le han dado la razón a los partidos que no son el PRI,
como recientemente en Tabasco y los priístas asumimos que teníamos que acatar esa
disposición. Por eso, señores, el Partido Revolucionario Institucional reconoce en la
instancia de los tribunales electorales tanto estatal como Federal, la facultad para
dirimir cualquier controversia en los procesos electorales.
En las pasadas elecciones en el municipio
de "Benito Juárez", deberán ser estos tribunales quienes resuelvan en
definitiva a las impugnaciones que se hicieron durante este proceso. No es válido querer
descalificar una instancia que en el marco electoral jurídico tiene las facultades
legales y la solvencia moral para determinar los resultados por los hechos que en esto a
veces favorecen a un partido y a veces a otro partido, según encuentren la razón.
Yo le pediría a los compañeros del
Partido Verde Ecologista, que dentro de los tiempos que marca la Ley Electoral, aporten
los elementos a fin de que en base a estos tribunales del Poder Judicial de la
Federación, emitan su veredicto cuya resolución el PRI acatará y, como lo dije
anteriormente, ha acatado.
Si queremos avanzar en la democracia real a
la que aspiramos todos los mexicanos, también debemos aprender a seguir y a respetar sus
reglas y no enturbiar la instancia que todos los mexicanos tenemos para cuidar y validar
la verdadera voluntad de la ciudadanía.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Diputado Escobar y Vega, esta Presidencia
va a procede a dar turno a su proposición, no sé si desee usted de todos modos pasar
para rectificar hechos.
El diputado Escobar y Vega para rectificar
hechos, hasta por cinco minutos.
Quisiera decir que vamos a admitir una
ronda para rectificar hechos, porque estoy interpretando con flexibilidad el acuerdo de la
coordinación.
El
diputado Arturo Escobar y Vega:
Gracias, señora Presidenta:
Comentarle al compañero diputado que me
antecedió en la palabra, que no venimos aquí o el punto de acuerdo no tiene nada qué
ver con juzgar al Tribuna Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el punto
de acuerdo es para crear una comisión especial que investigue al tribunal local de
Quintana Roo.
Da la casualidad que él comenta que a
veces se pierde y a veces se gana. En el municipio de "Solidaridad" todos los
partidos políticos de oposición interpusieron recursos de inconformidad donde se
encontraron elementos para anular la elección, pero da la casualidad que el Tribunal
Electoral de Quintana Roo, nada más los encontró en cuatro casillas.
En las elecciones a diputado, de los cuatro
distritos de "Benito Juárez", que son las mismas casillas que para presidente
municipal en "Benito Juárez", el tribunal electoral no encontró tampoco
irregularidades. De los ocho municipios, de los 15 distritos, únicamente se encontraron
irregularidades en el municipio que perdió el PRI.
Entonces yo le pregunto al compañero
diputado que si a veces se gana o a veces se pierde. Lo que pasa, compañero diputado, es
que el PRI siempre había ganado en Quintana Roo; pero hoy por hoy hay que aprender a
perder, hoy es la presidencia municipal, en el 2005 seguramente puede ser la gubernatura.
Pero ésa es la democracia, hay que aprender a competir. Pero más importante, hay que
aprender a respetar el voto de los ciudadanos, la voluntad de los ciudadanos.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, señor diputado.
El diputado Pallares, del grupo
parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos.
El diputado Juan Carlos Pallares Bueno:
Con su venia, señora Presidenta:
Es importante resaltar y mencionar que el
diputado federal Héctor Esquiliano Solís, del PRI, en estos momentos acaba de decir,
explícitamente aceptó y reconoció que sí hubo injerencia del gobierno del Estado en
las pasadas elecciones.
Ojalá que el Tribunal Federal Electoral
pueda contribuir para que se esclarezca toda esta situación turbia que se dio en Quintana
Roo y efectivamente aquellos partidos políticos que hayan ganado en esa contienda
electoral, como fue el Partido Acción Nacional en Isla Mujeres y en Cozumel y en
Solidaridad, se puedan dar esos resultados.
Porque es penoso ver que se crea que en
Quintana Roo el PRI goza de democracia y eso es una mentira, señor diputado, y usted bien
lo sabe. Usted bien sabe que la compra del voto, que las presiones de las diferentes
dependencias estatales a los trabajadores les exigían que si no votaban por su partido
los iban a correr.
238, 239, 240
También se dio el caso, en Cozumel, de que
se encontraron credenciales de elector falsificadas, eso usted también lo sabe. También
se sabe que en muchas partes de Quintana Roo hubo grupos de ese partido político que
estuvieron presionando afuera de las casillas para que promovieran el voto por su partido,
y eso ya no se vale.
En el sureste estamos viviendo épocas de
retroceso y es precisamente por eso que estamos aquí, en esta máxima tribuna, para
expresar que en Quintana Roo las cosas no han cambiado, que sigue como en el viejo estilo
y que precisamente por eso estamos aquí, para pedir al Tribunal Electoral Federal que, en
dado caso de que se anulen las elecciones en los diferentes municipios, podamos nuevamente
acudir a las urnas, el pueblo de Quintana Roo y efectivamente, ante los ojos de este
Congreso, se pueda ver que en Quintana Roo la gente puede salir a votar sin presiones y
libremente.
Eso es lo que el Partido Acción Nacional
quiere dejar aquí en esta tribuna.
Muchísimas gracias.
La Presidenta:
Gracias. ¿Diputado Esquiliano?
El diputado Héctor Nemecio Esquiliano
Solís
(desde su curul):
Para contestar alusiones personales,
señora Presidenta.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para contestar alusiones
personales, hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Esquiliano. Y se ha inscrito,
para rectificar hechos, el diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Héctor
Nemecio Esquiliano Solís:
Con su permiso, señora Presidenta:
Nada más quiero aclararle al señor
diputado Pallares que en ningún momento reconocí que el señor gobernador Joaquín
Hendrix haya metido las manos, o alguna autoridad en el proceso. Si las metieron, aquí yo
nunca lo expresé. Creo que estaba en otro lugar o en otra situación, pensando en lo que
él cree que es lo que sucedió.
Yo quiero decirles precisamente el pueblo
de México se ha dado las instituciones de los famosos tribunales, tanto locales como
federales. En esa virtud, todas esas anomalías que dicen que sucedieron por qué no las
reportaron en su momento.
Y lo que yo les pediría a los señores
diputados que arguyen esa situación que tienen el recurso del Tribunal Superior de
Justicia, digo, el recurso del Tribunal…
La Presidenta:
Diputado, ¿me permite un segundo? Diputado
Bernardo de la Garza.
El diputado Bernardo de la Garza Herrera
(desde su curul):
Para formular una pregunta al orador, si me
lo permite.
La Presidenta:
¿Permite usted, diputado Esquiliano,
una pregunta del diputado de la Garza?
El diputado Héctor Nemecio Esquiliano
Solís:
Adelante, sí.
La Presidenta:
Lo autoriza el orador y lo autoriza la
Presidencia, diputado.
El diputado Bernardo de la Garza Herrera
(desde su curul):
Muchas gracias al orador por su anuencia.
El órgano ciudadano es el consejo
distrital. Yo quisiera preguntarle al consejo distrital a quién entregó la constancia de
mayoría.
Muchas gracias.
El diputado Héctor Nemecio Esquiliano
Solís:
Lo dije en su momento. Le dieron la
constancia, pero ante las evidencias y pruebas que aportaron los partidos, tanto del Verde
Ecologista, el PAN, el PRI y el PRD, el Tribunal Estatal Electoral la revocó ése...
¡No!, ahí estuvieron y tuvieron 200 casillas impugnadas.
Señores, lo que yo quiero comentarles y
vuelvo a reafirmar aquí, yo creo que en la democracia se gana y se pierde y que nosotros
tenemos, afortunadamente nos hemos dado, el Tribunal Electoral Federal, que es la última
instancia y el PRI asume el compromiso de acatar la resolución que se dé, en momento y
en tiempo.
Gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado. Se consulta al
diputado Efrén Leyva si mantiene su solicitud para rectificar hechos.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo
(desde su curul):
Sí, señora Presidenta.
La Presidenta:
Adelante, diputado Leyva, por cinco
minutos.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Con su permiso, señora Presidenta:
Yo sólo quiero hacer algunas precisiones
de carácter jurídico que nos permitan realmente dar la imagen que hemos construido, que
nos permitan dar el escenario que hemos construido para que podamos someternos a los
diferentes órganos de carácter electoral.
Si bien es cierto de que hoy con claridad y
con todo su derecho que les asume al Partido Verde, hace el reclamo ante la revocación de
que fueron objeto de la constancia de mayoría, también es cierto de que los órganos
ciudadanizados no solamente son y terminan en los consejos municipales y distritales, sino
que también hay instancias de revisión tanto local como fue en este caso el tribunal
local electoral, que ante la evidencia, como lo consideraron ellos, los magistrados,
decidió anular la elección y revocar la constancia de mayoría.
Pero también ustedes nos vinieron a decir
aquí, compañeros, de que esperan que en la instancia superior, que es la última
instancia para poder interponer cualquier queja en relación a las cuestiones electorales,
que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una manera de
determinar cuál es la razón y a quién le asiste. Estamos justos precisamente en lo que
el diputado Esquliano vino aquí a confirmar; no son las manos ya del Gobierno las que
manejan las elecciones, no son las acciones de los órganos electorales las que lo hacen y
lo hemos visto casi todos los partidos. Nosotros lo hemos sufrido hace algún tiempo
cuando se entregó la constancia de mayoría en el Estado de Tabasco y de igual manera
fuimos objeto de la anulación y la revocación de la constancia de mayoría y si bien es
cierto que no estuvimos de acuerdo, nos ajustamos a ello y nos apegamos a cumplirla
cabalmente como debemos de hacerlo, legalmente.
Pero no es posible que se venga tampoco
aquí a señalar acciones que no le constan a nadie y que con una gran tranquilidad vienen
y dicen: "los compraron", "se vendieron", "les dieron
dinero" y que esas acciones que dijo la compañera diputada de Acción Nacional, creo
que son temerarias porque quien acusa tiene la obligación de probar, quien acusa tiene la
obligación de traer las pruebas para demostrar efectivamente ante la instancia, que
efectivamente se dieron esos hechos.
Y claro, para la ilustración del
compañero diputado de Acción Nacional, quiero decirle que no tan sólo si se anulan las
elecciones está obligada la instancia a volver a convocar a elecciones, sino que de
ninguna manera podría imponerse desde ningún órgano de gobierno, de ninguna instancia,
a un presidente municipal o a un consejo por tiempo indeterminado para concluir el
término de los tres años que le compete constitucionalmente de función a cada
presidente municipal o a cada ayuntamiento. Tendrá que nombrarse, si así se decide y se
ratifica en el Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrá,
si se confirma la revocación de la constancia de mayoría, al presidente municipal y se
anula la elección, tendrá que nombrarse seguramente un consejo por tiempo determinado
para que se convoque de inmediato a elecciones extraordinarias y se vuelva otra vez a
solicitar a la ciudadanía que ejerza su voluntad, que emita su voto y que pueda ahí
volver a hablar la gente en su mayoría.
Si ustedes están seguros que tienen la
mayoría de la gente que habrá de votar por ustedes. Bueno, señores, ajustémonos a las
leyes de las que estamos nosotros sujetos a observarlas. Tendremos que discutirlo y
tendremos que debatirlo, pero recordemos también de que el voto no se puede negociar, no
es negociable.
Aquí no podemos venir a negociar la
voluntad popular. Aquí podemos venir a denunciar las acciones que consideramos que nos
afectan, acciones que nos constan que tenemos nosotros pruebas constantes de ello y que
aquí podemos venir a hacer esa denuncia. Pero en una entidad soberana, en una entidad
como el Estado de Quintana Roo, que ejerció acciones completas, no puede venirse aquí a
tratar de hacer acciones o negociaciones temerarias. Porque eso es hacerlo de la manera
más fácil, es hablar, pero a la hora de probar entonces si había que complicarse la
situación.
Yo creo, como sucedió también en el
Estado de Tabasco, recordemos, que se anuló la elección de gobernador, cuando el mismo
día se había elegido al Congreso local y se había elegido también a los presidentes
municipales y no se tocó ninguna otra elección; solamente se tocó aquella de elección
de gobernador. No estuvimos de acuerdo pero nos ajustamos a ese precepto legal, porque
nosotros, nosotros somos los primeros que tenemos que observar la ley y reconocer las
instancias que marca la ley para la calificación de los procesos electorales.
Por eso quise hacer las precisiones
solamente. Habrá de respetarse la voluntad popular sin duda, habrá de respetarse. Pero
si encuentran también anomalías, están ahí las causales, que hablan también de anular
las elecciones cuando éstas marquen el porcentaje que marca la ley. Hubo anomalías en el
porcentaje que marcaba la ley del Estado de Quintana Roo...
La Presidenta:
Se le ha agotado su tiempo, diputado.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Termino, señora Presidenta.
...Y por eso se hizo la anulación de esta
elección.
Pero ajustémonos. Estamos dispuestos a
observar la ley. Esperemos, antes del día 9 tiene como plazo el tribunal electoral del
Poder Judicial de la Federación para emitir su resolución y sin duda, la que sea,
tendremos que observarla y tenemos que ajustarnos a lo que ellos nos digan.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Diputada, para contestar alusiones
personales. Por cinco minutos.
La diputada Alicia Ricalde Magaña:
Con su venia, señora Presidenta:
Discúlpeme, compañero diputado. Yo aquí
vine a expresar las mañosidades que hicieron en mi Estado. Yo no vine a acusarlos de
tontos, ¿sí? Por eso es que no les puedo comprobar lo que aquí dije, primero.
Segundo, usted ¿de qué Estado es? Porque
yo soy quintanarroense, Lenia. Viví el proceso electoral, no me lo contaron, ¿sí?, y
obviamente que existen leyes, pero también tenemos que estar conscientes que los
encargados de aplicarlas a veces no tienen ética ni moral y le voy a decir un ejemplo.
En mi isla, Isla Mujeres, de 15 mil
habitantes, con un padrón electoral de 8 mil votantes perdimos, supuestamente, por 41
votos. Ahí ustedes tuvieron más de 2 mil 850 votos. El 17 de febrero, domingo pasado,
tuvieron 2 mil 850 votos y estoy segura, compañero diputado, que ningún priísta se
quedó sin ir a votar.
Dígame usted o explíqueme, por favor,
¿por qué el domingo siguiente, en donde el proceso interno de ustedes solamente tuvieron
1 mil votos, dónde quedaron los 1 mil 850 priístas que votaron para la elección de la
alcaldía de mi municipio.
Es cuanto.
241, 242, 243
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo
(desde su curul):
¡Señora Presidenta, para contestar
alusiones personales!
La Presidenta:
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra el diputado Efrén Leyva y se ha registrado para rectificar hechos el
diputado Arturo Escobar y Vega.
El diputado Efrén Nicolás
Leyva Acevedo:
Gracias, señora Presidenta:
Primero quiero decirle, para no caer en
alusiones personales, que si no ha leído la Constitución, soy diputado de México, soy
diputado mexicano, no estoy limitado a hablar de una zona o de otra, tengo la libertad
absoluta y estoy protegido por el fuero constitucional precisamente para poder hablar de
las cuestiones que suceden en México. No puede limitarme; primer asunto.
Segundo asunto: tenga la seguridad que ya
hemos dado por ahí, hemos corrido por ahí alguna acción para que le hagan llegar un
diccionario, en virtud de que la palabra "mañosidad" la buscamos ahorita y no
encontramos realmente qué cosa era eso.
Y, por otro lado, quiero decirle que
efectivamente, ojalá hubiera el nivel para dar el debate, porque si no tuvieran la
capacidad de llevar ustedes a votar a la gente y después quieren ajustarse con una
situación que es totalmente diferente, una elección interna con una elección
constitucional, que no tiene la menor acción comparativa, que son cosas diferentes, no
podemos ajustarnos ahí; ajustémonos a la voluntad popular. La democracia es ganar o
perder y se gana con un voto, no con 41 necesariamente, con uno sólo que hubiera sido la
diferencia, está el triunfo marcado claramente.
Y ahí están las instancias. ¿No están
de acuerdo? ¡Compruébenlas! Vienen a hablar aquí, a acusar sin elementos que reconoce
aquí...
La Presidenta:
Diputado Efrén Leyva.
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Sí, diputada Presidenta.
La Presidenta:
Dado que la diputada Alicia Ricaldi
quiere formular una pregunta, ¿autoriza usted una pregunta?
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Con mucho gusto.
La Presidenta:
Activen el sonido en la curul de la
diputada Ricaldi.
La diputada Alicia Ricalde Magaña
(desde su curul):
Acepto el diccionario que usted amablemente
me va a enviar. Me pudiera contestar: ¿qué es caballerosidad y mapachería? ¿Conoce
usted esos términos?
El diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo:
Perdóneme, pero que yo sepa hasta este
momento los mapaches estuvieron en una reunión cerrada, donde se eligió a un líder de
algún partido. No los conozco que hayan entrado en otro lado ni tampoco conozco cuál es
el término. Entonces, discúlpeme, pero en ese sentido no entiendo a qué se refiere, si
no fuera a ese efecto en particular.
La caballerosidad, he sido un caballero y
estoy a sus órdenes como caballero, he sido respetuoso, no he faltado al respeto a nadie.
Pero creo que aquí a lo que debemos de ajustarnos es al respeto a la voluntad popular,
que es lo que obliga. Si vamos a participar, participemos, pero respetando la voluntad
popular.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta:
Muy bien, diputado.
Tiene la palabra el diputado Escobar y
Vega, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Escobar y
Vega:
Gracias, señora Presidenta:
Felicito al diputado Efrén Leyva, por
sumarse al punto de acuerdo propuesto por el Partido Verde Ecologista de México y lo
convoco para que de manera conjunta trabajemos también para entrevistarnos con los
magistrados del Tribunal de Guerrero, para en las próximas elecciones de este año,
juntos podamos tener una relación cercana con los magistrados, todos los partidos
políticos y que no pase lo que está pasando en Quintana Roo.
Por supuesto que no hay pruebas o las
pruebas son limitadas, pero los indicios son enormes. En las elecciones, repito, que ganó
el PRI el 17 de febrero, ninguno de los recursos de inconformidad procedieron, ninguno. En
la única elección que en su historia pierde el PRI en Quintana Roo, anulan la elección.
¡Por supuesto que está el gobernador metido, no hay duda! Tenemos información que tres
días antes de que resolviera el tribunal ya había información de que se iba a anular la
elección. Se anulan, repito, con 85 casillas, exactamente el 20.89% de lo que se
necesitaba.
¿Qué pasó con su solidaridad? Enormes
irregularidades, pero el tribunal, este tribunal autónomo resuelve que no son suficientes
para anularla. En los 15 distritos electorales no hay suficiencia para anularla. Se quiere
anular nada más lo que perdió el PRI. ¡Esto no puede ser! Y más aún porque hay muchos
priístas que están buscando que el voto se respete como medida principal de la
democracia.
Tenemos que aceptar que hubo poca
sensibilidad política, que el gobernador metió las manos y que ustedes están
conscientes que sí fue un golpe muy fuerte perder Cancún, ¡lo sabemos todos! El 85% de
los recursos del Estado de Quintana Roo provienen de la ciudad de Cancún.
Se quiera o no se quiera, el Partido Verde
gobernará Benito Juárez a partir del 10 de abril.
Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Barbosa, para
rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta:
Gracias, señora Presidenta:
Aclaro que no soy diputado de Quintana Roo,
soy diputado de Puebla.
Hemos escuchado con atención los
argumentos de todos los legisladores que han comparecido a esta tribuna. Han sido
argumentos muy ricos en información, verdaderos análisis jurídicos de todo lo que pasó
allá en Quintana Roo; de igual forma, hemos enriquecido nuestro vocabulario con algunas
palabras y hemos visto cómo se mueven las bancadas con asesores como mi amigo Sergio
Vaca, ahí caminando por el escenario.
Yo quiero decirles que decidimos estar en
esta tribuna en este interesante, largo e intenso y a veces aburrido debate, para
establecer que efectivamente podemos estar ante la presencia de un proceso electoral,
local, en el cual los gobernadores juegan un papel determinante, es cierto, en el que los
órganos electorales en los estados aún no tienen esa independencia que requiere la
democracia; la democracia no es ganar y perder, como aquí se pretendió definir, ésa es
competencia electoral compañeros. La democracia es un sistema de vida, es más amplio el
concepto.
Afortunadamente ya hay un Tribunal
Electoral, el Poder Judicial de la Federación, que revisa con estricto derecho las cosas,
a veces ese estricto derecho vulnera la voluntad de los ciudadanos que votan, porque
efectivamente analizar con tecnicismos jurídicos cómo se integra una casilla, cómo se
desarrolla la jornada electoral, podría provocar la nulidad de la votación cuando
efectivamente los ciudadanos son ajenos a esa integración de ese órgano y anular la
votación.
Queremos más responsabilidad de quienes
acuden a esta tribuna para poder plantear sus cosas. Esta Cámara de Diputados no podrá
designar comisiones investigadoras para cada caso; tendrá que preocuparse por
planteamientos generales, por presionar a los gobiernos en los estados con el respeto a la
soberanía y a su competencia para avanzar en esos códigos electorales aun de otra
época.
Por tanto nosotros nos pronunciamos por la
legalidad y por el respeto a las decisiones de los órganos electorales.
Muchas gracias.
La
Presidenta:
Gracias, señor diputado.
Túrnese la solicitud con punto de
acuerdo presentada por el diputado Arturo Escobar y Vega, a la Junta de Coordinación
Política.
Las proposiciones con punto de acuerdo
relativas a solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, que había registrado el PRI y la relativa a la problemática del delta
del río Colorado que había registrado el grupo parlamentario de Acción Nacional, se
posponen para la próxima sesión.
TARIFAS
ELECTRICAS
La Presidenta:
Como último asunto del orden del día de
hoy, se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo
parlamentario del PRD, para presentar una proposición en relación a una controversia
institucional vinculada a la disminución de subsidios en las tarifas eléctricas, hasta
por cinco minutos.
El diputado Alfredo Hernández Raigoza:
Con su permiso, compañera Presidenta:
Presento ante esta soberanía un punto de
acuerdo como de urgente y de obvia resolución, a fin de que la Cámara de Diputados
interponga controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal por la
promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de
febrero del año en curso, respecto del aumento de las tarifas eléctricas y la
eliminación del subsidio a las mismas.
Dicho punto de acuerdo lo sustento en las
siguientes
consideraciones
El acuerdo del 7 de febrero mediante el
cual el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda, aumentó de manera
unilateral y por demás arbitraria las tarifas eléctricas y que mediante este acto
eliminó el subsidio que se venía dando a los consumidores de energía eléctrica,
violentó nuestra Constitución de manera flagrante en diversos preceptos constitucionales
en perjuicio de facultades y atribuciones de esta honorable Cámara de Diputados.
En efecto, desde el artículo 1o. de
nuestra Constitución, el cual establece que las garantías otorgadas por la propia
Constitución, no podrán suspenderse o restringirse sino en los casos y las condiciones
que ella misma establece, quedando claro que el precisado acuerdo ha cancelado y
suspendido y restringido hasta cierto punto el subsidio al servicio público de energía
eléctrica a millones de usuarios domésticos o residenciales.
Por consecuencia, nos encontramos que por
igual se vulnera el artículo 14 constitucional el cual dispone acerca de la
irretroactividad de la ley y de las garantías individuales y sociales de los ciudadanos
que también son usuarios del servicio público de energía eléctrica.
Se viola también lo establecido en los
artículos 25 y 26 constitucionales respecto a la rectoría del Estado para el desarrollo
nacional y su planeación democrática, así como el principio y mandato fundamental sobre
la exclusividad de la nación para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público como lo
establece el artículo 27 constitucional en su fracción VII.
El infundado y motivado acuerdo que se
cuestiona, contraviene lo dispuesto por los artículos constitucionales 72 en su inciso h,
teniendo este artículo relación con el artículo 73 en su fracción X como facultad del
propio Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre energía eléctrica
y nuclear.
Asimismo, se viola la exclusividad que
otorga la Constitución en su artículo 74 fracción IV, a la Cámara de Diputados, para
englobar en el Presupuesto de Egresos los gastos de la Federación.
Otro precepto violado en el acuerdo del 7
de febrero por el Ejecutivo Federal, es el artículo 92 constitucional respecto al
refrendo que deben tener los acuerdos del Ejecutivo Federal cuando se trate de una materia
donde intervengan dos o más secretarías, las violaciones no paran en la Constitución
sino también se dan a leyes federales, tal es el caso de la violación a lo establecido
por el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación al no pedir la opinión,
en tiempo y forma, de la Cámara de Diputados respecto al aumento de las tarifas,
situación que se corrobora con la solicitud a destiempo que se hace a esta soberanía a
través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por parte del Ejecutivo Federal.
244, 245, 246
«Por lo anterior, solicitamos que esta
Cámara de Diputados interponga controversia constitucional en contra del Ejecutivo
Federal al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Dado que es necesario conservar en nuestro
Estado de Derecho donde el gobernado como el gobernante respeten todas y cada una de las
leyes a las que estamos sujetos, máxime si se trata de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Dado que el Poder Ejecutivo Federal en
opinión de los diputados abajo firmantes consideran que el Ejecutivo Federal a través
del Secretario de Hacienda violó nuestra Constitución en sus artículos 1o., 14, 25, 26,
27, 28, 92, 128 y 134.
Dado que el Poder Ejecutivo Federal
asimismo, a través del Secretario de Hacienda, invadió funciones del Poder Legislativo
expresadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
72, inciso h; 72 fracción X y fracción XXIX inciso a, apartado V y 74
fracción IV.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución:
Unico. La Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión acuerda presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y de la dirección general de asuntos
jurídicos, de conformidad con el inciso I párrafo primero del artículo 23 de la
Ley Orgánica del Congreso General, una demanda de controversia constitucional en contra
del Ejecutivo Federal, en términos de lo previsto por el artículo 105 fracción I,
inciso c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la
inconstitucionalidad del acuerdo de fecha 7 de febrero del año 2002 publicado y
promulgado en el Diario Oficial de la Federación, por la extralimitación de
facultades y atribuciones del Ejecutivo Federal, por el cual autorizó el ajuste,
modificación, reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de energía
eléctrica y reduce el subsidio en las tarifas domésticas en perjuicio de las facultades
y atribuciones del honorable Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados
expresamente señaladas en la Constitución de la República, perjudicando asimismo a los
usuarios domésticos en la República Mexicana.
Atentamente.
Firman este punto de acuerdo los siguientes
diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; Arturo Herviz, María
de las Nieves, del PRI y Ricardo Moreno, del PRD, Iván Carlos Regis, del
PT; Víctor García Dávila, del PT; Beatriz Lorenzo Juárez, del PAS; Pedro
Miguel Rosaldo, del PRD; Norma Enriqueta Bacilio, del PRI; Esther López
Cruz, del PRI; José Antonio Calderón, del PAS; Manuel Añorve y
especialmente el PRI que se suma a este punto de acuerdo.»
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado Raigosa.
Esta Presidencia tiene la obligación de
someter el punto de acuerdo al trámite que nos ha solicitado el diputado Raigosa, sin
embargo, en uso de las atribuciones que con la representación jurídica de la Cámara de
Diputados tiene la Mesa Directiva, me considero con la responsabilidad de comentar a este
honorable pleno que la presentación de una controversia constitucional debe estar
debidamente fundada en derecho.
En ese sentido, el acuerdo que determine
esta Cámara se procesará por esta Mesa Directiva en el sentido que lo determine esta
Cámara, en consulta con el área jurídica correspondiente para que nuestra presentación
tenga la sustentación jurídica necesaria...
Activen el sonido en la curul del diputado
Raigosa.
El diputado Alfredo Hernández Raigosa
](desde su curul):
Si me permite, compañera Presidenta.
Al haber hecho una reducción del tiempo de
la participación de los diputados no da oportunidad de expresar el contenido del
documento. Lo entregué a la Secretaría para que se inserte además en el Diario de
los Debates. Pero además le hago otra precisión.
La premura de presentarlo como un punto de
urgente y obvia resolución tiene que ver con el vencimiento del término constitucional
para presentar la controversia que fenece el próximo viernes. Por lo tanto, desde mi
apreciación no ha lugar la apreciación que usted da y le pediría que lo ponga a
consideración del pleno en virtud de la premura del término que establece la ley para
fenecer esta posibilidad de la controversia.
«Diputada Federal Beatriz Paredes Rangel,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Compañeras diputadas y estimados
legisladores:
El suscrito, diputado federal, integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los
artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de
acuerdo como urgente y de obvia resolución, a fin de proteger los intereses de millones
de consumidores de energía eléctrica, así como para conservar nuestro Estado de Derecho
y los principios fundamentales de nuestra Constitución Política.
Dicho punto lo sustento con base en las
siguientes
CONSIDERACIONES
I. De nueva cuenta, esta representación
popular, se encuentra frente a una política por parte del Ejecutivo Federal, de hechos
consumados. En efecto, a partir de la fecha en que fue publicada la cancelación de los
subsidios y aumento a las tarifas del servicio publico de energía eléctrica, para los
usuarios o consumidores domésticos, se ha dado en el debate de la nación y dentro del
territorio nacional, un mayoritario rechazo ciudadano a tales decisiones, sin olvidar que
los servicios prestados por los organismos públicos descentralizados denominados
Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro respectivamente, se aplican a
un promedio de 24.5 millones de usuarios en la República, de ellos el 0.59% se destina al
sector Industrial, el 10.32% al sector comercio, el 0.49% al sector agrícola, el 0.65% al
sector servicios y el 87.95% a los usuarios domésticos, creando seis nuevas tarifas de
servicio doméstico de alto consumo (DAC), que van de los 250 kwhmes, hasta los 2 mil
kwhmes, impactando al 70% de la población usuaria del servicio, siendo que el subsidio
para la tarifa industrial, asciende al 60% del mismo y se encuentra intocado a la fecha y
el restante 40% para el servicio doméstico que ahora se reduce, afectando, con un
incremento real del 80% por las nuevas tarifas domésticas de alto consumo, que significan
alrededor de 12 millones de hogares, de los sectores medios y populares de la ciudad y del
campo, de una manera desproporcionada e inequitativa.
II. Al respecto, esta decisión del
Gobierno, debió sustentarse en el cumplimiento de los mandatos constitucionales y sus
leyes secundarias, dado su carácter estratégico y pilar fundamental para la soberanía
energética de la nación y de su desarrollo y no es permisible su incumplimiento por
razones ajenas al interés nacional, en virtud de que no es válido que un acuerdo
administrativo que suscribió el Secretario de Hacienda y Crédito Publico en forma
individual; licenciado José Francisco Gil Díaz, para reducir o cancelar los subsidios y
aumentar por otra parte las tarifas domésticas, cuyo impacto social y económico es en
detrimento de la población de ingresos: medios y bajos, principalmente. Tal y como lo
hemos observado en las distintas manifestaciones y expresiones ciudadanas y de actores y
sujetos sociales en el país, durante las últimas semanas, a partir de la publicación
del referido acuerdo, el cual, en la sociedad, no ha tenido apoyo popular alguno, por el
contrario únicamente ha generado rechazo y profundos reclamos respecto a promesas
postergadas y contrarias al interés social.
III. Es fundamental, el señalar ante esta
soberanía, que el controvertido acuerdo administrativo que se cuestiona, violenta a
nuestra Carta Magna, en diversos preceptos constitucionales, en perjuicio de las
facultades y atribuciones de esta Cámara de Diputados, así como al orden social; al
orden público y al orden jurídico constitucional. En efecto, desde el artículo 1o. de
nuestra Carta Magna, el cual establece que las garantías otorgadas por la propia
Constitución no podrán suspenderse o restringirse, sino en los casos y las condiciones
que ella misma establece, quedando claro que el precitado acuerdo, ha cancelado,
suspendido y restringido hasta cierto punto el subsidio al servicio publico de energía
eléctrica a millones de usuarios domésticos o residenciales, sin oportunidad de defensa
u opinión al respecto y de paso en forma inconsulta se les aumentan las tarifas, a un
escaso mes de haberse aprobado por esta Cámara la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2002.
IV. Por consecuencia, nos encontramos que
por igual, se vulnera el artículo 14 constitucional, el cual disponen acerca de la
irretroactividad de la ley y de las garantías individuales y sociales de los ciudadanos,
que también son usuarios del servicio público de energía eléctrica, como también lo
establecido en sus artículos 25 respecto a la rectoría del Estado para el Desarrollo
Nacional y su Planeación Democrática en su artículo 26 y como principio y mandato
fundamental; la exclusividad de la nación para: generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del
servicio público, como lo establecen el artículo 27 y su fracción VII constitucionales.
De igual importancia resulta lo ordenado en el artículo 28 en su párrafo quinto
constitucional, para que el Estado, cuente con los organismos y empresas que requieran
para el manejo de las áreas estratégicas a su cargo, de carácter prioritario y de
acuerdo a las leyes de la nación.
V. El infundado e inmotivado acuerdo que se
cuestiona, contraviene lo dispuesto por los artículos 72 en su inciso h; el que
expresamente mandata: "la formación de las leyes o decretos puede comenzar
indistintamente en cualquiera de las dos cámaras con excepción de los proyectos que
versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas,
todos los cuales deberán discutirse en la Cámara de Diputados". Teniendo este
artículo relación con el artículo 73 en su fracción X como facultad del propio
Congreso de la Unión, para legislar en toda la República sobre energía eléctrica y
nuclear y en su fracción XXIX-A; para establecer contribuciones y en su apartado quinto
como contribuciones especiales sobre: a, energía eléctrica y como facultad exclusiva de
la Cámara de Diputados en su artículo 74 fracción IV para examinar, discutir y aprobar
anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las
contribuciones que ha su juicio, deban decretarse para cubrirlo.
VI. En el artículo 92 constitucional, a su
vez se establece, que los reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes del Presidente, deben
estar firmados por el secretario del despacho a que el asunto corresponda, observando que
el acuerdo en cuestión, carece del refrendo constitucional correspondiente que le dé
sustento, legalidad, legitimidad y validez jurídica-constitucional, ya que, el Secretario
de Hacienda y Crédito Público debió haber suscrito conjuntamente con el Secretario de
Energía el acuerdo del 7 de febrero y con ello guardar la Constitución y las leyes que
de ella emanen, haciendo que la administración de la Secretaría a su cargo y de las
paraestatales del sector eléctrico involucradas, se desempeñen con eficiencia, eficacia
y honradez, en beneficio de la ciudadanía en general, dada su naturaleza de ser un
servicio público, establecidos a su vez en los artículos 128 y 134 de nuestra Norma
Fundamental. Situación que no cumplió el Secretario de Hacienda y Crédito Público,
violando con ello nuestra Constitución Política y lo correspondiente de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal en su artículo 13, que señala: "... y cuando
se refieran asuntos de la competencia de dos o más secretarías o departamentos, deberán
ser refrendados por todos los titulares de los mismos".
VII. ¿En estas decisiones fundamentales,
participaron los sectores público, privado o social? ¿Intervino en tiempo y forma, el
Banco de México conforme a las leyes aplicables al caso? ¿Acaso fue consultado el
Congreso de la Unión y particularmente esta Cámara en tiempo y forma? ¿Porque olvido y
omitió el Ejecutivo Federal, cuales son las facultades y atribuciones del propio Congreso
al respecto y las exclusivas de esta legisladora?
VIII. Conviene recordar, que el día 1o. de
enero del presente año, que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del presente
ejercicio fiscal, fue considerado el Presupuesto, tanto de la Comisión Federal de
Electricidad, como el del organismo descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro y
en ambos presupuestos están incluidos los subsidios que serán cubiertos a la población
por concepto de servicio doméstico, formando parte los subsidios de ambas entidades del
sector eléctrico, a propuesta del Poder Ejecutivo Federal y examinado, discutido y
aprobado anualmente en forma exclusiva por la Cámara de Diputados.
IX. En este sentido, el artículo 59 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, establece que
serán responsables, en el ámbito de sus competencias los titulares de las dependencias y
entidades con cargo a dichos presupuestos, para la ministración de estos subsidios y sus
transferencias, como la asignación de recursos federales previstos en el mismo decreto y
que se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad o a las entidades federativas,
proporcionando a los usuarios o consumidores los bienes y servicios a precios y tarifas,
en condiciones distintas a las del mercado, para el desarrollo de las actividades
prioritarias de interés general y considerando las regiones o estados de la República en
condiciones climáticas extremas, circunstancias que el referido acuerdo que se impugna,
no tomo en consideración.
247, 248, 249
X. Asimismo en el artículo 11 del
precitado Presupuesto de Egresos de la Federación, establece que el Ejecutivo podrá
autorizar adecuaciones presupuestales por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, mismas que deben ser enteradas a la Cámara de Diputados en los
informes trimestrales correspondientes y si estas adecuaciones presupuéstales ocasionan
en conjunto una variación mayor al 10% del presupuesto total de alguno de los ramos que
comprende el presupuesto o de las entidades públicas, se deberá solicitar opinión a la
Cámara y está deberá emitir opinión a las adecuaciones solicitadas en un plazo máximo
de 10 días naturales a partir de la remisión de la solicitud planteada por el Ejecutivo
Federal, con lo que el Ejecutivo resolverá lo conducente conforme a la ley.
XI. Además, el Ejecutivo Federal, debió,
con responsabilidad republicana y respetando el principio fundamental de la división de
poderes, informar a esta soberanía las modificaciones de los ingresos de las entidades
involucradas, incumpliendo lo establecido en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de
la Federación y solicitar de igual manera la opinión de la Cámara de Diputados sobre
dichas adecuaciones presupuéstales y hecho que fuere, proceder en consecuencia.
XII. Por ello, tardíamente el
subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, licenciado
Guillermo Bernal Miranda, envió al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados, Luis Pasos de la Torre, el 6 de marzo de 2001, la
propuesta de adecuación al presupuesto de la CFE y LyFC autorizado en el 2002,
respectivamente. La propuesta consiste en los siguientes puntos:
a) La CFE solicita una ampliación a su
techo de gasto programable por 8 mil 677 millones 500 mil pesos, incremento que se
destinará al capítulo de obra pública (9.5% mayor al autorizado que fue de 91 mil 107
millones 500 mil pesos).
b) LyFC solicita una ampliación a su techo
de gasto programable por 1 mil 653 millones de pesos en inversión física (10.5% superior
al autorizado que fue de 15 mil 749 millones 100 mil pesos).
c) Aclara la dependencia que ambos
incrementos al gasto programable, los sustentan en lo establecido en el artículo 19 del
decreto de Presupuesto de Egresos de 2002, ya que se estiman mayores ingresos derivados
del acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para
suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del año 2002.
XIII. En el presente caso, se cuestiona el
acuerdo en comento, porque en forma discrecional y arbitraria se adecuaron los
presupuestos de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, en el cual, se
consideró lo presupuestado tanto a la Comisión Federal de Electricidad como de Luz y
Fuerza del Centro respectivamente, acordados, sancionados, promulgados y publicados en el Diario
Oficial de la Federación, en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
correspondiente, el cual fue examinado, discutido y aprobado por esta colegisladora, en
forma exclusiva y los subsidios asignados o autorizados para dichas paraestatales, que
forman parte integral del Presupuesto y Ejercicio Anual de ambas entidades del sector
eléctrico, contraviniendo la constitucionalidad y su normatividad, en agravio y perjuicio
de la división de poderes y del Estado de Derecho, por lo cual se solicita se interponga
controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal al tenor de las siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
I. Dado que es necesario conservar nuestro
Estado de Derecho, donde el gobernado como el gobernante respeten todas y cada una de la
leyes a las que estamos sujetos, máxime si se trata de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
II. Dado que el Poder Ejecutivo Federal en
opinión de los diputados abajo firmantes consideran que el Ejecutivo Federal, a través
del Secretario de Hacienda y Crédito Público violó nuestra Carta Magna en sus
artículos 1o.,14, 25, 26, 27, 28, 92, 128 y 134.
III. Dado que el Poder Ejecutivo Federal
asimismo a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público invadió funciones del
Poder Legislativo expresadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en sus artículos 72 inciso h; 73 fracción X y XXIX-A apartado quinto y 74
fracción IV.
IV. Dado que el Secretario de Hacienda y
Crédito Público violo lo establecido en los artículos 11 y 59 del decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
V. Dado que el Secretario de Hacienda y
Crédito Público violó lo dispuesto y ordenado en el artículo 13 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal y
VI. Dado que es responsabilidad de esta
soberanía hacer valer su derecho en un marco de respeto y de equilibrio de poderes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado
someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, acuerda presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, de conformidad con el inciso I párrafo primero del artículo
23 de la Ley Orgánica del Congreso General, una demanda de controversia constitucional en
contra del Ejecutivo Federal en términos de lo previsto por el artículo 105 en su
fracción I inciso c, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por la inconstitucionalidad del acuerdo de fecha 7 de febrero del año 2002,
publicado y promulgado en el Diario Oficial de la Federación, por la
extralimitación de facultades y atribuciones del Ejecutivo Federal, por el cuál,
autorizó el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para el suministro y
venta de energía eléctrica y reduce el subsidio de las tarifas domésticas, en perjuicio
de las facultades y atribuciones de esta Cámara de Diputados, expresamente señaladas en
la Constitución de la República, perjudicando asimismo a los usuarios domésticos en la
República Mexicana.
Compañeras diputadas y estimados
legisladores, es preciso que aprobemos el presente punto de acuerdo, a fin de que
respetemos los principios de igualdad y equilibrio entre los poderes de la Unión.
El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial
tienen asignadas sus funciones, no permitamos que ninguno de ellos invada las funciones
del otro y caigamos en una simulación de República Federal Democrática.
No nos opongamos a aprobar el presente
punto de acuerdo, si lo hacemos, esta soberanía se estará convirtiendo en protector de
la ilegalidad del Ejecutivo Federal, pero lo más grave es que estaríamos siendo Juez y
Parte, al no permitir que las instancias que hemos creado y en la cual hemos confiado
resuelvan esta controversia.
Entonces que no haya desconfianza en dejar
al Poder Judicial de la Federación en resolver si el Ejecutivo Federal invadió funciones
de esta soberanía que sea este poder el encargado de dirimir la controversia y no
nosotros, no una fracción parlamentaria, no un grupo de legisladores, sino el Poder
Judicial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 20 de marzo de
2002.— Diputado Alfredo Hernández Raigosa, por el XIX Distrito Electroral.»
La Presidenta:
Desde luego diputado Raigosa, por eso
inicié mi comentario señalando que lo primero que haré es someter el trámite que usted
nos solicitó y al mismo tiempo, en cuidado de nuestra responsabilidad jurídica y del
prestigio de esta Cámara, hice el comentario subsecuente.
Le ruego a la Secretaría dé lectura al
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Diputado Martí Batres. Un momento,
Secretario. Activen el sonido en la curul en la que está el diputado Batres.
El diputado Martí Batres Guadarrama
(desde su curul):
Señora Presidenta, solamente en relación
con los comentarios que hacía usted hace algunos momentos, lo que quiero señalar es lo
siguiente. Por supuesto que el área jurídica del órgano legislativo tiene que
intervenir en el caso de que se interponga una controversia por parte de este órgano
legislativo, pero es el órgano legislativo el que toma la decisión política de, en su
caso, interponer dicha controversia y entonces instruya al área jurídica para auxiliar
precisamente en este terreno, en la fundamentación de dicha controversia en su propia
elaboración, incluso de manera minuciosa.
Por lo tanto, la decisión es del pleno de
la Cámara de Diputados y en su caso de aprobarse el propio pleno instruye a su área
jurídica para auxiliarse a lo largo de dicho proceso, como ha sido en casos anteriores en
precedentes anteriores.
La Presidenta:
Coincido con su criterio, diputado
Batres, simplemente era una referencia jurídica que no se puede omitir para cuidar
responsablemente que las controversias constitucionales que interponga esta Cámara, en su
caso, tengan debido sustento en derecho.
Le ruego a la Secretaría dé lectura al
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
Artículo 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior.
"En los casos de urgencia u obvia
resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la
Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar
curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a
discusión inmediatamente después de su lectura."
La Presidenta:
Muchas gracias.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
Por instrucciones de la Presidencia de
conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta
a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo...
La Presidenta:
Se consulta a la Asamblea, dado que es
evidente que la votación a simple vista deja lugar a duda, si desea la Asamblea que se
abra el tablero.
Le ruego a la Secretaría vuelva a
consultar en votación económica.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
Los diputados que estén por la
afirmativa que se considere como urgente resolución el punto de acuerdo, sírvanse
manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo...
La Presidenta:
Dado que el artículo 59 señala que la
urgente y obvia resolución se califica por las dos terceras partes de los individuos de
la Cámara, no hay las dos terceras partes y si hubiese alguna objeción, se abre el
tablero.
No se considera de urgente y obvia
resolución, turno a la Junta de Coordinación.
El diputado Tomás Torres Mercado
(desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Diputado Tomás Torres.
Activen el sonido en la curul 38.
Gracias, señora Presidenta.
El diputado Tomás Torres Mercado
(desde su curul):
Solamente con el respeto y atención
debidos, porque celebraba anticipadamente el señor Secretario el resultado, le ruego,
señora Presidenta, que le dé la certificación la Secretaría del cómputo respectivo,
por favor.
La Presidenta:
Le ruego a la Secretaría informe a esta
Presidencia su percepción sobre el cómputo.
El secretario Adrián Rivera Pérez:
Mayoría por la negativa.
250, 251, 252
El diputado Tomás Torres Mercado
(desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Activen el sonido en la curul del diputado
Tomás Torres.
El diputado Tomás Torres Mercado
(desde su curul):
Celebrar y reconocer, señora Presidenta,
la atención a mi petición.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Gracias, diputado.
No se considera de urgente y obvia
resolución y se turna a la Junta de Coordinación Política.
DIA MUNDIAL DE LA FORESTACION
La Presidenta:
Nos ha solicitado la diputada del Partido
Verde Ecologista se incorpore su intervención en efemérides en el Diario de los
Debates y en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con todo gusto
atendemos su solicitud.
«Día Mundial de la Forestación (21 de
marzo).
Con su permiso señora Presidenta;
compañeras y compañeros diputados:
Desde tiempos inmemorables, el ser humano y
los bosques hemos estado conectados a través de una especial relación basada en la
supervivencia mutua, relación que antes manteníamos con respeto y dignidad.
Sin embargo, el hombre comenzó a
trastornar este equilibrio y empezó a ver al bosque no como parte de sí mismo, sino como
algo a ser conquistado, como algo que aparentaba no tener límites, por lo que su
explotación ha sido de manera irresponsable.
Los niveles de deforestación son
alarmantes. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, la cobertura forestal del planeta ha pasado de 6 mil millones de
hectáreas hace unos 8 mil años, a cerca de 3 mil 500 millones en la actualidad. Cada
año desaparecen en el mundo entre 14 y 15 millones de hectáreas.
En México, en los últimos siete años, la
tasa de deforestación anual casi se ha duplicado, convirtiéndonos en el segundo país,
después de Brasil, con graves problemas de deforestación, teniendo una pérdida de masa
forestal y vegetal que ha pasado de 600 mil hectáreas, a más de 1 millón cada año,
extensión similar a la del Estado de Querétaro.
De seguir con esta tendencia, en 127 años
los bosques mexicanos desaparecerían en su totalidad, mientras que en 58 años no habría
más selvas.
Hacemos un exhorto a las autoridades
ambientales, especialmente a la Conafor, para que realmente se vea reflejado este esfuerzo
legislativo en el cumplimiento de sus objetivos y metas. Sólo así podremos destinar cada
vez más recursos a la conservación y restauración de nuestros bosques.
Asimismo, debemos reconocer que aun cuando
la actividad de forestación todavía constituye un proceso reciente en el país, México
es una de las naciones que exhibe innumerables ventajas naturales para el desarrollo
forestal.
Estamos convencidos que es indispensable
impulsar una enérgica política forestal que permita el desarrollo de nuevas
tecnologías, mejoramiento de las especies forestales más eficientes, aprovechamiento de
los mejores sitios forestales y una gran capacidad de inversión en el sector.
Estos datos claramente indican que los
bosques sí tienen límites y por ello, es tiempo de regresar al anterior equilibrio para
asegurar que el clima y la atmósfera, sean adecuados para la sobrevivencia humana, ya que
los bosques y selvas son indispensables en los procesos de captura de carbono, ciclo
hidrológico, protección de suelos y biodiversidad.
Es aquí donde surge la importancia de la
forestación que a nivel mundial celebramos este 21 de marzo y cuya atención y promoción
es de la mayor relevancia para los legisladores del Partido Verde Ecologista de México.
Prueba de ello, es que en la discusión del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2002, promovimos un incremento de
mil millones de pesos al presupuesto de la Comisión Nacional Forestal para que se
incentiven programas de forestación, tales como el Pronare, Prodefor y Prodeplan.
Finalmente, consideramos que se debe
fomentar urgentemente la cultura forestal para impulsar el uso eficiente, diversificado y
sostenido de los elementos que integran los ecosistemas forestales, a fin de incrementar
la participación de este sector en la economía local y nacional, pero garantizando la
conservación de nuestros bosques y selvas.
Es tiempo de pensar en la conservación de
los bosques para lograr la preservación de nuestra especie: el hombre.
Es cuanto, señora Presidenta.
Muchas gracias.
Atentamente.
Diputada Julieta Prieto Fuhrken.»
La Presidenta
Aunque no se han agotado los asuntos en
cartera, habíamos comentado con los legisladores la conclusión de la sesión y les
informo a efecto de que puedan preverlo en su agenda que la próxima semana sesionaremos
los días lunes y martes.
CLAUSURA
Y CITATORIO
La Presidenta (a las 15:43 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la
que tendrá lugar el próximo lunes, 25 de marzo, a las 10:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
• Tiempo de duración: 5 horas 4
minutos.
• Quorum a la apertura de
sesión: 262 diputados.
• Asistencia al cierre de registro:
441 diputados.
• Diputado que solicita licencia: 1.
• Diputado que cambia de grupo
parlamentario: 1.
• Acuerdos aprobados: 6.
• Proposiciones con punto de acuerdo:
9.
• Excitativas a comisiones: 2.
• Efemérides: 1.
• Oradores en tribuna: 35
PRI–6; PAN–10; PRD–7;
PVEM–6; PT–1; PSN–1; PAS–1; CDPPN–2; Dip.Ind.–1.
Se recibió:
• 3 comunicaciones de la Junta de
Coordinación Política, por las que informa de cambios en la integración de comisiones
legislativas ;
• 1 comunicación del Congreso del
Estado de Tabasco;
• 1 comunicación de la Asamblea
legislativa del Distrito Federal;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores;
• 1 iniciativa del Congreso del Estado
de Jalisco;
• 2 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del CDPPN;
• 4 iniciativas del PAN;
• 1 iniciativa del PVEM.
Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas
disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
253, 254, 255
DIPUTADOS
QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)
|
Diputado |
Tema |
| • Agundis Arias, Francisco
(PVEM) |
Periodo de
sesiones extraordinarias, solicita excitativa a la Junta de Coordinación Política, en
relación con la proposición con punto de acuerdo sobre el análisis de las reformas
aprobadas a diversas disposiciones fiscales, presentada en la sesión de la Comisión
Permanente del día 9 de enero de 2002. |
| • Barbosa Huerta, Luis
Miguel Gerónimo (PRD) |
Estado de
Quintana Roo, respecto a proposición con punto de acuerdo para crear una comisión
especial que investigue las resoluciones del Tribunal Electoral de esa entidad, en
relación con las elecciones del pasado 17 de febrero en el municipio de Benito Juárez. |
| • Batres Guadarrama, Martí
(PRD) |
Poder
Legislativo, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona o deroga
los artículos: 65, 66, 69, 78, 84, 85, 87, 88, 93 y 99 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo. |
| • Bortolini Castillo, Miguel
(PRD) |
Maíz,
solicita modificar el turno de la proposición con punto de acuerdo sobre maíz
transgénico, presentada el 15 de diciembre de 2001. |
| • Calderón Hinojosa, Felipe
de Jesús (PAN) |
Poder
Legislativo, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga
los artículos: 59, 63, 65, 66, 70, 73, 74, 77, 93 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo. |
| • Campoy Ruy Sánchez,
María Teresa (PVEM) |
Benito
Juárez García, respecto al CXCVI aniversario del natalicio del Benemérito de las
Américas. |
| • Cosío Gaona, Salvador
(PRI) |
Puerto
Vallarta-Bahía de Banderas, presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar la
comparecencia de los secretarios de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, para que
expliquen la falta de apoyo al proyecto de desarrollo turístico Puerto Vallarta-Bahía de
Banderas, en los estados de Jalisco y Nayarit. |
| • Del Río Virgen, José
Manuel (CDPPN) |
Informes de
gobierno, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al formato de
las sesiones donde se presenta el Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo. |
| • Del Río Virgen, José
Manuel (CDPPN) |
Derechos
Humanos, presenta proposición con punto de acuerdo sobre los derechos humanos en México
y la procuración e impartición de justicia, así como las investigaciones en torno al
asesinato de Digna Ochoa. |
| • Escobar Prieto, Abelardo
(PAN) |
Benito
Juárez García, respecto al CXCVI aniversario del natalicio del Benemérito de las
Américas. |
| • Escobar y Vega, Arturo
(PVEM) en tres ocasiones |
Estado de
Quintana Roo, presenta proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial
que investigue las resoluciones del Tribunal Electoral de esa entidad, en relación con
las elecciones del pasado 17 de febrero en el municipio de Benito Juárez. |
| • Esquiliano Solís, Héctor
Nemecio (PRI) en dos ocasiones |
Estado de
Quintana Roo, respecto a proposición con punto de acuerdo para crear una comisión
especial que investigue las resoluciones del Tribunal Electoral de esa entidad, en
relación con las elecciones del pasado 17 de febrero en el municipio de Benito Juárez. |
| • García Dávila, Víctor
Antonio (PT) |
Benito
Juárez García, respecto al CXCVI aniversario del natalicio del Benemérito de las
Américas. |
| • García Sainz Arena,
Alejandro Rafael (PVEM) |
Concesiones,
presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 42 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a constituir la
comisión especial de Concesiones y sea el Congreso de la Unión, quien ratifique el
otorgamiento de concesiones en cada uno de los procedimientos de la Concesión que lleve a
cabo la dependencia encargada del Ejecutivo. |
| • Hernández Raigosa,
Alfredo (PRD) |
Tarifas
eléctricas, presenta proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados
interponga una controversia constitucional contra el Ejecutivo Federal, por la
disminución de subsidios en las tarifas eléctricas |
| • Leyva Acevedo, Efrén
Nicolás (PRI) en dos ocasiones |
Estado de
Quintana Roo, respecto a proposición con punto de acuerdo para crear una comisión
especial que investigue las resoluciones del Tribunal Electoral de esa entidad, en
relación con las elecciones del pasado 17 de febrero en el municipio de Benito Juárez. |
| • Lorenzo Juárez, Beatriz
Patricia (PAS) |
Benito
Juárez García, respecto al CXCVI aniversario del natalicio del Benemérito de las
Américas. |
| • Martínez Enríquez,
Esteban Daniel (PRD) |
Ley General
de Desarrollo Social, presenta excitativa a la Comisión de Desarrollo Social, en
relación con la iniciativa con proyecto de dicha ley, presentada el 14 de diciembre de
2001. |
| • Martínez Veloz, Jaime
Cleofas (Ind) |
Puntos de
acuerdo, presenta las siguientes tres proposiciones con puntos de acuerdo en relación:
• Con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el municipio de Playas de Rosarito en
el Estado de Baja California. Se turna a las comisiones de Seguridad Social y de
Presupuesto y Cuenta Pública;
• A la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Se turna a las comisiones
de Educación Pública y Servicios Educativos y de Gobernación y Seguridad Pública;
• Con la constitución de un Frente Común Nacional por la Seguridad Pública, dentro
del marco del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional. |
| • Pallares Bueno, Juan
Carlos (PAN) |
Estado de
Quintana Roo, respecto a proposición con punto de acuerdo para crear una comisión
especial que investigue las resoluciones del Tribunal Electoral de esa entidad, en
relación con las elecciones del pasado 17 de febrero en el municipio de Benito Juárez. |
| • Ricalde Magaña, Alicia
(PAN) en dos ocasiones |
Estado de
Quintana Roo, respecto a proposición con punto de acuerdo para crear una comisión
especial que investigue las resoluciones del Tribunal Electoral de esa entidad, en
relación con las elecciones del pasado 17 de febrero en el municipio de Benito Juárez. |
| • Riojas Santana, Gustavo
(PSN) |
Benito
Juárez García, respecto al CXCVI aniversario del natalicio del Benemérito de las
Américas. |
| • Rivera Pérez, Eduardo
(PAN) |
División
de poderes, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los
artículos: 72, 83, 84, 85 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de equilibrio y división de poderes. |
| • Sánchez López, Héctor
(PRD) |
Instituto
Nacional Indigenista, presenta iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo
decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2002. |
| • Sánchez Nava, Luis
Fernando (PAN) |
Organos
autónomos del Estado, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de fortalecimiento de los organos constitucionales autónomos. |
| • Sotelo Rosas, David
Augusto (PRD) |
Benito
Juárez García, respecto al CXCVI aniversario del natalicio del Benemérito de las
Américas. |
| • Tamayo Herrera, Yadhira
Ivette (PAN) |
Poder
Judicial, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga o adiciona, los
artículos: 27, 71, 73, 94, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 110 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder
Judicial. |
| • Trejo González, Abel
(PRI) |
Benito
Juárez García, respecto al CXCVI aniversario del natalicio del Benemérito de las
Américas. |
| • Velasco Monroy, Felipe
(PAN) |
Estado de
México, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, proceda de inmediato en contra de la tala inmoderada de los
bosques en el Estado de México. |
|
• Vidrio
Rodríguez, Juvenal (PAN) |
Borrego
Cimarrón, presenta proposición con punto de acuerdo para que se establezca la veda del
borrego cimarrón en el Estado de Baja California. |
NOTAS
Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:
|
Cofipe |
Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales |
|
Conafur |
Comisión Nacional
Forestal |
|
D.F. |
Distrito Federal |
|
Diconsa |
Distribuidora de la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima de Capital Variable |
|
Fonatur |
Fondo
Nacional de Fomento al Turismo |
|
IMSS |
Instituto
Mexicano del Seguro Social |
|
Kw/h |
Kilowatts
por hora |
|
OIT |
Organización
Internacional del Trabajo |
|
ONU |
Organización
de las Naciones Unidas |
|
PAN |
Partido
Acción Nacional |
|
PAS |
Partido
Alianza Social |
|
PND |
Plan
Nacional de Desarrollo |
|
PRD |
Partido
de la Revolución Democrática |
|
PRI |
Partido
Revolucionario Institucional |
|
Prodefor |
Programa
de Desarrollo Forestal |
|
Prodeplan |
Programa
para el Desarrollo de Plantaciones Forestales y Comerciales |
|
Progresa |
Programa
Nacional de Educación, Salud y Alimentación |
|
Pronare |
Programa
Nacional de Reforestación |
|
PT |
Partido
del Trabajo |
|
PVEM |
Partido
Verde Ecologista de México |
|
Sagarpa |
Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
|
Semarnap |
Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca |
| UABC |
Universidad Autónoma
de Baja California |
256, 257, 258, 259
|