Diario de Debates No. 7, 26 de marzo de 2003, Segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio, LVIII Legislatura

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

ASISTENCIA

La Presidenta:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputados; por lo tanto, hay quorum.

La Presidenta (a las 10:38 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 26 de marzo de 2002.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Jalisco y Tabasco.

De la Junta de Coordinación Política.

Del Grupo de Trabajo de Cafeticultura.

Iniciativas de diputados

De reformas al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Manuel Correa Ceseña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

De adiciones a los artículos 84 fracción III párrafo segundo y 130 párrafo segundo de la Ley del Seguro Social; 24 fracción V y 75 fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Patricia Martínez Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

De reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, Dip. Ind. (Turno a comisión.)

De reformas a los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Silvia América López Escoffie, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Francisco Javier Cantú Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Martínez Güitrón, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Carlos Jaime Bazdresch y Parada, Amanda Mireya Terán Munguía, José María Antonio López Roufosse y Enrique García Jaramillo, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Guillermo Kurt Heimpel Pruneda, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania, en la ciudad de Mazatlán, con circunscripción consular en el Estado de Sinaloa. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Laura Martín del Campo Steta, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República de Croacia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)

Excitativas

A las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Transportes, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

A las comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Junta de Coordinación Política, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, investigue la situación del programa de los pueblos mágicos, en el municipio de Izamal, en el Estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre las relaciones bilaterales con Cuba, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo relativo a los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo que presentan diputados integrantes del Grupo de Trabajo de Cafeticultura. (Urgente resolución.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal el establecimiento de tarifas eléctricas preferenciales para los pueblos indígenas del país, a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al proyecto de electrificación a la región del Gran Nayar, a cargo del diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo sobre el posible desalojo de comunidades indígenas en la reserva natural de Montes Azules, Chiapas, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Agenda política

Comentarios en torno a don Benito Juárez, a cargo del diputado Melitón Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la visita del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo del diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la situación de los municipios en el Estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de los grupos parlamentarios.

Sobre el Plan de Guadalupe, a cargo del diputado Marco Antonio Dávila Montesinos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

La Presidenta:

Está a consideración el orden del día... No habiendo ningún comentario, continúe la Secretaría.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta:

Dado que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a ponerla a discusión y votación de inmediato.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veinticinco de marzo de dos mil dos, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

En el Palacio Legislativo en San Lázaro, de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del lunes veinticinco de marzo de dos mil dos, con la asistencia de doscientos cincuenta y siete diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.

La Presidenta informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra la ciudadana Verónica Sada Pérez, electa como diputada federal suplente en la segunda circunscripción plurinominal y acompañada de una comisión designada, rinde su protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Chihuahua, con acuerdo por el que solicita aprobar la iniciativa de Ley Federal de la Cultura del Sordo. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Guanajuato, con acuerdo por el que solicita concluir el proceso de liquidación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Guerrero, con acuerdo por el que se pronuncia porque se concluya el trámite legislativo de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Jalisco, con la que remite decreto por el que se declara benemérito ilustre del Estado de Jalisco, al arquitecto Luis Barragán Morfín. De enterado.

Tamaulipas, con acuerdo en relación con declaraciones de servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la distribución de las aguas de la cuenca del río Bravo. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Comunicación del diputado José Manuel del Río Virgen, en relación con la visita del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría de Gobernación remite copia del oficio de la Procuraduría Federal del Consumidor, en relación con el punto de acuerdo para evitar los injustificados incrementos de precios y otras prácticas especulativas en perjuicio de la economía popular, aprobado por la Comisión Permanente. De enterado. Comuníquese.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Rufino Rodríguez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el numeral tres del artículo ciento setenta y cinco del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, que reforma la fracción primera del artículo treinta y nueve del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

395,396,397

Martha Patricia Martínez Macías, del Partido Acción Nacional, que adiciona la fracción quinta del apartado A y el inciso c, de la fracción undécima del apartado B del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la paternidad y maternidad responsables. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cincuenta y cinco y ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos siete, cuarenta y setenta y siete del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.

José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, que reforma la fracción vigesimaoctava del artículo ciento nueve y deroga la fracción octava del artículo ciento veintiuno, las fracciones undécima y decimaséptima del artículo ciento sesenta y siete y los párrafos octavo y undécimo del artículo ciento setenta de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Por indicaciones de la Presidencia, a las doce horas con nueve minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos diez diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

La Presidencia informa de la presencia en el recinto del presidente del Congreso de la República de Paraguay.

Moisés Alcalde Virgen, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y el artículo dieciséis del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Federal de Derechos, para el control en el uso y aprovechamiento del agua. Se turna a las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Asamblea, en votación económica dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Es de segunda lectura.

A nombre de la comisión, fundamenta el dictamen el diputado Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional.

Sin nadie más que haga uso de la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, por trescientos ochenta y tres votos en pro, cinco en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Solicitan excitativas los diputados:

Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el seis de septiembre de dos mil uno. La Presidencia hace la excitativa respectiva.

Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, en relación con una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos diecisiete y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos noventa y tres y ciento cincuenta y ocho de la Ley de Amparo, presentada en la sesión de la Comisión Permanente del día ocho de agosto de dos mil uno. La Presidencia fórmula la excitativa correspondiente.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

David Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Procuraduría General de la República ejerza la facultad de atracción en el caso del homicidio del abogado Mario César Escobedo Anaya, ocurrido en el Estado de Chihuahua.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

Rectifican hechos los diputados: Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática y César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional.

Celia Martínez Bárcenas, del Partido Revolucionario Institucional, para impulsar la comercialización de las artesanías mexicanas. Se turna a las comisiones de Cultura y de Comercio y Fomento Industrial.

José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional, para solicitar la intervención del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que se cumplan los contratos firmados con los cañeros del Estado de Veracruz.

Presidencia de la diputada
María Elena Alvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Rectifican hechos, los diputados: Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática y José Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

Contestan alusiones personales los diputados: José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional y José Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional:

Rectifica hechos el diputado Francisco Arano Montero, del Partido Acción Nacional y el diputado José Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, contesta alusiones personales.

Juvenal Vidrio Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para que se solicite al Ejecutivo Federal y al Senado de la República, se resuelva la problemática que afecta al delta del río Colorado. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar que la Cámara de Diputados promueva una controversia constitucional en contra del decreto del Poder Ejecutivo, que exime del pago de impuestos a la producción e importación de los productos que utilizan edulcorantes distintos del azúcar de caña. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social, sobre la importancia de la ratificación por parte de México del Estatuto de Roma. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal a fin de reconsiderar la suspensión del impuesto a la alta fructosa. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Mónica Leticia Serrano Peña, del Partido Acción Nacional, para transferir el cuidado, preservación y administración del Cerro de la Estrella, del Gobierno del Distrito Federal al Gobierno Federal. Se turna a las comisiones de Cultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A las catorce horas con cuarenta y seis minutos, la Presidenta declara un receso.

A las catorce horas con cincuenta y tres minutos se reanuda la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo octavo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Integración del Orden del Día, las Discusiones, y las Votaciones de la Cámara de Diputados.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Mesa Directiva para incorporar una proposición con punto de acuerdo en el orden del día. Se aprueba en votación económica.

Desde su curul, el diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa solicita que la votación sea por medio del sistema electrónico.

También desde sus curules, se refieren a la votación del acuerdo de la Mesa Directiva los diputados Tomás Torres Mercado y Alejandro Zapata Perogordo.

La Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, da lectura al artículo ciento cuarenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a una solicitud de votación nominal para el acuerdo de referencia.

Desde su curul, el diputado Tomás Torres Mercado insiste respecto a la votación del acuerdo y la Presidenta hace las aclaraciones respectivas.

En votación económica, la Asamblea desecha la solicitud de votación nominal.

Desde sus curules hablan sobre la votación del acuerdo los diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, en dos ocasiones; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Bernardo de la Garza Herrera, Tomás Torres Mercado, José Narro Céspedes y Martí Batres Guadarrama.

La Presidenta solicita a la Secretaría recoger la votación nominal del acuerdo y por ciento ochenta y tres votos en pro y ciento sesenta y siete en contra, se aprueba incluir un punto en el orden del día.

En consecuencia, se concede la palabra al diputado Angel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con la Cumbre para la Financiación del Desarrollo y las relaciones México-Cuba.

Hablan sobre el mismo tema los diputados: Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Jaime Cleofas Martínez Veloz y José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional.

El diputado Angel Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido de la Revolución Democrática, responde alusiones personales.

Habla sobre el tema el diputado Gustavo Carvajal Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna la proposición del diputado Angel Enrique Herrera y Bruquetas a la Junta de Coordinación Política y a solicitud del diputado Bernardo de la Garza Herrera, la Presidenta da lectura a sus puntos resolutivos.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con veintiocho minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veintiséis de marzo de dos mil dos, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta.

La Presidenta:

Pasamos a comunicaciones.

ESTADO DE JALISCO

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.

La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado, en sesión de fecha 5 de marzo del presente año, aprobó el acuerdo económico número 487/02 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó girar a esa alta soberanía popular atento oficio para que de considerarlo procedente manifiesten su apoyo al proyecto de norma oficial denominada "jamón, denominación, especificaciones y métodos de prueba".

Por instrucciones de la directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 5 de marzo de 2002.— Leonardo García Camarena, oficial mayor.»

398,399,400

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Señores diputados: el que suscribe, diputado José Trinidad Muñoz Pérez, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 28 fracción I de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 88 y 90 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos de esta entidad federativa, someto a la consideración del honorable Congreso del Estado, iniciativa de acuerdo económico, misma que presento con base en los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero. Uno de los alimentos de consumo arraigado entre la población es el de los productos cárnicos curados y cocidos, en sus variedades de jamón, carnes frías, embutidos y fiambres, cuya materia principal de elaboración es la carne de cerdo. A la fecha, no se cuenta con una norma que garantice que este tipo de productos tengan las características y calidad necesarias para su consumo y que reúnan los requerimientos nutricionales propios de estos alimentos, situación que propicia, en determinadas ocasiones, la utilización de materias primas e ingredientes de calidad cuestionable, así como la elaboración de los mismos en condiciones que no satisfacen los estándares de higiene necesarios. Asimismo, la falta de una normatividad adecuada ocasiona prácticas de competencia desleal entre productores que sí ofertan alimentos cárnicos de alta calidad y aquellos que, por abaratar sus costos, no tienen reparo en emplear aditivos o mezclas de carne que podrían representar un riesgo para la salud humana.

Segundo. Tomando en cuenta lo antes expuesto, representantes de instituciones públicas y privadas se dieron a la tarea de convocar a los involucrados en este sector, con el propósito de elaborar un proyecto de norma oficial que contemple las especificaciones físicas, químicas, sensoriales y de calidad que deben cumplir los alimentos cárnicos curados, emulsionados y cocidos, así como establecer disposiciones que aseguren su elaboración en locales aptos y bajo condiciones higiénicas, señalando además los métodos de prueba que permitan evaluar la pureza del producto. Con la aprobación de esta norma oficial se permitirá que las autoridades sanitarias, ganaderas y económicas tengan un marco de referencia claro y objetivo para ejercer sus facultades de supervisión en la elaboración y comercialización de los productos anteriores, para en caso de violaciones a la misma, aplicar las sanciones correspondientes. De la misma manera, la norma contribuirá al fomento del sector porcícola, al ser exigido el cerdo como materia prima para todos los productos que son objeto de esta reglamentación. Por último, el beneficiado directo será el consumidor final, que podrá estar seguro de recibir un producto de calidad que no ponga en riesgo su salud. Al ser la norma citada el resultado de la experiencia de los implicados en el tema, se puede asegurar que su contenido realmente estará a la altura de otras normas de la materia a nivel internacional.

Tercero. Como legisladores, es necesario que apoyemos los esfuerzos que emanan de la sociedad para crear un marco jurídico que responda y dé solución a las necesidades actuales, tarea que realizada en coordinación con la autoridad, será más efectiva y fructífera. Es por ello, que considero que el proyecto de norma denominada "jamón, denominación, especificaciones y métodos de prueba", en la cual participaron organizaciones públicas y privadas, constituye una propuesta acertada que proporciona los elementos suficientes para una regulación apta de la elaboración y comercialización de los productos cárnicos curados, cocidos y emulsionados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Congreso, los siguientes puntos de

ACUERDO ECONOMICO

Primero. Gírense atentos oficios a los titulares de la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Secretaría de Salud, mediante los cuales se manifieste el apoyo de este honorable Congreso al proyecto de norma oficial denominada "jamón, denominación, especificaciones y métodos de prueba", la cual se anexa al presente, a efecto de que sea tomada en cuenta por las instancias anteriores para la elaboración de la norma oficial mexicana respectiva.

Segundo. Gírense atentos oficios al honorable Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los estados para que, de considerarlo procedente, manifiesten su apoyo al proyecto de norma oficial señalado en el punto primero del presente acuerdo.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco, a 5 de marzo de 2002.— Diputado José Trinidad Muñoz Pérez.»

«ANTEPROYECTO DE NORMA MEXICANA NMX-F-000-SCFI-1997

Jamón, denominación, especificaciones y métodos de prueba

PREFACIO

En la elaboración de la presente norma mexicana participaron las siguientes organizaciones e instituciones.

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra);

Sección 18 "Empacadores de Carnes Frías";

Sección 21 "Obradores de Tocinería".

Consejo Nacional de Empacadores de Carnes Frías y Embutidos, AC.

Confederación Nacional Ganadera.

Comisión Nacional de Porcicultores, AC.

Consejo Mexicano de Porcicultura, AC.

Procuraduría Federal del Consumidor.

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;

Dirección General de Ganadería;

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

Dirección General de Política de Comercio Interior;

Dirección General de Normas;

Secretaría de Salud;

Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios.

INDICE

1. Objetivo y campo de aplicación.

2. Referencia.

3. Definiciones.

4. Símbolos y abreviaturas.

5. Denominación.

6. Especificaciones.

7. Muestreo.

8. Métodos de prueba.

9. Etiquetado, envase, empaque y embalaje.

10. Bibliografía.

11.Concordancia con normas internacionales.

Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-F-000-SCFI-1997; jamón, denominación, especificaciones y métodos de prueba.

INTRODUCCION

Las especificaciones que se establecen en la presente norma sólo podrán satisfacerse cuando en la elaboración del producto se utilicen materias primas e ingredientes de calidad sanitaria y nutricional, se apliquen buenas practicas de elaboración, se realicen en locales e instalaciones bajo condiciones higiénicas, que aseguren que el producto es apto para en consumo humano de acuerdo con la legislación y normatividad vigentes.

1. Objetivo y campo de aplicación.

Esta Norma Oficial Mexicana de Calidad establece la denominación, especificaciones físico-químicas, sensoriales y de calidad que debe cumplir los productos alimenticios cárnicos curados, cocidos denominados "jamón", "carnes frías de cerdo tipo jamón" y productos cárnicos curados, emulsionados y cocidos elaborados con carne de cerdo mezclada con carnes de pollo o pavo, tanto nacionales como importados en todo el territorio nacional.

2. Referencias.

Para la aplicación correcta de esta norma, deberán consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas y normas mexicanas:

NOM-008-ZOO-1994. Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos.

NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne.

NOM-023-ZOO-1995. Identificación de especie animal en músculo de bovinos, ovinos, equinos, porcinos y aves por la prueba de inmunodifusión en gel.

NOM-024-ZOO-1995. Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.

NOM-030-ZOO-1994. Especificaciones para la verificación de carnes, canales, vísceras y despojos de importación, en puntos de verificación zoosanitaria.

NOM-092-SSA1-1994. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.

NOM-109-SSA1-1994. Procedimiento para la toma, manejo y transporte de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.

NOM-110-SSA1-1994. Preparación y dilución de muestras para análisis microbiológico.

NOM-114-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la determinación de salmonella en alimentos.

NOM-115-SSA1-1994. Determinación de cuenta de staphylococcus aureus en alimentos.

NOM-120-SSA1-1994. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

NOM-122-SSA1-1994. Bienes y servicios. productos de la carne. Productos cárnicos curados y cocidos y curados emulsionados y cocidos. Especificaciones sanitarias.

NOM-050-SCFI-1994. Información comercial. Disposiciones generales para productos.

NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

NMX-FF-81-1993-SCFI. Productos pecuarios-carne de cerdo en canal-clasificación.

NOM-F-66-S. Determinación de cenizas en los alimentos.

NOM-F-68-S. Alimentos-determinación de proteínas.

NOM-F-83. Determinación de humedad en productos alimenticios.

NOM-F-89-S. Determinación de extracto etéreo (método de soxhlet) en alimentos.

NOM-F-97-S. Determinación de nitritos en embutidos.

NOM-F-253. Cuenta de bacterias mesofílicas aerobias.

NOM-F-318. Determinación de nitratos en embutidos.

NOM-F-320. Determinación de fosfatos en embutidos.

NOM-Z-12. Muestreo para la inspección por atributos.

3. Definiciones.

Para los propósitos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:

3.1. Centro térmico, área en torno en centro geométrico de la pieza donde se unen los ejes longitudinal y transversal.

3.2. Jamón, es el producto alimenticio preparado 100% con la carne de las piernas de cerdos sanos, sacrificados bajo inspección sanitaria ante y postmortem y aprobados para consumo humano.

3.3. Jamón cocido, es el producto alimenticio preparado con la carne de piernas de cerdos sanos, sacrificados bajo inspección sanitaria. Las piernas deben ser recortadas en forma especial, se debe excluir la carne maltratada, además de quitar todos los huesos y dejar prácticamente libre de cartílagos, tendones, ligamentos sueltos y tejido conjuntivo. Sometida a curación (ver párrafo segundo) y cocimiento (ver párrafo tercero). El producto final debe ser empacado y refrigerado.

3.4. Curación, es la aplicación de salmuera preparada con una mezcla de sal, nitrito de sodio, adicionado o no de aditivos (ver párrafo quinto de especificaciones), al jamón. La carne almacenada en refrigeración entre 273 y 278ºK (0-5ºC) pasa a su curación, a temperaturas entre 273 y 284ºK.

3.5. Cocimiento, es el que se efectúa al producto en condiciones de tiempo y temperatura necesarias dependiendo del tamaño y forma del jamón, del tal manera que se logre un cocimiento completo del producto, siendo la temperatura interna mínima de 341ºK, a una presión de 760 mm de mercurio.

401,402,403

3.6. Productos cárnicos curados y cocidos: son los elaborados con carne de la especie. Sus scrofa declarados aptos para consumo humano, sometidos a la acción de los agente de curación en seco o húmedo y a cocción hasta una temperatura de 68ºC en su centro térmico. Los productos genéricos correspondiente a este punto son: jamones tales como el horneado, tipo americano, tipo virginia, tipo holandés, tipo york, ahumado y otras variedades, lomos, tocinos, chuletas de cerdo, entrecot, espaldilla y otros productos sujetos al mismo proceso.

3.7. Productos cárnicos curados, emulsionados y cocidos: son los elaborados con carnes de las especies suis, gallus y meleagridis, los que además pueden ser sazonados, ahumados o no.

3.8. Proteína libre de grasa se refiere al contenido de proteína cárnica libre de grasa y hueso presente en el producto terminado.

3.9. Refrigeración: es el proceso por el cual se mantiene la temperatura entre 20 y 40C de los productos a los que se refiere la presente norma.

4. Símbolos y abreviaturas.

5. Denominación.

"Sólo se podrá aplicar la palabra jamón" al producto elaborado 100% con la carne de las piernas del cerdo (sus scrofa).

Cualquier otro producto elaborado con carne de cerdo proveniente de diferentes regiones anatómicas del mismo, se denominará de conformidad a ésta indicándose jamón de...

Si su contenido lleva como ingrediente el 100% de carne de cerdo, se denominará jamón 100% carne de cerdo.

Los productos objeto de esta norma se clasifican en jamón, carnes frías, embutidos de cerdo tipo jamón y fiambres.

6. Especificaciones

El producto objeto de esta norma debe cumplir con las especificaciones siguientes:

6.1. Sensoriales.

6.1.1. Color rosado característico.

6.1.2. Olor agradable, característico, exento de olores extraños.

6.1.3. Sabor agradable, característico, exento de sabores extraños.

6.1.4. Consistencia firme, compacta y el aspecto

del jamón al rebanarse, debe ser terso.

6.2. Físicas y químicas.

El jamón debe cumplir con las especificaciones indicadas a continuación:

Mínimo Máximo

Humedad 56% 74%

Grasa 6% 10%

Proteína de origen

porcino 16% 22%

6.3. Microbiológicas

6.3.1. Los productos objeto de esta norma no deben contener microorganismos patógenos, toxinas microbianas, antibióticos ni otras sustancias tóxicas que puedan afectar la salud del consumidor o provocar deterioro del producto.

6.3.2. El jamón y los productos curados, emulsionados y cocidos deben cumplir con las especificaciones microbiológicas anotadas en la tabla 2.

VER PÁGINAS 404 Y 405 EN EL DOC1

4. Materia extraña objetable.

Los productos objeto de esta norma deben estar libre de: fragmentos de insectos, pelos y secretas de roedores, así como de cualquier otra materia extraña.

5. Aditivos alimentarios.

Se permite el uso de los siguientes aditivos y otros dentro de los límites autorizados por la Secretaría de Salud.

Oxidantes.

Nitrito de sodio máximo en producto terminado 156mg/kg (156ppm)

Antioxidantes

Ascorbato y/o Eritorbato de sodio, mínimo 0.5%

Estabilizadores

Polifosfatos de sodio y/o de potasio, máximo agregado 0.7% expresado como P205 máximo agregado 0.3%.

Condimentos, especias y saborizantes

Todas las especies naturales y los condimentos preparados a base de mezcla de ellos y/o sus estractos y/o sus aceites esenciales, azúcares (glucosa "dextrosa" sacarosa, lactosa y fructosa), sal, glutamato monosódico, proteínas vegetales hidrosaladas (PHV.)

6. Contaminantes químicos.

Los productos objeto de esta norma deben estar libres de contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la salud humana. Los límites máximos para estos contaminantes quedan sujetos a lo que establezca la Secretaría de Salud y a lo indicado en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Muestreo

1. Cuando se requiera el muestreo del producto, éste podrá ser establecido de común acuerdo entre el productor y comprador, recomendándose el uso de la Norma Oficial Mexicana NOM-Z-12 (véase referencia).

2. Muestreo oficial: el muestreo para efectos oficiales estará sujeto a la legislación y disposiciones de la dependencia oficial correspondiente.

Métodos de prueba

Para verificación de las especificaciones físicas, químicas y microbiológicas que se establecen en esta norma, se deben aplicar las normas oficiales mexicanas que se indican en el capítulo de referencias.

Marcado, etiquetado y envase

1. Marcado y etiquetado.

1.1. Marcado en el envase o etiqueta.

Cada envase del producto debe llevar una etiqueta o impresión permanente, visible e indeleble con los siguientes datos:

• Denominación del producto, conforme a la clasificación de esta norma.

• Nombre o marca comercial, pudiendo aparecer el símbolo del fabricante

• La leyenda "contenido neto" de acuerdo con las disposiciones vigentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

En presentación empacada individual deberá aparecer la leyenda: "este producto se debe cortar o rebanar y pesar en presencia del consumidor al momento de su venta".

• Lista completa de ingredientes en orden de concentración decreciente, incluyendo los aditivos, porcentajes y su función.

•Texto de las siglas Reg. SS No.... "A", debiendo figurar en el espacio en blanco el número de registro correspondiente.

• Nombre o razón social y domicilio del fabricante.

• Las leyendas "HECHO EN MEXICO" y "CONSERVESE EN REFRIGERACIÓN".

• Otros datos que exijan los reglamentos respectivos o disposiciones de las secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Comercio y Fomento Industrial.

1.2. Lote, fecha de fabricación y caducidad en clave.

Debe ir una etiqueta adicional dentro del envase, optativamente puede ir marcado en el mismo.

404,405,406

2. Envase.

El producto objeto de esta norma se debe envasar en un material resistente e inocuo para la salud humana, que garantice la conservación del mismo, evitando su contaminación y no altere su calidad y especificaciones físico-químicas y sensoriales.

Almacenamiento

El producto terminado debe almacenarse en refrigeración con temperatura de 2-4ºC y en locales que reúnan los requisitos sanitarios que señalan las secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Bibliografía

"Microbiología de los alimentos. WC Frazier. Editorial Acribia Zaragoza".

"Practical food microbiology and technology. Harry H. Weiser. The Avi Publishing Company, Inc."

"Boletín informativo La Norma Oficial Mexicana en el sector pecuario: Comité Consultivo de Normalización de Protección Zoosanitaria. Subsecretaría de Agricultura y Ganadería. Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria. Dirección General de Salud Animal. México, D.F., noviembre de 1996".

"Codex Alimentarius Abreviado 1989, Espaldilla de cerdo curada cocida (Codex Stan 97-1981)".

"Code of Federal Regulations 9, Animal and Animal Products, Chapter III, subpart A General c 317.8 (b) (13), Subpart D-Cured Meats, Unsmoked and Smoked-c 319., 104-c, 319, 105, 319, 106."

"Cordal, M., Petracca, A. Y Moro, A.: Preparación de reactivos para la detección de proteínas de diferentes especies animales por inmunodifusión. Rev. Arg. de Microbiología. 17:209*-216 (1985)".

"Gabar. K. Acerca de la identificación de albúmina muscular específica de cada especie animal para verificación de las declaraciones comerciales. XI Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa. (Memorias). Londres 1982 143-146. Oficina Internacional de Epizootias.(1983.)"

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

ESTADO DE TABASCO

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo.— Congreso del Estado de Tabasco.— LVII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.

En cumplimiento a lo ordenado en el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la LVII Legislatura, en el que se repudia enérgicamente los asesinatos del diputado Pánfilo Novelo Martínez, de su hijo y de su ayudante, ocurridos en el Estado de Yucatán, anexo nos permitimos hacerles llegar el punto de acuerdo de referencia, mismo que fue expedido en la sesión ordinaria de esta fecha.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, febrero 19 de 2002.— Diputados: Pedro Palomeque Calzada, presidente; Amalin Yabur Elías, secretaria.»

«Escudo.— Congreso del Estado de Tabasco.— LVII Legislatura.

PUNTO DE ACUERDO

El pasado 9 de enero del presente año, en el Estado de Yucatán se suscitó un hecho que enlutó al Congreso de ese Estado, ya que se cometió el artero asesinato del diputado local Pánfilo Novelo Martínez y junto con él, el de su hijo Angel Novelo Burgos y su ayudante Pedro Yam Pech.

El diputado Pánfilo Novelo Martínez fue una persona respetada y admirada en su Estado por su trabajo y contribución a la docencia en beneficio de la educación en Yucatán.

En razón de estos lamentables hechos ocurridos en el Estado de Yucatán, muchos de los congresos de la República repudiaron enérgicamente este sanguinario acto y esta LVII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco, manifiesta su apoyo a dicha protesta y al duelo del Congreso del Estado de Yucatán, solicitando al pleno de este honorable Congreso su voto unánime para el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Repudiamos enérgicamente los asesinatos del diputado profesor Pánfilo Novelo Martínez, de su hijo Miguel Angel Novelo Burgos y de su ayudante Pedro Yam Pech ocurridos en el Estado de Yucatán.

Segundo. Nos unimos a la protesta que han manifestado los congresos de la República respecto a tal acto y exigimos a las autoridades del Estado de Yucatán se aboquen a aclarar tan alarmante acto y se aplique la justicia pronta y expedita.

Tercero. Envíese el presente punto de acuerdo a los tres poderes del Estado de Yucatán, para su conocimiento y acciones procedentes, así como al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, a 19 de febrero de 2002.— Diputados: Florizel Medina Pereznieto, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI; Silvestre Alvarez Ramón, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD; María Yolanda Cabal Gómez, coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN; Aquiles Magaña García, coordinador de la fracción parlamentaria del PT.»

La Presidenta:

De enterado y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinación de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que el diputado Francisco Guadarrama López sustituya al diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, como integrante de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 25 de marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

La Presidenta:

De enterado.

CAFETICULTURA

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos México.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. — Presente.

Anexo a la presente, la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería hace llegar a usted el informe que fuera entregado por el Grupo de Trabajo de Cafeticultura, mismo que forma parte de la agenda de la sesión de mañana martes 26.

Agradeciendo las atenciones prestadas a la presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 25 de marzo de 2002.— Diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Miguel Ortiz Jonguitud, Jesús Dueñas Llerenas y Ramón Ponce Contreras, secretarios.»

«Informe de actividades.— Grupo de Trabajo de Cafeticultura.— Comisión de Agricultura y Ganadería.

Los diputados federales de la LVIII Legislatura, miembros de los grupos parlamentarios del PRI y PAN, PRD, con fundamento en el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presentamos ante este órgano legislativo, el informe de actividades inherentes al Grupo de Trabajo de Cafeticultura perteneciente a la Comisión de Agricultura y Ganadería, por tal motivo se refiere:

En sesión celebrada el 6 de junio de 2001, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura conformara un grupo de trabajo que observe la situación por la que atraviesa la cafeticultura, señalando como su responsabilidad la realización de reuniones necesarias con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a fin de analizar las actividades que dicha Secretaría de Estado realiza a favor de la agroindustria en comento, asimismo la organización de reuniones especializadas con los productores en las entidades y regiones cafetaleras del país, en donde se vislumbre la problemática actual de todo el proceso que conlleva la agroindustria del café.

Derivado de lo anterior, se definieron los puntos estratégicos a seguir por el grupo, en donde destaca la consulta con los participantes de esta agroindustria, para analizar sus condiciones actuales y las propuestas para su desarrollo; evaluación de la política gubernamental para la cafeticultura; formulación de una propuesta de recursos públicos para el apoyo a la cafeticultura en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002 y la elaboración de una propuesta legislativa para esta actividad.

Para continuar con en el cumplimiento de la responsabilidad asumida por el grupo, se programaron las siguientes actividades:

• Consulta con los integrantes de la agroindustria del café mexicano, sobre las condiciones actuales y las acciones para su fomento, considerando medidas presupuestales y jurídicas.

• Reuniones de trabajo con funcionarios públicos de las secretarías de la Sagarpa, Economía, SHCP; así como del Consejo Mexicano del Café.

• Valuación del ejercicio de los recursos presupuestales para la cafeticultura aprobados para el año 2001, revisando la Cuenta Pública y los informes trimestrales de las instituciones públicas en las acciones de interés para la agroindustria cafetalera.

• Elaborar una propuesta de Programa de Desarrollo Integral para la cafeticultura y las regiones cafetaleras de corto, mediano y largo plazos, en consulta con el sector público, social y privado.

• Elaborar una propuesta de fomento económico, que incluya medidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, así como en las diversas disposiciones sobre finanzas públicas, incluyendo las reglas de operación del ejercicio del gasto público y recomendaciones en materia de financiamiento privado y social.

• Elaborar un proyecto de iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, que en su contenido estipule la creación de un órgano rector en este sector.

En seguimiento a lo referido, el 28 de junio del año 2001, se efectuó una primera audiencia pública de café en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, posteriormente una segunda audiencia en Tapachula, Chiapas; el 7 de septiembre, en donde asistieron productores e integrantes de la cadena productiva del café para exponer la problemática del cultivo en este Estado.

Se han llevado acabo 32 reuniones del grupo en las instalaciones de esta Cámara de Diputados, en donde estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Economía, Banco de Crédito Rural, Banco de Comercio Exterior y el Conacyt; así como el presidente ejecutivo del Consejo Mexicano del Café, Roberto Giesemann, mismo que expuso los diversos planes en aplicación y avances en esta agroindustria.

Se ha participado en cuatro foros relativos al café como es el caso de "Expocafe" efectuado en el World Trade Center de la Ciudad de México; reunión de la Organización Mundial del Café, en Londres, Inglaterra; Encuentro Nacional Cafetalero celebrado en Boca del Río, Veracruz y el Congreso Cafetalero Internacional "Sintercafé", realizado en San José de Costa Rica.

El acercamiento con los integrantes de la cadena productora es primordial para el grupo, por lo tanto, se han entablado reuniones y diálogos con diversos participantes como es el caso de: Alianza de Organizaciones de Productores de Café de Chiapas, AC; Organizaciones de productores de café del Soconusco; Comisión para el Desarrollo del Café de Chiapas, Foro Estatal de Consulta y Análisis de la Cafeticultura Chiapaneca, Unión Agrícola Regional de Productores de Café Tacaná, Asociación Nacional de Exportadores, Agroindustrias Unidas de México, Confederación Nacional Campesina, Confederación de Propietarios Rurales, Unión Nacional de Productores de Café; Confederación Mexicana de Productores de Café y productores de café de los estados cafetaleros como Veracruz, Guerrero, Puebla e Hidalgo por mencionar algunos.

En el marco de la más grave crisis cafetalera nacional derivada de los bajos precios del mercado internacional y la debilidad estructural de la oferta y la demanda nacional, como resultado de la evaluación y las consultas realizadas, el Grupo de Trabajo de Cafeticultura planteó una política para el desarrollo de la agroindustria del café mexicano y las regiones cafeticultoras con un programa presupuestal, en donde se logró incluir dentro de los preceptos que integran al Presupuesto de Egresos para el año 2002, un fondo de estabilización del café por un monto de 1 mil 440 millones de pesos; además de seguir contando esta actividad con los recursos instituidos en el Programa Alianza para el Campo con respecto a sus rubros de desarrollo de capacidades, apoyo a proyectos de inversión rural, fortalecimiento de empresas del sector rural y el Programa de Empleo Temporal. Mencionando que se propuso como cantidad total de apoyos al sector incluyendo al fondo de estabilización, la de 2 mil 774 millones de pesos.

Cabe destacar que se cuenta con una versión preliminar de proyecto de iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, en donde se propone la creación de un organismo rector denominado: Comisión Nacional del Café, asimismo en algunos de los capítulos de esta ley se incluye preceptos con respecto a lo instaurado en la Ley Vigente Sobre la Elaboración y Venta de Café Tostado, por lo que se propone su abrogación para ser incluida su normatividad dentro del cuerpo de la iniciativa descrita. Es importante destacar que esta iniciativa cuenta como finalidad la de fomentar, desarrollar y regular la cafeticultura con criterios de sostenibilidad, para lo cual se adoptan preceptos para el establecimiento de mecanismos y adopción de medidas administrativas para la regulación y control de importaciones; promoción de la seguridad social, de los trabajadores y productores en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el establecimiento de un sistema general de acopio y comercialización de café. La figura normativa enunciada se encuentra en consenso entre los integrantes del grupo, para formalizar sus preceptos y presentación, para posteriormente ser expuesta ante el pleno de esta Cámara de Diputados.

En el marco del compromiso adquirido por este grupo de trabajo, se elaboró una propuesta con punto de acuerdo para la creación de la comisión especial de cafeticultura, misma que será sometida ante el pleno de esta soberanía para su aprobación.

En consecuencia, el Grupo de Trabajo de Cafeticultura, en cumplimiento de sus responsabilidades, seguirá observando las acciones concertadas con productores, industriales y comercializadores para integrar la cadena productiva, consolidando la participación en el mercado exterior y ampliando el consumo interno con café mexicano de calidad; lo precedente con la realización de estudios técnicos, económicos y sociales; investigación tecnológica; asistencia técnica; capacitación; fomento a la organización de productores; campañas de sanidad vegetal; producción de insumos de alta productividad; elaboración de proyectos productivos, proyectos de reconversión productiva y en general los demás servicios técnicos que tienen impacto en la cafeticultura.

407,408,409,410

VER DE LA PAGINA 411 A LA PAGINA 422 EN EL DOC2

La Presidenta:

Para complementar este informe, se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Alvarado Cook, hasta por cinco minutos.

El diputado Oscar Alvarado Cook:

Con su permiso, señora Presidenta; con permiso de esta honorable Asamblea:

A nombre de la Comisión de Agricultura, en lo general y en lo particular del grupo de trabajo emanado de la misma comisión para la cafeticultura, me permito rendir el siguiente informe de trabajo.

Señores diputados integrantes de esta Cámara de Diputados, LVIII Legislatura del Congreso de la Unión: los diputados federales de la LVIII Legislatura, miembros de los grupos parlamentarios PRI, PAN, PRD, con fundamento en el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante este órgano legislativo el informe de actividades inherentes al Grupo de Trabajo de Cafeticultura perteneciente a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

En sesión celebrada el 6 de junio del año 2001, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura conformara un grupo de trabajo que observe la situación por la que atraviesa la cafeticultura, señalando como su responsabilidad las reuniones necesarias con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de analizar las actividades que dicha Secretaría de Estado realiza a favor de la agroindustria en comento.

Asimismo, la organización de reuniones especializada con los productores en las entidades y regiones cafetaleras del país, en donde se vislumbre la problemática actual de todo el proceso que lleva la agroindustria del café.

Derivado de lo anterior, se definieron los puntos estratégicos a seguir por el grupo, en donde destaca la consulta con los participantes de esta agroindustria, para analizar sus condiciones actuales y las propuestas para su desarrollo, evaluación de la política gubernamental para la cafeticultura, formulación de una propuesta de recursos públicos para el apoyo de la cafeticultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2002 y la elaboración de una propuesta legislativa para esta actividad.

Para continuar con el cumplimiento de esta responsabilidad, el grupo programó las siguientes actividades: consulta con los integrantes de la agroindustria, sobre las condiciones actuales y las acciones para su fomento, considerando medidas presupuestales y jurídicas; reuniones de trabajo con funcionarios públicos de la Sagarpa, Economía, Hacienda, con el Consejo Mexicano del Café, para la asignación del ejercicio de los recursos presupuestales para la cafeticultura aprobados en el año 2001, revisando la Cuenta Pública y los informes trimestrales de las instituciones públicas en las acciones de interés para la agroindustria cafetalera; elaborar un programa de desarrollo integral para la cafeticultura y las regiones cafetaleras de corto, mediano y largo plazos, en consulta con el sector público, social y privado; elaborar una propuesta de fomento económico que incluya medidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, así como las diversas disposiciones sobre finanzas públicas, incluyendo la regla de operación del ejercicio del gasto público y recomendaciones en materia de financiamiento privado y social; elaborar un proyecto de ley de la iniciativa para el fomento del desarrollo de la cafeticultura que en su contenido estipule la creación de un órgano rector de este sector.

El seguimiento en lo referido el 28 de julio de 2001, la Comisión de Agricultura por conducto de este grupo de trabajo, reunión en San Cristóbal de las Casas un audiencia pública seguidamente en la ciudad de Tapachula, en donde el 7 de septiembre asistieron todos los productores e integrantes de la cadena productiva del café para exponer la problemática del cultivo en su Estado.

Se han llevado a cabo 38 reuniones de trabajo en las instalaciones de esta Cámara, en donde estuvieron presentes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, la Secretaría de Economía, Banco de Crédito Rural, Banco de Comercio Exterior, el Conacyt, el presidente del Consejo Mexicano del Café, mismo que expuso los planes en la aplicación y avance de esta agroindustria.

Se ha participado en foros relativos al café como en la Expocafé efectuada en el World Trade Center de la Ciudad de México; reunión con la Organización Mundial del Café en Londres, Inglaterra, Encuentro Nacional celebrado en Boca del Río, Veracruz y el Congreso Cafetalero Internacional, Cintercafé, realizado en San José, Costa Rica.

El acercamiento con los integrantes de la cadena productiva es primordial para el grupo, por lo tanto se ha entablado reunión y diálogos con diversos participantes, como el caso de la Alianza de Productores de Café, de Chiapas, Organización de Productores del Soconusco, Comisión para el Desarrollo del Café de Oaxaca, Puebla y Veracruz, Foro Estatal de Consulta y Análisis de la Cafeticultura Nacional, Unión Agrícola, Reunión de Productores de Café Tacaná, Asociación de Productores de Agroindustria Unida de México, Confederación Nacional Campesina, Confederación de Propietarios Rurales, Unión de Productores de Café, Confederación Mexicana de Productores de Café y Productores de Café de los 12 estados cafetaleros del país.

En el marco de la más grave crisis cafetalera nacional...

La Presidenta:

Diputado Alvarado, le pido que haga usted una síntesis en lo posible.

El diputado Oscar Alvarado Cook:

Quiero decirles, compañeros, que el logro del grupo de trabajo, está concluido en estos cuatro meses y en la ampliación de los tres meses.

La ley sobre la cafeticultura ya está en manos de la mayoría de los diputados, de los gobernadores, de los sectores sociales del café, y que pensamos que este grupo la podrá presentar a más tardar en la primera quincena del mes de abril. Conlleva la creación del nuevo organismo, considera la cuestión de torrefacción y etiquetado; hemos recogido las propuestas del compañero senador Fidel Herrera Beltrán, que presentó aquí al Congreso y además de la que presentó el compañero diputado de Acción Nacional, Ponce, aquí en la Cámara y en el que la opinión de ustedes será fundamental.

Con su permiso, Presidenta, nada más quiero rendir un reconocimiento a quienes han formado esta comisión, porque en la comisión se han olvidado los partidos políticos, han trabajado con un sentido de responsabilidad.

Vaya mi reconocimiento para los diputados de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y para mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, quienes con toda responsabilidad patriótica han sabido cumplir y cumplimos con ese trabajo.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Insértese el informe íntegro en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Pasando al capítulo de iniciativas de los diputados, nos informan que el grupo parlamentario del PRI ha solicitado se posponga para una próxima sesión la iniciativa de reformas al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGURIDAD SOCIAL

La Presidenta:

En tal virtud, tiene la palabra la diputada Patricia Martínez Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de adiciones a los artículos 84 fracción III párrafo segundo y 130 párrafo segundo de la Ley del Seguro Social, 24 fracción V y 75 fracción III de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

a diputada Martha Patricia Martínez Macías:

Con su permiso:

Los diputados que suscriben, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona algunos artículos de la nueva Ley del Seguro Social, así como de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que exista congruencia y concordancia entre los artículos de éstas y el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de equidad y género.

El Constituyente de 1916-1917, quien fuera precursor de los derechos sociales, los cuales fueron plasmados en nuestra Carta Magna, siempre previó la protección de la clase trabajadora por ser los trabajadores los más necesitados. Sin embargo, aun y cuando se ha tratado de conservar estos derechos la mujer al incorporarse a la actividad productiva del país se ha visto desprotegida e incluso ha estado en situaciones de desventaja. Tal es el caso del artículo 84 y 130 de la nueva Ley del Seguro Social, así como el artículo 75 de la Ley del ISSSTE.

No debemos olvidar que el trabajo de las mujeres presenta características peculiares, que aunque se hable de la no discriminación de sexos existe la imposibilidad de igualarlos absolutamente, lo cual se refleja en el derecho del trabajo en el que se deben de establecer normas especiales para el trabajo femenino y en esta ocasión no se necesitaría la creación de una norma especial de trabajo para las mujeres, sino únicamente la reforma a una norma general para que ésta se amplíe a las mujeres en relación a lo señalado en el artículo 4o. constitucional.

La reforma pretende establecer un mecanismo mediante el cual las familias de los trabajadores gocen de igualdad de derechos entre sí, a efecto de brindar la protección de la seguridad social a todos los miembros de la misma familia, independientemente del sexo del trabajador beneficiado por la protección social, haciendo de lado antiguas concepciones sexistas mediante las cuales únicamente se permitía a los varones proteger a su familia, cónyuge o concubina e hijos, denotando una característica de dependencia de la mujer y los hijos de la familia a la protección social. Y por otro lado permitiendo que la mujer pudiese proteger a los cónyuges o concubinarios si así y sólo si éste dependiera económicamente de aquélla.

Sin embargo, con la evolución social mexicana se aprecia que efectivamente cada día mayor número de mujeres se incorpora a la actividad productiva apoyando a la economía familiar, generando un mejor nivel de vida a su propio núcleo familiar. Esta evolución económica social se ve afectada por legislaciones que en lugar de generar un desarrollo armónico en la sociedad y la protección de los derechos de la clase trabajadora limita en uno de sus aspectos la protección al cónyuge varón, excluyéndolo de la protección de la seguridad social a que se ha hecho acreedora su cónyuge o concubina, limitándolo a su exclusiva dependencia económica. Situación por demás injusta ya que, como se ha dicho, al incorporarse a la vida productiva la mujer no implica la exclusión del varón en la vida productiva de ésta y limita en consecuencia la protección que se pudiera brindar a favor del padre de familia.

Es de considerarse actualmente esta situación se ve afectada por una doble protección a favor de la mujer o cónyuge trabajadora, ya que bajo el supuesto de encontrarse en régimen matrimonial o concubinario con un trabajador asegurado, ésta brinda la protección a su pareja, quien al estar sujeta a una relación laboral está beneficiada también por la protección social propia, generándose así una doble carga a la institución de protección social y considerando esta cuestión, este problema de duplicación de gasto dentro del instituto podría resolverse con la reforma que se plantea en esta iniciativa.

Lo que se pretende por esta iniciativa no sólo es que se logre una igualdad para las mujeres, sino para los hombres también en lo que se refiere a la seguridad social.

En virtud de la consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

INICIATIVA

De decreto por el que se adicionan los artículos 84 fracción III, párrafo segundo y 130 párrafo segundo de la nueva Ley del Seguro Social y el artículo 75 fracciones III y IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con perspectiva de género.

Artículo primero. Se reforma el artículo 84 fracción III, segundo párrafo, de la nueva Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

"Artículo 84. Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o a falta de éste el concubinario, reuniendo los requisitos del párrafo anterior y siempre y cuando no se encuentre ya asegurado."

Artículo segundo. Se reforma el artículo 130 párrafo segundo de la nueva Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

"Artículo 130. La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez, siempre y cuando no cuente con algún otro tipo de beneficio."

Artículo tercero. Se reforma el artículo 75 fracciones III y IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Artículo 75. . .

III. El esposo supérstite, sólo o en concurrencia con los hijos, si los hay, siempre y cuando éstos reúnan las condiciones a que se refiere la fracción I, siempre que aquél no cuente ya con este beneficio."

423,424,425

IV. El concubinario sólo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción I, siempre que aquél reúna los requisitos señalados en las fracciones II y III".

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de marzo del 2002.— Y suscribimos esta iniciativa varios diputadas y diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional.

«Iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 84 fracción III, párrafo segundo y el 130 párrafo segundo de la nueva Ley del Seguro Social, así como el artículo 75 fracciones III y IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con perspectiva de género.

Los diputados que suscriben, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la Consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona algunos artículos de la nueva Ley del Seguro Social, así como de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que exista congruencia y concordancia entre los artículos de éstas y el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de equidad y género, corrigiéndose la grave omisión que existe, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Constituyente de 1916-1917, quien fuera procurador de los derechos sociales, los cuales fueron plasmados en nuestra Carta Magna, siempre previó la protección de la clase trabajadora, por ser los trabajadores los más necesitados. Sin embargo aun y cuando se ha tratado de conservar estos derechos, la mujer al incorporarse a la actividad productiva del país, se ha visto desprotegida e incluso ha estado en situaciones de desventaja, tal es el caso del artículo 84 y 130 de la nueva Ley del Seguro Social, así como él artículo 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

No debemos olvidar que el trabajo de las mujeres presenta características peculiares, que aunque se hable de la no discriminación de sexos, existe la imposibilidad de igualarlos absolutamente, lo cual se refleja en el derecho del trabajo, en el que deben establecerse normas especiales para el trabajo femenino; sin embargo, en esta ocasión no se necesitaría la creación de una norma especial de trabajo para las mujeres, sino únicamente la reforma a una norma general para que ésta se amplíe a las mujeres en relación a lo señalado en el artículo 4o. constitucional.

La reforma pretende establecer un mecanismo mediante el cual las familias de los trabajadores gocen de igualdad de derechos entre sí a efecto de brindar la protección de la seguridad social a todos los miembros de la misma familia, independientemente del sexo del trabajador beneficiado por la protección social, haciendo de lado antiguas concepciones sexistas mediante las cuales únicamente se permitía a los varones proteger a su familia (cónyuge o concubina e hijos), denotando una característica de dependencia de la mujer y los hijos de la familia a la protección social y, por otro lado, permitiendo que la mujer pudiese proteger a los cónyuges y/o concubinarios sí y sólo si éste dependiere económicamente de aquélla; sin embargo, con la evolución social mexicana, se aprecia que efectivamente cada día, mayor número de mujeres se incorporan a la actividad productiva apoyando a la economía familiar, generando un mejor nivel de vida a su propio núcleo familiar; sin embargo, esta evolución económica social se ve afectada por legislaciones que en lugar de generar un desarrollo armónico de la sociedad y la protección de los derechos de la clase trabajadora, limita en uno de sus aspectos la protección al cónyuge varón, excluyéndolo de la protección de la seguridad social a que se ha hecho acreedora su cónyuge o concubina limitándolo a su exclusiva dependencia económica, situación por demás injusta, ya que como se ha dicho, al incorporarse a la vida productiva la mujer no implica la exclusión del varón a la vida productiva de ésta y limita en consecuencia la protección que se pudiere brindar a favor del padre de familia.

El artículo 4o. constitucional establece una igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, igualdad que por ley se establece y que por naturaleza se distingue; sin embargo, hay que tener en cuenta que aun cuando se proclame la no discriminación de los sexos esta situación resulta de difícil tratamiento, puesto que al incorporarse el género femenino a la actividad productiva la legislación deberá considerar los aspectos naturales de la mujer; sin embargo, el derecho social que se pretende establecer con la reforma no altera en lo absoluto.

El artículo 92 de la Ley del Seguro Social de 1973, en su redacción inicial, limitaba el derecho del esposo o concubinario de la asegurada en el sentido de que éste tenía que estar totalmente incapacitado, además de depender económicamente de ésta. De acuerdo con las reformas publicadas el 31 de diciembre de 1974 y de enero 4 de 1989, se eliminó el requisito de estar totalmente incapacitado y con esta reforma se extendieron los sujetos comprendidos en el núcleo familiar.

Una vez señalado lo anterior creemos que es tiempo de que se elimine la condición que al respecto existe en el artículo 84 y 130 de la nueva Ley del Seguro Social y el artículo 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que éstas no son sólo discriminatorias para la mujer, sino para el hombre esposo o concubinario que podría verse beneficiado con la reforma.

Es de considerar que actualmente, esta situación se ve afectada por una doble protección a favor de la mujer-cónyuge-trabajadora, ya que bajo el supuesto de encontrarse en régimen matrimonial o concubinario, con un trabajador asegurado, éste brinda la protección a su pareja, quien al estar sujeta a una relación laboral está beneficiada también por la protección de la seguridad social propia, generándose así una doble carga a la institución de protección social y considerando esta cuestión, este problema de duplicación de gasto dentro del instituto, podría resolverse con la reforma que se plantea en esta iniciativa.

Lo que se pretende por esta iniciativa no sólo es que se logre una igualdad para las mujeres, sino para los hombres también en lo que se refiere a la seguridad social.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta soberanía la siguiente

INICIATIVA

De decreto por el que se adicionan los artículos 84 fracción III párrafo segundo y 130 párrafo segundo de la nueva Ley del Seguro Social y el artículo 75 fracciones III y IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con perspectiva de género.

Artículo primero. Se reforma el artículo 84 fracción III segundo párrafo de la nueva Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

"Artículo 84. . .

I y II. . .

III. . .

Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o a falta de éste el concubinario, reuniendo los requisitos del párrafo anterior y siempre y cuando no se encuentre ya asegurado".

Artículo segundo. Se reforma el artículo 130 párrafo segundo de la nueva Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

"Artículo 130. . .

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez, siempre y cuando no cuente con algún otro tipo de beneficio."

Artículo tercero. Se reforma el artículo 75 fracciones III y IV de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Artículo 75. . .

I y II. . .

III. El esposo supérstite, solo o en concurrencia con los hijos si los hay, siempre y cuando éstos reúnan las condiciones a que se refiere la fracción I, siempre que aquel no cuente ya con este beneficio.

IV. El concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción I siempre que aquél reúna los requisitos señalados en las fracciones II y III.

V. . ."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias al presente decreto.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 26 de marzo de 2002.— Diputada Martha Patricia Martínez Macías.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO
PARA EL RETIRO

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El diputado Rafael Servín Maldonado:

Con su permiso, señora Presidenta:

El suscrito, diputado Rafael Servín Maldonado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la siguiente iniciativa de decreto, con base en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con proyecto de decreto que deroga la fracción IV del artículo 8o. y reforma la fracción VIII del artículo 16 y tercer párrafo del artículo 43, todos ellos de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro sustituye a la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, como una ley de orden público e interés social.

El orden público, pero sobre todo de interés social, no pasan de ser meras declaraciones en su artículo 1o., en el que se le concede el objetivo de regular el funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes previstos en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La coordinación, regulación, supervisión, vigilancia de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, la mencionada Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se le otorga a la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro dándole el carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas con competencia funcional propia.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro tiene su origen en la creación precisamente de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establecidos en las leyes de Seguridad Social mediante reformas aprobadas en el año de 1993, en la Ley del Seguro Social de 1973 mediante una reforma que se establece en 1993 como un nuevo ramo del seguro de esta Ley del Seguro de Retiro, le da lugar a la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro iniciando con la contribución obligatoria patronal del equivalente al 2% del salario base de cotización para el Seguro de Retiro como un mecanismo de estímulo económico al trabajador asegurado que cumpliera con los requisitos para tener acceso a una pensión de por vida.

Esta misma reforma da origen a la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con la intención de regular concerniente a los depósitos, administración e inversión de los recursos de este nuevo ramo de seguro que también se incorpora a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en aquélla se fijan las bases para la constitución de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

¿Por qué entonces en una ley de esta naturaleza que deriva de las leyes de seguridad social de orden público y sobre todo, de interés social se determina que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Y por qué entonces a esta Secretaría de Estado se le concede la facultad de nombrar directamente al presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro quien es la máxima autoridad administrativa de ésta? Son las preguntas cuyas respuestas señalan la prevalencia en esta ley del interés económico sobre el interés social.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro llama la atención, la ley se refiere a los sistemas de ahorro para el retiro y la Comisión Nacional encargada de la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿En qué se queda entonces, es un sistema de ahorro para el retiro con una Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro? o son varios sistemas de ahorro para el retiro con una Comisión de Sistemas de Ahorro para el Retiro, deriva de las leyes de seguridad social, es sin duda alguna una ley secundaria a las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es la Ley del Seguro Social la que establece el derecho de los trabajadores para contar con una cuenta individual en la que se depositen aportaciones patronales, del mismo trabajador y del Estado para sus pensiones cuando se reúnan los requisitos que esa misma ley establece para su otorgamiento.

Es la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley también de Seguridad Social la que establece el derecho de que la aportación patronal para la vivienda se registre en la cuenta de vivienda, en la cuenta individual de los trabajadores; es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de Estado la que establece la obligación de aportar cuota patronal, en este caso patrón Gobierno, del Seguro de Retiro en su depósito en cuentas individuales en las entidades financieras.

426,427,428

Entonces no resulta lógica la dependencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda ni que su presidente lo designe el Secretario de Hacienda, dependiente directo del Ejecutivo Federal, cuando que, tratándose de seguridad social debería depender de los institutos de seguridad social y cuyo presidente lo designarán estos institutos, a través de sus órganos de gobierno en cuya composición se integran en variedad los sectores que le dan forma los trabajadores, el Estado y los patrones.

Eso que pudiera ser fundamento suficiente para revisar de fondo las disposiciones legales que crean la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que no es el propósito de esta iniciativa, cobra una importancia relevante; es decir, de una revisión pormenorizada se llega a la conclusión de que la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es un ente al que el legislador le ha concedido la más numerosa, amplia y variable gama de facultades discrecionales.

Como probablemente no haya ejemplo en la muy numerosa legislación mexicana, en 11 artículos de ellos hay tres y cuatro menciones respectivamente de un total de 118, 10% se establece como facultades de la Consar "regular mediante disposiciones de carácter general"; artículo 5o. fracción I: expedir las disposiciones de carácter general; artículo 5o. fracción II: emitir la regulación prudencial; artículo 5o. fracción III: emitir reglas de carácter general; artículo 5o. fracción IV: expedir las reglas de carácter general; artículo 8o. fracción IV: determinar mediante reglas de carácter general; artículo 8o. fracción V: establecer mediante disposiciones de carácter general; artículo 8o. fracción VI: autorización de la comisión otorgada discrecionalmente; artículo 19: comisiones establecidas con reglas de carácter general que expida la comisión; artículo 37: autorización de la comisión que será otorgada discrecionalmente; artículo 40: se sujetará a lo dispuesto por las reglas de carácter general; artículo 43: y a las disposiciones de carácter general que expida la comisión; artículo 53: a las disposiciones de carácter general; artículo 74: requisitos que se determinen mediante disposiciones de carácter general; artículo 82: y en las disposiciones de carácter general; artículo 84: disposiciones de carácter general que al respecto emita el artículo 87.

Es válido cuestionarse en este momento si una ley que en el 10% de sus disposiciones remite a disposiciones generales emitidas discrecionalmente por un organismo que la misma ley crea.

Si una ley aprobada por el Poder Legislativo pero en la que el Congreso entrega graciosa y gratuitamente su facultad legislativa a un órgano administrativo al otorgar el carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia directa del Poder Ejecutivo y además faculta al titular de esa dependencia para nombrar al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro cuestionarse en este momento, decía, si este instrumento no se ha desvirtuado totalmente de su carácter de ley.

En el mes de abril del año pasado, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó a la consideración del Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro cuyo fondo principalmente se encuentra en los mecanismos de inversión que las sociedades de inversión de fondo para el retiro pueden utilizar para invertir los recursos de los trabajadores que se depositan en las administradoras de fondos para el retiro.

Hay en la ley actual disposiciones que regulan y limitan esta inversión, sobre todo lo que hace a la inversión en valores extranjeros y en valores nacionales de renta variable, estas disposiciones señaladas en la ley vigente ven perdida su capacidad normativa al establecer la posibilidad de que para ir a un extremo de una prohibición expresa se pueda, mediante disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pasar a una autorización tácita.

Ejemplo muy claro de lo que estamos sosteniendo: la ley vigente en su artículo 48 inicia con el siguiente enunciado, cita textual: "artículo 48. Las sociedades de inversión tendrán prohibido lo siguiente: fracción X. Celebrar operaciones que de manera directa o indirecta tengan como resultado adquirir valores por más del 5% del valor de la cartera de la sociedad de inversión de que se trate, emitidos o avalados por personas físicas o morales con quienes tengan nexos patrimoniales o de control administrativo".

Pero en seguida la fracción X dice: "la comisión, en casos excepcionales y atendiendo a las consideraciones del caso concreto, podrá autorizar la adquisición de los valores a que se refiere el párrafo anterior hasta por un 10%…".

Ejemplo, como se señaló más claro, el legislador prohibe a las sociedades de inversión celebrar determinadas operaciones por más de un 5% de su cartera, pero inmediatamente después entrega graciosamente su facultad legislativa y faculta a un órgano de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para no tomar en cuenta la prohibición que el Poder Legislativo ordenó en ese artículo y le da la potestad de autorizar un 100% más de lo que el legislador había autorizado, del 5% al 10%.

Un suceso reciente que motiva sin duda la presentación de esta iniciativa, ejemplifica también con claridad lo que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro puede hacer con base a las disposiciones de muy amplia discrecionalidad establecidas en la ley.

La comisión por acuerdo de su junta de gobierno y con fundamento en la ley estableció en 1997 que la compra de instrumentos de deuda estaría limitada a 35% del activo del total de la Siafore y un 10% del mismo emisor.

Con el sustento de lo que se busca ampliar el universo de instrumentos de deuda factibles de ser adquiridos para lograr una mejor diversificación y el de establecer límites en función de la calidad crediticia en lugar de los límites por tipo de emisor, el mes pasado se autorizaron modificaciones en el régimen de inversión de las Siafores, que pueden eliminar totalmente el portafolio de estas sociedades a los valores emitidos por el Gobierno Federal, ya que se autoriza la inversión de hasta el 200% del activo en una sociedad de inversión en valores clasificados como triple A.

Independientemente de la validez del acuerdo de modificación del régimen de inversiones tomados por la junta de gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la justificación plena que pudiera existir para variar los límites por el tipo de emisor, lo que importa en este asunto es hasta dónde se debe y puede llegar la participación de los trabajadores en las decisiones que se tomen para invertir los recursos de su propiedad.

¿Cómo se puede justificar entonces, que una junta de gobierno integrada por 15 personajes de los cuales sólo dos son representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, con la agravante de ser designados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y no por los trabajadores o siquiera por sus representantes, sean los que tomen las decisiones de esta trascendencia?

Reconocemos que la discrecionalidad que hay en la ley de los sistemas de ahorro para el retiro permite estos excesos, pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación de buscar otras alternativas que permitan dar mejor cauce a las decisiones que involucren algo tan delicado como los recursos de los trabajadores y su inversión productiva para obtener mejoras en la cuantía de sus pensiones en el futuro.

La Presidenta:

Diputado Servín, aunque el Reglamento permite que para las iniciativas haya hasta 30 minutos y yo estoy obligada a respetarlo, también tengo conocimiento por parte de la Junta que hay un acuerdo económico de tratar de que las presentaciones de las iniciativas fueran hasta de 15 minutos. Le ruego en lo posible abreviar su presentación.

El diputado Rafael Servín Maldonado:

Sí, señora Presidenta:

En la ley vigente la fracción IV artículo 8o. dice textualmente que corresponde a la Junta de Gobierno expedir las reglas de carácter general relativas al régimen de inversión, a las que deberán sujetarse las sociedades de inversión, previa opinión del comité consultivo y de vigilancia.

Por lo antes expuesto, presento ante ésta, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo 1o. Se deroga la fracción IV del artículo 8o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Corresponde a la Junta de Gobierno, del 1o. al 3o., conserva su texto vigente, el 4o. se deroga, del 5o. al 12 conservan su texto vigente. El artículo 12 reforma la fracción VIII del artículo 16 de los sistemas de ahorro para el retiro, para quedar como sigue: "el Comité Consultivo y de Vigilancia tendrán las facultades siguientes...". Del 1o. al 7o. conservan su texto vigente. El artículo 8o.: "aprobar las reglas relativas al régimen de inversión a que deberán sujetarse las sociedades de inversión, previa opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores".

Artículo 3o. Se reforma el párrafo tercero del artículo 43 del Sistema de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue: se conserva el texto vigente: "el régimen de inversión se sujetará a lo dispuesto por las reglas que apruebe el Comité Consultivo y de Vigilancia, oyendo previamente al Banco de México y a la Comisión Bancaria y de Valores", así como los siguientes transitorios:

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo expresado en el presente decreto.

Señora Presidenta, solicito se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social.

«Ciudadana Presidenta y Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

El suscrito, Rafael Servín Maldonado, diputado federal en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, con fundamento en lo que disponen los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción IV del artículo 8o. y reforma la fracción VIII del artículo 16 y el tercer párrafo del artículo 43, todos ellos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es aprobada por el Congreso de la Unión en 1996, iniciando su vigencia desde ese mismo año, con la finalidad de ajustarse a las nuevas disposiciones que de ella, con otro nombre, se hace en la Ley del Seguro Social. La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro sustituye a la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, como una ley de orden público e interés social.

El orden público, pero sobre todo el interés social, no pasan de ser meras declaraciones de su artículo 1o. en el que se le concede el objetivo de regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes, previstos en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la mencionada Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se las otorga a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, dándole el carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro tiene su origen en la creación, precisamente, de los sistemas de ahorro para el retiro, establecidos en las leyes de seguridad social mediante reformas aprobadas en el año de 1993.

En la Ley del Seguro Social de 1973, mediante una reforma que establece en 1993 como un nuevo ramo de seguro de esa ley el seguro de retiro, se da lugar a la creación de los sistemas de ahorro para el retiro, iniciándolo con la contribución obligatoria patronal del equivalente al 2% del salario base de cotización para el seguro de retiro, como un mecanismo de estímulo económico al trabajador asegurado que cumpliera con los requisitos para tener acceso a una pensión de por vida.

429,430,431

Esa misma reforma da origen a la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con la intención de regular lo concerniente a los depósitos, administración e inversión de los recursos de este nuevo ramo de seguro, que también se incorpora a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en aquélla se fijan las bases para la constitución de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Porque entonces en una ley de esta naturaleza, derivada de las leyes de seguridad social, de orden público y sobre todo de interés social, se determina que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y porque entonces a esa Secretaría de Estado se le concede la facultad de nombrar directamente al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quien es la máxima autoridad administrativa de ésta, son las preguntas cuyas respuestas señalan la prevalencia, en esta ley, del interés económico sobre el interés social.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (llama la atención que la ley se refiere a los sistemas de ahorro para el retiro y la Comisión Nacional encargada de la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro, es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; en que se queda, entonces, es un sistema de ahorro para el retiro con una Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o son varios sistemas de ahorro para el retiro con una Comisión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro) deriva de las leyes de seguridad social; es, sin duda alguna, una ley secundaria a las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Es la Ley del Seguro Social la que establece el derecho de los trabajadores a contar con una cuenta individual en la que se depositen, aportaciones patronales, del mismo trabajador y del Estado para sus pensiones cuando se reúnan los requisitos que esa misma ley establece para su otorgamiento; es la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ley también de seguridad social, la que establece el derecho de que la aportación patronal para la vivienda se registre en la subcuenta de vivienda de la cuenta individual de los trabajadores; es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, la que establece la obligación de aportar la cuota patronal (en este caso el patrón-gobierno) del seguro de retiro y su depósito en cuentas individuales en entidades financieras; entonces, no resulta lógica la dependencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda, ni que su presidente lo designe el Secretario de Hacienda, dependiente directo del Ejecutivo Federal, cuando que, tratándose de Seguridad Social, debiera depender de los institutos de seguridad social y cuyo presidente lo designaran esos institutos de seguridad social a través de sus órganos de gobierno, en cuya composición se integran en paridad los sectores que les dan forma, los trabajadores, el Estado y los patrones.

Esto que pudiera ser fundamento suficiente para revisar de fondo las disposiciones legales que crean la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que no es el propósito de esta iniciativa, cobra una importancia relevante si de una revisión pormenorizada se llega a la conclusión de que la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es un ente al que el legislador le ha concedido la más numerosa, amplia y variada gama de facultades discrecionales, como probablemente no haya otro ejemplo en la muy numerosa legislación mexicana.

En 11 artículos (en dos de ellos hay cuatro y tres menciones, respectivamente) de un total de 118 (10%) se establece como facultades de la Consar: regular mediante disposiciones de carácter general (artículo 5o. fracción I), expedir las disposiciones de carácter general (artículo 5o. fracción II), emitir la regulación prudencial (artículo 5o. fracción III), emitir reglas de carácter general (artículo 5o. fracción IV), expedir las reglas de carácter general (artículo 8o. fracción IV), determinar mediante reglas de carácter general (artículo 8o. fracción V), establecer mediante disposiciones de carácter general (artículo 8o. fracción VI), autorización de la comisión otorgada discrecionalmente (artículo 19), comisiones establecidas con reglas de carácter general que expida la comisión (artículo 37), autorización de la comisión que será otorgada discrecionalmente (artículo 40), se sujetará a lo dispuesto por las reglas de carácter general (artículo 43) y a las disposiciones de carácter general que expida la comisión (artículo 53), a las disposiciones de carácter general (artículo 74), requisitos que se determinen mediante disposiciones de carácter general (artículo 82) y en las disposiciones de carácter general (artículo 84), disposiciones de carácter general que al respecto emita la comisión (artículo 87).

Es válido cuestionarse en este momento si una ley que en el 10% de sus disposiciones remite a disposiciones generales emitidas discrecionalmente por un organismo que la misma ley crea, si una ley aprobada por el Poder Legislativo pero en la que el Congreso entrega graciosa y gratuitamente su facultad legislativa a un órgano administrativo al que le otorga el carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia directa del Poder Ejecutivo y además faculta al titular de esa dependencia para nombrar al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, cuestionarse en este momento —decía— si este instrumento legal no se ha desvirtuado totalmente de su carácter de ley.

En el mes de abril del año pasado, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó a la consideración del honorable Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuyo fondo, principalmente, se encuentra en los mecanismos de inversión que las sociedades de inversión de fondos para el retiro pueden utilizar para invertir los recursos de los trabajadores que se depositan en las administradoras de fondos para el retiro.

Hay en la ley actual disposiciones que regulan y limitan esta inversión, sobre todo por lo que hace a la inversión en valores extranjeros y en valores nacionales de renta variable. Estas disposiciones, señaladas en la ley vigente, ven perdida su capacidad normativa al establecerse la posibilidad de que, para ir a un extremo, de una prohibición expresa se pueda, mediante disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pasar a una autorización tácita.

Ejemplo muy claro de lo que estamos sosteniendo.

La ley vigente, en su artículo 48, inicia con el siguiente enunciado:

(cita textual)

Artículo 48. Las sociedades de inversión tendrán prohibido lo siguiente:

Fracción X. Celebrar operaciones que de manera directa o indirecta tengan como resultado adquirir valores, por más de un 5% del valor de la cartera de la sociedad de inversión de que se trate, emitidos o avalados por personas físicas o morales con quienes tengan nexos patrimoniales o de control administrativo (termina la cita textual). Pero, en seguida, la fracción X dice: la comisión, en casos excepcionales y atendiendo a las consideraciones del caso concreto, podrá autorizar la adquisición de los valores a que se refiere el párrafo anterior hasta por un 10%.

Ejemplo, como se señaló, más que claro; el legislador prohíbe a las sociedades de inversión celebrar determinadas operaciones por más de un 5% del valor de su cartera, pero inmediatamente después, entrega graciosamente su facultad legislativa y faculta a un órgano, la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para no tomar en cuenta la prohibición que el Poder Legislativo ordenó en ese artículo y le da la potestad de autorizar un 100% más de lo que el legislador había autorizado (del 5% al 10%).

Un suceso reciente, que motiva sin duda la presentación de esta iniciativa, ejemplifica también con claridad lo que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro puede hacer, con base en disposiciones de muy amplia discrecionalidad establecidas en la ley; la comisión, por acuerdo de su Junta de Gobierno y con fundamento en la ley estableció en 1997 que la compra de instrumentos de deuda estaría limitada al 35% del activo total de la Siefore y a un 10% de un mismo emisor.

Con el sustento de que se busca ampliar el universo de instrumentos de deuda factibles de ser adquiridos, para lograr una mejor diversificación y el de establecer límites en función de la calidad crediticia en lugar de límites por tipo de emisor, el mes pasado se autorizaron modificaciones en el régimen de inversión de las Siefore que pueden eliminar totalmente del portafolio de esas sociedades a los valores emitidos por el Gobierno Federal, ya que se autoriza la inversión de hasta el 100% del activo total de una sociedad de inversión en valores calificados como "AAA".

Independientemente de la validez del acuerdo de modificación del régimen de inversiones tomado por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la justificación plena que pudiera existir para variar los límites por tipo de emisor, lo que importa en este asunto es hasta donde debe o puede llegar la participación de los trabajadores en las decisiones que se tomen para invertir los recursos de su propiedad.

No debemos olvidar que los recursos que estas administradoras y sus sociedades de inversión manejan, son de los trabajadores y el riesgo que esos recursos corren es un riesgo para ellos y su seguridad futura, en el supuesto poco probable de que sirvan para darle una pensión digna; como se puede justificar entonces, que una Junta de Gobierno integrada por 15 personajes, de los cuales sólo dos son representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, con la agravante de ser designados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y no por los trabajadores o siquiera por sus representantes, sea la que tome decisiones de esta trascendencia.

Reconocemos que la discrecionalidad que hay en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro permite estos excesos, pero eso no quiere decir que no tengamos la obligación de buscar otras alternativas que permitan dar un mejor cauce a las decisiones que involucren algo tan delicado como los recursos de los trabajadores y su inversión productiva para obtener mejoras en la cuantía de sus pensiones en el futuro.

En la ley vigente, la fracción IV del artículo 8o. dice textualmente que "corresponde a la Junta de Gobierno", "Expedir las reglas de carácter general relativas al régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión, previa opinión del comité consultivo y de vigilancia".

La misma ley vigente, en la fracción VIII del artículo 16, señala textualmente como facultades del comité consultivo y de vigilancia. "emitir opinión a la Junta de Gobierno respecto al establecimiento de lineamientos generales de política sobre el régimen de inversión de las sociedades de inversión, así como de su aplicación".

Finalmente, el artículo 43 en su tercer párrafo, la ley vigente menciona textualmente que: "el régimen de inversión se sujetará a lo dispuesto por las reglas de carácter-general que expida la comisión, oyendo previamente la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del comité consultivo y de vigilancia, así como a lo siguiente."

Como se desprende de los textos de la ley vigente que anteceden, la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con 12 representantes del Ejecutivo Federal, dos de los trabajadores y uno de los patrones, designados estos tres últimos por el Ejecutivo Federal, es la facultada para expedir reglas de carácter general a los que habrá de sujetarse el régimen de inversión de las Sociedades de Inversión de las Afore, oyendo solamente la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del comité consultivo y de vigilancia de la Consar.

Dentro de los órganos de gobierno de la comisión se encuentra establecido en el artículo 6o. de esa ley, el comité consultivo y de vigilancia; su integración, lo dice el artículo 13 de la citada ley, está concebida en congruencia con los principios que rigen la seguridad social, es decir, es un órgano tripartito integrado por los sectores obrero, patronal y del Gobierno, cuyo fin es velar por los intereses de las partes involucradas a efecto de que se guarde armonía y equilibrio para el mejor funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro.

En el comité consultivo y de vigilancia hay seis miembros representantes de los trabajadores, seis de los patrones y seis del Gobierno Federal, además del presidente de la comisión. De los seis representantes de los trabajadores, cinco se designan de acuerdo a las formas utilizadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, conforme a los usos y costumbres en comités análogos y el sexto es designado por la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado.

En esta mecánica de designación sí hay lógica, lógica no muy clara en la actualidad cuando lo que se busca es consolidar un régimen corporativo, ya que hay los antecedentes de los consejos técnicos del IMSS y del Infonavit, lógica que no existe cuando se establece que en la Junta de Gobierno de la Consar los únicos dos representantes de los trabajadores, de un total de 15 personajes, son designados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Existiendo como se ha referido un comité consultivo y de vigilancia, integrado tripartidamente entre los sectores directamente relacionados con la seguridad social, tendrá seguramente más sentido que determinaciones de la importancia de la modificación del régimen de inversiones sean tomadas por este órgano de gobierno y no por la Junta de Gobierno en la cual la representación de los trabajadores esta minimizada.

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en las disposiciones constitucionales y reglamentarias conducentes, me permito proponer a la consideración de esta Cámara, la siguiente

432,433,434

INICIATIVA

Con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo primero. Se deroga la fracción IV del artículo 8o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

"Artículo 8o... (Corresponde a la Junta de Gobierno):

I a la III... Conservan el texto vigente.

IV. Se deroga.

V a la XIl... Conservan el texto vigente."

Artículo segundo. Se reforma la fracción VIII del artículo 16 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

"Artículo 16... (El comité consultivo y de vigilancia tendrá las siguientes facultades)

I a la VII... Conservan el texto vigente.

VIII. Aprobar las reglas relativas al régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión previa opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores."

Artículo 3o. Se reforma el párrafo tercero del artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

"Artículo 43. . .

a) al e... Conservan el texto vigente.

...

El régimen de inversión se sujetará a lo dispuesto en las reglas que apruebe el comité consultivo y de vigilancia, oyendo previamente al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a lo siguiente:

I. . .

II. . ."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo expresado por este decreto.»

Señora Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:

Con fundamento en las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito a usted que esta iniciativa sea turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para que sea dictaminada junto con las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que se tienen pendientes de trámite legislativo.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, atendiendo la solicitud del diputado y por la materia de que se trata.

Antes de pasar a la siguiente iniciativa queremos expresar a nombre de esta Mesa Directiva un cordial saludo a la diputada Elena García Alcañiz Calvo, vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de las Cortes Generales del Reino de España; a la diputada María Teresa Arriera Madurel, vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea de la OTAN; al excelentísimo embajador del Reino de España en México, don José Ignacio Carvajal Gárate; al señor Alfredo Domínguez Manzanaque y a la señora Ana María García Alcañiz Calvo, quienes se encuentran en nuestro país realizando una gira de trabajo en materia de ciencia y tecnología y a quienes saludamos con afecto y respeto y les deseamos que su estancia en nuestra patria sea grata.

Tenemos la certeza de que el evento que están organizando será todo un éxito y para el Congreso mexicano es un honor que hayan seleccionado a nuestro país como sede.

Bienvenidos y gracias.

LEY DE CAMINOS, PUENTES
Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones diversas a disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Alejandro Rafael García
Sainz Arena:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Consolidada la Revolución Mexicana se da la creación el 11 de enero de 1917, de la dirección de caminos y puentes, como organismo especializado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Esta dependencia planeó los caminos a las capitales de los estados de Hidalgo, Puebla, México y Morelos.

Para 1930 el país contaba con sólo una ciudad de 1 millón de habitantes y otra más de 40 mil. En ellas vivían el 16% de la población, en tanto que en las localidades pequeñas residía el 84% de los ciudadanos del país. Para esas fechas, únicamente unas cuantas localidades tenían comunicación por carretera, tal era el caso de la Ciudad de México y 11 ciudades medias.

La evolución económica y social del país, así como su expresión en mayores requerimientos de transporte y comunicaciones, plantearon la necesidad de adecuar la capacidad disponible y la organización de los servicios para lograr mayores niveles de bienestar para la población y responder a las necesidades de la actividad productiva. Por ello se impulsó el desarrollo de los transportes y de las comunicaciones a través de los programas coordinados, de acción y de política sectorial, para lograr un funcionamiento armónico de los diferentes servicios, así como un desarrollo integral y equilibrado de su infraestructura en función de las prioridades y objetivos nacionales.

Para satisfacer la demanda del sector con base en los principios de corresponsabilidad y participación de los sectores públicos, privado y sociales. Se establecieron programas y compromisos recíprocos para incrementar la disponibilidad de los servicios, apoyar la eficiencia operativa, modernizar la infraestructura, así como la administración y organización de las entidades responsables de la prestación de los servicios.

Es importante destacar que de la misma manera que el país requería en ese entonces una infraestructura de aeropuertos, vías férreas y puertos marítimos era necesario contar con redes carreteras que fueran compatibles con las necesidades de desarrollo económico del país.

El traslado carretero se convirtió en un medio para el desplazamiento de personas y el intercambio de mercancías; las condiciones que lo caracterizaron fueron el impresionante incremento en la demanda de sus servicios y como consecuencia la permanente necesidad de adaptar las carreteras a las nuevas exigencias del país.

Ante el enorme y rápido crecimiento de la demanda de construcción de vías terrestres, el Gobierno tuvo la necesidad de concesionar la construcción y operación de los caminos mexicanos que le permitiera orientar los recursos públicos a otras áreas de la administración pública.

Una adecuada planeación de las comunicaciones y transportes, es más indispensable para el desenvolvimiento económico del país, sobre todo es concebido a largo plazo. Esto se observa con claridad si se considera que casi todo el volumen de la inversión en materia de obras de comunicación y en general de obras de infraestructura es de larga duración y vida útil y las decisiones correspondientes son en su mayor parte irreversibles.

Todas las actividades económicas de producción de bienes o servicios dependen en una u otra forma del desplazamiento de los insumos y mercancías o cargas de toda categoría y del traslado de personas como productoras o consumidoras. No hay aspecto de la vida económica, social, cultural o política en su sentido más amplio que no se relacione directamente con los transportes.

No obstante el nivel de infraestructura alcanzado y el equipamiento que se ha desarrollado en la red de caminos y puentes, el dinamismo observado en la demanda para autopistas y carreteras requiere de su ampliación y modernización para lo cual se requerirá una mayor inversión en el ramo, necesidad que el Gobierno Federal no puede cubrir debido a las condiciones económicas que está viviendo el país, por lo que deberá seguir haciendo uso de las concesiones.

Es necesario promover la expedición de leyes que promueva la planeación nacional del desarrollo económico y social, garantizando con esto el saludable manejo de los recursos públicos y su relación con los particulares para proveer un desarrollo eficaz y sustentable.

Es momento de demostrar que se terminaron los privilegios a cualquier nivel y que desde el lugar en que ahora nos encontramos, sumaremos esfuerzos para velar por los intereses generales del país y procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos su rincones.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la plena seguridad de que en la presente iniciativa de reforma y dado los tiempos de cambio que estamos viviendo, se dotará de una mayor transparencia de esos procedimientos de concesiones que realiza el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evitando en la medida de lo posible que se puedan presentar actos de corrupción o favorecimiento de intereses personales.

Por dicho motivo se propone que el Congreso de la Unión mediante la Cámara de Diputados sea quien ratifique el otorgamiento de concesiones en cada uno de los procedimientos de las concesiones para la administración, operación, explotación y construcción de caminos y puentes que lleve a cabo la dependencia encargada del Ejecutivo.

Asimismo, en concordancia a la iniciativa presentada por mi persona el pasado 20 de abril, en donde se establece el procedimiento para que la Cámara, pueda actuar en dicha materia, considero necesario la aprobación de ambas iniciativas para su correcto desempeño y eficacia jurídica.

Por ello someto a esta Cámara de Diputados la presente iniciativa, decreto mediante el cual se reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Señora Presidenta por respeto al tiempo de mis compañeros legisladores, omitiré la lectura del articulado, pero le solicito sea publicado de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Asimismo, solicito se turne a la Comisión de Comunicaciones.

Muchas gracias.

«Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Bernardo de La Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, Jose Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Comunicaciones, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Consolidada la Revolución a partir del gobierno de Venustiano Carranza, se da la creación el 11 de enero de 1917 de la dirección de caminos y puentes, como organismo especializado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Esta dependencia planeó los caminos a las capitales de los estados de Hidalgo, Puebla, México y Morelos.

Para 1930 el país contaba con sólo una ciudad de 1 millón de habitantes y otra más de 50 mil. En ellas vivía el 16% de la población, en tanto que en las localidades pequeñas residía el 84% de los ciudadanos del país. Para esas fechas únicamente unas cuantas localidades tenían comunicación por carretera, tal era el caso de la Ciudad de México y 11 ciudades medias.

La evolución económica y social del país, así como su expresión en mayores requerimientos de transportes y comunicaciones, plantearon la necesidad de adecuar la capacidad disponible y la organización de los servicios, para lograr mayores niveles de bienestar para la población y responder a las necesidades de la actividad productiva. Para ello, se impulsó el desarrollo de los transportes y de las comunicaciones a través de programas coordinados, de acción y de política sectorial, para lograr un funcionamiento armónico de los diferentes servicios, así como un desarrollo integral y equilibrado de su infraestructura, en función de las prioridades y objetivos nacionales.

435,436,437

Para satisfacer la demanda del sector con base en los principios de corresponsabilidad y participación de los sectores públicos, privado y social, se establecieron programas y compromisos recíprocos para incrementar la disponibilidad de los servicios, apoyar la eficiencia operativa, modernizar la infraestructura, así como la administración y organización de las entidades responsables de la prestación de los servicios.

Es importante destacar que de la misma manera que el país requería, en ése entonces una infraestructura de aeropuertos, vías férreas y puertos marítimos, era necesario contar con redes carreteras que fueran compatibles con las necesidades de desarrollo económico del país.

El traslado carretero se convirtió en un medio para el desplazamiento de personas y el intercambio de mercancías; las condiciones que lo caracterizaron fueron el impresionante incremento en la demanda de sus servicios y como consecuencia, la permanente necesidad de adaptar las carreteras a las nuevas exigencias.

Ante el enorme y rápido crecimiento en la demanda de construcción de vías terrestres, el Gobierno tuvo la necesidad de concesionar la construcción y operación de los caminos mexicanos que le permitiera orientar los recursos públicos a otras áreas de la administración pública.

Una adecuada planeación de las comunicaciones y transportes es base indispensable para el desenvolvimiento económico del país, sobre todo cuando es concebido a largo plazo. Esto se observa con claridad, si se considera que casi todo el volumen de la inversión en materia de obras de comunicación y en general de obras de infraestructura, es de larga duración y vida útil y las decisiones correspondientes son en su mayor parte irreversibles.

Todas las actividades económicas de producción de bienes o servicios, dependen en una u otra forma del desplazamiento de los insumos y mercancías o cargas de toda categoría y del traslado de personas como productoras o consumidoras. No hay aspecto de la vida económica, social, cultural o política, en su sentido más amplio, que no se relacione directamente con los transportes.

No obstante el nivel de infraestructura alcanzado y el equipamiento que se ha desarrollado en la red de caminos y puentes, el dinamismo observado en la demanda por autopistas y carreteras requiere de su ampliación y modernización, para lo cual se requerirá una mayor inversión en el ramo, necesidad que el Gobierno Federal no puede cubrir debido a las condiciones económicas que está viviendo el país, por lo que deberá seguir haciendo uso de las concesiones.

Es necesario promover la expedición de leyes que promuevan la planeación nacional del desarrollo económico y social, garantizando con esto, el saludable manejo de los recursos públicos y su relación con los particulares para proveer un desarrollo eficaz y sustentable.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la plena seguridad de que con la presente iniciativa de reforma y dados los tiempos de cambio que estamos viviendo, se dotará de una mayor transparencia a ese procedimiento de concesiones que realiza el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evitando en la medida de lo posible, que se puedan presentar actos de corrupción o favorecimiento de intereses.

Por dicho motivo, se propone que el Congreso de la Unión mediante la Cámara de Diputados, sea quién ratifique el otorgamiento de concesiones en cada uno de los procedimientos de la concesión para la administración, operación, explotación y construcción de caminos y puentes que lleve a cabo la dependencia encargada del Ejecutivo.

Asimismo y en concordancia a la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el pasado 20 de abril, en donde se establece el procedimiento para que la Cámara pueda actuar en esta materia. Consideramos necesaria la aprobación de ambas iniciativas para su correcto desempeño y eficacia jurídica.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA

De decreto mediante el cual se reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo primero. Se reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

TITULO PRIMERO

Del régimen administrativo de los caminos, puentes y autotransporte federal

CAPITULO III

Concesiones y permisos

"Artículo 6o.

Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta ley, y los reglamentos respectivos.

La Cámara de Diputados y a petición de ella, podrá intervenir de manera definitoria en el proceso de asignación y las prórrogas de las concesiones y permisos que se hacen alusión en este artículo.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecerá el procedimiento y la discrecionalidad en que se llevará a cabo el proceso de aprobación o rechazo a dichas concesiones, permisos y prórrogas.

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, siempre que el concesionario hubiere cumplido con las condiciones impuestas y lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión.

La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de 60 días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada y establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.

La Cámara de Diputados tendrá 30 días naturales para resolver la prórroga que hace alusión el párrafo anterior, contados a partir de la resolución de la Secretaría."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor hasta en tanto se realicen las reformas conducentes en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 25 de marzo de 2002.— Partido Verde Ecologista de México.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

La Presidenta:

Gracias diputado.

Insértese la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Presidenta:

Para presentar una iniciativa con reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se concede el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Narro Céspedes:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como es de todos conocido en el curso del pasado periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, se aprobaron diversas disposiciones fiscales, que tenían como objetivo mejorar las finanzas públicas del Gobierno Federal de nuestra nación.

Sin embargo, por no haber sido materia de dictamen, las diferentes iniciativas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se concluyó el 31 de diciembre de 2001, con la vigencia del artículo sexto 01 fracción II, (sic) transitorio que establecía tasa cero sobre el servicio o suministro de agua para uso doméstico, establecer con precisión el tratamiento fiscal para el servicio o suministro de agua, tiene importancia por las siguientes razones:

La primera de ellas, tiene qué ver con el carácter que el consumo de agua potable para la población mexicana, porque para nadie es desconocido que el líquido en comento forma parte de la reproducción y sustento de la vida humana.

En segundo lugar, todas las familias mexicanas, utilizan el agua como un bien de primera necesidad.

En tercer lugar, cobrar un impuesto al consumo al suministro del vital líquido, repercutiría sobre la economía de millones de familias, que habitan las zonas urbanas marginadas, así como las familias campesinas que en su gran mayoría se encuentran sumergidas en la pobreza. Asimismo, la población mexicana no cuenta hoy día con empleos que le proporcionen ingresos suficientes, para hacer frente a sus obligaciones al fisco mexicano, pues como sabemos millones de familias mexicanas, apenas cuentan con los ingresos monetarios para comprar su sustento, su alimentación cotidiana.

En cuarto lugar, porque el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal, el 5 de marzo de 2002, en su artículo 4o. Se exime totalmente a los contribuyentes del pago al impuesto al valor agregado, que se cause por el servicio o suministro de agua para uso doméstico, situación que si bien es cierta, resuelve de inmediato este problema, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que dicha exención debe ser producto de un acto formalmente legislativo, que es quien tiene la autoridad.

Nuestra propuesta de adicionar una fracción XVII al artículo 15 de la ley en vigor, se ve la perspectiva de evitar que esta materia siga siendo objeto de aprobación en artículos transitorios, sujetos a una vivencia anual y nuestra propuesta tiende a que esta medida sea permanente hasta en tanto no se modifique la ley.

Finalmente, creemos y como lo hemos sostenido en diversos foros, así como en el pleno de esta soberanía, quienes deben pagar impuestos para que contemos con un Estado fuerte financieramente, son los que tienen concentrada la riqueza en nuestro país.

Nos estamos refiriendo a los grandes magnates del capital nacional e internacional, asentados en nuestro territorio, porque son ellos los que tienen el control del 80% del Producto Interno Bruto que se genera anualmente en México y que por razones de protección tributaria prácticamente no pagan impuestos, tal como ocurre con las operaciones que realizan en el mercado de valores.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo único. Se adiciona una fracción XVII al artículo 15 de la Ley al Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue: fracción XVII: "al servicio o suministro de agua para uso doméstico".

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de marzo de 2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo firman la presente iniciativa los diputados: Rosa Delia Cota Montaño; Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame y un servidor, José Narro Céspedes.

438,439,440

Es cuanto, Presidenta.

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Los suscritos, diputados federales a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que disponen los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como es de todos conocido, en el curso del pasado periodo de sesiones extraordinarias, el Congreso de la Unión aprobó diversas disposiciones fiscales que tenían como objetivo mejorar las finanzas públicas del Gobierno Federal de nuestra nación.

Sin embargo, por no haber sido materia de dictamen las diferentes iniciativas de Ley del Impuesto al Valor Agregado, se concluyó el 31 de diciembre de 2001, con la vigencia del artículo sexto 01 fracción II, (sic) transitorio, que establecía tasa cero sobre el servicio o suministro de agua para uso doméstico.

Establecer con precisión el tratamiento fiscal para el servicio o suministro de agua tiene importancia por las siguientes razones:

La primera de ellas tiene qué ver con el carácter que tiene el consumo de agua potable para la población mexicana. Porque para nadie es desconocido que el líquido en comento forma parte de la reproducción y sustento de la vida humana.

En segundo lugar, todas las familias mexicanas utilizan el agua como un bien de primera necesidad.

En tercer lugar, cobrar un impuesto al consumo o suministro del vital líquido, repercutiría sobre la economía de millones de familias que habitan las zonas urbanas marginadas, así como a las familias campesinas que en su gran mayoría se encuentran sumergidas en la extrema pobreza.

Asimismo, la población mexicana no cuenta hoy día con empleos que les proporcionen ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones frente al fisco mexicano. Pues como sabemos, millones de familias mexicanas apenas cuentan con los ingresos monetarios para comprar tortillas, sal y frijoles que constituye en el mejor de los casos, parte de su dieta diaria de alimentación.

En cuatro lugar, porque en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal el 5 de marzo de 2002, en su artículo 4o.: "se exime totalmente a los contribuyentes del pago del impuesto al valor agregado que se cause por el servicio o suministro de agua para uso doméstico", situación que bien es cierto resuelve en lo inmediato este problema, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que dicha exención debe ser producto de un acto formalmente legislativo.

Nuestra propuesta de adicionar una fracción XVII al artículo 15 de la ley en vigor, se da en la perspectiva de evitar que esta materia siga siendo objeto de aprobación en artículos transitorios sujetos a una vigencia anual y nuestra propuesta tiende a que esta medida sea permanente, hasta en tanto no se modifique la ley.

Finalmente, creemos, como lo hemos sostenido en diversos foros, así como en el pleno de esta soberanía, quienes deben pagar impuestos para que contemos con un Estado financieramente fuerte, son los que tienen concentrada la riqueza en nuestro país.

Nos estamos refiriendo a los grandes magnates del capital nacional e internacional asentados en nuestro territorio, porque son ellos, los tienen el control del 80% del PIB que se genera anualmente en México y que por razones de protección tributaria, prácticamente no pagan impuestos, tal como ocurre con las operaciones que realizan en el mercado de valores.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción ll, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al pleno de la Cámara de Diputados, la presente

INICIATIVA

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 15, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo único. Se adiciona una fracción XVII al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

"Artículo 15. . .

I a la XVI. . .

XVII. Al servicio o suministro de agua para uso doméstico."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Dado en el Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 26 de marzo de 2002. — Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adame.»

La Presidenta:

Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 43 CONSTITUCIONAL

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Martínez Veloz para presentar una iniciativa que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señora Presidenta:

Presento ante esta Asamblea legislativa, un asunto planteado a esta representación popular por un número importante de organizaciones políticas, sociales, liberales, sindicales, de profesionistas, de maestros del Estado de Baja California.

Es un tema que en lo personal comparto plenamente, pero por ser un asunto que por su trascendencia para el Estado de Baja California tiene, solicito que una subcomisión de la Comisión de Puntos Constitucionales realice en la entidad federativa a la que pertenezco, las consultas necesarias a través de procedimientos incluyentes y democráticos para emitir el dictamen correspondiente.

Se adjuntan a la presente iniciativa, como anexo, las solicitudes y cartas de apoyo del Comité pro Baja California "Benito Juárez" que coordina el ciudadano Javier Heredia Talavera.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 16 de enero, los bajacalifornianos conmemoramos el L aniversario que el honorable Congreso de la Unión otorgó al territorio de Baja California la categoría jurídica de "Estado de la República" para que con sus 71 mil 627 kilómetros cuadrados y sus casi 230 mil habitantes en 1951, culminara la lucha tenaz que desde el gobierno del presidente patriota general Lázaro Cárdenas del Río, habían emprendido distinguidos bajacalifornianos integrando distintos comités por el Estado Libre y Soberano de Baja California, lucha que culminó finalmente el 16 de enero de 1952 con la publicación del histórico decreto del ex presidente Miguel Alemán Valdés.

Como recordaremos, nuestra península fue dominada por los jesuitas al fundar 22 misiones en el periodo de 1699 a 1766 y asediada continuamente por el imperio inglés, el zar ruso, los piratas de Chile, Filipinas y Japón y en septiembre de 1846 durante la guerra injusta de Estados Unidos con el apoyo de su presidente norteamericano James K. Polk, quien en su tercer mensaje al Congreso aseguró que su gobierno de ninguna manera renunciaría a la conquista de los territorios de Nuevo México y de ambas californias, por lo que era necesario imponernos un gobierno dispuesto a hacer la paz en los términos más convenientes.

Finalmente, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se logró salvar nuestra península, reconociéndose claramente en el artículo 5o., de dicho instrumento, el dominio directo de nuestra nación sobre el citado territorio patrio, que siempre ha despertado apetitos insaciables de gobiernos imperiales, por nuestra ubicación geoestratégica militar, comercial y por sus enormes recursos renovables y no renovables.

Históricamente Baja California ha recibido varios nombres: el primero fue el de California, que le diera Hernán Cortés; también se le llamó Nueva Albión, por el pirata inglés Drake el de Nueva Inglaterra por otro pirata inglés de apellido Cavendish y por último, el almirante Isidro Tondo y Antullón, la rebautizó con el nombre de Isla Carolina, en honor del rey Carlos II de España. Hoy, a escasos días de que los mexicanos patriotas conmemoramos el CXCVI aniversario del natalicio de Benito Juárez, afirmamos como lo hizo el maestro Vicente Lombardo Toledano, que los autores del proceso histórico son los pueblos, ellos engendran sus conductores.

La grandeza de los hombres depende de las hazañas de sus pueblos. Pero los hombres de genio como Benito Juárez, influyen y son determinantes en el proceso general de la historia, no porque él solo y debido a su carácter y a su genio, hubiese realizado la obra trascendental que cumplió sino porque tuvo, como lo expresó Vicente Lombardo Toledano, la virtud de estar a la altura de su tiempo, no sólo del tiempo mexicano sino del tiempo universal.

Es indudable que Benito Juárez es heredero de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón, así como la revolución de reforma es de la insurgencia y como a un mismo tiempo concibieron un Estado basado en los principios de la soberanía popular, en los derechos del hombre, en el gobierno representativo de los intereses populares y que al enarbolar la bandera de la República, realizaron la transformación dialéctica y revolucionaria de nuestra sociedad.

Por ello compañeras y compañeros, tenemos que enterrar con montañas de verdad las mentiras divulgadas dentro y fuera del país en contra de una de las figuras más puras universales. Benito Juárez, como lo consigna la historia, no era anticatólico, era creyente como casi todos los hombres de su generación, con excepción de Ignacio Ramírez, el filósofo materialista cuya lucha política estaba dirigida a vencer los cuerpos privilegiados que acaparaban la riqueza nacional y se empeñaban en mantener su fuerza incontrastable dentro del Estado y por encima del propio Estado.

Benito Juárez entregó a México y a los pueblos del mundo, los principios de una política exterior justa que nos ha dado respeto, prestigio y reconocimiento, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados. Decretó con las Leyes de Reforma la libertad de conciencia, el derecho de creer y el de no creer y la libertad religiosa; creó el sistema educativo nacional fundado en la escuela científica, laica, gratuita y obligatoria; estableció la soberanía absoluta e ilimitada, de la que es titular nuestra patria. Por lo que Juárez y los próceres de la Reforma rebasaron con los hechos el tibio liberalismo europeo de dejar hacer, de dejar pasar y con toda la energía de sus convicciones emprendieron la construcción integral de una nueva patria, derrumbando las caducas estructuras que frenaban el nuevo amanecer, como último profetas y primeros arquitectos del porvenir histórico.

Benito Juárez, hombre glorioso que hoy los bajacalifornianos reclamamos nuestro derecho a rendirle homenaje permanente, adicionándole su nombre al de nuestro Estado, fue designado por la historia representando la síntesis de las cualidades de un pueblo que había adquirido conciencia nacional, dispuesto a defender su derecho de nación soberana para construir su destino sin opresión de ningún signo.

Benito Juárez, con fervor patrio lo constató en la clausura del segundo periodo de sesiones del IV Congreso, de mayo de 1868, que ante el acoso permanente que sufría nuestro territorio peninsular expresó que el establecimiento de colonias en nuestras fronteras del norte podría ser el medio eficaz para que se resguarden contra las permanentes incursiones de los bárbaros, incluidos los filibusteros norteamericanos, fomentándose y asegurándose el bienestar en aquellos estados y con el aumento de una población y el desarrollo.

Benito Juárez, ejemplo de patriotismo, defensor intransigente de la independencia, soberanía y dignidad nacionales fue contundente en su respuesta al príncipe europeo Maximiliano de Habsburgo, al expresarle, en 1864: "dado el hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud, pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará".

441,442,443

El fallo de la historia, compañeras y compañeros, coloca a Benito Juárez como el Benemérito de las Américas y a Maximiliano, los Miramón y los Mejías, sólo los recuerdan en el cerro de las Campanas con el triunfo de la República.

Benito Juárez, como lo afirma la historia en las horas más adversas de la lucha y al constatar la afrenta de la derrota en la guerra infame de la invasión norteamericana que nos costó la pérdida de más de la mitad de nuestro suelo patrio, el indio de Guelatao expresó la histórica consigna: "no es voluntad de la nación que se hipoteque ni se enajene nuestro territorio; si otra nación se apodera de cualquier punto de nuestro suelo y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos suceden lo recobre".

Honorable Asamblea: en este proceso histórico varios presidentes de la República de la etapa posrevolucionaria mostraron, con actos de gobierno, su preocupación por la integridad peninsular, en los que destacan Ortiz Rubio, quien incrementó las comunicaciones en la península de Baja California para defender sus enormes recursos que deben ser, afirmó, aprovechados por los nacionales, dados los antecedentes históricos por su vecindad con el imperio del norte.

Abelardo L. Rodríguez se preocupó por la colonización, estableció compañías militares y navales. Lázaro Cárdenas se caracterizó por realizar actos de gran contenido patriótico y antiimperialista expropiando grandes extensiones de tierra que detentaban mayoritariamente los norteamericanos.

Avila Camacho continuó la obra cardenista y logró la firma del tratado de la distribución de aguas de los ríos Tijuana y Colorado, en 1944, mismo que se ratificó en 1945, a pesar de que su gobierno se vio envuelto en la Segunda Guerra Mundial.

El gobierno del licenciado Miguel Alemán Valdés concluyó el ferrocarril Sonora-Baja California, dictó la Ley de Fomento Económico y, mediante el decreto del 16 de enero, constituyó el territorio norte de Baja California en Estado de la República.

El gobierno cortinista se ocupó del desarrollo del mar de Cortés, aumentó la fuerza armada y unidades navales en la zona, a fin de que continuaran vigilando nuestra península de Baja California. Además hizo la histórica declaración de principios sobre el régimen jurídico del mar, en la tercera reunión del Consejo Internacional de Jurisconsultos, celebrado en México el 16 de enero de 1956.

El gobierno del presidente Adolfo López Mateos acercó física y económicamente a Baja California al territorio nacional con múltiples carreteras e incrementó la integración educativa con el resto del país.

Señora Presidenta: lo que a continuación se describe solicito sea incorporado íntegramente al texto del Diario de los Debates para pasar a leer concretamente la iniciativa de decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo primero. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 43. "Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Benito Juárez, ..." Y el texto que a continuación tiene el propio artículo queda íntegro.

Artículo 2o. Se faculta al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación para dictar las normas interpretativas y aclaratorias del presente decreto a que haya lugar.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta reforma no afectará los actos legales, reglamentarios o administrativos que se hayan realizado hasta la promulgación y entrada en vigencia del presente decreto.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales reglamentarias o administrativas que se opongan a las del presente decreto.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días hábiles después de su publicación y promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Firman la presente iniciativa, un servidor, diputados: José Narro Céspedes, Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; Enriqueta Bacilio Sotelo, Fernando Ortiz Arana, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Garibay, Humberto Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia; Víctor Gandarilla, del Partido Revolucionario Institucional y Rubén García Farías.

Acompañan también a la presente iniciativa, documentos de apoyo del Comité Pro-Baja California, Benito Juárez, que dirige el ciudadano Javier Heredia Talavera, del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, del Partido de la Revolución Democrática en Baja California, del Partido del Trabajo en Baja California, del Partido Convergencia por la Democracia en Baja California, del Partido Popular Socialista, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de las centrales obreras estatales CTM, CROM, CROC y FSTSE, las cinco secciones del Sindicato de Trabajadores del Estado y Municipios, de la federación estatal de asociaciones, colegios y barras de abogados, del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, maestros jubilados y pensionados de la zona norte de México, Grupo Vanguardia Político Luis Donaldo Colosio Murrieta, Asociación de Sinaloenses en Baja California, organizaciones sociales fraternidad, grupo Tijuana, Movimiento Nacional Juarista Bolivariano, jóvenes universitarios y demás asociaciones.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa de decreto para reformar el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados:

Presento ante esta Asamblea legislativa, un asunto planteado a esta representación popular, por un número importante de organizaciones políticas, sociales, liberales, sindicales, de profesionistas y educativas del Estado de Baja California. Es un tema, que en lo personal comparto plenamente, pero por ser un asunto que, por su trascendencia, para el Estado de Baja California tiene, solicito que una subcomisión de la Comisión de Puntos Constitucionales, realice en la entidad federativa, las consultas necesarias a través de procedimientos incluyentes y democráticos, para emitir el dictamen correspondiente. Se adjuntan a la presente iniciativa, como anexo, las solicitudes y cartas de apoyo del Comité ProBaja California "Benito Juárez", que coordina el ciudadano Javier Heredia Talavera.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 16 de enero, los bajacalifornianos conmemoramos el L aniversario en que el honorable Congreso de la Unión otorgó al territorio de Baja California la categoría jurídica de Estado de la Republica, para que con sus 71 mil 627 kilómetros cuadrados y sus casi 230 mil habitantes en 1951, culminara la lucha tenaz que desde el gobierno del presidente patriota general Lázaro Cárdenas del Río, habían emprendido distinguidos bajacalifornianos integrando distintos comités pro-Estado Libre y Soberano de Baja California, lucha que culminó finalmente el 16 de enero de 1952, con la publicación del histórico decreto del expresidente Miguel Alemán Valdés.

Como recordaremos, nuestra península fue dominada por los jesuitas al fundar 22 misiones en el periodo de 1699 a 1766 y asediada continuamente por el imperio ingles, el zar ruso, los piratas de Chile, Filipinas y Japón y en septiembre de 1846 durante la guerra injusta de Estados Unidos con el apoyo de su presidente norteamericano James K. Polk, quien en su tercer mensaje al Congreso aseguró que su gobierno "de ninguna manera renunciaría a la conquista de los territorios de Nuevo México y de ambas californias, por lo que era necesario imponernos un gobierno dispuesto a hacer la paz en los términos más convenientes", finalmente con el tratado de Guadalupe Hidalgo se logró salvar nuestra península reconociéndose claramente en el artículo V de dicho instrumento el dominio directo de nuestra nación sobre el citado territorio patrio que siempre ha despertado apetitos insaciables de gobiernos imperiales por nuestra ubicación geoestratégica militar, comercial y por sus enormes recursos renovables y no renovables.

Históricamente Baja California ha recibido varios nombres, el primero fue el de California, que le diera Hernán Cortés; también se le llamó Nueva Albión por el pirata ingles Drake, el de Nueva Inglaterra por otro pirata inglés de apellido Cavendish y por ultimo el almirante Isidro Otondo y Antullon la rebautizó con el nombre de Islas Carolina, en honor del rey Carlos II de España.

Hoy, a escasos días de que los mexicanos patriotas conmemoraremos el CXCVI aniversario del natalicio de Benito Juárez, afirmamos, como lo hizo el maestro Vicente Lombardo Toledano, que los autores del proceso histórico son los pueblos, ellos engendran sus conductores, la grandeza de los hombres depende de las hazañas de sus pueblos, pero los hombres de genio como Benito Juárez, influyen y son determinantes en el proceso general de la historia, no porque él solo y debido a su carácter y a su genio hubiese realizado la obra trascendental que cumplió, sino porque tuvo, como lo expresó Vicente Lombardo Toledano, la virtud de estar a la altura de su tiempo, no sólo del tiempo mexicano, sino del tiempo universal.

Es indudable que Benito Juárez es heredero de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón, así como la revolución de reforma es de la insurgencia y que como un mismo tiempo concibieron un Estado basado en los principios de la soberanía popular, en los derechos del hombre, en el gobierno representativo de los intereses populares y que al enarbolar la bandera de la República realizaron la transformación dialéctica y revolucionaria de nuestra sociedad.

Por ello compañeras y compañeros, tenemos que enterrar con montañas de verdades las mentiras divulgadas dentro y fuera del país en contra de una de las figuras más puras universales. Benito Juárez, como lo consigna la historia, no era anticatólico, era creyente como casi todos los hombres de su generación, con excepción de Ignacio Ramírez, el filósofo materialista cuya lucha política estaba dirigida a vencer los cuerpos privilegiados que acaparaban la riqueza nacional y se empeñaban en mantener su fuerza incontrastable dentro del Estado y por encima del propio Estado.

Benito Juárez entregó a México y a los pueblos del mundo los principios de una política exterior justa que nos ha dado respeto, prestigio y reconocimiento, como la autodeterminación de los pueblos; la no intervención, la igualdad jurídica de los estados; decretó con las Leyes de Reforma la libertad de conciencia, el derecho de creer y el de no creer y la libertad religiosa; creó el sistema educativo nacional fundado en la escuela científica y laica, gratuita y obligatoria; estableció la soberanía absoluta e ilimitada de la que es titular nuestra patria por lo que Juárez y los próceres de la Reforma rebasaron con los hechos el tibio liberalismo europeo de dejar hacer dejar pasar y con toda la energía de sus convicciones emprendieron la construcción integral de una nueva patria derrumbando las caducas estructuras que frenaban el nuevo amanecer como últimos profetas y primeros arquitectos del porvenir histórico.

Benito Juárez, hombre glorioso que hoy los bajacalifornianos reclamamos nuestro derecho a rendirle homenaje permanente adicionándole su nombre al de nuestro Estado, fue designado por la historia representando la síntesis de las cualidades de un pueblo que había adquirido conciencia nacional dispuesto a defender su derecho de nación soberana para construir su destino sin opresión de ningún signo; Benito Juárez, con fervor patrio lo constató en la clausura el segundo periodo de sesiones del cuarto congreso de mayo de 1868 que ante el acoso permanente que sufría nuestro territorio peninsular expresó "que el establecimiento de colonias en nuestras fronteras del norte, podría ser el medio eficaz para que se resguarden contra las permanentes incursiones de los bárbaros (incluidos los filibusteros norteamericanos) fomentándose y asegurándose el bienestar en aquellos estados y con el aumento de una población y el desarrollo".

Benito Juárez, ejemplo de patriotismo, defensor intransigente de la independencia, soberanía y dignidad nacionales, fue contundente con su respuesta al príncipe europeo Maximiliano de Hamburgo, al expresarle en 1864 "dado al hombre señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios propios una virtud; pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia, ella nos juzgará"; el fallo de la historia, compañeras y compañeros, coloca a Benito Juárez como el Benemérito de las Américas y a Maximiliano, los Miramón y los mejías sólo los recuerdan en el cerro de las Campanas con el triunfo de la Republica.

Benito Juárez, como lo afirma la historia, en las horas más adversas de la lucha y al constatar la afrenta de la derrota en la guerra infame de la invasión norteamericana que nos costo la pérdida de más de la mitad de nuestro suelo patrio, el indio de Guelatao expresó la histórica consigna "No es voluntad de la nación que se hipoteque ni se enajene su territorio si otra nación se apodera de cualquier punto de nuestro suelo y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren".

Honorable Asamblea Juarista-Bolivariana, en este proceso histórico varios presidentes de la Républica de la etapa posrevolucionaria mostraron con actos de gobierno su preocupación por la integridad peninsular en los que destacan Ortiz Rubio, quien incrementó las comunicaciones en la península de Baja California para defender sus enormes recursos que deben ser, afirmó, aprovechados por los nacionales, dados los antecedentes históricos por su vecindad con el imperio del norte.

Abelardo L. Rodríguez, se preocupó por la colonización, estableció compañías militares y navales; Lázaro Cárdenas, se caracterizó por realizar actos de gran contenido patriótico y antiimperialista expropiando grandes extensiones de tierra que detentaban mayoritariamente los norteamericanos; Avila Camacho, continuo la obra cardenista y logró la firma del tratado de distribución de agua de los ríos Tijuana y Colorado en 1944, mismo que se ratificó en 1945 a pesar que su gobierno se vio envuelto en la Segunda Guerra Mundial.

444,445,446

El gobierno del licenciado Miguel Alemán Valdés, concluyó el ferrocarril Sonora-Baja California; dictó la Ley de Fomento Económico y mediante el decreto del 16 de enero constituyó al territorio norte de Baja California en Estado de la República; el gobierno cortinista se ocupó del desarrollo del mar de Cortés, aumento la fuerza armada y unidades navales en la zona a fin de que continuaran vigilando nuestra península de Baja California, además hizo la histórica declaración de principios sobre el régimen jurídico del mar en la III Reunión del Consejo Internacional de Jurisconsultos, celebrado en México el 16 de enero de 1956.

El gobierno del presidente Adolfo López Mateos, acercó física y económicamente a Baja California al territorio nacional con múltiples carreteras e incrementó la integración educativa con el resto del país; Gustavo Días Ordaz estableció por decreto el mar territorial del golfo en agosto de 1968 y por su parte el presidente Luis Echeverría Alvarez, realizó actos trascendentales y fundamentales de gobierno para conservar la soberanía de la península al establecer unilateralmente y con base en el artículo 28 constitucional el mar patrimonial de 200 millas, reivindicando con ello a nuestro país de sus riquezas y restaurar el ejercicio pleno del dominio nacional sobre el golfo de California evitando el constante saqueo que con impunidad realizaban modernos piratas japoneses y norteamericanos principalmente y que ahora han sustraído de la soberanía nacional más de 60 millones de metros cuadrados en las costas y playas mediante la figura jurídica de los fideicomisos en la faja que expresamente prohíbe el artículo 27 constitucional con la ocupación física de más de 350 mil extranjeros de Tijuana a Los Cabos.

Por lo expuesto, compañeras y compañeros, es urgente e imperativo que esta representación Juarista-Bolivariana por la soberanía y la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, evoquemos y rescatemos la figura universal de Benito Juárez, ahora que los nuevos conservadores contra una de las figuras más puras de la historia universal Benemérito de las Américas don Benito Juárez; lo denigran, denostan, destruyen y derriban a barrotazos con infame impunidad sus bustos y monumentos para sustituirlo por figuras religiosas; se le expulsa, de la casa de la nación; se borra su inmortal y glorioso nombre de edificios públicos, plazas, parques, jardines, centros deportivos y culturales, con el inútil afán de borrarlo de la conciencia histórica de nuestro pueblo por ser ejemplo del más puro y hacendrado patriotismo en defensa de nuestra dignidad, independencia y soberanía nacional, pretendiendo con ello destruir la nación y transformarla en una entidad subordinada a las empresas trasnacionales de gobiernos globalizadores para que los principios juaristas de soberanía y patria dejen de tener sentido.

Sin duda de que la figura de Benito Juárez y Simón Bolívar constructores de México y América Latina representan lo más acabado de la esencia del espíritu indomable de nuestros pueblos, sus altas virtudes físicas, su vocación democrática universal hacia los principios de autodeterminación de los pueblos lo coloca como un torrente de humanismo que como flama prometeica jamás debe extinguirse, como símbolo de unidad patriótica que crea valores universales.

Por lo anterior, es explicable que desde el poder conservador del gobierno gerencial y de la Nueva Santa Inquisición plantean una reconciliación histórica afirmando que hay que reelaborar la historia para reencontrar entre las fuerzas opuestas virtudes y defectos, realidades y deslealtades porque afirman han contribuido a la formación de la nación; que ha llegado el momento de darse la mano los luchadores por la independencia y los que luchan por la restauración del viejo orden colonial monárquico de Iturbide, entre los liberales como Benito Juárez y los conservadores como Miramón; entre los revolucionarios como Madero, Villa y Zapata y los dictadores porfiristas; entre Lázaro Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano, con los cristeros sinarquistas y el Imperio del Norte, por que con ideología, afirman, no se come.

Por ello, los bajacalifornianos Juaristas-Bolivarianos, solicitan el apoyo y solidaridad del honorable Congreso de la Unión conceda el alto honor y el privilegio que nuestra entidad federativa de Baja California se le adicione el nombre de Benito Juárez para rendirle un homenaje permanente que constituirá el pacto solemne, el ejercito invencible, la muralla imbatible contra quienes como en el pasado no han renunciado apoderarse de este jirón de nuestra patria.

Baja California Benito Júárez, de aprobarse tal adición al artículo 43 constitucional, seremos la única entidad federativa que orgullosamente ostentaremos el nombre del Patricio Benemérito de la Americas; así lo reconoció el gobierno de Colombia en 1872 y el 17 de febrero del mismo año la representación del pueblo mexicano acordaron inscribir su nombre en este recinto mediante el decreto que firmó el presidente Lerdo de Tejada, declarándolo Benemérito de México y que el día 21 de marzo de todos los años se enarbole el pabellón nacional en todos los edificios públicos en conmemoración de su nacimiento, además, que el 18 de julio a media asta en señal de duelo por su irreparable pérdida.

Rendir homenaje permanente a Benito Juárez, es reconocer que su acción no fue episódica o transitoria, sino que hizo feliz unión de talento, serenidad y lealtad a su causa y a la corriente más avanzada de su tiempo, con su voluntad de acero hicieron de Juárez el líder indiscutible contra las amenazas externas y el intervensionismo prepotente que lo revelaron como un estratega excepcional y táctico genial; con las Leyes de Reforma al establecer la división de poderes, la soberanía popular y por primera vez en el Derecho Constitucional Mexicano un catálogo preciso y sistemático de los derechos del hombre como base y objetivo de las instituciones sociales, estableciendo la plena soberanía del Estado mexicano sobre todas las corporaciones, entidades y personas, destruyó los vestigios de la Colonia, instituyo la independencia plena del Estado y la Iglesia, decretó la libertad de conciencia, el derecho de creer o de no creer y la libertad religiosa en la que el Estado como tal no deben profesar sus gobernantes en forma pública ninguna religión, es decir, el estado laico que ahora se ha guardado en los viejos armarios de la moderna "Santa Inquisición".

Benito Juárez es un impulso que alienta, por que un pueblo sin memoria no es nación, sino conglomerado uniforme y vulnerable. El culto a los héroes es una alianza de generaciones, es el reconocimiento de nuestras mejores posibilidades humanas y es el pacto que compromete a permanecer unidos con nacionalismo revolucionario combatiente y la convicción de que nadie podrá separarlo de la historia y menos del porvenir en la que el hombre deje de ser el lobo del hombre.

Por todo lo antes expuesto, con base en consideraciones históricas, políticas, jurídicas y sociales y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56, 60, 63, 135, 138, 139, 140, 141, 165 y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración, la siguiente:

INICIATIVA

De decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.

"Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California "Benito Juárez"..."

Artículo 2o. Se faculta al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación para dictar las normas interpretativas y aclaratorias del presente decreto a que haya lugar.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta reforma no afectará los actos legales, reglamentarios o administrativos que se hayan realizado hasta la promulgación y entrada en vigencia del presente decreto.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que se

opongan a las del presente decreto.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días hábiles después de su publicación y promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Diputados: Jaime Martínez Veloz, José Narro Céspedes, Juan Carlos Regis Adame, Enrique B. Sotelo, Fernando Ortiz Arana, Jesús Garibay G., Humberto Mayans Canabal, José Manuel del Río V., Víctor Gandarilla C. y Rubén García.

Instituciones, organismos y sectores bajacalifornianos que apoyan la iniciativa de ley.

Comite ProBaja California "Benito Juárez"; Partido Revolucionario Institucional; Partido de la Revolución Democrática; Partido del Trabajo; Partido Convergencia por la Democracia; Partido Popular Socialista; Partido Autentico de la Revolución Mexicana; las centrales obreras estatales: CTM, COR, CROM, CROC, FSTSE; las cinco secciones del Sindicato de Trabajadores del Estado y Municipios; federación estatal de asociaciones, colegios y barras de abogados; Colegio de Abogados Emilio Rabasa, AC; maestros jubilados y pesionados de la zona norte de México; grupo vanguardia político Luis Donaldo Colosio Murrieta, AC; Banhidalgo, SM de CV, Asociación de Sinaloenses en BC; organizaciones sociales fraternidad, grupo Tijuana, Movimiento Nacional Juarista Bolivariano, jóvenes universitarios, asociación de sinaloenses, educativo cultural de liberales, más de 150 organizaciones, de la CNOP-PRI y la confederación estatal de colonias populares; ex y actuales senadores y diputados federales y del Estado; regidores priístas del ayuntamiento tijuanense; las logias "Valle de Baja California" y con el acuerdo nacional del Rito Nacional Mexicano, AC y Gran Logia del Estado de "Baja California"; Jardín de Niños Estatal Profesora Rosaura Zapata.»

La Presidenta:

Gracias, diputado.

Incorpórese a la Gaceta Parlamentaria el texto íntegro de la iniciativa y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

PENA DE MUERTE

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Silvia América López Escoffie, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Silvia América López Escoffie:

Señora Presidenta de la Cámara de Diputados; compañeros todos:

La siguiente es una iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para nosotros el ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus acciones y con derechos universales inviolables e inalienables. El más alto de ellos, el derecho a la vida.

La pena de muerte es una reacción desproporcionada a la ofensa recibida. El derecho punitivo no es la institucionalización de la venganza privada.

La conciencia humana comprende principios y normas que derivan del reconocimiento de su intrínseca naturaleza y dignidad. Este lo guía por los caminos de la vida a través de cuyo tránsito el individuo alcanza a comprender la normatividad de la naturaleza, a vivir armónicamente dentro de ella y a descifrar sus leyes. Esta experiencia personal conlleva a descubrir la existencia de un orden natural, cuya sustancia no puede ser alterado por el hombre o por el Estado como se pretendió en la época medieval.

En este contexto, hablar del derecho a la vida implica no sólo referirnos a un derecho humano o a una garantía individual, entraña referirnos al derecho humano que es condición necesaria para que exista y se respeten los demás derechos. Es pues el derecho humano por excelencia.

Con esta iniciativa se busca derogar de nuestra Carta Magna la imagen de salvajismo que conlleva el nombre de pena capital. Recordemos las palabras del tratadista Raúl Carrancá y Trujillo: "la pena de muerte es en México radicalmente injusta e inmoral, porque en México el contingente de delincuentes que estarán amenazados de condena judicial de muerte se compone en su gran generalidad de hombres económica y culturalmente inferiorizados.

Por lo demás delincuentes que por otra diferente condición económica o social superior no llegan jamás a sufrir este proceso y menos llegarían a sufrir la irreparable pena. Por lo tanto, esta pena se aplicaría casi exclusivamente a hombres humildes de nuestro pueblo, hombres que hoy son delincuentes porque son víctimas del abandono en que hasta hoy han estado viviendo por parte del Estado y de la sociedad misma, víctimas de la incultura, de la desigualdad, la miseria económica, de la deformación moral de los hogares mal alimentados y en vez de eso el Estado podría tener la posibilidad que borre para siempre su inferioridad y optando por suprimirlos.

Resulta innegable que la grave crisis que en materia de seguridad pública se sufre en nuestro país se debe a la deficiente manera de atender en los últimos decenios, los factores criminógenos que la provocan.

La distribución de la riqueza cada vez es más injusta porque los ricos se enriquecen sin límites, creando un gran abismo entre las clases sociales. La conducta antisocial debe combatirse fundamentalmente con programas educativos que prevengan la comisión del delito y no solamente mediante acciones policíacas de tipo represivo o imponiendo sanciones cada vez más severas al trasgresor de la ley.

447,448,449

La doctrina penal moderna insiste en los siguientes elementos como los más adecuados:

La prevención del delito, la disminución de las penas, sistemas penitenciarios humanitarios, la atención de las víctimas del delito. Evidentemente esto no sólo descarta sino que combate a la pena capital.

No obstante lo anterior, desgraciadamente se han oído voces pidiendo su reinstauración en nuestro país. La pena de muerte, dice Quiroz Cuarón, no es intimidatoria y está demostrado que los países en donde más se aplica son los más criminógenos y que el crimen aumenta en los países que la implantan o que aún la conservan.

Podemos observar con preocupación como el artículo 14 de la Carta Magna conserva la posibilidad de aplicar la pena de muerte en nuestro país al sentenciar en el segundo párrafo: "nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto".

Se desprende pues, la posibilidad del homicidio judicial irónicamente respetando las rigurosas formalidades esenciales del procedimiento. La pena capital posee como características esenciales el ser destructiva en cuanto a eliminar de modo radical e inmediato la existencia humana.

Por lo anterior, resulta poco congruente con la tradición humanista que nos caracteriza como nación seguir conservando, aunque sólo sea de manera latente, tan salvaje y primitivo castigo que ya desde 1856 era severamente cuestionado por visionarios del humanismo, que señalaban ya en aquellos ayeres lo que hoy desgraciadamente algunos aún intentan denostar no en función de la razón sino de simple autoritarismo y citemos el discurso pronunciado en la sesión de aquel año: "¿Y con qué derecho la sociedad puede imponer la pena de muerte?"

Es indudable que en la hipótesis del pacto social, hipótesis que es el fundamento del sistema democrático, el individuo no ha podido ceder a aquello que él mismo no puede disponer. El hombre no puede disponer de la vida de otros ni quitarse la vida, menos aún puede tener la sociedad derechos que el mismo hombre no tiene.

Como sabemos, el artículo 22 de nuestra Constitución, faculta al legislador para reglamentar la pena de muerte y aun cuando en las facultas esto no se ha dado, resulta riesgosa la simple posibilidad. Prueba de esto es que ya en la pasada legislatura se presentó una iniciativa para reglamentar el castigo máximo. El citado numeral señala: "quedan prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a lo demás sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar".

El artículo 18 del mismo ordenamiento señala que el sistema penal se organiza sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente, es decir, la doctrina penológica que inspira este numeral no es retribucionista, pero el artículo 22 lo contradice dándole a la pena en su último párrafo, un carácter incluso de venganza, por lo que proponemos la derogación de ese cuarto párrafo. Asimismo, debe adicionarse el primer párrafo para que quede prohibida expresamente la pena capital.

Debemos señalar además que el artículo vigente, establece la prohibición de las penas trascendentales, por lo que al prohibir expresamente la pena de muerte se le dota de mayor congruencia, en virtud de que según la doctrina la pena de muerte es una pena trascendental, ya que como señala el doctor Manzanera, "el ejecutado deja de sufrir y principia el sufrimiento y el dolor de los familiares y amigos que lo amaron".

Finalmente, sobre la legitimidad de este castigo, debemos afirmar con seguridad que la tendencia abolicionista se confirma cada vez en forma decidida en la mayoría de los países, por una parte como manifestación del proceso de humanización del derecho penal y penitenciario y por la otra, como expresión de una más exacta identificación como pena inhumana y contraria a las exigencias culturales de nuestro tiempo.

Hoy todavía resuenan con actualidad las palabras pronunciadas por Beccaria hace casi dos siglos: "¿Qué derecho puede atribuirse el hombre para matar a sus semejantes?"

Nuestra labor como legisladores es ser representantes de la nación en su conjunto, por lo tanto es nuestro deber defender los más altos intereses del pueblo mexicano y el más elevado derecho del ciudadano, que es el derecho a la vida. Por lo que partiendo del supuesto referido, lograremos uno de los fines del derecho, que es precisamente el respeto a los derechos humanos.

Por las siguientes consideraciones anteriormente expuestas, los suscritos diputados sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente

iniciativa

De decreto en el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

Artículo segundo. Se reforma el párrafo primero y se deroga el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como a continuación se indica.

"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Párrafo cuarto. Queda derogado."

Finalmente suscriben la que leyó, la de la voz, más los siguientes diputados: Martha Patricia Martínez Macías, Sonia López Macías, Nelly Campos Quiroz, Griselda Ramírez Guzmán, Alba Leonila Méndez, Luis Alberto Villarreal, Alejandro Zapata Perogordo, Armando Salinas y Silvia Alvarez Bruneliere.

Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.— Presente.

Compañeras y compañeros diputados:

Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Silvia América López Escoffie y los diputados que suscriben, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de reformar el segundo párrafo del artículo 14, adicionar el primer párrafo y derogar el cuarto párrafo del artículo 22, para que dentro de un contexto humanitario nuestro país responda a los más esenciales postulados de la civilización, respetando y haciendo respetar el inviolable derecho a la vida, de acuerdo a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Acción Nacional tiene como núcleo central de su doctrina política, el reconocimiento de la dignidad eminente de la persona humana. Este es el punto de partida y objetivo final de todas sus propuestas y plataformas políticas.

Hace algunos años Carlos Castillo Peraza señalaba que "toda la historia nos muestra que el avance de los hombres hacia formas cada vez más humanas de convivencia social, es una marcha de los pobres, de los marginados, de los desposeídos, de los dependientes, de los diferentes, de los débiles, hacia el reconocimiento de su dignidad de personas que valen por sí mismas a pesar de sus flaquezas. Es un caminar difícil y a veces sembrado de martirios, de crímenes, de atrocidades por parte de quienes se empeñan en defender sus privilegios, es decir, las leyes privadas, las normas parciales que convierten en derecho lo que es sencillamente fuerza".

Así, para nosotros el ser humano es persona, con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables, el más alto de ellos, el derecho a la vida.

La pena de muerte es una reacción desproporcionada a la ofensa recibida. El derecho punitivo no es la institucionalización de la venganza privada.

La conciencia humana comprende principios y normas que derivan del reconocimiento de su intrínseca naturaleza y dignidad, ésta lo guía por los caminos de la vida, a través de cuyo tránsito el individuo alcanza a comprender la normatividad de la naturaleza, a vivir armónicamente dentro de ella y a descifrar sus leyes. Esta experiencia personal conlleva a descubrir la existencia de un ordo naturae cuya sustancia no puede ser alterado por el hombre o el Estado, como lo pretendió el hombre medieval.

En este contexto, hablar del derecho a la vida implica no sólo referirnos a un derecho humano o una garantía individual; entraña referirnos al derecho humano que es condición necesaria para que existan y se respeten los demás. Es pues, el derecho humano por excelencia.

Con esta iniciativa se busca derogar de nuestra Carta Magna la imagen de salvajismo que lleva por nombre pena capital, es por ello que citamos tan sólo algunos argumentos que se han conminado contra el homicidio judicial. Recordemos palabras del tratadista Raúl Carrancá y Trujillo: "... la pena de muerte es en México radicalmente injusta e inmoral, porque en México el contingente de delincuentes que estarán amenazados de condena judicial de muerte se compone, en su gran generalidad, de hombres, económica y culturalmente inferiorizados: los demás delincuentes, por su condición económica o social superior, no llegan jamás a sufrir proceso y menos llegarían a sufrir la irreparable pena; pero además el delincuente de otras clases sociales delinque contra la propiedad y sólo por raras excepciones, contra la vida e integridad personales y tendría como consecuencia la pena de muerte. Por lo tanto, esta pena se aplicaría casi exclusivamente a hombres humildes de nuestro pueblo; hombres que son delincuentes, porque son víctimas del abandono en que hasta hoy han estado viviendo por parte del Estado y la sociedad, víctimas de la incultura, de la desigualdad y miseria económica, de la deformación moral de los hogares, mal alimentados. El Estado y la sociedad entera son los principales culpables de esto, y en vez de la escuela, de la solidaridad social que los adapte a una vida humana y digna y de la elevación de su nivel económico, que borre para siempre su inferioridad ancestral, el Estado opta por suprimirlos".

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas nos proporciona los siguientes argumentos que han surgido de la experiencia, del estudio de la realidad y de las estadísticas llevadas a cabo por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU a favor de la absoluta abolición de la pena capital:

1) La ejemplaridad de la pena de muerte no está demostrada o parece discutible.

2) Muchos de los delitos capitales son cometidos por personas con graves desequilibrios mentales, algunos de los cuales, por otra parte, escapan por ello mismo al castigo supremo.

3) Existen evidentes desigualdades en la aplicación de la ley que condena a muerte, ya sea por el diferente grado de severidad de los tribunales competentes, ya sea por razones de orden económico y sociológico, de manera que se corre el riesgo de que la pena de muerte constituya "una amenaza mucho mayor para los delincuentes que carecen de medios económicos y que, por lo tanto, están en peores condiciones para buscar defensa.

4) Hágase lo que se haga, existe una innegable posibilidad de que se cometan errores judiciales.

5) La emoción que suscita la pena de muerte, tanto cuando se pronuncia sentencia como cuando se ejecuta, parece tan malsana que hay quienes no vacilan en hablar del carácter criminógeno de la pena capital.

6) Si de lo que se trata con la pena de muerte es de proteger a la sociedad de manera eficaz, se alega que para ello basta la condena perpetua.

7) La evolución de la opción pública en algunos países ha inducido a éstos a considerar la pena de muerte inútil y odiosa y se advierte a este respecto que la desigualdad en la aplicación de la pena de muerte puede robustecer estas ideas, ya que la pena capital aparece entonces como una especie de lotería un tanto siniestra.

8) El carácter inviolable de la vida humana.

Resulta innegable que la grave crisis que en materia de seguridad pública se sufre en nuestro país, se debe a la deficiente manera de atender, en los últimos decenios, los factores criminógenos que la provocan. La distribución de la riqueza, cada vez es más injusta porque los ricos se enriquecen sin límites, creando un gran abismo con las otras clases sociales.

450,451,452

La conducta antisocial debe combatirse fundamentalmente con programas educativos que prevengan la comisión del delito y no solamente mediante acciones policiacas, de tipo represivo o imponiendo sanciones cada vez más severas al trasgresor de la ley.

La doctrina penal moderna insiste en los siguientes elementos como los más adecuados: la prevención del delito, la disminución de penas, sistemas penitenciarios humanitarios, la atención a las víctimas del delito; evidentemente no sólo descarta sino que combate la pena capital; no obstante lo anterior desgraciadamente se han oído voces pidiendo su reinstauración en nuestro país.

En efecto como señala el doctor Luis Rodríguez Manzanera: "la pena de muerte es ejemplar, pero no en el sentido ingenuo otorgado por sus partidarios, es ejemplar porque enseña a derramar sangre" y en este mismo sentido el erudito criminólogo cita a Bernard Shaw, "el homicidio y la pena de muerte no son contrarios que se neutralizan sino semejantes que se reproducen".

La pena de muerte dice Quiroz Cuarón, no es intimidatoria y está demostrado que los países donde más se aplica, son los más criminógenos y que el crimen aumenta en los países que la implantan o la conservan.

Podemos observar con preocupación como el artículo 14 de la Carta Magna conserva la posibilidad de aplicar la pena de muerte en nuestro país al sentenciar en su segundo párrafo, "nadie podrá ser privado de la vida, de la Iibertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto". Se desprende pues, la posibilidad del homicidio judicial irónicamente respetando las rigurosas formalidades esenciales del procedimiento, la pena capital posee como características esenciales el ser destructiva, en cuanto a eliminar de modo radical e inmediato la existencia humana, por lo que descarta la enmienda, la reeducación o la readaptación social del sentenciado; irreparable, en cuanto a su aplicación, en el supuesto, no extraño de ser injusta, impide toda posterior reparación y rígida, toda vez que no puede ser graduada ni condicionada ni dividida. Por lo anterior resulta poco congruente con la tradición humanista que nos caracteriza como nación seguir conservando aunque sólo sea de manera latente, tan salvaje y primitivo castigo, que ya desde 1856 era severamente cuestionada por visionarios del humanismo, que señalaban ya en aquellos ayeres lo que hoy desgraciadamente algunos aún intentan denostar no en función de la razón, sino del simple utilitarismo y citamos discurso pronunciado en la sesión del 21 de agosto de 1856 "¿y con que derecho la sociedad puede imponer la pena de muerte? Es indudable que en la hipótesis del pacto social, hipótesis que es el fundamento del sistema democrático, el individuo no ha podido ceder aquello, de que él mismo no puede disponer. El hombre no puede disponer de la vida de otros ni quitarse la vida, menos puede tener la sociedad derechos que el mismo hombre no tiene.

Como sabemos el artículo 22 de nuestra Constitución faculta al legislador para reglamentar la pena de muerte y aun cuando en la facultas, esto no se ha dado, resulta riesgosa la simple posibilidad, prueba de esto es que ya en la pasada legislatura se presentó una iniciativa para reglamentar el castigo máximo. El citado numeral señala que: "quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar".

El artículo 18 del mismo ordenamiento señala que el sistema penal se organiza sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente, es decir la doctrina penológica que inspira este numeral no es retribucionista, pero el artículo 22 lo contradice dándole a la pena en su ultimo párrafo un carácter incluso de venganza, por lo que proponemos la derogación de ese cuarto párrafo.

Asimismo, debe adicionarse el primer párrafo para que quede prohibida expresamente la pena capital; debemos señalar además que el artículo vigente establece la prohibición de las penas trascendentales por lo que al prohibir expresamente la pena de muerte se le dota de mayor congruencia en virtud de que según la doctrina la pena de muerte es una pena trascendental ya que como señala el doctor Manzanera"... pero el ejecutado deja de sufrir y principia el sufrimiento, la estigmatización y el dolor de los familiares y amigos que lo amaron. Uno de los puntos más importantes es el daño que recibe la familia por lo que vemos que la teoría jurídica de la personalidad de la pena no resuelve en forma alguna el fondo del problema y, aunque el juez afirme y recalque que sólo se ejecutará el reo, está de hecho dictando una pena para los que quedan".

A nivel internacional la tendencia es claramente abolicionista y en la mayoría de los países donde la pena capital todavía se encuentra vigente, el juzgado suele sustituirla por la cadena perpetua. Dentro del marco del Derecho Internacional resulta importante mencionar que México ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que señala en su artículo 1o.:

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Posteriormente, en 1989 la Organización de Naciones Unidas redactó el "segundo protocolo facultativo del pacto destinado a abolir la pena de muerte", dicho instrumento que desafortunadamente aún no ha sido ratificado por nuestro país, precisamente por lo que establece el artículo 22 constitucional; indica en sus primeros dos artículos:

1.1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente protocolo.

2.1. Cada uno de los estados Parte adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte de su jurisdicción.

Finalmente coincidimos con el ilustrísimo jurista Ignacio L. Vallarta que ya en el siglo anterior sentenciaba: "la pena de muerte es impía para el condenado que la sufre, inmoral para el pueblo que la presencia, peligrosa para el legislador que la decreta y repugnante para el juez que la aplica".

Finalmente, sobre la legitimidad de este castigo, debemos afirmar con seguridad que la tendencia abolicionista se confirma cada vez en forma decidida en la mayoría de los países, por una parte como manifestación del proceso de humanización del derecho penal y penitenciario y por la otra como expresión de una más exacta identificación como pena inhumana y contraria a las exigencias culturales de nuestro tiempo.

Hoy, todavía resuenan con actualidad las palabras pronunciadas por Beccaria hace casi dos siglos; "¿Qué derecho puede atribuirse el hombre para matar a sus semejantes? ¿Quién ha dicho que en el sacrificio de la libertad particular cedida en el contrato social, se halla aquel de la vida, grandísimo entre los bienes? Y si fuese así hecho este sacrificio, ¿cómo se concuerda tal principio con el otro en que se afirma que el hombre no es dueño de matarse? Debía de serlo, si es que pudo dar a otro, o sea, a la sociedad entera este dominio".

Nuestra labor como legisladores es ser representantes de la nación en su conjunto, por lo tanto es nuestro deber el defender los más altos intereses del pueblo mexicano y el más elevado derecho del ciudadano es el derecho a la vida, por lo que partiendo del supuesto referido, lograremos uno de los fines del derecho, que es precisamente el respeto a los derechos humanos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas los suscritos diputados sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente

INICIATIVA

De decreto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 14...

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

(...)

Párrafo cuarto. Derogado."

México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Diputados: Silvia América López Escoffie, Martha Patricia Martínez Macías, Sonia López Macías, Nelly Campos Quiroz, Griselda Ramírez, Alba L. Méndez H., Luis Alberto Villarreal García, Alejandro Zapata, Armando Salinas, Silvia Alvarez B. y Adrián Rivera.»

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente:

Gracias a usted diputada Silvia América López Escoffie.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ASISTENCIA (II)

El Presidente:

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya a su cierre.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 440 diputados.

Ciérrese el sistema electrónico.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Cantú Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Francisco Javier Cantú Torres:

Con el permiso de la Presidencia:

El que suscribe, Francisco Javier Cantú Torres, diputado de la LVIII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La sociedad espera de sus conquistas democráticas frutos concretos, desarrollo económico, político y social, es decir, una democracia útil. La democracia queda trunca si no se generan oportunidades para que cada persona y cada familia logre vivir en condiciones dignas.

Hemos dejado atrás las épocas en que algunos consideraban como eje del desarrollo al Estado, dichas posiciones han caído por su propio peso, creemos en la dignidad del ser humano y en su capacidad de responsabilidad para salir adelante. Actualmente todos sabemos y conocemos la pobreza existente en México, la cual tiene miles de manifestaciones y está personificada en millones de rostros, conscientes de esta desafortunada realidad, así como de que el Congreso debe ser motor de avance y no lastre que detenga respuestas urgentes a los problemas y necesidades de la sociedad a la cual representan, los diputados del Partido Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad de legislar en materia de desarrollo social tomando en cuenta lo dicho por Luis Joseph Lebret: "el verdadero desarrollo es para cada uno y para todos, el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico , para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todo el hombre y a todos los hombres".

El desarrollo debe ser integral, es decir, promover a todo el hombre y a todos los hombres. El desarrollo debe ser integral, debe abarcar todos los aspectos del ser humano, tanto espirituales como materiales y debe ser un proceso abierto para todos los hombres sin exclusión.

453,454,455

A nadie se le puede negar el acceso al desarrollo por motivo de raza, credo, género o condición social. Estamos conscientes de que debe transformarse el papel de la Administración Pública Federal para subrayar su función promotora del desarrollo y garantizar la atención a los grupos sociales más necesitados.

La presente iniciativa en su Título Primero, disposiciones generales, precisa el objeto de la ley el cual consiste en establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios para la integración y el funcionamiento de un marco general de desarrollo social y humano integral en el país.

Tomando en cuenta que el diálogo y la coordinación entre todos los integrantes de la sociedad desde los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, es indispensable en el proceso de desarrollo.

También se establece que la aplicación del desarrollo social se da en dos vertientes: programas asistenciales y programas de desarrollo. El problema de la pobreza es tan grande y complejo que es necesario el diálogo permanente y la coordinación entre la Federación. Las entidades federativas y los municipios, las necesidades que se presentan a lo largo del territorio mexicano, son diferentes, por lo que no es posible tener una visión centralista del problema; se requiere de acciones que den solución al problema de la pobreza.

Estamos conscientes de que existen muchas diferencias entre las regiones que componen nuestro país con sus características muy particulares, es por ello que tienen su razón de ser el desarrollo regional, no podemos tratar igual a lo que es distinto, cada zona de nuestro país tiene particularidades que la hacen diferente a las demás.

Los distintos actores sociales debemos comprender estas diferencias y sacar provecho de ellas, cada región tiene una vocación distinta, unas serán industriales, otras turísticas, otras agrícolas; por eso debe existir una infraestructura institucional que apoye no sólo a las entidades federativas y a los municipios, sino a las distintas regiones de nuestra patria.

Por todo esto, la iniciativa crea el Sistema Nacional de Desarrollo Social con objeto de consolidar el federalismo cimentando las bases para fomentar la existencia de un diálogo nacional permanente basado en la coordinación y concertación de estrategias y programas de desarrollo social.

Dicho sistema se encuentra integrado por un Consejo Nacional de Desarrollo Social, los consejos locales y regionales, el consejo consultivo nacional y los consejos consultivos locales y regionales. En la iniciativa, el Consejo Nacional de Desarrollo Social es la instancia superior de coordinación del sistema nacional, su función será la de generar propuestas y recomendaciones a los diferentes niveles de gobierno en materia de desarrollo social.

Con la intención de fortalecer el federalismo en las entidades federativas, se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional de Desarrollo Social en sus respectivos ámbitos de gobierno. En el caso de los consejos locales participarán los municipios; en el caso del Distrito Federal participarán las delegaciones políticas; todos los consejos de las entidades federativas serán presididos por el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social.

Otro actor protagónico en la lucha contra la pobreza es la sociedad misma.

Es indispensable generar y promover canales que incentiven la participación de la sociedad y la corresponsabilidad de las personas.

Consideramos que dentro del proceso de desarrollo deben estar involucrados todos los sectores sociales tanto gubernamentales como de la sociedad misma, por lo que con la intención de promover un diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para la búsqueda de fórmulas que coadyuven a lograr que el combate a la pobreza sea eficaz e integral, así como contribuir a la movilización de todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la iniciativa propone la creación del consejo consultivo nacional como órgano consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social el cual tendrá una conformación plural y su objeto será proponer y evaluar programas, estrategias y acciones que incidan en el cumplimiento de la política nacional de desarrollo social.

Es necesario aprovechar las expresiones solidarias de individuos y grupos que forman parte del fenómeno mundial del voluntarismo solidario el cual demuestra que la sociedad puede ser aliada junto con el Gobierno, en la lucha contra la pobreza, toda vez que la experiencia de dichas asociaciones intermedias ha demostrado a nivel internacional su exitosa actuación en la superación de la pobreza.

En la presente iniciativa se regulan los programas de desarrollo social, los cuales deberán contener determinados elementos de acción pública; asimismo, se establece el padrón único de beneficiarios preferentes para los programas de desarrollo social con objeto de evitar la iniquidad en el acceso a los beneficios de los programas y lograr la efectiva focalización de aquel sector de la población que requiera la cobertura de algún programa.

Asimismo, para efecto de medir los avances en el combate a la pobreza se harán evaluaciones que contengan índices cuantitativos y de calidad de las siguientes variables: esperanza de vida al nacer, educación, salud, vivienda y alimentación.

Dichos indicadores de pobreza serán elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática previa aprobación de la Secretaría de Desarrollo Social y de las comisiones de desarrollo social del Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la presente iniciativa de Ley General de Desarrollo Social que por obviedad de tiempo solicito sea transcrita en el Diario de los Debates tal y como fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y sea turnada para su estudio y dictamen a la comisión correspondiente.

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

El que suscribe, Francisco Javier Cantú Torres, diputado de la LVIII Legislatura, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55 fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Social al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Legislar para el desarrollo de México resulta ser un compromiso con la sociedad que ha optado por vivir en plena democracia, una democracia con desarrollo humano, es decir, centrada en la persona humana. La sociedad espera de sus conquistas democráticas frutos concretos: desarrollo económico, político y social, es decir, una democracia útil.

La democracia queda trunca si no se generan oportunidades para que cada persona y cada familia logren vivir en condiciones dignas.

Hemos dejado atrás las épocas en que algunos consideraban como eje del desarrollo al Estado, dichas posiciones han caído por su propio peso.

Creemos en la dignidad del ser humano y en su capacidad y responsabilidad para salir adelante.

Actualmente todos sabemos y conocemos la pobreza en México la cual tiene miles de manifestaciones y está personificada en millones de rostros. La pobreza, concebida como aquellas condiciones sociales, económicas, políticas y jurídicas que impiden a las personas y familias acceder en forma estable a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de empleo digno, salud, educación, vivienda y alimentación, se encuentra muy extendida en nuestro país y no sólo es causa de profundo sufrimiento para los millones de personas que la padecen, sino que es motivo de agravio para la sociedad en su conjunto, al poner en claro la existencia de fallas en las formas de convivencia, solidaridad y distribución de oportunidades entre los individuos.

Las personas que viven en la pobreza carecen de las libertades esenciales de actuar y de elegir. La falta de acceso a una alimentación adecuada, una vivienda digna y a los beneficios que proporcionan la salud y la educación los privan de la calidad de vida a la que todos aspiramos. Estas personas enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema hacia las enfermedades, los desastres naturales y su entorno económico. En esta situación, su capacidad de influir sobre las decisiones que afectan sus vidas es muy limitada.

Conscientes de esta desafortunada realidad, así como de que el Congreso debe ser motor de avance y no lastre que detenga respuestas urgentes a los problemas y necesidades de la sociedad a la cual representa, los diputados del Partido Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad de legislar en materia de desarrollo social, tomando en cuenta lo dicho por Louis Joseph Lebret: "el verdadero desarrollo es para cada uno y para todos, el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todo el hombre y a todos los hombres..."

El desarrollo debe ser integral, debe abarcar todos los aspectos del ser humano, tanto espirituales como materiales y debe ser un proceso abierto para todos los hombres sin exclusión; a nadie se le puede negar el acceso al desarrollo por motivo de raza, credo, género o condición social.

En los tiempos que vivimos, con un mercado global altamente competitivo, con los adelantos que hacen obsoleta la tecnología en cuestión de meses, no es posible que sea un único actor de nuestra sociedad quien sea señalado como motor monopólico del desarrollo.

Ni es posible pensar que un solo actor puede imponer su visión sobre el desarrollo, por muy respetable que sea, al resto de la sociedad.

Sólo nos queda un camino si es que queremos elevar el nivel de vida de nuestra población: la corresponsabilidad entre todos los actores involucrados.

El diálogo y la coordinación entre todos los integrantes de la sociedad, desde los tres niveles gubernamentales, Federal, estatal y municipal, como desde los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como desde el sector privado, el social y el gubernamental, así como las agrupaciones intermedias como los sindicatos y los distintos colegios de profesionistas, es indispensable en el proceso de desarrollo.

En ello radica la importancia de una Ley General de Desarrollo Social que establezca la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno: Federal, estatal y municipal y de éstos con las asociaciones intermedias para el desarrollo.

Por otra parte consideramos que es preciso tener un proyecto de largo plazo, construyendo una política social de Estado que disponga del tiempo de maduración suficiente para que rinda frutos y no quede sujeta a los vaivenes de la alternancia. Por años los mexicanos hemos sufrido por falta de estadistas con visión de largo plazo y con proyecto de nación; por el contrario, la improvisación, la coyuntura y la mirada puesta en la próxima elección son factores que han entorpecido el combate a la pobreza.

Estamos conscientes de que debe transformarse el papel de la Administración Pública Federal para subrayar su función promotora del desarrollo y garantizar la atención a los grupos sociales más necesitados.

La presente iniciativa en su título primero "Disposiciones Generales", precisa el objeto de la ley, el cual consiste en establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios, para la integración y el funcionamiento de un marco general de desarrollo social y humano integral en el país, tomando en cuenta que el diálogo y la coordinación entre todos los integrantes de la sociedad, desde los tres niveles gubernamentales, Federal, estatal y municipal, es indispensable en el proceso de desarrollo.

Define el desarrollo social como el proceso mediante el cual se establecen condiciones y oportunidades que permitan a las personas acceder a niveles de vida más humanos. Debemos apostar al ser humano, si emprendemos un proceso de desarrollo es porque creemos que el ser humano puede desarrollarse o ser sujeto de desarrollo. Creemos que el ser humano en solidaridad con sus semejantes es capaz de integrarse a procesos productivos que lo hagan autosuficiente en el terreno económico.

Por lo que consideramos que la creación de oportunidades es básica en tiempos de cambio, ya que no sólo estamos hablando de oportunidades de que la gente se emplee, sino que pueda formar micro, pequeñas y medianas empresas, ya sea de manera individual o de forma cooperativa, pues para combatir la pobreza no existe mejor remedio que la generación de riqueza y para crearla debemos incentivar la libertad de emprender.

Es de vital importancia el incremento de capacidades, toda vez que ya quedaron superados los viejos paradigmas de que el Estado debería de proveer a las personas en sus necesidades, sin que éstas tuvieran un mínimo de corresponsabilidad.

Sabemos, sin embargo, que también hay personas que por alguna circunstancia son ajenas a este proceso. Existen individuos y familias que se encuentran en condiciones de mayor desventaja y que resultan más vulnerables en el proceso de desarrollo, como es el caso de los niños, discapacitados y adultos mayores. A ellos la sociedad no debe dejarlas de lado, la asistencia es el camino idóneo para afrontar sus problemas. Pero nunca debemos dar asistencia a una persona que es sujeto de desarrollo, eso sería caer en paternalismos y populismos ya superados.

456,457,458

Es por ello que la presente ley establece que la aplicación del desarrollo social se da en dos vertientes: programas asistenciales y programas de desarrollo.

El problema de la pobreza es tan grande y complejo, que es necesario el diálogo permanente y la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Las necesidades que se presentan a lo largo del territorio mexicano, son diferentes, por lo que no es posible tener una visión centralista del problema, se requiere de acciones que den solución al problema de la pobreza.

Estamos conscientes de que existen muchas diferencias entre las regiones que componen nuestro país, con sus características muy particulares, es muy distinto el norte al sur, la costa a la serranía, las zonas lacustres a las regiones desérticas.

Es por ello que tiene razón de ser el desarrollo regional, no podemos tratar igual a lo que es distinto. Cada zona de nuestro país tiene particularidades que la hacen diferente a las demás.

Es por ello que debe existir una infraestructura institucional que apoye no sólo a las entidades federativas y a los municipios, sino a las distintas regiones de nuestra patria.

Es por tal motivo que la presente iniciativa, crea el Sistema Nacional de Desarrollo Social, con objeto de consolidar el federalismo cimentando las bases para fomentar la existencia de un diálogo nacional permanente basado en la coordinación y concertación de estrategias y programas de desarrollo social, dicho sistema se encuentra integrado por el Consejo Nacional de Desarrollo Social, los consejos locales y regionales, el Consejo Consultivo Nacional y los consejos consultivos locales y regionales.

En la iniciativa, el Consejo Nacional de Desarrollo Social es la instancia superior de coordinación del sistema nacional, su función es la de generar propuestas y recomendaciones a los diferentes niveles de gobierno en materia de desarrollo social.

La integración de dicho consejo está diseñada para que sea de una conformación plural en la que participen los titulares de aquellas secretarías que se encuentran directamente involucradas en el desarrollo social del país: Desarrollo Social, Economía, Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social. Además de los titulares de las entidades federativas y los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social correlativas del Congreso de la Unión. Toda vez que el combate a la pobreza requiere de una visión integradora en la que se den soluciones creativas donde participen los conocedores de la problemática social desde sus diferentes ámbitos de acción.

Con la intención de fortalecer el federalismo, en las entidades federativas se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional de Desarrollo Social en sus respectivos ámbitos de gobierno, en el caso de los consejos locales, participarán los municipios. En el caso del Distrito Federal participarán las delegaciones políticas. Todos los consejos de las entidades federativas serán presididos por el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social.

Otro actor protagónico en la lucha contra la pobreza es la sociedad, es indispensable generar y promover canales que incentiven la participación de la sociedad y la corresponsabilidad de las personas.

Consideramos que dentro del proceso de desarrollo deben estar involucrados todos lo sectores sociales, tanto gubernamentales como de la sociedad, por lo que con la intención de promover un diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para la búsqueda de fórmulas que coadyuven a lograr que el combate a la pobreza sea eficaz e integral, así como contribuir a la movilización de todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la iniciativa propone la creación del consejo consultivo nacional como órgano consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual tendrá una conformación plural y su objeto será proponer y evaluar programas, estrategias y acciones que incidan en el cumplimiento de la política nacional de desarrollo social. Dicho consejo estará integrado por un presidente que será el Secretario de Desarrollo Social; un secretario ejecutivo que será el subsecretario de Desarrollo Regional; un secretario técnico que será el jefe de la unidad de análisis económico y social, así cómo por los consejeros que invite la Secretaría, por conducto de su titular.

Es necesario aprovechar las expresiones solidarias de individuos y grupos que forman parte del fenómeno mundial del voluntarismo solidario, el cual demuestra que la sociedad puede ser aliada junto con el gobierno en la lucha contra la pobreza, toda vez que la experiencia de dichas asociaciones intermedias ha demostrado a nivel internacional su exitosa actuación en la superación de la pobreza.

Dentro de este aspecto, debemos tomar en cuenta que en muchas ocasiones ha ocurrido que cuando el Gobierno ha destinado recursos contra la pobreza, desgraciadamente no todos los recursos llegan a cumplir con su destino, muchos de ellos se han quedado detenidos en burocracias deficientes o lo que es peor, en casos de corrupción y desvío de recursos. Por lo que la presente iniciativa, regula la administración de recursos a asociaciones intermedias. Los proyectos presentados por dichos organismos deberán enmarcarse en algunas de las vertientes que señala la presente iniciativa de ley.

En la actualidad, existe la conciencia entre la sociedad de que los recursos bajo los cuales operan los programas sociales provienen de las contribuciones de la población, por lo que es un deber y un compromiso para las autoridades que dichos programas operen de forma transparente y eficaz. Debemos resaltar en este sentido, un aspecto indispensable en estos tiempos de transición, el uso apartidista de los recursos destinados al combate a la pobreza. Todos los sectores de la sociedad mexicana debemos contribuir en la fiscalización de estos recursos para que no sólo lleguen a quienes más lo necesitan, sino que se destinen sin etiquetas partidistas.

Por lo anterior y con la intención de adoptar criterios de permanencia de los programas sociales con carácter de largo plazo, en la presente iniciativa se regulan los programas de desarrollo social, los cuales deberán contener determinados elementos de acción pública. Asimismo, se establece el padrón único de beneficiarios preferentes para los programas de desarrollo social, con objeto de evitar la iniquidad en el acceso a los beneficios de los programas y lograr la efectiva focalización de aquel sector de la población que requiere la cobertura de algún programa. La Secretaría será responsable del padrón único de beneficiarios preferentes para los programas de desarrollo social y contendrá la información relativa de la Federación, las entidades federativas y los municipios, sobre las personas que por su nivel de desarrollo ameriten la atención preferente en los programas que se instrumenten. La metodología e indicadores para conformar dicho padrón estarán contenidos en el reglamento.

La evaluación constituye una de las etapas fundamentales en el desarrollo de la política social, ya que permite medir el desempeño institucional, valorar los resultados de los programas, ponderar su eficiencia y, sobre todo, determinar su impacto en las condiciones de vida de la población así como el ejercicio del gasto de los programas, por lo que dichas evaluaciones deberán ser objetivas, imparciales y oportunas.

La Secretaría de Desarrollo Social formulará los indicadores de evaluación y gestión, mismos que deberán contar con la opinión de la Cámara de Diputados a través de las comisiones respectivas.

Los indicadores deberán medir preferentemente las mejorías de la población objeto de los programas en su nivel de ingresos y calidad de vida.

Asimismo, para efecto de medir los avances en el combate a la pobreza, se harán evaluaciones que contengan índices cuantitativos y de calidad de las siguientes variables: esperanza de vida al nacer, educación, salud, vivienda y alimentación. Dichos indicadores de pobreza serán elaborados por el Instituto de Estadística, Geografía e Informática previa aprobación de la Secretaría de Desarrollo Social y de las comisiones de Desarrollo Social del Congreso de la Unión.

INICIATIVA

De decreto que expide la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo único. Se expide la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Social

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios, para la integración y el funcionamiento de un marco general de desarrollo social y humano integral en el país.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2o. El desarrollo social es el proceso mediante el cual se establecen condiciones y oportunidades que permitan a las personas acceder a niveles de vida más humanos.

Artículo 3o. La aplicación del desarrollo social se dará en dos vertientes:

I. Programas de desarrollo: el cual establecerá las condiciones necesarias que permita la superación individual de las personas en situación de pobreza a través de la generación de empleo, autoempleo, educación y capacitación.

II. Programas asistenciales: son los que se destinan a las personas de la tercera edad y discapacitadas en pobreza, que por su propia naturaleza no tienen posibilidades de mantenerse a sí mismas.

Artículo 4o. Los principios del desarrollo social son:

I. Solidaridad, entendida como el vínculo que permite a las personas, organizaciones o autoridades relacionarse y prestarse ayuda mutua para resolver necesidades sociales.

II. Subsidiariedad, entendida como el proceso en que una entidad mayor ayuda a una menor cuando ésta no se encuentra en posibilidades de resolver sus propias necesidades, por un tiempo determinado y sin absorberlas, aplicándose en nuestra materia en la forma siguiente:

a. Por parte del Gobierno Federal, a los gobiernos de las entidades federativas o al gobierno de los municipios;

b. Por parte del gobierno de las entidades federativas hacia los gobiernos municipales y

c. Por parte de los tres niveles de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, respecto a las personas.

III. Dignidad de la persona humana, entendida como el fundamento ético de la vida en común y la base de las políticas sociales del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios del país;

IV. Familia, entendiéndola como la célula básica de la sociedad que facilita el desarrollo personal del ser humano;

V. Participación, entendida como el fundamento, que ejercido en forma libre y responsable, ya sea por personas o asociaciones intermedias, inciden en la planeación y ejecución del desarrollo social y

VI. Educación, entendida como el fundamento para el desarrollo de las personas, la cual fortalece las capacidades y la solidaridad con el resto de los mexicanos.

Artículo 5o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. El Sistema Nacional: Sistema Nacional de Desarrollo Social.

II. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

III. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Desarrollo Social.

IV. Consejos locales y regionales: consejos locales y regionales de desarrollo social.

V. Consejo Consultivo Nacional: Consejo Consultivo Nacional Ciudadano de Desarrollo Social.

VI. Consejos Consultivos locales y regionales: consejos consultivos regionales y locales de desarrollo social.

VII. Pobreza. Condiciones sociales, económicas, políticas y jurídicas, que impiden a las personas y familias acceder en forma estable a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de empleo digno, salud, educación, vivienda y alimentación.

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VIII. Asociación intermedia. La gran diversidad de formas y agrupaciones en las que la persona humana va desarrollando los diversos aspectos de su vida y moldeando su personalidad y que constituyen el punto medio entre el individuo aislado y el Estado.

IX. Padrón único de beneficiarios. Relación oficial de aquellas personas que por su nivel de vida sean atendidas en los programas de desarrollo social.

X. Voluntarismo solidario. Actitud de ayuda mutua de un grupo de personas que de manera libre y voluntaria se unen con objeto de promover obras sociales dirigidas hacia grupos de bajo desarrollo social.

Artículo 6o. Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones en ámbitos de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno se ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes.

TITULO SEGUNDO

Del Sistema Nacional de Desarrollo
Social

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 7o. El Sistema Nacional de Desarrollo Social se integrará por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Desarrollo Social, los consejos locales y regionales, el Consejo Consultivo Nacional y los consejos consultivos locales y regionales.

Artículo 8o. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios de desarrollo social.

Artículo 9o. Los convenios de desarrollo social entre la Federación y las entidades federativas se firmarán durante los tres primeros meses del año y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial de la entidad federativa correspondiente.

De no firmarse, estos convenios de desarrollo social seguirán vigentes los firmados el año anterior con las adecuaciones presupuestales correspondientes.

CAPITULO II

De las instancias de coordinación

SECCION PRIMERA

Del Consejo Nacional de Desarrollo Social

Artículo 10. Con el objetivo de que exista el diálogo nacional permanente para consolidar el federalismo sobre bases de coordinación y concertación de estrategias y programas de desarrollo social, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Social.

Su principal función es la generación de propuestas y recomendaciones a los diferentes niveles de gobierno en materia de desarrollo social, a partir de la incorporación de los distintos criterios regionales y locales en materia de desarrollo social.

El Consejo Nacional será la instancia superior de coordinación del sistema nacional y estará integrado por:

I. El Secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá; los secretarios de Economía, Salud, Educación y Trabajo y Previsión Social.

II. Los titulares de las entidades federativas y

III. Los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social del Congreso de la Unión.

Artículo 11. El Presidente designará al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional y podrá removerlo libremente.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Social deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos;

II. Tener más de 35 años de edad;

III. Contar con título de licenciatura en carreras relacionadas con la materia debidamente registrado y

IV. Ser de reconocida capacidad y probidad y contar con experiencia en áreas del desarrollo social.

Artículo 12. El Consejo Nacional tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar el Sistema Nacional de Desarrollo Social;

II. Presentar propuestas para la formulación de planes, programas, acciones y políticas en materia de desarrollo social, así como evaluarlas periódicamente;

III. Proponer medidas para vincular el sistema nacional con los órganos similares de otros países;

IV. Proponer bases y reglas para la realización de acciones conjuntas entre instituciones federales, estatales y municipales;

V. Elaborar propuestas sobre los programas de cooperación internacional en materia de desarrollo social, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;

VI. Proponer reformas a leyes y reglamentos en materia de desarrollo social;

VII. Analizar proyectos y estudios que se sometan a su consideración por conducto del secretario ejecutivo;

VIII. Analizar los lineamientos para el buen desempeño de las instituciones de desarrollo social del país que sean propuestos por el presidente del consejo;

IX. Formular sugerencias a las autoridades competentes, para que las instituciones de desarrollo social de la Federación, las entidades federativas y los municipios desarrollen sus acciones de manera más eficaz;

X. Podrá formar las comisiones necesarias para las diferentes áreas de la materia y

XI. Expedir su reglamento interno.

Artículo 13. El consejo nacional se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

Los miembros del consejo podrán proponer acuerdos y resoluciones, así como vigilar su cumplimiento.

Artículo 14. Serán funciones del presidente del Consejo Nacional:

I. Coordinar y presidir el Consejo Nacional:

II. Elaborar las propuestas para el contenido de los planes, programas, acciones y políticas en materia de desarrollo social y someterlas para su análisis al Consejo Nacional;

III. Proponer para su análisis al Consejo Nacional, políticas, lineamientos y acciones para el buen desempeño de las instituciones de desarrollo social del país;

IV. Promover, por conducto de las instituciones de desarrollo social, la realización de acciones conjuntas, conforme la propuesta que emita el consejo y sin menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes y

V. Tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservación del desarrollo social.

Artículo 15. Serán funciones del secretario ejecutivo del Consejo Nacional:

I. Levantar actas y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional y llevar el archivo de éstos;

II. Ejecutar y dar seguimiento a acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional;

III. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;

IV. Informar periódicamente al Consejo Nacional de sus actividades y

V. Realizar estudios especializados sobre las materias de desarrollo social.

SECCION SEGUNDA

De los consejos locales, regionales y municipales de desarrollo social

Artículo 16. En las entidades federativas se establecerán consejos locales encargados de la coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Desarrollo Social en sus respectivos ámbitos de gobierno. En el caso de los consejos locales, participarán los municipios. En el caso del Distrito Federal participarán las delegaciones políticas. Todos los consejos de las entidades federativas serán presididos por el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social.

En las entidades federativas se establecerán consejos de coordinación delegacionales o municipales, según las características regionales y demográficas de cada entidad federativa.

En los municipios o delegaciones políticas se establecerán los consejos respectivos.

Artículo 17. Cuando para la promoción del desarrollo social sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán consejos regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente.

Cuando se requiera la participación de dos o más municipios, ya sean de una misma o de diferentes entidades federativas, podrán también establecerse consejos regionales.

Artículo 18. Los consejos locales y los consejos regionales se organizarán en lo conducente de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de desarrollo social, en sus ámbitos de competencia.

Artículo 19. Los consejos locales y los consejos regionales podrán proponer al Consejo Nacional acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

CAPITULO III

De los consejos consultivos

Artículo 20. Las autoridades establecerán mecanismos para que la sociedad participe en la planeación y supervisión del desarrollo social en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 21. Se crea el consejo consultivo nacional como órgano consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, de participación ciudadana, de conformación plural y que tendrá por objeto proponer y evaluar programas, estrategias y acciones que inciden en el cumplimiento de la política nacional de desarrollo social.

Artículo 22. Para cumplir con su objeto, el consejo consultivo tendrá las funciones siguientes:

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación, orientación y evaluación de la política nacional de desarrollo social;

II. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento, operación y evaluación de la política nacional de desarrollo social;

III. Apoyar a la Secretaría en la promoción ante los gobiernos estatales y municipales para el cumplimiento de la política nacional de desarrollo social;

IV. Proponer la realización de foros, talleres y seminarios en materia de desarrollo social;

V. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado hacia la búsqueda de fórmulas que coadyuven a mejorar la gestión institucional y de la sociedad civil para la superación de la pobreza;

VI. Informar a la opinión pública sobre aspectos de interés general relativos a la política nacional de desarrollo social;

VII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;

VIII. Impulsar las manifestaciones individuales y colectivas que tengan por objeto preponderante el voluntarismo solidario con la población objeto de los programas de desarrollo social;

IX. Expedir su reglamento interno y

X. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.

Para el mejor cumplimiento de las funciones mencionadas, el Secretario de Desarrollo Social solicitará regularmente la opinión y propuestas del consejo consultivo ciudadano.

Artículo 23. El consejo consultivo ciudadano de desarrollo social estará integrado por un presidente que será el Secretario de Desarrollo Social; un secretario ejecutivo que será el subsecretario de Desarrollo Regional; un secretario técnico que será el jefe de la Unidad de Análisis Económico y Social, así como por los consejeros que invite la Secretaría, por conducto de su titular. El presidente del consejo consultivo ciudadano de desarrollo social será suplido en sus ausencias por el secretario ejecutivo y éste por el secretario técnico.

Artículo 24. Los consejeros deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los ámbitos académico, profesional, científico y cultural, representantes de las asociaciones intermedias, estrechamente vinculados con la problemática social del país y comprometidos con el bienestar general de la población, el fomento al desarrollo de los pueblos indígenas y de las comunidades marginadas, así como con la protección y asistencia en favor de individuos pertenecientes a grupos vulnerables. Asimismo, los miembros de las comisiones de Desarrollo Social de las cámaras de Senadores y Diputados del honorable Congreso de la Unión serán consejeros exoficio.

462,463,464

La participación de los consejeros será con carácter honorario.

Artículo 25. La Secretaría de Desarrollo Social prestará al consejo consultivo, la colaboración que requiera para el ejercicio de sus funciones.

El consejo consultivo podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de asociaciones intermedias y de particulares.

Artículo 26. La organización y funcionamiento del consejo consultivo ciudadano de desarrollo social, así como la de sus comisiones y grupos de trabajo, se normará por su reglamento interno.

Artículo 27. Las entidades federativas y los municipios, crearán consejos consultivos locales y regionales de modo similar al nacional.

Cuando para la promoción del desarrollo social sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas o dos o más municipios ya sean de una misma o de diferentes entidades federativas, se establecerán consejos consultivos regionales.

CAPITULO IV

De las asociaciones intermedias

Artículo 28. Si los tres niveles de gobierno o alguno de ellos, deciden implementar programas que impliquen la administración de recursos a asociaciones intermedias se deberán cumplir los requisitos que marca el presente ordenamiento.

Artículo 29. Los programas susceptibles de ser apoyados a través de asociaciones intermedias tendrán por objeto:

I. Impulsar el desarrollo de personas en situación de pobreza extrema tales como menores, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad etcétera, que preferentemente se encuentren ubicados en las zonas de mayor pobreza del país.

II. Coadyuvar al fortalecimiento de la política social mediante el diseño, promoción y apoyo financiero a investigaciones, estudios y proyectos demostrativos y/o prioritarios.

Artículo 30. Las asociaciones intermedias que deseen recibir el apoyo gubernamental deben cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar legalmente constituidas;

II. Realizar actividades de desarrollo comunitario, educación cívica, asistencia social, servicios educativos, de desarrollo cultural, atención a la salud, investigación científica y tecnológica aplicada, entre otros similares;

III. Presentar proyectos viables destinados a atender demandas de grupos sociales en situación de pobreza extrema;

IV. No estar vinculados con agrupaciones políticas;

V. No tener el lucro como fin principal ni llevar a cabo acciones de proselitismo hacia partido político alguno sindicato o religión;

VI. Que sus directivos no tengan vínculo laboral con los tres órdenes de gobierno.

Artículo 31. Los proyectos deberán enmarcarse en alguna de las siguientes vertientes:

I. Productivo. Enfocados a propiciar actividades que generen empleos y/o beneficios económicos entre los miembros de las comunidades objeto del proyecto;

II. Social. Encauzados a la realización de acciones que contribuyan a mejorar el nivel y calidad de vida de personas o grupos en situación de pobreza;

III. Capacitación. Encaminados al desarrollo del ser humano, a través de la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que contribuyan a elevar las aptitudes para el trabajo calificado y/o las condiciones de vida de la población objeto de estos programas y

IV. Fortalecimiento institucional. Dirigidos al fortalecimiento de los diferentes esquemas de coinversión entre las asociaciones intermedias y las diferentes instancias de gobierno, con la finalidad de lograr una mayor concurrencia e impacto social de los proyectos.

Artículo 32. Para operar el apoyo a asociaciones intermedias se someterá a concurso los programas que deseen operar.

Para realizar el concurso deberá convocarse a través de los medios de comunicación escritos de mayor circulación ya sean nacionales, estatales o regionales dependiendo del orden de gobierno al cual le corresponderá suministrar los recursos económicos.

Artículo 33. Las asociaciones que reciban recursos públicos deberán participar en los consejos consultivos respectivos.

Artículo 34. Se instituye el Registro Nacional de Asociaciones Intermedias para el Desarrollo Social, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo objeto es vincular la solidaridad social con aquellos que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema.

CAPITULO V

De la programación, ejecución, participación
y evaluación

SECCION PRIMERA

De la programación

Artículo 35. El Sistema Nacional de Desarrollo Social podrá presentar propuestas para la integración de los planes, programas y proyectos de la materia en los tres órdenes de gobierno.

Artículo 36. Los planes, proyectos y programas de desarrollo social tendrán como prioridades:

I. Operarlos en las zonas que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática tienen mayor pobreza;

II. Establecer condiciones que permitan crear y fomentar el empleo y el autoempleo;

III. La alimentación, la salud, la educación y la vivienda;

IV. La promoción de oportunidades a los miembros de las comunidades en especial a mujeres, menores y ancianos que se encuentren en situación de pobreza;

V. Establecer programas asistenciales sólo para niños, adultos mayores y discapacitados en condiciones de pobreza y

VI. Los programas que se establezcan no deberán contar con objetivos similares y de preferencia tendrán una población objetivo distinta.

Artículo 37. Los programas de desarrollo social se definen como:

I. Institucionales: programas formulados y ejecutados por cada una de las dependencias como entidades y organismos de la Administración Pública Federal y que se refieren a la materia propia del ámbito de su respectiva competencia en el desarrollo social.

II. Sectoriales: programas formulados y ejecutados por dos o más dependencias, entidades y organismos federales y con la participación de los gobiernos locales en los términos de los convenios que al efecto se suscriban en materia de desarrollo social.

III. Especiales: programas formulados para ofrecer atención oportuna a problemas de pobreza extrema, marginación, desnutrición grave, enfermedades que pongan en riesgo la salud de una comunidad o población, analfabetismo, ignorancia o situación de desastre natural.

IV. Regionales: programas formulados para resolver problemas de iniquidad en el desarrollo territorial del país y

V. Comunitarios: programas formulados con objeto de incorporar al desarrollo los pueblos y comunidades en situación de desigualdad.

Artículo 38. Los programas de desarrollo social contendrán, al menos los siguientes elementos de acción pública:

I. Diagnóstico, objetivos, estrategias y líneas de acción;

II. Responsabilidades, procedimientos, tiempos de ejecución y autoridades ejecutoras;

III. Recursos públicos, privados y sociales y modos de aprovechamiento del potencial solidario de cada grupo, comunidad o pueblo beneficiados;

IV. Bases de organización participativa y solidaria, y

V. Evaluación y control.

Artículo 39. Los poderes ejecutivos locales aprobarán, en los términos de esta ley y de la propia de cada Estado, su sistema de planeación del desarrollo social y formularán y aplicarán los programas respectivos.

Asimismo, los ayuntamientos aprobarán planes municipales de desarrollo social y programas generales y específicos.

La Secretaría de Desarrollo Social coordinará la correspondencia entre el Plan Nacional y los estatales y municipales y promoverá lo conducente para que la planeación general sea congruente, objetiva y participativa. Al efecto, incluirá la celebración de convenios y acuerdos nacionales interestatales e intermunicipales de desarrollo social.

SECCION SEGUNDA

De la ejecución

Artículo 40. Los programas y proyectos de desarrollo social serán ejecutados por los tres órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia.

La Secretaría de Desarrollo Social capacitará a las autoridades estatales y municipales que lo requieran y les ofrecerá asesoría permanente en los aspectos de planeación, aspectos jurídicos, financieros, administrativos, productivos y otros que se requieran.

Artículo 41. La papelería, la documentación oficial, así como la publicidad, promoción y etiquetas de los productos de todos los programas de desarrollo social sean de nivel federal, de las entidades federativas o los municipios deberán incluir la siguiente leyenda: "este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otro distinto a los establecidos. Quien haga uso indebido de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

SECCION TERCERA

De la participación

Artículo 42. El desarrollo social del país, la planeación del mismo y los programas y acciones correspondientes dispondrán de un sistema de participación social y consulta pública abierta.

Artículo 43. La participación social y la consulta pública tendrán por objeto la libre expresión de ciudadanos y de asociaciones intermedias de desarrollo social a través de los consejos consultivos.

SECCION CUARTA

De la evaluación

Artículo 44. La evaluación tiene por objeto la permanente revisión de resultados en el mejoramiento del nivel de vida de las personas en pobreza y la actualización del proceso de desarrollo social. Las evaluaciones deberán ser objetivas, imparciales y oportunas.

Artículo 45. La Secretaría de Desarrollo Social formulará los indicadores de evaluación y gestión, mismos que deberán contar con la opinión de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Social.

Los indicadores deberán medir preferentemente la mejoría de la población objeto de los programas en su nivel de ingresos y de calidad de vida.

Artículo 46. Los programas de desarrollo social deberán ser evaluados por instituciones académicas y de investigación, preferentemente nacionales, con reconocimiento y experiencia en la materia, así como por organismos especializados de carácter internacional con reconocimiento y experiencia, para evaluar el apego de los programas a las reglas de operación, los beneficios económicos y sociales de sus acciones, así como su costo de efectividad.

La Secretaría deberá enviar dichas evaluaciones a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de octubre del año fiscal correspondiente.

Artículo 47 La Secretaría, las dependencias correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán establecer los mecanismos públicos de seguimiento, supervisión y evaluación periódica sobre la utilización, resultados y beneficios económicos y sociales que se generan con los recursos asignados a los programas de desarrollo social previa opinión de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y de los ayuntamientos.

465,466,467

Estos deberán tener los siguientes objetivos:

I. Informar semestralmente al Poder Legislativo correspondiente, a los municipios, al Consejo Consultivo Ciudadano y a la sociedad en general sobre la aplicación de los recursos, avances y resultados de los programas de desarrollo social.

II. Fortalecer los canales de comunicación entre los poderes ejecutivos y legislativos en materia de seguimiento, supervisión y evaluación.

III. Establecer un sistema de evaluación continua a partir de información y estadísticas básicas de los resultados de los programas de desarrollo social.

IV. Coordinación institucional entre los gobiernos Federal, entidades federativas y municipales para el desarrollo de la evaluación estatal de los programas.

Artículo 48. A través de los mecanismos mencionados en el artículo 46 de esta ley la Secretaría y sus similares de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios deberán:

I. Emitir normas, lineamientos e indicadores para la evaluación integral de los programas.

II. Escuchar y analizar la opinión de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de los ayuntamientos, así como del Consejo Consultivo Nacional en torno a la normatividad de evaluación y de los indicadores de evaluación y gestión para incorporar lo procedente.

III. Operar un sistema de información que sirva de apoyo a las actividades de evaluación y seguimiento.

Artículo 49. Para efecto de poder medir los avances en el combate a la pobreza se harán evaluaciones que contengan índices cuantitativos y de calidad de las siguientes variables: esperanza de vida al nacer, educación, salud, vivienda y alimentación.

Entendiendo por:

I. Esperanza de vida al nacer: número de años que viviría un recién nacido si las pautas de mortalidad imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo las mismas a lo largo de toda su vida.

II. Educación: adquisición de conocimientos que permitan a las personas contar con una formación suficiente para desarrollar actividades productivas.

III. Salud: estado en el que el cuerpo humano ejerce normalmente todas sus funciones.

IV. Vivienda: la creación de espacios físicos que permitan la vida digna de las personas.

V. Alimentación: aporte al organismo de las sustancias necesarias para mantener las constantes biológicas con las que el cuerpo humano es capaz de funcionar en forma normal.

Artículo 50. Los indicadores de pobreza a que hace referencia el artículo anterior, serán elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, previa aprobación de la Secretaría de Desarrollo Social y de las comisiones de Desarrollo Social del Congreso de la Unión.

Los indicadores aprobados tendrán una vigencia de cinco años y el instituto los aplicará anualmente, los resultados, a la Secretaria el 15 de noviembre de cada año.

CAPITULO VI

Del padrón único de beneficiarios preferentes para los programas de desarrollo social

Artículo 51. La Secretaría será responsable del padrón unico de beneficiarios preferentes para los programas de desarrollo social y contendrá la información relativa de la Federación, las entidades federativas y los municipios, sobre las personas que por su nivel de desarrollo ameriten la atención preferente en los programas que se instrumenten. La metodología e indicadores para conformar dicho padrón estarán contenidos en el reglamento.

Artículo 52. Las autoridades competentes de la Federación en coordinación con las entidades federativas y los municipios, inscribirán y mantendrán actualizados en el registro los datos relativos al padrón único, en los términos de esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 53. La consulta del registro será obligatoria y previa para la formulación de los planes y programas de desarrollo social.

Artículo 54. El reglamento señalará los instrumentos de acopio de datos que permitan crear el padrón único de beneficiarios.

Artículo 55. Cualquier interesado que estime falsa o errónea alguna información, podrá solicitar ante la Secretaría, se anote la corrección que proceda conforme al procedimiento que establezca el reglamento.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Diputado Francisco Javier Cantú Torres, Comisión de Desarrollo Social.»

El Presidente:

Gracias a usted diputado Francisco Javier Cantú Torres y tal como lo solicita, se instruye para que en su texto íntegro, forme parte del Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

El siguiente punto en el orden del día son los dictámenes de primera lectura.

Los siguientes puntos del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos José Martínez Güitrón, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Carlos Jaime Bazdresch y Parada, Amanda Mireya Terán Munguía, José María Antonio López Roufosse y Enrique García Jaramillo, para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros; Guillermo Kurt Heimpel y Laura Martín del Campo Steta, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios de gobiernos extranjeros. Son de primera lectura.

En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se les dispensa la segunda lectura.

El Presidente:

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

CONDECORACIONES

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: ingeniero José Martínez Güitrón, ingeniero Jorge Andrés Ocejo Moreno, doctor Carlos Jaime Bazdresch y Parada, embajadora Amanda Mireya Terán Munguía, licenciado José María Antonio López Roufosse y teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor Enrique García Jaramillo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos: del Reino de Dinamarca, de Rumania, de la República Dominicana, del Reino de Bélgica y de Estados Unidos de América, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano José Martínez Güitrón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog en grado de Caballero, que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Jorge Andrés Ocejo Moreno, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Jaime Bazdresch y Parada, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.

Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana embajadora Amanda Mireya Terán Munguía, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la República Dominicana.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano José María Antonio López Roufosse, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona en grado de Caballero, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica.

Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor Enrique García Jaramillo, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 20 de marzo 2002.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

El Presidente:

Está a discusión el dictamen en lo general y no habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio de fecha 15 de marzo de 2002, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Kurt Heimpel Pruneda, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania, en la ciudad de Mazatlán, con circunscripción consular en el Estado de Sinaloa.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 13 de marzo del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de la República Federal de Alemania, serán de carácter estrictamente consular y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Kurt Heimpel Pruneda, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania, en la ciudad de Mazatlán, con circunscripción consular en el Estado de Sinaloa.

468,469,470

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 18 de marzo 2002.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Anorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Agusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

REPUBLICA DE CROACIA

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 15 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Laura Martín del Campo Steta, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República de Croacia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 13 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará a la República de Croacia, serán de carácter estrictamente consular y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se concede permiso a la ciudadana Laura Martín del Campo Steta, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República de Croacia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 18 de marzo 2002.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría. »

No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

El Presidente:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación.)

Se emitieron 346 votos en pro; 30 en contra y 25 abstenciones.

El diputado Bonifacio Castillo Cruz
(desde su curul):

Señor Secretario, no alcancé a votar.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta:

A ver, diputado.

Me informa la Secretaría que no solicitaron a tiempo el registro, lo lamento y lo preguntó varias veces la Secretaría.

Aprobados los proyectos de decreto por 346 votos, pasan al Senado para los efectos constitucionales.

MUJERES Y POLITICA

La Presidenta:

Pasamos al capítulo de excitativas.

Tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Solicitud de excitativa a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género que presento a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Cámara de Diputados.

La suscrita, en mi calidad de diputada federal en la LVIII Legislatura de este Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dirijo a esta soberanía la presente excitativa en virtud de los siguientes

antecedentes

1. En sesión ordinaria celebra en la Cámara de Diputados el día 9 de noviembre de 2000 presenté una iniciativa de decreto por el que se adiciona un último párrafo al numeral 1 del artículo 4o., se deroga el numeral 3 del artículo 175 y se adiciona un artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de equidad entre los géneros.

2. La Presidencia de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa se turnara a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género.

3. Anteriormente a la presentación de la iniciativa en cuestión, durante las actividades constitucionales de la LVII Legislatura, en fecha 30 de abril de 1998, la diputada Martha Dalia Gastelum Valenzuela, a nombre del propio grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a los artículos referidos del procedimiento electoral, la cual fue turnada por la Presidencia de esta soberanía a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

4. Con fecha 6 de junio de 2001 fue presentada por el diputado Tomás Torres Mercado una excitativa a las comisiones de Equidad y Género y de Gobernación y Seguridad Pública, con relación al dictamen pendiente de la iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales.

5. Las reformas que se pretenden lograr han contado con el consenso de todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados, con excepción de un grupo parlamentario que sólo condicionó su aceptación a que este dictamen fuera incluido hasta el actual periodo de sesiones ordinarias, por lo que estamos en espera de que su compromiso sea confirmado, con lo cual la iniciativa en cuestión contaría con la aprobación total de esta Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y una vez que la Comisión de Equidad y Género ha dictaminado por unanimidad a favor de esta iniciativa, solicito a esta Presidencia:

Primero. En los términos del artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea girada la excitativa pertinente a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género, para que sea presentado al pleno el dictamen correspondiente a la iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo. Que la Presidencia de esta Cámara de Diputados establezca término inaplazable a la presentación del dictamen respectivo.

Por su atención, por su muchísima, muchísima atención, muchas gracias.

La Presidenta:

En virtud de que sobre esta iniciativa ya se había dado una excitativa y dados los antecedentes de que existe un anteproyecto de dictamen que tendrán que discutir en comisiones unidas, esta Presidencia exhorta a las comisiones unidas para que a más tardar el 18 de abril presenten dictamen referido a la iniciativa mencionada.

ARTICULOS 73 Y 115 CONSTITUCIONALES

La Presidenta:

La siguiente excitativa a presentar por el diputado Félix Castellanos Hernández, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos han solicitado que se posponga.

En consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado Esteban Daniel Martínez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social.

El diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El acuerdo social posrevolucionario comenzó estableciendo la igualdad de todos los ciudadanos mexicanos bajo el esquema de garantías individuales, la Constitución preservaba el acceso a los bienes y servicios mínimos y necesarios para el bienestar de la población. La educación, la salud, la vivienda, el empleo estable y bien remunerado, la seguridad social entre otros son derechos de todos los habitantes de nuestra República y su prestación, por lo tanto, es una obligación del Estado.

Al paso del tiempo, nuestro marco jurídico fundamental precisó la obligación estatal de asumir la rectoría de un desarrollo nacional integral y sustentable que fortalezca a la soberanía de la nación y su régimen democrático.

Sin embargo, esta obligación constitucional ha desviado el quehacer público al suplantarse por una política que subordina las necesidades sociales a un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza incapaz de generar el empleo y los ingresos que demanda la población.

En fomento al crecimiento económico se ha divorciado de la generación de trabajo y empleo a la par que la distribución social de ingreso y la riqueza han dejado de ser prioridad del desarrollo nacional.

Para el neoliberalismo la especulación genera mayor riqueza que la producción social. El mercado es justo sólo por ser libre y se desentienden los intercambios desiguales que han sumido a la pobreza a más de 40 millones de mexicanos.

Nuestra política económica sustentada en una política monetaria que promueve el apoyo irrestricto al capital especulativo ha provocado incapacidad en la estructura económica para ofrecer los satisfactores esenciales a toda la población de nuestro país.

Al mismo tiempo nuestra economía promueve la concentración del ingreso hasta ser una de las más desiguales del planeta, lo que polariza aún más las diferencias sociales que agobian a nuestra patria.

El marco jurídico de los derechos sociales constitucionales carece de precisión. No existen aún mecanismos puntuales de exigibilidad o justiciabilidad con lo que el constitucionalismo social, rasgo original de nuestra tradición jurídica se reduce en no pocos casos a una declaración de principios generosa pero inobservada.

Garantizar la equidad social dentro de la Reforma del Estado es prioridad para el Partido de la Revolución Democrática, por lo que hemos insistido en dar un lugar preponderante al derecho social dentro de la discusión legislativa.

471,472,473

Hemos de recordar que fue iniciativa del grupo parlamentario del PRD en la LVI Legislatura la creación de una Comisión de Desarrollo Social en el Congreso de la Unión. Asimismo hemos presentado varias iniciativas de ley que promueven el establecimiento de un marco jurídico para el desarrollo social.

Legislar en esta materia es prioritario para esta legislatura, pues el punto se encuentra en las agendas legislativas de los principales grupos parlamentarios de esta soberanía, por lo que consideramos impostergable en el marco de la Reforma del Estado tener a la reforma social como uno de los grandes ejes de discusión legislativa.

Simultáneamente otros grupos parlamentarios han retomado la discusión y propuesto iniciativas sobre esta misma materia, como es el caso del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que presentó iniciativa de reforma constitucional al artículo 73 en voz del diputado Rubén Fernández en la LVII Legislatura, así la iniciativa de Ley de Desarrollo Social presentada en el Senado.

Sin embargo, el alcance de este esfuerzo se acota si no precisamos y ante reformas a nuestra Carta Magna, el establecimiento de las bases de concurrencia de esta iniciativa. Así, encontramos la iniciativa de reformas al artículo 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el marco constitucional del que derive una ley secundaria, que establezca las bases de coordinación de las acciones de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de desarrollo social, para la superación de la pobreza y la marginación, presentada por el diputado Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 30 de octubre del año 2001.

Esta iniciativa de reforma constitucional retoma preocupaciones que si bien no son exclusivas de un partido o grupo parlamentario, tienen un sitio privilegiado en el PRD. El diputado expone que es pertinente proveer adiciones a los artículos 73 y 115, en el afán de crear el marco constitucional pertinente, del que derive una ley secundaria, que establezca las bases de coordinación de las acciones de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en materia de desarrollo social para la superación de la pobreza y la marginación.

Y remata diciendo: "la lucha contra la pobreza, la marginación y la exclusión social, es un imperativo ético de la sociedad, es una obligación del Estado y una tarea que no admite demoras ni vacilaciones".

Sabemos que los tiempos legislativos no siempre son suficientes para agotar las agendas y que los debates sobre los grandes problemas nacionales no se consumen en el corto plazo; sin embargo, coincidimos con nuestro colega en que las prioridades son muy claras y no hay nada que justifique la dilación de esta discusión dentro de los grandes rubros de la Reforma del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados integrantes de la LVIII Legislatura, solicitamos a esta Presidencia envíe excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que emita dictamen sobre la iniciativa de reformas a los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Alberto Amador Leal, en la sesión del 30 de octubre de 2001.

Firman la presente iniciativa el diputado Francisco Cantú Torres, del Partido Acción Nacional; el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional y un servidor, Esteban Daniel Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social, para que emitan el dictamen correspondiente.

MUJERES ASESINADAS

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo, para presentar una excitativa a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:

Solicitud de excitativa a la Junta de Coordinación Política, presentada por legisladoras y legisladores que integran la comisión especial, constituida para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos, en nuestra calidad de diputadas y diputados federales de la LVIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dirigimos a esta soberanía la presente excitativa, en virtud de los siguientes

ANTECEDENTES

1. El pasado 8 de noviembre fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo para que fuese integrada una comisión especial al seno de esta soberanía, para que conociese y diera seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez.

2. El 13 de noviembre de 2001 la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, presentó al pleno el dictamen donde dicha comisión especial era constituida, señalando en el mismo acto el objetivo, el número de integrantes, el término para llevar a cabo el objetivo y la fecha para la presentación de los primeros resultados y conclusiones. Del mismo modo, en el numeral 4 del mencionado dictamen, fue señalado que la mesa directiva de la comisión especial sería designada por la Junta de Coordinación Política, misma que sería comunicada al pleno de esta Cámara.

3. El 21 de noviembre se aprueba la integración de la comisión, quedando pendiente la conformación de la mesa directiva respectiva.

4. El 15 de diciembre, se presenta el primer informe de las actividades de esta comisión especial y se conmina por escrito para que se resuelva sobre la integración de su mesa directiva.

Por lo antes expuesto y a casi cinco meses de creada la multicitada comisión especial, solicitamos a la Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se sirva:

Primero. En los términos del artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sea girada la excitativa pertinente a Junta de Coordinación Política, para que en cumplimiento del numeral 4 del dictamen de fecha 13 de noviembre, sea realizada a la brevedad posible, la designación de la mesa directiva de la comisión especial constituida para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez.

Segundo. La Presidencia de esta Cámara de Diputados establezca el término con el que cuenta la Junta de Coordinación Política para presentar al pleno la designación de la mesa directiva de la comisión especial que nos ocupa.

Muchas gracias.

México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Diputados: Hortensia Enríquez, Silvia López, María Teresa Campoy, Hortensia Aragón Castillo, Hilda Anderson, Rosa Delía Cota.»

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Esta Presidencia desea eximir a la Junta de Coordinación Política de alguna responsabilidad vinculada con la integración, puesto que como es de conocimiento de todos, las propuestas de los integrantes la presentan los grupos parlamentarios.

Hago un exhorto respetuoso a los grupos parlamentarios, para proponer los integrantes de la referida comisión especial y le solicito atentamente a la Junta de Coordinación Política, que a más tardar el 11 de abril presente ante este pleno la integración respectiva.

ESTADO DE YUCATAN

La Presidenta:

Continuando con el orden del día, pasamos al capítulo de proposiciones. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Elena Baduy Isaac, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados se vincule con el tema del "Programa de los Pueblos Mágicos" en el municipio de Izamal del Estado de Yucatán.

La diputada Rosa Elena Baduy Isaac:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:

Izamal es una de las ciudades coloniales de México mejor conservadas; la "ciudad de las tres culturas", es una auténtica joya de nuestro país.

El honorable ayuntamiento de Izamal, por iniciativa propia y por recursos humanos, materiales y financieros propios, elaboró en el año 2001 un proyecto turístico integral para el municipio, que fue presentado oficialmente a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, la cual en atención a las solicitudes y gestiones realizadas de manera conjunta por el honorable ayuntamiento y el gobierno del Estado a través de la Secretaría Estatal de Turismo, no sólo aprobó para el ejercicio fiscal 2002 un techo financiero de 10 millones de pesos de inversión directa para ser ejercidos en ese municipio, sino que además adoptó el proyecto turístico integral, elaborado originalmente por el ayuntamiento como modelo piloto para que se aplicara en otros 99 municipios turísticos del país que serán incluidos, al igual que Izamal, en el Programa de Pueblos Mágicos.

El pasado 16 de febrero, se llevó a cabo la instalación del Comité Turístico Izamal, Pueblo Mágico, ante la presencia de la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, la licenciada Leticia Navarro Ochoa; el gobernador del Estado, Patricio Patrón Laviada; la mencionada Secretaría Estatal de Turismo, así como de las autoridades municipales y representantes del sector turístico y productivo de Izamal.

Además de ello y por todo el trabajo conjunto realizado, se eligió a Izamal como el sitio para que fuese inaugurado el kihuil turístico del mundo maya 2002, magno evento de los turisteros de todo el mundo.

El pasado lunes 11 de marzo se realizó la primera sesión de trabajo del Comité Turístico Izamal, Pueblo Mágico, con la presencia de la titular de la secretaría de turismo estatal y de los demás integrantes del comité, adoptándose como principal acuerdo formal, la realización de una reunión de trabajo a realizarse el jueves 14 de marzo, misma que incluiría una gira de trabajo por los sitios correspondientes del municipio, con el fin de adoptar las primeras definiciones sobre las etapas y acciones a realizar, para dar inicio con la ejecución de las obras y el correlativo ejercicio presupuestal de los 10 millones de pesos asignados a Izamal, como pueblo mágico.

Sin embargo, esto no ocurrió. El pasado martes 12 del presente, la secretaria estatal de turismo, según ella por indicaciones expresas del titular del Ejecutivo, llamó telefónicamente al presidente municipal de Izamal para señalarle textualmente: "Por órdenes del gobernador del Estado, se suspende el Programa de Pueblos Mágicos en Izamal, hasta que definas tu posición".

Nos hubiera gustado pensar y que fuera cierto, que se trataba de un exabrupto de una funcionaria, desgraciadamente no es así; este acto injusto, ilegal y carente de cualquier lógica política, tiene su origen en el jefe del Ejecutivo Patricio Patrón Laviada.

Según se consigna en los medios impresos y radiofónicos el propio gobernador, dispuso y cito textualmente: "Los planes turísticos de Izamal, quedan pendientes en tanto el alcalde de esa ciudad, no aclare las cosas pues sus actitudes afectan este programa" Diario de Yucatán, miércoles 13 de marzo.

La actitud del gobernador es la que no tiene medida. ¿Qué es lo que disgustó al gobernador? ¿Qué fue lo que indispuso al sensible gobernador de Yucatán? Al parecer el anuncio, la declaración hecha por William Sosa Altamira, alcalde de Izamal, en el sentido de que formaría parte de una asociación de presidentes municipales priístas. Por increíble que parezca, por ilógico que sea, esta declaración provocó que se suspenda la aplicación de 10 millones de pesos para Izamal.

Desde el 14 de marzo todas las fuentes de empleo que por su propia iniciativa, no la del gobernador, el ayuntamiento de Izamal obtuvo, están detenidas; no las tramitó el gobierno, mereció el ayuntamiento el elogio de la Secretaría de Turismo Federal y esto es lo que en realidad molesta al gobernador, el éxito ajeno que muestra su absoluta incapacidad.

Insultos como ratas y caciquillos, amenazas como cuidadito, van a ver los alcaldes priístas, son el vocabulario y las expresiones de las declaraciones del gobernador del Estado, convertido en una auténtica amenaza para la paz y la tranquilidad del Estado. Una amenaza para los habitantes de Yucatán, a los que les quita los recursos que el Gobierno Federal manda, sin importarle los perjuicios que ocasiona y pasando por encima de la ley.

474,475,476

No existe en el artículo 55 de la Constitución, ninguna facultad que autorice al gobernador a tomar tales medidas. No existe ninguna ley que permita a un gobernador conculcar, limitar los recursos de los ayuntamientos.

Debe denunciarse aquí que la pretensión del gobernador no es sólo suspender el recurso de los pueblos mágicos, sino que ha suspendido programas de salud como el relleno sanitario y se teme que corran igual suerte los programas de vivienda...

La Presidenta:

Diputada...

La diputada Rosa Elena Baduy Isaac:

Concluyo, señora Presidenta.

Consideramos que estas condiciones nuevas políticas y administrativas, lejos de mover a cualquier autoridad a buscar acuerdos, este gobernador lo único que piensa es en buscar cómo perjudicar a los ayuntamientos del Estado de Yucatán. No podemos permitir que se excluya a esta hermosa y legendaria ciudad de las tres culturas, rica en tradiciones, cuna de hombres ilustres y dueña de un inmenso patrimonio cultural de México, a mostrarse al mundo con toda su grandeza y alcanzar su proyección internacional y con ello traer para sus habitantes, para Yucatán y para México.

La Presidenta:

Diputada, por favor.

La diputada Rosa Elena Baduy Isaac:

Nada más voy a dar el punto de acuerdo, señora Presidenta.

Primero. Que la Comisión de Turismo de esta Cámara de Diputados realice una investigación sobre la aplicación de los recursos del Programa Pueblos Mágicos y en particular en el municipio de Izamal, Yucatán.

Segundo. Que la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara de Diputados realice una investigación de los recursos destinados por la Sedesol al programa de Vivienda denominado "Viva", en Izamal, Yucatán.

Muchas gracias.

«Izamal es una de las ciudades coloniales de México mejor conservada."La ciudad de las tres culturas", es un auténtica joya de nuestro país.

El honorable ayuntamiento de lzamal por iniciativa propia y con recursos humanos, materiales y financieros propios elaboró en el año 2001 un proyectó turístico integral para el municipio, que fue presentado oficialmente a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, la cuál en atención a las solicitudes y gestiones realizadas de manera

conjunta por el honorable ayuntamiento de Izamal y el gobierno del Estado a través de la Secretaría Estatal de Turismo, no solo aprobó para el ejercicio fiscal 2002 un techo presupuestal de 10 millones de pesos de inversión directa para ser ejercidos en este municipio, sino que además adoptó el proyecto turístico integral elaborado originalmente por el honorable ayuntamiento como modelo piloto y se aplica en otros 99 municipios turísticos del país que serán incluidos, al igual, que Izamal, en el Programa de Pueblos Mágicos.

El pasado 16 de febrero se llevó a cabo la instalación del comité turístico "Izamal, Pueblo Mágico" ante la presencia de la titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Leticia Navarro Ochoa, el gobernador del Estado, Patricio Patron Laviada, la mencionada Secretaría Estatal de Turismo, así como de las autoridades municipales y representantes del sector turístico y productivo de lzamal y de todo Yucatán. Además de ello y por todo el trabajo conjunto realizado se eligió a Izamal como el sitio para que fuese inaugurado el KiHuik del Mundo Maya 2002, magno evento de los turisteros de todo el mundo.

El pasado lunes 11 de marzo se realizó la primera sesión de trabajo del comité turístico "Izamal Pueblo Mágico" con la presencia de la titular de la Secretaría de Turismo Estatal y de los demás integrantes del comité, adoptándose como principal acuerdo formal la realización de una reunión de trabajo a realizarse el jueves 14 de marzo, misma que incluiría una gira por los sitios correspondientes del municipio, con el fin de adoptar las primeras definiciones sobre las etapas y las acciones a realizar para dar inicio con la ejecución de las obras y el correlativo ejercicio presupuestal de los 10 millones asignados a Izamal como "Pueblo Mágico".

Sin embargo esto, no ocurrió. El pasado martes 12 del presente, la Secretaría Estatal de Turismo, según ella por indicaciones expresas del titular del Ejecutivo, llamó telefónicamente al presidente municipal de lzamal para señalarle textualmente: "por órdenes del gobernador del Estado se suspende el Programa de Pueblos Mágicos en lzamal hasta que definas la posición".

Nos hubiera gustado pensar y que fuera cierto que se tratara de un exabrupto de una funcionaria. Desgraciadamente no es así. Este acto injusto, ilegal y carente de cualquier lógica política tiene su origen en el jefe del Ejecutivo, Patricio Patrón Laviada.

Según se consigna en los medios impresos y radiofónicos el propio gobernador dispuso, cito textualmente: "los planes turísticos de Izamal quedan pendientes en tanto el alcalde de esa ciudad no aclare las cosas, pues sus actitudes afectan este programa". (Diario de Yucatán miércoles 13 de marzo)

La actitud del gobernador es la que no tiene medida ¿Qué es lo que disgustó al gobernador? ¿Qué fue lo que indispuso al sensible gobernador?

Al parecer, el anuncio, la declaración hecha por William Sosa Altamira, alcalde de Izamal en el sentido de que formaría parte de una asociación de presidentes municipales priístas.

Por increíble que parezca, por ilógico que sea, esta declaración provocó que se suspenda la aplicación de 10 millones de pesos en Izamal.

Desde el 14 de marzo todas las fuentes de empleo que por su propia iniciativa, no la del gobernador, el ayuntamiento de lzamal obtuvo, están detenidas.

No los tramitó el gobierno del Estado. Mereció el ayuntamiento el elogió de la Secretaría de Turismo Federal y esto es lo que en realidad molesta al gobernador. El éxito ajeno que muestra su absoluta incapacidad.

No existe en el artículo 55 de la Constitución General del Estado de Yucatán ninguna facultad que autorice al gobernador a tomar tales medidas.

No existe ninguna ley que permita a un gobernador conculcar, limitar recursos de los ayuntamientos.

Debe de enunciarse aquí que la pretensión del gobernador no es sólo suspender el recurso de los pueblos mágicos.

Izamal ha sido aislado del programa de rellenos sanitarios y se teme que la misma suerte corran los programas de vivienda.

Señores diputados de todos los partidos: no se trata de William Sosa, de Patricio Patrón o tan sólo de Izamal, se trata del imperio de la ley por sobre las actitudes de revancha personal, por sobre los caprichos y sobre las frustraciones personales.

Resulta claro que las condiciones particulares que se presentan en Yucatán por la inédita conformación del sector público exigen una gran madurez por parte de todos sus integrantes sin excepción y sin importar a qué ámbito de gobierno representen, sea el Federal, el estatal o el municipal o qué partido político los postuló para acceder al cargo que ostentan.

Consideramos que estas nuevas condiciones políticas y administrativas, lejos de mover a cualquier autoridad a la suspicacia o al recelo como premisas en la toma de decisiones, deben constituirse en ocasión propicia para consolidar una renovada relación que deben construir día con día los 106 municipios libres de Yucatán con el gobierno del Estado y viceversa.

No podemos permitir que se excluya a esta hermosa y legendaria ciudad de la Tres Culturas, rica en tradiciones, cuna de hombres ilustres y dueña de un inmenso patrimonio cultural e histórico, a mostrarse al mundo con toda su grandeza y alcanzar su proyección internacional y con ello traer para sus habitantes, para Yucatán y para México, los beneficios que como autoridades tenemos el compromiso ineludible de otorgar a toda la ciudadanía, sin distingos ideológicos ni discriminaciones.

Por respeto a lzamal, orgullo del pueblo yucateco, no esperamos menos del Ejecutivo del Estado, que reaccione atento a su deber y posponga cualquier otro afán.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos proponer a esta Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Comisión de Turismo de esta Cámara de Diputados realice una investigación sobre la aplicación de los recursos del programa Pueblos Mágicos y en particular en el municipio de lzamal, Yucatán.

Segundo. Que la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara de Diputados realice una investigación de los recursos destinados por la Sedesol al Programa de Vivienda denominado "Viva" en Izamal, Yucatán.

México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Diputados: Ernesto Rodríguez E., Federico Granja R., Bernardo de la Garza, José Feliciano Moo y Can, Jorge Berlín Montero, Víctor Espadas, Jorge Ramírez M., José I. Mendicuti Pavón y Félix Castellanos.»

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Turno a la Comisión de Turismo y a la Comisión de Desarrollo Social.

PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la proposición con punto de acuerdo relativo a los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia.

El diputado José Manuel del Río Virgen:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Hemos construido, a lo largo de los meses, una legislatura con gran visión democrática, visión plural y también con visión crítica alejada, algunas veces, de las ironías, pero sobre todo de la violencia física que lastimó en demasía la fuerza del Poder Legislativo en otros tiempos, debilitando la consistencia de una de las instituciones del país más urgidas de credibilidad: el Congreso de la Unión.

Hemos aprendido a trabajar con cordura, mesura, inteligencia, talento y pasión, pero sobre todo convencidos de que precisamente la pluralidad que mantiene en la actualidad el Poder Legislativo nos hace cada vez más iguales, siendo diferentes, todos con un mismo fin la salvaguarda de la Constitución mexicana y sobre todo de la República.

El trabajo legislativo que se nos presenta en esta legislatura es realmente arduo y por tanto debe ser lo más productivo posible.

Desde el inicio de este periodo, los partidos políticos presentamos ante este pleno lo que consideramos en su momento importante y vital. La labor tan sólo en esta legislatura ha sido intensa y de la misma se desprenden ahora 360 iniciativas pendientes de dictaminarse y más de 400, 420 proposiciones con puntos de acuerdo.

Algunas son incluso ya extemporáneas porque fueron presentadas para procesos electorales ya resueltos o para apoyar a los damnificados por algunas lluvias recientes. En estos casos el paso del tiempo lo resolvió. El tiempo también legisla con su colateral daño de credibilidad y respeto al Poder Legislativo.

Otras más no fructificaron, aunque fueron consideradas por muchos legisladores de gran importancia y necesarias, como fue la falta de apoyo a los pescadores en tiempo de veda. Sin embargo, aquí se votó y se respetó la voluntad de la mayoría.

La pregunta ahora que debemos hacernos es en el sentido de qué hacer para revertir el rezago legislativo que tenemos y que en estricto sentido no hemos discutido formalmente. Y digo que no hemos discutido todos porque los partidos políticos que representamos a las minorías de este país tenemos el derecho a discutir también las formas y el cómo debe revertirse este rezago legislativo que pone en aprietos los intentos nacionales por completar la reforma integral del Estado mexicano, Reforma del Estado tan aludida pero al mismo tiempo tan lejana, porque no ha existido realmente la decisión nacional por concertarla con todas las fuerzas políticas nacionales, sin exclusión.

Nuestra propuesta es, por tanto, que redoblemos los esfuerzos del trabajo legislativo para sacar adelante las iniciativas pendientes de dictaminarse, convocando a un periodo de sesiones extraordinarías que vaya del 1o. de mayo al 30 de junio del presente año, demostrándole al pueblo mexicano que fuimos capaces de evitarle mayores rezagos y desatinos a la futura LIX Legislatura del Congreso de la Unión y a la propia Reforma de Estado.

Es la hora de las definiciones políticas nacionales. Creo que es la hora de anunciarnos como un poder independiente, soberano, republicano y democrático. Es la hora de revertir el rezago legislativo que tenemos, es la hora de concretar la Reforma del Estado que nos hará más fuertes ante la soberbia del poder fatuo que los refractarios de los tiempos idos y los hábilmente escondidos en los tiempos presentes, pretenden o sueñan hacer volver; es la hora de la República, su Constitución y también de su pueblo.

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Esta legislatura tiene la posibilidad de dejar en orden la casa para preservar la estabilidad y el trabajo de los que vendrán.

Vayamos a un periodo extraordinario y saquemos adelante el trabajo pendiente; éste debe de ser nuestro mejor trabajo; ésta debe de ser nuestra mejor aportación. Será la de no dejar rezago legislativo.

Alentemos con nuestro trabajo la fuerza del Congreso, alentemos con nuestro trabajo la fuerza de las diputadas y los diputados de la LVIII Legislatura.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, diputado.

Turno a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

CAFETICULTURA

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado José María Guillén Torres, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de acuerdo, en torno al Grupo de Trabajo de Cafeticultura.

El diputado José María Guillén Torres:

Con su permiso, señora presidenta Beatriz Paredes Rangel.

Los abajo firmantes, diputados federales de la LVIII Legislatura, miembros de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, con fundamento en el inciso c del numeral 1 artículo 34, artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la constitución de una Comisión Especial de Cafeticultura para que atienda y dé seguimiento a los problemas por los que atraviesa este sector en México, bajo las siguientes

«CONSIDERACIONES

La producción de café desde hace dos siglos ha constituido la principal actividad económica de las regiones más marginadas del país, principalmente de indígenas. Hasta hace unos años esta actividad representaba la principal fuente de divisas del sector primario y ha atendido el abasto nacional de este producto.

México ocupa el quinto lugar entre los países productores del mundo; la actual crisis estructural por la que atraviesa la cafeticultura en México, tiene su origen, entre otros factores, en la sobreoferta mundial del café, por los incrementos de producción de otros países como Vietnam, que han contado con políticas y programas destinados al desarrollo social, canalizando subsidios a los productores. Esto les permite exportar su producto a precios que están por debajo de los costos de producción, situación que pone en desventaja a los cafeticultores mexicanos para competir en el mercado internacional.

Esta crisis que afecta a los cafeticultores en nuestro país, se manifiesta en los bajos precios del producto en el mercado nacional e internacional, en costos de producción del café verde que están por arriba de los precios de mercado, imposibilidad de los productores de comercializar su café en el mercado nacional por el bajo consumo y la competencia que se enfrenta con otros países en el ámbito internacional y por los castigos que se le imponen a la calidad de nuestro producto destinado a la exportación, haciendo incosteable cosechar su producto y limitando a nuestros productores a reinvertir en sus cafetales y combatir problemas fitosanitarios que afectan la calidad de la producción.

Esta situación genera frustración y desesperación de los cafeticultores y sin duda, tensión social.

Las políticas sociales de fomento a la productividad y calidad de los productos que se han instrumentado hacia el campo mexicano y esencialmente para el sector cafetalero, han sido insuficientes.

Es urgente revisar las políticas de control para la importación de este producto, para reordenar el mercado interno y contribuir a la estabilización de precios. Para ello es necesario mejorar la calidad del producto para su exportación, porque la falta de control en las importaciones y el posible contrabando están empeorando la situación de los cafetaleros al inundar el mercado interno de café, cuando nuestro país es autosuficiente.

Todas estas propuestas requieren sistematizar en un programa que enfrente la actual crisis estructural de los productores del café y coordinado por la comisión especializada que se encargue de dar seguimiento, atención y elaboración de propuestas y proyectos legislativos orientados a la solución de la problemática referida, para generar estabilidad económica y social en el sector cafetalero del país.

Así también elaborar una propuesta de iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo de la Cafeticultura que refleje la actualidad de este sector dentro del campo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que con fundamento en el inciso c del numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial de Cafeticultura que tendrá por objeto analizar y dar seguimiento a los problemas derivados de la crisis del sector cafetalero, consultar a los participantes, a los productores, reeditar y evaluar la política gubernamental, promover proyectos legislativos y programas de fomento y financiamiento para el sector y formular propuestas de asignación de recursos públicos para el apoyo a los cafeticultores en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como evaluar la aplicación de los mismos. Esta comisión funcionará de manera permanente durante toda la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados y contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus tareas.

Segundo. Con fundamento en el artículo 89 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Especial de Cafeticultura podrá requerir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; secretarías de Recursos Naturales, de Economía y de Hacienda y Crédito Público y demás dependencias que tengan qué ver con el sector, para que informen en el ámbito de sus atribuciones sobre la situación que guarda la cafeticultura nacional.

Tercero. Con fundamento en el artículo 90 del mismo Reglamento, la Comisión Especial de Cafeticultura podrá citar a comparecer en comisiones a funcionarios adscritos a las secretarías mencionadas, para que informen y aclaren ante comisiones sobre la situación cafetalera.

Compañeros legisladores: el problema de la cafeticultura no es cuestión de protagonismos ni mucho menos de ideologías partidistas, sino una urgencia nacional.

Este punto de acuerdo lo firman el grupo de trabajo, por los compañeros Tomás Ríos, Pablo Arnaud, Raymundo Toledo, Ramón Ponce Contreras, Jesús Dueñas y Arenas, Alfonso Olivero Díaz Cardona y Rosalinda López Hernández.»

Señora diputada, le solicito que se turne a la Junta de Coordinación Política y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Grupo de Trabajo de Cafeticultura.

Proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Cafeticultura

«Cámara de Diputados, LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Los abajo firmantes diputados federales de la LVIII Legislatura, miembros de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD, con fundamento en el inciso c del numeral 1 del artículo 34, artículos 58 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 78 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la constitución de una Comisión Especial de Cafeticultura para que atienda y dé seguimiento a los problemas por los que atraviesa ese sector en México, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES

La producción de café desde hace dos siglos ha constituido la principal actividad económica de las regiones más marginadas de nuestro país, hasta hace unos años esta actividad representaba la principal fuente de divisas del sector primario y ha atendido el abasto nacional de este producto. México ocupa el quinto lugar entre los países productores del mundo.

La producción de café se desarrolla en 760 mil hectáreas, en 12 estados de la República, en 391 municipios, el 80% de ellos marginados, en más de 4 mil 500 comunidades, en 56 regiones ecológicas cafetaleras; el 80% de la producción nacional se concentra en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, el 66% de los 282 mil productores son indígenas, la actividad genera más 65 millones de jornales en el campo al año y dependen más de 3 millones de mexicanos de esta agroindustria.

La producción anual promedio de los últimos cinco ciclos es de 350 mil toneladas, de las cuales se destinan a la exportación el 85% de la producción nacional y para satisfacer el mercado nacional el 15%.

Una estimación general del valor total de la producción en el ámbito de campo es de 3 mil millones de pesos, el valor agregado por exportaciones en los últimos cinco años fue de 4 mil 500 millones de pesos. La inversión en activos en plantaciones, beneficios, almacenes e industrias de torrefacción se estima en más de 25 mil millones de pesos.

El café es una actividad de especial valor geopolítico, social, económico y ambiental, que enfrenta en la actualidad una grave crisis por las condiciones de los precios internacionales y por la debilidad estructural de la oferta y la demanda nacional.

La actual crisis estructural por la que atraviesa la cafeticultura en México tiene su origen, entre otros factores, en la sobreoferta mundial de café, por los incrementos de producción de otros países como Vietnam, que han contado con el apoyo del Banco Mundial y sus gobiernos, con políticas y programas destinados al desarrollo social, canalizando subsidios a los productores, esto les permite exportar su producto a precios que están por debajo de los costos de producción, situación que pone en desventaja a los cafeticultores mexicanos para competir en el mercado internacional.

Esta crisis que afecta a los cafeticultores de nuestro país se manifiesta en los bajos precios del producto en el mercado nacional e internacional, en costos de producción del café verde que están por arriba de los precios de mercado, imposibilidad de los productores de comercializar su café en el mercado nacional por el bajo consumo y la competencia que se enfrenta con otros países en el ámbito internacional y por los castigos que se le imponen a la calidad de nuestro producto destinado a la exportación todo este escenario empobrece más a los cafeticultores haciendo incosteable cosechar su producto y los imposibilita para reinvertir en sus cafetales y combatir las plagas que afectan la calidad de la producción. Esta situación genera frustración y desesperación de los cafeticultores y sin duda tensión social.

La sobreproducción mundial, con su consecuente caída de precios ha golpeado seriamente al sector cafetalero de México, ya que éste es el principal producto agrícola generador de divisas y sustento económico en esas regiones, haciendo caer la producción de café en una espiral de consecuencias negativas, con repercusiones en todo el sector agropecuario, al impedir que se cuente con recursos para la reinversión y mantenimiento de los cafetales y cerrar las posibilidades de dinamizar la economía de estas zonas rurales.

Las políticas sociales y de fomento a la productividad y calidad de los productos que se han instrumentado hacia el campo mexicano y para el caso para el sector cafetalero han sido de abandono o insuficientes. Hay ejemplos en otros países en donde se ha apoyado a la producción agropecuaria y a los productores de café, permitiéndoles salir al mercado internacional.

Es urgente diseñar y aplicar políticas públicas que fomenten la productividad y los niveles de calidad del producto, así como el fortalecimiento del consumo interno del café, porque de lo contrario en los próximos años, México no podrá enfrentar la competencia en el ámbito internacional a partir del 2003, año de la apertura total de la frontera mexicana que permitirá el ingreso sin pago de aranceles de cafés solubilizados provenientes de EUA y Canadá; café que nuestros socios comerciales adquirirían para su industrialización, a precios más baratos en Brasil, países asiáticos como Vietnam o africanos como Costa de Marfil y Ghana; entre otros.

El sector campesino y agroindustrial del café, requieren estar preparados para enfrentar esta competencia, con los mismos elementos, recursos y materias primas con que cuentan los países productores e industrializadores antes mencionados. Para ello se necesitan impulsar políticas de fomento y financiamiento, que fortalezcan la competitividad del sector.

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El deterioro que sufre actualmente el sector cafetalero se debe al abandono y la falta de políticas efectivas y específicas de fomento, financiamiento y capacitación para ese sector y la inexistencia de un plan estratégico de largo plazo que lleve a los productores a la autosuficiencia.

Es de alta prioridad enfrentar la crisis por la que atraviesan los cafetaleros a fin de buscar fórmulas para dotar de apoyos que ayuden a conservar sus plantaciones a través del combate a las plagas, trabajos de cultivo, recolección de sus cosechas, beneficio y selección del producto, así como el fomento al consumo nacional, renglones de suma importancia para la supervivencia y existencia de los cafetaleros.

Es urgente instrumentar una política específica de compensaciones a la producción de café, que contribuya a eliminar las pérdidas que sufren los cafeticultores al enfrentarse a la competencia con otros países que tienen sistemas de subvenciones y créditos blandos para su agricultura, con los cuales no se está compitiendo en igualdad de circunstancias.

Es urgente revisar las políticas de control para la importación de este producto, para reordenar el mercado interno y contribuir a la estabilización de precios; para ello es necesario mejorar la calidad del producto para su exportación, porque la falta de control en las importaciones y el posible contrabando están empeorando la situación de los cafetaleros, al inundar el mercado interno de café, cuando nuestro país es autosuficiente.

Todas estas propuestas requieren sistematizarse en un programa que enfrente la actual crisis estructural de los productores de café y coordinado por la comisión especializada que se encargue de dar seguimiento, atención y elaboración de propuestas y proyectos legislativos orientados a la solución de la problemática referida, para generar estabilidad económica y social en el sector cafetalero.

Los diputados proponentes de este punto de acuerdo, en atención a las peticiones y reclamos constantes de integrantes y representantes de las organizaciones cafetaleras, acudimos a esta tribuna a solicitar la integración de la Comisión Especial de Cafeticultura, para que esta sea la instancia encargada durante ésta LVIII Legislatura para escuchar, dar seguimiento y proponer soluciones a la difícil situación por la que atraviesan los cafetaleros de México.

Por lo anteriormente expuesto proponemos los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Que con fundamento en el inciso c del numeral 1 del artículo 34, la Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial de Cafeticultura que tendrá por objeto analizar y dar seguimiento a los problemas derivados de la crisis del sector cafetalero; consultar a los participantes, revisar y evaluar la política gubernamental; promover proyectos legislativos y programas de fomento y financiamiento para el sector y formular propuestas de asignación de recursos públicos para el apoyo a los cafeticultores en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como evaluar la aplicación de los mismos. Esta comisión funcionará de manera permanente durante toda la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados y contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus tareas.

Segundo. Con fundamento en el artículo 89 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Especial de Cafeticultura podrá requerir a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Recursos Naturales; Economía y de Hacienda y Crédito Público y demás dependencias que tengan qué ver con el sector, para que informen en el ámbito de sus atribuciones, sobre la situación que guarda la situación de la cafeticultura en México.

Tercero. Con fundamento en el artículo 90 la Comisión de Cafeticultura podrá citar a comparecer en comisiones a funcionarios adscritos a las secretarias mencionadas para que informen y aclaren ante comisiones sobre la situación cafetalera de México.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, México, D.F., a 18 de diciembre de 2001.— Diputados: Oscar Alvarado Cook, Alberto Amador Leal, Francisco Arano Montero, Pablo de J. Arnaud Carreño, Celestino Bailón Guerrero, Feliciano Calzada Padrón, Bonifacio Castillo Cruz, Adela Cerezo Bautista, Cándido Coheto Martínez, Alejandro J. Cruz Gutiérrez, María Luisa Araceli Domínguez R., Jesús Dueñas Llerenas, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Edgar Consejo Flores Galván, José María Guillén Torres, Hilaria Justino Hernández, Jaime A. Larrazábal Bretón, Rosalinda López Hernández, Timoteo Martínez Pérez, Manuel Medellín Milán, Melitón Morales Sánchez, Miguel Ortiz Jonguitud, Irma Piñeyro Arias, Ramón Ponce Contreras, Carlos Raymundo Toledo, Tomás Ríos Bernal, Jaime Rodríguez López, Abel Trejo González, Carolina Viggiano Austria A., Adolfo Zamora Cruz, Ildefonso N. Zorrilla Cuevas, Santiago López, Concepción González Molina, Gustavo Carvajal, Jesús Orozco Alfaro, Arturo Herviz, Jorge Schettino Pérez, Angel Meixueiro González y Francisco Ríos Alarcón.»

La Presidenta:

Gracias, diputado.

Túrnese a la Junta de Coordinación Política y publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria.

Activen el sonido en la curul del diputado Vaca.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):

Señora, Presidenta: solicito el uso de la tribuna para hacer comentarios sobre el punto de acuerdo. Rectificación de hechos sobre lo que acaba de proponer el compañero diputado respecto al café.

La Presidenta:

Diputado Vaca, con gusto le concedo el uso de la palabra para rectificar hechos, haciendo una cordial exhortación a este pleno para que solicitemos la palabra para rectificar hechos, sólo si lo consideramos estrictamente indispensable, habida cuenta que el acuerdo suscrito por la junta prevé que no haya rectificación de hechos en este capítulo. Como la preeminencia del Reglamento es mayor al acuerdo, por eso le concedo el uso de la palabra, pero quiero hacer esa observación a este pleno.

Hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, el diputado Vaca.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón:

Con su permiso, diputada Presidenta y de entrada le agradezco infinitamente su cortesía y si no fuera en verdad indispensable pasar a la tribuna, créanme, compañeros, que no lo habría pedido.

Además de la caña de azúcar, el cultivo de café es un renglón muy importante en el Estado de Veracruz y al oír lo que propuso el diputado que me precedió, con lo que estoy por supuesto totalmente de acuerdo, me surgió el interés en hacer un comentario.

Aquí tengo tres periódicos de la ciudad de Jalapa, de esta semana, donde narran con absoluta claridad por qué está en malas condiciones el cultivo del café en el Estado de Veracruz.

En mi Estado hay un instituto que se llama Consejo Veracruzano del Café, que preside el señor Mario Hernández Córdoba, que seguro mis compañeros diputados federales del PRI lo han de identificar perfectamente, a quien inculpan de que por su morosidad no se ha levantado el censo que el Gobierno Federal dispuso se llevara a cabo para entregar un apoyo federal, no estatal, de 750 pesos por hectárea. Ello, la omisión de levantar este censo, ha generado el riesgo de que la cosecha de café 2001-2002, en el Estado de Veracruz no se pueda levantar y obviamente tampoco se puede entregar ese recurso.

Se estima que ha avanzado en un 30%, que comparado con otros estados que llevan el 70%, el 80% y el 90%, es nada.

Quienes se dedican a este cultivo, que son miles, afirman que el referido Consejo Veracruzano del Café no levanta el censo por una sola razón, quieren que se entregue ese apoyo tomando como base un censo de 1992 o sea, nada más que tiene 10 años de antigüedad, para hacerle llegar ese dinero a cafeticultores fantasmas, fantasmas porque ya muchos murieron, otros se dedican a diversa actividad agropecuaria, amigos, compadres, sobrinos y ahijados, ésa es una de las causas.

Ojalá y en esa comisión que se pidió que se integre, formen parte diputados de los estados en que es importante este cultivo y se den cuenta que no nada más hay que vigilar qué dinero se asigna, sino supervisar que ese dinero se entregue al los que en verdad lo necesitan y merecen.

Muchas gracias, señora diputada.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Para rectificar hechos, el diputado Edgar Consejo Flores, hasta por cinco minutos.

El diputado Edgar Consejo Flores Galván:

Con el permiso de la Presidencia:

Quiero comentar referente a los puntos vertidos por mi compañero diputado que me antecedió en la palabra, que estamos totalmente de acuerdo en los puntos y los comentarios que él señaló en esta tribuna.

Efectivamente, hay un retraso que también nos preocupa no sólo a los diputados de Veracruz, no sólo a los diputados que formamos parte del grupo de cafeticultura, sino esencialmente a todos los productores y quiero decirle que en comisiones unidas de Agricultura y de Desarrollo Rural compareció el director del Consejo Mexicano del Café, Roberto Heseman, haciendo el compromiso desde meses anteriores que el 28 de febrero habría estado terminado este censo, que es responsabilidad del Gobierno Federal.

Y en este sentido creemos que sí tendríamos que citar nuevamente y exigir el cumplimiento de la terminación, porque no es responsabilidad del Gobierno de Veracruz. Aquí, efectivamente, tiene que haber un cuidado importante.

También nos preocupa, compartimos esa preocupación de que haya una verdadera revisión en quienes están en ese padrón, que verdaderamente sean los productores más allá de fines políticos como seguramente es la preocupación del señor diputado y de todos quienes forman parte de la Comisión de Café.

El alejarnos de cuestiones partidistas no significa que traicionemos nuestros principios políticos; significa que seamos realmente congruentes con eso y que nos apartemos cuando estemos hablando de beneficio de los productores. En este sentido compartimos la preocupación y el señalamiento y pedirle nuevamente una reunión urgente que lo haremos en su momento en comisiones unidas para exigir que este padrón se termine no sólo en el Estado de Veracruz, sino en los diferentes estados en donde este atraso esté perjudicando a los productores.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Ya se había dado el turno a la Junta de Coordinación Política del punto de acuerdo respectivo.

TARIFAS ELECTRICAS

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo, al diputado Bonifacio Castillo Cruz del grupo parlamentario del PRD. El tema es relativo al establecimiento de tarifas eléctricas preferenciales para los pueblos indígenas del país.

El diputado Bonifacio Castillo Cruz:

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

He solicitado hacer uso de esta tribuna para presentar a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo para que se establezcan tarifas eléctricas preferenciales a las comunidades indígenas.

Por todos es conocido que en muchas de las comunidades indígenas en nuestro país no se cuenta aún con el servicio de energía eléctrica, a pesar de que muchas de esas comunidades han sido desplazadas de sus lugares de origen para que en sus territorios se construyan grandes hidroeléctricas que generan energía eléctrica para la mayor parte del territorio nacional, nuestro país es una nación en la que viven más de 10 millones de indígenas que se encuentran dispersos en todo el territorio nacional y en las regiones más apartadas, por lo que se requiere de programas gubernamentales específicos para atender las posiciones centrales de pobreza, marginación y exclusión en la que viven.

Es necesario señalar que la población indígena económicamente activa es sólo el 40%, el ciento por ciento se ocupa en actividades en el sector primario, el 14 en el secundario, el 15 en el terciario y el resto en actividades no específicas cuyo ingreso es de dos salarios mínimos incluso mensuales.

Con dichos ingresos se hace prácticamente imposible que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas y además pagar las excesivas tarifas que le impone la Comisión Federal de Electricidad y en la mayoría de las veces no coincide con el consumo del hogar, pues no cuenta con grandes aparatos electrodomésticos, incluso algunos ni siquiera no tienen; para muchos es conocido que en materia de vivienda más del 50% de las ubicadas en regiones indígenas no cuentan con electricidad.

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El 68% no cuentan con agua entubada y el 90% no tiene acceso a instalaciones de drenaje y el 76% tiene piso de tierra. Para muchos de los aquí presentes es de sobra conocido que el costo del servicio por el consumo de energía eléctrica en la mayor parte de los municipios, comunidades indígenas y rurales es muy elevado, llegando en algunas ocasiones a rebasar los 500 pesos mensuales, cuando en las viviendas indígenas sólo se cuenta con dos o tres focos, un radio y en algunas ocasiones un televisor.

En los recorridos permanentes que la Comisión de Asuntos Indígenas ha realizado o en las comunidades indígenas del país, ha recibido diversas demandas, muchas de ellas tienen qué ver precisamente con este tema que me he permitido traer a este pleno de este órgano legislativo, bastaría señalar por ejemplo en el municipio de Expanapa, Veracruz, un municipio eminentemente indígena, la tarifa doméstica era en el bimestre de octubre-noviembre para una familia en el 2001 de octubre-noviembre era de 551 pesos. Al siguiente bimestre de diciembre-enero, del 2001-2002, la tarifa llegó hasta los 3 mil 951 pesos.

En Pajapan, Veracruz, los costos de las tarifas eléctricas llegan a rebasar los 500 pesos y para quienes conozcan esta zona se habrán dado cuenta que en la mayoría de los hogares no se cuentan con adelantos tecnológicos que pudieran generar tanto consumo.

Así tenemos documentadas altas tarifas eléctricas en varios municipios y comunidades indígenas en las que prácticamente sería imposible que alguien que recibe un salario mínimo pudiera cubrir altos costos de estos servicios.

En el Estado de Chiapas ya hay una resistencia civil por parte de autoridades municipales y de la población a pagar altos cobros de consumo de energía eléctrica, situación que genera tensiones innecesarias entre las autoridades y la ciudadanía.

Creo, compañeras y compañeros diputados, que es un deber de todo representante popular analizar la situación que aquí presento, no estoy hablando únicamente de subsidios de las grandes ciudades, sino de una preocupación que va más allá y es precisamente que no se genere una situación de movilización y resistencia nacional en las comunidades indígenas de nuestro país y ustedes saben que estamos a tiempo de evitar mayores conflictos sociales que hasta el momento tenemos.

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente provisión (sic) con

«PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Diputados, después de un análisis exhaustivo que realice la Comisión de Energía y de Asuntos Indígenas, solicite al Ejecutivo Federal que la Comisión Federal de Electricidad establezca tarifas preferenciales en las comunidades de zonas indígenas y rurales de nuestro país, en virtud de que el cobro que hasta el momento se les está aplicando es excesivo y no puede ser cubierto por los indígenas cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas.

Firman este punto de acuerdo los diputados: del PRI y del PRD, Justino Hernández Hilaria, Cándido Cueto Martínez, Héctor Sánchez, José Feliciano Moo y Can, Nicolás Lorenzo Alvarez Martínez, de Chiapas, López Hernández, Celia Martínez Bárcenas, Santiago Guerrero Gutiérrez, Pablo Arnaud, de Acción Nacional, José María del Río Virgen, José Manuel Guillén Torres y Bonifacio Castillo.»

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

SECTOR ELECTRICO

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al proyecto de electrificación a la región del Gran Nayar.

El diputado Alejandro Rafael García Sainz
Arena:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México pone a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo mediante el programa de las 250 microrregiones de la Sedesol, así como dentro del proyecto sexenal de electrificación de poblados rurales de más de 100 habitantes, se ha proyectado introducir energía eléctrica a la región del Gran Nayar en la sierra Madre Occidental, específicamente en los estados de Nayarit y Jalisco.

Se tiene proyectado instalar una red de cableado eléctrico de 200 kilómetros, atravesando de oeste a este sin haber sido sometida al procedimiento de valuación de impacto ambiental, que de acuerdo al artículo 28 fracción II de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Comisión Federal de Electricidad debe presentar a la Secretaría de Medio Ambiente.

Este proyecto contradice la propia política energética propuesta por esta administración; viola la misma Legeepa; la Ley Forestal, la Ley de Vida Silvestre, diversos programas sectoriales, así como diversos convenios internacionales suscritos por México, incluyendo el convenio sobre biodiversidad, así como el Protocolo de Kioto sobre cambio climático; el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y particularmente el Programa de Electrificación Rural con Energía Renovable que promueve la Secretaría de Energía.

Fomentar la generación de energía eléctrica en la forma en que se ha venido haciendo, no sólo produce más contaminación, sino que pone en seria desventaja estratégica a nuestro país, ya que estaríamos condenando a las próximas generaciones de mexicanos a un grave problema energético. Tenemos ahora la responsabilidad de tomar decisiones y realizar acciones que no comprometan el futuro energético de los mexicanos.

Pero no sólo a nivel agregado la obra que hoy cuestionamos pondría en riesgo al medio ambiente y a la población sino que a nivel local la creación de la aparatosa infraestructura amenaza el contexto natural y cultural de los habitantes del Gran Nayar. Es una obra ineficiente que promueve la inequidad, tan sólo una octava parte de la población de la región se verá beneficiada.

De no realizarse la evaluación de impacto ambiental, los supuestos beneficiarios por el proyecto, así como las comunidades aledañas, podrían sufrir graves daños en su patrimonio natural, así como en términos económicos, culturales y de otra índole.

Para la ejecución del proyecto del Gran Nayar, se elaboró un convenio entre la oficina de representación para el desarrollo de los pueblos indígenas de la Presidencia de la República, la Sedesol, la Comisión Federal de Electricidad, los gobiernos de los estados de Nayarit y Jalisco, el municipio de Mezquitic, Jalisco y otros municipios de Nayarit.

Cabe mencionar que la población involucrada en la obra no participó en la definición del proyecto, ni tan sólo se preguntó a algunos miembros de la comunidad si tan sólo querían electrificación o no. Tampoco se les presentaron alternativas tecnológicas de vanguardia ni se les ha dado la oportunidad de reflexionar sobre las repercusiones de la obra a la autonomía de sus territorios.

Con base en cotizaciones de empresas mexicanas, la organización "conservación humana, AC", por ejemplo, ha propuesto como alternativa la electrificación con energía solar, la que tendría un costo de aproximadamente 40 millones de pesos y que además beneficiaría a una población de 43 mil habitantes; estas cifras difieren con el costo del proyecto de gobierno, que se estima en más de 60 millones de pesos.

Ya es momento de que en nuestro país se dejen de tomar decisiones que afectan a la sociedad en general por un grupo reducido de funcionarios, sin considerar todos los aspectos sociales, económicos, técnicos y naturales relacionados y sin involucrar a la población afectada por las mismas, o peor aún, con el caso en cuestión, ya que se toma la decisión faltando a las instancias que el propio orden jurídico establece, por lo cual presentamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se mandata a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, para que en cumplimiento a lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, realice las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados y acto seguido se emita la resolución correspondiente.

Segundo. Con base al mismo ordenamiento, se mandata a la Comisión Federal de Electricidad para que someta su proyecto de electrificación al procedimiento de evaluación del impacto ambiental conforme a la legislación ambiental.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en el Proyecto de Electrificación del Gran Nayar, considere las alternativas presentadas por grupos ambientalistas y de la sociedad civil, así como el Programa de Electrificación de Zonas Rurales con energías renovables de la Secretaría de Energía, considerando los aspectos económicos, sociales y ecológicos y para que en un ejercicio transparente y democrático de construcción de la política pública, involucre en la decisión a las comunidades afectadas por el proyecto.

Es cuanto y firman al calce el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Muchas gracias.

«Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

CONSIDERACIONES

Mediante el programa de las 250 microrregiones de la Sedesol, así como dentro del proyecto sexenal de electrificación de poblados rurales de más de 100 habitantes, se ha proyectado introducir energía eléctrica a la región del Gran Nayar, en la sierra Madre Occidental, en los estados de Nayarit y Jalisco.

La obra fue inaugurada el pasado 6 de marzo por el presidente Vicente Fox, en el marco de la presentación del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006.

Se tiene proyectado instalar una red de cableado eléctrico de 200 kilómetros, atravesando de oeste a este una de las regiones geográficas más accidentadas de México. La obra requerirá la apertura de brechas y caminos.

Esta obra, aparentemente dirigida a elevar el nivel de vida de la población de esa región, en su mayor parte de las etnias Huichol y Cora, puede, sin embargo, producir efectos negativos para esas mismas poblaciones.

A pesar de haber sido inaugurada por el propio Presidente, la obra no ha sido sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que de acuerdo al artículo 28 fracción II de la LGEEPA, la CFE debe presentar a la Semarnap.

Este proyecto contradice la propia política energética propuesta por esta administración, viola la misma LGEEPA, la Ley Forestal, la Ley de Vida Silvestre, diversos programas sectoriales, así como diversos convenios internacionales suscritos por México, incluyendo el convenio sobre diversidad biológica, el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y particularmente, al programa de electrificación rural con energías renovables que promueve la Secretaría de Energía.

Esta obra afectará zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en México, en concreto, a las regiones terrestres prioritarias clasificadas por la Conabio con los números 59 y 60 (Cuenca del Río Jesús María y sierra de los Huicholes), a la región hidrológica prioritaria número 22 (río Baluarte-Marismas Nacionales) y al área de importancia para la conservación de las aves número 46 (El Carricito), así como sitios arqueológicos y sitios sagrados de los propios pueblos indígenas.

Grupos ambientalistas han presentado ya ante la Profepa las denuncias correspondientes, por lo que se está a la espera de que las autoridades ambientales cumplan con su obligación y clausuren inmediatamente la obra, hasta que se lleve a cabo el proceso de evaluación de impacto ambiental conforme señala la ley.

Además de la afectación a las zonas mencionadas, se debe considerar que la producción de energía eléctrica en nuestro país se realiza en su mayoría mediante la quema de combustibles fósiles, lo cual plantea varios problemas al medio ambiente, ya que contribuye en forma negativa al problema del calentamiento de la tierra, contamina el aire con dióxido de carbono y otras partículas y se consumen bienes no renovables. Cabe mencionar que México es el decimoquinto emisor de gases invernadero a nivel mundial.

486,487,488

Recientemente se ha desprendido, debido al calentamiento de la Tierra, una porción de hielo en la Antártida de una superficie equivalente a la del Estado de Tlaxcala. Este dato debe alertarnos acerca de la magnitud de los problemas ambientales que nos amenazan. ¿Tenemos acaso que esperar a enfrentar una catástrofe climática mucho más allá de nuestra capacidad de respuesta, para comenzar a respetar nuestro planeta? ¿Seguiremos fomentando prácticas contaminantes y que ponen en peligro la vida en nuestro planeta? El asunto que hoy exponemos ante ustedes, es una muestra más del tipo de decisiones que sumadas, han venido provocando los problemas ambientales de los que hablamos.

Recientemente el Partido Verde Ecologista de México ha presentado en el Senado una propuesta integral de reforma del sector eléctrico, mediante la cual se propone fomentar el uso de fuentes alternativas para la generación de energía eléctrica, tales como el uso de biomasa, la energía solar, la energía eólica, minihidroeléctricas, entre otras. En nuestra propuesta, además de considerarse el impacto ambiental de las alternativas para la generación de energía, se toma en cuenta el hecho de que el sistema eléctrico nacional depende actualmente de combustibles fósiles no renovables, los cuales se agotarán en el mundo en un plazo no mayor a 50 años y en nuestro país en alrededor de 40 años.

Fomentar la generación de energía eléctrica en la forma en que se ha venido haciendo, no sólo produce más contaminación, sino que pone en una seria desventaja estratégica a nuestro país, ya que estaríamos condenando a las próximas generaciones de mexicanos a un grave problema energético. Tenemos ahora la responsabilidad de tomar decisiones y realizar acciones que no comprometan el futuro energético de los mexicanos.

Pero no sólo a nivel agregado la obra que hoy cuestionamos pondría en riesgo al medio ambiente y a la población sino que a nivel local, la creación de la aparatosa infraestructura amenaza el contexto natural y cultural de los habitantes del Gran Nayar. Es una obra ineficiente que promueve la iniquidad, tan sólo una octava parte de la población de la región se verá beneficiada. De no realizarse la evaluación de impacto ambiental, los supuestos beneficiados por el proyecto, así como las comunidades aledañas, podrían sufrir graves daños en su patrimonio natural, así como en términos económicos, culturales y de otra índole.

Para la ejecución del proyecto en el Gran Nayar, se elaboró un convenio entre la oficina de representación para el desarrollo de los pueblos indígenas de la Presidencia de la República, la Sedesol, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los gobiernos de los estados de Nayarit y Jalisco, el municipio de Mezquitic, Jalisco y otros municipios de Nayarit. Cabe mencionar que la población involucrada en la obra no participó en la definición del proyecto. Tan sólo se preguntó a algunos miembros de la comunidad si querían electricidad o no. Tampoco se les presentaron alternativas tecnológicas de vanguardia ni se les ha dado la oportunidad de reflexionar sobre las repercusiones de la obra a la autonomía de sus territorios.

El costo de instalación del proyecto es de más de 60 millones de pesos. Se brindará servicio con esta obra a cuatro localidades indígenas coras y huicholes, así como a dos localidades "mestizas" con una población exageradamente" estimada de 6 mil 900 habitantes (los datos del propio Inegi ubican en 5 mil a los habitantes afectados).

Independientemente de estarse incumpliendo con la legislación ambiental, no se han considerado alternativas que no pondrían en riesgo al medio ambiente ni a la desigualdad entre las comunidades indígenas y mestizas de la región ni a los sitios arqueológicos y sagrados de la propia población indígena. Existen otras opciones que resultan mucho más económicas, más equitativas y más respetuosas del medio ambiente.

Con base en cotizaciones de empresas mexicanas, la Organización Conservación Humana, AC, por ejemplo, ha propuesto como alternativa la electrificación con energía solar, la que tendría un costo de aproximadamente 40 millones de pesos y que además beneficiaría a una población de 43 mil habitantes. Conservación Humana AC, ha planteado ya esta alternativa a Xóchitl Gálvez, coordinadora de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, a través del ingeniero Alejandro Ibarra, asesor de enlace, así como a Víctor Lichtinger, secretario de Medio Ambiente, sin que dicha organización haya obtenido ninguna respuesta.

Se debe de realizar el estudio de impacto ambiental conforme lo indica el artículo 28 fracción II de la LGEEPA, para cualquiera de las alternativas planteadas. Idealmente, se debería también propiciar la plena participación de las comunidades afectadas, para que la política energética resultante fuese una auténtica política pública, transparente y no una simple decisión gubernamental afectando sus vidas.

Ya es momento de que en nuestro país se dejen de tomar decisiones que afectan a la sociedad en general, por un grupo reducido de funcionarios, sin considerar todos los aspectos sociales, económicos y técnicos relacionados y sin involucrar a las poblaciones afectadas por las mismas o, peor aún, como en el caso en cuestión, ya que se toma la decisión faltando a las instancias que el propio orden jurídico establece.

Equilibrar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza con la protección de nuestro patrimonio natural y social, así como promover un gobierno eficiente, transparente y que rinda cuentas a sus ciudadanos, son prioridades estratégicas de la nación.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se mandata a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que en cumplimiento a lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, realice las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados y acto seguido se emita la resolución correspondiente.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en el proyecto de electrificación del Gran Nayar, considere las alternativas presentadas por grupos ambientalistas y de la sociedad civil, así como el programa de electrificación de zonas rurales con energías renovables de la Secretaría de Energía, considerando los aspectos económicos, sociales y ecológicos y para que en un ejercicio transparente y democrático de construcción de la política pública, involucre en la decisión a las comunidades afectadas por el proyecto.

Palacio Legislativo.— San Lázaro, a 25 de marzo de 2002.— Partido Verde Ecologista de México.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

La Presidenta:

Gracias, diputado.

Túrnese a las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE CHIAPAS

La Presidenta:

Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el posible desalojo de comunidades indígenas de la reserva natural de Montes Azules, Chiapas.

El diputado Miguel Bortolini Castillo:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Desde hace ya varias semanas se han llevado a cabo una serie de acciones y declaraciones que plantean la amenaza de desalojo en contra de 35 poblados que habitan en Montes Azules, en el Estado de Chiapas, incluso uno de los habitantes del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, ha señalado que fuerzas policiacas han amenazado a lugareños de que durante la Semana Santa se llevará a cabo el desalojo. De esta manera, el 9 de marzo llegaron cientos de efectivos de la Policía Federal Preventiva al cuartel de Rancho Nuevo, que está cercano a Tuxtla Gutiérrez.

Atrás se encuentra un deseo incumplido de barrer de indígenas esa región fundamental del país, el pretexto es supuestamente la conservación del ecosistema de Montes Azules, como si el proceso de devastación ecológica estuviera relacionado fundamentalmente con la existencia de esas comunidades y no con una serie de hechos que han permitido una agresión constante a la reserva de Montes Azules.

Expliquemos unos de ellos. El decreto expropiatorio de 1972, que dotó a tres pequeños pueblos caribes, los mal llamados lacandones, de 661 mil 200 hectáreas, la mayor parte ubicada en Montes Azules, en lugar de las 100 mil hectáreas que solamente ellos demandaban. Con este proceso se agudiza el proceso de tala desmedida por parte de los grandes consorcios madereros del país y de Estados Unidos.

La llegada de una serie de piratas ecológicos disfrazados de organizaciones no gubernamentales ahí, las cuales ven en la presencia indígena un obstáculo en sus proyectos de control de la zona que ha sido definida por Estados Unidos como zona de reserva estratégica.

El problema de la preservación de los ecosistemas ha sido algo muy grave en nuestro país; sin embargo, solamente un acto de racismo supremo puede responsabilizar a las comunidades indígenas de ese proceso. Simplemente en 1994 el investigador Víctor Toledo había denunciado la escandalosa deforestación que existía en México, la cual había alcanzado la escandalosa cifra de 800 mil hectáreas, por lo que México se ubicaba en el tercer lugar mundial de deforestación.

No está por demás recordar que la deforestación forma parte de un gran negocio en el cual se encuentran grandes empresas transnacionales, por eso no es gratuito que el gobierno norteamericano se haya rehusado a aceptar el Acuerdo de Kioto. Igualmente, no está por demás recordar que mientras el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantuvo el control de las partes fundamentales de la Selva Lacandona, no se veía ese terrible espectáculo que se vivió antes y después a saber, la salida de cientos de camiones cargados de madera producto de la tala clandestina.

Para coronar ese proceso, desde Estados Unidos se ha venido promoviendo la llegada de una serie de ONG que buscan aplicar el modelo norteamericano de privatización de los parques de conservación, tal cual está jugando un papel muy activo en la búsqueda por expulsar a las comunidades indígenas de Montes Azules.

¿Quién está atrás de la Conservation International, se trata de una ONG norteamericana que actúa en la Selva Lacandona con diversos proyectos: primero, el control demográfico por medio de probar diversos anticonceptivos para ver cuál de ellos funciona, para frenar la sobrepoblación; proyectos ecoturísticos en los que ofrecen talleres productivos empresariales en plena selva, a las comunidades. Actualmente mantienen una estación de ecoturismo modelo patrocinada por el Grupo Pulsar. Recordemos que éste promueve el sembradío de árboles en plena selva, pero de eucaliptos, lo cual esto sí daría consecuencias nefastas para este ecosistema y aunque declaran que no tienen ningún interés particular relacionado con el desalojo, sus acciones dicen todo lo contrario.

De llevarse acabo el desalojo, se estaría violando una vez más el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, por el cual el Senado de la República y por tanto, con carácter equivalente a los artículos de nuestra Constitución se plantea lo siguiente: "solamente con el consentimiento dado libre y soberano de los pueblos se podría efectuar el desalojo".

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Cámara, planteamos los siguientes puntos de acuerdo:

1. Que la Comisión de Concordia y Pacificación viaje al Estado de Chiapas e investigue sobre los motivos de traslado de los integrantes de la Policía Federal Preventiva a ese Estado.

2. Que la Cocopa entre en contacto con los diversos pueblos que habitan en Montes Azules para buscar una solución que no violente sus derechos y se pueda llevar a cabo esto de la mejor manera.

Es cuanto, señora Presidenta.

«En contra del desalojo de las comunidades que habitan en Montes Azules.

Diputado Miguel Bortolini.

Desde hace ya varias semanas se han llevado a cabo una serie de acciones y declaraciones que plantean la amenaza de desalojo en contra de 35 poblados que habitan en Montes Azules, en el Estado de Chiapas. Incluso, uno de los habitantes del municipio autónomo Ricardo Flores Magón ha señalado que fuerzas policiacas han amenazado a lugareños de que durante Semana Santa se llevará a cabo el desalojo.

De está manera, el 9 de marzo llegaron cientos de efectivos de la Policía Federal Preventiva al cuartel de Rancho Nuevo. Atrás se encuentra un deseo incumplido de barrer de indígenas esa región fundamental del país. El pretexto es supuestamente la conservación del ecosistema de Montes Azules. Como si el proceso de devastación ecológica estuviera relacionado fundamentalmente con la existencia de esas comunidades y no con una serie de hechos que han permitido una agresión constante a reserva de Montes Azules. Expliquemos algunos de ellos:

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a) El decreto expropiatorio de 1972 que dotó a tres pequeños pueblos caribes (los mal llamados lacandones) de 661 mil 200 hectáreas, la mayor parte ubicadas en los Montes Azules, en lugar de las 10 mil que ellos demandaban.

b) Con esto se agudiza el proceso de tala desmedida por parte de los grandes consorcios madereros del país y de Estados Unidos.

c) La llegada de una serie de piratas ecológicos disfrazados de organizaciones no gubernamentales, los cuales ven en la presencia indígena un obstáculo en sus proyectos de control de una zona que ha sido definida por Estados Unidos como reserva estratégica.

El problema de la preservación de los ecosistemas ha sido algo muy grave en nuestro país. Sin embargo, solamente un acto de racismo supremo puede responsabilizar a las comunidades indígenas de ese proceso. Simplemente en 1994, el investigador Víctor Toledo había denunciado la escandalosa deforestación, que existía en México, la cual había alcanzado la escandalosa cifra de 800 mil hectáreas, por lo que México se ubicaba en el tercer lugar mundial de deforestación.

No está por demás recordar que la deforestación forma parte de un gran negocio en el cual se encuentran grandes empresas trasnacionales, por eso no es gratuito que el gobierno norteamericano se haya rehusado a aceptar el Acuerdo de Kyoto.

Igualmente no está por demás recordar que mientras el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantuvo el control de partes fundamentales de la selva Lacandona, no se veía ese terrible espectáculo que se vivió antes y después, a saber, la salda de cientos de camiones cargados de madera producto de la tala clandestina.

Para coronar ese proceso desde Estados Unidos se ha venido promoviendo la llegada de una serie de ONG que buscan aplicar el modelo norteamericano de privatización de los parques de conservación. Tal es el caso de Conservation International, la cual está jugando un papel muy activo en la búsqueda por expulsar a las comunidades indígenas en Montes Azules:

¿Quién está atrás de Conservation International? Se trata de una ONG norteamericana que actúa en la Selva Lacandona con diversos proyectos: control demográfico, por medió de probar diversos anticonceptivos, "para ver cual de ellos funciona" para frenar la sobrepoblación; proyectos ecoturísticos en las que ofrecen talleres educativos empresariales (sic) a las comunidades. Actualmente mantienen una estación de ecoturismo modelo patrocinada por el grupo Pulsar (que no hay que olvidar promueve el sembradío de árboles de Eucalipto en la selva de Chiapas, lo cual, esto sí, traería consecuencias nefastas para ese ecosistema) y aunque declaran que no tienen ningún interés particular relacionado con el desalojo sus acciones dicen todo lo contrario.

De llevarse a cabo el desalojo se estaría violando, una vez más, el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (votado por el Senado de la República y por lo tanto con carácter equivalente a los artículos de nuestra Constitución). En el cual se plantea lo siguiente:

"Solamente con el consentimiento, dado libre y en, pleno conocimiento de causa, la reubicación de esos pueblos se podrá efectuar."

Desde luego, atrás se ubica otro gran problema. Cerca de la mitad de los pueblos que habitan en Montes Azules son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, otro porcentaje significativo de pueblos son parte de la ARIC independiente. Realizar un desalojo violento de esos pueblos sería la gota que derramaría el vaso de la paciencia de esas comunidades. Sería el peor de los mensajes que se les podría enviar.

Entonces es indispensable no jugar con fuego. Si este Congreso ya les falló una vez a las comunidades indígenas aprobando una ley que fue rechazada totalmente por los sujetos a los que supuestamente buscaba reconocer y beneficiar, ahora no podemos quedarnos impávidos frente a esta nueva injusticia.

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Asamblea, una proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que la Comisión de Concordia y Pacificación viaje al Estado de Chiapas e investigue sobre los motivos del traslado de integrantes de la PFP a ese Estado.

Segundo. Que la Cocopa entre en contacto con los diversos pueblos que habitan en los Montes Azules para buscar una solución que no violente sus derechos. Es cuanto, señora Presidenta.

Palacio Legislativo, a 26 de marzo de 2002.»

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Cocopa y a la Comisión de Reforma Agraria.

BENITO JUAREZ GARCIA

La Presidenta:

Pasamos al punto de agenda política.

Tiene la palabra el diputado Melitón Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para abordar un discurso en torno a don Benito Juárez.

El diputado J. Melitón Morales Sánchez:

Muy apreciable señora Presidenta; honorable Asamblea:

México, a la llegada de los españoles era apenas un conjunto de grupos tribales viviendo en gran parte del Continente Americano. La Colonia significó para México 300 años de vida medieval, los ideales de Hidalgo, Morelos y Guerrero se deformaron con el abrazo de Acatempan y una discutible independencia.

Golpes de Estado impulsados por los grupos que ambicionaban el poder, convirtieron a México en escenario de revueltas. Este largo lapso de anarquía lo cortó de tajo el pueblo con el Plan de Ayutla en el que Benito Juárez aportó sus ideas y su acción para que este movimiento de Ayutla fuera una revolución y no una revuelta.

La revolución, en vez de fecundar con los humildes cuerpos el surco de las ambiciones, procura hacer de cada cuerpo un surco ubérrimo en el que perfume la flor del pensamiento y en el que los frutos sean como las copas agrias donde beban los hombres el tónico de la dignidad.

Juárez abanderó a la generación de la reforma en la elaboración del Pacto Federal de 1857 y de las leyes de reforma, bases para integrar como nación a México con tres postulados universales, libertad de conciencia, seguridad ciudadana y respeto mutuo de los pueblos.

Los conservadores siguen pregonando que la Constitución de 1957 y las Leyes de Reforma son copia de la Revolución Francesa y de la nación norteamericana, pero no hubo imitación lógica ni extralógica, pues el proceder de México se explica por una ley histórica, cada vez que un régimen social declina, de su seno surge el pensamiento que ha de crear un sistema diferente.

Los derechos del hombre en la Constitución de 1957 responden a las necesidades y circunstancias político-económicas vividas por México para liquidar instituciones del régimen colonial.

Veamos algunas disposiciones del Código Fundamental de 1957:

Prohibición de la esclavitud. ¿Había o no esclavitud en México? Tan la había que el cura Hidalgo en Guadalajara respondiendo a la demanda más apremiante dicta un decreto aboliéndola.

Libertad de enseñanza. Imitación, la enseñanza era monopolio de la Iglesia del que sólo disfrutaba una minoría social.

Prohibición del trabajo obligatorio. Imitación, norma dirigida contra el trabajo forzado en los obrajes insalubres y contra el procedimiento de la leva para asegurar la mano de obra que los españoles requerían.

Rechazo a cualquier convenio que sacrifique la voluntad de la persona, imitación, institución para acabar con los conventos llenos de mujeres y hombres que iban a ellos, por mandato de sus padres o tutores o por motivos oscuros, libertad de expresión, imitación, largos años de la Inquisición, habían llenado de espanto a los pobladores de la Nueva España, derecho de petición, copia en el Virreinato se afirmó que los siervos nacieron para callar y obedecer y no para discutir en los altos asuntos del Gobierno.

Tampoco hubo imitación en la prohibición de los fueros eclesiásticos y militares o en la prohibición para que las corporaciones religiosas pudieran adquirir o administrar bienes raíces ni en cuanto a la estructura federal de la República.

El problema que el Constituyente de 1956 no tocó, fue el de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, lo mencionó no sólo para darle autoridad al poder civil y con ello, postular la república democrática, popular y representativa.

Los moderados creyeron que con la Constitución como había sido formulada, las relaciones entre la Iglesia y el Estado habrían de marchar bien, se equivocaron. El clero provocó el levantamiento contra la Constitución y el país entró a la tremenda Guerra de Tres Años.

Ante esto los liberales, encabezados por Juárez, expidieron en Veracruz las Leyes de Reforma, Benito Juárez fue creyente como sus compañeros, con excepción de Ignacio Ramírez, el nigromante brillantísimo.

Juárez impugnó a quienes en nombre de Dios cabalgan sobre la espalda famélica del pueblo, quitándole pan y libertad a cambio de fanatismo y látigo, porque entendió a la religión como tratado de paz entre los hombres y dictado de cariño a los que padecen sed de justicia.

El partido conservador, vencido en la guerra de reforma, se arrastró ante las viejas tiranías europeas, lloró en Austria, pidiendo un príncipe que gobernara a México y logró un príncipe rubio con la ayuda espiritual y material de Roma, se postró ante Napoleón, "el Pequeño" y éste mandó su ejército imperial, así se estorbó que la revolución de Ayutla produjera los frutos de paz y prosperidad.

En aquellas intervenciones injustas de 1862, dos de las naciones aliadas, Inglaterra y España, desistieron de la agresión a nuestra soberanía, quedó la codicia de Napoleón III. Juárez no se intimidó, junto con el pueblo defendió a la patria. La intervención tuvo así la virtud de convertir a la Constitución de 1957 en evangelio que camina en las manos patricias del Benemérito.

Otra vez Juárez cruzó el territorio nacional, levantando multitudes, hasta asistir a la resurrección de la ley y a la restauración de la República, no fue fácil vencer a los mejores soldados del mundo ni a los mal nacidos que en México les dieron su apoyo, tuvieron las mejores armas y dinero para el soborno.

Juárez y el pueblo fueron incorruptibles, con sangre y aliento a sus guerrillas, inspirado en la terquedad patriótica de Juárez, el pueblo fue forjando, con sostenida esperanza en la razón del derecho la victoria esperada. A medida que escaseaba el oro para comprar voluntades, crecía el tesoro de la fe republicana, improvisando tropas y multiplicando fusiles y fervores, logrando que en las colinas de Loreto y Guadalupe en Puebla y en el cerro de las Campanas en Querétaro, quedara escrito con sangre azul de príncipes rubios y sangre negra de traidores, el apotegma contundente del indio universal: "El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz".

Cumplida su tarea en la reforma y en el aciago periodo de la intervención, demostrando que se puede y se debe defender la soberanía, mientras quede un brazo que pueda servir de mástil, donde flote aunque sea en jirones pero autónoma la bandera de México, Benito Juárez, nacido el 21 de marzo de 1806, murió el 18 de julio de 1872.

Trató la dictadura porfirista de enterrar junto al cadáver de Juárez el cuerpo agonizante de la Constitución. El pensamiento de Juárez de viejas y nuevas necesidades, llamaron a las muchedumbres de 1910, se alistaron los nuevos ejércitos y se alzaron las nuevas estructuras; la Revolución rescató a la Constitución olvidada con los principios de libertad, justicia, democracia y respeto al poder civil.

Al fundirse en un solo espíritu la Constitución de 1917 y la Constitución de Juárez, quedó amparado todo mexicano contra el riesgo de las arbitrariedades y la nación misma quedó amparada contra el riesgo de las tiranías. Esta es la herencia de Juárez que la derecha actual pretende silenciar y destruir.

Los que nacimos a la política con la ideología, la ética y el ejemplo de Juárez, ofrecemos que como en 1867, Juárez volverá en el 2006 a los altos y simbólicos lugares en que lo puso a nuestro pueblo; para entonces las ofensas y olvidos de hoy y sus autores, habrán pasado como ráfagas de viento que no logró demeritar la memoria sempiterna de nuestro prócer mayor.

Los diputados del PRI queremos modernidad pero con justicia social e identidad nacional, integración planetaria y globalización pero con nacionalismo y vigencia de nuestra soberanía nacional, economía de mercado pero con estado regulador y prioridad en la atención social preferente a los sectores pobres, débiles y agredidos por las fuerzas hegemónicas.

Por su punzante actualidad, cito al poblano Luis Cabrera: "los gobiernos existen para procurar el engrandecimiento de las naciones; para educar al pueblo, para defender el territorio y sobre todo para hacer efectiva la justicia". Es decir, para lograr la armonía entre los gobernados. El dinero, las finanzas no son más que medios para lograr estos fines.

492,493,494

Así como el hombre que toma por objetivo de su vida la adquisición del dinero, se llama "avaro" y es un ser desgraciado, así el gobierno que cree que su función no es la justicia, sino el movimiento de caudales, se llama un "gobierno financiero" y es un gobierno que no cumple con sus deberes.

Pero la sombra tutelar del indio universal, cubre a la nación entera; se proyecta hacia delante, hacia los siglos venideros, hasta donde vive y viva México y lleguen las luces encendidas con sus luchas por la reforma y modernización del Estado, por la soberanía e integridad del territorio y por la defensa intransigente de nuestro patrimonio nacional.

Muchas gracias.

Presidencia del diputado
Eloy Cantú Segovia

El Presidente:

A usted, diputado Melitón Morales Sánchez.

KOFI ANNAN

El Presidente:

Para formular comentarios en relación a la visita del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, se le concede la palabra al diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

El diputado Augusto Gómez Villanueva:

Con su permiso, señor Presidente:

Pude haber retirado mi intervención, dado que han transcurrido varios días después de que se había agendado en los temas políticos la intervención relacionada con la visita del excelentísimo señor Kofi Annan, secretario general de la ONU al Congreso de México; pero consideré que es un tema de actualidad que no podemos dejar de examinar en esta tribuna, sobre todo porque la Cámara de Diputados es la expresión plural de nuestro sistema político y ésta se honró recientemente con la visita del Secretario General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, muchos legisladores esperábamos que Africa se hiciera presente en el discurso del señor Kofi Annan; esperábamos tal vez sin fundamento, que en esta tribuna, la más alta de nuestra nación, se manifestara preocupación por al menos buscar los rumbos que exige a la humanidad el remedio del creciente contagio de la pobreza.

El haber hecho un reconocimiento parcial a las aportaciones de nuestro país en defensa de la paz mundial, referido a cuestiones como el Tratado de Tlaltelolco y la desnuclearización, quiero entender que fue a su vez, una discreta referencia a la larga batalla del pueblo de México por integrar la filosofía de paz.

Son de agradecerse los reconocimientos a las aportaciones de nuestro país en defensa de la paz mundial y el reconocimiento protocolario al Ejecutivo actual, como era natural en este escenario. Pero se nota el olvido voluntario o por desconocimiento, que México como las naciones africanas, es fruto de una larga lucha por su independencia, que en esos grandes movimientos sociales han aportado a los países de América Latina y del mundo, razón y método; ejemplo de liberación y desarrollo económico independiente, en respeto y colaboración con otras naciones y que no somos un país nuevo, sino uno que viene de luchas de rebelión contra el coloniaje, cuyas experiencias sirvieron para sentar los precedentes del derecho internacional, que dieron origen y fortaleza a la Organización de las Naciones Unidas que hoy administra el ilustre visitante.

La corriente neoliberal que hoy se ufana por ubicar los temas del mercado a través de la mercadotecnia, predomina en los intentos sistemáticos de sustituir una política histórica de principios, por una política internacional pragmática.

No es México obra y magia del actual Gobierno y pese a que se nos pida olvidar nuestras luchas y esfuerzos contra las colonias que aquí han llegado, hemos sido sostenedores de la organización internacional, porque es ahí donde se puede dar la igualdad entre los países.

Porque es en los escenarios multilaterales como la ONU, donde los derechos que conforman el derecho internacional, cuyos principios están en el artículo 89 de la constitución, podrían desembocar en la solidaridad internacional, único camino que suscribimos con nuestra soberanía y nunca con su violación o su sacrificio.

Estamos dispuestos a integrar un orden internacional superior, pero jamás a admitir que se nos vulnere por intereses de capitales con lauros de imperio; con o sin metrópoli o con otras formas de hegemonía política, aunque se escuden en los intereses sagrados del trabajo o el humanismo, para ocultar maniobras hegemónicas dispuestas a desaparecer nacionalidades por decisiones no participativas.

Tal vez por ello el Secretario General nos apresuró para que refrendáramos el convenio ya suscrito por el Ejecutivo, para formar parte de la Corte Penal Internacional, donde ya sólo quedan cinco lugares y se nos invita a contribuir a su vigencia y obligatoriedad para combatir el crimen organizado y el genocidio que sin duda son flagelo de la humanidad.

Parecería que el mensaje al Congreso mexicano, estuviese motivado exclusivamente en urgirnos a un convenio que Estados Unidos de América se ha decidido a suscribir, pese a la determinación unilateral de ese país, de buscar la aplicación extraterritorial de sus leyes.

El señor diputado Elías Romero Apis, nos ha enviado sus comentarios, cito: "la repulsión que nos producen los delitos contra la humanidad, nos lleva al primer impulso de asomarse a la propuesta de las jurisdicciones internacionales. Sólo una segunda reflexión nos lleva a estar en guardia. Bien vale recordar a Le Fontaine, cuando lamenta la suerte de los débiles que han confiado su justicia y su seguridad a los fuertes, México ha tenido muchos ejemplos que han sido justamente la causa de sus revoluciones.

La segunda cuestión es el papel que ha jugado la ONU en esta etapa de conflictos regionales y surgimiento de provocados y exacerbados nacionalismos y fundamentalismos religiosos. Sin embargo, pareciera que el hecho que México forme parte del Consejo de Seguridad de la ONU, lo hace cada vez más solidario con la participación de nuestros soldados en los Cascos Azules encargados de una compleja tarea de mantener la paz. Estamos de acuerdo en contribuir a la defensa de la paz, pero el mantenimiento de la paz por medio del desarrollo supera a otros caminos de integración universal.

Nuestra historia ha sido una lucha para superar todas las fuerzas coloniales que nos tenían sujetos y para superar todas las ataduras. Estamos solidarizados como resultado del esfuerzo por resolver las muy graves contradicciones, agravadas por la irresponsabilidad de la economía que con metrópoli o sin ella extrae, bombea fuera de nuestros países la riqueza con la que podría resolver su pobreza.

Consideramos un honor que haya sido nuestro país la sede del desarrollo de la Cumbre de Monterrey Sobre el Financiamiento del Desarrollo, en la cual han descansado las expectativas de paz en el Siglo XXI.

En el fondo subyace una gran interrogante en torno a las palabras pronunciadas por el propio Secretario de la ONU en ocasión de la entrega del Premio Nobel de la Paz, citado por nuestra propia compañera Beatriz Paredes: "hoy día las fronteras reales no son entre las naciones, pero sí entre los poderosos y los menos poderosos, entre los libres y los encadenados, entre los privilegiados y los encadenados".

Si las Naciones Unidas no encuentran el modo de restaurar la igualdad de derechos de los países, fallará el sistema internacional y entraremos en el salvajismo de la extinción más bajo de lo imaginado, más lejos de las palabras que no alcanzan a describir la desesperación y el hambre de los hechos a un lado por los afanes de la riqueza de un puñado de especuladores.

Las palabras del Secretario General de la ONU se inscriben en un hito histórico en el que pretenden las corrientes del neoliberalismo otorgar la facultad de determinación a los agentes financieros y a las potencias que los patrocinan.

Hablar sólo como resumen del pasado de los países subdesarrollados, como síndrome de subsidios y de corrupción, nos puede ubicar en la peligrosa filosofía del determinismo histórico y cegar las fuentes de esperanza hacia el futuro.

El señor Secretario General no mencionó, tal vez por pudor, que todas las propuestas que nos hizo piden ceder parte o toda nuestra soberanía y admitir la sumisión de las naciones pobres que llegaron tarde a la escrituración de la historia.

Compañeros diputados: el pueblo de México desarrolló una estrategia diplomática de respeto y defensa de todos los derechos de las naciones, como resultado de sus luchas contra intervenciones imperiales padecidas en su territorio y en su sangre. El derecho a las decisiones independientes es base de la soberanía y la existencia misma de la nación.

Someterse a peticiones o sugerencias extranjeras, sobre todo cuando éstas afectan al jefe de un Estado con el que tenemos lazos estrechos y comunidad histórica, está más allá de los calificativos.

Los representantes de la nación reafirmamos el lazo fraterno de los mexicanos con el pueblo de Cuba. Los representantes de la nación afirmamos que las conspiraciones mezquinas no provienen de este pueblo de estirpe libertaria que tiene, además, la grandeza de una exquisita cortesía.

La burocracia y los criterios palurdos deben alejarse del sitio que con elevadas miras ocuparon diplomáticos de la talla de Genaro Estrada, Isidro Fabela, Jaime Torres Bodet y Castañeda de la Rosa.

En este Congreso rechazamos toda postura enajenante. El pueblo de México, en su mayoría, no quiere enajenaciones intelectuales ni geométricas. Somos hospitalarios y respetuosos, pero no ingenuos; aplaudimos a las Naciones Unidas como decisión de organización y solidaridad entre naciones libres, iguales, en un mundo donde debe darse una sociedad libre, plural, participativa, pero no sólo en el discurso, sino también en la economía y el derecho.

Muchas gracias.

El Presidente:

A usted, diputado Augusto Gómez Villanueva.

Tiene la palabra, diputado Moreno hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Moreno Bastida:

Con su permiso, diputada Presidenta.

Es digno de encomio el comentario hecho por don Augusto Gómez Villanueva, en el sentido de que no debemos someternos a lineamientos de países o de organismos extranjeros.

Aprovecho la ocasión para decir que justo en la visita de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, a este recinto, en el cual dentro de su mensaje nos hizo varias solicitudes a este Congreso, a nuestro Gobierno, respecto de someternos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de orientar mayores recursos para los países del Tercer Mundo o bien, para hacer más eficiente la defensa y protección de los derechos humanos en todo el orbe. De eso se trataba, precisamente, de que los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, pudiesen hacer de esa ocasión un diálogo donde se pudieran establecer los puntos de vista de este conglomerado social mexicano que a lo largo de su vida independiente ha podido señalar en cada etapa muchos y valiosos puntos de vista respecto de estos temas.

Don Augusto ha traído aquí a la discusión la enorme contribución sobre aspectos internacionales de varios distinguidos mexicanos; sin embargo, no nos deja de llamar la atención de que esta visita haya sido una excepción para que sólo la Presidenta de la Mesa Directiva haya tenido la oportunidad de hablar en nombre del Congreso sin ni siquiera, y lo digo con todo respeto, haber consensado un documento de semejante naturaleza.

Creo y reitero la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que esta tribuna debe estar abierta para todos, que esta tribuna, la más alta de la nación y donde se habrían de discutir muchos temas de suma importancia respecto a las Naciones Unidas y en el contexto de la Cumbre de Monterrey, no hubo oportunidad de expresar lo que se tenía que haber expresado aquí.

Reiteramos que esta tribuna, la más alta de la República, tiene que estar abierta para todos, para los visitantes distinguidos, ¡sí!, pero fundamentalmente también para quienes formamos parte de ella.

No podemos someternos, dice don Augusto Gómez Villanueva en su intervención, a potencia o a organización extranjera y estamos de acuerdo. El acto de sometimiento, al ser censurados de la palabra los grupos parlamentarios, implica precisamente un sometimiento; no somos convidados de palo en cada una de las visitas ni de jefes de Estado ni de dirigentes de organizaciones internacionales; somos miembros activos del Congreso y como tal reivindicamos el derecho al uso de la palabra en cada uno de esos eventos.

Bienvenido Kofi Annan, bienvenido fue en este país y en esta sesión. Sin embargo, no se llevó sino la retórica de un Congreso en el que no se expresaron los puntos fundamentales de las bancadas que lo integran.

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Estamos convencidos y así lo habremos de promover, que en cada una de estas visitas de distinguidos dirigentes de organizaciones internacionales como jefes de Estado o como los propios grupos indígenas de nuestro país o de otros que se tenga la necesidad de recibir, sean los grupos parlamentarios los que fijen su posición al respecto y no que se hable en nombre de cada uno de quienes integramos este Congreso.

Muchas gracias.

Presidencia de la diputada
Beatriz Elena Paredes Rangel

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Me considero en la obligación de señalar que el punto de vista de la Presidencia de la Cámara de Diputados, si ustedes recuerdan el punto de acuerdo que se puso a consideración del pleno para la composición del orden del día, fue, y así lo expresé de manera interna con la colegisladora, el Senado de la República que intervinieran los grupos parlamentarios.

En segundo lugar, en virtud de que sostuve mi posición hasta los últimos momentos, por eso el texto que preparé a nombre del Congreso, fue un texto que elaboré en los últimos minutos previos a la sesión y por eso no lo pude turnar a los grupos parlamentarios. De ninguna manera se pretendió sustituir ni opiniones ni puntos de vista y me parece que lo que aquí ha planteado el diputado Moreno Bastida nos lleva a insistir en la necesidad de que reglamentemos de manera definitiva y con el acuerdo de la mayoría o el consenso de esta Cámara y del Congreso las sesiones solemnes, para que no se presten a debates innecesarios.

DIA MUNDIAL DEL AGUA

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día es el relativo a efemérides. En ese sentido tenemos la efeméride relativa al Día Mundial del Agua y hemos recibido el registro de los siguientes diputados: Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista; Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Héctor González Reza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo.

La diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

El 22 de marzo de cada año el mundo entero celebra el Día Internacional del Agua, líquido indispensable en el desarrollo de las actividades del ser humano y del medio ambiente, razón por la cual se ha considerado como uno de los derechos humanos fundamentales.

Hablar del agua es de suma importancia en el contexto de la creciente aspiración universal por alcanzar un desarrollo sustentable, mismo que ha sido una preocupación que nuestro grupo parlamentario ha manifestado en múltiples ocasiones y que obedece al convencimiento pleno de que es necesario mantener un desarrollo económico y social, al mismo tiempo que se conserven los recursos naturales del medio ambiente, pues sin éstos no tenemos nada.

Sin embargo, aun cuando se cuenta con una dotación adecuada del recurso que hoy nos ocupa su manejo no es sustentable. La tendencia actual ha comenzado a provocar eventos de escasez generalizada, lo que nos obliga a estudiar la realidad hídrica en el país y demandar firmemente la implementación de políticas eficaces para conservar este recurso.

En menos de cinco décadas la disponibilidad per capita promedio en el país disminuyó en más del 50% y se estima que esta tendencia continúe. De igual forma es alarmante que cerca del 40% de este recurso se pierda por fugas en el deficiente sistema hidráulico de nuestro país. Lo más preocupante es que el 70% del agua en nuestro país está totalmente contaminada. En México, la mayor parte de la lluvia se presenta sólo en cuatro meses del año y su precipitación no se distribuye equitativamente en todo el territorio. Solamente el 4% del escurrimiento se presenta en el norte del país, mientras que en el sureste y zonas costeras se genera el 50%.

Lo anterior resulta paradójico, pues en el sur de nuestro país en donde la pobreza ha alcanzado niveles alarmantes y donde el servicio del agua potable pareciera ser un lujo más que una necesidad básica. Sin embargo, esto no es un caso exclusivo de nuestro país, la crisis por obtener agua potable está fuera del alcance de muchos.

Más de 1 mil millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a un mejor suministro de agua y otros 2 mil 500 millones no disponen de servicios básicos de saneamiento. Estas personas son las más pobres del mundo y las que tienen una salud precaria. De hecho se calcula que la falta de suministro de agua apta para el consumo es la causa de un 80% de las enfermedades y los fallecimientos registrados en los países en desarrollo.

Aunado a lo anterior la construcción de represas sustituibles por otros sistemas, el aumento del nivel del mar, los grandes incendios provocados por la sequía extrema, la política de máximo beneficio y de la ausencia de regulación, disminuyen gravemente las reservas de agua de la tierra, siendo conocidas por todos sus consecuencias.

Así pues, el Día Mundial del Agua nos recuerda que es un elemento aliado de nuestra lucha por alcanzar el desarrollo y sobrepasar a la pobreza que tanto afecta a nuestra población.

Por lo anterior, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, hacemos un llamado a la opinión pública, a la juventud, a los educadores, a los medios de comunicación, a las instituciones académicas y gubernamentales, a las empresas y usuarios en general, para que juntos tomemos iniciativas orientadas a la capacitación técnico-profesional de los recursos humanos que requieren para alcanzar un efectivo control de la contaminación hídrica.

Reforcemos la investigación científica sobre las disponibilidades y características de los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos del país y desarrollemos la infraestructura que el país requiere para su mejor aprovechamiento del agua, todo desde la perspectiva del desarrollo sustentable.

Construyamos un México con una cultura hídrica que sea reflejo de la importancia del agua como factor vital para el desarrollo nacional y como componente fundamental del medio ambiente.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Miguel Bortolini Castillo:

Con su permiso, señora Presidenta:

El agua es quizá la sustancia más importante y versátil que se encuentra en la naturaleza. Sus propiedades le permiten ser uno de los elementos más importantes para la vida del planeta, es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas decide que en noviembre de 1993, el 22 de marzo de cada año se celebre el Día Mundial del Agua. Se invitó entonces a los diferentes estados a consagrar este día en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación de los recursos hidrológicos.

El tema en torno al agua electo para este año por la Unesco, es "Agua para el Desarrollo". El agua es elemento vital para los seres vivos que habitan el planeta, se encuentra en crisis. Se afirma que el 20% de la población mundial carece de recursos hidráulicos seguros y fiables y más del 50% no cuenta con instalaciones sanitarias básicas.

En lo que respecta a nuestro país, un estudio realizado para la Comisión Nacional del Agua, revela que la mayoría de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y acuíferos, reciben descargas de aguas residuales sin tratamiento, ya sea de tipo doméstico, agrícola, industrial o pecuario y que 15 de las 320 cuencas existentes padecen de diversos grados de contaminación.

La crisis que vivimos a nivel mundial en materia de medio ambiente es por todos conocida y realmente es lamentable conmemorar este día con las cifras negativas que giran en torno al tema.

En el caso de México existe alrededor de un 70% de rezago en tratamiento de aguas residuales, esto reconocido y manifestado así por Víctor Lichtinger, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, él mismo hace alusión que se debe a un incumplimiento parcial o total de la legislación ambiental. Entonces preguntamos: ¿de quién es la responsabilidad y culpa de que no se cumpla la legislación ambiental en este país?

Sabemos que la mayor parte de la contaminación al ambiente proviene de las industrias y bien sabemos de la aplicación de políticas flexibles en materia ambiental que han caracterizado los últimos gobiernos, incluido el actual, encabezado por Vicente Fox, que pareciera solamente pretender traer la inversión empresarial, no importando, más bien convirtiéndose en cómplices de las consecuencias en materia ambiental y los daños a la salud del ser humano que esto conlleva.

Debemos reflexionar y actuar en torno al manejo y uso racional de los recursos hidráulicos y con ello avanzar hacia un desarrollo sustentable, pero no bajo los designios del capital extranjero al cual lo último que le importa es el cuidado de los recursos naturales de los países donde se vienen a instaurar. Básicamente su ganancia radica en la explotación inadecuada que hacen de los mismos.

Como ejemplo de lo anterior tenemos el mega proyecto Plan Puebla-Panamá, que se pretende instaurar justamente en la región sur de nuestro país, donde se encuentra gran parte de la riqueza natural que poseemos y las mayores cuencas hidrológicas y ahí se pretende colocar un corredor de maquiladoras, entre otros proyectos.

En el documento base del Plan Puebla-Panamá se incluye un apartado sobre los recursos naturales y el desarrollo sustentable, el cual nos dice: "la región sur-sureste es muy rica en recursos naturales, tiene gran variedad de suelos y una gran biodiversidad, cuenta con agua en abundancia y ríos importantes, tiene una extensión costera muy importante, tiene extensiones importantes de bosques y selvas, cuenta con importantes yacimientos de hidrocarburos, minerales, metálicos y no metálicos y alberga un número importante de reservas naturales".

Las graves consecuencias de la instalación de maquiladoras sin prever las consecuencias para el medio ambiente, las tenemos en la frontera norte, van desde el deterioro ecológico hasta daños en la salud humana, lo cual se debe a un tipo de desechos tóxicos de éstas y la forma incorrecta de manejarlos. La contaminación que se da en agua, aire y tierra genera daños, algunos irreversibles en la salud humana, pues se atribuye a este tipo de desechos el nacimiento de niños sin cerebro, además de las enfermedades pulmonares, respiratorias, gastrointestinales, alergias y pigmentación de la piel.

Ahora, para terminar, compañeros diputados, en la conmemoración del Día Mundial del Agua, es deber nuestro como legisladores y como mexicanos, preguntarnos si vamos a abrir nuestras puertas a inversiones que sólo han demostrado su gran capacidad para degradar el medio ambiente nuestro y la contaminación de nuestras aguas.

Es nuestro deber reflexionar si lo que pretendemos es realmente el cuidado y la preservación de los recursos naturales, específicamente del agua o abrir el capital para que degraden nuestro medio ambiente y contaminen nuestras aguas.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Héctor González Reza, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Héctor González Reza:

Muchas gracias, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Al celebrar el Día Mundial del Agua, este tema ha tenido un ascenso momentáneo en el escenario nacional e internacional y es una ocasión más para que hagamos reflexiones serias sobre nuestro recurso natural más valioso y que por cierto se concesiona a particulares para diversos usos desde hace muchos años.

Hay que empezar por entender y por reconocer cuál es la situación del agua en México actualmente y entonces responder que la situación es difícil y que puede ser grave. En nuestro país el agua está dejando de ser un recurso renovable por el desperdicio, la sobreexplotación y la contaminación a la que ha sido sometida.

Durante años se abrieron miles de hectáreas al cultivo donde el recurso hidráulico se sabía que no iba a ser suficiente; se dejaron de tomar acciones contra la contaminación y por interés político y electoral se indujo a la cultura del no pago, el agua es gratis. Hoy es urgente dar al agua el valor estratégico y económico que realmente tiene.

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El panorama se está contemplando, agua hay en el sureste del país donde habita la menor parte de la población nacional y no hay la suficiente en el centro y en el norte del país, donde se asienta la mayoría de los mexicanos y donde las actividades agrícolas, industriales y comerciales van en aumento.

Ya sabemos entonces que la disponibilidad de recursos hidráulicos en el territorio nacional no corresponde a la distribución de la población, pero la solución no es reubicar a los asentamientos humanos por millones, como tampoco lo es pensar en obras faraónicas para mover el agua a cientos de kilómetros.

La solución reclama otras acciones que necesitan de todos, del Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales ejercer su autoridad para cuidar del recurso, regular su aprovechamiento racional y avanzar más rápido en el tratamiento de las aguas residuales; de los ciudadanos, tomar conciencia de que no hay más agua que la que hay, de que debe alcanzar para todos, generaciones presentes y futuras y que quien pueda pagar debe pagar, pues el modelo de desarrollo sustentable que queremos para este recurso establece la urgencia de realizar obras de abastecimiento y de saneamiento que representan grandes inversiones.

De los diputados, debemos adecuar el marco jurídico del agua a los nuevos tiempos. Los diputados del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que las reformas a la Ley General de Aguas deberán considerar la precisión de facultades a la autoridad para una mejor vigilancia en el manejo del recurso.

El fortalecimiento de los consejos de cuenca como órganos con autonomía para la programación y planeación de los aprovechamientos hidráulicos, así como la revisión de condiciones y plazos para la transferencia y el otorgamiento de concesiones.

Bajo estas premisas, habremos de trabajar con todos ustedes para sentar las bases reales de un modelo sustentable que asegure con el agua el desarrollo y el bien común para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, diputado.

El diputado Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Burgos Pinto:

Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:

El desafío al que nos enfrentamos los mexicanos como bien indica el tema del Día Mundial del Agua, es poner en marcha la dinámica que haga de este siglo el de la seguridad de acceso al agua a escala mundial.

El agua ha sido durante mucho tiempo un sujeto poco importante de la agenda política o bien se ha presentado sólo en términos de desastre, escasez, contaminación o como una posible fuente de conflictos. Necesitamos presentar una visión más constructiva del agua como recurso esencial y compartido. Debe considerarse como una prioridad para cada comunidad desde una perspectiva tanto local como global.

Las actividades que el ser humano realiza sobre la tierra de labor son la principal causa tanto de la escasez de agua como de su contaminación. El desarrollo agrícola, el desarrollo urbanístico y la industrialización, causan el mayor daño y deben de ser el principal foco en los esfuerzos por gestionar el agua.

El agua es literalmente un recurso fluido, las acciones realizadas en una de las partes de un acuífero pueden tener un profundo impacto en el uso que hace el ser humano del agua en otros lugares. En los albores de este nuevo siglo no disponemos aún de ninguna técnica capaz de producir agua, tampoco se puede reemplazar ni reproducir; el agua debe, por tanto, ser apreciada y protegida.

En este nuevo milenio los ríos, lagunas y humedales no pueden seguir siendo considerados como simples proveedores de agua para regadíos o industrias o como cloacas para verter residuos y desechos; tampoco se debe olvidar la filtración de aguas contaminadas procedentes de los verdaderos vertederos incontrolados que destruyen los recursos acuíferos. Es hora de reconocer su tremendo valor patrimonial desde el punto de vista ambiental y social, reconocer y apreciar esos valores es esencial en toda sociedad sensible y responsable con las generaciones futuras.

Corren tiempos en los que el papel del mercado es estratégico en la futura gestión del agua, sin embargo, es preciso salvaguardar la gestión pública de los ríos y acuíferos, pues sólo desde esta base se podrán articular con equidad valores sociales, culturales, ambientales y de ordenación territorial equilibrada esenciales, hacia los que el mercado es ciego e insensible.

Según las estadísticas de la ONU en el mundo en desarrollo más de 1 mil millones de personas carecen de agua potable y 1 mil 700 millones no tienen acceso a instalaciones sanitarias adecuadas. Los datos agregan que 80% de las enfermedades que se presentan en los países en desarrollo están relacionadas con las aguas insalubres.

En nuestros días, con el peligro de la posible total pérdida y contaminación, se elaboran leyes estrictas para protegerla. En México las circunstancias naturales del agua son muy contrastantes entre regiones y ya no es posible continuar con las mismas políticas, debemos llegar al esquema en el que regionalmente usuarios y gobiernos locales puedan tomar decisiones y en consecuencia cada cuenca pueda fijar sus tarifas por pago de derechos; determinar cuánto les cuesta contaminarla, distribuirla y qué es lo que deben hacer para que cueste menos y tengan mayores disponibilidades, ya que es precisamente el gran avance que en Europa se ha tenido en la gestión del agua; lograr la transparencia para que todos participemos proporcionalmente en los consejos de cuenca que debieran funcionar como parlamentos del agua, que la participación sea por nivel preponderante en la región y que los representantes de los usuarios provengan de procesos democráticos, de tal forma que el productor agrícola en su parcela se sienta legítimamente representado y con voz y voto en esos parlamentos del agua, para que acepte pagar una cuota por el riego agrícola.

Existen ya en México consejos de cuenca que han tenido un desarrollo y hubo una amplia visión al crearlos en la legislación de 1992, pero ahora le corresponde a esta LVIII Legislatura darles legislativamente la evolución que les merece, es decir, la contundencia, la representatividad, la democracia en su integración para que cumplan con una nueva etapa en la gestión del agua.

En su época, las otroras comisiones de ríos que tuvimos cumplieron su función en su momento e impulsaron de alguna manera el desarrollo regional, sin embargo entraron en conflicto político con los gobiernos locales. Hoy tenemos la visión y la experiencia exitosa de los países de Europa, tomemos lo mejor de ellos para adecuarlas a nuestras circunstancias; para aplicarlas a nuestras condiciones requerimos de una reforma amplia, una reforma integral que incluya reformas constitucionales, fiscales, reformas a la Administración Pública Federal y a todo el marco jurídico del medio ambiente, con el apoyo de los especialistas de las áreas implicadas.

Enfrentemos el reto, consolidemos la sustentabilidad del agua.

Muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, diputado Burgos Pinto.

PLAN DE GUADALUPE

La Presidenta:

Para referirse a la efemérides sobre el Plan de Guadalupe, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Marco Antonio Dávila Montesinos.

El diputado Marco Antonio Dávila Montesinos:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Vengo a esta tribuna para coincidir en la celebración que en la Hacienda de Guadalupe, en el Estado de Coahuila, se realiza de manera simultánea en estos momentos para rememorar la valentía y la decisión de un puñado de mexicanos que, encabezados por don Venustiano Carranza, pusieron en riesgo su vida para defender el valor supremo de la legalidad.

El 26 de marzo de 1913, hoy hace 89 años, el gobernador constitucional del Estado de Coahuila lanzó un manifiesto a la nación: el Plan de Guadalupe. El verdadero alcance del plan no se limitaba tan sólo a derrocar al usurpador Huerta para restablecer el orden constitucional que había sido roto por la más vil traición y el crimen contra el presidente Madero; el Plan de Guadalupe se inspira en la necesidad de efectuar cambios de fondo a las estructuras con clara visión social. En realidad está profundamente impregnado por las reivindicaciones radicales de justicia y democracia requeridas para la realización de las transformaciones sociales y económicas que reclamaban las masas populares.

Hemos de reconocer que las aparentes omisiones del sencillo texto fueron en realidad una determinación táctica: primero asegurar la legalidad perdida y después crear las condiciones de lucha por el progreso social. Con ello Carranza nos deja como legado irrenunciable el de fincar en el derecho y en el orden constitucional la vía para la construcción colectiva de una nación digna, justa y libre.

El caudillo de la legalidad, don Venustiano Carranza, plantea desde entonces un México de instituciones para alcanzar, a través de ellas, los más caros objetivos de los cambios políticos y sociales.

Aquel 26 de marzo, Carranza estaba reunido con el teniente coronel Jacinto Treviño, el teniente coronel Lucio Blanco y el entonces capitán Francisco Mújica, quienes dentro del estrecho recinto empezaron serena, reflexiva y patrióticamente a dictar los principios y fundamentos filosóficos que habrían de explicar a la opinión de aquel entonces y a las generaciones futuras, el fundamento de la lucha y las aspiraciones de los iniciadores.

Todo anhelo popular que más tarde encarnó en la Constitución de 1917, sonó en las palabras de aquellos modestos oficiales y jefes de la asamblea. Dijo Carranza: "por esto, señores, el Plan de Guadalupe no encierra ninguna utopía, ninguna cosa irrelevante ni promesas bastardas hechas con la intención de no cumplirlas; el Plan de Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales sin ofertas y demandas al mejor postor", ése es el mensaje central de Carranza, en el Plan de Guadalupe: legalidad, Estado de Derecho para establecer el equilibrio de la economía nacional.

Hoy, los tiempos no son como los de Carranza, convulsos, pero sí de sacudimiento en las conciencias, de pluralidad en las grandes decisiones para retomarlas con esa confianza y con esa unidad en lo fundamental todos nosotros.

México camina hacia una institucionalidad de nuevo tipo, lo hace con los instrumentos de una democracia renovada, lo hace a sabiendas de que los desafíos son grandes y que requerirán de alianzas de gran magnitud política.

La relación entre el Gobierno y la sociedad está hoy sujeta a un escrutinio constante por los ciudadanos en el marco irrestricto de la libertad de expresión por los individuos, las organizaciones políticas y sociales y los medios de comunicación.

La pluralidad democrática debe ser factor de fortalecimiento de la unidad de los mexicanos en lo esencial y de ningún modo pretexto para debilitarla.

Los cambios profundos de la sociedad, de la política y de la economía, como nos enseñaron los firmantes del Plan de Guadalupe, deben de hacerse siempre en el marco de la ley; las auténticas transformaciones deben conseguirse mediante propuestas hechas por los conductos legales a través de los representantes legítimos de la población de todo el país; nunca por otros medios o en otros escenarios.

A su vez, los representantes populares tenemos el mandato, el deber de considerar las propuestas y decidir sobre ellas en función del interés nacional. La generación de 1917 entendió que era necesario conciliar los intereses diversos de una nación que se encontraba dividida de manera profunda, que sólo el cambio a la legalidad podría salvar el país.

Los mexicanos del Siglo XXI... Concluyo, compañera Presidenta...

Tenemos muchos objetivos en común, para hacerlos realidad sabremos mirar hacia atrás y aprender lo positivo que nos da nuestra historia, unidad nacional, reconciliación generosa, pluralidad fructífera, diálogo democrático, respeto entre los poderes, ejercicio de facultades ceñidos estrictamente a las otorgadas por la Constitución.

En suma, lucha conjunta por la justicia, la soberanía y la democracia. Ese es el mensaje que viene de ayer y ahora al conmemorarlo esperemos concretarlo en esta realidad, hagámoslo por México.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Se acaban de recibir un par de oficios de la Cámara de Senadores. Ruego a la Secretaría dar cuenta con ellos.

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HUSOS HORARIOS

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, y el decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 25 de marzo de 2002.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

MINUTA
PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan, el artículo 3o. fracciones I, II y III, de la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el artículo único fraccion I, del decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero. Se reforma el artículo 3o. fracciones I, II y III de la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

". . .

Artículo 3o. Para el efecto de la aplicación de esta ley, se establecen dentro del territorio nacional tres husos horarios en tres zonas geográficas y se reconocen los meridianos internacionales que les correspondan:

I. Zona geográfica del centro: referida al meridiano 90o grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales 2, 3 y 4 del mismo artículo;

II. Zona geográfica de la montaña: referida al meridiano 105o oeste y que comprende los territorios de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Durango, este último con la excepción de los municipios que conforman la Comarca Lagunera (Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo), que se regirán por el supuesto en la fracción I de este artículo;

III. Zona geográfica del pacífico: referida al meridiano 120o oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja California y

. . .

Artículo segundo. Se reforma el artículo único fracción I, del decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"I. Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Durango, este último con excepción de los municipios que conforman la Comarca Lagunera (Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo) los cuales contarán con su actual ubicación.

..."

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reformas contenidas en el presente decreto, para su instrumentación y vigencia por lo que se refiere al año 2002, no estarán sujetas a lo previsto en el artículo 5o. de la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 25 de marzo de 2002.— Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente; María Lucero Saldaña Pérez, secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.— Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios.»

La Presidenta:

Se turna a la Comisión de Energía.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE
DEL TERRITORIO NACIONAL

El secretario Adrián Rivera Pérez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de abril de 2002, a fin de que participe en la XVI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, que se celebrará en San José, República de Costa Rica.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de abril de 2002, a fin de que participe en la XVI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, que se celebrará en San José, República de Costa Rica.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente y Yolanda E. González Hernández, secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.— Secretario general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se han agotado los asuntos en cartera, le ruego a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Martes 2 de abril de 2002.

Acta de la sesión anterior.

Iniciativas de diputados

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación ciudadana, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de federalismo y fortalecimiento municipal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Jaime Salazar Silva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal revise las tarifas eléctricas en el noroeste del país, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 14:40 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 2 de abril a las 10:00 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 2 minutos.

• Quorum a la apertura de sesión: 263 diputados.

• Asistencia al cierre de registro: 440.

• Proposiciones con punto de acuerdo: 6.

• Excitativas a comisiones: 3.

• Temas de agenda política: 2.

• Efemérides: 2.

• Oradores en tribuna: 27

PRI–8; PAN–5; PRD–8; PVEM–3; PT–1; CDPPN–1; Dip.Ind –1.

Se recibió:

• 2 comunicaciones de los congresos de los estados de: Jalisco y Tabasco;

• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo;

• 1 comunicación de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite el informe de labores del Grupo de Trabajo de Cafeticultura;

• 3 iniciativas del PAN;

• 1 iniciativa del PRD;

• 1 iniciativa del PVEM;

• 1 iniciativa del PT;

• 1 iniciativa del Dip.Ind.;

• 2 minutas

Dictámenes aprobados:

• 1 de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se conceden permisos a seis ciudadanos para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

• 2 de la de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por el que se conceden permisos a dos ciudadanos, para aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios de Alemania y de Croacia, respectivamente.

504,505,506

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION
(en orden alfabético)

Diputado	Tema
• Alvarado Cook, Oscar (PRI)	Cafeticultura, comunicación de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite el informe de labores del Grupo de Trabajo de Cafeticultura. Complementa el informe a nombre tanto de la Comisión como del grupo de trabajo de referencia.
• Aragón Castillo, Hortensia (PRD)	Mujeres y política, solicita excitativa a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género, en relación con una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad y género en la participación política presentada el 9 de noviembre de 2000.
• Aragón Castillo, Hortensia (PRD)	Mujeres asesinadas, solicita excitativa a la Junta de Coordinación Política, en relación con la integración de la mesa directiva de la comisión especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta la fecha.
• Baduy Isaac, Rosa Elena (PRI)	Estado de Yucatán, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con el Programa Pueblos Mágicos y el Programa de Vivienda VIVAH, en el municipio de Izamal, en esa entidad.
• Bortolini Castillo, Miguel (PRD)	Estado de Chiapas, presenta proposición con punto de acuerdo sobre el posible desalojo de comunidades indígenas en la reserva natural de Montes Azules, en esa entidad.
• Bortolini Castillo, Miguel (PRD)	Día Mundial del Agua, respecto a la celebración del 22 de marzo.
• Burgos Pinto, Jesús (PRI)	Día Mundial del Agua, respecto a la celebración del 22 de marzo.
• Cantú Torres, Francisco Javier (PAN)	Ley General de Desarrollo Social, presenta iniciativa con proyecto de dicha ley.
• Castillo Cruz, Bonifacio (PRD)	Tarifas eléctricas, presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que la Comisión Federal de Electricidad establezca tarifas eléctricas preferenciales en las comunidades de zonas indígenas y rurales del país.
• Dávila Montesinos, Marco Antonio (PRI)	Plan de Guadalupe, sobre el LXXXIX aniversario.
• Del Río Virgen, José Manuel (CDPPN)	Periodo de sesiones extraordinarias, presenta proposición con punto de acuerdo relativo a los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados y la posibilidad de abrir un periodo de sesiones extraordinarias del 1o. de mayo al 30 de junio próximos.
• Figueroa Canedo, Sara Guadalupe (PVEM)	Día Mundial del Agua, respecto a la celebración del 22 de marzo.
• Flores Galván, Edgar Consejo (PRI)	Cafeticultura, sobre proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial de Cafeticultura.
• García Sainz Arena, Alejandro Rafael (PVEM)	Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo sexto de dicha ley, respecto a que la Cámara de Diputados intervenga en el proceso de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.
• García Sainz Arena, Alejandro Rafael (PVEM)	Sector eléctrico, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con el impacto ambiental en el proyecto de electrificación de la región del Gran Nayar, en los estados de Nayarit y Jalisco.
• Gómez Villanueva, Augusto (PRI)	Kofi Annan, sobre la visita del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas al Congreso mexicano.
• González Reza, Héctor (PAN)	Día Mundial del Agua, respecto a la celebración del 22 de marzo.
• Guillén Torres, José María (PRI)	Cafeticultura, presenta proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial de Cafeticultura
• López Escoffie, Silvia América (PAN)	Pena de muerte, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Martínez Enríquez, Esteban Daniel (PRD)	Artículos 73 y 115 constitucionales, solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dichos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coordinación para el desarrollo social presentada el 30 de octubre de 2001.
• Martínez Macías, Martha Patricia (PAN)	Seguridad social, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social y el artículo 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a la igualdad de derechos de la seguridad social, para hombres y mujeres.
• Martínez Veloz, Jaime Cleofas (Dip. Ind.)	Artículo 43 constitucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma dicho artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a añadir el nombre de "Benito Juárez" al Estado de Baja California.
• Morales Sánchez, Melitón (PRI)	Benito Juárez García, hace comentarios en torno a don Benito Juárez García.
• Moreno Bastida, Ricardo (PRD)	Kofi Annan, sobre la visita del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas al Congreso mexicano.
• Narro Céspedes, José (PT)	Ley del Impuesto al Valor Agregado, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 15 de dicha ley, referente a eximir de ese impuesto al servicio o suministro de agua para uso doméstico.
• Servín Maldonado, Rafael (PRD)	Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presenta iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción IV del artículo octavo y reforma la fracción VIII del artículo 16 y el artículo 43 de dicha ley.
• Vaca Betancourt Bretón, José Sergio Rodolfo (PAN)	Cafeticultura, sobre proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial de Cafeticultura.

NOTAS

Siglas y abreviaturas incluidas en esta edición:

AC	Asociación Civil
Afore	Administradora de fondos para el retiro
ARIC	Asociaciones Rurales de Interés Colectivo
°C	Grados centígrados
Canacintra	Cámara Nacional de la Industria de Transformación
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CILA	Comisión Internacional de Límites y Aguas
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNOP	Confederación Nacional de Organizaciones Populares
CNPR	Confederación Nacional de Propietarios Rurales
Cocopa	Comisión de Concordia y Pacificación
Conacyt	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consar	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
COR	Confederación Obrera Revolucionaria
CROC	Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROM	Central Revolucionaria de Obreros Mexicanos
CTM	Confederación de Trabajadores de México
D.F.	Distrito Federal
FETSSE	Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LGEEPA	Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
mg/kg	Miligramos por kilogramo
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organizaciones no gubernamentales
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
PAN	Partido Acción Nacional
PFP	Policía Federal Preventiva
PIB	Producto interno bruto
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PT	Partido del Trabajo
Reg.SS	Registro de la Secretaría de Salud
Sagarpa	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Sedesol	Secretaría de Desarrollo Social
Semarnap	Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Siafore	Sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro
Siefore	Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos de Ahorro para el Retiro

507,508,509,510

ASISTENCIA	395
ORDEN DEL DIA	395
ACTA DE LA SESION ANTERIOR	397
ESTADO DE JALISCO	400
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo por el que manifiesta su apoyo al proyecto de norma oficial denominada "jamón, denominación, especificaciones y métodos de prueba". Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.	400
ESTADO DE TABASCO	407
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite acuerdo por el que manifiesta su enérgico repudio por el asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martínez, de su hijo Miguel Angel Novelo Burgos y de su ayudante Pedro Yam Pech, en el Estado de Yucatán el pasado 9 de enero. De enterado y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.	407
COMISIONES LEGISLATIVAS	408
Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. De enterado.	408
CAFETICULTURA	408
Comunicación de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite el informe de labores del Grupo de Trabajo de Cafeticultura.	408
Complementa el informe el diputado Oscar Alvarado Cook, a nombre tanto de la comisión como del grupo de trabajo de referencia.	422
El informe se turna a la Junta de Coordinación Política.	424
SEGURIDAD SOCIAL	424
La diputada Martha Patricia Martínez Macías presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social y el artículo 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a la igualdad de derechos de la seguridad social, para hombres y mujeres. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.	424
LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	428
El diputado Rafael Servín Maldonado presenta iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción IV del artículo 8o. y reforma la fracción VIII del artículo 16 y el artículo 43 de dicha ley. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.	428
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL	436
El diputado Alejandro Rafael García Sainz Arena presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de dicha ley, respecto a que la Cámara de Diputados intervenga en el proceso de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.	436
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	439
El diputado José Narro Céspedes presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 15 de dicha ley, referente a eximir de ese impuesto al servicio o suministro de agua para uso doméstico. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.	439
ARTICULO 43 CONSTITUCIONAL	442
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma dicho artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a añadir el nombre de "Benito Juárez" al Estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.	442
PENA DE MUERTE	449
La diputada Silvia América López Escoffie presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.	449
ASISTENCIA (II)	455
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	455
El diputado Francisco Javier Cantú Torres presenta iniciativa con proyecto de dicha ley. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.	455
CONDECORACIONES	469
Primera lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se conceden permisos, a seis ciudadanos, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.	469
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	470
Primera lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que concede permiso al ciudadano Guillermo Kurt Heimpel Pruneda, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de ese país en Mazatlán, con circunscripción consular en el Estado de Sinaloa.	470
REPUBLICA DE CROACIA	471
Primera lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Laura Martín del Campo Steta, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de ese país en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.	471
Se les dispensa la segunda lectura a los tres anteriores dictámenes y sin discusión se aprueban. Pasan a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.	472
MUJERES Y POLITICA	472
La diputada Hortensia Aragón Castillo, solicita excitativa a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género, en relación con una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad y género en la participación política presentada el 9 de noviembre de 2000. La Presidencia exhorta a las comisiones de referencia para que presenten el dictamen correspondiente a más tardar el día 18 de abril de 2002.	472
ARTICULOS 73 Y 115 CONSTITUCIONALES	473
El diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dichos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coordinación para el desarrollo social presentada el 30 de octubre de 2001. La Presidencia formula la excitativa respectiva.	473
MUJERES ASESINADAS	474
La diputada Hortensia Aragón Castillo, solicita excitativa a la Junta de Coordinación Política, en relación con la integración de la mesa directiva de la comisión especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta la fecha. La Presidencia exhorta a los grupos parlamentarios a presentar sus propuestas correspondientes y solicita a la Junta de Coordinación Política para que a más tardar el 11 de abril de 2002, presente la integración de la mesa directiva de la comisión especial de referencia.	474
ESTADO DE YUCATAN	476
La diputada Rosa Elena Baduy Isaac presenta proposición con punto de acuerdo en relación con el Programa Pueblos Mágicos y el Programa de Vivienda VIVAH, en el municipio de Izamal, en esa entidad. Se turna a las comisiones de Turismo y de Desarrollo Social.	476
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS	479
El diputado José Manuel del Río Virgen presenta proposición con punto de acuerdo relativo a los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados y la posibilidad de abrir un periodo de sesiones extraordinarias del 1o. de mayo al 30 de junio próximos. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.	479
CAFETICULTURA	480
El diputado José María Guillén Torres presenta proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial de Cafeticultura. Se turna a la Junta de Coordinación Política.	480
Rectifican hechos los diputados:	484
José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón	484
Edgar Consejo Flores Galván	485
TARIFAS ELECTRICAS	485
El diputado Bonifacio Castillo Cruz presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que la Comisión Federal de Electricidad establezca tarifas eléctricas preferenciales en las comunidades de zonas indígenas y rurales del país. Se turna a las comisiones de Energía y de Ha-cienda y Crédito Público.	485
SECTOR ELECTRICO	486
El diputado Alejandro Rafael García Sainz Arena presenta proposición con punto de acuerdo en relación con el impacto ambiental en el proyecto de electrificación de la región del Gran Nayar, en los estados de Nayarit y Jalisco. Se turna a las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	486
ESTADO DE CHIAPAS	490
El diputado Miguel Bortolini Castillo presenta proposición con punto de acuerdo sobre el posible desalojo de comunidades indígenas en la reserva natural de Montes Azules, en esa entidad. Se turna a las comisiones de Concordia y Pacificación y de Reforma Agraria.	490
BENITO JUAREZ GARCIA	493
Hace comentarios en torno a don Benito Juárez García, el diputado J. Melitón Morales Sánchez.	493
KOFI ANNAN	495
Interviene sobre la visita del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas al Congreso mexicano, el diputado Augusto Gómez Villanueva.	495
Rectifica hechos el diputado Ricardo Moreno Bastida.	497
DIA MUNDIAL DEL AGUA	498
Se refieren a la celebración del 22 de marzo, los diputados:	498
Sara Guadalupe Figueroa Canedo	499
Miguel Bortolini Castillo	500
Héctor González Reza	501
Jesús Burgos Pinto	501
PLAN DE GUADALUPE	502
Interviene sobre el LXXXIX aniversario del Plan de Guadalupe, el diputado Marco Antonio Dávila Montesinos.	502
HUSOS HORARIOS	504
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Sistema Horario, en los Estados Unidos Mexicanos y el decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía.	504
PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL	505
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de abril de 2002, a fin de que participe en la XVI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, que se celebrará en San José, República de Costa Rica. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.	505
ORDEN DEL DIA	505
De la próxima sesión.	506
CLAUSURA Y CITATORIO	506
RESUMEN DE TRABAJOS	506
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA PRESENTE SESION	507